La lista que se podría hacer sería inacabable y, por larga que fuera, seguro que todo el mundo tendría algún nombre más que añadir. Algunos de los personajes más ilustres ya están muertos. Es el caso de Pau Vila, el geógrafo padre de la división comarcal de Catalunya, del escritor Joan Oliver -del poeta Pere Quart-, del diseñador de moda Antonio Miró, del atleta Joaquim Molins o del anarquista Mateu Morral, autor del atentado, fallido, contra el rey español Alfonso XIII el día que se casaba en Madrid. De hecho, Sabadell ha dado un montón de nombres conocidos en las disciplinas más diversas. Hay escritores como Feliu Formosa, Joaquim Folguera, Armand Obiols o Francesc Trabal, artistas y librepensadores como Marian Burguès, compositores como Benet Casablancas, sopranos como Mirna Lacambra, cantantes tan diferentes y opuestos como Albert Pla y Sergio Dalma, cantautoras como Teresa Rebull, escultores como Camil Fàbregas, cineastas como Francesc Bellmunt, industriales como Ferran Casablancas, sindicalistas como Teresa Claramunt, arquitectos como Josep Renom o paleontólogos como Miquel Crusafont.

De pintores hay muchos, entre ellos Antoni Vila Arrufat, Joan Vila Cinca, Joan Vila Puig, Joan Vilacasas o Assumpció Oristrell. De actores también, empezando por Maty Mont, Teresa Cunillé o Josep Torrents, continuando por Jordi Boixaderas, Ramon Madaula, Rosa Renom, Sergi Mateu, Mariona Ribas, Marina Gatell o Mercè Martínez, y acabando por Marc Balaguer o Biel Llongueras. Pero sin duda donde hay más personajes conocidos es en las disciplinas deportivas: los futbolistas Antoni Estruch, Lluís Muñoz, Antoni Olmo, Eladi Silvestre, Òscar y Roger Garcia Junyent, Oleguer Presas, Sergio Busquets, Moisés Hurtado o Cristian Tello, el piloto de Fórmula 1 Marc Gené, el piloto de montaña Joan Fernández, los nadadores Miquel Torres o David Meca, la surfista de nieve Queralt Castellet o el inclasificable Kilian Jornet. Los políticos son igualmente un buen puñado, encabezados sin discusión por Antoni Farrés, seguido por Xavier Bigatà, Maria Dolors Calvet, Joan Marcet, Jordi Casas, Antoni Font, Joan Mena, Juli Fernández o Pol Gibert. Y de periodistas también hay bastantes, entre los más conocidos Ramon Barnils, Miquel Calçada o Xavier Vinader.

Después hay personajes de renombre que, a pesar de no haber nacido en Sabadell, han sido y son considerados sabadellenses de toda la vida, bien porque han vivido en ella bien porque han tenido una relación muy estrecha con ella por motivos personales o profesionales. Es el caso de los pintores Alfons Borrell (Barcelona), Gabriel Morvay (Tarnów, Polonia) o Jordi Roca (Ripoll), de la atleta Carme Valero (Castellseràs, Teruel), de los nadadores Santiago Esteva (Reus) y Jordi Comas (Barcelona) o de la política Carme Forcadell (Xerta). Y finalmente hay personas que, a pesar de haber nacido en la ciudad, han vivido tan poco en ella, porque de pequeños los padres se trasladaron allí donde fuera, que Sabadell es tan solo una referencia geográfica vinculada a su nacimiento, como ocurre con Isabel Perelló, el último nombre de raíces sabadellenses que ha dado el salto a la fama. La magistrada, que la información oficial dice que nació en Sabadell el 1958, se ha convertido en la primera mujer que preside el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, es decir, en la mandamás de los jueces españoles.

De Sabadell al mundo.

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No es para menos, porque la formación republicana, a pesar de tener la llave de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, es la que ha salido peor malparada del ciclo electoral de cuatro comicios en dos años que ha acabado con los europeos del 9 de junio. Es el partido del bloque soberanista -del que también forman parte JxCat y la CUP- que más votantes ha perdido en este tiempo, que más ha castigado la abstención creciente de los electores independentistas. En las elecciones municipales del 28 de mayo del 2023, de los 350.559 que se quedaron en casa 302.274 fueron suyos. En las españolas del 23 de julio del mismo 2023 la cifra se eleva hasta 408.839 de un total de 690.962. En las catalanas del 12 de mayo de este 2024 las pérdidas continúan creciendo y se sitúan en el punto máximo con 508.726 sufragios de 849.459. Y en las europeas del 9 de junio también del 2024 el retroceso no es tan acentuado, aunque pierde 372.792 votos de 923.224, porque esta vez la palma se la lleva JxCat con 550.432 votantes menos.

Fruto de ello, tras los últimos comicios catalanes en ERC empezaron a producirse movimientos para intentar parar el golpe y tratar de enderezar la situación. Pere Aragonès renunció a continuar como diputado, Marta Rovira anunció que no se presentaría a la reelección como secretaria general y Oriol Junqueras fue el más ambiguo de todos con un pronunciamiento jesuítico según el cual se apartaba de la dirección, pero sólo temporalmente porque esperaba poder volver muy pronto. Con el paso del tiempo, sin embargo, el debate interno se ha complicado y convertido en una guerra abierta en diferentes frentes que, por ahora, se hace difícil prever cómo acabará, sobre todo porque se ha producido un divorcio creciente entre los dirigentes que quieren investir a Salvador Illa como 133º presidente de la Generalitat y las bases que querrían hacerlo con Carles Puigdemont y que váyase a saber si será el preludio de una nueva escisión. Es decir, la eterna discrepancia entre respaldar al PSC o hacerlo a JxCat (antes CiU).

Oriol Junqueras, precisamente, llegó a la presidencia de ERC tras el batacazo por los tripartitos con el PSC e ICV que habían protagonizado Josep Lluís Carod Rovira y Joan Puigcercós y le tocó rehacer la formación virando hacia la sombra de la CiU que entonces comandaba Artur Mas. La misma situación que va camino de reproducirse ahora, pero con él al otro lado a punto de coger los trastos para marcharse y una cara nueva que lo relevará para hacer exactamente lo mismo que él hizo años atrás. Es curioso, en todo caso, constatar que los problemas internos en ERC siempre aparecen cuando la dirección se acerca al PSC y nunca cuando lo hace antes a CiU y ahora a JxCat. La militancia ha priorizado históricamente el eje nacional catalán-español antes que el ideológico izquierda-derecha y parece mentira que los dirigentes cometan, cíclicamente, el error de ignorarlo.

Que es exactamente lo que sucede ahora. La dirección ha construido el pacto para la investidura de Salvador Illa con la intención de evitar como sea una repetición electoral que para ERC sería funesta, porque, de producirse, acabaría de perder lo poco que le queda. No es extraño, pues, que con todo ello sea un auténtico manojo de nervios.

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No hay que confundir extrema derecha con apología del nazismo o con negación del Holocausto -en España con apología del fascismo o del franquismo o del terrorismo-, aunque a menudo una cosa vaya vinculada a la otra. En el mundo civilizado estos comportamientos están perseguidos y penados. En España no se sabe, porque justo ahora el gobierno de Pedro Sánchez se descuelga anunciando que cerrará la Fundación Francisco Franco, dedicada al enaltecimiento de la figura del dictador, casi cincuenta años después de su muerte. Pero a la extrema derecha, guste más o guste menos, no se la puede hacer callar, no se le puede aplicar ningún cordón sanitario, porque, además de ser absolutamente contrario a todos los principios democráticos, acostumbra a generar el efecto contrario. Es aquello de que lo prohibido es lo más deseado.

La ultraderecha también crece porque los partidos clásicos, tanto de derechas como de izquierdas -pero sobre todo estos últimos-, han dimitido de sus responsabilidades a la hora de hacer frente a problemas delicados como la inmigración, la vivienda, la pobreza… y le han dejado el campo libre para instalarse sin oposición. Gracias a todo ello Vox se ha hecho grande en España, y lo ha hecho como una fuerza descaradamente fascista que niega la violencia machista y odia, entre otros, a los catalanes. Pero no por ello se le debe cortar la voz. Hay que dejar que se explique, y que cada uno se aproxime a ella de acuerdo con su conciencia. La mejor solución es no hacerle caso, pero no prohibirle nada. Es por todo ello que tampoco tiene ningún sentido el vacío que en Catalunya se le hace a Aliança Catalana, que resulta que es de extrema derecha porque el wokismo lo ha decretado así, pero sin que nadie se haya tomado ni siquiera la molestia de leer su programa político.

Es lo que, tristemente, pasó no hace mucho en Sabadell i en Lleida, cuando la dirección de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) vetó encuentros con miembros del partido de Sílvia Orriols que las secciones locales de la propia ANC había organizado dentro de un ciclo con representantes de las fuerzas independentistas que se presentan a las elecciones del día 12. Al saber que Aliança Catalana participaba, ERC y la CUP se descolgaron y finalmente la dirección de la ANC cortó la financiación para poder celebrar los actos. Todo muy democrático. La de Sílvia Orriols es una formación independentista que habla desacomplejadamente del problema de la inmigración, de la necesidad de controlarla, de perseguir la inmigración ilegal y de actuar contra el radicalismo y el integrismo islámico, que relaciona con inseguridad ciudadana y terrorismo.

Y el fomento de la reindustrialización, la defensa de la economía de mercado, el fortalecimiento del estado del bienestar, la protección de la diversidad LGBTI, el respeto a la propiedad privada o la igualdad en derechos y deberes ante la ley completan, entre otros principios de carácter liberal, la hoja de ruta del partido. Si todo esto convierte a Aliança Catalana en una fuerza de ultraderecha, ya lo decidirá cada uno. Pero lo que no es aceptable es impedirle que se exprese y negar al ciudadano la posibilidad de escucharlo y de proceder en consecuencia después de saber qué dice. Y aún lo es menos que todo se haga, en nombre de la democracia, vulnerando los principios democráticos más elementales. Porque, encima, demonizándola, le hacen la campaña gratis.

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Lo que ahora plantea ERC, recaudar y gestionar todos los impuestos que se pagan en Catalunya y establecer después la cantidad a transferir al estado por los servicios que presta directamente y una cuota de solidaridad, es exactamente lo mismo que había en la propuesta de reforma del Estatut que el Parlament aprobó en septiembre del 2005. La idea, sin embargo, desapareció durante la tramitación en las cortes españolas, que acabaron dándole el visto bueno definitivo en mayo del 2006 -en la época de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa-, una vez recortado a base de bien, porque eran perfectamente conscientes de que bajo ningún concepto España se podía permitir quedarse sin la gallina de los huevos de oro que le da unos ingresos como nadie más es capaz de hacerlo. Después fue el entonces líder de CiU quien, llegado a la presidencia de la Generalitat el 2010, se sacó de la manga un llamado pacto fiscal que quería decir exactamente lo mismo y que, en aquella ocasión, Mariano Rajoy despreció sin contemplaciones.

En todos los casos vienen a ser sistemas de financiación parecidos al de Euskadi, pero no iguales, porque los vascos, que de tontos no tienen ni un pelo, son ellos que recaudan todos los impuestos y luego los reparten y que no han contribuido nunca a la solidaridad en la proporción que lo hace Catalunya. Dicho de otra manera, son ellos los que tienen la llave de la caja, mientras que en Catalunya la llave la sigue teniendo España. Esta es la gran diferencia y, al mismo tiempo, el quid de la cuestión. Por todo ello no es extraño que el gobierno español de turno reaccione siempre rechazando, como aquel que dice antes de empezar, cualquier planteamiento que altere a la baja el flujo de ingresos que provienen de Catalunya, como lo ha hecho ahora con Pere Aragonès y lo hizo antes con Artur Mas, sin darles ni siquiera la opción de establecer la más mínima negociación.

Pero llegados a este punto lo que más llama la atención es que, a pesar de la negativa constante y sin paliativos, los presidentes de la Generalitat sigan insistiendo una y otra vez en un asunto que saben que no tiene ningún recorrido, como si el único objetivo fuera ir dando vueltas sobre el mismo tema sin moverse de lugar para tener entretenida a la parroquia. Es la actuación típica de las fuerzas autonomistas de toda la vida, también llamadas procesistas, pero nunca independentistas, a las que lo único que les interesa es no perder las sillas y los comederos legislatura tras legislatura. Lo hizo CiU y lo hace ERC, pero también JxCat, que, como heredero de la refundación de CDC una vez definitivamente muerto y enterrado el PDeCAT, es quien mejor tiene aprendida la lección en eso de marear la perdiz.

Tanto que, encima, tiene la virtud de encontrar mal cuando lo hacen los demás lo que le parece bien cuando lo hacían ellos. Debe ser por ello que ahora critica la financiación singular de Pere Aragonès cuando antes aplaudía el pacto fiscal de Artur Mas o que censura la prórroga del presupuesto de la Generalitat cuando los presidentes de CiU, el PDeCAT y JxCat se habían hartado de prorrogarlos.

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Cuesta no ponerse a reír cuando se oyen estas cosas, pero es que en España la judicatura funciona a este nivel. La judicatura y una parte u otra del poder político según las conveniencias del momento. Es así que se explica que el Parlamento Europeo haya aprobado pedir, convenientemente manipulado por PP, Cs y Vox, pero también con los votos a favor del PSOE, que se investiguen los supuestos vínculos entre el independentismo catalán y Rusia. Tiene toda la razón Carles Puigdemont cuando lamenta que todo esto no pasaría, que a él no se le investigaría por terrorismo, si JxCat hubiera investido a Alberto Nuñez Feijóo en lugar de a Pedro Sánchez. Es obvio que se habrían intercambiado los papeles, y váyase a saber si en este nuevo supuesto no sería el PSOE el que lo estaría persiguiendo por lo mismo que ahora lo persigue el PP. Él sabe que las cosas irían así, porque los españoles siempre se ponen de acuerdo cuando se trata de ir contra Catalunya. Por lo que sea, por el proceso soberanista o por el agua.

Si la UE está preocupada por la injerencia del Kremlin quizá debería preguntarse por su posición respecto a la guerra de Ucrania y por cómo Europa y los Estados Unidos han tratado a Rusia desde la caída del imperio soviético, más que por una hipotética trama rusa, que los presuntos implicados niegan que existiera y que,  si existió, está claro que no triunfó. Cualquier movimiento de independencia tiene la obligación de buscar apoyos internacionales a sus aspiraciones y el problema es que los encargados de hacerlo en Catalunya no hicieron lo que tocaba, porque, como se vio después, los dirigentes políticos que tenían que liderar el proceso no se lo tomaron seriamente y dejaron al país y a la gente en la estacada. Además, si una nación, como la catalana, quiere convertirse en realmente independiente, lo que no tiene sentido es determinar con qué apoyos lo quiere hacer y con cuáles no. No puede elegir qué países le apoyarán y cuáles no, básicamente porque no depende de ella, sino de la voluntad de estos actores externos. Y, sobre todo, lo que no puede es rechazar a los que le lleguen.

Es por todo ello que, en el caso de que Catalunya hubiera procedido como es habitual en estas situaciones, si los primeros reconocimientos a la independencia hubieran sido, pongamos por caso, los de Israel, Venezuela y Rusia, no los habría podido rechazar porque resulta que eran de países que no le gustaban. La política internacional no funciona así, y la cuestión es que los que se tenían que ocupar parece que efectivamente no tenían ni idea y, en la práctica, no fueron capaces de ganarse la complicidad ni de Vladimir Putin ni de Nicolás Maduro ni de Benjamin Netanyahu ni de nadie. De ahí llora la criatura.

Como dijo alguien, la trama no sólo habría podido existir, sino que si, encima, hubiera funcionado, se habría pagado con el oro que los bolcheviques -los rojos- se llevaron de España durante la guerra civil de 1936-1939. Con el oro de Moscú, que es lo que más le escocería que hubiera ocurrido a todo buen nacionalista español.

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Más allá de que el pacto con el PSOE se trate de una enredada más, porque lo que se vendió como un traspaso integral en seguida se vio que iría camino de limitarse a lo que dice el Estatut del 2006, que es muy poca cosa y se circunscribe a medidas relacionadas con la acogida y la integración y los permisos de trabajo -nada de control de fronteras ni de expulsiones, por tanto-, parece bastante obvio que JxCat ha puesto el tema encima de la mesa pensando en los próximos comicios al Parlament. Pero ¿por qué lo ha hecho ahora y no lo habían hecho antes ni CDC ni el PDeCAT a pesar de haber sido precisamente uno de los caballos de batalla de la redacción del nuevo Estatut que no salió como la parte catalana esperaba? Pues porque ahora ha descubierto que Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, se le está comiendo el terreno de tal manera que le está poniendo en entredicho la estabilidad mínima que necesita para rehacer su rumbo una vez ha recuperado, muerto y enterrado el PDeCAT, el legado de CDC que desde la refundación en el 2016 se había quedado huérfano.

Y lo ha hecho apelando al control de la inmigración y haciendo suyo el discurso según el cual se debería poder expulsar a los inmigrantes delincuentes multirreincidentes, que hasta ahora sólo usaba Aliança Catalana y por el que JxCat lo había vituperado sin piedad. Ahora, sin embargo, ha decidido cambiar de estrategia y pasar a la ofensiva para, hasta el día que sean las elecciones catalanas y si, como todo indica, Sílvia Orriols se presenta, disputarle directamente los votos. De momento, no parece que detrás del movimiento del partido de Carles Puigdemont haya más motivación, lo que significa que hará de la inmigración un uso exclusivamente instrumental en busca de un resultado determinado, que no es otro que conseguir más votos que sus competidores, el principal de los cuales pasa a ser justamente Aliança Catalana en detrimento de ERC, que cuenta que sufrirá el desgaste de unos años de gobierno en solitario en la Generalitat tan erráticos como improductivos.

Para hacer todo esto, JxCat, en todo caso, asume el riesgo de ser tachado de racista y xenófobo y de cómplice de la extrema derecha por arrogar-se su mensaje, que de hecho es lo que ya ha sucedido con las críticas que le han llovido de todas las formaciones que aún se llaman de izquierda. Desde ERC hasta la CUP, pasando por En Comú Podem y el PSC, todas sin excepción han censurado que mezcle inmigración y delincuencia, pero lo han hecho con el discurso buenista woke habitual que lo único que hace es esconder un problema que no por ello deja de existir, sino que, al contrario, cada vez se hace más grande. Es la reacción de manual de criminalizar a todo el que quiere hablar de inmigración y afrontar un debate que no puede esperar más a la vista de las consecuencias en todos los ámbitos que se derivan y que amenazan la paz social y la convivencia de todo el Occidente entero, del que Catalunya es una pequeña parte.

Hasta ahora, esta mal llamada izquierda ha dimitido de sus funciones al negarse a tratar del fenómeno migratorio que recorre Europa de una punta a otra y ha dejado el camino expedito para que la ultraderecha se apropie de ella sin ningún tipo de competencia. En otros países algunos dirigentes políticos hace el efecto que empiezan a reaccionar, pero en Catalunya todavía se mantiene el cliché de señalar con el dedo acusador a quien pretende iniciar una discusión sobre la cuestión para tratar de encontrar soluciones a realidades como la falta de control efectivo de los recién llegados en las fronteras, la nula voluntad de integración de ciertos colectivos de migrantes árabes,  muy especialmente los musulmanes radicalizados, y sudamericanos, o el incremento exponencial de conductas delictivas por parte de algunos inmigrantes. De esto y de muchas otras cosas se tiene que poder hablar abiertamente y sin que quien lo haga sea tachado de supremacista por el simple hecho de hacerlo.

Es curioso ver, en este escenario, cómo, a pesar de sus críticas a JxCat, el propio PSC también ha acabado añadiéndose al discurso del control de la inmigración. No es estrictamente nuevo, porque Pasqual Maragall, en su época de presidente de la Generalitat, ya lo defendía. Lo ha hecho Salvador Illa, que ha declarado que “aquí, en Europa, no puede venir todo el mundo” y que “tenemos que regular la inmigración, acoger e integrar”. El primer secretario del PSC mide muy bien la expresión, pero en el fondo no deja de abrazar el mensaje de que hay que restringir los flujos migratorios, que con palabras parecidas o con otras es el mismo que han articulado JxCat y Aliança Catalana, y en cambio a él nadie se le ha tirado encima. ¿Por qué, pues, si en realidad todos quieren poner freno a la inmigración, a unos se les dice de todo y a otros no? ¿No debe ser sólo cuestión de formas? ¿Es quizás que la todavía dicha izquierda está por encima del bien y del mal para hacer y deshacer lo que quiera? ¿Por qué nadie la acusa de xenófoba, racista, supremacista, fascista y de otros calificativos parecidos?

El caso es que, mientras la cuestión no se aborda de manera directa y sin prejuicios, la bola no para de crecer y no parece que tenga manera de detenerse. De entrada hay que reconocer que la inmigración se ha convertido efectivamente en un problema y a partir de ahí tratar de encontrar soluciones antes de que no sea demasiado tarde, si es que ya no lo es. En este contexto, la nueva posición de JxCat en relación al hecho migratorio es una maniobra puramente táctica -habrá que esperar a ver si la del PSC es lo mismo-, pensada para que le reporte réditos inmediatos en las urnas, no un giro con voluntad de resolver un asunto delicado y complejo que requiere valentía para afrontarlo. Es una manera de utilizar la política migratoria como excusa para competir con un rival inesperado, Aliança Catalana, que no sólo tiene el control de la inmigración entre una de sus prioridades, sino que en estos momentos, además, le gana claramente la partida en el campo del independentismo, al haber preferido los de Carles Puigdemont regresar al autonomismo de toda la vida.

En el terreno independentista la formación de Sílvia Orriols también amenaza con hacer sombra al resto de partidos que, pese a no serlo, siguen definiéndose como tales, como ocurre con ERC y la CUP. Pero en este caso el comportamiento de los de Oriol Junqueras, por ejemplo, es diferente al de JxCat, porque se niegan a mantener ningún debate, y de hecho ninguna relación, con Aliança Catalana por ser, según ellos, una fuerza de extrema derecha y, por tanto, fascista y toda la ristra de epítetos propios de dicha izquierda woke que aún a estas alturas va dando lecciones por la vida. Debe ser por ello que la dirección de ERC, haciendo uso de la democracia interna, decidió expulsar a la concejala de la Ribera d’Ondara, municipio de La Segarra (ella se dio de baja del partido antes de que la echaran), por pactar con el representante del partido de Sílvia Orriols para relevar con una moción de censura al alcalde que ha habido hasta ahora, del PSC.

Unos de una manera y unos de otra, el caso es que en el fondo todos se están valiendo de la inmigración para dar salida a sus intereses estrictamente partidistas. Y mientras tanto el problema va cogiendo proporciones hasta no hace mucho inimaginables debido al choque de civilizaciones que se esconde detrás, provocado por los exponentes del islamismo radical que cada vez son más numerosos en Europa, como muy bien se puede constatar con el tono de las protestas propalestinas que recorren las principales capitales del viejo continente a raíz de la guerra con Israel provocada por el ataque de Hamás del 7 de octubre. Pero, claro, aquí se trata de hacer ver que llueve.

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El alcalde del PSC lanzó la idea en un marco propicio para este tipo de iniciativas de carácter sociovergente, una conferencia en la sede de Foment del Treball, que preside precisamente un insigne miembro de la desaparecida CiU, Josep Sánchez Llibre, con la esperanza de que los municipios implicados corrieran a apuntarse. Y la primera reacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sabadell, también del PSC, fue que lo veía con buenos ojos. Pero para ir bien la implicación no debería pasar de aquí. Porque una cosa es que pueda haber mecanismos de cooperación en determinadas áreas o actuaciones conjuntas en cuestiones como la tarifa unificada del transporte público, que es de gran utilidad para los usuarios, y otra bien distinta que la ampliación de la AMB comportara la cesión de competencias propias en beneficio del ente superior y limitara,  en consecuencia, la capacidad de decisión del municipio.

Por desgracia, la ciudad ya ha perdido alguna de estas competencias: la más paradigmática es la cesión del cobro de impuestos a la Diputación de Barcelona, aprobada justamente durante el primer mandato de Marta Farrés. Como si la corporación municipal no hubiera tenido hasta entonces un servicio eficiente de recaudación de impuestos que había que externalizarlo y darlo a una institución, curiosamente, del mismo color político, que en este caso quiere decir del PSC. Hay que pensar que no fue este el motivo para hacerlo. El resultado es la inflación de burocracia, hasta el punto grotesco de que puede pasar que un ciudadano que necesite, pongamos por caso, comprobantes de pago del impuesto sobre bienes inmuebles de diferentes ejercicios primero tenga que hacer cola para recibir los documentos de cuando todavía lo gestionaba directamente el ayuntamiento y después se tenga que trasladar a la mesa de al lado para recibir los de la diputación. Entre una cosa y otra casi una hora. Y eso si no resulta que esa hora es la del desayuno del funcionario y no le pica por ponerse a charlar con el de al lado sobre las hazañas del fin de semana.

Las decisiones, y sobre todo en política, no deberían tomarse porque resulta que todas las instituciones están gobernadas por el mismo partido, sino en función de los intereses y las necesidades locales en el caso de la política municipal. Pero, tratándose del PSC, a menudo el corporativismo partidista prima por encima de cualquier otra consideración. Y ello, a efectos prácticos, es un grave error tanto si se refiere a la Diputación de Barcelona como si lo hace al Área Metropolitana de Barcelona que perjudica al ciudadano de Sabadell y a la propia ciudad.

Tener Barcelona muy cerca puede ser a la vez una suerte y una pega. Estar cerca puede facilitar mucho según qué cosas, desde el acceso a todo tipo de medios de transporte hasta el disfrute de la oferta cultural de primer nivel, pero también perjudicarlas y frenar iniciativas que de lo contrario progresarían por la falta de competencia. La inercia de las grandes ciudades es centrifugar todo lo que tienen al lado, y esto es precisamente lo que Sabadell debe evitar respecto de Barcelona.

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Concediéndoles a todas el beneficio de la duda de que antes del referéndum del Primer d’Octubre hubieran sido independentistas, por convicción o por necesidad, el caso es que a partir de ese día dejaron de serlo y, aun así, ellas mismas han sido las primeras en mantener la denominación. Los medios de comunicación, todos los actores del establishment catalán y español, incluso los adversarios más recalcitrantes, han participado activamente de la comedia y las han continuado considerando partidos independentistas. Y esta es la situación actual, en la que ERC, JxCat y la CUP pasan por independentistas a pesar de ser sólo fuerzas políticas autonomistas o, como se las llama desde que en 2012 se puso en marcha el proceso catalán, procesistas.

Es muy legítimo que JxCat y ERC -de la CUP ya ni vale la pena perder el tiempo hablando y menos ahora que se está refundando- hayan optado por volver a la senda del autonomismo una vez se ha constatado el fracaso de las respectivas apuestas por la independencia. Nada que decir. Pero el problema no es este, el problema es que se presentan como lo que no son. Debe ser que quizá temen quedarse sin la parroquia que se atrajeron precisamente durante los años del proceso soberanista, entre el 2012 y el 2017, y que en las últimas contiendas electorales -las municipales de mayo y las españolas de julio- ha empezado a abandonarles y que en las próximas -las europeas de junio del 2024 y las catalanas de comienzos del 2025- lo seguirá haciendo a la vista de su incapacidad para reaccionar.

Y es que ellos ya han realizado sus cálculos para seguir viviendo del cuento como han hecho hasta ahora. Enterrada definitivamente cualquier opción de independencia durante unos cuantos años -si no unas cuantas generaciones-, la amnistía pactada con el PSOE les permitirá volver a hacer vida política normal -con permiso, claro está, de la caverna española, que se la hará sudar a base de bien-, que quiere decir, entre otras cosas, presentarse a las elecciones. Es lo que JxCat ya tiene claro que hará con Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y no sería extraño que ERC acabara haciendo lo mismo con Oriol Junqueras. Ambos volverían a la primera línea de la política autonómica como si nada hubiera sucedido y se continuarían peleando por ver quién llega antes que el otro, con la diferencia de que esta vez, al contrario de la situación que se produjo a raíz de los comicios del 27 de septiembre de 2015, lo más probable es que los números para gobernar no les salgan y se tengan que espabilar para tratar de que el ganador en las urnas el 2025 -ahora todo indica que será el PSC, pero en política más de un año es una eternidad- les acepte de comparsa con el fin de no quedar descolgados.

A pesar de todo ello, sin embargo, la masa crítica del independentismo en Catalunya sigue existiendo. Desmovilizada por los partidos y harta de estos partidos. A la expectativa de que un nuevo partido, o partidos, y un nuevo líder, o líderes, que ahora no se sabe dónde están ni si están, cojan las riendas y pongan de verdad rumbo a la independencia. Eso es justamente lo que más temen ERC y JxCat. Su caso es la viva imagen de que, a diferencia de lo que dice el refrán, hay veces que el nombre sí hace la cosa.

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¿Podría, aun así, decir que no al líder del PSOE? Todo es posible, y en política no se puede dar nada por hecho ni por descartado hasta que realmente pasa. Ahora bien, bloquear la reelección de Pedro Sánchez quiere decir repetir las elecciones españolas que se hicieron el 23 de julio y, aunque JxCat podría mejorar el resultado y ganar claramente la partida a ERC, correría el riesgo de dejar de ser decisivo como lo es ahora. Y eso significaría que quizás también se quedaría sin la amnistía que prácticamente todos tienen cuesta abajo y que los exiliados deberían renunciar a ella después de seis años duros vividos fuera de Catalunya. La ley de amnistía, precisamente, parece el principal escollo para poder cerrar el acuerdo, sobre todo en lo que se refiere al alcance que debería tener. Jordi Turull así lo ha reflejado al prometer que “no dejaremos ningún soldado en la estacada”. Humanamente se trata de una cuestión de lo más comprensible, pero es obvio que un perdón -que es lo que es la amnistía- que beneficiara sólo a los dirigentes de ERC y JxCat y que no afectara a los centenares de activistas anónimos procesados por haber hecho posible el referéndum del Primero de Octubre y las consecuencias que se han derivado haría muy feo y políticamente constituiría un auténtico fraude.

¿Pero qué quiere decir “no dejar a ningún soldado en la estacada”? ¿Incluir a los miembros de los Comité de Defensa de la República (CDR) detenidos en la llamada Operación Judas y que la Audiencia Nacional se ha apresurado a comunicar que juzgaría por terrorismo? ¿Incluir a los responsables de Tsunami Democràtic, entre los que a la guardia civil le ha faltado tiempo para señalar a Marta Rovira, también por un supuesto delito de terrorismo? ¿Incluir a los encausados de la llamada Operación Vólkhov? ¿O incluir a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, encausado por malversación y prevaricación en diversas causas relacionadas con el proceso independentista? ¿O incluir casos del llamado lawfare como el de Laura Borràs, condenada por su gestión en la etapa que estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes? ¿O lo que quiere decir en realidad es que el pacto alcanzado por ERC sí que deja unos cuantos soldados en la estacada? Todo ello teniendo en cuenta que, si finalmente hay acuerdo para investir a Pedro Sánchez, la ley de amnistía se podrá aprobar sin problemas, pero la aplicación será un auténtico calvario por los palos en las ruedas que le pondrá, y que de hecho ya le está poniendo, la caverna española, desde PP y Vox al propio PSOE, pasando por parte de la judicatura, determinados medios de comunicación e incluso la monarquía.

Faltan veinte días para que el 27 expire el plazo para no tener que convocar nuevas elecciones y JxCat se tomará todo el tiempo que sea necesario para demostrar que su pacto es mejor que el de ERC. Total, en Catalunya ya existe la tradición de apurar las decisiones políticas hasta el último segundo -el propio 130º presidente de la Generalitat fue elegido el último día posible-, aparte de la mala costumbre de hacer la zancadilla al compañero de al lado para que no llegue nunca el primero. Criticar el acuerdo que ERC ha hecho con el PSOE no será, en todo caso, muy difícil, porque, más allá del capítulo de la amnistía, contiene un conjunto de promesas e intangibles que váyase a saber qué suerte tendrán. Por un lado, el “traspaso integral” del servicio ferroviario de cercanías consiste en la creación de una empresa mixta entre la Generalitat y el Estado para cogestionar tres líneas y deja en el aire desde el calendario hasta la financiación. Por otro, la “corrección del agravio económico” se limita a la condonación de una ínfima parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que no tiene nada que ver con la eliminación del déficit fiscal ni con el establecimiento de un sistema de financiación singular para Catalunya, porque resulta que también es tributario del café para todos. Se trata, en fin, de un catálogo al más puro estilo del peix al cove, digno de las mejores épocas del autonomismo pujolista.

Carles Puigdemont, por tanto, no debería tenerlo complicado para vender que su producto es mejor que el de Oriol Junqueras. Lo que pasa es que él mismo se puso el listón muy alto cuando exigió a Pedro Sánchez un acuerdo histórico como no había habido ninguno desde 1714. Ahora es prisionero de sus propias palabras y se tendrá que tragar que ni el acuerdo será histórico ni el PSOE pagará por adelantado, sino que deberá fiarse de su palabra, por mucho que esté por escrito. Y lo que pasa también es que todos, JxCat y ERC, se han olvidado del ejercicio del derecho de autodeterminación, que en campaña electoral era condición innegociable para cualquier investidura y ahora se ha esfumado como si nunca hubiera existido. No basta con el humo de una mesa de diálogo imaginaria ni con un reconocimiento nacional de Catalunya meramente testimonial para recuperar la confianza del electorado independentista que se ha abstenido en las dos últimas contiendas y que, a la vista de los hechos, lo seguirá haciendo tantas veces como convenga.

¿Cómo se lo hará, pues, a pesar de todo, el 130º presidente de la Generalitat para hacer ver que el pacto de JxCat será mejor que el de ERC? Alguna fórmula u otra se le ocurrirá. Sobre todo porque de lo que se trata no es de que realmente lo sea, sino que bastará con que lo parezca. Más y mejor que ERC.

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España es un estado y basta. Un estado que en su concepción unitaria y centralista actual tiene apenas trescientos años de historia, desde que el rey castellano de turno, en aquel caso el borbón Felipe V, se impuso por la fuerza de las armas a los catalanes. Eso era, aunque algunos españoles lo ignoren o no les guste que se lo recuerden, en 1714. Deberían saber que, aunque con la boda de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469, en teoría los dos reinos se unificaron, los monarcas castellanos nunca dejaron de jurar las Constituciones de Catalunya y todo el ordenamiento jurídico propio de la Corona de Aragón y del Principado de Catalunya y de prometer la observancia de las libertades, inmunidades, privilegios, gracias, concesiones, donaciones, usos y costumbres, escritos y no escritos, del referido territorio y su gente, y esto en la práctica quería decir que los dos reinos continuaban funcionando por separado, cada uno con sus normas, y que lo único que se había unificado era el rey. Así hasta que el ancestro del actual Felipe VI, al ganar la guerra de sucesión al trono al archiduque Carlos de Austria, por quien habían apostado los catalanes, decidió que se lo pasaba todo por el forro y abolió las instituciones propias de gobierno, las constituciones y todo el ordenamiento jurídico del reino de Aragón y lo puso bajo la jurisdicción del reino de Castilla con un régimen absolutista implementado por los Decretos de Nueva Planta.

Es sólo a partir de ahí que Catalunya, derrotada militarmente, pasa a formar parte de lo que luego se ha llamado España, y lo hace no por voluntad propia, sino por obligación, por derecho de conquista, reeditado cada vez que ha habido una guerra civil y una dictadura, que ha sido la mayor parte de estos trescientos años. Y esta es todavía la situación actual. Esto evidencia que la nación no es, efectivamente, España, sino Castilla. La nación que históricamente se ha impuesto por la fuerza de las armas a las otras que comparten el territorio de la península ibérica -Catalunya, País Vasco y Galicia-, excepto Portugal, y les ha impuesto su manera de ser y de hacer, o cuando menos lo ha intentado y lo sigue intentando con más o menos fortuna. Ha sido una parte (Castilla), la parte que ha oprimido y subyugado al resto, que se ha asimilado al todo (España). Lo que sí ha sido siempre una nación es Catalunya, desde hace más de mil años y mucho antes que Castilla, cuando de hecho ésta todavía ni existía y más allá del Ebro, en Al-Ándalus, lo único que había era el Califato de Córdoba. Y una nación independiente, surgida de aquella Marca Hispánica creada por el imperio carolingio como frontera precisamente con los sarracenos, del que se separó en el año 988 para emprender el vuelo en solitario hasta llegar, después de momentos de esplendor y otros de no tanto, de momentos de luces y otros de sombras, al infausto 1714.

Estaría bien que los españoles conocieran cuál ha sido la historia real y no la oficial que les han enseñado y que a menudo no acostumbra a coincidir con la que ha aprendido el resto de mortales. El problema es que algunos de estos españoles parecen anclados en aquellos libros de historia que se pasaban en las escuelas durante el franquismo en los que escondido en un rincón que casi no se veía aparecía un tal Wifredo el Belloso (sic) -así es como se identificaba a Guifré el Pilós-, que no se sabía muy bien a qué venía y que tenía el aspecto de un personaje sucio y cochambroso que talmente parecía un indigente, y fruto de los cuales algunos aún ahora van por el mundo creyéndose que España es el imperio en el que no se pone nunca el sol. Estaría bien que dejaran de vivir instalados en la mentira de Isabel Díaz Ayuso y compañía, porque ni España es una de las naciones más antiguas del mundo ni tansiquiera es una nación. Un breve recorrido por la realidad lo desmiente. España es hoy el estado opresor de Catalunya, de la nación catalana, que, a pesar de los más de trescientos años de sumisión, las vicisitudes vividas y los errores cometidos, sigue siendo una nación. Y lo será mientras haya catalanes, porque que lo sea no depende de ningún texto legal ni de ningún acuerdo político, sino de la voluntad de la gente. Y eso, por ahora, aunque el futuro sea negro, de momento es así.

Que un hipotético reconocimiento de Catalunya como nación esté sobre la mesa de las negociaciones de ERC y JxCat con el PSOE en torno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España resulta por sí solo, por tanto, absolutamente insuficiente a efectos del ejercicio del derecho de autodeterminación. No hace falta que nadie reconozca nada para que Catalunya sea una nación, y es una obviedad que dentro de este estado que se llama España los catalanes son una minoría nacional, un grupo objetivamente identificable en terminología del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo ello es un cebo para seguir mareando la perdiz sin moverse de lugar, pero que parezca quién sabe qué. El quid de la cuestión no es éste, sino si los políticos catalanes están dispuestos a utilizar la condición de minoría nacional de la nación catalana para invocar el principio según el cual tienen derecho a independizarse los pueblos oprimidos por la violación masiva y flagrante de sus derechos. Esta es una de las causas identificadas por el derecho internacional como motivo para hacer efectiva la libre determinación, y no hay duda de que esta es la situación que ha sufrido Catalunya en los últimos tres siglos y que sigue sufriendo todavía. Pero aun así a los dirigentes de JxCat y ERC -de los de la CUP ya ni vale la pena hablar y más ahora que se están refundando- nunca les ha interesado recurrir a ello. Lo habrían podido hacer antes del 2017, durante el 2017 y después del 2017, pero no lo han hecho ni lo harán porque significaría acabar con el estatu quo autonómico que tan bien les va para ir viviendo del cuento.

Y es que incluso en el supuesto de que España acabara reconociendo en algún papel u otro que Catalunya es una nación, de nada serviría si, en consecuencia, no le permitiera ejercer el derecho de autodeterminación, que parece claro que el PSOE no permitirá nunca ni los poderes de este estado español permitirán al PSOE que lo permita, por mucho que ERC y JxCat quieran hacer creer lo contrario. Para lo único que serviría, eso sí, sería para enfurecer aún más a Isabel Díaz Ayuso, ante lo que sería la enésima constatación de que Catalunya es una nación y España no.

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