De esta forma, la intención del juez Peinado es que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, por personas de a pie que, entre otros, deben cumplir un requisito: no tener ya una opinión formada sobre el caso. Y vista la polarización en la que vivimos, ¿cómo garantizar nueve personas totalmente imparciales?

Cada dos años, en los años pares y durante la segunda quincena de septiembre, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral realizan un sorteo público. De este modo, se genera una lista de candidatos potenciales para toda la provincia, que está vigente durante dos años.

Los requisitos para formar parte de ese listado son: ser español mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, estar empadronado en cualquier municipio de la provincia donde se haya cometido el delito y no estar impedido de manera física, psíquica o sensorial para realizar las funciones del jurado.

Pero también hay personas que, incluso cumpliendo estos requisitos, quedan fuera de entrar en la lista. Esta son: ciertos cargos públicos, como presidentes, diputados, senadores y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; también quedan fuera los condenados o procesados por ciertos delitos; y aquellos con interés o participación en la causa, por ejemplo, un testigo o alguien que tenga alguna relación con jueces o abogados.

Así, cuando se va a celebrar un juicio con jurado se realiza un nuevo sorteo entre los candidatos disponibles para reunir a un grupo, que habitualmente lo componen 36 personas.

El descarte final

En la primera sesión del juicio se celebra una audiencia donde el juez, el fiscal y los abogados defensores interrogan a los candidatos. Las partes tienen derecho a rechazar o recusar a aquellos candidatos que consideren que tienen prejuicios o interés en el caso, hasta llegar a la cifra final de nueve jurados titulares y dos suplentes que formarán el tribunal.

No obstante, el organismo está presidido por un magistrado profesional, quien dirige el proceso y dicta sentencia en función del veredicto que tomen los miembros del jurado.

Las funciones del jurado son escuchar las pruebas y las declaraciones que se produzcan en el juicio. Posteriormente, deliberarán en privado su decisión. El veredicto podrá ser favorable o desfavorable y el juez deberá redactar la sentencia con base en el mismo.

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Con esa audiencia preliminar se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Tras la comparecencia, se celebrará una comparecencia de medidas cautelares. La acusación, dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír, solicita para los tres que se les prohíba la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte (con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento) y la obligación de comparecer cada 15 días ante el Juzgado o Tribunal, así como cuantas veces fueren llamados.

Mientras, ya está la lista definitiva de candidatos a jurado de la Oficina del Censa Electoral para el municipio de Madrid, con lo que ya es posible comprobar si se está entre las 92 páginas con nombres de los residentes de la capital de los que saldrá el jurado. Comprueba si puedes estar entre ellos:

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Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa conjunta en el Congreso el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo, junto al ministro de Cultura Ernest Urtasun (Sumar), que han anunciado la reforma del Código Penal, para la que esperan contar con el apoyo de los socios de investidura, incluido Junts, "para que sea una realidad en breve", según ha informado EFE.

En la anterior legislatura, Unidas Podemos ya presentó una reforma para acabar con los delitos de libertad de expresión, que fue tomada en consideración, pero no pudo acabar el proceso legislativo. Esta legislatura, Sumar volvió a presentar una proposición de ley para acabar con estos delitos, que fue tomada en consideración por la Cámara en diciembre del año 2023.

"Dos años y medio después, nos congratulamos de que haya podido cerrarse un acuerdo que va a permitir la derogación de estos delitos; las injurias y calumnias a la Corona", ha dicho Santiago. Rallo ha anunciado que el PSOE propondrá de forma inmediata el cierre del plazo de enmiendas a la totalidad a la proposición de ley presentada por Sumar y se procederá al debate de totalidad de esta iniciativa.

Tras superarse ese debate, el PSOE y Sumar han acordado que registrarán una propuesta de enmiendas parciales que concretarán este acuerdo. La reforma consiste en suprimir del Código Penal los artículos 493, 491, 496, 525, 543 y modificar el artículo 504. Así, se suprimen las injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, las referidas en el artículo 504, que son el Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, los Tribunales Superiores de Justicia.

También se pretende suprimir las injurias a las Cortes Generales y a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y se propone despenalizar la utilización de la imagen de la Familia Real, regulada en el artículo 491, los ultrajes a España y a sus símbolos del artículo 543 y las ofensas a los sentimientos religiosos del artículo 525.

"Hubiera sido imperdonable que no tratáramos de derogar estos artículos en el Código Penal que tanto daño han hecho a titiriteros, y dibujantes", ha dicho Urtasun. Rallo ha puntualizado que, a diferencia de lo que recogía la proposición de ley original del grupo Sumar, sí que se mantendrá vigente el delito de enaltecimiento del terrorismo previsto en el artículo 548 del Código Penal.

Con esta reforma, PSOE y Sumar buscan "fortalecer el derecho a la libertad de expresión, como se corresponde con una democracia de calidad y plena, y más en concreto, alinear a España con los estándares internacionales, con Naciones Unidas y con el Consejo de Europa", según Rallo.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en tres ocasiones a España diciendo que la libertad de expresión proclamada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara manifestaciones, supuestos y hechos como la quema de fotografías del rey, la crítica a instituciones como la Corona o las ofensas a la bandera.

Rallo ha destacado que todas estas propuestas de supresión de delitos "en modo alguno van a debilitar la defensa de nuestras instituciones", porque sigue existiendo una respuesta y una protección penal referida a los delitos contra el honor que abarcan a toda la ciudadanía. "Todas las instituciones siguen protegidas por el delito genérico de injurias y calumnias y por los delitos de odio y, en particular, especialmente protegida está en nuestro país la libertad religiosa", ha destacado.

Santiago, por su parte, ha destacado que este país "ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión". Por eso, ha dicho, esta reforma del Código Penal es "una urgencia democrática". "Se ha condenado a cantantes o dibujantes de cómic por letras de canciones o viñetas que se consideraban injuriosas respecto al jefe del Estado. Cómicos condenados por sátiras religiosas y otras muchas personas que no han llegado a ser condenadas pero han sido sometidas a la pena del banquillo, al escarnio público mediante largos procesos porque existían estos delitos en el Código Penal", ha lamentado.

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En esa reunión se informa de la apertura de la investigación interna, que se incoa al día siguiente. Esa misma mañana, Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, intercambian mensajes que aparecen borrados en el informe de la UCO, al que ha tenido acceso laSexta. Y es que González activó el borrado automático de mensajes ese domingo. En el informe sí que se aprecia que los mensajes se envían a las 9:16 horas, dos horas antes de la reunión entre el DAO y el jefe de la JAES.

Según el informe, el DAO quería comunicarle que "tenía la intención de aperturar una información reservada a consecuencia de una noticia que fue publicada en medios de comunicación relativa a la investigación donde se encausa a José Luis Ábalos y Koldo García" y, por otro lado, cuestionarle al respecto de "si tenía algún tipo de inconveniente en realizar la instrucción de dicha información reservada".

Ese mismo día, a las 12:42 horas, llega el "primer momento conocido en el que Leire adquiere el conocimiento certero de que el origen de la información publicada", es decir, los mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, había sido filtrado por el propio Ábalos. Quien se lo hace llegar es el propio abogado defensor de Ábalos, Aníbal Álvarez, a Leire a través de una serie de mensajes en los que dice: "Acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO".

El informe habla de la "excepcionalidad" de abrir tres investigaciones de este tipo, una en diciembre del año 2024 y otra en el mes de octubre de 2025, a lo que hay que sumar la investigación por estas filtraciones de la UCO.

González supo de las cloacas desde el 8 de mayo de 2025

En ese mismo informe, los investigadores concluyen que González conocía la existencia de las cloacas del PSOE desde mayo de 2025. Según el informe, la directora general supo de las actividades de Leire Díez "al menos desde el 8 de mayo de 2025", algo que se evidencia del contenido del correo electrónico remitido por el jefe de la Policía Judicial, Alberto López Malo, al jefe de la UCO, Vicente Yuste, mediante el que le informa de la reunión que había mantenido con el DAO. En ese correo, López Malo asegura que el DAO "había puesto en conocimiento de la directora general este asunto".

Dentro del informe, la UCO recoge esos dos mensajes que Leire Díez y Mercedes González se intercambiaron el mismo día en el que se abrió la investigación de la Unidad Central Operativa. Esos mensajes resultan, según la UCO, "compatibles con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva", indica el informe.

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Según el informe al que ha tenido acceso laSexta, el encuentro tuvo lugar en el Hotel Radisson Red de Madrid y fue organizado, según la UCO, por Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela.

El informe recoge un hecho relevante relacionado con la denuncia de esta mujer a Grinda por un delito sexual cuando ella era menor de edad, hechos que fueron judicializados. Si bien la causa penal fue archivada definitivamente en 2017, el asunto continuó abierto en la vía civil por la presentación de una nueva demanda que fue desestimada en 2024.

También se refleja que dos abogados enviados por Leire Díez contactaron previamente con la joven para ayudarla a reabrir la causa contra el fiscal Anticorrupción. Una forma de presionar al fiscal que trabajaba en causas como la de Duro Felguera y su relación con Venezuela, o investigaciones en las que estaba investigado el empresario y mano derecha de Leire Díez, Javier Pérez Dolset.

Dice el informe de la UCO que dos abogados enviados por Leire Díez se presentaron a la joven que quería hacer esa denuncia contra el fiscal José Grinda. Esos abogados responderían al nombre de Yohir Akerman y Vytenis y se habrían presentado el domicilio de la joven diciéndole que desinteresadamente la iban a ayudar a reabrir la causa si así lo deseaba y que asumirían sin coste alguno su defensa.

En su declaración el 27 de junio de 2026, Miriam manifestó que "nunca les ha pagado nada por dichos servicios ni por la llevanza del asunto". Así, según recoge el informe, no le dijeron en nombre de quién se presentaban y durante muchas reuniones fueron haciendo las gestiones necesarias para la reapertura de esa causa. El juicio por esa última demanda se celebró en el año 2024.

Por su parte, en la declaración judicial del novio de la denunciante de Grinda, éste confirma contactos con tres personas. Los identifica, según recoge el sumario, como Vitl (podría tratarse de Vytenis), Henry (podría tratarse de Henry Molano Moreno) y una tercera persona, del que no recuerda el nombre y "podría tratarse del jefe de ambos".

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Está previsto que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio a las 9:00 horas. Lo que ha pedido el expresidente es que se aplace su declaración únicamente en lo referente a las joyas en una pieza separada, por lo que su declaración sobre la pieza principal del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra seguiría en pie.

La declaración de Zapatero está dividida en dos partes. La pieza separada tiene por objeto analizar si hubo delito fiscal o de contrabando en la posesión de las piezas más valiosas del lote de 103 joyas incautadas en el registro y valoradas por Ansorena en más de 1,3 millones de euros.

Hace unas semanas, tras conocerse el sumario, el expresidente pidió retrasar su declaración, inicialmente señalada para el día 2 de junio, ante la Audiencia Nacional por la extensión del sumario del caso Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aceptó la petición de la defensa de Zapatero de posponer su declaración como investigado en el caso Plus Ultra y situó el interrogatorio para los días 17 y 18 de junio a las 9:00 horas.

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El informe de más de 100 páginas señala que el 28 de mayo de 2026 Teijelo envió por correo electrónico dos facturas de 26.500 euros, fechadas en abril y mayo de 2025, que no aparecen en la documentación oficial del PSOE. El concepto de las facturas, según señala la UCO, apuntaría a la "continuación de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo".

Por otro lado, la UCO señala tres facturas por valor de 132.5000 euros. Esas tres facturas, dice el informe de la UCO, sí aparecen reflejadas en la contabilidad oficial del PSOE, mientras que las otras dos por valor de 26.500 euros no.

El mismo informe de la Unidad Central Operativa recoge la "dación de cuentas" de Leire Díez a Santos Cerdán. Según el informe, durante el registro de la sede del PSOE obtuvieron un informe sobre la gestión de viajes del PSOE relativos a Santos Cerdán durante los años 2024 y 2025.

Entre la documentación recogida en el informe de la UCO se observa el contenido de una libreta de Santos Cerdán o el correo electrónico de una secretaria del PSOE que asegura que pagar un avión a Leire Díez es "una orden directa" de Cerdán.

En ese informe se indica que Cerdán, como Secretario de Organización socialista, "no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos". En el caso de Leire Díez, Cerdán habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma "se tuviese por autorizado".

Teijelo declarará el 25 de junio

El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, tendrá que declarar como investigado ante la Audiencia Nacional el próximo 25 de junio a las 10:00 horas, dentro de la causa en la que se investiga a una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

La última semana se conoció que Teijelo mantuvo dos reuniones con el Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez, una reunión en la que también estuvo presente la Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera.

Según el informe, la directora general supo de las actividades de Leire Díez "al menos desde el 8 de mayo de 2025", algo que se evidencia del contenido del correo electrónico remitido por el jefe de la Policía Judicial, Alberto López Malo, al jefe de la UCO, Vicente Yuste, mediante el que le informa de la reunión que había mantenido con el DAO. En ese correo, López Malo asegura que el DAO "había puesto en conocimiento de la directora general este asunto".

La UCO detalla que el 29 de abril de 2025 se elaboró una nota de despacho por parte de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, a través de la cual se informaba sobre las acciones que, presuntamente, venía llevando a cabo Leire Díez con la finalidad de menoscabar la imagen de la UCO. La nota "se elevó a través de la cadena de mando", según los investigadores.

Ese escrito, según los agentes, describía que Díez habría pedido "atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO", haciéndolo también "contra los investigadores", "personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos" y solicitando "cualquier tipo de material comprometedor" del que se pudiera disponer. Según la UCO, grupo de personas analizado "haría ver que detrás de esta 'estrategia' se encontraría Santos Cerdán", "teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil".

El 5 de mayo se hace una segunda nota de despacho "de similar contenido a la anterior" y se confecciona "por la propia Unidad Central Operativa", concretamente por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN). A través de la misma, se informa sobre la actividad de descrédito que, presuntamente, Leire Díez venía desarrollando contra la UCO. La misma señala: "Respecto a la participación de Leire Díez Castro, que presume de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su directora general, así como de ciertas figuras de la Fiscalía".

El 9 de mayo, 'El Confidencial' publicó una noticia bajo el titular "Un juez abre diligencias contra Koldo por 'vejaciones' a su mujer tras analizar la denuncia de la UCO". En esa misma fecha, la noticia fue remitida por la abogada Leticia de la Hoz a Leire, añadiendo el comentario de: "Lo fuerte es que la UCO sea quien denuncia, filtre, sea juez y parte... todo a la vez... y las partes no importan, ya investigan, filtran, juzgan y condenan ellos solos, no necesitan ni a las partes".

De la Hoz llegó a decirle a Leire Díez: "Pásaselo a Mercedes a ver qué opina", a lo que Leire respondió: "Se lo acabo de pasar. Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO".

Dentro del informe, la UCO recoge dos mensajes que Leire Díez y Mercedes González se intercambiaron el mismo día en el que se abrió la investigación de la Unidad Central Operativa. Esos mensajes resultan, según la UCO, "compatibles con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva", indica el informe.

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En ese informe se indica que Cerdán, como Secretario de Organización socialista, "no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos". En el caso de Leire Díez, Cerdán habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma "se tuviese por autorizado".

Entre la documentación recogida en el informe de la UCO se observa el contenido de una libreta de Santos Cerdán o el correo electrónico de una secretaria del PSOE que asegura que pagar un avión a Leire Díez es "una orden directa" de Cerdán.

El informe recoge un escrito, titulado "incumplimientos", elaborado por Díez y que Cerdán tenía en su poder, que recogía "muchas líneas de actuación" de la presunta trama para intentar torpedear los procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. En concreto, el documento menciona a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso en el que se investigaba al hermano del presidente del Gobierno; al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; al fiscal José Grinda; al exsecretario de Estado de Interior con el PP Francisco Martínez, y al excomisario José Manuel Villarejo.

Por otro lado, se recoge que Leire Díez se reunión con Míriam Serrano, una mujer que denunció al fiscal Grinda, antes del juicio oral al que acudió por dicha denuncia. El encuentro fue en el Hotel Radisson Red de Madrid y fue organizado, según la UCO, por Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela.

El informe recoge un hecho relevante relacionado con la denuncia de esta mujer a Grinda por un delito sexual cuando ella era menor de edad, hechos que fueron judicializados. Si bien la causa penal fue archivada definitivamente en 2017, el asunto continuó abierto en la vía civil por la presentación de una nueva demanda que fue desestimada en 2024.

Lo que recoge el informe es la visita de dos abogados al domicilio de la denunciante para mantener una reunión con ella. Ambos abogados mostraron su "disposición para promover la reapertura del caso, así como para asumir conjuntamente su defensa legal". En su declaración, la mujer aclaró que "nunca" pagó nada a estos abogados "por dichos servicios ni por la llevanza del asunto".

La directora de la Guardia Civil supo de la existencia de la trama, según la UCO

Dentro del informe también se concluye que Mercedes González, directora de la Guardia Civil, conocía la labor de las cloacas del PSOE. El 29 de abril se elaboró una nota de despacho por parte de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, a través de la cual se informaba sobre las acciones que, presuntamente, venía llevando a cabo Leire Díez con la finalidad de menoscabar la imagen de la UCO. Esta nota de despacho se elevó a través de la cadena de mando, refiriéndose en hitos posteriores quién y en qué fecha tuvo conocimiento de la misma.

Esa nota describía, según los agentes de la UCO, que la investigada habría pedido "atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO", ir "contra los investigadores" y "personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos", llegando a reclamar "cualquier tipo de material comprometedor" del que se pudiera disponer. Ese grupo de personas analizado "haría ver que detrás de esta 'estrategia' se encontraría Santos Cerdán", "teniendo conocimiento de ello igualmente la Directora General de la Guardia Civil".

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Al ser preguntado por la trama, el exsecretario de Organización se ha limitado a decir: "ni hemos montado ninguna trama ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal".

Ante esto, laSexta le ha recordado que la Unidad Central Operativa (UCO) dice que es el jefe de la trama. "Espero que la Justicia lo aclare todo", ha añadido Cerdán, quien ha vuelto a repetir que no ha montado ninguna trama y acto seguido se ha subido al coche que lo esperaba para no responder a más preguntas de los periodistas.

Lo cierto es que en los informes de la UCO hay bastantes evidencias del funcionamiento de la presunta trama para desestabilizar los casos judiciales que afectaban al PSOE.

Según un nuevo informe de la UCO al que ha tenido acceso laSexta, Leire Díez daba cuentas a Santos Cerdán. Es decir, que Cerdán se situaba en un nivel jerárquico superior. La UCO considera que con toda la documentación que ha encontrado en el despacho de Santos Cerdán llega a esa conclusión de que Leire Díez reportaba directamente al que era el secretario de Organización del PSOE.

Los miembros de la presunta trama

Según el esquema planteado por el juez Pedraz, Santos Cerdán sería el jefe de la trama, "participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior". Es decir, el hombre que, presuntamente, coordinaba la estrategia.

A su lado, Leire Díez, exmilitante socialista y, según el auto, era la "coordinadora y ejecutora". La Audiencia Nacional la vincula con reuniones, contactos y maniobras para conseguir información sensible sobre fiscales y mandos de la UCO.

Según el juez, la trama necesitaba una estructura, y ahí entraría Ana María Fuentes, a la que señala como cómplice necesaria y encargada de mover el dinero. Pedraz acusa a la gerente del PSOE de, presuntamente, emitir documentación y facturas supuestamente falsas para justificar los pagos.

El exdirigente andaluz, Gaspar Zarrías, aparece como otra de las piezas del engranaje. Según la investigación, su empresa habría servido para canalizar fondos opacos del partido. Concretamente, "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Al empresario Javier Pérez Dolset, el juez lo relaciona con intentos de conseguir "información reservada, secreta o comprometedora de los mandos de la UCO que intervenían en dichas investigaciones".

En lo que respecta a los abogados, en primer lugar está Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García y que, según la investigación, utilizaba sus dos sociedades para triangular pagos. Así lo reflejan algunos mensajes incluidos en el auto: "Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, te parece?".

Por su parte, Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, habría recibido fondos del PSOE mediante facturación supuestamente falsa. "Habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz", esgrime el magistrado de la Audiencia Nacional.

El último imputado es Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil. Según el juez, habría filtrado información reservada sobre la UCO, aun sabiendo, supuestamente, lo que hacía. "Esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos", habría dicho en una conversación reflejada en el auto. Además, presuntamente también facturaba sus servicios al PSOE.

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En una entrevista en el diario El Correo, Díez asegura que la están "utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez", a quien asegura no conocer personalmente -"en mi vida he estado con él"- y del que dice que "tiene un defecto: se rodea de gente que no es capaz de decirle las cosas".

El presidente del Gobierno, "por lo que me han dicho, tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada", señala la exmilitante del PSOE, que defiende que "nada de lo que se ha hecho es delito".

Explica que le "duele el relato falso" que se ha construido en torno a ella y critica el informe de la UCO "al que luego la Fiscalía hace un 'copia-pega' porque mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor".

En este sentido, Díez se pregunta "dónde está la patrimonial de (Santos) Cerdán", investigado también por presuntas mordidas. "Han metido a un tío a la cárcel seis meses porque supuestamente, según el magistrado, se ha llevado un 1% de los millones de las adjudicaciones" pero "cinco millones no los puedes esconder en cualquier lado", señala.

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Según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EFE desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata de una cifra récord de solicitudes, al superar las peticiones registradas en procesos de regularización anteriores.

De estas 900.000 solicitudes, se han admitido a trámite unos 360.000 expedientes a 15 días de que finalice el plazo el 30 de junio. Desde el Ministerio llaman a la calma y a completar las solicitudes.

"Que nadie se quede fuera" es el objetivo compartido estas semanas por las ONGs que acompañan a los solicitantes, el movimiento migrante que impulsó la iniciativa desde las calles, abogados especializados y el propio Ejecutivo, según han trasladado todas las partes a EFE.

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La actriz ha avanzado que no va a acudir por encontrarse trabajando en el extranjero y el juez rechazó en este auto la suspensión de la citación, que realizó bajo la advertencia de que podía ser detenida si no acude a esa comparecencia.

Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que la actriz alegó que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado acabó enviando a su casa a un forense que determinó que sí podía acudir al juzgado. Y así la citó para el 15 de junio precisando que si no acude "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial", y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

La letrada de Mouliaá en esta causa recurrió esta decisión primero ante el juez y luego ante la Audiencia de Madrid, alegando que obligarla a acudir con medidas coercitivas no es proporcional y supone maltrato institucional y revictimización, además de exponer que tiene un compromiso laboral en Emiratos Árabes.

El pasado viernes la actriz publicó en redes sociales un comunicado en el que adelantó no acudirá porque tiene un contrato profesional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano, que la mantiene "desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

El domingo precisó que había acreditado documentalmente ante el juzgado que estará "en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas", a pesar de lo cual intentará comparecer por videollamada, si técnicamente es posible.

Por su parte el juez dictó un auto el viernes en el que rechazó recusación planteada contra él por la actriz -por falta de imparcialidad-, al concluir que está "construida de forma artificiosa", dentro de la estrategia de la actriz de negarse a declarar. En ese escrito el juez desestima la petición de suspensión de las actuaciones personales respecto de la querellada que pedía la defensa de Mouliaá, lo que supone mantener la declaración del lunes.

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Desde el Ministerio hablan de una cifra "histórica", más del triple de las convocadas en 2025 y el doble de las convocadas por el Gobierno entre 2012-2016, cuando se convocaron 350 en cinco años. "Desde 2018, el Gobierno ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales, el triple que durante el mandato de Mariano Rajoy", añaden.

Junto a estas plazas, desde el Gobierno están ultimando la creación de otras 700 plazas de jueces y fiscales, lo que supondrá la "mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscal" de la historia en España. "La macroconvocatoria y la histórica ampliación de la plantilla judicial y fiscal se enmarcan en la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por el Ministerio durante esta legislatura para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano este servicio público", celebran fuentes del Ministerio.

La medida se sustenta sobre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 500.000 euros. Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1%, al pasar de 2.804 a 3.004. Esto supone una cifra inédita ya que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

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A las seis de la tarde está previsto que comience la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.

Según fuentes jurídicas a laSexta, está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y la mujer del presidente del Gobierno ha solicitado de nuevo entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.

A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.

El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no.

Tras la comparecencia, se celebrará una comparecencia de medidas cautelares. La acusación, dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír, solicita para los tres que se les prohíba la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte (con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento) y la obligación de comparecer cada 15 días ante el Juzgado o Tribunal, así como cuantas veces fueren llamados.

El juez Peinado ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el software que se creó en su seno, y las labores que ejercía su asesora y que, según Peinado, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez.

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Uno de los enfermos desea que la gente se mueva para ayudarles con las asociaciones ya que, para recibir atenciones personalizadas, "necesitan mucho dinero". Asimismo, Pilar Fernández, vicepresidenta de ADELA, dice que "los enfermos necesitan muchas ayudas": "La financiacion pública, por lo menos de las asociaciones, solamente alcanza un 25%".

"Hay que venir, meterle ganas y ayudar en todo lo que se pueda", dice un hombre, a lo que una mujer añade "en la cura está la solución y hay que luchar por ella".

Hace ya más de un año y medio que el [[LINK:TAG|||tag|||5f52982ea03f7f12cedeca48|||Congreso de los Diputados]] aprobó por unanimidad, una de las pocas veces en las que se han puesto de acuerdo, la ley [[LINK:TAG|||tag|||5f537db9a03f7f12cee16f34|||ELA]]. Con ella, las personas en fase avanzada de esta enfermedad tendrían, tal y como explicaron en su día, derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios: la iniciativa salió adelante con 346 votos a favor y ninguno en contra.

Tras años y años de debates y retrasos en los que los afectados nunca tiraron la toalla, consiguieron que esta ley fuera aprobada. Ahora, la pregunta es: ¿se está aplicando? Este camino comenzó en junio de 2021 como una proposición no de ley. En un primer momento, fueron los ciudadanos quienes presentaron una propuesta de texto, pero hizo falta un poco más de presión, comisiones y debates.

Como ejemplo de resiliencia e insistencia, finalmente se aprobó esta proposición para ratificar la ley. Sin embargo, el debate ha seguido abierto a lo largo del tiempo, sobre todo en el ámbito político.

Por su parte, el líder del Partido Popular, [[LINK:TAG|||tag|||5f52311ca03f7f12ced2c2d4|||Alberto Núñez Feijóo]], recriminaba en 2025 al presidente del Gobierno, [[LINK:TAG|||tag|||5f53835fa03f7f12cee1da31|||Pedro Sánchez]], no "dotar" la ley ELA: "Acaba de decir que puede mover usted 10.000 millones de euros para gasto militar sin presupuesto y sin aval presupuestario. ¿Y usted no puede dotar la ley de ELA? Tiene menos escrúpulos de los que yo pensaba".

"El compromiso del Gobierno de España con los enfermos de ELA es absoluto y rotundo y vamos a cumplir con nuestros compromisos presupuestarios", respondía el jefe del Ejecutivo.

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Así lo ha dicho Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social [[LINK:TAG|||tag|||5f537c89a03f7f12cee158cf|||del PP]], que ha expuesto que en Pedro Sánchez "confluyen corrupción, Gobierno y partido como patrón de conducta".

Así lo ha dicho tras la carrera en solidaridad por los enfermos del ELA, donde insiste en que los casos judiciales que afectan a los socialistas "no son casos aislados": "Cerdán era cien por cien PSOE. Ábalos es sanchismo cien por cien. Y la mujer de Sánchez y su hermano, cien por cien. Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez".

Además, ha considerado que "con estas circunstancias, en cualquier otro país "el presidente del Gobierno habría disuelto las Cortes, convocado elecciones y habría dimitido".

"Al final, todo confluye en una misma persona. Partido, Gobierno y corrupción rodea al número 1, al 'One', que no es otro que P.S., que es Pedro Sánchez", ha afirmado.

Y ahora, Zapatero: "Se le está juzgando por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida, fraude fiscal y por contrabando".

Mientras, desde el PSOE apelan a la "presunción de inocencia" de Zapatero. "Tenemos que dejar trabajar a la Justicia. Estamos al inicio de un procedimiento", ha insistido Reyes Maroto.

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