Todo México lo sabe: el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo se han plantado frente a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no por principios ideológicos, sino por miedo a perder el dinero y los escaños que les garantiza el sistema que tanto se ha criticado. Un politólogo de la UNAM lo analiza sin filtros.

El chantaje al descubierto

El Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo intentan presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que frene o modifique su propuesta de reforma electoral. La razón es clara: tienen pavor de que se les reduzca el financiamiento público y desaparezcan los plurinominales en el Senado. La respuesta de la mandataria fue contundente: se negó a ceder y les devolvió la responsabilidad política, dejándolos solos frente a la ciudadanía para que expliquen por qué defienden sus privilegios por encima de la transformación del país.

Cómo la democracia se convirtió en negocio

Para entender el berrinche del PVEM y el PT hay que comprender lo que ocurrió en México entre 1996 y 2000: lo que se llamó «transición a la democracia» fue, en realidad, una transición hacia la democracia neoliberal. Ese proceso implicó una mercantilización radical de la política: los partidos se convirtieron en empresas, los candidatos en mercancías, las campañas en estrategias de marketing y los ciudadanos en consumidores. El voto dejó de ser un acto cívico y se convirtió en moneda de compra.

Bajo esa lógica, los partidos dejaron de representar sectores concretos de la sociedad y se volvieron organismos extremadamente pragmáticos, dispuestos a capturar cualquier voto sin importar compromisos previos. El dinero se volvió su razón de ser, y la eficiencia electoral su único objetivo.

Menos democracia interna, más poder para unos pocos

La neoliberalización de los partidos los hizo más oligárquicos. Las decisiones dejaron de tomarse en congresos abiertos con militantes y pasaron a concentrarse en pequeños grupos de tecnócratas, encuestadores y managers de redes sociales. Entre menos democracia interna, más fácil competir en el mercado electoral. Lo importante ya no es representar a nadie, sino ganar candidaturas para mantener el flujo de dinero y poder que otorgan los cargos públicos.

Cuando la ciudadanía dice que «todos los partidos son iguales», no se equivoca del todo: la neoliberalización alcanzó a todos. Ninguno se salvó de la mercantilización ni de la oligarquización, porque quienes no asumieron las reglas del juego simplemente desaparecieron del mapa.

El PVEM: el partido más oportunista del sistema

El Partido Verde es quizás el caso más emblemático de este fenómeno. Aprendió a lucrar con la bandera ecológica para extraer dividendos políticos sin comprometerse nunca con las causas ambientales reales, que exigirían señalar a los grandes capitalistas como responsables de la catástrofe climática. En cambio, prefirió pactar con ellos, lavarles la cara y cobrar el favor. Su estrategia ha sido siempre la misma: aliarse con el partido en el poder, sea quien sea, a cambio de posiciones, presupuesto y escaños.

Morena y la Cuarta Transformación sabían desde el principio con quién se aliaban. Y pese a ello, aceptaron al PVEM por sus votos, otorgándole a cambio decenas de diputaciones, municipios y hasta la gubernatura de San Luis Potosí. Ahora ese mismo partido usa su posición de ventaja para chantajear a la presidenta. El oportunismo estaba en su ADN desde siempre.

El PT: leal a AMLO, no a la transformación

El Partido del Trabajo se construyó políticamente sobre el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Supo leer el alcance de ese movimiento y se ancló a él para recibir los beneficios que llovían bajo su legitimidad electoral. Mantuvo su apariencia de izquierda para capitalizar políticamente el proyecto transformador, pero en el momento en que su subsistencia económica se pone en riesgo, da el salto y muestra sus verdaderas prioridades. No es traición ideológica porque nunca hubo una ideología sólida más allá del pragmatismo: es simplemente el sistema funcionando como fue diseñado.

La reforma electoral de Sheinbaum: modesta pero necesaria

Lo que plantea la presidenta no es una revolución que desmantele por completo la democracia neoliberal. Es una propuesta razonable y alcanzable: reducir el 25% del financiamiento público a los partidos, eliminar los plurinominales en el Senado y aumentar la fiscalización sobre el dinero electoral. Medidas que, en cualquier democracia madura, serían consideradas de sentido común. Pero en el México neoliberal, donde los partidos-empresa viven de esos recursos como si fueran derechos adquiridos, tocarlos equivale a una declaración de guerra.

La austeridad republicana no desmonta el sistema, pero sí descoloca privilegios. Reducir el presupuesto y aumentar la transparencia obliga a las oligarquías partidistas a vincularse de verdad con sus representados, o a quedar desnudas ante la ciudadanía.

La lección que la 4T no puede ignorar

Los escándalos recientes que involucran a figuras cercanas al movimiento —como las actuaciones cuestionables de Mario Delgado, Adán Augusto López, Ricardo Monreal o Julio Scherer— demuestran que incorporar agentes de la derecha no los transforma. La derecha se formó con una cultura política propia: traiciones, ventajismos, clientelismos y lealtad al gran capital. Traerlos no solo es sumar personas, es heredar sus métodos y sus vicios.

La sociedad mexicana está observando. El PVEM y el PT tienen ante sí una decisión histórica: demostrar que son aliados reales de la transformación o confirmar que solo estuvieron mientras hubo ganancias. Continuar con la reforma electoral, pese al chantaje, es la señal más clara de que en la Cuarta Transformación los principios valen más que el pragmatismo mercantilista. Y eso, en el México de hoy, es en sí mismo un acto de resistencia democrática.

Con precisión y coordinación sin precedentes, el gobierno de Claudia Sheinbaum demuestra que México no solo está listo para recibir al mundo en junio, sino que lleva un año construyendo el operativo de seguridad más ambicioso que el país haya desplegado para un evento deportivo internacional.

México en el centro del mundo: la reunión que lo confirma

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó este miércoles 4 de marzo una reunión de alto nivel con representantes de la FIFA y autoridades de las tres entidades sede del Mundial 2026: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. En la mesa de trabajo también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla; y el almirante Raymundo Pedro Morales, de la Marina.

El propio Harfuch confirmó el encuentro a través de sus redes sociales: en él se revisaron los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante el torneo internacional, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la población local como de los millones de visitantes que llegarán al país.

Tres ciudades, un solo blindaje

La coordinación no es nueva. El gabinete de seguridad lleva prácticamente un año trabajando en mesas permanentes con los gobiernos de todas las entidades federativas. Cada sede tiene sus propias particularidades logísticas y sus propios avances en infraestructura:

En Ciudad de México se están mejorando los accesos y las instalaciones del AICM y el AIFA. En Jalisco se trabaja en la renovación del Estadio de Guadalajara y en la mejora de la movilidad urbana. En Nuevo León se avanza en la construcción del monorriel más largo del continente y en la renovación de cuatro mil camiones de transporte público. Adicionalmente, el gabinete de seguridad elabora un índice de focos rojos con autoridades nacionales e internacionales para anticipar cualquier riesgo y actuar con rapidez.

Infantino confía en México; Sheinbaum lo respaldó en llamada directa

La confianza de la FIFA en México quedó sellada tras una llamada directa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del organismo internacional, Gianni Infantino. En ese contacto, el directivo ratificó la confianza de la federación en el país como sede del torneo. La mandataria fue enfática: «Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos, y todos los turistas que vengan pueden tener la certeza de que llegan a un lugar seguro, tranquilo, y que van a pasar el mejor momento de su vida.»

La FIFA también confirmó que no retirará sedes a México y que enviará un equipo técnico al país para revisar in situ la logística de seguridad, movilidad y accesos en las tres ciudades anfitrionas.

El Zócalo, epicentro mundial: 2.2 millones de fanáticos esperados

Más allá de los estadios, la Ciudad de México prepara uno de los eventos de entretenimiento público más grandes de su historia. El Zócalo capitalino albergará el FIFA Fan Festival CDMX durante 39 días, del 11 de junio al 19 de julio, transmitiendo los 104 partidos del torneo en una pantalla LED de 510 metros cuadrados, la mayor instalada en cualquiera de las ciudades sede. Se proyecta la llegada de hasta 2.2 millones de asistentes a la Plaza de la Constitución, convirtiendo al corazón histórico de México en el epicentro del fervor mundialista global. El acceso será completamente gratuito.

Coordinación con Estados Unidos: cooperación sin subordinación

El operativo de seguridad también incluye una dimensión binacional. Harfuch confirmó que existe un intercambio de información constante con autoridades de seguridad de los Estados Unidos, quienes también participan en las mesas de trabajo del Mundial. Esta coordinación se da en términos de colaboración y respeto mutuo, en línea con la postura soberana que ha caracterizado a la política exterior del gobierno de Sheinbaum.

Un México que le muestra al mundo su mejor cara

El Mundial 2026 no es solo un evento deportivo: es una oportunidad histórica para que México demuestre al mundo su capacidad de organización, su hospitalidad y la solidez de sus instituciones de seguridad. La Cuarta Transformación asumió ese reto desde el primer día de gobierno y hoy, a menos de cien días del pitazo inicial, los resultados hablan por sí solos: mesas de trabajo activas, infraestructura en construcción, protocolos validados con la FIFA y una presidenta que lidera con convicción. El mundo viene a México, y México está listo.

Por Allan Pozos

La izquierda en México siempre ha tenido claro que la transformación no es posible si no se piensa en sus juventudes. Esa visión originaria, que apuesta por el relevo generacional y que entiende que la paz se construye atendiendo las causas desde la raíz, encontró su máxima expresión institucional este fin de semana en el IEMS Iztapalapa V.

Hoy, la Ciudad de México da un brinco cuantitativo y cualitativo enorme bajo el liderazgo de Clara Brugada. La Primera Conferencia Juvenil 2026 realizada el 21 y 22 de febrero del año en curso, no fue un evento de discursos vacíos. Su objeto y finalidad legal fueron claros: generar propuestas y opiniones vinculantes que serán sistematizadas para servir como el soporte técnico fundamental en la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045.

Como bien señaló Betzabé Oviedo, representante del Consejo Joven, durante el acto inaugural: “entender que la organización colectiva es, por sí misma, un acto de rebeldía. En un mundo que busca aislar a las juventudes para alejarlas del Estado como herramienta de transformación, reconocerse como actores sociales sentados a diseñar lo público es una acción revolucionaria.”

Para garantizar que esta incidencia fuera real, la Conferencia se desarrolló bajo un enfoque de absoluta horizontalidad. Durante dos días de intenso debate territorial, 200 personas jóvenes por día, representando el músculo y la diversidad de 127 colectividades y organizaciones civiles registradas, trabajaron sin monólogos ni jerarquías.

En este engranaje, el papel del Consejo Joven resultó invaluable, fungiendo como los articuladores y moderadores del debate en las seis mesas temáticas oficiales establecidas en la convocatoria:

1. Derecho a la vivienda digna.
2. Empleo y trabajo dignos para las juventudes.
3. Rumbo a la formación artística con sentido comunitario y de justicia social.
4. Acciones que promueven la permanencia educativa.
5. Salud mental y emocional para las juventudes.
6. Decidir nuestra sexualidad: los retos.

Este monumental ejercicio cobra una relevancia histórica mayúscula. Nuestra Jefa de Gobierno ha dejado claro que el PGD es una gran apuesta al diálogo y por el retorno de lo público. A esta inmensa consulta ciudadana —que ya cuenta con 40 mil cédulas domiciliarias, 12 mil 500 planteamientos en Plaza Pública, 68 asambleas en pueblos originarios y 120 mil encuestas a niñas y niños— se suma con fuerza y organización la voz de las nuevas generaciones: 1,028 juventudes que ya han sido escuchadas y tomadas en cuenta a lo largo de 28 talleres participativos y 400 jóvenes participantes de la Conferencia Juvenil.

Es un momento de inflexión. Como bien apuntó la mandataria, planear para 20 años resulta poco; la Ciudad requiere una visión de mayor plazo y una reforma constitucional para garantizarla. Y son precisamente las juventudes quienes, con sus acuerdos, están sentando las bases de esa visión a futuro en ejes vitales como la vivienda asequible, el bienestar, la salud y el espacio público.

El éxito de esta jornada histórica fue posible gracias a la visión del Instituto de la Juventud (INJUVE), que funcionó como un sólido espacio organizativo y de propuesta logística. Mediante una labor permanente de vinculación y relaciones interinstitucionales, se logró tejer la red de alianzas que permitió sumar el apoyo metodológico del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), la voluntad del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) para cobijar estos trabajos en el corazón del territorio, y el respaldo incondicional de la Secretaría de Bienestar.

Gobernar obedeciendo significa gobernar escuchando. Porque, como sentenció Tomás Rodríguez en el discurso de clausura: “La ciudad pertenece a sus habitantes”. Hoy luchamos para que las juventudes seamos sujetos, no objetos, de la planeación.

Mientras Chihuahua encabeza cifras alarmantes de inseguridad y carencias sociales, su gobernadora panista construye un palacete de lujo con candiles de hojas de oro, cuarcita importada y arte de galería exclusiva. La investigación que la tiene acorralada.

La mansión que lo dice todo

Una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo reveló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván —conocida popularmente como «Maru Campos»— es propietaria de una lujosa residencia de 1,800 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, en la capital del estado. El inmueble, bautizado como la Mansión Dorada, cuenta con alberca, chimenea, jardín paisajístico con árboles nativos trasplantados con grúa y un baño de visitas cuyo plafón luce 400 hojas de oro auténtico. El terreno solo tiene un valor catastral de 31.7 millones de pesos, sin contar los acabados de mármol, cuarcita Taj Mahal, vitrales artesanales, muebles de alta gama y obras de arte de galería.

La versión de Maru: su marido se la construyó

Ante la presión mediática, la gobernadora salió a dar la cara en entrevista radiofónica para reconocer que la propiedad es suya, pero trasladar la responsabilidad a su difunto esposo. Señaló que la mansión se la construyó su esposo, el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, quien falleció en octubre de 2025, y negó que siguiera en construcción. Sin embargo, fotografías tomadas el 11 y 16 de febrero de 2026 muestran uno de los tres lotes aún en obra negra. Los documentos de la sucesión testamentaria y los avalúos obtenidos por SinEmbargo demuestran que Cruz Russek adquirió los lotes entre diciembre de 2023 y enero de 2025, apenas días antes de casarse con la gobernadora, y que al menos uno seguía en construcción meses después de su fallecimiento.

Cuestionada también sobre la transparencia de su patrimonio, la mandataria declaró: «Mi vida es limpia, mi vida es transparente». No obstante, sus propias declaraciones patrimoniales presentan vacíos que no detallan varias de sus operaciones inmobiliarias, y se negó a responder el cuestionario que SinEmbargo le remitió desde el 20 de febrero.

El rastro del duartismo: dinero que huele a nómina secreta

Lo más grave de la investigación no es el lujo en sí, sino de dónde pudo venir el dinero. La red de operaciones inmobiliarias ligadas a Maru Campos involucra a José Luis García Mayagoitia, exsecretario de Hacienda y excontralor durante el gobierno de César Duarte, actualmente en prisión por corrupción. Las firmas Mykonos e Inmobiliaria Sisoguichi, vinculadas a García Mayagoitia, aparecen en compraventas, permutas y cesiones de terrenos relacionados tanto con la Mansión Dorada como con otras propiedades de la gobernadora o de su empresa, la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, en la que la mandataria reconoció poseer el 98% de participación.

Cabe recordar que Campos Galván fue señalada en su momento por haber recibido presuntamente más de 9 millones de pesos provenientes de la tristemente célebre nómina secreta de Duarte —mecanismo con el que se distribuyeron al menos 1,100 millones de pesos entre empresarios, legisladores, sacerdotes y periodistas a cambio de favores políticos—. Fue vinculada a proceso penal, aunque dicha causa se diluyó misteriosamente tras su victoria electoral en 2021.

Un patrimonio que explotó al llegar al poder

Los números no mienten. En pagos como funcionaria pública, Campos acumuló 13 millones de pesos en el periodo analizado, a los que se suman otros 13 millones obtenidos por enajenación de bienes entre 2021 y 2024. En ese mismo periodo, su empresa adquirió propiedades por 43 millones de pesos y bodegas por 37 millones adicionales, algunas de las cuales han sido arrendadas a instancias municipales, generando así un círculo de negocios entre el sector público y el privado. La riqueza inmobiliaria de la mandataria se disparó justo al llegar al poder, incrementando su patrimonio reconocido a casi 40 millones de pesos en propiedades.

Seguridad pública para proteger la mansión, no a los ciudadanos

Mientras la ciudadanía chihuahuense clama por más policías en las calles ante una crisis de inseguridad que no cede, la Mansión Dorada es custodiada permanentemente por al menos 12 elementos de la Fiscalía Estatal, además de escoltas privados para la familia de la mandataria. El contraste es brutal y simbólico: los recursos del Estado, al servicio del privilegio.

Sheinbaum exige transparencia; el Congreso local, en la mira

La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en pronunciarse sobre el caso. Durante su conferencia matutina del 2 de marzo, señaló que la Fiscalía de Chihuahua y el Congreso local deben revisar el origen de los recursos de la Mansión Dorada, y advirtió que si hubiera recursos federales involucrados, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República tendrían que intervenir. La 4T hace lo que la oposición jamás hizo: exigir cuentas, aunque duela.

Una gobernadora de cristal

El caso de la Mansión Dorada de Maru Campos no es un asunto menor ni anecdótico: es el reflejo de cómo las élites políticas del bloque conservador han operado históricamente en México, utilizando el poder público como trampolín hacia la acumulación privada. Mientras el proyecto de la Cuarta Transformación avanza en transparencia, austeridad republicana y combate a la corrupción, el PAN en Chihuahua gobierna para unos pocos, se rodea de los mismos operadores del pasado corrupto y construye mansiones doradas. La ciudadanía merece saberlo, y merece exigir cuentas.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentada este miércoles ante la Cámara de Diputados, busca transformar de raíz el sistema electoral mexicano con austeridad, democracia directa y tecnología como ejes centrales.

La Cuarta Transformación da otro paso en su proyecto de refundación democrática. La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea los cambios más profundos al sistema electoral mexicano en décadas, con un eje claro: devolver al pueblo lo que los partidos y burócratas electorales se habían apropiado en forma de privilegios, sueldos y plurinominales.

Un Congreso más cercano al pueblo

La iniciativa propone reducir el Senado de 128 a 96 senadurías mediante la eliminación completa de las 32 senadurías de representación proporcional (plurinominales). Con este cambio, quien quiera llegar al Senado deberá ganarse el voto de la ciudadanía en las urnas, sin atajos ni favores de cúpula. La propia presidenta Sheinbaum lo dejó claro: «¿Quieres ser senador? Busca el voto popular».

En la Cámara de Diputados se mantienen los 500 integrantes, pero se modifica radicalmente la forma de asignar las 200 curules de representación proporcional para evitar designaciones cupulares. Cien de esas curules serán para quienes, sin haber ganado en su distrito, obtuvieron los mejores porcentajes de votación para su partido.

El fin de los privilegios: 12 mil millones de pesos de ahorro

Uno de los puntos más contundentes de la reforma es el recorte al gasto electoral. Se proyecta un ahorro estimado de 12,000 millones de pesos, lo que representa una reducción del 25 por ciento en el costo total de los procesos electorales, proveniente del recorte al financiamiento público ordinario de los partidos, el ajuste salarial para que ningún funcionario del INE o del Tribunal Electoral perciba un sueldo mayor al de la Presidenta de la República, y la modernización de los procesos técnicos.

La fórmula para el gasto ordinario de los partidos baja del 65% al 48.75% del valor de la UMA multiplicado por el padrón electoral, y los tiempos en radio y televisión a disposición del INE se reducen de 48 a 35 minutos diarios durante periodos electorales.

Fiscalización en tiempo real: cero dinero sucio

La corrupción en el financiamiento electoral tendrá un cerco sin precedentes. El INE tendrá acceso en tiempo real a todas las operaciones financieras de partidos y candidatos, y se prohíben las aportaciones en efectivo, por lo que todos los recursos deberán manejarse dentro del sistema financiero. Adicionalmente, se prohíbe de forma explícita que partidos o candidatos reciban recursos de gobiernos, fondos de inversión o personas físicas extranjeras.

La IA en las elecciones: regulación pionera en América Latina

México se convierte en uno de los primeros países de la región en constitucionalizar el uso de la inteligencia artificial en procesos electorales. Todo contenido electoral modificado con IA deberá estar etiquetado, y las plataformas digitales y concesionarias serán responsables de identificar y advertir sobre contenido no etiquetado. Se trata de una medida que busca frenar los deepfakes, los bots y la desinformación automatizada que amenazan la integridad de las elecciones en todo el mundo.

Democracia directa: el pueblo decide

Fortalecer la democracia participativa es uno de los cuatro ejes de la propuesta. Se busca que en todas las legislaciones locales se incluyan las figuras del referendo, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, para que sea el pueblo el que mande y el que tome decisiones. Los resultados de estas consultas serán vinculantes si participa al menos el 40% de la lista nominal.

Una reforma con sello de la 4T

Esta iniciativa no es solo una modificación técnica al andamiaje electoral: es la continuación del proyecto transformador que comenzó en 2018. Menos burocracia dorada, más voto directo; menos privilegios para partidos, más recursos para el pueblo; menos opacidad, más fiscalización. La reforma electoral de Sheinbaum llega al Congreso con la fuerza de un mandato ciudadano y el respaldo de un proyecto de nación que pone a la gente primero.

Por Alberto Garzón Espinosa

La tecnología y las máquinas deberían servir para liberar al ser humano, no para afianzarlo a esa rueda del hámster que es el capitalismo. De hecho, el problema no es que existan esclavos energéticos, sino quién los controla, con qué propósito y en beneficio de quién

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se ha defendido de las acusaciones de despilfarro energético de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) argumentando que también se gasta mucha energía para entrenar a un humano. Según Altman, si contamos toda la energía que un ser humano necesita desde su nacimiento hasta ser productivo —unos 20 años, de acuerdo con sus cálculos—, entonces la IA es igual o más eficiente energéticamente. Como era previsible, esta analogía entre máquinas y seres humanos ha sido muy criticada por deshumanizadora, pues sugiere una equivalencia moral entre, por ejemplo, mantener con vida a un bebé y el entrenamiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que la crítica debe situarse en un plano mucho más profundo.

La virtud de la analogía de Altman es que es técnicamente correcta, al menos en primera instancia. Desde el punto de vista energético, tanto las máquinas como los organismos vivos somos entidades que requieren la “ingesta” continua de energía para poder “funcionar” —lo que en términos físicos supone realizar trabajo—. Lo que varía es el tipo de combustible que necesitamos, ya que mientras las máquinas pueden utilizar la madera, el carbón, el petróleo, la electricidad… los seres humanos estamos más limitados y nuestro metabolismo solo acepta lo que nuestras enzimas pueden transformar, como los alimentos: no podemos comer carbón ni beber petróleo. Pero el proceso bioquímico es básicamente el mismo, y digerir un terrón de azúcar libera aproximadamente la misma cantidad de energía química que quemarlo al aire libre, aunque mediante procesos distintos. Esta es la razón por la que es posible medir las diferentes formas de la energía en la misma unidad: julios o calorías, por ejemplo. Desde el punto de vista energético, ¡somos comparables!

Lejos de ser algo obsceno, este punto es central para comprender tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de las sociedades contemporáneas. Y de paso me permite darle la vuelta al argumento de Altman. Baste un ejemplo elemental al que me gusta recurrir: si las aristocracias griega y romana podían trasladarse de un lado a otro sin caminar era porque tenían a su disposición a un grupo de esclavos humanos que usaban su potencia para llevar al propietario de un lado a otro. Eso sí, a los esclavos había que alimentarlos continuamente; lo que no siempre era barato. Hoy, esos esclavos han sido sustituidos por vehículos de transporte que, debido a su enorme potencia física, además pueden conseguir velocidades mucho mayores; pero también hay que alimentarlos, solo que con combustibles fósiles —y con electricidad en el caso de los eléctricos—. Para hacernos una idea, un SUV de 250 caballos trabajando a potencia máxima es equivalente a unos 2.000 esclavos humanos trabajando simultáneamente. Debido a lo barato de los combustibles fósiles y la falta de problemas morales para “explotarlos”, la generalización de estas máquinas ha permitido una elevación del bienestar material de gran parte de la sociedad en los últimos 250 años. Así, la era del antropoceno es también la era de la masificación de los esclavos energéticos.

Si esta equivalencia energética chirría a nuestro sentido común es precisamente porque hemos naturalizado lo que el antropólogo Alf Hornborg llama el fetichismo de las máquinas, es decir, que miramos hacia otro lado respecto a los flujos de energía y recursos naturales que son necesarios para hacer funcionar a nuestras máquinas (desde secadores de pelo hasta vehículos de transporte, pasando por ordenadores y otros productos electrónicos). Lo cierto es que el mantenimiento de toda nuestra tecnoestructura —de todas esas máquinas que sostienen la vida moderna, particularmente en los países desarrollados— depende de la entrada continua de recursos y energía, procedentes muchas veces de otras partes pobres y explotadas del mundo, y además genera costes ambientales, que también suelen externalizarse. Y, como sucede con nuestros organismos, si dejamos de incorporar energía como “alimento”, las máquinas se convierten en cacharros inútiles. El propio Hornborg suele contar que, con el colapso de la Unión Soviética y el desabastecimiento local de muchos suministros, los agricultores rusos pronto se dieron cuenta de que sin gasoil sus tractores eran poco más que chatarra. 

Hoy sabemos que la generalización de las máquinas impulsadas por combustibles fósiles no solo ha mejorado nuestro bienestar material —porque ha permitido elevar la productividad económica a niveles sin precedentes en términos históricos— sino que, como afirmó el historiador Tony Wrigley, también ha abierto la caja de Pandora: el impacto ecológico es descomunal, empezando por el cambio climático que amenaza la vida misma en el planeta. El reto civilizatorio actual es, de hecho, ser capaces de transitar hacia nuevas fuentes de energía renovables que alimenten a nuestras máquinas y que permitan sostener formas de bienestar material compatibles con los límites del planeta. No hay urgencia mayor que esa en términos históricos.

Llegados a este punto podríamos cuestionar si de verdad estamos disfrutando de ese bienestar material. Está fuera de toda duda que tanto las máquinas como la tecnología están cada vez más avanzadas, como demuestra la espectacularidad de la inteligencia artificial. Pero si observamos las condiciones de trabajo de los seres humanos, estas no han variado tanto a lo largo de las décadas; y cuando lo han hecho ha sido a peor: precariedad, flexibilidad, explotación… Los seres humanos seguimos siendo un hámster en la rueda de la producción capitalista, y las máquinas no nos están liberando, sino que se están adaptando a ese destino trágico. Es aquí donde se encuentra la carga de profundidad del comentario de Sam Altman: para qué sirve realmente la IA.

Cualquier avance tecnológico es, potencialmente, liberador: en tanto permite producir lo mismo en menos tiempo, abre la puerta a que el ser humano disfrute de más ocio y menos trabajo. El problema es que cuando la tecnología se inserta en un sistema institucional como el capitalismo, esa puerta se cierra para siempre y solo queda emplear todos los recursos en producir más cantidad en el mismo tiempo —o en más tiempo, si las condiciones sociopolíticas lo toleran—. Esto es a lo que se refiere Sam Altman cuando sugiere que un ser humano solo es productivo al llegar a los 20 años, dando por hecho que todo el tiempo previo es una simple inversión energética. Así, lo importante para él parece limitarse al carácter “productivo” del instrumento, sea una máquina o un ser humano. El punto crítico no es que compare los consumos energéticos de máquinas y seres humanos, sino que conceptualiza a ambos como sacrificios necesarios para un bien mayor: el del beneficio privado capitalista. 

El problema, por lo tanto, no es la tecnología, sino el capitalismo. Aunque las alarmas hayan saltado al expresarse una equivalencia energética entre máquinas y humanos, lo verdaderamente problemático es que no estemos cuestionando que las máquinas —y ello incluye a la inteligencia artificial, que es una tecnología que requiere un consumo brutal de recursos naturales y energía— estén únicamente al servicio del beneficio empresarial. No se trata de elegir entre máquinas y humanos, como pensó el movimiento luddita en el siglo XIX o como ocurre con el debate contemporáneo sobre la automatización de empleos, sino de conseguir construir una sociedad donde las máquinas sean “esclavas” no solo energéticamente sino también políticamente. 

Al fin y al cabo, la tecnología y las máquinas deberían servir para liberar al ser humano, no para afianzarlo a esa rueda del hámster que es el capitalismo. De hecho, el problema no es que existan esclavos energéticos, sino quién los controla, con qué propósito y en beneficio de quién. Utilizadas de otro modo, esas mismas tecnologías podrían permitirnos vivir mejor dentro de los límites del planeta, reduciendo el tiempo de trabajo necesario y ampliando el tiempo de ocio y disfrute. A esa posibilidad muchos la llamamos ecosocialismo. Y ofrece un horizonte mucho más amable para la vida y, seguramente, el único viable.

 @agarzon

Ciudad de México.— La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respaldó el rumbo económico de México y destacó la estabilidad macroeconómica del país, así como la fortaleza de su sistema financiero, en un contexto global marcado por la incertidumbre comercial, tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados.

El reconocimiento se dio durante la presentación del Estudio Económico de México 2026, encabezada por autoridades hacendarias y por el secretario general del organismo, Mathias Cormann, quien subrayó la resiliencia de la economía mexicana frente a los choques externos.

De acuerdo con el análisis, México mantiene fundamentos sólidos gracias a una política fiscal prudente, instituciones financieras robustas y un manejo macroeconómico que ha permitido sortear turbulencias internacionales sin episodios de inestabilidad severa.

Estabilidad pese a la incertidumbre global

El informe resalta que la economía mexicana ha demostrado capacidad de resistencia ante factores adversos como la desaceleración mundial, las tensiones comerciales y los cambios en las cadenas de suministro.

La OCDE subrayó que el país conserva estabilidad financiera y credibilidad internacional, elementos clave para mantener el acceso a financiamiento y la confianza de inversionistas.

Además, reconoció la gestión responsable de las finanzas públicas y la solidez del sistema bancario, que ha permanecido estable incluso en escenarios de volatilidad externa.

Crecimiento moderado pero sostenido

Aunque el organismo prevé un crecimiento moderado, considera que México mantiene una trayectoria positiva en comparación con el complejo entorno internacional.

Las proyecciones apuntan a un crecimiento cercano al 1.4% para 2026 y alrededor de 1.7% para 2027, impulsado principalmente por el consumo interno, el empleo y la desaceleración de la inflación.

El consumo privado se perfila como el principal motor económico, favorecido por niveles de desempleo relativamente bajos y condiciones monetarias más estables.

Asimismo, la OCDE elevó ligeramente sus estimaciones respecto a pronósticos previos, señal de que la economía mexicana ha mostrado mayor resiliencia de la esperada.

Inflación bajo control y política monetaria prudente

Otro elemento destacado es la tendencia descendente de la inflación, que se acerca al rango objetivo del Banco de México. Este comportamiento ha sido atribuido a políticas monetarias prudentes y a la normalización gradual de los precios tras episodios inflacionarios globales.

La estabilidad de precios es considerada por el organismo como una condición esencial para la recuperación del poder adquisitivo y la consolidación del crecimiento económico.

Reconocimiento con recomendaciones

El respaldo de la OCDE no excluye advertencias. El organismo señaló que México debe continuar fortaleciendo su base fiscal, reducir la informalidad y elevar la productividad para sostener un crecimiento más robusto en el largo plazo.

Entre las recomendaciones se encuentran:

• Consolidar las finanzas públicas mediante mayor eficiencia en ingresos y gasto
• Impulsar la inversión en infraestructura y energía
• Reducir cuellos de botella productivos
• Combatir la informalidad laboral

Estas medidas buscan evitar que el crecimiento se estanque en niveles modestos y permitir una expansión económica más dinámica.

Un mensaje de confianza internacional

El aval de la OCDE tiene peso político y financiero, pues se trata de uno de los organismos económicos más influyentes a nivel mundial. Sus evaluaciones suelen incidir en la percepción de riesgo país, las decisiones de inversión y la credibilidad de las políticas públicas.

En un escenario global incierto, el diagnóstico del organismo apunta a que México cuenta con bases macroeconómicas suficientes para enfrentar choques externos sin comprometer su estabilidad.

Más allá de las cifras, el mensaje central es que el país mantiene equilibrio financiero, disciplina fiscal y resiliencia económica, condiciones indispensables para sostener el desarrollo y atraer capital productivo.

En términos prácticos, el informe coloca a México como una economía estable dentro del conjunto de países emergentes, aunque con el reto pendiente de acelerar el crecimiento y mejorar la productividad para elevar el bienestar de la población.

Ciudad de México.— Petróleos Mexicanos (Pemex) logró reducir su deuda financiera a su nivel más bajo en más de diez años, un indicador que el Gobierno federal presenta como señal de recuperación y fortalecimiento de la empresa productiva del Estado tras años de deterioro financiero.

De acuerdo con cifras oficiales, el saldo de la deuda cerró 2025 en aproximadamente 84,500 millones de dólares, lo que representa una disminución cercana al 20% respecto a 2018 y el nivel más bajo en once años.

La reducción equivale a unos 20 mil millones de dólares menos que al inicio del periodo, una caída significativa para una compañía que llegó a ser considerada la petrolera más endeudada del mundo.

De tendencia ascendente a descenso sostenido

Durante las décadas previas, la deuda de Pemex creció de manera acelerada. Entre los años de reformas energéticas y caída de la producción, la empresa acumuló compromisos financieros cada vez mayores.

Autoridades energéticas señalan que en ese periodo el endeudamiento aumentó cerca de 129%, tendencia que se habría revertido en los últimos años mediante refinanciamiento, disciplina presupuestal y apoyo gubernamental.

Datos comparativos muestran que la deuda pasó de niveles superiores a los 100 mil millones de dólares al final del sexenio anterior a los actuales 84.5 mil millones.

Coordinación financiera y rescate estructural

El ajuste no se atribuye a una sola medida, sino a una estrategia integral que incluyó:

• Reestructuración de pasivos
• Refinanciamiento de vencimientos
• Apoyo fiscal del Gobierno federal
• Optimización operativa
• Incremento en inversión productiva

Funcionarios han destacado la coordinación entre Pemex, Hacienda, la Secretaría de Energía y otras instituciones financieras públicas como factor clave para reducir la carga financiera.

Además, agencias calificadoras internacionales han reconocido mejoras en la posición crediticia de la empresa tras estos ajustes, algo que no ocurría desde hacía más de una década.

Más inversión para sostener la recuperación

Paralelamente a la reducción de deuda, el plan estratégico contempla aumentar la inversión para recuperar producción y modernizar infraestructura.

Para 2026 se proyecta un incremento cercano al 34% en inversión, principalmente en exploración y producción, con el objetivo de fortalecer ingresos y consolidar la autosuficiencia energética.

El Gobierno federal ha planteado incluso que, hacia finales de la década, Pemex pueda operar sin depender de rescates financieros recurrentes.

Persisten desafíos estructurales

Pese a la mejora, especialistas advierten que la empresa sigue enfrentando retos importantes. Pemex continúa siendo una de las petroleras con mayor deuda del mundo y mantiene compromisos significativos con proveedores y obligaciones financieras futuras.

Algunos análisis subrayan que la reducción se ha apoyado también en recursos públicos, lo que traslada parte del costo a las finanzas nacionales.

Asimismo, la sostenibilidad de la mejora dependerá de factores como:

• Evolución de la producción petrolera
• Precios internacionales del crudo
• Eficiencia operativa
• Control de costos
• Política fiscal aplicable a la empresa

Un indicador con peso político y económico

Más allá de las cifras, la reducción de la deuda tiene implicaciones estratégicas. Pemex es una pieza central de las finanzas públicas, del sistema energético y de la soberanía económica del país.

Su estabilidad influye en la percepción de riesgo de México, en el tipo de cambio, en la inversión y en la capacidad del Estado para financiar políticas públicas.

El descenso de la deuda, por tanto, no sólo refleja la situación de una empresa, sino la de un sector clave para la economía nacional.

Durante el proceso electoral de 2024, la oposición –liderada por el empresario Claudio X González Guajardo– desplegó una campaña mediática, política y judicial para presionar al Tribunal Electoral y forzarlo a resolver el reparto de diputaciones por representación proporcional contra la Constitución. Por sufragio, la mayoría calificada le correspondía a la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia”. De haberse concretado lo que pretendían los opositores habría significado un “golpe de Estado técnico” por la vía judicial, denuncia –en entrevista– el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF

En el contexto de las elecciones de 2024, la oposición desplegó una campaña mediática, política y judicial que tuvo por objetivo presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de calificar los comicios, resolver el reparto de diputaciones por representación proporcional, denuncia el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF.

En entrevista para Contralínea, agrega que lo que se buscaba con estas estrategias era forzar a las y los magistrados electorales a fallar contra lo que marca la Constitución, y evitar que la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia” –conformada por los partidos Morena, Verde y PT– tuviera la mayoría calificada. Considera que –de haberse concretado– habría significado un “golpe de Estado técnico”, pues dicha coalición obtuvo las curules en las urnas.

“Se montó una campaña de propaganda contra el Tribunal para efecto de que el Tribunal se doblara, no aplicara la Constitución y no siguiera ninguno de los precedentes; […] peor aún, se desplegó una campaña mediática donde pusieron nuestros rostros en espectaculares montados en la Ciudad de México, además en redes sociales. Se hizo bastante presión”, detalla el magistrado electoral.

La oposición utilizó todas las vías posibles para evitar asumir su derrota electoral, que derivó en la pérdida de espacios en el Congreso de la Unión, señala De la Mata. Como ejemplo no sólo cita el despliegue de espectaculares en las inmediaciones de los domicilios particulares de los magistrados, sino también la campaña mediática para descalificar al propio Tribunal Electoral, con el claro objetivo de desvirtuar el debate público y orientarlo hacia una supuesta “sobrerrepresentación” en favor de las bancadas de Morena, PT y PVEM.

Para el magistrado, se trató de una estrategia sistemática de presión política y mediática contra el Tribunal Electoral, orientada a forzar resoluciones contrarias a la Constitución y a precedentes históricos establecidos con la reforma electoral de 2009, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) –hoy Instituto Nacional Electoral (INE)– fijó criterios sobre la asignación de curules de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

De la Mata explica que, al tratarse de un tema con lineamientos constitucionales explícitos y una línea jurisprudencial constante –reiterada en los procesos electorales de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024–, la resolución “debió haber sido muy sencilla”, debido a que los juzgadores únicamente tenían que aplicar la literalidad de la ley. Sin embargo, tras los resultados adversos en la elección de 2024 para la oposición –PAN, PRI y el ahora extinto PRD–, la apuesta fue a una campaña de propaganda para intentar que el TEPJF “se doblara” y dejará de aplicar estos precedentes, lo que habría vulnerado a las instituciones y a la democracia.

“El Tribunal no se dobló, hicimos lo correcto y aplicamos la Constitución; sin embargo, la propaganda de este mismo grupo sigue, ellos siguen hablando. […] No se puede obligar a un órgano jurisdiccional a tomar decisiones en contra de la ley, y menos cuando los resultados ya se habían dado a conocer. Cambiar las reglas después de conocer los resultados habría significado un fraude en la mesa o un golpe de Estado técnico, algo gravísimo”, afirma el magistrado De la Mata. Reitera que la presión se dio desde distintos frentes.

El doctor en derecho Felipe de la Mata afirma que recuerda que en esa embestida participaron académicos, intelectuales, “líderes de opinión”, analistas, integrantes del Poder Judicial de la Federación y hasta de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No sólo participaban en medios de comunicación, sino que escribieron cartas para favorecer a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en la sentencia SUP-REC-35/05/2024 y sus acumulados, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Incluso grupos empresariales importantes empezaron a cabildear para que no se tomara la decisión establecida en los límites constitucionales y, bueno, la verdad es que la presión fue alta”, explica el magistrado a Contralínea. Destaca que ceder a esas exigencias habría implicado entregar el control de la Cámara de Diputados a fuerzas políticas que no obtuvieron ese respaldo en las urnas.

Las presiones que refiere el magistrado De la Mata también se enuncian en su libro Entre la Constitución y la campaña mediática –también coordinado por la maestra Martha Alejandra Tello Mendoza–, de reciente publicación. Ahí se da cuenta, por ejemplo, de las declaraciones de la expresidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien acusó que ella y sus compañeros habían recibido amenazas “incluso personales y familiares” por resolver con libertad y apego a derecho.

Marea Rosa, de Claudio X, entre los que presionaron

La narrativa sobre una supuesta inconstitucionalidad por “sobrerrepresentación” en la asignación de diputaciones de representación proporcional en 2024 fue impulsada de forma directa por la llamada Marea Rosa, grupo opositor ligado al empresario Claudio X González Guajardo y a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Su consigna era clara: deslegitimar a las autoridades electorales, presionar para modificar criterios constitucionales vigentes y vulnerar la democracia, asegura la maestra Martha Alejandra Tello Mendoza, especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Justicia Constitucional.

En entrevista con Contralínea, la especialista explica que también en las esferas electorales se vivió unblacklash judicial (reacción adversa), entendido como un fenómeno en el que una sentencia genera críticas, resistencia social o tensión institucional. Esa reacción negativa fue amplificada desde el ámbito político y mediático contra el fallo judicial, para impactar en la opinión pública y erosionar la legitimidad del TEPJF.

Al ser consultada sobre la importancia del libro Entre la Constitución y la campaña mediática para aclarar la controversia generada por la asignación de diputaciones plurinominales en 2024, la maestra Tello considera que su publicación sirve para desmontar la narrativa construida desde ciertos sectores políticos y mediáticos, orientada a desinformar y a crear en el imaginario colectivo la idea de que hubo “un robo” en la asignación de escaños.

“Lo más grave de los descalificativos es que se llevó al debate de deslegitimar a las autoridades electorales. Fue tal la presión hacia las autoridades electorales y la narrativa repetida una y otra vez por específicas personas, específicos medios, que en el imaginario colectivo de muchas personas se dio esta idea de que hubo un robo en el proceso de asignación de las diputaciones, y que las autoridades electorales están cooptadas por Morena.”

Con mentiras, se buscó sembrar la desconfianza hacia las autoridades electorales, consideró la magistrada Soto Fregoso. En el libro se cita la siguiente reflexión de quien entonces presidía la Sala Superior del TEPJF: “no habíamos visto algo así en esa magnitud. Y creo que eso es lo más grave: que voces que están todo el tiempo llamando a cuidar a las instituciones, este movimiento de la Marea Rosa, por ejemplo, que estaban defendiendo al INE, son las mismas personas que, si no comparten su interpretación de la Constitución, no tienen ningún empacho en acusarlas de ‘vendidas’ a las propias autoridades”.

La obra Entre la Constitución y la campaña mediática también detalla que en el 2024 se pretendió exigir a las autoridades electorales un cambio en los criterios de asignación que se han seguido de manera ininterrumpida durante más de una década. Sin embargo, dichos criterios cuentan con sustento constitucional y una línea jurisprudencial consolidada, por lo que cualquier modificación habría implicado una alteración arbitraria de las reglas y una vulneración a los marcos constitucionales.

“Eso a mí me parece muy grave, porque las instituciones son muy importantes para mantener cualquier democracia y establecen la confianza ciudadana. Es muy importante la legitimidad, la confianza. Fue muy irresponsable la manera en que se abordó por parte de este grupo de académicos y también por algunos medios de comunicación este tema. Entonces, creo que eso es lo más grave al final del día, que se empobrece, además, el debate público; y cualquiera que opine lo contrario es descalificado”, expone la maestra Alejandra Tello Mendoza.

México necesita una reforma en materia electoral

Desde su creación, el sistema de representación proporcional ha enfrentado múltiples críticas. No obstante, a partir de 2009 las autoridades electorales –tanto administrativas como jurisdiccionales– han interpretado y aplicado de manera consistente la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales, sin grandes variaciones. En este marco, se ha sostenido que el límite de la sobrerrepresentación es una figura destinada exclusivamente a los partidos políticos, y no a las coaliciones.

Así ocurrió en las elecciones federales de 2009 a 2021, por lo que en el proceso electoral de 2024 no existía una razón jurídica ni una justificación constitucional válida para modificar dicha interpretación. Incluso, en 2015 y 2018 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió de manera categórica que eran los partidos –y no las coaliciones– quienes debían participar en el reparto de diputaciones de representación proporcional, así como que la verificación del límite de sobrerrepresentación era aplicable únicamente a institutos políticos.

Bajo este panorama, en los últimos años el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de impulsar una nueva reforma en materia electoral. En particular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado abiertamente la necesidad de revisar el diseño institucional del sistema electoral, para lo cual conformó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, encargada de recabar las inquietudes de la ciudadanía, así como los análisis de especialistas y académicos.

Y fue el pasado 25 de febrero cuando se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral en la “mañanera del pueblo”. Ésta se compone de 10 puntos: 1) eliminación de las listas de los partidos políticos para la representación proporcional del Congreso de la Unión; 2) reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones; 3) mayor fiscalización; 4) voto en el extranjero; 5) disminución de los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios; 6) regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots; 7) cómputos distritales; 8) democracia participativa; 9) prohibición al nepotismo; y 10) no reelección.

“Yo como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Estoy obligada a enviarlo. ‘Oye, ¿qué es partido de Estado? No. Oye, quitamos la autonomía al INE. No’. Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser regidor, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para la maestra en derecho electoral Alejandra Tello Mendoza, México requiere una reforma en materia electoral que realmente atienda las demandas sociales de fondo y no se limite a ajustes coyunturales o a ciertas disputas partidistas, sino que fortalezca la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones.

“Me parece falaz argumentar que no es necesario una reforma electoral tratando de salvaguardar lo que hay hoy. Creo que siempre hay que poner las cosas en su justa dimensión y por supuesto que se necesita una reforma electoral y el debate de la sobrerrepresentación lo deja en claro. Lo que nosotros argumentamos es que sí es necesario afinar el sistema electoral porque obviamente tiene muchas distorsiones”, indica la experta en la materia.

Agrega que entre los temas que se deben revisar está el funcionamiento de las coaliciones y la militancia efectiva de los partidos deben revisarse y regularse de manera expresa en la ley. “Hay muchísimos temas pendientes. Por eso me parece falaz que algunos académicos digan que no es necesaria una reforma electoral, sobre todo cuando ellos mismos participaron en el discurso de que el sistema no favorece a los partidos en el poder”.

Con ello, Tello considera la posibilidad de que las principales líneas de una eventual reforma electoral no alcancen los votos suficientes para modificar la Constitución, particularmente en el escenario de que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” –conformada por los partidos Morena, PT, PVEM– no logre construir los consensos necesarios para una reforma de carácter constitucional.

Lo anterior, explica, confirma uno de los argumentos centrales de su libro: que, a pesar de las acusaciones de “sobrerrepresentación”, ningún partido por sí solo puede cambiar el marco constitucional. “Hoy vemos que un solo partido no puede cambiar la Constitución, se necesita sí o sí de otras fuerzas políticas y creo que eso fue lo que se buscó con la reforma de 1996. Entonces, regresando al tema de la reforma electoral, sí. Evidentemente, a partidos pequeños como el PT o el Verde, evidentemente, no les conviene la eliminación, por ejemplo, de las plurinominales o su reducción, la reducción del financiamiento público”.

Al ahondar en este análisis, la investigadora retoma las críticas del politólogo italiano Giovanni Sartori, quien fue particularmente severo con el sistema mixto mexicano al considerar que combina “lo peor de dos mundos”; es decir, la lógica de la mayoría relativa con los efectos distorsivos de la representación proporcional.

“Soy más partidaria de sistemas de mayoría que permitan la formación de gobiernos fuertes, con todos los riesgos que eso implica. Pero hoy, viendo cómo está el mundo, necesitamos capacidad real de gobierno”, señala. En esa línea, cita a teóricas como Nancy Fraser y Chantal Mouffe, quienes han advertido sobre la necesidad de Estados soberanos robustos capaces de confrontar el poder económico y financiero global”.

Al respecto, dice que en muchas ocasiones, los sistemas electorales tienden a diluir el poder, “y eso ocurre especialmente con la representación proporcional en regímenes presidenciales”. “Pero más allá del debate técnico, lo más importante es que cualquier reforma sea consensuada, que incorpore al mayor número posible de actores políticos”.

Finalmente, la maestra Tello Mendoza reconoce que el escenario actual no parece propicio para una negociación amplia. Sin embargo, el resultado aún está por delinearse. “Lo ideal es que hubiera a disposición de ambas partes, tanto de la oposición como de los partidos en el poder negociar una reforma con todas las voces. No vemos que eso esté ahorita para el escenario. La oposición lleva muchos años también poniéndose en una situación de moratoria constitucional. Y bueno, tampoco los partidos en el poder necesitan a la oposición para legislar, seamos realistas. Y lo que se requiere al final del día es un consenso para que tenga legitimidad”.

Ciudad de México.— A menos de una semana del operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Gobierno de México informó que ya tiene plenamente identificados a los principales aspirantes a tomar el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un intento por anticipar una posible recomposición del grupo criminal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó durante la conferencia presidencial que existen al menos cuatro liderazgos fuertes bajo investigación, de los cuales dos serían los más probables sucesores del capo abatido.

Sin embargo, el funcionario evitó revelar sus nombres por razones operativas y legales.

Dos figuras con mayor probabilidad

Harfuch precisó que las autoridades federales mantienen vigilancia sobre varios mandos regionales del CJNG, pero que dos concentran mayores posibilidades de encabezar la organización.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación… dos son los más probables”, señaló.

La reserva de identidades responde a que las indagatorias siguen en curso y a que la divulgación podría comprometer operativos o procesos judiciales.

Liderazgos regionales y estructura fragmentada

El secretario explicó que el CJNG no depende únicamente de una figura central, sino que cuenta con una red de jefes regionales con capacidad operativa propia. Esto permite que la organización continúe funcionando incluso tras la eliminación de su líder histórico.

De acuerdo con el funcionario, el grupo criminal mantiene presencia en múltiples estados del país, lo que incrementa el riesgo de disputas internas por el control territorial y financiero.

La identificación anticipada de estos liderazgos forma parte de la estrategia gubernamental para evitar que la transición derive en una escalada de violencia.

Un vacío de poder tras la muerte del capo

La muerte de “El Mencho” —abatido durante un operativo militar en Jalisco el 22 de febrero de 2026— dejó un vacío de liderazgo en una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

El CJNG había logrado consolidarse como una estructura altamente centralizada bajo su mando, lo que hace particularmente delicada la etapa posterior a su desaparición.

En situaciones similares, el relevo suele desencadenar luchas internas o fracturas en facciones rivales, lo que históricamente ha derivado en picos de violencia.

Vigilancia preventiva y despliegue de seguridad

El Gobierno federal ha establecido centros de coordinación y vigilancia para monitorear posibles movimientos de reacomodo dentro del cártel. La estrategia busca anticipar escenarios de confrontación y neutralizar a los mandos antes de que consoliden un nuevo liderazgo.

La reacción violenta del CJNG tras la caída del capo —bloqueos, incendios y ataques coordinados en varios estados— evidenció la capacidad operativa del grupo incluso sin su dirigente.

Por ello, las autoridades consideran prioritario impedir que surja una figura que reconstituya el poder central del cártel.

Un mensaje de control estatal

La confirmación de que los posibles sucesores están identificados y bajo investigación pretende enviar una señal clara: el Estado no sólo golpeó a la cúpula del CJNG, sino que busca impedir su recomposición.

En términos estratégicos, la fase posterior a la caída de un líder criminal suele ser decisiva. Si las autoridades logran desarticular a los aspirantes antes de que consoliden su mando, la organización puede fragmentarse o debilitarse de forma estructural.

Por el contrario, si surge un nuevo líder con legitimidad interna, el cártel podría recuperar su cohesión y capacidad ofensiva.

Un escenario aún abierto

Especialistas advierten que el futuro del CJNG dependerá de múltiples factores: lealtades internas, control de rutas, financiamiento y presión estatal. La organización podría fragmentarse en células regionales o reorganizarse bajo un mando colegiado.

Mientras tanto, el Gobierno federal insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y evitar que el relevo criminal se traduzca en nuevas oleadas de violencia.

La caída de “El Mencho” cerró un capítulo en la historia del narcotráfico mexicano, pero el desenlace de la sucesión determinará si se trata de un golpe definitivo o del inicio de una nueva fase del conflicto.