Entre los valores a los que nos debemos y que potenciamos desde nuestras páginas están la defensa de lo público, la economía justa, la regeneración democrática, el trabajo y la vivienda dignos, el feminismo y el respeto por el medio ambiente. Este año, la Asamblea General de la cooperativa que edita La Marea y Climática aprobó añadir como principio editorial «la defensa de niñas, niños y adolescentes», a quienes afecta también de lleno la crisis de la vivienda.

Más de 672.000 niñas, niños y adolescentes vive en hogares que dedican más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda, denunció hace unos días la Plataforma de Infancia. «Las dificultades económicas no solo limitan el acceso a una vivienda, sino también la posibilidad de mantenerla en condiciones adecuadas. El 15,5% de las niñas, niños y adolescentes en España, es decir, alrededor de 1.213.000, vive en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada. Además, el 47,2% de los hogares con niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y/o exclusión social y al 32% de los hogares con infancia no vulnerable declara necesitar reformas para adecuar la calefacción o mejorar el aislamiento térmico», afirma el informe.

Las dificultades también se manifiestan en las posibilidades de cambiar de vivienda. La búsqueda sin éxito afecta al 16,1% de los hogares con niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y/o exclusión social y al 14,6% del conjunto de los hogares con infancia. En el caso de los hogares monomarentales, la situación se agudiza. En muchos casos, las familias en situación de vulnerabilidad no logran abandonar los programas de vivienda social ni siquiera cuando mejoran su situación laboral, según el informe La feminización de la pobreza: La monomarentalidad como factor de incremento del riesgo de exclusión residencial, elaborado por el Observatorio de la Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade, en colaboración con Hàbitat3 y la Fundació Habitatge Social.

En nuestro día a día, desde La Marea profundizamos en la crisis de la vivienda mediante reportajes en profundidad, entrevistas e investigaciones. En este artículo, elaborado tras el desahucio de Maricarmen, os mostramos algunos ejemplos.

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Según asegura la Administración, los activistas cometieron una falta grave por no colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ambos se han negado a pagar la multa de 601 euros y recalcan que defenderán su inocencia hasta el final. Quintanilla (Madrid, 1955), quien desde su prejubilación invierte todo su tiempo disponible en el activismo social, adelanta que presentarán una queja al Defensor del Pueblo dada la acumulación de este tipo de sanciones que se está produciendo en diferentes colectivos sociales.

¿Cómo vivió ese día?

Era todo bastante normal. Nos fuimos de allí sin ni siquiera sospechar que podríamos ser multados. La Delegación del Gobierno no nos autorizó a manifestarnos frente al Congreso y nos ubicó cerca del hotel Palace. Cuando llegamos, algunas personas no querían venir a esa zona. Incluso le pedimos a algunos diputados y diputadas que secundaron la protesta que nos ayudaran para que estas personas se vinieran donde estábamos todas las demás, y lo hicieron. No pasó nada más en toda la concentración.

¿Qué es lo primero que pensó cuando llegó la multa?

Nos llegó mucho después, en torno a febrero de este año. Yo incluso tuve que hacer memoria para saber a qué movilización se referían, porque no lo recordaba como un hecho conflictivo. Dicen que no colaboramos con la Policía. Le puedo asegurar que nuestro mayor interés era que todo el mundo estuviera unido y no desperdigado.

La hemos recurrido ya dos veces y vamos a presentar un recurso de alzada. Trabajamos también junto a otros colectivos en una queja al Defensor del Pueblo porque las multas sin sentido que nos llegan por este tipo de actuaciones se empiezan a acumular.

Yo sé que cuando hay algún choque o enfrentamiento te pueden sancionar. Llevo muchos años de desobediencia civil y de acciones directas no violentas. Lo que no entiendo es que te multen cuando no pasa absolutamente nada.

¿Qué cree que buscan con esta forma de represión?

A mí me causó cierta incertidumbre, junto con toda la pérdida de tiempo de papeleo que conlleva, claro. Tengo la suerte de que estoy en una organización potente, con abogadas y mucho respaldo. Si al final tenemos que pagar, sé que no lo haré yo personalmente, sino que lo hará la organización. Pero también sé que hay casos que afectan a personas particulares, sin un colectivo detrás, que se asustan mucho y las pagan.

No es una crítica hacia ellas, es normal que lo hagan. Además, al principio te ofrecen abonar la mitad del dinero. Nosotros, al igual que muchos otros colectivos, hemos decidido no pagarlas. Es una cuestión de principios. En esas mismas fechas hicimos otra protesta con Desarma Madrid en la feria de armamento. Nos han llegado 12 multas de 700 euros cada una por la Ley Mordaza. Y con todo lo que pasó el año pasado con la Vuelta Ciclista, siguen llegando sanciones. Es una cosa terrible que nosotros llamamos «burorrepresión».

¿Por qué cree que no derogan la ley?

Es un buen motivo disuasorio para la protesta. Llevamos 11 años con la Ley Mordaza y se habrán puesto miles de multas. Ahora ya ni se pide su derogación, sino retocar sus aspectos más lesivos, y ni eso se consigue. Supongo que cuando uno gobierna ve las ventajas que tiene una ley como esta.

¿La Ley Mordaza ha conseguido acallar la protesta?

Yo creo que sí, que ha acallado a algunos movimientos. Hay muchos factores que explican por qué estamos así, también está el cansancio, pero la represión a nivel administrativo es uno de los principales. El mismo movimiento ecologista no es que esté únicamente perseguido por la Ley Mordaza, es que tenemos compañeros con causas penales por echar zumo de remolacha a las puertas del Congreso y a otros les piden meses de cárcel por cortar una carretera. Es una situación terrible y el contexto, realmente preocupante.

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Ya se ha apuntado a una cuestión que, por evidente, se resume de forma sucinta: Broncano es un humorista, y la decisión de conducir una entrevista «seria» le desposeyó de su arma más letal. Fue, claramente, un error. Pero hay más. Broncano le hablaba con verdades: eres un racista, le insinuaba; eres un misógino, un amigo de genocidas y un disruptor de la paz en España. Pero bastaba simplemente con que el líder de Vox afirmara que nunca había dicho tal cosa para desarmar completamente al presentador. Sin capacidad de una contrarréplica sustentada en evidencias, el presentador se quedaba sin aire mientras el político, con su delivery (el término que usan los cómicos para referirse a la ejecución de un gag), le pasaba por encima.

La verdad no se defiende sola, y mucho menos en ese reino obtuso de la política-espectáculo. Que lo de ayer sirva para una reflexión de fondo sobre el valor que le otorgamos al hecho de que nuestros representantes públicos rindan cuentas ante alguien que sepa preguntarles, y que tenga los datos a mano cuando le nieguen lo que dijeron.

Porque este alguien es cada vez menos una periodista: podcasters y youtubers llevan tiempo ocupando ese sitio, y aunque los haya brillantes —igual que hay periodistas mediocres—, no cambia el hecho de que repreguntar, desmontar mentiras obscenas y discursos fariseos sea nuestro oficio, aquello para lo que nos hemos formado y a lo que nos dedicamos cada día.

Y que Broncano siga haciendo las bromas que hace a diario. También desde ahí se hace política.

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La huelga de Buenos Aires y otras ciudades argentinas como Rosario, La Plata y Bahía Blanca en 1907 fue una de las pioneras. Miles de habitantes de los conventillos (casas de alquiler precarias) dejaron de pagar la renta como protesta contra las subidas abusivas y las malas condiciones de vida. En ella, las mujeres y niños lideraron protestas simbólicas como la famosa «manifestación de las escobas». La protesta acabará en derrota organizativa y represión, pero conseguirá también algunas concesiones parciales.

Durante la Primera Guerra Mundial tiene lugar la Rents Strike de Glasgow. En esta movilización, las mujeres lideraron una huelga de alquileres contra los aumentos de los propietarios aprovechando el contexto bélico. Consiguieron forzar al Gobierno británico a aprobar la Rent Act de 1915, que congelará los alquileres a niveles anteriores a la guerra.

De igual manera, la masiva movilización de inquilinos en los barrios obreros de Nueva York, en 1919, impulsaría las primeras legislaciones de control de rentas en Estados Unidos.

España, con una tradición preñada de luchas sociales y huelgas generales, será también protagonista de algunas de las movilizaciones más multitudinarias por el derecho a una vivienda digna y la rebaja de alquileres.

Barakaldo prende la mecha

La primera huelga por la vivienda de la que tenemos noticia en España es la de Barakaldo en 1905. La chispa prende en esa localidad cuando el 16 de mayo de ese año, un grupo de unas 300 personas, lideradas fundamentalmente por mujeres, consigue frenar un desahucio en la calle de San Juan arrojando piedras a la comitiva judicial. Tras un segundo intento de desahucio el 22 de mayo, las vecinas montan barricadas con los muebles bloqueando las vías del tren y del tranvía y paralizan el tráfico entre Bilbao y Portugalete. El conflicto pronto se extiende a Sestao y acaba confluyendo con una huelga fabril y minera en toda la zona que secundan miles de familias. Frente al estallido social, la autoridad responde como era habitual en la época: declara el estado de guerra y despliega al ejército, cercenando violentamente una lucha que, si bien no consiguió rebajar las rentas de manera instantánea, marcó un hito extendiendo la protesta a la esfera pública e influyendo en futuras normas legales que buscarían paliar en cierta medida la situación.

Precisamente la Ley de Casas Baratas de 1911 fue la primera legislación estatal destinada a facilitar el acceso a la vivienda digna para la clase obrera y frenar los problemas de insalubridad y chabolismo provocados por la revolución industrial. El objetivo de la norma era promover la construcción y adquisición de inmuebles y habitaciones económicas y saludables. Las viviendas gozarían de una exención de impuestos durante 20 años y los contratos de compra de terrenos quedaban exentos del impuesto de transmisión de bienes. Además, impulsaba la creación de cooperativas y patronatos dando origen a diversas colonias obreras en grandes ciudades como Madrid.

La ley supuso el primer reconocimiento del papel del Estado en la vivienda, pero sus resultados iniciales fueron más bien limitados, debido principalmente a trabas burocráticas y a los problemas de financiación. El conflicto por la vivienda y los alquileres seguiría aflorando de manera intermitente en años posteriores.

El Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos

Sevilla protagonizará la siguiente huelga masiva de inquilinos en 1919. La ciudad arrastra una crisis habitacional galopante, causada fundamentalmente por un déficit severo de vivienda asequible y unos precios de alquiler que absorben gran parte de los magros ingresos de la clase obrera y jornalera que lucha por encontrar un espacio donde vivir. En ese contexto, el médico anarquista Pedro Vallina Martínez funda la Liga de Inquilinos de Sevilla, que nace con el objetivo de «luchar contra los desahucios, mejorar las condiciones de vida de las familias que vivían de alquiler y frenar el gran poder de los propietarios y terratenientes».

Tal y como narra Vallina en sus memorias, «los abusos [eran] de tal índole que pronto germinó una cólera sorda en todas las clases sociales, pues hasta los empleados modestos, incluso sacerdotes pobres y militares de baja graduación, se gastaban un tercio del sueldo en el alquiler de una mala vivienda. Hasta que un día saltó la chispa y prendió fuego al polvorín de odios que se habían ido acumulando».

El Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos, del que Vallina es nombrado secretario y tesorero, lanza un manifiesto llamando al pueblo de Sevilla a la rebelión. La iniciativa tiene un éxito extraordinario y pronto llega a los 33.000 adherentes, «no sólo de la clase pobre, sino también de la media». El Comité toma como primera medida la incautación de las viviendas por quienes las habitan y la decisión de no pagar renta alguna hasta que no se haga realidad una rebaja del 50% en los alquileres y se supriman los intermediarios. La lucha se prolongó durante meses y no faltaron los incidentes violentos con columnas de cientos de personas que, empuñando «toda clase de instrumentos de destrucción y con una celeridad pasmosa», iban recorriendo las calles de la ciudad arremetiendo contra las viviendas «de los propietarios recalcitrantes».

Según cuenta Vallina, pronto se formaría una «cola interminable de propietarios […] pidiendo una hoja sellada y firmada por el Comité, en la que se hacía constar que se había aceptado nuestra demanda». Dicha hoja se fijaba en la puerta de la casa del propietario para que la vivienda fuera respetada. En la victoria de la huelga influyó también la existencia de «un gobierno liberal que no se atrevió a derramar la sangre del pueblo de Sevilla para proteger el egoísmo de la peor clase de propietarios» y evitó que se quemara el «último cartucho» que tenía en reserva el comité, que había decidido que, «en caso extremo, cada inquilino […] prendiera fuego a su vivienda el mismo día y a la misma hora, y después irse a vivir al hermoso parque situado a orillas del Guadalquivir, que reúne condiciones excelentes de higiene».

Otras regiones y ciudades irán recogiendo enseñanzas de esas primeras movilizaciones por la vivienda: en la primavera de 1920 cientos de mujeres, inquilinas de viviendas humildes en la calle Embajadores de Madrid, se manifiestan en la Puerta del Sol para protestar contra la propietaria, que les había subido los alquileres tres veces en dos años. En 1921, las Sociedades Obreras asturianas y distintas ligas de concejos mineros y localidades como Sama, Mieres, Oviedo y Gijón organizan mítines y campañas amenazando con el impago generalizado de las rentas y la posibilidad de llegar a la huelga de inquilinos si no hay acuerdos con los propietarios. Y en 1923 se constituye una Liga de Inquilinos en Tenerife para frenar los abusos en los precios de la vivienda que, pese a su efímera existencia por la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, va a dejar un poso organizativo en los conflictos posteriores de los años treinta en la isla. Son algunos ejemplos de una ola que se va extendiendo por los cuatro puntos cardinales.

100.000 familias dejan de pagar en Barcelona

A finales de la década de 1920, Barcelona vive una expansión sin precedentes gracias a las obras de la Exposición Internacional, la construcción del metro o la urbanización de la montaña de Montjuïc. Dicha actividad ha atraído a miles de inmigrantes de otras zonas de España y ha hecho que la ciudad pase de 600.000 habitantes a más de un millón en la década siguiente. Conforme van finalizando las obras y se sienten los efectos de la crisis provocada por el crac de 1929, la situación social se torna explosiva: el paro y el hambre se extienden por doquier y una ola de desahucios expulsa a decenas de familias de sus casas.

En 1931, recién estrenada la República, el Sindicato de la Construcción de la CNT, organización sindical hegemónica en la ciudad, decide crear un Comité de Defensa Económica (CDE), que busca unir luchas y negociar con la Cámara de la Propiedad y el Ayuntamiento para reducir el precio de los alquileres, paralizar los desahucios, atajar el paro y poner fin a la subida de precios de los alimentos. Ante la cerrazón institucional, el comité hará un llamamiento a la huelga de alquileres, exigiendo, entre otras cosas, la reducción del 40% del precio del alquiler o la exención del pago para los parados. La huelga, que daba comienzo el 5 de julio, era secundada por 45.000 inquilinos a finales de mes; y para agosto, la cifra había aumentado a 100.000 familias.

El CDE resultó crucial al incorporar las redes callejeras y de vecinos a un movimiento de resistencia colectiva que cuestionaba el modelo de ciudad existente en su totalidad. Tal y como cuenta el historiador e hispanista británico Chris Ealham en su fundamental La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto, 1898-1937, «gracias a la huelga de inquilinos, muchos obreros ganaron experiencia sobre el proceso decisorio comunitario y la democracia popular. En las asambleas populares los huelguistas intercambiaban opiniones sobre los problemas de barrio, incorporando las reivindicaciones específicas de los inquilinos de las diferentes barriadas a la lucha global por la rebaja de alquileres. Algunos inquilinos querían mejoras en la calidad de la vivienda, los parados exigían transporte público gratuito que facilitase su búsqueda de trabajo, mientras que en las Casas Baratas, uno de los baluartes de la huelga, la campaña de los alquileres se fusionó con las exigencias pendientes sobre la provisión de escuelas, servicios sanitarios, iluminación callejera y líneas de transporte al centro de Barcelona». La protesta de inquilinos había generado un nivel profundo de solidaridad popular, con vínculos y redes comunitarias, cajas de resistencia y reinstalación de desahuciados en los edificios de los que habían sido expulsados.

En agosto, coincidiendo con el momento álgido de la huelga, el Gobierno endurece la respuesta, reprimiendo las manifestaciones —las cifras oficiales hablan de 18 muertos y decenas de heridos— y para finales de año, los principales integrantes y dinamizadores del Comité de Defensa Económica se encuentran encarcelados. Aun así, la huelga se alarga en diferentes zonas a lo largo de todo 1932 y acaban produciéndose negociaciones con los propietarios para la rebaja de precios. Por su parte, el sindicato de la Construcción pactará con el Ayuntamiento y la Generalitat una serie de iniciativas —denominadas ‘suministros’— para proveer a las obras públicas de trabajadores necesitados, y así ir mitigando las listas del paro. La nueva situación ayudará a calmar los ánimos y se mantendrá de forma intermitente durante toda la República.

La chispa vuelve a prender en Tenerife

En 1933, cuando todavía no se han apagado los ecos de Barcelona, la revuelta salta a Tenerife, donde se repite el mismo patrón: la actividad asociada al puerto de la capital había atraído a miles de trabajadores de zonas rurales y de otras islas, provocando que se duplicara la población en poco tiempo. A la escasez de vivienda disponible y las precarias condiciones de habitabilidad se suma la subida de los alquileres, que llegan a suponer el 80% del sueldo medio —los arrendadores exigían entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras que el salario medio oscilaba entre las 120 y 130—.

El Sindicato de Inquilinos, cuya reciente reorganización le ha llevado a multiplicar enormemente su cifra de adherentes, la Federación Obrera y la Confederación Regional del Trabajo de la CNT deciden de manera unitaria que no se van a pagar los alquileres hasta que no se reduzcan en un 40%, exigen acabar con los desahucios y proponen la convocatoria de una huelga general si no se pone remedio a la situación.

La huelga de alquileres se materializa el 5 de julio, cuando las autoridades intentan ejecutar una serie de desahucios, y acaba desembocando en una huelga general de tintes revolucionarios en la que se atacan casas de los propietarios y administradores, se destrozan sus muebles y se llega a quemar la fábrica de salazones de Francisco Navieira, dirigente del Partido Republicano Radical que había despedido en días anteriores a varios sindicalistas.

El gobernador civil, asustado por la extensión que ha tomado el conflicto, prohíbe las manifestaciones, decreta el cierre de las sedes sindicales y ordena a la Guardia Civil disolver las reuniones de inquilinos… pero no apaga el fuego. A pesar de que, tras dos días de huelga general, la isla recupera su actividad habitual, la huelga de inquilinos continúa con una violenta dinámica: por cada desahucio, los inquilinos hacen estallar un cartucho de dinamita en la casa desalojada o en las propiedades del casero. Desde la Cámara de Propietarios se emiten comunicados pidiendo a sus asociados que no negocien, pero muchos acabarán aceptando rebajas para evitar males mayores. Cuando llegue la Guerra Civil, los grandes propietarios se aprovecharán de la nueva oportunidad para asesinar a decenas de personas implicadas en la lucha obrera y vecinal.

Sevilla, la última gran llamarada antes de la noche franquista

A pocos meses del golpe militar, Sevilla protagonizará la última gran movilización masiva por el derecho a la vivienda antes de que la dictadura arrase las libertades políticas y sociales: en la primavera de 1936 la Cámara de Inquilinos hispalense, impulsada por la UGT, inicia una intensa campaña denunciando la dramática situación de la vivienda —agravada a principios de año por unas fuertes inundaciones que habían dejado cientos de viviendas inhabitables—. El 30 de marzo la tensión sube con el multitudinario mitin en el Frontón Betis, donde miles de personas reclaman la rebaja del 50% de los alquileres, además de otras medidas como la prohibición de los desahucios en casos de paro o enfermedad, o la obligación de los propietarios de mantener las viviendas en condiciones dignas.

Ante el fracaso de las negociaciones, miles de familias dejan de pagar las rentas de forma coordinada en junio, lo que, sumado a la capacidad de movilización del sindicato de la Construcción de CNT, que impulsa un Comité de Defensa Económica –como habían hecho sus compañeros barceloneses años antes–, desborda por completo la inacción institucional y convierte la cuestión en uno de los mayores enfrentamientos sociales de la Sevilla republicana. El golpe militar del 18 de julio interrumpirá bruscamente la movilización y la posterior represión cerrará la Cámara de Inquilinos y desmantelará el movimiento obrero y social, asesinando, encarcelando o enviando al exilio a cientos de sus militantes.

Tras la larga noche de la dictadura, las masivas movilizaciones inquilinas volverán a resurgir con los estertores finales del franquismo y la restitución de las libertades democráticas, uniendo con un hilo reivindicativo luchas que se mantienen desde los inicios de la lucha social, tal y como nos recuerda Julián Vadillo, historiador que ha centrado su labor de investigación en el movimiento obrero y popular: «La vivienda ha sido siempre objeto de debate en distintos congresos obreros internacionales y nacionales: actividades como la Liga de Antipropietarios —impulsada por el sindicalista revolucionario Joseph Tortelier entre 1887 y 1894 en Francia—, las huelgas de inquilinos de Argentina en 1907 por la situación límite de los conventillos, la Unión de Inquilinos de finales de la década de 1910 en Barcelona impulsada por la CNT, las huelgas de inquilinos del periodo republicano o las luchas vecinales de los años 60-70, han puesto encima de la mesa un problema estructural irresuelto para la clase trabajadora».

La realidad social actual es diferente —aunque ciertas situaciones nos traigan ecos del pasado— y la lucha por la vivienda se ha dotado de nuevas estrategias, pero como nos recuerda Vadillo, hay una lectura histórica evidente en estos acontecimientos pretéritos: «La base organizativa y la unión de los afectados es clave para presionar y conseguir mejoras sustanciales en el acceso a una vivienda digna».

Con la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas y los tradicionales sindicatos de clase para el 11 de noviembre tendremos una nueva oportunidad de comprobarlo.

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«Son el propio buscador de TikTok y sus algoritmos de recomendación los que te llevan a material explícito de abuso sexual infantil, en sus directos es común acosar a menores en sus casas y en sus colegios, y las monedas y regalos de la plataforma convierten ese acoso en negocio, también para TikTok», concluye la investigación, que afirma haber recopilado en ese mes más de 200 perfiles con más de 1.000 vídeos o imágenes de contenido de abuso sexual infantil explícito. En total, 48 millones de visualizaciones. Según Maldita.es, aunque TikTok ha eliminado parte de esos vídeos, muchos siguen disponibles “a pesar de que la política de la plataforma dice que prohíbe permanentemente las cuentas que publican contenido de este tipo”.

El equipo de periodistas ha denunciado todas las pruebas ante la Fiscalía de Criminalidad Informática. A ello se ha sumado el Ministerio de Juventud e Infancia, que ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actúe sobre estos presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok y la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material.

Según fuentes del ministerio, el escrito traslada la información publicada para que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados. Además, el ministerio plantea la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno.

«Los hechos documentados por Maldita.es son de extrema gravedad y requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Además, ponen de relieve graves deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en el papel de los sistemas de recomendación de TikTok en su difusión», explican las fuentes gubernamentales. En opinión del ministerio, esto podría constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma.

En ese contexto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a los representantes de la plataforma en España una reunión con carácter urgente para conocer las explicaciones de TikTok, las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma.

“Nuestra responsabilidad política nunca ha sido la de limitarnos a condenar la violencia, sino que empieza por asumir los cambios necesarios para evitar que se produzca”, dijo Rego la semana pasada en la inauguración de la jornada De la prevalencia a la prevención, en la que fue presentado un estudio pionero de la Universitat de Barcelona que pone el foco en los agresores: un 10,2% de los hombres adultos ha ejercido alguna vez en su vida una forma de violencia sexual sobre un niño, niña o adolescente. La muestra es de 6.010 hombres adultos residentes en todo el territorio.

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“En España, se producen una media de 44 desahucios al día y, aunque faltan datos oficiales desagregados por género, sabemos que las mujeres son la inmensa mayoría, en torno a un 70%”, afirman desde la Secretaría de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. Como consecuencia de ello, la presencia de las mujeres en el sinhogarismo no para de crecer (está en torno al 23% según Hogar sí), pero existe “un sinhogarimso femenino invisible que hace referencia a aquellas situaciones, normalmente de sumisión, en las que las mujeres conviven en viviendas y situaciones indeseadas antes de quedarse en la calle”, añaden. Como el ejemplo de Maricarmen, un colectivo muy precarizado en términos de vivienda son las mujeres mayores que viven solas. “No es casual que el rostro humano de la movilización haya sido Maricarmen. Un 23% de las personas de más de 65 años vive en hogares unipersonales. Son mujeres el 70%. Este porcentaje sube en mayores de 85 años al 78%”, indica el sindicato. 

La historia de Olga, la mujer que se suicidó el pasado septiembre en L’Hospitalet de Llobregat tras ser desahuciada meses antes, es otro caso que ilustra a la perfección la raíz feminista de los paros: “Una mujer que intenta huir de la violencia de género, o sencillamente separarse de un maltratador, debe contar con alternativa de vivienda procurada por la atención integral a víctimas de violencias machistas. Salir de la violencia de género, sexual o de trata y explotación sexual, debe comportar resolver la situación de necesidad habitacional para las mujeres de manera permanente y sostenida, especialmente ante la falta de recursos económicos”, denuncia CC. OO. Olga había comprado el piso del que fue desahuciada hacía una veintena de años con una hipoteca de Banc Sabadell. Después se separó, se quedó sin trabajo y no recibió la pensión alimenticia de las dos hijas. Cuando dejó de poder pagar la hipoteca, entregó el piso al banco a cambio de quedarse como inquilina, con un alquiler social. Pero el piso de Olga acabó en manos de Promontoria Coliseum Real Estate. Y ahí empezó el laberinto judicial.

El 81% de los hogares monoparentales en España están encabezados por mujeres y son estos hogares los que muestran los peores indicadores de vulnerabilidad económica. Así, la pobreza afecta mayoritariamente a las mujeres por la desigualdad en salarios, cuidados y acceso a recursos, denuncia UGT en su serie Mujeres y vivienda. “La crisis de la vivienda nos afecta el doble, por eso tenemos que abordarla con perspectiva de género, porque sin vivienda digna y feminismo no habrá paz social”, concluye.

Desde UGT, exigen salarios dignos y un reparto justo de la riqueza; una subida del SMI de, al menos, un 7% en 2027; medidas para frenar la especulación inmobiliaria, ampliar el parque público y garantizar el acceso a una vivienda digna. “Ante la falta de acuerdo con la CEOE, reclamamos avances reales en la negociación colectiva y que los beneficios empresariales se traduzcan en mejoras para las personas trabajadoras”, afirma en su llamamiento a la huelga general del 11-N. 

Históricamente, además, como recuerda la CNT, la lucha por una vivienda digna está unida al movimiento obrero internacional con una fuerte movilización de las mujeres: la huelga de inquilinos o “huelga de las escobas” en Argentina, en 1907; Glasgow, en 1915, impulsada y sostenida por las mujeres mientras los hombres estaban en el frente y donde más de 20.000 hogares dejaron de pagar el alquiler; la huelga inquilinaria de 1925 en Panamá, alentada por socialistas y anarquistas y que acabó provocando la intervención militar estadounidense para “restablecer el orden”; el Movimiento Inquilinario de Veracruz (México), en 1922, donde un grupo de mujeres acordaron la suspensión del pago de rentas ante la negativa de los propietarios a reducirlas y acabó desencadenando una movilización masiva al grito de “estoy en huelga, no pago renta”, en la que participaron más de 30.000 personas que impusieron una vigilancia de precios y declararon una huelga general que paralizó la producción.

“Podríamos seguir citando ejemplos que, en la mayoría de las ocasiones, no ocupan más que una nota a pie de página, ejemplos que también encontramos en la península, como la huelga de alquileres de Barakaldo de 1905, cuyo detonante fue un intento de desahucio impedido, a pedradas, por unas 300 personas y que, con las mujeres al frente y el apoyo de los anarquistas, acabó provocando un paro general y la declaración del estado de guerra en la margen izquierda del Nervión y el despliegue del ejército”, explica el sindicato, que cita, entre otras, la de Sevilla de 1919, la de Tenerife de 1933 y la huelga de alquileres de Barcelona de 1931.

La de de este 11 de noviembre de 2026 está impulsada precisamente por el Sindicato de Inquilinas, que ha colgado una lona en la Gran Vía de Madrid con este mensaje: «Contra el rentismo, patronal y sus gobiernos”. Entre las medidas que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas pide destacan la reforma constitucional y la expropiación de viviendas vacías o que se usen como vivienda vacacional.

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Cae la noche en el Jardín de Palestina, en el barrio madrileño de Arganzuela. En torno a 50 personas se reúnen y debaten para perfilar un paro que esperan que se convierta en el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones. Jóvenes y mayores, hombres y mujeres, algunos militantes de sindicatos y organizaciones políticas, otras a nivel individual. Aquí todos cuentan. Aquí todos comparten la idea de que la unión, a pesar de las diferencias, es la mejor forma de hacer valer la máxima expresión de la lucha obrera: la huelga.

Beatriz García pertenece al Sindicato de Inquilinas, el colectivo fundado en 2017 que prendió la mecha tras las movilizaciones por el desahucio de Maricarmen Abascal el pasado 23 de septiembre. «Yo creo que la sociedad despertó en aquel momento y vio que hacía falta un gran cambio en la política de vivienda», introduce antes de comenzar la asamblea. Fue así como decidieron apostar por los comités de barrio. «El poder debe volver a manos de la sociedad y la lucha debe ser intersectorial», apunta.

Esta activista que trabaja como coordinadora en una fundación reconoce, a sus 32 años, que ver acercarse a tanta gente que no milita en ningún colectivo es lo que más le gusta. «Somos vecinas hablando a otras vecinas para explicarles el porqué de esta huelga, por qué tenemos que pararlo todo y, por un día, tampoco consumir», se explaya.

Una de estas personas que no está englobada en ningún colectivo es Silvia Manglano, de 26 años. Vecina de la zona de Acacias, se ha acercado a Arganzuela movida por un sentimiento de frustración. «Se ha creado una marea de conciencia que veo hasta en mi grupo de amigas. Ya casi solo hablamos de la huelga. Todas nos queremos movilizar, hacer cosas», asevera. Empleada en el sector de la gestión pesquera, será una de las miles de personas que hará huelga el miércoles. Tampoco descarta formar parte de los piquetes que fuercen el cierre de empresas y comercios.

24 horas de lucha incesante

Ese es el tipo de temas que se abordan en estos encuentros: a qué zonas ir el 11 de noviembre y qué nivel de intensidad mostrar en las acciones pensadas para abarcar las 24 horas del día. No todo el mundo está dispuesto a correr los mismos riesgos. Mientras tanto, varios curiosos se pasean por el corro de personas formado frente al centro dotacional integrado Ángel del Río, donde leen una propuesta orientativa para las acciones que comenzarán a primera hora del miércoles.

Caceroladas, piquetes y otro tipo de acciones que nacen con el espíritu de ser más sorpresivas. Los abogados están preparados para dar cobertura a quien lo necesite. «Lo importante es ir a las estaciones de bus. Parando eso, hacemos que no llegue al trabajo muchísima gente», sugiere una de las presentes para dificultar la actividad de los esquiroles.

Manglano se enteró de esta organización barrial por la app TOKA, que ha creado el Sindicato de Inquilinas para dar a conocer todas las iniciativas en torno a la huelga. Según su web, en estos momentos hay 295 comités activos. Belén García ha sido una de las artífices de esta herramienta digital que está ayudando a aunar esfuerzos. Vecina de Arganzuela, hace 15 años comenzó su militancia en la PAH. Ahora engrosa las filas del Sindicato de Inquilinas: «Es una alegría ver tantas caras nuevas aquí. La gente está más movilizada de lo que nos creemos», opina.

Esta profesional de la informática recalca que la represión policial puede ser una de las respuestas al paro. «Eso siempre pasa. Cada vez somos más y estamos más concienciadas de ello», comenta Belén, de 44 años. Le gustaría comenzar las acciones a las 00.00 horas del miércoles porque, por la mañana, se organizará con otros padres y madres para cuidar conjuntamente de los hijos e hijas. «Quiero hacerles partícipes de esto», determina.

Víctor tiene 31 años y forma parte de la Coordinadora Juvenil Socialista. No se le escapa que en este tipo de espacios puede haber discrepancias entre organizaciones, aunque han decidido aparcarlas. Sobre lo atípico de esta huelga general –a la que los movimientos sociales y los sindicatos minoritarios han conseguido sumar a CC. OO. y UGT–, el militante comunista sostiene que el trabajo en los barrios está enfocado, precisamente, al éxito de la una convocatoria nacida desde abajo. «Por desgracia, la huelga no va a cambiar las cosas radicalmente. Las condiciones de vida se mantendrán y tenemos que hacer que esto no decaiga. Este ambiente tan caldeado debe convertirse en organización», abunda este funcionario del Ayuntamiento de Madrid.

Esperanza en la juventud

Isabel Pinar forma parte de Jubilados CC. OO. y es una de las personas más mayores en el comité de Arganzuela. Todavía recuerda la gran huelga del 14 de diciembre de 1988 contra Felipe González. Han cambiado mucho las cosas desde aquello: «Estoy aquí porque soy muy inquieta en cuestiones sociales. A mí el sindicato ya me ha avisado del piquete en el que estaré. Se están moviendo tarde, pero les interesa de cara a las elecciones». A sus 70 años, esta antigua trabajadora de Telefónica ve esperanza en la juventud que esta tarde de otoño la rodea en el Jardín de Palestina. «Decían que a los jóvenes no les interesaba la política, pero eso no es verdad», apunta ataviada con un abrigo rojo y una bufanda rosa.

El comité de barrio de Arganzuela, después de hora y media de asamblea, ha consensuado pedir 300 carteles más para llamar a la huelga todos los días antes del próximo miércoles. Tras compartir algunos argumentarios sobre cómo intentar que los pequeños comerciantes y los trabajadores de la zona se sumen al paro y documentos con información sobre cómo actuar ante una posible represión policial, los allí presentes se muestran confiados en un éxito que, de ser tal, habrá sido fruto de la organización horizontal y barrial.

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El dibujante Enrique Flores, cara conocida en las reivindicaciones sociales de Madrid, abre su cuaderno y comienza a trazar. Al levantar la mirada, entre 50 y 100 personas de todas las edades, algunas disfrazadas y maquilladas, levantan pancartas contra la proliferación de los centros de datos. Flores baja la cabeza y plasma la escena en el papel.

Gema Sanz, madrileña que se mudó a Torres de la Alameda en gran parte por su amor a la naturaleza, es una de las participantes de la concentración. Un megaproyecto amenaza con construir 290 hectáreas de placas solares alrededor de su urbanización para suministrar energía a municipios cercanos que ya albergan decenas de construcciones de centros de datos.

“Es una aberración, van a destrozar por completo el territorio donde vivimos, que es pura naturaleza”, asegura Sanz. El corredor del Henares, donde se encuentra su municipio, se conoce como uno de los “pulmones verdes” de Madrid. Sin embargo, los nuevos centros de datos y la infraestructura energética podrían dañar gravemente la fauna y flora del lugar, según la manifestante. Además, estas instalaciones apenas aportan un beneficio tangible para los habitantes de la zona. “No puede ser que el mundo esté utilizando todo el tiempo la inteligencia artificial para cosas que no tienen importancia a costa de destrozar la poca naturaleza que nos queda”, añade.

Los centros de datos como amenaza medioambiental

La manifestación, que comenzó el sábado 7 de noviembre en Marqués de Vadillo, sigue el recorrido del río Manzanares con cánticos como “más pisos baratos y menos centros de datos”, “no hay energía para tanta IA” o “Amazon y Meta tienen mucha jeta”. Forma parte de una larga lista de actos en toda Europa contra la proliferación de estas instalaciones, entre las que se encuentran también las manifestaciones en Aragón, que ya alberga más de 80 proyectos para edificar centros de datos.

Entre los participantes de la concentración de Madrid está Tu Nube Seca mi Río y organizaciones medioambientales como Ecologistas en Acción o Extinction Rebellion. El itinerario no es casual: a lo largo de la concentración, los organizadores bordean el Manzanares y se paran en fuentes de agua y espacios verdes para explicar los peligros medioambientales asociados a la infraestructura de la IA.

Un centro de datos grande puede consumir 18,9 millones de litros de agua diarios, el equivalente a un municipio de 10.000 a 50.000 habitantes, según un estudio. Estas instalaciones también generan calor que puede elevar significativamente la temperatura de espacios naturales y municipios cercanos, según otro estudio. Además, la Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda de electricidad de los centros de datos alcance los 945 teravatios-hora en 2030, similar al consumo anual de Japón.

Los vecinos piden una moratoria para poder regular a tiempo

Fuenlabrada, al sur de Madrid, es otro de los municipios donde la población se moviliza contra la infraestructura de la IA. La empresa británica Apto ya está edificando un centro de datos de 195.000 metros cuadrados en una antigua planta de Coca-Cola, ubicada sobre un acuífero. Eva Fuentes, vecina de la localidad y miembro de Podemos Fuenlabrada, denuncia la falta de transparencia en el proyecto por parte del Ayuntamiento y el impacto negativo que puede tener en los vecinos y el medio ambiente.

“Ya se ha construido la fase uno y tienen su propia central eléctrica de 40 megavatios hora, pero los vecinos siguen sin saber nada. He buzoneado por el barrio y no tenían ni idea”, comenta. Desde Stop Dirty Data Centers, la iniciativa europea a la que se han sumado colectivos de toda España, piden una moratoria que permita estudiar a fondo los impactos de los centros de datos y tener tiempo para regular. “Si no conseguimos la moratoria ahora, después va a ser mucho más difícil”, añade Fuentes.

Los centros de datos en Estados Unidos han movilizado a miles de personas y tuvieron un impacto notable a favor de la regulación y transparencia en las elecciones de medio mandato. Ese efecto, sin embargo, todavía no se ve en España a semanas de unas elecciones generales y a menos de un año de las municipales y regionales. “Nosotros vamos a seguir tenga impacto o no”, asegura la activista.

La lucha contra los centros de datos, según Fuentes, no se puede aislar de otras luchas. “Es una lucha por el territorio, porque si no defendemos el territorio y las personas que vivimos en él, nos tenemos que olvidar de todo”, declara la activista. “La lucha por la vivienda también es una lucha por el territorio, el feminismo es una lucha por el territorio. Cada uno actúa en su ciudad y donde puede”.

Marina Otero, arquitecta e investigadora involucrada en el movimiento, lleva una década observando y documentando el desarrollo de los centros de datos e infraestructura digital. “He visto cómo se han convertido en un animal completamente diferente que no tiene que ver con las necesidades digitales de la población, sino una industria obsesionada con desarrollar los modelos más potentes sin saber si sirve de algo”, asegura. La académica, que en 2022 recibió el prestigioso premio Wheelwright por su investigación de la arquitectura digital, ha presenciado como los centros de datos alrededor del mundo extraen recursos naturales de las poblaciones locales mientras los gobiernos se niegan a actuar. “Les ponen una alfombra roja sin saber los daños que se producen en el territorio”, añade.

Otero aboga por una infraestructura digital pública que no esté en manos de unas pocas empresas, ya que se construye sobre el trabajo e información de millones de personas que la entrenan sin recibir beneficio alguno. “Que no sea la sociedad la que se tenga que ajustar a las necesidades de esta industria, sino al revés”, declara.

Aurora Gómez, cofundadora de Tu Nube Seca Mi Río, portavoz de Stop Dirty Data Centers y una de las organizadoras de la concentración, insiste en la importancia de regular a nivel internacional y no solo en países individuales. “Hacemos una moratoria en Holanda, y se mueven a otro sitio. Hacemos una en Irlanda, y se vienen a España”, asegura. “Por eso pedimos una moratoria en toda Europa”.

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Será el primer paro de estas características desde 2012, con un Gobierno sabedor de que el próximo 29 de noviembre hablarán las urnas. Al pujante Sindicato de Inquilinas de Madrid se han sumado otras organizaciones laborales con las que mantienen alianzas, como CGT y CNT. «Ha costado muchas conversaciones y logramos que los mayoritarios, CC. OO. y UGT, también se unieran. Pero esta huelga no es de nadie. Es por y para el pueblo”, advierte Sabina Carrau, portavoz del colectivo inquilino.

Este paro general de 24 horas convocado para el próximo miércoles , en realidad, se lleva gestando casi dos años. «Lo que pasa es que lo de Maricarmen ha funcionado como un acelerador del conflicto», explica la activista. Entre sus propósitos se encuentra que la organización sea reconocida como un sindicato más por parte de la Administración y las instituciones, capaz de negociar las condiciones relacionadas con la vivienda. Pero su mirada, por ahora, está puesta en el 11 de noviembre. «Tenemos la fuerza del sindicalismo de base, de la organización colectiva», remarca la portavoz.

El peligro de que algunos de los colectivos que convocan o apoyan la protesta intenten apropiarse de ella es algo que sobrevuela los comités de barrio formados para impulsarla. «Aquí vemos muchos egos, pero también creo que la mayoría de las personas que nos hemos dejado la piel en esta huelga general es gente que tiene muy claro que no va del protagonismo de alguien en concreto», se explaya Carrau.

Para Marcelo Ortega, secretario de Comunicación de CC. OO., el haber llegado a esta situación provocada por el problema de la vivienda no le sorprende. Sin embargo, es consciente de que no se trata de una huelga al uso, de una huelga contra la decisión de un Gobierno que ataca los derechos de la clase trabajadora: «Esta huelga es una oportunidad porque en este momento tenemos un gran movimiento social en la calle. Podremos demostrar que somos un sindicato sociopolítico, que pedimos mejores salarios, pero también colegios en los barrios», ilustra.

En este sentido, CC. OO. se esmera en llegar a la máxima cantidad de centros de trabajo en los días previos a la huelga con la idea de maximizar su seguimiento. Ortega recuerda unas palabras de un histórico de la organización, Nicolás Sartorius: «Dijo que la izquierda debe recuperar de nuevo las calles, y eso es lo que va a ocurrir el 11 de noviembre con total seguridad», admite el secretario de Comunicación, quien también señala la importancia de que el año que viene haya elecciones autonómicas y locales.

También lo desliza Fernando Luján, vicesecretario General de Política Sindical de UGT, cuando se le pregunta contra quién es esta huelga. «Se convoca contra quienes amparan a los especuladores, contra quienes tienen las competencias en vivienda y no hacen nada, contra aquellos que dotaron de exenciones de impuestos a los fondos buitre», explica. Este sindicalista se retrotrae a la anterior crisis financiera para explicar la realidad actual: «La especulación y el incremento de precios son absolutamente insoportables. A la vez, la insuficiencia de los salarios ha ido a más».

El ugetista asegura que unos 4.200 comités de empresa liderados por el sindicato ya han confirmado su apoyo a los paros. «Enfrente tenemos a quienes se oponen a la huelga, muchas grandes empresas que sostienen económicamente medios de comunicación privados que, en muchos casos, consiguen pervertir el mensaje. No es verdad que no hayamos hecho nada en ocho años de Gobierno», defiende Luján de forma vehemente.

Los sindicatos anarquistas

El hecho de que los sindicatos mayoritarios hayan convocado una huelga general a rebufo de lo marcado por el de Inquilinas no ha pasado desapercibido a la parte minoritaria de la representación de los trabajadores. Miguel Fadrique, secretario general de CGT, sostiene que «el papel de esta huelga lo juega la gente, y el sindicato que no lo entienda así o tenga afán de protagonismo va a fracasar y seguramente pague las consecuencias». Y añade: «Los sindicatos solo ponemos a su disposición la máxima expresión de la lucha obrera, que es la huelga».

Fadrique opina que CC. OO. y UGT llegan algo tarde a estas movilizaciones por el acceso a la vivienda. «Convocan porque se han visto forzados. Si no, se iban a quedar muy atrás», apunta.

Aquí entran en colisión dos interpretaciones diferentes sobre la misma realidad política: si desde UGT defienden los logros sindicales conseguidos en los últimos ocho años, desde la CGT señalan que son insuficientes. En lógica consonancia con su inspiración anarquista, el sindicato llama a la huelga «contra toda la clase política». Es más, su secretario general opina que los avances realizados durante la presidencia de Pedro Sánchez no han sido sino «parches a problemas estructurales». Por eso espera que el 11 de noviembre marque el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones que logre doblegar al Gobierno que salga de las urnas. «El trabajo que viene es de mucha asamblea y mucho barrio. Ahí es donde se trabaja una huelga, no solo en las redes sociales», abunda.

CNT, el otro gran representante del anarcosindicalismo, también se ha sumado a los paros. Nieves Román, su secretaria general en funciones, enfatiza que estamos ante un «movimiento difícil de parar». En su opinión, la protesta no se limita al problema de la vivienda. «Va mucho más allá y abre un espacio que quizá los sindicatos de concertación no controlan, que es el espacio de los piquetes y las asambleas de barrio», añade. Ella también piensa que esta huelga no es el fin, sino el medio y el inicio de una oleada de protestas que continuarán.

Román habla de CC. OO. y UGT como organizaciones que, en fechas tan señaladas como la del 11 de noviembre, «deben demostrar que, además de negociar en las mesas a nivel institucional, pueden movilizar a sus afiliados y sus bases». Del mismo modo, subraya cómo la movilización puede beneficiar a ambas centrales sindicales, pues, en su opinión, «su forma de hacer sindicalismo no es sostenible en el tiempo». Así lo explica: «Esto tenía que estallar por algún lado. No se pueden ir poniendo tiritas a grandes problemas».

De todas formas, a nadie se le escapa que, en muchas ocasiones, está costando algo de trabajo entender esta huelga. «Hay un cúmulo de situaciones que han sucedido en poco tiempo muy difíciles de digerir para la población, pero creo que podremos lograrlo. Cuando nosotras explicamos por qué vamos a la huelga, todo el mundo lo entiende y lo comparte», asegura la secretaria general de la organización anarcosindical. «La revolución no es un suceso, sino un proceso. Debemos no olvidar eso y seguir hacia adelante», apostilla Román.

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Centros de datos, vientres de alquiler, pisos turísticos y una investigación climática de la que aún no podemos ofrecer más información. Esas cuatro carpetas están ahora mismo abiertas en la redacción de La Marea. Hoy te pedimos que nos indiques qué temas son prioritarios para ti.

La Marea nació en 2012 gracias al impulso de un crowdfunding. Desde entonces, hemos llevado a cabo varias campañas que se han convertido en un referente de la fuerza que tiene una comunidad para sostener y comprometerse con proyectos independientes, para los que las suscripciones son la fuente de financiación más estable. En nuestro caso, además, también son decisivos los crowdfundings. En la última década, el 20,7% de nuestros ingresos procede de una campaña de micromecenazgo. Por eso te invitamos a participar en el que acabamos de lanzar.

Conscientes de la importancia y el compromiso de las y los mecenas, y teniendo como referencia los presupuestos participativos que se deciden en muchos municipios, hemos diseñado recompensas que permiten elegir investigaciones concretas o reforzar distintas áreas periodísticas. Todas ellas, desde las tareas de documentación hasta el trabajo de campo, son imprescindibles para sostener un periodismo independiente. El objetivo mínimo de esta campaña equivale al 25% de nuestro presupuesto, tomando como referencia nuestras últimas cuentas anuales. Si lo alcanzamos, podremos impulsar las investigaciones que más te interesan.

Como ejemplo, el apoyo de 2.129 mecenas en la campaña de Goteo que emprendimos hace justo un año ha sido fundamental para seguir adelante. Desde entonces, no hemos dejado de investigar y de publicar reportajes en profundidad en nuestra revista trimestral. Algunos son complicados de poner en portada, como el que dedicamos a las agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes. No es fácil. El periodismo en el que creemos en La Marea exige esfuerzos y conlleva riesgos, pero gracias a nuestra comunidad podremos seguir asumiéndolos.

De momento, queremos avanzarte en qué consiste la nueva investigación sobre vientres de alquiler que estamos a punto de publicar. Como quizá ya sepas, ese trabajo nos supuso la primera demanda en la historia de La Marea por parte de una empresa, que nos pide 60.000 euros. Y, a la vez, recibimos el Premio Nacional de Periodismo de Investigación de El Confidencial.

Ahora te toca elegir. Apóyanos en Goteo y selecciona la recompensa que prefieras: tu aportación puede contribuir a potenciar una línea de investigación concreta o reforzar un área de trabajo indispensable para hacerla realidad. Además, podrás expresar tu opinión en las encuestas y encuentros virtuales que organizaremos a partir de febrero de 2027. En la página de Goteo.org podrás leer con detenimiento los proyectos abiertos en los que nos puedes ayudar.

Entre ellos, los centros de datos cobran una gran importancia. La resistencia a estas instalaciones, por ejemplo, ha sido uno de los factores que pueden explicar la derrota de Trump en las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026. En 40 localidades de EE. UU. se sometieron a votación medidas sobre la construcción, regulación o imposición de moratorias a estas instalaciones. Solo en uno de estos referéndums se votó a favor del sector.

Las resistencias a la proliferación de estos proyectos también están aumentando por toda la geografía española. Cada vez más periodistas, activistas y comunidades afectadas documentan el impacto ecosocial de un sector que se caracteriza por su falta de transparencia. A fecha de hoy, resulta muy difícil conocer datos sobre la cantidad de agua, energía y suelo que acaparan los centros de datos.

En La Marea hace años que informamos sobre este tipo de instalaciones. A principios de 2026 decidimos hacerlo de manera sistemática. Como introducción, publicamos un dossier en nuestra revista trimestral número 112. Ahora queremos investigar a fondo quién hace lobby, cómo y dónde. También quién se está lucrando con este negocio en expansión más allá de las grandes tecnológicas.

Tú decides qué investigamos. Apóyanos en Goteo.

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