“¡Dios santo! ¡Dios los perdone a todos!”. Carlos Alfredo García, reportero ciudadano que grabó el incendio en la granja-penal de Comayagua, Honduras. Minuto 1:30 de la grabación que subió a Youtube.

Quique y Coli

Coli subió hasta la cuarta cama de la litera, se acostó boca arriba y comenzó a presionar con las piernas, a dar patadas con las plantas de los pies contra la lámina que le impedía escapar del infierno. Antes de subir, le había dicho a su amigo Quique que aguantara, que abriría el techo de su celda y luego regresaría para sacarlo de ahí. El problema era que Coli dormía en la celda 5, ubicada enfrente de la celda 6. El problema era que los separaban dos rejas de hierro, cerradas con candado. El problema era que solo uno de los dos tenía verdaderas posibilidades de sobrevivir, porque en la celda 6, donde inició el fuego y donde dormía Quique, las llamas estaban a punto de consumirlo todo.

No se dijeron nada, solo se miraron a los ojos. Muy adentro sabían que era mejor así. ¿Qué podían haberse dicho? Si a Quique las llamas ya estaban lamiéndole la diminuta espalda, y Coli sabía que por más que intentara doblar los barrotes de su propia celda, ubicada frente a la de Quique, jamás lo conseguiría. Lo único que lograba era que su cabeza rapada sudara cada vez más, mientras el fuego se esparcía hasta la celda 10, que ya ardía como el infierno, y ahora lanzaba lengüetazos hacia los barrotes desde donde Coli miraba a los ojos, quizá por última vez, de su amigo. Cuando Coli desapareció en medio del hoyo que había en el techo, Quique cerró los ojos, apretó los barrotes de su celda y sintió que iba a morir.

* * *

Quique y Coli se habían conocido hacía muchos años, luego de que Coli desertara de la Policía -para lucrarse con el tráfico de drogas- en 2002. Coli cayó en 2006, y Quique -por robo- ingresó a la Granja-Penal de Comayagua en 2007. El reclusorio está ubicado a 90 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital del país más violento del mundo. Decir que dentro de la prisión Quique y Coli eran los mejores de los mejores amigos quizá no sea del todo cierto. Pero es significativo que pasado el incendio, a Coli se le empañen los ojos cuando recuerda esa escena trágica: Quique vencido, aferrado a los barrotes, con el naranja y amarillo de las llamas al fondo, a punto de tragárselo.

En el penal, Quique y Coli se las arreglaban igual que el resto de presidiarios. En las cárceles de Honduras, como en las de El Salvador o Guatemala, se sobrevive si se tienen buenas relaciones con los carceleros, si se consiguen privilegios derivados de la buena conducta o dinero para pasarla. Un reo vale lo que vale cada centavo que carga consigo, y en Comayagua esta regla también se cumplía.

Para tener un celular al alcance, por ejemplo, se necesitaban 500 lempiras (26 dólares). Dormir en litera se ganaba con el tiempo o el respeto, dormir en el suelo era para los más nuevos o los menos afortunados. En todas las celdas había conectores, extensiones y cables de televisores o de cargadores de celular. Si no fuera porque Comayagua tenía un sistema de rehabilitación “modelo”, esta cárcel sería como cualquier otra: una donde se compran voluntades, se sufren muchas carencias y donde los derechos de los reos le importan solo a los reos. El sistema de rehabilitación, por el otro lado, consistía en tener los siete días de la semana mano de obra barata para que regentaran una porqueriza, una granja pollera y un invernadero. En medio de esas paredes, y del día a día de ese presidio, de ese estira y encoge, dos viejos conocidos se hicieron muy buenos amigos. Quizá no los mejores de toda la granja-penal, pero es significativo que a Coli, de 36 años, le afecte recordar que su amigo estuvo a punto de morir, y que Quique, de 40, conmovido por su amigo, le diga que no se preocupe, que nada podía hacer por él.

-Mejor agradezcamos que podemos contar la historia, y que vamos a seguir viéndonos la cara.

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La colcha en la que se había envuelto ya se había desintegrado: Quique moría parapetado en el suelo, junto a la reja. En su celda ya nadie gritaba, el olor a carne quemada era el de su propia carne, quemándose, y aquello que no alcanzaba a distinguir bien eran los gritos en las celdas 7, 8, 9 y 10. Él no lo sabía, pero Coli ya se había brincado del techo hacia una pulpería (una tienda) que otro reo tenía en un corredor contiguo a las celdas. Quique no lo recuerda, pero en el momento en que los reos comenzaron a abrir los techos de las celdas, y a escapar del fuego brincando entre las láminas, y luego entre los muros, los guardias de la prisión dispararon al aire una y otra vez, previniendo una fuga.

Quique no lo supo al principio, pero el que llegó con una banca de madera a romper el candado de su celda no era ningún guardia, sino otro reo.

Quique todavía no entiende cómo es que los guardias dejaron que se quemaran vivos.

Héctor y Jhony

Adentro de esos cuatro módulos se respira un olor que penetra hondo, pero al cabo de un rato el olfato se acostumbra. Tres días después del incendio en Comayagua, en medio de uno de esos módulos, uno de los sobrevivientes toma un huevo y lo coloca en un cartón. Luego otro, y otro y otro. Unas 400 gallinas ponedoras cacarean a su alrededor.

Es la primera vez desde la tragedia que a Jhony le autorizan salir del penal. Jhony no ha dormido bien. Dice que nadie ha dormido bien allá adentro. Apesta a carne quemada, y cuando cierran los ojos todos recuerdan lo que ocurrió la noche del 14 de febrero. “Nadie puede dormir. Hay unos que todavía se levantan gritando: ¡Abran, que me quemo, me quemo!”.

Jhony es uno de los reos que ha ganado privilegios a fuerza de buena conducta, según dice. Entró a Comayagua cuando tenía 20 años, en 1999. Lo condenaron por un asesinato. Este año cumple su decimotercer año preso.

Por trabajar en la granja ponedora recibe 1,600 lempiras al mes, un poco más de 84 dólares. Al mediodía del viernes 17, Jhony tiene una docena de cartones llenos. Este viernes, por la mañana, había respirado aire fresco por primera vez en tres días.

Jhony estaría mejor si en la pollera estuvieran todos los que ahí trabajaban, pero dos de sus compañeros murieron en la celda 7, en la noche del incendio. “Acabo de darme cuenta de que perdí a los dos compañeros con los que más platicaba aquí adentro”, dice.

Uno de ellos era “Ventura”. Le faltaban nueve meses para salir libre. El otro era “Ponce”. Este todavía no estaba condenado. En Comayagua solo el 40% de los 852 reos tenía condena.

* * *

En la tarde del 14 de febrero, Jhony, Ventura y Ponce terminaban un partido de futbolito macho junto con otros reos antes de que el centinela los llamara para el encierro. Aunque era día del amor y la amistad, en la cárcel nadie celebró nada, excepto un reo que consiguió que los guardias dejaran entrar a su mujer, para que pasara la noche con él en la celda número 10. Horas más tarde, ese reo se salvaría de milagro, y su mujer moriría, hervida, adentro de una pila.

Los guardias llamaron al encierro a las 6 de la tarde, y como era costumbre, contaron uno por uno a los reos de la celda 1 a la 12. También se cercioraron de que los reos con privilegios se metieran en sus cuartos, ubicados contiguo a las celdas 6 y 5, cerca de la comandancia de guardia.

Jhony no recuerda a qué hora inició el incendio, porque cuando se despertó, el humo lo sofocaba y una llamarada se había metido por el techo de su cuarto, un diminuto espacio en donde solo cabía una cama y un taburete de madera. Jhony intentó alcanzar sus llaves y su celular, pero una lengua de fuego lo empujó hacia afuera, al patio que conducía hacia la hilera de celdas que se incendiaban.

Desde el patio, Jhony vio cómo el cuarto que estaba contiguo al suyo se desplomó por completo, y desde la celda 6 escuchó unos gritos: “¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Guardia!”
Cuando Jhony escuchó esto, corrió hasta el portón de la comandancia de guardia, gritando para que los ayudaran, para que los dejaran salir. Por la ventana de la comandancia de guardia no se asomó ninguna cara ni tampoco se vio una tan sola sombra.

Lo normal, si todo hubiese sido normal esa noche, es que por el pasillo que divide las hileras de celdas, un guardia del penal hiciera rondas cada 30 minutos, y que un llavero (otro guardia) estuviera atento ante cualquier emergencia, desde la comandancia de guardia. La comandancia de guardia es la única entrada y salida que tiene el penal.

Aquella noche, sin embargo, y desde que inició el incendio en la celda 6, la celda en donde se quemaba Quique, ningún guardia hizo sus rondas, y el llavero había desaparecido de la comandancia. Cuando Jhony se percató de que nadie les ayudaría, corrió hasta el patio ubicado detrás de las celdas que se incendiaban. En ese patio había unas pilas, y cerca estaba el centinela de una de las cuatro torres que custodian el penal. En el patio también había otros que, como él, habían escapado de sus cuartos.

-¡Hey! Denos cancha para brincar por el muro. ¡No nos deje perder! –le gritó Jhony al guardia, pero el guardia le respondió moviendo la cabeza en señal de negación. Tres veces le rogó Jhony y las tres veces el guardia impidió que los reos se las arreglaran para trepar el muro que los alejaba de la zona del incendio.

* * *

En las celdas todavía se escuchaban gritos cuando Jhony y los otros reos refugiados en el primer patio del recinto se echaron agua los unos a los otros, y echaron agua en el piso del patio, para mitigar el calor. Cuando la torre de fuego ardía con más fuerza, estar parados adentro de la prisión era como si estuvieran parados, con los pies descalzos, encima de una plancha caliente.

Al cabo de unos minutos, los reos privilegiados, ilesos, vieron llegar al patio a otros compañeros que caminaban lento, como si estuvieran congelados. Al primero que vio Jhony fue a uno de sus excompañeros en la granja ponedora de huevos. Se llamaba Nery Padilla.

-Venía lento, con la calzoneta caída, medio desnudo. Le aventamos agua, y cuando le cayó en la cara, se la cayó un pedazo del cuero (cabelludo).

“¡Ay, Dios mío!”, murmuraba Nery Padilla, con el cuerpo desfigurado. “¡Ay, Dios mío!”.

Jhony se acercó a Nery para ayudarle, para vestirlo, para que no agonizara desnudo, y cuando terminó de ponerle una calzoneta jeans medio chamuscada, nadie más se le acercó a Nery.

-Cuando lo toqué se le caían los cueros del abdomen –recuerda Jhony.

Al rato llegó otro, también quemado. Ese sí venía completamente desnudo, irreconocible. Luego otro, y luego otro… en las celdas que se consumían ya nadie gritaba nada.

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A las 12 del mediodía del 17 de febrero -dos días y medio después de la tragedia-, Héctor guardó la carretilla con la que se deshace de la basura que desechan las gallinas de la granja ponedora de huevos. Héctor es el único compañero que le ha quedado a Jhony. Héctor se dedica a alimentar a las gallinas y a limpiar la granja.

Héctor recuerda que la noche del 14 de febrero, como a las 9 p.m. se vino un apagón, seguido de otro apagón. Héctor no duerme adentro de los muros de la cárcel, sino justo detrás del muro, adentro de una carpa levantada con sacos de yute, en el interior de una bodega. Aunque no lo puede precisar, cree que el incendio y los gritos de los reos empezaron alrededor de las 10:45 de la noche. Unos 15 minutos después el cielo ya estaba iluminado, y luego comenzó a escuchar disparos.

A un costado del penal, frente a la granja ponedora, hay un terreno baldío extenso, un campo cercado en la lejanía por una alambrada que nadie custodia. De tanto moverse entre la granja y el basurero que hay detrás de la granja, Héctor ha concluido que fugarse de la prisión sería una tarea sencilla, porque solo hay dos centinelas en las dos torres del flanco derecho del penal, a quienes les costaría apuntarle a un blanco en movimiento, entre los arbustos, de noche. Héctor, sin embargo, prefiere salir libre “en orden”, y por eso nunca esa reflexión se ha convertido en plan de fuga para él, que va por la libre en la parte trasera del penal.

Cuando escuchó los disparos, la noche del incendio, se asomó al muro, y vio en dirección de los talleres de cerámica cercanos al dormitorio de los custodios.

-Los compañeros se estaban brincando el muro, huyendo del fuego. Ahí caían, medio quemados, adoloridos, unos se quebraron. Ahí afuera también había una fila de guardias esperándolos. Entre esos que brincaron y se quebraron estaban Coli y Quique.

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Los que se salvaron recuedan los mismos gritos: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Llavero! ¡Llavero! ¡Se está incendiando! ¡Sáquennos! ¡Llavero! ¡No nos dejen morir! ¡Llavero! ¡Nos estamos quemando! ¡Vengan a abrir! ¡Abran los portones! ¡Llavero! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquennos de aquí! ¡Llaverooo!

Los que se salvaron también saben que hubo uno que tuvo que auxiliarlos. Al menos uno. Héctor, el limpiador de la granja de gallinas ponedoras, conoce al llavero que estuvo de turno esa noche.

-Pobrecito -dice Héctor-, él al final seguro tuvo que seguir órdenes, y ahora le está cayendo todo el clavo. Recuerde que así es eso. Ellos reciben órdenes de arriba. Él es buena gente. Era de los pocos que acá se interesaban por ayudarle a uno. Yo creo que no lo dejaron. Como que la orden fue que no dejaran salir a nadie.

Al llavero le decían “El brujo”, solo por el sobrenombre lo conocía Héctor. El nombre verdadero de ese policía está en reserva por la Fiscalía de Comayagua. Es, en la investigación del incendio, uno de los más investigados, junto al comandante de guardia, que mandaba por sobre el llavero, y el director del penal, Wilfredo López.

Junto a ellos, otros 27 policías que había en el penal están siendo investigados por negligencia. En Honduras los centros penales son regentados por la Policía Nacional, una institución ahora tildada de corrupta, que ha cambiado dos cúpulas en menos de dos meses, y que ahora tiene a 80 elementos investigados por la Fiscalía. 52 están siendo investigados desde octubre por colusión con el crimen organizado, las pandillas, el narcotráfico, por sicariato, estafa, secuestro y asesinato. La otra treintena ahora ha comenzado a ser investigada por un posible acto de negligencia, al permitir que un incendio se convirtiera en la peor tragedia del sistema carcelario no solo de Honduras, sino de toda la región latinoamericana, con 359 fallecidos y decenas de heridos.

Esta no es la primera vez que se le señala a la Policía como responsable directa por la muerte de decenas de reclusos. En 2003 murieron decenas de presos en la ciudad de La Ceiba, y en 2004 murió un centenar de reos en San Pedro Sula. Entre esos incendios y el de Comayagua, las víctimas mortales han sido más de 500.

Adentro de la granja-penal de Comayagua, entre la comandancia de guardia y las celdas que se incendiaron, no hay ni 30 metros de distancia. Si el El Brujo hubiera evacuado a los internos, muchos más se hubieran salvado en el patio en donde Jhony y otros más se echaban agua para mitigar el calor. Pero el llavero no llegó, y todos los sobrevivientes no se explican por qué. ¿Por qué los dejaron quemarse vivos?

Álex y Liro

Las celdas de la cárcel de Comayagua que se quemaron eran unas galeras de unos 25 metros de largo por siete de ancho. En las orillas estaban ancladas dos filas de literas con cuatro pisos cada una. Un colchón por reo. Por las noches, entre las filas de las literas, y debajo de ellas, también había reos durmiendo. La del 14 de febrero no fue la excepción. Liro, un peseta (pandillero retirado) de la pandilla Barrio 18, dormía en la cuarta cama de la litera número cuatro, en la celda 10 de Comayagua.

La celda 10 fue la última en quemarse por completo. Álex, un joven de 18 ingresado hace dos meses, por posesión de libra y media de marihuana, dormía en la cama tres de la litera numero tres. A ambos los despertó el humo que se colaba entre las rejas y los gritos que provenían de las celdas contiguas. Liro, en su cama, se puso los zapatos y pegó un brinco hacia el suelo. Álex vio que las llamas ya habían entrado al corredor principal, y Liro descubrió lo mismo cuando cayó al suelo. Como si fuera un gato, brincó de nuevo de la cama dos a las tres, y de regreso a la cuatro, cuando sintió que Álex le rozó la espalda con las piernas. Liro decidió salvarse en el techo y Álex en las rejas de la puerta.

Desde la cama cuatro, Liro comenzó a hacer lo mismo que allá cerca de la entrada, en la celda cinco, había conseguido Coli: romper el techo. Se afanó rompiendo la madera, pero para cuando llegó a una canaleta, y al techo de zinc, había perdido las fuerzas, el colchón de su cama se había desintegrado y la celda entera, debajo de él, estaba envuelta en llamas. Liro, entonces, se dio la vuelta, boca abajo, trabó los pies entre los barrotes y se sostuvo de la canaleta ardiente para no caer al río de fuego que ahogaba todo.

Mientras tanto, en la reja, Álex luchaba con otros por mantenerse en los barrotes. Otros reos querían ocupar esa posición, para salvarse del fuego que les lamía la espalda, como también lo había hecho con Quique, que en la celda 6 estaba a punto de salvarse.

Detrás suyo tenía a Tiberio, el dueño de una de las pulperías del penal. Tiberio jalaba al flaco Álex, quería arrancarlo para ponerse él ahí, pero Álex se había hecho nudo con los barrotes, y no aflojaba.

-En poquísimo tiempo, mire, de a uno por uno fueron aflojando, y yo sentía cómo caían a mis espaldas -recuerda Álex.

Luego volvió a ver hacia atrás, y observó que un grupo hacía lo mismo que los del portón a los que se habían refugiado cerca de la pila ubicada en los baños de la celda. En ese grupo estaba Katya Figueroa, de 30 años, quien esa noche había llegado a pasarla con Jaime Aguirre, un nicaragüense de 49 años que coordinaba esa celda, y tenía buenas relaciones con los guardias y con los reclusos.

En lo que llevaba preso, Jaime había equipado un gimnasio en el reclusorio, y tenía los contactos para dejar que su mujer llegara a quedarse a dormir, cuando lo normal es que las visitas íntimas lleguen solo los miércoles, porque las de sábado y domingo están destinadas para los familiares.

Álex y Liro recuerdan haber visto entre el grupo que corrió hacia la pila a Jaime y a la mujer.

-Todos corrían del portón para los baños, para salvarse en el baño, pero era de balde. El agua estaba hirviendo y ahí murieron cocidos -dice Liro.

Jaime, que metió a su mujer a la pila, se cayó mientras intentaba guindarse del techo. Quedó debajo de muchos otros, y quizá puede ser eso lo que lo haya salvado.

* * *

Hubo un momento en el que Liro pensó que era mejor dejarse caer, porque ya no tenía fuerzas, porque se las quitaban los viejos que se morían debajo de él. Abelino Canales y Mario Guevara, “otro señor que también daba consejos”, le gritaban que los ayudara, pero Liro no podía hacer nada.

En la celda 10 también había dos jóvenes a quienes una mala decisión de sus padres les quitó la vida, y verlos quemarse devastó a Liro.

-Hay mamás que por querer enmendar a sus hijos los mandan a que pasen una temporada a granjas como esta. Yo les decía a estos loquitos que les dijeran a sus mamis que los sacaran, porque aquí podían encontrar la muerte…

De esos de los que habla Liro había uno en la celda 7. Se llamaba José Reynaldo Romero, de 22 años. Por drogadicto, vago y borracho, en ese orden, su mamá lo metió a la granja-penal cinco meses antes del incendio. A Noelia Suazo ahora no hay quien la consuele. Sabe que condenó a su hijo a la muerte. Lo lloró el jueves 16, mientras olía los cuerpos que se descomponían en las afueras de la morgue de la ciudad de Tegucigalpa. Dos días después del incendio, solo se habían reconocido tres cuerpos, y los cadáveres, que no cabían en el recinto, seguían apilados adentro de un furgón que intentaba mantenerlos congelados. Pero 48 horas después la descomposición hizo estragos, inundaba el ambiente y de la cama del furgón goteaba un líquido acuoso y rojizo, que luego fue lavado y se escurrió a los pies de los cientos de familiares que esperaban a sus muertos, que respiraban a sus muertos, que miraban irse los fluidos descompuestos de sus muertos por la alcantarilla.

* * *

-¡Liro, Liro, ayúdenos, Liro! ¡Ayúdenos, Liro! –le decían los viejos Abelino y Mario Guevara, extendiéndole los brazos, al peseta que se guindaba del techo, sin poder hacer nada. Liro se retuerce, llora, y se para, con cuidado, porque tiene quemados los brazos, el cuello y la espalda, cuando recuerda esos últimos momentos de los viejos.

-Yo no los podía ayudar, y de paso les caí encima, porque en lo que volteé a ver para abajo, en lo que cambiaba de posición, me resbalé, y terminé de hundirlos.

Cuando se supo entre el suelo, Liro todavía no entiende cómo sacó fuerzas para brincar sobre la litera, y luego al techo. Debajo de él ya nadie gritaba y todo se estaba consumiendo.

En los barrotes, Álex presintió lo peor:

-Esa llama parecía un remolino adentro. Parecía un infierno. La gente que corría se perdía entre las llamas. Por eso no me quise mover del portón. Si me voy, solo a morir voy a ir, pensé. Si me toca morir, aquí voy a morir. Y de ahí solo me acordé de Dios.

* * *

Nadie sabe cómo El Chaparro consiguió las llaves. Hay algunos sobrevivientes que creen que el llavero de turno las tiró, otros dicen que quizá El Chaparro rogó lo suficiente –y justo a tiempo- para rescatar a la mitad de la prisión. Lo cierto es que Marcos Bonilla, El Chaparro, se convirtió en héroe esa noche.

Primero llegó a la celda 6, con una banca, y rompió a la fuerza el candado, liberando a Quique, que ya estaba quemándose, y a otros dos más. Luego hizo lo mismo en el resto de las celdas, hasta que llegó a la 10, donde Álex sintió que Dios lo había escuchado, pero poco le duró la alegría.

-El Chaparro traía una banca y le dio con ganas al candado, pero no abrió. Ahí fue cuando dije: bueno, hoy sí, aquí me tocó morir –recuerda Álex.

Desahuciado, vio cómo El Chaparro desapareció entre el humo del pasillo, y segundos después vio cómo venía de regreso. Pero Álex solo reaccionó hasta cuando escuchó el tintineo de unas llaves. Cuando El Chaparró logró abrir, Álex corrió hacia el patio, y todavía recuerda que echaba humo de la espalda. Detrás suyo venía Liro, que al ver el portón abierto se tiró a las llamas porque sabía que esa era la única ruta para escapar de la muerte.

* * *

Marcos Bonilla, El Chaparro, es un reo de la cárcel de Comayagua que a fuerza de buena conducta, de ganarse méritos, se ganó el respeto de las autoridades, estudió medicina y se dedicó a curar a sus compañeros de prisión. Tiene ocho años como enfermero. El Chaparro llegó al penal hace 17 años, y le faltan cinco para purgar una pena por homicidio.

En el penal, El Chaparro vivía afuera de las celdas, en un cuarto contiguo a la clínica de la prisión, con acceso a medicamentos. Si alguien se enfermaba o necesitaba atención en las noches, todos sabían a quien acudir: al llavero de turno para que este llamara a El Chaparro.
El Chaparro tiene ese apodo por su estatura. Tiene 50 años y hoy se ha convertido en héroe.

No ha querido decir cómo obtuvo las llaves de las celdas porque dice que no quiere recordar y porque no ha cesado de trabajar. El Chaparro pasó las 72 horas después del incendio atendiendo a los heridos.

El Chaparro, el reo-enfermero, hizo lo que no pudieron hacer los guardias de la prisión, porque los guardias de la prisión recibieron la orden de no dejar salir ni dejar entrar a nadie para evitar una fuga.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, es uno de quienes aseguran que algunos reos aprovecharon para escapar. No se sabe de dónde saca esa información, porque los fiscales a cargo de la investigación lo niegan de manera rotunda.

Los bomberos a los que ningún guardia llamó

Entre la estación de bomberos de Comayagua y la granja-penal hay una distancia que en vehículo se recorre en menos de cinco minutos. Un kilómetro -calcula el comandante de bomberos Leonel Silva- es lo que separa a la estación de bomberos del peor incendio que muchos de sus hombres han visto en toda su vida.

El comandante Leonel Silva es un hombre de 50 años, con 35 dedicados a los bomberos. Sí él con tantos años dice que el fuego de Comayagua es lo peor a lo que se ha enfrentado, qué decir de sus hombres, un nutrido grupo de fornidos jóvenes que sin quererlo, para muchos de los familiares de las víctimas, se han convertido en villanos.

“¿Por qué no llegaron a tiempo los bomberos?”, se preguntaban las hermanas de Rubén Garrido Machado, Elsa y Gloria María. Su hermano, que ahora se presume fallecido, tenía 52 años, y recién había cumplido cinco años de una pena de 15 por secuestro.

“¡Mirá los bomberos a qué horas aparecen, vo!”, se escucha que cuestiona el reportero ciudadano que grabó seis minutos del incendio de la granja-penal de Comayagua, mientras al fondo se ve el voraz fuego y se escucha una sirena.

Pero eso pasa, según el comandante Silva, porque muy pocos saben lo que en realidad pasó: y lo que pasó fue que a las 10:56 de la noche los bomberos recibieron la primera alerta, y esta no venía de la granja-penal.

En la cárcel, mientras todo se quemaba, y los reos clamaban auxilio, no solo no había ningún policía en la comandancia de guardia, sino que ninguno de los agentes, ni el director, se tomaron la molestia de levantar el teléfono para pedir auxilio a los bomberos.

-¿La llamada que recibieron venía del penal?

-No. Era de un ciudadano de la localidad –dice el comandante Silva.

Para cuando los bomberos llegaron frente al portón de la cárcel, a las 11 de la noche, según la bitácora de la estación, por supuesto que ya era poco lo que podían hacer, porque ya todo estaba consumido, y ya ni siquiera se escuchaban los gritos que hasta el minuto 1:40 de la grabación del reportero ciudadano todavía salían del penal.

Cuando el equipo de 21 bomberos llegó al portón de la cárcel, con sus tres motobombas, una ambulancia, un pick uno y 12 mil galones de agua, El Chaparro ya había rescatado a los que pudo –una docena de las celdas incendiadas, más los reos de las celdas 1 a la 4– y los guardias seguían disparando para prevenir una fuga.

-¿Por qué no entraron de inmediato, si había gente quemándose?

-Porque no teníamos autorización. Hasta que ellos controlan la situación es cuando nos dejan entrar –responde el comandante Silva.

Cuando los bomberos comienzan a tirar agua, ignoran que el agua está cayendo sobre 356 cuerpos calcinados.

Horas más tarde, con el fuego apagado, el comisionado Danilo Orellana, hasta ese momento director de las cárceles de Honduras, admitió: “Los custodios creyeron en un principio que se trataba de una fuga masiva de reos, por eso cumplieron la ley y no permitieron el ingreso de nadie a la cárcel, para evitar muertes innecesarias”.

Hace 22 días, un fuego amenazaba con devorar el invernadero de la granja-penal y esa vez los bomberos sí tuvieron vía libre para ingresar y apagar las llamas.

“Esa orden se dio”

Al mediodía del viernes 17 de febrero, en la oficina del Ministerio Público de Comayagua, solo cinco de una docena de custodios habían logrado dar su versión de los hechos, frente a un equipo compuesto por cuatro fiscales.

Afuera de la oficina de la Fiscalía -una gran casa de tres plantas, en un barrio alejado del centro de la ciudad de Comayagua- un grupo de custodios, vestidos de civil, bromeaban entre ellos luego de que una motocicleta y su conductor se estrellaran contra un pick up que llevaba el derecho de vía en ese tramo, cercano a una cruz calle.

Minutos antes, ninguno quiso entablar palabra sobre lo sucedido en la cárcel, a sugerencia del defensor que los asiste, que también se negó a comentar nada. Uno de ellos, sin embargo, quería hablar, y se acercó hasta la sala de espera.

-¿Ha leído los periódicos? ¿Es cierto que había un plan de fuga, un pago para matar al “doctor”? –preguntamos.

El custodio, moreno, bajito, fornido, sin nombre, rio. Con una carcajada amplia. La pregunta venía a colación por el gran rumor que se desató en Honduras, luego de que dos supuestos reos-prófugos dieran esta versión a un programa de comentaristas llamado Hable Como Habla: Los supuestos reos-prófugos dijeron que en la celda 6 había un doctor, llamado Constantino Ypsilanti, ex líder de la oposición política en Comayagua, y ex candidato a alcalde en el municipio.

El “doctor”, como le llamaban en el presidio, fue condenado por el asesinato de un ciudadano español en 2009, y en la cárcel era famoso porque cuando alguien se enfermaba le conseguía medicinas, y porque un día aportó plata para mandar poner piso cerámico en todas las celdas de la prisión.

-Esas son tonterías. ¿Se iba a hacer tanto alboroto por un solo hombre? –respondió el custodio.

-¿Qué opina de lo que dijo la gobernadora?

La gobernadora del departamento de Comayagua, Paola Castro, dijo en la noche del 14 de febrero que un reo le había hablado para decirle que provocaría un incendio en la celda 6. El custodio rio de nuevo.

-Mire, solo los que estuvimos ahí sabemos lo que pasó.

-¿Y qué pasó? ¿Por qué no dejaron salir a los reos?

-Se dio esa orden, esa orden se dio. Solo eso le puedo decir…

En eso un fiscal bajó a la recepción, llamó al custodio, subieron al tercer piso y se lo llevó al interrogatorio.

Este reportaje fue publicado en Elfaro.net el 20 de febrero de 2012.

Para mejorar la ley, el actual ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich, envió al Congreso el año 2011 un proyecto que prohibiría definitivamente fumar en lugares cerrados, como pubs, restoranes y casinos de juegos, salvo en sus terrazas. Sorprendentemente, en votación del 18 de enero del 2012, la Cámara de Diputados rechazó esta modificación. Varios diputados afirmaron después que se equivocaron al votar.

El mismo ministro Mañalich reconoce las presiones de Chiletabacos: “Todos hemos recibido visitas, los parlamentarios han recibido visitas, y hay una influencia sistematizada donde la industria gasta enormes recursos para lograr representar sus intereses”.

No obstante, algo más estructural ocurre tras esta burda comedia de equivocaciones. Es el asunto de los cultivadores de hoja de tabaco, los agricultores que surten a Chiletabacos, la otra cara de la moneda del genocidio de Chiletabacos que dirigen personajes inclementes al dolor de los enfermos. Un monopolio que mata a 14 mil chilenos cada año por problemas asociados al consumo del cigarrillo.

Chiletabacos es una empresa monopsódica. Esto significa que domina el mercado de los consumidores de casi 5 millones de fumadores y que controla, además, de modo absoluto, a los más de 1.000 productores de tabaco, con un total de superficie de cultivo de 3.000 hectáreas, según el Censo agrícola del 2007.(1)

Esos agricultores no tienen un poder de compra alternativo.

Chiletabacos opera el cultivo de tabaco en Chile con un modelo de explotación del monocultivo, a través de un contrato abusivo. Es lo que los especialistas de la FAO llaman la “agricultura por contrato”.

Chiletabacos obliga a firmar un contrato de plantación y compraventa de tabaco donde se determina la forma de comercialización, el precio del tabaco, el número de hectáreas, la cantidad de kilos que serán objeto de la obligación de compraventa, la fecha y el tipo de tabaco que será entregado en su totalidad, libre de embargos, litigios, y prendas. En ese contrato, Chiletabacos establece las condiciones del cosechado y las visitas periódicas de control a las plantaciones.

Chiletabacos proporciona la semilla. Los pequeños agricultores pueden solicitar anticipos de dinero y se los obliga a tomar seguros. Obviamente, Chiletabacos obliga a que el agricultor compre con ellos todos los insumos como agrotóxicos, fertilizantes, chapas, alambres. El negocio es redondo para Chiletabacos: compra con mejores precios grandes volúmenes de los diferentes insumos que luego vende a los productores a precios minoristas. El productor debe fletar el tabaco hasta la bodega del comprador. Chiletabacos descuenta del pago de anticipos e insumos.(2) Los precios del tabaco son determinados, en última instancia, por la misma Chiletabacos. Los productores no tienen a quien reclamar.(3)

Chiletabacos aplica un sistema de expropiación de la riqueza agraria mediante la dirección de la producción de monocultivo controlando así todo el mercado y traspasando todos los riesgos de la cosecha al pequeño agricultor. Chiletabacos ayuda así a generar una potencial crisis social en el campo, un problema serio y socialmente relevante al imponer un modelo mediante el cual transfiere a sus cuentas bancarias la riqueza producida por el sector rural.

Este modelo conduce a la reducción de la diversidad genética, al aumento de la vulnerabilidad a las plagas, la erosión y contaminación del suelo, a la reducción de la disponibilidad de cultivos alimenticios nutritivos para la gente y al crecimiento de tensiones y conflictos. Los únicos beneficiados son los directores de Chiletabacos.

Los agricultores son víctimas de un modelo de integración vertical de la agricultura.

La Reforma Agraria fue un esfuerzo energético de cambio del ineficiente latifundio chileno. Pero, Chiletabacos descubrió que no necesita reexpropiar o comprar las tierras a los agricultores para asegurarse el control de la producción y los mercados. A sus directores les basta controlar la producción mediante contratos usureros con los agricultores. El nivel de endeudamiento de los cultivadores es creciente. Lo que perciben de la venta de la cosecha no alcanza para pagar los créditos que en dinero y especie otorga Chiletabacos.

Los agricultores han descubierto que siempre pierden o definitivamente están endeudados con Chiletabacos y han buscado fórmulas para reconvertirse.

Los pequeños y medianos agricultores de tabaco, se han ido cansando de esta situación y manifestando su molestia frente a este sistema de control que no los beneficia. Vicente Madariaga, agricultor de Chimbarongo, representó a los productores de tabaco y defendió el sistema en la Cámara de Diputados en 2005. Tres años más tarde, en 2008, buscó desvincularse públicamente de ese sistema acusando el empobrecimiento de los agricultores, y promovió la reconversión, sin encontrar apoyo en el Estado. Ese año habían abandonado 80 hornos a gas para secar el tabaco en Chimbarongo.(4)

El Convenio Marco sobre el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el Estado chileno ratificó el año 2005 (gobierno del presidente Ricardo Lagos), sugiere un programa de reconversión del cultivo del tabaco con asistencia técnica y financiera para ayudar a los productores afectados por los programas de control del tabaco en la transición hacia otras alternativas productivas. Pero, el Estado chileno no ha considerado un apoyo de reconversión de la agricultura del tabaco. Al contrario, ha dejado a los agricultores solos a su suerte.

El Gobierno de Chile no está cumpliendo con los compromisos del Convenio para el Control del Tabaco, suscrito en el marco de la OMS, mediante la instrumentación de estrategias orientadas a la reconversión hacia cultivos alternativos al tabaco y con mayor rentabilidad.

Peor aún, la oficina de INDAP de la Sexta Región, en resolución del 29 de junio de 2011, determinó entregarle a la British American Tobacco una suma de $ 19.948.275, en el concurso nacional de alianzas productivas -según informó El Mostrador en artículo de Bernardita García-, con el objeto de capacitar a un grupo de agricultores de tabaco para mejorar la productividad del cultivo.(5)

El Estado Chileno subsidia económicamente a Chiletabacos, una empresa que, según el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el Estado chileno debería combatir.

Pero, INDAP de la Sexta Región, tal como lo indica un boletín del servicio, ya había actuado del mismo modo al entregar recursos por un monto de $60 millones de su programa de reconstrucción productiva, para financiar hornos para el secado de tabaco.(6)

El acuerdo de INDAP con Chiletabacos es grave: viola el principio Nº 4 del Convenio Marco de la OMS de Tabaco ratificado por Chile: “Debido a que sus productos son letales, no se deberían conceder incentivos a la industria tabacalera para que establezcan o lleven a cabo sus negocios”. Esta violación la ratifica el principio Nº 1 que estipula: “Existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública”.

El asunto es muy claro: el Estado chileno ha violado durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera un acuerdo internacional al subsidiar económicamente a Chiletabacos, una empresa que vende productos letales e irreconciliables con la salud pública.

Los directores de Chiletabacos son responsables también de problemas ambientales en Chile. La planta del tabaco sufre plagas que Chiletabacos combate con agrotóxicos muy peligrosos y que producen graves daños a la salud. La absorción cutánea de nicotina a partir del contacto de la piel con las hojas de la planta, produce una enfermedad llamada del tabaco verde que consiste en una forma de intoxicación por la absorción dérmica de la nicotina.

El tabaco es uno de los responsables de la deforestación mundial: la planta es muy exigente y consume los nutrientes del suelo de manera muy rápida. Chiletabacos usa gran cantidad de pesticidas y fertilizantes químicos que contaminan el suelo y el agua.

La industria del tabaco en el mundo, según información pública, estaría usando semillas transgénicas de tabaco resistentes a ciertas plagas, sin acoger el principio precautorio de los consumidores y sin importarles los riesgos a la biodiversidad. En Chile también se habría sembrado tabaco transgénico, según la experta en biodiversidad y organismos transgénicos, la bióloga Maria Isabel Manzur.(1)

De los 10 diputados de la Región del Maule, donde se produce el 41 % de la superficie del cultivo de tabaco de Chile, 7 votaron en contra de la propuesta del Ministro Mañalich en la Cámara de Diputados, el 18 de enero del 2012: (DC) Roberto León, (PPD) Guillermo Ceroni, (RN) Germán Verdugo, y los diputados UDI Celso Morales, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Romilio Gutiérrez e Ignacio Urrutia. ¿Será simple coincidencia?

Ahora en marzo el gobierno repondrá con suma urgencia en la Ley del Tabaco las normas que prohíben su consumo en lugares cerrados y en sitios abiertos de acceso público. Esperemos que el “error” de los parlamentarios que rechazaron el artículo sea corregido para proteger la salud de la población.

La resolución del Consejo para la Transparencia se adoptó tras seis meses de tramitación y en ella el Consejo acogió un amparo interpuesto por CIPER, desestimando los argumentos presentados por Aguas de Antofagasta, la cual planteó, entre otras cosas, que la solicitud de información se sustentaba en un “error conceptual” y que entregar los contratos podría atentar contra sus políticas comerciales.

Cabe hacer notar que Aguas de Antofagasta es la principal empresa que asegura el suministro del vital elemento a la población de Antofagasta. El año pasado, el abastecimiento de agua a la población se vio sujeto a cortes sin aviso y restricciones que provocaron airados reclamos entre los habitantes de la región.

El punto central del razonamiento de la empresa Aguas de Antofagasta S.A. para negarse a entregar los contratos de suministro de agua a las mineras fue que no se le puede pedir información sobre sus contratos pues se trata de compañías privadas sobre las cuales hay límites a la hora de la fiscalización. “La información solicitada corresponde a contratos vigentes entre empresas privadas, referidos a una actividad económica no sujeta a regulación y que se desarrolla en el marco de un mercado competitivo, como lo es el suministro de agua cruda a las empresas mineras en la Segunda Región”, planteó Aguas de Antofagasta.

Sin embargo, el Consejo para la Transparencia, “en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación”, desechó los fundamentos de la compañía. “Los contratos presentados no contienen información que pueda ser calificada como secreto empresarial, esto es, que proporcionen una ventaja competitiva que, de ser revelados, perjudicase el desenvolvimiento competitivo de la empresa en el mercado de agua cruda o de agua potable”, estableció.

El fallo del Consejo constituye un hito, pues le ordena a la Superintendencia hacer pública la información, aún cuando se trata de contratos entre privados, pues se refiere al suministro del mismo bien que la empresa sanitaria entrega a la población de esa región. Por lo tanto, el contenido de esos contratos se enmarca dentro de lo que son los sectores regulados por el Estado.

A la entrega de los contratos solicitados por CIPER se opusieron la sanitaria Aguas de Antofagasta y sólo dos de las nueve mineras a las cuales provee del recurso hídrico: El Tesoro y Esperanza. Estas tres empresas tienen algo en común: todas pertenecen a la familia Luksic. Las mineras El Tesoro y Esperanza son parte del grupo Antofagasta Minerals, brazo minero de la familia y que encabeza el menor de los hermanos, Jean Paul Luksic. En el caso de Aguas de Antofagasta, los controladores son Inmobiliaria Punta de Rieles Ltda (99%) y Antofagasta Railway Company PLC (1%), ambos pertenecientes al grupo Luksic.

LA RESISTENCIA DE AGUAS ANTOFAGASTA

El 15 de marzo de 2011, CIPER presentó un requerimiento de información ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Allí solicitó “el contrato de servicios sanitarios que realiza la empresa Aguas de Antofagasta S.A con todos sus clientes no regulados (…) que tenga en la región de Antofagasta”. La SISS se excusó de entregar copia de esos contratos. Según el organismo, dichos documentos contienen información “cuya publicidad podría afectar los derechos de terceros”.

El 1 de Agosto de 2011, Aguas de Antofagasta manifestó también su oposición a la entrega de información. ¿Las razones?: que la divulgación podía afectar los derechos de la compañía, “por cuanto ellos contienen información estratégica y confidencial sobre políticas comerciales aplicadas por la empresa”. Además, el representante legal de dicha empresa argumentó que los contratos se referirían a actividades “que no se encuentran sujetas a regulación”, por lo que difundirlos podría atentar contra los equilibrios del mercado en el que participa Aguas de Antofagasta. Finalmente, señaló que aunque estos contratos estaban en manos de la SISS, su entrega se hizo bajo expresa reserva de confidencialidad.

“Los contratos solicitados por la reclamante contienen información estratégica y, por lo mismo, confidencial en relación al suministro de agua cruda que Aguas de Antofagasta proporciona a sus clientes mineros, tales como precio, caudales y volúmenes comprometidos, plazos, garantías y demás condiciones relevantes”, manifestó la empresa para fundamentar su oposición. “La divulgación de esta información al mercado, aunque sea sin intención dolosa, causaría un daño irreparable en la posición comercial de Aguas de Antofagasta en el mercado de suministro de agua a las empresas mineras”, concluyó.

La argumentación de Aguas Antofagasta fue respaldada el 17 de Agosto de 2011 por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), cuyo titular, Magali Espinosa Sarria, también concluyó que no correspondía divulgar los contratos. “Los documentos solicitados se refieren a actividades que no se encuentran dentro del ámbito de regulación de los servicios sanitarios”, argumentó. Según la SISS, al publicar estos documentos se podría dejar a Aguas de Antofagasta “en una situación vulnerable y desigual con respecto a sus pares”: otras empresas de agua que son fiscalizadas por esa superintendencia.

El Consejo para la Transparencia notificó a las nueve mineras involucradas del requerimiento presentado por CIPER. De éstas, solo El Tesoro y Esperanza manifestaron su oposición a la entrega de los contratos. Las observaciones y descargos de ambas empresas fueron idénticos, dice el Consejo en el fallo.

Los representantes de las mineras de propiedad del Grupo Luksic plantearon fundamentalmente que los contratos solicitados no son documentos de acceso público. “El contrato en cuestión o los celebrados con Aguas de Antofagasta S.A (…) se encuentran regidos por el Derecho Privado y en ese sentido se encuentran excluidos no solo de la competencia de la SISS, sino que también del Consejo para la Transparencia”, fue uno de sus argumentos.

Además, reiteraron el planteamiento esgrimido por Aguas de Antofagasta, en cuanto a que la entrega de información podría afectar a las mineras en el ámbito comercial. Ello, pues sus acuerdos con Aguas de Antofagasta forman parte de una estrategia “para enfrentar sus procesos productivos en la industria extractiva del cobre”.

LAS RESPUESTAS DEL CONSEJO

Uno a uno el Consejo para la Transparencia fue rebatiendo los argumentos presentados por Aguas de Antofagasta y las mineras Esperanza y El Tesoro. El punto central de su resolución es que los contratos solicitados constituirían información pública, pues han formado parte de los procesos de fijación tarifaria de los últimos años, donde son evaluados por la autoridad.

También cuestionó que se trate de información estratégica que pueda afectar el negocio de la empresa. Luego de revisar en detalle los documentos, el Consejo concluyó que “los contratos no contienen información cuya reserva otorgue a la empresa una ventaja competitiva”. Respecto a que la difusión de los acuerdos podría hacer que los competidores de Aguas de Antofagasta ofrecieran mejores condiciones, el Consejo señaló: “Ello es parte del libre juego de la oferta y la demanda”.

Finalmente, el Consejo llamó la atención sobre el siguiente hecho: “Algunos contratos solicitados constan en escrituras públicas, de manera que podrían ser fácilmente accesibles por cualquiera”.

Como Aguas Antofagasta apeló a la resolución de 21 páginas del Consejo para la Transparencia, será ahora la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá dirimir la contienda. Un fallo que será mirado con lupa por los distintos organismos que velan por la transparencia y la libre competencia en el país, ya que sentará un precedente jurídico sobre toda la información de empresas privadas en poder de los organismos fiscalizadores de los sectores regulados por el Estado.

América Latina está viviendo un proceso creciente de toma de conciencia en torno al derecho esencial de acceder al agua. Movilizaciones masivas como las que se han desarrollado en Argentina o en Perú, indican que los pueblos están tomando la decisión de ejercer soberanía sobre sus recursos hídricos.

La lucha por la promoción y defensa de los Derechos Humanos ha estado asociada a la condición singular de cada ser, a su dignidad. De esta condición se deriva un número importante de libertades y derechos, los que tienen por misión salvaguardar la esencia de cada persona, estableciendo límites, obligaciones y deberes al Estado, así como también a los demás sujetos que conviven dentro de una comunidad.

Los derechos humanos son el resultado de la lucha incansable de la humanidad por alcanzar condiciones de vida adecuadas. El respeto por ellos trasciende los sistemas políticos y jurídicos. En rigor, es un asunto de ética y de decencia. Y el agua, por ser esencial para los seres humanos, se encuentra íntimamente relacionada en cuanto a su acceso, suministro y potabilidad, al desarrollo de la vida en condiciones dignas.

La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para usos personales y domésticos y la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o económica, son factores que atentan directamente contra la vida de las personas y las poblaciones. También lo son su uso no adecuado y su insalubridad.

El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atenta contra los seres humanos.

A propósito de todo lo anterior, el agua no puede ser considerada un simple compuesto ni como un elemento importante en la elaboración de estrategias. Tampoco puede ser considerada como un recurso natural renovable, un bien comercial, una mercancía o un bien económico.

En Chile, el Código de Aguas que se formuló durante la dictadura en 1981 –y que sigue absolutamente vigente–, considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas.

Ese mismo cuerpo legal creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

Mención especial es lo que sucede con la provisión de agua potable a la población. En América Latina, y durante la década de los ‘90, gobiernos neoliberales liderados en su momento por Alberto Fujimori en Perú, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia o Carlos Menem en Argentina, iniciaron la privatización de las empresas sanitarias, iniciativa que en Chile tuvo su correlato durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, concertacionista que inició la privatización del agua potable. Actualmente, este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que el gobierno de la Alianza, en menos de dos años, ha terminado de vender la participación fiscal en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Essval, Essbio y Essal.

El 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas está en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que casi el 100% de los derechos no consuntivos se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

Las iniciativas privadas mineras, agrícolas, eléctricas, o el afán de lucro de las empresas sanitarias, no se condicen con la necesidad humana de acceder al agua. La Constitución Política de la República de Chile consagra el carácter privado de las aguas, y como tal, el Estado de Chile no salvaguarda el bien común. Por el contrario, deja librado al mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas hoyas hidrográficas del país. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el patio trasero de la V Región, en la Provincia de Petorca.

La Ligua, Cabildo y Petorca son hoy el reino de Machiavello: en estas comunas se aplica el principio “el fin justifica los medios”; agua a cualquier precio para aumentar la plusvalía de los empresarios agrícolas y mineros, en detrimento del acceso al agua para bebida de la población.

Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios coludidos para usurpar agua; zanahoria y garrote: zanahoria para los que hacen la vista gorda ante el robo de agua y garrote para los que luchan para restituir el imperio de la ley en los ríos de la provincia de Petorca. Garrote también para los que luchan por un derecho humano esencial e imprescindible para las personas: nada más ni nada menos que AGUA.

Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. La vigencia del Código de Aguas es de una inequidad feroz, tan feroz como la defensa que se hace de la propiedad privada sobre el agua. Políticos transformados en apóstoles de la causa privada del agua, autoridades que llaman a cuidar el agua, bombardear nubes o construir carreteras del agua, soslayando el problema de fondo. En Chile se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de chilenas y chilenos. Los hechos son más elocuentes que mil palabras.

Lamentablemente ésta es la situación de muchas universidades no sólo privadas, sino públicas y tradicionales, pero esta universidad además, ha cometido reiteradas faltas a su obligación de remunerar los servicios profesionales prestados. El año 2011, profesores de diferentes carreras de la universidad hemos sido humillados y víctimas de numerosos engaños. No a todas las carreras se nos ha informado a comienzos del año académico de la forma y fechas de pago (ya que la universidad no paga mensualmente sino en un sistema de cuotas proporcionales), y una vez que se informó, éstas se han incumplido. Frente a esto, en el mes de octubre los docentes de la Escuela de Educación cesamos nuestras funciones en señal de protesta, sin conseguir absolutamente nada.

No sólo no conseguimos el pago de la cuota de forma inmediata (esto tardó dos semanas) sino que la situación se volvió a repetir, recibiendo en ocasiones un pago parcial de la cuota adeudada, bajo el argumento de que “era lo único que se nos podía pagar”. Algunos pagos, no se han llevado a cabo en la fecha final por problemas de fondos de los cheques, volviéndose una práctica habitual que las fechas de pago sean los días viernes con cheques que se entregan sólo después de las 14.00 hrs. La penúltima cuota del semestre, equivalente al 15% del total, debía ser cancelada el 25 de enero, sufriendo diversas irregularidades, frente a lo que finalmente se informa por correo electrónico que se cancelaría en periodo de vacaciones. Llegada la fecha, no hubo pago alguno. El martes 14 de febrero, a varios docentes sólo se les canceló el 25% de la cuota (es decir, un poco más del 3% del total) y a otros no se les ha cancelado nada. No hay noticias al respecto, y ninguna información oficial.

Como colectivo de docentes estamos indignados por el trato humillante al que se nos ha sometido y creemos que de varias formas esto impacta en la calidad de los servicios educativos que la propia institución ofrece. Se trata de una universidad que recibe aportes del Estado, y que paradójicamente, se encuentra acreditada en Gestión y Docencia de Pre Grado. Esto debe terminar. No es posible que los salarios de los docentes operen como préstamos sin consentimiento, sin reajustes ni intereses, para una universidad que recibe grandes ganancias con los aranceles de sus estudiantes.

Profesores a Honorarios Escuela de Educación
Universidad del Mar Casa Central Viña del Mar

Vea el informe que preparó el CDE sobre el Acuerdo Marco que firmó Baeza en 2007

La fiesta se desató apenas terminó la reunión que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) sostuvo el 13 de enero de 2010. Un año y medio antes, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina había presentado una solicitud para que el pueblo ubicado a 16 kilómetros de Santiago y las pertenencias mineras que le han dado vida desde fines del siglo XIX, sean declarados Monumento Nacional. Decían que sólo así podrían protegerse por ley su forma de vida y los 125 años de historia y actividad productiva en las canteras que tienen en Chicureo, uno de los sectores residenciales más exclusivos de Santiago y uno de los más importantes trofeos que hoy disputan empresas inmobiliarias.

Como consta en el acta de aquella reunión, ese miércoles de enero de 2010 se aprobó por ocho votos a favor y tres abstenciones la solicitud de los trabajadores de las piedras: las antiguas canteras en desuso pasaban a ser Monumento Histórico y el pueblo y las seis canteras en plena explotación se transformaban en Zona Típica. Apenas se dio aviso del resultado de la votación, los cerca de 300 canteros que esperaban afuera comenzaron en la misma calle las celebraciones. Para ellos era un triunfo. En cosa de días se los arrebataron.

Para que entrara en vigencia la designación de las nuevas áreas protegidas, la entonces ministra de Educación y presidenta del CMN, Mónica Jiménez, debía firmar un decreto que así lo estipulara. Pero no lo firmó. En marzo de ese año ella dejó el cargo y el nuevo ministro, Joaquín Lavín, tampoco lo hizo. En febrero de 2011, como señala El Mostrador, un grupo de organizaciones ciudadanas presionaron para que se sellara el acuerdo del CMN, acusando que la negativa de los ministros a firmar el documento se debía a presiones de los proyectos inmobiliarios en el sector.

Frente a las presiones, y “ante la eventual declaración de Zona Típica de las canteras uno a seis”, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) un informe jurídico “tanto desde la perspectiva civil como penal” sobre un contrato suscrito en mayo de 2007 entre la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina y la Sociedad Inmobiliaria La Reserva S.A., un documento que selló la cesión de 210 hectáreas a la empresa inmobiliaria y que derivó en litigios judiciales por estafa, apropiación indebida y prevaricación en contra del hombre que “asesoró” a los canteros y se quedó con los $800 millones que significó la transacción: el abogado Álvaro Baeza Guiñez.

El nombre de Baeza y su rol en ese “Acuerdo Marco” habrían pasado por alto si no fuera porque su papel como asesor de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, fue clave en el pago irregular de $17.000 millones por parte del Serviu a la constructora Kodama por el atraso en la construcción del corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda. La investigación de ese caso en Contraloría terminó con la renuncia de Matte y con la formalización que se llevará a cabo en marzo de Baeza y otros funcionarios del Serviu y el Ministerio de Vivienda por fraude al fisco.

El acuerdo gestionado por Baeza entre los canteros y la inmobiliaria se convirtió en la piedra de tope para que el Ministerio de Educación decretara vigente la decisión del CMN. Por eso, se le pidió al CDE que lo analizara. El pasado 2 de enero, el presidente de la entidad, Sergio Urrejola, le envió al actual ministro de Educación, Harald Beyer, el informe solicitado. El oficio resultó demoledor.

EL ACUERDO DE LA DISCORDIA

Aunque en 2006 una sentencia de la Corte Suprema indicó que el terreno era propiedad de los canteros, Inmobiliaria La Reserva S.A. insistía en que ambos detentaban derechos de propiedad y de concesión minera sobre los mismos terrenos en una extensión de aproximadamente 260 hectáreas. Ante esa ofensiva, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina requirió con urgencia asistencia legal para preservar sus pertenencias mineras en el subsuelo de 300 hectáreas de Chicureo. Se la ofreció la empresa Canteras Quintay S.A., cuyo único interés aparente en la disputa era adquirir a los canteros la roca molida. Ambas entidades formaron parte del Acuerdo Marco bajo la representación de Baeza. Los canteros nunca supieron que él era socio de Canteras Quintay S.A. y tenía interés económico en el negocio que se estaba gestando.

Las primeras cinco páginas del informe elaborado por el CDE analizan en detalle las características del Acuerdo Marco que se firmó en mayo de 2007. Según el CDE, el contrato corresponde a un “acto que se le denomina finiquito, que jurídicamente tiene valor de una transacción extrajudicial”, y su objeto era dejar sin efecto los procesos judiciales previos, lograr el desarrollo sustentable de las actividades tanto de los mineros como de la inmobiliaria y dar por terminadas las controversias judiciales anteriores.

El acuerdo terminó por sellar el traspaso y compraventa de 210 hectáreas por parte de los canteros a la inmobiliaria, el 70% del terreno dedicado a la explotación minera. También se acordó el usufructo minero y la servidumbre negativa a favor de La Reserva S.A. y que los canteros arrendarían pertenencias mineras a Canteras Quintay S.A. Por cada uno de los contratos se estableció como precio un peso. Además, “como contraprestación económica por cualquier causa pasada, presente o futura con relación a este acuerdo, a la actividad canterera y a las causas señaladas (…) y, en particular, por el costo que ha significado a Los Canteros los distintos juicios”, se estableció que la inmobiliaria pagaría un total de 40.000 UF ($800 millones) a la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina. Pero los trabajadores no vieron ni un solo peso.

El informe dice: “En el mismo acto y por instrucción de Los Canteros, se paga por cuenta de aquellos a la oficina de abogados Baeza y Compañía Ltda., pagando en efectivo a Álvaro Baeza, quien los recibe como contraprestación por los servicios prestados a Los Canteros, declarando Los Canteros recibir dicha suma a su entera satisfacción”.

Los dineros de la transacción fueron a parar al bolsillo del abogado Álvaro Baeza. En ninguna parte del documento dice que esa plata fue el precio de la compra de los terrenos, sino que se establecen como una “contraprestación económica”. Ese es sólo uno de los puntos que el CDE consideró no sólo para considerar el acuerdo lleno de vicios que podrían causar su nulidad, sino que también para calificarlo como “un ardid engañoso”.

EL DERRUMBE DEL CONTRATO

Luego de exponer sus características, el informe del CDE detalla punto por punto las “peculiaridades” que ponen en entredicho la validez del acuerdo entre los canteros y la inmobiliaria.

El documento indica que para que el acuerdo se haya llevado a cabo, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina debía aprobarlo a través de su Asamblea de Socios, pero no consta en ningún documento que así haya ocurrido. De hecho, sobre el mismo punto, el informe del CDE señala que el entonces presidente de los canteros, Elías Aravena Villarroel, convocó de manera irregular a una Asamblea el 19 de abril de 2007, y agrega: “Abusando de la ignorancia de los convocados y la confianza depositada en el abogado ‘asesor’, se obtuvo que los asistentes respaldaran en un 100% a la directiva en el cierre y firma final del acuerdo. No se dejó constancia en el acta ni en qué consistía el acuerdo, ni las partes del mismo ni ninguna otra circunstancia que lo hiciera inteligible. La exposición de un ‘posible acuerdo’, como refirió Baeza en la Asamblea, se hizo de modo verbal con planos y se evitó por el entonces presidente del directorio, dejar cualquier constancia escrita de lo aprobado por la Asamblea por razones que hoy se tornan obvias”.

Lo anterior, según el CDE, no sólo constituiría causal de nulidad del acuerdo, sino que además se configuraría el delito de estafa, ya que los canteros habrían sido engañados para llevarlo adelante. De acuerdo a lo que Nicolás Candel denunció en una columna publicada en CIPER, después de firmado el acuerdo Aravena “se fugó” a Casablanca donde construyó una casa y un nuevo taller de piedra.

El informe también dice que lo que se denomina como servidumbres negativas, no existe conceptualmente. Además, como el mismo acuerdo indica, en agosto de 2006 la Corte Suprema dictó sentencia sobre la propiedad de los terrenos en disputa y dijo que las 300 hectáreas eran de los canteros. “La referencia a ese juicio como asunto pendiente no es pertinente”, dice el informe del CDE, y agrega que sobre los otros juicios no se informa ni sobre qué tratan ni en qué estado se encuentran, por lo que no existiría causa que justifique la transferencia, lo que sería causa de nulidad absoluta. Y que si la hubiera, el documento no cumple “con el requisito esencial de contener concesiones recíprocas, siendo posible sostener que hay más bien renuncias de derechos no disputados”. O sea, que el acuerdo carga la balanza a favor de la inmobiliaria, la que obtiene las 210 hectáreas a cambio de prácticamente nada. Otra causal de nulidad.

El CDE también cuestiona los precios a los que se refiere el acuerdo. Como el valor de la compraventa, los usufructos y las servidumbres a favor de Inmobiliaria La Reserva S.A. se fijan en un peso, el informe indica que es otra causal de nulidad absoluta, ya que “no es un precio serio, por lo que puede afirmarse que no existe precio”.

En todo caso, para que el documento se declare nulo, el Tribunal Arbitral que el mismo acuerdo designa debe hacerlo. Pero los “árbitros arbitradores” son el mismo Baeza y el abogado de la inmobiliaria, Gabriel José Vial Vial, y las partes no pueden alegar, una cláusula que el CDE también cuestiona en su informe.

QUERELLAS BIEN FUNDADAS

Después de que se firmara el acuerdo y los canteros perdieran el 70% de sus terrenos, la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina estableció una querella contra los representantes y directivos de Inmobiliaria La Reserva S.A. y el abogado Álvaro Baeza por estafa, apropiación indebida y prevaricación. Esas acciones legales se fundan, según el informe del CDE, “en la utilización de ardides y engaños por parte de los querellados para obtener la suscripción de 12 escrituras públicas que determinaron la enajenación de 210 hectáreas de terreno superficial que corresponde a pertenencias mineras de propiedad de los querellantes, con el despojo y el perjuicio económico correspondiente”.

El análisis que realizó el departamento jurídico del CDE indica que “en base únicamente a la relación de los hechos de la querella”, pareciera tener buen fundamento jurídico. De ahí que en sus últimos dos párrafos señale que en caso de obtenerse sentencia condenatoria penal, podría darse la posibilidad de solicitar la nulidad, a lo menos relativa, del Acuerdo Marco, lo que permitiría que se volviera al status quo previo a los delitos cometidos.

Sobre la posibilidad de que se declare definitivamente el área como Zona Típica, el informe dice que es necesario otorgarle cierta protección al sector Las Canteras, si es que el CMN lo considera apto para ser declarado como tal. Ello, porque el Acuerdo Marco gestionado por Baeza, a juicio del CDE, “es un acto reñido con la ética por parecer más un despojo que un acto libre y voluntario de disposición de bienes”.

Fuimos recibidos por el General Jefe de Zona, el Prefecto y el Comisario. Todos nos dieron el saludo protocolar, pero ninguna orientación al aporte que con nuestro trabajo haríamos a la institución para el cumplimiento de su misión.

Lentamente me di cuenta que mis actividades estarían orientadas a lo que se denomina servicio de guardia y servicio de población, pero nunca recibí de mi jefe alguna orientación sobre su finalidad o las metas que debería alcanzar. A la vez, tampoco pude dárselas al personal que trabajaría bajo mi mando. Existían reglamentos que se referían a aspectos formales, que no daban tampoco ninguna claridad acerca de la misión y objetivos. Por consiguiente, no lograba percibir cómo me evaluarían. Pensando que la meta sería acatar el reglamento, yo cumplía rigurosamente los horarios y las formalidades del servicio. Muchos no lo hacían, dando un pésimo ejemplo, y algunos atendían mal al público. Sin embargo, no había ninguna supervisión por parte del mando. Muchas veces pensaba sobre la forma en que podría evitar la comisión de delitos durante mi servicio, sin encontrar respuesta ni menos alguna orientación de mi jefe.

Dos años después fui trasladado a la Subcomisaría de Chimbarongo. Mi rol cambió radicalmente. Ahora me correspondía designar al personal que realizaría los servicios de guardia y de población, además de supervisar cuatro retenes que dependían de la subcomisaría. Esta designación cambió radicalmente mi actividad, pues, como lo denominan los expertos en administración, de la línea pasé a la administración; es decir, debía declarar la misión, establecer los planes, fijar metas, asignar tareas, supervisar el desempeño, orientar el trabajo de los colabores, evaluar y comunicar los resultados de manera de incentivar el compromiso de todos con el cumplimiento de la misión. Pero como no se hablaba de estas actividades ni nada de eso se me enseñó, no lo realizaba, por lo que seguía la rutina. La prevención del delito era mínima, limitándonos a recibir las denuncias y canalizarlas al tribunal competente.

Sobre esta nueva actividad tampoco recibí ninguna orientación de mis superiores ni en las reuniones de oficiales se habló de la misión, del grado de su cumplimiento ni menos de la realidad relativa a ella. Todo se remitía a aspectos formales. Por mi parte, en las reuniones con mis dirigidos hacía lo mismo, aún cuando me quedaba la duda sobre si lo que ellos hacían en sus actividades era lo correcto para prevenir la ocurrencia de delitos. Como no tenía claridad de la misión que ellos debían cumplir me limitaba a guiarme por los reglamentos, que aparte de aspectos formales no daban ninguna orientación. En esta etapa comencé a darme cuenta que no sabía hacer un plan, además de que las órdenes de servicios del nivel superior no eran exactamente un plan, pues no declaraban la misión, no fijaban metas ni establecían tareas claras. Por mi parte, cuando a mi me correspondía, hacía lo mismo.

DETENCIONES MASIVAS

Dos años después, fui trasladado a la Segunda Comisaría Santiago Centro, nuevamente volví a la actividad de línea, es decir, a servicios de guardia y población. Mi comprensión sobre ello continuaba igual de confusa y, a la vez, el mando no me daba ninguna orientación. Todo era la rutina de siempre.

En paralelo a los servicios de corte policial, existe lo que se denomina labores administrativas, que comprende realizar sumarios, dirigir comisiones administrativas, efectuar investigaciones internas y elaborar informes diversos. Sobre estas materias no recibí ninguna capacitación en la Escuela de Carabineros y el jefe respectivo tampoco me orientó cuando me correspondió realizarlas por primera vez. Siempre me guiaba por lo que alguien había hecho anteriormente.

En esta comisaría pude conocer lo que se denominaba “rondas masivas”, que consistían en secciones de fuerzas especiales que salían por las noches a recorrer los sectores de las comisarías y realizaban muchas detenciones por “sospechas”, algunas por ebriedad y también por “ofensas a la moral” (prostitución). En estos casos, los ebrios y prostitutas eran puestos a disposición de los tribunales y los sospechosos debían ser “ingresados” en el libro de guardia, enviados al calabozo y después de ciertas horas dejados en libertad “por falta de méritos”. Todo esto constituía mucho trabajo para el oficial de guardia, pues todo era manuscrito en el libro de guardia y generalmente significaba horas extras de trabajo.

Estas detenciones eran indiscriminadas, pues en una ocasión hasta un profesor universitario fue detenido, quien muy indignado, cuando trataba de darle explicaciones por la mala actuación del personal de fuerzas especiales, me manifestó:”no se preocupe, ya veo con quienes están Uds. acostumbrados a tratar”. Estas rondas eran dispuestas por el Alto Mando, que nunca las evaluó ni reparó en que se detenía indiscriminadamente y se afectaba especialmente a los más vulnerables socialmente, causa de rechazo hacia nosotros, lo que en algún momento tendría un alto costo.

Desde esta comisaría fui trasladado al Grupo de Instrucción Los Andes y, previa asistencia a un curso de montaña y fronteras, como jefe de la Tenencia San José de Maipo. Mi labor era netamente directiva. Como tampoco recibí una orientación, me guié por los reglamentos y por mi particular punto de vista. Además del personal de la tenencia, estaban bajo mi supervisión seis retenes. La orientación que di a todos fue la misma que me habían dado a mí y se limitaba a lo formal y reglamentario. Por consiguiente, el personal también actuaba bajo su particular punto de vista y difícilmente comprendía que su misión era prevenir los riesgos de que se alterase el orden público y la seguridad o no se acatasen las leyes bajo nuestra supervisión.

CONTROL DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS

Posteriormente, fui trasladado a la Escuela de Suboficiales, donde lo más importante eran los aspectos formales, al igual que en las comisarías, pero sobre nuestra misión cada cual debía deducirla. En este lugar fue donde realmente adquirí experiencia para enfrentar las manifestaciones públicas (gobierno de la Unidad Popular). Mis primeras experiencias fueron atroces, de partida se me enviaba al centro y no se me daba ninguna información sobre lo que estaba sucediendo, de manera que no sabíamos cuál era la misión, menos si las manifestaciones eran legales o ilegales ni tampoco si alguien comandaba todas las fuerzas para que nos diese alguna orientación sobre el plan de acción. Solamente la central de radio indicaba que había que disolver al grupo de manifestantes y uno debía ver cómo hacerlo. Con el tiempo fui ideando formas de actuar y orientando a mis dirigidos. Finalmente adquirí mucha experiencia y seguridad sobre cómo proceder, pero nunca hubo un plan de acción del mando, de manera que se producían errores tal como continúa ocurriendo y pagaba el que se equivocaba, al igual que en la actualidad.

La mantención del orden público requiere un profundo análisis, pues manifestarse pacíficamente es legal y muchas veces por no haberlo hecho ni elaborado un verdadero plan, con nuestras actuaciones aumentamos el problema.

Con el tiempo y ya con el grado de mayor, gracias a mis estudios como autodidacta y guiado por la obra “Administración por objetivos y resultados” de George Morrissey, comencé a hablar de “misión” y de “objetivos”, lo que me resultó extremadamente difícil, puesto que en la institución ese lenguaje era desconocido. No se hablaba de misión y menos de metas. Por consiguiente, nadie era responsable de prevenir los delitos más frecuentes, tal como ocurre en la actualidad. El autor señalaba que si el nivel superior no le indicaba la misión, uno debía definirla (año 1982). Definir la misión de la institución me fue demasiado difícil y más aún declarar metas. Finalmente llegué a la conclusión de que es “garantizar la seguridad, el orden público y el cumplimiento de las leyes que están bajo su supervisión”.

En esta etapa llegué a la conclusión de que otro punto muy débil y decisivo era la información sobre los hechos que estaban alterando la seguridad, el orden público y leyes que no estaban siendo acatadas. El servicio de inteligencia existe, pero no aporta ninguna información válida para planificar, tal como pude apreciarlo durante la visita del Papa en que me correspondió comandar las fuerzas que resguardarían su seguridad en la Universidad Católica. El cumplimiento de nuestra misión involucra riesgos de que se altere la seguridad, el orden público o se incumplan las leyes bajo nuestra supervisión, pero de riesgos tampoco se habla. Por consiguiente, para poder planificar mi acción debí suponer lo que actores sociales, religiosos y políticos podrían intentar hacer, dada la situación que se vivía (gobierno militar) y los riesgos que ello involucraría. Riesgos a la seguridad del Papa no veía, pero sí al orden público. Lo único que vi como potencial riesgo era que sectores descontentos con el gobierno levantaran carteles exigiendo libertad, democracia o algo parecido, lo que legalmente no era delito.

En una reunión de quienes comandaríamos fuerzas con el general que dirigía toda la operación, planteé mi suposición para definir lo que haríamos ante la eventualidad de manifestaciones de este tipo y no hubo respuesta. Fue justo lo que pasó frente a la Universidad Católica en el momento de la llegada del Papa. Como di órdenes de no intervenir, pasados unos minutos los manifestantes retiraron los carteles y no hubo ningún desorden. En cambio, en otra reunión masiva en el Parque O’Higgins, sucedió lo mismo y se intervino, lo que terminó en serios disturbios. Este pequeño ejemplo es muy elocuente sobre nuestra gestión como directivos, pues no tenemos conciencia de que el análisis es el punto de partida para hacer planes y tomar decisiones correctas. En el caso comentado me fue de mucha utilidad haber estudiado la obra “La mente del estratega” de Kenichi Ohmae, autor japonés aún muy vigente.

RESISTENCIA AL CAMBIO

En la actualidad la realidad social ha cambiado mucho y los actores sociales se expresan mucho más y con mayor fuerza, pero como Carabineros no ha cambiado nada ni hace verdaderos análisis, en la forma en que lo expone el autor japonés que cité, vemos los mismos problemas de antaño. Pero como ahora nuestras actuaciones cualesquiera puede grabarlas, quedan al descubierto los errores, que cuestan muy caro al que los comete.
La sociedad es implacable con los responsables directos y el mando hace lo propio, desligándose de su responsabilidad, sin reparar en que la causa de los errores es la ausencia de una gestión profesional y, tal como lo expresé en una columna anterior, se deben a nuestra pésima formación y a la muy fuerte resistencia al cambio en quienes tienen en sus manos el liderazgo.

La sociedad, al pedir severos castigos contra el que actuó mal, también se equivoca, pues está atacando los síntomas y no las causas, por lo que los mismos errores se vuelven a repetir, significando la pérdida del cargo o la cárcel y a veces ambas cosas para los que se han equivocado. Siempre me ha sorprendido que la sociedad, a través de sus representantes, que son la autoridad de la cual depende Carabineros, no analice y erradique el problema, porque de lo contrario, los errores y los riesgos de que se altere el orden público, la seguridad y el incumplimiento de las leyes, continuarán sin ser prevenidos. Y tal como lo vemos a diario, seguirán en aumento. Es decir, se reaccionará pero nunca se accionará.

Las naciones asiáticas, europeas y latinoamericanas que participaron en la reunión de la Organización Regional de Administración Pesquera para la Alta Mar del Pacifico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés) acordaron limitar las capturas al 40% de los niveles registrados en 2010, un total cercano a las 340.000 toneladas en 2012. Sin embargo, Perú reclamó su derecho a acceder a 120.000 toneladas extra dentro de las 200 millas de su Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Por otro lado, Chile podría no estar dispuesto a hacer honor a ese límite propuesto porque el gobierno y la industria ya acordaron una cuota muy por encima del 40% de lo pescado en 2010. Y nadie sabe qué hará Ecuador. Ese país desembarcó casi 70.000 toneladas en 2011, pero no participó en las negociaciones de la semana pasada en Santiago. La SPRFMO, una organización intergubernamental encargada de proteger la sustentabilidad de los recursos en el Pacífico Sur, aún no ha sido ratificada, así que todavía no puede establecer límites que sean vinculantes.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el pasado 25 de enero una investigación que realizó durante meses en conjunto con CIPER e IDL-Reporteros y reveló que las flotas pesqueras, bajo una lógica de libre acceso para todos, han reducido la población de jurel desde las 30 millones de toneladas a menos de tres millones en sólo dos décadas. El jurel, un pez huesudo y de tonos bronce, es un componente clave para elaborar harina de pescado que alimenta a la acuicultura. Para producir un kilo de salmón en las granjas acuícolas se necesitan, por lo menos, cinco kilos de jurel.

Los barcos rastreros más grandes del mundo se movieron hacia el sur después de depredar otros océanos, donde las flotas pesqueras locales han sobreexplotado los recursos por décadas. Ahora, los científicos aseguran que la biomasa desovante de jurel está por debajo del 5% de su nivel original.

“HACIA EL OLVIDO”

La investigación de ICIJ reveló que los mínimos controles que Perú ha impuesto para el desembarque del jurel y las presiones de la industria han permitido que el gobierno autorice la pesca de peces juveniles, cruciales para la reproducción del stock. También que las compañías pesqueras peruanas han arreglado las balanzas para no reportar al menos 630.000 toneladas de anchoveta –otra especie importante para la elaboración de harina de pescado– durante los últimos dos años y medio.

En reacción a la investigación del ICIJ, el parlamento holandés se comprometió a debatir la sobrepesca en el Pacífico Sur la próxima semana. Uno de los actores clave en la pesquería del jurel es la Asociación de Rastreros Congeladores Pelágicos (PFA), una organización radicada en Holanda que representa a nueve compañías y 25 naves con bandera de la Unión Europea.

Algunos delegados de la SPRFMO que participaron en la reunión de Santiago, informaron nuevas presiones por parte de sus gobiernos para tomar acciones y ponerse firmes. Pero los conservacionistas que vieron en la reunión de principios de febrero una oportunidad para revertir la curva descendente expresaron amargura.

-Las flotas de pesca industrial han destruido las pesquerías y a pesar de la clara evidencia científica de que las capturas deben reducirse. Las naciones pesqueras han insistido en la conducción de los recursos hacia el olvido –dijo Duncan Currie, de la Coalición de Conservación Mar Profundo.

Bill Mansfield, presidente de la SPRFMO, dijo a ICIJ que estaba profundamente decepcionado. Pero agregó que confía en que la organización sea ratificada durante 2012, después de más de seis años tomando forma. Eso podría darle a sus decisiones y cuotas fuerza de ley.

POSICIÓN PERUANA: “NEGATIVA Y DECEPCIONANTE”

Al comienzo de la reunión, Mansfield dijo a las 18 delegaciones que tanto las zonas de alta mar como las aguas territoriales tienen que ser administradas cooperativamente de acuerdo a los datos científicos. “De otra forma, el colapso es inevitable y todos van a perder”, sentenció.

Pero algunos delegados han presionado hasta el extremo. Corea del Sur, con una enorme flota ya posicionada, propuso una pesca sin controles hasta que entre todos los estados capturen 500.000 toneladas. El año pasado, Corea del Sur rechazó unirse a un corte voluntario de la cuota y, en cambio, pescó 1.000 toneladas más que en 2010.

Al final, Corea del Sur acordó junto a los demás los límites para este año. China, que se resistió a la disminución de la cuota el año pasado, aceptó también los nuevos límites. La resistencia fue de Perú.

Los representantes de la Unión Europea señalaron a ICIJ que la posición de Perú era tan “negativa y decepcionante” que podría enfrentar sanciones comerciales.

Aunque el jurel normalmente nada en gigantescos cardúmenes afuera de las aguas peruanas y chilenas al medio del Pacífico Sur, en 2011 gran parte de las capturas fueron cerca de la costa sudamericana.

Perú capturó casi 260.000 toneladas en 2011, y su delegación argumentó que su recorte propuesto –alrededor de la mitad de ese monto– era sustancial.

En Lima, las autoridades pesqueras insisten en que Perú tiene el derecho de explotar sus aguas territoriales independientemente de las cuotas que la SPRFMO ha impuesto para alta mar. Ellos dicen que tienen su propio stock de jurel en sus 200 millas de ZEE. Lo mismo han argumentado las empresas pesqueras del norte de Chile, lo que les permitió impulsar y lograr la promulgación de una ley que las autoriza a pescar jurel juvenil. Sin embargo, esa es una teoría que los científicos aún están estudiando.

Bajo una creciente presión internacional, la semana pasada se suspendió temporalmente en Perú la pesca del jurel dentro de su ZEE después de que las empresas de ese país capturaran la cuota completa para el primer trimestre de este año en menos de 20 días.

-Para los chilenos, Perú es el malo de la película mientras que ellos siguen las reglas. Ellos dicen que tienen un control racional, pero no es verdad. Los chilenos causaron el colapso del jurel –dijo a ICIJ Gladys Cárdenas Quintana, directora científica del instituto de investigación financiado por el gobierno peruano, Imarpe.

CUOTA CHILENA SUPERA EN 35% LO ACORDADO EN SPRFMO

A ratos, la reunión en Santiago parecía un circo. Activistas de Greenpeace disfrazados de jureles desplegaron un gran lienzo exigiendo a los estados de la SPRFMO que protejan a los peces en peligro. Samuel Leiva, el jefe de campaña de la sede chilena de la ONG, quien ha monitoreado las reuniones de la SPRFMO desde que comenzaron, pidió insistentemente un límite de 260.000 toneladas para 2012 y medidas más enérgicas para reforzar su cumplimiento.

-Mientras la flota chilena ha reducido sus capturas internas, la peruana capturó cerca de seis veces más de lo que había prometido capturar –dijo en una conferencia de prensa.

Después, Leiva habló con ICIJ. Entonces dijo que si el descenso de la población continuaba, el próximo año Greenpeace presionaría ya no para reducir las capturas, sino que para obtener una veda total del recurso, algo que algunos científicos ya han propuesto.

Pero Chile, que capturó más de 28 millones de toneladas de jurel en los ’90 antes de hacer un importante recorte de las cuotas, también enfrentó críticas. En la actualidad, sus registros de captura ascienden a cerca de la mitad de las reportadas en todo el Pacífico Sur. De hecho, sus políticas pesqueras y la intensa influencia de la industria en la regulación del sector durante las últimas décadas, han hecho que sea el principal responsable en la depredación del océano.

La propuesta inicial del gobierno se ajustaba a lo acordado en la SPRFMO y pretendía establecer la cuota en un 40% de lo capturado en 2010. Eso significaba reducir la cuota en un 41% en relación al año anterior y que sólo se podrían pescar 186.000 toneladas de jurel durante 2012. Pero el Consejo Nacional de Pesca, donde el 60% de los integrantes representa los intereses del sector productivo, rechazó esa rebaja.

Como la ley indica, al rechazarse la cuota, se sitúa automáticamente en el 80% de la del año previo. Aunque las autoridades han señalado prácticamente como un logro la reducción, lo cierto es que el límite de capturas se cerró en 252.000 toneladas, un 35% más de lo que propuso el gobierno y casi el 84% de la cuota para todo el Pacífico Sur. Y es poco probable que el país esté dispuesto a modificar la cuota aprobada a fines de 2011 y así hacerla calzar con los niveles acordados en la reunión de la organización intergubernamental.

Viendo lo que se viene, Mansfield señaló que una ciudadanía que está pendiente y atenta a los riesgos medioambientales y que un debate legislativo como el que se organizó en Holanda para la próxima semana o la discusión en Chile por la nueva Ley de Pesca, ofrecen motivos para el optimismo.

-Una vez que entremos a la etapa de obligaciones legales y vinculantes, la habilidad para administrar (los stock) exitosamente debería ser mucho mayor –dijo a ICIJ.

Ver publicación original en Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Milagros Salazar (Perú) y Steve Bradshaw (Chile) colaboraron para este reportaje.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una red global e independiente de periodistas en más de 50 países que colaboran en investigaciones transnacionales. Forma parte del Centro para la Integridad Pública, una organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación.

Podemos suponer que este no es el primer caso ni será el último en que aquello que ayer perteneció al abuelo de una familia sea aprovechado por los nietos. Y cabe preguntarse qué problemas nos plantea una situación como esa. ¿No es acaso esta la forma “natural” de justificar nuestro esfuerzo y trabajo? ¿Acaso el trabajo no tiene como justificación exclusivamente el bienestar de mi “familia” (actual y futura)? Dicho de otra forma: si una generación compró algo barato hace muchos años y hoy una nueva generación lo vende caro, ¿qué se puede reprochar? Por otro lado, ¿cómo entender que haya personas que se benefician económicamente sólo por ser hijos o nietos (¿habrá bisnietos por ahí?) de quien lo son? ¿Cómo es posible que en un caso como este no se pague impuesto a la renta por la ganancia de capital (esto es, por la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta del inmueble)?

Hoy, cuando discutimos sobre una posible reforma o “perfeccionamiento” tributario, estas preguntas se vuelven relevantes, pues si no somos capaces de entender la situación en que estamos, difícilmente daremos con el remedio adecuado.

En esta columna me gustaría plantear algunas posibilidades para entender el problema del sistema tributario vigente, mostrar por qué una reforma –centrada únicamente en un aumento de tasas impositivas– o un “perfeccionamiento”, es insuficiente para lo que necesitamos: un sistema tributario no sólo concentrado en obtener recursos públicos y “cuidar” la economía, sino uno entendido como el sustento necesario del Estado y de las condiciones que hacen posible nuestra vida en sociedad.

Hay quienes, de manera equivocada, creen que lo indignante de la situación descrita en un comienzo es que se haya usado la ley instrumentalmente para pagar menos impuestos. De acuerdo a esa mirada, estaríamos ante un caso de evasión (“elusión” o “planificación”) tributaria. En el lenguaje siútico e inexacto para la realidad tributaria chilena se trataría de un loophole, término en boga e importado directamente desde Harvard. La solución que corresponde sería, entonces, un “perfeccionamiento” para cerrar estos vacíos. Otros creen que lo que centralmente nos muestran casos como el descrito es que estamos recaudando pocos ingresos; la solución, entonces, es aumentar las tasas de los impuestos (generando, claro está, en lo que se ha transformado la ortodoxia, las “menores distorsiones” posibles).

Un mínimo análisis del caso en estudio nos indica que las propuestas reseñadas son remedios para otras enfermedades. La falta de recursos del Estado es un asunto muy relevante, no cabe duda, pero el problema del sistema tributario vigente en Chile no es que centralmente recaude pocos ingresos, sino que quienes tienen más no están contribuyendo como deberían. Lo que necesitamos entonces es una refundación; entender que antes que fijarnos exclusivamente en la recaudación (que, como ocurre en Chile, puede ser producto de un sistema inadecuado), necesitamos invertir los términos de la discusión para empezar por preguntarnos qué estructura tributaria tenemos. El caso mencionado de la venta del terreno sirve para dar algunas respuestas a esa interrogante.

El sistema tributario chileno permite (y si uno quisiera adoptar el lenguaje de los economistas “incentiva”) que casos como este ocurran. Sí, leyó bien: la situación narrada por los medios no es algo hecho a espaldas de la ley, sino algo que la ley permite.

Según sabemos por la columna de CIPER, los vendedores del terreno lo adquirieron por donación. Por esta transferencia debe pagarse impuesto a las donaciones. Podemos suponer que los abogados tributaristas deben haber aconsejado al padre traspasar esta propiedad a los hijos mediante donación y que éstos pagaran el impuesto correspondiente, para que no existiera reproche alguno de ilegalidad en la operación. Para recomendar esta estrategia los abogados asesores deben haber argumentado que el impuesto a las donaciones es mucho más bajo que la ganancia que se obtendría luego con la venta del inmueble. Haciendo esto, además, no es necesario utilizar “artilugios” para evitar el pago de impuestos.

Contra lo que Libertad y Desarrollo nos ha querido hacer creer, el impuesto a las donaciones conviene pagarlo porque es muy bajo y permite traspasar los privilegios que gozaron los padres, a los hijos. Una vez que éstos son los dueños del terreno, pueden venderlo y no pagar impuesto a la renta alguno (por el mayor valor obtenido en la venta), “siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley”. Las condiciones que establece la ley son pocas: (Ley sobre impuesto a la renta, arts. 17 Nº 8 letra (b) y 18): (i) que no se trate de bienes raíces que forman parte del activo de empresas que declaran su renta efectiva en la primera categoría; y (ii) que no se trate de operaciones habituales (conforme a los términos especificados en la misma ley). Eso es todo.

Un escenario como el descrito no cambia si se decide aumentar las tasas de los impuestos.

Nos queda mostrar ahora por qué un “perfeccionamiento” tampoco resuelve el problema. Para comenzar, es importante notar que hablar de “perfeccionamiento” respecto de algo supone que ese algo es bueno para lo que se quiere y que solo necesita algunas mejoras. La pregunta que nos deberíamos hacer entonces es: ¿para qué es bueno el sistema tributario que tenemos?

Pues bien, el sistema tributario chileno es bueno para privilegiar a unos pocos. Está diseñado para privilegiar a unos pocos, así de simple. El sistema tributario actual es el sistema neoliberal instaurado en 1984 al cual se le han ido sumando perfeccionamientos (sin las comillas). En este sistema, por ejemplo, quienes realmente se llevan la mayor carga (en términos comparativos) del impuesto a la renta son los empleados asalariados sujetos a contrato de trabajo. Ellos no pueden realizar “planificaciones” tributarias porque sus impuestos son retenidos por los empleadores. No pueden, tampoco, diferir el pago del impuesto global complementario. Y, además, son quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar el IVA cada vez que consumen.

Que estos contribuyentes deban pagar impuestos no es el problema; el problema es que en ellos descansa el Estado y que sean ellos quienes contribuyen proporcionalmente más. Y hay que estar atentos porque me temo que un “perfeccionamiento” ve estas cosas pero propone más neoliberalismo (y entonces suenan voces que proponen disminuir impuestos).

Lo que hasta ahora nos han dicho el ministro de Hacienda Felipe Larraín y el Presidente Sebastián Piñera es que para “perfeccionar” el sistema piensan aumentar “un poco” el impuesto a las empresas, “alivianar” la carga de las pymes y cerrar loopholes.

“En el sistema tributario actual quienes realmente se llevan la mayor carga (en términos comparativos) son los empleados asalariados sujetos a contrato de trabajo. Ellos no pueden realizar ‘planificaciones’ tributarias ni diferir el pago del impuesto global complementario. Y, además, son quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar el IVA cada vez que consumen”.

Lo que no nos dicen Larraín y Piñera es que creen que el sistema en general les parece adecuado para lo que el país necesita. Como buenos economistas, creen que el sistema recauda lo necesario para el gasto, sin distorsionar los mercados. Con eso basta. Lo que se necesitaría entonces, son dos o tres ajustes para mostrar que el sistema da cuenta de lo que la “gente pide”.

El problema es que aquellos que quieren “perfeccionar” el sistema buscan que el impuesto a la renta esté orientado todavía más hacia un impuesto al consumo (Libertad y Desarrollo en sus “informes” y Rolf Lüders en La Tercera del 20.01.12); es decir, que quienes contribuyan al Estado no sean quienes detentan la riqueza, sino quienes gastan (Lüders, por ejemplo, dice que esto es “justo” porque un impuesto de ese tipo “afecta el valor de aquellos bienes y servicios que las personas le sustraen a la comunidad por medio del gasto o consumo”). Perfeccionar, es para ellos hacer el sistema aún más neoliberal.

Podemos concluir entonces que: (i) el aumento en la recaudación en sí mismo no debería ser hoy el objetivo principal de una reforma tributaria en Chile; y (ii) no necesitamos un “perfeccionamiento”, lo que hoy necesitamos es volver a preguntarnos algo básico: quiénes y cómo deberían contribuir al erario fiscal; para luego preguntarnos para qué.

Una vez que tengamos respuestas a esos temas podremos determinar qué es aquello que necesitamos hacer (por ejemplo cuánto debemos contribuir). Me temo que un “perfeccionamiento” sólo empeorará la situación en que nos encontramos. Un “perfeccionamiento” nada dice respecto de cuál es el objetivo buscado, sino que lo anuncia bajo un velo “técnico”. Tal como se ha planteado hasta ahora, un “perfeccionamiento” tributario es un caso perfecto de ideología, porque permite decir una cosa y hacer otra: decir que aumentamos la recaudación fiscal para financiar la “agenda social”, pero sin decirnos quién paga y cómo lo hacemos.

Para terminar, mi diagnóstico es que el problema del sistema tributario chileno es que está basado en ideas de mercado y no en el concepto político adecuado. Solemos pensar en los impuestos como una carga de la que podemos librarnos con astucia, cuando deberíamos considerarla una contribución que todos debemos hacer para vivir en una sociedad democrática y justa.

Una palabra está ausente en la discusión impositiva, y por cierto en muchas otras discusiones, que define el tipo de sociedad en el que vivimos: Fraternidad. En el debate impositivo no hay una idea de fraternidad que justifique el que hemos de tratarnos unos a otros como ciudadanos. Lo que realmente tenemos hoy es un sistema en que la “agenda social” es financiada por los pobres para los pobres. El sistema tributario chileno no es más que reflejo de las políticas neoliberales que se establecieron en los 80’s y se han consolidado con el paso de los años.

Dicho esto, me parece que la noticia no está en que una familia se enriquezca porque vende un inmueble; lo que justifica la noticia es que lo haya hecho sin pagar impuestos porque el sistema tributario lo permite e “incentiva”. Por otra parte, lo que causa indignación es que las normas que hacen eso posible no sean el tema central de discusión hoy.

Dos años después, en 2011, el programa se cerró. Y lo que en su minuto fue una “joya” de los planes sociales, terminó involucrando a prestigiadas instituciones que promueven los derechos de personas vulnerables -como la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo- en denuncias por despidos de trabajadoras embarazadas.

El programa “Servicios Comunitarios” llegó a tener casi 12 mil contrataciones con una cobertura que abarcaba 33 comunas en las regiones Metropolitana, del Bio bío y Valparaíso. Para ejecutar el plan, la Subsecretaría del Trabajo destinaba fondos que eran entregados a la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP), la que generaba los puestos de trabajo en los que eran capacitadas las mujeres. Una fórmula probada en países como España y Francia. En 2009 esos fondos sumaron $2.205 millones, según cifras difundidas por la FSP.

Con los dineros aportados por la subsecretaría, la FSP pagaba los sueldos de las trabajadoras, las que accedían a puestos de empleo que duraban seis meses -con uno de capacitación- abiertos por instituciones asociadas a la Fundación, como el Hogar de Cristo, el Centro de Profesionales Para la Acción Comunitaria (Ceppac), el Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (Sedej), el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), el Servicio de Salud de Talcahuano y la Municipalidad de Peñalolén, entre otras entidades. Las trabajadoras cumplían turnos de seis horas de lunes a viernes.

Tras el advenimiento del actual gobierno, todo se desencajó. En 2010 la Subsecretaría del Trabajo puso fin al financiamiento del programa y en mayo de 2011 el plan se cerró de manera definitiva. En esas fechas se cumplió el último ciclo de trabajo de seis meses y ya no hubo nuevos cupos.

Teóricamente, las últimas trabajadoras cumplirían su contrato a plazo fijo y el programa sencillamente se extinguiría. De esa forma, los empleadores no quedarían con obligaciones laborales pendientes hacia las mujeres. Debía ser un cierre ordenado y sin sobresaltos. Pero no fue así. A los técnicos del Ministerio del Trabajo que ordenaron el cierre del programa se les escapó un detalle: el pago a las trabajadoras embarazadas, protegidas por el fuero maternal.

DIECISÉIS DEMANDAS

Cuando el programa estaba vigente, si una trabajadora quedaba embarazada automáticamente se le contrataba en el ciclo laboral siguiente por otros seis meses, a objeto de respetar su fuero. Aún así, antes del cierre del plan hubo cinco trabajadoras que demandaron a la FSP dentro de su período de fuero.

Para las que se embarazaron en el último grupo, no hubo extensión del empleo. Esto originó 11 causas en la justicia laboral en las que la FSP demandó a mujeres por desafuero, pues no aceptaron poner fin al vínculo laboral de manera voluntaria. Sólo una de las trabajadoras obtuvo un fallo favorable. Otras trabajadoras embarazadas llegaron a acuerdo con la Fundación y, aunque hicieron la denuncia en la Inspección del Trabajo, su caso no llegó a tribunales.

En total, fueron 16 las trabajadoras que enfrentaron procesos judiciales (11 demandadas por la FSP y cinco como demandantes) a lo largo de todo el programa.

En el mundo de las ONG dedicadas a atender comunidades vulnerables, el tema fue un escándalo. Nada menos que instituciones como la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo estaban envueltos en juicios por despido de mujeres que contaban con fuero maternal.

CIPER entrevistó a seis de las mujeres que trabajaron en el último ciclo del programa y que quedaron embarazadas. Tres de ellas pidieron la reserva de sus nombres. Las otras tres son Rosa Pino (25 años), Susana Fuentes (35) y Mirian Navarrete (40). Todas participaron en programas para el Cuidado del Adulto Mayor en sus comunas. Rosa lo hizo a través del Hogar de Cristo en San Bernardo. Susana y Mirian en la comuna de El Bosque, por medio de una ONG.

De acuerdo con los registros de la Dirección del Trabajo, al término del último ciclo de contratos, en mayo de 2011, la mayoría de las mujeres embarazadas dio aviso a esa repartición. Fueron inspectores de esa institución los que inicialmente pidieron a la FSP que las reintegrara, debido al fuero maternal que las protegía. Así se había hecho en los años anteriores, cuando la Fundación incluía automáticamente a las embarazadas en un nuevo ciclo del programa. Pero en 2011 la situación fue muy distinta.

PRESIONES PARA FIRMAR

Todas las trabajadoras entrevistadas recuerdan el programa “Servicios Comunitarios” como una excelente experiencia, en lo laboral y personal. Pero también coinciden en calificar como complejo y desafortunado el término de contrato.

-Luego de la capacitación que duraba un mes con una enfermera, se comenzaba a trabajar con los viejitos. En diciembre yo quedé embarazada y en enero di aviso a mi supervisora, la que incluso llamó frente a mí a una persona de la Fundación. Desde allá le dijeron que no me preocupara, que me reintegrarían apenas se terminara el programa. Por eso, apenas terminó el plazo, en marzo, fui a la Inspección del Trabajo -cuenta Rosa Pino.

En mayo, cuenta, la comenzaron a llamar desde la FSP para que firmara el finiquito: “Yo lo firmé en la Fundación, pero muy presionada”, dice. Las presiones que relata fueron corroboradas por las restantes entrevistadas.

-Me dijeron que no había plata, que tenía que firmar, que si no lo hacía me iban a demandar y que ellos iban a ganar igual. Después me llevaron a una notaría en ese mismo momento y mi papá me dijo por teléfono que no firmara. Así que la firma no sería legal. Me demandaron. Me desilusioné mucho, porque incluso dijeron que yo no había avisado. Mintieron en varias cosas. Juan Pablo Díaz, por ejemplo, el jefe de Remuneraciones (de la FSP), dijo que yo ya no trabajaba para ellos. Lo bueno es que yo tenía todos los papeles -cuenta Rosa Pino.

Rosa fue la única que ganó su juicio. Recibió un dinero de finiquito e indemnización. CIPER constató que hubo otros casos en que la FSP terminó entregando una suma importante de dinero, equivalente al periodo de fuero -entre $1,5 millón y dos millones de pesos-, luego de llegar a un convenio con las trabajadoras. Pero también se dieron situaciones como la de Susana Fuentes, que sólo recibió un cheque por $530 mil. Ella afirma que lo aceptó porque se sintió “presionada” por los llamados que recibió de la Fundación en mayo y debido a su precaria situación económica:

-Firmé cuando me lo pidieron. Recibí varias llamadas de la Fundación, como cuatro en una mañana. Ese día fuimos con la Mirian (Navarrete). Yo necesitaba la plata, no como mi amiga Mirian, que pudo esperar. Ella se fue a juicio y aunque lo perdió, recibió otra cantidad mucho mejor. Yo fui al otro día a firmar y recibir el cheque por $530 mil. La persona que atendía llamó desde ahí a Juan Pablo Díaz y yo escuché lo que le decía: “Dile que reciba el cheque, si no vamos a ir a juicio y lo va a perder”. Yo les dije que podía hacer aseo ahí en la Fundación, que tenía muchos problemas económicos, que me dieran trabajo. Pero ellos sólo estaban preocupados de que firmara. No me quedaba otra. Imagínese, con cuatro hijos.

En siete de las causas, las trabajadoras fueron defendidas por abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia, en tribunales de Santiago, San Miguel y San Bernardo. Y aunque las defendió la misma institución, con idénticos casos y argumentos, los resultados fueron dispares. Rosa Pino dice haber sentido un gran respaldo de su abogado, Pablo Acuña, que a la postre resultó victorioso. Pero Mirian Navarrete cuenta que su defensora desde un principio le dijo que este era “un caso perdido”.

El director de la Corporación de Asistencia Judicial, Claudio Valdivia, explica que su entidad también considera un éxito lograr un acuerdo con la contraparte:

-La corporación presta servicios de asistencia jurídica y judicial gratuita con ciertos criterios de focalización. En la asistencia jurídica, por ejemplo, la remuneración (del defendido) no puede sobrepasar los $ 388 mil. Todos los que están bajo esa cantidad cuentan con nuestra defensa (…). Con respecto a los resultados, nosotros también consideramos exitoso cuando el juez lleva a las partes a un acuerdo. Por lo que podríamos decir que el 90% de nuestras defensas tiene un término exitoso.

Como lo corrobora Valdivia, en general el procedimiento terminó en un acuerdo. De las 11 demandas por desafuero interpuestas por la Fundación contra las mujeres y las otras cinco interpuestas por trabajadoras contra la FSP -por “despido injustificado” y “cobro por prestaciones”-, en su mayoría los jueces propiciaron el acuerdo, como se aprecia en los documentos de estas causas que se pueden revisar en la web del Poder Judicial.

En el caso de Rosa Pino, la única mujer que ganó su juicio, ella trabajaba para la FSP a través del Hogar de Cristo. La favoreció una cláusula del convenio entre esa institución y la FSP (ver recuadro), que consideraba expresamente la continuidad laboral de las mujeres con fuero maternal: “En el caso de que existan trabajadoras comunitarias que se acojan a la condición de fuero maternal, garantizar al momento del cierre de los servicios la colocación de estas personas en la institución socia o en su defecto otra institución, en la cual éstas puedan llevar a cabo las labores para las que originalmente han sido contratadas”.

RÉPLICA DE LA FUNDACIÓN

Parte de la respuesta oficial de la FPS a CIPER, dice que el 99% de las trabajadoras eligieron la renuncia voluntaria: “Los 11 casos de los juicios por desafuero, corresponden a mujeres que no renunciaron voluntariamente, pues preferían completar el proceso judicial de desafuero. En esos casos se negociaron sumas mayores, dado que la Fundación tenía un plazo límite para cargar los arreglos al programa, con lo cual se optó en los juicios pendientes por pagar el tiempo restante de fuero e indemnizaciones por término de contrato cuando había operado un reintegro, por dos o más embarazos sucesivos”.

La misma respuesta enfatiza el contraste entre “el cierre exitoso de proceso para 1.400 personas versus las 11 que probablemente manifiestan un malestar contra el trato por parte de una persona, y que paradójicamente son las que asumieron el litigio. Creemos que es lo propio de quien cree tener un derecho que va más allá del que realmente le corresponde”.

Finalmentel la FPS defendió el rol de su jefe de Remuneraciones, Juan Pablo Díaz: “Durante su trabajo de más de dos años en el programa, gestionó más de seis mil contratos y finiquitos, y nunca tuvimos quejas o reclamos en su contra”.

EL FIN DEL PROGRAMA ESTRELLA

En 2004, luego de la mala imagen que proyectaban los programas pro empleo por irregularidades detectadas en Lota, Coronel y la Quinta Región, el gobierno de Ricardo Lagos solicitó a la FSP que ejecutara un programa de inserción laboral con plazos fijos, que incluyera capacitación y asegurara un posterior impacto en la comunidad.

El programa se inició en 2005 y se basó en una propuesta que había entregado la misma Fundación a los candidatos presidenciales en 1999. El plan hacía mención a generar “segundos perceptores” de ingresos familiares, los que en su mayoría solían ser mujeres, y a considerar trabajos dentro de la comunidad. Ambos factores se presentaban como importantes gatilladores de “empleabilidad”.

-Pensábamos, entre muchas otras cosas, cómo lograr que personas discapacitadas, como los ancianos, por ejemplo, pudieran salir a tomarse un café, vivir algo distinto -dice Leonardo Moreno, director de la FSP.

En su última evaluación, hecha en 2009, se estableció que “Servicios Comunitarios” generaba condiciones efectivas de “empleabilidad” a través del desarrollo de un trabajo remunerado y la continuidad de estudios. Con una tasa de inserción laboral post-egreso de un 54% era un programa altamente apreciado por su impacto en el entorno y el posterior desarrollo laboral de las beneficiadas.

Sus objetivos eran, entre otros, entregar servicios de calidad, propender a la “empleabilidad”, complementar políticas públicas y fomentar la responsabilidad social y vocación de servicio público de los profesionales jóvenes de Servicio País, los que supervisaban, apoyaban y dirigían los trabajos, estableciendo reuniones semanales con las contratadas.

Para Verónica Monroy, directora social del Hogar de Cristo, el programa representaba una oportunidad de desarrollo por el impacto en la calidad de vida que los beneficiados experimentaban:

-La evaluación que tenemos es muy buena. La Fundación necesitaba lugares, destinos laborales, donde poder ubicar a las trabajadoras comunitarias y para el Hogar de Cristo fue un apoyo, un aporte muy importante. Además, estaba la asesoría del Servicio País, muy técnica, que se instalaba dentro de nuestra organización, fomentando metas como el hábito laboral o los horarios en las trabajadoras.

CONCURSO Y PRECIO

Con el ascenso de la Alianza al gobierno, las políticas de programas sociales fueron rebarajadas. Bajo el espíritu de profundizar la transparencia en el uso de lo recursos, la “concursabilidad” se convirtió en el principal eje para la elección de los programas que se aplicarían. Así, “Servicios Comunitarios”, que antes era “un caballito de batalla” por sus resultados, ahora sólo tenía la posibilidad de concursar a un fondo junto a otras instituciones.

Una fuente del Ministerio del Trabajo señaló a CIPER que, en ese contexto, el criterio imperante para elegir los programas fue “el precio”. Un programa caro, como “Servicios Comunitarios”, no fue privilegiado en la nueva política pública. La idea era bajar los costos, explicó el mismo funcionario.

A fines de diciembre pasado CIPER solicitó una respuesta del subsecretario de Trabajo, Bruno Baranda, para que explicara las razones del término de un programa social ranqueado entre los diez mejores por la Dirección de Presupuesto. También para que indicara cómo abordó el gobierno el problema de las demandas contra mujeres embarazadas por el cierre de un programa que financiaba su cartera. Baranda no concedió la entrevista. Tampoco lo hizo la ministra Evelyn Matthei, a quien se le solicitó en esas mismas fechas.

De manera informal, un funcionario que tramitó las solicitudes de CIPER dijo que las acciones ejercidas por un privado (en este caso, la Fundación) una vez que ha recibido los dineros del ministerio, son de su responsabilidad y no de la cartera. Agregó que si había un acuerdo entre privados (la FSP y el Hogar de Cristo) para dar continuidad laboral a mujeres embarazadas, correspondía a ellos hacerse cargo de los efectos de dicha cláusula.

Leonardo Moreno, director de la FSP, se defiende:

-Antes de la Reforma Procesal Laboral, cuando una mujer quedaba embarazada la insertábamos apenas se activaba el programa nuevamente. Porque, además, los procesos de desafuero eran tan largos que la reinsertábamos inmediatamente. Y en especial con el Hogar de Cristo, ya que su alcance e infraestructura es tan grande, que lo permite. Por ello establecimos esa cláusula en el convenio con ellos. Pero era sólo con las mujeres con desafuero, que pertenecían a un 20% de los beneficiados que seguían ligados al programa luego de los seis meses. No se quería reeditar por ningún motivo lo ocurrido en los antiguos programas pro empleo, donde en algunas regiones de abusó del ‘no empleo’. La idea era concluir, sí o sí, con el egreso (del beneficiado). Pero con mujeres embarazadas no teníamos problemas en reinsertarlas inmediatamente.

En el Hogar de Cristo afirman que a ellos incluso les convenía mantener a las mujeres en sus puestos de trabajo, ya que en programas como el del cuidado del adulto mayor es tanta la intensidad de la capacitación y su posterior implementación, que apenas se lograba un apresto.

-Sólo te puedo decir que el Hogar respeta el fuero maternal de sus trabajadoras, siempre. Pero es lamentable la presión que se ejerce a una institución que se ve obligada a pedir desafuero porque no tiene dinero en sus bolsillos -dice Verónica Monroy.

Moreno acusa una falta de experiencia del gobierno en políticas públicas: “No hay otro programa que dé trabajo, servicio a su comunidad y aumente la ‘empleabilidad’ al mismo tiempo. No creo que la política social se resuelva con subsidios, más bien se resuelve con trabajo. El Ingreso Ético Familiar no puede ser la única política social”.