Al respecto, en un editorial reciente de El País encabezado por el titular “Europa se abrasa en mayo” (29/05), se afirma, entre otras cosas, que el cambio climático «no es un debate… ideológico». Una declaración que, con un tono parecido, es fácil encontrar en otras publicaciones.

Acudo al Real Diccionario de la Lengua Española (RAE) y encuentro que una de las acepciones que se otorga a la palabra ideología es la siguiente: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”; los sinónimos de este término serían: ideario, credo, doctrina, ideas, principios, creencia. 

Si, entre otras cosas, la ideología se caracteriza, como afirma la RAE y nos dice el propio sentido común, por la existencia de una diversidad de visiones -más o menos apriorísticas, más o menos contrastadas-, hay que reconocer que, por fuerza, impregna, y debe impregnar, el debate; en el ámbito de las ciencias sociales y, más en concreto, de la economía, este reconocimiento es un obligado e imprescindible punto de partida, que justamente pretenden ocultarlo quienes más carga ideológica y visiones apriorísticas incorporan en sus análisis y propuestas. De modo que, aceptémoslo, partamos de esa realidad, la ideología todo lo condiciona y ocultar esa influencia, como sugiere ese editorial de El País, siguiendo una línea a la que ya nos tiene muy acostumbrados, es profundamente ideológico y sesgado.  

En ese cruce de visiones, quienes ponen en el centro de la degradación de los ecosistemas y el desbordamiento de todos los límites biofísicos del planeta al “ser humano” –así, en genérico–, quienes, con esta perspectiva, apelan a un comportamiento austero y responsable de ese ser humano, pues en definitiva “todos perdemos”, equivocan el diagnóstico; porque la responsabilidad de esa deriva y las soluciones no se pueden repartir con esa pretendida ecuanimidad, cuya aceptación, en realidad, nos desvía de una agenda verdaderamente transformadora.

En este sentido, no hay que ocultar, como hacen El País y otras publicaciones, que hay un formidable negocio –grupos muy relevantes impulsándolo y enriqueciéndose con el mismo– en el mantenimiento del statu quo energético y en la emisión de gases de efecto invernadero (no entraré en este asunto verdaderamente crucial, pero también lo hay en la supuesta transición hacia una economía verde y digital). La desigualdad que todo lo impregna en el capitalismo realmente existente también se muestra en este ámbito.

Así pues, tenemos que ser conscientes de que los mayores responsables de ese patrón productivo y de consumo insostenible, que ya está provocando daños difícilmente reversibles, son, especialmente, los ricos del planeta y los países ricos, las oligarquías cada vez más poderosas y una densa red de intereses no oligárquicos que también sacan tajada, o pretenden sacarla, de la inacción. Sustituir este análisis, en el que hay que entrar obligatoriamente, por algo así como “todos contaminan” es una cortina de humo, una falacia que, consciente o inconscientemente, preserva los intereses de los verdaderos responsables.

Vencer esas resistencias y abrir otro escenario precisaría de una rotunda movilización social que colocara en el centro de la misma políticas ambiciosas en materia de sostenibilidad y reparto de los costes -que ciertamente serán muy importantes–, teniendo en cuenta la desigualdad extrema que soportamos en la actualidad.

La entrada ¡La ideología que todo lo contamina! se publicó primero en lamarea.com.

A partir de los años 50 del pasado siglo, con el aumento de la capacidad de consumo de las clases medias y trabajadoras en el Norte, el capital encontró en el turismo una nueva frontera para la acumulación. Al calor de lo que se convertiría en turismo de masas, desde los centros económicos europeos algunas zonas litorales del Sur empezaron a ser vistas como espacios que reunían las condiciones para ponerlos al servicio del negocio turístico. Entre ellas, el litoral andaluz. El régimen franquista, interesado en propiciar una apertura política y económica, conectó enseguida con esos intereses del capitalismo internacional, viendo a su vez en el turismo una salida al problema del déficit de la balanza de pagos, que podría ser compensado con las divisas que llegarían. Las élites económicas dentro del Estado encontraban también así una manera de facilitar su vinculación al resto de las economías capitalistas y al mismo tiempo de satisfacer sus necesidades de importación de tecnología y maquinaria para alimentar la expansión y la acumulación en las áreas industriales. 

De modo que, una vez más, cuando convino a intereses lejanos y ajenos a Andalucía, con los que conectó una estrecha oligarquía local subalternizada y satelizada por aquellos, la vida y las condiciones para su reproducción se plegaron aquí a esos intereses. En principio en la parte de la costa a la que José Antonio Girón de Velasco, uno de los principales jerarcas del régimen franquista, delimitó geográficamente como La Costa del Sol en un artículo de prensa publicado en 1954 que llevaba ese título. Una costa en la que él tuvo una actividad intensa desde la política y también participando en numerosos y a veces turbios negocios inmobiliario-turísticos en los que nunca apareció como titular.

El “descubrimiento” del litoral andaluz como fuente de apropiación de riqueza

Entre los primeros “descubridores” de esta parte del litoral andaluz como fuente de apropiación de riqueza cabe citar a Norberto Goizueta, ingeniero navarro que desde su yate divisó la zona de Guadalmina, entre Marbella y Estepona, donde adquirió un terreno entonces de uso agrícola de 400 hectáreas por 13 céntimos de peseta el metro cuadrado que después transformaría en un gran complejo turístico. De la mano de Norberto Goizueta llegó a Marbella el salmantino Ricardo Soriano y Scholtz, Marqués de Ivanrey, que adquirió dos fincas en el paraje de El Rodeo en las que más tarde se localizaría un complejo hotelero y una urbanización, jugando este promotor un papel fundamental en la explotación inmobiliario-turística del territorio marbellí. A su vez, Ricardo Soriano atrajo a la zona a su tío, Maximiliam Hohenlohe-Langenburg, que durante la Segunda Guerra Mundial había trabajado para el servicio de inteligencia del Tercer Reich en España, habiendo sido también antes un importante colaborador del régimen nazi. Cuando Maximiliam, en 1946, “descubrió” la Costa del Sol adquirió unos terrenos en la zona de Santa Margarita, que luego su hijo Alfonso de Hohenloe-Langenburg, promotor de numerosas urbanizaciones y complejos turísticos y uno de los personajes más poderosos de la Costa del Sol, convertiría en el área del Marbella Club.

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Maximiliam Hohenloe facilitó la llegada y la acogida en el litoral andaluz de numerosos refugiados nazis, algunos de ellos destacadas figuras del nazismo huidos de la justicia, que se vieron protegidos por el régimen de Franco. Este cobijo e inmunidad fue posible gracias a un entramado del que formó parte Ricardo Soriano, en torno a cuyo segundo apellido, Scholtz, existió, antes de que él llegara a Marbella, una espesa red de vinculaciones con intereses políticos y empresariales asociados a la Alemania nazi; aunque el epicentro de la trama fue José Antonio Girón de Velasco, que llegó a tener como compañero de negocios a Hans Hoffmann, personaje que tuvo un gran protagonismo en la Legión Cóndor y en la División Azul y que fue miembro destacado de la Gestapo (Portero, 2021). 

Con Hoffman hizo Girón operaciones como la de la urbanización de la zona de Santa Amalia, en Fuengirola. Unos terrenos que fueron comprados en 1949 muy baratos por la esposa del alemán después de que el alcalde del municipio utilizara con los propietarios, pequeños campesinos, la amenaza de la expropiación. Una vez adquiridas las tierras fueron vendidas por el mismo precio de compra a la esposa de José Antonio Girón. Son terrenos donde se localiza el Castillo de Sohail, considerados de “protección especial” y que fueron urbanizados modificando el Plan General de Urbanismo mediante un Plan Parcial que salió a exposición pública cuando la obra ya estaba terminada (Jurdao,1979). Uno de los casos de recalificaciones que quebrantan el planeamiento urbanístico en beneficio de los poderosos, que aquí ya proliferaron en el franquismo y que llegó a ser moneda común en las burbujas inmobiliarias que vendrían décadas después.  

Años más tarde Hoffmann canalizó fondos a través de la fundación Seidel hacia el partido Alianza Popular de Manuel Fraga, origen del actual Partido Popular; una muestra de que la buena relación con este grupo de nazis acogidos por el franquismo continuó como si nada con la llegada del nuevo régimen con fachada democrática. Ya en 2006, en la Operación Malaya aparece el nombre del hijo de Hans Hoffmann, Juan Germán Hoffmann, considerado como uno de los testaferros del cerebro de la trama de Juan Antonio Roca. Juan Germán fue condenado a cinco años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, dándose a la fuga y siendo localizado en Alemania, donde el Gobierno no accedió a la petición judicial de extradición. 

Los alemanes y otros agentes nazis procedentes del Imperio austrohúngaro fueron no sólo cobijados políticamente en la Costa del Sol, sino apoyados por el régimen de Franco en sus negocios especulativos de compraventa de terrenos y promoción inmobiliario-turística, y tuvieron aquí fácil la ocasión de blanquear dinero, suponiendo su capital una parte muy importante del montante total de la inversión en la zona, de modo que en los años 50 estuvieron entre los principales inversores.

En relación con la burguesía local, cabe reseñar el papel clave en la configuración y expansión del negocio turístico en la Costa del Sol que jugaron los hermanos Bolín Bidwell, malagueños de ascendencia sueca y británica cuyos antepasados se habían dedicado al comercio marítimo, al negocio del cultivo de la caña y a la exportación de vinos dulces. Uno de los hermanos, Luis Antonio, prestó valiosos servicios en el golpe de Estado de 1936 y terminada la guerra fue director general de turismo durante 15 años. Su sobrino, Enrique Bolín, “el inventor de Benalmádena”, se instala en este municipio cuando su padre, importante promotor urbanístico, compra terrenos dentro de este término municipal para construir el complejo turístico de Torrequebrada; fue alcalde en varios períodos desde 1966 a 2007, y miembro de Alianza Popular y del Partido Popular.

Vinculado asimismo a la burguesía local puede citarse el caso de Enrique Van Dulken, hijo de un comerciante llegado de los Países Bajos relacionado con la exportación de productos primarios locales, que fundó en 1962 una compañía de transporte turístico. Como inversor local sobresale también, en Mijas, Leopoldo Werner Bolín, Conde de San Isidro, perteneciente a una saga malagueña que nace con el banquero alemán Leopoldo Werner Wolf. Con las tierras de la familia urbanizó en Mijas casi 800 hectáreas en la Hacienda El Chaparral. También cabe citar el caso del terrateniente y abogado algecireño Salvador Guerrero, que convirtió, como promotor, las 1.300 hectáreas de una explotación agrícola, forestal y ganadera de su propiedad en la urbanización residencial y turística Elviria de Marbella. Como José Luque Manzano, sevillano, también terrateniente que invierte en el negocio turístico construyendo, en terrenos adquiridos en Marbella, el Hotel El Fuerte, inaugurado en 1957, un negocio que dará lugar a una cadena hotelera a la que se hará referencia más adelante.

Venidos de fuera en los años 50 y 60, además de los ya nombrados llegaron a la costa a hacer negocios personajes como José Banús, conocido como “el constructor del régimen”, que había participado, entre otros muchos proyectos, en la construcción del que el régimen franquista denominó “El Valle de los Caídos” y que se hizo con alrededor de 900 hectáreas de terrenos en la franja costera andaluza en los que después se construyeron urbanizaciones como Puerto Banús, Nueva Andalucía o Incosol; o Ignacio Coca, banquero madrileño que junto con José Antonio Girón de Velasco urbanizó la zona de Los Monteros, que pronto se convertiría en punto de encuentro de la élite del franquismo. Coca también financió a través de su banco numerosas promociones turísticas como la del Hotel Carihuela y otras. Cabe citar también entre los promotores a Emilio Jiménez Casquet, alto mando del ejército de Franco al que se pueden atribuir varias urbanizaciones, entre ellas Torreblanca del Sol, en Fuengirola; Fermín Aguirre Arocena, empresario vasco promotor de varios complejos turísticos en Benalmádena; Ángel Carazo, burgalés, constructor y promotor de numerosos proyectos inmobiliario-turísticos en varios municipios del litoral andaluz, entre ellos los complejos Alhoa; José Meliá, valenciano, fundador en 1947 de Viajes Meliá, que promovió varios proyectos hoteleros en la costa andaluza, entre ellos el Hotel Don Pepe, localizado en Marbella; o Gabriel Escarrer Juliá, mallorquín, propietario del entonces Grupo Sol. 

Sobre la especulación y el pillaje 

Como nos confirma el trabajo de Fernández-Carrión (2005), entre los primeros promotores de la Costa del Sol apenas aparecen nombres correspondientes a la burguesía local; la mayoría o son extranjeros o son empresarios catalanes, valencianos, vascos y madrileños, y éstos, los llegados de fuera, son precisamente los propietarios, promotores o/y gestores de las mayores operaciones localizadas aquí. Los escasos apellidos locales relacionados con la promoción del turismo están con frecuencia vinculados a familias llegadas desde el Norte en el siglo XIX y cuyo enriquecimiento tiene sus orígenes en la continuidad de los circuitos comerciales que el comercio colonial, controlado por capital foráneo, había establecido en la Málaga del siglo XVIII: el negocio asociado a la extracción y/o compraventa de productos primarios para la exportación. 

Mayor ausencia aún de inversores locales encuentra Jurdao en su trabajo ya citado, que relata con mucho detalle el caso de la colonización turística del municipio de Mijas, para el que señala que “desde 1953, ingleses y alemanes ‘descubrían’ la zona aún virgen”, refiriéndose a la inexistencia entonces de actividad turística. De modo que aquí en los años 50 y 60 tiene lugar un proceso generalizado de adquisición de tierras que se hace conforme a mecanismos especulativos por quienes, utilizando la mayoría de las veces procedimientos coactivos, la presión y el engaño, según Jurdao “tienen un objetivo: el pillaje” (pág.212). Un modelo de urbanismo salvaje que está en manos de extranjeros o de “españoles venidos de otras tierras”, de modo que puede decirse que la población autóctona quedó fuera del negocio inmobiliario-turístico, o tuvo una implicación marginal en el mismo que se concretó en la fase de la compraventa de terrenos.  

Población local y territorio, al servicio de un nuevo amo

En este primer “tsunami” urbanizador de los años 1950 y 1960 en la Costa del Sol, los núcleos agrarios originarios pasan a ser apéndices de las urbanizaciones y bloques de apartamentos, que pasaban a constituir el grueso urbano de los municipios. Cuando en la zona se extiende la especulación, la agricultura y el valor de uso agrícola de las tierras quedan arrasados como si por allí hubiera pasado un ciclón. Extraños en su propia tierra, la población local termina siendo desplazada de su hábitat, obligada a abandonar su medio para pasar a ser utilizada al servicio de un nuevo amo: el modelo turístico urbanizador implantado desde fuera.

Un modelo en el que la especulación inmobiliaria y el negocio turístico se vendían, en un contexto de escasez y pobreza extrema, como un “milagro” paradigma del progreso, en un ejercicio de ilusionismo en el que, como escribía el periodista Ángel Palomino (1972:214), “de la chistera del ilusionista salía, lanzada, disparada, la plusvalía”; en este modelo Andalucía ponía el territorio, la tierra, ahora convertida en suelo, y la mano de obra, dos mercancías abundantes y baratas aquí, pasando los andaluces de jornaleros/as del campo o pequeños/as campesinos/as a jornaleros/as de la construcción (albañiles) o del turismo (camareros/as o personal de limpieza en la hostelería). Tareas penosas, precarias y mal remuneradas sometidas aquí a una sobreexplotación en relación con la existente para sus equivalentes en otras economías dentro del Estado; sobreexplotacion cuyas raíces hay que buscarlas en el carácter de economía dependiente y marginada que la economía andaluza viene desempeñando históricamente dentro del sistema. En Andalucía se utilizó y continúa utilizándose el caldo social que genera su condición de economía subalterna, de realidad sometida e inferiorizada, para extremar las condiciones de explotación. Se buscaba y se busca aprovechar esa condición de sirvienta de otras economías que ahora el modelo turístico contribuye a profundizar, acentuando el círculo vicioso,

Esta brusca alteración del panorama socioeconómico fue también un atropello ecológico y cultural. En lo ecológico, explotación y degradación del patrimonio natural para satisfacer las necesidades de un modelo turístico inmobiliario asociado a una intensa huella ecológica a la que nos volvemos a referir más adelante y que da cuenta de su carácter extractivista y depredador. Una devastación que responde a una mayor permisividad; una destrucción extremada y facilitada también por esa condición de realidad subalternizada a la que se hacía referencia antes, por el funcionamiento de Andalucía dentro del sistema como área de extracción y de vertidos. Una posición que marca aquí de manera fundamental las condiciones en las que la vida se desenvuelve; en lo social, en lo ecológico, en lo político y en lo cultural.

En el ámbito cultural, durante esta primera etapa del “descubrimiento”, en los municipios turistificados se instala una cultura dominante (utilizando el termino cultura en sentido antropológico –manera de entender la vida y de vivir–) donde antes prevalecía una cultura autóctona con rasgos que están en las antípodas de esa mirada del nuevo amo que se impone de la mano del turismo (Galán et al, 1978); se asalta una forma de ver el mundo que contiene un fuerte potencial transformador en un choque en el que la cultura local experimenta una importante conmoción Jurdao llega a utilizar el término etnocidio (pág.437)–, dándose la confrontación entre dos mundos, entre dos cosmovisiones, una de ellas, la autóctona, ya previamente inferiorizada desde la ideología del desarrollo, que ahora experimenta de manera más evidente y cotidiana el alcance de esa inferiorización. 

La llegada del turismo viene así a redundar en el carácter previo de la realidad andaluza como sirvienta de las realidades del Norte, una característica común a las formaciones sociales del Sur. Una situación que se oculta desde la ideología hegemónica interpretando la dominación como “atraso”. Desde una mirada desde arriba que lleva consigo el mandato o la obligación de perseguir a un fantasma: el de ser a imagen y semejanza de otros a los que se considera superiores (“desarrollados”). Pero la experiencia nos dice que quienes corren detrás de ese fantasma están condenados a no ser, porque mientras no llegan (al desarrollo), no se considera que son, pero como nunca llegan, nunca van a terminar siendo. Esto explica en gran medida la negación en muchos ámbitos a la que se ven sometidos los pueblos del Sur.  

La subordinación política e institucional como condicionante del colonialismo

Para que este expolio pudiera perpetrarse fue imprescindible la configuración de toda una trama de alianzas entre intereses económicos y políticos en la que el sistema político se ponía al servicio de esta transformación colonizadora. Una de las concreciones de esa trama fue la Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol, fundada en 1964 por exministros franquistas como José Antonio Girón de Velasco, que fue su primer presidente, Raimundo Fernández Cuesta o Eduardo González Gallarza, junto con promotores ya nombrados como José Banús, Ángel Carazo, José Meliá, Enrique Marsans, Ignacio Coca o Alfonso de Hohenloe. Pronto se creó en Madrid una dirección general de turismo que hasta 1952 estuvo en manos de un miembro de la familia Bolín-Bidwell, citada antes como una de las sagas más influyentes en el entramado para la apropiación de riqueza generado alrededor del negocio turístico en la Costa del Sol. En 1951 se creó el Ministerio de Turismo, con el falangista y principal artífice de la censura franquista Gabriel Arias-Salgado al frente. En 1961, desde una comisión interministerial presidida por el entonces ministro de la Vivienda, el también falangista José Luis Arrese, se puso en marcha un Plan en la Costa del Sol para la construcción de infraestructuras hidráulicas (embalses y redes de abastecimiento de agua), eléctricas y viarias que atendieran las crecientes necesidades del negocio inmobiliario-turístico (De Mateo, 2023).

En 1965, el Ministerio de Información y Turismo, con Manuel Fraga como ministro, declara a la Costa del Sol “Zona de Interés Turístico”, una denominación que permitía saltarse la Ley de suelo de 1956 para que pudiera continuar perpetrándose, ahora con respaldo legal, “la ocupación incontrolada del espacio costero, considerado ahora zona de libre e indiscriminada ocupación territorial” (Gamboa González, 2015:218). De modo que desde los hilos del poder central o desde sus aliados y subordinados locales, se utilizaron las instituciones del Estado para facilitar la reproducción de las condiciones sociales y materiales que la expansión del modelo turístico aquí necesitaba. Con intervenciones orientadas a facilitar los requerimientos de este negocio concebido, diseñado y controlado desde intereses dominantes ajenos y lejanos a Andalucía.

Una situación de colonialismo tal como éste se entiende en el Diccionario de Ciencias Sociales de la Unesco (pág.440): “Un estado de inferioridad o de servidumbre experimentado por una comunidad, país o nación en situación de subordinación económica, política y cultural derivada de las relaciones con otra comunidad o nación más desarrollada”. Porque, aunque formalmente dentro del Estado no ha existido el status jurídico-político de colonia, Andalucía ha venido funcionando en sus relaciones con otras comunidades y países –dentro y fuera del Estado–, bajo un patrón de relaciones de dominación que va más allá de lo económico y por el cual sus principales dinámicas internas obedecen a decisiones e intereses localizados en los territorios centrales del Norte, que en gran medida continúan ejerciendo el papel de metrópolis.  

De modo que esta situación de inferioridad y subordinación, que ya venía experimentando Andalucía previamente, fue profundizada claramente con la llegada del turismo de masas. Procurándose también que se diera una condición asociada a los procesos de colonización que contribuye a que se legitime socialmente la dominación: que el colonizador tenga el reconocimiento del colonizado, que va a terminar leyendo la realidad con las gafas construidas desde la ideología dominante, en un proceso colonizador también del pensamiento. Desde una ideología que, entre otras cosas, “naturaliza” la inferioridad de los no desarrollados (“atrasados”). Así vemos cómo, desde la connivencia, la complicidad y la servidumbre de los gobiernos locales, muchos de los municipios donde actuaron los amos del negocio turístico cuentan con monumentos, nombres de calles o títulos que tratan de mostrar el reconocimiento y “la deuda” contraída por la población autóctona con sus “bienhechores”.

Integración andaluza en el capitalismo global y explotación inmobiliario-turística

Lo que ha venido en etapas posteriores ha sido en gran medida una reproducción ampliada, o una vuelta de tuerca de lo que se acaba de contar para las décadas 1950 y 1960. Con algunas particularidades. Ahora la entrada en la Unión Europea y el predominio del capital financiero serán los principales condicionantes de un proceso de integración en la economía globalizada que en Andalucía supondrá cambios en las formas de dominación, con una profundización de su papel de economía primaria de la mano del extractivismo agrícola para la exportación y en las dos últimas décadas también minero, y su consolidación como gran plataforma turística cuya dinámica continúa estrechamente vinculada al negocio inmobiliario. Una gran plataforma turística que en relación con la etapa anterior experimenta transformaciones que cabría decir que “se encierran” en dos, relacionadas entre sí: una, traducida en la escala o tamaño en la ocupación de espacio de la actividad turística y la otra que se refiere a la intensidad en la dedicación y en la explotación social y territorial asociada al turismo. 

Las dos muy condicionadas por el predominio de la lógica financiera en una etapa del capitalismo en la que las principales formas de hacer dinero ya no tienen como fuente “lo producido”, la elaboración de mercancías, sino la apropiación de riqueza a partir de la mera compraventa de activos patrimoniales –“bienes” y derechos que pueden generar ingresos futuros– de los que se procura que aumenten de valor; una “creación de valor” basada en lo que se espera que rindan los activos en el futuro; fundada en expectativas de ganancias que se anticipan; “lucro sin contrapartida” (Naredo, 2019); crédito que supone un “adelanto” de supuestos beneficios que engordan a una oligarquía parasitaria, acrecentando su capacidad de compra para poder seguir aumentando su riqueza y su poder. Inmersos en esta dinámica, los grupos que invierten en el turismo focalizan sus estrategias en la apreciación de sus activos, (inmuebles, derechos de uso y otros), tratando de “crear valor” para sus inversores; ahora la actividad turística pasa a ser una mera excusa para que esta revalorización pueda tener lugar. 

Como un ejemplo entre otros muchos de esta financiarización de la actividad turística se podría utilizar el caso de Azora, un fondo de inversión inmobiliaria convertido en uno de los principales inversores en Europa y Estados Unidos, con una amplia cartera de activos turísticos que se amplía en 2025 con la adquisición de la plataforma de gestión hotelera MedPlaya Management, uno de los principales operadores turísticos del mercado español, que en Andalucía gestiona hoteles emblemáticos como el Pez Espada (Torremolinos) o el Riviera (Benalmádena). El objetivo de esta operación es “reposicionar”, según el propio fondo Azora, estos activos (léase reestructurar o reorganizar su funcionamiento) para conseguir el máximo aumento posible de su valor, facilitando así que los inversores del fondo continúen alimentando su expansión. 

Establecimientos y servicios hoteleros o turísticos se convierten así en instrumentos financieros con los que se especula en los mercados. Con importantes implicaciones de entre las cuales nos interesa subrayar aquí la presión que este binomio finanzas-turismo supone sobre la explotación de las partes más vulnerables de la cadena: la mano de obra y la naturaleza, priorizándose la rentabilidad a corto plazo en la búsqueda de hacer realidad las máximas expectativas de ganancia. “El malestar social es un indicador de la mejoría financiera” dice en una viñeta un personaje de El Roto. 

Sobre la turistificación y sus consecuencias

En este escenario, en Andalucía el número total de turistas ha pasado de 2,6 millones en 1970 a los 36 millones de 2024, localizándose aquí cerca de un millón de plazas turísticas, una cuarta parte de la oferta turística española, porcentaje muy por encima del peso de la población andaluza dentro del Estado (18%). El 45,8% de estas plazas son viviendas de uso turístico, siendo Andalucía la comunidad donde el porcentaje de plazas en este tipo de viviendas es mayor dentro del Estado, para el que la media es de un 35,1%. Según el Ministerio de Vivienda, Andalucía es también en 2025 la comunidad con mayor número de pisos turísticos ilegales, con el 31,1% del total de los encontrados dentro del Estado. El turismo se ha extendido aquí como una plaga, en una expansión facilitada también por la debilidad del resto del tejido económico, siendo esta fragilidad a su vez un rasgo propio de su carácter de economía subalternizada.

En este contexto, como sucede también en otras áreas, el capital financiero-turístico-inmobiliario, que desde 2008 ha optado por la vía turística como una de las soluciones a la crisis, en su expansión ha tomado el control de muchos de los espacios urbanos que cada vez más existen, se utilizan y se transforman en función de las necesidades de crecimiento y acumulación de ese capital, convirtiéndose la turistificación en una seria amenaza para la vida y su reproducción en los lugares de los que se apodera el turismo, a la vez que va generando una precarización y un malestar social creciente (Cañada et al, 2023)

En las burbujas inmobiliarias habidas desde los 1980 a 2007 tuvieron también una fuerte implicación los gigantes del negocio turístico, las grandes cadenas hoteleras y los capitales que invirtieron en modalidades como el turismo residencial, de modo que en las tres décadas que van de 1977 a 2007 en Andalucía estos modos especulativos de apropiación de riqueza ocuparon, –“sellaron”–, más suelo del que se había ocupado hasta entonces a lo largo de toda la historia, revistiendo esta agresión daños de especial gravedad en ciertas partes del territorio entre las que destaca la franja litoral, un ecosistema especialmente frágil y vulnerable.

En el caso de la Costa del Sol, en 2007 los dos primeros kilómetros de la franja costera se encontraban ya “pavimentados” prácticamente a la mitad (Delgado, 2016). Una avalancha que se traduce en un fuerte proceso de deterioro y degradación territorial reflejado en el enorme déficit ecológico de los principales focos turísticos localizados en Andalucía. En el caso de los cinco municipios más importantes de la Costa del Sol, Benalmádena, Fuengirola, Málaga, Marbella y Torremolinos, en 2018 la diferencia entre el territorio requerido para satisfacer su consumo de “recursos” naturales y la superficie municipal (huella ecológica) está en todos los casos por encima de 200 veces el tamaño del municipio. En el caso de Fuengirola, su consumo de materiales y energía exige un territorio más de 900 veces mayor que la superficie de su término municipal (Delgado y Cano, 2021). Son cifras que corroboran los graves costes ecológicos y el intenso carácter extractivo de este modelo financiero-turístico-inmobiliario. 

Dinámicas especulativas no sólo ajenas a las necesidades de la población andaluza sino construidas en su contra en la medida en que la mayoría terminará pagando durante muchas décadas las plusvalías y los beneficios de los que se apropian unos pocos. Originándose en este contexto el mejor caldo de cultivo para la corrupción, no como una conducta patológica individual sino como resultado de la propia lógica por la que se rige el sistema, poniéndose de manifiesto, como señala Naredo (2019:108) “la incompatibilidad de fondo entre capitalismo y democracia”. Y sirviendo la fachada democrática para legitimar un manejo oligárquico del poder y la toma de decisiones en el que ahora juegan un mayor papel los ayuntamientos y los políticos locales que teniendo la llave tanto de las recalificaciones de los terrenos como del funcionamiento de las Cajas de ahorro como instrumentos de crédito para alimentar el modelo podrán participar en mayor medida en el reparto del botín. 

Negocios inmobiliario-turísticos y corrupción: la Marbella de Gil y Gil como caso paradigmático

Proliferando así los casos de corrupción en Andalucía, sobre todo en la década de mayor auge de la especulación inmobiliaria (1997-2007), de manera que 82 de los 333 casos de corrupción localizados en este período por el Corruptódromo (el 25%) se situaban en territorio andaluz. De entre ellos destaca la trama de Marbella, y el caso Malaya, considerado como el mayor caso de corrupción urbanística ocurrido dentro del Estado. Una trama con ramificaciones en seis de las ocho provincias andaluzas construida a partir del desembarco desde Madrid de un personaje, Jesús Gil, promotor inmobiliario-turístico condenado en los años 1960 a cinco años de cárcel por el derrumbe, que causó 58 muertos, del complejo turístico de Los Ángeles de San Rafael (Segovia); condena de la que fue indultado por Franco. Este personaje pronto fue otro de los “descubridores” de que esta es una tierra propicia para ser expoliada. 

Nombrado alcalde de Marbella en 1991, entre otras cosas gracias al hartazgo de la población frente a la gestión municipal del PSOE en los tres mandatos anteriores y también ante un vacío de poder real propio de situaciones coloniales, allí cometió toda clase de tropelías, algunas de ellas poco imaginables en otros lugares. Los desmanes fueron desde la expulsión de prostitutas, drogadictos e inmigrantes utilizando métodos deplorables, al desvío de cuantiosos fondos desde el Ayuntamiento a cuentas a su nombre, de sus empresas, de testaferros o del Club Atlético de Madrid, pasando por su supuesta implicación en multitud de delitos urbanísticos. Dislates que le llevaron a ingresar en prisión tres veces cuando era alcalde, siendo un prototipo de comportamiento tanto en la utilización de la política al servicio de sus negocios inmobiliarios como en su dedicación al saqueo de lo público.  

Concentración del poder turístico. Andalucía, camarera de Europa

Hoy en el negocio turístico los grandes grupos que lo controlan son el resultado de un fuerte proceso de concentración del capital, de modo que entre las 388 cadenas o grupos hoteleros en el mercado español recogidos por su volumen de ventas en el informe Alimarket (2025), los cinco primeros, RIU (con sede en Baleares), Meliá (Baleares), Minor (Madrid), Barceló (Baleares) y Marriot España (Madrid), acaparan cerca de la mitad (43%) del total de ventas. De entrada, esta jerarquización da cuenta de una fuerte polarización empresarial, con una cabecera muy minoritaria mostrando una gran capacidad para apropiarse de valores monetarios, mientras el resto se encuentra en una situación mucho más desfavorable. 

Andalucía ocupa un lugar muy residual en la lista, de modo que entre los cien primeros grupos hoteleros del registro de Alimarket sólo cuatro se localizan aquí. El primero de ellos, Senator-Grupo Hoteles Playa ocupa el lugar 22; fundado por José María Rossell Recasens, llegado de Girona en 1967 a la costa almeriense, hoy es un grupo que pertenece a su familia.

El segundo es Fuerte Group (lugar 53), grupo del que es propietaria la familia Fuerte Manzano cuyo capital tiene su origen en la agricultura y que como ya se dijo inició el negocio en los años 50. El tercer grupo localizado en Andalucía es Soho Boutique Hotels (lugar 66) que pertenece a Gonzalo Armenteros y Antonio Gordillo; el primero procedente del sector inmobiliario y que aterriza en el negocio turístico después de la crisis de 2007. Este es un ejemplo de separación entre propiedad y gestión, práctica de gestión extendida con la financiarización turística,  siendo ellos inquilinos de los inmuebles que alquilan para gestionar hoteles urbanos medianos o pequeños.

El cuarto grupo es el Marbella Club (lugar 82), hoy propiedad del inversor británico Daniel Shamoon. Entre estos cuatro grupos suman un volumen de ventas que supone un 3,7% del volumen de ventas de RIU, el primer grupo que aparece en el ranking. Esta cifra, como todo lo demás, da buena cuenta de cuál es el papel que juega Andalucía en relación con los amos del negocio turístico y de la contribución del turismo a la exclusión de los procesos de toma de decisiones y a la reproducción de la función de Andalucía como economía y sociedad sirvienta, ahora camarera en Europa. 

Los comportamientos patrimoniales de las familias más ricas dentro del Estado van también en la misma dirección. Por una parte, fuerte proceso de polarización dentro de la riqueza apropiada por parte de las 200 mayores fortunas españolas: los diez primeros patrimonios pasan de acaparar el 32,1% de la riqueza acumulada por los 200 en 2011 a acumular más de la mitad (52,9%) en 2025, sólo 14 años más tarde. Por otra, mientras más de la mitad de estas grandes fortunas se concentran en los centros hegemónicos de riqueza y de poder dentro del Estado, Cataluña, Madrid y El País Vasco, Andalucía se sitúa en la otra orilla, con 10 apellidos entre los 200 y el 1,9% del total del valor patrimonial apropiado por los 200. Según estos datos, la élite económica andaluza ocupa un lugar muy marginal en la distribución del poder económico dentro del Estado; en su conjunto puede decirse que es una élite raquítica. 

Siete de estos diez patrimonios localizados en Andalucía figuran asociados al sector agroalimentario, al inmobiliario o a los dos, y sólo un apellido aparece explícitamente ligado con el turismo, junto con la construcción y la agricultura como respaldos de su apropiación de riqueza. Se trata de Nicolás Osuna, constructor granadino enriquecido en la última gran burbuja inmobiliaria, al que se relacionó con el caso Malaya, gran propietario de tierras y gran receptor de dinero público a través de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria. Es también uno de los mayores tenedores de activos inmobiliarios de Andalucía, con más de 400 inmuebles alquilados. Entre sus activos se encuentran los establecimientos hoteleros del Grupo de Hoteles Center.

Sí aparecen de manera marginal activos turísticos dentro de algunos de los patrimonios más importantes. Uno de los casos es el de la familia Mora Figueroa, representante genuina de la aristocracia jerezana, con más de 28.000 hectáreas de tierra de su propiedad. Como otras muchas familias de terratenientes andaluces sobresalió por su apoyo al golpe de Estado de 1936 y al franquismo después. El premio a esta fidelidad terminará siendo su mejor negocio: la concesión de Coca-Cola para Andalucía y Extremadura, a la que deben el grueso de su fortuna. Una manera de reacomodo a la globalización de la vieja oligarquía agraria, que se inserta así en las nuevas formas de hacer dinero vinculándose al capital transnacional para servir a sus necesidades en los procesos de elaboración y distribución de sus marcas. A través de Netco Investment gestionan un complejo turístico en San Roque, municipio donde tenían en cartera un megaproyecto turístico ya aprobado por el ayuntamiento que en 2024 han vendido, junto con los terrenos asociados al mismo, al Banco de Santander. 

Otro caso de grandes patrimonios andaluces en los que figuran marginalmente activos turísticos sería el de la familia Martínez-Cosentino cuya riqueza procede de la extracción de mármol en Macael. Hoy, además de continuar con la actividad extractiva operan con activos inmobiliarios y otros activos mediante la sociedad de inversión Surister, el fondo de Inversión Baria Investment y el Grupo Bánica de inversiones, y están construyendo como propietarios en Mojácar el complejo turístico Mecenas Mediterranean Resort, que será gestionado mediante alguna forma de uso por Hyatt Hotells Corporation, de capital estadounidense. Por último, la familia Beca Borrego, de origen grandes terratenientes y vinculados después al negocio inmobiliario a través de Bekinsa; posee una importante cartera patrimonial de viviendas y locales en alquiler en Málaga, Huelva y Sevilla, con establecimientos hoteleros en estas dos últimas provincias. Controlan un fondo de inversión, Almaro S.A. a través del que operan.

Consideraciones finales. Discusión y conclusiones

La creciente centralidad del turismo como dedicación de Andalucía, junto con su papel como gran plataforma agroexportadora al servicio de los grandes amos del negocio alimentario, se traduce socialmente en una instalación persistente en la pobreza y en la marginación que se ve reflejada incluso utilizando los indicadores más convencionales. Si para 2022 observamos los resultados del proyecto Urban Audit (INE), tomando la renta media por habitante de los 81 municipios mayores de 20.000 habitantes localizados en Andalucía, estos resultados nos dicen que 73 de esos municipios están en los dos tramos más bajos de renta de los cuatro considerados y 51 de ellos se sitúan en el tramo inferior. Y que de entre los 31 municipios mayores de 20.000 habitantes situados en el litoral andaluz 30 están en los dos tramos inferiores y 20 de ellos se encuentran en el escalón inferior.

De modo que después de décadas dedicados al turismo y/o a la agricultura intensiva de exportación se perpetúan como municipios empobrecidos. Esa posición de Andalucía dentro del sistema se refleja también en indicadores como el riesgo de pobreza o exclusión social, que en 2023 afecta a bastante más de la tercera parte de su población, (37,6%); muy lejos de las cifras para Cataluña, (20,5%), Madrid (20,9%) o El País Vasco (14,8%). 

Sobre la intensa explotación del trabajo asalariado en el turismo y dentro de él especialmente en la hostelería, hay que subrayar el carácter de buena parte de sus tareas, quehaceres de intendencia (limpieza y restauración) que pueden asimilarse a trabajos de atención y de cuidados. Eso propicia una feminización del trabajo y en consecuencia una inferiorización y desvalorización de tareas y personas muy atractiva para el sistema, que consigue así una baja en los costes salariales, una reducción en los derechos laborales y una mayor precarización de las condiciones de trabajo. Los niveles de opresión soportados por algunos colectivos de mujeres en la hostelería, como las camareras de piso (kellys), dan pie a recordar la frase de Silvia Federici: “El cuerpo de las mujeres es, todavía y sin duda, la última frontera del capitalismo” (Córdoba Azcárate, 2023). En Andalucía, esta degradación del trabajo en el turismo se ha visto especialmente recrudecida después de la crisis de 2008, que dejó en el desempleo a miles de personas en una economía en la que el negocio inmobiliario en la década 1997-2007 llegó a asociarse, directa o indirectamente, con el 40% del PIB (Delgado, 2016). 

Ante la creencia de que el turismo es una fuente de riqueza para las sociedades donde se localiza y en consecuencia cuanto más turismo mejor, se va imponiendo la realidad de que este es un turismo construido en beneficio de sus grandes amos y en contra de la mayoría de la sociedad y de la naturaleza. En el caso de realidades periféricas como Andalucía el turismo deteriora las condiciones en las que la vida se desenvuelve reforzando las formas de dominación características de una realidad subalternizada, de modo que bajo nuevos ropajes se recrean viejas formas de despojo y de exclusión, profundizándose el papel de sirvienta que la realidad andaluza venía ya jugando previamente. 

En este contexto es urgente una toma de conciencia colectiva que permita pensar y actualizar formas alternativas y modelos de turismo fuera de los circuitos de acumulación de capital; un turismo que forme parte de nuevos espacios organizados colectivamente que en lugar de destruir la vida desde la lógica del capital ponga la vida en el centro desde la lógica de los cuidados. Nuevos espacios de autonomía, de autogestión, descentralizados, desmercantilizados, despatriarcalizados y descolonizados. Las experiencias construidas bajo el paraguas de la economía social y solidaria (Izcara y Valls, 2024; Díaz-Soria, 2024) podrían abrir vías para alentar la esperanza en este sentido.

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El programa ha incidido en la responsabilidad de la sociedad y ha puesto el foco en el encubrimiento de estos casos por parte de la jerarquía católica a través de la película La luz, que se estrena este viernes en los cines. En la mesa han intervenido su director, Fernando Franco, el actor Alberto San Juan, su productora, Merry Colomer, y el periodista de El País Julio Núñez, cuyo periódico comenzó en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española.

«Si tú Julio y tu compañero os sentíais solos como testigos de este horror, imagínate cómo se sentirán las víctimas ante la visita del Papa, que están pidiendo que las escuche y que no se las escuche», reflexionó el actor Alberto San Juan.

Puedes escuchar el programa completo aquí o verlo aquí.

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La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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En un festival literario, conversamos durante la cena con la escritora Simona Baldanzi, que nos habla del Festival di Letteratura Working Class, que se celebra en una fábrica okupada por los trabajadores después de que la empresa decidiera cerrarla. Lo dirige Alberto Prunetti, autor, entre otras obras, de la magnífica Amianto, publicada en España por Hoja de Lata. Nos pregunta qué autores españoles han publicado novelas en un entorno fabril. No es difícil pensar en escritores y escritoras actuales que escriben sobre precariedad y sobre barrios marginales y obreros, pero resulta mucho más difícil encontrar ficción centrada en la vida laboral fuera de lo intelectual o del sector servicios. La fábrica, la mina, el taller parecen casi desaparecidos de la literatura contemporánea, quizá porque hay muchos autores que tenemos experiencias de precariedad o de vida en un barrio obrero, pero pocos conocemos bien el trabajo fabril.

Durante la conversación mencionamos Desde la línea, el poema terrible de Joseph Ponthus (Siruela), donde refleja la dureza brutal del trabajo en conserveras de pescado y mataderos, que conoce de primera mano. (Prefiero llamarlo poema, en lugar de prosa poética, como hace la editorial, porque esta clasificación hace pensar en lirismo, metáforas, figuras literarias… y yo diría más bien que se trata de un poema prosaico, de lenguaje sencillo y directo, quitando a lo de «prosaico» la connotación negativa).

Me acuerdo ahora de la escritora que, cuando le dije que iba en metro a no sé dónde, exclamó: «Qué proletario». Qué lejos estamos, y queremos estar, de las experiencias cotidianas de la mayoría de la población. Englobo en este plural al colectivo de escritores, aunque cada uno encaje mejor o peor en la afirmación.

Desde luego, nunca se me habría ocurrido que alguien pudiera considerar proletario usar el transporte público.

2 de junio

Estoy leyendo Figlia di una vestaglia blu, novela en la que Simona Baldanzi se acerca al mundo obrero desde la perspectiva de la hija de una trabajadora de la fábrica de vaqueros Rifle (equivalente a la Lois española) y también rememorando su tesis doctoral, cuando tuvo que estar haciendo cuestionarios entre los obreros que excavan los túneles en su región para el paso del Tren de Alta Velocidad. Me interesa doblemente porque es uno de los pocos ejemplos que he encontrado de literatura de fábrica –la llamo así para diferenciarla de la literatura de clase obrera, concepto mucho más amplio– y porque está escrita por una mujer, con atención, aunque no solo, a la experiencia de las mujeres.

Ayer, media hora después de escribir el último párrafo de la entrada anterior, leo estas frases en la novela de Baldanzi: «Hay quien lo ve [al proletariado] como raza en peligro de extinción, que debe protegerse. Lo he encontrado en la universidad: “Anda, ¿eres hija de obreros? Increíble. Cuéntame cómo es”. Como si llegase de otro planeta».

3 de junio

En el encuentro literario en el que estuvimos en Italia iba a participar Zapatero, que cancela en el último momento, cuando se hace pública la acusación por corrupción. Mucha gente me pregunta entonces qué va a pasar, si creo que las acusaciones son fundadas. No lo sé, claro que no lo sé. Salvo que, sea o no cierto que Zapatero haya cometido algún delito, el solo anuncio de la investigación pasará factura al PSOE. Es sabido que la corrupción en la izquierda tiene un alto coste electoral, la de la derecha apenas se nota en la intención de voto. Y ya es una perogrullada decir que no se persigue con la misma intensidad a unos y a otros. Apenas se investiga el enriquecimiento de familiares de los Aznar-Botella, de Ayuso, de Feijóo, etc. y la repercusión en prensa es mucho menor.

Aún en Italia, en un club de lectura una lectora me pide un análisis de la situación en España. Cuando les trazo una imagen bastante negra del futuro, la mujer me dice: «Al menos ustedes resisten, la gente sale a la calle, protesta. Aquí todo el mundo se ha resignado». Los demás participantes asienten cabizbajos.

Este año, por primera vez en muchos, no vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid. Por un lado, tengo la sensación de perderme algo, de no estar presente en una actividad que se había convertido casi en un rito, también porque allí solemos coincidir con gente a la que no vemos a menudo y nos apetece hacerlo. Por otro, siento alivio por no tener que estar horas en las casetas recalentadas, pendientes de si se cierra por enésima vez el Retiro, a menudo con largas esperas entre firma y firma. Pero lo que más me gusta de no ir es no tener que asistir a la invasión de autores que tienen que ver con la literatura, la historia o la filosofía lo mismo que yo con el saxofón… que intenté aprender a tocar pero abandoné cuando me convencí de mi incapacidad absoluta para la práctica musical. Lo malo es que esos autores no solo no son conscientes de sus limitaciones, encima cuentan con un aparato publicitario que los hace pasar por lo que no son. Y a veces incluso cuentan con ayudantes que tocan las teclas por ellos.

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¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia? 

Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.

Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares. 

En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.

Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia. 

Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares. 

Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.

Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares».  

Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.

Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.

La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú? 

Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.

Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social.  

¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?

Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.

¿Y para las familias? 

En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.

Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia. 

La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes? 

La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.

Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.

¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. 

Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.

¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?

Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.

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El laboratorio griego

Para comprender la brutalidad del ajuste que se le impuso a Grecia hay que recordar el punto de partida. Desde 2010, el país se había convertido en el conejillo de indias del neoliberalismo europeo. Los rescates financieros –en realidad, rescates a los bancos acreedores alemanes y franceses disfrazados de ayuda a Atenas– llegaron cargados de condiciones: recortes masivos en el gasto público, subidas de impuestos, desmantelamiento de derechos laborales y privatizaciones en cadena.

El Estado griego puso en subasta aeropuertos, puertos, ferrocarriles, hoteles, playas, sedes olímpicas e incluso centros arqueológicos. Un inventario de lo colectivo entregado al capital privado. El desempleo llegó a rozar el 27% de la población activa y superó el 50% entre los jóvenes. Mientras Bruselas celebraba el cumplimiento de los objetivos fiscales, la realidad social era otra. Un estudio publicado en The Lancet detectó un aumento del 47% en las personas que no podían acceder a la atención médica que necesitaban, mientras alrededor de 800.000 griegos quedaron sin cobertura sanitaria vinculada al empleo.

La deuda, lejos de reducirse con los recortes, escaló por encima del 180% del PIB: la austeridad no saneaba las cuentas, las destruía.

En enero de 2015, hastiada de años de sufrimiento, la sociedad griega eligió a Syriza. Un partido político que se convirtió rápidamente en algo más que la esperanza de la población griega. Se convirtió en un símbolo de la izquierda internacional. El partido de Tsipras llevó la coalición del 4% al 36%, sobre la promesa de poner fin a los memorandos y recuperar la soberanía del país y durante unos meses, el gobierno de izquierdas desafió abiertamente a la Troika: frenó privatizaciones, recontratró empleados públicos, intentó restaurar pensiones. Y luego convocó un referéndum para preguntarle al pueblo si debían aceptar las condiciones draconianas de la Troika. El 5 de julio de 2015, el 61,5% de los griegos votó oxi, «no» a las nuevas condiciones de ajuste impuestas por los acreedores. Fue un grito de dignidad que estremeció Europa. Duró una semana.

El golpe de Schäuble

El 13 de julio de 2015, Tsipras firmó un tercer memorando que contenía condiciones aún más duras que las rechazadas en las urnas. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, había sido el arquitecto principal de la presión. Su estrategia fue brutal: amenazar con el corte de liquidez al sistema bancario griego, imponer el corralito financiero y agitar el fantasma del Grexit, la expulsión de Grecia del euro. La capitulación de Tsipras incluyó un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros, nuevas reformas de pensiones, aumentos del IVA hasta en alimentos básicos y el compromiso de generar superávits fiscales primarios durante años. El propio ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, prefirió dimitir antes que firmar.

Lo que Schäuble hizo aquel verano poco tenía que ver con la economía. Fue un ejercicio de demostración de fuerza con mensaje incorporado: ningún gobierno elegido democráticamente, por más que acumule mandato popular, puede escapar de la disciplina de los mercados y de los grandes acreedores si estos deciden apretar. El referéndum no valía nada. La voluntad popular era papel mojado frente a la arquitectura financiera de la eurozona. Syriza, que había llegado al gobierno como símbolo de una izquierda radical capaz de gobernar, terminó aplicando políticas que los propios partidos de la casta griega –el socialdemócrata PASOK y el conservador Nueva Democracia– habían considerado inaplicables. Subió impuestos a los más pobres, bajó pensiones un 9% de media y ejecutó el mayor programa de privatizaciones de la historia reciente del país.

El mensaje político era tan nítido como perverso: podéis votar lo que queráis, pero gobernaréis como nosotros digamos. La democracia, dentro del euro, tiene límites. Y esos límites los marcan Fráncfort, Berlín y el FMI.

La ironía de los nuevos derrochadores

Aquí entra la segunda parte de esta historia, que tiene la estructura de una farsa si no fuera porque las consecuencias para millones de personas han sido perfectamente reales. Los mismos países que lideraron el estrangulamiento de Grecia en nombre de la ortodoxia fiscal llevan años redescubriendo las virtudes del gasto público.

Francia lleva desde 2023 sometida a un procedimiento de déficit excesivo por la Unión Europea, con un déficit que superó el 6% del PIB. No es que París haya aplicado medidas de estímulo keynesianas por convicción: es que simplemente no puede cuadrar sus cuentas bajo las reglas que contribuyó a imponer al sur de Europa. Alemania, por su parte, ha protagonizado la reconversión más espectacular. El país del Schwarze Null –el dogma del presupuesto cero que Schäuble convirtió en obsesión ideológica– modificó en marzo de 2025 su propia regla constitucional del freno de la deuda, vigente desde 2009, para financiar un plan de inversión de 500.000 millones de euros en infraestructuras y comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Berlín, que se negó a cualquier quita de la deuda griega y exigió austeridad con mano de hierro, se dispone ahora a impulsar un déficit próximo al 4% del PIB. La deuda pública alemana podría alcanzar el 74% del PIB en 2030.

No se trata solo de hipocresía. Se trata de confirmar lo que los economistas heterodoxos y los gobiernos del sur europeo llevaban años denunciando: que las reglas de austeridad no eran principios universales de buena gestión económica, sino instrumentos de disciplina selectiva. Funcionaban cuando se aplicaban a los débiles. Cuando los fuertes las necesitaban, se reformaban o se ignoraban. Grecia fue el laboratorio donde se experimentó con ellas en su versión más cruel.

Los griegos pagaron la deuda con recesión, pobreza y emigración masiva. Ahora, quienes diseñaron ese laboratorio se permiten el lujo de abandonar sus propias recetas sin que nadie les pida cuentas.

Tsipras contra su propia criatura

Y, sin embargo, aquí está Tsipras. De vuelta. Con un nuevo partido, un nuevo nombre y el mismo carisma envejecido frente a las ruinas de su propio legado. Los números de las encuestas son por ahora alentadores. ELAS, un partido que literalmente acaba de nacer, aparece ya como segunda fuerza política con el 12,8% de intención de voto, por delante del PASOK (la familia socialdemócrata) y muy por encima de su antiguo partido.

Porque la otra gran historia de este regreso es la que ocurre por la izquierda: Syriza, el partido que Tsipras construyó desde el 4% hasta el gobierno, el partido que fue símbolo de una izquierda europea capaz de desafiar a la Troika, aparece hoy pulverizado en las encuestas y no conseguiría estar representado en el Parlamento. El partido que lo hizo y lo deshizo, y del que se marchó en 2023 tras dos derrotas consecutivas, ha acabado convertido en un residuo electoral irrelevante. Tsipras no vuelve a liderar la izquierda griega: vuelve a competir contra ella, a devorar los restos de un partido que no pudo recuperarse después de lo ocurrido.

Pero hay algo más que merece atención en el discurso. El Tsipras de 2015 llegó al gobierno con un programa de ruptura explícita con la austeridad: renegociar la deuda, revertir los memorandos, devolver al Estado su función redistributiva. El ELAS de 2026 mantiene referencias a los salarios dignos, a la vivienda y la sanidad como derechos y no como privilegios –el lenguaje de la izquierda sigue presente–, pero el eje central del proyecto ha desplazado su centro de gravedad. Es comprensible. El contexto ya no es el mismo.

Donde antes había una narrativa de confrontación con los poderes financieros europeos, ahora hay sobre todo una denuncia de la corrupción interna: que el Estado griego ha caído en manos de una élite que lo usa como botín, que la justicia se ha degradado y la democracia se ha vaciado. Son acusaciones legítimas, pues el gobierno de Mitsotakis acumula escándalos varios, tanto por –supuestamente– espiar a políticos y periodistas como por una presunta trama de corrupción con fondos europeos.

En ese sentido, el adversario ya no es la Troika ni la arquitectura financiera de la eurozona: es la corrupción doméstica de la derecha griega. Y el propio Tsipras lo ha explicitado: quiere una «izquierda que gobierne», centrada en «soluciones prácticas». El oxi del referéndum de 2015 fue un acto de soberanía popular que duró exactamente siete días. Once años más tarde, el hombre que fue derrotado vuelve a intentarlo una vez más. Las elecciones, justo dentro de un año, en junio 2027.

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El mediático abogado outsider, defensor de narcotraficantes, paramilitares y bandidos, defensor de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un showman autodenominado como ‘el Tigre’ que evoca a figuras de la ultraderecha regional como el presidente argentino, Javier Milei, y busca ser el gemelo costeño con aires italianos del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, obtuvo el 43,74% del total. Superó los pronósticos de las encuestas, le arrebató los votos al conservadurismo tradicional, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien apenas logró 1,64 millones de votos. El espectáculo, desde el interior de una pecera blindada, con luces amarillas y tigres diseñados con Inteligencia Artificial (IA), rugió más agresivo que nunca: “Defenderemos la democracia por la razón o por la fuerza”, dijo desde el malecón de Barranquilla, en la costa caribe. Un oxímoron disfrazado con la camiseta de la selección colombiana. 

Para el director de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, Felipe Botero Jaramillo, las encuestas no lograron captar el voto de la antipolítica y el malestar con el establecimiento, canalizado por el ultraderechista, que “construyó una candidatura por fuera de los partidos, apoyado en las redes sociales y en un mensaje de ruptura”. El politólogo apunta al contundente rechazo a un nuevo mandato de izquierda en primera vuelta como una de las causas por las que un personaje sin experiencia en política pública lograra captar los votos del electorado uribista y la derecha tradicional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez no tardó en salir a dar su apoyo al que, para algunos, era su segundo candidato presidencial: “El viejo caudillo de la derecha está respaldando al recién llegado que lo desplazó”, dice Botero. 

La izquierda gana votos, pero no logra la movilización masiva 

A apenas 670.000 sufragios de distancia, el candidato de la izquierda oficialista, el senador Iván Cepeda, de 63 años, reunió el 40,9% de los votos. Cepeda contaba con entrar a la segunda vuelta del balotaje –pese a que su campaña intentó convencer a sus seguidores de una victoria en primera–, pero nadie, ni las encuestas, pronosticaban que iba a llegar por debajo del ultra. Los rostros en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde la campaña del Pacto Histórico se congregó para recibir los resultados, mostraron nerviosismo a medida que avanzaba el preconteo y las arengas sonaban más como un pitido silente que como un cántico de victoria. 

“Muchas de las organizaciones a las que pertenecemos las han intentado diezmar y reducirlas al silencio o a la muerte (…) la lucha continúa y vamos a seguir”, reiteró el filósofo y defensor de derechos humanos desde la tarima, apelando a las organizaciones y movimientos sociales que le han dado la mano durante toda su vida política. Cepeda habló con la misma templanza doliente con la que pidió justicia en 1994, minutos después de que su padre Manuel Cepeda Vargas, senador del partido Unión Patriótica, fuera asesinado en plena carretera por paramilitares en colusión con agentes del Estado. Un hecho que marcó su vida, pero sobre todo su carrera política desde la trinchera de por la defensa de las víctimas de violencia estatal, de aquellos que habitan los márgenes, las mismas que le dieron el empujón para que lanzara su candidatura –MAFAPO, las madres de los falsos positivos–, aquellas que votaron por él enarbolando la bandera blanca de la paz. 

Si bien, la primera reacción fue emular al presidente Gustavo Petro, quien no reconoció en un inicio los resultados del preconteo, el lunes, Cepeda se desmarcó del mandatario ante la prensa: “No hemos encontrado irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”. La confianza por el sistema electoral –bajo la lupa– retornó a unos comicios históricos en su participación, que rozó el 57% del censo electoral. Según Sandra Borda, analista y politóloga de la Universidad de los Andes, sembrar dudas sobre los resultados alejaría al candidato de los votos que canalizó el centro, necesarios para una victoria en segunda vuelta: “Para el centro, la institucionalidad electoral es una institucionalidad sólida, robusta y que hay que respetar”. 

El miedo, un movimiento sin bandera 

En Colombia hay un sentimiento que moviliza desde hace décadas a la población, ya sea para esconderse o para dejarse ver en masa: el miedo. La campaña ante la segunda ronda, que se celebrará el 21 de junio, se debate entre la petro-fobia y el temor al fascismo belicista. Los “nadie” del progresismo frente a los “nunca” del ultraderechista. Dos discursos radicalmente opuestos que movilizan desde las entrañas de un país con profundas desigualdades, donde la violencia nunca dejó de ser paisaje. “Las propuestas liberales, moderadas, institucionalistas, perdieron definitivamente piso y los electores están dejándose seducir única y exclusivamente por propuestas cada vez más ligadas a los extremos”, apunta Borda. Con ella coincide Botero: “Es muy probable que el miedo vuelva a estructurar el voto en la segunda vuelta”. 

Esa misma emoción hizo que, apenas 24 horas después de los comicios, cientos de jóvenes se movilizaran improvisadamente en Bogotá en apoyo a Iván Cepeda, con arengas en contra del fascismo y su máximo representante. “Queremos una Colombia unida, una Colombia en paz. No queremos más guerras, más fusiles, más balas. Los pobres primero, por el bien de todos”, repetía el eslogan del izquierdista Juan, estudiante de 22 años. 

Isabel sostiene el pañuelo verde y rojo representativo de la comunidad indígena nasa, a la que pertenece la fórmula presidencial de Cepeda, la lideresa Aida Quilcué: “Es el momento donde más fuerza tenemos que tener, más juntos tenemos que estar y demostrar que las propuestas que tiene este candidato representan la vida, representan la paz”. Son miles los que se ven directamente amenazados por el proyecto político de Defensores por la Patria, que, según la activista y artista afrocolombiana Mily Pardo, representa la profundización de las desigualdades: “Tengo miedo porque en nuestros territorios esto se paga con sangre, con vida”. 

Pero también es el sentimiento que congrega a los sectores más conservadores que, durante décadas, han tenido el control de las instituciones políticas desde la Casa de Nariño, y que ahora, en su versión más radical, se movilizan bajo el rugido: “Firmes por la patria”. “Nosotros no podemos caer en el comunismo. Ese es el miedo de nosotros, entre comillas, porque no tenemos realmente miedo”, dice Héctor Torres, bajo una gorra con el dibujo de un tigre. 

El miedo dibujando las regiones de un mismo territorio. Volviendo al mapa del plebiscito por la paz de hace diez años, cuando ganó en forma de “no”, después de una campaña marcada por la desinformación. Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ese rechazo conservador va ligado a las personas que consideran la seguridad –un tema de preocupación social que sin duda marcaron las elecciones– “pero una seguridad muy específica, de mano dura, de suspender derechos y libertades”. Es parte del escudo de Abelardo de la Espriella, “como el mismo espíritu del ‘no’ a la paz”. 

Se eleva el tono y empieza de nuevo la campaña 

El performance del ultra caló fuerte entre un electorado que dejó de lado la vieja figura política, casi sagrada, de Álvaro Uribe para apoyar a una reencarnación de quien dice ser su seguidor, “más uribista que nadie”. Según Sergio Gúzman, director de la consultora Colombia Risk, “Abelardo ha sido un candidato muy disciplinado, consistente, que ha sabido moverse en las emociones, más que todo negativas, de las personas”. Un modelo importado de Argentina, de Ecuador, de El Salvador, de Vox, pero sobre todo, del líder estadounidense, Donald Trump. La manifestación de la política populista que en los últimos años ha ganado fuerza en el continente. “Él dice que no tiene vínculos con la clase política tradicional, aunque claro que sí los tiene. Su campaña es apoyada por clanes políticos tradicionales de la costa atlántica, que él obviamente no sube a la tarima para poder justificar el hecho de que es un antipolítico”, apunta la analista Borda. 

Los ataques frontales entre los discursos de ambos candidatos elevan la contienda a un nuevo terreno. Cepeda dijo que su oponente representaba “el fascismo mafioso”, y en su lado del ring De la Espriella acusó de “bandido golpista” al presidente actual, y de “bandido e impedido” a su rival en la segunda ronda. El pragmatismo queda nublado, pero todavía hay una masa de votantes indecisos y de centro que pueden definir el futuro de la presidencia colombiana. “Los dos bandos están construyendo al otro como una amenaza existencial”, señala el investigador Botero, “el costo es alto porque deteriora la democracia y convierte una elección en una guerra, deja poco espacio para deliberar sobre propuestas”. Para los analistas consultados, la polarización afectiva es uno de los grandes riesgos para las democracias latinoamericanas. 

Desde la campaña de Cepeda hacen autocrítica, y rebajan el tono: “Todavía hay esperanza, pero también es importante revisar cómo está Colombia en términos del ideario y del imaginario sobre la realidad del país. (…) Hay muchas cosas que tenemos que ajustar en esta etapa, el manejo de la comunicación, tenemos que tener una mayor apertura a ciertos sectores, especialmente un diálogo con otros sectores”, reconoce Andrés Camaño, exministro de Minas y Energía y miembro del Pacto Histórico. 

Si bien Gustavo Petro hizo historia hace cuatro años, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en llegar al poder en Colombia, su mandato ha estado envuelto en polémicas por sonados casos de corrupción, por la confrontación constante en la plaza pública del dirigente, y por las crisis de salud y seguridad agudizadas en los últimos años. “Deja un balance mixto. Hubo unos avances simbólicos y sociales profundos, pero también hay frustración por reformas trabadas y una percepción de desorden”, resume el analista Felipe Botero. “Personalmente tengo la tesis de que entre más se involucre Petro en la campaña de Iván Cepeda, menos posibilidades va a tener de ganar en segunda vuelta”, coincide Sandra Borda.

En 2022, Gustavo Petro se alzó con una justa victoria, logrando menos de un millón de votos más que su contrincante, el también outsider Rodolfo Hernández. Gran parte de su electorado surgió del estallido social de 2021, de aquellos jóvenes que durante meses tomaron las calles de todo el país y que fueron aniquilados y masacrados por exigir reformas y derechos. Ayer, en varias ciudades, cientos de jóvenes volvieron a marchar, demostrando una fuerza que podría inclinar una balanza ya fuertemente inclinada hacia la derecha más radical. “Es momento de caminar la palabra, de la inclusión y el diálogo nacional”, gritó Aisa Quilcué el domingo. Faltan 19 días para convencer.

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Naciones Unidas ha pedido que esta previsión se trate con la máxima urgencia, ya que la llegada de El Niño actuará como un poderoso amplificador del calentamiento global provocado por los combustibles fósiles. Las previsiones de la OMM anticipan un aumento generalizado del riesgo de olas de calor severas, recordando el papel clave que jugó el último episodio intenso de 2023-2024 para pulverizar los récords históricos de temperatura mundial.

A nivel global, este nuevo ciclo alterará profundamente los patrones de precipitaciones y la temporada de huracanes. Mientras que regiones como el Cuerno de África, Asia central o el sur de Estados Unidos se enfrentarán a un mayor riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones, millones de personas en Centroamérica, el Caribe, Australia o el sur de Asia sufrirán condiciones mucho más secas y cálidas de lo habitual.

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