El sábado 11 de mayo el Partido Socialista realizara encuentros programático en casi todas las regiones del país, el propósito es conversar, debatir y reflexionar sobre planteamientos  y propuestas programáticas en diversos ámbitos de las políticas públicas. De dichos encuentros saldrán los aportes que los socialistas pondrán a disposición del programa de gobierno de la nueva mayoría social y política que gobernara el país en los próximos cuatro años.

En Santiago este encuentro se efectuará en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia Humanismo Cristiano (sede central), ubicada en calle Condell N° 343, Providencia, entre las 9:30 y las 15:00 horas. El trabajo se organizara en torno a las siguientes áreas temáticas: Comisión  N°1: “Una nueva Constitución para un país que cambió y que anhela una Democracia plena”. Comisión  N°2 “Consagración de los Derechos Sociales” Educación, Salud, Vivienda y Ciudad, Adulto Mayor, Niñez y Adolescencia, Seguridad Ciudadana, Arte y Cultura, Deporte, Participación ciudadana, Migrantes, Diversidad sexual. Comisión N°3 “Necesidad de una efectiva Reforma Tributaria para financiar el Desarrollo Económico y Social de Chile” Comisión  N°4 “Transformaciones Laborales para un Chile más justo e igualitario”. Comisión  N°5 “Nuevo Estado para un Nuevo Modelo de Desarrollo económico y social en Chile”. Nuevo Estado y la Modernización de la Gestión Pública. La regulación de los bienes públicos y el desarrollo de mercados competitivos. Desarrollo productivo de Empresas de Menor Tamaño. Política de Industrialización de los RRNN e Innovación y Tecnología. Política Agrícola y Pesquera. Comisión  N°6 “Descentralización, Gobiernos Regionales y Locales, Medio Ambiente y Energía” y por último la Comisión  N°7 “Bases programáticas de Política Exterior y Política de Seguridad y Defensa nacional”.

Invitación Jornada.

Programa Jornada 11 de Mayo.

El ingreso de Pablo Longueira y la salida de escena de Golborne  –más parecida al despido de un empleado que a la caída de alguien en las refriegas propias de la política-, tiene el mérito de dotar de mayor densidad la actual política, y confirmar la percepción de que en esta campaña presidencial van a estar en juego, más que programas de gobierno, proyectos de país.

Hasta ahora las candidaturas de Allamand y Longueira muestran más similitudes que diferencias y parecieran orientarse más a convencer a ese electorado duro de derecha que debiera votar en las primarias, que a hacerse cargo de las evidencias del fin de un ciclo histórico en nuestro país. Las energías parecen estar concentradas en salvar una representación parlamentaria que mantenga la capacidad de veto de la derecha en el Congreso, defendiendo esa alquímica proporción de 4/7 inscrita en el quórum de un conjunto amplio de leyes que mantienen al modelo protegido ni más ni menos que de la soberanía popular.

No deja de ser alucinante -y una muestra de la grave anomalía institucional en que vivimos- que para la derecha puede ser mejor, para  defender sus ideas y el modelo actual, perder una elección presidencial (siempre que asegure su capacidad de veto en el parlamento), que competir e intentar ganar, para lo cual seguramente debería hacer más de alguna concesión programática. Nuestra democracia debe ser la única en el mundo donde un sector político –la derecha- asegura mejor sus ideas perdiendo que ganando una elección.

¿Cuánto tiempo más resiste el país un sistema político bloqueado y un modelo económico-social tocado en su legitimidad? De esta pregunta no parecen hacerse cargo por ahora las actuales candidaturas de derecha. La actitud y el discurso apuntan, más bien, a competir por quién puede ejercer con más eficacia el rol de guardia pretoriana de las esencias del modelo e impedir el declive y eventual derrumbe de la República Binominal. Ya que se ha convertido en un tópico la comparación entre el actual momento histórico y el desplome de la República Oligárquica en 1920, se podría decir que por ahora Allamand y Longueira tienen bastante más de Barros Borgoño que de Alessandri Palma.

Desde el 90 la derecha chilena ha vivido en un cierto irrealismo o limbo político y pareciera que no quiere asumir  la pérdida: tanto (neo) liberalismo es incompatible con una democracia de masas. O, tal vez, podría no serlo, pero tendría que demostrarlo concursando electoralmente sin los subsidios del binominal y abandonando la pretensión de seguir co-gobernando desde la opacidad de los quórums contramayoritarios del parlamento. La derecha en el mundo, en general, no tiene problemas para ganar elecciones plenamente democráticas y competitivas pero, para ello, ha debido moderar su programa máximo.

Siguen pendiente dos difíciles transiciones en la derecha chilena: colocar de una buena vez los dos pies en la democracia renunciando a los subsidios del binominal y de otros enclaves, y hacerse cargo, en lo que le corresponde, del agotamiento de un ciclo histórico y del comienzo de otro, del cual difícilmente se podrá ser parte sino es posibilitando cambios de fondo al actual modelo político y económico-social.

El bono de invierno (49 mil pesos) que anuncia el gobierno hoy llega solo a 640 mil pensionados, lo que significa una corbertura del solo el 27% del universo de pensionados.

Ver minuta.

“Daremos a la Salud Pública un nuevo impulso que apunte a la dignidad de las personas, a la atención oportuna, a la calidad del trato y a la disponibilidad de mejor equipamiento”.

Michelle Bachelet sostuvo esta mañana un diálogo ciudadano con los trabajadores del CESFAM Salvador Allende en la comuna de Huechuraba, lugar en el que reiteró “quedaremos a la Salud Pública un nuevo impulso que apunte a la dignidad de las personas, a la atención oportuna, a la calidad del trato y a la disponibilidad de mejor equipamiento”.

En ese sentido recalcó que “la marcha de los enfermos vino a poner de manifiesto la dura realidad que viven miles de familias con gastos mensuales en medicamentos que superan con creces sus posibilidades de pagar”.

Asimismo sostuvo que la salud sigue siendo un problema en Chile asociado a la falta de ambulancias, a la carencia de especialistas y a las listas de espera”, indicando que su equipo asesor de salud está trabajando en una propuestas que incluya estas demandas y a las del sistema general de de abastecimiento de medicamento: “nosotros como Estado tenemos que responde a eso”, afirmó.

Michelle Bachelet  ingresó al Centro de Salud acompañada por profesionales y usuarios, quienes la acompañaron en un recorrido que le permitió compartir con pacientes y usuarios.

Luego, una treintena de funcionarios y dirigentes sociales compartieron con ella un encuentro en el queintercambiaron propuestas y visiones sobre la realidad de la salud en el sector público.

Publicado originalmente en michellebachelet.cl, mayo 2013.

Sebastián Bastías Arias, Doctor (c) en Filosofía Política.
Revista Ballotage.

Sencillamente me es difícil hacer algún tipo de introducción a lo que quiero narrar, y en lo posible analizar, para que, pedagógicamente comprendamos que en todo acto político existe la “búsqueda” de alterar las conductas, y no sólo las conductas, sino inculcar elementos de carácter ideológico en “ese acto político”. Así es posible el darse cuenta que cada “discurso público” es un discurso que busca ideologizar al “público”, valga la redundancia, explicar y actuar en pos de la defensa de “tal política”. Así también existe el discurso político más “camuflado”, ese que quiere decir algo pero por medio del eufemismo, de aquello que no dice, de aquello que “huele bien”, aunque sabemos que sólo es para esconder el olor a “podrido” de la omisión y de quienes son lanzados al margen de un proyecto de país.

No hay que ser un erudito para ver que el discurso ideológico de la Alianza no puede incluir la existencia de una educación gratuita –y de calidad- sin entrar en contradicción con sus concepciones de libertad, ligados a principios liberales radicales, que convierten a todo como “parte del mercado”. Es así, de una u otra manera, cuando el presidente Sebastián Piñera inauguraba la sede Duoc San Joaquín -en el 2011- y señalaba “la educación es un bien de consumo” no estaba diciendo nada nuevo, sino que estaba desnudando el eufemismo constante bajo el cual se había camuflado la ideología más brutal bajo la cual ha actuado el concepto de “libertad” que han tratado de crear en el país; convertir todo en un bien de consumo sin límite alguno –social, económico o medioambiental-. Todo es cancha y se puede “jugar” en todas partes, dicen que no es ideología –siendo la ideología más radical que puede existir- el convertir la ciudadanía en algo que puede tener grados, grados de consumo de la ciudadanía, la ciudadanía como consumidor. A mayor capacidad de consumo, mayor son los niveles de educación o salud a los cuales puedes acceder –que son derechos básicos- y por ende mayores niveles de “dignidad” o “respeto” social que puedes obtener por acceder a esos derechos que, obviamente, se convierten en derechos restringidos, pero universales, es decir “puedes acceder a ellos si tienes la capacidad económica para pagarlos”. Los derechos son para todos, pero como son parte de los “bienes de consumo” debes de pagar por ellos. Un concepto de “libertad” basado en principios económicos no es un concepto neutral, sino que “se debe” a una concepción donde el hombre es “tal hombre, con tales principios éticos o morales”, una concepción antropológica se esconde en ella, y en este caso el “dividir” la “capacidad de ser ciudadano” jerarquizándolo por la capacidad de “consumo”.

A mayores recursos mayor educación, mejor salud o un aire “más limpio”, más ciudadanía plena ¿para qué cambiarla? A menores recursos una salud colapsada, una educación que crea “mano de obra barata” y un hedor a podrido por fábricas y vertederos donde los reclamos no son escuchados ¿para qué ser ciudadano? Una ciudadanía marcada por la capacidad de consumo, ciudadanos que son tales en la medida en que son capaces de “consumir derechos”, y no ser un gasto… los que “son un gasto” deben ir a los márgenes, a la periferia, a la omisión social, al olvido. Una dignidad de primera, de consumidores, y una dignidad “de segunda”, de aquellos que pueden o no quieren “consumir derechos”, sino que los exigen sin entregar beneficios económicos a un sistema cuyo fin es que todo -absolutamente todo- sea un “bien de consumo”.

El “Recetario de Lavín” no responde a un capricho culinario ni a un menú al “alcance de todos”; este “recetario” es señalar eufemísticamente, para que no suene “brutal”, que realmente el pobre debe aceptar, agachar la cabeza, y reconocer que en un país donde existe el “pleno empleo” y donde la economía crece “por sobre las expectativas”, él no tiene lugar ni espacio para ser parte de la celebración, sencillamente no gana nada. No tendrá mejoras en salud, ni en educación, ni en ingresos, como tampoco a la hora de comer. Lisa y llanamente él no cuenta en la medida en que no pueda consumir aquello que son – en esencia- “derechos”.

Es por ello que puede sentirse feliz por Chile, por su economía y su “desarrollo”, pero siempre “a lo lejos”, una sonrisa lejana que lo hace partícipe de Chile pero sin ser parte del “crecimiento de Chile”. Charquicán digno y feliz para cada uno de los que les guste el charquicán y que pueda pagarlo, charquicán “sin carne” para el pobre y el que no pueda pagarlo. Lo siento, no todos tenemos la misma dignidad como “ciudadanos” en este país en constante crecimiento, algunos tendrán que conformarse con su “ciudadanía” “de segunda”, con su salud “de segunda”, con su educación “de segunda”, con su seguridad “de segunda”, con su previsión “de segunda”. Celebremos todo esto con unos ricos “porotos sin riendas” que es “casi igual” que el que comen en aquellos lugares que sí forman parte de Chile, pero “sin riendas”, un plato digno en cualquier mesa de Chile pero “sin riendas”, que no es otra cosa que decir, que alterado algo en su “esencia” sigue siendo lo mismo. Que gran error, pero compartido en educación, seguridad, salud, medioambiente, etc. Derechos de segunda para algunos, pero “si usted puede pagar…”

La dignidad a la hora del almuerzo no depende de la concepción de “ser humano”, depende de la capacidad económica del consumidor, del ciudadano. No todos tienen “derecho” a ser parte del Chile feliz, no todos tienen derecho a un “charquicán con carne”, algunos sencillamente no forman parte del Chile que nos quieren mostrar… a ellos va el recetario, a los que no forman parte del Chile que quieren dibujar; ese país donde la compra de derechos garantiza la existencia de “esos derechos”; derechos comprados, consumo.

Lo siento, sigan teniendo pésima atención de salud, sigan respirando el hedor de vertederos, sigan comiendo un rico plato que debe tener carne… pero que no la tiene; esa es la conclusión del “Recetario”. Volver “digno” aquello que no lo es, o que para el resto de Chile no tiene dignidad alguna, pero que poco importa ahí donde el “ciudadano” sólo lo es en sus derechos mermados y su capacidad de “consumo” limitada. Ciudadano que no consume no ayuda a la ciudadanía, no consume derechos, los exige… y eso no ayuda en nada a la economía.

La carne es muy “cara” para ustedes, al igual que la educación. ¿Quiere educación sin calidad? ¿Quiere charquicán sin carne? Ahí lo tiene al alcance de todos. ¿Quiere carne en su charquicán y calidad en su educación? Pague… sino confórmese con el “sucedáneo”, esa ciudadanía omitida por el Chile que nos quieren pintar.

Publicado originalmente en Revista Ballotage, abril de 2013.

María Isabel Díaz
Educadora de Párvulos. Doctora en Educación.

Dentro de las recientes iniciativas legislativas para la educación parvularia se encuentra un proyecto de ley presentado este año en el mes de marzo, que busca regular la instalación de jardines infantiles. Se plantea la necesidad de establecer mayores exigencias para abrir y mantener las condiciones básicas de funcionamiento de los jardines infantiles privados y públicos, de acuerdo a los principios básicos que establece la ley general de educación.

Uno de los propósitos centrales de esta iniciativa, de acuerdo a lo destacado por el Ministerio de Educación, ha sido eliminar aquellas situaciones difusas que permitían que cualquier sostenedor pudiera abrir un jardín infantil sin contar con las exigencias de una adecuada certificación. Las autoridades confirman que en las municipalidades actualmente es más difícil abrir un local comercial de cualquier naturaleza que un jardín infantil. El propósito, por tanto, ha sido regular los vacíos institucionales y delimitar ámbitos efectivos de acción para brindar confianza y seguridad en la atención de la primera infancia.

Hasta el momento la JUNJI ha sido la encargada de definir protocolos para el empadronamiento de jardines infantiles y/o salas cunas, haciendo cumplir requisitos que no solo se han centrado en la infraestructura, sino también en exigentes proyectos educativos y en el correspondiente personal idóneo, entre otros aspectos. Ahora el Mineduc realizará las autorizaciones y los reconocimientos, mientras que la Superintendencia será la encargada de fiscalizar, de acuerdo a la nueva arquitectura institucional propuesta.

A nivel de los primeros titulares del proyecto, se recibe como una buena noticia para perfeccionar los requisitos, ordenar las instituciones y consolidar los avances que se han desarrollado en el funcionamiento de este primer nivel educativo. Sin embargo, el proyecto va configurando otra visión de la educación parvularia que aspiramos desarrollar,  alejándose del espíritu de la Ley General de Educación.

En efecto, en ese auspicioso camino se estimaba que dentro de las consecuencias claves que tendría este proyecto de ley, estaría reconocer y legitimar oficialmente que todas las salas cunas y jardines infantiles adquirieran el carácter de establecimiento educacional, donde los niños aprenden y las educadoras enseñan. Todos, públicos y privados cumpliendo estándares de calidad educativa.

Sin embargo, el proyecto escoge un derrotero confuso al adoptar la decisión —estratégica— de que ahora existirán al menos dos categorías de jardines infantiles: (a) los autorizados para funcionary (b) los reconocidos oficialmente como establecimientos educacionales. Parece un simple juego de palabras pero al contrario, agrega una nueva complejidad al sistema. Son dos tipologías de jardines infantiles que al tener distintas exigencias, provocarán diferencias de funcionamiento y por cierto de calidad educativa.

Para aclarar, un jardín infantil puede solicitar ser reconocido como establecimiento educacional sin necesariamente recibir subvención del Estado, al igual que los colegios particulares pagados.

En una sencilla proyección matemática, se dibujará un mapa en que los tramos de 4 a 6 años (prekinder y kínder) tendrán reconocimiento oficial, dado que la gran mayoría se ubica en colegios y escuelas de párvulos y los tramos de 0 a 3 años (salas cunas y niveles medios) tendrán una difusa “autorización de funcionamiento” que no alcanza para declararse como establecimiento educacional, de acuerdo a las exigencias del Mineduc y la Superintendencia.

Frente a este contexto, surgen al menos tres inquietudes: ¿por qué razón se determinan estas categorías?, ¿por qué se bajan los requisitos para los sostenedores de la primera categoría de Jardines Infantiles? ¿Cuál es el sentido de que ingresen organismos privados para la certificación del cumplimiento de los requisitos, cuando para ello está la Superintendencia?

Por otra parte, llama la atención que frente a la delicada sensibilidad que se ha declarado en torno al respeto y resguardo de los derechos de los niños, entre sumas y restas finalmente se bajen las exigencias básicas de calidad en una de las dimensiones fundamentales de las normativas que reglamentan el funcionamiento de los jardines infantiles públicos y privados, los requerimientos de personal, lo que podría constituirse en un evidente retroceso en las condiciones de atención y de bienestar de los párvulos, así como también en el desempeño pedagógico y el ejercicio profesional de las educadoras en las aulas (Decreto Nº 315 que formará parte del reglamento de la ley).

Detrás de estas propuestas legislativas, se ha sostenido el argumento de que es necesario flexibilizar las condiciones para que todos los jardines infantiles puedan contar con algún tipo de certificación, adecuando los actuales requisitos a la “realidad chilena”. Este enfoque desconoce la necesidad de avanzar hacia estándares más exigentes que permitan garantizar un buen funcionamiento y un efectivo rol de formación integral  en los primeros años. Es una medida compleja que requiere de un exhaustivo análisis, debido a que se busca una “flexibilización” sacrificando componentes esenciales de la calidad educativa especialmente en el primer tramo de vida (0-3 años) donde todos los estudios destacan que en ese momento se comienzan a producir las diferencias por falta de oportunidades efectivas.

Un nivel educativo cuya diversificación y complejidad de funcionamiento ha ido aumentando simultáneamente con una significativa expansión de matrículas en nuevos establecimientos, necesita resolver situaciones pendientes, arrastradas por años como es la inequidad. Si lo que se busca es estimular el ingreso de jardines infantiles al sistema educativo, la respuesta no consiste en relativizar el nivel de los requerimientos de entrada para algunos, dado que se estaría avalando una precarización de la oferta, lo que acentuaría justamente las situaciones de inequidad.

Preocupa también que en los tres primeros años se incorpore a organismos privados a la certificación del cumplimiento de requisitos de funcionamiento. La primera idea que surge a propósito de privatizar la regulación, es que se está abriendo un nuevo mercado, en competencia con la política pública. Se estaría más bien flexibilizando las responsabilidades públicas y desdibujando el rol del Estado. Entendemos que el sentido que se requiere en la educación es decididamente otro.

En conclusión, a pesar de las oportunidades que se abren para este nivel, nuevamente caemos en el juego de las asimetrías en la educación parvularia.