El día jueves 23 de mayo 2013, se hizo entrega a Alberto Arenas, encargado de Programa del comando de Michelle Bachelet, de la propuesta Programática del Partido Socialista de Chile. La delegación socialista estuvo encabezada por su presidente y por su secretario general, Osvaldo Andrade y Francisco Díaz, respectivamente e integrada, además, por Claudia Serrano, coordinadora general, Hugo Espinoza, director ejecutivo del Instituto Igualdad y Vicente Segure, coordinador del colectivo “Nuestro Desafio”.

En la reunión con Alberto Arenas se detalló la metodología y el trabajo desarrollado en poco más de 20 comisiones de trabajo que funcionaron desde enero pasado y que culminaron, en Santiago, en una concurrida Jornada realizada el sábado 11 de mayo en la Universidad AHC. También respecto a las diversas Jornadas programáticas efectuadas en nueve regiones del país, con destacada participación de socialistas.

Se adjunta documento en pdf.

“En esta etapa que se abre creemos que se tiene que enfrentar la relación de empresarios y trabajadores sin miedos, sin prejuicios y sin temas vedados,” sostuvo tras sostener una reunión de trabajado con el comité ejecutivo de la CUT encabezado por Bárbara Figueroa, Michelle Bachelet en la sede de la entidad.

Agregó que con voluntad política y mucho diálogo es posible mejorar las relaciones laborales en Chile, especialmente para los sectores más discriminados como los jóvenes y las mujeres.

“Tenemos que fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores. Necesitamos sindicatos más representativos y con más fuerza a la hora de negociar. Tenemos que lograr que más gente pueda trabajar y en mejores condiciones.Hay que mejorar la empleabilidad, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. No hay igual de paga entre hombres y mujeres, lamentablemente”, dijo Michelle Bachelet después de la reunión de trabajo que se extendió por más de una hora.

Destacó que según los datos de la OCDE, sólo el 11% de los trabajadores en Chile está sindicalizado. “También sabemos que al 20% de los trabajadores asalariados no se les pagan las cotizaciones previsionales”, informó Bachelet.

La ex jefa de Estado insistió en que “mejorar las relaciones laborales se hace con dialogo social, con mesas de trabajo y con voluntad política“.

También manifestó que “hay una plena disposición de mi candidatura a avanzar en una agenda laboral que permita efectivamente derrotar la desigualdad. Los componentes específicos los estamos construyendo y los daremos a conocer”.

Dijo que “las situaciones de abusos e injusticia que están impidiendo que la desigualdad sea derrotada y si eso requiere mirar una nueva institucionalidad avanzaremos a aquello”.

Las primarias

Respecto a la decisión del senador Escalona de no participar en las primarias internas del PS para la elección del candidato socialista a la Región de Los Lagos, Michelle Bachelet respondió: “he señalado desde un comienzo y lo reitero aquí: creo en las primarias como un mecanismos para que los ciudadanos decidan quienes son los candidatos y para que sean los mismos quienes sean electos”. Acto seguido recordó que el PS “ha tomado una decisión y espero que ahora todos podamos trabajar juntos y seguir trabajando en los desafíos que Chile tiene”.

Destacó que “yo conozco a Camilo hace muchos años, le tengo un gran cariño, un gran respeto. El ha tomado una decisión personal que yo respeto”.

Fuente: Michellebachelet.cl

Estas tres últimas semanas han sido malas para la política. Malas para el gobierno, que ha visto cuestionado los datos del último Censo, así como la metodología para medir el IPC. Ver Informe completo del Taller de Coyuntura del Instituto Igualdad.

Ver Informe.

Álvaro Gallegos, Taller de Economía Igualdad.

Acciones colectivas de consumidores en contra de oferentes de productos financieros por aplicación de medidas abusivas han obtenido recientemente sonados éxitos con impensadas repercusiones en el ámbito político.

En primer término, hemos sido testigos del fallo de la Corte Suprema referido al caso del alza unilateral por parte de Cencosud de la comisión de mantención de la tarjeta de crédito en perjuicio de sus clientes. En esencia, el Tribunal dictaminó que no puede darse al silencio de los tarjetahabientes un sentido de manifestación de voluntad, toda vez que la Ley 19.495 sobre Protección a los Derechos de los Consumidores (LPDC) expresamente señala que el silencio no puede constituir aceptación en los actos de consumo, pues ello se presta para el abuso.

Consecuentemente, el fallo obliga a Cencosud a devolver a sus clientes US$ 40 millones de dólares cobrados ilegalmente más reajustes e intereses.

En segundo lugar, después de 9 años de presentada la primera demanda colectiva en Chile por la asociación de consumidores más importante del país (Conadecus), el Banco del Estado se avino a una mediación por la cual llegó a un acuerdo con la demandante, en orden a restituir a clientes de ahorro a la vista más de US$ 12 millones correspondientes a comisiones cobradas unilateralmente.

En ambos casos, las empresas infractoras fueron sancionadas con multa de beneficio fiscal, quedando sellado el carácter ilegal de su accionar.

En sus efectos políticos, la sentencia de la Suprema por el caso Cencosud causó la defenestración de la insólita candidatura presidencial de Lawrence Golborne. A su vez, el reconocimiento de la ilegalidad cometida por el Banco del Estado abrió un flanco de críticas contra sus autoridades, particularmente respecto de las nombradas en tiempos de la Concertación. El abuso ya no es tolerable, es el mensaje de la ciudadanía, que la política tome nota y actúe en consecuencia.

Un análisis con una perspectiva más allá de la coyuntura nos lleva a relevar dos aspectos centrales. Por un lado, la efectividad de la protección de los derechos del consumidor y, por otro, el deber ser del Banco del Estado en estas materias.

En cuanto a la protección de los derechos de consumidor, es indispensable revisar la actual institucionalidad para acercarla a estándares internacionales.

Para empezar, según la LPDC, las restituciones pecuniarias que las partes deban hacerse en conformidad a dicha ley serán reajustadas según la variación del IPC y las infracciones a la ley serán sancionadas con multa de hasta 50 UTM (US$ 4.300).

Es de notar que si bien el fallo obliga a Cencosud a devolver los cargos cobrados en exceso reajustados por inflación más intereses corrientes, ello es apenas asimilable a un crédito en UF más 5,1 %. Peor es el acuerdo de la mediación del Banco del Estado, que sólo lo obliga a devolver los cobros ilegales a su valor corriente, esto es, sin agregar ningún peso de castigo, ni reajustes ni intereses. Comparadas con los montos involucrados, las multas de beneficio fiscal resultan ser irrisorias.
Es decir, salvo por la pérdida de reputación, abusar de los propios clientes es un comportamiento rentable.

Por cierto, esto debe corregirse pronto y de manera muy clara: el abuso contra los clientes debe ser castigado severamente de forma que el abusador internalice en términos privados el costo del daño social que causa.

Aún más importante que lo anterior, la LPDC no cumple con los estándares mínimos de la OECD en el ámbito del consumidor financiero. Del conjunto de 10 principios de protección al consumidor financiero, podría decirse con benevolencia que Chile cumple con 2 de ellos, pero no puede afirmarse lo mismo respecto de los otros 8. Si la OECD es nuestra guía para las mejores prácticas, estamos muy al debe.

Resulta paradójico que el modelo de mercado que nos rige, el mismo que se presume como aquél donde el consumidor es el rey, en los hechos exponga a este supuesto monarca a un trato injusto y a la depredación por sus aparentes súbditos. Estos últimos operan en sectores oligopólicos que carecen de una disciplina de mercado suficientemente poderosa para que cambien su comportamiento. Por tanto, es imperioso perfeccionar la legislación local a fin de adecuarla a patrones internacionales.

En lo que se refiere al papel jugado por el Banco del Estado, los hechos muestran que su comportamiento no es diferente del de actores privados y, lo que es muy lamentable, emula conductas perversas de abuso contra sus clientes.

¿Cómo puede explicarse que una entidad pública, cuyo objeto es “prestar servicios bancarios y financieros con el fin de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales”, adopte conductas reprochables frente a la ley y, no bastando con eso, se resista por años de modo contumaz a revisar su proceder ante tribunales? Muy simple, ocurre que por años las directrices impulsadas por sus autoridades han desvirtuado su esencia y han logrado que su acción en el mercado no sea distinguible de sus congéneres privados que, legítimamente, persiguen fines de lucro.

Ante esta realidad, se impone la urgencia de la recuperación del rol público del Banco del Estado, aquel que es razón y sustento de su existencia. Esencial al desempeño de tal rol público es el pleno respeto de los derechos del consumidor financiero, pues el Banco debe actuar para los ciudadanos y no contra ellos.

Pero no basta con ello. El rol público implica que el objetivo estratégico del Banco ha de constituirse como instrumento de las políticas públicas de largo plazo, esto es, formar parte de las políticas de Estado.

En esta línea, por ejemplo, el Banco debiera estar disponible para cooperar en la superación de fallas de mercado, aplicando medidas contra el ciclo para contribuir a la estabilidad financiera y macroeconómica. Del mismo modo, el Banco puede llevar adelante acciones para promover la competencia en los bolsones oligopólicos del mercado.

El Banco puede también hacer un aporte a la inclusión financiera impulsando políticas crediticias orientadas a los segmentos menos favorecidos, a proyectos de innovación tecnológica y a megaproyectos de largo plazo, así como ofreciendo soluciones crediticias efectivas a la pequeña y mediana empresa, ampliando la oferta de servicios financieros a costos razonables para fortalecer la cohesión social.

Finalmente, no es menos importante recuperar el papel del Banco en materia de ahorro, donde le cabe estimular la tasa de ahorro a nivel agregado ofreciendo a los hogares productos y tasas de interés atractivos.

En suma, la institucionalidad de protección al consumidor financiero debe ser sustancialmente perfeccionada y es indispensable recuperar para la ciudadanía ese potente instrumento de ahorro y crédito como es el Banco del Estado.

Guillermo Marín y Sebastián Rivera*

El Partido Socialista es un espacio de contradicciones. Desde fuera se ve al PS como un partido de izquierda, para algunos, anclado en el pasado, para otros, excesivamente renovado. Desde otras veredas, los socialistas -o como ingeniosamente algunos dicen “sociolistos”- son neoliberales, conservadores, autoritarios y sin una identidad ni práctica de izquierda. Para otros, el viraje hacia el centro llegó en buena hora, pues le permitió reinsertarse en el juego democrático y ser un importante aporte a la construcción de mayorías de centro izquierda con vocación de poder.

Estas visiones disonantes provienen en gran parte desde afuera: de aliados, adversarios u otros observadores. Lo curioso, dirán algunos, es que estas visiones tienen un correlato al interior del partido.  Pues los hombres y mujeres pertenecientes a las filas socialistas muestran en su quehacer agudos y constantes dilemas. El socialismo chileno -en sus 80 años- ha sido sin duda un espacio, que tanto en su interior como para sus aliados, es un generador de grandes contradicciones.

Así es su historia. El PS se funda en torno a la unión de sectores de izquierda no comunistas. Fue un espacio de convergencia al que acudieron diversos movimientos: socialdemócratas, libertarios, de inspiración trotskista, universitarios, regionalistas, entre otros. Más adelante fue plataforma para que revolucionarios y reformistas dieran forma a sus proyectos políticos. La discusión entre los autoflagelantes y autocomplacientes, encontró a finales de los años noventa un fecundo espacio al interior del partido. Estos aspectos de su trayectoria explican en cierta medida lo contradictorio de este partido: El PS es un espacio que cobija y ha cobijado a los diferentes, manteniendo y regulando esas diferencias en una orgánica que contribuye a la permanencia de grupos y caudillos en su interior.

Los socialistas han sido clave para la formación de alianzas entre la izquierda y el centro político. Desde sus inicios impulsaron la idea de generar frentes electorales que lograran construir mayorías que permitiera a la izquierda alcanzar el gobierno. Ha sido un partido articulador, que ha tenido la capacidad de vincularse con los sectores más radicales de la izquierda chilena, como también, con el centro laico y cristiano. Ésta capacidad puede ser explicada, por la heterogeneidad política y social de su militancia, lo que le permite vincularse con diferentes actores y realidades de nuestro país.

Sin embargo, los riesgos de ésta diversidad no han sido inocuos. Así la presencia de estrategias en pugna llevaron al PS a una crisis en uno de los momentos más relevantes de su historia: El partido de Allende no estuvo –en su mayoría- con Allende. Tras el triunfo de la Unidad Popular en el socialismo chileno se produjo un sisma. La coexistencia de dos tesis que luchaban por alcanzar una hegemonía política en su interior llevó a la fragmentación de éste dejando  de ser fuente de apoyo para el gobierno de Salvador Allende. La primera tesis conducida por Altamirano tenía como objetivo radicalizar las políticas de gobierno y generar las condiciones para una confrontación armada que llevaría –posteriormente- a la instauración de un régimen socialista como el de Cuba. Sin embargo, la admiración internacional del proyecto chileno estaba vinculada justamente por lo contrario: La vía chilena al socialismo era democrática y constitucional. La tesis de Allende fue minoritaria al interior del partido lo que llevo a éste a enfrentarse con sus propios compañeros de partido. Sin lugar a dudas, este fue uno de los episodios en que el partido y sus contradicciones afectaron la vida de sus militantes y del devenir de los socialistas chilenos.

Los años ochenta fueron otro momento en que los militantes volvieron a poner en discusión diversas interpretaciones, no sólo sobre el golpe del año 73, sino sobre que hacer con el partido y cómo debía derrotarse al régimen de Pinochet. El proceso de renovación que iniciaron, fundamentalmente desde Europa, Altamirano, Arrate y Núñez, entró en fricción con los sectores menos proclives a iniciar un proceso de renovación ideológica al interior del partido. Las interpretaciones realizadas por dichos sectores, por lo tanto, obtenían diversas respuestas. De este modo, las ideas socialdemócratas propias de los renovados, se encontraron con el rechazo de otros sectores, los cuales seguían definiendo al perfil ideológico del partido a partir de su adscripción marxista. El plebiscito del 88 también: mientras los renovados apostaron por sacar adelante el proceso electoral, los Almeydistas miraban con recelo el grado de legitimidad del proceso. La desconfianza que generaba que Pinochet reconociera efectivamente un resultado negativo en el plebiscito, provocaba legítimas dudas. La política de alianzas asumida por el PS desde finales de la década de los ochenta, también.

El Congreso de unidad a comienzos de los noventa y las tareas asumidas por destacados dirigentes tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, le dieron cierto aire de tranquilidad al PS, promoviendo una dinámica interna que encontró mayores niveles de cohesión. Las contradicciones en su interior, si bien no desaparecieron, fueron atenuadas como consecuencia de las nuevas dinámicas. Así, la configuración de sus distintos sectores, más o menos ideologizados, permitió cierto grado de cooperación entre las distintas fracciones. Si durante los años precedentes al golpe la dinámica fraccionalista fue disruptiva, los años que siguieron al congreso de reunificación, esta tuvo un carácter más bien cooperativo. En parte, las lecciones sobre el 73 y el papel del partido en el gobierno, se aprendieron.

Sin embargo, la consigna asumida en materia de derechos humanos por el presidente Aylwin de  “avanzar en la medida de lo posible”, se extendió a otras áreas de política pública. La nueva institucionalidad política: con el sistema binominal, los senadores designados y los altos quórum para aprobar leyes relevantes, tampoco contribuyó mucho a avanzar en la medida que amplios sectores de militantes del partido hubiesen deseado. El avanzar de esta manera, se impuso no sólo como un relato, sino que también como una práctica política y como un presupuesto normativo.

De este modo, aparecían hacia finales de los años noventa dos almas –que se agregaban a las ya existentes- en la concertación: los conocidos como autocomplacientes y autoflagelantes, en donde estos últimos mostraban una mirada más crítica sobre los fracasos y, particularmente, los logros de los dos primeros gobiernos de la concertación. En el PS, la situación no era distinta a la que vivía la coalición. Y así, como había ocurrido con el partido en otros momentos de su historia republicana, aparecieron nuevas contradicciones en su interior. Aunque no tuvo la intensidad ni el dramatismo de otras disputas de carácter interna, volvió a revelar la que el PS no es un partido monolítico. La coexistencia entre autoflagelantes y autocomplaicientes agregó un nuevo elemento a la ya histórica diversidad existente al interior del PS. Aunque con el paso de los años, estas dos visiones no han desaparecido, tendieron a aminorar debido a que varios de sus principales dirigentes, renunciaron a su militancia política, ya sea para emprender proyectos electorales personales o integrarse a otras fuerzas políticas.

Con el fin de ciclo político que significó la derrota de la coalición, el PS vuelve a enfrentar el desafío de resolver sus contradicciones internas. La caricatura de esta nueva antítesis es el procedimiento en virtud del cual modificar el actual diseño constitucional. Uno de sus más altos dirigentes ha manifestado su oposición a una asamblea constituyente, cuestión que es respaldada por decenas de militantes. Otros abogan por una constituyente. Más allá del contenido político o jurídico de esta discusión, lo relevante es que ésta devela distintas estrategias sobre cómo enfrentar los desafíos de un nuevo ciclo político como coalición y cuál es la posición del partido. El PS vuelve enfrentar contradicciones en su interior, y aunque a algunos observadores les parezca alarmante e intenten sacar ventajas políticas y electorales poniendo en duda el grado de coherencia y cohesión del partido de la candidata con más probabilidades de alcanzar la presidencia de la República, olvidan algo esencial y que hoy es uno de sus principales activos: El PS chileno es un partido de contradicciones, pluralista y heterogéneo. Y a pesar que es menester de algunos transformar a éste partido en uno pequeño y homogéneo. Sepan ellos que luchan contra el ADN del socialismo chileno.

*Sebastián Rivera es Cientista Político de la Universidad Alberto Hurtado, estudiante del Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos en la misma universidad. Actualmente se desempeña como investigador en el CED.

*Guillermo Marin es Cientista Político de la Universidad Alberto Hurtado, estudiante del Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos en la misma universidad. Actualmente es Coordinador de Contenido de la Revista Nuevociclo.cl

En los últimos días, se han producido importantes hechos políticos en apariencia aislados e inconexos, pero bastante inteligibles si se organizan en lo que parecieran ser tres grandes tendencias que hoy cruzan la política chilena. La primera, una derecha convencida de que llegó la hora del repliegue ordenado y el atrincheramiento en la defensa del “modelo”; la segunda, el incierto y difícil parto en la centroizquierda de una “nueva mayoría”; y, finalmente, la consolidación de un archipiélago de actores y colectivos sociales y políticos con una fuerte impronta generacional, críticos de las actuales formas de representación política y que, hoy por hoy, se aglutinan en torno a la demanda por una Asamblea Constituyente.

Dentro de la primera tendencia, la de una derecha a la defensiva, se pueden consignar la súbita bajada del presidenciable Golborne, por su falta de densidad política para asumir la defensa del proyecto histórico del sector, y la poco deferente salida de Fontaine del Centro de Estudios Públicos (CEP), por resultar demasiado “librepensador” para una etapa en la que se requieren Think Tanks convertidos en “guardias pretorianas” del modelo. En otra esfera, aunque convergente, se puede situar el armado con manu militari de la plantilla UDI, buscando colocar un verdadero cortafuego en torno a los quórum contramayoritarios de 4/7.

A su vez, en la centroizquierda, que hoy va desde la antigua Concertación al Partido Comunista, lo más relevante fue el pulso entre el senador Escalona y la ex presidenta Bachelet, con un contundente triunfo de esta última, en un terreno en que el senador parecía imbatible: el Partido Socialista. La derrota de Escalona –remontable por cierto—potencia la agenda más progresista de la campaña, dada la singular deriva conservadora en que se había embarcado el líder socialista en el último tiempo, en aspectos clave como el cambio constitucional, las primarias y la superación de la vieja Concertación por una “nueva mayoría”, ideas propugnadas con nitidez por Bachelet desde su regreso.

Dentro de la otra gran tendencia, la de los movimientos socio-politicos de origen más reciente, se podrían mencionar múltiples acciones en el terreno de la movilización, de la ”micropolitica”, la autogestión y de las redes sociales, que es por donde parecen moverse estos nuevos “topos” de la historia. También se puede consignar, aquí, el llamado a marcar el voto presidencial con la petición de Asamblea Constituyente y el fracasado intento de crear un puente entre la centroizquierda y el naciente movimiento  Revolución Democrática (RD), en torno a las fallidas primarias de la oposición.

Así, el país parece moverse entre una derecha que se aferra a la defensa de un ciclo político ya terminado; una centroizquierda que se aproxima de nuevo al gobierno con poca claridad programática y sin la fuerza necesaria para acometer los cambios que anuncia; y un sector de la sociedad, particularmente joven, que ensaya nuevas formas de participación y soberanía y que recela de lo institucional. Queda aún por ver cuál será en los próximos meses el resultado del despliegue de estas tendencias  centrífugas que hoy cruzan la política chilena.