Estimados vecinos, dejamos aquí para ustedes el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2009“. Este informe desarrollado todos los años producto del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales . Ha abordado en esta oportunidad nuevos temas como los derechos humanos en el contexto de la justicia y el medio ambiente.

Agradecemos desde ya el trabajo y mención en este informe sobre el atropello a nuestros derechos humanos por parte del esto de Chile en el Caso de la Planta de gas de Metrogas en Peñalolén.

En el informe de este año en el capitulo 3.2.1 en un resumen claro y directo, el informe presenta nuestro caso como uno de los casos simbólicos del año en cuanto a atropellos a los derechos humanos en chile, en el ámbito Medio Ambiental.

No deja de ser curioso (por decirlo menos) que una administración del estado que tanto lucho y presento la bandera de los derechos humanos y su defensa en el pasado. Resulte responsable de actos en contra de los derechos humanos en el Chile de hoy en temas relacionados al Medioambiente y la Justicia.

Los invitamos a leer el documento a partir de la pagina 408. Y ver como no solo nosotros fuimos afectados por el estado. También se presentan otros casos emblemáticos como el de “La Termo-eléctrica Los robles” y otros de igual o mas relevancia.

Este nuevo informe, que menciona una vez mas las irregularidades y la negación de justicia por parte del estado Chileno en nuestro caso, se suman o otros documentos de igual tenor que pronto serán publicados.

Esperamos que la nueva participación en la OCDE por parte de Chile, permita que esta organización conozca de hechos como el denunciado por nosotros y por otros, como en este informe, y que dicha incorporacion a la OCDE genera las condiciones para  obligar al estado a regularizar los actos de atropello, denunciados por particulares y organismos del tipo ONG, como en este importante caso.

Saludos Cordiales
Vocero.

Ahora bien, después de haber conversado con residentes aledaños al trazado de esa autopista, podemos asegurar que el titular de esa obra, en operación desde hace unos tres meses, ha vulnerado en el período de la construcción las normas de la protección acústica hacia la comunidad, como también sobre las áreas protegidas y dentro de éstas, particularmente sectores del Parque Metropolitano de Santiago.

Como primer apronte al tema, se debe indicar que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original para el proyecto, construcción y operación de la concesión de la autopista Nor-Oriente, elaborado por los profesionales de la Unidad de Concesiones de ese ministerio y tramitado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº 273 del año 2003, no contemplaba ni incorporaba la instalación de solución acústica alguna para el impacto del ruido generado por esta nueva vía hacia su entorno de áreas protegidas, Parque Metropolitano, colegios y zonas residenciales de Huechuraba y Colina, entre otros.

Posteriormente, es así como dentro de las Bases de Licitación de la Concesión, recién se estipula clara, específica y taxativamente que en su primer tramo desde el Km. 0 en el Enlace Centenario, comuna de Vitacura, esta autopista deberá contar con barreras acústicas a ambos costados de sus calzadas, en casi la totalidad de los primeros 4 kilómetros, según se indica tanto en el texto del artículo 2.8.2.1. “Medidas de Mitigación”, como luego en su tabla Nº 40, tramo éste donde se localizan sectores del Parque Metropolitano, como Bosque de Santiago y zonas residenciales como El Almendral y otros tantos.

Luego de adjudicada la concesión, en un estudio acústico, anexo AD3-1, incluido en la Adenda Nº 3 solicitada por la autoridad y presentada por el titular del proyecto, dentro del marco de la tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por modificaciones al proyecto original, conducente a la RCA 531-2005, la concesionaria Nororiente define el tipo de barreras acústicas a instalar, especificándolas como del tipo absorbentes y clasificando las zonas residenciales y protegidas, contiguas a la autopista, como grado 1, dentro de las menor ruido ambiente, mayor sensibilidad y con parámetros similares a zonas rurales.

Cabe hacer notar que esta última DIA fue tal, por cuanto la misma autoridad ambiental estimó que no ameritaba un EIA por tratarse de “modificaciones menores” al proyecto, las que obviamente no lo eran, puesto que se eliminaban 2 parejas de túneles que atravesaban parte del Parque Metropolitano por casi 1 km de extensión, canjeándolos por sendos cortes de sus cerros y donde paralelamente se eliminaba un importante puente de más de 200 metros de largo, procediendo a rellenar la cuenca de la más importante quebrada del parque.

Debe precisarse que tanto el Parque Metropolitano San Cristóbal, el que cuenta con una estricta normativa particular acústica (máxima presión sonora 65 decibeles), incluida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), como también las áreas residenciales, por encontrarse éstas en el lugar previo al paso de la autopista, deben atenderse mitigando todo impacto y existiendo normativa que regula los máximos futuros en relación a la situación original. Cabe hacer notar que tanto las Bases de Licitación en su artículo 2.8.2.1., las que no han sufrido modificación ni aclaración en contrario, han sido vulneradas e incumplidas al no haberse instalado barreras acústicas en uno de los costados de la vía, dejando desprovista de mitigación todo un costado de la misma.

Posteriormente las indicaciones definidas en el propio estudio acústico indicado, elaborado por la propia concesionaria, tampoco fueron implementadas, por cuanto con una nueva y postrera propuesta de último minuto, el titular requirió cambiar las barreras acústicas, presentado a la autoridad una solución de pantallas reflectivas de polímeros transparentes, argumentando que cumplían mejor su cometido, propuesta que fue curiosamente aprobada por la autoridad sin que se atendiera respaldo técnico ni cordura alguna. Observación aparte merecen las pantallas acústicas instaladas durante el período de las obras de construcción, las que no superaban los 4 metros de altura desde el suelo en faenas que se ejecutaban a más de 25 metros de altura del terreno, quizá intentando hacer cumplir la letra, pero jamás el fondo y espíritu de la indicación.

En resumen, luego de presentarse y aprobarse el proyecto, elaborado y aprobado por el propio Estado, que no evalúa los escenarios ni impactos a provocar, ni menos atiende las mitigaciones, la comunidad logra que los impactos se evalúen y que sus eventuales soluciones técnicas se incluyan en las bases y se exijan para su construcción, logrando luego definiciones exactas y técnicas para su implementación, para que luego, trámite tras trámite, se haga caso omiso de ellas y paso a paso se desvirtúe, relativice, minimice y casi se anule la exigida solución e implementación, eso con la anuencia, y beneplácito de todas las autoridades concurrentes y a plena satisfacción del “afortunado” concesionario.

Sintetizando, estamos ante una ausencia total de verdaderas barreras acústicas que salvaguarden la salud física y psíquica de una población asentada en sus territorios antes que llegara la autopista, razón por la cual esperaríamos que el MOP, institución pública que no quiso fiscalizar en su momento, le exija ahora al concesionario las obras necesarias que les permitirán a esos vecinos vivir en condiciones de mejor calidad de vida, es decir, la que tenían antes que llegara la modernidad.

Veremos si el MOP se pone las pilas en pronta defensa de los más débiles, más aún en estos tiempos en que las autoridades del gobierno hacen esfuerzos para que la encumbrada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acepte a nuestro país en su seno.

*Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad.

El presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, vivió un momento “surrealista” en el cerro Santa Lucía, ya que fue impedido de poder ingresar al lugar donde tenía programado dar a conocer el listado de industrias que han contaminado Santiago sin haber compensado, de acuerdo a la normativa vigente.

Junto a Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica, llegó al mencionado cerro para sostener un encuentro con periodistas para entregarles la información, pero al pretender ingresar fue obstaculizado por guardias del recinto que le exigieron un permiso escrito.

“Al llegar al lugar que nos pertenece a todos los chilenos, se me acercan unos guardias de seguridad solicitándome un permiso escrito para poder acceder a ese espacio público, ante lo cual les respondí que no tenía ningún permiso. Me instaron a que lo fuera a buscar a otro lugar, dependiente de la Municipalidad de Santiago y en paralelo se comunicaron por teléfono con la Casa Consistorial, manteniendo una conversación ciertamente surrealista, ante lo cual y dado que se insistía en que, sin permiso, yo no podía entrar a las instalaciones públicas del cerro, no me quedó más que retirarme”, cuenta Herman.

Sin embargo, Rendón pudo ingresar al recinto sin ninguna credencial o permiso, situación que Herman considera como arbitraria y de exceso de atribuciones de los guardias.

Fuente: El Mostrador

A las denuncias realizadas respecto a cómo el ejecutivo ayudo a Metrogas facilitando la instalación de esta fábrica de gas, por intermedio de presiones de Ministros que públicamente y sin descaro han reconocido el mal que se ha hecho, y la votación sin indicar ninguna respuesta a los informes y consultas técnicas entregadas por la ciudadania a los SEREMIS que votaron a favor de Metrogas del 14 de Febrero del 2008. Se suma lo impensable hasta para los más conservadores.

Ya que el primer fallo vigente del Contralor de la República declaraba ilegal la aprobación provisoria con que fue construida esa planta, y dado que los tribunales no le dieron la razón a Metrogas y por lo tanto el fallo vigente impedía entregar las aprobaciones y permisos municipales faltantes por las edificaciones sin permiso de Metrogas que construyo en la zona de preservación ecológica (observaciones que el propio comité de fiscalización indico sobre esas edificaciones).

El ejecutivo mediante un decreto supremo a procedido simple y llanamente a modificar la ley directamente, cambiando un párrafo de la misma y obligando legalmente a que el Contralor no tenga otra opción que resolver favorablemente las consultas de permisos de edificaciones faltantes. Modificando su dictamen original dado la nueva legalidad impuesta.

Como afecta a la legislación Medio Ambiental Chilena esta acción?

En palabras de nuestros abogados: “El decreto emanado desde el ejecutivo a mediados de Abril de este año. Solo es una confirmación mas del abuso de poder que efectuó el estado en contra de los derechos ciudadanos y por sobre la ley imperante. Y refuerza la denuncia en contra del estado chileno presentada ente la Corte interamericana de derechos humanos”.

Pero además la modificación legal abre una vía para que otros proyectos polémicos a nivel nacional, se instalen o atraviesen zonas ecológicas o protegidas, teniendo un sustento legal que los ampare con todas las de la ley.

Lo más grave es observar el nulo respeto a los derechos ciudadanos que la propia ley dicta en temas medio ambientales y de planificacion territorial. Ya que cuando estas se oponen a los intereses del gobierno de turno, simplemente se modifican con sendos decretos de fuerza de ley. Sin pasar por ninguna institución fiscalizadora de la voluntad de la población (como es el congreso de la nación).

No conformes con este acto que menoscaba el rol de tribunales, contraloría y voluntad ciudadana. El ejecutivo se enorgullese de reformar la ley medio ambiental presentando un proyecto de nueva legislación, que ya fue despachado por la cámara de diputados para su siguiente tramite en el senado.

Aprobando la primera, la gran mayoría de sus artículos. Pero por suerte el sentido común ha predominado en la cámara de diputados y el artículo 86 de dicho proyecto de ley ha sido rechazado. Este importante artículo dice relación respecto a la composición del comité de evaluación de las actuales COREMAS y so pretexto de mayor transparencia y menor politización de las votaciones. El ejecutivo pretendía eliminar toda representación que no dependiese jerárquicamente del gobierno central, dejando como siempre a una gran mayoría de SEREMIS dependientes del gobierno para aprobar o rechazar las calificaciones medio ambientales de los proyectos en las votaciones. Evitando toda participacion ciudadana vinculante.

De la sesión de la cámara de diputados donde se voto en lo general a favor de este proyecto, pero donde se rechazo el artículo 86, dejamos un video al final de este articulo.

Acompañamos también el documento del proyecto completo que el ejecutivo pretende aprobar que aumenta su control en la evaluación de los proyectos medio ambientales en desmedro de las regiones y el ciudadano común.

Hacemos un llamado a todos los ciudadanos que desean proteger al medio ambiente a comunicarse con sus senadores e indicarles los errores a corregir en el nuevo proyecto de ley medio ambiental que se discutirá en el senado. Dejamos aquí para ustedes un resumen critico de dicho documento:

Hoy vemos como los vecinos de Álvaro Casanova deben sufrir todas las noches no solo el ruido del Transantiago a metros de sus casas, si no además el motel y zona de juerga nocturna que se ha convertido esa calle. Donde antes existían un pequeño parque que con esfuerzo los vecinos levantaron y llamaron “Parque por la vida” plantado por alcaldes y senadores, hoy existe una calle creada por Metrogas para que sus camiones de gas puedan girar en su camino a la Planta, calle no recepcionada por la municipalidad ya que incumple una serie de irregularidades. Tanto así que se le ha exigido al Ejercito (que es el dueño del lugar) cercar dicha zona para evitar el menoscabo a la calidad de vida de los vecinos que viven al frente de ese lugar.

Debemos aunar esfuerzos para evitar que en esa misma calle el día de mañana circulen camiones de gas, con todo el riesgo que eso significa para las familias de Peñalolén.

Sigan informándose por este medio, nosotros seguimos trabajando.

Saludos Cordiales
Vocero.

Esto será un escándalo cuando en unos años más vean los caudales secos; la flora marchita y la fauna desterrada; cuando descubran que las faenas destruyeron patrimonio geológico y paleontológico invaluable e irrecuperable.

Sr. Alcalde Luis Pezoa Álvarez, cuando vea que el bello valle que recibió se transforme en el vertedero seco y vacío que tendrá que heredar, ahí se dará cuenta que tranzó muy barata su comuna y su agua; que su acuerdo con AES GENER, lejos de ser ejemplo de relación empresa-comunidad, fueron sólo menudencias, sobras, migajas de un negocio tan millonario que desborda la comprensión del sentido común… cuando vea el resultado final, Usted sr. alcalde seguramente tratará de anquilosarse en explicaciones, pero como la plata es poca, ya no tendrá los escasos billetes para solventar lo inconcebible. Su bunker será la vergüenza.

Lo de la Corema y los servicios es aún más indigno, cerraron sus ojos y oídos, se olvidaron de los criterios técnicos, para asumir una decisión política tan bien intruida y sembrada por aquellos lobistas que hoy celebraran con el vaso de champagne, el tener su bolsillo más lleno y sus escrúpulos más vacíos… al menos sonrójense mirando en el espejo su falso pasado idealista… ah, es que se me olvidó que hoy son progresistas… ¿el nombre lobista será por lobo rapaz?

Periodistas, averigüen, háganse famosos descubriendo la irrespirable verdad que está tras esta cortina de agua… A los consejeros que se abstuvieron en la decisión de la COREMA, no se salvan… la cobardía jamás ha sido dignificante.

PROYECTO ALTO MAIPO:

A través de un correo electrónico, la máxima autoridad de la institución forestal CONAF instruyó a la oficina regional para que otorgue la autorización sectorial a la hidroeléctrica de AES Gener. Esto, a pesar de que la oficina a cargo de María Teresa Latorre se había opuesto oficialmente a hacerlo porque contravenía la ley del bosque nativo. Pero el proyecto, que hoy será votado por la Corema de la Región Metropolitana, forma parte de las apuestas energéticas que según indicaciones de Pérez Yoma deben tener luz verde.

Por Claudia Urquieta Ch.

Este jueves la Corema de la Región Metropolitana decidirá el futuro del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener. Todo indica que la apuesta de 700 millones de dólares será aprobada: los 23 servicios públicos que evalúan ambientalmente la iniciativa han manifestado su conformidad técnica con las respuestas presentadas, con algunas observaciones, pero menores. Por eso, todos han otorgando sus correspondientes autorizaciones sectoriales.

Uno de ellos es la Dirección Regional de Conaf, dirigida por María Teresa Latorre. Aunque hasta el 12 de marzo pasado la postura oficial de la institución era contraria a entregar el permiso sectorial. Así lo establecía Latorre en un email enviado ese día a la directora nacional del organismo, Catalina Bau.

Las razones aducidas apuntaban a que la iniciativa contraviene la ley de bosque nativo, aprobada luego de 15 años de tramitación en el Parlamento en Julio de 2008. Específicamente porque en algunos sectores que se intervendrán en la Comuna de San José de Maipo, se encuentran dos especies nativas clasificadas como vulnerables, y el artículo 19 de la ley en cuestión prohíbe su corta, salvo en casos excepcionales.

Pero según lo concluido por la Conaf regional, el proyecto no entraría dentro de estas excepciones, y no cumpliría entonces con los requerimientos jurídicos para obtener el permiso sectorial.

La voltereta de Conaf

Todos estos argumentos cambiaron el 13 de marzo. Ese día a las 19:11 PM, Latorre recibió un correo electrónico de la directora de la institución, Catalina Bau, donde le señalaba que la corporación estimaba que la empresa había dado una respuesta satisfactoria a las aclaraciones solicitadas por el servicio, por lo que se otorgaría el permiso ambiental.

Eso sí, esto quedaba condicionado a que la compañía entregara un Plan de Manejo de Preservación “que incorpore las medidas tendientes a asegurar la protección y recuperación de las especies involucradas”.

La indicación no convenció a la funcionaria, lo que se desprende de un mail enviado ese mismo día a Bau, al que tuvo acceso El Mostrador. Allí, Latorre deja claro que el asunto contravenía la ley de bosques, y que si daba su visto bueno era sólo porque seguía instrucciones.

“De acuerdo a lo conversado telefónicamente, esta Dirección Regional comunica a usted que mantiene el pronunciamiento técnico y legal enviado mediante correo electrónico el día jueves 12 de marzo a las 18:24 horas. Si bien esta Dirección Regional difiere del pronunciamiento de Oficina Central esta Dirección siguió las instrucciones emanadas de esa Dirección Ejecutiva“, señalaba Latorre en su email.

La nueva postura de la dirección regional sobre el tema fue enviada a la Conama Metropolitana. Y es la posición oficial de la institución forestal que puede verse en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Desde Conaf explicaron que la posición oficial de la organización era la plasmada en el SEIA, por lo que no se referirían a temas puntuales.

No es la primera vez que Bau impulsa cambios en las posturas de los servicios sectoriales relacionados con proyectos hidroeléctricos. Una situación similar ocurrió en el caso de las mini centrales de pasada de Hidroaustral en el Parque Nacional Puyehue, lo que se detalla en la nota Todas las dudas del proyecto hidroeléctico en el Parque Nacional Puyehue.

El voto en contra del ex director de Conama RM

Tal como publicó este medio, Alto Maipo estaría dentro de las propuestas energéticas que deben aprobarse, según instrucciones del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dadas a las principales autoridades ambientales.

Instrucción que complicaba al ex director de Conama Región Metropolitana, Alejandro Smythe. Como abogado, sabía que de aprobarse el proyecto, se bypaseaba la ley de bosque nativo. Consecuencia con la que no estaba dispuesto a transar, por lo que entre sus círculos más cercanos explicó que no daría su voto favorable.

Por eso, la oportunidad de sacarlo del cargo cayó del cielo tras la crisis institucional en la Conama impulsada por la renuncia del Gerente del Aire, Marcelo Mena hace unas semanas. Así, nadie se opondría al asunto. Ni siquiera Conaf.

Aunque el intendente Metropolitano, Igor Garafulic, le bajó el perfil al asunto, el senador Pablo Longueira calificó como graves los hechos. El cambio en las argumentaciones técnicas de la oficina regional de Conaf, impulsadas por instrucciones de Catalina Bau, alineó la postura de la entidad con los demás servicios sectoriales, que sólo habían presentado algunas observaciones. Por eso, para nadie fue una sorpresa la aplastante mayoría por la que se aprobó el proyecto de AES Gener.

Votacion en la COREMA RM

Pasadas las 14:30 horas del jueves se inició la sesión de la Corema de la Región Metropolitana que definiría el futuro del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de AES Gener.

El resultado del encuentro no fue ninguna sorpresa: 17 votos a favor, 4 abstenciones y un voto en contra fue el saldo de más de 4 horas de presentaciones y varios enfrentamientos entre los asistentes.

La primera exposición estuvo a cargo del consejero regional Andrés Ugarte, el único que rechazó la iniciativa de US$ 700 millones y que busca inyectar en promedio 2.350 Gwh al año en el Sistema Interconectado Central (SIC), citó un artículo publicado el jueves por este medio. La nota, explicaba cómo la directora de Conaf, Catalina Bau presionó a la directora regional de la institución, María Teresa Latorre, para que cambiara la postura técnica que rechazaba entregar el permiso sectorial correspondiente porque consideraba que el proyecto transgredía la ley de bosques.

Situación a la que el Intendente Metropolitano, Igor Garafulic, le bajó el perfil, asegurando que “no me hago cargo de las cosas que salen en los diarios”, calificando la denuncia como “un pelambre”.

Opinión con la que no coincidió el senador Pablo Longueira, que señaló que la situación, respaldada por documentos publicados por este medio, era de la mayor gravedad. Por eso, aseguró que “la forma en que se está presionando a las autoridades técnicas finalmente permite que se relaje todo tipo de exigencias para este tipo de proyectos…se nota que hay una decisión de gobierno y para eso se acomodan todas las obligaciones ambientales“.

Debido a ello, el próximo presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta, considera que la ley ambiental actual “tocó fondo, porque cuando la autoridad central ha decidido hacer un proyecto, la mayoría (de los votos) está garantizado”.

A pesar de que desde Conaf y el Gobierno intentan bajarle el perfil al asunto, Ugarte aseguró que los antecedentes del caso serán presentados a la Contraloría General de la República y a los tribunales de justicia.

Trabajo v/s medioambiente

En la sesión, también estuvieron presentes vecinos y el alcalde de San José de Maipo, Luis Pezoa, que plantearon los beneficios que este proyecto traerá en el aspecto laboral y de desarrollo para la zona. Respaldo directamente relacionado con el acuerdo por 8 millones de dólares para proyectos sociales que AES Gener negoció con el municipio.

La fórmula no es nueva: casos como el de Pascua Lama, en que Barrick Gold entregó 60 millones de dólares a la junta de vigilancia, o el ducto de Celco en Mehuín, donde la empresa pactó el pago de casi 9 millones de dólares con una parte de la población, se ven cada vez con mayor frecuencia. Lo que ha impulsado variadas críticas desde algunos sectores.

Al respecto, Longueira aseguró que es necesario que se impulse una legislación que prohíba acuerdos de este tipo entre las municipalidades y las empresas, porque “me parece una miopía la forma en que se resuelven estas decisiones. No podemos decidir esto porque genera empleo en una comuna. Es un problema que hay que enfrentar de otra forma. Y las presiones ambientales que se crean aquí me parecen un circo, porque hacen pelear a la comunidad”.

Poco antes de las 19:00 horas, la sesión terminó entre aplausos y pifias con una aprobación aplastante de la iniciativa.

(Fuente El Mostrador)

Saludos Cordiales
Vocero

Defensores del patrimonio fluvial de la región, liderados por el ex alcalde de Panguipulli Alejandro Koehler apelarán a la promesa del 21 de mayo de 2007 de la presidenta Bachelet sobre estudio integral de cuencas antes de aprobar proyectos.

Una guerra total contra las empresas hidroeléctricas que tienen sus garras puestas en la comuna de Panguipulli y gran parte de los ríos de la Región, es lo que promete la cruzada del ex alcalde Alejandro Koehler.

El pasado viernes se realizó un alegato en la Corte de Apelaciones de Valdivia, como parte de la impugnación levantada contra la resolución de la Corema de Los Ríos que autorizó la construcción de una central hidroeléctrica a la empresa Colbún S.A. en el río San Pedro, que intervendrá el curso fluvial más importante y emblemático de la nueva región.

“Fue la ocasión de mostrar nuestros argumentos a la Corte de Apelaciones de Valdivia, para fortalecer nuestra posición desde el punto de vista administrativo”, explicó Alejandro Koehler, ex alcalde de Panguipulli y ferreo defensor del patrimonio natural de la zona turística.

Por el otro lado, alegaron el abogado de la Corema de Los Ríos y el de Colbún.
Se espera que dentro de los próximos días se emita un pronunciamiento por parte de la Corte de Valdivia.

“Cualquiera sea el pronunciamiento, para nosotros representa un episodio dentro de un conjunto de medidas que vamos a tomar para proteger el patrimonio de la Región de Los Ríos y es parte de una lucha jurídica y administrativa más larga”, adelantó.

ARGUMENTOS DE COLBUN

En el alegato, el abogado de Colbún se concentró en impugnar la representatividad de los defensores del río San Pedro para proteger el patrimonio ambiental de la región, en el sentido de cuestionar “quienes son Uds. para proponerse la defensa de un patrimonio que supuestamente no nos incumbe”, explica el ex edil.

“Confiamos en que la Corte va a tener criterio suficiente para entender de que estamos frente a un riesgo muy grande y la justicia tiene que tomar cartas en el asunto y poner en la balanza estos riesgos frente a los intereses particulares de estas grandes empresas que no tienen otro objetivo que no sea lucrar”, enfatizó.

PROXIMOS PASOS

Koehler adelantó que el próximo paso es esperar la resolución de la Corte de Apelaciones, pero paralelo a ello presentarán un recurso de impugnación ante la Conama Nacional por la no consideración de aspectos fundamentales de la Ley Indígena y del Convenio 169 de la OIT, que el mismo intendente Iván Flores presentó en la Región de Los Ríos hace algunas semanas.

También van a presentar otros recursos que apuntan al fondo del proyecto, que se relacionan con los derechos de agua y otros aspectos de carácter ingenieril.

“Vemos un riesgo inmenso para la seguridad de las personas que viven aguas abajo del lago Riñihue”, sostuvo.

“Queremos poner énfasis en los impactos negativos medioambientales y que el mismo proyecto señala que va a causar con la construcción de la central, como es la desaparición de especies endémicas del sector, la interrupción del caudal del río más importante de la cuenca del río Valdivia y sobre todo, queremos poner en evidencia que es absolutamente absurdo que tengamos que defender los derechos de la ciudadanía de la región en cada uno de los proyectos que se presenten en el futuro”, indicó.

Por ello, harán un fuerte trabajo para motivar a las a autoridades apelando directamente a las palabras que la propia presidenta Michelle Bachelet, emitió el 21 de mayo de 2007 a las autoridades.

“Lo que dijo la presidenta es que las cuencas van a analizarse integralmente y que por lo tanto ningún proyecto va a ejecutarse sin medir las consecuencias globales en éstas (cuencas) y estamos frente a ello. De continuar en esta lógica estaría resistiendo 7 u 8 proyectos hidroeléctricos que le van a cambiar radicalmente sus características ambientales (a la cuenca del San Pedro y río Valdivia)”, subrayó.

Fuente: Valdivia Noticias

Saludos Cordiales
Vocero

Gobierno pavimenta camino a iniciativa energética.
Los “santos en la corte” del proyecto hidroeléctrico HidroAysén:

El anuncio del ministro de Energía, Marcelo Tokman, sobre el proyecto que busca apaciguar las aguas en las comunidades que rechazan las propuestas eléctricas a cambio de recursos monetarios, es la guinda de la torta al respaldo que el Ejecutivo ha dado al proyecto de la sociedad Endesa Colbún. Siguiendo este patrón, diversas acciones estructurales y políticas han ido entretejiéndose con un solo objetivo: lograr que la propuesta sorteé los obstáculos y termine aportando 2.750 megawatts al sistema energético nacional.

Por Claudia Urquieta Ch. (Fuente el Mostrador)

“Nos interesa que se haga este proyecto”, le confesó el entonces titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Eduardo Bitrán, al presidente de Colbún y miembro de la sociedad HidroAysén, Bernardo Matte, durante la cena anual de la Sofofa en 2007.

El Secretario de Estado le confidenció además que había preocupación en el Gobierno por la ofensiva de los ambientalistas, que se preveía compleja en un escenario más que difícil para el abastecimiento energético del país. Y aunque efectivamente el rechazo ha sido fuerte a nivel internacional, el Gobierno no ha cambiado su postura favorable a la iniciativa de la sociedad Endesa Colbún.

Aunque tienen claro que en este minuto es impopular y podría restarle votos en un año de elecciones. Por eso, la apuesta gubernamental va por aplazar la aprobación hasta el próximo período presidencial. Pero dejando cimentado el camino para que se concrete.

El rescate

En la cena anual de la Energía, celebrada el martes pasado, el ministro del área, Marcelo Tokman, anunció un proyecto de ley de compensaciones municipales para impulsar la instalación de iniciativas eléctricas a través del pago de patentes y de un paliativo económico por cada megawatt (MW) que se genere en las comunas donde este tipo de apuestas se instale, a través de un crédito con cargo fiscal.

En palabras simples un subsidio al sector, que además le abrirá las puertas de los municipios que tendrán una excelente oportunidad de aumentar sus arcas. Mientras más MW mejor. Y la iniciativa que busca construir 5 megarepresas en la Undécima Región será más que suculenta: 2.750 MW serían su moneda de cambio.

“Si miras el cuadro completo, puedes ver cómo el sistema permite que empresas eléctricas hagan lo que quieran y compren a las comunidades. Porque puede que el proyecto dañe en el largo plazo, pero hoy con la crisis y la cesantía a los municipios, a la gente le importará más tener plata en el bolsillo”, asegura Juan Pablo Orrego, coordinador nacional de Ecosistemas.

Durante la misma cena, el titular de Energía entregó a la Presidenta Michelle Bachelet el documento “Política Energética, Nuevos Lineamientos”, donde entre otros puntos se advierte sobre el riesgo de multiplicar las emisiones anuales de CO2 por el auge de las termoeléctricas basadas en carbón, que según algunas estimaciones podría crecer desde las actuales 70 millones de toneladas hasta cerca de 300 millones al 2030.

Esto sería muy negativo para Chile, ya que se arriesga a restricciones o costos asociados a las medidas que se tomen internacionalmente en torno al calentamiento global, luego que se acuerde el protocolo que seguirá al de Kyoto. Una excelente noticia para el sector hidroeléctrico, que sale a la luz justamente cuando se anuncia un proyecto energético que impulsaría a todas las propuestas eléctricas, pero que bajo el prisma de este informe deja en un pie distinto a las centrales a carbón.

Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, otro tema estructural que le facilita la vida a HidroAysén es la prórroga del pago de patentes que las regiones Undécima, de Magallanes y la Provincia de Palena obtuvieron en la modificación del Código de Aguas de 2005.

En ese tiempo, a nivel gubernamental ya había una visión estratégica de que sería necesario incluir los MW de HidroAysén al sistema, así como de otros proyectos hidroeléctricos. Por lo que se acordó que los derechos de aguas no consuntivos -que se devuelven a su cauce- estuvieran exentos del pago de la patente por no uso hasta 2012.

Siete minutos

La pavimentación del camino de HidroAysén también ha tenido otras fórmulas. El viernes 7 de noviembre se realizó una sesión extraordinaria de la Corema de Aysén. El jueves los servicios sectoriales habían sido convocados a una reunión con el intendente Selim Carrasco, el director regional de la Conama, José Pablo Sáez, donde se les explicó que al día siguiente se discutiría el destino del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa. Y que por ningún motivo debía aplicarse el artículo 24 del SEIA, que rechaza un estudio por carecer de información esencial para su evaluación.

De los 32 servicios que realizaron observaciones, dos pidieron expresamente aplicar el artículo en cuestión: la Municipalidad de Tortel y la dirección regional de Conaf. Y otros 9 aludieron a él en sus informes.

Pero en el encuentro del viernes, el director regional de Conama, José Pablo Sáez, informó en sólo 7 minutos sobre el proceso de evaluación del proyecto y no mencionó estos datos, sino que se remitió a detallar que se habían realizado 3.150 observaciones (de las cuales se rescataban 2.500 considerando las repetidas).

Carrasco hizo un par de consultas y concluyó que “tenemos un gran número de observaciones, de preguntas también, por lo tanto lo que corresponde ahí es consolidarlas y elaborar el Icsara -Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones- correspondiente”. “Sí”, respondió Sáez.

Así, sin votación de por medio, se tomó la decisión de que se optaría por la vía de la adenda. Y se evitó el bochorno y la negativa imagen que la propuesta energética habría debido enfrentar si se hubiera optado por el camino del artículo 24.

Man in Black

Las señales políticas a favor de la apuesta energética también han estado presentes: los explícitos espaldarazos del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y del titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José Antonio Viera Gallo, antes de que el proyecto ingresara el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) abrieron la duda sobre la objetividad de su aprobación.

Sobre todo porque Pérez Yoma es el jefe de los seremis del país. Y su independencia a la hora de evaluar queda en entredicho si su “jefe” ya tiene una postura pública al respecto.

Las presiones a los servicios sectoriales no han sido pocas. Tal como lo publicó El Mostrador.cl en el artículo “El desconocido lobby político de los asesores de Tokman”, los operadores conocidos en el sector como “los hombres de negro”, Juan José Rivas y Jaime Bravo, hicieron su trabajo en torno a la apuesta de los Matte, impulsando su rápida tramitación.

A otros encuentros, se sumó su actuación en la Conama Metropolitana del 15 de octubre pasado, donde se dieron cita los servicios sectoriales para exponer sus conclusiones técnicas con respecto al EIA de HidroAysén.

El ninguneo a las conclusiones de los órganos públicos y la absoluta fe en el estudio de la empresa sorprendió a muchos. Sobre todo porque su objetivo quedó más que claro: convencerlos de que la apuesta cumplía los requisitos. Y que su aprobación debía ser cursada a toda costa.

El efecto Mariposa

Otra “ayudita” para la iniciativa energética, fue la aprobación por parte de la Conama de la X Región del proyecto de mini centrales de pasada Palmar Correntoso, que se instalará en el Parque Nacional Puyehue.

Para muchos, incluidos parlamentarios, la luz verde a dicha iniciativa, abría la puerta a la instalación de proyectos en parques nacionales, protegidos por la Convención de Washington que Chile suscribió en 1967. Y venía como anillo al dedo a HidroAysén, que contempla intervenir varios parques nacionales, entre ellos el Parque Nacional Laguna San Rafael.

Tal como este medio lo publicó en “Todas las Dudas sobre el proyecto hidroeléctrico en el Parque Puyehue“, la situación causó gran escozor en el mundo político y ambiental, por lo que se tomaron acciones legales para revertir la decisión de la Corema. Pero el pasado jueves la Corte Suprema falló en contra de los demandantes y estimó que la decisión de la Conama regional era legal.

De esta forma, se despeja uno de los dolores de cabeza de la sociedad Endesa Colbún, ya que cuentan con el antecedente legal de que sí es posible intervenir este tipo de reservas naturales con fines comerciales.

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Sin anestesia y por la prensa. Así se enteró la ministra de Medio Ambiente de la propuesta liderada por la cartera de Energía que hará más atractivos los proyectos generadores para las comunas donde se instalen. El anuncio ya saca ronchas en varios sectores, que consideran insólito que se subsidie en forma “oculta” a las centrales, ya que los montos que pagarán por megawatt generado a la larga saldrá del bolsillo de todos los chilenos.

Toda una sorpresa para la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, fue el anuncio del Gobierno sobre el plan energético que impulsará la instalación de proyectos eléctricos a través del pago de patentes y de un monto aún por definir por cada megawatt (MW) generado en las comunas donde se instalen, a través de un crédito con cargo fiscal.

Idea que cayó como balde de agua fría en su cartera y también en la Conama, donde tampoco se tenían pistas acerca del plan fraguado “a puerta cerrada en el Ministerio de Energía”, según explican fuentes cercanas.

Lo más preocupante en la Secretaría de Estado, es que “la ministra no fue consultada por este proyecto: no conoce el contenido. Y está a la espera de que le entreguen el detalle de la información para ver si considera algún tipo de ingerencia en aspectos ambientales. Lo que conoce es la información que ha salido en los diarios”.

De hecho, y según explica el diputado Marcelo Díaz (PS), hace unas semanas consultó mediante un oficio a Uriarte si consideraba correcto que los proyectos termoeléctricos que pretenden instalarse en la Región de Coquimbo entregaran beneficios a la comunidad en medio del proceso de evaluación de impacto ambiental.

Y la respuesta fue clara: el espíritu de la ley de Bases del Medio Ambiente no contempla que en el proceso de calificación ambiental la empresa empiece a entregar beneficios. Opinión con la que coincide el parlamentario, que estima que “esto claramente no parece razonable”.

Como tampoco le parece razonable que el anuncio se realice justamente en medio de la calificación ambiental del proyecto HidroAysén, que pretende generar 2.750 MW para el sistema eléctrico.

El diputado considera que esta es una clara señal para impulsar la iniciativa que está en el proceso de responder más de 2.500 observaciones que le hicieron los servicios sectoriales. Y asegura que “esto sólo agrega más contaminación y debilita aún más la legitimidad el proceso de calificación ambiental”.

Por eso, opina que el Ejecutivo debería abstenerse de este tipo de anuncios en este escenario, ya que sólo contribuyen a “enrarecer un ambiente que ha sido bastante errático al respecto”.

Subsidio oculto

Tampoco fue bien recibida la noticia desde el Consejo de Defensa de la Patagonia, donde se consideraron “inaceptables” los anuncios porque “claramente están orientados a facilitar la instalación de proyectos eléctricos en un contexto de creciente oposición ciudadana”.

La organización aludió a la imposibilidad de que los proyectos sean evaluados objetivamente si los interesados cancelan grandes sumas de dinero a los municipios. Y además criticaron que “el pago directo de las empresas a los municipios por cada megawatt generado en su territorio no significará ningún costo adicional para las generadoras si dichos recursos les serán devueltos de la caja fiscal, de modo que sólo se disfraza la forma de reasignar recursos fiscales”.

Postura que Díaz comparte, ya que no se explica por qué se instalará esta “lógica tan excepcional” con este sector. Lo que a su entender se traduce “derechamente en un subsidio estatal. Y no logro entender por qué se puede llegar a pensar que las eléctricas necesitan subsidio. Nos convertimos en rehenes de su régimen de utilidades y además les garantizamos mas recursos y las sobre aseguramos”.

Al respecto, el presidente de la Corporación Chile Ambiente, Hernán Sandoval es tajante. “Me parece que no puede hacerse este tipo de beneficios para las comunidades locales a expensas de la contribución de todos los chilenos. Es un subsidio oculto que se entrega a las empresas eléctricas que además no estimula la producción de energías renovables no convencionales que no tienen ningún tipo de subsidio”.

Por eso, sostiene que si se quieren lograr beneficios que sea a cuenta de las propias compañías eléctricas.

En la vereda contraria, el senador Antonio Horvath (RN) valoró el anuncio, asegurando “que apunta en la línea correcta”. Pero precisando eso sí que hay que definir claramente los montos. Y que “no deben centrarse sólo en medidas económicas, sino que en otros aspectos como respetar las estrategias de desarrollo regional y comunal, así como comprometerse con el avance de la zona que afectan”.

Posibles indicaciones

La percepción dentro de la cartera de Uriarte sobre el contenido de la iniciativa, que según explicó Marcelo Tokman sería enviado al Congreso durante el primer semestre de este año, es que “en el papel” se trata de iniciativas valorables.

Principalmente la que indica que a partir de 2010 el pago de patentes que deben cumplir las centrales de generación se realice directamente en los municipios de las comunas donde se instalen los proyectos, “ya que es una medida que se está pidiendo desde hace mucho tiempo”, señalan fuentes internas.

En cuanto a la idea de establecer un pago por cada MW generado por las empresas en los municipios donde se establezcan las obras, la evaluación no es tan feliz, ya que según indican las mismas fuentes “estamos a la espera de información detallada sobre el contenido para evaluar si es necesario incluir algún tipo de indicación”.

Por Claudia Urquieta Ch. (Fuente: El Mostrador)

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