maquina-de-combate.com (Rush Holladay) – Los entornos navales y de a bordo plantean algunos de los requisitos de interconexión más exigentes de cualquier programa de ingeniería. Las normas de cualificación deben mantenerse frente a impactos y vibraciones, mientras que la exposición al agua salada y las interferencias electromagnéticas añaden nuevas exigencias a sistemas que a menudo siguen en servicio activo mucho después de su construcción original.

El Congressional Research Service, en su evaluación de enero de 2025 sobre los planes de estructura de fuerzas de la Armada de Estados Unidos, señala que el objetivo de flota publicado por la Marina «exige alcanzar y mantener una flota de 381 buques tripulados, además de 134 grandes vehículos de superficie y submarinos no tripulados». Esta combinación creciente de plataformas tripuladas y no tripuladas está añadiendo complejidad a la forma en que los equipos de programas navales planifican los requisitos de interconexión en sistemas cada vez más sofisticados.

Aquí, Rush Holladay, responsable global de programas navales y marinos en el proveedor de interconexión marina WireMasters, analiza por qué esta complejidad está cambiando la forma en que se planifican y se abastecen los requisitos de interconexión.

El desafío del aprovisionamiento
Muchos de los productos utilizados en entornos navales y de a bordo se encuadran en modelos de suministro bajo pedido, mientras que las cantidades mínimas de pedido y los plazos de entrega no siempre encajan de forma limpia con los calendarios del programa. Esto genera presión incluso cuando el requisito técnico está bien definido, porque el desafío del aprovisionamiento viene determinado tanto por la variabilidad de los plazos como por la especificación sobre el papel.

Las arquitecturas de interconexión de los buques de superficie y los submarinos abarcan tanto los sistemas de combate como entornos electrónicos más amplios, con exigencias de cualificación que pueden mantenerse vigentes durante años. Los compromisos de ciclo de vida prolongado asociados a las plataformas navales hacen que las decisiones tomadas en la fase de aprovisionamiento tengan consecuencias que se extienden mucho más allá de la entrada en servicio, y la tarea de suministro implica gestionar la idoneidad técnica en un contexto operativo mucho más severo que el que suelen requerir las aplicaciones marinas comerciales.

Más allá del cable
Un requisito puede comenzar con un cable, aunque rara vez se queda ahí por mucho tiempo. Una vez que los equipos empiezan a analizar las condiciones de tendido y terminación, la conversación suele ampliarse hacia toda la ruta de interconexión, incorporando conectores y backshells, junto con los tubos y fundas de protección y otros materiales necesarios para respaldar la instalación en ese mismo entorno.

Esta visión más amplia adquiere un peso especial en las líneas de producto Mil-Spec y EN, ya que el conjunto debe mantenerse técnicamente alineado desde el diseño hasta la instalación y seguir siendo viable una vez que la plataforma entra en servicio.

Los compradores pueden partir de una familia de cables, pero la carga práctica del trabajo suele estar en cómo se especifica, prepara y mantiene el sistema de interconexión que lo rodea. Los programas navales y de defensa suelen arrastrar este requisito a través de plataformas que permanecen activas mucho después de su construcción original, y el modelo de suministro debe contemplar tanto los sistemas de interconexión heredados como los de plataformas más recientes.

Un apoyo que se ajusta al programa
Cuando el suministro bajo pedido, los plazos de entrega y los calendarios cambiantes del programa empiezan a definir el aprovisionamiento, la disponibilidad por sí sola deja de parecer una respuesta completa. Los equipos pueden necesitar entregas que sigan más de cerca el ritmo de construcción. También pueden necesitar una respuesta más rápida a la demanda de sustitución, o una forma más clara de revisar la selección de piezas antes de que llegue a la fase de ensamblaje.

El apoyo especializado en solicitudes de oferta y revisión de listas de materiales adquiere más valor en ese punto, especialmente cuando está respaldado por stock de seguridad y entregas programadas de un distribuidor autorizado con experiencia demostrada en líneas de producto cualificadas Mil-Spec y EN.

La continuidad del programa a largo plazo plantea exigencias específicas a esta relación, y a medida que los programas evolucionan y las plataformas heredadas se mantienen en servicio ampliado, la relación de suministro debe preservar la disponibilidad de producto cualificado junto con el rigor de aprovisionamiento que requieren los sistemas navales de misión crítica.

Un apoyo más temprano en la fase de cotización ayuda a los equipos a resolver dudas sobre la selección de piezas antes de que lleguen a la construcción, mientras que la revisión de la lista de materiales proporciona a compras e ingeniería una base más firme para comprobar la compatibilidad en el conjunto de interconexión más amplio. Un cambio tardío en el diseño puede afectar a las cantidades, mientras que una construcción escalonada modifica los patrones de entrega, y estas presiones en los programas de defensa y de a bordo conviven con restricciones de cualificación que dejan muy poco margen para la sustitución.

Mantener los sistemas navales de misión crítica durante toda su vida útil exige una relación de suministro capaz de absorber la variabilidad propia de los programas de defensa de ciclo largo, manteniendo al mismo tiempo la alineación técnica en las líneas de producto Mil-Spec y EN. El aprovisionamiento especializado demuestra su valor con mayor claridad en ese nivel, al respaldar la disponibilidad de producto cualificado y la continuidad de las plataformas heredadas de las que dependen los programas navales mucho después de la compra inicial.

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maquina-de-combate.com – El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó hoy que las acciones legales interpuestas ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, tras la gran cantidad de irregularidades registradas durante las Elecciones Generales del pasado 12 de abril en Lima Metropolitana, “van por buen camino” y dijo esperar “muy buenos resultados en favor de nuestra democracia y en favor de nuestra libertad”.

Durante su intervención en la primera Sesión Ordinaria de la Asamblea Metropolitana de Lima 2026, el burgomaestre resaltó que el V Juzgado Constitucional del Poder Judicial admitió la demanda de amparo, y reiteró su pedido al Tribunal Constitucional a fin de que se pronuncie respecto a la demanda competencial presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Hubieron muchas voces que decían que no teníamos legitimidad para obrar, que decían que estábamos infringiendo la neutralidad electoral. Con la admisión, ha quedado bastante claro y demostrado que no fue así y que lo único que estamos haciendo es resarcir un daño irreparable a nuestra democracia, a nuestro Estado de derecho y a la libertad que nos corresponde a los peruanos y fundamentalmente a alrededor de un millón de compatriotas que viven en Lima, que no pudieron ejercer su voto, no porque ellos no quisieron, sino porque no se lo permitió el ente electoral, el organizador de las elecciones”, señaló Reggiardo.

El burgomaestre recordó el reciente informe publicado por la Contraloría General de la República, donde claramente se establece que ha habido afectación al derecho a votar en Lima Metropolitana. “Como alcalde metropolitano voy a defender ese derecho hasta el final, con las armas que la ley me faculta”, indicó.

Asimismo, Renzo Reggiardo agradeció a los alcaldes distritales presentes en la sesión por su apoyo a las acciones legales interpuestas, expresado mediante un pronunciamiento público del 07 de mayo pasado.

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Redacción Expreso – El Informe N° 000016-2026-DNEECT/JNE contabiliza 1.47 millones de ausentes en Lima Metropolitana el 12 de abril, con 8,703 mesas que abrieron tarde cubriendo a 2.59 millones de electores. La aritmética entre el margen de 21,402 votos que separa al segundo del tercer lugar y los datos del propio Jurado ya no se sostiene. La pregunta es para los cinco miembros del Pleno: ¿asumir el costo institucional de reconocer que el organismo electoral falló en su supervisión, o cargarle al Perú cinco años de crisis de legitimidad antes que admitir el error?

Imagínelo por un momento. Es la mañana del 12 de abril. Una mujer mayor en San Juan de Lurigancho guarda su DNI en el bolsillo del abrigo. Una madre en Pachacámac despierta a sus dos hijos pequeños porque no tiene con quién dejarlos. Un trabajador en San Borja calcula los horarios para alcanzar a votar antes de su turno de la tarde. Un dializado en Surquillo programó su voto entre dos citas médicas que no puede mover.

Para más de dos millones y medio de limeños, votar significará esa mañana algo distinto a lo que la ley establece. Significará llegar a un colegio cerrado. Significará formar una cola de tres, cuatro, cinco horas. Significará, para una fracción incalculable de ellos, irse sin haber votado.

La pregunta es para cinco personas. Los cinco miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y la respuesta que den en las próximas semanas va a marcar al país durante los próximos cinco años.

Dos números bastan para entender por qué.

El primero es 21,402. La diferencia, a nivel nacional, entre Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, y Roberto Sánchez, el candidato proclamado segundo lugar y que por ese margen pasó a la segunda vuelta del 7 de junio.
El segundo es 1,469,981. El total de limeños que el propio Jurado Nacional de Elecciones contabilizó como ausentes el 12 de abril en Lima Metropolitana, según su Informe N° 000016-2026-DNEECT/JNE.

El segundo número es 68 veces más grande que el primero. Esa relación, en una sola ciudad, ya alcanzaría para hacer la pregunta. Pero la decisión del JNE de proclamar el resultado sin convocar elecciones complementarias se sostiene sobre un documento que, leído con detenimiento, no aguanta el peso.

El informe que el JNE no quiere que se lea con calma
El Informe 16/2026, firmado el 23 de abril por la Dirección Nacional de Estudios Estratégicos y Coordinación Territorial del Jurado, es el sustento técnico de la decisión de no convocar elecciones complementarias. Cuando el 19 de mayo en RPP el presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que entre 50,000 y 80,000 limeños no votaron por las demoras, citaba este informe.

El documento contiene tres admisiones que demuelen la pretensión de indubitabilidad. Las tres están en el propio texto.

Primera: el análisis cubre solo el 92.7% de las mesas. El propio informe lo registra como limitación N° 1: «Las mesas no contabilizadas podrían concentrarse en instalaciones tardías.» El JNE sabía que el 7.3% que dejaba fuera probablemente eran las mesas más problemáticas. Y aún así, basó la decisión institucional en el restante.

Segunda: el estudio excluyó 328 actas por tener horarios imposibles. Doscientas sesenta y seis mesas registraban hora de instalación antes de las 6:00 a.m. del 12 de abril.

Otras 62, después de las 2:00 p.m. En total, 58,897 electores en 328 actas. Son las mismas actas que peritos forenses documentaron con timestamps materialmente imposibles: mesas registradas como instaladas a las 01:00, 02:42, 04:58 de la madrugada. Horarios en los que el local estaba cerrado y los miembros de mesa en sus casas. El JNE las vio. Las identificó. Y en lugar de preguntarse por qué su sistema producía registros físicamente imposibles, las apartó del cálculo.

Tercera: el ausentismo subió donde las mesas abrieron más tarde. En las mesas instaladas entre las 7:00 y las 8:00 a.m., el ausentismo fue del 19.6%. En las instaladas entre las 8:01 a.m. y las 12:00 m. — 8,703 mesas que cubrían a 2.59 millones de electores — el ausentismo subió al 21.0%. Distritos enteros se dispararon muy por encima del promedio: Miraflores 26.4%, San Isidro 25.8%, Pachacamac 22.9%, San Borja 22.6%.

Sumando lo que el propio JNE contabiliza como ausentes en Lima Metropolitana: 1,469,981 electores. Sesenta y ocho veces el margen nacional entre el segundo y el tercer lugar.

El argumento que se autodestruye
Hagamos un ejercicio. Aceptemos al JNE su propio marco. Olvidemos por un momento sus 328 actas excluidas, su cobertura del 92.7%, sus registros con mesas instaladas a las 2:42 de la madrugada. Aceptemos todo eso sin objeciones.

Quedémonos con dos números, ambos verificados por instituciones del Estado:

2.59 millones de limeños destinados a votar en las 8,703 mesas que, según el propio JNE, abrieron con retraso respecto al horario legal.

21,402 votos de diferencia entre el segundo y el tercer lugar.

¿Qué porcentaje de esos 2.59 millones se rindió en la cola después de tres, cuatro, cinco horas de espera? La respuesta exacta no la tiene nadie. Pero la matemática es brutal.

Si apenas el 1% de los 2.59 millones se rindió, son 25,900 electores. Eso ya supera el margen. Si fue el 2% — extraordinariamente bajo para colas de seis horas — son 51,800. Más del doble. Y si fue el 5% — todavía conservador para esperas que llegaron a cinco y seis horas en pleno otoño limeño — son 129,500 electores. Seis veces el margen presidencial.

Uno, dos, cinco por ciento. Cualquier cifra plausible en una cola larga, y el margen presidencial desaparece. Pulverizado.

Piénselo distrito por distrito. Cinco por ciento de la cola del colegio Túpac Amaru en Villa El Salvador. Cinco por ciento del Ricardo Palma en Surquillo. Cinco por ciento del Mercedes Indacochea en Barranco. En cada uno de esos colegios, ese 5% tiene rostro. Es la señora de 78 años que se sentó en la vereda hasta que ya no pudo levantarse. Es el padre que tuvo que llevarse a su hijo de seis años llorando del cansancio. Es el dializado que no podía perder su cita de las dos de la tarde. Es el albañil que perdería el día de salario si no llegaba a la obra. Y entre todos esos rostros, en algún lugar de la cola de algún colegio limeño, está el voto que decidió quién pasaba a segunda vuelta. Multiplicado por seis.

El argumento no requiere proyecciones sobre preferencias políticas. Una sola operación: 2.59 millones por una cifra cualquiera entre 1% y 5%. Y el margen presidencial deja de existir.

El contrato Galaga y el reconocimiento que se le escapó a Burneo
El Informe de Control Específico N° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE de la Contraloría, del 22 de mayo, documenta cómo se llegó al caos: tres presuntas irregularidades en el Contrato 176-2026-ONPE con Servicios Generales Galaga SAC. Términos de referencia que pedían 40 vehículos para un servicio que necesitó 477. Contrato adjudicado por S/ 6’368,332.75 con sobreprecio de S/ 469,404.09. Prestaciones adicionales por S/ 650,205.94 incluyendo pago por un servicio ya ejecutado y un incremento del precio por kilo de S/ 0.60 a S/ 6.00 — 900% en una semana. Perjuicio potencial al Estado: S/ 1’119,610.03. La Contraloría ya remitió el expediente a la Procuraduría Anticorrupción.

Y hay un segundo problema, que el propio Burneo reconoció en RPP sin medir el peso de lo que decía. Al preguntársele sobre el impacto en el Congreso, soltó: «en las elecciones de los parlamentarios, senadores y diputados, las diferencias son mínimas para lograr un escaño. Por lo tanto, ahí sí podría generar un impacto».

Esa frase no describe una posibilidad: describe lo que ya ocurrió. La composición del próximo Congreso — 130 diputados y 60 senadores — se decide por cifra repartidora con método D’Hondt, una fórmula matemática que opera sobre los votos válidos efectivamente emitidos. Cuando el universo de votos válidos se construye sobre una jornada con 1.47 millones de ausentes en Lima Metropolitana — la circunscripción más grande del país, con 33 diputados y 4 senadores en juego — la fórmula que asignó cada escaño limeño nace alimentada con datos contaminados. No solo está en juego el segundo lugar de la primera vuelta. Está en juego cada escaño frontera del próximo Congreso.

Cinco personas, cinco años, una decisión
El Jurado Nacional de Elecciones no es un organismo político. Su función constitucional es estrictamente técnica y legal: proclamar la realidad material de la elección. Cuando esa realidad se vuelve indeterminable — porque los registros incluyen mesas instaladas a las 2:42 de la madrugada, porque 328 actas con horarios imposibles fueron apartadas en lugar de investigadas, porque el universo de electores afectados es decenas de veces el margen final — la respuesta correcta no es forzar una proclamación. Es reconocer que el organismo supervisor falló.

Los cinco miembros del Pleno tienen frente a sí dos caminos.

El primero: reconocer que el organismo electoral falló en su supervisión. Aceptar la responsabilidad institucional por no haber detectado a tiempo las fallas operativas y de contratación que hoy la Contraloría investiga penalmente. Aplicar los mecanismos legales que la normativa electoral peruana contempla para escenarios donde el resultado deja de ser técnicamente indubitable. Es el camino doloroso. Es también el legítimo.

El segundo: forzar una proclamación que aritméticamente no se sostiene, calculando que es preferible cargarle al país una crisis de legitimidad de cinco años antes que admitir el error de los cinco miembros del Pleno.

Una presidencia proclamada sobre una primera vuelta cuyo segundo lugar fue determinado por un margen que la propia estadística del Jurado no puede defender no es una presidencia fuerte. Es una presidencia que cualquier opositor podrá impugnar con una calculadora. Lo mismo vale para cada senador, cada diputado, cada parlamentario andino que jure el cargo el 28 de julio.

Tratar de salvarse por el segundo camino le va a costar mucho al Perú. No solo legitimidad presidencial. No solo legitimidad legislativa. En el peor escenario, le puede costar la democracia. Y la democracia, una vez perdida, no se recupera con un comunicado de prensa.

Cinco personas. Cinco años. Una decisión.

La respuesta del Jurado, por ahora, sigue siendo silencio. Y ese silencio le costará al Perú mucho más que una elección.

Fuente: Artículo del Diario Expreso «JNE: ¿reconocer el error o forzar una proclamación que no se sostiene?»

https://www.expreso.com.pe/politica/jne-reconocer-el-error-o-forzar-una-proclamacion-que-no-se-sostiene-roberto-burneo-rafael-lopez-aliaga-roberto-sanchez-elecciones-2026-noticia/1290007/#google_vignette

maquina-de-combate.com – En el Informe de Control Específico N° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE de la Contraloría General de la República del Perú se sostiene que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha cumplido con la obligación del Estado peruano de garantizar el acceso oportuno a las urnas a más de un millón de votantes en Lima Metropolitana.

En efecto, en la página N° 66 del Informe de Control Específico se lee:

-Inicio de Cita-

En tal sentido, según el Jurado Nacional de Elecciones, la demora en la entrega del material electoral en los 256 locales de votación afectó el normal desarrollo de la jornada para 1 071 111 electores; esta situación vulneró su derecho fundamental a la participación política y el libre ejercicio del sufragio, así como el correcto y eficiente funcionamiento de la administración pública en materia electoral; asimismo, al dilatarse la instalación oportuna de 3 605 mesas de sufragio, se vulneró la obligación del Estado representado en la ONPE de garantizar de forma oportuna y equitativa el acceso a las urnas, comprometiendo no solo el derecho individual y colectivo al voto, sino también afectando la percepción de legitimidad, transparencia y eficacia del proceso en su conjunto.

-Fin de Cita-

La conclusión de la Contraloría General de la República se basa en información suministrada por propio Jurado Nacional de Elecciones, tal y como se aprecia en líneas previas de la misma página 66 del Informe de Control Específico:

-Inicio de Cita-

Al respecto, el citado Acuerdo del Pleno tuvo como documento de visto, entre otros, el Informe N° 000025-2026-LRP-DNFPE/JNE de 23 de abril de 2026 (Apéndice N° 75), a través del cual la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, remitió el detalle sobre el impacto de las incidencias registradas los días 12 y 13 de abril de 2026, en el marco de las Elecciones Generales 2026, concluyendo lo siguiente:

«IV. Conclusiones y Recomendaciones.
4.1 De acuerdo con la información brindada por las personas que prestaron el servicio de fiscalización de local de votación durante las jornadas electorales de los días 12 y 13 de abril del presente año, se han registrado un total de seiscientos sesenta y cinco (665) incidencias que solo han sido detectadas en las jurisdicciones de la Provincia de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, siendo 256 relacionadas a que a la hora prevista para la instalación de las mesas no ha llegado el material electoral, mientras que 409 son respecto a fallas o problemas con el STАE.

4.2 En cuanto a incidencias que tuvieron impacto en el normal desarrollo de la jornada electoral por ausencia de material electoral a la hora prevista para la instalación de las mesas de sufragio, las personas que prestaron el servicio de fiscalización de local de votación informaron que esto involucró un total de doscientos cincuenta y seis (256) locales de votación, lo que se traduce en un total de tres mil seiscientos cinco (3,605) mesas de sufragio y un millón setenta y un mil ciento once electores (1,071,111) involucrados. (…)

4.4 En cuanto al total de mesas de votación involucradas de los distritos donde hubo ausencia de material electoral a la hora prevista para la instalación de las mesas de sufragio, ello corresponde a 29,266 mesas, por lo que, al haber involucradas 3,605 mesas, ello equivale al 12.32%. (…)

4.6 En la jornada electoral del 12 de abril, en 13 locales de votación no llegó el material electoral o llegó pasada las 14:00 horas, motivo por el cual se extendió la jornada electoral en ellos para el día 13 de abril del presente año. (…).».

-Fin de Cita-

Aparente ensalada de números que puede confundir al lector sobre el real impacto de las «incidencias» de las que habla el texto del acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones. Para establecer el impacto real se requiere de la implementación de un peritaje forense integral a nivel digital y físico, lo que puede tomar hasta un mes, más o menos.

A grosso modo, se ha afectado el normal desarrollo del proceso electoral para más de un millón de limeños, Por otro lado, la cadena de custodia de las mesas especiales 900K está en seria duda, existiendo la probabilidad de votos fantasma, suplantación de identidad, inducción al voto, firmas falsas, etc, etc, etc, lo que implica que otro millón de votos pueden haber sido afectados.

Cabe indicar finalmente que la periodista Claudia Toro ha informado en su programa «El Matinal» en el canal CTV Perú, que es muy probable que la ONPE va a anular todos los votos del distrito limeño de Magdalena al haber perdido actas, cédulas de votación.

Dicho esto, mientras avanzan las investigaciones, el candidato presidencial Rafael López Aliaga ha solicitado a los peruanos a ir a votar a la segunda vuelta electoral, a no votar nulo, no votar viciado, no votar en blanco.

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maquina-de-combate.com – El Informe de Control Específico N° 8536-2026CG/JUSPE-SCE que ha emitido la Subgerencia de Control del Sector Justicia, Político y Electoral de la Contraloría General de la República, difundido ayer en este portal, revela claramente que la tardía distribución de materiales electorales y equipos de cómputo el 12 de abril de 2026, en Lima Metropolitana ha afectado gravemente la voluntad popular al obstaculizar sobremanera el ejercicio del derecho al voto de más de un millón de limeños.

Esto, sin siquiera mencionar las irregulares actas 900K que ni siquiera tienen sustento legal válido (la Ley N° 28440 no las habilita para elecciones generales) y que han inyectado tal cantidad de votos que han impulsado a un candidato ultraizquierdista del quinto al segundo puesto, en una sola noche de contabilización en el sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Por qué se han proclamado resultados de la primera vuelta bajo estas circunstancias? Y eso, sin mencionar que de acuerdo al abogado de Renovación Popular, Alex Starost, quedaban pendiente de respuesta recursos presentado al Jurado Nacional de Elecciones al momento que proclamaron resultados, es decir, no habían agotado ni siquiera la vía administrativa, que según entiendo es requisito para una proclamación de resultados.

Con respecto al informe de la Contraloría General de la República en mención, en su páginas N° 41 y 42 se lee lo siguiente:

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2.2 FUNCIONARIOS DE LA ONPE SOLICITARON Y PERMITIERON EL TRASLADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES PARA CAPACITACIÓN SIN ASEGURAR SU DEVOLUCIÓN EN EL PLAZO PROGRAMADO EN EL POE, EFECTUANDO LA REPROGRAMACIÓN DE RUTAS A MENOS DE 24 HORAS DEL INICIO DE LA JORNADA ELECTORAL DE 12 DE ABRIL DE 2026; ASIMISMO, OMITIERON ADOPTAR MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DEL PROCESO ELECTORAL, LO CUAL GENERÓ LA DISTRIBUCIÓN INOPORTUNA DEL MATERIAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES A 3605 MESAS DE VOTACIÓN Y LA NO INSTALACIÓN DE 187 MESAS EL DÍA DE LAS ELECCIONES EN LIMA METROPOLITANA, AFECTANDO EL DERECHO DE SUFRAGIO DE 55 261 ELECTORES Y LA FINALIDAD PÚBLICA DE LAS CONTRATACIONES DE LAPTOPS, IMPRESORAS Y DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SU DESPLIEGUE.

De la revisión y análisis a la documentación e información proporcionada por la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones, en adelante JNE, se verificó que la Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica y de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, solicitaron el traslado de equipos informáticos electorales para la capacitación (5 de abril de 2026); no obstante que estaban destinados al proceso de Elecciones Generales 2026 como contingencia, asimismo, la Subgerencia de Producción Electoral y Gerencia de Gestión Electoral permitieron dicho traslado sin realizar ninguna observación, viabilizando el repliegue inoportuno de dichos equipos, los cuales les fueron entregados el 7 de abrii de 2026, a pesar de tener conocimiento de la afectación del cronograma previsto en el POE para el 4 de abril de 2026, quienes además a horas del inicio de la jornada electoral (11 de abril de 2026 a las 16:28 horas) efectuaron la reprogramación2 de 43 rutas que comprendieron 553 locales de votación con 8 261 mesas de sufragio, correspondientes a 2 453 791 electores, consignando por cada ruta un tiempo de entrega de 3 horas y media a 4 horas, cuando en la realidad se requería al menos 8 horas, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos electorales.

Lo descrito inobserva lo previsto en los artículos 2, 31 y 182 sobre el derecho a la elección, participación ciudadana y organización de procesos electorales de la Constitución Política del Perú; el artículo 5 sobre las funciones de organización, planificación, preparación de procesos electorales y derecho al ejercicio del sufragio, de la Ley n.° 26487 – Ley Orgánica de la ONPE; artículos II, V y IX, 2, 7, 8, 9, 37 y 252 sobre principios de lealtad, debido proceso, participación e igualdad y eficacia del acto electoral, finalidad del sistema electoral, derecho al voto, organización y ejecución de procesos electorales, y hora límite para la instalación de mesas de sufragio, de la Ley N° 26859 – Ley Orgánica de Elecciones.

Del mismo modo, el numeral 5 sobre programación de actividades de las elecciones generales 2026 y despliegue y distribución del material y equipos informáticos electorales del «Plan Operativo Electoral – Elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, Senadores y Diputados del Congreso de la República y Representantes Peruanos ante el Pariamento Andino 2026» – POE, aprobado con Resolución Jefatural N° 000051-2025-JN/ONPE de 7 de abril de 2025 y modificatorias; numeral 4 sobre finalidad pública de las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos electorales – EG2026 de computadoras portátiles e impresoras de Inyección; y numeral 4 sobre finalidad pública de los términos de referencia (servicio) para la contratación del «Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional – Despliegue y Repliegue de Material, Equipos informáticos electorales e implementos para Simulacro y Sufragio – EG 2026».

Tales hechos generaron que, se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3 605 mesas de sufragio; y que, 187 no hayan sido instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho de sufragio de 55 261 electores y la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte para su despliegue; situación que se originó por el accionar irregular del subgerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica y gerente de Informática y Tecnología Electoral, quienes no gestionaron la preparación de los equipos informáticos electorales oportunamente para el proceso de elecciones generales 2026; asimismo, por el accionar irregular del subgerente de Producción Electoral y gerente de Gestión Electoral, quienes tramitaron y permitieron el traslado de equipos informáticos electorales para capacitación sin asegurar su retorno, efectuando la reprogramación de rutas a menos de 24 horas del inicio de la jornada electoral de 12 de abril de 2026, y conjuntamente con el jefe de la ONPE, omitieron adoptar acciones correctivas para subsanar o mitigar los efectos de la distribución inoportuna del material y equipos informáticos, a sabiendas del incumplimiento del cronograma del POE y la afectación del normal desarrollo de la jornada electoral, con lo cual omitieron garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del proceso electoral.

-Fin de Cita-

En cuanto a la disponibilidad de los equipos de cómputo, en la páginas 68 y 69 del informe de control de la Contraloría General de la República se lee lo siguiente:

-Inicio de Cita-

De los hechos expuestos, se advierte que el señor Jesús Alberto Félix Atuncar, subgerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, y el señor Roberto Carlos Montenegro, gerente de Informática y Tecnología Electoral, solicitaron el traslado de equipos informáticos electorales para fines de capacitación (5 de abril de 2026), pese a no tener justificación en tanto que, tenían conocimiento de la demanda real de equipos y que estos debían estar debidamente preparados con la STAE para el sufragio y ser entregados, a más tardar, el 4 de abril de 2026 para su ensamblaje y embalaje. Al retornar los equipos a la Gerencia de Gestión Electoral el 7 de abril de 2026-fechas incompatibles con la distribución a los locales de votación programada para el 10 y 11 de abril-, omitieron su función de gestionar oportunamente la preparación y entrega de los equipos en el plazo establecido en el Plan Operativo Electoral (POE) 2026.

De igual forma, el señor José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral, y el señor Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, permitieron la transferencia de estos equipos a la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral para las jornadas de capacitación del día 5 de abril de 2026. Ello ocurrió a pesar de tener pleno conocimiento de que los equipos debian estar listos para su embalaje el 4 de abril de 2026, a fin de garantizar su distribución entre el 10 y 11 de abril. Al recibir los equipos devueltos recién el 7 de abril de 2026, dichos funcionarios inobservaron sus funciones de supervisión y control de los plazos previstos en el POE 2026.

Finalmente, el señor Piero Alessandro Corvetto Safinas, jefe de la ONPE,en su calidad de máxima autoridad de la entidad, inobservó su deber de velar por el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como su función de planificar, preparar y ejecutar las acciones necesarias para el normal desarrollo del proceso electoral. Ante la demora en la distribución del material esencial, no adoptó medidas correctivas o de contingencia efectivas; por el contrario, se limitó a señalar en la nota de prensa del 12 de abril de 2026 (07:28 h) que el material llegaría aproximadamente a las 08:00 horas, cuando en la realidad la distribución se prolongó hasta las 14:00 horas (horario
ampliado).

Las omisiones antes señaladas, generaron que 3605 mesas de sufragio recibieran el material electoral con retraso y que 187 mesas no lograran instalarse el día de la votación, vulnerando el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos y afectando la finalidad pública de las contrataciones efectuadas en el marco de las Elecciones Generales 2026.

-Fin de Cita-

El informe de control de la Contraloría General de la República que 3605 mesas de votación recibieron muy tarde los materiales electorales, inclusive hasta las 14:00 horas del 12 de abril, lo que implica un masivo retraso de hasta siete horas. En esas 3605 mesas de votación estaban convocados a votar 1 071 111 peruanos.

La pregunta que emerge nuevamente es: ¿cómo así no se canceló la primera vuelta? ¿cómo así se proclaman resultados y se avanza a una segunda vuelta?

Informe de Control Específico N° 8536-2026CG/JUSPE-SCE

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