Camps conoció el certamen fotográfico asturiano el año pasado, precisamente cuando éste dio el salto a la calle, desbordando el habitual continente de este tipo de citas: los museos y las galerías de arte. Aunque el encuentro empezó en 2006, fue en 2025 cuando se abrió a las calles de Gijón, obteniendo una calurosa acogida popular. Con ese mismo espíritu se han preparado las actividades de este año. La programación se desarrolla entre el 15 de septiembre y el 20 de octubre, y tendrá sus jornadas centrales del 1 al 3 de octubre en la ciudad asturiana.

«Allí conocí a gente muy interesante y me comprometí a volver», dijo el director de Open Arms. «El fotoperiodismo es muy importante en nuestro trabajo. En esta misión a Cuba llevamos un fotoperiodista, Santi Palacios, para documentar lo que estamos haciendo. Porque en este mundo, por lo visto, lo que no se ve parece que no existe».

El director del encuentro, el fotógrafo Alex Zapico, hizo hincapié en el carácter comunitario de la cita. «El año pasado decidimos salir a la calle junto con grandes fotoperiodistas y gente del cine para llegar a un público más extenso», explicó. El objetivo era «construir un espacio donde pudiéramos enfocar la mirada y aprender a mirar. Hay que aprender a mirar». Este espíritu es el que da aliento a todo el certamen, concebido como una forma de difundir el periodismo visual como ejercicio humanista.

En cierta ocasión, el fotógrafo Brent Stirton (ganador de ocho premios World Press Photo) dijo que «la fotografía es un arma contra las injusticias de este mundo». Esta arma tan poderosa conlleva una serie de responsabilidades. «Tenemos que elegir qué miramos, hacía dónde miramos», argumenta Zapico. Y también cómo lo hacemos. El EIFA aparece así como un espacio de reflexión, formación y diálogo en torno a la fotografía documental, la memoria, la justicia social y la libertad de prensa.

Entre sus actividades más destacadas hay seminarios dedicados a la ética visual, los derechos humanos y la educación en las aulas. Y el equipo docente del taller sobre fotoperiodismo habla a las claras de la envergadura de la cita: Anna Surinyach, Alfonso Bauluz, Diego Ibarra Sánchez, Olmo Calvo, Ricardo García Vilanova y Amina Fall. Entre las entidades colaboradoras están Médicos del Mundo, Reporteros Sin Fronteras, la Revista 5W o la ya citada Open Arms.

El encuentro incluye también cinco grandes exposiciones en el exterior y, además, otorgará dos premios: el principal (que el año pasado, un jurado presidido por Manu Brabo concedió a Diego Ibarra por su trabajo sobre la invasión israelí del Líbano) y el popular, abierto a todo el mundo. El lema de esta iniciativa refleja la esencia de este encuentro en torno a la fotografía: «Enfoca tu mirada. Ninguna vida debe quedar fuera de encuadre».

Según Zapico, la cita de Gijón trata, en definitiva, de hablar: «Sí, es para que hablemos. Para que intentemos conseguir cosas. Para que conectemos a las instituciones con la sociedad civil, con las ONG, con los fotógrafos, con los periodistas, con los cineastas… Se trata de intentar, entre todos y todas, cambiar este mundo».

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Por eso, este jueves, la Coordinadora ha registrado en el Congreso alrededor de 130 cartas procedentes de diversas organizaciones y plataformas estatales dirigidas a los parlamentarios y, en concreto, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Queremos que paralicen los expedientes de sanción a nuestros compañeros y la derogación de la Ley Mordaza”, reivindicó Damián Rodríguez, portavoz de COESPE a nivel estatal, antes del acto de entrega.

“En ambos casos hemos hecho todos los recursos posibles para defender que las denuncias realizadas por la Policía Nacional eran absolutamente falsas”, sostiene el portavoz a La Marea. La COESPE insiste en la “arbitrariedad” de la ley y denuncia que persigue “reprimir las movilizaciones sociales y a los activistas”. Rodríguez afirma, asimismo, que la Ley Mordaza es “absolutamente subjetiva y da todo el poder a las interpretaciones de la Policía, lo que provoca situaciones incomprensibles”. 

A pesar de ser una promesa electoral repetida hasta la saciedad por parte del PSOE, la norma continúa vigente. “Es un incumplimiento más de los que nos tiene acostumbrados este y otros gobiernos”, añadió el portavoz estatal.

Sin incidentes: multa de 1.200 euros

Una de esas situaciones incomprensibles de las que habla Rodríguez la está viviendo Ángel García. Sucedió en mayo de 2024 y hasta marzo del año siguiente no tuvo noticia de la sanción. Como cada tercer miércoles de cada mes, el colectivo se manifestaba frente al Congreso: “Yo suelo ser una de las personas que comunica la protesta en Delegación del Gobierno, y normalmente no hay ningún problema con la Policía”, relata.

El también portavoz de la COESPE en la Comunidad de Madrid y en Pinto terminó multado con 1.200 euros por desacato a la autoridad y por haber insultado gravemente a los agentes, siempre según lo esgrimido por la parte denunciante. “A mí no me identificó nadie, excepto al principio de la manifestación como convocante, y luego no pasó absolutamente nada. Nadie recuerda que sucediera lo que dicen que sucedió”, se defiende.

Según la versión policial, García llamó por el megáfono “hijos de puta” a los policías destinados a controlar la protesta. “Yo no suelo utilizar esos términos. Nadie se lo explica porque no hubo ningún tipo de enfrentamiento”, añade el jubilado. La COESPE siempre lleva a cabo movilizaciones pacíficas, en las que corean sus conocidos lemas, como “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. “Sería absurdo que nosotros nos pegáramos o insultáramos a nadie. Con la edad que tenemos, imagínate la violencia que utilizamos. Cero”, completa Rodríguez.

Hasta en tres ocasiones han intentado la retirada de la sanción a García mediante diferentes alegaciones. “Ahora lo tiene que decidir el Ministerio del Interior. Espero que vean cómo no hay ninguna prueba que acredite que yo insulté a los policías, tan solo un informe emitido por un agente que dice que he desobedecido las órdenes y que he faltado gravemente al respeto”, dice este integrante de la Coordinadora en defensa de las pensiones.

Él tampoco entiende cómo un Gobierno que asegura ser progresista continúa al frente del Ejecutivo con la Ley Mordaza en vigor. “Perjudica a todos los que luchamos en la calle. Por protestar, ya tienes las de perder”, asegura el activista. Llegado el caso de que la justicia ratificara la sanción que pesa sobre él, García señala que no la abonaría. “Yo la podría haber pagado ya porque mis circunstancias me lo permiten, pero no voy a aceptar algo que es una mentira, una farsa y que no tiene ni pies ni cabeza”, zanja el asunto.

Denunciado y golpeado por la Policía

Su compañero de Getafe Paco Cepeda tiene 63 años, es delegado sindical de CC. OO. en una empresa de artes gráficas y apoya siempre que puede a COESPE. Todavía recuerda aquel 18 de junio del año pasado: “Al llegar al Congreso en la manifestación de los miércoles, la Policía de alguna manera provocó a las compañeras que portaban la pancarta. Les dijeron que si no estarían mejor en su casa preparando la comida”, introduce.

Al escuchar aquello, Cepeda se acercó al lugar: “sin mediar palabra me empujaron, me tiraron al suelo y me golpearon”, denuncia. El parte médico realizado después atestigua hematomas recientes en la cara interna del brazo derecho de “gran tamaño”, así como un eritema “por presión en brazo izquierdo”.

El encontronazo se saldó con una sanción de 700 euros. Según la versión policial, el sindicalista increpó a los agentes, quienes le dijeron que depusiera su actitud, a lo que hizo caso omiso. “Incitó al resto de manifestantes, lo que provocó un conflicto de orden público. Posteriormente, se le solicita que se identifique, a lo que se niega de manera reiterada a la vez que intenta ocultarse entre la masa y abandonar el lugar, procediendo por tanto a la comisión de una desobediencia a unos agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones”, dejaron por escrito.

Una vez más, la Policía no ha aportado ninguna prueba y tan solo el testimonio del agente hace valer su versión de los hechos. “No puede haber nada que secunde su versión, porque no tuvo lugar lo que ellos dicen que pasó. Y tengo que ver bien cómo va mi denuncia por la agresión que sufrí, no sé si está parada en el juzgado o es que la misma comisaría no la ha tramitado”, dice el activista un año después de los hechos.

Llegado el momento, Cepeda admite que no pagará la cuantía. “Lo que yo he hecho es defender el sistema público de pensiones, que no me parece nada malo”, finaliza. Pasadas las 12.30 horas, el registro del Congreso de los Diputados contaba ya con las 130 misivas entregadas por cinco delegados de la COESPE. Así finaliza un intento más de hacer cambiar de opinión, antes de un futurible viraje del Gobierno hacia la derecha, a los parlamentarios que todavía apoyan la vigencia de la Ley Mordaza.

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Como explicaba la propia Millet en una entrevista con David Dufresne, su libro ha desaparecido de muchas librerías. Las presentaciones que tenía pactadas han sido súbitamente anuladas. La editora de Millet, Julia Pavlowitch, denunció un robo en su domicilio un día antes de que el libro saliera a la luz, así como presiones del entorno familiar de Arnault para evitar su publicación. Otro magnate controvertido, Vincent Bolloré, patrón de medios como CNews, Europe 1 o Paris Match y gran promotor de la ultraderecha, se ha alineado con el jefe de LVMH: entre sus muchos negocios, es también dueño de la cadena de kioscos Relay, que canceló de golpe y sin dar explicaciones un pedido de 400 ejemplares del libro. «Muchos oligarcas se mantienen unidos y se dan la mano para controlar la información en Francia», asegura la autora.

Esta carrera de obstáculos comenzó el mismo día en el que Millet envió un cuestionario a LVMH. Lo hizo así para cumplir con el estándar de una investigación rigurosa y para que nadie echara por tierra el año de trabajo que le dedicó a un libro que cuenta con más de mil fuentes acreditadas. Desde LVMH nunca contestaron a sus preguntas; muy al contrario, la maquinaria de Arnault se puso en marcha para intentar silenciarla.

Para entender hasta dónde ha escarbado Millet en su trabajo, hay que señalar, por ejemplo, que ha llegado incluso a acceder al expediente de Arnault en la Escuela Politécnica, donde se forma la élite de los ingenieros del país. Esa escuela está bajo el amparo del Ministerio de Defensa y, en la época en la que estudió Arnault, los primeros años setenta, había que pasar dos meses de entrenamiento militar obligatorio. Las evaluaciones de sus instructores fueron demoledoras: «Carácter tranquilo, carece de gusto por el esfuerzo. Participa poco en el trabajo de equipo. (…) No apto para ocupar un puesto de responsabilidad». Quedó el penúltimo de su promoción.

Sus escasas dotes para dirigir un grupo de soldados no fueron un impedimento para convertirse en un tiburón de los negocios. Las 75 empresas que dirige actualmente facturaron 86.000 millones de euros en 2023. Ese año, su fortuna personal ascendía a 240.700 millones de euros. «Vende bolsos, champán, vinos y licores, perfumes, pintalabios, joyas y relojes. Es propietario de hoteles, restaurantes, empresas de sondeos y periódicos», escribe Millet. Si se trata de un artículo de lujo, ahí está Arnault. Cuando Donald Trump fue investido presidente por segunda vez, ahí estaba también Arnault. Fue el único empresario europeo presente, acompañando en la ceremonia a la plana mayor de los señores tecnofeudales: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook… El propio Emmanuel Macron no fue invitado al acto.

¿Cómo es posible que nadie escribiera nada sobre una personalidad empresarial de este rango? Cuando Arnault ingresó en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, en 2024, Millet quiso leer alguna biografía suya. Para encontrar algo tuvo que remontarse al año 2003, cuando apareció L’Ange exterminateur, de Airy Routier, otro libro polémico que detallaba las agresivas estrategias financieras del patrón de LVMH. Y después, el silencio. «Parece evidente que Bernard Arnault no quiere que se escriba sobre él», afirma Millet.

Según la historiadora, los medios que han reseñado su libro —Libération entre ellos– han visto recortada la publicidad de LVMH, el anunciante más poderoso de Francia. Se calcula que el grupo gasta en torno a 160 millones de euros al año en publicidad en medios de comunicación galos. Cabe recordar que este conglomerado empresarial aglutina a marcas como Dior, Givenchy, Loewe, Marc Jacobs, Guerlain, Bulgari, Dom Pérignon o, más modestamente, Sephora. Y que tiene también sus propias publicaciones, como Le Parisien, Les Échos, Challenges, Sciences et Avenir o La Recherche.

Controlar lo que se escribe sobre él parece ser una obsesión para Arnault, quien llegó a enviar un mail a los trabajadores de LVMH advirtiéndoles de que hablar con periodistas no afines («poco escrupulosos», según su eufemismo) constituiría «una falta grave». En sus tormentosas relaciones con la prensa, el caso más grotesco fue el que tuvo como protagonista a Bernard Squarcini, ex jefe de los servicios secretos durante la presidencia de Sarkozy y encargado de espiar a la revista Fakir a petición de LVMH.

Espiar, en cualquier caso, ha sido una labor común durante la actividad profesional de Arnault, según Audrey Millet. «Desde que adquirió LVMH, se acercó a empresas de espionaje, sobre todo estadounidenses. Se trata de antiguos espías de la guerra fría que se reciclan en la empresa privada», explica la autora. Este espionaje industrial incluía una amplia gama de servicios: desde colocar micrófonos en oficinas a seguimientos por la calle, pasando por escudriñar la basura de sus competidores.

Estos procedimientos le han permitido, en parte, construir un imperio con arreglo al manual del moderno capitalismo financiero: no ha creado empresas, las ha comprado y, según su propio vocabulario, las ha reestructurado (sin ambages: diezmando sus plantillas) para obtener beneficios.

¿Pero lo hizo solo, arriesgando su fortuna personal? No exactamente: en 1984 se hace con el grupo de Marcel Boussac, un gigante textil en crisis, propietario de Dior, gracias a «940 millones de francos en ayudas públicas. Esto lo ha constatado incluso la Comisión Europea y la Corte de Justicia. En realidad, fueron las subvenciones las que permitieron a Bernard Arnault comprar esa empresa», explica Millet. «El dinero público entra, los trabajadores salen y Dior permanece».

Con Louis Vuitton y Moët Hennessy la estrategia fue diferente: prometió a los jefes de cada casa (Henry Racamier y Alain Chevalier, respectivamente) apoyarlos para destruir al otro y hacerse con el control absoluto de LVMH. En realidad, Arnault los destruyó a los dos y se quedó con el holding. Fue por aquellos años cuando se ganó los apodos de «Terminator» y del «lobo vestido de cachemira».

No es que estas historias sean grandes revelaciones. Se conocían desde hace tiempo, pero nadie había vuelto sobre ellas en las últimas décadas. Ahora reviven, y eso, para alguien que ha gastado tanto dinero en borrar su pasado y en silenciar a sus críticos, parece ser una afrenta intolerable.

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No solo es una película importante por su contenido; la puesta en escena y la fotografía son impresionantes.

23 de junio

El año pasado, cuando apenas llevábamos tres meses en nuestro nuevo barrio, una vecina nos invitó a participar en la hoguera de San Juan que organiza todos los años en su prado. L., que después se convirtió en nuestra profesora de euskera, también nos había invitado este año. Solo que este año al final no ha habido hoguera: después de varias semanas sin llover y con un calor inusual, habría sido temerario encender una.

24 de junio

He leído muchas comparaciones entre la época actual y la República de Weimar; es comprensible, si nos fijamos en el auge de la ultraderecha, la división de la izquierda, la búsqueda de chivos expiatorios –entonces, los judíos, ahora los inmigrantes o los musulmanes–. Pero mientras leo El cielo y las ruinas, de Juan Andrade, me pregunto si no sería más acertado establecer la analogía con los años previos a la Gran Guerra de 1914. Si antes del 14 hubo un cambio fundamental en la producción industrial –el fordismo y la cadena de montaje– que se puso al servicio de la guerra, en las últimas décadas hemos asistido a la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial, que como toda revolución tecnológica, también es una herramienta básica de las confrontaciones bélicas. Y si en la Primera Guerra Mundial el submarino, el avión y la industria química transformaron las maneras de matar al enemigo –y, cada vez más, a la población civil– hoy desempeñan esas tareas los drones y la automatización de la destrucción.

Hubo entonces como hoy una crisis de identidad masculina; las máquinas que suplantaban su trabajo, el aumento de los empleos en el sector de servicios, la disolución de los vínculos masculinos tradicionales en la vida urbana, el crecimiento del empleo femenino –con la consecuente mayor independencia de las mujeres– y las reivindicaciones feministas empujaron a muchos hombres a buscar en la guerra una expectativa de autoafirmación individual y de la esfera masculina. Hoy los rasgos y las causas son algo diferentes, pero está claro que el ego herido de muchos hombres es una base sólida para nuevas propuestas políticas agresivas y la reivindicación de una virilidad cuyo prestigio añoran.

Y si entonces había una pelea encarnizada por las materias primas y los mercados de las colonias que fomentó el nacionalismo más agresivo, hoy la escasez de recursos tradicionales como el petróleo, pero sobre todo la necesidad de hacerse con las materias primas para la revolución de la inteligencia artificial, está promoviendo también la vuelta al nacionalismo competitivo más desaforado.

Antes del 14 parecía imposible que sociedades más prósperas de lo que habían sido nunca estuviesen dispuestas a embarcarse en una gigantesca tarea de destrucción y autodestrucción. También hoy podría parecérnoslo. Pero hoy y ayer coinciden en que las principales fortunas empujan a la confrontación y financian una prensa cada vez más vocinglera y polarizadora.

Podría continuar con las analogías –que las hay, como también diferencias– y profundizar en ellas. Pero ahora lo que me interesa anotar es que la bestialidad de la guerra es una posibilidad no tan lejana de Europa Occidental como pensamos. La condición sine qua non para toda escalada bélica, el rearme, ya está en camino.

Y también el trasvase de votos y de conciencias hacia las opciones más beligerantes. Cuando empezamos a justificar masacres a nuestra puerta, es que estamos preparando el terreno para comenzar a cometerlas.

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Lejos de la nostalgia fácil, el escritor británico reconstruye la historia de los bares gais de Londres, Los Ángeles o San Francisco para preguntarse qué sucede cuando una comunidad alcanza importantes victorias legales mientras sus espacios físicos desaparecen. El resultado es un libro que combina autobiografía, historia cultural y ensayo político, siempre atento a las contradicciones que acompañan cualquier proceso de emancipación.

Una de las cosas que más me llamó la atención del libro es el protagonismo que tienen los espacios físicos. ¿Por qué decidiste contar esta historia –una historia tanto personal como de identidad colectiva– a través de la arquitectura y de los lugares concretos?

Porque me cuesta pensar en abstracto. Necesito anclar las ideas en algo tangible. Durante años había escrito mucho sobre ropa y moda, pero empecé a cansarme de ese tema. Sabía que las cuestiones que realmente me interesaban tenían que ver con la identidad, el tiempo, la memoria o el deseo, pero necesitaba un punto de apoyo.

Cuando empecé a revisar los lugares que había frecuentado a lo largo de mi vida –o incluso algunos que solo había visitado una o dos veces– descubrí algo interesante. Muchas de las experiencias que yo recordaba como triviales o incluso decepcionantes estaban conectadas con historias mucho más amplias que mi propia biografía. Los espacios conservaban capas de memoria colectiva, algunas alegres y otras profundamente problemáticas.

Además, la arquitectura misma me ayudaba a pensar. Por ejemplo, cuando empecé a salir por bares gais, gran parte de la estética dominante todavía respondía al miedo al VIH y al contagio. Había superficies blancas, limpias, cuerpos masculinos extremadamente cuidados, casi esterilizados. Existía una especie de obsesión con la higiene y la impermeabilidad. A medida que avanza el libro también avanzo hacia espacios más desordenados, más sucios, más porosos.

De algún modo, se convierten en un actor más de la narración.

Creo que es cierto. Cuando concebí el proyecto, mi editora me habló de la tradición de la psicogeografía, un género históricamente dominado por hombres heterosexuales. Hablamos de qué podía diferenciar este libro de esa tradición.

Muchas obras psicogeográficas intentan construir una especie de lectura metafísica de la ciudad. Mi intención era hacer algo parecido, pero atravesado por el erotismo. Me interesaba explorar cómo el deseo modifica nuestra relación con los espacios y cómo los espacios moldean a su vez nuestras formas de deseo.

«Me interesaba explorar cómo el deseo modifica nuestra relación con los espacios y cómo los espacios moldean a su vez nuestras formas de deseo».

Hay una paradoja que me parece interesante: muchos bares gais comienzan a desaparecer precisamente cuando se consolidan derechos como las uniones civiles o el matrimonio igualitario. ¿La muerte de los bares gais es, en parte, el precio de ciertas victorias legales?

Es una cuestión complicada. Durante la escritura me di cuenta de algo que había pasado por alto: estaba escribiendo sobre negocios privados. Los bares gais no son únicamente símbolos culturales; también son empresas que tienen que pagar alquileres y sobrevivir económicamente. No profundicé demasiado en cuestiones como la especulación inmobiliaria o la gentrificación, aunque evidentemente forman parte del contexto.

Respecto a la asimilación, creo que a veces se interpreta de forma demasiado simplista. Muchas conquistas legales no surgieron porque la integración en las instituciones tradicionales fuera necesariamente el objetivo final de los movimientos homosexuales. A veces simplemente eran herramientas prácticas.

En mi siguiente libro hablo de uno de los primeros casos en Estados Unidos de reconocimiento federal de una unión entre dos hombres. Uno de ellos era australiano y la cuestión estaba relacionada con la inmigración. Aquellos hombres no eran especialmente partidarios del matrimonio como institución. Lo consideraban algo patriarcal y anticuado. Pero necesitaban una solución concreta a un problema concreto. A veces la asimilación es más una consecuencia que una meta.

Sin embargo, mientras desaparecen los espacios físicos, las aplicaciones de citas parecen ocupar parte de ese lugar.

Sí, aunque para mí cumplen una función muy distinta. Lo que me preocupa de las aplicaciones es que tienden a convertirnos en mercancías. Nos presentan como una colección de atributos expuestos detrás de un escaparate. Intentamos optimizar nuestra imagen para encajar en determinados criterios y atraer determinadas respuestas.

«Lo que me preocupa de las aplicaciones de citas es que tienden a convertirnos en mercancías».

Pero la química humana no funciona de esa manera. No puedes predecir cómo reaccionarás cuando escuches la risa de alguien, percibas su olor o compartas una conversación cara a cara. Por eso quería que Gay Bar transmitiera la sensación de encontrarse con personas inesperadas, de rozarse con desconocidos, de descubrir que alguien que inicialmente te genera rechazo acaba resultando fascinante, o viceversa. Esas experiencias imprevisibles forman parte de la vida social y son muy difíciles de reproducir en entornos digitales.

Han pasado más de medio siglo desde Stonewall y en muchos países occidentales los derechos LGTBQ han avanzado considerablemente, al menos a nivel legal. De hecho, partidos de extrema derecha como la AfD en Alemania tiene una líder que es lesbiana, lo que sería impensable hace pocos años atrás. Y, sin embargo, los delitos de odio continúan existiendo y las reacciones conservadoras parecen reaparecer cíclicamente. ¿Cómo interpretas esa tensión?

Creo que cualquier grupo que se salga de la norma permanece en una situación precaria mientras existan mecanismos sociales de exclusión. Incluso si en un momento dado no eres el objetivo principal, sigues dependiendo de un sistema que siempre puede encontrar nuevos chivos expiatorios.

Hoy el ejemplo más evidente son las personas trans. Pero también me interesa mucho cómo distintas formas de vulnerabilidad se entrecruzan. La orientación sexual, la identidad de género, la inmigración o las fronteras no son problemas independientes. Muchas personas viven simultáneamente varias de esas experiencias.

«La orientación sexual, la identidad de género, la inmigración o las fronteras no son problemas independientes. Muchas personas viven simultáneamente varias de esas experiencias».

Además de la violencia explícita, existen formas mucho más sutiles de precariedad. Cuando el Tribunal Supremo estadounidense anuló Roe v. Wade, muchas parejas homosexuales comenzaron a preguntarse si el matrimonio igualitario podría convertirse en el siguiente objetivo político.

Recuerdo ver en televisión a una pareja de mujeres explicando la enorme cantidad de documentación legal que necesitaban simplemente para garantizar la protección jurídica de su familia. Había carpetas y archivadores por todas partes. Aquello me hizo pensar en algo que aparece en Gay Bar. Existe una enorme cantidad de trabajo burocrático invisible destinado simplemente a validar tu existencia.

Reflexionas, también sobre la transformación de las categorías identitarias y el uso de la terminología. 

Las palabras evolucionan constantemente. Recuerdo que en Reino Unido hubo un momento en que el término “queer” empezó a adquirir una legitimidad institucional muy visible. Pienso, por ejemplo, en determinadas exposiciones organizadas por grandes museos. De repente, una palabra que durante mucho tiempo había sido marginal adquiría prestigio académico y cultural.

Lo curioso es que yo quería que Gay Bar tuviera una estética ligeramente anticuada. Quería que el propio título evocara algo fuera de moda, incluso un poco embarazoso. Me interesaba esa sensación de algo que ya no ocupa el centro de la conversación.

Las categorías identitarias siempre están cambiando. Hace un siglo, por ejemplo, la palabra “queer” tenía significados distintos según la clase social de quienes la utilizaban. Son términos inestables por definición.

Mientras leía el libro pensaba también en casos como el del “Gaixample” de Barcelona, un barrio que durante años estuvo asociado a una determinada identidad gay urbana. Después llegaron el turismo, la gentrificación y nuevas formas de consumo cultural. ¿Hasta qué punto las identidades también están moldeadas por el mercado?

Creo que existe ese riesgo. Muchos barrios terminan desarrollando una estética relativamente homogénea que puede repetirse en ciudades muy diferentes. Hay ciertos códigos culturales que aparecen en Londres, Ámsterdam, Nueva York o San Francisco.

Eso genera una situación extraña. Puedes terminar siendo percibido como turista o incluso como colonizador urbano, pero rara vez como alguien verdaderamente perteneciente a ese lugar.

Y esa percepción puede convertirse fácilmente en un mecanismo de señalamiento. Es una cuestión que me recuerda a una observación de Foucault. La visibilidad también puede convertirse en una trampa.

Esta entrevista se publicará pocos días antes del Día del Orgullo Gay y LGTBI+. ¿Cuáles son los motivos para conservar a día de hoy esa celebración?

Creo que me siento cómodo habitando zonas de ambivalencia. Las personas no vivimos experiencias unidimensionales. Por supuesto que siguen siendo necesarias las celebraciones del Orgullo. Son importantes. Y ojalá puedan depender cada vez más de las comunidades y cada vez menos de los patrocinadores corporativos.

Pero también creo que toda experiencia humana tiene un reverso. Solemos presentar orgullo y vergüenza como conceptos opuestos, cuando la realidad es más compleja. Existe una forma destructiva de la vergüenza, pero también una forma productiva. La ausencia absoluta de vergüenza conduce a la impunidad y a la falta de autocrítica. Lo vemos constantemente en la vida política.

Por eso me parece importante que existan movimientos capaces de afirmar el orgullo colectivo, pero también escritores, artistas y pensadores que sigan preguntándose qué errores hemos cometido, qué problemas continúan sin resolverse y qué responsabilidades permanecen abiertas.

Mantener vivas esas preguntas me parece algo saludable. Evita que todo se convierta en un simple eslogan y nos obliga a convivir con las contradicciones. Y, al final, es precisamente en esas contradicciones donde suele desarrollarse la experiencia humana.

«Me parece importante que existan movimientos capaces de afirmar el orgullo colectivo, pero también escritores, artistas y pensadores que sigan preguntándose qué errores hemos cometido».

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Tras abrazar a sus seres queridos y simpatizantes, comenzó a denunciar el abuso psicológico que sufrieron los activistas tras ser secuestrados cerca de Sirte y después trasladados a la zona de Bengasi. “Ahí fue donde nos rompimos. Era un sitio donde oyes cómo están pegando a la gente… en un momento salías y estaba el suelo lleno de sangre, no sabía si me iba a tocar a mí mañana”, declara tras su llegada. “No he pasado tanto miedo en mi vida”.

También ha descrito que a todos los participantes les sacaron sangre sin consentimiento, alegando que era obligatorio para su posterior liberación. Sin embargo, lo más duro para el grupo probablemente fue la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iban a pasar secuestrados, según Armesto: “Nos decían ‘tomorrow, you go tomorrow’, y tomorrow nada”. 

Las condiciones del lugar eran pésimas los primeros días, con celdas oscuras y muy pequeñas. “Mi perro duerme en un colchón mejor que en el que dormíamos nosotros”, bromea Armesto, con un ramo de flores en una mano y una cartulina firmada en la otra. Poco a poco los fueron juntando en celdas más grandes y eventualmente pudieron salir brevemente al patio. 

Durante parte del secuestro, varios activistas hicieron huelga de hambre –a la que simpatizantes se unieron en solidaridad desde España– y Armesto describe cómo una persona llegó a desmayarse y convulsionar. 

Durante todo el mes estuvieron sin apenas comunicación con el exterior, más allá de llamadas de 10 minutos a la semana con seres queridos y reuniones breves con personal del consulado. “No tenemos ni idea de lo que ha pasado fuera. Vengo de estar un mes totalmente incomunicada”. 

Sin embargo, agradece la labor del cónsul y vicecónsul españoles, que la visitaron y estuvieron hospedándose en la zona hasta la liberación, a diferencia de los cónsules de otros países. “Han sido extremadamente maravillosos. Han sido el rayito de luz que teníamos”, afirma.

En la terminal, frente a simpatizantes y seres queridos, Armesto también aprovechó para recordar la situación que vive el pueblo palestino durante el genocidio en Gaza y los cerca de 10.000 palestinos encarcelados en Israel, muchos de ellos sin cargos ni debido proceso. Y mientras los diez activistas del convoy secuestrados ya han vuelto a sus países, todavía quedan cuatro activistas de la flotilla anterior en cárceles de Túnez por cargos económicos que, según la Global Sumud, carecen de fundamento y responden a “motivaciones políticas”.

Un convoy de 230 activistas para llevar ayuda humanitaria a Gaza

El convoy había comenzado su travesía desde Mauritania a principios de mayo para llevar ayuda humanitaria a Gaza por el paso de Rafah, en una misión complementaria a la flotilla, que viajaba por mar. Estaba compuesto por cerca de 230 activistas de decenas de nacionalidades, incluyendo cuatro españoles además de Armesto, que se unieron en la capital libia de Trípoli.  

Las fuerzas que controlan el este de Libia, lideradas por el militar Khalifa Haftar, secuestraron a Armesto y otros nueve activistas el domingo 24 de mayo en un punto de control cerca de la ciudad costera de Sirte cuando estos se reunían para negociar el paso seguro del convoy. Uno de los activistas comunicó que les estaban trasladando en tres furgonetas blancas sin informar del destino. Desde entonces, estuvieron en una ubicación desconocida –que según Armesto los secuestradores llamaban “black hole”, agujero negro– casi un mes sin contacto directo con familiares y amigos, más allá de visitas breves y puntuales con los cónsules de sus respectivos países. 

Los delitos de los que se acusó a los diez activistas, según Armesto, fueron inmigración ilegal –pese a que se les detuvo en un punto de control que no llegaron a cruzar–, pertenencia a grupo terrorista y reunión en un lugar no autorizado. Tras un mes privados de su libertad, retiraron sus cargos y se les expulsó de Libia. El resto del convoy abandonó la misión por seguridad y la ayuda humanitaria –decenas de camiones, ambulancias y casas móviles– nunca alcanzó su destino final.

Libia es un país inestable y fragmentado, con dos principales gobiernos rivales entre sí y numerosas milicias en constante conflicto por controlar el terreno. El Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la Unión Europea y Naciones Unidas, controla el noroeste, con capital en Trípoli. En la zona de Bengasi y gran parte del este y el sur, predomina el Ejército Nacional Libio, controlado por Haftar e ilegítimo a ojos de gran parte de la comunidad internacional. Ambos gobiernos han causado numerosos secuestros, ejecuciones, torturas y otros abusos de derechos humanos, según un informe de 2024. 

Su principal motivación, el periodismo

Armesto, periodista y secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid, lleva años involucrada en causas humanitarias. En 2025 participó en la Global Sumud Flotilla y fue retenida por Israel en aguas internacionales, aunque confiesa que el reciente secuestro ha sido mucho más duro.

Una de sus motivaciones principales para unirse a la flotilla y el convoy es dar a conocer la situación en la que se encuentran los periodistas en Palestina, donde Israel ha matado a más de 200 profesionales de la información. “Nosotros éramos periodistas que vamos a luchar, entre otra mucha gente, por otros periodistas. Me da mucha pena que muchos periodistas no sean capaces de alzar la voz por lo que está pasando en Palestina ni cubrir a un compañero que ha ido a defender el derecho a la información”, comenta Armesto.

Según la activista, es muy probable que su liberación y la de sus compañeros se diese como parte de una negociación internacional: “Ha sido a cambio de algo, nunca sabremos a cambio de qué”.

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En un lugar de La Mancha, pero esta vez en el siglo XXI, los Quijotes que sueñan con un mundo justo y respetuoso con la vida en general han cambiado la lucha contra los molinos por la lucha contra los centros de datos, unas infraestucturas que, con el auge de la inteligencia artificial (IA), están colonizando poco a poco España con la promesa de nuevos empleos. Talavera de la Reina es uno de los centros neurálgicos, pero también Aragón, Madrid y Extremadura.

Los centros de datos consumen gigantescas cantidades de agua y energía eléctrica. Acaparan suelo y dejan contaminación. ¿Es posible que la extracción de estos recursos desestabilice los territorios en los que se instalan? Según muchos expertos, sí, pero tampoco hay cifras exactas. Esa es la principal cualidad de este floreciente negocio: la opacidad, los pactos secretos con las administraciones, el cabildeo, la política de hechos consumados. La Marea dedica el dossier principal de su nueva revista en papel a estos nuevos «paisajes del poder», como los denomina el investigador Manuel García.

La falta de transparencia que los caracteriza impide, en muchas ocasiones, que la ciudadanía conozca el impacto real al que se enfrenta cuando estos nuevos gigantes recalan en sus territorios, donde antes había vida, donde antes había historia o, siendo más directos, donde antes había una línea de transporte público o cosechas o una depuradora de agua. En este número, realizamos una panorámica general de la situación de la mano de especialistas de primer nivel, analizamos el lobby de esta industria en Europa, con Spain DC como epicentro en España, y nos detenemos en los movimientos que ya están diciendo «no» a los gigantes de los nuevos tiempos.

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Además del dossier dedicado a los centros de datos, la revista del trimestre julio / septiembre viene cargada de reportajes y entrevistas ideales para desencriptar la actualidad. Por ejemplo, ¿qué demonios está pasando en el Reino Unido? Nuestro compañero Guillem Pujol responde a esta pregunta en un momento especialmente delicado de la política británica. Roto el bipartidismo laboristas-tories, los neofascistas están llamando fuerte a la puerta del nº 10 de Downing Street.

Patricia Simón, por su parte, viaja hasta el Sáhara Occidental para mostrar la lucha de las mujeres por superar su tradición patriarcal. A pesar de las críticas que reciben, las feministas saharauis lo tienen claro: «Para nosotras no es incompatible luchar por la independencia de nuestra patria y por el respeto a nuestros derechos como mujeres».

En Argentina, Andrés Actis pone el foco en un extractivismo fósil que ha cobrado enorme fuerza bajo la presidencia de Javier Milei: el de las arenas de sílice que se utilizan en el fracking, la fractura de la roca para acceder al petróleo. Esta práctica está destruyendo los humedales del río Paraná.

En el ámbito doméstico, entrevistamos a la dibujante Yeyei Gómez, al fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, y a la directora general de la Aemet, Alicia López Rejas.

Con el ojo siempre puesto en la ecología, el clima y el medioambiente, analizamos el difícil despegue del veganismo en España, viajamos a Berlín para conocer sus huertos urbanos populares, enumeramos algunos consejos para hacer deporte durante el verano tórrido que nos espera y recomendamos productos e iniciativas sostenibles en un bazar veraniego seleccionado por Carro de Combate.

Pero no acaba ahí la cosa: esta Marea cuenta con los artículos de opinión de Jorge Dioni López, Thilo Schäfer y el tradicional incordio de la filósofa Ana Carrasco-Conde.

Nuestro cuadernillo cultural, El Periscopio, llega con novedades: por voluntad propia, este número es el último que coordinan Laura Casielles y José Ovejero. Durante varios años (muchos de ellos en colaboración con Bob Pop) han tratado de rebasar los límites impuestos por la cultura mainstream. En su despedida se han fijado en el arte de los bertsolaris, en la sororidad de las integrantes del Lyceum Club de Madrid en el centenario de su creación y en la resistencia de la cultura argentina frente a la motosierra libertariana. Además, cierran su labor al frente del Periscopio con un broche de oro: un cuento de Isaac Rosa.

Como veis, La Marea continúa con su compromiso por el periodismo «de interés público», como subrayó el jurado del Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial, cuando distinguió nuestros reportajes sobre la gestación subrogada en España. También seguimos empeñadas en reivindicar el trabajo humano frente a la amenaza de la inteligencia artificial. Por eso, en La Marea nunca habrá ilustraciones generadas por una IA. Al contrario, nos complace enormemente colaborar con artistas como Daniel Gómez Vega y como Adara Sánchez, artífices de las magníficas portadas de la revista 112 y de El Periscopio.

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El número 9 de la calle Padre Urbano, en el distrito de la Saïdia de València, es una finca de una altura que data de 1927. En su balcón está colgada una pancarta contra la turistificación, idéntica a las muchas que se pueden ver en ese distrito. Todas se confeccionaron en una imprenta que estaba situada casi enfrente. Ya no existe. Tuvo que cerrar porque los dueños no pudieron afrontar la subida del alquiler que les planteó su casero, justo, justo, cuando el negocio empezaba a asentarse. Dos apartamentos turísticos ocupan su lugar. 

La anécdota surge durante los encuentros que la Associació Veïnal de la Saïdia organiza en la sede de la entidad el segundo miércoles de cada mes. 

–Coged una ensaimada. Están muy buenas.

En torno a café y piezas de repostería, y después de conversar sobre las múltiples actividades que organiza la asociación –los paseos nocturnos por el distrito las noches de luna llena concitan elogios unánimes–, salen a relucir historias sobre el impacto del turismo en el comercio de la zona, y se comenta el caso del lutier que tuvo que cambiar de local porque su casero quería subirle el alquiler, o el de la peluquera que reconvirtió su negocio en apartamentos turísticos. 

El número 46 de la calle Sagunt –un edificio antiguo de dos plantas– llama la atención por el azul eléctrico de su fachada. Allí tiene su tienda de pinturas Javier Zuriaga, miembro de la Junta Directiva y tesorero de la Asociación de Comerciantes de la Saïdia, que asegura que el turismo está inflando los precios de los alquileres de los bajos y poniendo en apuros algunos negocios. Sin conocerlo, Javier habla de casos como el de Mario Castellote Béjar (37 años), que regenta un estudio de tatuajes en la avenida Constitución. Alquiló un bajo para su local por 400 euros mensuales hace cinco años. Antes del vencimiento, el pasado abril, le anunciaron que, si quería renovar, tendría que pagar 850. La justificación: es el precio del mercado. 

–No, si por el dinero no es.

Eso decía el dueño del bajo donde estaba la escuela infantil (de 0 a 3 años) Amics, emplazada en un lugar privilegiado: al principio de la calle Visitación, a apenas unos metros del jardín que se extiende a lo largo del antiguo cauce del río Turia. Después de unos 25 años en ese lugar y de una reforma de más 50.000 euros, el contrato de alquiler terminaba en septiembre de 2023. Una de las propietarias de Amics, que prefiere no dar su nombre, relata cómo, un año antes del vencimiento, empezaron a negociar la compra del local. El casero les dijo que se estaba pagando mucho dinero por los bajos de la zona para dedicarlos a pisos turísticos y fijó una cantidad inicial de 300.000 euros, pero cuando vio que podían llegar a esa cifra, empezó a subir el precio. Total, no era por dinero. Finalmente, las propietarias de Amics desistieron. Una de ellas está convencida de que el dueño ya tenía pactada la venta a un inversor del que podía obtener una mayor cantidad —¡será por dinero!— y que la negociación no fue más que una estratagema para evitar los derechos que tenían como arrendatarias. 

El cierre de Amics dejó a 30 familias colgadas. Lucas Maltes (37 años) fue uno de los afectados. Quería llevar a su hija a la escuela infantil, situada justo enfrente de su tienda de venta y reparación de bicis, pero el cierre le obligó a buscar una alternativa. La encontró, igual que una nueva ubicación para su establecimiento. Lucas tiene ahora su negocio en la misma calle Visitación, pero unos metros más adelante. Paga un alquiler de 490 €, una cantidad, aclara, por debajo del actual precio de mercado, que se explica, en parte, porque no tiene salida de humos, lo que limita las posibilidades del local. Recuerda, además, que la planta baja estaba en muy malas condiciones. La proliferación de viviendas turísticas en la zona, confirma Lucas, ha incrementado los precios de los alquileres de los bajos, porque la oferta es mucho menor. Él, sin embargo, está contento con su casera, de la que, dice, cobra lo que es justo y no quiere líos con las licencias turísticas. 

«El comercio es el primer generador de vida social», afirma Amparo Vidal, portavoz de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, uno de los barrios de la Saïdia, mientras recorre la calle Padre Urbano. Amparo recuerda la tienda de gaseosas del señor Manolo, el limonero. Detiene a una vecina que pasa por la calle para que confirme la información. «Mira, ahí viene el Chispas, el electricista de toda la vida», avisa de nuevo la dirigente vecinal. Ximo Muñoz, vicepresidente de la asociación, le dice que no hace falta que se pare a hablar con cada persona, pero ella no puede evitar saludar a Isabel, la dueña de la peluquería más antigua de la zona. Tiene 86 años y dice, sin dejar de sonreír, que empezó en el negocio con 21 años, no, con 18, rectifica, y que, aunque ya no trabaja, le gusta pasarse para hablar con las clientas. Y que aún salta a la comba.

El mundo que rememora Amparo se ha desvanecido con el paso del tiempo, los nuevos hábitos de consumo, la globalización —sus padres tenían un almacén al por mayor de molduras para marcos en la misma Padre Urbano que se fue a pique cuando empezaron las importaciones masivas desde China— y, también, la irrupción del turismo de masas. En la esquina de Padre Urbano con la calle Luz Casanova, el lugar que ocupaban tres comercios —la  tienda de ultramarinos Salvador, la ferretería Julián y la pescadería La Loma— está dedicado ahora a apartamentos turísticos. Unos metros más adelante, una casa de comidas, antes carnicería, se ha transformado en la sede de una empresa que ofrece servicios de gestión y limpieza de alojamientos vacacionales. 

Estos cambios de uso vienen precedidos, en ocasiones, de periodos más o menos largos de inactividad. Es el caso de los diecinueve apartamentos turísticos ubicados en la manzana triangular delimitada por las calles Ministro Luis Mayans y Padre Urbano y la avenida Primado Reig, en el extremo norte de la Saïdia, la parte más alejada del centro. Desde 2025, ocupan el espacio que quedó libre tras el cierre de Filero, una tienda de mobiliario contemporáneo. En un hipotético enfrentamiento deportivo entre los bajos turísticos y los comerciales de esa isla de edificios, los primeros ganarían por goleada: 19-9. Sin embargo, la regulación de usos terciarios hoteleros del Ayuntamiento de València, que entró en vigor en mayo, prohíbe que los bajos turísticos superen el 15 % de los que no tengan uso residencial en una manzana. Y que, superado ese umbral, no se renovarán las licencias de alojamiento turístico que caduquen. 

La peluquera que reconvirtió su negocio en dos bajos turísticos es Ana Bueso. 28 de sus 52 años los ha pasado entre tintes y tijeras, hasta que la artrosis y una lesión en el hombro le hicieron replantearse su futuro profesional. Duda si contar su historia. Recela del tratamiento periodístico que reciben los apartamentos turísticos y tampoco quiere dar pistas de la ubicación de los suyos: en agosto le vandalizaron las cerraduras. Se queja de que se persiga a quien intenta vivir de su trabajo legalmente —tiene incluso el Certificado de Calidad Turística—, y subraya que no es una especuladora, que su trabajo no es fácil, que tiene que estar pendiente del teléfono 24 horas al día siete días a la semana, que ella se encarga de todo —salvo de la limpieza, que también supervisa—, que ganaba más como peluquera… Y cuando ya parece que se le han acabado los que, remacha: «Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Siempre». Y muestra las rosas que ha dejado sobre la mesa de uno de los apartamentos —«vivo en el campo», aclara— y los mensajes cariñosos de sus huéspedes.

Ana subraya que sus clientes generan riqueza en el barrio. Mario, muy a su pesar, no es uno de los beneficiados. Dice que ha tatuado a guiris, claro, pero de manera ocasional, y que eso no le salva el negocio. Tampoco a Emilia Villalba, la pescatera de la calle Alfambra, o a Bernardo Alcaide, que tiene su bar en la calle Lleida. Quizás porque no tiene carta en inglés. Ellos se lo pierden, se las pierden: las cinco tortillas diferentes que prepara cada día y que no ven acabar la jornada. O el arroz al horno que incluye en el menú de los martes. Bernardo ve pasar a los turistas por delante de su negocio en dirección al supermercado cercano, donde una de las empleadas señala que la gran mayoría de los viajeros que entran, hasta el 70 %, son grupos de jovencitos que compran comida preparada, alcohol y refrescos. 

La alarma salta en el canal de difusión de WhatsApp de la asamblea anticapitalista La Saïda Comuna: Núria alerta de la inminente apertura de un bar musical en la calle Maximiliano Thous, al lado del apartotel que está en construcción. «El alma de la fiesta ha llegado», dice, en inglés, uno de los letreros del local. Y se disparan las intervenciones. Amparo comenta que las macrorresidencias hacen que los barrios pierdan su identidad porque los establecimientos de ocio sustituyen a los pequeños negocios. Y Bego recuerda los locales nocturnos que se han abierto recientemente en el distrito. «La ciudad y los barrios, para los turistas», lamenta Emilio. «Vamos a tener noches legendarias», remacha Núria con ironía. 

—¿Tiene souvenirs?

Elisa Estellés, la estanquera de la calle Visitación, se sorprendió cuando un cliente, un chico alto, rubio (¿sería austríaco, o quizás noruego?) le hizo esa pregunta. Nunca le había ocurrido.

—¿Tiene souvenirs?

Pero que el mismo día otro turista le hiciera exactamente la misma pregunta la dejó pensativa: ¿tendría que incorporar las postales y los imanes de nevera a su lista de referencias? Algo parecido le sucedió hace un par de años a la propietaria de una tienda de muebles cuando un técnico del Ayuntamiento que estaba ayudando a la digitalización de los pequeños negocios le aconsejó, a título particular, que tendría que ir pensando en adaptar su comercio al turismo. «¿Y qué haré, venderé postales?», se planteó. De momento, sigue fiel a los sofás y las mesas de comedor. Elisa se lo está pensando. 

Quien no tiene dudas es Lucas. Un extranjero entra en su tienda para preguntarle si alquila bicicletas. En un más que buen inglés, le responde que no y le explica dónde puede hacerlo. A Lucas, sencillamente, no le da la gana incluir ese servicio en su negocio porque implicaría, razona, quitarle tiempo a sus clientes de toda la vida, y agrega que esa es su forma de hacer activismo. Así que no le importa que, desde hace unos tres años, hayan comenzado a proliferar las tiendas que alquilan bicicletas en las calles Guadalaviar y Sagunt, justo enfrente del puente de Serranos, ese que conecta la Saïdia con el hipergentrificado centro de València en apenas 200 metros.

Las maletas que empujan a los turistas por las aceras de la Saïdia ignoran las historias que se desarrollan en esas calles. Historias como la de la vecina que pide ayuda para su frutero, quien, después de unos meses con el negocio cerrado por un problema personal y la consecuente pérdida de clientela, afronta la reapertura con la sorpresa de que su casero le va a duplicar el alquiler, y también sorpresa, pero más impotencia, la que experimentó la propietaria de un comercio que tenía medio local alquilado cuando el dueño le dio tres meses para desalojarlo, tres meses para vender las existencias que tenía en esa parte de la tienda a precio de fábrica, tres meses para comprobar que las prisas del arrendador eran porque tenía apalabrado el local a un inversor para montar un apartamento turístico, qué negocio, ese de los apartamentos turísticos, debió pensar el propietario de otro bajo comercial cuando se acercó a su inquilino, treinta años de relación, para dejarle caer, así, como quien no quiere la cosa, que igual le interesaba alquilarlo para alojamiento vacacional, que podría sacar más dinero, él, funcionario de alto nivel, propietario con sus hermanos de toda la finca. Será por dinero. 

Historias como la de Mario, que intenta morderse la lengua, pero no puede, así que pide perdón por su vocabulario, porque vaya mierda esa de la oferta y la demanda, vaya discurso vacío, porque la gente, lamenta, va con el chip de, tío, si no me alquilas el bajo por tanta pasta, me hago un airbnb y gano el triple, y admite que la subida de la renta fue un golpe duro, pero qué iba a hacer, después de todo el dinero invertido, si ya está arraigado en el barrio y él y su equipo dependen del estudio para vivir, qué iba a hacer sino pasar por el aro y buscar un trabajo para compensar el dinero que deja de ingresar por el aumento de la renta, porque ahora a duras penas gana mil pavos al mes. 

Lo único que queda de la escuela infantil Amics es la persiana del centro educativo. Los obreros estuvieron trabajando en la reforma del espacio un tiempo, pero, desde hace unos meses, no se ve movimiento en el inmueble. Su futuro es una incógnita, igual que el de la pescadería de Emilia, que se jubilará en julio. Supone que el local volverá a alquilarse, pero desconoce si se convertirá en otro apartamento turístico, como los muchos situados en las inmediaciones, o abrirá un nuevo negocio, como la clínica veterinaria o el taller de cerámica que se han inaugurado recientemente en su calle. Bernardo, que también se jubilará a finales de año, quiere traspasar su bar. Su primera opción le ha fallado, pero, a partir de septiembre, empezará en serio a buscar alternativas. 

Lucas pasa cada día con su bicicleta por delante del bajo que ocupaba su antigua tienda de bicicletas. Ahora es un apartamento turístico. 

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Dos horas antes se daban a conocer los resultados del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las más reñidas de su historia democrática. El ultraderechista, abogado y autoproclamado outsider, Abelardo de la Espriella, logra el 49,7% de los votos frente al 48,7% del senador y candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. La diferencia en el conteo preliminar es de apenas 247.000 votos. Un país fracturado, dividido en dos pulsiones, en dos modelos de gobernanza antagónicos. “Lo que pone de manifiesto esta campaña es que no hemos logrado reconciliarnos como sociedad,” señalaba Martha Lucía Márquez, directora del centro de investigación Cinep. 

En el Royal Center, un centro de conciertos y sede improvisada de la campaña del Pacto Histórico para recibir los resultados, cientos de simpatizantes, activistas, políticos y figuras de la izquierda colombiana van llegando a cuentagotas mientras una gran pantalla anuncia los avances del preconteo. Son varios los que tropiezan en los últimos peldaños de las escaleras, cuando levantan la cabeza del suelo para observar los números. El lugar mantiene la respiración con cada boletín, algunos sacan las calculadoras de sus teléfonos para hacer las matemáticas. Su candidato, Cepeda, acorta distancias, pero no logra ponerse por delante del ultraderechista. Entre respiración y tropezón, los más jóvenes cantan arengas que son replicadas por pocos segundos.

Después, la desazón, las manos en posición de rezo frente a la boca, el brazo por encima del hombro del compañero. “Aquí estamos las madres de La Escombrera”, grita Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. De su cuello cuelga la fotografía de Carol Vanessa, desaparecida en Medellín en 2002. El sueño de ver a su candidato, el humanista, filósofo y defensor de derechos humanos y la paz, entrando en la Casa de Nariño se apaga y aparecen las lágrimas. 

“Estoy preocupada”. Un emoji de un corazón roto. “Tengo miedo”, son los mensajes de WhatsApp que llegan desde las comunidades afro del Pacífico, el Cauca, el Putumayo o las periferias de Bogotá. “Para los firmantes estos diez años no han sido fáciles, existe el riesgo de retroceder en el acuerdo, el riesgo sobre la vida de los que estamos comprometidos con la paz”, narra desde el departamento amazónico de Guaviare, Andrés, uno de los primeros guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizados durante el Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016. 

“Tengo una gran preocupación por el exterminio de nuestros bosques, de los pueblos indígenas, de los amazónicos”, escribe Libia, lideresa indígena inka. “Para las comunidades negras es un retroceso en las luchas y logros que con tanto sacrificio, tantas vidas, hemos puesto para que haya cambios en este país”, explica Clemencia Carabalí, lideresa afro del norte del Cauca. “Abelardo es un ciudadano que no conoce el país. Él no está en los territorios, él no sabe lo que es vivir en las zonas periféricas. Al no conocer esos contextos difícilmente va a legislar en favor nuestro”, añade.

El mayor número de votos en la historia de la izquierda colombiana 

Antes de las seis y media de la tarde, Iván Cepeda sale a la tarima rodeado de su comitiva y su fórmula presidencial, la mayora indígena, Aída Quilcue, y su compañera, Pilar Rueda. Lleva un papel en la mano, lo desdobla sobre el atril y, antes de leer, con su particular tono sosegado, agradece a todas las comunidades y colectivos que participaron activamente en la campaña de la segunda vuelta, a los más de 12.700.000 votantes –un récord sin precedentes para la izquierda colombiana– y anuncia el reconocimiento del preconteo “como un dato no oficial ni vinculante”. El público corea: “Sí se puede”.

Cepeda no habla de fraude, pero sí de la impugnación de 33.000 mesas en todo el país. En su alocución celebró el récord de participación en la jornada electoral, que alcanzó el 63,57%; poco más de 40 millones de colombianos y colombianas estaban llamados a las urnas. Volvió a hablar de su promesa de campaña, del anhelo por un gran acuerdo nacional y del diálogo: “Estamos dispuestos a la concertación siempre y cuando sea respetuosa”. Agradeció también al movimiento Pacto Histórica, la Alianza por la Vida y, por último, al presidente saliente, Gustavo Petro. “Cepeda presidente”, interrumpen entre el público. 

Está vez, sin posar la mirada en el papel, enumeró los avances sociales durante los cuatro años del primer mandato de un dirigente de izquierda en Colombia y reiteró que no dejarán que se retroceda en derechos: “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales”. Terminó lanzando mensajes “serenos” a su oponente El Tigre De la Espriella: “No permitiremos que se destruya la naturaleza. No permitiremos que nos quiten el salario mínimo vital (…) Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social”. 

Citando al presidente chileno Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”, y una proclama sin atisbos de derrotismo: “Viva la revolución de la vida», Cepeda se bajó del escenario. El alarido “Se vive, se siente, Cepeda presidente” se fue diluyendo entre la multitud que, cabizbaja, abandonaba el recinto. 

En diversas calles y plazas de Bogotá –y otras ciudades del país– sus seguidores se debatían entre la desazón y la esperanza. “Solicito a todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia,” escribió Petro en su cuenta de X. Respondiendo al llamado, decenas de abogados y cientos de simpatizantes se movilizaron hacia Corferias, el mayor centro de votación para hacer control al escrutinio de los votos. Un cómputo que, como apuntan los analistas, no suele alterar significativamente el resultado del preconteo. 

Pero si algo tiene que celebrar la campaña de Cepeda es la movilización de sus electores. Después del fracaso de la primera vuelta, el movimiento “por la vida” se activó precisamente gracias a la sociedad civil progresista: a las jóvenes k-poper, a los universitarios, a las colectivas feministas y de derechos humanos, a los y las artistas, a las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, a miles de voluntarios que, desde sus quehaceres, habilidades y sentires, se movilizaron masivamente para “remontar en segunda”. 

Sin lugar a dudas, esa activación desde la raíz que hace raigambre es el mayor legado de la izquierda reciente en Colombia: la organización desde la sociedad civil por la defensa de todas las formas de vida que habitan el territorio. “Es muy hermoso lo que están haciendo. Estoy muy feliz por todo el apoyo”, decía emocionada un día antes de los comicios Lorena, de 30 años. “Esta campaña es del pueblo”, repetían desde Bosa, una localidad popular de la capital, miembros del colectivo político Creamos. “Gracias a la izquierda aprendí qué es la política. Tengo 55 años, hasta ahora vine a saber lo que es la política”, relataba detrás de su puesto de arepas, Janet, agradeciendo la pedagogía de las colectivas de izquierda. 

Lejos del centro del país, la ultraderecha abraza el triunfo 

A la espera de los datos oficiales, desde Barranquilla, en la costa Caribe, cientos de seguidores de El Tigre celebran la victoria. Entre música, pirotecnia y figuras de tigres de plástico; vestidos con la camiseta amarilla de la selección de fútbol ondean banderas colombianas –también de Israel–, bailan y alzan la mano imitando el saludo militar al bramido de: “Firmes por la Patria”. En lo alto de un escenario, encerrado en su burbuja anti balística, Abelardo de la Espriella anima el espectáculo más importante de su carrera y se proclama, pese a la ajustada ventaja, presidente: “¡Colombia, aquí está tu presidente!». Antes de que cesen los aplausos y los gritos de la “manada del tigre”, lanza un mensaje al otro espectro: “Petro y Cepeda, abstenerse de desatar un incendio social (…) respeten la voluntad del pueblo colombiano”, advierte afónico. Agradece a veteranos, reservistas, invita a recitar una “oración patria” y agradece, “más que nada” como cristiano converso, “a Cristo Rey”. 

Como en la fábula del lobo con piel de cordero, el líder del movimiento Defensores de la Patria se presenta ante las masas con un tono mucho menos incendiario y violento que en las intervenciones de su campaña. Lejos de sus promesas de terminar con la –fracasada– “paz total” de Petro o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su apoyo al fracking y la explotación de los recursos naturales del territorio, de sus recurrentes discursos en los que llamaba a “destripar” y “aniquilar” a la izquierda, de estigmatizar y perseguir a periodistas y críticos; ahora De la Espriella señala que, aquellos que no lo votaron, no tendrán que temer por pensar distinto: “No habrá vencedores ni vencidos. No habrá persecuciones. No habrá enemigos irreconciliables”, tampoco contra la biodiversidad. 

El show se pausa para dar espacio a la música y los rugidos de un tigre por los altavoces. Después del baile militar, De la Espriella retoma y alerta directamente a su oponente: “El Tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas (…) Podrán ejercer la oposición solo si lo hacen dentro del margen de la ley”. Su conciliación nacional pasa por “refundar la patria” y hacer el “milagro”, como rezan las tres únicas páginas de su programa de gobierno. “La Patria milagro”, como denomina a su proyecto, pasa por acabar –en 90 días– con los cabecillas de los distintos grupos armados que operan en el territorio; la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad o recortar en un 40% el Estado, con la ayuda de su vicepresidente, el economista y tecnócrata Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno del conservador Iván Duque.

Pese a autodenominarse como un outsider, y si bien nunca ha tenido un cargo público en el Estado, Abelardo de la Espriella cuenta con el apoyo de los políticos tradicionales, como el expresidente derechista Álvaro Uribe Vélez, o el clan de la familia costeña Char, de los que recoge la batuta y los votos. “El primer desafío es formar un gobierno y una coalición legislativa. En su campaña tuvo un discurso que estigmatizaba a la clase política, por lo que no tiene ningún apoyo en el Congreso, pero le va a tocar pactar con esa misma clase política,” apunta el analista político Yann Basset. 

El presidente electo de Colombia es, además, ciudadano estadounidense y miembro del Partido Republicano. Por eso, antes de que entrara la noche en Barranquilla, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo había reconocido como presidente. Poco después, los líderes conservadores de ultraderecha de la región –modelos a seguir para El Tigre– lo felicitaron. Desde Argentina, Javier Milei, desde Chile, Antonio Kast, desde Brasil, Flávio Bolsonaro, desde Perú, Keiko Fujimori, desde Ecuador, Daniel Noboa, felicitaron al líder de extrema derecha y celebraron la expansión de los movimientos políticos ultraconservadores en la región. 

Su victoria es, también, el silbido de los vientos ultraconservadores que se mueven por el continente desde la reelección de Trump. La popularidad del líder colombiano de ultraderecha, una millonaria campaña, y la amnesia colectiva de un pasado cuestionable en el que se codeaba y defendía como abogado a bandidos y paramilitares, o humillaba a víctimas y mujeres, lo alzan como nuevo mandatario de lo que muchos denominan como “el patio trasero de Estados Unidos”, especialmente en materia de narcotráfico –y la fallida guerra contra las drogas– y migración. 

A menudo, los ingenieros y arquitectos que llegan a Colombia hablan de las dificultades para construir puentes en el país debido a su geografía hostil, a la espina dorsal que atraviesa el mapa: sus tres cordilleras, los Andes, las montañas, los ríos caudalosos que dibujan y alimentan uno de los países más biodiversos del mundo. Es común ver puentes inacabados –también por la corrupción– o desplomados por las dificultades técnicas.

Esa es, quizás, la metáfora que define esta noche a Colombia, y los dos países que habitan un mismo territorio. La polarización no es solo política. Es la desconexión entre territorios, las desigualdades entre clases sociales, y la complejidad de sus brechas que durante décadas han impedido la conciliación con discursos políticos que apelan al miedo al vecino, al hermano, al visitante, al votante contrario. Un país que no construye puentes, porque sus tierras fértiles están constantemente en ebullición por los que no entienden que la gobernanza es por todas las formas de vida.

Actualización: 16h

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El Premio Nacional ha sido concedido a La Marea por su investigación sobre la gestación subrogada. En concreto, por la serie de reportajes de Marco Dalla Stella, Patricia Simón y Magda Bandera centrados en las agencias que se dedican a este negocio en España.

El galardón Internacional es para Aristegui Noticias, el medio mexicano que ha publicado los Televisa Leaks. La tercera categoría, el Premio Trayectoria, es para Dean J. Baquet, exdirector de The New York Times, bajo cuyo mandato se desveló la injerencia de Rusia en las elecciones de EE. UU., y las agresiones sexuales cometidas por el productor cinematográfico Harvey Weinstein, entre otras investigaciones de gran impacto.

«La obligación de publicar»

Durante su intervención, Cardero subrayó que el periodismo de investigación “es una decisión, una decisión que se toma cada vez que un periodista sigue adelante sabiendo que va a incomodar, que va a recibir presiones, que va a quedarse solo durante algún tramo del camino y que, aun así, tiene la obligación de publicar».

En este sentido, el jurado ha destacado que La Marea “demuestra que el periodismo de calidad no es patrimonio de las grandes cabeceras, sino una elección que se ejerce cada día desde la vocación, la autonomía y el compromiso con el interés público”, resaltaron los miembros del jurado al conceder por unanimidad el premio a este medio. 

La misma idea remarcó Nacho Cardero durante la entrega de los galardones: «Lo que tienen en común [los premiados] no es el tamaño de su medio ni el alcance de su audiencia. Es que cuando tuvieron que publicar, publicaron».

Los miembros del jurado, que han concedido por unanimidad el Premio Nacional, son Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña, y Miguel Ángel Gavilanes como secretario. En su argumentación, han destacado que la serie de reportajes premiada se trata de “un trabajo de indudable interés público en el que confluyen la salud, la maternidad, los derechos de las mujeres y los límites éticos de las técnicas reproductivas”. 

“Información verificada, contrastada y documentada»

El jurado ha valorado especialmente que la investigación de La Marea se sustenta en “información verificada, contrastada y documentada, en la práctica constante de la diligencia informativa y en la combinación rigurosa de fuentes”. También resaltan que el medio se conforma como una cooperativa, “una estructura que es garantía de su independencia”.

Los premios de El Confidencial, medio que se autodefine como «el diario de los lectores influyentes”, fueron entregados por los reyes en una gala que se celebró en el Marandin Oriental Ritz. Entre los asistentes, se encontraban la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el líder del Partido Popular, Alberto Feijóo, y varios presidentes autonómicos de su formación; empresarios como Ana Patricia Botín; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; directores de medios de comunicación como Pedro J. Ramírez e Ignacio Escolar; y expolíticos como Ana Botella y Felipe González.

La artista Lita Cabellut es la autora de las estatuas que se entregaron a los premiados.

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