Los cuestionamientos del Gobierno de Chávez al desempeño de la CIDH no son nuevos y tienen un antecedente importante en el Informe que la Comisión produjo sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela a fines del año 2010.

El Informe, que dictamina  que en Venezuela se atenta contra la Democracia y los Derechos Humanos,  pudo realizarse a pesar que, desde el año 2003,  el Gobierno de Chávez viene impidiendo  la visita de la Comisión al país. Ese procedimiento de visitas en el terreno es algo que ha distinguido  el trabajo de la Comisión en los alrededor de 90 informes que ha realizado en diferentes países y circunstancias desde su creación, hace más de cincuenta años.

En los últimos años pude visitar Venezuela en varias oportunidades. En ocasiones  integrando la misión  de análisis de la situación política del país de la Internacional Socialista  y,  también,  como observador a las elecciones legislativas  y a las elecciones abiertas  de la coalición opositora, a principios de este año, donde masivamente surgió la candidatura de Henrique Capriles como candidato a Presidente para enfrentar a Chávez en la elección de Octubre de este año. En esas visitas comprobé la desnaturalización del sistema democrático y el impacto que el populismo político y el facilismo económico tienen en una sociedad con muchas asignaturas pendientes a pesar del “boom” petrolero.

Ahora bien, la iniciativa del Gobierno de Chávez de negarle competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene implicancias de otro tipo y que alcanzan a nuestro país. Ello es así porque La concreción de esa iniciativa embiste contra el espíritu del Mercosur ya que, por el Protocolo de Asunción para Derechos Humanos del año 2005, los países miembros   se comprometen a la promoción y protección de ellos. En  efecto, en los fundamentos de dicho instrumento los países reafirman los principios y normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el artículo séptimo de la parte dispositiva, determinan que el presente Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción.

Es de esperar, por muchas razones, que el Gobierno de Chávez no avance en su propósitos y que el Gobierno de Cristina Kirchner se esfuerce en disuadirlo. En primer lugar porque la defensa y promoción de los Derechos Humanos no debe reconocer fronteras y ,en segundo término, porque si lo hiciera afectaría, aún más de lo que está, al Mercosur .

Por último, y no menos importante, porque los Argentinos de bien tenemos una deuda histórica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA  que, cuando la dictadura asolaba nuestro país, nos visitó y produjo un Informe que constituyó un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de la Democracia.

Una situación problemática asegura su permanencia en el tiempo de dos maneras. La primera es si los encargados de resolverla tienen una actitud negadora frente al problema, y la otra es si la manera de enfrentarlo es basándose en diagnósticos equivocados.

En el caso de YPF los gobiernos de los Kirchner han incurrido en los dos tipos de errores posibles y esa evidencia impregna, como no puede ser de otra manera, la valoración de la iniciativa oficial.

A continuación se presentan algunos aspectos que requieren ser considerados:

Antecedentes

1. La Argentina accedió al autoabastecimiento energético en 1988, en el Gobierno del Presidente Alfonsín, ochenta años después del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia. La cuestión energética es consustancial con el Radicalismo, de hecho YPF fue creada por el Presidente Yrigoyen en el año 1922 y sus primeros y fundamentales desarrollos fueron posibles por la gestión del General Mosconi, designado titular de la misma por el Presidente Alvear.

2. La administración peronista del Presidente Menem inició la privatización en 1992 y el Estado vendió su último 20% de la compañía a Repsol en el año 1998 que, a su vez, compró al año siguiente el remanente de acciones cotizado en Bolsa.

3. Con posterioridad al colapso del régimen de convertibilidad, la combinación de demanda creciente – exarcebada la mejora relativa de la actividad económica por precios subsidiados de los productos energéticos- y mermas en la producción doméstica de gas y petróleo -en el período 1998-2011 la producción de petróleo decayó un 32% y la de gas, por su parte, se redujo el 11% desde el año 2004- condujo a requerir, en el último año, importaciones por casi 10 mil millones de dólares llevando la balanza comercial energética a un registro negativo de alrededor de 3200 millones de dólares. Se espera, además, para este año importaciones superiores a los 12000 millones de dólares.

4. Así, el autoabastecimiento energético que demandó ochenta años alcanzar dejó paso, algo más de dos décadas más tarde, a un estado de vulnerabilidad creciente en un insumo estratégico desde todo punto de vista.

La Respuesta del Gobierno

5. Pasada la elección de Octubre del año pasado, el Gobierno de la Presidente Kirchner anunció la puesta en práctica de un esquema de política económica que incluía la eliminación de subsidios y un tope del 18% en las negociaciones salariales. Estos criterios hoy abandonados, presentados bajo la idea de la “sintonía fina”, tenían el objetivo de atender los requerimientos de las cuentas externas y el sector público, que se habían transformado en deficitarios, y ya no eran más los “pilares del modelo” que tan intensamente pregonaba el discurso oficial.

6. ¿Por qué no se habló más de la “sintonía fina” que, en rigor, era munición gruesa para el dispositivo de poder oficial? En primer lugar porque el Gobierno no se dispuso a afrontar los costos de decisiones que diluían su discurso “progre” –aumentos de tarifas, salarios por debajo del incremento de precios y, en consecuencia, menor ingreso disponible para cebar la bomba del consumo- y afectaban su base de sustentación social.

7. En segundo término, porque la consideración social sobre el Gobierno se vio afectada por la tragedia del accidente ferroviario de Once, haciendo socialmente inviable los incrementos tarifarios, y por las derivaciones del “Caso Ciccone”, que desnudaba el tráfico de influencias desde el vértice del poder político y condicionaba el desempeño de la clara mayoría legislativa obtenida en la última elección. En efecto, el primer trimestre del año la confianza en el Gobierno, afectada también por un contexto de amesetamiento de la actividad económica con inflación de dos dígitos, se había reducido en un 30%, según el estudio sistemático que desde hace 10 años realiza la UTDT.

8. Ante este panorama, el Gobierno decide evitar correr riesgos políticos derivados de la puja distributiva, desentendiéndose así de enfrentar las exigencias de un esquema económico que alcanzó sus límites. Para ello repite la estrategia del año 2008, en ocasión de la crisis política originada en las retenciones móviles a la exportación de productos agropecuarios, cuando sorpresivamente propuso la estatización de Aerolíneas Argentina. En esta ocasión lo hace propiciando una iniciativa, la expropiación del 51% del patrimonio de YPF, que moviliza sensibilidades históricas y es capaz de conseguir simpatía social y amplio apoyo parlamentario.

9. En el corregido discurso oficial se retoma el fraseo tradicional del “relato” para el objetivo de profundizar el modelo. Ahora, mediante la recuperación de la soberanía energética que desplaza la sintonía fina, dos objetivos y políticas que, además de contradictorias, están ausentes en la Plataforma electoral del oficialismo en la última elección.

10. A partir de la iniciativa oficial se impone una pregunta crucial: ¿La expropiación de YPF asegura el autoabastecimiento energético, a través de incrementos en la producción de gas natural y petróleo, que – según el Proyecto del Poder Ejecutivo- es de interés público y objetivo prioritario de la República Argentina?

11. La respuesta es obvia: si no hay un cambio en la política energética que llevó adelante el gobierno de los Kirchner no hay ninguna razón para esperar el cumplimiento del objetivo del autoabastecimiento.

12. Ello es así no solo porque YPF es una porción, hoy reducida, de la actividad de exploración, producción y refinación del mercado de petróleo y derivados. En efecto, YPF hoy produce apenas un tercio del petróleo que se explota en la Argentina y apenas un 25% del gas natural.

13. La verdadera causal de disminución en la producción de gas natural y petróleo es la merma de las reservas comprobadas de hidrocarburos que, por su parte, está relacionada con la caída de de la inversión exploratoria y que, por otro lado, alcanza a todo el conjunto empresario que desarrolla la actividad. El año pasado la caída en la producción, para el conjunto de empresas que representan el 90 % de la oferta de petróleo y gas, cayó un 6% en el caso del petróleo y casi un 4% en el caso del gas natural.

14. Un indicador claro de la menor actividad generalizada en el sector es que, mientras en la década de los ochenta los pozos en exploración fueron en promedio 103, en la década pasada se redujeron a 41 pozos promedio y solo fueron 68 el año anterior. La razón de la caída no hay que buscarla en motivos geológicos ni en la composición accionaria de YPF sino que, por el contrario, reside en las definiciones de la política sectorial.

15. Una consecuencia fatal de la política energética es que dejó de aportar al saldo favorable de la balanza comercial. En efecto, como consecuencia de un proceso gradual de creciente necesidades de importación, el año pasado el saldo negativo de la balanza comercial energética fue de 3200 millones de dólares y se espera que este año sea equivalente al saldo comercial favorable del resto del comercio internacional de la Argentina.

16. Es imposible pensar en mayores y auténticas inversiones de riesgo en el sector mientras se mantenga vigente una política que, por ejemplo, estimula la importación de gas. Hoy en nuestro país se paga el gas en la frontera con Bolivia casi cuatro veces más, y el que se compra con contratos nada transparentes en barcos regasificadores seis veces más, que el precio con el cual se remunera en nuestro territorio a los productores locales, sean éstos una empresa nacional, extranjera o estatal.

17. Este verdadero despropósito no admite justificación de ningún tipo, tampoco argumentos de redistribución de ingresos, ya que los subsidios de más de 42000 millones de pesos que el año pasado requirió el sector energético – 20 veces más que en el año 2005- no alcanzan a casi la mitad de la población que, según el Censo del año 2010, no acceden al gas por red domiciliaria sino que están obligados a consumir, y a pagar precios a valores internacionales, gas en garrafas.

18. Un aspecto institucional central para entender el problema, y que relativiza la importancia de la composición accionaria de YPF, es que la Constitución Nacional prescribe que son las Provincias las titulares del dominio sobre los hidrocarburos.

19. En uso de sus competencias, en años recientes, algunas provincias decidieron licitar y adjudicar 166 áreas para la exploración petrolera. Este hecho, que podría valorarse como promisorio, empalidece cuando se sabe que la exploración de más de la mitad de las áreas fueron adjudicadas a empresarios amigos del poder sin experiencia en la actividad. Por caso, en la Provincia de Santa Cruz, se licitaron y adjudicaron 14 bloques de exploración y explotación que cubren 7,2 millones de hectáreas, quedando descalificados, como oferentes, importantes y experimentadas empresas como YPF, Petrobras, Tecpetrol, Pluspetrol y otras.

20. Así, la política energética de los gobiernos peronistas dilapidó el logro histórico del autoabastecimiento energético que, trabajosamente a lo largo de ochenta años, finalmente se consiguió en el gobierno del Presidente Alfonsín. Para ello promovieron con Menem la privatización de YPF – contrariamente a lo hecho por otros países productores como Brasil y México- , y luego -con los Kirchner- a través de una política sectorial que desalentó el desarrollo de la producción local, consumió divisas, exigió recursos públicos crecientes para una política de subsidios regresiva y favoreció el florecimiento del capitalismo de amigos.

21. ¿Habrá algún otro caso en la historia contemporánea donde la política pública de un partido en el gobierno, tan equivocada y nociva para los intereses nacionales como la energética – que además conspira contra las aspiraciones de las mayorías sociales-, pueda usarse como excusa y aspire a convertirse en la justificación de otra que tampoco esté a la altura de los desafíos que la época nos impone? Difícil saberlo. En cualquier caso el futuro inmediato depende, en última instancia, de lo que hagamos los que no compartimos el populismo político y el facilismo económico característico del justicialismo.

La Posición del Radicalismo

22. El Radicalismo se opuso a la privatización de YPF y Gas del Estado en el Gobierno Justicialista de Menem, y no solo por el escándalo que significó la presencia de falsos diputados para aprobar leyes. También se diferenció cuando la venta de acciones sirvió para dar aire fiscal a un régimen de convertibilidad agonizante.

23. En el pasado reciente alentó la búsqueda de coincidencias para afrontar la crisis, que el gobierno se empecinaba en negar, y sus expertos contribuyeron a crear el foro de los ex secretarios de energía de gobiernos democráticos suscribiendo una propuesta suprapartidaria dotada de solvencia técnica y viabilidad política. Estas iniciativas fueron acompañadas por actividades institucionales del Comité Nacional partidario, a través de seminarios temáticos, que fueron torpemente descalificadas por los funcionarios peronistas del área.

24. En línea con estas acciones, en la última elección presidencial la Plataforma de la UCR sostuvo los siguientes puntos sustanciales en el área energética:

- Realizar auditorías integrales e independientes de concesiones de explotación y permisos de exploración.

- Promover una nueva ley de hidrocarburos que incluyera la creación de una Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustible.

- Retirar las áreas off-shore de la jurisdicción de Enarsa y licitar a través de una modalidad de contratos de asociación similar al llamado Plan Houston.

- Realizar una auditoría integral de los contratos de importación de combustibles.

25. El posicionamiento del Radicalismo, definido luego de una discusión conjunta de los Bloques Legislativos y las autoridades del Comité Nacional, se distingue por la coherencia y la responsabilidad política.

26. La UCR rechazó en el Congreso el DNU del Poder Ejecutivo que dispuso la intervención de YPF, llevada a cabo con procedimientos que ni el Gobierno del Presidente Chávez practica, porque hubiera correspondido una intervención judicial que otorgara dicha facultad de intervención. Otra razón adicional al rechazo del Radicalismo es la designación del interventor, precisamente el principal responsable de la política que llevó a la pérdida del autoabastecimiento energético.

27. En el Dictamen que votó la UCR, además de proponer la realización de auditorías de las concesiones, se propicia el control de la AGN negado explícitamente en el proyecto oficial –repitiendo textual el párrafo respectivo de la ley de privatizaciones del Presidente Menem- y se postula la creación de una Agencia Federal de Hidrocarburos replicando el modelo organizacional de la República de Brasil. Más importante, se rechaza la expropiación y se promueve una compra consensuada del 51% de las acciones, valuación mediante con control parlamentario, de los dos grupos privados accionistas de la compañía de manera proporcional.

28. El Radicalismo tuvo un solo voto afirmativo al proyecto oficial: el que declara de interés público y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y consiguió incorporar en el texto, porque estaba ausente en la iniciativa oficialista, la actividad de exploración a las de explotación e industrialización.

La Polémica

29. Los cuestionamiento a la decisión institucional de la UCR se centraron en que su actitud diluía su papel de oposición a un Gobierno que, en nuestra caracterización, aísla a la Argentina con una política exterior errática y carente de profesionalismo, desaprovecha una coyuntura internacional histórica excepcional al consolidar una estructura productiva que no permite resolver las flagrantes desigualdades sociales y regionales; atropella las instituciones republicanas mediante la concentración de poder presidencial y el desapego a la ley; y escandaliza a los ciudadanos con las conductas impropias de funcionarios y cargos electivos de máxima responsabilidad.

30. En términos de acción política, el poder -para este gobierno- es una colina estratégica a conquistar que exige, siempre, la derrota del oponente. La lógica binaria del poder ejercitada desde el Gobierno, que estigmatiza a quien piensa distinto, es una versión de este siglo del viejo movimientismo, tan característico de muchos países de América Latina. El movimientismo identifica como enemigos, sean éstos intelectuales, una fuerza política o un periodista, a quienes no forman parte de su proyecto.

31. Esa lógica del blanco y negro -tan nociva para la salud de la democracia representativa- requiere, para ser eficaz, de aceptación social. Exige que los otros protagonistas de la vida social – partidos, sindicatos, medios de comunicación social, organizaciones empresarias y de la sociedad civil- las validen con su accionar. En otros términos, es condición para su desarrollo que todos crean que las actitudes sean, en todo momento y circunstancia, a todo o nada.

32. Esa dialéctica del cero o el infinito es una rémora de los largos años de dictaduras y autoritarismos que recorren nuestra historia. Esa situación, junto con la debilidad del sistema político de nuestro país, es lo que permite entender cómo una posición de firme oposición y coherencia política puede ser confundida con complacencia.

33. En nuestra concepción, el poder es una construcción social – de ninguna manera una conquista que exige la derrota inexcusable del otro- para producir transformaciones. Por eso es imprescindible que nuestra acción política señale y advierta la necesidad de promover un cambio en nuestra cultura política.

34. Creer en la imposibilidad del cambio de nuestras conductas políticas, con el argumento de que constituye una raíz cultural, es una concepción profundamente conservadora. La acción política, precisamente, se caracteriza por su potencialidad para modificar pautas culturales y esa sí que es una creencia hondamente progresista.

35. Del mismo modo nuestra acción política debe enfatizar en la necesidad de reconstrucción del sistema de partidos en la Argentina porque ese es el mejor antídoto frente a los populismos. El populismo, hoy presente en la Argentina como en otros países de América Latina, tiene antecedentes. En los años cuarenta con un discurso nacionalista, en los noventa con impronta neoliberal y ahora en versión progresista. Pero siempre populismo por su exaltación de la relación directa del líder con las masas, por sus tonos fundacionales al cuestionar el pasado, al que responsabiliza de las frustraciones presentes. El rasgo distintivo del populismo es la subestimación de la democracia de partidos y el descreimiento en la democracia representativa.

36. Otro imperativo de nuestra acción política es denunciar la carencia de visión estratégica que distingue el facilismo económico de las administraciones populistas. Sus decisiones, por lo general arbitrarias y discrecionales, responden a la lógica de disponer de recursos de poder – económicos, institucionales o políticos- procurando estar en sintonía con amplios sectores de la opinión pública. Corto plazo, recursos en sentido amplio y opinión pública, así fue en la década del noventa y así es ahora para favorecer, hoy como ayer, a los empresarios cercanos al poder de turno.

37. Desde esta aproximación la decisión institucional del Radicalismo es acertada porque cuestionó la lógica del todo o nada que esteriliza la acción política y la reduce a la oposición in totum sin alternativa ni propuestas; porque su posicionamiento fue resultado de una decisión institucional poniendo en valor la vigencia de los partidos políticos; porque impugnó severamente el facilismo económico del populismo político que, en los últimos veinte años privatizó, luego argentinizó y ahora expropia la mayoría accionaria de YPF, dilapidó el autobastecimiento energético.

En efecto, en la última década los homicidios crecieron de manera sostenida llevando a que la región sufra una epidemia de violencia que, de acuerdo a la OMS,  se alcanza cuando se supera el límite de 10 homicidios por 100 mil habitantes.

En nuestra  región de América Latina  los países centroamericanos son, junto con México, los más afectados con cifras que para la última década oscilan entre 40 y 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, que se contrasta desfavorablemente con el promedio mundial de 6,9  y que, incluso, supera el promedio de 17,4 que tiene el continente africano.

En Guatemala, donde estoy esta semana en función de mi responsabilidad como Coordinador del Programa de Fortalecimiento Legislativo de FLACSO  que capacita legisladores nacionales de todos los países de América Latina, la ciudad capital tiene tasas superiores a 100 homicidios año, siendo los niños, niñas y jóvenes – particularmente de sectores medios y bajos- uno de los grupos más vulnerables.

Los estudios realizados indican tres causas básicas que explican la situación: el tráfico de drogas, la violencia juvenil y la disponibilidad de armas de fuego. En relación  a este último punto, se estima que en América Latina existen entre 40 y 65 millones de armas de fuego.

Sin embargo, es difícil pensar que la situación de violencia no tenga alguna relación con la historia reciente de Guatemala que, hasta los acuerdos de paz en el año 1976, sufrió una guerra por casi cuarenta años que incluyó la persecución y muerte de decenas de miles de indígenas, desplazamiento forzado de población civil y sucesión de generales en la presidencia, uno de los cuales era conocido con el nombre de “El Chacal”.

Como en otros muchos países, Sudáfrica entre ellos, la experiencia de la CONADEP fue tomada como antecedente para la investigación y esclarecimiento del pasado. En el caso de Guatemala fueron los Obispos de la Iglesia Católica quienes  redactaron el  Informe Guatemala Nunca Más: Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica

Como dice Joaquín Villalbos, un ex comandante del Frente Farabundo Martí de El Salvador, Centroamérica -una región violenta, pobre, políticamente inestable y la más vulnerable a los desastres naturales del continente- no puede salvarse sola y necesita de un vasto plan de cooperación internacional que le permita superar la cultura de convivencia con la violencia que existe en las élites. 

Con esa frase se dirigió la Presidente a Boudou

El relato del Vicepresidente en el Senado el jueves pasado tuvo, además de descalificaciones como indica el manual de procedimientos K para estos casos,  acusaciones de intentos de coimas no presentadas en los tribunales y denuncias de conspiraciones, cuándo no, de las corporaciones enfrentadas al modelo.

Sin embargo, lo que faltó en el relato oficial, además del adjetivo destituyente fueron datos precisos que pudieran aclarar o desmentir  las informaciones que se acumulan sobre el asunto.

En el diario La Nación del viernes pasado el periodista Martín Rodríguez Yebra escribió una lista, seguramente provisoria, de los temas ignorados por el Vicepresidente. Estas son las preguntas que se formula el periodista:

Es normal que Katya Daura, presidenta de la Casa de Moneda y funcionaria de confianza del vicepresidente, hubiera recomendado subcontratar a la ex Ciccone para imprimir billetes de 100 pesos sin constatar quiénes eran los verdaderos dueños de la imprenta? ¿Por qué le parece tan grave a Boudou la contratación directa de Boldt para el juego bonaerense y no que la Casa de Moneda le entregue la confección de dinero sin licitación a la nueva Ciccone?

Y además, ¿por qué no denunció hasta este momento de zozobra política personal que el gobierno kirchnerista bonaerense entrega multimillonarias concesiones de juego de azar sin llamar a concurso?

¿Por qué Boldt le habría ofrecido a Boudou en marzo de 2011 una coima para “arreglar”, como denunció ayer? ¿Arreglar qué? ¿Hablaba de algo relacionado con la operación de Ciccone? Si era así, ¿por qué lo iban a ver a él? ¿Y por qué tardó un año en revelar ese delito?

¿No reparó antes en que el abogado al que acusó de haberle sugerido en 2009 maniobras impropias para tener buenas relaciones con los jueces federales es del estudio jurídico de la familia del actual procurador general de la Nación, Esteban Righi? Un despacho que defendió y defiende a funcionarios nacionales.

¿Cómo es que creía que el juez Daniel Rafecas “quería ayudar” y ahora lo denuncia con términos durísimos porque aceptó que se hiciera el allanamiento a su casa?

Si tan grave le parece que la prensa se entere de medidas judiciales bajo secreto de sumario, ¿cómo conoció tantos detalles, como los que describió ayer, de las declaraciones en los tribunales de un ejecutivo de Boldt y del lobbista que lo desmintió?.

En Página 12 de hoy, por su parte,  revela que el caracterizado como integrante  clave de la maniobra mafiosa pasó de asesor  de Daniel Scioli en su primer mandato como Diputado en 1997, luego de ser funcionario durante tres años en las administraciones justicialistas en  la Ciudad de Buenos Aires, a integrante del Directorio de la empresa.

Aclara, por si hiciera falta, Verbitsky: “No es el hombre de Boldt que se relaciona con el gobernador Scioli, sino el asesor de Scioli que deviene director y accionista de la empresa luego del ascenso de su empleador a la Casa de Gobierno provincial, en 2007”.

En esa misma nota H Verbitsky, un periodista bien informado, escribe que “las palabras de Boudou fueron aprobadas por CFK antes y después de la conferencia de prensa”.

Importa el dato porque, aunque no haya sido una conferencia de prensa, confirma que la estrategia de Boudou de buscar que su destino personal sea visto como indisoluble al de la Presidente hasta ahora, a estar por el silencio de Cristina Kirchner, es efectivo.

La pregunta relevante no es por qué sino hasta cuando?

Las respuestas del Gobierno a las novedades del trámite judicial se  reducían a sonrisas socarronas del Vicepresidente, sobreactuadas presencias suyas en actos oficiales y espectáculos artísticos,  inoportunas suspensiones de viajes oficiales al exterior y  muy dosificadas declaraciones en medios del dispositivo de comunicación gubernamental.

Pero hoy, con el monólogo anunciado como conferencia de prensa del vicepresidente, el caso dejó de ser judicial para adquirir la relevancia de un evidente asunto político de gran calado y con derivaciones inevitables.

Ello es así tanto no solo por lo que omitió,  por caso explicaciones de su involucramiento directo en el trámite de la AFIP a pesar del dictamen contrario del Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, sino también por lo que dijo.

El Vicepresidente informó al país que en tres oportunidades recibió insinuaciones que no denunció, de un estudio de abogados al que se haya vinculado el Procurador General – cabeza del órgano extra poder del cual dependen todos los fiscales de la Nación- para interceder en causas que lo involucraban en los Tribunales Federales.

El Lic. Boudou también nos anotició que el Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su momento titular de la Corporación Puerto Madero -ente integrado por la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en la cual se desempeñara como Director Iván Heyn- le propuso  y tampoco denunció “que ponga el número” para resolver la controversia entre Boldt y Ciccone.

Como si fuera poco, acusó al Juez que investiga la causa de comportarse como “una agencia de noticias” y de formar parte del “intento de atacar la voluntad popular”. También insinuó que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires “favorece a integrantes de la mafia” y que por ello la Legislatura provincial formalizó por iniciativa de la bancada oficialista un pedido de informes al Gobernador.

Parece claro que, con sus declaraciones de hoy en el Senado, el Vicepresidente decidió intentar que su destino personal esté indisolublemente asociado al del  propio Gobierno.

Es evidente que cuando Boudou arremete contra otros funcionarios, involucra en el desarrollo de su causa a integrantes de otros poderes del Estado y la vincula a responsables políticos de otras jurisdicciones con el argumento preferido del relato oficial  – la “mafia mediática”- pretende  encadenar su destino personal inmediato al del resto del Gobierno.

Por eso, ahora si el Gobierno tiene la palabra

En su discurso de hoy en Ushuaia, al recordarse el aniversario de la invasión a Malvinas, la Presidenta Cristina Kirchner afirmó que  aquella “ no fue una decisión del pueblo argentino”.

La guerra contribuyó a que las consecuencias del terrorismo de Estado siguieran excluidas de la consideración social a pesar de que, como bien documenta Graciela Fernández Meijide en su libro La Historia Intima de los Derechos Humanos en la Argentina, Amnesty International publicara en febrero de 1980 el “Testimonio sobre los campos clandestinos de detención en la Argentina”; ya se conociera el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que se hubieran publicado  solicitadas, como la de Clarín en Agosto de 1980, donde se reclamaba al Gobierno que “ se publiquen las listas de los desaparecidos y se informe el paradero de los mismos”.

Una muestra de esa extraña y dolorosa convivencia de desinterés social por la causa de los derechos humanos y la aventura de Malvinas  es que la primera víctima de la guerra haya sido alguien denunciado por estar involucrado en la represión ilegal

Otro ejemplo poco edificante es saber que el “malvinero” Presidente Kirchner, condición compartida con la Presidente según reconoció ella hoy en su discurso, haya apoyado la acción militar en su ciudad natal de Río Gallegos. Sobre todo cuando al momento del desembarco en Puerto Argentino, los organismos de Derechos Humanos – particularmente la APDH – ya habían recibido miles de  denuncias y documentado la desaparición de 5580 personas.

En el caso del traspaso del servicio de subterráneos de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, como hace dos años en el conflicto del Parque Indoamericano, lo que se revela es la incapacidad de ambas administraciones para encontrar soluciones que se centren en las necesidades de los usuarios del transporte.

El Gobierno de Kirchner decidió el traspaso no por una convicción virtuosa sino por requerimientos fiscales, necesita aliviar el gasto público al igual que en el Proceso cuando se transfirieron a las Provincias sin los recursos necesarios los servicios de educación y salud; y el de Macri no puede desdecirse de su aceptación porque el aumento unilateral de tarifas instrumentado no puede ignorar la doctrina de los actos propios que no admite alegar ingenuidades y torpezas.

Este verdadero fracaso institucional, que convierte a millones de usuarios  en víctimas, requiere de una salida dentro del marco de la Constitución que, sabiamente, en 1994 consagró un federalismo de concertación.

Por eso, en el debate legislativo  el Bloque del Radicalismo sostuvo, entre otros por el Senador Ernesto Sanz, que el camino apropiado en el tema requería de una solución  sustentada en tres pilares:

a) Como manda la Constitución transferencia integral  de competencias a la Ciudad Autónoma, no solo la del transporte sino también las de la seguridad, el puerto, el juego y la justicia.

b) Transferencias con los recursos necesarios, como lo lo establece el Artículo 75 de la Constitución, cuya lectura no admite dos interpretaciones.

c) En el caso específico del transporte, la solución inteligente requiere de la aplicación de la Ley 25031 del año 1998 que prescribe la creación del ECOTAM, el ente del Transporte en el Área Metropolitana.

Hay, además, un argumento adicional al constitucional para exigir recursos federales para la prestación de servicios de subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires que, insólitamente, no estuvo presente en el debate..

Los centros urbanos son fundamentales como motores del crecimiento económico, ya que es donde se concentra la generación de riqueza en el mundo. Actualmente, el 60% del PBI mundial se genera en las 600 ciudades más grandes del mundo.

Así, la creciente dimensión de las mega ciudades realza la relevancia de contar contar con un sistema de transporte urbano que permita la movilidad de las personas ya que la accesibilidad que se provea es un factor clave para la calidad de vida. Por otro lado, la equidad social en las ciudades es un determinante crucial de su competitividad. En consecuencia, los beneficios que brindan los sistemas de transporte en las ciudades inciden no sólo en ellas, sino en todo el país. Este concepto es fundamental al momento de definir el financiamiento de sus sistemas de transporte, ya que para poder tener un país competitivo se requiere contar con ciudades competitivas, y esto resulta imposible de lograr sin un transporte urbano eficaz y de calidad.

Esta calidad del sistema de transporte se mide a través de distintos elementos, como el tiempo y costo del viaje; impactos ambientales como emisión de gases de efecto invernadero y contaminación del aire, ruido y accidentes. También la dimensión social de los proyectos de transporte es muy importante, ya que se debe promover la inclusión social de los sectores más necesitados.

Para la financiación de estos sistemas, en el mundo, se utilizan distintas fuentes como los proveedores, entidades financieras públicas o privadas y organismos multilaterales y, por su parte, el repago del financiamiento proviene de los beneficiarios mas directos (usuarios del servicio, otros usuarios del transporte, empleadores, vecinos, etc..), de la ciudad o la Región metropolitana y, también, de los contribuyentes de todo el país. Éstos últimos a través de aportes presupuestarios y fondos específicos, que generalmente cubren los costos de capital y, ocasionalmente, los gastos de operación y mantenimiento.

La experiencia internacional muestra que, en general, el repago de la inversión de construcción la realizan los gobiernos locales y nacionales en forma conjunta. A continuación se explicitan algunos ejemplos con los que se intenta ilustrar lo señalado:

En China y Vietnam las autoridades locales se encargan de la gestión de la circulación y de la organización de los transportes públicos pero el Estado Central es quien arbitra los proyectos de inversión de las ciudades de esos países. Los municipios, por su parte, financian el déficit operativo de las compañías.

En Brasil, el Ministerio de las Ciudades financia el transporte urbano a través de distintos programas como el Programa de la Movilidad Urbana, el Pro – Transporte, el Programa de financiamiento de Infraestructuras para la Movilidad Urbana y los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC). En la ciudad de Curitiba, el futuro Metro será construido por el Estado Central, vía la Compañía Brasileña de Trenes Urbanos (CBTU), que es un organismo federal

La intervención directa del Estado Nacional en empresas ferroviarias urbanas (trenes y subtes) sigue siendo muy importante también en las ciudades europeas, EEUU y Japón.

Una evidencia similar se revela en un  reciente análisis comparativo que muestra que la financiación de los proyectos de inversión en transporte en las ciudades aportada por el Gobierno Federal  es, en Estados Unidos del 80%, un 75%  en Alemania, un 20% a las líneas subterráneas de Francia (sin contar los fondos específicos que van directamente a las comunas) y un 70% en Colombia.

En esos países actúan así porque son conscientes que los beneficios de mejorar el transporte público en las ciudades exceden a los habitantes de las mismas impactando  en la competitividad global de la economía, disminuyendo la contaminación y emisión de gases de efecto invernadero y reduciendo  la utilización de energía renovable. Y de estos objetivos, que son elementos  indispensables de una estrategia nacional de largo plazo, tanto la Presidente Kirchner como el Ing. Macri deberían tomar debida nota y afrontar, en consecuencia, una cooperación exenta de mezquindades y estrechez de miras.

Por Escenarios Alternativos

El aislamiento político del oficialismo en medio de una coyuntura económica difícil. El reaseguro del modelo de consumo interno en la reforma de la carta orgánica del BCRA. Los cambios de aliados y la nueva configuración del poder. El traspaso de subte: una cuestión netamente política. La guerra del petróleo: nuevo round.
Los dos factores que han dado oxígeno político y buena parte del rédito electoral al kirchnerismo, el superávit fiscal y el saldo positivo de la balanza comercial, se han visto menguados desde el año 2008 hasta la fecha. A tal punto que ha conducido a tomar medidas como el control de cambios, de importaciones y, ahora de morigeración de la pauta salarial. Junto con esto, la lógica de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner refuerza el aislamiento, el peso del “relato” y sus rasgos autoritarios.
El aislamiento en la “mesa chica” ofrece la particularidad de un aparente rol cada vez más importante de Máximo Kirchner, tal vez imaginado como sucesor y liderando “La Cámpora”, esa caricatura de la izquierda peronista de los ’70, que alguna mente afiebrada considera heredera de ese legado. Pero el aislamiento también afecta a antiguos compañeros de ruta de Néstor Kirchner, tales como aquellos empresarios prometeicos de la burguesía nacional pergeñada por el ex presidente; Hugo Moyano, unas cuantas vértebras de la columna de poder kirchnerista y Rudy Igor Ulloa, fiel ladero en el terruño natal y dueño de los medios santacruceños. Todos ellos han sido radiados de las cercanías del poder y, en algunos casos notorios, colocados en la categoría de enemigos. Hugo Moyano lo explicó con claridad meridiana: “Yo no cambié, fue el gobierno que cambió con respecto a los trabajadores”.
Tal vez, como consecuencia de la diferenciación que pretende hacer la presidente con respecto a su marido –tal como expusiéramos en la edición anterior- se ha encaminado hacia una “renovación” de aliados, siguiendo aquella frase de Tzvetan Todorov que dice: “es preferible olvidar lo antes posible a estos testigos de nuestras debilidades pasadas”, para hallar fortalezas en una agrupación de jóvenes cada vez más encaramados en la estructura del Estado; en el poder del Estado a su disposición y en su capacidad histriónica para seguir sosteniendo el “relato”.
Con todo esto, la sola idea de que la economía pase por algún sobresalto, le quita el sueño a la presidente, porque sabe que allí reside la explicación del 20 por ciento de los votos, que se le suman al 35 por ciento de la base electoral peronista tradicional con los que ganó en la última elección.
El sesgo autoritario se agrava con las dificultades de todos tipo, al punto que la misma presidente, en vez de salir al contestar acerca de las responsabilidades del gobierno en la política de transporte, prefiere descargar su retórica sobre un par de periodistas, acusándolos de “nazis”, al tener expresiones que podrían haber sido, cuanto mucho, inapropiadas: nadie es nazi de un día para el otro. En ese episodio, el relator de Fútbol para Todos se cansó de repetir que: “al término del partido Axel Kicillof responderá en 6, 7, 8 las expresiones antisemitas de Clarín y la Nación”, sumando más falsedades a la avalancha de propaganda oficial que efectúa el gobierno en ese interminable espacio de los fines de semana.
Las idas y vueltas del subterráneo
El envío al Poder Legislativo del traspaso de los subterráneos y el servicio de colectivos, de la órbita nacional a la municipal (CABA), con la segura ratificación del deseo presidencial, obedece a la lógica de que el jefe de Gobierno se haga cargo –de hecho ya lo hizo en el subte – del costo político de aumentar las tarifas. No sólo el accidente de Once paralizó la “sintonía fina” en esta área de los subsidios, sino la posibilidad cierta de endilgarle a un aturdido Mauricio Macri, esta responsabilidad.
La historia de traspasos es larga en el país y el último similar a este se enmarca en la política del gobierno militar de 1976 que consistía en transferir servicios a las gobernaciones. Subterráneos de Buenos Aires era desde 1977 una Sociedad del Estado (SBASE). Pero por ley 22070 del 10 de setiembre de 1979 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir la nueva empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. a la Municipalidad de Buenos Aires. Así, después de 40 años y durante el Gobierno Militar, la Municipalidad tomó el poder de decisión sobre la red de subtes.
Bajo el gobierno de Carlos Menem, en 1991, se llevó a la o concesión de todos los ferrocarriles suburbanos y el subte, y no existiendo todavía la autonomía de la Ciudad, se hizo lo propio con el subte, junto con la Línea Urquiza. Desde entonces, la concesión está en manos de la empresa Metrovías, teniendo a su cargo la operación, mantenimiento y ejecución de un plan de obras con recursos públicos y control del Gobierno Nacional. La concesión comenzó el 1 de Enero de 1994.
Cuando en 1996 la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser autónoma se estableció en una Addenda al Contrato de Concesión suscripto en el año 1999, donde se planteó la transferencia del control y fiscalización del subte a la Ciudad, manteniendo la figura de Concedente a cargo del Estado Nacional, así como los compromisos económicos sobre la Concesión. En mayo del año 2000 la Ciudad sancionó la Ley 373, por la cual adhirió a los términos de dicha transferencia.
Más allá de este racconto, las 33 líneas de colectivos y el subte le van a traer a Macri algunos dolores de cabeza, por lo que es esperable que retrase con medidas judiciales un asunto que, bien planteado, podría resolverse con buena voluntad política de ambas partes. En el medio, están los habitantes de esta ciudad.
Libre disponibilidad para todos
Así como fueron “recuperados” los fondos de la ANSES para fogonear el modelo de consumo interno y dispuestos los fondos del BCRA para pagar deuda, un nuevo capítulo se abre con la media sanción de la reforma de la carta orgánica del BCRA. Contradiciendo afirmaciones previas de la Presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, se incorporó, a último momento una importante modificación del artículo 20 de dicha carta orgánica que amplía el límite para otorgar adelantos transitorios. Con el nuevo esquema, el margen adicional que podría otorgarse hoy sería de aproximadamente 44.000 millones de pesos.
Otro aspecto llamativo de la modificación del artículo 20 es la desvinculación del financiamiento mediante adelantos transitorios sobre el destino de los fondos, ya que el límite que se vio incrementado anteriormente estaba vinculado al pago de obligaciones en moneda extranjera, siendo ahora ambos componentes de libre disponibilidad del Tesoro. Aunque la evidencia de los últimos años indica que los límites por el destino de los fondos no generaron una restricción efectiva, esta modificación también señala necesidades de una mayor flexibilidad para el uso de los recursos.
Más allá de estos cambios que habilitan a un mayor financiamiento del Tesoro, la otra fuente de asistencia financiera al gobierno estará dada por las Reservas de Libre Disponibilidad que ahora quedarán determinadas directamente por el Directorio. En realidad, este cuerpo deberá definir cuáles son las reservas “necesarias” según su propio criterio que, de acuerdo a la nueva regulación, sólo debe tener en cuenta las cuentas externas, sin ningún tipo de indicación adicional, dotando al BCRA de una amplia discrecionalidad. Definidas las reservas necesarias, la diferencia con las reservas totales serán las de libre disponibilidad. En definitiva, serán utilizadas incluso, para pagar deuda en forma discrecional y sin control.
¿Nacionalizo, o no nacionalizo?
Derivado hacia la responsabilidad de los gobernadores “petroleros”, tal como apuntáramos en la edición anterior, la escalada sobre YPF, incluye acciones concretas, como la reversión de algunas concesiones anunciadas tanto por el gobernador de Chubut, como por el de Santa Cruz. Estas acciones resultan notoriamente más agresivas, en términos de producción de la compañía, en relación a las anunciadas semanas atrás por el gobernador de Mendoza.
Más allá del impacto de estos eventos, los cuales repercutirán negativamente en el precio de la acción de la compañía, y de cómo eventualmente puedan administrarse estos conflictos, no sólo en términos legales por la reacción de YPF, sino también en términos de inversión futura, no termina de quedar claro cuál es el objetivo de máxima que persigue el gobierno nacional con estos movimientos.
Por lo pronto, los dichos de Jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina hicieron oscilar el precio de las acciones en el lapso que pasó de negar una posible nacionalización – la acción trepó 9 puntos – a entrever la posibilidad de que sí puede cumplirse esta amenaza. El funcionario advirtió, antes de que la empresa decidiera qué hacer con los 5000 millones de dólares de utilidades del 2011, que: "No descartamos ni afirmamos ningún curso de acción. Lo que garantizamos es que vamos a ir hacia un esquema en el cual se garantice la producción y la inversión para el desarrollo de los argentinos".
La decisión del directorio de capitalizar YPF con esos dividendos es un abierto desafío al gobierno. En ese contexto, el diario “El País” de España ya ha sugerido que, de suceder la nacionalización, pediría la desafiliación de la Argentina del G-20, un duro golpe para Cristina Kirchner que sufre por esas cumbres presidenciales, una verdadera debilidad.
Aquí, en la Argentina, las cumbres del poder son más reducidas y cada vez más turbias, más borrascosas.

Como siempre hay alguna excepciones muy valiosas. Por caso, Claudia Hilb  en su libro “Silencio,Cuba: La Izquierda Democrática frente al Régimen de la Revolución Cubana” habla de la naturaleza de un régimen del que no podemos decir que viola los derechos humanos sino que, en su forma misma, no reconoce la existencia de esos derechos tal como son sostenidos en el horizonte de nuestras sociedades liberal-democráticas modernas”.

O, también de Horacio Tarcus que, según la cita de Luciano Anzelini en un artículo para Safe Democracy Foundation dijo “ Pude admirar la voluntad de soberanía nacional de esta pequeña isla que desafió el imperio y también las conquista logradas en el plano de la igualdad social, pero siempre deploré el sistema de partido único, de ausencia de prensa libre y de persecución a los opositores, por no hablar del sistema de purgas permanentes del propio régimen”.

Por eso es muy necesario hablar de un Informe de Amnesty International, que no vi tratado en la prensa Argentina, publicado ayer por el cual se informa que “las leyes sobre “desorden público”, “ultraje”, “desacato”, “peligrosidad” y “agresión” se utilizan para procesar a quienes se oponen al gobierno. No hay ninguna organización política o de derechos humanos a la que se haya permitido obtener el reconocimiento jurídico”

El debate sobre la posible reestatización de YPF lo instaló el Gobierno, y puede que más por su creciente preocupación por el balance de divisas del país y la necesidad de ajustar el relato a la búsqueda de nuevos culpables que por trazar un análisis estratégico de evaluación del tema. La política energética es la responsable primaria de la pérdida del autoabastecimiento y de las crecientes importaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que se les puede atribuir a las empresas en el manejo de las áreas concesionadas.
La Presidenta tomó conciencia de que “importar energía para agregar valor como hacen otros países” -ése era el guión del relato hasta hace unos meses- ya no cierra, por el impacto del monto de las compras energéticas en las cuentas públicas y externas.
La producción petrolera argentina cayó un 32% de 1998 a hoy, y la de gas, un 13% desde 2004. Las reservas comprobadas de petróleo se redujeron un 18,3% respecto a las de principios de la década pasada; las de gas natural, un 50. Con demanda creciente y producción declinante, la Argentina fue consumiendo el stock subterráneo de barriles, cortando compromisos de exportación con países vecinos e importando cada vez más (gas natural, derivados, electricidad). En consecuencia, la balanza energética, que hasta 2010 era superavitaria en 1000 millones de dólares, pasó en 2011 a ser deficitaria en cerca de 4000 millones.
Uno puede afirmar que la mayor caída de reservas y declinación productiva en valores absolutos en el período corresponde a YPF, y, a partir de allí, estructurar un discurso nacionalista y reestatizador, haciendo a la empresa responsable del déficit energético. Es lo que ha procurado hacer el Gobierno, y de lo que se defiende YPF en sus últimos comunicados subrayando la inversión de los dos últimos años, la planificada para los próximos ejercicios y la tasa de recuperación de reservas apuntalada por los nuevos desarrollos de recursos no convencionales.
Recuperar la propiedad de una empresa emblemática para los argentinos generaría grandes réditos políticos presentes, aunque tendría complicaciones legales, políticas y económicas inmediatas. Hoy son las provincias las titulares del poder concedente, por lo que ellas demandarían una parte en la propiedad y el control de la nueva empresa renacionalizada, sin comprometer recursos en el hipotético costo de la expropiación. Supongamos que se obtenga un acuerdo de Repsol y el nuevo gobierno español para hacerlo, e incluso que se pueda acordar un precio de compra y un mecanismo de pago (algo al contado y el resto en cuotas). ¿Con qué recursos adicionales el Estado va a recapitalizar la empresa y a desarrollar las potencialidades del petróleo y del gas no convencional, que requieren ingentes inversiones?
Algunos piensan que la apropiación de la renta petrolera (diferencia entre precios y costo por barril) de las reservas remanentes, y la posible colocación de deuda o capital que no comprometa el control en la medida de lo posible, permitiría superar la estrechez financiera. El razonamiento está bien encaminado (en el negocio petrolero lo que cuenta es la apropiación y distribución de la renta de un recurso natural), pero es falaz, porque asume que las petroleras se estuvieron llevando todos estos años la parte del león de la renta.
La renta promedio año de la explotación creció al compás de la suba de los precios del petróleo y su incidencia en los precios del gas natural. El barril promedio de petróleo en el trienio 2002-2004 fue de 32,9 dólares; subió a 64,8 dólares en el trienio 2005-2007 y promedió los 80,4 dólares entre 2008 y 2010. Pero la Argentina está divorciada de esas referencias internacionales de precios por retenciones, congelamientos y controles. Esto determinó que la mayor parte de la renta no fuera a parar al bolsillo de las empresas que exploran y explotan el petróleo y el gas; fue a los bolsillos de los consumidores de productos petroleros y sobre todo de gas natural, favorecidos con menores precios (subsidio económico).
En el trienio 2002-2004, un 30% de la renta fue a las empresas, un 35% al Gobierno (Nación y provincias productoras) y un 34% a los consumidores. En el segundo trienio los consumidores recibieron el 50%; el Gobierno, el 31%, y las empresas, el 19%. De la renta del período 2008-2010, un 67% fue a los consumidores, un 25% al Gobierno (regalías, retenciones, impuestos) y un 8% a las empresas. En la medida en que los precios del petróleo fueron aumentando en el mundo, la transferencia de renta petrolera a los consumidores fue creciendo.
Puede sostenerse que, aun con esos niveles de renta, las empresas petroleras que operan en la Argentina siguen dando utilidades y que YPF ha girado la mayor parte de las utilidades al exterior (algo acordado y consentido por el Gobierno); pero lo que no puede desconocerse es que son las reglas que fija y controla el Gobierno las que determinan la gestión y no al revés. En función de estas reglas, el sector petrolero en estos años estuvo sobreexplotando lo que estaba en producción y haciendo mínima inversión para reponer reservas o descubrir nuevos yacimientos (varias bombillas en el mismo mate sin recargar el termo). A su vez, como otras geologías ofrecen condiciones más atractivas de reparto de la renta, no es de extrañarse que parte de la renta apropiada en la Argentina se haya reinvertido en otras latitudes.
Para explotar los hidrocarburos algunos países crean empresas del Estado monopólicas que sólo pueden operar con los privados mediante contratos de servicio (países del Medio Oriente, México, Venezuela, Nigeria). Otras naciones permiten la asociación de la empresa del Estado con empresas privadas en contratos de producción compartida, donde el riesgo exploratorio es asumido por la compañía privada (Colombia, Angola, Rusia y ahora de nuevo Brasil en el pre-sal). El tercer esquema se basa en el otorgamiento de licencias de exploración y concesiones de explotación a empresas privadas, que incluso pueden competir o armar asociaciones con la empresa pública, si ésta existe (Perú, Noruega, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina). Hay empresas controladas por el Estado que son muy eficientes (Staatoil de Noruega); otras, muy eficaces (Petrobras de Brasil, y ahora, Ecopetrol de Colombia). Y hay empresas estatales con mucha interferencia política en su gestión (Pdvsa, Pemex). Los regímenes de exploración/explotación pueden variar y complementarse, pero en todos ellos está en juego la asunción de riesgos, la capacidad de inversión y el reparto de la renta.
Con la intervención discrecional y el cambio de reglas que dominó la apropiación y el reparto de la renta en estos años, la política petrolera entrampó a la industria en el corto plazo. Ninguna variante de gestión pública, privada o mixta puede sobrevivir en el “imperio de lo efímero”. En el contrafáctico es posible imaginar una YPF con control estatal (estilo Petrobras de Brasil) y management muy profesional (estilo Staatoil de Noruega), y concluir que la producción y las reservas de la Argentina hubieran evolucionado mucho mejor. Pero la realidad es que vendimos el control de YPF a España cuando el barril cotizaba 12 dólares, y que hoy se discute recomprarla cuando el barril cotiza 100 dólares. Vendimos barato y compraríamos caro. Todo bajo administraciones del mismo signo político y por razones coyunturales (financiar la maltrecha convertibilidad en los años 90, y tener un chivo expiatorio ahora). Sería para el libro de récords de Guinness.
La prioridad energética para revertir la declinación productiva y reponer más reservas es cambiar la política vigente, reinstitucionalizar el sector y generar certidumbre de largo plazo con políticas de Estado que reflejen los consensos básicos entre el oficialismo y la oposición.

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