Marcelo Chamau

Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 09 Mar 2011 00:07:00 +0000

Artículo 129 de la Constitución Nacional
Por Marcelo Chamau

Antes de comentar el régimen de gobierno autónomo que se le concedió a la Ciudad de Buenos con la reforma de la Constitución Nacional en el año1994, y a modo de introducción, me pareció importante introducir una acotada y breve síntesis de la misión histórica de Buenos Aires, a partir de su fundación hasta la reforma mencionada de la Constitución.

I - Santa María de los Buenos Aires

El descubrimiento de América significo para el Reino de Castilla una ambiciosa ampliación de sus dominios y como resultado, en los primeros meses del año 1536, arriba la flota de don Pedro de Mendoza, quién cumpliendo con las formalidades encomendadas funda la “Ciudad de la Trinidad, Puerto de Santa María de los Buenos Aires”; donde se construyeron improvisadas instalaciones, entre las que se contaban cuatro iglesias, una casa para el adelantado y numerosas chozas de barro y paja para la tripulación.

El despliegue fundacional de la ciudad duro no más de cinco años, momento en que se decide abandonar el lugar, por los constantes conflictos con los nativos. Recién más de cuatro décadas después, el 11 de junio de 1580 Juan de Garay es quién funda definitivamente la ciudad de “Buenos Aires”.

En el plano trazado por Juan de Garay, la ciudad estaba formada por unas quince cuadras, de sur a norte, y por nueve de este a oeste. Juan de Garay se asignó el solar que hoy ocupa el Banco Nación, el puerto comercial se encontraba en la Boca y en la Plaza Mayor- hoy Plaza de Mayo - se concentraban las actividades comerciales, políticas, sociales y religiosas.

La Ciudad de Buenos Aires, desde entonces comprendió su misión histórica; tuvo que afrontar los dos primeros siglos situaciones de extrema necesidad y pobreza, pudiendo atravesar tales circunstancias por las estrechas vinculaciones comerciales con el Brasil e incluso por el contrabando, que surgió frente a las duras reglas monopólicas españolas.

Recordemos que los Reyes eran el centro de toda la organización política y gobernaban las posesiones en América a través de autoridades que se denominaban residentes y en ellas se encontraban los Adelantados[1], Virreyes[2], Capitanes Generales[3], Gobernadores[4], Intendentes[5], Consulados[6], Cabildos[7] y Audiencias[8].

Buenos Aires beneficiado por su posición geográfica se convirtió en el paso obligado para Chile, Potosí y hasta el Alto Perú; muy pronto fue designada sede de la Gobernación del Río de la Plata en el año 1617 y por el año 1776 fue destinada como Capital del Virreinato del Río de la Plata, que incluía al Alto Perú en su jurisdicción y en 1783 se creaba la Real Ordenanza de Intendentes que fijo la constitución política y administrativa del Virreinato del Río de la Plata, dividiéndola en ocho intendencias.

El Consulado de Buenos Aires con jurisdicción en todo el Virreinato se instaló recién en 1794. Después de las Invasiones Inglesas, Buenos Aires alcanzó prestigio frente a las otras ciudades, fue así que, en el Cabildo Abierto se originó el primer Gobierno Patrio el 25 de mayo de 1810.

La conducción centralista fue originando reacciones en el resto del país, así fue naciendo el federalismo como única solución posible a los graves problemas políticos, económicos, sociales y jurídicos entre las regiones y las provincias, que comenzaron a formarse después de la Batalla de Cepeda de 1820 en el período de la secesión nacional.

Se firmaba el 31 de mayo de 1852 el tratado de San Nicolás de los Arroyos, poniendo fecha para que se instalara en Santa Fe el 20 de noviembre de 1853 el Congreso General Constituyente que sancionó la Constitución de 1853; constitución que fijaba como Capital a la Ciudad de Buenos Aires y en su art. 3, decía: “Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la Ciudad de Buenos Aires, que se declara Capital de la Confederación por una ley”. Como antecedente puedo mencionar que el Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata Bernardino Rivadavia, por ley había establecido que la Ciudad de Buenos Aires era la Capital del Estado.

La Confederación, ante la imposibilidad fáctica de fijar la Capital en Buenos Aires, la situó en la ciudad del Paraná. Pero los conflictos entre la Provincia y el Gobierno Nacional continuaron, hasta que en la Batalla de Cepeda en 1859, las fuerzas de Urquiza derrotaron a las de Mitre y, celebrado el Pacto de San José de Flores, se reunió la Convención ad hoc que incorporó las modificaciones constitucionales propuestas por la Convención Provincial que habían sido objeto de reserva por Buenos Aires, entre ellas se modifico el art. 3, que quedo redactado de esta manera: “Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la Ciudad de Buenos Aires, que se declara Capital de la República por una ley especial[9] del Congreso, previa cesión hecha por una o más Legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse”. Hecha la reforma, se integra Buenos Aires y reconoce la Constitución Nacional (1853/60).

Pero las autoridades nacionales siguieron con problemas al tener su sede en la Ciudad de Buenos Aires. No se pudo lograr la cesión de la ciudad por la Legislatura bonaerense y como resultado se tuvieron que sancionar leyes de compromiso para permitir dicho asentamiento en carácter de “huésped” para el Gobierno Federal.

Hasta que llego el momento en que se definiera el asunto de la Capital, se sucedieron varios intentos por establecer la Capital en otras ciudades; como en el año 1868 una ley que declaraba Capital a la ciudad de Rosario, ley que fuera vetada por el Presidente Mitre; en el Año 1869 un ley que intentaba declarar Capital a una ciudad cercana a Villa María en la provincia de Córdoba y en el año 1871 otra ley que insistió en establecer la Capital en la ciudad de Rosario, leyes que fueron vetadas por el Presidente Sarmiento.

En 1880 la cuestión de la Capital alcanzó su punto culminante, se habían enfrentado el Presidente D. Nicolás Avellaneda, con las tropas de Carlos Tejedor, Gobernador de Buenos Aires y el 26 de noviembre de 1880, la legislatura prestó conformidad a la cesión del territorio, asumiendo el Estado Nacional la deuda externa de la provincia, como pago de aquella cesión.

El Congreso de la Nación con quórum estricto, el 21 de septiembre de 1880 sancionó la Ley 1029[10], que federalizaba a la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo:

Art. 1 Declárese Capital de la Republica el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, bajo sus límites actuales y después que haya cumplido el requisito constitucional de que habla el art. 8 de esta ley.

Art. 2 Todos los establecimientos y edificios públicos situados en el municipio quedarán bajo la jurisdicción de la Nación, sin que los municipales pierdan en esto su carácter.

Art. 3 El Banco de la Provincia, el Hipotecario y el Monetario permanecerán bajo la dirección y propiedad de la provincia, sin alteración en los derechos que a ésta corresponden.

Art. 4 La provincia mantendrá igualmente la administración y propiedad de sus ferrocarriles y telégrafos, aunque empiece su arranque en el municipio de la ciudad, conservando asimismo la propiedad de los demás bienes que tuviese en él.

Art. 5 La Nación tomará sobre sí la deuda exterior de la provincia de Buenos Aires, previos los arreglos necesarios.

Art. 6 El gobierno de la provincia podrá seguir funcionando sin jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, con ocupación de los edificios necesarios para su servicio, hasta que se traslade al lugar que sus leyes designen.

Art. 7 Mientras el Congreso no organice en la Capital la administración de justicia, continuarán desempeñándola los juzgados y tribunales provinciales con su régimen presente.

Art. 8 Esta ley regirá una vez que la Legislatura de Buenos Aires haya hecho cesión competente, prestando conformidad a sus cláusulas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 3 de la Constitución Nacional.

Así, la ciudad fue separada de la provincia de Buenos Aires y se estableció como Capital Federal, residencia de las autoridades nacionales; se separó lo porteño de lo bonaerense. Y en el año 1972 se dicta la Ley 19.987[11] “Ley orgánica de la Municipalidad de Buenos Aires”, sistema que rigió hasta 1994.

En la Constitución Nacional (en adelante CN) se creaba una jefatura local a cargo del Presidente de la Republica (ex art. 86 inc. 3 CN) que delegaba en un intendente municipal, y el Congreso de la Nación ejercía una legislación exclusiva en la Capital federal (ex art. 67 inc. 27 CN) que delegaba en el consejo deliberante. La Capital Federal constituía un distrito político que se diferenciaba de las provincias por que no se le daba una constitución, ni tampoco creaba sus instituciones, no había gobernador, ni legislatura como si había en las provincias. Sin embargo poseía un sistema especial de distrito electoral para la elección de Presidente, Vice-Presidente, Diputados (ex art. 37 CN) y Senadores (ex art. 46 CN).

Y a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió su propia identidad, su situación jurídica había variado, resultado del art. 129 y normas concordante de la Constitución de la Nación.

II - El art. 129 de la Constitución Nacional

Después de la reforma del ´94 el status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires vario frente a una disposición especial introducida a la Constitución, que concedió a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción en su art. 129 de la CN^{^[12]}, Título Segundo, llamado Gobiernos de Provincia.

Y atento a la redacción de esta disposición y a su posterior adecuación a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996 (en adelante CCABA), se puede referir brevemente a ella, en cuatro momentos: 1) acerca del régimen de gobierno autónomo; 2) de las facultades propias de legislación y jurisdicción, de la ley que garantiza los intereses del Estado Nacional; 3) de su jefe de gobierno y 4) del dictado de su estatuto organizativo.

1) Respecto de su régimen autónomo pareciera indicarnos que la voluntad de la Convención constituyente de 1994 no fue la de instituir a la Ciudad de Buenos Aires como una nueva provincia de la Nación, así en la Ley 24.309[13] declarativa de la necesidad de reforma, establecía que: la ciudad será dotada de un “status constitucional especial”, reconociéndole autonomía. Este nuevo status ha generado, en su momento, la existencia de un complejo debate sobre la naturaleza[14] del mismo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), por ejemplo, en algunos fallos[15] declara que la Ciudad de Buenos Aires no reviste el carácter de provincia, negando a los vecinos de la ciudad la correspondiente instancia originaria del Tribunal, conforme al art 116 y 117 de CN. Según las decisiones contenidas en los fallos de la Corte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sería un sujeto de la relación federal.

La mayoría de la doctrina ubica a la Ciudad de Buenos Aires como intermedio entre el status de los municipios y el de las provincias. “Por ello se afirma que se está en presencia de un nuevo sujeto de Derecho Público, diferente al Estado Federal, a las provincias y a los municipios”[16].

Tampoco es posible sostener que su status responde a un municipio y a modo de ejemplo se puede citar las disposiciones de la CN, donde se desprende este alcance autónomo de la ciudad: de los arts. 44, 45 y 54 de la CN de la representación de la ciudad en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados; el art. 75 inc. 2 de la CN interviene en la distribución de la coparticipación impositiva con la Nación y las Provincias y de la representación en el organismo fiscal federal; los arts. 75 inc. 31 y 99 inc. 20 de la CN que faculta al Gobierno Nacional a disponer la intervención federal a una Provincia o a la Ciudad de Buenos Aires y el art. 124 de la CN la creación regional para el desarrollo económico y social y que podrá celebrar convenios internacionales.

Al respecto cabe agregar que, independientemente de su condición actual de Capital Federal, las atribuciones conferidas por la CN a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no depende de que ésta sea o no Capital Federal de la República. Si se transfiriera la Capital a otro ámbito territorial, la Ciudad de Buenos Aires no perdería su autonomía y la provincia de Buenos Aires no podría reivindicar el territorio que oportunamente cedió; como tiene dicho la CSJN “…los acuerdos celebrados entre la provincia de Buenos Aires y la Nación con motivo de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires como Capital de la República, fueron definitivos e inhabilitan a dicha provincia para iniciar acciones a título de antigua propietaria del municipio y con motivo de la cesión que de él se hizo”- Fallo( 114:315).

Bidart Campos: “Por supuesto que la autonomía de la ciudad no tiene la preexistencia histórica de las catorce provincias que en 1853/60 dieron origen a nuestro estado federal, pero aún así, al emanar de la constitución federal a través del art. 129 de la CN, exhibe suficiente capacidad para habilitar la organización de las instituciones locales”[17].

“Cabe preguntarse por qué los constituyentes del '94 no optaron por la solución más sencilla de otorgar directamente la calidad de "Provincia" a la Ciudad de Buenos Aires, si en definitiva se le dio un status similar. Sólo ellos conocen la respuesta, pero cabe suponer que por lides políticas se resolvió de la manera en que se hizo, para compatibilizar la situación con el hecho de que la ciudad seguiría siendo la Capital de la Nación”- (Héctor Sabelli).

Con el fin de despejar cualquier duda interpretativa al respecto, el 2 de agosto de 1996, la Asamblea Constituyente resolvió en uno de sus primeros actos, declarar la "autonomía plena" de la Ciudad de Buenos Aires^{^[18]}.

2) Las facultades propias de legislación y jurisdicción asignadas por mandato supremo, fueron cercenadas por la Ley 24.588[19] “Ley Cafiero” (en alusión al autor del proyecto) que, de manera mediata limita la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tema que voy a tratar con un poco más de detenimiento al final del trabajo. El Congreso dictó en 1995 ésta ley para garantizar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras esta sea Capital de la República. Y así en su art. 8 expresamente limita sus facultades jurisdiccionales[20], reconociéndole que entenderá únicamente en materia de vecindad, contravencional y de faltas, y contencioso administrativa y tributaria locales.

Por otra parte la Ley 24.620[21] “Ley Snopek” dictó que será nulo y de nulidad absoluta todo aquello que sancione la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, que implique la derogación o modificación de disposiciones constitucionales, de la Ley 24.588 y de la presente ley.

La primera limitación entre el gobierno Federal y la Ciudad de Buenos Aires tuvo lugar en el año 1997 en el caso “Gauna”, ocasión en que la CSJN expresó que: “el estatuto organizativo de la Ciudad de Buenos Aires no pudo otorgar a las normas de la ciudad un alcance más amplio que el conferido por los constituyentes nacionales y en tal sentido dicho alcance fue delimitado por las Leyes 24.588 y 24.620” (320:897).

3) La Constitución Nacional llamó al titular del Poder Ejecutivo local “Jefe de Gobierno” y no Gobernador, configurando un ejemplo más de este nuevo sujeto de Derecho Público. El 30 de junio de 1996[22] se convocó a elecciones para elegir al jefe de gobierno de la ciudad y como resultado del escrutinio fue electo el Dr. Fernando de la Rúa para ocupar la jefatura del gobierno y como vice el Dr. Enrique Olivera. De esta manera los porteños pudieron elegir por primera vez, directamente a sus representantes.

4) El art. 129 de la CN también dispuso, que el congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Los representantes fueron convocados el mismo día de las elecciones para el Jefe de Gobierno, el 30 de junio de 1996, para la sanción del estatuto de la ciudad; punto inicial que trajo la creación de un ordenamiento jurídico, y por consiguiente también social, que puso las condiciones externas para la tutela, el desarrollo y perfeccionamiento de la persona humana.

El alcance del estatuto organizativo a sancionar genero diferentes interpretaciones: algunos autores entendieron que se estaba frente a un estatuto que organizaría sólo la estructura del poder y la de sus respectivos órganos; análisis que entiendo no adecuarse a las necesidades moderna de un destino progresista y a una cabal interpretación integral del ordenamiento constitucional, y otros autores que al respecto es claramente oportuno exponer lo dicho por el Dr. Bidart Campos “Conviene recordar que alguna teoría impugnatoria de la constitución porteña de 1996 dio por supuesto que el Estatuto Organizativo previsto por el art. 129 de la CN, solamente podía establecer la estructura del poder y de sus órganos, con la triple división que formula esa norma. No dudamos que con una evidente visión reduccionista, aquella opinión incurría en el tremendo error de imaginar que un “estatuto” que “organiza” la estructura de poder debe dejar fuera de sus previsiones el modo situacional de las personas que forman la sociedad y, por ende, sus derechos, que son el eje de la convivencia democrática…[23]

La Ciudad de Buenos Aires como nuevo sujeto de Derecho Público al que la Constitución Nacional le ha asignado una fisonomía especial, da la dimensión adecuada para que la ciencia del derecho constitucional delineé la organización jurídica de la ciudad conforme a una verdadera estructura con fin social, y así, los representantes calificaron a su reunión de “Convención Constituyente”[24], oportunidad en que promulgaron una Constitución como Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, y dieron a su jefe de Gobierno el título indistinto de Gobernador. La convención le ha dado así, una extensión mayor que a la prevista por el art. 129 de la CN, que se ve reflejado en el texto de la Constitución Porteña.

Chamau Marcelo Gustavo

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[1] Los Adelantados constituyeron la primera forma de autoridad en América, se le habían concedido funciones gubernativas, militares y judiciales, entre otras.

[2] Los Virreyes fueron los funcionarios de mayor jerarquía y personificaban al rey, tenía funciones amplísimas, entre las cuales estaban las judiciales y algunas de ellas fueron las de asistir a los juicios de residencia, las de ejercer el control sobre los organismos judiciales, juzgar a los indios con el asesoramiento de un oidor o letrado, resolver cuestiones de competencia entre tribunales civiles y eclesiásticos.

[3] Los Capitanes Generales tenían facultades similares al Virrey; pero en territorios más reducidos.

[4] Los Gobernadores eran funcionarios que ejercían facultades de gobierno y judiciales en divisiones territoriales menores delimitas dentro de los virreinatos.

[5] Por mandato de Carlos III se organizaron en América las intendencias, que como resultado los virreinatos se dividieron en provincias llamadas intendencias. Las funciones de estos intendentes estaban clasificadas en funciones de justicia, policía, hacienda y guerra.

[6] El Consulado actuaban, entre otras, como tribunal de justicia para resolver cuestiones comerciales.

[7] El Cabildo era un órgano de gobierno local, fue el más importante en la protección y defensa de los intereses locales y en la representación de las opiniones de los vecinos; era un organismo colegiado integrado por alcaldes y regidores, por ejemplo: los alcaldes desempeñaban funciones judiciales entendiendo en asuntos civiles y criminales.

[8] Las Audiencias Reales, fue el más alto cuerpo, en América, para la administración de justicia; en ciertos casos entendía como tribunal de primera instancia en asuntos civiles y criminales, conocía también como tribunal de apelación de las sentencias de los gobernadores, virreyes, intendentes, consulados y alcaldes.

[9] Ley N° 1029, 21 de septiembre de 1880.-

[10] Ley N° 1029 – Adla, Complemento, 1850-1880, 1188.

[11] Ley N° 19.987 – Adla, XXXII – D, 5222.

[12] Art. 129 de la CN - La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones.

[13] Ley N° 24.309 – Adla, 1994, A 89

[14] María Gabriela Ábalos: Síntesis sobre la definición de la naturaleza de la ciudad, para Badeni, Franco y Laplacette estamos ante una “Ciudad Autónoma” ; Quiroga Lavie una “Ciudad Estado” de nivel provincial; Dromi una “Semiprovincia “; Argüello “Status jurídico excepcional”; Bidart Campos “Entidad sui-generis de descentralización territorial, políticamente autónoma”; Sabsay “Persona de Derecho Publico de existencia necesaria”; Natale “ Autonomía Municipal”, entre otras-ver fuente en: Derecho Constitucional, Varios autores, Universidad, 2004 p. 752.

[15] La Corte en Fallo (JA 2001-III-73) dijo: “…acerca de si la ciudad es o no una provincia. Esta Corte ha juzgado que no cabe equiparar "el status jurídico especial" del que goza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme con lo establecido en el art. 129 de la CN. y en la cláusula transitoria 7ª, con la autonomía provincial en los términos que la ha entendido desde sus inicios esta Corte y que implica decidir "con entera independencia de los Poderes de la Nación, sobre todo lo que se refiere a su régimen, su progreso y bienestar interno". Por otra parte, cabe señalar que no existe atisbo alguno en el texto de la Constitución Nacional que autorice a calificarla como tal, pues siempre se la menciona como una entidad distinta y separada” Otros fallos "Juan B. Cincunegui v. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"- "Fisco Nacional s/pedido de avocación" y "Rodríguez, Héctor y otros v. Provincia de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios".

[16] Alberto Dalla Via, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Bs. As., Belgrano, 1996, p. 11.

[17] Germán J. Bidart Campos, Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 25.

[18] Declaración de autonomía de la Asamblea Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 1996 Resuelve:

Artículo 1.- Declarar que esta Asamblea Constituyente no conoce otros límites para su labor que no sean los que surgen de la Constitución Nacional (artículo 129 y concordantes).

Artículo 2.- Rechazar por inconstitucional las limitaciones impuestas a la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires por las leyes N° 24.588 Y N° 24.620 en cuanto impongan restricciones al régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción establecidas en la Constitución Nacional.

Artículo 3.- Reivindicar la facultad de esta Asamblea Constituyente para fijar los modos y plazos de la convocatoria a elecciones legislativas de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4.- Dirigirse al Congreso de la Nación solicitando la urgente modificación de la ley N° 24.588 de garantía de los intereses del Estado Nacional, a fin de garantizar a la Ciudad de Buenos Aires la plena autonomía que establece el artículo 129 de la Constitución Nacional.

Artículo 5.- De forma.

[19] Ley N° 24.588 – Adla, LV – E4, 1995, E-, 5921.

[20] en su art. 6, establece que el Estado Nacional y el Gob. Local celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencia, servicios y bienes.

[21] Ley N° 24.620 – Adla, LVI – A, 1996, A-56.

[22] “Ley Snopek” en alusión al autor del proyecto, convocó al los habitantes a que elijan jefe y vice y conjuntamente a la elección de los sesenta representantes encargados de dictar el estatuto organizativo.

[23] Germán J. Bidart Campos, Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 25.

[24] En la Ciudad de Buenos Aires en la Sala A-B del Centro Cultural General San Martín, a las 11 y 53 del 19 de junio de 1996, se da por iniciada la celebración de la convención constituyente. Que en sus palabras iniciales se deja marcado el camino y el rumbo de hacer de la Ciudad de Buenos Aires un Estado Autónomo y de organizar institucionalmente a una de las ciudades más grande del mundo.

División del Poder - Reseña

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 07 Mar 2011 13:05:00 +0000

Breve reseña de la División del Poder en Argentina 1810/1853

Por Marcelo Chamau

I- División del Poder (Introducción)

Uno de los pilares fundamentales para la subsistencia de la democracia constitucional, consiste en distribuir el poder del Estado entre los diversos órganos del gobierno, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo o como explicara Juan Bautista Alberdi "…dividido en los tres poderes elementales destinados a hacer, interpretar y a aplicar la ley tanto constitucional como orgánica”[1]. Este instrumento requiere un delicado equilibrio y de controles recíprocos para impedir que el funcionamiento del sistema desborde los límites impuestos. Mirando hacia atrás en el desarrollo de distribuir el poder del Estado entre los diversos órganos del gobierno, fue de un largo y paulatino proceso.
En una primera etapa, se limitaba a distinguir la función legislativa de la ejecutiva. La facultad de aplicar la ley para resolver los conflictos particulares fue considerada como una potestad perteneciente al órgano ejecutivo.
Recién a mediados del siglo XVIII Montesquieu expuso la teoría de la División de Poderes, donde las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales fueran ejercidas por diferentes órganos, sustrayendo al órgano ejecutivo la función jurisdiccional. Esto desemboca en el desarrollo de dos modelos diferentes, productos de dos grandes revoluciones y que se han seguido hasta la Segunda Guerra Mundial: la corriente francesa y la norteamericana.

Francia tuvo un sistema en el que los legisladores controlaban a los jueces a través de un órgano especial, el Tribunal de Casación y en Norteamérica los jueces y la Corte Suprema fueron los encargados de controlar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.

II- Antecedentes de la División de Poder 1810 / 1853

A modo ilustrativo mencionare las diferentes asignaciones que se fueron sucediendo, como antecedentes de la división de poder en nuestro país desde 1810 hasta 1853, omitiendo el análisis de este instrumento que excede la intención de este trabajo:

Del reglamento dictado por el Cabildo Abierto en el que se originó nuestro primer Gobierno Patrio en 1810, resultaría un principio de división de poderes, por cuanto se estableció que el Poder Ejecutivo (en adelante PE) era asignado a la Junta, El Poder Legislativo (en adelante PL) fue asignado al Cabildo y el Poder Judicial (en adelante PJ) le correspondía a la Audiencia.

El Reglamento Orgánico de 1811, establecía que el PE estaría a cargo del Triunvirato y le prohibía desempeñar funciones judiciales, el PL sería desempeñado por la Junta Conservadora y al PJ lo declaraba independiente, le correspondía juzgar a los ciudadanos y la Audiencia era la suprema autoridad; en el Estatuto Provisional de 1811 el PE quedaba en manos del Triunvirato y en los asuntos de justicia actuaba como segunda instancia; la Asamblea 1813 facultó al PE para nombrar a los jueces criminales y civiles, menos los del Supremo Poder Judiciario y suprimió el Tribunal de la inquisición; el Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado de 1815 , instituyó al PE a cargo del Director del Estado, el PL a la Junta de Observación y el PJ estaba integrado por un Tribunal superior, cámaras de apelaciones y juzgados inferiores; en la Constitución rechazada de 1819, el PE sería ejercido por el Director del Estado, el PL sería bicameral y el PJ a cargo de una Alta Corte de Justicia y Tribunales inferiores; en la Constitución rechazada de 1826, el PE lo ejercería el Presidente de la Republica Argentina, el PL por dos cámaras y el PJ por una Alta Corte de justicia, Tribunales superiores y juzgados establecidos por ley.

La Convención Constituyente al sancionar la Constitución de 1853/60, ya organiza los poderes del Estado según la clásica división formulada por Montesquieu, estableciendo que el PE, unipersonal, es desempeñado por el Presidente de la Nación, un PL bicameral, integrado por una cámara de Diputados y una cámara de Senadores y un PJ, independiente, ejercido
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los demás Tribunales inferiores que el congreso estableciera en el territorio de la Nación.

Vale aclarar que el Poder Judicial de la Nación fue el último en constituirse de los tres órganos; la estructura actual respondió a sucesivas etapas y como ejemplo de alguna de esas etapas tenemos que: en el año 1862 se dictó la Ley N° 27[2] de organización de la Justicia Nacional; en 1863 las Leyes 48[3], 49[4] y 50[5] que establecían la competencia y procedimientos ante los Tribunales Nacionales; en el año 1863 se estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el año 1886 con la Ley 1893[6] se reguló la organización de los tribunales de la Capital Federal.

En la Constitución reformada en 1994, el PE unipersonal es desempeñado por el Presidente de la República, un PL bicameral, integrado por una cámara de Diputados y una cámara de Senadores y el PJ, independiente y ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los demás Tribunales inferiores creados por ley, el Consejo de la Magistratura y por un Jurado de Enjuiciamiento, y en la organización de los Poderes de la Constitución de la Ciudad Autónoma (1996), el PE es desempeñado por el Jefe de Gobierno, el PL es ejercido por la Legislatura, integrado por sesenta diputados/diputadas y un PJ independiente, ejercido por El Tribunal Superior de Justicia, por los demás Tribunales inferiores creados por ley, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

III- Poder Judicial

Es el órgano encargado de ejercer una función del poder del estado, “la administración de justicia o función jurisdiccional”[7].
Es independiente de los otros dos poderes y ésta independencia es una condición indispensable para su correcto funcionamiento, con ella se hace referencia a la independencia e imparcialidad de todo partidismo y a la independencia que tiene el juez, quien sólo debe estar sujeto a la ley, excluyendo totalmente su arrogación y ejercicio por parte del Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo.

El órgano judicial ejerce su función jurisdiccional, resolviendo por aplicación de las leyes las controversias surgidas en el seno de la sociedad; por otra parte como autoridad constituida encargada del control de constitucionalidad, verificando en el caso concreto si los actos de los órganos ejecutivo y legislativo se adecuan a la Constitución y de ser el interprete final de la Constitución.

El Poder Judicial tiene una característica organizativa particular que no se agota en un solo órgano, sino, que lo conforman los jueces y tribunales de las distintas instancias que forman una estructura piramidal.

Chamau Marcelo Gustavo

[1] Juan B. Alberdi, Bases, Bs. As., Plus Ultra, 3ra. Ed., 1981, p.134.

[2] Ley N° 27– Adla, Complemento, 1850-1880, 354.

[3] Ley N° 48 – Adla, Complemento, 1850-1880, 364.

[4] Ley N° 49 – Adla, Complemento, 1850-1880, 385.

[5] Ley N° 50 – Adla, Complemento, 1850-1880, 391.

[6] Ley N° 1893– Adla, Complemento, 1881-1890, 200.

[7] Su origen se remonta al derecho romano, y proviene de las voces iuris-dictio ó ius-dicere, cuyo significado literal sería, “decir el derecho”. Función Jurisdiccional = función que cumple el Estado, para dirimir, mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre éstos y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. Clemente A. Díaz.

Jurisdicción Porteña

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 05 Mar 2011 00:16:00 +0000

Por Marcelo Chamau

A partir de la sanción de la Constitución Nacional de 1853 se ejercían dos tipos de jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires: la Provincial que decidía los asuntos de carácter común y la Nacional que estaba reservada a materia federal.

Después de la capitalización de Buenos Aires en 1880, se organizaron dos ramas de la justicia nacional con diferentes competencias: Una Justicia Ordinaria y la otra la Justicia Federal de la Capital Federal. Formando ambas, categorías de órgano del Poder Judicial de la Nación; respecto de las materias sometidas, no hay diferencias de distribución de competencias, como si existe entre los juzgados federales y los juzgados provinciales.

La CSJN [1] sostuvo que si bien todos eran tribunales nacionales, sólo los tribunales federales constituían la justicia federal creada por la Constitución Nacional; mientras que los otros eran simples tribunales de derecho común que el congreso establecía en virtud de la
legislación exclusiva que ejercía en el territorio de la Capital.

“Con posterioridad el Alto Tribunal[2] vario su criterio junto con la generalidad de la doctrina, poniendo en acento, no sólo en la similar forma de creación de los órganos y designación de los magistrados, sino también en el hecho indudable de que la distribución de
competencias respondía únicamente a necesidades practicas del Estado”[3].

El Dr. Julio de Giovanni al respecto va a decir “… si bien la jurisdicción de los jueces nacionales ordinarios de la Capital Federal podría haber tenido algún sentido en el pasado, basándose en que la ciudad carecía de autonomía y que algún tribunal de la nación debía encargarse de las cuestiones de derecho común que se suscitaran en un territorio federal, hoy estas razones han dejado de existir”.

“En consecuencia podemos afirmar sin temor a equivocarnos que: a) le corresponde a la Justicia Nacional Federal la protección de los intereses del Gobierno Federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, del mismo modo que ocurre en el territorio de las Provincias; b) con respecto a la llamada Justicia Nacional Ordinaria de la Capital, que ejerce una jurisdicción similar o casi la idéntica a la de los tribunales provinciales en sus respectivas jurisdicciones en razón de ser la descendiente directa de la antigua justicia de la Provincia de Buenos Aires, corresponde que sea parte de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”[4].

“Otra cuestión constitucional diferente es la determinación , con criterios lógicos y razonables, de cuáles son los alcances de las facultades de jurisdicción que debe tener la Ciudad de Buenos Aires después de la reforma constitucional de 1994, entendemos que la fórmula que nos llevará de la mano para encontrar la solución correcta es excluir de la esfera de su jurisdicción las cuestiones que son eminentemente federales y reservar para sí todas las cuestiones no federales, de conformidad con la interpretación armónica de los artículos 108,116,117 y 129 CN”[5].

En la actualidad existe en la ciudad un triple Poder Judicial; como señala Bidart Campos: El federal, para cuestiones que son de jurisdicción federal por razón de partes, de materia o de lugar; el que hasta ahora se ha llamado nacional en la Capital Federal (que en rigor es tan federal como el anterior, porque es Poder Judicial de la Nación) y el Poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Chamau Marcelo Gustavo

[1] Fallo: 30:128.

[2] Fallo: 217:22.

[3] Rafael Bielsa y Eduardo Graña, Manual de la Justicia Nacional Bs. As., Ciudad Argentina, 1999, p. 121.

[4] Julio de Giovanni, La organización de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 315.

[5] Ibídem, p. 316.

Ley 24.588 vs. Plena Autonomía

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 04 Mar 2011 12:37:00 +0000

Por Marcelo Chamau

La Ciudad de Buenos Aires, tiene facultades propias de legislación y jurisdicción, de manera íntegra y plena; potestad otorgada por la Constitución Nacional; pero como anteriormente adelante, la Ley 24.588 promulgada[1] para garantizar los intereses de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los limites con el que se encontró el convencional constituyente porteño al realizar su tarea de organizar el Poder Judicial, que no sólo acotaron el ejercicio del poder constituyente de la ciudad autónoma, sino que limitó expresamente sus facultades jurisdiccionales reconociéndole: que entenderá únicamente en materia de vecindad, contravencional y de faltas, y contencioso administrativa y tributaria locales.

Una ley que pone límites donde la Constitución Nacional nada establece. “Autonomía y facultades propias de jurisdicción constituyen algo más que una asignación de competencias”[2].

Si bien la doctrina por unanimidad, se ha expedido por la inconstitucionalidad de dichas normas y contraria a una interpretación que no sea integral y armónica con todo el texto de la Constitución Nacional, hay autores que además de estas dos leyes (24.588 y 24.620) encuentran en el art. 75 inc. 12 de la CN limitar la plena jurisdicción de la CABA, aludiendo, que son los jueces nacionales o los provinciales los que pueden aplicar los códigos de fondo y que no le atribuye, esa facultad a los jueces de la ciudad[3].

Pero con lo dicho también, puede inferirse que en la redacción del art. 75 inc. 12 de la CN al omitir a los jueces de la CABA, no fue más que eso, una omisión, un olvido[4], además una contraria interpretación colisiona con la disposición del art. 106 de la CCABA que le corresponde al Poder Judicial de la ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por los Códigos de fondo.

Actualmente la Justicia local se halla inmersa en un proceso de traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad, en el que no siempre hay acuerdo entre los distintos sectores.

Pero ¿cuál es la razón de lo expuesto? ¿cómo incide en nosotros los ciudadanos? La respuesta esta detrás de éste conflicto de competencias entre Nación y Ciudad Autónoma, y la hallamos precisamente en el interés de todos los ciudadanos porteños de tener sus propios tribunales y jueces para la resolución de los conflictos ordinarios, regidos por la legislación común[5], que se originan en el seno de la ciudad y en el respeto al espíritu de los convencionales porteños que nos dejaron en la constitución porteña herramientas puestas al servicio de una administración de justicia más eficiente.

Por eso, la transferencia de la justicia ordinaria implica: recurrir a la justicia local para resolver los asuntos de todos los vecinos de la ciudad y no mantener en la órbita de la Nación la competencia de una Justicia que nada tiene que ver con los intereses de la ciudad.

El Dr. Bidart Campos nos dice: “No se entiende por qué han de ser jueces del Poder Judicial Federal los que intervengan en la Ciudad de Buenos Aires en juicio de divorcio, en procesos penales por delitos comunes, en causas por indemnización de daños, en juicios de filiación y adopción, en cobro de pesos, en una ejecución de hipoteca, etc. ¿Qué intereses federales se tutelan? Evidentemente ninguno, y la mejor prueba es que tales clases de procesos corresponden en las provincias a sus tribunales locales[6]. Y el Dr. Ferreyra en el mismo sentido: “… no hay razones que justifiquen que una ciudadana del barrio de Villa Devoto, si quiere divorciarse tenga que acudir a la justicia nacional. Tampoco hay argumentos de peso que puedan responderle al comerciante del barrio de Pompeya dónde reposa el fundamento de que el juez que entenderá en su reclamo judicial de cobro de pesos a un proveedor, pertenezca a la justicia nacional, y no forme parte de su Gobierno autónomo,…verdaderamente nos resulta imposible visualizar la existencia del interés de la Nación en tales asuntos” [7].

Las leyes que limitan el traspaso de la justicia Nacional a la justicia Local siguen aún vigentes; sabemos que la organización de la justicia es parte de un lento proceso de reestructuración y por lo tanto aún queda por andar; aún así el vallado impuesto a la ciudad tiene su cuota de avance para lograr la plena administración de justicia porteña y al respecto el pie inicial se dio en el marco del Convenio sobre “Transferencia de Competencias Penales de la Justicia Penal Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", celebrado en 7 de diciembre de 2000 y aprobado por las leyes 25.752[8] del Honorable Congreso de la Nación y 597[9] de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trasladándose en esta oportunidad competencia relativa a los delitos penales sobre tenencia sin autorización de armas de uso civil y portación sin autorización.

A partir de ese momento se celebraría el 01 de junio de 2004 otro Convenio[10] sobre “Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” celebrado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad se prevé transferir a la órbita del Poder Judicial de la Ciudad la investigación y juzgamiento de unos trece (13) de delitos penales como: lesiones en riña, abandono de persona, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, discriminación, daños, ejercicio ilegal de la medicina e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Para concretar la transferencia es necesario que el convenio sea ratificado por el Gobierno de la Ciudad, ya que hasta que esto no suceda no será ratificado por la Nación, y cuyo tratamiento, un tanto tardío, está previsto para las próximas sesiones en la Legislatura Porteña.

Otro punto a tener en cuenta para lograr la plena administración de justicia porteña es el de los recursos, y en éste sentido el nuevo status de la Ciudad exige que el régimen de coparticipación federal de impuestos establezca el necesario financiamiento de los servicios que queden descentralizados en la Ciudad.

Respecto a la distribución de recursos financieros entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, el art. 75 inc 2 de la CN dispone que “La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Actualmente la Ciudad de Buenos Aires no participa dentro de la distribución de la coparticipación federal de impuestos como cualquiera de las otras jurisdicciones provinciales, sino que recibe recursos asignados por parte del Gobierno Nacional de acuerdo a su “participación histórica”.

El Gobierno Nacional debe transferir a la Ciudad un monto equivalente a las partidas presupuestarias que correspondan a las actividades del Poder Judicial y aquellas que constituyan la base de la transferencia de competencia. La Ciudad es una de las jurisdicciones con mayor densidad de población y cuenta con la menor participación de gastos en Justicia.

La falta entonces de los recursos, co-ayudan en buena parte a la imposibilidad efectiva de implementar la organización judicial prevista por la CCABA.

Y por último, para cerrar el presente trabajo, he querido exponer el texto del art. 6 de la Constitución Porteña “Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”.

Chamau Marcelo Gustavo

[1] Leyes 24.588 y 24.620 – “…las mismas respondieron a una coyuntura política especial y momentánea lo cual es lamentable desde el punto de vista constitucional, ya que toda ley fundamental se hace para los tiempos y no para las coyunturas”. P. Manili, “El sistema de Derechos en la CCABA, La Ley, 2001, p. 173.

[2] Víctor R. Tronfetti, El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Revista Derecho Procesal, V3, 1994, p. 503.

[3] El Dr. Palacios entiende que el referido silencio es por lo demás congruente con una interpretación armónica del régimen constitucional argentino y no puede por consiguiente atribuirse a un mero "olvido" o inadvertencia de los constituyentes, según se ha insinuado por alguna solitaria doctrina, pues como lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación la inconsecuencia o falta de previsión jamás se suponen en el legislador (menos aún en el constituyente), y por ello se reconoce como regla inconcusa que la interpretación de las leyes (y con mayor razón de la Constitución) debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas con las otras Fallos: 303:1041; 304:794 y otros. La autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires se halla en todo caso supeditada al requisito esencial de que aquélla deje de ser Capital de la Nación.- Lino Palacio, La justicia de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2002. El doctor Rodolfo Barra entiende que "la Ciudad de Buenos Aires es un municipio nacional" y que el traspaso de la Justicia "es inconstitucional...el art. 75, inc. 12 de la CN dice que son los jueces nacionales o los provinciales los que pueden aplicar los códigos de fondo. .. pero no atribuye esa facultad a los jueces de la Ciudad. .. Por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires, no puede tener jueces con esas atribuciones..."

[4] Los doctores Augusto Morello y Félix Loñ: "La intención del Constituyente de 1994, en lo referente a dotar a la Ciudad de Buenos Aires de un auténtico y pleno poder judicial, quedó reflejada en el citado art. 129 de la CN y la cláusula transitoria decimoquinta. De esta forma, puede inferirse razonablemente que la omisión de los jueces de la Ciudad en el art. 75, inc. 12 de la CN, fue nada más que eso: un olvido.

Los doctores Rafael Bielsa y Carlos Garber, se han pronunciado expresando: "Deficiencias en la técnica de redacción del texto de la Constitución nacional reformada en 1994, permiten sostener tesis opuestas respecto del alcance y la extensión de las facultades propias de jurisdicción "reconocidas, el art. 129 de la CN, a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del régimen de Gobierno autónomo que allí se le concede. Adherimos a la opinión de quienes consideran que esas facultades son amplias y abarcan, en principio, la potestad de juzgar todos aquellos casos y controversias regidas por el derecho Común y local que no correspondan, por las cosas o las personas, a la excepcional competencia federal. Además de conciliar y dar efecto a todo el articulado constitucional, congruentemente con sus principios orientadores, la interpretación que aceptamos es la que mejor condice con los valores que la Constitución hizo suyos de manera permanente al elegir, como modelo institucional y forma de gobierno, la representativa, republicana y federal"

[5] Cuando no concurra la excepcional competencia federal, por razón de las personas o las cosas.

[6] Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, T III, Bs. As., Ediar, 1997, p. 356.

[7] Raúl G. Ferreyra, Estudio de la Ley Fundamental Porteña, Bs. As., Depalma, 1997, p. 146.

[8] Ley N° 25752 Boletín Oficial 28/07/2003.

[9] Ley N° 597 – Adla, LXI- D, 4774.

[10] Convenio Nº 14/04 1ro. de junio de .2004

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 04 Mar 2011 12:32:00 +0000

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por Marcelo Chamau

Sancionada la “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (en adelante CCABA) el Poder Judicial porteño quedo integrado^{^[1]} por: El Tribunal Superior de Justicia, los demás tribunales establecidos por ley, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Y la Ley^{^[2]} “Orgánica del Poder Judicial”, prevé además, la Cámara de Casación en lo Penal, las cámaras de apelaciones en lo civil, en lo comercial, del trabajo, en lo criminal y correccional; los tribunales orales en lo criminal y de menores; las cámaras contencioso administrativo y tributario y en lo contravencional y de faltas; y los juzgados de primera instancia en lo civil, en lo comercial, en lo criminal y correccional, del trabajo, de menores, en lo contravencional y de faltas, de ejecución y seguimiento de sentencia, en lo contencioso administrativo, los tribunales de vecindad y el tribunal electoral.

La Constitución atribuye al Poder Judicial local el conocimiento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por ella, por los convenios que la Ciudad de Buenos Aires celebre, por los códigos de fondo, por las leyes y demás normas nacionales y locales, sin perjuicio del juicio por jurados que la ley establezca[3]. Se prohíbe el ejercicio de facultades judiciales por los demás poderes[4], siguiendo la tradición constitucional de la división de poderes. “debemos recordar que ya en la concepción de Montesquieu, la separación de Poderes es la garantía genérica del respeto por los derechos y las libertades públicas”[5]. Se incluye una cláusula programática respecto a la responsabilidad de los otros poderes de dotar al Poder Judicial con los recursos necesarios para su buen funcionamiento y para que sea viable el derecho a la jurisdicción consagrado en el concepto de "acceso a la justicia"[6], con la resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un costo que no implique privaciones de justicia.

Los miembros del Poder Judicial asumirán el cargo mediante el acto de juramento que se prestará ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia[7], mediante un sistema que asegura la objetividad del juzgamiento de la idoneidad de los postulantes a los cargos. No se establece el requisito de terna, ni la intervención del Ejecutivo en la designación, circunstancia que mejora el complejo sistema diseñado en la Constitución Nacional que prevé la intervención de tres órganos. Se garantiza el procedimiento de concurso y se impide manipulación política de las designaciones. Se establece que los acuerdos para la designación de los magistrados son públicas y se asegura de la participación de la mujer para concursar los cargos[8].

Se establece el principio de inamovilidad de los miembros, al asegurar la permanencia de sus integrantes mientras dure la buena conducta de los mismos[9], sin importar los cambios políticos que protagonicen los demás órganos del gobierno, con el fin de asegurar su independencia. De la intangibilidad de la remuneración y de la saludable eliminación del privilegio a exenciones impositivas[10], manifestando que no afecta a la intangibilidad de la remuneración. “La efectiva vigencia del principio de no discriminación debe incluir la eliminación de diferencial tratamiento impositivo que no están justificadas en la preservación de la función[11].

Los jueces y juezas deben resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo[12]. Gozan de las libertades de expresión, credo e ideas, asociación y reunión, al igual que los demás ciudadanos y ciudadanas[13].

Los jueces y funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio, con excepción de la docencia; estableciéndose así, las incompatibilidades entre el ejercicio de la función judicial y la actividad remunerada, para garantizar su imparcialidad.

Los jurados de enjuiciamiento[14] se han diseñado a la manera de una instancia en la que también interviene el Consejo de la Magistratura en su etapa acusadora, compuesta por partes iguales de jueces, legisladores y abogados, nueve miembros en total. Las causas que originan la remoción de los magistrados son comisión de delitos dolosos, mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad física o psíquica[15].

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la CABA, declara que la justicia emana del pueblo y es administrada en su nombre por los jueces y juezas del Poder Judicial de la Ciudad, quienes están sometidos únicamente a la constitución Nacional, a la Constitución de la Ciudad y al imperio de la Ley[16].

1 - Tribunal Superior de Justicia:

Su Integración se ha fijado en el texto de la CCABA[17] y en el art. 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cinco (5) magistrados, evitando así que se modifique por vía legislativa con fines políticos; diferenciándose con la Constitución Nacional que se refiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin determinar el número de sus integrantes, que dio como resultado en el transcurso del tiempos a un aumento en el número de sus integrantes. Por ello, y con miras de asegurar la independencia del Poder Judicial, la Constitución porteña ha fijado su composición, que sólo podrá modificarse mediante el mecanismo de reforma constitucional.

Los jueces son designados por el jefe de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, en sesión pública, no podrán ser todos del mismo sexo[18] y sólo serán removidos por juicio político.

Para ser magistrado del Alto Tribunal, se encuentran los de tener especial versación jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a cinco años.

El Tribunal dicta su reglamento interno, nombra y remueve a sus empleados, proyecta y ejecuta su presupuesto[19], delineando así una estructura libre de la interferencia de los otros órganos de gobierno.

Se regula la competencia material del Tribunal Superior[20], es decir, los casos que van a ser sometidos a su decisión, otorgándole el constituyente porteño tres tipos diferentes de competencia: Originaria y exclusiva, apelada ordinaria y apelada extraordinaria. “El inc. 1 le confiere competencia para conocer los conflictos entre los demás poderes de la ciudad; el inc. 2, prevé su competencia originaria y exclusiva en los casos de acciones declarativas de inconstitucionalidad de las normas emanadas de las autoridades de la ciudad. En el caso de que el Tribunal declare la inconstitucionalidad, la norma pierde su vigencia. Cuando se trate de leyes, éstas seguirán vigentes durante tres meses después de la decisión. Dentro de ese lapso, la legislatura puede ratificarla con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación no impide el posterior control difuso. De este modo, el inciso adelanta que todos los jueces y el Tribunal pueden ejercer el control difuso de constitucionalidad”[21].

Entonces el mecanismo de este inciso, nos permite una doble vía de declaración de inconstitucionalidad de leyes, el concentrado y el difuso. El control de constitucionalidad "concentrado" es propio de los tribunales constitucionales europeos, donde puede declararse una inconstitucionalidad con alcance general como aquí está previsto; aunque con una particular de excepcionalidad: que la Legislatura insista con la validez de la ley por, una mayoría especial agravada de dos tercios de los miembros presente dentro de los tres meses de declarada la inconstitucionalidad. “Si esto ocurriera (la insistencia de la Legislatura) la inconstitucionalidad sería igualmente valida aunque sólo para el caso o litigio concreto y para todos los casos concretos en que se declare tal inconstitucionalidad (sistema "difuso" correspondiente al sistema norteamericano y a nuestro orden federal)”[22].

El inc. 3 se refiere al recurso de inconstitucionalidad y el inc. 4 al recurso de denegación de justicia; Inc. 5 el Tribunal tiene competencia ordinaria de apelación en las causas contra la ciudad, cuyo monto no sea superior al que fije la ley y el inc. 6 prevé la competencia originaria en materia electoral y de partidos políticos locales.[23] Respecto de la competencia originaria en materia electoral, el inc.5 admite la posibilidad de crear mediante ley un tribunal electoral, en este caso actuará por vía de apelación.

La introducción de un sistema de control con alcance derogatorio, afianza la vigencias del principio de supremacía constitucional y resulta un instrumento idóneo para le efectiva vigencia del sistema, ya que permite que las normas contrarias a la Constitución pierdan validez sin necesidad de que los afectados promuevan las acciones en cada contienda donde la norma debe ser aplicada. Asimismo, el sistema de insistencia de la Legislatura salvaguarda el principio de separación de Poderes y evita que esta facultad se convierta en una intromisión de los jueces en facultades propias de otro órgano[24].

2 - Consejo de la Magistratura:

El Consejo de la Magistratura fue establecido por el constituyente porteño en forma clara en el texto de la Constitución porteña, otorgando una participación igualitaria a la Legislatura, al Poder Judicial y al colegio publico de Abogados de la Ciudad.

En su integración[25] no participa la representación del Ejecutivo, otorgándole transparencia e independencia al sistema de selección. El consejo entonces esta integrado por nueve (9) miembros: tres (3) representantes elegidos por la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros; tres (3) jueces del Poder Judicial de la Ciudad, excluidos los del Tribunal Superior, elegidos por el voto directo de sus pares y tres (3) abogados matriculados en la Ciudad y elegidos por sus pares.

Los integrantes del Consejo de la Magistratura duran cuatro años en sus funciones, y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de por lo menos un período completo. Designan a su presidente y tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los jueces y son removidos por juicio político.

Entre sus funciones^{^[26]} se encuentra la de seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a la Magistratura y al Ministerio Público, proponiéndolos a la legislatura; recibe las denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público; decide la apertura de remoción de Magistrados; dicta los reglamentos internos del Poder Judicial y ejerce facultades disciplinarias respecto de los magistrados.

En el art. 1 de La ley 31 “Orgánica del Consejo de la Magistratura” encontramos definido sus funciones “…es un órgano permanente de selección de magistrados y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado”.

Son órganos del Consejo de la Magistratura: a) el Plenario, la Comisión de Administración y Financiera, la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público y la Comisión de Disciplina y Acusación. b) El Comité Ejecutivo, integrado por el Presidente o Presidenta, el Vicepresidente o Vicepresidenta y el Secretario o Secretaria, y c) El Sistema de Formación y Capacitación Judicial.

3 - Ministerio Público:

La función esencial del Ministerio Público[27] consiste en promover la actuación de la justicia, acentuando que su finalidad es la representación de los intereses generales de la sociedad; velando por la normal prestación del servicio de justicia; de la protección de las personas menores de edad, incapaces e inhabilitados; de la observancia de los derechos humanos en los establecimientos y lugares de detención; promover y ejercitar la acción pública en las causas contravencionales y penales; intervenir en los procesos en que se cuestione la validez constitucional de normas jurídicas; velar por la observancia de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes nacionales y las leyes locales; dirigir a la Policía Judicial y asegurar a la vez la independencia para su correcto funcionamiento.

El Ministerio Público está integrado[28] por tres (3) ámbitos diferenciados e independientes entre sí:

a) Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un o una Fiscal General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley.

b) Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Defensor o una Defensora General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley;

c) Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Asesor o una Asesora General Tutelar, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley.

Cada uno de los tres (3) ámbitos tiene a su cargo el gobierno y la administración general y financiera. Dictan los reglamentos internos necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas por la CCABA. Gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas que los legisladores y se encuentran alcanzados por las mismas incompatibilidades e inhabilidades respecto de los jueces y juezas.

4 - Fuero Contencioso Administrativo y Tributario:

La justicia en lo contencioso administrativo y tributaria entiende en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado; entonces, cada ciudadano que demande o sea demandado por una autoridad administrativa local deberá hacerlo frente a este fuero, cualquiera sea la naturaleza de la acción.

Así, quedo establecido en el Art. 2º de la Ley 189[29] - “Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público”.

El legislador porteño al precisar el alcance de las autoridades administrativas[30] considero: a la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, al órgano legislativo y al órgano judicial de la CABA, en ejercicio de la función administrativa y a los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Quién esta legitimado para interponer la demanda? el art. 6 de la Ley 189 expresa “Pueden interponer la demanda quienes invoquen una afectación, lesión o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico...”.Se sostuvo al respecto que, en este proceso se han superado las viejas discusiones entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple, entonces todo vecino podrá invocar una afectación o lesión que esté resguardada por el ordenamiento jurídico.

5 - Fuero Contravencional y de Faltas

La constitución de la justicia Contravencional el 15 de marzo de 1998, implicó la cesación de la justicia municipal de falta, tipificada en los edictos policiales. Los famosos edictos, una forma de peligrosidad sin delito que existía en la Ciudad de Buenos Aires y que tiene su origen cuando Rivadavia suprime los cabildos. Así el constituyente porteño, Dr. Castells se refería en la convención a los edictos policiales “Por un lado nos copiamos la Constitución norteamericana, pero por el otro la policía borbónica, es decir, la policía militarizada piramidal. Nunca tuvimos la policía comunitaria de los Estados Unidos; sí la Constitución pero, no la policía”[31].

Este sistema de peligrosidad sin delito se fue difundiendo a lo largo de todo el país; desde el siglo pasado estos edictos eran un amontonamiento de disposiciones absurdas de distintas épocas que emanaba del jefe de policía.

En el primer Gobierno del General Perón, la Corte Suprema va a declarar la inconstitucionalidad de la facultad de emitir edictos por parte del jefe de Policía; pero inmediatamente el Congreso a través de una ley ómnibus de 1958, los convierte en una ley nacional.

Las continuas objeciones de organismos de derechos humanos y distintas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, sobre el carácter extremadamente impreciso y difuso respecto de las conductas contempladas en los edictos y acerca de las prácticas discrecionales en su aplicación en detrimento de los derechos de los eventuales contraventores (lo cual en más de una oportunidad dio lugar a denuncias de malos tratos y abusos de autoridad), por una parte; así como, las repetidas discusiones respecto de la concentración de funciones legislativas y judiciales en manos de la Policía Federal por la otra; acabaron por conseguir la derogación de los Edictos Policiales, así sostuvo el fiscal general adjunto Luis Cevasco[32].

La sanción de un nuevo Código Contravencional[33] por parte de la Legislatura de la Ciudad, implicó no sólo la supresión de las antiguas figuras contravencionales, fundándose en la necesidad de depuración de los edictos policiales de su carácter peligrosista, sino también la definición de nuevos tipos y figuras contravencionales; sólo podrán ser sancionadas aquellas conductas individualizadas en forma concreta.

El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos. Se aplica a las contravenciones que se cometan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las que produzcan sus efectos en ella.

Vale aclarar conceptualmente aquellas conductas humanas que pueden ser efectuadas por acción u omisión: por acción se entiende a la actividad humana dirigida directamente a la comisión de la contravención; para facilitarla o producida para impedir su descubrimiento, ocultar lo obtenido o darle al autor o autores una ayuda necesaria de cualquier tipo. La comisión por omisión se le reprochará a aquel que teniendo obligación legal, no actúe, o que, si actúa lo hace de manera defectuosa, incompleta o extemporánea.

Respecto de las contravenciones cometidas por menores en el ámbito de la CABA, se ha establecido que la justicia porteña es competente, aún cuando no existiera en el ámbito de la Ciudad, tribunales especiales para el juzgamiento de menores. El juez, así, asume en el juzgamiento de las contravenciones cometida por menores, funciones asistenciales, además de las jurisdiccionales que le son propias. (CC y F CBA, sala 2da. 7de julio de 2005- RM. M.A.)

En la aplicación del Código resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, en los Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la Constitución Nacional (artículo 75, Inc. 22) y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quedando así, organizado dentro del Poder Judicial de la Ciudad[34], al cual quedó subordinada la Policía Federal en carácter de auxiliar de la justicia y de organismo preventor, hasta tanto el Poder Judicial organice su propia policía.

Chamau Marcelo Gustavo

[1] Art. 107 de la C.C.A.B.A

[2] Ley N° 7 - Adla, LVIII – A, 718. “Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

[3] Art. 106 de la C.C.A.B.A.

[4] Art. 108 de la C.C.A.B.A.

[5] Daniel Sabsay- José M. Onaindia, La Constitución de los Porteños, Bs. As. , Errapar, 1997, p. 231.

[6] Arts. 12 inc. 6 y 108 de la C.C.A.B.A.

[7] Art. 109 de la C.C.A.B.A.

[8] Art. 111 de la C.C.A.B.A.

[9] Art. 110 de la C.C.A.B.A.

[10] Art. 110 de la C.C.A.B.A.

[11] Daniel Sabsay- José M. Onaindia, La Constitución de los Porteños, Bs. As. , Errapar, 1997, p. 232.

[12] Art. 4 de la Ley N° 7.

[13] Art. 5 de la Ley N° 7.

[14] Art. 121 de la C.C.A.B.A.

[15] Art. 122 de la C.C.A.B.A.

[16] Art. 1 de la Ley N° 7.

[17] Art. 111 de la C.C.A.B.A.

[18] Art. 111 de la C.C.A.B.A.

[19] Art. 114 de la C.C.A.B.A.

[20] Art. 113 de la C.C.A.B.A.

[21] Carlos E. Colautti, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bs. As., Universidad, 1996, p.158.

[22] Alberto R. Dalla Via, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Bs. As., Belgrano, 1996, p. 150.

[23] Carlos E. Colautti, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bs. As., Universidad, 1996, p.158.

[24] Daniel Sabsay- José M. Onaindia, La Constitución de los Porteños, Bs. As. , Errapar, 1997, p. 236.

[25] Art. 115 de la C.C.A.B.A.

[26] Art. 116 de la C.C.A.B.A.

[27] Art. 124 de la C.C.A.B.A.

[28] Art. 6 de la Ley N° 21 “Ley Orgánica del Ministerio Público” BOCBA N° 450 del 20/05/1998.

[29] Ley N° 189 - Adla, LIX –D, 4517.

[30] Art. 1 de la Ley N° 189.

[31] Diario de Sesiones, Tomo II, Colegio de Abogados, 2004, p. 542.

[32] Por Hernán Cappiello, Redacción, Diario La Nación, Martes 18 de Abril de 2006.

[33] Ley N° 1472 Sancionada el 23/09/2004 (Deróganse la Ley N° 10 y sus modificatorias y la Ley N° 255). BOCBA N° 2055 del 28/10/2004

[34] Cláusula transitoria duodécima de la C.C.A.B.A