Derecho Civil

La emisión de valores: reclamación civil en caso de falta de información en el folleto informativo y el deber de información al consumidor

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sun, 21 Aug 2016 09:05:00 +0000

Analizamos, en relación a la emisión de valores, la reclamación civil en caso de falta de información en el folleto informativo, así como el deber de información al usuario.

- Reclamación civil en caso de falta de información en el folleto informativo

La eventual reclamación civil encuentra soporte legal en el art. 1.265 del Código Civil (CC, en delante), en atención al vicio en el consentimiento por error. La solicitud de vicio del consentimiento por dolo, a pesar de que autores argumentan en torno a la figura del dolo reticente (una figura que relaja los parámetros de exigibilidad propia del dolo stricto sensu), parece que difícilmente pueda prosperar si no se presenta en la actuación de la entidad financiera el elemento intencional que busca ocasionar la creencia errónea o inexacta del cliente que, ante tal falsa representación, contrata.

Podría solicitarse error en el consentimiento por la suscripción de valores con base en información falseada o incompleta ex art. 1265 CC. El error recae sobre condiciones de la cosa que principalmente hubiesen dado el motivo para celebrarlo.

Error en la entidad de los riesgos, tanto de los relativos al emisor como de la propia inversión de valores, sustentarían la invocación de este precepto. La falta de información o la desinformación en uno de los sujetos contratantes produce una voluntad deformada que implica el error. En este sentido, la insuficiente y equívoca información puede sugerir un error que suponga un vicio de voluntad invalidante del consentimiento. La cosa objeto del contrato carece de alguna de las condiciones que se le atribuyen como puede ser estabilidad o seguridad que, de manera primordial y básica, motivaron la celebración del negocio atendida la finalidad de éste.

Se puede exigir responsabilidad extracontractual (ex art. 1.902 CC), antes de que se consuma el correspondiente plazo de prescripción anual (ex art. 1.968,2 CC).

Conforme a los arts. 1.106 y 1107.2 CC se está legitimado para solicitar el resarcimiento de todos los daños y perjuicios causados y el lucro cesante.

Finalmente, sostiene GAVIDIA que ha de preferirse la anulabilidad frente la nulidad, pues, en atención al principio pro consumatore que preside la inmensa mayoría de la legislación de consumo, aquella permite que sea sólo la parte agraviada –y no cualquier persona– quien pueda solicitar la anulabilidad del contrato.

- Deber de información al cliente en la emisión de valores

Conforme a la exposición de motivos de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, los mediadores que operen en el mercado secundario de valores deben manifestar la concurrencia de intereses potencialmente conflictivos de la entidad financiera con su cliente.

El articulado tan sólo hace referencia al posible conflicto de intereses entre clientes de un mismo mediador.

Los emisores han de informar sobre hechos relevantes que puedan afectar a los clientes.

Si se dispone de información privilegiada sobre el producto, no se está obligado a comunicarla.

Los emisores han de informar sobre hechos relevantes que puedan afectar a la contratación.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la Universidad de Cádiz, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Responsabilidad subjetiva, objetiva y supuestos intermedios

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Thu, 18 Aug 2016 07:29:00 +0000

Analizamos la responsabilidad subjetiva, objetiva, y los diferentes supuestos intermedios (responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba y responsabilidad cuasi-objetiva).

- Responsabilidad subjetiva

La responsabilidad subjetiva se da cuando la víctima soporta el daño, a menos que pruebe la culpa del que lo causó. Artículo 1902 del Código Civil, como paradigma.

- Responsabilidad objetiva

En la responsabilidad objetiva, el que causa el daño es el que responde del mismo, a menos que demuestre la culpa de la víctima. En ocasiones, aunque demuestre la culpa de la víctima, no es que se deje de indemnizar, sino que la misma se verá moderada.

- Supuestos intermedios

+ Responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba (supuesto intermedio)

Por un lado, hay responsabilidad por culpa (subjetiva; la culpa es relevante), pero se invierte la carga de la prueba y entonces el que causa el daño responde a menos que demuestre su propia diligencia.

+ Responsabilidad cuasi-objetiva

Responsabilidad objetiva -quien causa el daño es quien tiene que indemnizar- pero en la cual el que causa el daño dispone de un elenco de causas de exoneración, distintas a la causa de exoneración de la culpa de la víctima.

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- Otros artículos sobre responsabilidad en Derecho civil

+ Responsabilidad civil contractual y extracontractual: reglas, diferencias y semejanzas

+ Responsabilidad civil extracontractual: objetiva/subjetiva; la culpa y el riesgo

+ Seguro de responsabilidad civil: concepto y clases

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Fuente:
Notas sobre la asignatura de Derecho de daños que cursé en la Universidad de Cádiz, impartida por el profesor Julio Gavidia (agradecer a mi amigo Elio por completarme mis apuntes con sus notas).

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Contrato de viajes combinados (V): derechos de los consumidores y usuarios

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 30 Jul 2016 11:36:00 +0000

Analizamos los diferentes derechos de los consumidores y usuarios en el contrato de viajes combinados.

- Cesión de la reserva

+ ¿Se puede ceder la reserva a otra persona?

Esta cuestión se regula en el artículo 155 de la Ley de Consumidores y Usuarios 1/2007, y en los mismos términos se regulaba en el artículo 5 de la Ley de Viajes Combinados de 1995. Este precepto concreta lo establecido al respecto en la Directiva de 1990 (que derivó en la citada Ley de Viajes Combinados de 1995), dado que establece la forma y el plazo en el que deberá comunicarse la cesión al detallista o al organizador.

La respuesta a la pregunta ha de ser afirmativa. Es posible que la persona que contrató el viaje lo ceda a otra persona gratuitamente, siempre que éste cumpla con las condiciones requeridas para realizar el viaje.

En lo que se refiere a las “condiciones requeridas para realizar el viaje”, podríamos estar hablando, por ejemplo, de tener un pasaporte en regla siempre que te lo exijan, o tener contratado un determinado seguro.

La cesión deberá comunicarse por escrito al organizador o al detallista con una antelación mínima de quince días a la fecha de salida, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato, siendo el cedente responsable solidario del pago de precio del viaje, así como de los gastos adicionales que pudiera haber causado la cesión.

- Información adicional sobre el viaje contratado

Los detallistas o los organizadores de viajes combinados deberán informar, por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia y con tiempo necesario antes del inicio del viaje, a los consumidores y usuarios con los que hayan contratado, la siguiente información:

. Horarios y lugares de las escalas y enlaces, así como indicación de la categoría del lugar que deberá ocupar el viajero en el medio o medios de transporte que vayan a ser utilizados.

. Nombre, dirección y número de teléfono de la representación del organizador o detallista en cada destino o, en su defecto, los de los organismos locales que puedan ayudar al consumidor y usuario en caso de dificultades. Cuando no existan estos últimos, el consumidor y usuario deberá poder disponer, en cualquier caso, de un número de teléfono de urgencia o de cualquier otra información que le permita ponerse en contacto con el organizador o detallista.

. Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la información que permita establecer un contacto directo con éstos o los responsables de su estancia «in situ» durante el viaje.

. Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor y usuario, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. Esta información deberá facilitarse a más tardar en el momento de confirmación de las reservas.

+ ¿Es obligatoria la contratación de algún tipo de seguro?

En el transporte terrestre y marítimo, será obligatorio que el transportista cuente con el Seguro Obligatorio de Viajeros. El importe del mismo se repercute en el viajero dentro del precio del billete y cubre los daños corporales que pueda sufrir el mismo durante el transcurso del trayecto.

En el transporte aéreo que transcurra dentro de la Unión Europea, es obligatorio para las compañías aéreas contratar un seguro para cubrir las indemnizaciones establecidas para los supuestos de daños corporales en los pasajeros y de daño o pérdida de equipajes. Además, los usuarios tienen la posibilidad de contratar voluntariamente seguros de asistencia sanitaria, de accidentes o de cancelación del viaje, entre otros.

En cuanto a la interpretación de la expresión “con el tiempo necesario antes del inicio del viaje”, la Ley de Consumidores y Usuarios 1/2007, en su art. 156.2, introduce una novedad al contemplar que esta información debe facilitarse al consumidor, como muy tarde, en el momento de confirmación de las reservas.

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- Contrato de viajes combinados

+ Contrato de viajes combinados (I): introducción normativa, definición y elementos personales

+ Contrato de viajes combinados (II): resolución

+ Contrato de viajes combinados (III): forma, contenido y modificaciones

+ Contrato de viajes combinados (IV): incumplimiento y responsabilidades

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Contrato de viajes combinados (IV): incumplimiento y responsabilidades

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Fri, 29 Jul 2016 11:41:00 +0000

¿Qué se puede hacer si, una vez iniciado el viaje, las prestaciones no se corresponden con las pactadas? la respuesta se contiene en el precepto del art. 161 de la Ley de Consumidores y Usuarios 1/2007.

En caso de que el organizador no preste los servicios contratados en las condiciones pactadas, estará obligado a adoptar las soluciones adecuadas para la continuación del viaje sin suplemento de precio alguno para el consumidor abonándole, en su caso, el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las efectivamente prestadas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador, se considerará que las ha aceptado tácitamente. Si las soluciones propuestas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptara por motivos razonables, se le deberá facilitar un medio de transporte equivalente al utilizado para regresar al lugar de salida, sin suplemento de precio. En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberán obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas. Esto significa que el organizador o detallista, en caso de que el usuario consumidor reclame, deberá hacer todo lo posible y todo lo que esté de su mano para resolver el problema.

Un ejemplo de esto sería aquel caso en el que un consumidor contrata un viaje combinado que incluya vuelo y estancia en habitación suite con jacuzzi, y al alojarse en el hotel le comunican que todas las suites están ocupadas, y que se tiene que alojar en una habitación de tipo estándar.

En este caso pueden pasar varias cosas:

. Que el usuario consumidor continúe con su viaje hasta la finalización del mismo alojado en la habitación de tipo estándar, entendiéndose que acepta esta solución tácitamente. En este caso el organizador o detallista deberá reembolsarle la diferencia del precio entre ambas habitaciones (tipo estándar y suite).

. Que el usuario no acepte la solución de alojarse en la habitación de tipo estándar por algún motivo razonable. En este ejemplo, un motivo más que razonable es que la habitación de tipo estándar donde han alojado al consumidor es de nivel notoriamente inferior que la suite con jacuzzi. El organizador o detallista deberá facilitar al consumidor, sin suplemento alguno, un medio de transporte equivalente al utilizado para regresar al lugar de origen, sin perjuicio de la indemnización que proceda en su caso.

Ahora bien, el artículo 162 de esta misma ley establece que los empresarios, sean organizadores o detallistas, responderán solidariamente frente al consumidor y usuario, cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.

Detallistas y organizadores responderán, asimismo, de los daños sufridos por el consumidor/usuario, derivados de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Respecto de estos daños, conviene aclarar que en la Ley 1/2007 se habla únicamente de “daños sufridos”, englobando así tanto daños corporales como no corporales o patrimoniales. En cambio, en la Directiva de 1990 se hace una distinción entre “daños sufridos” y “daños no corporales”. Esta Directiva, respecto de los daños no corporales, permite la limitación del resarcimiento en virtud del contrato. De otra forma, el legislador español ha pretendido, en el articulado de la Ley 1/2007, proteger de una mejor manera al consumidor, ya que al englobar en el art. 162.2 en el concepto de daños sufridos a los daños corporales y no corporales, no permite que se limite la responsabilidad respecto de estos de ninguna forma en el contrato. Además, esto queda reforzado en el art. 162.4 de la misma Ley, al establecer que no podrán incluirse excepciones mediante cláusulas contractuales en lo referido a la responsabilidad.

Detallista y organizador quedaran exonerados de esta responsabilidad por la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

. Culpa del consumidor y usuario en los defectos observados en la ejecución del contrato.

. Defectos producidos por culpa de un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato, y siempre que tengan un carácter imprevisible o insuperable.

. Defectos producidos por fuerza mayor.

. Defectos debidos a acontecimientos que el detallista, o en su caso el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria no podrían prever ni superar.

No obstante, exceptuando el supuesto en el cual interviene culpa del consumidor y usuario, el detallista o el organizador deberá prestar la asistencia necesaria a aquel para solventar las dificultades.

Respecto de lo referido anteriormente, no podrán establecerse excepciones mediante cláusula contractual alguna.

Las acciones para exigir responsabilidad prescribirán, conforme al art. 164 de la Ley 1/20007, por el transcurso de 2 años.

La responsabilidad contractual de organizadores y detallistas ha de someterse a garantía. En consecuencia, estos, de conformidad con el artículo 163 de la Ley 1/2007, tienen la obligación de constituir y mantener en permanente vigencia una fianza en los términos determinados por la administración turística competente con el fin de responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado, y especialmente del reembolso de los fondos depositados y el resarcimiento de los gastos de repatriación en el supuesto de insolvencia o quiebra.

Esta fianza quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones que deriven de:

. Resolución firme en vía judicial de responsabilidades económicas de los organizadores y detallistas derivadas dela acción ejercitada por el consumidor y usuario final.

. Laudo dictado por las juntas arbitrales de consumo o por los órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o supuesto especifico, previa sumisión voluntaria de las partes.

En el supuesto de que la fianza se ejecutase, esta deberá reponerse en el plazo de 15 días hasta cumplir nuevamente la totalidad inicial de la misma.

En cuanto al régimen sancionador, el art. 165 de la ley 1/2007 prescribe que a lo dispuesto en este Libro no le es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en el libro primero, título IV, capítulo II; siéndole de aplicación la legislación específica sobre la materia dictada por las Administraciones públicas competentes en materia de turismo.

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- Contrato de viajes combinados

+ Contrato de viajes combinados (I): introducción normativa, definición y elementos personales

+ Contrato de viajes combinados (II): resolución

+ Contrato de viajes combinados (III): forma, contenido y modificaciones

+ Contrato de viajes combinados (V): derechos de los consumidores y usuarios

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Contrato de viajes combinados (III): forma, contenido y modificaciones

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Thu, 28 Jul 2016 15:28:00 +0000

Analizamos en esta tercera entrega lo relativo a la forma, el contenido y las modificaciones en el contrato de viajes combinados.

- Forma

En cuanto a forma se refiere, el contrato de viajes combinados deberá formularse por escrito. Esta exigencia se recoge en el artículo 154 de la Ley 1/2007 de Defensa General de Consumidores y Usuarios.

Respecto a la forma de comunicar el contenido del contrato a los consumidores, tanto en la actual Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios como en la antigua Ley 21/1995 de viajes combinados, no se exige ninguna forma concreta de llevar a cabo esta comunicación. Sin embargo, la Directiva 1990/314 da la posibilidad de que se anuncie por escrito o en cualquier otra forma comprensible o accesible al consumidor. Este contenido debe ser comunicado previamente a la celebración del contrato.

Una vez formalizado el contrato, el consumidor tendrá derecho a recibir una copia del mismo.

- Contenido

Deberá formularse por escrito y contener entre sus cláusulas, en función de las características de la oferta de que se trate, una referencia, al menos, a los siguientes elementos:

a. El destino o los destinos del viaje.

b. En caso de fraccionamiento de la estancia, los distintos períodos y sus fechas.

c. Los medios, características y categorías de los transportes que se vayan a utilizar.

d. Las fechas, horas y lugares de salida y de regreso.

e. En caso de que el viaje combinado incluya alojamiento, su situación, su categoría turística y sus principales características, así como su homologación y clasificación turística, en aquellos países en los que exista clasificación oficial, y el número de comidas que se sirvan.

f. Número mínimo de personas exigido, en su caso, para la realización del viaje combinado y, en tal supuesto, fecha límite de información al consumidor y usuario en caso de cancelación, que deberá efectuarse con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista de iniciación del viaje. Este punto se aclara con el siguiente ejemplo: en un viaje a Madrid que incluye transporte en autobús y dos noches de alojamiento, éste solo se realizará en el caso de que se completen todas las plazas del autobús. La fecha de inicio del viaje es el 20 de enero, con lo cual, en caso de que no se cubran las plazas, deberían informarnos de la cancelación del viaje como mínimo el día 10 de enero (10 días de antelación a la fecha de inicio del viaje).

g. El itinerario.

h. Las visitas, excursiones o demás servicios incluidos en el precio total convenido del viaje combinado.

i. El nombre y la dirección del organizador, del detallista y, si procede, del asegurador.

j. El precio del viaje combinado, desglosando los gastos de gestión, así como una indicación de toda posible revisión del mismo, ajustado a lo previsto en el artículo 157, y de los posibles derechos e impuestos correspondientes a los servicios contratados, cuando no estén incluidos en el precio del viaje combinado.

k. Los gastos de anulación, si los hubiere y puedan calcularse razonablemente de antemano, debidamente desglosados. Si no pudiera calcularse su importe razonablemente de antemano, el hecho de que se podrán repercutir tales gastos, siempre que se hayan producido efectivamente. Esto es una novedad de la actual Ley de Consumidores y Usuarios, dado que este apartado no se encuentra ni en la ley de 1995, antes citada, ni en la pertinente Directiva de 1990. Esta previsión no sería contraria a la Directiva, pues esta Directiva es de mínimos (artículo 8 de la Directiva).

l. Modalidades de pago del precio y, en su caso, calendario y condiciones de financiación.

m. Toda solicitud especial que el consumidor y usuario haya transmitido al organizador o al detallista y que éste haya aceptado. Un ejemplo de esta cláusula sería solicitar que en la habitación del hotel no falte Coca Cola.

n. La obligación del consumidor y usuario de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato, por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate.

o. El plazo de prescripción de las acciones establecido en el artículo 164, en el que el consumidor y usuario podrá formular sus reclamaciones por la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.

p. El plazo en que el consumidor y usuario podrá exigir la confirmación de sus reservas. Esto no se encuentra regulado en la Directiva de 1990, sino solo en La Ley de Consumidores 1/2007 y en la antigua Ley de 1995, de viajes combinados.

Finalmente, este artículo 154 acaba prescribiendo que la descripción del viaje combinado, comunicada al consumidor y usuario, así como su precio y todas las demás condiciones aplicables al contrato, deberán ser veraces y comprobables en los términos del artículo 18 y 60 de la Ley 1/2007.

- Modificaciones del contrato de viajes combinados

+ ¿Qué modificaciones se pueden introducir a los contratos?

Esta cuestión encuentra su regulación en el artículo 158 de la Ley de Consumidores y Usuarios 1/2007.

En caso de que sea necesario modificar algún elemento del viaje antes de iniciado éste, el organizador deberá ponerlo en conocimiento del consumidor lo antes posible.

En ese caso, el consumidor podrá optar, salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas individualmente, entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato precisando las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.

En cuanto al plazo en el que el consumidor tiene que comunicar al organizador o al detallista la elección de optar por resolver el contrato o asumir la modificación del mismo, en la Directiva de 1990 se dice que tiene que ser comunicado en el plazo más breve posible. Sin embargo, tanto la Ley de 1995, como la Ley de Consumidores y Usuarios establecen para ello un plazo fijo que es de 3 días contados desde el día siguiente al que se recibe la notificación de la modificación del viaje contratado.

Si el consumidor no notifica en estos términos, se entiende que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.

+ ¿Es posible revisar los precios?

Esta cuestión encuentra su regulación en el artículo 157 de la Ley de Consumidores y Usuarios 1/2007.

Sólo podrán revisarse los precios cuando esta posibilidad se establezca específicamente en el contrato, siendo posible la revisión tanto al alza como a la baja. En ese caso, deberá concretarse la modalidad de cálculo.

Sólo cabrá revisar el precio para introducir:

. Variaciones del precio del transporte, incluido el coste de carburantes.

. Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, (por ejemplo, impuestos de aterrizaje, de desembarque o de embarque en puertos y aeropuertos).

. Tipos de cambio aplicados.

Será nula cualquier revisión al alza que se lleve a cabo en los veinte días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje.

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- Contrato de viajes combinados

+ Contrato de viajes combinados (I): introducción normativa, definición y elementos personales

+ Contrato de viajes combinados (II): resolución

+ Contrato de viajes combinados (IV): incumplimiento y responsabilidades

+ Contrato de viajes combinados (V): derechos de los consumidores y usuarios

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Obligaciones impuestas a prestamistas

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Wed, 27 Jul 2016 17:44:00 +0000

A continuación, procederemos a realizar un análisis de las obligaciones que la normativa relevante impone a los prestamistas en sus relaciones de crédito con personas físicas, distinguiendo dos escenarios: prestamistas que no son entidades de crédito y prestamistas entidades de crédito. Esta distinción es necesaria en cuanto que el marco jurídico impone unas obligaciones de diligencia reforzadas a las entidades bancarias.

- Obligaciones impuestas a prestamistas que no son entidades de crédito

Las obligaciones de diligencia impuestas a estos prestamistas están recogidas en la Directiva 2008/48/CE y en la Ley 16/2011, de Contratos de Crédito al Consumo (LCCC).

Estas dos normas son de aplicación a prestamistas que suscriban contratos de crédito con consumidores, entendiéndose por estos las personas físicas que actúan con fines que están al margen de su actividad comercial o profesional (art. 2.1 LCC).

Entre las obligaciones que impone al prestamista, se encuentra la que ahora nos interesa, que es la recogida en el artículo 8 de la Directiva y el art. 14 de la LCC, el cual se titula, “Obligación de evaluar la solvencia del consumidor”, y que establece la obligación de evaluar la solvencia del consumidor sobre la base de una información suficiente, teniendo en cuenta, cuando proceda, la información recogida en las bases de datos.

Esta Directiva y la LCCC, solo se aplicarán cuando el cliente sea un consumidor o usuario y cuando el prestamista actúe en el ejercicio de su actividad comercial o profesional. Así viene establecido en el artículo 2.2 de la LCCC. Entiéndase que cuando el prestamista no actué en el ejercicio de su actividad comercial o profesional, se aplicará lo establecido en el Código Civil para el contrato de préstamo.

En el artículo 14 de la LCCC, en términos prácticamente idénticos a los de la Ley de Economía Sostenible, se establece la obligación del prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédito, de evaluar la solvencia del consumidor.

Al igual que en la Directiva, la evaluación de la solvencia del consumidor deberá realizarse de nuevo si las partes acuerdan modificar significativamente el importe total del crédito tras la celebración del contrato, debiendo actualizar la información financiera de que disponga el prestamista sobre el consumidor.

El artículo 15 de la LCCC hace especial referencia al acceso a los ficheros de solvencia patrimonial para evaluar la solvencia del consumidor a la que se refiere la Directiva 2008/48/CE en su artículo 9. En este sentido, si la denegación de una solicitud de crédito se basa en la consulta de un fichero, el prestamista deberá informar al consumidor inmediata y gratuitamente de los resultados de dicha consulta y de los pormenores de la base de datos consultada.

- Obligaciones impuestas a entidades de crédito

Además de la normativa general, existen normas específicas que recogen las obligaciones de diligencia en la concesión de crédito, a personas físicas, por parte de las entidades de crédito: la Ley de Economía Sostenible, la Orden EHA/2899/2011, y la Circular 5/2012 del Banco de España.

+ Ley de Economía Sostenible (LES)

La LES hace por primera vez referencia (es pionera), en su artículo 29, a la obligación de las entidades de crédito de evaluar, en la celebración de contratos de crédito, no solo la solvencia de sus clientes, sino también la conveniencia de los productos para estos.

Esta obligación de las entidades de crédito no se dirige solo a la contratación con consumidores o usuarios de servicios bancarios, sino que también se dirige a cualquier contraparte que solicite la obtención de un préstamo por parte de una entidad de crédito, incluso tratándose de un empresario.

La evaluación de la solvencia debe plantearse con base en la adecuación de los contratos planteados con los intereses y necesidades y a la luz del principio de proporcionalidad, que posteriormente será desarrollado en la Circular 5/2012, del Banco de España, lo que implica que la entidad de crédito deberá cumplir con unas mayores obligaciones de diligencia dependiendo de las características concretas de cada cliente.

+ Orden EHA/2899/2011

El ámbito de aplicación de la Orden EHA/2899/2011 se circunscribe expresamente a entidades de crédito en su relación con los clientes-personas físicas, que pueden actuar tanto como consumidores como en el ámbito de su actividad profesional o empresarial. En este último supuesto, en atención al artículo 2.4 de la Orden, las partes podrán acordar que no se aplique total o parcialmente lo previsto en ella, con la excepción de lo establecido en el capítulo II del título III, referido a las normas relativas a préstamos y créditos hipotecarios.

La Orden ha diseñado un sistema basado en la evaluación de la solvencia, que tiene como objetivo la valoración del riesgo de impago a efectos de la posible concesión de un préstamo y cuyo desarrollo no debiera, en ningún caso, suponer una barrera de acceso al crédito a la población, sino un estímulo legal al comportamiento más sano y prudente de entidades y los clientes.

En este sentido, la Orden, en su artículo 18, exige la adecuada evaluación de la solvencia del cliente mediante la valoración de su situación de empleo e ingresos así como su situación patrimonial y financiera, mediante consulta a la Central de Información de Riesgos del Banco de España u otros ficheros de solvencia patrimonial a los que se refiere el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Se impone, igualmente, la valoración de la capacidad del cliente, y de sus garantes, de hacer frente al préstamo, teniendo en cuenta también los activos en propiedad, ahorro, obligaciones derivadas de otros compromisos, la valoración de la incidencia de la posible modificación del coste en la capacidad para hacerle frente y la valoración prudente de las garantías. En el caso de créditos o préstamos a tipo de interés variable, y de otros en los que el valor de las cuotas pueda variar significativamente a lo largo de la vida de la operación, se deberá valorar como afectaría esta circunstancia a la capacidad del cliente de cumplir con las obligaciones derivadas del crédito o préstamo.

En el caso de que una entidad rechace la concesión de un crédito o préstamo por considerar insuficiente la solvencia del cliente basándose en la consulta a los ficheros de solvencia patrimonial, la entidad tiene la obligación de informar al cliente del resultado de dicha consulta.

+ Circular 5/2012 del Banco de España

El ámbito de aplicación de las disposiciones de la Circular 5/2012, en cuanto es desarrollo y ejecución de la Orden EHA/2899/2011, también se dirige a los servicios bancarios dirigidos o prestados en España por las entidades de crédito a sus clientes, o clientes potenciales, personas físicas, que pueden ser consumidores o actuar en el ámbito de su actividad profesional o empresarial. Sin embargo, cuando el cliente actúe en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, las partes podrán acordar que no se aplique total o parcialmente lo previsto en la Circular 5/2012, salvo en algunos aspectos. Todo ello recogido en la Norma segunda de la Circular.

En cuanto a la regulación del “Préstamo Responsable”, las disposiciones contenidas en la Circular abarcan la misma en su Norma duodécima (“Políticas y procedimientos de crédito responsable”) y en el Anexo 6, que recoge “los principios generales aplicables para la concesión de préstamos responsables”, que habrán de ser aplicados por las entidades de crédito y entendidos por sus clientes de manera responsable.

Por tanto, si se llegara a la conclusión de que el cliente no va a poder hacer frente a sus obligaciones a la vista de su situación financiera en su conjunto, o que la operación no fuera adecuada para él, deberá abstenerse la entidad de crédito de celebrar el contrato con ese concreto cliente.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Contrato de viajes combinados (II): resolución

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 23 Jul 2016 12:42:00 +0000

Al respecto de la resolución del contrato de viaje combinado, tenemos que distinguir entre resolución del contrato por causa imputable al organizador o cancelación del viaje (art. 159 de la Ley de Consumidores y Usuarios 1/2007) y resolución del contrato por parte del consumidor/ usuario (art. 160 de la misma Ley 1/2007).

- ¿Qué consecuencias tiene para el organizador la cancelación del viaje?, ¿y si es el consumidor quien resuelve de forma voluntaria?

En el caso de que sea el organizador quien cancela el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por un motivo no imputable al consumidor, o cuando el consumidor resuelva el contrato en caso de modificación de este, el consumidor tendrá derecho desde que se produce la resolución del contrato a que le sean devueltas todas las cantidades pagadas, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad igual o superior, siempre que el organizador o detallista pueda ofertarlo.

Si el viaje ofrecido por el organizador o detallista es de calidad inferior al viaje inicialmente contratado, estos deberán reembolsar al consumidor usuario la diferencia de precio. Por ejemplo, si el nuevo viaje ofertado vale 200 euros y el viaje inicialmente contratado valía 500 euros, el organizador o detallista deberán reembolsar al consumidor 300 euros.

En todo caso, el consumidor/usuario puede exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al empresario al que las abonó. Este reintegro debe hacerse de conformidad con el art. 76 de la Ley 1/2007, de tal manera que la devolución deberá efectuarse sin demora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde que el empresario haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato por parte del consumidor usuario. Si transcurre este plazo y no se ha hecho el reembolso, el consumidor podrá reclamar la cantidad por duplicado, sin perjuicio de que, además, se le indemnicen lo daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que exceda de dicha cantidad. El cómputo de este plazo se inicia desde la notificación del usuario de su opción por la resolución, o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. Este cómputo se recoge como novedad en la Ley 1/2007, pues esto no se encontraba recogido ni en la Ley de Viajes Combinados de 1995, ni en la Directiva de 1990 (que provocó la promulgación, al tener que ser transpuesta de la citada Ley de 1995).

Este derecho a exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas corresponderá, igualmente, al consumidor y usuario que no obtuviese la confirmación de la reserva en los términos fijados en el contrato. Esta precisión es introducida al transponerse la Directiva de 1990 en la Ley de Viajes Combinados, dado que la misma no la contempla.

Además, deberá indemnizarse al consumidor con, como mínimo, el 5 por 100 del precio del viaje si la cancelación se lleva a cabo entre los dos meses y los quince días inmediatamente anteriores a la salida; el 10 por 100, si es entre los quince y los tres días anteriores; y el 25 por 100, si el incumplimiento se produce en las cuarenta y ocho horas anteriores.

No existirá derecho a indemnización si:

. El número de personas inscritas es inferior al mínimo exigido y así se comunica por escrito al consumidor antes de la fecha fijada en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.

. La cancelación se debe a motivos de fuerza mayor, entendiendo por esto situaciones que no puedan evitarse aun habiendo actuado con la diligencia debida, como por ejemplo una huelga de controladores aéreos o de los pilotos de la compañía aérea contratada.

En cuanto al consumidor, éste tendrá derecho, en todo momento, a desistir de los servicios solicitados o contratados. En el caso de que sea el consumidor quien desista el contrato de forma voluntaria, tendrá derecho a percibir las cantidades de dinero que hubiese abonado hasta la fecha. Eso sí: a pesar de este derecho de desistir, el consumidor/usuario deberá indemnizar al organizador o detallista, salvo que el desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor.

El consumidor abonará, en caso de que sea necesario, los gastos de gestión y anulación si los hubiere y una penalización (consistente en el 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha de inicio del viaje; el 15% entre los 3 y los 10 días anteriores al inicio del viaje; y el 25 %, dentro de las 48 horas anteriores a la salida.

Si el consumidor no comunica su desistimiento al organizador o detallista, y no se presenta a la salida del viaje, el consumidor deberá pagar el importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo en contrario de las partes.

En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., y el consumidor desistiera, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.

Todo lo relativo al derecho de desistir fue introducido por el legislador estatal al transponer la Directiva de 1990, ya que en esta Directiva esta materia no aparece. La Ley de Viajes Combinados de 1995, en lo que al derecho al desistimiento se refiere, fue copiada por la Ley de Consumidores y Usuarios 1/2007.

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- Contrato de viajes combinados

+ Contrato de viajes combinados (I): introducción normativa, definición y elementos personales

+ Contrato de viajes combinados (III): forma, contenido y modificaciones

+ Contrato de viajes combinados (IV): incumplimiento y responsabilidades

+ Contrato de viajes combinados (V): derechos de los consumidores y usuarios

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Contrato de viajes combinados (I): introducción normativa, definición y elementos personales

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Tue, 19 Jul 2016 22:05:00 +0000

En esta primera entrega de nuestra serie sobre el contrato de viajes combinados veremos una introducción normativa, su definición y elementos personales.

- Introducción normativa

En materia de viajes combinados son tres las normas que hemos de tener en cuenta:

. La Directiva 90/314/CE, de 13 de junio, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados.

. La Ley 21/2995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados.

. El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

En primer lugar, hay que señalar que en España, actualmente, el contrato de viajes combinados se encuentra regulado en el Libro IV de la Ley 1/2007. Esta regulación es resultado de que la Directiva 1990, antes citada, fue transpuesta al ordenamiento jurídico a través de la Ley 21/1995, la cual ha sido objeto de refundición, incorporándose su articulado, prácticamente intacto, al texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (Ley 1/2007).

En segundo lugar, es necesario determinar cuál es el sentido de estas leyes. El sentido puede extraerse fácilmente de la exposición de motivos de la Directiva de 1990. En ella se deja claro que el principal objetivo de la UE es la realización del mercado interior y, en él, el sector turístico constituye un aspecto esencial, dado que supone una gran fuente de ingresos en la economía de muchos Estados miembros, por ejemplo, España o Italia. En consecuencia, la disparidad existente entre las legislaciones estatales reguladoras del turismo y, en especial, de los viajes combinados, no hacía sino crear obstáculos a la libre prestación de servicios. En definitiva, lo que se pretendía es el establecimiento de normas comunes sobre los viajes combinados que eliminaran dichos obstáculos y contribuyera a la realización de un mercado común de servicios, de tal manera que los consumidores gozaran del mismo nivel de protección sea cual sea el Estado miembro en que contraten su viaje combinado. Igualmente, los operadores establecidos en un Estado miembro pueden ofrecer sus servicios en otros en condiciones de igualdad y libre competencia.

- Definición

Se entiende por viaje combinado el paquete previamente establecido de al menos dos servicios (transporte, alojamiento u otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento) que constituyan una parte significativa del viaje combinado, cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia, y que sea ofrecido a la venta por un precio global.

Este concepto de viajes combinados está regulado en el artículo 151.1.a) de la Ley General de Consumidores y Usuarios de 2007.

Por servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado se puede entender, por ejemplo, la entrada a un museo o una excursión guiada. Así, un ejemplo de viaje combinado sería un viaje a Granada que incluya el desplazamiento (billete de tren), el alojamiento en un determinado hotel de la ciudad y la entrada a la Alhambra.

Respecto al precio global, tenemos que entender como tal aquel que incluya la suma del precio de todos y cada uno de los servicios que constituyen el viaje combinado. Por ejemplo, en el supuesto anterior del viaje a Granada, que el precio global fuese 120 euros.

Además, para poder hablar de viajes combinados se exige que la prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia. Un ejemplo de esto sería una excursión a la Warner de Madrid, en el que se salga de Jerez en autobús a las 7 de la mañana, incluya la entrada al parque y vuelta al lugar de origen, llegando a Jerez a las 9 de la mañana del día siguiente.

- Elementos personales

En los elementos personales de los viajes combinados podemos diferenciar:

+ Organizador

Es la persona física o jurídica que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece en venta, directamente o por medio de un detallista, como por ejemplo, los tour operadores.

+ Detallista

Es la persona física o jurídica que vende u ofrece en venta un viaje combinado. Es decir, su función es sólo la venta final del paquete.

Tanto organizador como detallista deben tener la consideración de Agencias de Viaje. Esto se determina en el artículo 151.2 de la Ley General de Consumidores y Usuarios de 2007. El hecho de que tengan que tener esta consideración se presenta como una novedad del texto vigente, ya que previamente analizadas la Directiva de 1990 y la Ley de Viajes Combinados de 1995, en ninguna de estas aparece esta exigencia.

+ Consumidor o usuario

Es cualquier persona en la concurra la condición de contratante principal, beneficiario o cesionario.

. Contratante principal

Es la persona física o jurídica que compra o se compromete a comprar el viaje.

. Beneficiario

Es la persona física en nombre de la cual el contratante principal se compromete a comprar el viaje combinado. Por ejemplo, si un jefe manda o encarga a su secretaria a contratar un viaje con transporte y alojamiento a un determinado lugar en su nombre.

. Cesionario

Es la persona física a la cual el contratante principal u otros beneficiarios ceden el viaje combinado. Por ejemplo, si una madre contrata un viaje combinado para regalárselo a su hijo.

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- Contrato de viajes combinados

+ Contrato de viajes combinados (II): resolución

+ Contrato de viajes combinados (III): forma, contenido y modificaciones

+ Contrato de viajes combinados (IV): incumplimiento y responsabilidades

+ Contrato de viajes combinados (V): derechos de los consumidores y usuarios

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Contratos de venta a plazos de bienes muebles y créditos al consumo: información precontractual; forma del contrato y facultad de desistimiento

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Mon, 18 Jul 2016 22:05:00 +0000

Analizamos diversas cuestiones en relación a los contratos de venta a plazos de bienes muebles y créditos al consumo, a saber: la información precontractual, la forma del contrato, y la facultad de desistimiento.

- Información precontractual

Debemos acudir a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo (LCCC, en adelante), puesto que la información precontractual se encuentra regulada en su artículo 10.

Este artículo exige al prestamista que facilite todo la información de forma gratuita al consumidor, con la debida antelación y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista, para comparar las ofertas y adoptar una decisión con la información adecuada, sobre la suscripción de un contrato de crédito.

Dicha información deberá especificar, entre otras cosas:

. El tipo de crédito.

. La identidad y el domicilio social del prestamista, así como, en su caso, la identidad y el domicilio social del intermediario del crédito implicado.

. El importe total del crédito.

. La duración del contrato de crédito.

Este art. 10 LCCC coincide con el contenido del artículo 5 de la directiva 2008/48/CE que, en cierta forma, impregna los preceptos de la LCCC -que es posterior, de 2011-.

El art. 11 LCCC establece que, en este tipo de contratos, dada su complejidad, el consumidor necesita ayuda para decidir qué tipo de contrato de crédito, entre todos los productos propuestos, es el que mejor se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera.

Según entiende la doctrina, se ha pasado de una obligación de dar a conocer a un deber de hacer comprender el significado jurídico y económico del contenido contractual ofrecido por el financiador. Obliga tanto al prestamista como al intermediario de crédito, independientemente de que el consumidor haya solicitado o no dichas explicaciones. Son explicaciones suministradas oralmente que se sustraen a una previa redacción por escrito, lo que dificulta la prueba de la negligencia del prestamista. Deberán tenerse en cuenta los conocimientos de cada persona, ya que uno puede ser especialista en la materia y no necesitar mucha información, mientras que otros pueden no saber absolutamente nada sobre dicha disciplina.

- Forma del contrato

. La Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles (LVP, en adelante), en su art. 6, establece que el contrato ha de ser formalizado por escrito, siendo este un requisito ad solemnitatem y su infracción, como afirma la doctrina, se sanciona con la nulidad absoluta y radical del contrato.

Al mismo tiempo, la propia LVP establece, en su art. 14, la nulidad parcial en referencia a los pactos, cláusulas y condiciones contrarios a lo dispuesto en la ley, o dirigidos a eludirla, que se tendrán por no puestos, con la finalidad de mantener la validez del contrato y evitar la eficacia de la cláusulas contrarias a la ley, que serán sustituidos por los preceptos infringidos.

. Por su parte, la LCCC, en su art. 16, dispone que el contrato de crédito al consumo ha de constar por escrito, siendo una excepción al principio espiritualista y de libertad de forma, consagrado en el art. 1278 del Código Civil.

La infracción de la forma escrita en el contrato de crédito al consumo se sanciona con la anulabilidad, como dispone el art. 21 LCCC. En este caso, se sanciona con la anulabilidad para proteger al consumidor, puesto que es el consumidor el que está legitimado para instar la anulabilidad del contrato. Tiene un plazo de 4 años, a partir de la consumación del contrato, para instar a ello (art. 1301 del Código Civil).

- Facultad de desistimiento

El artículo 28 de la LCCC recoge el derecho de desistimiento para este tipo de contratos. La LCCC se hizo eco de lo que prescribe art. 14 de la directiva 2008/48/CE, que recoge la facultad de desistimiento.

El desistimiento consiste en la emisión de una declaración de voluntad, encaminada a dejar sin efecto el contrato previamente celebrado, emitida por el consumidor. Para que esta declaración de voluntad surta efecto, debe llegar a la otra parte contratante, pero no es necesario que esta acepte, en modo alguno, al ser una facultad unilateral del consumidor. Debe dirigir la declaración de voluntad a la otra parte antes de que se agote el plazo habilitado de 14 días, por medios que dejen constancia de la notificación de cualquier modo admitido en Derecho. Para saber en qué momento se ha ejercido esta facultad, para determinar si el consumidor ha ejercido su derecho dentro del plazo, habrá de estarse al momento de la emisión de la notificación por el consumidor. Esta declaración es discrecional, puesto que no se exige justificación o motivo alguno para desistir.

Eso sí: todo ello tiene sus límites, como son las exigencias de la buena fe y la prohibición del abuso de derecho.

La LVP, en lo que respecta al desistimiento, establece, en su art. 9, que el plazo para el desistimiento es de 7 días hábiles. Podría preguntarse cualquiera si el artículo respeta lo que establece la LCCC y la Directiva 2008/48/CE, pero la respuesta es sencilla: cuando se trata de contratos con consumidores, tiene preferencia la aplicación de la LCCC, como así lo expresa su artículo 2, y, por tanto, el plazo de 7 días funcionará, únicamente cuando no intervengan consumidores. Por lo tanto, España no incumple la directiva con la redacción de la LVP.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

La responsabilidad civil de dueño del vehículo

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sun, 17 Jul 2016 22:05:00 +0000

Analizamos la responsabilidad civil del dueño del vehículo.

- Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor

+ Artículo 1. De la responsabilidad civil

1. El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación.

En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.

En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, artículos 109 y siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esta ley.

Si concurrieran la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes.

El propietario no conductor responderá de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con este por alguna de las relaciones que regulan los artículos 1.903 del Código Civil y 120.5 del Código Penal. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

El propietario no conductor de un vehículo sin el seguro de suscripción obligatoria responderá civilmente con el conductor del mismo de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por éste, salvo que pruebe que el vehículo le hubiera sido sustraído.

2. Los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de esta ley.

3. Las indemnizaciones pagadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 tendrán la consideración de indemnizaciones en la cuantía legalmente reconocida, a los efectos del artículo 7.d) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, en tanto sean abonadas por una entidad aseguradora como consecuencia de la responsabilidad civil de su asegurado.

4. Reglamentariamente, se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación, a los efectos de esta ley. En todo caso, no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes.

- Código Penal

+ Artículo 120 del Código Penal

Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:

1.º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.

2.º Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos o faltas cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212 de este Código.

3.º Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.

4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

5.º Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos o faltas cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.

El Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, conforme a su artículo 1, en su primer párrafo, hace responder al conductor cuando “en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación” cuyo fundamento recae en la relación de dependencia funcional, en parecidos términos a los explicados respecto a la responsabilidad por hecho ajeno, ex artículo 1.903 del Código Civil.

Por su parte, conforme al Código penal, se harán responder a “las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos o faltas cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas” (artículo 120.5 del Código Penal) donde se destaca la relación de dependencia, representación o autorización. En este último caso, si el conductor estaba autorizado, el propietario responde.

Si no hay responsabilidad penal del conductor, sólo nos queda el art. 1 de la Ley de responsabilidad civil por la circulación de vehículos a motor, que establece la responsabilidad subjetiva con presunción de culpa del propietario no conductor. Nótese el término utilizado por el legislador, a saber, “cesará”. Es decir, es como si se hubiera agregado un párrafo más al art. 1.903 del Código Civil, según nos comentó Gavidia. En consecuencia, se trata de una responsabilidad solidaria (según la doctrina del Tribunal Supremo, quien viene entendiendo que en los casos del art. 1.903 del Código Civil la responsabilidad es solidaria).

En virtud de ello, el propietario responderá a menos que demuestre la fuerza mayor extraña al conductor o al vehículo para los daños a las personas. Si es respecto a los daños en las cosas, hemos de situarnos en la esfera del artículo 1.902 del Código Civil. Ahora bien, la responsabilidad del propietario no conductor es solidaria con inversión de la carga de la prueba conforme al art. 1.903 del Código Civil (tal y como lo interpreta el Tribunal Supremo), no habiendo responsabilidad penal del conductor.

Sin embargo, si existe responsabilidad penal del conductor, tenemos que acudir al art. 120.5 del Código Penal que establece que “son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: (…) 5.º Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos o faltas cometidos en la utilización de aquéllos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas”. En otras palabras, se trata de un supuesto de responsabilidad del propietario del vehículo subsidiaria y objetiva.

Esto ha dado lugar a una jurisprudencia que, siendo objetiva, nos plantea cómo debe entenderse el término “autorización”. Veamos el siguiente ejemplo: Yo no le dejé las llaves del coche a Zutano, pero las dejé puesta -y no estamos ante un caso de sustracción del vehículo-. Por esta vía la jurisprudencia está haciendo responder a los propietarios. En este caso “entienden que habría una autorización implícita”, en palabras de Gavidia, analizando la jurisprudencia. En realidad, lo que hay en este caso es negligencia, pero tal negligencia, como estamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva, hay que reconducirla a la autorización. Sin duda, se antoja extravagante esta forma de razonar de la doctrina jurisprudencial.

Esta doctrina del Tribunal Supremo conforme al art. 1.903 del Código Civil, en el supuesto de que existan varios responsables civiles, hay solidaridad, tiene su fundamento en que facilita la indemnización a la víctima. Ello explica el resultado, pero no parece explicar con base en qué se decide esa solidaridad. ¿Por qué cuándo la ley no se pronuncia acerca de que haya solidaridad, el Tribunal Supremo dice que la hay? Más aún, ¿por qué cuando en el artículo 1.137 del Código Civil se dice que “sólo habrá lugar a esto [solidaridad] cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria” -lo que lleva a asumir que no ha de presumirse-, nuestro Tribunal Supremo sigue aseverando que sí existe solidaridad?. ¿Un principio general de derecho de favorecimiento de las víctimas? Podría ser, si bien no es menos cierto que lo que se desprende del propio Código Civil es lo contrario.

Lo que dice el Tribunal Supremo es que a menos que la ley diga que la responsabilidad es subsidiaria o parciaria, en los casos del art. 1.903 del Código Civil la responsabilidad es solidaria. Ello, como hemos visto, no tiene fundamento normativo alguno. Esta jurisprudencia se da por buena simple y llanamente sin más, haciendo parecer que, al menos en este caso, “los jueces sí crean derecho”, en palabras de Gavidia.

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Fuente:
Notas sobre la asignatura de Derecho de daños que cursé en la Universidad de Cádiz, impartida por el profesor Julio Gavidia (agradecer a mi amigo Elio por completarme mis apuntes con sus notas).

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Ventas al por menor

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 16 Jul 2016 22:05:00 +0000

La venta al por menor se encuentra regulada en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, dotando de un marco jurídico a las relaciones más comunes de la compraventa, que son las que se realizan diariamente por parte de los consumidores para obtener bienes de aquellos comercios que los tienen como destinatarios finales. Este hecho involucra la figura del consumidor, y relaciona, de forma directa, la venta al por menor con el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, el cual crea otro marco legal que los defiende en sus relaciones con ese tipo de comercios a la hora de obtener sus bienes y servicios.

- La Ley de Ordenación del Comercio Minorista

La Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM, en adelante) es el resultado de los cambios que se experimentaron, en cuanto a la distribución comercial minorista en España, con la incorporación de las nuevas tecnologías y el hecho de pertenecer a la Unión Europea. Con la aprobación de la Ley 7/1996 se pretendía establecer ciertas reglas en el sector de la distribución y regular nuevas formas contractuales, además de servir de base para la modernización de las estructuras comerciales españolas para corregir los desequilibrios entre pequeñas y grandes empresas comerciales; todo ello sin que afectase a la libre y leal competencia.

El primer artículo de la Ley, en su apartado primero, determina cuál es el objeto principal de la LOCM. El contenido de la norma está dirigido a establecer el régimen jurídico general del comercio minorista y regular determinadas ventas especiales y actividades de promoción comercial. Esto será siempre sin perjuicio de las leyes que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.

- ¿Qué es el comercio minorista?

El comercio minorista consiste en desarrollar una actividad profesional con ánimo de lucro consistente en ofertar cualquier tipo de artículo a los destinatarios finales de estos, pudiendo utilizar o no un establecimiento (art. 1.2 LOCM).

Para facilitar el entendimiento de la Ley, el art. 2 nos explica en qué consiste un establecimiento comercial: es toda instalación inmueble de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente, o toda instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma habitual. Esto significa que en la Ley encontraremos regulado a grosso modo (puesto que luego están más desarrolladas por sus leyes especiales) instituciones como la ventas en rebajas o en liquidación, ventas a distancia, ventas ambulante o ventas en pública subasta.

Si acudimos a la Disposición Adicional 5º, excluye de la aplicación de la Ley 7/1996 a los establecimientos dedicados a la venta y expedición de productos farmacéuticos y a las expendedurías de tabaco y timbre del Estado.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Información adicional al consumidor en los préstamos hipotecarios que contengan “cláusulas suelo y techo”

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Fri, 15 Jul 2016 22:05:00 +0000

Mediante este tipo de cláusulas se limitan bien las bajadas del tipo de interés variable resultante de la revisión por debajo de un cierto valor (suelo), bien las subidas (techo), o ambas al mismo tiempo.

En el caso de que se limiten las subidas, el posible beneficio es para el cliente, ya que si el tipo de interés llegase a superar dicho límite (el llamado «techo»), se aplicaría este. Ahora bien, si se limitan las bajadas, en aquellos préstamos que tengan este límite inferior (el llamado «suelo»), cuando la aplicación del tipo de interés pactado diera como resultado un tipo de interés inferior a dicho suelo, se aplicaría este y no el resultante de la revisión. Esta situación beneficia a la entidad prestamista que, de este modo, se asegura unos ingresos mínimos en momentos de bajadas de tipos de interés.

Estas cláusulas (cláusulas techo, suelo, o techo y suelo) están previstas en la normativa de transparencia (actualmente en la Orden EHA/2899/2011 y en la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial). Ahora bien, si el préstamo que se ofrece las tiene, en la información personalizada con las características del préstamo que debe facilitar la entidad, antes de su contratación, debe hacerse una mención específica y especial a las mismas, indicando el tipo mínimo y máximo a aplicar y la cuota máxima y mínima que habría que pagar como consecuencia de la aplicación de esos techos y suelos.

- ¿En qué casos se puede considerar abusiva la cláusula suelo establecida en una Hipoteca?

El interés mínimo establecido como suelo en los contratos de hipoteca suele oscilar entre el 3 y el 5%. Sin embargo, lo importante para determinar si es abusiva la cláusula suelo no es que el tipo mínimo sea alto, sino la falta de reciprocidad, o lo que es lo mismo, la falta de equilibrio de obligaciones y derechos entre la entidad financiera y el hipotecado.

Podrá ser declarada abusiva la cláusula suelo por los tribunales, cuando no se establezca una cláusula techo que proteja al hipotecado frente a la subida del indicador, habitualmente el Euribor.

Por otra parte, cuando la cláusula suelo no ha sido incorporada a la oferta vinculante realizada y posteriormente se adiciona al contrato de hipoteca, podría también solicitarse la nulidad de la misma, por falta de información previa al cliente sobre las consecuencias de la incorporación de dicha cláusula al contrato de préstamo hipotecario.

La declaración de nulidad de la cláusula suelo por los Tribunales determina la devolución de los importes satisfechos por los hipotecados en virtud de la aplicación de dichas cláusulas (en aplicación del art. 1303 del Código Civil.

En nuestro ordenamiento, la declaración de nulidad de una cláusula por abusividad es una nulidad parcial (en virtud del art. 83.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), de manera que la misma debe ser eliminada, quedando subsistente el contrato, siempre que el mismo pueda subsistir sin dichas cláusulas.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la Universidad de Cádiz, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Información en préstamos hipotecarios y fichas de información (Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios)

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Thu, 14 Jul 2016 22:05:00 +0000

Analizamos la información en préstamos préstamos hipotecarios y las diferentes fichas de información en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

- Información en préstamos hipotecarios

El Banco de España elaborará una «Guía de Acceso al Préstamo Hipotecario», con la finalidad de que quienes demanden servicios bancarios de préstamo hipotecario dispongan, con carácter previo a la formalización de los mismos, de información adecuada para adoptar sus decisiones de financiación.

La guía estará disponible en todos los establecimientos comerciales de las entidades de crédito, en sus páginas electrónicas y en la página electrónica del Banco de España, y deberá hallarse a disposición de los clientes, en cualquier momento y gratuitamente (art. 20 de la Orden EHA/2899/2011).

- Fichas de información

+ Ficha de Información Precontractual

Las entidades de crédito deberán proporcionar a los clientes que soliciten cualquiera de estos servicios, información clara y suficiente sobre los préstamos que ofertan. Esta información, que será gratuita y tendrá carácter orientativo, se facilitará mediante la Ficha de Información Precontractual (FIPRE) que figura en el anexo I de la Orden antedicha. La Ficha de Información Precontractual estará a disposición de los clientes de préstamos, de forma gratuita, en todos los canales de comercialización utilizados por la entidad.

+ Ficha de Información Personalizada

Las entidades de crédito, una vez que el cliente haya facilitado la información que se precise sobre sus necesidades de financiación, su situación financiera y sus preferencias, proporcionarán a este la información personalizada que resulte necesaria para dar respuesta a su demanda de crédito, de forma que le permita comparar los préstamos disponibles en el mercado, valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada sobre si debe o no suscribir el contrato. Esta información se facilitará mediante la Ficha de Información Personalizada (FIPER) que figura en el anexo II de la Orden de 2011. La Ficha de Información Personalizada se entregará a todos los clientes de préstamos, de forma gratuita, con la debida antelación y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado por cualquier contrato u oferta.

Toda información adicional que la entidad facilite al cliente figurará en un documento separado, que deberá adjuntarse a la Ficha de Información Personalizada.

Ha de destacarse que el artículo 24 de la Orden citada exige información adicional sobre instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés.

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Fuente: Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Tratos preliminares: oferta de viajes combinados

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Wed, 13 Jul 2016 22:05:00 +0000

Los tratos preliminares en la oferta de viajes combinados se regulan en los artículos 152 y 153 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 1/2007.

- Art. 152 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 1/2007

El art. 152 de esta ley establece que:

“El detallista o, en su caso, el organizador deberá poner a disposición de los consumidores y usuarios un programa o folleto informativo que contenga por escrito la correspondiente oferta sobre el viaje combinado y que deberá incluir una clara, comprensible y precisa información sobre los siguientes extremos:

a. Destinos y medios de transporte, con mención de sus características y clase.

b. Duración, itinerario y calendario de viaje.

c. Relación de establecimientos de alojamiento, con indicación de su tipo, situación, categoría o nivel de comodidad y sus principales características, así como su homologación y clasificación turística en aquellos países en los que exista clasificación oficial.

d. El número de comidas que se vayan a servir y, en su caso, si las bebidas o algún tipo de ellas no estuvieran incluidas en el régimen alimenticio previsto.

e. La información de índole general sobre las condiciones aplicables a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de pasaportes y de visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia.

f. Precio final completo del viaje combinado, incluidos los impuestos, y precio estimado de las excursiones facultativas. En el caso de gastos adicionales correspondientes a los servicios incluidos en el viaje combinado que deba asumir el consumidor y que no se abonen al organizador o detallista, información sobre su existencia y, si se conoce, su importe.

g. El importe o el porcentaje del precio que deba pagarse en concepto de anticipo sobre el precio total y el calendario para el pago de la parte de precio no cubierta por el anticipo desembolsado, así como las condiciones de financiación que, en su caso, se oferten.

h. Si para la realización del viaje combinado se necesita un número mínimo de inscripciones y, en tal caso, la fecha límite de información al consumidor y usuario en caso de anulación.

i. Cláusulas aplicables a posibles responsabilidades, cancelaciones y demás condiciones del viaje.

j. Nombre y domicilio del organizador del viaje combinado así como, en su caso, de su representación legal en España.

k. Toda información adicional y adecuada sobre las características del viaje ofertado”.

Partiendo de este precepto, cabe plantearse la cuestión de si el programa o folleto informativo al que se hace referencia es una oferta en sí misma o una invitación a hacer ofertas.

Estudiando las dos opciones, llegamos a la conclusión de que no puede tratarse de una oferta en sí misma, ya que ello supondría que una agencia de viajes no tendría opción alguna a negarse a prestar sus servicios a ningún tipo de clientes. Por lo tanto, una vez que un cliente aceptara dicha oferta, la agencia no tendría la posibilidad de estudiar, por ejemplo, la solvencia de esa persona, de modo que si una persona insolvente aceptara la oferta del viaje, la agencia debería prestar sus servicios y correr con el riesgo de que no le pague. Por tanto, nos decantamos más por la opción de que estos folletos sirven como invitación a hacer ofertas, ya que de esta forma la agencia de viajes tendría la posibilidad de estudiar el perfil del cliente que le lanza la oferta, pudiendo después de esto aceptar o no la agencia de viajes.

- Art. 153 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 1/2007

Por otro lado, el art. 153 de la Ley de Consumidores 1/2007 señala el carácter vinculante para el organizador y detallista, únicamente de la información contenida en el programa-oferta o folleto. Esta vinculación desaparece en dos supuestos:

. Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato, y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa-oferta.

. Que se produzcan modificaciones previo acuerdo escrito entre las partes.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Préstamos hipotecarios: tipos de interés y subrogación

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Tue, 12 Jul 2016 22:05:00 +0000

Analizamos la subrogación de préstamos hipotecarios así como todo lo relativo a los tipos de interés en los mismos.

- Tipos de interés

Se encuentran recogidos en la Orden EHA/2899/2011 de Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios. En el caso de pactar en el préstamo un tipo de interés variable (art. 26 de dicha Orden), las entidades de crédito sólo podrán utilizar como índices o tipos de referencia los:

a) calculados a coste del mercado, no influenciable por la propia entidad.

b) Y obtenidos con datos y procedimientos matemáticos objetivos.

A la Ficha de Información Personalizada (FIPER) se adjuntará un documento referido a las cuotas periódicas a satisfacer por el cliente en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés, con valores máximos, medios y mínimos de los tipos de referencia en los últimos quince años o el plazo máximo disponible, si es menor. También hay que hacer constar que el interés de referencia pactado es uno de los oficiales.

La Circular 5/2012 del Banco de España establece que cuando las entidades entreguen a la persona consumidora una oferta vinculante y se produzca una discrepancia (por una causa legalmente admisible) entre dicha oferta y las cláusulas que finalmente se incluyan en el contrato definitivo (escritura pública), las entidades tienen la obligación de advertir clara y expresamente a la persona consumidora de dicha discrepancia, y debe reflejarse en el contrato que dicha persona es conocedora de la misma (apartado 3 de la Norma quinta. Explicaciones adecuadas y deber de diligencia).

- Subrogación de préstamos hipotecarios

En los casos de subrogación de hipoteca existente, se regirán por la Ley 2/1994, de 30de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Hay que destacar el art. 2 de dicha Ley (redactado por el artículo 13 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario), que nos dice lo siguiente:

“El deudor podrá subrogar a otra entidad financiera sin el consentimiento de la entidad acreedora, cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero de aquélla por escritura pública, haciendo constar su propósito en ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.211 del Código Civil.

La entidad que esté dispuesta a subrogarse presentará al deudor una oferta vinculante en la que constarán las condiciones financieras del nuevo préstamo hipotecario. Cuando sobre la finca exista más de un crédito o préstamo hipotecario inscrito a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deberá subrogarse respecto de todos ellos.

La aceptación de la oferta por el deudor implicará su autorización para que la oferente notifique, por conducto notarial, a la entidad acreedora, su disposición a subrogarse, y le requiera para que le entregue, en el plazo máximo de siete días naturales, para detallar el importe del préstamo hipotecario que se encuentra hasta ese momento pendiente de pago” (capital pendiente de amortizar).

Establece, además, que tras entregar la documentación detallada con el capital pendiente de amortizar, la entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación si, en el plazo de quince días naturales, comparece ante el mismo Notario que le haya efectuado la notificación y manifiesta, con carácter vinculante, su disposición a formalizar con el deudor una modificación de las condiciones del préstamo que igualen o mejoren la oferta vinculante. De esta manifestación se tendrá que dejar constancia en el propio acta de notificación.

En caso contrario, para que la subrogación surta efectos, bastará que la entidad subrogada declare en la misma escritura haber pagado a la acreedora el capital pendiente e intereses y comisiones devengadas y no satisfechas y presentar, además, el justificante de pago para que figure en la escritura de la subrogación.

En el caso de que la entidad financiera acreedora no presentase en ningún momento la liquidación del préstamo hipotecario, la entidad que esté dispuesta a subrogarse, será la encargada de realizar, bajo su responsabilidad, los cálculos de la misma y deberá ingresar la cantidad acordada a la entidad acreedora.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

La información al consumidor en los préstamos hipotecarios: Circular 5/2012 del Banco de España

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Mon, 11 Jul 2016 22:05:00 +0000

La Circular 5/2012, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, deroga la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, del Banco de España, sobre Transparencia de las Operaciones y Protección de la Clientela, que era la norma que contenía la regulación sobre las buenas prácticas bancarias hasta entonces.

- Información exigible

Señala el art. 18.1 de la Circular 5/2012 lo siguiente: “Las entidades deberán facilitar de forma gratuita al cliente toda la información precontractual que sea precisa para que pueda comparar ofertas similares y pueda adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario. Cuando dicha información tenga el carácter de oferta vinculante, se indicará esta circunstancia, así como su plazo de validez”.

Conforme a lo expuesto, la oferta vinculante es una oferta de condiciones pero en ningún momento obliga a la entidad de crédito a dar el préstamo hipotecario. El art. 18 de la Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, dispone que la entidad de crédito podrá indagar, periódicamente, sobre la capacidad del cliente, hasta el momento en el que se celebre cualquier contrato de crédito o préstamo; y si descubre que es insolvente, la entidad de crédito puede revocar la oferta vinculante. Por otra parte, la entidad tiene la obligación de informar al consumidor que en la base de datos figura como insolvente (moroso).

Ahora bien, si la causa de la posible revocación de la oferta no fuera la insolvencia del deudor, si no que fuese debido a las condiciones del mercado (tipo de interés, fluctuaciones, etc.); en este caso el culpable es la entidad por no haber tenido la diligencia de prever las causas que pueden modificar las condiciones del contrato, por lo que deberá hacerse cargo de esas condiciones y mantener la oferta vinculante.

Las entidades deberán contar con mecanismos internos para prever esos riesgos, por ejemplo, a través de cláusulas suelos en los tipos de interés, índices de interés variable, seguros de cambios, etc.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

El procedimiento de subasta

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sun, 10 Jul 2016 22:05:00 +0000

El “procedimiento de subasta” es un mecanismo de enajenación de bienes integrado por varios contratos independientes entre sí. De una parte, el contrato de subasta, celebrado entre el propietario de los bienes que se quieren enajenar por subasta y la empresa subastadora (habrá supuestos en los que no sea necesario el contrato de subasta; verbigracia, cuando los bienes sean propiedad de la casa de subastas). De otra parte, el contrato de licitación entre la empresa subastadora y los licitadores que pretenden adjudicarse el bien subastado. Por último, el contrato de compraventa entre el propietario del bien y el adjudicatario del acto de subasta.

- El contrato de subasta

Para el caso de que los bienes a subastar no pertenezcan a la empresa que desarrolla la actividad, las relaciones con el propietario de los bienes se ajustarán a los estipulado entre las partes de acuerdo con la normativa general de sobre contratación (art. 57.1 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista -LOCM, en adelante-). Cuando no hubiera pacto expreso, se entiende que los gastos de la subasta (incluidos custodia y, en su caso, tasación), corresponden a la empresa de subastas, sin que el propietario deba entregar por este concepto remuneración adicional alguna fuera del precio o gratificación establecida. La obligación de custodia y exposición de los bienes y, en su caso, de inclusión en el catálogo, también corresponderá a la empresa, salvo que se hubiera estipulado lo contrario. El encargo de subasta deberá documentarse por escrito. En él se identificarán las partes, el objeto y condiciones de la venta y la retribución de la empresa subastadora.

- Relaciones entre la empresa subastadora y los licitadores (el contrato de licitación)

Cuando expresamente se haya consignado la constitución de fianza en los anuncios de subasta, ésta podrá exigirse a los licitadores (art. 59.1 LOCM). Nunca el importe de la fianza podrá ser superior al 5% del precio de salida de los bienes en cuya licitación se quiera participar. La fianza será reintegrada en el plazo máximo de 3 días a contar desde la finalización del acto a los licitadores a los que no se les hubiera adjudicado el remate (sinónimo de subasta). Cuando el rematante no satisficiera el precio en las condiciones en que se hizo la adjudicación, perderá la fianza constituida que, en defecto de pacto, corresponderá al titular del bien subastado, una vez deducido el premio o comisión atribuible a la empresa subastadora, sin perjuicio del derecho del vendedor a exigir el cumplimiento del contrato (art. 59.3 LOCM).

El legislador, al mencionar la fianza, se está refiriendo a la fianza en sentido estricto como caución para asegurar, en la medida de lo posible, la seriedad de los licitadores y evitar así las consecuencias negativas que suponen las pujas realizadas sin intención real de adquirir. Una vez celebrado el acto de licitación y, por tanto, adjudicado el bien a un licitador, la fianza pasa a convertirse en una suerte de cláusula penal, al cumplir la misma función que las arras penales (art. 59.3 LOCM).

- La documentación (contrato de compraventa)

Una vez adjudicado el bien subastado, se consignará de forma inmediata por escrito, procediéndose a su entrega una vez satisfecho su precio o parte del mismo (que haya sido determinada en los correspondientes anuncios). Las ventas en pública subasta deben formalizarse en documento público o privado, que en su caso podrá ser otorgado por la empresa subastadora como mandataria del propietario del bien subastado.

Esto choca de forma directa con el principio de libertad de forma consagrado para la compraventa tanto en el Código Civil, el Código de Comercio como en la propia LOCM. Ante ésta situación, la doctrina ha venido a buscarle solución, entendiendo que no es necesaria la forma obligatoria en documento público o privado para que la compraventa tenga validez, sino que las partes pueden compelerse entre sí para la formalización del contrato por uno de esos medios, siendo el más habitual el privado al no ser imprescindible el documento público por estar excluidos los bienes inmuebles del ámbito de aplicación de la LOCM. De formalizarse, esa escritura tendrá carácter meramente probatorio.

En definitiva, y a pesar de lo que establece el art. 60.2 LOCM, la compraventa que se realiza en la venta en pública subasta responde a las mismas características que a las de la compraventa ordinaria, debiendo obviarse los requisitos adicionales establecidos en la ley.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Remedios ante la falta de conformidad en contratos con consumidores

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 09 Jul 2016 22:05:00 +0000

El artículo 116 de la Ley de Consumidores y Usuarios 1/2007 -TRLGDCU- regula los requisitos para que exista conformidad de los productos con el contrato. En caso de que haya una falta de conformidad, dicho cuerpo legal regula cuatro remedios: la reparación, sustitución y rebaja del precio del producto, y la resolución del contrato.

El comprador es, en principio, quien decide el remedio que desea. El legislador prevé, en este sentido, que para las dos primeras opciones -reparación y sustitución- quien elige por cual optar es el comprador. Ahora bien, supongamos que elige que le reparen el efecto que presenta el producto y la reparación resulte más gravosa para el vendedor que la propia la sustitución, ¿qué sucede en este caso? En este caso, si la reparación es más gravosa que la sustitución, el vendedor podrá optar por la sustitución. En general, la rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del comprador, cuando éste no pueda ejercer la reparación o la sustitución y en los casos en que ambas opciones no se hayan llevado a cabo dentro de un plazo prudencial o sin ningún otro inconveniente para el consumidor.

La Ley, en este sentido, se guía por el criterio objetivo del menor coste. En caso de excesiva onerosidad para el vendedor, faculta al vendedor para optar por la opción alternativa.

¿Cuánto tiempo tiene el comprador para reaccionar ante la falta de conformidad? Un plazo de 2 años.

Por otro lado, el plazo de garantía de 2 años (que deviene en sólo 1 si el bien es de segunda mano) es el periodo de tiempo en el que se tiene que manifestar el defecto en el producto adquirido. Si bien, rige el plazo de 2 meses para comunicar el defecto al vendedor, plazo que se inicia desde que la deficiencia fue detectada por el consumidor. Si no respeta ese plazo de 2 meses, tendrá el propio consumidor que indemnizar al vendedor sobre esa falta de diligencia en aras de facilitar la reparación.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Comparación de las Leyes Generales para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 26/1984 y 1/2007 y la normativa especial y la evolución de la protección de la información al consumidor

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Fri, 08 Jul 2016 22:05:00 +0000

Es necesario señalar algunos preceptos de estas normas a fin de poder valorar, una vez analizada la normativa especial y general, la tutela del derecho a la información de los consumidores.

Podemos apreciar, una vez hecha una breve comparativa entre el artículo 13 de la Ley de Consumidores de 1984 (derogada) y la Ley 24/1988, que regula el Mercado de Valores, que la norma especial reduce los deberes de información a la posible existencia de un conflicto de intereses entre los mediadores del mercado y el cliente, prescindiendo de las puntualizaciones que realiza el citado artículo 13 sobre la naturaleza del producto (algo esencial en los productos financieros, para poder dilucidar los riesgos de estos productos), sobre la obligación de realizar un desglose del precio final del producto (lo cual fomenta falsamente su atractivo, al establecerse un precio que no considera las variables que pueden incidir en un alza del mismo) y sobre los riesgos potenciales inherentes al mismo. Asimismo, ha de destacarse que tampoco se exige informar sobre el derecho de desistimiento.

Respecto a el folleto informativo sobre el producto, este se adquiría una vez se suscribía el contrato, no habiendo de entregarse durante la fase de negociación más que en el caso de que el cliente lo solicitase; caso en el cual se le facilitaría su acceso en el propio domicilio social de la entidad. Asimismo, no se precisa nada sobre la claridad, precisión o concisión que ha de aglutinar el folleto.

En resumen, el derecho a la información cristalizaba, de modo impreciso, legalmente una vez que ya se había suscrito el contrato. A este respecto debe señalarse que la Ley de consumidores del año 1984 indicaba, sobre los deberes de información, conforme a su artículo 13 que ‘’Los bienes, productos y los servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales”.

En consecuencia, se puede apreciar que la prestación del folleto de la forma indicada si bien formalmente podría cumplir los requisitos exigidos por esta ley sobre información veraz, eficaz y suficiente, materialmente habría que cuestionarse la consecución efectiva de dichos fines, ya que apenas se pone atención en el grado de entendimiento que adquiría un consumidor medio sobre el producto, teniendo que estudiar la información durante el transcurso de la fase de negociación en la sede de la entidad. Asimismo, ha de recordarse que el plazo para analizar la información es limitado: las entidades tienen un horario de apertura y de cierre.

La advertencia de los riesgos inherentes al producto no cristalizó hasta la entrada en vigor de la Ley 22/2007, que traspuso la Directiva de 2004/39/CE. Para los productos financieros hubo que esperar al estallido de la crisis y a l nacimiento de la Orden EHA/2899/2011, para que la exigencia de advertir dichos riesgos se proyectase sobre las entidades financieras.

Por otro lado, el artículo 12 de la Ley General de los Consumidores de 2007 expone como derecho básico de los consumidores, en lo que respecta a los riesgos derivados de los productos, que ‘’Los empresarios pondrán en conocimiento previo del consumidor y usuario, por medios apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza, características, duración y de las personas a las que van destinados, conforme a lo previsto en el artículo 18 y normas reglamentarias que resulten de aplicación’’. En este caso, la cuestión esencial se enmarca en torno a lo que ha de entenderse por adecuado.

En nuestra opinión, los productos financieros - debido a la enorme incidencia tanto positiva como negativa que pueden repercutir en las finanzas de una persona- implican una necesidad de información personalizada conforme a las características personales del cliente, debiendo huirse de estándares y del recurso a la concepción del consumidor medio. Esta consideración es compartida por la Directiva 2014/65/UE, que a este respecto impone que la información debe ser comprensible, confiriéndole de un matiz subjetivo ajeno a estándares, que garantiza de modo adecuado la correcta transmisión de la información. Entendemos que el derecho a la información del consumidor pierde su razón de ser si la legislación se limita, como ha hecho, a exigir la mera transmisión formal de la información y no la transmisión material de la misma que cristaliza en su comprensión. Asimismo, la consecución de los objetivos informativos del artículo 17.2, de la Ley de Consumidores vigente, referente a que todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios permitan acceder de forma clara y comprensible (información veraz, eficaz y suficiente) a las características esenciales del mismo, engarza con la necesidad antes expuesta.

Podría enlazarse lo dicho en el párrafo anterior con una labor de asesoramiento. Cuestión controvertida, debido al carácter oneroso que predomina en la misma actualmente, y que en nuestra opinión debería de carecer de tal carácter si tenemos en cuenta que dicha labor puede considerarse como una exigencia de la buena fe que, a su vez, conecta con una potenciación de la decisión informada en el sentido de que permite conocer al consumidor con mayor exactitud la adecuación del producto a sus necesidades y riesgos. Someter a pecunia lo que deben ser derechos y garantías de los consumidores desvirtúa el sentido que tienen estos derechos, convirtiéndolos, en cierta forma, en privilegios.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

La acción del consumidor y usuario contra el productor, ante la falta de conformidad, y la garantía comercial adicional

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Thu, 07 Jul 2016 22:05:00 +0000

Analizamos la acción contra el productor del consumidor, los supuestos en los que se da, y los plazos de la misma, así como la garantía comercial adicional.

- Acción contra el productor

Esta acción se establece en el art. 124 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU, en adelante).

El consumidor podrá reclamar directamente al productor la sustitución o reparación del producto cuando le resulte imposible o una carga excesiva el dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad.

Con carácter general, el productor responderá por la falta de conformidad cuando ésta se refiera al origen, identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulen.

Quien hubiera respondido ante el consumidor tendrá el plazo de un año, a computar desde el momento en que se completó el saneamiento, para repetir frente al responsable de la falta de conformidad.

- Garantía comercial adicional, obligaciones de documentación y servicios posventa

La garantía comercial adicional deberá expresar el bien o servicio sobre el que cae la garantía, el nombre y la dirección del garante, los derechos adicionales que aporta (junto a los legales), el plazo de duración de la garantía, el alcance territorial y las vías de reclamación. La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía adicional prescribe a los seis meses desde que finalice el plazo de garantía. Esta garantía se formalizará por escrito o en cualquier otro soporte duradero y directamente disponible para el consumidor (art. 125 TRLGDCU).

La garantía comercial de los productos de naturaleza duradera se entregará por escrito o en cualquier soporte duradero aceptado por el consumidor, y con el contenido mínimo previsto en la garantía comercial adicional (art. 126 TRLGDCU).

Para los productos de naturaleza duradera, el consumidor tendrá derecho a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos durante un mínimo de cinco años desde la fecha en que el producto dejara de fabricarse (art. 127 TRLGDCU).

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Aprovechamiento por turnos

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Tue, 05 Jul 2016 22:05:00 +0000

En materia de aprovechamiento por turnos son cuatro las normas que han de tenerse en cuenta, principalmente: la Directiva 1994/47/CE, de 26 de octubre, relativa a la protección de la los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido; la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, que regula los derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias; la Directiva 2008/122/CE, de 14 de enero, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio; y la Ley 4/2012, de 6 de julio, sobre contratos de aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias.

La adquisición de un derecho de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, se encuentra regulada, en la actualidad, en la Ley 4/2012, la cual surge de la transposición de la Directiva de 2008 antes citada, y conserva prácticamente intacto el articulado en que derivó la transposición de la Directiva de 1994 antedicha, esto es, de la ley 42/1998; versando las modificaciones, principalmente, sobre los plazos para el ejercicio de algunos derechos.

La normativa sobre aprovechamiento por turno no ha sido objeto de refundición en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 1/2007, dado que su peculiar régimen de constitución desaconsejó su inclusión en el texto refundido de esta Ley General. Esta peculiaridad posee, además, una indudable influencia en los ámbitos registral y fiscal, ajenos al núcleo básico de protección de los consumidores.

La finalidad de esta normativa se extrae, al igual que en los contratos de viajes combinados, de la exposición de motivos de las diferentes normas. En este sentido, puede señalarse que, inicialmente, se pretendía la creación de una base mínima de normas comunes que pudieran garantizar el buen funcionamiento del mercado interior europeo y, a través de ello, proteger al consumidor en un ámbito en el que estaba especialmente desprotegido.

Actualmente, la finalidad es la de potenciar el turismo, sector importante en una gran parte de los países de la UE, pretendiéndose fomentar un crecimiento y una productividad mayor en el sector del aprovechamiento por turno, lo que favorecerá, igualmente, el crecimiento del mercado interior europeo y el crecimiento económico de los Estados miembros.

- Definición

Se entiende por contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico aquel de duración superior a un año, en virtud del cual un consumidor adquiere, a título oneroso, el derecho a utilizar uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un período de ocupación. Esto se regula en el artículo 2 de la Ley 4/2012. Por ejemplo, un club de vacaciones en el que los usuarios consumidores pueden pagar una cantidad de dinero a cambio de obtener la facultad de uso de un inmueble durante una semana al año, por un periodo de 3 años.

La definición del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico da cobertura no sólo a los contratos sobre bienes inmuebles (verbigracia, un apartamento), sino también a los contratos relativos a alojamientos en embarcaciones o caravanas, entre otros. En cambio, no quedan incluidos otros contratos que no se refieren a un alojamiento, como los de alquiler de terrenos para caravanas. Tampoco incluye fórmulas como las reservas plurianuales de una habitación de hotel, en la medida en que no se trata de contratos, sino de reservas que no son vinculantes para el consumidor.

- Elementos personales

En los contratos de aprovechamiento por turnos podemos observar distintos sujetos que intervienen en la ecuación:

+ El Propietario o Promotor

Esta es la persona física o jurídica propietaria del inmueble que enajenará derechos bajo este sistema. Es aquel que desarrolla la idea, que abarca la compra del terreno o el financiamiento de la construcción y que puede incluir, incluso, la comercialización y la organización de los aspectos normativos.

+ El Consumidor o Adquirente

Es aquel que adquiere el derecho de aprovechamiento por turnos sobre un inmueble, mediante contrato.

+ La Empresa de Servicios

Es aquella empresa que contrata con el propietario para ofrecer los servicios de cara a los posibles adquirentes, se podría decir que es la empresa que directamente proporciona los servicios a los usuarios. No obstante, el propietario, si cumple determinados requisitos, podrá ejercer dichas funciones si así lo desea.

- Fase de tratos preliminares

Según los artículos 9 y 10 de la Ley 4/2012, con antelación suficiente a la prestación del consentimiento por parte del consumidor a cualquier oferta sobre la adquisición del derecho de aprovechamiento por turnos, el empresario tienen la obligación de facilitarle información precisa y suficiente de forma clara y comprensible, empleando para ello el formulario de información normalizado contemplado en el anexo 1 de la citada Ley. Esta información será facilitada gratuitamente.

En cuanto al medio en el que esta será entregada, cabe la entrega en papel o en cualquier otro soporte duradero, que sea fácilmente accesible para el consumidor. La propia Ley entiende por soporte duradero todo instrumento que permita al consumidor o al empresario almacenar la información que se le haya dirigido personalmente, de forma que pueda consultarla en el futuro si es necesario, en atención a la finalidad de la información, y que permita reproducirla sin alteración.

Igualmente, la ley permite al empresario la publicación integra de la información precontractual en la página web de la empresa, o en la página web de una asociación profesional empresarial de su elección, siendo responsable de su permanente actualización y debiendo mantener operativa dicha página mientras dure la comercialización de los derechos objeto de esta información.

Finalmente, también es obligación del empresario con anterioridad a la celebración del contrato, poner en conocimiento del consumidor la existencia del derecho de desistimiento y el plazo para ejercerlo, así como la previsión del pago de anticipos durante dicho plazo.

- Perfección del contrato

El precepto que recoge las disposiciones al respecto es el que se encuentra recogido en el artículo 11 de la Ley 4/2012. El contrato de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles se formalizará por escrito, en papel o en otro soporte duradero, y se redactará en un tamaño tipográfico y con un contraste de impresión adecuado que resulte fácilmente legible.

La información precontractual facilitada al consumidor, debidamente firmada por éste, formará parte integrante del contrato y no se alterará a menos que las partes dispongan expresamente lo contrario o cuando los cambios se deban a circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas a la voluntad del empresario. Estos cambios se comunicaran al consumidor antes de la celebración del contrato y deberán constar explícitamente en este.

En el contrato celebrado relativo al derecho de aprovechamiento por turnos se expresarán, al menos, los siguientes términos:

1. La identidad de los contratantes y el domicilio de los firmantes, así como el domicilio para requerimientos y notificaciones.

2. La información precontractual.

3. Datos de la escritura reguladora del régimen.

4. Naturaleza real o personal del derecho transmitido y la fecha de extinción del régimen.

5. Descripción precisa del inmueble, de su situación y del alojamiento sobre el que recae el derecho con referencia a sus datos registrales y al turno que es objeto del contrato, con indicación de los días y horas en que se inicia y termina.

6. Expresión de que la obra está construida o se encuentra en construcción.

7. Precios que habrá de pagar el adquirente por el derecho concreto que adquiere.

8. Memoria de las calidades del alojamiento objeto del contrato junto con una relación detallada del mobiliario y ajuar con el que contará el alojamiento.

9. Cuota anual que deberá satisfacer a la empresa de servicio por los gastos y servicios comunes.

10. Servicios e instalaciones comunes que el adquirente tiene derecho a disfrutar y, en su caso, las condiciones para ese disfrute.

11. Posibilidad o no de participar en servicios de intercambio.

12. Derechos del adquirente.

13. Cláusula de desistimiento y prohibición de anticipo. Estas cláusulas serán firmadas a parte por el consumidor. Asimismo el contrato debe incluir un formulario normalizado de desistimiento en documento aparte.

14. Lugar y firma del contrato.

Finalmente, en el momento de la celebración del contrato, el consumidor recibirá al menos una copia del mismo junto con sus anexos. Esto se regula en los artículos 11 y 30 de la citada Ley 4/2012.

- Responsabilidad por incumplimiento

En este punto tendremos que distinguir entre responsabilidad por incumplimiento del consumidor o usuario, o responsabilidad por incumplimiento de los servicios.

+ Responsabilidad por incumplimiento del consumidor o usuario

En este sentido, el propietario tendrá una facultad resolutoria cuando el adquirente titular del derecho de aprovechamiento por turno, una vez requerido, no atienda al pago de las cuotas debidas por razón de los servicios prestados durante al menos un año.

El propietario podrá ejercer esta facultad de resolución, a instancia de la empresa de servicios, previo requerimiento fehaciente de pago al deudor en el domicilio registral o, en su defecto, en el que conste a tal fin en el contrato, bajo apercibimiento de proceder a la resolución del mismo si en el plazo de treinta días naturales no se satisfacen íntegramente las cantidades reclamadas. Esto se regula en el art. 32 de la Ley 4/2012.

Para llevar a cabo la resolución, el propietario deberá consignar a favor del titular del derecho, la parte proporcional del precio correspondiente al tiempo que le reste hasta su extinción. No obstante, mediante cláusula penal podrá pactarse la pérdida en todo o en parte de las cantidades que, con arreglo a lo dicho anteriormente, corresponda percibir al titular del derecho resuelto. Todo ello sin perjuicio de la facultad moderadora de los Tribunales establecida en el artículo 1154 del Código Civil.

El propietario que ejercite la facultad resolutoria regulada en este artículo quedará obligado a atender las deudas que el titular del derecho de aprovechamiento por turno tuviere pendientes con la empresa de servicios, salvo pacto en contrario con ésta. Hay que aclarar que esta facultad resolutoria admite, sin embargo, pacto en contrario.

+ Responsabilidad por incumplimiento de los servicios

En este caso, podemos encontrar dos supuestos de incumplimientos frente al consumidor, aunque en ambos casos las consecuencias para el consumidor son las mismas:

. Que incumpla la empresa prestadora del servicio.

. Que incumpla el propietario o promotor.

En lo que afecta al consumidor, es indiferente que incumpla uno u otro de los anteriores mencionados, dado que el resultado es el mismo, pues de conformidad con el artículo 34 de la Ley 4/2012, será el propietario promotor el responsable frente a los titulares de derechos de aprovechamiento por turno de la efectiva prestación de los servicios.

Por otro lado, si es la empresa de servicios la que incumple, el propietario o promotor deberá resolver el contrato y exigir el resarcimiento de daños y perjuicios.

En todo caso, cualquier titular de un derecho de aprovechamiento por turno podrá reclamar del propietario la efectiva prestación de los servicios y las indemnizaciones que correspondan en el caso de que tal prestación no se efectúe.

Una vez resuelto el contrato celebrado con la empresa de servicios que lo ha incumplido, el propietario o promotor deberá asumir directamente la prestación del servicio o contratarla con otra empresa de servicios.

Cualquier alteración del contrato entre el propietario y la empresa de servicios no perjudicará, en ningún caso, a los titulares de los derechos de aprovechamiento por turno.

- Régimen sancionador

Diferenciaremos el régimen sancionador en dos tipos de infracciones. En primer lugar, el incumplimiento por las empresas de las disposiciones del título en el que se engloba el art. 22 de la Ley 4/2012 será sancionado como infracción en materia de consumo, aplicándosele lo dispuesto en el régimen sancionador general previsto en el texto refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007) y normativa autonómica que resulte de aplicación.

Por otro lado, se considerará infracción grave el que, una vez vencido el plazo de desistimiento, el empresario no haya cumplido los requisitos de información exigidos en la Ley 4/2012, pudiendo ser considerada como muy grave atendiendo a los criterios previstos en el artículo 50 del citado texto refundido que es la normal general que defiende a los consumidores y usuarios.

- Derechos y obligaciones

Los derechos y obligaciones en el contrato de aprovechamiento por turno se sintetizan en los artículos 12 y 33 de la Ley 4/2012.

En primer lugar, el artículo 33 establece que el titular de un derecho de aprovechamiento por turno puede libremente disponer de su derecho sin que la transmisión del mismo afecte a las obligaciones derivadas del régimen.

Si el derecho de aprovechamiento por turno no estuviera inscrito a favor del transmitente del derecho real o cedente del derecho personal, el adquirente o cesionario podrá solicitar la inscripción del derecho de aprovechamiento por turno a nombre del transmitente o cedente por el procedimiento regulado en el art. 312 del Reglamento Hipotecario.

La escritura reguladora del régimen de aprovechamiento por turno deberá prever la constitución de una comunidad de titulares. Asimismo, dicha comunidad de titulares se regirá por los estatutos previstos en la escritura reguladora o los que libremente adopten los titulares de los derechos.

En consonancia, la Ley ha establecido como se regirán los acuerdos de la comunidad de titulares:

. Mayoría de dos tercios: Los acuerdos que tiendan a modificar el régimen constituido deberán ser tomados por la mayoría de dos tercios de los titulares.

. Mayoría simple: Los demás acuerdos requerirán únicamente la mayoría simple de los titulares del derecho de aprovechamiento por turno.

En cuanto a los votos, cada persona tendrá tantos como derechos de los que es titular.

Si no resultare mayoría, o el acuerdo de éste fuere gravemente perjudicial para los interesados, se someterán a decisión judicial, es decir, el Juez proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda.

Por último en relación con este asunto, aclarar que las normas de la Ley de Propiedad Horizontal reguladoras del funcionamiento de las comunidades de propietarios se aplicarán supletoria y subsidiariamente a las presentes.

Tal y como expone el art. 32 de la Ley antedicha, el propietario tendrá una facultad resolutoria en el caso de que el adquirente titular del derecho de aprovechamiento por turno, una vez requerido, no atienda al pago de las cuotas debidas por razón de los servicios prestados durante, al menos, un año. El propietario podrá ejercer esta facultad de resolución, a instancia de la empresa de servicios, previo requerimiento fehaciente de pago al deudor en el domicilio registral o, en su defecto, en el que conste a tal fin en el contrato, bajo apercibimiento de proceder a la resolución del mismo si en el plazo de treinta días naturales no se satisfacen íntegramente las cantidades reclamadas.

En consonancia, para llevar a cabo la resolución, el propietario deberá consignar, a favor del titular del derecho, la parte proporcional del precio correspondiente al tiempo que le reste hasta su extinción.

No obstante, mediante cláusula penal podrá pactarse la pérdida en todo o en parte de las cantidades que con arreglo al párrafo anterior corresponda percibir al titular del derecho resuelto. Todo ello sin perjuicio de la facultad moderadora de los Tribunales establecida en el artículo 1154 del Código Civil.

El propietario que ejercite la facultad resolutoria regulada en el citado artículo 32, quedará obligado a atender las deudas que el titular del derecho de aprovechamiento por turno tuviere pendientes con la empresa de servicios, salvo pacto en contrario con ésta. Hay que aclarar que esta facultad resolutoria admite, sin embargo, pacto en contrario.

Comparando la Ley pretérita que regulaba este ámbito (Ley 42/1998) y la ley actual, en lo que respecta a los derechos y obligaciones mencionados anteriormente, podemos decir que no cambian. Es decir, se regulan los mismos en la Ley antigua y en la Ley vigente.

Por otro lado, el artículo 12 de esta Ley 4/2012 habla del derecho a desistir. De conformidad con este artículo, el consumidor o usuario de un derecho de aprovechamiento por turno tendrá derecho a desistir este contrato sin necesidad de alegar ningún tipo de justificación. Con respecto a los plazos sí que hay distinciones entre la Ley antigua (Ley 42/1998) y la Ley actual, resultado de la Directiva 2008/122: la antigua Ley establecía un plazo de 10 días contados desde la firma del contrato; sin embargo, en la Ley vigente este plazo se amplía a 14 días naturales, y se empieza a contar desde la fecha de celebración del contrato o de cualquier contrato preliminar vinculante, si en ese momento el consumidor recibió el documento contractual o, en otro caso, desde la recepción posterior de dicho documento.

En el caso de que el empresario no hubiere cumplimentado y entregado al consumidor el formulario de desistimiento, el plazo empezará a contar desde que se entregue al consumidor el formulario de desistimiento debidamente cumplimentado y vencerá, en cualquier caso, transcurrido un año y catorce días naturales siguientes a la celebración del contrato o de cualquier contrato preliminar vinculante o a la recepción posterior del documento contractual. Esta previsión aparece como novedad en la Ley 4/2012 como consecuencia de la transposición de la Directiva anteriormente citada.

En el caso de que el empresario no hubiera facilitado al consumidor la información precontractual obligatoria, incluidos sus formularios, el plazo empezará a contar desde que se facilite dicha información y vencerá transcurridos tres meses y catorce días naturales siguientes a la celebración del contrato o de cualquier contrato preliminar vinculante, si en ese momento el consumidor recibió el documento contractual o, en otro caso, a la recepción posterior de dicho documento. Este plazo de vencimiento ha sido ampliado con respecto a la Ley de 1998 dado que en ella se establecía un plazo de 3 meses.

Respecto a la forma de llevar a cabo el desistimiento, el consumidor está obligado a notificar de forma fehaciente al empresario el desistimiento por escrito en papel u otro soporte duradero.

En cuanto al plazo para poder llevar a cabo el desistimiento, la expedición o envío de la notificación deberá hacerse dentro del plazo legal y será eficaz cualquiera que sea la fecha de recepción por el empresario.

El hecho de que el consumidor ejercite su derecho de desistimiento supone que el contrato se quede sin efecto. Igualmente, quedaran automáticamente sin eficacia los contratos accesorios. Esto se regula en el art. 15 de la Ley 4/2012.

Finalmente, el consumidor que ejerza el derecho a desistimiento que le concede la ley no soportará coste alguno, ni tendrá que pagar ninguna contraprestación correspondiente al servicio que pudiera haberse llevado a cabo con anterioridad a la fecha del ejercicio de desistimiento.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

La falta de conformidad en los contratos con consumidores

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Tue, 05 Jul 2016 06:20:00 +0000

La existencia de una disparidad de regímenes jurídicos en relación con la compraventa de bienes de consumo en los Estados Miembros de la Unión Europea fue una de las principales razones que hicieron promulgar la Directiva 1999/44/CE. Esta introduce el principio de conformidad de los bienes con el contrato, que se aplica a los supuestos de contratos de compraventa de bienes de consumo celebrados entre vendedor y consumidor.

En España, esta Directiva fue incorporada a través de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías de la Venta de Bienes de Consumo. Los aspectos fundamentales de la Ley eran, por un lado, referirse al marco legal de la garantía en relación con los derechos reconocidos por ley para garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa; y, por otro lado, articular la garantía comercial que se pueda ofrecer al consumidor adicionalmente. El marco legal de la garantía tiene como fin facilitar al consumidor distintas opciones para exigir el saneamiento cuando el bien adquirido no sea conforme con el contrato.

Esta norma de transposición (Ley 23/2003), incide en el régimen de los vicios de la compraventa (arts. 1484 y ss del Código Civil -CC, en adelante-). La solución que nos encontramos es la siguiente: el régimen de saneamiento de vicios ocultos del CC permanece inalterado, siendo de aplicación a las compraventas civiles no comprendidas en el ámbito de la Ley 23/2003.

La Ley de Ordenación del Comercio Minorista sigue siendo aplicable para regular los aspectos de la garantía comercial no recogidos en la Ley 23/2003.

El mandato contenido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, exigía incorporar, al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU, en adelante), la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. Es por ello que en el Real Decreto-Legislativo 1/2007, en sus arts. 114 a 127, encontramos el mismo articulado que se había establecido en la Ley 23/2003.

El principio general que rige a las disposiciones sobre garantía en los productos de consumo es que el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a éste de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto.

Su ámbito de aplicación se limita a los contratos de compraventa de productos y los contratos de suministros de productos que hayan que producirse o fabricarse (art. 115.1 TRLGDCU). Excluye a los productos adquiridos mediante venta judicial, el agua y el gas (cuando no estén envasados para vender en volumen delimitado o cantidades determinadas), electricidad y a los productos de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los consumidores y usuarios puedan asistir personalmente (art. 115.2 TRLGDCU).

Los requisitos a cumplir para que un producto sea conforme con el contrato (excepto si a la luz de las circunstancias del caso no se es aplicable) son:

. Que sea ajustado a la descripción realizada por el vendedor y que posea cualidades del producto presentado por el vendedor al consumidor en forma de muestra o modelo.

. Que sea apto para los usos a los que ordinariamente se destinen los productos del mismo tipo.

. Que sea apto para cualquier uso especial requerido por el consumidor cuando lo haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de celebración del contrato, cuando éste haya admitido que el producto es apto para ese uso (verbigracia: un coche que pudiera adaptarse para minusválidos).

. Que presente la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del producto y, en su caso, por las declaraciones del vendedor, productor o su representante (el vendedor no responde por esas declaraciones si demuestra que desconocía o no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración, si dicha declaración había sido corregida en el momento de la celebración del contrato o si dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar el producto).

La falta de conformidad resultante de una incorrecta instalación del producto se equiparará a la falta de conformidad del producto cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa o suministro y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad, o por el consumidor y usuario cuando la instalación defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalación (art. 116.2 TRLGDCU).

Los productos serán de conformidad con lo pactado, salvo prueba en contra. Hasta que no se den los requisitos necesarios anteriormente mencionados, la carga de la prueba no se trasladará al vendedor.

No habrá lugar a responsabilidad por la falta de conformidad que el consumidor y usuario conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato o cuando tengan origen en materiales suministrados por el consumidor y usuario (art. 116.3 TRLGDCU).

Tal y como disponía la Exposición de motivos de la Ley 23/2003 y su Disposición Adicional, el art. 117 TRLGDCU determina la incompatibilidad de las acciones establecidas en la TRLGDCU y las derivadas del saneamiento por vicios ocultos de la compraventa. Aun así, el consumidor y usuario tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad, de acuerdo con la legislación civil y mercantil.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Servicios de inversión y productos financieros (II): ámbito de aplicación de la normativa al respecto

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Mon, 04 Jul 2016 14:04:00 +0000

La importancia del consumo en la sociedad actual es impepinable. Esta realidad ha demandado una revisión de la legislación que atienda a las necesidades de un consumo que necesite de herramientas eficaces para que funcione de forma adecuada. En ese intento de renovación de la normativa, el legislador ha ensayado distintas regulaciones con diferente suerte.

Es así que nos encontramos en un ámbito del derecho que presenta una regulación sumamente fragmentada que, lejos de responder a una concienzuda planificación legislativa, es consecuencia del carácter reactivo y apresurado del legislador con el fin de dar respuesta a situaciones que ponían de manifiesto la necesidad de una nueva regulación. Es discutible que legislador haya sido honesto con las buenas intenciones que se presuponen a la hora de dar forma a los diferentes textos legales.

- Ámbito de aplicación de la normativa al respecto

+ Ley 2/1994, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios

Se aplica cuando el primer acreedor y el que se subroga son algunas de las entidades financieras a las que se refiere la Ley de Mercado Hipotecario (LMH, en adelante), a saber (ex art. 2 LMH):

«a) los bancos y las entidades oficiales de crédito,

b) las cajas de ahorro,

c) las cooperativas de crédito,

d) los establecimientos financieros de crédito».

+ La Directiva sobre Mercado de Instrumentos Financieros (MiFID, 2004)

Será de aplicación a todas las personas y entidades que actúen en los mercados de valores. MIFID afectará a la forma de operar de las empresas de servicios de inversión (ESI), a su organización y a cómo se relacionan dichas entidades con sus clientes.

+ Ley 22/2007, de comercialización a distancia de servicios financieros

Se aplica a los contratos de servicios financieros prestados, negociados y celebrados a distancia por las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión.

+ Ley 24/1988, del Mercado de Valores (reformada por la Ley 47/2007)

Regula tanto los sistemas españoles de negociación de instrumentos financieros como la prestación en España de servicios de inversión.

+ Ley 2/2009, de contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación

El ámbito de aplicación de la Ley se limita a empresas distintas a las entidades de crédito y a los supuestos de concesión de créditos o préstamos hipotecarios, y de prestación de servicios de intermediación financiera, poniendo énfasis en la reunificación de préstamos.

+ Orden EHA/1717/2010, de regulación y control de la publicidad de servicios de inversión

Regula la actividad publicitaria dirigida a inversores referida a instrumentos financieros y cualesquiera otros productos financieros sometidos a la supervisión de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), entre otros (art. 3 EHA/1717/2010)

+ Orden EHA/1718/2010, de regulación y control de la publicidad de los servicios bancarios

Regula la actividad publicitaria de las entidades de crédito dirigida a clientes o potenciales clientes y que se refiera a productos y servicios bancarios.

+ Reglamento de la Unión Europea 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión

Se crea una Autoridad Europea de Supervisión que actuará sobre los actos de las entidades de crédito y entidades financieras (y las autoridades competentes que las supervisan).

+ Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios

Se aplica a los servicios bancarios dirigidos o prestados a clientes por entidades de crédito. Cuando el cliente actúe en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, las partes podrán acordar que no se aplique total o parcialmente lo previsto en esta orden, con la excepción de lo establecido en el capítulo II del título III.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Contratos de créditos vinculados

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Sat, 02 Jul 2016 22:05:00 +0000

La definición de contrato vinculado viene contenida en la Ley 16/2011, de 24 de Junio, de contratos de crédito al consumo (LCCC, en adelante), la cual establece que los contratos de créditos vinculados son aquellos “en el que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos y que ambos contratos constituyan una unidad comercial desde un punto de vista objetivo” (art. 29.1 LCCC).

- Requisitos para con la consideración de un crédito como “vinculado”

Por consiguiente, de la definición que nos plasma el art. 29.1 LCCC extraemos que para considerar el crédito como “vinculado” hay de cumplir los siguientes requisitos:

+ Que dicho crédito sirva exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos

Una vez dicho esto, hay que destacar que la expresión “sirva exclusivamente”, significa que no basta con un acuerdo, pues dicha exclusividad es entendida como el referente al contrato de consumo relacionado con el crédito en cuestión, es decir, que un contrato de crédito solamente podrá ser realizado para un contrato de consumo de forma individualizada.

+ Y que dichos contratos (el de consumo y de crédito) deben constituir una unidad comercial desde un punto de vista objetivo

La regla general es que no se pueden hacer valer las incidencias del contrato de consumo que afecten a la financiación. Sin embargo, hay reglas especiales que sí contempla esta posibilidad. Con ello se busca que se puedan oponer las excepciones también cuando no es el mismo sujeto quien vende el producto o presta el servicio, es decir, incluso cuando exista esa unidad comercial desde el punto de vista objetivo. El acuerdo entre vendedor y financiador es lo que permite apreciar la unidad comercial desde un punto de vista subjetivo. Siendo dos los contratos celebrados, pero tres los contratantes intervinientes (consumidor, proveedor y financiador), entre éstos dos últimos debe existir algún tipo de colaboración planificada para fomentar el consumo facilitando el crédito. En cambio, la unidad comercial no existirá y, por tanto, no estaremos en presencia de contratos vinculados, si el consumidor acude, por propia iniciativa, a un financiador con el que el proveedor no tiene ningún vínculo de negocios para que éste le facilite clientes en el marco de sus operaciones en el mercado. No parece suficiente para considerar cumplido el requisito de la unidad comercial la mención en el contrato de crédito del bien, producto o servicios financiado con una función meramente descriptiva.

- Eficacia

La eficacia de estos contratos nos viene determinada en el art. 26 LCCC, el cual establece, en un primer lugar, que en los contratos de consumo vinculados a un contrato de crédito quedará el contrato de consumo en suspensión hasta la no obtención del pertinente contrato de crédito: “la eficacia de los contratos de consumo (...) quedará condicionado a la obtención de ese crédito”. Tiene que haber un contrato de consumo en el cual se prevea (pactado entre las partes) que va a ser financiado: pero éste, hasta que se no se obtenga el contrato de crédito, quedará en suspensión. Esto trae como consecuencia el surgimiento de una situación problemática, ya que la ley no fija plazo alguno al respecto (aunque las partes lo pueden establecer en el contrato) y, por ende, en las situaciones en las que no se prevea plazo, tendríamos que remitirnos a lo dispuesto por el Código Civil: concretamente, al criterio de la buena fe.

En este precepto observamos lo siguiente: el contrato de consumo se perfecciona desde el momento de su celebración, pero no producirá eficacia alguna durante el tiempo en el que el crédito no haya sido concedido. Mientras que estemos en esta fase del contrato, tanto el consumidor como el proveedor carecerán de derechos que puedan reclamarse mutuamente, puesto que todavía no surte efecto dicho contrato.

No obstante, el incumplimiento de la obtención del crédito no se genera de forma automática, sino que el consumidor podrá, con base en lo dispuesto en el art. 26 LCCC, decidir pagar al contado o intentar conseguir obtener otras fórmulas de pago; pero esta opción no es una imposición de la ley hacia el consumidor, debiendo hacerse una interpretación, en virtud del principio pro consumatore, garantista para con el consumidor, ya que consumidor y vendedor no se encuentran en igualdad de condiciones, por ello la ley establece esta condición suspensiva para que no tenga el consumidor que aceptar condiciones abusivas o desproporcionadas por parte del proveedor una vez no obtenido el contrato del crédito por parte del consumidor. Además, esta garantía trata de evitar que el consumidor se encuentre en el supuesto de incumplimiento contractual (lo que provocaría que se tenga que enfrentar a posibles pagos de daños y perjuicios, si lo solicita el proveedor).

Otra situación muy distinta a la planteada anteriormente, sería la que se daría el caso en que el consumidor se niegue a la búsqueda de la obtención del crédito y así poder producir efecto el contrato de consumo perfeccionado con anterioridad. En este supuesto, el proveedor tendrá derecho a exigir, con base en lo dispuesto en el art. 1119 del Código Civil, que se tuviera por cumplida la condición, dando legitimación al proveedor para exigir el cumplimiento o resolver el contrato si el consumidor no le paga de forma voluntaria, con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que deriven de dicha coyuntura realizada en perjuicio de la figura del proveedor.

- Ineficacia en el contrato de consumo o en el contrato de crédito

Al ser el contrato de consumo el principal contrato y por el cual surge la necesidad de la realización del contrato de crédito, la ineficacia del mismo conllevaría la desaparición tanto del contrato de consumo como del de crédito, pues este último está vinculado con el primero. Debe entenderse ineficacia en sentido amplio, abarcando cualquier forma de extinción de la relación contractual: nulidad, anulabilidad, rescisión, revocación, etc.

Hay que destacar que no entraría en aplicación la condición suspensiva que nos determina el art. 26.1 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo (LCCC, en adelante), ya que el contrato de consumo no estaría perfeccionado al encontrarse adolecido por una causa de extinción contractual.

Por otro lado, en el caso que el contrato de consumo no fuera el que adoleciera de una causa de ineficacia, sino que deviniera ineficaz el contrato de crédito, hemos de remitirnos a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 26 LCCC, el cual determina que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 29 [de esta misma Ley], la ineficacia del contrato [de consumo] determinará también la ineficacia del contrato de crédito destinado a su financiación, con los efectos previstos en el art. 23 [LCCC]”. Del tenor de este artículo se pueden derivar dos situaciones:

. Por un lado, realizar una interpretación contrario sensu de lo dispuesto por el art. 26.2 LCCC, lo que traería como consecuencia que admitido eso, todo lo demás no. Esto es un remedio excepcional. A lo que conduce es que el consumidor no pueda dejar sin efecto el contrato de consumo por ineficacia del contrato de crédito.

. Por otro lado, la aplicación de la analogía del precepto del art. 26.2 LCCC: se produciría tanto la declaración de anulación del contrato de crédito como el de consumo, de igual forma. Hay que plantearse si sería posible que, por el mismo motivo que el art. 26.2 LCCC lo admite, debamos entender la posibilidad inversa de igual manera.

¿Es posible este argumento? ¿Cuál es el motivo por el que el art. 26.2 LCCC adopta esa decisión legal? Pues que al ser el contrato de consumo el contrato principal da pie a que se resuelva el contrato de financiación.

La conclusión, pues, es que cuando suceda la situación inversa a lo que prescribe el art. 26.2 LCCC (ineficacia el contrato de consumo deviene ineficaz el contrato de crédito, al estar vinculado a aquel), no debería ser aplicable la misma solución (esto es, que si el contrato de crédito es ineficaz, el contrato de consumo devenga igual).

- Excepciones oponibles por parte del consumidor al prestamista

Hemos de remitirnos a las precisiones o requisitos que nos determina el art. 29 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo (LCCC, en adelante), que regula lo referente a las excepciones oponibles por parte del consumidor al prestamista.

De primeras, este precepto nos dice que los mismos derechos que el consumidor tiene frente al proveedor, en virtud de un contrato de consumo, podrá ejercitarlos frente al prestamista, siempre que concurran los dos requisitos que determina el artículo en cuestión:

+ Que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados, en todo o parte, o no sean conforme a lo pactado.

Respecto a este primer requisito hay que dejar claro que, con base en la literalidad del art. 29.1.a) LCCC, cuando los bienes o servicios no sean conformes a lo pactado, el consumidor tendrá derecho a dirigirse de forma subsidiaria contra el prestamista, cuando el proveedor haya incumplido alguna de las obligaciones que surjan del contrato, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1255 y 1258 del Código Civil.

+ Que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho.

Por tanto, a tenor de lo dispuesto en este segundo requisito, el consumidor ha de realizarla la acción de reclamación, ya sea de forma judicial o extrajudicial, provocando (en este último caso) que la carga de la prueba recaiga en el consumidor.

Hay que decir que esta condición establece una responsabilidad subsidiaria del prestamista, ya que obliga al consumidor a tener que iniciar la reclamación primero contra el proveedor y, una vez no satisfecha la pretensión, repercutir dicha acción hacia la figura del prestamista.

Una vez cumplido los dos requisitos, el consumidor podrá ejercitar la acción contra el prestamista que tengan por origen el incumplimiento contractual por parte del proveedor, debiendo tenerse presente que el consumidor solamente podrá ejercitarla en virtud del contrato de consumo por el cual ha llevado a cabo la celebración del contrato de crédito en cuestión.

Por otro lado, el prestamista solo va a responder de aquellas obligaciones nacidas del contrato, una vez sea perfeccionado el contrato de consumo, lo que se daría cuando concurra consentimiento de ambas partes contractuales.

La inclusión de cláusulas de exoneración de responsabilidad por parte del prestamista en caso de incumplimiento del proveedor, son consideradas abusivas y, por tanto, deben ser tomadas por nulas con base en lo dispuesto en el art. 82.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU, en adelante) in fine, si se logra demostrar que se ha causado un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, y en el art. 86.1 TRLGDCU, relativo a la declaración de cláusulas abusivas por limitar derechos básicos de los consumidores, siendo este caso un ejemplo paradigmático de esta limitación.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Ley de Contratos de Créditos al Consumo: ámbito de aplicación y preeminencia respecto a la Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles

noreply@blogger.com (Javier García de Tiedra González) — Thu, 30 Jun 2016 22:05:00 +0000

Analizamos la Ley de Contratos de Créditos al Consumo, y más específicamente su ámbito de aplicación y preeminencia en relación a la Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles.

- Ámbito de aplicación

La Ley de Contratos de Créditos al Consumo (LCCC, en adelante) será de aplicación a los contratos por el cual un prestamista concede o se compromete a conceder al consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio de financiación equivalente (Art. 1 LCCC).

La LCCC será de aplicación solo a los consumidores, pero ofrece un concepto más estricto de consumidor que el de la Ley de Consumidores y Usuarios, ya que entiende por consumidor solo a la persona física que no actúa con fines comerciales o profesionales, mientras que la Ley de Consumidores y Usuarios (RDLg 1/2007) incluye también a las persona jurídicas.

La LCCC en su art. 3, excluye de su ámbito de aplicación a:

. Los contratos de crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

. Los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir.

. Los contratos de crédito cuyo importe total sea inferior a 200 euros.

. Los contratos de arrendamiento o de arrendamiento financiero en los que no se establezca una obligación de compra del objeto del contrato por el arrendatario ni en el propio contrato ni en otro contrato aparte.

. Los contratos de crédito concedidos en forma de facilidad de descubierto y que tengan que reembolsarse en el plazo máximo de un mes.

. Los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos, y los contratos de crédito en virtud de los cuales el crédito deba ser reembolsado en el plazo máximo de tres meses y por los que sólo se deban pagar unos gastos mínimos.

. Los contratos de crédito concedidos por un empresario a sus empleados a título subsidiario y sin intereses o cuyas tasas anuales equivalentes sean inferiores a las del mercado, y que no se ofrezcan al público en general.

. Los contratos de crédito celebrados con empresas de servicios de inversión o con entidades de crédito con la finalidad de que un inversor pueda realizar una operación relativa a uno o más de los instrumentos financieros enumerados en el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, cuando la empresa de inversión o la entidad de crédito que concede el crédito participe en la operación.

. Los contratos de crédito que son el resultado de un acuerdo alcanzado en los tribunales.

. Los contratos de crédito relativos al pago aplazado, sin intereses, comisiones ni otros gastos, de una deuda existente. . Los contratos de crédito para cuya celebración se pide al consumidor que entregue un bien al prestamista como garantía de seguridad y en los que la responsabilidad del consumidor está estrictamente limitada a dicho bien.

Por otro lado, hay que acudir al art. 5 de la LVP, que excluye de su ámbito de aplicación, entre otros, a la venta a plazos destinada a la reventa, ya que tiene la finalidad de excluir las compraventas comerciales de su ámbito de aplicación; y los contratos de venta a plazos o financiación cuya cuantía sea inferior a la determinada reglamentariamente (en la actualidad no existe mínimo fijado reglamentariamente, por lo que la causa de exclusión es inofensiva, a diferencia de lo que ocurre con la LCCC que excluye de su ámbito de actuación, como hemos señalado, los contratos por cuantía inferior a 200 euros.

- Preeminencia

El art. 2 de la Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles (LVP, en adelante) establece un orden de aplicación en virtud del cual, en caso de que sea de aplicación tanto la Ley de venta a plazos de bienes muebles como la Ley de contratos de créditos al consumo, será de aplicación en primer lugar la Ley de contratos de créditos al consumo y, de forma supletoria, será de aplicación la Ley de venta a plazos de bienes muebles.

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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura “Derecho de la Contratación Civil” (Grado en Derecho), en la UCA, impartida por el profesor Julio Gavidia.

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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.