Madrid, 16 de abril de 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este jueves el ensañamiento contra presos políticos en prisiones de Cuba, en medio del supuesto “indulto” anunciado por Miguel Díaz-Canel que no ha beneficiado a ningún detenido por causas políticas.

“En marzo, y lo que llevamos de abril, familiares de presos políticos han brindado testimonio sobre el aumento de malos tratos en las cárceles, con traslados a celdas de castigo, retirada de alimentos y pertenencias, amenazas y colocación de presos comunes en sus celdas para que agredan a los políticos”, indicó el OCDH.

Entre los casos más graves aparecen Duannis León Taboada, preso político condenado a 14 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021; Alexander Fábregas, que cumple una condena de siete años por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, relacionado con publicaciones críticas en redes sociales; Ángel Jesús Véliz Marcano, condenado a seis años por protestar en 2021; Liosnel López Arocha, condenado a 12 años de prisión tras su detención el 11J.

También Amaury Díaz García, en la prisión Kilo 8 de Camagüey; Fernando Michel Barzaga Mompié, en San Ramón, Granma; Ediolvys Marín Mora, en la prisión Kilo 8; Yosvany Rosell García Caso, en el penal “Cuba Sí” (El Yayal); Alieski Calderín Acosta, en la prisión Kilo 8; y Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, en Kilo 8, Pinar del Río.

“Mientras el régimen cubano niega ante la prensa internacional la existencia de presos políticos y anuncia un indulto que solo ha beneficiado a reclusos comunes, en las cárceles de la isla se produce una arremetida violenta contra los prisioneros de conciencia. Y ante todo esto, no se escucha ni una palabra de condena por parte de la Unión Europea y América Latina”, denunció el OCDH.

El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a iniciativa de la diputada Marta Madrenas i Mir, ha presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados de España una Proposición no de Ley (PNL) con el propósito de impulsar un proceso democratizador en Cuba. La propuesta fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En su exposición de motivos, la diputada Madrenas subraya que Cuba “malvive desde hace años bajo un régimen antidemocrático” que priva a la mayoría de sus ciudadanos del ejercicio de derechos civiles y políticos fundamentales, mientras somete a la población a condiciones de pobreza y carencia generalizadas.

La iniciativa cita datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) para evidenciar la profundidad de la crisis socioeconómica en la isla: el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema, el 78% desea emigrar y el 92% desaprueba la gestión del gobierno. Además, siete de cada diez cubanos no pueden garantizar tres comidas diarias, y solo el 3% de la población tiene acceso a los medicamentos necesarios a través del sistema estatal de farmacias.

La proposición insta al Gobierno español a:

• Reconocer y difundir la situación de vulneración sistemática de los derechos humanos en Cuba, así como sus consecuencias en la vida cotidiana de la población.
• Constatar la falta de condiciones para la autodeterminación soberana del pueblo cubano, derivada de la naturaleza represiva del régimen.
• Impulsar un proceso democratizador internacionalmente, con el respaldo de Naciones Unidas, las organizaciones regionales americanas, la Unión Europea y países europeos históricamente vinculados a Cuba, como Cataluña.

Según el texto presentado, dicho proceso debería poner fin a una dictadura que ha llevado a millones de cubanos “a un límite en el que ni siquiera pueden garantizar los mínimos para la supervivencia, ni el ejercicio de sus derechos elementales”.

El OCDH valora y agradece a Junts esta iniciativa parlamentaria que contribuye a mantener la situación de los derechos humanos en Cuba en la agenda internacional y a reforzar la exigencia de libertades y cambios democráticos reales en la isla.

El Grupo Parlamentario VOX ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para condenar la dictadura comunista cubana y promover sanciones y medidas de presión internacionales, citando de forma destacada datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). La iniciativa será discutida en la Comisión de Asuntos Exteriores.

María José Rodríguez de Millán Parro, junto a los diputados Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Asarta Cuevas, han registrado una Proposición no de Ley que condena al régimen comunista cubano, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. El texto describe el escenario actual de Cuba como un “colapso económico y social”, agravado tras el corte del suministro de combustible desde Venezuela a inicios de 2026, que ha derivado en fuertes restricciones de transporte público, jornadas laborales de cuatro días, apagones constantes y dificultades incluso para el bombeo de agua potable.

La iniciativa alerta además sobre el deterioro del sistema sanitario, con cirugías oncológicas detenidas, desabastecimiento de insumos básicos para enfermedades crónicas y un incremento de la desnutrición que provoca desmayos y cuadros de fatiga extrema entre estudiantes.

Referencias a los datos del OCDH

La exposición de motivos cita datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para evidenciar la profundidad de la crisis social. Los estudios del OCDH sitúan en el 89% el porcentaje de familias cubanas que viven en pobreza extrema, y señalan que siete de cada diez personas deben privarse de alguna comida diaria, además de un amplio deseo de emigrar y un alto nivel de desaprobación de la gestión gubernamental.

En el plano represivo, la PNL recuerda que el OCDH documentó más de 3.000 acciones represivas y alrededor de 800 presos políticos en 2025, así como al menos 231 acciones represivas en febrero de 2026, entre detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y otros abusos. El texto denuncia que, pese a estas cifras, no se han adoptado medidas efectivas por parte de la Unión Europea ni del Gobierno de España.

Críticas a la Unión Europea y exigencia de sanciones

VOX sostiene que el régimen cubano actúa como un foco de desestabilización regional, con vínculos históricos con guerrillas, grupos armados y organizaciones extremistas, y acusa a La Habana de haber utilizado el terrorismo y el narcotráfico como herramientas políticas durante décadas. Frente a ello, la PNL considera “especialmente grave” la actitud de la Comisión Europea, a la que responsabiliza de mantener el flujo de fondos hacia el régimen sin condicionar la cooperación a reformas democráticas y al respeto de los derechos humanos, pese a las cláusulas del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación que permiten su suspensión en caso de infracción grave.

Por ello, la iniciativa insta al Gobierno de España a promover en el seno de la Unión Europea la suspensión y denuncia de dicho Acuerdo con Cuba, la aprobación de medidas restrictivas (sanciones) contra responsables de violaciones de derechos humanos y contra quienes socavan la democracia y el Estado de derecho, así como a liderar una estrategia coordinada de presión política, económica y diplomática para favorecer el fin del régimen socialista cubano.

Relevancia para la agenda internacional sobre Cuba

En su conjunto, la Proposición no de Ley de VOX subraya que el momento actual, marcado por el agravamiento de la crisis en la isla, exige una respuesta firme de la comunidad internacional en defensa del pueblo cubano. Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que lleva años documentando tanto el deterioro socioeconómico como el aumento de las acciones represivas, iniciativas parlamentarias como esta ayudan a mantener la situación de derechos humanos en Cuba en el centro del debate europeo e internacional.

Madrid, 7 de abril de 2026

En marzo se produjeron en Cuba al menos 277 acciones represivas, de las cuales 53 fueron algún tipo de detención y 224 otros abusos del régimen, denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Una vez más, el régimen de La Habana utilizó el sitio policial de viviendas de activistas como arma represiva, con 76 casos. Además, se reportaron 40 abusos contra presos políticos, 28 citaciones policiales y 26 casos de hostigamiento, entre otras acciones represivas.

La Habana, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Villa Clara fueron las provincias con mayor número de acciones represivas.

Entre los casos más graves estuvo el del menor de edad Jonathan Muir Burgos, de 16 años, detenido junto a su padre en Morón, Ciego de Ávila, tras las protestas en ese municipio y de ser citados a una estación policial. Posteriormente, el padre fue liberado, pero Jonathan continúa bajo detención arbitraria en la prisión de Canaleta.

También el adolescente Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, fue detenido el 18 de marzo tras las protestas en Morón, y desde entonces permanece incomunicado.

El tuitero y ex preso político del 11J, Armando Sardiñas, fue detenido el 26 de marzo en La Habana y permaneció una noche en los calabozos de una unidad policial. Su detención fue denunciada por familiares y se enmarca en un contexto de hostigamiento del gobierno contra voces críticas con cierto alcance mediático.

La periodista independiente Yunia Figueredo Cruz fue detenida el 10 de marzo en La Habana tras un cacerolazo en Jaimanitas, lo que refleja la criminalización de la protesta pacífica y del ejercicio del periodismo independiente en el país. El opositor Guillermo “Coco” Fariñas Hernández fue detenido el 4 de marzo en Santa Clara por agentes de la Seguridad del Estado mientras caminaba por la ciudad. Su arresto, seguido de interrogatorios, ocurrió como represalia por su activismo político y labor opositora.

Nada ha cambiado en los modos represivos habituales del régimen; a pesar de los varios días transcurridos, y de la lógica expectativa de quienes sufren prisión por sus ideas, “hasta ahora, no ha sido excarcelado ningún preso político como parte del indulto anunciado por el régimen cubano”, aclaró el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

El régimen de Cuba ha excarcelado a 21 presos políticos, como parte del acuerdo con el Vaticano, pero al mismo tiempo ha detenido arbitrariamente a otras 15 personas por protestar en varias provincias del país, denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

“Desde el anuncio del régimen cubano sobre la excarcelación de 51 presos políticos, se ha observado un aumento de las acciones represivas. Entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se documentaron al menos 35 acciones represivas, dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores”, indicó el OCDH.

Entre los hechos registrados destacan 15 detenciones arbitrarias, muchas de ellas relacionadas con las protestas ocurridas en la localidad de Morón, Ciego de Ávila. Además, se han reportado amenazas, vigilancia policial permanente en viviendas, arrestos domiciliarios, brutalidad policial contra manifestantes, citaciones policiales, hostigamiento contra activistas y periodistas, así como denuncias de abusos dentro de las prisiones.

“Estos hechos evidencian un patrón de presión y control dirigido a silenciar la protesta y limitar el ejercicio de derechos fundamentales”, denunció la ONG.

En relación con estos últimos sucesos, 12 personas permanecen detenidas o sin confirmación de liberación, entre ellas dos menores de edad:

1. Ángel Baldomero Quintana Martínez
2. Bryan Pérez Muñoz
3. Erick Simón Toledano
4. Iledier Tabuada Machado
5. Jonathan Muir Burgos (16 años)
6. Juan Manuel Griñán Clemente
7. Kevin Samuel Echeverría (15 años, baleado en una pierna)
8. Raicer Crespo
9. Silvio de la Caridad Quintana Martínez
10. Vladimir Ortiz Ortiz
11. Yaisdely Castillo Hernández
12. Yosuan Naranjo

Los liberados hasta la fecha, después de su detención de forma arbitraria, son:

1. Catherine Gutiérrez Sánchez
2. Elier Muir Ávila
3. Rolando Pérez Lora

El mensaje fue claro. Pocas horas después de la comparecencia televisada de Miguel Díaz Canel reafirmando la intransigencia de la pequeña élite cubana, el pueblo salió a las calles con la exigencia de libertad y de cambio de sistema.

Hacemos un llamado urgente a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia, para que, cada uno desde su visión, realicen actuaciones concretas para proteger a manifestantes, activistas y opositores.

Pedimos a las democracias que mantengan su personal diplomático en la Isla como garantía de observancia de los derechos humanos.

Reiteramos que, ante este fin de ciclo histórico, marcado por el colapso económico y social del régimen, la única salida es una transición pacífica hacia la democracia y las libertades, que devuelva la soberanía al pueblo. No es justo que por el interés y beneficio de unos pocos se condene a todo un pueblo.

Madrid, 11 de marzo de 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó el martes de “moralmente inaceptable” que los presos políticos en Cuba continúen en la cárcel “hasta ver cuándo pueden ser usados como moneda de cambio”.

Durante una audiencia sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Cuba, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Guatemala, el OCDH recordó que el 89% de la población vive en extrema pobreza, que siete de cada diez cubanos deben privarse al menos de una de las tres comidas diarias y que solamente el 3% de la población pudo obtener medicinas en las farmacias del sistema de salud, entre otras conclusiones de su más reciente estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba.

“Si esta es la situación que afecta a las personas libres, por así decirlo, cómo estarán los presos, en especial aquellos que sufren el ensañamiento estatal por razones políticas o como castigo por las protestas de sus familiares ante toda la situación que padecen”, denunció el OCDH.

La ONG aseguró que los presos políticos cumplen los requisitos objetivos que establece la legislación cubana para acceder a formas de excarcelación anticipada; sin embargo, se les niegan sistemáticamente los beneficios penitenciarios como forma de castigo ejemplarizante.

“Es patente la falta de voluntad política del Estado cubano para actuar correctamente. No obstante, reiteramos lo dicho hace tres años en una audiencia ante este mismo organismo, que desde el punto de vista legal el Estado tiene diversas vías para liberar a los presos, como la amnistía y el indulto, y otras menos garantistas como la licencia extrapenal y la libertad condicional, con razón criticadas por mis colegas, pero preferibles a estar en la cárcel. Todos los presos políticos, y permítanme ser enfático, todos los presos políticos califican para estas medidas y podrían estar en sus casas mañana mismo”, afirmó en la audiencia Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.

El Observatorio reiteró que la situación “es muy grave y con un alto costo humano, y es moralmente inaceptable que se les mantenga en la cárcel hasta ver cuándo pueden ser usados por parte del régimen como moneda de cambio en una negociación”. También denunció el esquema de acciones operativas de la policía política en contra de los familiares de presos políticos, incluyendo la vigilancia electrónica, amenazas, o medidas para generar aislamiento o división en el entorno familiar.

El OCDH afirmó que existe otro grupo de encarcelados que también requiere de atención, acusados de los llamados “Delitos contra el orden económico nacional”. El Código Penal regula 18 conductas delictivas de este tipo, pero al menos ocho de ellas están vinculadas al fracaso del modelo económico, a la economía de la escasez y a la ausencia de libertades económicas, y que aparecen necesariamente como excesivas, extrañas e inconsistentes.

“Este es el caso, por ejemplo, de los condenados por préstamo de dinero con interés, venta de divisas o el sacrificio de ganado vacuno propio y tráfico de sus carnes. Estas figuras, en gran medida, condenan la subsistencia de la gente en una economía que no funciona y donde hay privilegios para unos pocos. Para este sector también estamos interesados en que la Comisión exija la aplicación de las diversas vías de liberación y excarcelación”, añadió el OCDH.

En la audiencia participaron además organizaciones como el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Civil Rights Defenders y Amnistía Internacional.

Se presentaron videos con testimonios de familiares de presos políticos.

Madrid, 6 de marzo de 2026

En febrero se produjeron en Cuba al menos 231 acciones represivas contra la población civil, entre ellas 31 detenciones arbitrarias y 200 abusos del régimen, denunció este viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Una vez más, el régimen de La Habana utilizó el sitio policial de viviendas de activistas como arma represiva, con 83 casos. Además, se reportaron 25 amenazas e igual número de hostigamientos; 21 citaciones policiales y 32 abusos contra presos políticos y comunes.

La Habana, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Camagüey fueron las provincias con mayor número de acciones represivas.

Llamamos la atención acerca de varios hechos de gravedad en la isla este febrero, con claras violaciones a los derechos humanos, pero cuyas circunstancias, tanto antes como durante el desarrollo de los mismos, y sus propias consecuencias, no han sido establecidas con claridad; la organización continúa investigando al respecto.

Lo que está claro es que “mientras el régimen continúa en su inmovilismo político y económico, la represión contra los ciudadanos no se detiene en Cuba”, denunció el OCDH.

Ottawa, 26 de febrero de 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) propuso este jueves al gobierno de Canadá que participe en “una respuesta internacional coordinada” para promover “una apertura económica y política real, alentando las libertades, la iniciativa privada y el respeto a los derechos humanos” en Cuba.

“Solo un cambio estructural, y no cosmético, permitirá al pueblo cubano recuperar la esperanza y construir su propio futuro”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, durante un debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Canadá.

En relación con el reciente anuncio de asistencia para la isla, el activista solicitó que “el apoyo humanitario sea directo a la población cubana, con énfasis en los sectores más vulnerables”, además de que la ayuda sea canalizada “a través de las iglesias y de la sociedad civil independiente, para asegurar su entrega efectiva”.

En su intervención, también pidió al gobierno de Canadá que “impulse, junto a otros países inversores, la exigencia a las autoridades cubanas para que se modifique el régimen laboral en el ámbito de las inversiones extranjeras, el cual no sería aceptable en ningún país occidental”.

En este sentido, Cires recordó que el modelo laboral impuesto en el sector de las inversiones extranjeras en Cuba “vulnera de manera sistemática los derechos de los trabajadores y los empobrece, al impedir la contratación directa del personal por parte de la empresa inversora y canalizarla obligatoriamente a través de entidades empleadoras estatales que se apropian de hasta el 90% de lo salarios”.

“Estamos ante el fin de un ciclo histórico en Cuba. O se decide prolongar la decadencia y con ello la agonía del pueblo cubano o se ayuda a encontrar una salida política pacífica y razonable para la situación actual”, afirmó el activista en la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá.

Cires recordó a los más de 800 presos de conciencia y sus familiares y reiteró que las causas de la crisis económica y política “son estructurales”.

“No hablamos de una crisis coyuntural o temporal, ni de raíces exógenas. Se trata de las consecuencias naturales de un modelo de economía planificada, que concentra la mayoría de los medios de producción en manos del Estado, que no aporta seguridad jurídica y que asfixia la libertad económica y social. El deterioro de los hospitales, la falta de insumos médicos, el derrumbe de viviendas, el incremento de apagones y las montañas de basura en las calles que hoy salen en los medios internacionales, es el resultado y acumulación de décadas de políticas fallidas”, aseguró.

En la audiencia también participaron representantes de otras organizaciones como Carolina Barrero Ferrer, de Ciudadanía y Libertad; John Suarez, del Centro para una Cuba Libre, y Kirenia Carbonell, de la Coalición Cubano-Canadiense.

“Canadá debe estar del lado del pueblo cubano —no legitimando un statu quo represivo, sino alineando su política con la transparencia, la rendición de cuentas y la dignidad humana (…) La ayuda humanitaria no puede gestionarse eficazmente en un país donde la sociedad civil independiente es criminalizada y la distribución de ayuda está monopolizada por las mismas estructuras responsables de la crisis”, señaló Carbonell.

En la primera parte del debate, celebrada el martes, el embajador del régimen cubano en Canadá, Rodrigo Malmierca Díaz, repitió el gastado discurso del embargo como supuesto responsable de la crisis en la isla.
/ Texto de la intervención de Yaxys Cires

Madrid, 19 de febrero de 2026

La situación de los derechos humanos en Cuba continuó deteriorándose en 2025 de manera sostenida, en un escenario atravesado por una crisis multidimensional que impactó directamente en la vida cotidiana de la población. La escasez, los apagones prolongados, el colapso de los servicios básicos y la ausencia de canales efectivos de participación cívica generaron un aumento del malestar social.

Lejos de responder a estas tensiones mediante reformas estructurales o mecanismos de diálogo, el régimen cubano recurrió de manera sistemática al uso de la represión como herramienta de control político y social, indica el Informe Anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Bajo el título “La represión interna y transnacional como respuesta a la crisis estructural en Cuba”, la ONG hizo hincapié en que en 2025 el régimen cubano dio un nuevo paso en la persecución de la disidencia al “actualizar” una lista nacional de supuestos terroristas que incluye a opositores políticos, activistas e influencers que residen fuera del país.

“Esta herramienta represiva (creada en 2023), presentada como un instrumento de seguridad, es utilizada para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el activismo cívico, al equiparar el trabajo periodístico, la denuncia pública y la comunicación digital con actos de terrorismo”, afirmó el OCDH.

Como parte de la ofensiva transnacional del régimen contra cubanos, el medio de comunicación independiente elTOQUE, junto a varios de sus periodistas, directivos, colaboradores y excolaboradores, fueron objeto de una nueva campaña sostenida de criminalización, hostigamiento e intimidación, promovida desde estructuras estatales.

Como consecuencia, los periodistas y colaboradores expuestos enfrentan riesgos reales para su seguridad personal y familiar, afectaciones a su reputación, limitaciones a la movilidad internacional y un clima de intimidación permanente. La divulgación de datos sensibles y ubicaciones incrementó su vulnerabilidad frente a posibles agresiones de terceros, demostrando la extensión de la represión estatal cubana más allá de sus fronteras y el uso de amenazas judiciales y campañas de descrédito para silenciar voces críticas en el exilio.

Varios de los señalados habían salido de Cuba tras años de hostigamiento, vigilancia y restricciones dentro de la isla, prueba de la continuidad de la represión incluso una vez que las personas se encuentran en el exilio.

Otras modalidades represivas

A lo largo de 2025 se registraron detenciones arbitrarias, actos de violencia policial, muertes bajo custodia estatal, privación de libertad por motivos políticos, hostigamiento contra líderes religiosos, restricciones severas a la libertad de prensa y ataques continuos contra activistas, periodistas independientes, presos políticos, familiares y ciudadanos que ejercieron derechos fundamentales como la protesta pacífica, libertad de expresión o libertad de conciencia.

El informe documenta condiciones de reclusión que vulneran gravemente los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo golpizas, torturas, negación de atención médica, aislamiento prolongado y prácticas que derivaron en graves afectaciones a la salud física y mental de las personas privadas de libertad, así como la muerte bajo custodia estatal.

Entre las formas de represión más recurrentes se mantuvieron las detenciones arbitrarias, retenciones ilegales en viviendas, interrogatorios policiales sin garantías legales, el acoso a familiares de personas encarceladas por motivos políticos y las campañas de difamación. En contextos de protesta o tensión social, se repitieron los cortes intencionales de servicios de internet y telefonía, confirmando la continuidad de una estrategia de aislamiento informativo ya documentada en 2024.

En términos cuantitativos, el OCDH registró 3.179 acciones represivas en 2025, una cifra que, si bien es inferior al documentado en 2024, no refleja una disminución real de la represión, sino que está asociada a factores estructurales como el vaciamiento progresivo del país, la emigración forzada de amplios sectores de la población y reducción del espacio cívico disponible para la protesta y participación pública. Pese a ello, los niveles de represión se mantuvieron elevados, con un promedio superior a ocho actos diarios.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 529 detenciones arbitrarias con un impacto mayor en las mujeres con 303 casos registrados (57,3%) y los hombres con 226 (42,7 %).
El régimen continuó utilizando la retención ilegal en viviendas como una modalidad recurrente de detención arbitraria. Al menos 740 fueron registradas este año, de ellos 367 fueron hombres (49,6 %) y 383 mujeres (51,8%).

Más de 800 presos políticos activos al cierre del año

La privación de libertad por motivos políticos continuó siendo una de las herramientas centrales del aparato represivo del Estado cubano, utilizándose no solo como sanción penal, sino como mecanismo de intimidación y disuasión colectiva.

Al momento de cierre del presente informe, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) tenía registrados al menos unos 800 presos políticos activos al cierre del año, la mayoría hombres. Del total de presos políticos registrados, al menos 107 ya se encontraban en fecha de cumplimiento de su sanción, sin haber sido excarcelados.

Las condiciones de reclusión continuaron siendo extremadamente precarias. A lo largo del año se documentaron casos de tortura física y psicológica, aislamiento prolongado, negación de atención médica adecuada, restricciones severas a la comunicación con familiares y la negativa sistemática a conceder beneficios penitenciarios.

En enero de 2025, el régimen cubano anunció la excarcelación gradual de 553 personas privadas de libertad, como resultado de un proceso de mediación del Vaticano. El OCDH pudo verificar 213 presos políticos excarcelados, muchos de ellos bajo condiciones de vigilancia permanente, restricciones de movilidad y amenazas, impidiendo que estas liberaciones representaran una solución real o duradera.

De manera particularmente alarmante, al menos seis de las personas excarceladas fueron posteriormente devueltas a prisión. Entre ellos, Jaime Alcides Firdó, José Daniel Ferrer García (después forzado al exilio), Donaida Pérez Paseiro, Félix Navarro, Marlon Brando Díaz Oliva y Adán Kiubel Castillo Echavarría.

Otros derechos bajo fuego

El régimen mantuvo un estricto control político sobre las comunidades religiosas. Las acciones represivas afectaron a iglesias independientes, líderes religiosos, laicos, presos políticos y familiares, ratificando que la libertad religiosa sigue subordinada a los intereses del poder político. A lo largo de 2025 se documentaron al menos 804 violaciones a la libertad religiosa en Cuba.

Durante el período analizado se registraron 96 violaciones a la libertad de prensa en Cuba, corroborando la existencia de un patrón sistemático y sostenido de persecución contra periodistas y comunicadores independientes. Las afectaciones documentadas incluyeron vigilancia constante, confiscación de equipos de trabajo, detenciones arbitrarias, restricciones migratorias, interrogatorios, amenazas directas y acoso a familiares, prácticas que buscan impedir la circulación de información no controlada por el Estado y reforzar un clima generalizado de autocensura.

En 2025, la situación de los derechos sociales en Cuba mostró un deterioro profundo, estructural y generalizado, con impactos directos sobre la dignidad y las condiciones de vida de la población. Los datos recopilados en el VIII Informe sobre El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, a cargo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), confirman que esta crisis no responde a factores coyunturales, sino a un modelo de gestión estatal incapaz de garantizar derechos básicos como la alimentación, la salud, vivienda, trabajo digno, y acceso a servicios esenciales.

Los indicadores sociales revelaron un escenario de empobrecimiento masivo y pérdida sostenida de bienestar. El 89% de los hogares cubanos vive en condiciones de pobreza extrema, con ingresos insuficientes para cubrir el umbral mínimo de subsistencia, mientras que el 78% de la población expresó su deseo de emigrar o afirmó conocer a alguien cercano que quiere abandonar el país, reflejando una profunda crisis de expectativas y de confianza en el futuro.