Pensar

noreply@blogger.com (-) — Sat, 12 Sep 2009 13:27:09 PDT

123

Posted with LifeCast

El SAT podrá investigar percepciones y compras: Desde el primero de octubre podrá requerir que se explique el origen del dinero...

noreply@blogger.com (-) — Fri, 20 Feb 2009 03:10:05 PST

A partir del primero de octubre todos los mexicanos, dentro o fuera de la economía formal, deberán tener forma de comprobar sus ingresos y gastos, ya que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) podrá investigar percepciones y compras que le parezcan extraordinarias, y requerir al ciudadano para que explique el origen del dinero, por lo que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que es ''imperativo'' tener el soporte para justificar sus ingresos y egresos.

Se trata, explicaron especialistas del IMEF, de una forma de detectar a los grandes operadores de la economía informal que manejan enormes sumas de dinero sin pagar impuestos.

Pero también, precisó el especialista en estudios fiscales del Instituto, José Luis Fernández Fernández, representa una complicación más para los contribuyentes cautivos, ya que también deberán comprobar cualquier ingreso o gasto que rompa con su manejo cotidiano.

El mecanismo con sustento legal en el artículo 107 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta faculta al SAT para solicitar información a los prestadores y comercializadores de bienes y servicios sobre las transacciones y adquisiciones de sus clientes. Incluso podrá recurrir a otras fuentes de información como el Registro Público de la Propiedad.

De tal forma que si alguien no está registrado por el fisco y compra un auto, los recaudadores podrán solicitar sus datos a la agencia automotriz, harán un requerimiento al ciudadano y éste deberá explicar de dónde obtuvo el dinero para hacer la compra. Sin embargo, lo mismo aplicará para los contribuyentes cautivos, ya que si se detecta un movimiento extraordinario al regular las finanzas personales o de una empresa, el SAT llamará a cuentas al ciudadano.

Además de adquisiciones como la señalada, todo ciudadano deberá tener forma de comprobar cualquier ingreso extraordinario, como el pago por algún trabajo realizado fuera de su empleo regular; es el caso de donativos, préstamos, herencias regalos, o cualquier otra razón por la que haya obtenido más ingresos.

En el caso de dependientes de alguna persona física que ''compren un bien como un auto, casa, o abran cuenta bancaria, también deberán demostrar quién les dio el dinero para hacer la operación''.

El IMEF señaló que si ya antes de que entrara en vigor esta disposición era muy importante tener soportados los casos de erogaciones superiores a los ingresos declarados, ''ahora se vuelve imperativo tener mucho mayor cuidado con el soporte que las personas físicas deben tener, en particularmente cuando se trate de los depósitos que se reciban en las cuentas de cheques por conceptos diferentes a los ingresos declarados para efectos fiscales''.

A la letra esta disposición señala que ''cuando una persona física, aun cuando no esté inscrita en el registro Federal de Contribuyentes, realice en un año calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiere declarado en ese mismo año, las autoridades fiscales procederán como sigue:

''Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración del contribuyente y darán a conocer a éste el resultado de dicha comprobación.

''El contribuyente en un plazo de 15 días informará por escrito a las autoridades fiscales las razones que tuviera para inconformarse o el origen que explique la discrepancia y ofrecerá las pruebas que estime convenientes, las que acompañará a su escrito o rendirá a más tardar dentro de los 20 días siguientes. En ningún caso los plazos para presentar este escrito y las pruebas señalas excederán, en su conjunto los 35 días. ''Si no se formula inconformidad o se prueba el origen de la discrepancia, ésta se estimará como ingreso en el año que se trate y se formulará la liquidación respectiva''.

Más dinero en el mercado mexicano

También como parte de la agenda económica, el presidente nacional del IMEF, Marco Antonio Cerón y el presidente del Comité de Estudios Económicos, Gerardo Cruz, señalaron que de abril de 2006 a la fecha hay más dinero en el mercado mexicano, tal vez como un intento de impulsar la economía, pero no como resultado de su crecimiento.

Sin embargo, los especialistas señalaron que también pueden haber otros fenómenos que expliquen el hecho de que los mexicanos ''tengan más dinero en la mano'', tales como en las campañas políticas, al cierre de sexenio, un ''ligero'' relajamiento de la política monetaria, incluso lavado de dinero, opción con menos probabilidades ya que tendría que pasar por el filtro del Banco de México por tratarse de operaciones de dólares que se deben convertir a pesos.

Destacaron que si este flujo de dinero se convirtiera en una presión inflacionaria, el Banco de México estaría obligado a aumentar la tasa de fondeo bancario como una herramienta de equilibrio, debido a que el corto ya se convirtió en un instrumento de segunda instancia.

MIRIAM POSADA GARCIA

Para que se vayan enterando...

noreply@blogger.com (-) — Fri, 20 Feb 2009 01:29:17 PST

Contrastes

noreply@blogger.com (-) — Fri, 20 Feb 2009 01:28:44 PST

El VERDADERO Mexico...

Foxilandia segun el Reforma, panfleto oficial de la fantasia...

Una imagen dice mas que mil palabras...

noreply@blogger.com (-) — Fri, 20 Feb 2009 01:28:56 PST

Videos del Checo Brown

noreply@blogger.com (-) — Fri, 20 Feb 2009 01:28:22 PST

Fascistización del Estado: El Mexico de la derecha, el dia de hoy...

noreply@blogger.com (-) — Mon, 23 Jun 2008 01:54:38 PDT

Una de las características del Estado terrorista es el ocultamiento de su accionar. Por ello, grupos operativos (como los que asesinaron a varios maestros oaxaqueños y al camarógrafo estadunidense Bradley Roland Hill, de Indymedia y causan explosiones) no se identifican, sus brazos ejecutores visten de civil, las autoridades niegan su acción o procedimiento y buscan ocultarlos o legitiman la muerte de opositores criminalizando a las víctimas al presentarlas como "violentas" o "subversivas", que forman parte de una "guerrilla urbana".

A partir del accionar represivo instrumentado por los gobiernos federal y estatal, Oaxaca, como antes Chiapas, conforma hoy un Estado militarizado de tipo contrainsurgente. Reina allí un estado de excepción, estructurado sobre una base pública, a la vez clandestina y terrorista, que busca, mediante el ejercicio de la violencia institucional (de poder-fuerza), la desarticulación del movimiento social y una aceptación ciudadana y un consenso forzados, afines a "la ley y el orden" formales del bloque de poder dominante.

Con una agravante: la humillación sufrida por la PFP en la fallida toma de Ciudad Universitaria podría alentar una venganza. Una nueva acción de escarmiento ubicaría al país en el peor de los escenarios posibles y abriría el camino hacia un proceso de fascistización del Estado.

El negocio transexenal del Presidente Fox

noreply@blogger.com (-) — Mon, 23 Jun 2008 01:48:51 PDT

A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de manera por demás silenciosa, el gobierno federal ha puesto en marcha un mecanismo jurídico para privatizar las aduanas del país en beneficio de la transnacional suiza Societé General de Surveillance (SGS), de acuerdo con documentos oficiales en poder de La Jornada. SGS estaría representada en México por la empresa mexicana Logistic Free Trade Zone, cuyo director y principal accionista es Juan Carlos López Rodríguez, ex funcionario aduanal inhabilitado por deshonesto, pero amigo de José Guzmán Montalvo, titular de la Administración General de Aduanas (AGA). López Rodríguez y Guzmán Montalvo "están asociados con la familia (de Marta) Sahagún", por lo que, "éste podría ser el negocio transexenal del presidente (Vicente) Fox, a través de la familia Sahagún, con utilidades directas e indirectas calculadas entre dos mil y tres mil millones de dólares al año", denunciaron funcionarios de la AGA, que pidieron el anonimato. "Reconocemos que nos preocupa la posibilidad de sufrir represalias pero consideramos que debemos dar a conocer oportunamente esta situación para evitar la virtual privatización de la aduana en México y el negocio transexenal que está detrás de ello", dijeron al entregar, a cambio del secreto, suficientes pruebas tangibles de sus afirmaciones, sin ocultar que en caso de consumarse la maniobra muchos de ellos perderían su empleo. La operación, respaldada plenamente por el titular de la SHCP, Francisco Gil Díaz, violaría los artículos 25, 32, 42 y 131 constitucionales -que estipulan que el manejo de las aduanas es "una de las principales funciones de soberanía estatal"-, pero "podría quedar cerrada a más tardar el martes primero de noviembre", de acuerdo con la información oficial disponible. La convocatoria a la licitación respectiva -"para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera", eufemismo que en realidad encubre el propósito de vender a extranjeros las aduanas del país- fue publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, en el Diario Oficial de la Federación del pasado martes 11 de octubre (páginas 23 a 26), y citó a los interesados a una "reunión para aclaración de dudas" siete días después.
Esta se llevó a cabo, efectivamente, el martes 18 de octubre en el segundo piso del edificio número 43 de la calle Sinaloa, en la colonia Roma del Distrito Federal, y a ella asistieron representantes de cuatro empresas interesadas en adquirir las aduanas de México: Hilda Farah, de Goodrich, Riquelme y Asociados; Carlos E. Kempff, de Baltic Control Americas Ltd; Alejandro Cano, de Intertek Testing Services de México; y Carolina Cáceres, de SGS México TAS Manager, según consta en el acta oficial de ese encuentro, que fue presidido por el licenciado Manuel González Franco, adscrito a la Administración de Adquisiciones del SAT. De acuerdo con el cronograma incluido en la convocatoria de la licitación, los interesados contarán con un plazo que expira pasado mañana a las dos de la tarde para entregar los documentos requeridos. Y el siguiente martes, 1 de noviembre, en punto de las once de la mañana, el licenciado González Franco dará lectura a la resolución y con ella al nombre de la empresa ganadora que, a partir del lunes 7 de noviembre, podrá pasar a recoger los "títulos de autorización" para desempeñar las siguientes funciones:
"1.- Revisión, dentro de las instalaciones de la Aduana, de mercancías de importación y/o en tránsito, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a comprobar su correcta internación y/o legal estancia en el territorio nacional, precisando el número de piezas, volumen, descripción, naturaleza, estado, origen y demás datos que permitan la identificación de mercancías.
"2.- Clasificación arancelaria de la mercancía sujeta a la revisión, de conformidad con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
"3.- Verificación documental o en sitio, de la veracidad del valor, proveedor/productor, y el origen, declarados en la factura y/o demás documentos presentados con motivo de la importación de la mercancía sujeta a revisión o para comprobar su legal estancia en territorio nacional. Dicha valoración deberá efectuarse, en caso de ser necesario, en sitio, por lo que los participantes, para obtener el título de autorización motivo de esta convocatoria, deberán contar con cobertura mundial".
De las cuatro empresas que se inscribieron en el concurso, aseguran los denunciantes, "sólo SGS tiene cobertura mundial". Sin embargo, como se aprecia en el acta de la reunión del 18 de octubre, la representante de la transnacional suiza, Carolina Cáceres, preguntó: "¿Podrían precisar en qué consiste la cobertura mundial indicada al final del párrafo que refiere al servicio número tres", y "el licenciado Roberto Ramírez de la Parra respondió que en este momento no se está solicitando un mínimo de cobertura mundial, por lo tanto con que tenga representación en más de un país es suficiente". Con la Constitución en la mano, los denunciantes mostraron los artículos que serían violados por Gil Díaz y Fox. El 25 señala que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y llevar a cabo las acciones de regulación y fomento", por lo que dejar en manos de empresas extranjeras la función aduanal "pone en riesgo la seguridad nacional". El artículo 42 precisa que al Estado le corresponde la seguridad y el control del tránsito de mercancías (a través de las aduanas) y de las personas (a través de Migración), y "éstas responsabilidades no son delegables ni transmisibles, menos aún a empresas extranjeras, como propone la convocatoria". En concordanacia con lo anterior, recordaron que el artículo 131 dice que "es facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional", y que las empresas privadas que actualmente desempeñan esas funciones en países de Africa y de Europa del Este "a menudo se hacen de la vista gorda ante las actividades del crimen organizado transnacional". Por lo que toca al artículo 32, según el cual "los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias", la convocatoria lo viola porque "entre los requisitos que exige para licitar el servicio hay algunos que sólo puede cumplir SGS, como el que pide un capital social de por lo menos un millón 373 mil 988 pesos, hecho, como un traje, a la medida". SGS tiene sus "cuarteles generales" en el número 1 de la Place des Alpes, Ginebra, Suiza, así como en Techoparkstrasse 1, Zurich, Suiza, y en la Vía Vincenzo Vela 8-a, Basilea, Suiza, pero no cuenta con ninguna sede oficial en la república mexicana, según consta en la página electrónica del consorcio, donde informa que controla las aduanas de varias ex colonias europeas de Africa, dato que para los denunciantes evidencia "a qué nivel quiere bajar Fox a México".

Crimen sin castigo: Un caso de homicidio imprudencial puso a Vicente Fox en el umbral de acabar con su carrera política, pero el PRI lo perdonó.

noreply@blogger.com (-) — Mon, 23 Jun 2008 01:47:27 PDT

E l 10 de noviembre de 1990 sucedió un trágico suceso en León, Guanajuato, donde perdió la vida Desideria Pérez Pérez, de 83 años. Un auto compacto que arrancó cuando todavía tenía el semáforo en rojo, fue embestido por una camioneta pick up y terminó arrollando a la anciana que, ese sábado cerca del mediodía, hacía lo de todos los días, vender periódicos. Ahí empezaron a suceder cosas extrañas con el expediente y la integración de la investigación, que al final de cuentas hizo que el conductor del auto compacto ni siquiera fuera llamado a declarar ante el Ministerio Público. Más aún, los periódicos de la época desaparecieron de la hemeroteca local, porque había un fuerte interés de que todo fuera ocultado por el tiempo. Las influencias políticas aparecieron, pese a que nadie se imaginaba en ese momento que el homicida imprudencial se convertiría, años después, en Presidente de México.

En ese año, Vicente Fox era un diputado mediocre que aspiraba la gubernatura de Guanajuato. Esa mañana acababa de salir del Comité Directivo Estatal del PAN, y en compañía del jefe de prensa, Arsenio Bañuelos, se dirigía hacia Irapuato. Nunca llegaría porque en una esquina de León se pasó la luz roja y fue embestido por un joven que, a su vez, aceleró la marcha de su camioneta cuando se prendió el amarillo del semáforo. Fox infringió una ley de tránsito y el joven fue un imprudente. Combinación fatídica. Minutos después, un hombre muy cercano a Fox -a quien haría años más tarde secretario de Estado-, Ramón Martín Huerta, a la sazón diputado federal, informó al presidente estatal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, del incidente. "Vicente acaba de chocar en la esquina", le dijo mientras varios panistas corrían en su ayuda.

Las autoridades abrieron el expediente 6204/90 y detuvieron al entonces joven Rigoberto Almaguer, que conducía la pick up a toda velocidad. Fox, que tenía fuero por ser diputado federal, no fue arrestado. Según la nota en la página roja de El Heraldo de León, firmada por el reportero J. de Jesús Morales, Fox acompañó a los agentes de tránsito y acordó que se presentaría a declarar posteriormente ante la representación social, por lo que se le permitió retirarse. Sin embargo, reveló en junio de 2000 la revista Expresión Autónoma, que se editaba en la ciudad de México, no cumplió con su palabra, jamás rindió declaración ministerial y siempre se desentendió de toda responsabilidad material y moral.

En su campaña presidencial, una década después, en un acto en el ITAM en la capital mexicana, un estudiante le preguntó sobre aquel accidente. Fox, según Expresión Autónoma, respondió colérico: "¡Nunca he manejado vehículos desde que estoy en la política! ¡No hay nada de eso! ¡No tengo de qué avergonzarme!". Después se refirió en forma peyorativa a los medios que se hacían eco de ello, argumentando que se trataba de una guerra sucia. "Dirán que atropellé a una viejita de 91 años -dijo en un evento de la Coparmex en Pachuca-, que soy un alto vacío... y una y mil mentiras". Pero, desafió, toda imputación tendrá que ser probada.

Aunque los periódicos de la época desaparecieron de la hemeroteca de León, copias de El Sol de León y El Heraldo de León reproducidas por la revista Expresión Autónoma demuestran el involucramiento directo del Presidente en el accidente que le costó la vida a la anciana voceadora. El Sol de León le dio su principal titular del domingo 11 de noviembre de 1990, que decía: "Accidente a Fox; murió una anciana"; mientras que El Heraldo de León, en su edición vespertina del día anterior, destacaba a ocho columnas en la parte superior de su primera plana: "Vicente Fox involucrado en un lamentable accidente vial". Adicionalmente a los textos, ambos periódicos publicaron fotografías del entonces diputado, patilludo y en pantalones de mezclilla junto a su automóvil, un Tsuru II. Tres días después de la muerte de la anciana, se giró el oficio 2512/90, mediante el cual las autoridades dejaron en libertad al joven Almaguer, a quien habían señalado como el único responsable del delito de homicidio imprudencial y daños en propiedad ajena, pero Fox, que se pasó el semáforo, quedó libre y sin haber sido fichado.

Aunque el fuero lo protegía de la detención en ese momento, no otorga inmunidad absoluta a quien lo ostenta. El procedimiento que debió haberse seguido era, siendo diputado federal, la intervención de la autoridad competente y la presentación de una denuncia ante un juez para que procediera llevar el caso a la Cámara de Diputados para un juicio de desafuero. En el caso de Fox hubo un blindaje total, que le evitó el paso de ser sujeto a un juicio de desafuero, con lo cual no sólo le dio la vuelta a la autoridad por haberse pasado el alto que costó la vida de una persona y cerca de 10 millones de pesos de la época en daños materiales, sino que le dejó limpio su expediente penal, con lo cual no tuvo problemas para competir por la gubernatura, que ganó en una segunda ocasión, y por la Presidencia, a la cual llegó en 2000. Está claro que de haberse cumplido la ley, Fox no hubiera avanzado más en su carrera política.

El caso del crimen sin castigo ya no modifica la historia política de este país, pero sirve de estudio de caso de cómo el pasado de un candidato puede ser utilizado con fines políticos para destruir a un adversario. Este tema también marca una diferencia sustantiva en la forma como se está comportando Fox durante el proceso electoral de 2006, vis a vis cómo se comportaron sus adversarios cuando era candidato en 2000. A lo largo de los meses, el electorado ha visto cómo se hundió un aspirante priísta, Arturo Montiel, y cómo se ha enlodado al candidato Roberto Madrazo, con la utilización de archivos que sólo pudieron haber salido del gobierno federal. En paralelo se ha visto la batería de spots negativos en contra de Andrés Manuel López Obrador, donde se está hurgando su biografía de confrontación para presentarlo como una amenaza a México. No hay matices, y se está trasladando en automático el pasado al presente, sin ubicar su contexto, en su tiempo y espacio.

Lo mismo pudo haber pasado con Fox en 2000, pero sus adversarios optaron por una ética política. El expediente completo del accidente en que perdió la vida la anciana, llegó al escritorio del presidente Ernesto Zedillo, con la recomendación de utilizarlo políticamente. Zedillo dijo no. Otra copia llegó a la campaña de Francisco Labastida, donde se consideró que era un golpe bajo que no estaba a la altura del momento que se vivía. Fox, que no se cansa de repetir los vicios del pasado y las virtudes de su arribo al poder, no aprendió algunas lecciones valiosas de la vida política. Hoy sigue subrayando la inmoralidad de su Presidencia en la forma como se comporta. Es una lástima que lleve esa batuta, sobre todo porque él, finalmente, es un homicida imprudencial cuyo crimen no tuvo castigo.

Raymundo Riva Palacio

Lorenzo Meyer / La contrarreforma

noreply@blogger.com (-) — Sat, 05 Apr 2008 23:30:19 PDT

jueves 03 de abril de 2008, 06:00hrs

Palabra(s) o tema a monitorear: Lorenzo Meyer

Para cancelar esta alerta, presiona aquí. comentarios

La contrarreforma

Para que una visión de futuro sea nacional debe ser capaz de despertar la imaginación no sólo de la minoría dirigente, sino desbordarse hasta alcanzar a la imaginación de la mayoría. De lo contrario, se estará frente a otra cosa: la maquinación de un grupo. Ése fue el caso del proyecto oligárquico del Porfiriato y quizá sea también el del Gobierno de Felipe Calderón.

La propuesta del Gobierno para cambiar el marco legal de la actividad petrolera ya debió de haber sido presentada, pero justamente por carecer de apoyo social sólido y de haber despertado la oposición de sectores nacionalistas, el Gobierno y su partido apenas si se atrevieron a hacer público un diagnóstico donde se sugiere que Pemex requiere con urgencia de cambios y de ayuda, pero nada más.

Aunque el Gobierno apenas si ha esbozado sus planes para el futuro del petróleo mexicano, es de suponer que ya ha elaborado un plan con metas específicas para hacer de esa gran riqueza natural no renovable el cimiento material de un México donde las grandes concentraciones de capital privado, nacional y externo, sean los ejes del desarrollo de una estructura de poder que le permita a la derecha mantenerse y solidificarse como la fuerza dominante en el largo plazo. Y el petróleo es uno de los mejores medios para lograr la utopía conservadora.

Lo que está en juego

En el centro de la actual agenda política mexicana está la disputa sobre la naturaleza de un cambio al marco legal y administrativo de la industria petrolera. Esa transformación puede modificar o reafirmar la esencia de la política nacionalista en ese campo. Si política significa, según Harold D. Laswell "quién consigue qué, cuándo y cómo", entonces lo que se disputa en la política petrolera es quiénes, cuándo y de qué manera se van a apropiar de la enorme renta de esa industria.

En el esquema anterior a 1917, la riqueza petrolera era enteramente propiedad del superficiario -y entonces los superficiarios en las zonas petroleras eran ya un puñado de empresas extranjeras- a condición de que éste cediera una mínima parte al Estado vía el impuesto del timbre. A partir del arribo de los gobiernos revolucionarios, y teniendo conciencia de que en México había yacimientos petroleros importantes, el nuevo régimen luchó a brazo partido por arrebatar a los intereses extranjeros una parte justa de la renta petrolera.

El éxito del intento fue relativo, pues los petroleros y sus gobiernos -básicamente los de Washington y Londres- se negaron a reconocer validez a esa parte de la Constitución de 1917 que reintegraba a la nación los derechos sobre el petróleo. Las compañías petroleras alegaron que los revolucionarios nacionalistas hacían una interpretación retroactiva de la ley y que por tanto era contraria al derecho internacional. La expropiación de 1938 cortó de tajo el nudo gordiano creado por casi tres decenios de controversias legales, políticas y diplomáticas en torno a la propiedad petrolera.

A partir de 1938, la explotación petrolera mexicana quedó en manos del Estado, supuesto representante del interés general. Sin embargo, entre 1949 y 1951 -bajo el Gobierno de Miguel Alemán- tuvo lugar un primer intento por modificar el nuevo statu quo. Y es que entonces se firmaron cinco "contratos riesgo" entre Pemex y otras tantas empresas norteamericanas en virtud de los cuales éstas explorarían y explotarían zonas determinadas en la región del Golfo. Si encontraban petróleo, se quedarían con el 15 por ciento de lo extraído. Este esquema, de dudosa base jurídica y política, finalmente se declaró ilegal en 1960 y luego se cancelaron esos contratos. El espíritu del 38 se reavivó, pero no por mucho tiempo.

Con el advenimiento del quiebre del modelo económico posrevolucionario en 1982 y el triunfo del neoliberalismo, la petroquímica se privatizó parcialmente. Ya con el panismo y con Felipe Calderón como Secretario de Energía, volvieron los contratos riesgo pero ahora bautizados como "Contratos de Servicios Múltiples" y con duración de 15 a 20 años. Así, para explotar el gas en la Cuenca de Burgos, se firmó con una empresa española un contrato por 2 mil 400 millones de dólares para que se trabajara en 16 campos de gas y pronto se firmaron otros cuatro contratos más, dos con una filial de Petrobras, otro con Industrial Perforadora de Campeche-Tecpetrol y otro con Lewis Energy Group. Calderón defendió esta forma de asociar a Pemex con capital privado externo con los mismos argumentos que en su momento usara Miguel Alemán: Pemex necesitaba del capital y la tecnología externas para hacer frente a las crecientes y urgentes demandas energéticas de México.

Fue así que Calderón, primero en su calidad de miembro del equipo de Vicente Fox y luego ya como Jefe del Poder Ejecutivo, sentó las bases para el gran paso que se pretende dar ahora: modificar el marco jurídico de Pemex para evitar cualquier duda sobre la constitucionalidad de los actuales acuerdos con las empresas extranjeras de servicios y, además, ahondar la llamada "modernización" de la actividad petrolera. De esta manera, aseguraría que el gran capital petrolero internacional pueda ser no sólo participante en la producción y transporte de gas, petróleo y refinados, sino también un poderosísimo aliado económico y político de aquellos que le abrieron la puerta a la riqueza petrolera mexicana.

El origen

En 1821, con la Independencia, se vino abajo el modelo económico colonial en cuyo centro estaban los grandes comerciantes españoles, los mineros y los terratenientes criollos. La falta de cohesión política hizo que por un tiempo la nueva nación fuera a la deriva, que perdiera una guerra y territorio, que se endeudara y que se estancara el crecimiento económico. Sólo hasta que en 1867 los liberales impusieron su dominio, pudo volverse a pensar con seriedad en el largo plazo.

Sería bajo la dirección de Porfirio Díaz y en nombre de la modernización, que la élite liberal mexicana se transformó en oligarquía y consolidó una gran alianza con el capital extranjero. En 1910, al celebrarse las fiestas del centenario de la independencia, el régimen porfirista parecía más sólido que el Peñón de Gibraltar. Sin embargo, en unos cuantos meses ese régimen se vino abajo y en unos cuantos años le sucedería lo mismo a la estructura oligárquica. Y es que el proyecto porfirista, aunque coherente, nunca fue realmente nacional sino de pocos y para pocos lo que excluyó al resto del país.

La nueva oligarquía

La política de privatización iniciada por Miguel de la Madrid, pero llevada lo más lejos posible por Carlos Salinas, dio como resultados la creación o consolidación de enormes fortunas nacionales -Telmex, por ejemplo- y extranjeras -el grueso de la banca, empezando por Banamex-, pero el señor de Agualeguas tuvo límites: se detuvo ante Pemex, la joya de la corona de la empresa pública. Sin embargo, hoy el panismo pareciera dispuesto a saltar ese límite y quiere hacer realidad lo que los tecnócratas priistas imaginaron, pero no se atrevieron.

La idea no es hacer con Pemex lo que se hizo con Telmex -venderla-, sino algo más sutil. Primero, documentar hasta la saciedad el estado de postración de la empresa, pero sin explicar que desde el Gobierno se labró el desastre y, en cambio, sugerir que el mal es básicamente resultado de no seguir las reglas del mercado. Luego, subrayar que la solución de tan lamentable situación no pasa por buscar fuentes fiscales alternativas para poner fin a los impuestos criminales que ahogan a Pemex ni tampoco por la compra directa de la tecnología que falta, sino en abrir más la puerta a las empresas petroleras externas para que de aquí en adelante "acompañen" a Pemex en su trayecto.

Obviamente nada se dice que esas empresas no sólo aportarían recursos que evitarían temporalmente la tan pospuesta reforma fiscal a costa de una tajada de la renta petrolera ni que también se convertirían en nuevos actores políticos, garantes de los intereses particulares de quienes les aseguren que las cosas no van a cambiar, al menos en el futuro previsible.

En suma, en la política petrolera pretendida por la derecha están claras las semillas de un propósito que, en esencia, no difiere mucho de ese otro que hace un siglo estaba por entrar en crisis: el de la oligarquía liberal porfirista. Hoy, como hace un siglo, el proyecto de los que deciden "quién consigue qué, dónde y cuándo" no es realmente nacional, sino una maquinación de grupo y que se enfrenta a una oposición cuyo objetivo es hacer del sostenimiento del espíritu de 1938 el eje de una movilización nacional que podría ser la base para recrear lo que hoy está ausente: el proyecto nacional.

opinion@elnorte.com

Hora de publicación: 04:29 hrs.