Y sigue vigente desde la colonización española, pues las estructuras de poder y riqueza no han cambiado, no sólo en El Salvador, sino en muchos países de Latinoamérica. Desde su independencia, triunfó lo que podríamos denominar “cesarismo”, en el sentido de que todos los procesos políticos, quedaron en manos de líderes carismáticos (libertadores, dictadores, caudillos, próceres), la mayoría de los cuales se dedicaron a salvaguardar el orden y mantener el equilibrio colonial, puesto que elevar a todas las personas a la condición de ciudadanos destruía la jerarquía social heredada.

Lentamente se consolidó un proyecto conservador en el que la blanca oligarquía criolla (azucarera, bananera, cafetalera, ganadera, minera, comercial, caucho…) toma las riendas del proyecto emancipador, marginando a nativos (mal llamados indios), a afrodescendientes arrancados de África y, en menor medida, a mestizos. Proyecto conservador que, como he podido ver en El Salvador, llega intacto hasta nuestros días.

El actual presidente Bukele, elegido democráticamente (al igual que Donald Trump), continúa con esa tradición del caudillismo conservador sabedor de encuestas, como la del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), que reflejan un escueto apoyo del 28% a la democracia (un 48% en el resto de Latinoamérica), un 58% de la población a la que le da lo mismo vivir en dictadura que en democracia (un 28% en el resto de Latinoamérica) y un 11% de satisfacción con la democracia, frente al 24% del resto de la región.

Según la Fundación para el Debido Proceso, fundada en 1996 por el profesor Thomas Buergenthal, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez de la Corte Penal Internacional y presidente de la Comisión de la Verdad, en un documento titulado Justicia Amordazada, señala que la separación de poderes en El Salvador no existe, detentando el presidente Bukele el control de los tres órganos (ejecutivo, legislativo y judicial).

Desde que empezó su mandato en 2019, el objetivo de Bukele fue la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hasta que, en 2021, la Asamblea Legislativa, con mayoría absoluta presidencial, destituyó a los magistrados constitucionalistas, designando directamente a sus sustitutos. Les siguieron el fiscal general, el procurador de Derechos Humanos… Derivando todo ello en falta de rendición de cuentas y de mecanismos de control en el uso de fondos públicos, 

Sobre la seguridad, que tanto se habla, Bukele empezó a negociar y pactar con las pandillas en 2014, siendo candidato a alcalde. Continuó con esa táctica siendo presidente, hasta que, en mayo de 2022, tras una matanza de 87 personas en tres días, rompió el pacto con los pandilleros, e instauró un régimen de excepción (suspensión garantías constitucionales, detenciones masivas, ejército en las calles, eliminó el derecho a conocer las razones de una detención, suprimió la presentación ante un juez en 72 horas…), situación que, a fecha de hoy, sigue vigente, tras haber prorrogado el estado de excepción, mes a mes, durante cuatro años.

Hasta mayo de 2026, un total de 91.650 personas han sido detenidas, convirtiendo El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Ninguno de los reclusos detenidos, ha sido juzgado aún, pudiendo permanecer hasta cinco años en prisión preventiva. Según Amnistía Internacional y Grupo Internacional para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES), existen sólidos motivos para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo el prolongado estado de excepción. Estos crímenes reflejan un patrón generalizado de abuso estatal, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y fallecimientos en las cárceles (512 muertes, según detalla la organización Socorro Jurídico Humanitario).

Se sabe que miles de detenidos en redadas masivas (aproximadamente un 10%) no tienen ningún vínculo con las pandillas. Además de criminalizar a los pobres, el estado de excepción también ha demostrado ser eficaz para perseguir activistas de la oposición, defensores de derechos humanos y comunidades que se interponen a megaproyectos privados respaldados por el Gobierno. Las cárceles salvadoreñas albergan a docenas de presos políticos, y muchos ciudadanos se han visto obligados a exiliarse por haber criticado, investigado o pedido explicaciones al Gobierno, destacando el dato de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que, sólo de enero a mayo de 2025, documentó la salida de 43 periodistas.

Aprovechando que la mayoría parlamentaria de Bukele permite cambiar la Constitución, se plantean cambios arbitrarios, claramente enfocados a seguir aumentando su poder, como es el caso de la reforma que va a otorgar seis diputados a los salvadoreños residentes en el exterior, lo cual, en principio, es plausible pero la trampa está en que se mantiene el número total de diputados (60), por lo que los seis diputados de la diáspora van a salir de disminuir en cinco los asignados a San Salvador y uno a La Libertad, que precisamente son los departamentos donde los partidos opositores han logrado representación, con lo cual, el objetivo político es neutralizar las posibilidades de ingreso de diputados opositores.

No mejora tampoco el panorama si centramos la mirada en la vida diaria de la mayoría de la población salvadoreña. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) muestra que El Salvador ocupa el último lugar entre los países de Centroamérica en cuanto a esperanza de vida, debido a deteriorados factores como la calidad del sistema sanitario, la atención primaria en salud, la atención materna e infantil, el acceso a servicios médicos y las condiciones socioeconómicas en general, sobre todo el empleo, los bajos ingresos de la población, la inseguridad alimentaria por el costo de la vida, falta de agua potable y altos niveles de pobreza. Las pandillas ya no matan, pero mucha gente muere antes de tiempo.

Sólo hay que mirar la educación para ver los efectos prácticos de ese abandono social. En El Salvador, el grado promedio de escolaridad llega hasta el séptimo grado (13 años), ocupando el lugar 78 de 81 países en matemáticas, lectura y ciencias. Entre el 50% y 60% de los niños salvadoreños no comprende lo que lee. La matrícula infantil ha caído de 1,85 millones a 1,1 millones y no sólo por el preocupante descenso de la natalidad (según la CEPAL, de 3,86 en el año 2000 a 1,86 en 2023, y prevé 1,68 para 2050).

Es el régimen de excepción lo que ha provocado, a corto plazo, deserción escolar masiva y migración forzada; pero, a largo plazo, puede generar una segunda oleada de posibles pandilleros por la cantidad de menores que afrontan la vida con bajo nivel educativo y con sus progenitores ausentes (encarcelados, migrados o por trabajo). Claro que, llegado ese momento, Bukele ya no estará (o sí).

El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica (87% sobre PIB). Y de esa deuda, a los siete años de Bukele le corresponde casi la mitad, el 42%. A pesar de ello, los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población, sin que haya indicios de que esa situación revierta en un plazo razonable.

Resumiendo, El Salvador ha experimentado una transformación radical, por una mayor seguridad, tranquilidad y libertad para transitar, pero se están normalizando prácticas que, en tiempos no muy lejanos, hubieran suscitado fuertes reacciones populares. Normalización que ha acostumbrado a la ciudadanía a situaciones claramente arbitrarias o injustas, como el régimen de excepción, los déficits en la educación y la salud, así como el opaco y caciquil funcionamiento institucional.

En El Salvador, hoy por hoy, el reto es saber si solo con la seguridad será suficiente para compensar una realidad social muy sombría, una desigualdad en aumento y multitud de vidas deprimidas y situaciones deprimentes. Como dije al principio, El Salvador suma y sigue.

Marc Cabanilles. Ateneo libertario Al Margen de València.

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No sé si la película se ha podido estrenar en Túnez.

Sí, el distribuidor de mis películas allí ha hecho un trabajo extraordinario. La película se estrenó el 29 de abril y todavía sigue en cartel. Eso nos llena de orgullo.

La acogida, por tanto, ha sido favorable, ¿no?

Entre el público, muy buena. Durante una semana he asistido a debates en Túnez, Hammamet, Susa, Nabeul, Bizerta… y ha sido algo verdaderamente extraordinario, muy rico. Había gente molesta por determinados aspectos de la película, pero siempre fueron discusiones apasionantes, interesantes, en las que todo el mundo estaba dispuesto a escuchar al otro. Me siento muy feliz por la utilidad de la película en Túnez. No es que las salas estén abarrotadas, pero quien quiere verla, puede hacerlo. Y me llegan testimonios privados muy bellos por parte de personas de la comunidad queer que quizás no tomaban la palabra durante los debates, pero que me han escrito después diciéndome que se han visto reflejados en la historia. Respecto a la prensa… bueno, no hemos tenido presencia en los medios oficiales. El título en árabe significa, más o menos, «silenciar el ruido» o «evitar el escándalo», y eso es lo que hemos hecho. Y eso, en definitiva, es lo que nos permite que la película pueda verse.

¿Y el rodaje allí fue complicado? ¿Fue difícil el papeleo, los permisos, etc.?

No hemos tenido financiación de Túnez ni de ningún otro país árabe. Era muy difícil, teniendo en cuenta el tema que trata. Casi toda la película está rodada en la casa de mi abuela y lo hemos hecho con mucha discreción. No hemos hablado demasiado y así nos ha ido bastante bien. En cuanto al casting, necesitábamos que los intérpretes estuvieran de acuerdo con el mensaje que el filme quiere transmitir, y eso ya fue un poco más complicado. Hubo personas que rechazaron participar. A veces, por homofobia, porque no querían verse asociados a un tema así. Y otras veces porque ellas mismas se veían concernidas y no querían verse asociadas a una película que podía ponerles en peligro. También hay personas que han pasado miedo, incluso cuando la película se ha proyectado, porque arroja luz sobre el colectivo LGTBIQ+ y eso podía causarles problemas. Por el momento no ha sido así.

Desde fuera, muchos tenemos la impresión de que Túnez es uno de los países árabes más avanzados. El aborto, por ejemplo, se legalizó allí en 1965, mucho antes que en Francia. También protagonizó la primera Primavera Árabe. Sobre la cuestión de la homosexualidad, ¿puede decirse que hay un desfase entre la ley y la realidad de la sociedad tunecina?

En primer lugar, hay que señalar que la ley que criminaliza la homosexualidad en Túnez es de 1913 y la aprobó el gobierno colonial francés.

¿Y sigue en vigor?

Sí, sí, sigue en vigor. A pesar de la independencia, la ley permanece. Otra de las leyes aprobadas por los franceses es la que criminaliza el adulterio, que se castiga con seis meses de prisión firme, y también está en vigor. En la sociedad actual, la homosexualidad sigue siendo un enorme tabú, pero hay una paradoja: se criminaliza por la ley, hay homofobia en la sociedad, pero, claro, estas personas existen, viven su homosexualidad, hay lugares en los que pueden reunirse, bares a los que pueden ir, como se ve bien en la película. Uno de los grandes problemas de esta ley es que puede ser instrumentalizada en función del periodo político.

¿Cómo?

Bueno, si un gobierno es tolerante, no va a perseguir a los homosexuales, pero un gobierno conservador sí puede meterlos en la cárcel. Y eso es precisamente lo que está pasando ahora. Bastantes personas han sido detenidas. Si queremos recuperar esa imagen de un país moderno, el que hizo la Primavera Árabe, en el que existe casi una igualdad entre hombres y mujeres, es necesario cambiar muchas cosas y derogar ciertas leyes. Para empezar, esta de la homosexualidad, pero no es la única. También habría que derogar la que fija la primacía de los hombres sobre las mujeres en cuestiones de herencia. Esa ley procede del islam y otorga al hermano el doble de herencia que a la hermana, y constituye un verdadero problema en Túnez.

Su actriz protagonista, Eya Bouteraa, se crió en Túnez. ¿Esta circunstancia era importante para el personaje que usted quería mostrar?

Para mí era muy importante que fuera una tunecina anclada a la cultura tunecina, incluso cuando se trata de una familia como la de la película, que habla sobre todo en francés. Son cosas que se sienten. Creo que se puede intuir de dónde viene la gente y qué llevan dentro, incluso si un actor se esfuerza por parecer de nuestro entorno. Pero es algo que, para mí, se siente y que la cámara capta.

¿Y fue difícil encontrar a una actriz así?

Mis castings normalmente son muy largos, pero con Eya todo fue muy rápido. Aunque lo cierto es que cuando la vi llegar por primera vez me dije: «No, no puede ser. Es demasiado risueña». Siempre está sonriendo, tiene mucha energía, puede usted verla en Instagram. Ella es así, de verdad. No tiene nada que ver con el personaje de Lilia. Y se lo dije: «Eres genial, pero eres demasiado diferente». Lo aceptó, pero me pidió que hiciéramos algún ensayo de prueba. Y de repente, cuando dejó de sonreír, surgió de ella una gran melancolía. Tenía algo muy hermoso, algo que yo buscaba, una especie de silencio inquietante. Y poco a poco, a través de varias sesiones de trabajo, pensé: «OK, va a ser ella». Fue muy interesante. Se metió de lleno en el papel. No tuvo ningún miedo de interpretar a Lilia.

Y luego tenemos a la grandísima Hiam Abbass, pero no es tunecina. Es un icono del cine palestino.

Sí, con el personaje de la madre me contradigo a mí misma. Es la primera vez en mis películas que elijo a una actriz que proviene de un lugar distinto al de la historia.

¿Y cómo se cruzaron sus caminos?

Por puro azar. No escribí ese personaje pensando en Hiam Abbass. Buscaba a la actriz ideal entre las actrices tunecinas, pero sentía que faltaba algo. No sabía qué, pero algo faltaba. Y, por casualidad, en la Filmoteca de Toulouse, conocí a Hiam Abbass. Aparecieron un montón de signos. Fue algo del destino. Le propuse el papel sin pensarlo, sin preguntar a mi productora siquiera. «Tienes que ser tú», le dije. Creo que fue porque Wahid, su personaje, está un poco aparte, es un poco diferente. No habla mucho, pero cuando habla su frase es clave, es una punchline. Ella vive en el silencio y hay una larga escena en la que la abuela está leyendo una esquela y ella no dice nada, no abre la boca, pero se diría que está hablando. Vemos todo lo que está sintiendo. Además, Hiam Abbass tiene la costumbre de trabajar muy bien los acentos y los dialectos, y así lo hizo con el tunecino. Y además… ¡incluso se parece a Eya! He tenido mucha suerte de poder trabajar con ella.

También me sorprendió saber que Salma Baccar, gran cineasta, había trabajado muy poco como actriz. Y sin embargo llena la pantalla.

Poco no, ¡no había trabajado nunca como actriz! La Wikipedia dice que sí, pero es un error. Es una directora muy militante, muy feminista, y está acostumbrada a hablar con los medios, a dar muchas entrevistas. Tras la revolución fue elegida diputada. Es una figura muy carismática, pero nunca había actuado antes. Pero hay una fuerza que emana de ella y que atrapa a la cámara. Cuando le propuse el papel de la abuela me dijo: «¿Estás segura? Yo no sé actuar. Es un poco peligroso, pero si tú crees que puedes dirigirme, me lanzo». Y al final le encantó actuar. Se divirtió muchísimo, y creo que eso se nota. Además, yo necesitaba una abuela de verdad y ella conocía ese personaje mejor que yo. Le ha aportado muchas cosas. Quizás otra abuela no hubiera aceptado el papel por el tema que trata la película, pero Salma Baccar sí. Es una gran militante. Y ha sido un gran descubrimiento. Ahora bromea diciendo: «Parece que voy a empezar una nueva carrera como actriz a los 80 años». Creo que ha sido feliz en este trabajo y que agradeció mucho que le ofrecieran algo nuevo en su vida. Lo normal es que a determinadas edades, a menudo demasiado pronto, se encasille y se aparte a la gente. Cuando le propusimos actuar, para ella fue una nueva aventura.

En una escena de la película el personaje de Salma Baccar dice que sabe leer en francés, pero que no sabe hacerlo en árabe. ¿Esto es algo común entre la gente de esa generación en Túnez?

Para los hombres de esa generación era normal aprender francés en la escuela, pero no para las mujeres. El personaje está inspirado en mi abuela, que nació en 1923. Su padre quiso que ella estudiara y para ello estaba obligada a ir a la escuela francesa porque, de hecho, no había escuelas para niñas en esa época. Ella y su hermana eran las únicas niñas, musulmanas además, en aquella escuela francesa. Iban todos los días a la escuela con su pequeño velo sobre la cabeza. Y mi abuela aprendió allí a leer y a escribir en francés, pero nunca aprendió a hacerlo en árabe. En las grandes ciudades, sobre todo en Túnez capital, hay muchas mujeres así. Mi abuela, hasta el día de su muerte, fue una mujer brillantísima, muy inteligente. Hasta el final, recitaba de memoria a Alfred de Musset, a Victor Hugo, las fábulas de La Fontaine… y leía sin parar. Y decíamos: «¡Qué abuela tan pedante y tan adorable tenemos!». [Risas] Conocía la poesía francesa, pero no le pasaba lo mismo con el árabe, y eso fue duro para ella. Los niños si aprendían el francés y el árabe, pero las niñas no.

Hay una escena que, en mi opinión, refleja sutilmente ciertas percepciones de los tunecinos sobre su propio país: es aquella en la que Lilia intenta sobornar a un policía y éste se niega a aceptar el soborno. ¿Qué nos revela esta escena sobre los tunecinos que viven en el extranjero, sobre aquellos que han emigrado a Francia? ¿Esta experiencia de vivir en Francia, al final, ha cambiado su mentalidad?

Hay una gran ambigüedad en esa escena. Eso es lo que me interesa. El policía tiene razón al darle el alto, porque ella está conduciendo de forma errática. Él representa una postura ambivalente muy habitual en Túnez: estamos orgullosos de todos los que se han ido, pero al mismo tiempo se les reprocha que se hayan ido y que no se acuerden de Túnez. Esto es lo que Leila y el policía encarnan en esa escena. Él deja abierta la posibilidad a ser corrompido, está a punto de coger el dinero, pero en el coche va también la novia de Lilia, una francesa, y su mirada, de alguna manera, condiciona su respuesta. Y las deja marchar. Lo que realmente me gusta de esta escena es que presenta una imagen compleja de Túnez, que no es nada simple, una imagen que está vinculada a la mirada occidental.

¿Y a cierta inseguridad, quizás?

Bueno, estamos orgullosos, pero cuando nos observan, cambiamos. Y nos adaptamos. Esa escena habla también de lo que llamamos «fuga de cerebros». Toda una generación, que tuvo estudios muy exitosos en Túnez, se fue a trabajar al extranjero. Sobre todo médicos e ingenieros. Y esa sensación de abandono existe realmente en Túnez.

Lo que resulta especialmente respetuoso es su voluntad de no juzgar a sus personajes desde una perspectiva europea u occidental. Las mujeres mayores de esta familia prefieren guardar silencio, pero eso no las convierte en personajes negativos.

Es que yo quería abordar la familia tunecina tal cual es. La familia en Túnez es muy importante. Es sagrada. Cada integrante de esta familia tiene un punto de vista. Yo no quería juzgar a la abuela, no quería presentarla como una enemiga, ni tampoco a la madre, ni a la tía. Yo quería comprender a cada personaje con sus razones, sus matices, su complejidad. Creo que eso es lo que permite al público tunecino aceptar verdaderamente la película, porque puede identificarse con Lilia en determinados aspectos, pero también con la abuela, con la madre, y a veces con el propio tío. Sin juzgar a nadie, que es lo que busco siempre en mi cine.

‘Tres mujeres’, de Leyla Bouzid, se estrena en cines el 22 de mayo.

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Este curioso concepto, influjo psíquico, da título a un documental realizado por la directora colombiana Alejandra Cardona, con guion y producción de las españolas Ana María Pinar e Idoya Barrabés. En él se nos relata el proceso contra Rafael Correa y distintos funcionarios de su gobierno, entre ellos su vicepresidente Jorge Glas, enmarcándolo en una persecución política por la vía judicial que constituye uno de los casos paradigmáticos de lawfare que se han vivido en América Latina en las últimas décadas. 

No adelantaré el contenido del documental porque espero que pronto se pueda ver en los cines, las grandes plataformas o la televisión. Tan sólo añadiré que Rafael Correa tiene 57 procesos judiciales pendientes y que reside en Bélgica como asilado político. Jorge Glas, por su parte, fue secuestrado en abril de 2024, mientras se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito, por las fuerzas especiales del gobierno de Daniel Noboa. Actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad y se teme por su vida.

Como hemos podido constatar en los últimos años, el lawfare, es decir, la guerra judicial que hace uso de la ley y los tribunales para neutralizar a un adversario político abriéndole causas con poco sustento mientras, en paralelo, se decreta su presunta culpabilidad a través del linchamiento mediático, llegó también a España. A los casos contra los líderes de Podemos, y la persecución político-judicial contra el independentismo catalán, se sumó recientemente la investigación contra Begoña Gómez y la inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. 

Dados estos antecedentes, la posibilidad de que estemos ante un nuevo caso de lawfare vuelve a planear en la imputación al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. El auto sitúa a Zapatero en el vértice de una presunta red “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. Sin embargo, hacer afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad o la inocencia de alguien ante una investigación que está en una fase embrionaria, sería poco prudente. En todo caso, lo que sí es notorio es la animadversión que la derecha, política y mediática, tiene ante la figura del expresidente, al que nunca han perdonado su papel mediador en Venezuela y sus vínculos con la dirigencia chavista. 

Aunque esta derecha mediática y política ya haya dictado su sentencia condenatoria contra Zapatero, será la justicia, ojalá imparcial e independiente como se autoproclama, quien deberá hacer su labor para demostrar, si corresponde, la culpabilidad del expresidente. De cómo lo haga, de las pruebas y de la solidez de sus argumentos jurídicos, dependerá la credibilidad del tribunal para poder afirmar, finalmente, que estamos ante una infundada persecución político-judicial, o bien para concluir que a Zapatero se le condena por su responsabilidad demostrada en delitos económicos. 

Por el momento, los juicios paralelos a los que ya estamos asistiendo dan peso a los argumentos de quienes defienden que Zapatero sería otra víctima del fenómeno del lawfare. También el doble rasero que se observa al comparar la impermeabilidad al peso de la ley de la que gozan otros expresidentes españoles como M. Rajoy o José María Aznar. Es evidente que, si la lupa se pusiera por igual a todos los expresidentes, quizás el primer presidente imputado de la democracia no habría sido Zapatero. Sin embargo, hace falta mayor perspectiva todavía, ir teniendo acceso a más detalles de la instrucción y ver cómo se van moviendo los distintos actores políticos y mediáticos, para poder decretar que estamos ante un nuevo caso de lawfare. Conviene recordar, aunque sea obvio, que no toda causa abierta por corrupción a un cargo político constituye un caso de lawfare. 

Con independencia de cómo se acaben desarrollando los hechos en el caso de Zapatero, su imputación debería poner el foco en un debate más amplio sobre las actividades privadas de quienes han tenido cargos públicos. Una reflexión que excede el papel de los expresidentes y que implica cuestionar, asimismo, la figura de comisionistas, lobistas y demás parásitos que proliferan gracias a marcos legales permisivos y a un modus operandi, intrínseco al funcionamiento del capitalismo, que puede ser legal pero que es corrupto desde un punto de vista moral. 

Que un expresidente, exministro o cualquier exfuncionario público pueda facilitar, desde su posición de poder o gracias a sus relaciones, el acceso a negocios de particulares, obteniendo además compensación por ello, no debería estar permitido, aunque no reciba comisiones ilegales en forma de soborno y cohecho. Puede que el uso de la cartera de contactos, derivada del ejercicio de un alto cargo público, para un desarrollo profesional que se traduce en lucro personal y familiar sea legal pero, desde luego, no es ético. Da igual que lo haga José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. La actividad de todos ellos debería ser escrutada bajo los mismos criterios legales y con iguales niveles de exigencia moral.

Sin embargo, romper con estas lógicas de funcionamiento, que se asumen como normales y hasta son legales, quizás sea lo más complicado porque se entreveran con unas redes de poder que se van tejiendo entre el poder económico, el poder político y el poder funcionarial, como desnuda Andrés Villena en su último libro, mientras están en el ejercicio de sus cargos. Redes de contactos que operan como una camarilla conformada por una élite que hace y deshace, sirviéndose de lo público, hasta que otros de esa misma élite deciden que pueden buscar las cosquillas a un adversario político mientras ellos siguen haciendo lo mismo. Hacia esas redes deberíamos mirar, no para perseguir con discrecionalidad sino para cambiar las estructuras que facilitan la reproducción del sistema.

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En solo dos días desde que se ha conocido la investigación por parte de la Audiencia Nacional al expresidente Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, se ha desplegado todo un psicodrama cuyos efectos han reverberado con intensidad entre las filas progres de la sociedad española. Y vaya la presunción de inocencia por delante. Zapatero es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es la intención de estas líneas juzgar la solidez de una causa judicial que puede ir para largo, sino observar los efectos emocionales que provocan determinadas traiciones. Porque en Ábalos, a fin de cuentas, nadie había proyectado una imagen de integridad y honestidad de la que sentirse orgulloso. Tampoco en Santos Cerdán.

El martes, cuando la investigación del juez Calama salió a la luz, toda la izquierda – también la izquierda a la izquierda del PSOE– salía en bloque en defensa del expresidente que negociaba con Maduro y con los independentistas. El lawfare ha existido y existe, y si había una pieza de caza mayor, esa era la del expresidente del Gobierno. El miércoles, al desvelarse parte del auto, se echaba el freno de mano. Una lectura en diagonal de las diligencias previas hacía temer lo peor: ¿Y si…?

Gabriel Rufián, en el Congreso, lo sintetizaba desde su escaño con su habitual oratoria: «Si esto es cierto, es una mierda. Si esto es falso, es más mierda todavía». Como queriendo decir: ¿Tú también, ZP…?

Pero hay otra pregunta interesante: ¿cuándo se convirtió Zapatero en un referente de la izquierda más allá del PSOE? La nostalgia es un mecanismo de supervivencia importante; nos permite estar en paz con nuestro pasado, pero a cambio de distorsionarlo para que encaje mejor con aquello que nos gustaría que hubiera sido. Se olvida, por ejemplo, que Zapatero fue el presidente de España que pactó con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución para imponer un techo a la deuda, rindiéndose a las políticas austericidas de la UE más neoliberal hasta la fecha.

Se podría argumentar que no había posibilidad de hacer otra cosa, que la UE era Ley, y que la Ley de la UE se transpone automáticamente en el cuerpo legal nacional. Pero se nos olvida que lo hizo en pleno agosto y por sorpresa para ahorrarse el bochorno y el debate público, y que entró en vigor a principios de septiembre de 2011, cuando las plazas del país hervían de indignación. No, Zapatero no era un referente de la izquierda. Eso no significa que se le deba echar a las hienas, ahora que empiezan a oler la sangre.

Que hoy que sea un referente de la izquierda –a la vista de la decepción generalizada del mundo progre– es también sintomático de la falta de referentes en el mundo de la política española. Muy pocos nombres han conseguido sobrevivir al paso del tiempo. Igual Julio Anguita es el único de los «grandes» que mantiene su legado intacto. Ahora, el orgullo socialista puede volver a tambalearse. Porque de Felipe González, por suerte, ya nadie se acuerda. Suerte de la nostalgia.

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En su nuevo libro, editado por Errata Naturae, la autora franco-finlandesa parte de una imagen íntima: durante años, las trayectorias inciertas de embarcaciones que salían de las costas africanas atravesaban su salón, mientras al otro lado de la ventana seguía el ritmo cotidiano de París. Ese contraste (tan cercano como ignorado) articula todo el libro: la coexistencia entre la comodidad europea y una tragedia persistente que a duras penas logra abrirse paso en la agenda mediática.

En un contexto dominado por el término “crisis migratoria”, la obra cuestiona esa etiqueta por su capacidad de deshumanizar. Más que una crisis abstracta, lo que emerge aquí es una suma de historias atravesadas por la necesidad, la precariedad y, a menudo, la urgencia de sobrevivir. Tervonen lo formula con crudeza: “Se obliga a la gente a emprender la travesía, se los obliga también a morir”. La repetición de estas muertes, sugiere el libro, ha terminado por normalizar lo inaceptable. Todo ello a pesar de que migrar sigue siendo un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Más que un reportaje o una novela, el texto funciona como un ejercicio de memoria. A través de naufragios, desapariciones y familias que buscan respuestas, esta obra pone rostro a cifras que suelen quedarse cortas. También amplía la mirada, destacando que la pérdida no afecta solo a quienes desaparecen, sino también a los países de origen, vaciados progresivamente de futuro y de relevo generacional.

En paralelo, se dibuja la inacción –o la distancia– de muchos gobiernos europeos. Frente a estructuras oficiales insuficientes emergen redes informales de solidaridad. Ahí aparecen los “vigías”: Marie Dupont, Saliou, Hervé, María y Marie Cosnay, ciudadanos que, armados con un teléfono móvil, siguen embarcaciones en tiempo real, alertan a autoridades, rastrean desaparecidos y acompañan a las familias. “Con un smartphone y las redes sociales, logran lo que las instituciones no consiguen”, apunta la autora.

El libro está construido a partir de horas de conversaciones con estos “centinelas de las fronteras” y adopta un tono cercano, casi coral. Lo relevante no es solo lo que se cuenta, sino desde dónde se cuenta: pantallas, llamadas y mensajes que conectan continentes mientras la vida pende de un hilo en el Atlántico o el Mediterráneo.

Sin caer en el sensacionalismo ni refugiarse en la frialdad del dato, Los vigías encuentra su mayor acierto en ese equilibrio entre testimonio y reflexión. El resultado es un relato que devuelve densidad humana a una realidad a menudo reducida a estadísticas. Porque, como recuerda una de sus voces, “todos necesitamos al prójimo”. Y en esa constatación sencilla se condensa la tesis del libro: detrás de cada cifra hay una vida; detrás de cada silencio, una responsabilidad compartida.

Silvia Monge es periodista de investigación en la Fundación porCausa.

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Los activistas arrestados fueron conducidos al puerto de Ashdod, pero las autoridades israelíes no permitieron que fueran visitados por el personal consular. Sí dejaron que recibieran asistencia por parte de las abogadas de Adalah, una ONG de derechos humanos y servicios jurídicos para la minoría árabe de Israel. Desde Ashdod, los secuestrados serán conducidos a la prisión de Ketziot, donde, en principio, el consulado español sí podrá ponerse en contacto con ellos e informar a sus familias.

A pesar de que las autoridades israelíes pretenden vincular a los tripulantes de la flotilla con Hamás, el objetivo de los activistas fue siempre de carácter estrictamente solidario: desde hace meses pretenden romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza (donde han asesinado a más de 72.700 personas) y abrir un corredor humanitario.

Asalto supervisado por Netanyahu

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y los miembros de su gabinete dirigieron personalmente el asalto de las embarcaciones de la flotilla desde la sala de operaciones de la Marina israelí. Los activistas, por su parte, lograron retransmitir el asalto en directo a través de Internet. En sus vídeos se pudo observar cómo soldados armados abordaban el Sirius; su tripulación, vestida con chalecos salvavidas, los esperó con las manos en alto y sin oponer resistencia. Antes, los militares crearon olas artificiales, lanzaron agua a presión y chocaron deliberadamente contra el barco. Israel, por su parte, niega haber abierto fuego, al menos con munición real y dirigida directamente contra los integrantes de la flotilla.

El Sirius consiguió acercarse a 80 millas náuticas de distancia de la costa de Gaza antes de ser atacado. Cabe señalar que las aguas territoriales de Israel miden 12 millas náuticas, distancia que en cualquier caso no afecta a la costa palestina de Gaza: carece de jurisdicción allí según el derecho internacional.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek vivió una experiencia similar recientemente: fue secuestrado en alta mar por Israel y estuvo encarcelado durante 10 días antes de su deportación. Ayer habló en el Parlamento europeo y criticó la connivencia de Bruselas en el desmantelamiento de la misión humanitaria: «Lo que es triste es que la Unión Europea, con tantos países, lo tolera. Está viendo lo que hace Israel y, además, le otorga privilegios como el acuerdo de asociación».

En la misma línea se expresó la Global Sumud Flotilla en un comunicado: «La impunidad no es una condición permanente; es posibilitada y reforzada por estructuras de poder coloniales que deben ser desmanteladas».

Los 87 activistas que han empezado una huelga de hambre lo hacen en protesta por su secuestro ilegal «y en solidaridad con los más de 9.500 rehenes palestinos retenidos en prisiones israelíes».

El ministro Ben Gvir humilla a los secuestrados

Después del desembarco de los secuestrados, el ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir ha publicado un vídeo en el que se le ve humillando a los activistas de la flotilla. Las imágenes han provocado la respuesta enérgica del Ministerio de Asuntos Exteriores español. «Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel», declaró el ministro José Manuel Albares cuando el vídeo salió a la luz. Entre las personas que soportan las chanzas del ministro israelí, maniatadas y con la cabeza en el suelo, hay decenas de españoles. Francia e Italia también han llamado a consultas a los embajadores de Israel en sus respectivos países por un trato que, en palabras de Albares, es «absolutamente abominable e inaceptable».

Hasta el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, uno de los políticos trumpistas más radicales, fundamentalista protestante y partidario del Gran Israel, se ha escandalizado con las imágenes. «Ben Gvir ha traicionado la dignidad de su nación», ha escrito en X.

Actualización: 20.30 horas.

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Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?

El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización

Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.

Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.

Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.

EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.

Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.

La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.

Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.

En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.

«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.

Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.

También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.

No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).

El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.

Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.

José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.

La entrada Están contra la regularización: les va el negocio en ello se publicó primero en lamarea.com.

1. Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de una parte importante de la población cuya principal o única fuente de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías, sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
   
   
2. En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
   
   
3. En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general, de la reestructuración de las economías en la presión salarial contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora, que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
   
   
4. En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva; esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
   
   
5. En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas (por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al aumento general de la desigualdad.
   
   
6. En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de empresas los costes laborales representan una parte relativamente reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
   
   
7. En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado, pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican políticas retributivas más estrictas.
   
   
8. En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones inflacionistas.
   
   
9. En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.

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¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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Resumen de urgencia de la jornada electoral de ayer: Andalucía mete en un lío, victorioso pero lío, a Juan Manuel Moreno; hiere de gravedad a Antonio Maíllo y de muerte a María Jesús Montero; amplía el santoral de la izquierda alternativa con el nombre de San José Ignacio García y devuelve a Santiago Abascal el mango de la sartén que la mayoría absoluta del PP le había arrebatado en 2022.

La de 2026 será una legislatura interesante, que para un político es lo peor que puede ser una legislatura, como bien sabe Pedro Sánchez, que lleva ya ocho años en los que ni un solo de sus mandatos ha dejado de ser interesante. Pero como lo que es malo para los políticos es bueno para los periodistas, será una legislatura muy periodística. Demasiado seguramente. Santiago Abascal cabalga de nuevo por la marisma a lomos de un potro salvaje, aunque quizá no tanto como su jinete.

2. El castigo

Al Partido Popular de Juan Manuel Moreno lo ha castigado el Señor: ha perdido la mayoría absoluta a manos de Adelante Andalucía, el mismo partido al que, creyéndose muy astuto, benefició en 2023 incrementándole arbitrariamente la financiación a costa de Por Andalucía. De los 200.000 euros que, por consenso de todos los grupos, iba a recibir la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Más País, el PP impuso en la Mesa del Parlamento el criterio de detraer injustificadamente 50.000 euros para asignarlos a la formación liderada entonces por Teresa Rodríguez, mejorando así muy sustancialmente la financiación que le correspondía por sus dos diputados. Hoy, aquellos dos escaños se han multiplicado por cuatro: un incremento explosivo cuyo damnificado casi único ha sido el Partido Popular, que ha perdido los diputados que le daban mayoría absoluta justamente en las provincias donde Adelante los ha ganado. 

Obviamente, Adelante ha triunfado por méritos propios, no ha subido lo que ha subido porque el PP decidiera ‘doparlo’ a costa de sus enemigos íntimos de Por Andalucía, pero no por ello deja de ser cierto que el PP creyó estar haciendo un gran negocio político al ahondar la discordia en el seno de la llamada izquierda alternativa. La astucia ventajista y marrullera de ayer se le ha vuelto en contra hoy. Castigo del Señor. 

3. La paradoja

Presume, y no sin razón, Adelante Andalucía de haber arrebatado al PP la mayoría absoluta. Fue lo primero que dijo José Ignacio García anoche: “De momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Aún no lo hemos conseguido, pero hoy podemos decir que Adelante Andalucia le ha quitado la mayoría absoluta al PP”.

Si García hubiera continuado el razonamiento habría tenido que concluir amargamente: “Hemos conseguido que Vox sea decisivo en Andalucía; nuestros votos debilitan al PP, pero abren las puertas de Andalucía a la ‘prioridad nacional’ que enarbola la extrema derecha”. Escalofriante paradoja de la que, obviamente, Adelante no tiene la culpa, pero que tampoco, no menos obviamente, puede negar; si acaso, matizar: su matiz, en verdad mucho más que un matiz, es que para los dirigentes de Adelante el PP y Vox son lo mismo. Y cuando se embalan, también el PSOE. 

4. El sartenazo

Lo primero que hará Santiago Abascal con esa sartén –que, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en Andalucía vuelve a tener por el mango– será probablemente golpear con ella la cabeza de Juanma Moreno. El sartenazo no será mortal, pero ya se ocuparán Abascal y los suyos de que la sacudida se oiga nítidamente en toda España. ¿Conque Vox es ‘el lío’? Vale, Juanma Moreno, vale. Para cuando tenga un encuentro con el presidente de la Junta, el líder ultra ya debe tener memorizada la frase de la profesora Lydia Grant en la serie Fama: “Tienes muchos sueños, Juanma Moreno, buscas el poder, pero el poder cuesta y aquí es donde vas a empezar a pagar, con sudor”. No lo llames sudor, llámalo prioridad nacional.  

Vox se sintió estafado por el PP en la legislatura de 2018, cuando hizo presidente a Moreno a cambio de migajas: unas migajas que el PP estuvo mareando como si fueran una perdiz mientras los hambrientos polluelos de Vox en vano mantenían abiertas sus boquitas, esperando el alimento comprometido en los pactos de investidura. Los cándidos polluelos son ahora resabiadas rapaces. Esta vez la investidura no será a cambio de menudencias; esta vez la legislatura no va a salirle a precio de saldo al suavón Moreno. ¿Conque quieres el poder? Pues aquí es donde vas a empezar a pagar.  

5. Platero y ella

Juan Manuel Moreno Bonilla está, en efecto, en un lío. Lleva años posando de moderado, haciendo lo que suelen hacer las derechas cuando se les presenta la disyuntiva sanidad pública/sanidad privada o educación pública/educación privada, pero viene haciéndolo con sigilo, con educación, con buenos modales, sin perder la sonrisa. Juanma es como el Platero de Juan Ramón, “tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos”. ¿Quiere decirse que lo único que diferencia a Moreno de Ayuso es simplemente el barniz, las formas, refinadas en uno y montaraces en la otra? Sí y no. Ambos están en la derecha, sí, pero no están en ella de la misma forma. Y en política la forma es muchas veces tan importante como en literatura. Los medios lo presentan como la encarnación de la derecha transversal, moderada y llorica, antítesis de la derecha faltona, semianalfabeta y mendaz que encarna Isabel Díaz Ayuso, pero esa caracterización guay puede quedar hecha añicos cuando Abascal amenace a Moreno con esa sartén que tan firmemente tiene sujeta por el mango. Juanma necesitaba no necesitar a Vox para seguir siendo Juanma, pero la jugada no le ha salido bien. Lo sucedido el 17-M es malo para él, pero malo también para Andalucía.

6. El caballo

El destino aciago ha reunido en la misma cuneta de los vencidos a María Jesús Montero y Antonio Maíllo. Aunque el PSOE cosecha el peor resultado de su historia –pasando de los escuálidos 30 escaños de 2022 a los raquíticos 28 de ayer– y Por Andalucía se queda como estaba, con los cinco diputados que tenía, la amargura no es mayor en el uno que en el otro. Los 28 del PSOE y los 5 de Por Andalucía saben a polvo, a ceniza. Ambos partidos son los grandes derrotados del 17-M: el PSOE por haber bajado y Por Andalucía por no haber subido. El PSOE por verse goleado por el PP y Por Andalucía por verse humillada por Adelante. Ni María Jesús ni Antonio eran necesariamente malos jinetes, de ninguno de los dos puede decirse que hiciera una mala carrera, pero ambos estaban equivocados: creían montar briosos corceles cuando en realidad montaban exhaustos jamelgos.

7. El hostión  

Estas elecciones andaluzas han pulverizado algunos lugares comunes del análisis político y demoscópico. Uno de ellos sostenía que el PSOE era siempre el gran beneficiario de un aumento significativo de la participación. Esta vez no ha sido así: la participación pasó del 56% de 2022 a casi el 65 de ayer, pero el principal agraciado no fue el PSOE sino la otra izquierda, Adelante Andalucía. Al filo de las seis de la tarde de ayer, el exdiputado y excandidato a las primarias del PSOE andaluz Luis Ángel Hierro publicaba en redes un mensaje esperanzado a la vista de la alta participación que estaban registrando las urnas: “Esto marcha”, escribía. Esta mañana el mensaje era otro: “¿Alguien sabe que nos han dado el mayor hostión electoral de nuestra historia? ¿Alguien piensa asumir responsabilidades?”. La respuesta a la primera pregunta es sí porque es imposible que pueda ser no y la respuesta a la segunda es no porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Imposible asumir responsabilidades en el PSOE porque el verdadero responsable es Pedro Sánchez, al que aún le queda una última carta por jugar: la del año que viene en las generales.

8. La esperanza

Si el PSOE hace lo que tiene que hacer –lo malo es que no es nada fácil saber qué tiene que hacer ni, sobre todo, cómo hacerlo teniendo como tiene las manos atadas en el Congreso– en las cruciales legislativas del año que viene podría captar una buena porción de los 665.347 votos sumados por Adelante Andalucía y Por Andalucía en las autonómicas de ayer. En las andaluzas del 17-M lo que estaba en juego no era si ganaba la izquierda o ganaba la derecha, sino si ganaba la derecha en solitario o en compañía de otros: como se sabe, ha ocurrido lo segundo, y todos los observadores coinciden en que ha sido gracias a Adelante Andalucía. Sin embargo, en las generales de 2027 lo que estará en juego es si gana la derecha o si gana la izquierda, y en ese escenario puede funcionar el voto útil en favor del PSOE, si no para ganar, al menos para no perder como acaba de perder en Andalucía.

9. El pacto

Cuando a algún socialista se le pregunta si no sería deseable propiciar con la abstención de su partido la investidura de Moreno, suele replicar lo que el célebre empresario y extravagante concejal cordobés Rafael Gómez Sandokán cuando un periodista le preguntaba si pensaba dimitir. “¿Dimitir? ¿Dimitir yo? ¡Dimite tú!”. ¿Pactar nosotros con ese, con esos? En efecto, imposible. Un escenario así sería imaginable si las relaciones entre el PP y el PSOE fueran no ya cordiales sino simplemente normales, correctas, civilizadas. Ni lo son ni probablemente lo serán en mucho tiempo: por muchas razones, pero sobre todo por la absoluta, indisimulada falta de deportividad del Partido Popular en la derrota. El PP suele saber ganar, pero le cuesta horrores saber perder, y sin esa condición es imposible todo entendimiento, ni siquiera un entendimiento meramente funcional, urdido para que Vox dejara de tener la sartén por el mango. “¿Pactar? ¿Pactar yo? ¡Pacta tú!”.

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