La emblemática y hoy peatonal Grand Place de Bruselas era, en 1958, un parking. Foto de Allan Hailstone.

Cuando un estadounidense llega a cualquier ciudad de Europa y pasea por sus calles y sus barrios, cruzando el núcleo en diagonal, es muy probable que le llame poderosamente la atención la gran variedad estilística y temporal de nuestro urbanismo. Parece obvio para nosotros, pero tenemos ciudades muy antiguas. Tramas herederas de diferentes pasados que conforman y condicionan desarrollos presentes y futuros. Nosotros lo damos por sentado, pero para quienes vienen de un Nuevo Mundo donde la conquista del Oeste se produjo casi a la vez que la planificación urbanística (aún rudimentaria, cierto es) se consolidó como proyecto de cariz moderno y occidental, este es uno de nuestros mayores atractivos: el pasado se toca, se siente de manera constante en nuestras ciudades. Europa es vieja, sus ciudades también lo son.

A quien trabaja haciendo y rehaciendo la ciudad esto no le viene de nuevo. Más en un país como España, donde el patrimonio y la necesidad de su conservación es tantas veces, al mismo tiempo, un componente fundamental de la evolución urbana y un límite para la misma. A veces uno puede tener la impresión de que la ciudad está hecha de capas de temporalidad. Como dice Marta Lerma: la arquitectura, algo que permanece, se nutre de algo que no es permanente sino pasajero. Decisiones humanas, conflictos, su resolución, gestión de los recursos disponibles… el resto del mundo, en definitiva. Esto es algo que damos por sentado. Quizás demasiado. Creo que es necesario pararnos a reflexionar un segundo e intentar establecer un marco analítico que nos permita comprender qué implicaciones tiene esto para la toma de decisiones a la hora de hacer ciudad.

En realidad, sucede casi lo mismo en cualquier otro ámbito de la política: una ley orgánica o sobre todo una Constitución es un pacto de mínimos hecho por una generación determinada que se aplica a todas las siguientes. No es extraño ver a nuevos votantes hoy en día protestando porque nuestra actual Constitución no fue ratificada por ellos. Bajo la misma lógica, no hay razón por la cual los ciudadanos más jóvenes de un núcleo urbano determinado no reclamen un rediseño completo y profundo del mismo, ya que ellos no tomaron parte en la toma de decisiones del mismo. De hecho, de manera indirecta y a través del mercado, hay veces que esto se produce: barrios enteros eliminados de la faz de la ciudad y cambiados por nuevos desarrollos.

Pero intuitivamente podemos comprender que no tiene sentido andar cambiando la Constitución cada quince o veinte años, igual que tampoco lo tendría renovar una ciudad de arriba a abajo en el mismo lapso de tiempo. Mucho menos sentido tiene, de hecho, dado que el coste en que se incurriría al emprender semejante labor es no ya incalculable, sino absurdo. La política urbana es necesariamente una política cargada de lo que se conoce como path dependence.

El significado amplio de path dependence es bastante aprehensible: es la situación según la cual las decisiones a la que nos enfrentamos en un momento dado está condicionada de manera clara por otras decisiones tomadas en el pasado, aunque el contexto en que esas decisiones fueron tomadas (y las causas que a ello llevaron) no sean ya relevantes. Es, pues, un instrumento conceptual para introducir la discusión intergeneracional en la política, y particularmente en el ámbito urbano. Pero para tener una imagen completa es necesario mezclarlo con la idea de hetereogeneidad en las preferencias.

La hetereogeneidad en las preferencias es algo fundamental en política. Tanto, que puede entenderse como su esencia, su razón de ser. Ya hablamos de ella al referirnos a la elección entre centralización y descentralización, en términos sincrónicos: en un mismo momento, en diferentes espacios las preferencias varían de grupo de individuos a grupo de individuos hasta que se hace virtualmente imposible, o demasiado costoso, intentar agruparlas bajo un mismo sistema de decisión. Por eso tenemos fronteras administrativas y legales. Pero si le damos una dimensión sincrónica a la heterogeneidad en las preferencias, lo que obtenemos es el mecanismo fundamental de path dependence en política: dentro de unas mismas fronteras, una decisión tomada en el momento t-1 condiciona las opciones para aquellos que han de tomar otra en t.

Cualquier definición aséptica de democracia nos indicará que el hecho de que un colectivo de personas condicione las decisiones que otro colectivo toma no es de recibo. Pero una definición realista nos muestra en seguida que este fenómeno es imposible de evitar. Como decíamos antes, no podemos tomar decisiones desde cero jamás, ni alejados de nuestros vecinos, tampoco. En tal caso, de hecho, ni siquiera serían decisiones. Así que mejor dejarnos de abstracciones y lidiar con la realidad.

Un problema así es el que se encontraron en Bruselas a partir de los años noventa. La historia de las decisiones urbanísticas en la capital belga es la historia de intereses cruzados, falta de organización y ausencia casi total de planificación a largo plazo. Desde el soterramiento parcial del río Senne en 1871 hasta la exposición universal de 1958, pasando por la priorización absoluta del coche como medio de transporte durante los años sesenta, o el diseño y ejecución (a medias) del Quartier Nord, zona de negocios. Y, sobre todo, la inexistencia de rehabilitación en el centro histórico. Al contrario: durante el tercer cuarto del siglo XX la decisión municipal fue dejar caer múltiples edificios en el núcleo para permitir nuevos desarrollos sin ningún tipo de criterio funcional ni armónico. Este proceso, de hecho, se conoce en el mundo del urbanismo como bruselización en ‘honor’ a la capital. Un rosario de resoluciones que, juntas, crean el efecto de condicionamiento sobre la generación actual (y la anterior) que han decidido tomar un rumbo distinto, coordinado. La práctica totalidad de la política urbana bruselense gira en torno a esas deudas que el pasado dejó.

Pero no tenemos que irnos tan lejos, ni en el tiempo ni en el espacio, para observar este tipo de fenómenos. Una serie de decisiones tomadas entre 1995 y 2007 (año arriba, año abajo) en diversos centros administrativos, principalmente Ayuntamientos, llevaron a la costa española y a algunas zonas del interior, particularmente en el centro y sur peninsular, al estado de desarrollo urbanístico actual. Dicho estado es valorado negativamente hoy, en 2012, independientemente de que lo sea o no en términos objetivos el hecho es que la democracia y la política es por definición la construcción de subjetividades comunes, y ésta ha cambiado, además, en poco tiempo. Los que ahora han de tomar decisiones se enfrentan a un condicionamiento de proporciones (literalmente) gigantescas producido hace solo unos años. Echar todo abajo y comenzar de nuevo es probablemente inasumible dado el coste económico, social y medioambiental de tal empresa. Carece de sentido. Pensar que las cosas deberían haber sido distintas sirve de poco consuelo. Pero puede ser útil para evitar que algo así vuelva a suceder, en la medida de lo posible.

Porque la conclusión a la que debería llevarnos toda esta reflexión es que necesitamos incorporar el elemento de path dependence y herencia intergeneracional a la planificación urbana de manera más explícita. Este elemento es bien habitual ya en áreas de decisión pública donde su existencia es más, digamos, explícita, al depender de la demografía: sanidad, educación, sistemas de pensiones, etcétera. No es una cuestión de planificar más, sino menos, en cierto sentido. Dicho de otra manera, hacerlo de forma más centrada, flexible y poco condicionada, dentro de los límites lógicos que impone el hecho de que una construcción, una vez acabada, está ahí para quedarse. Es necesario que los urbanistas y los decisores tengan (tengamos) claro el poder de cada ladrillo que ponemos. Podríamos decir que hace falta incorporar cierto criterio de reversibilidad en la decisión urbana, priorizando aquellas medias y desarrollos que son consistentes con el pasado (lo cual garantiza que su uso está relativamente asentado) y con lo que esperamos (más que lo que deseamos) del futuro.

Se trata, al fin, de hacer un urbanismo basado en premisas esenciales de funcionalidad, utilidad, y “espacios públicos reutilizables y rellenables” de forma relativamente poco costosa. Hacer ciudad como se hacen instituciones en el diseño político: de manera elegante, discreta, decidida pero flexible, estableciendo unas normas de juego en las que todos estamos de acuerdo (en la medida de lo posible) y en las que es poco probable que dejemos de estarlo. Y con humildad, sin pensar que nuestra solución es la solución definitiva, para evitar caer en errores como los de Occidente hace cinco décadas, cuando se pensó que el vehículo privado podía ser la solución definitiva de transporte. En todo caso, trabajar en el diseño urbano con elementos tanto fijos como variables, para permitir que generaciones futuras de ciudadanos puedan rehacer la ciudad sin incurrir en costes inasumibles. Nada que no se haya propuesto antes, solo que ahora tendremos una base más para justificarlo: el respeto hacia el futuro. Ciudad heredada y habitada.

En el contexto actual de crisis y reforma del modelo actual de Estado, uno de los temas que más afectan al contexto municipal es el debate sobre la agrupación, eliminación o traspaso de competencias y niveles administrativos entre municipios pequeños, o en áreas metropolitanas, o en otro tipo de áreas funcionales. Este es un debate necesario pero no nuevo, siempre ha estado y estará presente: son las preguntas del ‘dónde’ proveer de bienes públicos y regulación, y ‘qué’ proveer y regular. Pero para poder abordar dichas preguntas es necesario establecer un marco analítico que nos permita hacerlo pensando en los ciudadanos, en cómo se pueden beneficiar o ver perjudicados en cualquier posible cambio, más allá de los intereses (lógicamente) creados dentro de cada Administración pública, que por definición siempre tenderá a justificar su existencia y las competencias de que ya dispone. Vamos, pues, a ello.

La pregunta de la escala, del ‘dónde’, puede ser, paradójicamente, considerada previa a la de las áreas de actuación, al ‘qué’, tanto teórica como históricamente. Como hemos apuntado, la ciudad fue la primera agrupación humana que requirió de un regulador o ‘tercera parte’ más allá de los individuos en disputa. La ciudad fue, probablemente, el primer sistema de organización de la vida social que implicaba ir más allá de los vínculos de sangre, primero, y agrupar a individuos que no se conocían entre ellos, después. El Imperio primero, y el Estado después, se construyeron desde la ciudad, y no al revés: todo comenzó en las agrupaciones urbanas, en los núcleos de población, donde por primera vez el monopolio de la violencia y la capacidad para recaudar impuestos se centralizó con objeto de proveer de una serie de bienes públicos. Imperio y Estado se apoyaron en las ciudades para construirse más allá de la densidad poblacional, siendo Roma el ejemplo paradigmático. Fue a partir de ese punto que la ciudad fue tomada por las entidades superiores: al fin y al cabo, dichas entidades no fueron sino el producto, en primera instancia, de las guerras y los acuerdos entre núcleos de población en principio aislados.

Enlazando con la teoría y siguiendo la tradición hobbesiana, la confianza del ser humano en una entidad separada de aquel con quien se encuentra en conflicto para encontrar una solución al mismo da como resultado precisamente un proceso que empieza de abajo hacia arriba, desde el consenso en un grupo pequeño hacia la jerarquía, hasta el punto en que ésta incluye y excluye a los individuos que se encuentran bajo su soberanía.

El aprendizaje práctico de este razonamiento es que ningún nivel administrativo es inamovible, sino que depende en esencia de tres factores:

1. La escala óptima de los bienes públicos según su composición y su formato de provisión. Cada bien, sea de naturaleza tecnológica pública o privada, tiene, al menos en teoría, una escala óptima de producción y distribución. Esta escala depende de sus características intrínsecas, por un lado, y de la densidad de la población que lo demanda, por otro.

2. Las preferencias de los ciudadanos. El proceso político es el de la consecución de consensos para resolver conflictos que provienen del hecho de que las necesidades (y por tanto las preferencias) de los individuos son heterogéneas y normalmente dan lugar a intereses contrapuestos. La posibilidad (o la ausencia de la misma) de hallar estos consensos dependerá también de la similitud de partida en estas preferencias.

3. Los condicionamientos históricos en la provisión/regulación del bien en cuestión, o dinámicas de path dependence (literalmente, ‘camino marcado por la dependencia’): las decisiones tomadas en el pasado sobre de qué forma se iba a regular la provisión de un bien determinado limitan nuestra capacidad presente y futura para adoptar un nivel u otro en un sentido distinto. En otras palabras, la forma en que nuestros municipios organizan su gobierno y su administración no es casual, claro. Pero tampoco puede decirse que obedezca estrictamente a un diseño planificado y racional desde el centro estatal, ni mucho menos. Los 8.114 términos municipales y las líneas que los delimitan son en gran medida producto de la historia. Las unidades poblacionales (“entidades singulares de población” es el término técnico) de los que nacen y crecen, su tamaño y relaciones económicas, sociales y de movilidad, tienen demasiadas veces poco o nada que ver con estas demarcaciones reguladas en la Ley de Bases del Régimen Local de 1985.

El municipio, la Diputación, la Comunidad Autónoma o cualquier otra Administración Pública, es un sistema que sirve a la sociedad para que los individuos cooperen (es decir: resuelvan sus conflictos, que provienen de las diferencias en las preferencias y las necesidades) a efectos de tomar decisiones colectivas con objeto de obtener una serie de bienes  y servicios, a la vez que controlar o regular la provisión de otros (intervención en el mercado). Estas decisiones se concretan en políticas específicas, cuyo desarrollo queda garantizado por la soberanía administrativa y la capacidad para gestionar recursos, principalmente recaudados a través de impuestos. A su vez, se aplican en una zona geográfica y a unos ciudadanos determinados. El dilema de la escala es, pues, la cuestión de cuál es el tamaño óptimo de esta zona geográfica y de esta población para producir y distribuir los bienes definidos como públicos. Podemos resumirlo en una sola pregunta: ¿debemos centralizar o descentralizar? La respuesta, por descontado, no es absoluta, sino que implica un trade off en la decisión de una u otra opción. Seguimos a continuación el razonamiento hecho por Alesina y Perotti  en su libro Why Nations Fail, si bien aplicado a una escala municipal, con las consiguientes modificaciones.

Eliminar niveles administrativos siguiendo el camino de la centralización de competencias tiene dos ventajas bien claras. En primer lugar, genera economías de escala en la producción y provisión de bienes públicos, dado que el coste por habitante desciende. Como en cualquier otro bien o servicio que no es puramente público desde un punto de vista económico sino que se ofrece de manera pública por decisión política colectiva, a la hora de producir y distribuir educación, sanidad o recogida de basuras incurrimos en una serie de costes fijos (infraestructuras fundamentales, por ejemplo, tales como hospitales, carreteras, equipamiento urbano…); mientras que por otro lado tenemos todo un abanico de costes variables que cambian en el corto plazo en función del número de ciudadanos que se pueden beneficiar de dicho bien o servicio (trabajadores del servicio de recogida de basuras, médicos, material escolar…). Si incrementamos la escala de provisión del bien, el número de ciudadanos que pueden beneficiarse del mismo subirá, y por tanto el coste marginal de cada nuevo servicio desciende porque los costes fijos se reparten entre más contribuyentes.

El segundo punto a favor de la centralización es la reducción de los costes de transacción para aquellas entidades (personas físicas o jurídicas) que actúan bajo más de una jurisdicción. El economista Ronald Coase, en su famoso teorema enunciado en 1957, demostró que en ausencia de costes laterales provocados por el propio acto de transacción de un bien sin relación con el valor del mismo, el sistema de mercado llevará a un resultado eficiente. En realidad, afirmó esta máxima para mostrar que casi nunca es así, y los costes de transacción como él los llamó existen casi siempre, siendo parte de la labor pública el reducirlos. Unificar regulación y provisión de bienes y servicios entre diferentes áreas geográficas tiende a reducirlos. Así, por ejemplo, una unificación en los criterios para abrir un local de ocio en varias localidades cercanas facilitará enormemente el proyecto de negocio de un hipotético emprendedor en la zona.

Pero vamos ahora con la otra cara de la moneda. Podemos agrupar las desventajas en dos tipos. Por un lado, aquellas directamente económico-tecnológicas, o “deseconomías de escala”:

1. Los costes de congestión aparecen cuando estamos intentando proveer y distribuir el bien para demasiada gente con los recursos disponibles. Llega un punto en el cual es necesario invertir más en la parte de los costes fijos, y por tanto el efecto de economía de escala desaparece.

2. Los costes asociados a la dispersión de las unidades poblacionales, así como de las viviendas (esto es, densidad). Un ejemplo: carece de sentido económico el tener un solo punto para la recogida y el tratamiento de residuos para varios núcleos poblacionales si están tan lejos entre ellos que es más eficaz establecer más de una instalación, pero de menor tamaño.

Pero lo más relevante desde un punto de vista político es que al incrementar la escala de la administración incurrimos en una mayor heterogeneidad en las preferencias de los ciudadanos. Cada individuo tiene una serie de necesidades que se traducen en preferencias, que vienen a su vez determinadas por su posición en la escala socioeconómica, estructura demográfica, contexto cultural, lugar de nacimiento… o, simplemente, por sus gustos personales. La democracia es un sistema que deber servir para encontrar un punto medio entre todas estas preferencias y transformarlo en un resultado, en una política concreta. A más individuos intentamos agregar y a más heterogéneos son (de distinta procedencia, contexto, etcétera), más difícil es encontrar este punto medio. Puede llegar a ser incluso imposible: a nadie se le ocurre que tenga sentido, por ejemplo, que España, Portugal y Marruecos puedan formar una unidad política estatal triple, por mucho que exista proximidad geográfica y eso quiera decir que la provisión de ciertos bienes públicos resultaría más eficaz y eficiente de ser conjunta.

Al situar ventajas y desventajas en un mismo plano se obtiene un proceso de negociación multinivel por la retención de competencias. Es decir: las preferencias de los ciudadanos, obviamente subjetivas y con tendencia a agruparse en clusters, se contraponen con la escala óptima de la provisión de cada bien. Y las dinámicas del tipo path dependence marcan unos límites, no insalvables pero sí sólidos y a tener en cuenta, para un posible cambio.

En resumen, el gestor público, a la hora de decidir si el nivel competencial de un bien determinado ha de ser o no el municipal, metropolitano, comarcal o más allá, deberá comprobar: primero, lo que dictan las características de la producción del bien midiendo hasta qué punto añadir una unidad más en la demanda (ciudadano/s) reduce el coste medio de distribución. Segundo, analizar los posibles costes de transacción que podrían desaparecer en caso de subir el nivel competencial. Tercero, observar cuándo comenzarían aparecer costes asociados a la congestión (dinámica contraria a la economía de escala del primer punto). Cuarto, establecer una relación entre la forma de provisión del bien y la dispersión de las unidades poblacionales, comprobando en qué punto ésta recomienda el establecimiento de distintos núcleos competenciales. Quinto, estimar la hetereogeneidad potencial en las preferencias de los ciudadanos a incluir en la provisión del bien. Y sexto, comprender que la estructura presente establece limitaciones para el cambio, si es que éste es finalmente recomendable. Dichas limitaciones significarán normalmente costes a corto plazo, que han de ser comparados con los beneficios a medio y largo término. Se trata, efectivamente, de un análisis política a política, competencia a competencia. Y que mezcla a partes iguales la dimensión tecnológica y la político-democrática.

Esta es, al fin y al cabo, una propuesta de marco para abordar el problema de la racionalización y la distribución de competencias si la idea es maximizar la eficiencia, calidad y completitud de nuestros servicios públicos en el contexto urbano.

Calle Preciados, en Madrid. Foto de Antonio Tajuelo.

Cuando en nuestras mentes de urbanistas, arquitectos, hacedores de política urbana o, simplemente, ciudadanos, nos imaginamos una ciudad con alta calidad de vida, un barrio agradable, un sitio en el que querer quedarnos y que los demás se queden, hay un elemento constante que, de tan habitual, se da por sentado. Siempre hacemos explícito en nuestro discurso cosas como la peatonalización, el uso de bicicletas, la abundancia de transporte público (a poder ser eléctrico), las zonas verdes, y la justa medida de densidad. Otros, como las zonas de encuentro ciudadano (plazas), la existencia de servicios públicos y cultura, también encuentran cabida en nuestra retórica. Sin embargo, en esas simulaciones tan luminosas y verdes que solemos emplear para ilustrar esta retórica, está ese pequeño detalle que incluimos casi sin pensar, pero que no solemos enunciar: todos los bajos de los edificios están ocupados. Los comercios son fundamentales en nuestro imaginario urbano, y la política municipal siempre los ha tenido muy en cuenta. Sin embargo, en la más reciente ola de reflexiones sobre la ciudad vienen ocupando un rol más bien marginal. Sin ir más lejos, este espacio de discusión, que es incluso más plural y abierto que otros, apenas ha tratado el asunto de manera separada. Y es que cabe plantearse si podemos utilizar la política comercial en el marco del diseño y la generación, y regeneración, de nuestros entornos urbanos.

Intuitivamente, muchos (el que esto escribe incluido) responderán con un rápido y decidido “sí”. Sin embargo, la contestación no puede ser tan directa. ¿Por qué? Para traducir el rol intuitivo de los comercios en el espacio urbano a uno más operativo y por tanto traducible en acciones y estrategias específicas, hemos de considerar antes que la relación entre presencia comercial y habitabilidad es recíproca, así como la importancia del concepto de “proximidad”.

¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Qué llega antes a una zona, los nuevos habitantes y la calidad de vida, o los comercios? Esa es la primera pregunta que hemos de afrontar. Y la respuesta teórica es que lo primero, lo primero de todo, no son los comercios. La razón es bien sencilla. Recordemos cuando hablábamos de conceptos básicos de economía aplicada al mundo de la ciudad: las economías de aglomeración. Los negocios comerciales se basan en la existencia de demanda relativamente próxima, pues la necesitan para poder desarrollar su modelo de negocio, por definición. Por tanto, si no hay demanda cerca, no tendrá sentido que exista oferta. La demanda se traduce en dos aspectos fácilmente medibles: la densidad y el nivel de renta tienen una relación proporcional y positiva con la oferta comercial por razones obvias. En resumen: a más personas juntas, y a mayor poder adquisitivo de estas personas, más comercio. ¿Fin de la historia? No, aún queda.

Fíjense en que al hablar de demanda hemos añadido el adverbio “relativamente” antes del adjetivo “próxima”. No ha sido gratuito. Esa “relatividad” se mide en términos de accesibilidad. Sí, estamos hablando de centros y distritos comerciales, áreas esencialmente dedicadas a esta rama de actividad, que se dividen en dos clases: los núcleos urbanos, normalmente las zonas nuevas cerca del centro histórico de las ciudades, y las grandes superficies en la periferia, preparadas para recibir un gran volumen de clientes en vehículo privado. Ambas zonas actúan como puntos de referencia de alta accesibilidad, y por tanto proximidad (en términos de tiempo, que es al final lo que importa). Además, cuentan con ventajas añadidas por aglomeración: el hecho de concentrar la oferta comercial en una sola zona facilita el “trabajo” de compra del consumidor, reduciendo la proximidad relativa: con un solo viaje puede hacer más compras. Es por eso que los comercios, por ejemplo, de ropa y complementos, nacen, crecen y prosperan en torno a edificios de grandes almacenes. Por tanto, es perfectamente posible (y de hecho, es probable) que un incremento de densidad y nivel de renta en una ciudad tenga como efecto un aumento del número de comercios en la zona centro, o en la periferia, antes que en el mismo barrio donde la densidad o el nivel de renta crece. Esto, asociado con la deslocalización laboral respecto al vecindario (las oficinas y las fábricas están relativamente lejos de donde uno vive) es lo que produce las conocidas como áreas o ciudades “dormitorio”.

Centro Comercial en Mexico DF. Foto de Carlos Alcocer.

¿Qué factores harán que esto suceda? Puesto que hablamos de proximidad relativa y accesibilidad, en realidad estamos hablando de transporte. Un sistema de transporte público centralizado o radial favorece a las áreas comerciales céntricas, como sucede habitualmente en las ciudades europeas, mientras que un esquema de movilidad basado en el vehículo privado tenderá a producir centros de ocio y venta en la periferia.

¿Esto resultará necesariamente en una “despoblación” o falta de población comercial inicial en los barrios de origen de los ciudadanos, que es donde nos interesa incrementar el nivel de habitabilidad y calidad de vida? Sí y no. Un concepto bastante en boga en los últimos años es el de “comercio de proximidad”. En realidad, no es sino un neologismo compuesto para definir aquellos negocios que no tiene sentido que estén ni en el centro ni en la periferia, sino en el barrio. ¿Por qué? La proximidad no solo es relativa al tiempo que tardamos en llegar al comercio y volver del mismo, sino también al tipo de producto. En román paladín, nadie va a coger el coche para ir a comprar el pan o el periódico del domingo a no ser que viva realmente aislado. Sin embargo, muchos de nosotros tendemos a ignorar las (pocas ya) tiendas de ropa más o menos viejas o tradicionales que quedan en nuestros barrios para ir al centro, o a algún barrio de moda, aún a costa del tiempo invertido. La presencia de comercio de proximidad de calidad, así como de otro de menor peso en la proximidad que atrae a personas de fuera del barrio (por ejemplo, tiendas de diseñadores de ropa jóvenes o alternativos, o tiendas de vino y gourmet), es ahora un factor que atrae más población (densidad) y nivel de renta: yo, ciudadano, tendré en cuenta entre los factores para elegir dónde vivir el hecho de disponer de este tipo de comercio, y lo tendré más en cuenta a mayor sea mi nivel educativo, por cierto, según muestran los estudios. He aquí la reciprocidad a la que hacíamos referencia al principio.

Calle Verdi, Barrio de Gràcia de Barcelona, en plenas fiestas del distrito. Una muestra de interacción entre comercio y ciudadanía lejos del centro de la ciudad. Foto de Mike Reys.

Tras toda esta exposición operativa, pareciera que no es necesaria ninguna intervención pública en materia de política comercial: el mercado se autorregula, y la demanda en función del tipo de producto y el nivel de proximidad relativa garantizará que la oferta comercial se segmente de manera adecuada en las zonas que toque. Y realmente es así en gran medida. Hay pocos sectores que se autorregulen de una forma tan eficiente como el comercio.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Un somero análisis a la oferta comercial de cualquier ciudad media o grande de nuestro país arrojará luz sobre la existencia de ineficiencas, mismatches entre oferta y demanda. Es decir: fallos de mercado y, consecuentemente, pérdidas de bienestar potencial en términos reales. Por tanto, una política comercial es pertinente, con el objetivo principal de eliminar las barreras para que el comercio de proximidad o especializado prospere en cada zona a medida de la demanda existente, y de manera subsidaria e íntimamente relacionada mejorar la calidad de vida final del ciudadano. No podemos dedicarnos a hacer lo que se conoce como “política industrial vertical”, decidiendo de manera directa o indirecta dónde y qué tipo de comercios ha de ofertarse, por la simple razón de que no contamos con la información ni los incentivos adecuados para ello como sector público (no conocemos las preferencias de todos los demandantes, y podemos caer en nuestros propios prejuicios fácilmente). Pero sí podemos hacer “política industrial horizontal”, simplemente, como hemos apuntado, facilitando el florecimiento del comercio (potencialmente) demandado, con medidas similares a las que siguen:

- Descentralizar en la medida de lo posible el sistema de transporte público existente, o lo que es lo mismo, asegurar que todas las zonas de alta densidad estén conectadas entre ellas sin necesidad de pasar por el centro. Por descontado, la “medida de lo posible” es delicada, pues no podemos dedicarnos a abrir vías de comunicación sin que exista una demanda previa de movilidad: algunas de las experiencias recientes del AVE en España, por ejemplo, nos han enseñado que no basta con poner

- Facilitar al máximo la existencia de oferta de bajos comerciales allá donde hay demanda potencial.

- Definir un espacio commerce-friendly, que afortunadamente casa bastante bien con lo que habitualmente se requiere de un espacio public-friendly: convertir en peatonales las principales vías comerciales, reducir la circulación de vehículos privados en todo el núcleo comercial facilitando, como ya hemos dicho, la accesibilidad con transporte público, garantizar un mobiliario urbano acorde con el entorno (árboles, bancos, iluminación apropiada, preferencia para el peatón), señalizar correctamente la presencia de distintos comercios, garantizar la calidad de las fachadas así como escaparates y letreros, y conseguir que haya acceso a internet (wifi) en el área es el pack básico de políticas a desarrollar para definir este tipo de espacio. Si alguien busca un ejemplo de buenas prácticas en este sentido, el municipio de Gandia, en la provincia de Valencia, viene desarrollando todas ellas con un considerable éxito.

- La agilidad en la concesión de licencias es un asunto pendiente en muchísimos Ayuntamientos españoles, sin distinción de zona o color. Si un comercio nuevo está dispuesto a abrir, lo último que ha de encontrar es una traba por parte de la Adminstración (a no ser que esté justificada por razones de salubiridad, seguridad o similares, por descontado). A esto se suma la regulación, hoy por hoy innecesaria, de sectores como las farmacias o los estancos, que suponen una barrera que mantiene los “privilegios” de los que actualmente están dentro de dichas ramas (en términos de sobre-aprovechar la demanda existente), mientras excluye a quienes están fuera pero quieren entrar, sabiendo que queda demanda por cubrir en base a la idea de proximidad relativa.

- La regulación de horarios comerciales, tema de actualidad mediática durante el mes pasado, ha de abordarse seriamente. No quiere decir esto que sea necesaria una liberalización total, pero sí reconsiderar si la actual norma facilita o no la existencia de comercios de proximidad eficientes. En forma de ejemplo, el hecho de tener que pagar un alto precio por una licencia para abrir por la noche en una tienda de alimentación, ¿favorece la existencia de este tipo de locales, de una manera regulada y controlada, en barrios no céntricos cuando no pertenecen a cadenas que pueden asumir el riesgo y volumen de este coste fijo? Es solo una muestra, pero suficiente para darnos cuenta de que, a pesar de los posibles inconvenientes, es un área a reconsiderar muy seriamente si nuestro objetivo final es mejorar la calidad de vida de un barrio determinado a través de una oferta de comercio bien dimensionada y relacionada con el espacio ciudadano.

- De hecho, la relación de los comercios con el entorno urbano en el que se insertan es probablemente la línea más relevante, pero no funcionará sin todas las anteriores, y por eso se quedó para el final. Hay todo un abanico de políticas, nuevas o conocidas, que ayudarían a ampliar y consolidar esta relación. No se trata de crearla, pues como ya sabemos todos aquellos que vivimos en un vencindario más o menos normal, se da por sí sola: el panadero pregunta qué tal los hijos, la carnicera recomienda tal o cual receta, y el kiosquero desea feliz año o comenta las últimas noticias relativas a la crisis financiera. No queremos que el sector público pase a fomentar esto de manera directa, pero sí que dé la posibilidad de ampliar las vías por las que se produce. ¿Ideas? Los caminos escolares con participación de los comercios, ya bien conocidos por los habituales de este blog, por ejemplo. O, si se está dispuesto a ser más arriesgado, existe una acción (nacida en Canadá) conocida como “comercio afectivo”. Consiste en una vía muy especial de financiación parcial o total para crear negocios o modernizar pequeñas empresas: se abre una subscripción explicando el negocio y se reúnen muchas personas que aportan pequeñas cantidades, habitualmente del mismo barrio. Se hace un contrato, como si los que aportan fuesen accionistas, siempre bajo un tipo de interés razonable. Los efectos positivos esperados son el consumo de los prestamistas y de su red social cercana como clientes, y a la vez el propietario se siente “en deuda” con quienes hacen posible el negocio, con lo que crece la implicación con el conjunto del comercio del barrio (triple dinámica positiva).

En resumen, no podemos hacer crecer comercio de la nada porque es la propia dinámica urbana la que inicia este proceso. Tampoco podemos jugar a decidir qué tipo de comercio va en cada zona, porque lo más probable es que fallemos respecto a las preferencias de los ciudadanos. Pero sí podemos tener en cuenta que el comercio es uno más de los lugares de encuentro público, uno más de los elementos de la gran red que conforma la ciudad y sus relaciones, y como tal, fomentarlo de forma siempre dimensionada a la demanda potencial existente.

Barnard College Nexus, en el corazón de Nueva York. Fuente de la imagen, y resumen del proyecto.

Si algo nos une a los habituales de este espacio de discusión, es que sabemos que el tejido que mantiene unido a una ciudad no es tanto el espacio construido como el social, económico, cultural, político e informacional. La aglomeración es el resultado de la interacción, y las estructuras físicas responden a las demás, a la vez que las influencian, por supuesto.

Esto, apreciable en cualquier lugar, se hace patente de una forma muy particular en Europa. “Particular” porque nuestras ciudades nacieron densas, y compactas, en torno a la “plaza del mercado”, que era a la vez ágora de debate público. Max Weber lo explicó muy bien en su “Urbanisation and Social Structure in the Ancient World”, una de sus obras menos conocidas. Esta forma de nacer y de crecer de nuestras ciudades, mezclada con influencias árabes u otomanas en algunos casos, ha condicionado en buena medida lo que son hoy. La combinación entre densidad y cohesión, entre espacio medido e interacción social, que tantos otros lugares fuera de nuestro continente envidian.

Por otro lado, los países europeos comparten, a grandes (muy grandes, cierto, pero significativos) rasgos una cierta dinámica laboral y demográfica, que se puede resumir en los siguientes puntos:
- Envejecimiento creciente de la población, en una fase madura del fenómeno llamado “Segunda Transición Demográfica”: descenso pronunciado de la mortalidad con el consiguiente incremento de la esperanza de vida, descenso paralelo de la fecundidad, e incremento de la movilidad geográfica (migraciones).
- La incorporación cada vez más consolidada de la mujer al mundo laboral que deja a los hijos en manos de instituciones educativas durante más tiempo.
- La tasa de alumnos y diplomados por educación superior ha llegado a una fase de estabilización, si miramos atendemos a los datos, mientras que la formación técnica profesional está en alza, centrándose en este último tipo de educación superior el incremento de los años medios de formación.
- La patente necesidad de un mercado de trabajo cada vez más terciarizado de disponer de especialistas cambiantes en distintas áreas de la economía.

¿Qué relaciona todos estos puntos con las ciudades? La respuesta rápida, amplia y un tanto obvia para la mayoría de los lectores está en lo que comentábamos en el primer párrafo: todos ellos suceden dentro de las urbes. Pero claro, dentro de esta generalidad es necesario especificar a efectos analíticos. Uno de los principales nexos que unen el espacio físico urbano y las dinámicas demográficas y laborales es la educación reglada: escuelas, institutos, universidades están en nuestras ciudades no solo como testigos de lo que pasa ante sus muros guardando un universo separado en su interior. Al contrario, se relacionan plenamente con el ámbito que les circunda y constituyen, como tales, un motor de generación de dinámicas socio-urbanas de primer orden. Y, por supuesto, también de regeneración, cuando hablamos de un área degradada o estancada.

En Europa, las instituciones educativas han jugado este rol de articuladores urbanos muy a menudo en la historia. Desde hace unos años, a nivel local y regional esta idea se ha incorporado conscientemente al diseño de políticas públicas urbanísticas y educativas, incluyendo la construcción y dinamización de espacios de formación en las estrategias municipales globales. Pero, habida cuenta de que tanto en España como en Europa compartimos los mentados rasgos, puede ser un buen momento para ir más allá y proponer una acción coordinada a una mayor escala. Lo que sigue, pues, es un esbozo de articulación de la política educativa y la política urbana a nivel de todo el continente. ¿El objetivo? Reforzar las capacidades de las instituciones educativas como catalizadores de (re)generación urbana dentro de los marcos de la sostenibilidad social, manteniendo el proverbial equilibrio europeo entre densidad, cohesión y “liveability” en nuestras ciudades. El boceto (pues no es sino eso, un mero boceto destinado a enriquecer una discusión que ya está en marcha, en cierta manera) queda dividido en función del tipo de institución del que estemos hablando:

a) Escuelas infantiles, guarderías

Hasta que la crisis truncó el proceso, el siguiente horizonte del Estado de Bienestar en Europa venía siendo la extensión de la educación pública hacia estratos menores de edad, impulsada entre otras razones por la mentada incorporación de la mujer al trabajo, y ayudada por el hecho de que el número de niños era cada vez menor que el de adultos contribuyentes, por la también mencionada caída de la natalidad.

Decíamos que la crisis rompió esta evolución, pero no ha sido así en todos los países, ni tiene por qué ser para siempre. Así que, asumiendo que la situación demográfica hará que las escuelas infantiles sean una de las apuestas del Estado en las próximas décadas, ¿cómo puede el urbanismo aprovecharse de ellas? Lo primero que se ha de tener en cuenta es que un sistema eficiente de guarderías ha de estar basado en la cercanía para cumplir el objetivo de minimizar los “costes de transporte” de sus progenitores. Como tales, por tanto, puede constituir no solo “guarderías”, sino un lugar más de encuentro inter-barrio e intergeneracional. Especialmente a través de actividades extraescolares con o sin la participación directa de los alumnos, tales como talleres o asociaciones, que suelen surgir espontáneamente.

Además, su presencia es capital en áreas con alta densidad de población y de clase media hacia abajo, porque (siempre que sean públicas) constituyen un mecanismo de igualdad importante, al facilitar el recurso más preciado y normalmente más escaso: el tiempo, que los padres pueden invertir en la adquisición propia de capital humano o capital social.

b) Universidades

Con la educación superior, el principio de concentración/dispersión geográfica en relación con la eficiencia suele ser contrario al de las guarderías: menos, y más localizadas. La razón es que ahora no se trata de ahorrar tiempo ni garantizar cercanía, sino aglutinar a la mayor cantidad de recursos y expertos sobre un tema en un mismo espacio, juntándolos con aquellas personas que desean formarse en ese ámbito. Huelga decir que tal estrategia debería llevar aparejada un programa de becas que garantice la posibilidad de movilidad a todo aquel que la necesite, para desplazarse allá donde quiera estudiar. Las ventajas que esto tendría para nuestras ciudades son claras: una mayor heterogeneidad en sus habitantes, así como la existencia de “ciudades universitarias”, polos de conocimiento que no tienen por qué ser los grandes núcleos urbanos. De hecho, no acostumbran a serlo en aquellos países que sigen la estrategia de “menos y más localizadas”: son ciudades medias las que más se aprovechan, habitualmente, de esta concentración.

Las Universidades en Barcelona siguen una estrategia mixta en relación con el espacio: mezclan edificios céntricos con grandes complejos. En la imagen, el Campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

Respecto a la forma en la que los complejos universitarios se relacionan físicamente con la ciudad que los acoje, el (digamos) eterno dilema se resume en decidir entre el aprovechamiento de edificios ya existentes (o solares vacíos) en los núcleos urbanos, o grandes campus ubicados en las afueras que pueden contar con todo tipo de facilidades y equipamientos. En términos de regeneración urbana, la primera opción se antoja, al menos a priori, más adecuada: la influencia sobre el núcleo será mayor o más positiva cualitativamente si se ubica a los estudiantes, profesores y todas las dinámicas que conllevan más cerca del mismo. Sin embargo, es importante aceptar que, especialmente para Universidades técnicas, la disposición de instalaciones y equipamientos es importante, a veces esencial. Por tanto, una opción mixta, como la que por ejemplo existe hoy en día en Barcelona, permitirá cubrir todas las necesidades.

c) Formación Profesional

Habitualmente, esta es la “hermana fea” de las universidades en la educación superior. Sin embargo, su afluencia no hace sino aumentar en Europa, y el tipo de enseñanza que ofrecen, técnica hiperespecializada, es fundamental para una economía avanzada que no quiere renunciar totalmente a sus bases industriales. Al igual que en el caso de las universidades, una mayor concentración es deseable. Sin embargo, aceptamos que el grado de proximidad demandado por los alumnos potenciales de este tipo de formación es mayor. O, dicho de otra forma, la distancia supone una barrera superior para elegirla como opción. Por tanto, una estrategia de concentración basada en ciudades medias y barrios de la corona periférica puede ser muy útil. Es en estas zonas donde se localizan buena parte de sus estudiantes potenciales, y la presencia localizada de centros potentes de este estilo que atraigan a gente de, digamos, 20-30 kilómetros a la redonda, puede significar una diferencia importante para la revitalización de zonas que, de otra forma, podrían estar destinadas a ser meras áreas-dormitorio.

En resumen, se trata de ayudar a que las políticas de educación y capital humano vayan más de la mano de las políticas urbanas, siendo los hacedores de las primeras plenamente conscientes del enorme poder que tienen a la hora de favorecer la regeneración urbana. Dadas las características de las ciudades y las dinámicas de población en nuestro continente, tenemos la enorme suerte de disponer de la posibilidad de hacerlo de manera coordinada (siempre teniendo en consideración las especificidades, por descontado). Así pues, ¿por qué no comenzar a pensar en ello?

Referencias interesantes

Centre for Urban and Education, University of Southern California

The City as Campus, Sharon Haar

Schools and urban regeneration. Challenges and possibilities

Momento de la performance “Technocracy: Parade of Machines”, en Gdyni (Polonia).

En el Financial Times de ayer (edición digital, sección blogs) puede encontrarse un artículo muy interesante sobre la crisis de deuda europea. El artículo comienza con una supuesta frase que le dijo Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos, a Angela Merkel, canciller alemana, y más o menos el equivalente a una Presidenta europea oficiosa, habida cuenta de que ejerce como líder de la Unión Europea. La cita reza así:

I guess you guys have to be creative here.

Según el FT, la frase de Obama puede aplicarse al Banco Central Europeo y a sus funcionarios, de quienes no se puede esperar que hagan otra cosa que la que están haciendo, porque precisamente alguien se lo ha ordenado. Ese “alguien” es un político, por supuesto. Y un político elegido democráticamente, dado que los Estados europeos son democracias liberales representativas. El problema es que el tecnócrata, por definición, no puede ser creativo: no lo tiene permitido, ni formal ni (apenas) informalmente. Así que si una organización política, y por tanto la sociedad que la soporta, se ata las manos dejando su futuro en manos de técnicos, tendrá que hacer frente a la vieja paradoja de “no se puede hacer frente a nuevos problemas con viejas soluciones”.

¿Y qué puede el mundo de la ciudad y el urbanismo aprender de la situación europea en general, y de esta visión en particular? Aunque no lo parezca, mucho. En términos de escoger un modelo determinado de toma de decisiones para nuestros núcleos urbanos, pero también de clarificación de conceptos para saber qué modelo escoger. La lección general sería que un mayor nivel de técnicos no asegura un mejor gobierno del entorno urbano. Pero lo realmente interesante es el corolario que se puede extraer: en realidad, no existe ningún dilema ni contradicción entre una fuerte presencia tecnócrata y la existencia de procesos políticos definitivamente participativos en una ciudad. Al contrario: con un buen diseño, una podría reforzar a la otra. Cómo damos el salto de la lección general al corolario, y qué implicaciones tiene esto para el desarrollo urbano sostenible, es lo que trataremos ahora de explicar.

Podemos comenzar rompiendo mitos. Hay dos que quedan habitualmente confrontados: por un lado, el ya mencionado: una presencia más fuerte de tecnocracia mejora el gobierno de la ciudad. Más técnicos, mejor preparados y con una capacidad de acción superior asegura que las políticas desarrolladas serán de mayor calidad, y el desarrollo de la ciudad, por tanto, se verá positivamente afectado. Por otro lado, el dogma de la participación pública, que, en procesos bottom-up, garantizaría que las políticas decididas y desarrolladas son compartidas por una gran parte de la ciudadanía, con lo que su aplicación será mucho más fácil y garantizará, además, una maximización del bienestar de los habitantes, dado que ellos mismos han elegido qué prefieren de forma explícita.

Estas dos argumentaciones tienden a confrontarse. ¿En qué se basa el enfrentamiento? Parece obvio, a simple vista: se trataría de una elección entre técnicos con conocimiento especializado, y ciudadanos con conocimiento propio, subjetivo y de primera mano sobre los problemas del día a día. Aunque no lo crean, esta discusión remite a uno de los principales debates en las Ciencias Sociales, y en toda la filosofía de la ciencia. Resumiendo mucho, la pregunta es si el conocimiento sobre la realidad es objetivable, y por tanto podemos confiar en los especialistas “científicos” para resolver los problemas que el día a día nos plantea, o si no hay tal cosa como un “saber objetivo”, sino que todo depende, siempre, del sujeto que aborda la cuestión. La consecuencia lógica de esta última postura sería, por supuesto, confiar en procesos de toma de decisión lo más amplios y democráticos posibles. Yendo a un ejemplo concreto: una ciudad se está planteando el dilema de si cerrar el centro histórico al tráfico rodado. Los tecnócratas se dedicarían a tomar mediciones sobre niveles de contaminación, estudiarían la estructura poblacional del distrito, su tejido económico, el impacto que en los negocios tendría la falta de vehículos, y tal vez hiciesen alguna encuesta para conocer la percepción de los vecinos. Los “participativos” comenzarían precisamente por el estudio de percepción, para después desarrollar un proceso de votación/asambleario vinculante. Simplificando mucho, los primeros confían en la ciencia, los segundos, en el saber común.

Pero en realidad ambas modalidades tienen problemas considerables. Así, la postura tecnócrata, como ya hemos visto, ata de pies y manos a la Administración (y por tanto a los ciudadanos a los que sirve) cuando un problema nuevo llega. Por ejemplo, si en vez de hablar de un asunto más o menos típico como cerrar al tráfico el centro, nos enfrentamos a un nuevo fenómeno social urbano como lo han sido, en la España de los últimos años, la existencia de grandes polígonos de vivienda nueva vacía debido a la burbuja inmobiliaria, los técnicos que precisamente la permitieron (si no, a veces, ayudaron a provocarla) no son las personas más indicadas para encontrar una solución. Simplemente, mata, en gran medida, la creatividad. Además, por supuesto, está el “imperativo ético” y moral de la democracia como mejor de los sistemas posibles, que es un dogma aceptado en todo el mundo occidental.

Respecto a la posición “participativa”, la primera y lógica objeción viene por el lado de la gestión de la información. Como ya hemos apuntado en anteriores artículos, no todo el mundo tiene ni el tiempo, ni el interés, ni la capacidad para informarse de la debida forma sobre todos los asuntos que le afectan, por lo que muchas veces su participación en toma de decisiones será mínima, sino inexistente. Además, hay un trade-off claramente estudiado entre democracia y rapidez en la toma de decisiones: si algo se ha de hacer de manera urgente, o es importante, embarcarse en una decisión colectiva consume más tiempo que no hacerlo. Por supuesto, esto puede no parecer muy grave con los ejemplos mencionados. Pero imaginemos una consulta sistemática sobre los presupuestos anuales (podemos observar casos famosos como Porto Alegre, en Brasil), o sobre asuntos acuciantes como la seguridad o la inmigración, donde la agilidad gana en importancia. Un último impedimento, quizás el más importante, es lo que podríamos resumir como la “Ley de Hierro de la oligarquía”. El teórico político Robert Mitchell la formuló respecto a los partidos políticos, asegurando que toda organización se vuelve gobernada por una minoría atenazada por la burocratización/especialización, los problemas de gestión común debido al tamaño (o cómo encontrar consenso entre miles de personas en horizontalidad), y los sesgos psicológicos de las masas. Dejando este último punto de lado, más cuestionable, los dos primeros se antojan como problemas que podemos observar todos los días en cualquier Ayuntamiento.

¿Qué solución podemos ofrecer, pues, a semejante dilema? La tradicional es, ni más ni menos, la democracia representativa, esa vieja amiga que lleva tantos años ayudándonos a elegir alcaldes en el mundo occidental. Y que ha sido defenestrada y apartada por los dos “mitos enfrentados” que estamos tratando: la postura tecnocrática porque deniega casi por definición a cualquier proceso decisorio que venga de los ciudadanos. La posición participativa, por su lado, consideraría a la democracia representativa como una forma corta o tímida de democracia, que no garantiza las mencionadas ventajas de consenso, engagement y maximización del bienestar. Sin embargo, la democracia repesentativa permite superar algunos de los problemas apuntados: por un lado, deja espacio para que los técnicos puedan trabajar siempre sujetos a la “regla de la mayoría”, y por otra, agiliza los procesos de manera que la falta de eficiencia temporal de la decisión colectiva queda minimizada. Por todo ello, da una respuesta relativamente elegante a la existencia permanente de la Ley de Hierro de Mitchell, encontrando un balance entre la inevitabilidad de las minorías y la necesidad de democracia. Al mismo tiempo, representa una síntesis del conocimiento objetivo/científico y la necesidad de aceptar que este nunca existe de manera total, sino siempre sujeto al subjetivismo ciudadano. Así pues, quizás es un poco precipitado deshacernos de esta herramienta y buscar cobijo en los mencionados “mitos” para tomar decisiones en nuestras ciudades.

¿Pero vale la democracia representativa que tenemos hoy en día? ¿Podemos simplemente quedarnos con el actual modelo y vivir felices con él, tomar decisiones del día a día, y también a largo plazo? Cientos de ejemplos, miles de casos del día a día, muchos de ellos reflejados en este mismo blog, nos dicen que no, que podemos hacerlo mejor por y para los espacios que habitamos. Y aquí es donde pretendemos introducir de manera conjunta las posturas tecnócrata y participativa, argumentando que no tienen por qué estar enfrentadas. Al contrario, se pueden construir de manera paralela sobre los cimientos que nos marca el actual modelo representativo, ampliándolo y mejorándolo, con el doble objetivo de ser creativos (como nos pediría Obama) y eficientes (como, de seguro, le gustaría a Merkel).

La política, también la urbana, no es más que un conjunto complejo e interrelacionado de toma de decisiones destinado a gestionar el conflicto de intereses, opiniones y emociones latente en cualquier grupo social. Todas estas decisiones requieren de un grado determinado de conocimiento sobre la situación, y al mismo tiempo, como decimos, en todas hay visiones confrontadas. Es decir: el lado objetivo y el subjetivo son indisolubles el uno del otro. Volviendo al ejemplo inicial de cerrar al tráfico un centro urbano, es obvio que la idea de un vecino de setenta años y la de un comerciante de treinta y cinco no será la misma. También está claro que respecto a cómo hacerlo, al grado determinado y la forma específica de limitar la circulación, es necesario contar con un abanico de conocimientos específicos. Por tanto, lo que debemos hacer es aclarar roles y niveles de decisión. Si aceptamos que, en virtud de ser capaces de llegar a acuerdos dentro de tiempos y espacios razonables, un grado de delegación en representantes es necesaria (esto es lo que tomamos del actual modelo de Ayuntamientos), tendremos un primer agente: los políticos democráticamente elegidos. En ellos recaerá una tarea, principal e inicialmente: decidir qué deciden, valga la redundancia, cada uno del resto de agentes involucrados. Esto es, en qué momento o nivel un técnico puede tomar una decisión, cuándo ésta ha de partir de los representantes, y cuándo es necesario introducir el proceso participativo. El resultado de este mix puede ser, por descontado, distinto en cada ciudad. Así, para un entorno determinado, la política sobre la gestión del agua puede carecer de toda importancia. Pero en una ciudad holandesa (por su abundancia y peligro infraestructural) o norteafricana (por su escasez) puede ser clave, por lo que dejarlo en manos técnicas o aún de representantes políticos no será lo más apropiado.

A partir de este punto, cada grupo de agentes (ciudadanos, representantes y técnicos) deberán asumir un rol con unas competencias limitadas y determinadas, y atenerse al mismo. El político tendrá que ser a la vez responsable, comunicativo y creativo; el técnico, eficaz y capaz de informar a la población de la mejor manera posible; y el ciudadano, exigente, informado y subjetivo. Hay quien define esta situación de la siguiente manera: los representantes son el vehículo a través del cual los ciudadanos marcan los fines empleando procesos participativos y representativos a la vez, mientras que los técnicos se encargan de poner medios a estos fines. Nosotros vamos aquí aún más allá: el trabajo de los técnicos es también explicar a los ciudadanos cuándo algo no puede ser y por qué, no obedecer ciegamente. Y, a la vez, la responsabilidad ciudadana es la de informarse y atenerse a las consecuencias de este modelo. El representante político es una correa de transmisión entre estos dos niveles, a la vez que un líder cuando el contexto lo necesita.

Este modelo no es perfecto, por supuesto, y pocos ejemplos pueden observarse hoy por hoy. Sin embargo, nos parece un buen modelo de partida al que deberían tender las ciudades, aprovechando que, a diferencia de la Unión Europea, su tamaño y requerimiento institucional les permite profundizar en la búsqueda no ya de una mayor, sino de una mejor democracia.

Shenzhen, aglomeración urbana china producto del crecimiento económico. Fuente.

Ciudad es economía, y economía es ciudad. No puede entenderse nuestro mundo sin atender a esta poderosísima relación. Sin embargo, arquitectos y urbanistas nos olvidamos, demasiado a menudo, de ella. Nos olvidamos, sobre todo, de la economía. La culpa no es (del todo) nuestra: la economía, como reina absoluta de las ciencias sociales, ha tendido, primero, a cerrarse en sí misma, utilizando una jerga oscura y unos métodos más cercanos a la ingeniería más arcana (siempre vistos desde fuera). Y después a colonizar de una manera más bien poco delicada el resto de disciplinas con las que comparte temáticas, siendo el urbanismo una de ellas.

Pero la economía es fundamental, y más en el mundo en que vivimos. Decirlo puede sonar a perogullada, pero es necesario recordarlo para entender el por qué de este artículo: tenemos que comenzar a penetrar en su mundo, comprender sus herramientas conceptuales en torno al espacio construido en general y a la ciudad en particular. Y para saber la razón que causa esta necesidad, lo mejor es definir el primero de nuestros conceptos. No puede ser otro que “Economía”.

Economía es la ciencia que estudia cómo el ser humano, de manera individual y colectiva, gestiona los recursos en un proceso que implica producción, distribución y consumo. El espacio construido es contexto y a la vez producto de este proceso. A la hora de emprender una intervención sobre un entorno físico, hemos de tener muy presente qué determinantes económicos hay detrás de dicha acción (cómo vamos a producirlo, de qué forma se va a “distribuir” y “consumir” ese espacio, quién soporta el peso de su producción, y quién se beneficiará del mismo), a la vez que consideramos cómo, una vez acabada la intervención, esta modificación del contexto afectará a los procesos económicos que en él tengan lugar.

Probablemente el punto inicial del que los economistas comienzan a tirar del hilo de la madeja del urbanismo es cuando se preguntan por qué la gente compra casas donde las compra, o por qué las empresas se localizan donde lo hacen. Es decir: qué determina un determinado patrón del uso del suelo. Y para ello recurren, habitualmente, al mecanismo del mercado. El mercado, o los mercados, es un concepto muy usado estos días de crisis económica aguda, en los que se intenta contraponer demasiado a menudo el rol del Estado al de esos “mercados”. Sin embargo, un mercado no es ningún ente abstracto ni peligroso, al menos en su forma original. No es más que el conjunto de transacciones entre compradores y vendedores en torno a un bien o servicio determinado.

El caso del suelo es bastante especial, porque hablamos de un bien con unas particularidades muy definidas. Para empezar, es la forma paradigmática de propiedad privada, tal vez la primera: la posesión del territorio por la fuerza. Simplificando muchísimo, cosa que encanta a los economistas, podemos decir que hubo un momento en el cual para un individuo pasó a ser más rentable o juicioso conseguir un territorio sobre el que otro dominaba a través de negociación no violenta, es decir, ofreciendo algo a cambio. A partir de ese momento, nace un mercado de suelo. Y el comprador y nuevo propietario no basa su status sobre el suelo en su fuerza bruta, sino en un acuerdo con la otra parte. Por tanto, un mercado implica transacciones mutuamente aceptadas por ambas partes. Al menos en principio, y mientras no exista la desigualdad.

Pero además el suelo es un bien que, obviamente, está atado a un espacio, y si lo consideramos para uso constructivo (no extractivo), depende de su entorno para definir su valor determinado en dicho mercado. Y es que como es lógico pensar desde un punto de vista económico, aquellos espacios más cercanos a recursos (por ejemplo, un río) serán más preciados y la gente tenderá a buscarlos y emplearlos antes que los demás. He aquí el principio, que todos conocemos gracias a nuestras clases en el colegio, de las ciudades como asentamientos que nacieron con la agricultura. Pero demos un salto en el tiempo hasta nuestros días. Hoy por hoy, un “recurso” es algo bastante más complejo que un río: colegios, supermercados, cultura, status social, seguridad, transporte público… Cosas tan variadas como esas son las que marcan dónde decide localizarse una persona o una empresa.

Esta dinámica explica, para la economía, la existencia de aglomeraciones. Es decir: la tendencia a concentrarse en torno a ciertos recursos. Pero lo curioso y (positivamente) paradójico es que la ciencia económica ha observado detenidamente estas dinámicas de acercamiento y resulta que el principal recurso que encuentran hogares y sobre todo empresas son justo aquellos que son similares a ellos. ¿Y por qué hacen esto? Desde la economía, se dan dos tipos de explicaciones (complementarias) a los efectos de aglomeración: las economías de escala y los efectos de red. Una economía de escala aparece cuando, a mayor sea el tamaño de un núcleo determinado, menor tiende a ser el coste de producir una nueva unidad en el mismo. Y el efecto de red no es sino lo mismo pero considerando a las empresas y hogares como consumidores, y no como productores: se da en el momento en que estamos ante un bien cuyo valor se incrementa a más personas lo posean.

Expliquémoslo con ejemplos. Una carretera que va a un “núcleo” urbano con una casa y una fábrica tiene un coste mayor por unidad de uso que aquella que se dirige a otro con doscientas casas y cien fábricas. Por tanto, la carretera será más probable, por barata, en el segundo caso. De la misma manera, una empresa proveedora de energía podrá reducir sus costes (y por tanto ofrecer su servicio más barato) si el núcleo es mayor. Y así sucesivamente.

Existe aún otra forma de economía positiva de aglomeración estudiada por la economía en relación con el espacio construido: el hecho de poner a muchas personas juntas que trabajan en un mismo sector o en sectores económicos complementarios ayuda enormemente, como es lógico, a que se comuniquen entre ellos. Con ello se fomenta la transmisión de ideas y conocimiento. Y a mayor velocidad y por más mentes pasan estas ideas, más incrementan las probabilidades de que se produzcan innovaciones que ayuden a la eficiencia de la economía.

Llega incluso un punto en el cual todos estos factores sumados hacen que para una empresa, el no estar en un lugar determinado sea casi como encontrarse excluido. Por ejemplo, todas las empresas tecnológicas del mundo, relacionadas con internet, quieren estar en Silicon Valley por estas razones.

Pero no todo es sumar en la ciudad, para la economía. Existen, y están cada vez más estudiadas, las deseconomías de aglomeración. Llega un momento en el cual la escala puede volverse en contra de sus agregados, al igual que la red puede hacerlo. Los problemas de congestión son el ejemplo más claro: demasiadas empresas, demasiados hogares sin una red de transporte suficiente para soportarlos significa atascos y pérdidas de eficiencia. Y puede llegar el punto en que construir dicha red de transporte al nivel requerido por el tamaño de la aglomeración sea, simplemente, demasiado costoso. Por tanto, existe un límite (casi siempre por descubrir, es cierto), en la economía de aglomeración.

Fábricas de puertas en Villacañas, Toledo.

Por otro lado, la tendencia a agruparse de aquellos que son similares, empresas u hogares, provoca efectos de segregación. Esto es: separación espacial de poblaciones según alguno de sus rasgos. A veces esta segregación es no intencionada ni planificada, y es aparentemente inocua, como por ejemplo cuando varias empresas de una rama específica se concentran en un mismo lugar. Digamos por ejemplo que las fábricas de puertas deciden ir todas al mismo municipio por las mencionadas ventajas que comporta la aglomeración. Digamos que ese pueblo existe, en realidad, y se llama Villacañas. En la época del boom de la construcción en España, la economía de la localidad iba a toda vela, pues la demanda de puertas era casi infinita. Pero con 2007 llegó el estallido de la burbuja, y entonces Villacañas comprobó que la segregación por aglomeración podía no solo no ser inocua, sino también bastante dañina, y el paro subió como la espuma muy por encima de la media española.

Pero la idea más habitualmente asociada con “segregación” en el ámbito espacial es otra más relacionada, si cabe, con el mercado del suelo: la separación de personas en distintas zonas, ciudades y barrios en función de su nivel de renta, y por tanto de su capacidad para adquirir suelo (normalmente ya construido) con acceso directo a mejores recursos o no.

Antes de terminar cabe apuntar que una buena parte de la ciencia económica tiende a analizar todos estos fenómenos por sí mismos, sin tener en cuenta el contexto institucional en el cual suceden. Y esto es, en opinión de muchos (entre los que me cuento), un craso error. Porque cuando hablamos de instituciones, la mayoría de nosotros imaginamos Ayuntamientos, el Estado, la Iglesia, y en general, organizaciones grandes y más o menos aparatosas con una considerable estabilidad y legitimidad. Sin embargo, la definición más operativa (y aceptada por ello dentro de las Ciencias Sociales) de institución es mucho más simple y elegante: una institución es toda aquella norma socialmente aceptada, sea simple o compleja, cuyo cometido sea el de reducir la incertidumbre mediante el establecimiento de una estructura estable para la interacción social. Efectivamente, los ejemplos mencionados cumplen esta característica. Pero también lo hacen las señales de tráfico, las cámaras de comercio municipales, o incluso el bar donde se reúnen los empresarios de un pueblo a hablar sobre el futuro de la economía municipal. Sin conocer estas claves institucionales no podemos entender del todo qué uso del suelo se produce en un lugar determinado, hasta qué punto las economías de aglomeración pueden crecer y evitar las deseconomías, y cómo esquivar los efectos perversos de la segregación.

Este ha sido un muy breve repaso por lo que la ciencia económica piensa sobre la ciudad y el espacio construido. Estaba pensado para ofrecer ciertas claves a partir de las cuales seguir investigando. A tal efecto, es muy recomendable echar un vistazo al propio trabajo de los economistas que lidian con estos conceptos día tras día, como Edward Glaeser, Roberto Camagni, o, en España y más joven, Rafael Boix. Y, por supuesto, el padre de todos ellos, de alguna forma, Alfred Marshall. No tengamos miedo: la economía no muerde. Y si lo hace, estemos preparados para, cordialmente, devolver el mordisco.

Un autobús arde en Tottenham la noche del 6 de agosto. Foto de The Big Picture, The Boston Globe.

La semana pasada vivimos un fenómeno eminentemente urbano: las fuertes revueltas y disturbios que sucedieron a lo largo y ancho del Reino Unido. Pocas cosas están tan fuertemente ligadas al imaginario de la ciudad como los conflictos, las manifestaciones y la lucha con armas improvisadas, sea contra el poder estatal representado por las fuerzas del orden, o contra los escaparates y mobiliario urbano. Inevitablemente, cualquier situación que implique violencia en contexto urbano se compara con mayo del 68. Aunque tenga poco que ver en todo lo demás, el mayo francés es para todos el paradigma de revuelta urbana.

De hecho, la situación vivida por el Reino Unido no ha tenido apenas relación con aquélla, y menos de la que pudiese parecer a simple vista con la quema masiva de vehículos protagonizada por las banlieues francesas, la otra ‘referencia obligada’ cuando se es periodista y se cubre cualquier clase de revuelta en un municipio occidental. Pero más allá de lugares comunes, a la hora de analizar un fenómeno con actores sociales en movimiento, lo más útil para una primera aproximación es diferenciar entre causas, contexto y objetivos.

Los objetivos de los participantes en las revueltas londinenses eran, cuanto menos, difusos. Desde luego, la mayoría de acusaciones a los detenidos, así como los reports periodísticos y ciudadanos, apuntaban al saqueo masivo. A esto se ha sumado enfrentamiento frontal con la policía en algunos casos, no siendo la regla, pero sí algo significativo. Véase los datos recogidos por The Guardian a partir de las acusaciones hechas a los detenidos:

En todo caso, ninguno de estos fines es explícitamente político o de protesta.

Sin embargo, esto no quiere decir que no estemos ante una situación política. Todo lo contrario. Donde hay conflicto, hay necesariamente política, pues ésta es el instrumento que empleamos para resolver los conflictos. En democracia y Estado de derecho, además, intentamos hacerlo por un mínimo consenso para asegurarnos de que las resoluciones emprendidas sean efectivamente llevadas.

Esto nos lleva a los dos siguientes puntos de análisis: las causas, y el contexto en el que tanto éstas como la situación de disturbios suceden. Dentro de las causas, los expertos han apuntado a cuatro, no necesariamente contradictorias ni independientes. Podemos distinguirlas de más inmediatas a más permanentes en el tiempo:

- La actitud de la policía frente a ciertos sectores de la sociedad. Al fin y al cabo, la chispa que prendió la llama fue la muerte de Mark Duggan, un joven negro, durante una persecución por parte de la Met londinense. Y ya van décadas de quejas por parte de varias minorías étnicas por la actitud aparentemente discriminadora de los agentes. Resulta difícil negar, por tanto, que esta es una causa que ha agravado la situación. Aunque, dado que no estábamos ante enfrentamientos directos y sistemáticos con la policía, no parece que sea el factor principal.

- Los recientes recortes sociales en el país. La evidencia científica parece demostrar más o menos claramente que, en un contexto de estado de bienestar occidental, la coyuntura económica (desempleo, subidas de impuestos, falta de crecimiento económico) no parecen explicar la aparición de revueltas tanto como los recortes de gasto público. Como los que el país está aplicando en los últimos tiempos, especialmente desde que Cameron está en el Gobierno.

- Precisamente es el principal argumento de éste el siguiente en nuestra lista. David Cameron ha empleado ideas como “sociedad rota”, “crisis de valores”, “falta de respeto a la autoridad” para explicar lo que para él ha sido “criminalidad pura y simple”. Este argumento es curiosamente autorreferente, dado que es obvia la fractura en la sociedad y la falta de respeto por la autoridad. ¿Se puede explicar un hecho por sus síntomas? Los argumentos culturalistas tienden a hacerlo.

- Por último, llegamos al auténtico núcleo duro: la segregación espacial. El espléndido trabajo del DataBlog de The Guardian nos permite ubicar tanto los disturbios (puntos blancos y negros) como la localización de los detenidos (puntos rojos) en un mapa interactivo de niveles de renta por barrios (azul, más rico, rojo, más pobre). Fijémonos en las principales ciudades. En Londres:

En Manchester, donde los detenidos son de zonas deprimidas pero los disturbios tuvieron lugar en el centro (zona comercial), y se concentraron más porque solo sucedieron durante unas horas:

Y, por último, en Birmingham:

La correlación, especialmente con la residencia de los detenidos, salta a la vista. El mecanismo que hay detrás es bien obvio, y se basa en una de las principales (si no la principal) áreas de preocupación de la sociología urbana actual: la preocupación por la reproducción espacial de la segregación económica y social. Sabemos desde hace tiempo que un individuo es altamente permeable a su entorno. Dicho en términos microeconómicos, el “menú” de oportunidades de relación social y profesional, así como de acceso a la educación y a la cultura (y a otros recursos) de una persona depende también de dónde ha nacido y crecido. Por tanto, rodear a una familia con pocos recursos de más familias con pocos recursos retroalimenta sus respectivas situaciones.

Si a este cóctel añadimos una situación de recortes en servicios sociales, la probabilidad de disturbios se incrementa. Por tanto, atendiendo a las causas finales, tenemos una mezcla de política pública “en vacío”, sin espacio determinado (recortes) que se localiza en ciertos puntos debido a la segregación espacial.

Esta segregación puede estar provocada por las propias políticas sociales, también, en este caso de vivienda. Así sucede en Francia o en España, donde los bloques de vivienda protegida separados del tejido urbano (las propias banlieues) fueron la tónica general desde los años sesenta. No tanto en el Reino Unido, donde, como bien apunta Ramón Marrades en este artículo de Ateneo Naider, “se trata de áreas más o menos centrales de los que la gente con poder adquisitivo se ha ido marchando”. Es una consecuencia de no-acción política, que al fin y al cabo es un tipo de acción, pues detrás hay una decisión (la de no actuar), y dejar que el mercado, a través de los precios del suelo y de las viviendas, se auto-regule.

La respuesta más habitual a las revueltas suele ser, como apunta Joshua Tucker (profesor del Departamento de Ciencia Política de la New York University) en esta nota, una mezcla entre mejorar las políticas sociales y reprimir con más seguridad y castigos jurídicos. El segundo componente se antoja necesario por sí mismo, dado que el problema de seguridad se evidencia ante la propia aparición de disturbios que se dirigen no hacia un objetivo político, sino hacia el propio entorno. El primero, más importante a mi modo de ver, ataca una de las dos raíces del problema aquí apuntadas: la existencia e incremento de recortes en programas sociales.

Otro tipo de respuestas vienen directamente de la comunidad, y suelen tomar forma de patrullas de vigilancia ciudadana (peligrosas, pues auguran confrontaciones con los alborotadores en un contexto urbano difícil de controlar para las fuerzas del orden) o, en formas más elaboradas, estrategias para “desescalar” los potenciales brotes de violencia, como esta iniciativa de la ciudad de Chicago. En cualquier caso, son parches o soluciones que solo atienden al brote final, y no a sus causas profundas.

Porque tenemos que acabar hablando, necesariamente, de cómo construimos nuestros barrios. Marrades apuntaba acertadamente en el artículo arriba enlazado que, aunque los barrios mixtos no crean por sí solos empleo y riqueza, sí “hay una conexión entre la manera en que se planifican las ciudades y los brotes de rechazo de las personas que viven en áreas marginales (y lo propia existencia de estas últimas)”. Lo importante es el último paréntesis: la segregación espacial es un mecanismo de reproducción de desigualdades que, además, deja a muchos actores descontentos muy juntos e interrelacionados a la hora de tomar acciones drásticas, o incluso poco racionales y caóticas (guiadas por la ira), fuera de la ley. Hacer nuevos barrios o nuevas viviendas mixtas es relativamente sencillo: se regula de una manera más o menos sutil el mix de precios del suelo, o se establece un porcentaje disperso de vivienda pública. ¿Pero qué hacer con las zonas ya creadas, como los barrios londinenses?

Una solución podría ser combinar procesos de gentrificación con reubicaciones mixtas y reducción del parque de vivienda vacía. Me explico. Algunos de los barrios afectados por las revueltas ya estaban revalorizándose, ganando interés entre jóvenes estudiantes y profesionales liberales, artistas, etcétera. Si dejamos que este proceso continúe e incluso lo potenciamos con programas para alquiler joven, por ejemplo, estaremos mejorando el mix del barrio. Lo que pasa es que estas situaciones suelen presionar el precio del suelo al alza, debido a la mayor y más potente demanda. Pero si se complementa con una serie de garantías para una parte de la población que allí habita, mientras que se evita que aquellos que se mudan se concentren en una zona determinada de la ciudad, estaremos, poco a poco, ayudando a disminuir la segregación sobre espacios ya construidos. Por supuesto, este solo es un esquema esbozado, y corre el peligro de caer en un excesivo afán regulatorio. Ha de establecerse a través de programas de incentivos y aprovechando los recursos ya existentes. Pero el objetivo está claro: reducir las desigualdades en la ciudad, causa última de la mayoría de disturbios sin un fin político claro.

Las Ramblas de Barcelona, uno de los espacios turísticos más saturados de España. Fuente.

Durante los últimos treinta años, la discusión en el ámbito de la política turística aplicada a espacios concretos se ha movido dentro de conceptos como “capacidad de carga”, “saturación”, y otras ideas que ponen a la población habitante de una ciudad y a los visitantes en una situación de confrontación más que de diálogo. Así, el turismo urbano se ha venido planteando como una situación de “conflicto”, en definitiva.

Y qué duda cabe de que, partiendo de un determinado modelo, así es. Esencialmente, el formato que ha predominado en Europa en las últimas décadas es el de “ciudad-monumento”, con una serie de destinos indiscutibles, y otros de segundo orden, cuyo atractivo se basa en su patrimonio cultural, histórico, y en todo lo que en torno a esto se construye: comercio, restauración, hostelería, eventos, publicidad sin más… En fin, como dice Ekain Laka en este artículo, no podemos negar que “las ciudades son desde hace tiempo un producto en venta y compiten por atraer consumidores -turistas- y su capacidad de compra o gasto en definitiva”. España es uno de los centros del turismo mundial, y muchas de las esperanzas de la recuperación económica temporal o definitiva del país se están poniendo sobre los hombros de esta industria, que supone en torno al 11,5% del PIB estatal. Resulta curioso, porque este porcentaje se ha venido reduciendo en los últimos años, si bien levemente. Pero el turismo es un punto fuerte indudable, con ventajas comparativas claras (clima, gastronomía, patrimonio), y hacia el que es relativamente fácil y rápido mover empleo semicualificado. Para más información al respecto, esta pieza del economista Luis Garicano es muy ilustrativa.

A partir de esta premisa, debemos plantearnos que, si realmente vamos a apostar aún más por el turismo, hemos de pensar desde ya en cómo minimizar el conflicto, transformándolo en un “diálogo” entre visitante y visitado en la medida de lo posible.

Sí, es cierto que, en el mix turístico español, no tiende especialmente hacia el turismo urbano, sino hacia el modelo residencial y de “sol y playa”. Lugares como Benidorm son los que abanderan nuestro modelo, más que Segovia. Sin embargo, cabe apuntar que en los últimos años el turismo de ciudad ha tenido un incremento importante por varios factores:

- La mejora de la red de transportes en general, y los vuelos baratos dentro de Europa en particular, que han facilitado la accesibilidad de varios destinos.

- El incremento de los viajes de negocios y congresos, que suelen ir aparejados muchas veces del descubrimiento de un destino específico, así como de un “complemento” de unos días u horas de ocio.

- La recuperación paulatina pero decidida del patrimonio arquitectónico y cultural llevada a cabo por parte de muchas Administraciones Públicas. Al fin y al cabo, somos uno de los núcleos patrimoniales más importantes del mundo.

- La propia saturación del modelo residencial/”sol y playa”, que ha llevado a la inversión en oferta hacia nuevos mercados y modelos, y a la demanda a buscar otros destinos.

- El incremento de capacidad adquisitiva de la ciudadanía.

En un primer momento, claro, este crecimiento del turismo urbano se ha centrado en una serie de destinos que podríamos denominar clásicos, con Barcelona a la cabeza, seguida de Sevilla, Madrid, Granada, Santiago, Valencia, Bilbao, y otras. Es natural que la saturación se haya producido en muchas de las zonas de estas ciudades, particularmente en Barcelona y Sevilla, llegando a hablar de medidas contra la excesiva carga turística tales como tasas sobre las pernoctaciones (cada vez más aplicadas, por ejemplo, en municipios de Italia) que llevasen a compensar los costes económicos y de pérdida de espacio público que representa la saturación. Los conflictos estaban, y están, servidos, y se basan en la existencia de incentivos y externalidades: por un lado, la tentación de explotar al máximo un activo por parte de la propia ciudadanía a través de sus comercios y locales hosteleros, y por otro, los efectos negativos de contaminación, uso de recursos e invasión física del espacio. Una relación que se acerca a la bipolaridad.

Pero a medida que se consolidaban los factores listados más arriba, el campo se abría: cada vez más localidades españolas ponían sobre la mesa un entorno urbano interesante y atractivo para el exterior, con una accesibilidad fácil. Y, por tanto, la presencia de turismo de todo tipo (cultural, de fin de semana, de negocios, residencial incluso) ha venido creciendo y creciendo. No se ha producido, eso sí, un descenso de las visitas en los núcleos principales, si bien sí se ha moderado su crecimiento al alcanzar éste un punto de tope o saturación. Es decir: más que diversificación de destinos, podemos hablar de diversificación del crecimiento. En otras palabras: dado el incremento de la movilidad y la aparición de nuevos mercados y formas de turismo, es difícil (y añado, poco deseable para la economía patria) que la presencia turística disminuya, a no ser que estemos dispuestos a cortarla por ley. Como en principio ese no es el caso en una economía de mercado, deberemos aprender a lidiar con ello aprovechando las tendencias de diversificación de crecimiento y, sobre todo, de formas de turismo.

Por ponernos en un extremo que ilustra muy bien la aparición de nuevos modos de viajar, hablemos de Bruselas. Quien haya visitado la capital europea habrá constatado que no es una ciudad bonita ni atractiva según los cánones de belleza imperantes. Su historia urbana es una historia triste, tanto, que se acuñó el término de “bruselización” para referirse al proceso que sufre un núcleo urbano (particularmente su casco histórico) cuando el coche, los grandes eventos y la especulación urbanística se priman sobre otros factores. Es lo que le pasó a Bruselas entre los cincuenta y los ochenta: se dejó degradar el centro urbano para cambiarlo por nuevos y grandes edificios, se potenció el uso del vehículo privado, y también el público, pero no precisamente bien: la conexión de ferrocarril intraurbana partió el centro en dos. En definitiva, y pese a los esfuerzos del Ayuntamiento en la última década y media para revertir la situación, la ciudad de Bruselas pasó a ser fea. Muy, muy fea, si exceptuamos su magnífica Grand Platz. Paradójicamente, es a la vez uno de los nodos europeos de transporte, y por supuesto la capital política del continente, con lo que recibe un grandísimo número de visitas, más o menos permanentes. Así pues, es una ciudad bien conocida y con ciertos activos claros.

Brusselization. Fuente.

¿Pero tiene potencial de crecimiento como centro turístico? En realidad, sí. Y no solo por los activos ya enunciados, sino porque hay cada vez más viajeros que buscan visitar ciudades, si no feas, sí reales. No turísticas. No masificadas. De hecho, en la propia Bélgica hay iniciativas empresariales en ese sentido. Y no digamos ya en un sitio como Detroit, paradigma físico y arquitectónico de la crisis y del proceso de desindustrialización estadounidense, destino cada vez más habitual en rutas turísticas alternativas.

Paradójicamente, la búsqueda de espacios no masificados es una válvula de escape para evitar saturación y conflictos en el turismo urbano. Sin embargo, esta tendencia es aún débil, y aunque se espera que crezca, hay que encontrar nuevas formas de establecer las relaciones entre turista y ciudadano para minimizar los conflictos. Podemos, incluso, hablar de un turismo cívico.

Se trata de establecer un formato turístico desde un pacto entre las Administraciones, los agentes privados y los ciudadanos en cada destino. El que sea un “pacto” tiene un objetivo aparentemente secundario, pero en realidad fundamental para reducir la conflictividad: establecer un compromiso entre los agentes implicados, hacerles “cómplices” de un mismo proyecto, minimiza las probabilidades de tensiones. Además, por supuesto, deja las negociaciones en una fase previa encaminada al “ponernos de acuerdo”. A partir del pacto, puede establecerse un plan estratégico para definir la forma en que la ciudad se relacionará con sus visitantes. En muchos sentidos que pasarán a concretarse en medidas: desde las horas de apertura de locales nocturnos hasta las reformas estéticas en viviendas particulares, pasando por la inversión en ciertos activos (por ejemplo, patrimonio cultural) y no en otros. Fruto de que se trata de un proceso de negociación, es de esperar que se incluyan de manera más o menos natural dos elementos: por un lado, una descentralización intraciudad de los “puntos calientes” de atracción turística, para evitar saturaciones o cargas de cierta parte de la ciudadanía frente a otra. Por supuesto, siempre en la medida de lo posible, porque en cualquier caso existen núcleos que no pueden ser atractivos de ninguna de las maneras. Pero, y esto nos lleva al segundo elemento, la potenciación de la historia y el patrimonio (al final, es lo único que hace inequívocamente singular a un destino) es la forma para ampliar al máximo los espacios visitables y disfrutables.

Por descontado, no somos unos ingenuos: no pensamos que cualquier ciudad puede convertirse en un destino. Pero sí que cada vez son más las que pueden hacerlo. En cierta medida, claro: en el proceso del pacto citado no deberán alimentarse falsas esperanzas para evitar inversiones de recursos excesivas, como ha pasado en varias ciudades pequeñas de España. En este sentido, es importante medir lo que se va a ofrecer, además de la historia y el patrimonio (aquellos que puedan confiar en ella), evaluar los activos específicos y distintivos, sin ningún tipo de complejos. A veces, desde Europa nos reímos de la costumbre estadounidense de generar enclaves turísticos locales o regionales a partir de cosas que nos parecen absurdas. Sin embargo, realmente tienen una demanda. Aún quedan muchas demandas por descubrir en el Viejo Continente, conforme la percepción y la construcción cultural de nuestra población evoluciona.

Una vez hayamos conseguido afianzar todos estos elementos, sin embargo, faltará aún el paso clave: la negociación del espacio público con el visitante. Pero ahora estamos mejor pertrechados para evitar las externalidades negativas, porque hemos planificado previamente, hemos potenciado ciertos espacios “escondiendo” otros, y lo hemos hecho juntos. Hemos marcado, en la medida (insistimos) de lo posible dentro de una economía de mercado, el grado de penetración y de intensidad en cada punto por parte de los turistas, y además lo hemos decidido nosotros, por lo que normalmente tenderemos a aceptarlo. Es éste un curioso mecanismo de psicología social que habla en favor de las decisiones participativas dentro del ámbito local: cuando tomamos una decisión es porque creemos que se trata de la correcta, y nos cuesta bastante contradecirnos a nosotros mismos. Una pequeña “trampa al solitario” que, en este caso específico, puede ayudarnos a la hora de construir una mejor relación entre turismo y ciudad.

La plaza del mercado, en la foto la de Varsovia, siempre ha sido el centro económico de la ciudad, y es de hecho donde surgió la economía de mercado.

Fue allá por verano de 2008 cuando todo comenzó, o mejor dicho, cuando todo se hizo evidente. Hace ya tres años, quién lo iba a decir. En aquel mes de julio, las empresas financieras públicas estadounidenses encargadas de ofrecer préstamos hipotecarios se hundían. Los aparentemente graciosos nombres de Fannie Mae y Freddie Mac se tornaron oscuros e inhóspitos, signo de que algo malo estaba por venir.

E iba a tener mucho que ver con la ciudad en su acepción más llana y física: la de grupo de viviendas. Estábamos hablando, ahora sí todos y no solo algunos expertos iluminados, de una enorme burbuja inmobiliaria. Las advertencias fueron in crescendo durante 2007, hasta la explosión. En España, de hecho, las grandes promotoras comenzaron a declararse en quiebra en aquel año. Es decir: cuando la crisis de crédito llegó de Estados Unidos, el estallido de la burbuja nacional ya estaba allí.

Y esta “tormenta perfecta” provocó una Gran Recesión. Destrucción de empleo acelerada, reducción del PIB, enormes problemas de deuda pública. Las ciudades, pues, se veían ahora afectadas en su dimensión más compleja y humana: la económica y social. Tras la caída de Lehman Brothers y la recesión de 2009, la pregunta principal para las ciudades deja de ser “qué pasará con nuestra vivienda” a “qué sucederá con nuestros habitantes”. Necesitamos un marco de análisis para abordar esta cuestión, que nos permita trabajar a nivel histórico y comparativo para detectar qué entornos urbanos y en qué circunstancias aguantan mejor la crisis, entendiendo por “aguantar” la no merma de bienestar y calidad de vida por parte de los ciudadanos, o incluso (más allá de parámetros estrictamente monetarios) su incremento.

Una situación económica como la actual solo puede ser definida como un shock para un espacio urbano, similar (salvando las distancias) a una catástrofe natural. Y ante un choque, hay tres respuestas posibles y combinables, por este orden: resistir, adaptarse y recuperarse. Estamos, por supuesto, hablando en términos sistémicos: consideramos una ciudad como un sistema económico, social, físico e informacional insertado en un entorno o ecosistema con las mismas dimensiones. De una o varias de las mismas (en este caso, de la economía internacional) viene un factor, casi una avalancha, que afecta a todo el sistema. ¿Cómo se recupera este sistema?

Al hablar de la capacidad de recuperación de un sistema determinado, hablamos de su resiliencia. Es un concepto heredado de las ciencias duras, especialmente de la ingeniería, donde se centra en la mera pérdida y posterior ganancia de equilibrio. La ecología añadió un gramo de complejidad a la idea, al incorporar los conceptos de “absorción” del shock por parte del sistema, y la posibilidad de existencia de un equilibrio nuevo y distinto tras el shock. A partir de ahí y de otras aportaciones anteriores, el economista Ron Martin (Cambridge) está trabajando en una aplicación del concepto a la geografía económica. En el ámbito español, es Ramón Marrades, un joven economista que actualmente está investigando en Holanda, quien trae el tema a nuestro ámbito. Siguiendo a estos autores, si nos quedamos en su acepción más ingenieril, simplemente hablaríamos de cómo una región económica recupera su “senda de crecimiento” (incremento del PIB y creación de empleo) tras la recesión. No estaríamos planteando si han existido cambios en la estructura, si ha aparecido un nuevo equilibrio (noción ecológica). Desde este segundo punto de vista, lo que nos gustaría saber es hasta qué punto el sistema urbano, la ciudad, ha sido capaz de absorber el shock de manera flexible, y cuál ha sido el resultado tras esta absorción.

Porque, ¿qué pasa si el shock es tan fuerte que introduce un cambio permanente? Aquí cabe introducir, como hace Martin, el concepto de histéresis. Según Wikipedia, “la histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado”. Estamos, pues, ante una idea heredada de la física, que en economía suele utilizarse aplicada al desempleo: existen situaciones en las cuales el paro aumenta hasta unos ciertos niveles, y las causas que han provocado este incremento impiden que descienda. Cabe preguntarse, por ejemplo, si la merma del sector de la construcción en España deja bolsas de desempleados insalvables en nuestras ciudades. Si el hecho de que no se espere recuperación de este sector a medio plazo, y que estemos hablando de trabajadores poco cualificados con escasa capacidad de pasar a otra rama de actividad (salvo que se trate también de una que requiera muchos trabajadores de escasa formación), marca la imposibilidad de descender el nivel de desempleo en los próximos años.

Pero aún cabe un paso más allá en la concepción de resiliencia. Si, como dice Martin, consideramos que estos efectos de “histéresis” pueden no solo ser negativos sino también positivos, se abre la posibilidad para el análisis de lo que la Teoría de Sistemas llama “sistemas adaptativos complejos”. Son “adaptativos” porque son capaces de auto-organizarse ante el shock, y son complejos porque sus elementos y las interacciones entre los mismos constituyen esta auto-organización. Estaríamos hablando, pues, de la capacidad de generar cambios internos para “aguantar” y conservar calidad de vida, pero cambiando la estructura.

Una ciudad es un caso paradigmático de sistema adaptativo complejo. En ella, como sabemos, se concentra la población, y con ello las relaciones sociales, el intercambio informacional y la actividad económica, constituyendo un entorno con relaciones definidas y separadas, aunque en constante contacto con el exterior. Su mayor o menor capacidad de adaptación, y el tipo de respuesta que ofrezca ante un shock, dependerá de sus características internas. Este esquema de Ron Martin lo expone claramente:

Esquema de outputs de un sistema económico regional adaptativo ante un shock. Fuente.

En el apartado de factores a considerar, estaríamos hablando de:

- Estructura económica. Una mayor diversificación, en principio, tiende a favorecer una adaptabilidad también mayor. Un shock externo no suele afectar a todos los sectores por igual. Por tanto, la ciudad que tenga un abanico de especialización más amplio y menos cerrado reducirá su riesgo. Es una mera cuestión de “apuesta”. Por ejemplo, las ciudades de la costa valenciana lo están pasando peor durante esta crisis porque “apostaron” por la construcción y el turismo residencial.

- Competitividad. Este es un concepto más bien ambiguo dentro de la economía, pero esencialmente se refiere a la capacidad de las empresas del entorno de “colocar” sus productos y servicios frente a la competencia. En una situación de descenso de demanda, como la que de hecho estamos viviendo, este será un factor fundamental.

- Sistema de innovación. Por descontado, nada hace más flexible a una economía que sus habilidades y herramientas para reinventarse. Una ciudad como Barcelona que tiene un sistema público-privado de innovación y transferencia de conocimiento establecido y basado en universidades de nivel y empresas colaboradoras tendrá más camino hecho.

- Base de capital humano. El nivel de formación (y la capacidad de reciclarse) de los trabajadores de una ciudad ayudan, por una parte, a la “recolocación” de potenciales desempleados. Y, por otro lado, facilitan el intercambio y generación de información compleja destinada a la innovación y, por tanto, flexibilización del sistema económico urbano ante crisis.

- Cultura empresarial. Este es el componente más ambiguo y difícilmente medible. El hábito de una sociedad determinada de emprender económica y socialmente ante una situación de crisis, ¿cómo se consigue? Más allá de argumentos dudosos sobre “mentalizar” y “educación”, lo que está claro es que hemos de dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias: formación empresarial desde la base, facilidad en la creación de empresas, incentivos para la contratación sostenida.

- Instituciones económicas y gobernanza. El marco institucional y de incentivos en que se mueve la economía local y regional imposibilita ciertas acciones y deja la puerta abierta a otras. Los objetivos, mil veces repetidos, de reducir la burocracia (que no la Administración) a la mínima expresión y controlar de manera férrea las externalidades negativas (como la contaminación), no han perdido ni un ápice de su vigencia.

Estos puntos son, por tanto, los que deberá trabajar cualquier política económica urbana si se busca que una ciudad esté preparada ante potenciales crisis. Hay que resaltar que, como puede apreciarse, no se busca un fin, no se intenta condicionar la acción del sistema o de los actores, sino que, sencillamente, se facilita y potencia al máximo la acción de los mismos. Es una “política de medios” y horizontal, y no de fines o vertical.

El objetivo es que el sistema escoja por sí mismo el “camino” más lógico de los cuatro marcados en el esquema, ordenados por grado de radicalidad en el cambio: resistencia, recuperación, reorientación, renovación.

Sistema de ciudades en Estados Unidos.

Cabe un apunte final pero fundamental: las ciudades no son sistemas cerrados. Al contrario: cada vez más están integrados entre ellos en sistemas de ciudades, de entre los cuales destacan, por evidente aglomeración, las áreas metropolitanas. Es necesario considerar si un mayor nivel de relación económica recíproca entre ciudades hace que éstas puedan actuar de manera más “resiliente” ante crisis económicas, complementando sus distintas especializaciones (estructura económica) y fortalezas en el resto de ámbitos especificados, en una suerte de solidaridad económica sistémica, si queremos utilizar términos pomposos, o mera integración económica, en lenguaje académico llano. Porque, curiosamente, al final estamos hablando de igualdad.

Un graffiti anónimo llama al voto en el Reino Unido.

Este domingo se celebran elecciones municipales en toda España. En las 8.116 localidades españolas se va a decidir cuál será el conjunto de concejales, con un alcalde al frente, que gobierne su futuro durante los próximos cuatro años.

Durante 24 horas, la “fiesta de la democracia” se vuelve micro y orgánica, trasladándose a todos los rincones del país. Un ciudadano, un voto, ni más ni menos. El sistema de reparto de estos votos es similar al que se emplea para las Elecciones Generales: los votos en un municipio se asignan a los partidos siguiendo la conocida fórmula d’Hondt, que favorece frecuentemente a las formaciones con más votos (nota: como apuntan en los comentarios, este efecto se produce particularmente cuando hay menos escaños a repartir). Aún más importante: hay una barrera del 5% para entrar en el consistorio, lo cual hace la situación aún más favorable para las organizaciones mayoritarias.

Algunos críticos del sistema afirman que este mecanismo de democracia representativa constituye prácticamente una “carta blanca” para que los alcaldes y su equipo hagan lo que deseen durante la legislatura, sin preocuparse de lo que sus ciudadanos piensen hasta las próximas elecciones. Afortunadamente, la experiencia nos dice que la política municipal no funciona así.

A un nivel tan micro de toma de decisiones, la atención ciudadana sobre la gestión del día a día es considerablemente más grande. Cualquier estudio mostrará que la influencia de la ideología y la “marca de partido” en el voto se hace menor cuanto más pequeño es el cuerpo electoral al que nos dirigimos. En los pueblos y ciudades, lo que se vota, por así decirlo, es la persona y su equipo, más que el partido al que pertenence y la ideología que procesa. En ese sentido, supone un referendum mucho más fuerte sobre las medidas que ha desarrollado. Además, se percibe muy claramente cuándo estas decisiones han afectado de una manera u otra a la vida cotidiana de uno: la decisión de construir un parque en una calle concreta, o reciclar la basura de una manera determinada, o recalificar un solar, es más palpable y aprehensible, más inmediata. Por eso la política municipal está bajo eterno escrutinio del elector. Y es un escrutinio directo, menos filtrado por los medios de comunicación, y más achacable a tal o cual acción. Eso no quiere decir, por cierto, que sea más eficiente ni más justo.

Los alcaldes y sus concejales, dentro y fuera de España, son grandes “paseantes”, en el mejor sentido del adjetivo. Se pasean sus ciudades una y otra vez, de arriba a abajo. Van a eventos, asambleas, fiestas, bodas, reuniones. Están en contacto constante y directo con los foros de discusión social y económica de la ciudad, tanto formales como informales. Se informan así, día a día, de las demandas y los sentimientos políticos de la población civil. En este proceso, de hecho, existe:

- Un capital informacional (una gran cantidad de datos cualitativos relevantes) ingente.
- Un sistema informal de consultas y mediación entre los dirigentes municipales y los ciudadanos que ayuda a tomar decisiones y resolver conflictos, fin último de cualquier proceso político.
- Una responsabilidad más o menos compartida entre quien sabe que habla con alguien con capacidad de toma de decisiones, y este “alguien”.
- Una puerta abierta a la implantación oficial de propuestas que surgen de la iniciativa ciudadana, que pueden ir desde una nueva guardería hasta la recalificación de unos terrenos protegidos para la construcción de viviendas públicas (moraleja: la participación no siempre ofrece un resultado óptimo).

Es decir: el “paseo” de alcaldes y concejales es, de alguna manera, un sistema de democracia “participativa”. Lo que sucede es que dependiendo de quiénes sean sus interlocutores y cuáles sean sus espacios de interacción, la participación estará abierta para ciertas capas de la sociedad, quedando cerradas para otras, quienes, efectivamente, solo contarán con el voto de este domingo 22 de mayo y subsiguientes comicios para decidir lo que sucede en su municipio. Y por este sumidero se nos escapan juntas la eficiencia y la justicia demasiado a menudo.

En definitiva, el tamaño del cuerpo electoral municipal y el hecho de que las políticas sean fácilmente constatables hace factible implantar mecanismos de toma de decisiones más participativos. De hecho, ya existen a nivel informal ¿Hay alguna forma de hacer estos mecanismos algo formal y accesible para todo el mundo?

0. El paso previo de siempre: reformas legales y sistemas de incentivos

En mis artículos dentro de La Ciudad Viva tiendo a insistir en un punto: una de las herramientas más potentes que tiene el sector público a su alcance es el sistema de incentivos y prohibiciones que diseña. En definitiva, las regulaciones. Cuestan poco dinero, y pueden tener unos efectos enormes.

Estas regulaciones no solo se aplican al ciudadano en general, sino también a la propia organización interna de las Adminsitraciones. Así, un problema de los Ayuntamientos (y en general del sector público español) identificado por varios politólogos es el excesivo porcentaje de cargos designados “a dedo” e intercambiables legislatura tras legislatura. Esta situación favorece enormemente el tráfico de influencias, que no es sino una forma extremadamente imperfecta y opaca de democracia participativa, en la que solo participa una élite que tiene relación con dichos cargos. Una reducción de este porcentaje, unida a un cambio en el sistema de financiación municipal que evitase recurrir al sector de la construcción para sanear y potenciar el estado de las arcas locales, favorecería mucho la regeneración democrática municipal. Y sentaría las bases para poder seguir avanzando. Sin estas bases, resultará difícil que cualquier sistema proactivo de participación formalizada como el que proponemos surja sin atajos informales.

1.  Consultas ciudadanas y recogida sistemática de información

De esto ya hemos hablado en el presente foro. De hecho, llegamos a diseñar una pequeña guía de andar por casa para la participación urbana, en la que hablábamos de cómo construir sistemas para recoger información en un marco de consultas ad hoc sobre temas concretos. Estos mecanismos constituirían una formalización del “paseo” del alcalde y su equipo, una manera de poner en negro sobre blanco, y con la transparencia necesaria para un proceso democrático, la participación urbana informal.

Por descontado, no cabe formalizar todas las conversaciones. Ni lanzar una consulta para cualquier nuevo banco en un parque o rotonda. Más al contrario, se trata de utilizar estos mecanismos de manera selectiva y segmentada: no a todos los ciudadanos les interesa lo mismo, ni en el mismo momento. Podemos, por ejemplo, lanzar consultas a la tercera edad sobre centros de día, y a los futuros progenitores y padres jóvenes sobre guarderías públicas.

El sistema de consultas está en realidad más o menos implantado en el mundo municipal español. La normativa contempla el que existan estos procesos a la hora de poner en marcha una iniciativa dentro del programa de Agenda 21 Global, o como complemento del estudio de paisaje dentro de un nuevo Plan General. Sin embargo, los resultados de estas consultas suelen quedar en agua de borrajas, o, cuanto menos, palidecen ante la decisión soberana del voto, y la más personal de las conversaciones con los equipos de gobierno. En parte porque no se cumple  la premisa 0, y en parte porque no se trata de sistemas periódicos y por tanto creíbles para el ciudadano. A la vez, el problema fundamental de cara a este último es que sabe que las decisiones no son vinculantes. Y con esto entramos en el siguiente punto de un hipotético camino hacia la democracia participativa.

2. Compartiendo la responsabilidad

Por definición, una consulta no es vinculante por sí misma. De hecho, la ley española no prevé la posibilidad de referendos vinculantes fuera de una serie de supuestos contemplados en la Constitución. Sin embargo, pueden ponerse en marcha mecanismos parciales de responsabilidad compartida. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona lo hizo con la famosa consulta para la reforma de la Diagonal. Y, de hecho, este caso supuso un fracaso manifiesto de la decisión gubernamental, asumido públicamente varias veces por la propia Administración. El equipo de Hereu, así como el propio alcalde, admiten que no realizaron el proceso contemplando las dimensiones necesarias. En otras palabras, no cumplieron adecuadamente el paso anterior, de consulta e investigación previa. Así, se comprometieron a asumir un resultado que no sabían si podrían asumir sin gran coste. En este caso, lo asumieron, pese a ser tremendamente perjudicial para ellos (el 80% de los participantes votaron que ninguna de las dos propuestas les parecía adecuada).

Resultado de la consulta para la reforma de la Diagonal de Barcelona por distritos.

¿A qué se debió esta asunción del resultado y el coste que conllevó? A que el equipo del alcalde puso una parte nada despreciable de su capital político en dicha consulta, y por tanto incumplir el “mandato del pueblo” era poco menos que traicionar su palabra de honor. Obviamente, como hemos dicho, no midió bien el espacio social, y por tanto planteó las propuestas erróneas de una manera equivocada. Sin embargo, un trabajo mayor de la investigación previa, y un sistema de consultas escalonado, podría haber ofrecido unas opciones distintas, y por tanto un resultado diferente. Estos son los aprendizajes que pareció extraer el Ayuntamiento y el equipo que lo gobierna.

La situación de los presupuestos participativos no es muy distinta en lo esencial: con triunfo o sin el, se trata de que la ciudadanía asocie al hecho de participar en las decisiones un valor determinado, alto, que luego se refleja en la “decisión máxima”, el voto. Y se trata también de que los equipos políticos sean capaces de conocer antes las necesidades y preferencias de los ciudadanos para plantear correctamente el proceso consultivo. En el caso de los presupuestos, por cierto, es muchísimo más importante (si cabe) que se cumpla el punto 0: harían falta normas férreas y bien delimitadas que evitasen usos perversos de la capacidad de decisión sobre la asignación de recursos económicos. De hecho, probablemente esto querrá decir, necesariamente, limitar la propia capacidad de decisión de la ciudadanía.

Es decir: en definitiva, en consultas relevantes, se puede conseguir que el equipo político se comprometan a cumplir un resultado formalmente (si bien no legalmente), y dicho incumplimiento sería tan pesado electoralmente que no osarían cometerlo. La cuestión es cómo conseguir el compromiso inicial, si en principio el político tiene mucho que perder. La respuesta, obviamente, es mostrándole que también tiene cosas que ganar. Y con esto pasamos al tercer y último punto.

3. Capitalización de propuestas ciudadanas

Solo una sociedad civil sólidamente construida, que valore altamente la participación desde abajo, podrá atribuir mucha importancia (incluso para decidir su voto en función de ello) al respecto y vinculación que un candidato/alcalde muestre ante el resultado de una consulta pública, o al mero hecho de plantearlo. Es en el asociacionismo ciudadano donde estos valores circulan, a través de las líneas de cooperación y resolución de conflictos que se construyen en el trabajo político más exento de ideologías y sesgos directos. Este trabajo fructifica mejor en el marco de la toma de decisiones urbanas, por supuesto, porque son más directas y sus efectos se asocian menos con el color político.

Por tanto, curiosamente, si queremos que las Administraciones no se limiten a establecer canales ocasionales de consulta, sino que además se comprometan a acatar sus decisiones aplicándolos de forma más o menos periódica, las propuestas deberán salir de nosotros. La participación, y por qué no, la presión, es la que hace ver a la Administración que existe algo que los ciudadanos desean que se haga (o que no se haga), y que van a valorar altamente el que se les pregunte y se les haga caso. Por tanto, esta misma Administración haría muy bien en prestar atención a las iniciativas que surgen desde colectivos con una cierta relevancia, organizados y con propuestas razonables (obviamente, cualquier cuestión ha de pasar un mínimo filtro técnico para asegurar resultados eficientes). Más aún cuando, supuestamente, vivimos en una época en la que la desafección política crece, como bien reflejan los datos de abstención de muchas citas electorales, en España y en toda Europa.

Así pues, mientras trabajamos en nuevas propuestas que intentamos hacer llegar a nuestros líderes locales, votemos este domingo. A quien sea, sí, pero votemos. Porque, como hemos visto, la participación empieza, paradójicamente, en la propia participación.

Cartel que llamaba al voto en las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, las primeras tras el fin de la dictadura.

Algunas referencias:

¿Por qué hay tanta corrupción en España? – Víctor Lapuente

Pequeña guía de andar por casa para la participación urbana – Jorge Galindo

El espacio público y la participación – Reyes Gallego

Pioneros de la participación – Santiago de Molina

Formulación participativa del presupuesto en el Municipio Caroní. Comparación con la experiencia de Porto Alegre - Rosa Amelia González, María Pilar García-Guadilla

¿Presupuestos participativos en España y Cataluña? - José Oscar Rebollo Izquierdo, Ricard Gomà, en el libro Ciudadanos y decisiones públicas / coord. por Joan Font, 2001

Democracia y nuevos horizontes; emergencia y límites de los Presupuestos Participativos en España - Ernesto Ganuza Fernández

2. La UE seguirá a prueba: o profundizamos en un modelo de política fiscal y económica común, o no tendremos credibilidad ninguna como Unión Monetaria ante EEUU, ni ante el nuevo epicentro del mundo, en Oriente.

3. América Latina será extremadamente importante. Brasil entra en un nuevo ciclo de estabilización económica y especialmente política y, con él, lo hace la región entera, que será foco de nuevas inversiones fuertes en los ámbitos de industria, infraestructuras y, especialmente, terciario avanzado. Aumentará la emigración de capital humano cualificado desde Europa hacia América.

4. El precio de la energía continuará en ascenso, y con él la caótica factura de la luz en España. De hecho, el debate sobre el mix energético (nuclear-gas-renovables) cogerá aún más vuelo.

5. España crecerá ligeramente, pero el paro no descenderá de manera sustancial. Dada la actual estructura del mercado de trabajo (sobre el que la reforma laboral tendrá poco efecto), para que el paro descienda de verdad, el PIB deberá crecer por encima del 3%. Y eso no sucederá en 2011.

The post Cinco previsiones para 2011 appeared first on SesiónDeControl.com.

Respecto al primer elemento de ‘influencia’, un miembro del partido aparece cada vez más en los medios: Esteban González Pons, quien sobrepasa su papel formal (de vicesecretario general de comunicación), marcando el tempo y el discurso del PP por encima de la portavoz en el Congreso. Ha llevado toda la carga ofensiva durante la crisis de los controladores, marcando mensajes tomados por los medios como la palabra de la organización.

En la segunda parte de la ‘influencia’, González Pons tiene una de las tareas más importantes de la política: el framing. Conseguir “colocar” en el público una definición de la realidad, poner el marco y dejar el resto fuera. Y lo hace cuando habla de coincidencia temporal sospechosa entre la ‘operación Galgo‘ y la comparecencia de Zapatero en el Congreso sobre el estado de alarma, una tesis que ha corrido como la pólvora entre personas no afines al Gobierno y que, antes de que él la mencionase, prácticamente no existía. Ahora existe, y ha provocando numerosas respuestas. Es la clave del framing: si te responden, has ganado.

Todo esto sólo apunta a una cosa: que González Pons dirá mucho más de lo que su relativamente modesto puesto augura en un 2011-2012 que para el PP va a ser muy interesante. Sinceramente, lleva “Ministro” escrito en la frente.

The post Quien marca el ritmo en el PP appeared first on SesiónDeControl.com.