«Pederastas: el problema estructural que no queremos abordar». Nunca nos había costado tanto escoger un titular de portada. Decidimos dedicar un especial a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tras una comida en la que estuvimos hablando de Epstein, nos dimos cuenta de que no teníamos problema en definirlo a él y a sus cómplices como pederastas. Tampoco para aplicar ese término a los miembros de la Iglesia católica que han cometido agresiones sexuales. Las noticias sobre estos casos despiertan indignación y repulsa. Pero ¿cuál es la respuesta ante la violencia sexual intrafamiliar, la que supone un 80% del total? Las víctimas y especialistas que participan en el dossier de nuestro última revista lo tienen claro: silencio.

Una de cada cinco personas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, pero muy raramente lo contará y, menos aún, llegará a denunciarlo. Las agresiones que cometen nuestros padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, vecinos o cuñados suelen ser secretos familiares que quedan impunes. Para minimizar su impacto, debemos reconocer cómo se manifiesta a través de señales más o menos evidentes. Para ello, hemos recopilado una serie de consejos de expertos para elaborar una guía con algunos indicadores, de tipo físico o conductual, que pueden ayudarnos a detectar posibles casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Puedes descargarla aquí en castellano, catalán, euskera y gallego.

Quizá mientras lees estas líneas, estés pensando en alguien próximo que ha sufrido este tipo de violencia. Tal vez te haya sucedido a ti, la probabilidad es alta. Repetimos: afecta al 20% de las personas menores de edad. En La Marea no vamos a dejar de recordarlo porque los medios de comunicación debemos ser un servicio público.

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Además, fieles a nuestra inclinación por el reporterismo, visitamos Siria y Cuba. Al primer destino acudimos de la mano de Núria Vilà Coma, quien visita una escuela a las afueras de Damasco para ver cómo se han reanudado las clases después de la guerra civil y de la caída del gobierno de Bashar al Asad.

A la isla caribeña nos acercan Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico. Cuba vive momentos de tensión por el estrangulamiento energético al que está sometida por parte de Estados Unidos, que además amenaza con una invasión. Los cortes de electricidad son continuos y el éxodo de personas jóvenes es imparable.

Marco Dalla Stella firma un reportaje sobre la inteligencia artificial aplicada al armamento. Esta IA señala objetivos para los bombardeos en Irán y actualmente carece de regulación. La masacre provocada por el ataque estadounidense a una escuela de niñas en Minab expone los riesgos de su utilización.

Asimismo, Guillermo Martínez charló con el historiador Gutmaro Gómez Bravo sobre el final de la guerra civil española, el tema de su último ensayo. En él trata todos los pormenores del fin de una contienda que necesitó de la rendición y de la entrega del bando republicano. Es decir, que Franco no ganó heroicamente en el campo de batalla, sino con espionaje y tejemanejes de despacho.

Sebastiaan Faber, por su parte, conversó con la periodista Raina Lipsitz, autora de un libro titulado The Rise of a New Left que trata sobre los movimientos de la izquierda juvenil en Estados Unidos. Para prosperar, esta izquierda ha tenido que enfrentarse no sólo al trumpismo, sino al establishment del Partido Demócrata. La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York es uno de sus triunfos más sonados.

Nos ocupamos también de la conservación de los océanos, elaboramos un bazar con productos e iniciativas de carácter ecosocial, os contamos la fascinante historia de la pintora Fanny Gonmar y, como siempre, viajamos a uno de los lugares que siempre está en nuestro corazón: los campamentos saharauis en Argelia. Allí, Miguel Ángel Fernández firma un reportaje sobre una original forma de cultivar hortalizas frescas en pleno desierto.

En El Periscopio, nuestro suplemento cultural, abordamos el uso de la inteligencia artificial para realizar traducciones literarias, cuya popularización está poniendo en peligro a un sector ya muy precarizado que propone alternativas. También viajamos a Avilés, donde tendrá lugar una Bienal de Arte dedicada al cambio climático. Y hablamos con la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de una novela atípica y deslumbrante sobre la lucha de clases: Indócil. El broche de oro para el suplemento es un relato de la escritora Elvira Navarro.

Como ves, La Marea en papel vuelve cargada de temas interesantes y también incómodos. Así debería ser siempre el periodismo. Así intentamos hacerlo. Ayúdanos a seguir en la brecha. Compra la revista. Suscríbete.

La entrada Pederastas: dejemos de mirar para otro lado se publicó primero en lamarea.com.

El primer día subí al ascensor. Tras el control de seguridad, en la planta 20 aparecía una recepción con personal joven, tatuajes, pendientes, la estética esperada. En la 38, lo que llaman la planta preferente, el mobiliario recordaba más a un hotel de cuatro estrellas que a un lugar de trabajo, con mesas largas que hacían que el trabajo pareciera compartido y rincones donde podía seguir siendo íntimo si uno quería. El café de filtro, tipo hotel de carretera, era gratuito, mientras que el café bueno (y caro) se vendía en la cafetería. A mediodía abrían una chopera de cerveza, como si la posibilidad de parar también estuviera programada. En la pared convivían un «Punk is not dead» y una mesa de billar que nadie usaba.

La cafetería se llamaba Lovely Che. La primera vez que lo leí pensé que era una broma. Después se volvía evidente que era algo más incómodo, la estetización de lo subversivo convertida en decorado inofensivo, una rebeldía domesticada, infantilizada, descafeinada. Como el cartel del punk. Como los libros de Planeta en las zonas comunes, ahí puestos para que «busques tu desconexión». Como el evento de la semana, que se llamaba «Dar para recibir». Todo el entorno estaba, en una palabra, infantilizado.

Coincidí con unas 22 personas. Una mezcla que al principio costaba descifrar, argentinos con pinta progre, algunos con patinete; gente muy joven, ninguno superaba los treinta; cuatro ciudadanos chinos; un ruso con su colega, ropa informal pero muy cara, un «Born to be» en el portátil. A la hora de comer aparecieron los que llamé los tecnochetos, blancos, jóvenes, apuestos, con ropa de gimnasio y tápers pequeños, vinculados a empresas y startups que alquilaban espacios allí. También mucha gente sola, con portátiles y auriculares grandes. Alguien con libros de arte. Alguien viendo tutoriales de IA y código. Poco glamour real en el contenido del trabajo, aunque la escenografía lo sugería todo.

Las vistas seguían siendo poderosísimas. Esa sensación de poder desde las alturas no cambiaba. Pero bastaba salir de aquella planta para que el decorado se deshiciera. Desde la planta 21 hacia arriba aparecían cascarones, plantas vacías, oficinas desmanteladas, el esqueleto del edificio. WeWork había pasado en 2020 de 30 a 10plantas en ese mismo inmueble, y de seis a cuatro sedes en Buenos Aires. Lo que desde la planta 38 parecía solidez y éxito, desde arriba mostraba otra cosa, su fragilidad estructural. La burbuja tenía fisuras, y eran visibles, de hormigón.

Al tercer día el espacio empezó a verse distinto. El mobiliario más cutre, el cemento más presente detrás de los paneles, la música más cercana a una sala de espera. La sensación inicial de privilegio se había vuelto rutina y lo que quedaba era una escenografía eficaz para sostener una promesa. ¿Y qué promete exactamente WeWork? Trabajar sin jefes, sin horarios, sin disciplina visible, pertenecer a algo sin que ese algo te ate. Una oficina que se presenta como club, un club que se presenta como comunidad, y al que se accede con tarjeta de crédito.

Pero más allá de su relato corporativo, que se retrata de algún modo en la serie WeCrashed, centrada en la figura de su gurú y CEO Adam Neumann y en el ascenso y caída de la empresa, WeWork condensa algo más profundo, la reprivatización de las infraestructuras del trabajo. El trabajador ya no recibe un espacio, unos compañeros, una red, un café. Los adquiere como servicio. Lo que antes venía dado con el empleo pasa a ser una suscripción. Es lo que hoy llamamos, en la ciudad de las plataformas, el «ciudadano-suscriptor».

Ese modelo tiene un reverso muy claro. Mientras yo subía en ese ascensor, en la planta baja del mismo edificio paraban los repartidores de Glovo, con sus bicis, sus mochilas térmicas, su aplicación y su algoritmo, sin cafetería, sin vistas, sin membresía, sin Lovely Che. Esas dos figuras, el usuario de WeWork y el repartidor de Glovo o la trabajadora de limpieza de la plataforma Zolvers, rara vez comparten pasaporte. Su posición en la ciudad plataformizada está atravesada por movilidades radicalmente desiguales, porque mientras el primero dispone de un visado internacional que le permite instalarse temporalmente, elegir barrio y consumir la ciudad como experiencia, los otros dos están atravesados por lógicas de amenaza de expulsión, disponibilidad permanente y dependencia directa de la plataforma como organizadora de su tiempo y su ingreso.

Dos figuras que en el discurso público aparecen como realidades inconexas, incluso contrapuestas, el nómada digital, autónomo, cosmopolita, libre, frente al trabajador de plataforma, precario, dependiente, subordinado. Sin embargo, conviene leer ambas de forma relacional, porque son los polos de una misma reorganización del trabajo y de la ciudad bajo el capitalismo de plataformas, y la ciudad que hace posible una figura es exactamente la misma que produce la otra.

A partir de ahí aparece la pregunta de fondo, qué es exactamente el nómada digital, si una realidad sociológica o más bien pura retórica, branding urbano. No hace falta reconstruir aquí toda su genealogía, basta con observar su función actual. El nómada digital es el último producto de marketing urbano en una larga serie. Antes fue la clase creativa de Richard Florida, ese concepto que durante años hipnotizó a gestores urbanos con la promesa de que atraer talento creativo haría prosperar a las ciudades, y que en la práctica funcionó como una legitimación académica de la gentrificación, al construir una conexión entre economía neoliberal y cultura cool que luego se vendía como modelo.

Cuando ese marco se agota, aparece otro. El nómada digital ocupa hoy ese lugar, acompañado de visados específicos, campañas de atracción de talento, ecosistemas de coworking, hubs tecnológicos y la promesa recurrente del «Silicon Valley mediterráneo». Cambia el lenguaje, pero la lógica se mantiene, y lo que el concepto oculta sigue siendo más relevante que lo que muestra. Eso se ve con claridad en Lisboa. En la investigación que realicé allí junto a Víctor Riesgo, Pedro Cortez y Javier Gil encontramos un contraste muy marcado entre la imagen idealizada del trabajo digital y la realidad cotidiana de quienes lo desempeñan. Entrevistamos a trabajadores que habían llegado convencidos de que entrarían en un sector innovador, pero pronto descubrieron que su trabajo se parecía mucho más al de un call center.

Trabajaban en empresas como Teleperformance, Accenture o Concentrix, grandes compañías de externalización que prestan servicios para Meta, Google, Uber o Netflix y que han encontrado en Lisboa un enclave especialmente funcional. En ese contexto, la movilidad no responde tanto a un ideal cosmopolita como a una estrategia de supervivencia frente a trayectorias laborales bloqueadas, y esa misma lógica atraviesa también la vivienda, ya que Teleperformance ofrece habitaciones en pisos compartidos cuyo coste se descuenta directamente del salario, de modo que lo que inicialmente aparece como una solución práctica termina funcionando como un mecanismo de control, en el que las fronteras entre rentista y empleador se diluyen hasta el punto de que la pérdida del trabajo implica también la pérdida del alojamiento, reactivando formas de dependencia que remiten a los barracones obreros de la primera revolución industrial. En ese sentido, la vivienda deja de ser un derecho o un mercado separado y pasa a integrarse en una lógica de gobernanza corporativa que organiza simultáneamente el trabajo y la vida.

Así, el mito se desmorona. Más que nómadas, trabajadores móviles, pero con una movilidad que no surge de la elección sino de la ausencia de alternativas, insertos en circuitos que se presentan como innovadores y que reproducen formas muy clásicas de subordinación, donde el control del tiempo, la dependencia del empleador y la escasa capacidad de negociación se combinan con una ciudad que funciona como señuelo y como amortiguador, a través del clima, la diversidad, el cosmopolitismo, la vida nocturna o el coste de vida relativo, que terminan operando como parte del salario.

Eso no invalida que existan trabajadores digitales con condiciones realmente favorables, que los hay, pero sí obliga a situarlos como el extremo visible de un espectro mucho más amplio que el concepto de nómada digital aplana y homogeneiza, con consecuencias evidentes a la hora de pensar la desigualdad urbana.

Es en ese marco donde se sitúa Nómadas digitales y precarización algorítmica, libro que acabamos de publicar con Catarata y coordinado junto Ana Santamarina y Francisco Fernández-Trujillo. Es un trabajo que recorre estas dinámicas en distintas ciudades y desde distintos ángulos, desde la plataformización de la vivienda hasta las plataformas logísticas y de última milla o el trabajo doméstico y reproductivo, gracias al trabajo colectivo de un grupo nutrido de grandes investigadoras. El libro no propone soluciones cerradas, pero sí obliga a formular preguntas que resultan difíciles de evitar. Qué tipo de ciudad estamos construyendo, quién gana y quién pierde, y sobre todo, qué queda fuera de ese proyecto.

Porque desde WeWork en Buenos Aires hasta los robotaxis que empiezan a asomar en nuestras ciudades, esa es la ciudad que conviene intentar entender.

Jorge Sequera es director del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) e investigador principal de ONDEMANDCITY: Capitalismo de plataforma, trabajadores digitales y tecnificación de la vida cotidiana en la ciudad contemporánea y del Proyecto Horizon Europe Marie Curie Staff Exchange – NOMADIC: Nomad Movements and Digital Impacts in Cities

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¿Qué pretendía el Plan Piloto de Renta Básica que puso en marcha el Gobierno de la Generalitat y por qué está detenido ahora?

La Oficina se creó con la intención de desarrollar un Plan Piloto sobre la Renta Básica Universal en Cataluña, con el objetivo de medir sus efectos sobre la población catalana y obtener evidencias de su impacto para poder ajustar la política y conseguir los resultados deseados. Trabajamos en él durante unos tres años. El primero sirvió para diseñar la propuesta del Plan Piloto. Pero no pudo implementarse porque no obtuvo el apoyo parlamentario necesario. El PSC encabezó la moción contra el Pla, con el apoyo de Junts, PP y Vox. Había que aprobar la partida presupuestaria para poder ejecutarlo, y no se hizo.

¿Cómo ha quedado el Plan? La Oficina todavía existe.

Después de que no se pudiera llevar a cabo, dedicamos la última etapa de la Oficina a acabar de trabajar la propuesta de procedimiento de implementación del piloto junto con otros departamentos de la Generalitat con competencias como Derechos Sociales y Economía, y a realizar tareas de difusión y a explicar cuál era el diseño del Plan Piloto y qué objetivos perseguía, tanto en Cataluña y otras comunidades autónomas como a nivel internacional. En el acuerdo de investidura del presidente Illa, Esquerra incluyó el mantenimiento de la Oficina y el compromiso de que el Plan Piloto se ejecutara durante la legislatura. Nosotros dejamos el programa porque había que crear uno nuevo; cambiaron el responsable y todo el equipo técnico. La Oficina todavía existe, pero no se conocen detalles sobre el diseño actual del Piloto. Lo que sabemos es que, al inicio de la presidencia del PSC, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, manifestó públicamente que querían revisar el diseño porque había aspectos que no les encajaban. Les preocupaba especialmente el impacto que podría tener sobre las personas perceptoras de prestaciones asistenciales como la Renta Garantizada, el Ingreso Mínimo Vital o los subsidios por desempleo, pero también, el coste del proyecto.

La Renta Básica sería universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres hasta los más ricos«

¿Cómo se desarrolló ese debate?

Por lo que respecta al impacto sobre las personas receptoras de prestaciones asistenciales, cabe destacar que ya había sido una de las principales preocupaciones del equipo durante la fase de diseño del Piloto. Por ello, se trabajó de forma intensa y coordinada con la Dirección de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales para facilitar la participación de personas perceptoras de prestaciones, asegurando que esta participación no afectara a sus derechos ni a su situación económica. En el marco del Piloto, este colectivo representaba una muestra de entre 150 y 200 personas, un volumen de expedientes asumible que podía gestionarse sin generar ningún perjuicio para las personas implicadas. Por otro lado, desde el PSC siempre se había criticado el coste del Plan, argumentando que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades, como residencias para personas mayores u otros servicios, cuando en realidad el piloto representaba el 0,1% del presupuesto de la Generalitat. En el fondo, es cuestión de interés político. Nos sorprende que ni siquiera quiera probarse, porque es legítimo tener diferencias ideológicas, pero testarla permitiría tener datos reales y no basar el debate en opiniones o percepciones.

¿Qué características tiene su modelo de Renta Básica?

Es individual, suficiente, incondicional y universal. Es individual porque llegaría a todas las personas a título personal. Es suficiente porque debería tener una cuantía cercana al umbral de la pobreza y así permitir a todo el mundo salir de ella, dar autonomía y capacidad para decidir sobre la propia vida. Es incondicional porque no estaría sujeta a contraprestación alguna: no habría que firmar itinerarios de inserción sociolaboral ni cumplir requisitos económicos, de edad o de composición familiar. Y es universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres a los más ricos. Ahora bien, esta universalidad debe entenderse en el marco de una reforma fiscal realmente progresiva: las rentas más altas contribuirían más de lo que recibirían a través de la renta básica. Asimismo, el modelo de renta básica que defendemos debe ir acompañado del mantenimiento y refuerzo de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la educación, la salud y los servicios sociales, como pilares fundamentales del estado del bienestar.

Una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, la apoyaban«

En la introducción, que firmas con Sergi Raventós, explicáis que un 65% de la población catalana es partidaria de la Renta Básica. ¿Eso no debería animar a los partidos políticos a aprobarla?

Durante el trabajo en la Oficina, a través de encuestas de opinión, comprobamos que existía un apoyo muy amplio y transversal: por edad, situación económica, género, nivel educativo, simpatía política, entre otras variables. Un dato muy revelador es que una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, lo apoyaban. Hay un gran gap, una distancia importante, entre lo que la ciudadanía considera positivo para el país y lo que después los partidos defienden en el Parlamento o en el Gobierno.

Decís que la Renta Básica no es tanto una medida de protección social como una forma de reconfigurar la sociedad

Exacto. La Renta Básica es una medida redistributiva que impacta directamente en la desigualdad. Es necesario redistribuir los recursos de otra manera para que lleguen a las personas que tienen más dificultades para cubrir sus necesidades y vivir dignamente. Cada vez existen más sectores y estratos sociales afectados por la precariedad laboral y social. La Renta Básica haría que quien más tiene aporte más; redistribuye no sólo riqueza, sino también tiempo y poder de decisión sobre la propia vida. Facilitaría, por ejemplo, que las personas puedan decidir si quieren ampliar o reducir la jornada laboral para dedicarse a otros proyectos vitales, como estudiar, cuidar a hijos o familiares, o implicarse en actividades comunitarias. Esto también abriría la puerta a una redistribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados. Esta autonomía económica tendría un impacto especialmente relevante en el ámbito del hogar, puesto que contribuiría a reducir relaciones de dependencia y podría favorecer el empoderamiento de las mujeres. Precisamente, éste era uno de los aspectos que se querían analizar en el proyecto piloto: no sólo el impacto a nivel individual, sino también dentro de los hogares.

Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica»

La Renda Básica sería unipersonal

A diferencia de las prestaciones condicionadas, que habitualmente recibe una sola persona en función de la composición familiar, la Renta Básica se otorga de forma individual a todos los miembros del hogar, tanto adultos como menores, lo que puede transformar las dinámicas intrafamiliares. También a nivel comunitario transformaría las relaciones sociales y comunitarias, el Piloto preveía implementarse en dos municipios pequeños, de unos 1.200 habitantes, para analizar sus efectos en las relaciones sociales, la participación comunitaria y política, o el consumo de proximidad. Además, el diseño del Piloto era casi universal, lo que habría permitido entender no sólo qué harían las personas con menos recursos, sino también cómo la utilizarían las clases medias. Hay que tener en cuenta que existe una amplia base de estudios e investigaciones sobre la Renta Básica. Varias simulaciones indican que alrededor del 70%-80% de la población saldría ganando. En este sentido, se trata de una medida con un potencial transformador amplio. Al mismo tiempo, cuestiona también cómo entendemos el trabajo. Se tiende a considerar como trabajo sólo la actividad asalariada, pero el trabajo reproductivo —como los cuidados— es también esencial y tiene una función y un valor económico dentro de la sociedad. Por último, la posibilidad de dedicar más tiempo a actividades voluntarias o comunitarias también podría transformar las relaciones sociales, favoreciendo una sociedad más cohesionada, en la que las personas se relacionen desde condiciones más igualitarias.

Se ha demostrado que las prestaciones actuales no son una medida real de salida de la pobreza»

En el libro hay capítulos sectoriales que explican cómo afectaría la Renta Básica a muchos ámbitos sociales diferentes

Sí. Es uno de los puntos fuertes del libro. Cada capítulo está escrito por dos autores o autoras y puede leerse de forma independiente. Puedes elegir lo que te interese: desde la filosofía política hasta el feminismo pasando por la financiación, infancia y juventud, derechos humanos y el sistema de protección social, mercado de trabajo, cultura, mundo rural, ecologismo, inmigración y antirracismo, renta máxima, salud mental, comunicación de la renta básica y los planes piloto de renta básica. La obra ofrece una visión muy completa sobre cómo la Renta Básica impactaría en muchos ámbitos de la vida.

El libro se titula ‘Quan convé seguem cadenes’. ¿Qué cadenas segaría la Renta Básica?

Las cadenas que nos impiden decidir sobre nuestras vidas y hacerlo en condiciones de dignidad: como la inseguridad económica y todas aquellas relaciones de dependencia y dominación. La Renta Básica, rompería con las limitaciones derivadas de unas condiciones materiales de vida insuficientes y precarias, recuperando la libertad de elegir.

¿La Renta Básica reduciría la pobreza infantil?

Efectivamente. Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica —gestionada por los tutores hasta la mayoría de edad, por supuesto—, y formarían parte de unidades familiares donde los padres también serían perceptores. Con una cuantía cercana al umbral de la pobreza, saldrían estadísticamente de esta situación. El problema de las prestaciones asistenciales actuales es que están pensadas para personas muy pobres, sin embargo, aproximadamente, el 60% de las personas en pobreza severa, no las perciben. Además, las cuantías son muy bajas: el Indicador de Renta de Suficiencia, durante casi veinte años, rondó los 400€ por una persona sola, y aunque ahora es de 700€, es claramente insuficiente. ¿Quién puede vivir con 700 € al mes? En este contexto, propuestas como la prestación universal por hijo a cargo de 200€ mensuales también representan un avance, pero resultan insuficientes para abordar de forma efectiva la pobreza infantil. Aunque pueden aliviar parcialmente la situación de muchas familias, estas cuantías no permiten garantizar unas condiciones materiales de vida dignas ni situar a los niños por encima del umbral de la pobreza. La Renta Básica, sin embargo, plantea un enfoque estructural: asegura ingresos suficientes para todos los miembros del hogar y evita los vacíos de cobertura propios de las prestaciones condicionadas. Esto la convierte en una herramienta mucho más efectiva para reducir –y potencialmente erradicar– la pobreza infantil.

En el capítulo que escribes con Judit Font decís que las prestaciones sociales, más que revertir la pobreza, la cronifican

Sí, por la conocida «trampa de la pobreza». Las prestaciones asistenciales actuales están condicionadas a no superar cierto nivel de ingresos y son incompatibles con el trabajo. Esto genera un efecto perverso: muchas personas prefieren mantener la prestación antes que aceptar un trabajo precario. No se trata de una falta de voluntad de trabajar, sino de una decisión racional frente a un sistema que penaliza cualquier mejora parcial de ingresos. Si un trabajo es inestable, mal remunerado o de corta duración, el riesgo de perder la prestación y quedarse sin ningún ingreso es demasiado elevado. Este comportamiento se ve reforzado por otro factor clave: la complejidad y dificultad de acceso a estas prestaciones. Los procesos de solicitud son a menudo largos e inciertos. Para muchas personas conseguir que se les reconozca el derecho a la prestación ha supuesto un esfuerzo considerable, con meses de espera y múltiples trabas administrativas. Una vez se ha conseguido, es comprensible que no se quiera renunciar fácilmente a ella por una oportunidad laboral precaria, con riesgo de tener que volver a iniciar todo el proceso en caso de perder el trabajo. En este contexto, se consolida una situación en la que se prefiere mantener un ingreso insuficiente pero seguro, antes que afrontar la incertidumbre del mercado laboral y las dificultades del sistema de prestaciones para volver a acceder a ellas o reactivarlas. Esto contribuye a cronificar la pobreza en lugar de facilitar la salida de ella.

Vais un paso más allá y decís que la existencia de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía demuestran el fracaso de la lucha contra la pobreza

En el contexto en el que se diseñaron las rentas mínimas de inserción (la antigua PIRMI), actualmente la Renta Garantizada de Ciudadanía, su lógica podía tener cierto sentido: se trataba de un modelo pensado para intervenir sobre situaciones de pobreza severa y cronificada, a menudo vinculadas a colectivos con dificultades de inserción muy específicas (problemas de salud mental, drogodependencias, exclusión social profunda). En aquel escenario, una política focalizada y condicionada podía parecer adecuada. Ese contexto ha cambiado. Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural, que afecta a amplios segmentos de la población, incluyendo a personas con trayectorias laborales aparentemente “normalizadas”. En este contexto, este modelo de políticas de lucha contra la pobreza presenta importantes limitaciones: el riesgo de pobreza se mantiene desde hace veinte años alrededor del 20%. Sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre. Se ha demostrado que no es una medida de salida real de la pobreza. La Renta Básica, en cambio, va más allá: dotaría de mayor seguridad, tranquilidad emocional para tomar decisiones así como de la posibilidad de complementar el ingreso con trabajos más o menos estables o incluso emprender, cosa que ahora mucha gente ni se plantea hacer por falta de seguridad económica.

Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural«

Por motivos contrarios a los suyos, la extrema derecha critica las prestaciones sociales. Las llama “paguitas”

Detrás de este discurso está la idea de que sólo merece ayuda quien trabaja y es productivo. Es una visión muy centrada en que debes ganarte la vida trabajando, y que el Estado no debería garantizar necesidades básicas. Entienden el trabajo como la única vía legítima para acceder a derechos, por lo que rechazan este tipo de prestaciones. Ante esta visión, la Renta Básica parte de un principio distinto: los derechos materiales para una vida digna no pueden depender exclusivamente del mercado de trabajo. Garantizar una base económica incondicional a toda la población implica reconocer que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, trabajen o no, y en qué condiciones lo hagan. En este sentido, la Renta Básica no sólo protege frente a la pobreza, sino que refuerza la libertad real de las personas para decidir sobre su vida y sus formas de participación social.

Las políticas actuales sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre»

En cambio, decís que la Renta Básica contribuiría a combatir a la extrema derecha

Exactamente. Las prestaciones condicionadas, tal y como están diseñadas, tienden a crear divisiones sociales. Cuando estableces requisitos estrictos de ingresos, acabas dibujando una frontera artificial entre quien “merece” la ayuda y quien no. Esto hace que situaciones muy parecidas reciban tratos diferentes: dos familias con ingresos casi iguales pueden encontrarse con que una accede a la prestación y la otra queda fuera por una diferencia mínima. Esta percepción de injusticia genera frustración y resentimiento, y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen. Además, este modelo facilita la construcción de relatos falsos. A menudo se dice que la mayoría de las personas que reciben ayudas son inmigrantes, cuando en realidad la mayor parte son ciudadanos del país. Pero dado que las prestaciones son selectivas, es más fácil alimentar este tipo de narrativas. La Renta Básica rompe con esa lógica. Al ser universal, desaparece la distinción entre “beneficiarios” y “no beneficiarios”, “merecedores” y “no merecedores” y con ella buena parte de los agravios comparativos. Todo el mundo tiene derecho a ella, y esto reduce el margen para generar conflicto social y para instrumentalizar la pobreza con fines políticos. En este sentido, es también una herramienta para reforzar la cohesión social y desactivar discursos que dividen a la sociedad.

La percepción de injusticia genera frustración y resentimiento y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen»

Ahora se está debatiendo una mejora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Tiene sentido desde su perspectiva?

La Renta Garantizada de Ciudadanía, tal y como está planteada actualmente no está resolviendo el problema de la pobreza, aunque cualquier mejora técnica que suponga un alivio para las personas que la reciben es positiva. Sin embargo, también hay que ser claros: estas reformas tienen un recorrido limitado. A pesar de introducir mejoras, seguimos hablando de una prestación condicionada, con cuantías insuficientes y problemas de acceso y cobertura. Esto hace que, en la práctica, no sea una herramienta capaz de reducir significativamente la pobreza estructural. De hecho, con el planteamiento actual, es muy difícil que esta reforma pueda sacar de la pobreza a la población que se encuentra en esta situación de forma persistente desde hace años. Por tanto, puede ayudar a mitigar algunos efectos, pero no aborda la raíz del problema.

Acabáis la introducción diciendo que esperáis que el libro sea una herramienta útil para avanzar hacia un mundo más justo y libre de opresiones. ¿Lo veremos?

Espero que sí. Personalmente, tengo esa esperanza, y es precisamente por eso que trabajamos defendiendo y promoviendo la Renta Básica. Llegará un momento en que la clase política entenderá que no es tanto una cuestión de estar o no de acuerdo, sino que es una necesidad. La situación actual, especialmente en ámbitos como la vivienda, la pobreza en general y la pobreza infantil en particular, hace difícil seguir mirando hacia otro lado. Las políticas que hemos aplicado hasta ahora han demostrado que no son suficientes para resolver estos problemas de fondo. Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas. La forma concreta de implementarla es un segundo paso, y justamente el Plan Piloto pretendía aportar evidencia sobre cómo hacerlo de manera efectiva. También es importante entender que la Renta Básica no puede ir sola. Debe ir acompañada de una transformación más amplia de las políticas públicas como, por ejemplo, una política de vivienda más garantista, una reforma fiscal profundamente progresiva, políticas feministas que favorezcan una distribución más justa de los cuidados, políticas educativas que consolide la idea de que éste es un derecho de toda la ciudadanía, una reforma del mercado de trabajo, entre otros. Y, sobre todo, debe ser una apuesta sostenida en el tiempo. No tiene sentido como medida puntual o limitada a una legislatura. Debe entenderse como un mecanismo a través del cual se garantiza, efectivamente, el derecho a la protección social conjunto de la ciudadanía y de las generaciones futuras.

La reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía puede ayudar a mitigar algunos efectos pero no aborda la raíz del problema»

En el epílogo, Sarah Babiker hace un llamamiento a la resistencia realista en un mundo que ha vivido grandes transformaciones. Dice que «la última palabra todavía no está dicha». ¿Quién la dirá?

Espero que la diga la sociedad, la ciudadanía. Sabemos que existe un amplio apoyo a la Renta Básica. Por otra parte, en el contexto actual vemos movilizaciones de los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales que denuncian las tensiones del estado de bienestar. Las bases del actual estado del bienestar están mostrando claros signos de desgaste. En este contexto, la Renta Básica tiene mucho que aportar. No es una solución mágica ni lo va a resolver todo, pero sí puede ser una herramienta clave para aliviar muchas de las tensiones sociales y económicas que estamos viviendo. Cuando Sarah dice que “la última palabra todavía no está dicha”, se refiere a la ciudadanía reclamando de forma más contundente un cambio de rumbo en las políticas. En definitiva, tal y como ella escribe, esta palabra todavía no dicha, la dirá la inteligencia y resistencia colectiva.

Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas»

Supongo que está acostumbrada a que le digan a menudo que hable de una utopía, que pida cosas imposibles en un mundo que parece que cada día premia más el egoísmo, la insolidaridad y la meritocracia

Es cierto que existe una tendencia fuerte al individualismo, a pensar cada uno en lo suyo, pero también existe toda una corriente de gente que no pensamos así, aunque nuestra voz cuesta más de oír. Si miramos la historia de las luchas sociales, vemos cómo muchas cosas que parecían imposibles se han hecho realidad: hace un tiempo parecía impensable que las mujeres pudiéramos votar, la jornada laboral de 40 horas, los derechos laborales, la educación y la salud pública universal. Hoy, estos derechos están reconocidos, aunque en su día eran vistos como utopías. Esto nos muestra que lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad si existe movilización social y voluntad política. En la medida en que la Renta Básica se convierta en una reivindicación política y ciudadana, también puede conseguirse. La Oficina del Plan Piloto fue posible gracias a partidos que recogieron esta demanda social, especialmente después de la pandemia, cuando muchas personas se preguntaban «¿y ahora qué?» y la Renta Básica actuó como revulsivo. Hubo manifiestos, debates públicos y partidos que, en las elecciones, asumieron esa demanda como compromiso. Es cierto que movilizarse es difícil, sobre todo por las personas que más se beneficiarían de la Renta Básica. Vivimos atrapados en la rueda del trabajo y las responsabilidades familiares, de la supervivencia, del día a día y esto limita mucho la participación política. Aquellos que están en peores condiciones económicas y sociales son precisamente quienes tienen menos capacidad de manifestarse o reclamar derechos, porque están más atados de pies y manos, precisamente, atados por las cadenas que comentaba antes, las que segaría una Renta Básica.

¿Imagina el día que pueda decir que la Renta Básica ha sido posible a las personas que siempre lo han negado?

Estaría bien, pero me gusta más imaginar su implementación. En Cataluña, hace 25 años la Renta Básica se conocía y defendía en círculos universitarios, profesores y estudiantes de economía, sociología, filosofía o políticas por decir algunas carreras, y dentro de algunas organizaciones sociales y sindicales. Hoy, en cambio, existe una amplia red de profesionales, movimientos sociales y actores políticos que la reclaman y debaten su aplicación. De hecho, este libro es un reflejo de ese apoyo creciente: la idea se ha ido permeabilizando en la sociedad y cada vez más personas dejan de verla como un concepto abstracto o utópico para empezar a considerarla una medida factible y real.

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La fiesta Refugio en el Barrio, que se celebra este jueves, 16 de abril, a partir de las 22 horas, trata de potenciar ese concepto y convertir el barrio, además, en un lugar de acogida para aquellos artistas que no pueden desarrollar su trabajo en sus países de origen. Impulsada por la Red TEJA de Espacios Culturales en Apoyo a Situaciones de Emergencia, mezclará las sesiones musicales de findPeaks (DJ), Guadalupe Sideral y Le Parody, y la exposición del arte de algunas de las creadoras acogidas a la Red TEJA este 2026: Nisreen Tahhan (artista multidisciplinar, arquitecta y gestora cultural palestina), Mohamed Bakri (fotógrafo palestino), Abboud Abud Tair (fotógrafo e investigador nacido en Jerusalén), Shayma Amad (artista multidisciplinar y de performance de Jerusalén) y Maria Zreiq (organizadora comunitaria, educadora y artista multidisciplinar palestina).

El precio de la entrada son diez euros, y solo se pueden comprar en taquilla el día de la fiesta. Todo lo recaudado irá destinado a la Red Teja.

Qué es la Red TEJA

La Red TEJA de Espacios Culturales en Apoyo a Situaciones de Emergencia nació en mayo de 2022 a partir del trabajo de tres espacios independientes de Madrid: Nave Oporto, Paisanaje y Planta Alta (hablarenarte). Lo que en un inicio se planteó como una respuesta solidaria del sector artístico y cultural a la emergencia desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, trata de promover la cooperación transnacional ofreciendo residencias temporales a artistas y profesionales de la cultura que se encuentren en situaciones sociopolíticas complejas en sus países de origen.

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Decenas de embarcaciones civiles, con ayuda humanitaria y activistas internacionales, partieron este pasado domingo desde Barcelona en una nueva tentativa de alcanzar Gaza por mar y desafiar un bloqueo que se prolonga desde 2007. La operación, bautizada como Global Sumud, no es solo un viaje marítimo, sino una intervención política en uno de los conflictos más enquistados del sistema internacional.

La flotilla debía zarpar el domingo 12 de abril. Y, formalmente, lo hizo. A las 13:30 horas, la delegación catalana —integrada por unas 40 personas— salió del puerto de Barcelona. La salida fue simbólica. Las malas condiciones meteorológicas, con mar adversa y viento, impidieron iniciar la travesía real hacia aguas internacionales. Los barcos atracaron después en otros puertos cercanos, a la espera de una mejora en la navegación durante los próximos días.

El dispositivo quedó activado desde ese momento. En torno a 70 embarcaciones y más de un millar de participantes —con previsión de crecer en ruta— conforman esta misión, considerada por sus organizadores como la más ambiciosa hasta la fecha. La previsión pasa por reanudar la travesía en cuanto el tiempo lo permita, con posibles escalas en el Mediterráneo central antes de dirigirse al este.

De 2010 a 2025: una secuencia de interceptaciones

Global Sumud se inscribe en una genealogía clara. Desde finales de los años 2000, distintas flotillas han intentado romper el bloqueo israelí sobre Gaza, impuesto en 2007 tras el control de la Franja por parte de Hamás. Ese bloqueo ha sido denunciado por organismos internacionales por su impacto sostenido sobre la población civil.

El episodio más conocido tuvo lugar en mayo de 2010 con la primera Flotilla de la Libertad. La marina israelí interceptó en aguas internacionales el convoy y asaltó el Mavi Marmara, asesinando a 10 activistas. El impacto diplomático fue inmediato, aunque la política de bloqueo se mantuvo sin cambios sustanciales.

En los años siguientes, el patrón se consolidó. En 2011, la Freedom Flotilla II fue bloqueada antes de zarpar. En 2015, una nueva flotilla fue interceptada sin víctimas mortales. En 2018, embarcaciones como el Al-Awda fueron detenidas. Los intentos posteriores han tenido menor visibilidad, pero han reproducido la misma secuencia operativa.

El antecedente directo de la actual Global Sumud se sitúa en 2025 y resulta clave para entender tanto su escala como su composición. Aquella flotilla no fue un intento aislado, sino la primera articulación global de una red de organizaciones, activistas y figuras públicas que buscaban reactivar la estrategia marítima contra el bloqueo de Gaza. No se trataba de un único convoy, sino de múltiples salidas coordinadas desde distintos puertos —Barcelona, Génova, Otranto o Túnez— que convergían progresivamente en el Mediterráneo oriental.

En términos de escala, supuso un salto cualitativo. La flotilla llegó a reunir más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 participantes de más de 40 países, convirtiéndose en el mayor convoy civil de este tipo desde el inicio del bloqueo. La composición del grupo reflejaba una estrategia deliberada de visibilidad internacional. No solo incluía activistas, sino también perfiles con proyección pública y capacidad de amplificación mediática entre las que se encontraban la activista climática Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, o Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela. A ellos se sumaban parlamentarios europeos, periodistas, médicos y sindicalistas. Ese episodio reforzó la coordinación del movimiento y preparó el terreno para la operación actual.

2026: escala mayor y presión acumulada

La flotilla actual introduce dos elementos relevantes: el primero es la escala. Global Sumud aspira a movilizar más de un centenar de embarcaciones y miles de participantes, ampliando la dimensión de iniciativas anteriores. El segundo es el contexto. La situación en Gaza se ha deteriorado en los últimos meses y los indicadores humanitarios apuntan a un agravamiento sostenido, un modo de genocidio a fuego lento, como apunta la investigadora Júlia Nueno.

En este marco, la flotilla se inserta en una presión creciente desde la sociedad civil internacional ante la falta de respuestas políticas. El desenlace inmediato es incierto en términos operativos, pero el precedente es claro. La posibilidad de interceptación por parte de la marina israelí se puede dar por segura. Pero cada repetición del mismo patrón introduce un desgaste acumulativo en el plano internacional y reactiva el debate sobre la legitimidad de un bloqueo que, casi dos décadas después, señala la vulneración del derecho internacional por parte del gobierno de Israel y continúa definiendo la vida en Gaza.

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Desde el primer día estuvo en primera línea haciendo esas labores oscuras y tan necesarias en proyectos emergentes. Que saliese el primer número de la revista La Marea fue obra de mucha gente, periodistas, socias, socios, maquetadoras… pero si alguien puso especial empeño y nunca se mostraba desmotivado ese era Pedro, nuestro socio fundador que ha fallecido en Madrid.

Fue algo más que un socio, desempeñó el cargo de interventor al inicio de la fundación de la cooperativa y participó activamente en la organización de las primeras asambleas, intercediendo para conseguir espacios donde reunirnos.

Pedro era una de esas voces críticas necesarias en cada asamblea. Allí expresaba su opinión con esa voz tan pausada a la que era muy difícil llevar la contraria. No esquivaba el debate, al contrario, nos hacía partícipes de nuestras propias incoherencias, las verbalizaba y ponía en común. Siempre desde la tranquilidad del que sabe que no tiene sentido elevar el tono de voz para tener razón.

Y aunque no siempre estaba de acuerdo con su cooperativa, porque esta era, es y será para siempre su cooperativa, aceptaba las decisiones de la mayoría y las defendía con fuerza. Igual que defendía a sus trabajadoras y trabajadores y lanzaba mensaje de ánimos cuando venían malos momentos.

Pedro nos ha dejado y quizás lo ha hecho en el momento en el que es más necesario que nunca tener a gente como él cerca. Cuantas veces nos acordaremos de ti. Se nos ha ido uno de los grandes, la voz pausada de esta cooperativa.

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Bessis, que ha dedicado toda su vida a estudiar las relaciones entre las naciones del norte y las del sur, además de a la historia de las mujeres, con varios libros claves sobre el mundo árabe y el feminismo, desmonta ahora el mito que ha servido a causas antagónicas para recordar cuál es el fin último de los nacionalismos: «Este término responde a una voluntad de cierre, y todos los nacionalismos tienen como paradigma esencial el rechazo de la alteridad», defiende la autora en una entrevista con La Marea.

Usted nació en Túnez en el seno de una familia judía. ¿Hasta qué punto ha influido esa experiencia personal en la decisión de escribir este libro?

Mi origen tiene sin duda su importancia. Me interesaron desde hace mucho tiempo las cuestiones ligadas a la tragedia palestina, al conflicto israelo-palestino y al lugar del judaísmo en el imaginario occidental. Ya había abordado la cuestión de lo judeocristiano en un libro que escribí hace 25 años, Occidente y los otros: Historia de una supremacía. Ahora he vuelto sobre el tema de forma detallada. Dicho esto, no todo lo que escribo está directamente vinculado a mis orígenes.

El subtítulo del libro denuncia la impostura del término «civilización judeocristiana». ¿Por qué hablar de impostura?

El término «judeocristiano» existe desde hace mucho tiempo en el ámbito teológico y en los estudios académicos, y tiene sentido: el cristianismo surge del judaísmo. Lo que yo cuestiono es su salto al lenguaje corriente y la fórmula «civilización judeocristiana». No creo en la existencia de una civilización judeocristiana, y eso es lo que me parece una impostura. Existe una civilización europea, eso es evidente, y dentro de ella hay judaísmo y cristianismo, pero hay tantas otras cosas que reducirla a lo judeocristiano es un error total. Cuando los dirigentes occidentales usan hoy esa expresión, es simplemente otro nombre que le dan a la civilización occidental. Ahí reside la impostura.

¿En qué momento se produjo ese salto al discurso popular?

Lo dato en torno a principios de los años ochenta, aunque nunca hay fechas exactas. En esa época asistimos al fracaso del gran mesianismo laico que fue el comunismo, que se traduce a principios de los noventa en la desaparición de la Unión Soviética. Y también, en los tres monoteísmos, a un retorno de lo religioso en sus formas más extremistas: el islam político y yihadista, los movimientos evangélicos en el cristianismo y el extremismo religioso en el judaísmo. El lenguaje político abandona progresivamente sus referentes laicos para adoptar referentes religiosos, y la irrupción del término «civilización judeocristiana» se sitúa en ese contexto.

Lo curioso es la facilidad con la que fue asimilado por la opinión pública como una evidencia. En el libro habla de cómo esa idea deforma las relaciones históricas entre cristianismo, judaísmo e islam, ocultando el papel del islam en la cultura europea.

Lo que cuestiono son tres usos de esta fórmula. El primero: si uno es judeocristiano, no puede ser antisemita, con lo cual la expresión oculta casi 2.000 años de antijudaísmo cristiano y de antisemitismo moderno en Europa. Ese antijudaísmo fue el hilo conductor de la Iglesia durante siglos, y el antisemitismo racista del siglo XIX desembocó en el genocidio de los judíos de Europa. Europa tiene muchas ganas de olvidarlo.

El segundo uso es lo que llamo la negación de Oriente por parte de Europa. La fórmula hace que Europa se apropie del judaísmo, como si este hubiera nacido en Occidente. Pero el judaísmo es una religión oriental en su origen, como el cristianismo y como el islam. Los tres monoteísmos nacieron en Oriente, ninguno en Occidente.

Y la tercera función es relegar al islam a una alteridad total que es falsa. El monoteísmo abrahámico tiene tres ramas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Situar al islam fuera de esa tradición es un error histórico. Y quizás España sea el mejor ejemplo: en este país existió una civilización judeo-musulmana de la que nunca se habla. Está totalmente excluida del vocabulario europeo.

Usted habla de cómo el término ha sido aprovechado tanto por el sionismo como por el nacionalismo árabe. ¿Cómo puede un mismo término servir a causas antagónicas?

Porque todo el mundo lo usa, por eso es útil. Este término responde a una voluntad de cierre, y todos los nacionalismos tienen como paradigma esencial el rechazo de la alteridad. Es el eje de cualquier nacionalismo, y por eso los nacionalismos desembocan generalmente en su versión última, que es el fascismo. Lo vemos en todas partes hoy: en Europa, en Israel, en todas partes.

Hasta la década de 1950, incluso un poco más tarde, en el mundo árabo-musulmán había en torno a un millón de judíos. Hoy solo quedan unas cuantas decenas de miles. La mayoría ha abandonado esta vasta región en la que el judaísmo estaba implantado desde hace siglos, sufriendo una persecución mucho menor que la que sufrieron en Europa. El nacionalismo árabe, como cualquier nacionalismo, tiene pánico a la diferencia, por lo que los judíos han ido siendo considerados poco a poco como «los otros». Por eso acogieron muy positivamente un término forjado en Occidente: si la civilización occidental es judeocristiana, dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Y eso les permitió emprender un trabajo de ocultación de la presencia judía en la historia del mundo árabe. La creación del Estado de Israel en 1948 no ayudó en nada, en la medida en que Israel se concibe a sí mismo como un Estado occidental en el corazón de Oriente. Y para gran desgracia de los judíos, hoy la doxa tiende a confundir judíos e israelíes.

¿Cree que esa percepción puede cambiar después de lo que está ocurriendo en Gaza?

Una de las razones del apoyo casi incondicional de los Estados occidentales a lo que ha ocurrido en Gaza, cuya dimensión genocida es evidente, es que los occidentales consideran Israel como una parte de ellos mismos. Y eso les lleva a eximirle de toda crítica. No he escuchado ni una sola voz oficial criticar la reciente ley aprobada por el Parlamento israelí que restablece la pena de muerte y la reserva únicamente para los palestinos. Es una ley de apartheid, y ningún dirigente europeo ha dicho ni una palabra sobre ella.

El problema es que la política israelí de hoy facilita el antisemitismo, precisamente porque se tiende a confundir a israelíes y judíos. Por eso, desde el estallido de la guerra en Gaza, numerosos movimientos judíos dicen: «No en nuestro nombre. Esta guerra no se hace en nuestro nombre». El militarismo israelí, el hecho de que Israel se conciba únicamente como un Estado guerrero, tiene una incidencia muy desafortunada en la percepción que las mayorías tienen de los judíos.

La semana que viene la Asamblea Nacional francesa examinará el proyecto de la «ley Yadan», que busca, según sus promotores, frenar los nuevos tipos de antisemitismo. ¿Cómo analiza esta medida?

Es escandalosa. Asimila toda crítica a la política israelí con el antisemitismo e introduce una restricción evidente a la libertad de expresión. Si esta ley fuera adoptada, Hannah Arendt tendría que ir a la cárcel: era partidaria de un Estado binacional, era favorable a un hogar judío, pero contraria a un Estado judío, y militó por la convivencia. Si estuviera viva hoy, sería objeto de sanción según esta ley.

No creo que sea adoptada. Hay una movilización real en contra: la petición ante la Asamblea Nacional ha superado las 500.000 firmas y el Partido Socialista ha anunciado que no la votará. La extrema derecha probablemente sí lo haga, y también una parte de la derecha. Lo cual ilustra muy bien el oxímoron político al que asistimos hoy: el sionismo antisemita.

¿Hay una puerta de salida a esta retórica del choque de civilizaciones?

Me gustaría poder responderle, pero no puedo. No tengo recetas. Lo único que sé es que esta retórica es mortal, y que la única forma de combatirla es denunciarla. Que haya movimientos, que haya gente dispuesta a hacerlo. Es lo que, desde mi posición, he intentado hacer con este libro. Pero, de momento, una fórmula para salir del choque de civilizaciones, lamentablemente, no existe.

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Desde que escribió Sociofobia, Rendueles ha destacado por una crítica quirúrgica a los discursos tecno-optimistas que ven en la tecnología digital el vector de cualquier revolución contemporánea posible. Sin caer tampoco en el tecno-catastrofismo, necesitamos sentarnos a pensar juntas qué derivas pueden llevarnos a una comprensión situada y contextual de la tecnología si lo que queremos es un cambio social donde el 99% tenga posibilidades de mejorar su existencia.

El texto de César recoge muchas cuestiones de gran interés para Hello Compost! en lo que respecta a nuestro objetivo de desplegar jardines digitales que contribuyan a convertir Internet en un lugar más habitable y democrático. Desde su crítica al ciberfetichismo -la creencia de que las tecnologías digitales son capaces de solventar problemáticas que, en el fondo, son de carácter social, cultural y político-, hace un repaso al recorrido de la tecnopolítica en las últimas décadas.

Esta perspectiva histórica es, a nuestro modo de ver, fundamental para desentrañar tanto las limitaciones como las potencialidades de lo digital en cuanto a su contribución al cambio social. El paso de un tecno-utopismo en las décadas de los ‘90 y los ‘00 hasta el catastrofismo que se ha ido instalando en la última década -prácticamente, sin solución de continuidad- demuestra las carencias que siempre ha acarreado la hipótesis tecnopolítica. La apertura, horizontalidad y descentralización que parecían plantear un nuevo paradigma emancipador no han sido capaces de paliar las derrotas que ha inflingido el neoliberalismo a los pilares tradicionales del anticapitalismo como el movimiento sindical o la solidaridad internacionalista.

Sin embargo, esto no supone una renuncia a aquellos movimientos y estrategias que surgieron de la tecnopolítica como la cultura y el software libre, el mediactivismo, la guerrilla de comunicación, la piratería o los hacklabs. La cuestión está en qué podemos recuperar en las condiciones del presente o, más bien, en cómo podemos actualizar la potencia de sus prácticas. Del mismo modo que es necesario reivindicar el valor de estos movimientos, también es justo señalar los fracasos de las corporaciones tecnológicas para no hacerle el juego al triunfalismo de Silicon Valley y los tecno-oligarcas.

Esto es especialmente importante en estos momentos, en los que el ecosistema digital es cada vez más funcional a los intereses de los movimientos políticos iliberales y de extrema derecha, para lo que X, anteriormente conocido como Twitter, es un ejemplo paradigmático. Durante la época del 15M, esta plataforma parecía la panacea de la esfera pública digital y tenía una orientación marcadamente progresista, mientras que, desde la compra de Elon Musk, ha virado hacia un estercolero filofascista. Aquí es importante considerar que no debemos caer en el espejismo de que es una representación fiel de la opinión pública. Ni lo era cuando parecía contribuir al progresismo, ni lo es ahora que va a favor de Trump y sus acólitos de todo el planeta. Situar y evaluar en su justa medida la influencia de lo digital más allá de las pantallas es una labor fundamental para dejar atrás el ciberfetichismo.

Dicho esto, ni el texto de César ni la conversación que tuvimos con él se detienen en el análisis crítico de la situación. La clave radica en avanzar en cómo pensamos y hacemos el ecosistema digital que queremos. En este sentido, es preciso poner el foco en la institucionalidad, especialmente en lo que se refiere a su capacidad de mediación pública. Porque precisamente la privatización del ciberespacio y su fomento de la inmediatez y la aceleración es lo que ha posibilitado que movimientos autoritarios emerjan y medren en este entorno.

Necesitamos instituciones digitales que generen espacios para que surjan preguntas y más preguntas, no tanto soluciones, y que estas vengan de procesos de reflexión individual y deliberación colectiva. Y cuando hablamos de lo público también es preciso puntualizar que público no es equivalente a estatal -es decir, manejado por el Estado-. No tendría sentido pasar de un centralismo corporativo a un centralismo estatal. Un ecosistema digital público sería aquel capaz de amparar tanto iniciativas estatales como privadas como comunitarias. Esto requiere de audacia política y realismo tecnológico. También perseverancia en los movimientos tecnopolíticos emancipadores. No cejar en el empeño de generar un deseo de cambio para que tengamos una vida menos cuantificada y más bella.

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Su victoria constituye hasta cierto punto una proeza electoral, ya que Orbán, desde su llegada a la presidencia húngara en 2010, había procedido a redibujar los distritos electorales (aplicando el infame gerrymandering) y a cambiar la esencia de la propia ley electoral, que dejaba de representar a todas las opciones políticas para que el partido más votado se llevara todos los escaños. Para apearlo del poder hacía falta una elevada participación y que el voto se concentrara en su principal contrincante. Y eso es lo que ha pasado.

La participación alcanzó el 78%, rompiendo todos los récords históricos. Y el partido de Magyar, Tisza, consiguió recabar el 53% de las papeletas (138 escaños en el parlamento), dejando al resto de opositores a Orbán en cifras puramente testimoniales. El Fidesz, por su parte, reunió un 38% de los votos (55 escaños). Los comicios contaron con 900 observadores internacionales para garantizar su limpieza.

La victoria de Magyar es más significativa, si cabe, pues se ha producido con todo el aparato de los medios de comunicación públicos en contra. Orbán, el espejo en el que se miraba hasta ayer la extrema derecha del continente, ha sido célebre por su persecución de los medios independientes, de los partidos de la oposición, de la comunidad LGTBIQ+ y por intentar boicotear la Unión Europea desde dentro. Notorio trumpista y aliado inquebrantable de Putin, el presidente saliente convirtió en eje central de su campaña la oposición frontal a cualquier ayuda financiera adicional a Ucrania por parte de la Unión Europea mientras no se restableciera el flujo de petróleo ruso, su principal suministro energético. De hecho, acusó a su rival de querer gobernar para Ucrania y no para Hungría.

Magyar, por su parte, ha basado su carrera hacia la presidencia en la denuncia del «Estado mafioso» y corrupto que encarna Orbán. En contraposición, anunció que si ganaba, restauraría el «Estado de derecho» en el país, seriamente comprometido tras 16 años de gobierno iliberal. Además, se presentó como un líder proeuropeo y otanista.

Cuando se dieron a conocer los primeros resultados y la victoria de Magyar se antojaba incontestable, Orbán lo llamó para felicitarlo, aunque dejó un recado contradictorio al más puro estilo trumpista. «El resultado es doloroso, pero claro», dijo. Y al mismo tiempo aseguró: «Nunca nos rendiremos».

Antes de que finalizara el recuento, las calles de Budapest ya estaban llenas de gente celebrando la salida de Orbán. Habrá que ver cómo evoluciona el nuevo gobierno de Péter Magyar, ya que el pueblo húngaro tiene una larga experiencia en cuanto a ilusiones traicionadas. También en 2010, en un país sumido en una grave crisis económica y gobernado por un Partido Socialista corrupto, optó por Orbán para salir del atolladero, ya que entonces mostraba un perfil moderado (sobre todo en comparación con el Jobbik, un partido xenófobo, antigitano y antisemita). La moderación de Orbán duró muy poco, imponiendo una línea autoritaria que restringió libertades fundamentales y derechos civiles. Duró 16 años. Hasta ayer.

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Estamos en Harasta, una ciudad en las afueras de Damasco, y Fateh todavía recuerda cuando su abuela y su madre compraron los dos pisos, uno al lado del otro, en el año 2009. A los pocos meses, empezaron a reformarlos (azulejos nuevos, instalación eléctrica, cocina…) hasta que, justo antes de tenerlo todo listo, empezó la guerra. Durante años, la familia no pudo regresar a la vivienda, ya que la zona quedó en medio del conflicto, entre el régimen sirio y los rebeldes.

«Recuerdo que en Damasco preguntábamos de vez en cuando a gente que conocemos aquí sobre la condición de la casa. Nos decían que estaba bien», cuenta Fateh, en castellano, ya que trabaja de profesor privado de árabe e inglés y anteriormente había impartido clases de inglés en español. «Pero en 2017 Rusia ayudó al gobierno a atacar Harasta para sacar a los rebeldes, y en un par de meses todo quedó bombardeado. Dos meses después, el gobierno dijo que podíamos entrar en Harasta, y fue un shock ver que la casa, después de años de estar bien, ya no lo estaba», explica con amargura, mientras de fondo se escuchan martilleos en edificios cercanos. Otros vecinos también se apresuran a reconstruir sus hogares.

Catorce años de guerra han dejado buena parte de Siria destrozada. Según un informe del Banco Mundial, casi un tercio de las infraestructuras y viviendas del país fueron dañadas o destruidas entre 2021 y 2024 (a finales de ese año cayó el gobierno de Bashar Al Asad). El organismo estima que la reconstrucción puede costar hasta 216.000 millones de dólares. De estos, unos 82.000 millones servirían para restaurar solo la infraestructura básica, mientras que 75.000 millones se destinarían a viviendas y otros 59.000 millones a edificios no residenciales.

Según la ONU, alrededor de 7 millones de sirios siguen siendo desplazados internos, de los cuales 1,5 millones viven aún en campamentos o asentamientos informales. Aunque las nuevas autoridades de Damasco han iniciado los primeros pasos para coordinar prioridades de rehabilitación en las zonas más afectadas y desde hace poco existe un plan nacional, la reconstrucción sigue siendo un proceso fragmentado.

«El gobierno, en colaboración con empresas, han establecido un órgano para invertir en la reconstrucción, para atraer a empresas internacionales y nacionales. Pero es un plan general, y cada ciudad tiene su análisis y trabajo», detalla Salaha Ismail, experto en planificación urbana y miembro de la ONG Kafaat for Reconstruction. Él se encarga sobre todo de generar análisis técnicos y fortalecer comunidades en las afueras de Damasco, en zonas como Harasta. «Ahí necesitan la ayuda de empresas, y el gobierno ha recogido dinero a través de la organización Syrian Investment Trust. Hay algunas cosas que podemos decir que van a funcionar. Otras, todavía es muy complejo saberlo. Se trata de proyectos grandes de empresas internacionales de Estados Unidos en torno a la electricidad, las zonas militares, etc. Eso es difícil, pero la infraestructura, las casas, esto es algo más local, una tarea del gobierno».

Reconstruir sin esperar al gobierno

Fateh sube con cuidado por una estructura sin barandilla. Donde hoy hay un vacío abierto al patio, antes había una habitación pensada para que él durmiera allí. «Esta parte cayó dentro de la casa», explica, mientras esquiva los cascotes esparcidos por toda la estancia. Las escaleras originales desaparecieron cuando las fuerzas gubernamentales entraron en la ciudad en 2018. «Rompieron y robaron todo lo que pudieron: cables, puertas, ventanas, cerámica…», se lamenta.

Durante siete años, la familia, al igual que muchas otras, decidieron no hacer nada. «Todo era demasiado caro. El coste de los materiales de reconstrucción es ahora más barato, relativamente. Otro factor es el precio del dólar comparado con la lira. Ahora la lira es más fuerte». Por ello, esta semana, un año después del cambio de régimen, ha tomado la decisión de hacer que este sea su hogar. Ha comprado formalmente el piso a su abuela hace apenas una semana por 3.500 dólares –un precio familiar, por debajo del mercado– y calcula que necesitará unos 4.500 más para retirar los escombros y rehabilitar las dos viviendas, la suya y la de su madre.

Quien le ayuda en toda la reconstrucción es su amigo Osama Alsawaf, ingeniero de Damasco. Hoy han quedado para discutir los últimos flecos antes de empezar la obra, dentro de pocos días. Todavía ven lejano que el plan gubernamental se implemente realmente en su zona. «Si reconstruyes ahora, es bajo tu responsabilidad», le recuerda Osama a Fateh, sentados en un café en Damasco, repitiendo la norma no escrita del nuevo gobierno. «El gobierno dice: construye, pero si mañana hacemos un nuevo plan urbano y no encaja… En fin, que podrían demolerlo otra vez», insiste Osama.

A Osama, ingeniero especializado en energías solares de 31 años, la elevada demanda de reconstrucción de hogares tras 14 años de guerra le ha hecho inclinar, gradualmente, su trabajo hacia este ámbito. Una rehabilitación iniciada desde cero puede costar unos 10.000 dólares, mientras que la más barata que ha hecho, «muy básica», reconoce, ha costado 2.500 dólares.

El trabajo principal, asegura Osama, es reparar y poner en marcha la infraestructura básica que el antiguo gobierno se apropió cuando recuperó ciudades que antes estaban en manos de los rebeldes. Muchos de los sirios que ahora están reconstruyendo estos edificios cuentan con el apoyo económico de familiares que viven fuera. Osama acaba de volver de Egipto, donde ha vivido en los últimos cinco años, y reconoce que trabaja un tanto a ciegas. «La gente necesita casas. Los alquileres están altos. Pero todos trabajamos sin saber qué pasará después».

Pese a la incertidumbre actual sobre los planes del gobierno en cuanto a la reconstrucción, Fateh no ha querido esperar a ninguna hipotética ayuda pública. «Creo que si la ayuda llega, tendré que esperar muchísimo, y habrá prioridades. Por ejemplo, Jobar [la zona más asediada por el régimen sirio, vecina de Harasta y que quedó completamente destrozada] será una prioridad; Harasta no estará en el primer lugar del plan. Así que prefiero empezar que esperar, porque al final tengo que vivir mi vida y tener mi casa», dice convencido.

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