La paradoja de la semana de los puentes de diciembre, es equivalente al debate sobre la serpiente de verano de los horarios y la conciliación de la vida laboral, con el que recurrentemente se llenan la boca nuestros políticos, pero sin que tampoco se tomen en serio su solución.

En ambos casos, creo que lo que hay detrás es una cierta desidia, mezclada con hábitos adquiridos y ciertos intereses creados, con los que no hay ganas de enfrentarse. Está claro que el gran puente de diciembre, que por cierto el año que viene se convertirá en una auténtica Semana Santa, con un puente que empezará miércoles por la tarde para finalizar el domingo, se ha convertido en uno de los grandes reclamos del turismo de invierno y, para muchos operadores, como las estaciones de esquí y las actividades económicas de estas zonas, es un gran revulsivo económico, pero ¿justifica ello el desbarajuste que supone para el resto de la economía?

Francamente creo que no. Al fin y al cabo, según los calendarios oficiales siempre habrá catorce días de vacaciones anuales con lo que, al final, siempre seguirá habiendo festivos para que la gente se dedique al ocio y, no deja de ser sorprendente que, en un estado aconfesional, parte de este desbarajuste venga provocado por la celebración de la Inmaculada Concepción, sin que las activas feministas igualitaristas hayan abierto la boca al respecto.

La solución al problema es simple, por una parte, deberíamos dejar de celebrar el ocho de diciembre, no por una cuestión de anti-catolicismo que no practico, sino porque creo que tiene mucho más sentido celebrar el día de la Constitución, ya que, a pesar de los variados fuegos de artificio alrededor de este día, incluidos los de los independentistas, los que aún tenemos una memoria que nos recuerda las tinieblas del pasado, celebramos que después de cuarenta años de dictadura, fuésemos capaces de dotarnos de forma pacífica de una constitución y una democracia sin las que ninguno de los debates actuales, incluido el territorial existiría, y no deja de ser una fiesta mucho más cercana a nosotros que celebrar que hace veintiún siglos Maria de Nazaret fuese capaz de concebir un hijo sin seguir los métodos tradicionales.

Posiblemente, la Constitución es el único día que debería ser inamovible en nuestro calendario, junto con el de Navidad, pero el resto, lo lógico sería pasarlos a los lunes, con lo que, además de racionalizar nuestra productividad, seguiríamos generando negocio en el sector del turismo con una serie de fines de semana de tres días repartidos a lo largo del año.

Si a ello le uniésemos finalmente una racionalización de horarios, empezando por adaptarnos a nuestro huso horario, no solo podríamos disfrutar mejor de los festivos, sino también tener una vida más racional a la vez que más productiva pero, mientras, ya saben, de puente a puente, y tiro porque se me lleva la corriente…

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Vaya por delante que no deseo entrar en un debate a favor o en contra del independentismo, ya que entiendo que todas las posturas son legítimas, sino acerca de la estrategia de los partidos independentistas en sus relaciones con los poderes del estado que, me temo, van a provocarnos a los catalanes, al menos a corto y medio plazo, mas perjuicios que beneficios, al perseguir lo imposible, dejando de lado la máxima Aristotélica de que la política es el arte de lo posible.

Aún resuena en mi cabeza la conferencia de Alex Salmond en Barcelona de hace unos meses cuando decía a nuestros políticos que las prisas no eran buenas y que, en Escocia, habían tardado 40 años en conseguir un referéndum y les recomendaba hacer un camino más pausado, pero sus recomendaciones cayeron en saco roto. Un ejemplo más próximo es el de los vascos, que de siempre han sido gente menos preocupada por la estética y por la épica y han aplicado con entusiasmo la máxima jesuítica de que la línea recta no siempre es la distancia más corta entre dos puntos y, así, poco a poco, y dejando de lado el paréntesis del plan Ibarretxe, han conseguido convertirse prácticamente en un verdadero estado dentro del estado. Solo les falta para conseguirlo controlar la caja de la Seguridad Social, disponer de ejército y de representación diplomática, tres cosas muy costosas que parece que, en tiempos de crisis, han decidido poner en barbecho, como demostraron las recientes declaraciones de Urkullu.

Todas estas reflexiones vienen a cuento de la próxima formación de un gobierno minoritario en España, escenario en el que los partidos nacionalistas, incluida Convergencia, siempre habían sabido moverse como pez en el agua. Ahora estamos de nuevo ante un escenario donde, de forma paulatina y aprovechando la debilidad del gobierno, se podrían ir obteniendo ventajas para Catalunya y suavizando la actual intransigencia gubernamental pero, en lugar de ello, Francesc Homs dedica sus energías a hacer ofertas para derrocar al PP aunque ello le suponga aliarse con gente tan distante del ideario de sus votantes como Podemos, con lo que, el resultado será la formación de un gobierno con el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNB lo que supondrá  el reforzamiento de las políticas anti lengua catalana, que son el ADN de Ciudadanos, mientras que los vascos, callada y discretamente como siempre, obtienen mejoras para su autogobierno, en medio de la complacencia general del resto de partidos políticos españolistas a los que no duelen prendas de admitir para los vascos lo que niegan con grandes aspavientos para los catalanes.

No dejo de preguntarme porque los vascos, que siempre han sacado más que los catalanes en las distintas negociaciones políticas desde las guerras Carlistas, y con un pasado de violencia reciente, han tenido mejor imagen en España y sus demandas no han levantado ampollas, y llego la conclusión de que ello, en gran parte se debe a que han sabido ir “a la chita callando” en lugar de hacer grandes anuncios acerca de la tierra prometida y es que, como acertadamente dijo Gaziel, a los catalanes nos puede la estética

El segundo motivo es que han sabido acercarse mejor que los catalanes a la sombra del poder, pero esto ya será materia de otro post.

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La situación no debe resultar sorprendente, ya que de nuevo se dan los elementos habituales, esto es, un elevado endeudamiento en los años de bonanza que al llegar la crisis se convierte en una huida hacia delante de refinanciaciones o de búsqueda de dinero bueno para pagar el malo, a costes cada vez más elevados. En este caso tampoco hemos sido capaces de entender que las empresas tienen una capacidad determinada de repago de deuda, y todo lo que exceda de ello, o se afronta con resolución desde el primer momento o termina convirtiéndose en una bola de nieve imparable.

En el caso Abengoa, el elemento diferencial es que será la primera crisis de grandes proporciones financieras desde que se modificó la Ley Concursal, precisamente para permitir afrontar con éxito este tipo de situaciones. Es cierto que ya hemos vivido la experiencia de Pescanova pero se trata de situaciones distintas, ya que, en este momento, ya es plenamente aplicable la reformada Disposición Adicional Cuarta de la citada Ley que permite plantear escenarios de refinanciación que antes no eran posibles.

De todos modos, no va a ser fácil. De una parte, aún no se dispone de información clara de cuántos son los bancos afectados y cuántos tienen garantías, lo que les permitiría afrontar el problema desde otra perspectiva más relajada. Por otro lado, añade dificultades el hecho de que el número de instituciones financieras sea tan elevado y no haya ninguna que tenga una exposición tan grande como para que le permita liderar el pool de bancos (a pesar de que el Federal Financing Bank y el Santander tienen una exposición significativa).

Otro elemento añadido que puede dificultar el acuerdo es la alta exposición a bancos árabes, que posiblemente están menos habituados a este tipo de situaciones que los occidentales.

Esta crisis también vuelve a poner sobre la mesa, de nuevo, la falta de una regulación específica para la insolvencia de los grupos de sociedades. Previsiblemente la deuda financiera de Abengoa está distribuida entre todas sus filiales en distintas jurisdicciones, lo que imposibilitará el tratamiento de la crisis como una unidad y deberán buscarse acuerdos a nivel de cada sociedad.

En cualquier caso, es el momento de poner todos los esfuerzos para aplicar los mecanismos de reestructuración financiera, desde quitas a capitalizaciones de deuda que puedan permitir que el descalabro de los acreedores, y por supuesto de los trabajadores, sea el menor posible. En este sentido, Abengoa tiene la ventaja de ser una sociedad cotizada, lo cual puede ayudar a ver una salida en caso de conversión de deuda en capital una vez la empresa se recupere.

Asimismo, sería bueno que también se produjese la implicación de los restantes acreedores no financieros si se quiere que los financieros asuman sacrificios de una cierta envergadura. Aquí de nuevo nos encontramos con las debilidades de nuestra Ley Concursal, ya que tal acuerdo solo sería posible al amparo del 71 Bis y, habida cuenta los numerosos requisitos que se exigen para el mismo, un acuerdo de esa naturaleza es prácticamente imposible. Esto puede llevar a los acreedores financieros a pensar que es mejor dejar que la empresa entre en concurso, ya que con su abrumadora mayoría podrán imponer entonces un acuerdo satisfactorio que también afecte a los demás acreedores ordinarios y, al menos parcialmente, a las administraciones públicas. Lamentablemente, ello se conseguirá a costa de un mayor deterioro de la empresa, que estará envuelta más tiempo del necesario en la crisis.

Ello demuestra que aún hay cosas a mejorar en la Ley en lo relativo a los esquemas preconcursales sobre los que sería conveniente que nuestro legislador reflexionase y se pusiese manos a la obra, ya que no hay mejor concurso que el que nunca se presenta.

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Es indudable que ir contra el que más gana o contra el capital siempre es rentable, pero hace años que muchos países ya aprendieron que poner tipos inferiores en el Impuesto de Sociedades y en el de la Renta es la mejor manera de aumentar la recaudación de estos impuestos. Esto tiene un claro efecto llamada en los inversores que efectúan en esas jurisdicciones sus inversiones que, a la vez, representan nuevos puestos de trabajo que, también a su vez, suponen nuevos contribuyentes que aportan riqueza.

Por el contrario, una fiscalidad más elevada de las empresas y de sus directivos tiene como contrapartida el efecto contrario: las inversiones y los directivos deciden buscar otras ubicaciones en las que generar riqueza y crear puestos de trabajo. No deja de sorprenderme que algo tan evidente no lo entiendan los políticos catalanes, ni los de ahora ni los de antes.

Ciertamente, es una situación que viene de lejos, por lo que no podemos culpar de ella a la compleja situación política actual y ha sido entusiastamente practicada por gobiernos de todos los signos pero, en el momento actual, estas noticias generan más alarma al movernos en un entorno de precariedad.

Hay quien querrá ver motivaciones políticas a las fugas de empresas de los últimos tiempos, pero cuando analizamos las más sonadas, como la de Grifols o la de Derby Hoteles, vemos que ello no es así. Grifols, nada sospechoso de anti independentismo, se ha ido a la aburrida Irlanda por motivos fiscales, y Derby Hoteles se ha ido a Madrid por idéntico motivo. El capital va donde mejor se le trata, y con él la riqueza que genera.

En estos momentos de sainete político en Catalunya, con una Convergencia (¿o debemos decir un Artur Más habida cuenta la elevada discrepancia interna con su modo de proceder?) absolutamente entregados a cualquier propuesta populista para mantener su silla, el tema es de rigurosa actualidad pues, a los elementos meramente económicos, se está produciendo la incorporación de elementos políticos.

Antes de las elecciones catalanas, un conocido periodista económico me preguntó si había detectado algún tipo de temor inversor relacionado con una posible independencia y me hacía referencia a unas supuestas cláusulas de protección en caso de secesión que parecía que se estaban incluyendo en algunos contratos. No solo le respondí que no, sino que, además, le dije que me parecía de política ficción lo que me comentaba y lo atribuí a la estrategia de intoxicación anti independentista del momento.

Lamentablemente, y después del patético espectáculo celebrado por el Parlament el pasado 9 de noviembre, ya no puedo decir lo mismo. La semana pasada el organizador de un gran evento deportivo con un impacto económico de algunos cientos de millones de euros, que podría celebrarse en Catalunya, nos solicitó una opinión legal acerca de las consecuencias que podría tener una secesión unilateral en los compromisos que pudieran asumir organismos nacionales, autonómicos y locales, y su impacto en la organización de dicho evento.

Por desgracia, esta vez la respuesta ya no ha podido ser que estamos ante política ficción pues lamentablemente nuestros políticos nos han demostrado lo peligrosos que pueden ser al elevar a rango legislativo la asunción del discurso antisistema y ello puede tener como consecuencia, que en una situación en la que hay distintas categorías, el evento marche a otros lares.

Esperemos que las voces autorizadas que me consta en estos momentos se están oyendo en el entorno de la antigua Convergencia hagan que se produzca un cambio de rumbo que nos permita recuperar la senda de la cordura. En cualquier caso, el mal ya estará hecho y resultará complejo recuperar la confianza de los inversores extranjeros en Catalunya. Hasta hace unas semanas, se veía nuestro proceso con admiración. Ahora se ve como una amenaza.

Y, mientras tanto, nos acostamos el viernes con la noticia de que ya nos han intervenido de facto y convencidos de que lo estamos haciendo muy bien, y me temo que aún mejoraremos cuando esta semana alborozados nos anuncien el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP.

Y los inversores como locos llamando a la puerta.

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Durante todo este tiempo, los focos han estado muy centrados en la posibilidad de que Mas fuera finalmente aceptado por la CUP como un candidato válido para desempeñar el cargo de Moisés en la búsqueda de la tierra prometida a la que, se supone, llegaremos dentro de 18 meses. Sin embargo, ha habido poco debate sobre los efectos colaterales que puede provocar una negociación en la que, al parecer, se ha estado dispuesto a aceptar cualquier petición antisistema con tal de conseguir el nombramiento como presidente de El Elegido.

Precisamente, éste es el verdadero riesgo de la situación, no solo por el estupor que, para la parroquia convergente -e incluso me arriesgo a creer para la de Esquerra Republicana- representa la asunción de posiciones anticapitalistas puras con tal de mendigar dos votos sino que todos parecen olvidar que uno de los mayores paradigmas del anticapitalismo es que, precisamente, para su supervivencia necesita del capitalismo y que la estrategia que siguen lo que va a conseguir es hundir la economía catalana.

Prueba de ello es el programa de la CUP, donde el pueblo, por el mero hecho de haber nacido, tiene derecho a todo y gratis, debidamente pagado por aquellos a los que ellos consideran los ricos, todo en medio de una insumisión a las leyes que ellos consideran injustas. Obviamente, aquellas que ellos consideren justas, que nadie se atreva a saltárselas.

Pues bien, en este escenario no podemos olvidar que, hasta la fecha, y de manera sorprendente para la mayoría de potenciales inversores extranjeros, Catalunya y Barcelona en particular siguen siendo un lugar atractivo para establecer sus inversiones, por más que algunos voceros de Madrid se empeñen en negarlo. Pero esto puede empezar a cambiar y, por primera vez desde que empezó todo este proceso, se empiezan a escuchar voces de alarma por parte de la comunidad económica, voces que tienen que ver con la seguridad jurídica y con el marco fiscal.

Respecto a la primera, lamentablemente, y después de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, la reputación de España ya estaba bastante tocada con temas como las renovables y los constantes vaivenes en muchas normas utilizando la nefasta técnica de añadir disposiciones transitorias a leyes que nada tienen que ver con la disposición aprobada, mediante una técnica abusiva del rodillo parlamentario. Cuando a esto se le suma directamente la lista de medidas “anticapitalistas” de la CUP, es de comprender la preocupación de cualquier inversor ante la certeza legislativa en la que se habrá de mover.

Y respecto al marco fiscal, y como un clásico de las izquierdas progresistas, la solución a todos los males pasa por que los denominados ricos paguen la fiesta mediante tipos cuasi confiscatorios en su IRPF. El problema es que tales afortunados, no son las grandes fortunas, ya que éstas siempre dispondrán de mecanismos para mover ágilmente su patrimonio a la jurisdicción más favorable. Son los altos directivos que cobran salarios altos, sujetos a la tributación de las rentas del trabajo. Siempre me ha llamado la atención la obsesión de los denominados progresistas por cargar de impuestos a esta élite dirigente, ya que apenas representan un 1% de la masa trabajadora del país y, por tanto, lo que se pueda recaudar de los mismos es de escaso valor económico. En cambio, tales dirigentes tienen en su poder la capacidad de decidir la ubicación de inversiones que, entre directos e indirectos, pueden generar miles de puestos de trabajo con su riqueza colateral inherente para el bienestar de la sociedad.

Una baja tributación de tales rentas, unido a los atractivos de Barcelona y su entorno, son elementos decisivos para determinar el que una inversión se haga en nuestra casa o en la aburrida y lluviosa Irlanda. Esto es algo que nuestros gobernantes parecen olvidar, así que, por favor, señores negociadores de Junts pel Sí, cuando se pongan a negociar enloquecidos con los antisistema, no olviden que tienen en sus manos el futuro de nuestro tejido económico y que Moisés, después de cruzar el Mar Rojo, estuvo cuarenta años vagando por el desierto y un precio como éste no es asumible.

En sus manos está que tengamos un destino algo mejor aunque para ello la tierra prometida tenga que esperar un poco más. A veces una segunda vuelta, en forma de elecciones anticipadas, no es una mala solución.

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Durante los últimos días, e imagino que en los próximos ocurrirá lo mismo, hemos venido oyendo una retahíla de manifestaciones y definiciones que, cuanto menos, creo que deben ser precisadas. La primera de ella es la de la denominada “troika”. De manera persistente, los medios de comunicación se refieren a los negociadores con esa expresión, cargada de sentido peyorativo desde los tiempos del comunismo más duro. Dicha troika, compuesta por el FMI y las instituciones europeas, representan al club de los acreedores de Grecia. Muchas veces tendemos a olvidar quiénes son tales acreedores, que fundamentalmente somos ni más ni menos que los sufridos contribuyentes del resto de la Zona Euro. No hay ningún poder malvado detrás de las duras exigencias de los acreedores, sino nosotros mismos, que lo que queremos es que alguien que no ha cumplido y que ha demostrado una absoluta falta de seriedad asuma sus propias culpas.

Dicho esto, es indudable que Grecia se ha de reestructurar y que las quitas son imprescindibles pero, para que sean admisibles, han de ir acompañadas de las demás medidas de ajuste. Creo que tendemos a olvidar demasiado a menudo que cualquier quita que se efectúe se hará con cargo a nuestros impuestos. No hay ningún ente especulador abstracto y malvado al que se castigará por su avaricia sino a nosotros mismos, ya que, desde el rescate de 2012, toda la deuda pública está en su mayoría en manos de los demás gobiernos de la zona euro.

Hasta la fecha, y seguro que aumentará, a los contribuyentes españoles la fiesta griega nos ha costado prácticamente 30.000 millones de euros, o sea, prácticamente lo mismo que nos costó Bankia en su día. ¿Podemos imaginar cuántos hospitales hubieran podido permanecer abiertos?, ¿cuántas ayudas sociales no haber sido derogadas? o ¿cuántos desahuciados seguirían en sus casas con este dineral?

Pues para los griegos, todo esto es poco, y se consideran con derecho a exigirnos más sacrificios. Mientras, ellos se niegan a hacer los suyos para convertirse en un país sostenible con actuaciones como la implantación de una verdadera política fiscal (en Grecia sólo pagan impuestos los tontos), una política de pensiones que elimine su aberrante sistema de prejubilaciones y otra serie de medidas de diverso orden que, en cualquier caso deben aplicar para dejar de vivir de la caridad ajena, ya que gastan más de lo que generan. Será entonces cuando se podrá hablar de quitas, cuando veamos que se toman las cosas en serio y no a la argentina. Si no, ¿de que servirá la quita además de que para que dentro de unos años vuelvan a pedir otra?

Pues bien, por lo que parece, los griegos han decidido que lo mejor es seguir con la fiesta a costa de otros, que es lo que coloquialmente se llama “ser cornudo y pagar la bebida”. Están convencidos de que el temor al abismo desconocido que para el euro puede representar su caída, hará que los políticos del resto de Europa, que siempre han demostrado su incapacidad para gestionar los problemas, sean incapaces de tomar decisiones firmes.

Pues bien, quizás haya llegado el momento de ello. Nadie puede ser ayudado si no está dispuesto a dejarse ayudar y a hacer los sacrificios necesarios para ello y, tal como hemos visto durante esta semana, no ha ocurrido ninguna tragedia ni en los mercados ni en el euro a pesar del corralito. Aunque lo hubiese, lo que también está claro es que, como ha ocurrido en anteriores crisis, las turbulencias se superan y luego la economía toma un nuevo impulso.

Por ello, y como ocurre en los malos matrimonios, creo que ya ha llegado el momento de decir adiós. Así el resto de Europa podremos centrarnos en hacer fuerte el euro y la construcción europea y los griegos podrán disfrutar del Olimpo desde el nuevo dracma. En seis meses, las cosas estarán donde deben estar, que en el caso de Grecia es fuera del club del euro al que, por cierto, nunca hubiera debido entrar. Y no lo hubiera hecho si no hubiese sido por sus mentiras y las de Goldman Sachs, que su buena minuta debió cobrar, sin que nadie le haya reclamado responsabilidades.

Tal y como han hecho los griegos, creo que ha llegado el momento de dar la voz al pueblo y preguntar a los que pagamos la fiesta nuestra opinión con sendos referéndums en los países acreedores para saber si deseamos pagar la fiesta. Personalmente haré campaña por el no.

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Podemos tenía precisamente como máxima ser una formación pura e inmaculada, alejada de todos los tics del antiguo establishment, también conocido como la “casta”, y parecía que podría traernos un poco de aire fresco del que nuestra política está muy necesitada. Lamentablemente, parece que tampoco ellos son capaces de librarse de los tics habituales y parte de su cúpula sigue los mismos pasos que otras cúpulas dirigentes. Me refiero a las polémicas en las que se han visto envueltos sus números dos y tres, a los que se les han descubierto comportamientos que, cuando menos, no pueden ser considerados éticos.

En el caso de Errejón, se trata de un error de principiante al tener una situación irregular en la universidad sin gran transcendencia real, aunque sí moral especialmente si tenemos en cuenta que precisamente lo que vende Podemos es eso. En el caso de Monedero, el asunto es bastante más grave, ya que se trata de una actuación lesiva para el fisco y que no entra en el ámbito penal al haber sido ágil regularizando la misma después de una semana de jugar al gato y al ratón con los inspectores de Hacienda. Por mucho menos de esto ha habido dimisiones en partidos mucho más “castosos”.

De todos modos, lo más preocupante no es el descubrir que en Podemos también hay ovejas negras (están en todos los ámbitos de la vida y no sólo en la política) sino la forma en que esta organización ha reaccionado cuando estas conductas se han puesto de manifiesto. Han seguido exactamente el mismo patrón y manual que han seguido desde tiempo inmemorial todos los partidos políticos ante situaciones como estas: negarlo todo y acusar de complot al enemigo exterior.

Siendo expertos en sociología y comunicación como son Pablo Iglesias y algunos adláteres, tenían que haber previsto que sus rivales políticos se lanzarían a husmear en todas sus posibles cloacas en busca de material que les desacreditase, y deberían de haberse anticipado a ello y haber previsto cómo actuar cuando, inevitablemente, encontrasen algo. El problema no es que la prensa conservadora haya encontrado carnaza sino que la misma en mayor o menor medida existiera.

La situación es la misma que cuando, ya hace meses, la prensa se lanzó sobre los Pujol por sus cuentas en el extranjero y operaciones opacas. La primera reacción fue la negación y denunciar una conspiración contra Catalunya. Lamentablemente con el paso de los meses hemos descubierto que tales acusaciones no carecían de fundamento y, aunque se usasen con fines políticos, eran actuaciones reprochables que existían.

Ahora resulta que Podemos sigue el mismo manual, denuncia la conspiración, minimiza los hechos, y cierra filas en torno a los afectados. Posiblemente en el caso de Monedero, para seguir con el manual, en poco tiempo dimitirá diciendo que lo hace de manera injusta para no perjudicar a sus compañeros. Es interesante ver que el comportamiento de las bases de Podemos tampoco difiere mucho del de otras organizaciones y, así, existiendo voces críticas, una parte de la propia militancia cierra filas en torno a sus líderes y les perdona aquello que no admite de otros.

Si realmente Podemos desea demostrar que son diferentes del resto, lo primero que debe hacer es dejar de reaccionar de la misma forma que la “casta” y demostrar que, además de exigir limpieza, también la aplica a los suyos. Si no, la sensación es la de encontrarnos con los mismos perros pero con distintos collares, y para este viaje no hacen falta alforjas.

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Ello ha supuesto volver a colocar las posiciones de unos y otros en el punto anterior a la mini crisis de estas semanas y, así, los soberanistas ya han empezado a trabajar en lo que denominan las “Estructures d’Estat” y los no soberanistas han vuelto a sacar de los cuarteles la muy acertadamente denominada por Enric Juliana “Brigada Aranzadi”.

Será interesante ver cómo vuelven a volar los tomos legislativos en todas direcciones. Personalmente soy muy pesimista sobre el resultado de esta nueva andanada y creo que es más que previsible para todos menos quizás los más entregados a la causa nacionalista, cuál será el resultado, una nueva tanda de resoluciones judiciales entre las que no cabe descartar una resolución del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo declarando inconstitucionales unas elecciones de carácter plebiscitario.

En esta guerra, el frente nacionalista siempre tendrá las de perder por un grave error estratégico a largo plazo consistente en no haber desarrollado en su momento una poderosa casta de funcionarios españoles afines a la causa nacionalista que le protegiera de tales embates; casta que, en tiempos en que esta palabra está tan de moda, le hubiera sido de gran utilidad. La casta en cuestión es la casta de altos funcionarios, de la que Catalunya carece y por la que nunca se ha preocupado pensando que era innecesaria al ver a España como un cuerpo extraño.

No hace falta más que observar las instituciones del estado español y quién las controla. En muchas ocasiones, tendemos a creer que el poder está en manos de los políticos, lo cual, sin ser del todo incorrecto, no deja de ser un grave error de apreciación. Les sugiero que vean la impagable serie de humor inglés Sí, Señor Ministro y se darán cuenta de ello. En dicha serie, los altos funcionarios cuando se refieren al ministro lo denominan el “interino”, porque es lo que realmente es. Ellos estarán gestionando la administración durante toda su vida profesional mientras los políticos van cambiando.

Si observamos, aparte de los notarios, profesión de amplio raigambre catalán desde la edad media, resulta difícil encontrar jueces, abogados del estado, registradores, fiscales o técnicos de la administración, entre muchos grados funcionariales, en los que destaquen catalanes entregados a la causa y, precisamente, éstos son los que han de resolver nuestros recursos o decidir qué inversiones de las acordadas en los presupuestos del estado son las prioritarias en su ejecución.

¿No han observado que normalmente las partidas presupuestarias destinadas a Catalunya no se ejecutan en más de un 25%? Ello no ocurre por una desidia política sino porque después son los peones los que deben ejecutarlas y, ¿pueden imaginarse cuál será la prioridad de un funcionario entre ejecutar una inversión en otro lugar de España o en Catalunya? La respuesta es fácil y así nos va. Hemos llegado a un ansia independentista por el maltrato funcionarial y nos van a cortar las alas independentistas otros funcionarios.

Resulta francamente sorprendente que en un país con larga tradición de movimientos obreros y de izquierdas aún no hayamos aprendido la estrategia trotskista de infiltrarse en las estructuras de poder del enemigo para debilitarlo. Lamentablemente éste es un error de difícil corrección en este momento, ya que la creación de una casta necesita su tiempo.

Por ello, y como decía al principio, y por falta de la casta, nos quedaremos con Artur Mas como Norma en la ópera de Bellini cantando:

Ah! bello a me ritorna

Del raggio tuo sereno;

E vita nel tuo seno,

E patria e cielo avrò.

Ah, riedi ancora qual eri allora,

Quando il cor ti diedi allora,

Ah, riedi a me.

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Uno de los elementos que contenía aquella propuesta era el realce de los orígenes cristianos de Europa, ya que no se puede olvidar que la cuna de la Unión Europea (UE), era el antiguo Sacro Imperio Germánico de Carlomagno, que abarcó gran parte de los estados que posteriormente fundaron la Unión Europea originaria, y del que formaba parte la Marca Hispánica. No hace falta decir que ante la posibilidad de incorporar tal mención, los comecuras habituales reaccionaron con grandes aspavientos e indignación, rechazando una mención del género en base a una defensa de la laicidad, en lo que supone una confusión entre los estados laicos y los orígenes de los pueblos, que siempre es conveniente recordar.

Por lo que a mí respecta, la aplastante victoria de Erdogan en las presidenciales turcas representa una mala noticia para los turcos, porque sin duda van a seguir retrocediendo en el campo de las libertades públicas, siguiendo la larga senda iniciada ya hace diez años con la llegada al poder de los partidos islamistas, al tiempo que aumentará la senda de la corrupción de los adláteres de Erdogan, como ha quedado de manifiesto en los últimos años.

Se trata de una victoria preocupante por un doble motivo, por una parte debido a la elevada abstención, cuyas causas no sé valorar, ya que tener la mayoría no necesariamente implica que se obtenga un gobierno mayoritario y, en segundo lugar, porque ha supuesto una clara división entre el voto rural, donde Erdogan ha superado el 60% de apoyos y el voto urbano, donde apenas ha llegado al 40%.

No tengo ninguna duda de que esta victoria supondrá una involución hacia un estado confesional islámico en franca contraposición con los estados europeos, en donde la separación iglesia estado es clara, y donde la defensa de las libertades es un elemento fundamental.

De siempre me ha preocupado la insistencia de muchos políticos europeos, por razones que se me escapan, en incorporar a Turquía como un estado más de la UE. Siempre he creído que tal incorporación sería un grave error por cuanto, y en línea con lo que manifestaba Giscard d’Estaing, queda claro que Europa es una comunión de pueblos con una misma base cultural, que es la que nace de las antiguas Grecia y Roma y se desarrolla bajo el cristianismo, mientras que las raíces turcas, desde la caída de Constantinopla ya hace siglos, y a pesar de los esfuerzos de Atatürk por europeizarla, son radicalmente distintas.

¿Qué se ganaría incorporando a un estado que trata a sus súbditos en función de los postulados religiosos y no de los democráticos, en la Unión Europea? Pues claramente: problemas. Si lo que se desea es no dejar aislada a Turquía en el plano económico, se le puede dar el tratamiento arancelario y jurídico adecuado, sin necesidad de incorporarla como miembro, de manera que sus productos y los europeos, tengan acceso recíproco a ambos mercados.

No podemos olvidar los enormes problemas culturales que ha representado para la UE la incorporación de algunos países periféricos como Rumania o Bulgaria, como para que ahora se abra un avispero de esta magnitud. Esperemos que por una vez nuestros dirigentes entiendan que a veces hay que saber decir no en aras del interés general.

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Este hecho supone un añadido más a una serie de actuaciones que ya se están convirtiendo en hábito de nuestros gobernantes, con independencia del partido que gobierne, que es la más absoluta falta de seguridad jurídica con cambios radicales de normativa, en muchas ocasiones mediante disposiciones adicionales de otras normas que nada tienen que ver con lo que está regulando la norma principal, y mediante un uso desmedido y espurio de la técnica del Decreto Ley y demás instrumentos ejecutivos como las Órdenes Ministeriales, que supone huir del necesario debate parlamentario antes de afrontar cambios normativos.

Es indudable que el alto nivel de subvenciones de las energías alternativas estaban  en un umbral difícil de sostener, que había convertido a España en la Meca de este tipo de instalaciones, pero no es menos cierto que muchos inversores confiaron en este tipo de energías atraídos por un determinado marco jurídico, efectuando inversiones cuantiosas, en muchos casos con endeudamiento de terceros, habiendo visto ahora frustradas sus esperanzas de retronó de la inversión, sin perjuicio de la grave destrucción de empleo que se va a producir, y en áreas donde la sustitución de estos puestos de trabajo va a ser muy difícil.

Sin duda, en toda esta dinámica, ha tenido mucho que ver también el poderoso lobby eléctrico, mucho más poderoso desde que en los tiempos del anterior gobierno del PP con actuaciones como la seguida cuando la OPA de Gas Natural a Endesa (quién no recuerda la afortunada expresión de “antes alemana que catalana”) o la creación del déficit de tarifa, bajo el gobierno de Aznar, déficit que parece que ahora se quiere resolver a base de dejar el sector eléctrico sin otra alternativa que caer en manos de los grandes lobbies del sector, con grave perjuicio de los consumidores, que seguiremos “disfrutando” de una de las energías más caras de Europa.

Todo este cúmulo de circunstancias está teniendo un efecto muy perjudicial para la marca España ante los potenciales inversores internacionales en mercados regulados, que no entienden estos cambios normativos tan súbitos.

Posiblemente no se debería haber aprobado el marco de subvenciones de las energías alternativas que realizó el gobierno Zapatero, pero tampoco es esta la manera de resolver los problemas, ya que todo cambio normativo requiere de una transición y, así, echo de menos aquellos periodos de transición que en el pasado se establecieron para la LAU, o la Ley de Costas, entre otras, pero hoy en día parece que en política solo vale el corto plazo, con los nefastos efectos que ello puede tener pues de nuestra imagen internacional también dependen unas inversiones de las que estamos muy necesitados.

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