Madrid, 6 de noviembre de 2026

Octubre cerró en Cuba con al menos 387 acciones represivas contra la población, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y otros 357 abusos, denunció este viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Se recibieron reportes de 73 denuncias realizadas por presos políticos, comunes y sus familiares, mientras que los sitios de viviendas para impedir los movimientos de activistas llegaron hasta los 145.

Otras violaciones producidas fueron amenazas, peticiones fiscales, hostigamientos y citaciones policiales. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara.

“El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Nada de eso va a solucionar la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite. Cuba está abocada a vivir un proceso de transición política, económica y social”, expresó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.

Las detenciones arbitrarias estuvieron dirigidas principalmente contra activistas, opositores, expresos políticos, periodistas independientes, líderes religiosos y ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta pacífica. Entre los casos registrados destacan los expresos políticos Alexander Díaz Rodríguez y Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, así como los activistas Mario Alberto Hernández Leyva y José Antonio Riquenes Rodríguez. También fueron detenidos los manifestantes del 11J Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, mientras cumplían con las obligaciones de presentación impuestas tras su excarcelación.

Entre los casos relevantes se encuentra la detención violenta del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», quien fue arrestado el 1 de octubre por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria cuando se dirigía al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este para acompañar a la activista Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y a su madre, Caridad Silvente, durante la celebración de su juicio. El arresto ocurrió en un contexto de vigilancia, restricciones de movimiento y detenciones contra personas que intentaban asistir a la vista judicial.

La represión también alcanzó a personas que protestaron por la situación del país, como Ariel Limias Leyva y Oscar Echevarría Rubio, así como a periodistas independientes, entre ellos Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa, quienes denunciaron amenazas e intimidaciones durante los interrogatorios. Asimismo, se documentaron detenciones relacionadas con actividades religiosas, iniciativas de ayuda humanitaria y reclamos por servicios básicos.

Abusos contra presos políticos

En octubre se documentaron al menos 63 abusos contra presos políticos en Cuba, entre ellas agresiones físicas, amenazas, aislamiento en celdas de castigo, negación de atención médica y medicamentos, restricciones de comunicación con familiares, traslados arbitrarios y condiciones de reclusión que ponen en riesgo la salud y la integridad de los encarcelados.

Entre los casos más preocupantes destacan los de Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla Arango, quienes denunciaron castigos, incomunicación y falta de asistencia médica en prisiones de Camagüey. Asimismo, se reportaron agresiones físicas contra Yandi Dita Rodríguez y Roilán Álvarez Rensoler; el aislamiento prolongado del periodista independiente Henry Constantín Ferreiro y las amenazas de muerte denunciadas por Denys Hernández Ramírez. También se registraron huelgas de hambre de varios presos políticos, entre ellos Amaury Díaz García, Danisbel Labrada Morales y Yunaykis Linares Rodríguez, en protesta por las condiciones de encarcelamiento y las restricciones impuestas por las autoridades penitenciarias.

La falta de atención médica constituyó una de las denuncias recurrentes, con casos como los de Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Bello Domínguez y Ana Ibis Tristá Padilla, quienes enfrentan problemas de salud y dificultades para acceder a tratamientos especializados. Asimismo, se denunciaron restricciones a las visitas familiares, privación de llamadas telefónicas, alimentación insuficiente y condiciones sanitarias deficientes en diferentes centros penitenciarios. En conjunto, los casos registrados reflejan la persistencia de maltratos, represalias y vulneraciones de derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario cubano, particularmente contra personas encarceladas por motivos políticos.

Sitios policiales

En octubre de 2026 se documentaron al menos 145 acciones de vigilancia y sitio policial contra periodistas independientes, activistas, opositores y familiares de presos políticos en Cuba, mediante operativos de la Seguridad del Estado destinados a restringir su libertad de movimiento e impedir su participación en actividades públicas y religiosas.
Una parte importante de estos hechos ocurrió el 1 de octubre, coincidiendo con el juicio contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y su madre, Caridad Silvente. Durante esa jornada se denunciaron cercos policiales y prohibiciones de salir de sus viviendas contra las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, el periodista Reinaldo Escobar, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler y el expreso político Ángel Moya. También fueron vigilados el activista Adelth Bonne Gamboa y varios integrantes del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, entre ellos Karel Daniel Hernández Planas, Mauro Reigosa Pérez, Abel Alejandro Andrés Navarro y Amanda Beatriz Andrés Navarro.

Otras acciones documentadas estuvieron dirigidas contra integrantes del movimiento Damas de Blanco, quienes denunciaron operativos de vigilancia y cercos policiales durante todos los domingos de octubre, con el propósito de impedirles asistir a misa.

Estas prácticas continuaron durante el mes, con nuevos operativos contra Camila Acosta, quien denunció haber sido nuevamente sitiada y amenazada el 28 de octubre, así como contra el activista Aurelio Cabrera González en Sancti Spíritus y los activistas Jesús Vilche Herrera y Josefa Márquez Muños en Cienfuegos. También se registró vigilancia contra Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera.

Citaciones policiales

Durante octubre se documentaron al menos 12 citaciones contra periodistas independientes, activistas, opositores y ciudadanos vinculados a iniciativas sociales y humanitarias en Cuba, varias de ellas acompañadas de interrogatorios, amenazas de encarcelamiento y otras acciones de intimidación por parte de la Seguridad del Estado.

Entre los casos registrados destacan las citaciones reiteradas al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, colaborador de Diario de Cuba, y al activista Adelth Bonne Gamboa, quienes denunciaron presiones de las autoridades. Asimismo, el activista cristiano Anthony Martínez fue citado en varias ocasiones después de asistir al juicio de Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y su madre, Caridad Silvente. También se documentó la citación del expreso político Julián Mazola, beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien posteriormente fue trasladado a una estación policial, mientras su hermana recibió amenazas de agentes de la Seguridad del Estado.

Las citaciones también alcanzaron a personas vinculadas con actividades humanitarias, como Zula López y Lendra Martínez, colaboradoras de un proyecto de distribución de alimentos a personas vulnerables en Santiago de Cuba. Asimismo, fueron citados el activista Bismark Mustelier Galán, en relación con la aparición de grafitis antigubernamentales en Palma Soriano, y el opositor Evangelio Sánchez Alayo, quien fue detenido tras comparecer ante un tribunal.

Al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales

Durante el mes de octubre de 2026, se documentaron al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales en Cuba, relacionados con publicaciones críticas en redes sociales, actividades de integrantes de la masonería y participación en protestas ciudadanas. Las solicitudes de sanción incluyen penas de privación o limitación de libertad, según el proceso.

La Fiscalía solicitó penas de hasta diez años de privación de libertad contra cuatro personas de la provincia de Granma, en un proceso relacionado con la difusión de videos críticos, conversaciones privadas y recargas telefónicas. Los imputados son Yaquelín García Jaén, Daniel Barrios Figueredo, Ariel Eugenio Arzuaga Peña y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell. El caso refleja la utilización de procedimientos penales contra personas por actividades relacionadas con la expresión de opiniones críticas y sus comunicaciones.

Además, solicitó penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad y multas de 20.000 a 25.000 pesos cubanos contra José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García, Ángel Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, acusados del presunto delito de tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas. Los cuatro imputados permanecen sujetos a medidas de reclusión domiciliaria y prohibición de salida del territorio nacional, según la documentación del proceso.

En Ciego de Ávila, la Fiscalía Provincial solicitó penas de hasta trece años de privación de libertad contra participantes en las protestas del 13 de marzo de 2026 en el municipio de Morón. Entre los 18 imputados identificados se encuentran Katherine Gutiérrez Sánchez, Iledier Taguada Machado, Kevin Samuel Echavarría Rodríguez, Yaisdelis Castillo Hernández, Hosuan Naranjo Chacón, Juan Manuel Griñán Clemente, Jonathan David Muir Burgos, Yohanel Estrada Rodríguez, Andrés Manuel Guillén Pedroso, Carlos Alejandro Caballeiro Delgado, Madian Estela Castellanos Darias, Jessica Maura García Veranes, Jailer Israel Valero Luis, Leodanis Degalis González, Luis Alberto Hernández Martínez, Pedro Luis Figueras Díaz, Christian de Jesús Crespo y Brian Pérez Muñoz.

La Fiscalía Municipal de Bayamo, provincia de Granma, solicitó penas de hasta cinco años de privación de libertad contra nueve ciudadanos procesados por su participación en la protesta popular del 23 de mayo de 2025. Los imputados son Pedro Luis Zamora Isac, Alexander Guzmán Silva, Ever Ernesto Pérez Aliaga, Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) expresó su más enérgica repulsa por la conducta de la delegación del Gobierno de Cuba durante la sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el 27 de octubre de 2026, en el debate sobre el embargo estadounidense.

Mientras intervenía el representante permanente de Estados Unidos, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y los funcionarios que lo acompañaban trataron de impedir el discurso con gritos, señas y golpes sobre las mesas.

El canciller cubano se levantó y avanzó hacia la tribuna flanqueado por sus subordinados, de modo que la Presidencia de la Asamblea tuvo que suspender brevemente la sesión para restablecer el orden.

Según la prensa, en ese grupo estaban el embajador Ernesto Soberón Guzmán y la viceministra Anayansi Rodríguez Camejo; además Alejandro González Behmaras, Pedro Luis Pedroso Cuesta e Ileana Bárbara Núñez Mordoche. Otro funcionario de la misión cubana, identificado públicamente como el primer secretario Richard Tur de la Concepción, intentó presionar al personal de la ONU para que cortara los micrófonos del orador y trató de impedir a manotazos que un miembro de la delegación estadounidense grabara la escena.

Ocho días antes, el 19 de octubre, el representante permanente de Cuba, Ernesto Soberón Guzmán, encabezó en los pasillos de la sede de la ONU un acto de repudio contra ex presos políticos y opositores cubanos, entre ellos José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, a los que la delegación oficial recibió al grito de “terroristas”.

“No es un exceso aislado ni un arrebato. Es un método. Lo que estos funcionarios hacen en Nueva York, Ginebra, Lima o Panamá es lo mismo que el régimen hace a diario en los barrios de Cuba: el acto de repudio, la turba organizada que grita, rodea, intimida y, cuando puede, golpea a quien piensa distinto”, denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

El activista dijo que el comportamiento de los funcionarios cubanos “es homologable a la represión que el Estado cubano ejerce dentro de la isla, y así debe ser tratado”.

El OCDH recordó, en particular, el 16 de octubre de 2018, cuando en la sala del Consejo Económico y Social de la ONU, en Nueva York, cerca de una veintena de diplomáticos cubanos, encabezados por la entonces embajadora Anayansi Rodríguez Camejo, boicotearon durante más de 45 minutos, con gritos y golpes sobre las mesas, el acto “Jailed for What?” sobre los presos políticos cubanos.

La representante estadounidense declaró entonces que nunca había visto a unos diplomáticos comportarse así. González Raga, ex preso político del Grupo de los 75, estuvo entre los asistentes que fueron objeto de aquel acto de repudio.

Al final de su intervención, González Raga se dirigió a la delegación cubana con unas palabras que después se han convertido en referencia: “La gente está viendo lo que hacen aquí, ¿qué no harán en Cuba?”. Ocho años después, Rodríguez Camejo y González Behmaras estaban de nuevo en la bancada cubana el 27 de octubre de 2026. Y el mundo, otra vez, ha visto lo que hacen.

Al menos once episodios similares se han producido desde 2004: la agresión a puñetazos de un miembro de la delegación cubana contra el activista Frank Calzón en la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (2004); las agresiones y actos de repudio contra opositores en Panamá durante la VII Cumbre de las Américas (2015); el boicot al diálogo con la sociedad civil inaugurado por el secretario general de la OEA en la VIII Cumbre de las Américas de Lima (2018); el acto de repudio de “Jailed for What?” en la ONU (2018); el enfrentamiento de funcionarios de la Embajada de Cuba en México con manifestantes (2021); la agresión de la cónsul de Cuba en Galicia a dos activistas, por la que fue condenada por la justicia española (2022); la agresión de funcionarios consulares, entre ellos un cónsul, a activistas cubanas en Milán (2024); el hostigamiento a activistas afrodescendientes cubanas en foros de la ONU en Ginebra (2024 y 2026); y los dos episodios de octubre de 2026 en la sede de la ONU en Nueva York.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este viernes la situación de los profesionales de la salud cubanos desplegados en la región de Calabria, Italia, así como los esquemas de retención de salarios, la imposición de restricciones personales y las irregularidades financieras de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC).

En un encuentro virtual con políticos, activistas y periodistas, la investigadora y periodista Annarella Grimal presentó un informe detallado en el que se cuestiona que, de un salario base de 4.700 euros mensuales asignado por las autoridades italianas por cada médico, el gobierno cubano solo permite a los profesionales retener un máximo de 1.200 euros en concepto de estipendio.

“El Estado cubano capta la mayor parte de los recursos destinados al personal médico mientras impone normativas y controles que limitan sus libertades básicas”, señaló Grimal durante la presentación de los datos.

Entre los hallazgos principales presentados destacan:

-Retención de ingresos: De los 27,5 millones de euros invertidos por Italia para la contratación de 333 médicos hasta marzo de 2025, la entidad estatal cubana transfirió únicamente 6,2 millones a los profesionales.

-Doble carga fiscal: Se detalló la aplicación de cobros de hasta un 43% sobre horas extraordinarias trabajadas, además de la exigencia contractual de devolver el 50% de las horas extra y de la decimotercera paga a las cuentas de la comercializadora estatal.

-Control normativo: El informe documenta la existencia de 37 circulares vinculantes y reglamentos con más de 30 prohibiciones que restringen el libre movimiento, las declaraciones a la prensa y el establecimiento de relaciones personales.

Maylín Fernández, exjueza profesional en Cuba y abogada, pidió la aplicación de los mecanismos internacionales de la ONU, la OIT y la Unión Unión Europea sobre la trata de seres humanos.

“La protección internacional no solo alcanza a las víctimas: también puede comprometer la responsabilidad de los Estados que permiten o no investigan la explotación en su territorio”, aclaró la experta.

Durante la sesión, moderada por la Dra. Daily Coro, activista del OCDH, se destacó también la situación de las transferencias, debido a las sanciones financieras en julio de 2026, que provocó problemas de cobros. Esto abrió la vía para que decenas de médicos solicitaran esquemas de contratación directa e independiente con el sistema sanitario italiano.

El encuentro concluyó con una llamada a las autoridades europeas y a los Estados receptores para exigir la contratación directa sin intermediación estatal, garantizar asistencia legal independiente y fiscalizar posibles prácticas de trabajo forzado dentro de los acuerdos de cooperación.

Madrid, 16 de octubre de 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey, con copia a la Fiscalía Militar competente, por graves irregularidades contra el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, quien continúa en prisión provisional.

La denuncia solicita investigar un posible montaje para imputarle un nuevo delito, tras el supuesto hallazgo de un cuchillo entre sus pertenencias durante una sospechosa requisa penitenciaria. Henry niega cualquier responsabilidad y existen indicios que justifican investigar una posible manipulación de pruebas y la participación de agentes de la Seguridad del Estado. Además, enfrenta la amenaza de una sanción de aislamiento penitenciario.

A ello se suma la falta de localización confirmada de su expediente penal. Aunque el Tribunal Municipal de Camagüey comunicó su devolución a la Fiscalía y posteriormente aseguró que lo remitió el 9 de octubre, ninguna de las instituciones judiciales y fiscales consultadas ha confirmado su recepción. Esta situación obstaculiza el ejercicio efectivo de la defensa, prolonga la incertidumbre procesal y plantea sospechas sobre posibles interferencias jerárquicas o políticas en las decisiones judiciales.

El OCDH emplaza directamente a la Presidencia del Tribunal Supremo Popular (TSP) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a asumir sus responsabilidades institucionales. La FGR debe garantizar una investigación objetiva, exhaustiva y libre de interferencias, preservar las pruebas e identificar a los posibles responsables. Por su parte, el TSP debe esclarecer las irregularidades en la tramitación judicial y garantizar la independencia de los jueces. Ninguna autoridad puede condicionar decisiones judiciales ni encubrir actuaciones ilícitas mediante instrucciones jerárquicas.

Exigimos medidas inmediatas de protección y garantías contra cualquier represalia, amenaza o intimidación dirigida a la persona que presentó la queja, los familiares y allegados de Henry, sus abogados y posibles testigos, así como la estricta confidencialidad de sus identidades. Si las investigaciones acreditan responsabilidades, las autoridades competentes deberán promover los correspondientes expedientes disciplinarios y, cuando existan indicios de delito, iniciar las actuaciones penales pertinentes.

El OCDH dará seguimiento a la investigación y exige garantías para la integridad física y psicológica de Henry Constantín, el esclarecimiento del supuesto hallazgo, la localización inmediata del expediente y la revisión urgente de su prisión provisional.

La independencia judicial no admite autorizaciones políticas; la investigación penal no admite pruebas fabricadas; y denunciar una ilegalidad jamás puede justificar represalias.

Madrid, 6 de octubre de 2026

En Cuba se registraron en septiembre al menos 344 acciones represivas, de las cuales 17 fueron detenciones arbitrarias y 327, otros abusos, denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Entre los principales abusos se cuentan 151 casos de sitiados en sus viviendas, 53 denuncias realizadas por presos políticos, presos comunes y sus familiares, amenazas, citaciones policiales y multas.

“Ha sido un mes nefasto para la libertad de expresión y el periodismo independiente. El régimen, en medio de su impopularidad, quiere imponer la ley del silencio y lamentablemente creemos que pueden ir a peor. Cuando los representantes del régimen afirman que en las negociaciones no discutirán ‘asuntos políticos internos’, realmente significa que mantendrán tanto las leyes como las prácticas que permiten la represión contra el pueblo”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.

Detenciones arbitrarias

Las 17 detenciones arbitrarias ocurrieron principalmente en La Habana, además de casos en Holguín, Camagüey y Matanzas. Entre los afectados se encuentran activistas, opositores, periodistas, una intelectual, una líder religiosa y ciudadanos sin afiliación política conocida.

Varias detenciones estuvieron acompañadas de golpes, amenazas, vigilancia, decomiso de pertenencias, interrogatorios y otras formas de hostigamiento. Mario Alberto Hernández Leyva fue detenido en varias ocasiones durante el mes y denunció amenazas de ser enviado a prisión. También destacan el caso de Roberto Ponce Valdespino, golpeado durante su arresto tras participar en una protesta por los apagones y la falta de agua; la detención de Alejandra Alayón, quien denunció haber sido golpeada y esposada; y la de Mario Víctor Liquí Rodríguez y Margarita Barceló Prohías, quienes denunciaron haber sido desnudados, fotografiados y amenazados bajo custodia.

Entre los demás casos registrados figuran el periodista independiente Henry Constantin, detenido desde el 16 de septiembre y posteriormente sometido a prisión preventiva; la profesora Alina Bárbara López Hernández, detenida cuando salió de su vivienda para manifestarse pacíficamente y pedir la libertad de los presos políticos; Lázaro Antonio Pérez González y José Antonio González, vinculados al MONR; y el creador de contenido salvadoreño Óscar Sandoval, retenido e interrogado cuando se disponía a abandonar Cuba.

Asimismo, se registraron detenciones relacionadas con el ejercicio de prácticas religiosas y con situaciones de precariedad habitacional.

Abusos contra presos políticos

Durante septiembre de 2026 se documentaron al menos 46 casos de abusos contra presos políticos en Cuba, entre los que predominan denuncias de falta o negación de atención médica, alimentación insuficiente o en mal estado, aislamiento, incomunicación, agresiones físicas, amenazas, represalias y restricciones de derechos penitenciarios.

Entre los casos más significativos se encuentra Ángel Serrano Hernández, quien habría sido agredido por funcionarios penitenciarios, sometido a aislamiento y trasladado a un régimen de mayor severidad; Yosvani García Rusindo, quien denunció haber sido golpeado con bastones por un funcionario de la prisión Mar Verde; y Roberto Pérez Fonseca, agredido presuntamente por otro recluso delante de los guardias y posteriormente enviado a una celda de castigo.

También destacan numerosos casos relacionados con un grave deterioro de la salud y dificultades para acceder a asistencia médica, como los de Jorge Bello Domínguez, quien llevaba más de un año esperando una cirugía; Ibrahim Domínguez Aguilar, con fuertes dolores durante semanas sin un diagnóstico conocido; Erich Alain Chang Padrón, con denuncias de pérdida de audición, problemas de visión y fiebre recurrente; y Yoan Arévalo, cuya madre denunció que vomitaba y defecaba sangre sin recibir atención médica adecuada.

Sitios de viviendas y otros abusos

Durante septiembre de 2026 se reportaron al menos 151 casos de personas sitiadas o sometidas a vigilancia en sus viviendas, con operativos concentrados especialmente en fechas de relevancia religiosa y en jornadas vinculadas a actividades de la sociedad civil. Una parte importante correspondió a integrantes de las Damas de Blanco, cuyas viviendas fueron vigiladas de manera reiterada los domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre, desde primeras horas de la mañana, con el propósito denunciado de impedir su asistencia a misa.

También se registraron operativos los días 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones de la Virgen de Regla y la Virgen de la Caridad del Cobre, cuando Berta Soler, Ángel Moya y María Cristina Labrada denunciaron vigilancia y restricciones para salir de sus viviendas; y el 24 de septiembre, día de la Virgen de las Mercedes, cuando Berta Soler volvió a ser sitiada para impedirle acudir a la iglesia.

Uno de los operativos más significativos ocurrió el 18 de septiembre, cuando periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil denunciaron cercos policiales, vigilancia, prohibiciones de salir de sus viviendas y amenazas de detención para impedirles asistir a “Noches americanas”, un encuentro organizado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Entre las personas afectadas estuvieron Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Wilber Aguilar, José Elías González Agüero, Alejandro García Arias, Óscar Elías Biscet, Elsa Morejón, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro y Laura María Labrada Pollán. Finalmente, Camila Acosta volvió a denunciar vigilancia los días 28 y 30 de septiembre; en esta última fecha, ella y el escritor Ángel Santiesteban-Prats señalaron que se les prohibió salir de su vivienda ante el juicio previsto para el 1 de octubre contra Anna Bensi y su madre.

Ocho sentencias contra presos políticos

Durante septiembre de 2026 se documentaron ocho sentencias contra presos políticos en Las Tunas, todos condenados por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”. Según la Sentencia No. 10 de 2026, dictada el 1 de septiembre por el Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, Guillermo Carralero López fue condenado a ocho años de prisión, mientras que Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso recibieron siete años cada uno.

Siguen los procesos injustos y carentes de garantías

Eduardo “Eddy” Ceballos Pérez, creador digital y responsable del canal satírico Despingovery Channel, fue detenido el 1 de junio de 2026 en La Habana y permanece en prisión provisional en el Combinado del Este, acusado de presunto espionaje. En septiembre cumplió 100 días encarcelado sin fecha de juicio. La defensa solicitó una audiencia de control judicial y la modificación de la medida cautelar, pero ambas peticiones fueron rechazadas por el Tribunal Militar.

Por su parte, Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto audiovisual independiente El 4tico, fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 en Holguín y procesados por contenidos difundidos en redes sociales. La Fiscalía Provincial de Holguín solicita 10 años de prisión para Zayas Pérez y 8 años para Medina por la presunta comisión de los delitos de Propaganda contra el orden constitucional, Difamación de las Instituciones y Organizaciones y de los Héroes y Mártires, e Instigación a Delinquir. La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Holguín recibió la petición fiscal y mediante auto fechado este 28 de septiembre dispuso la apertura a juicio oral.

Madrid, 2 de octubre de 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) defendió este miércoles en Ciudad de México la necesidad de un “cambio político, económico y social” en Cuba que permita recuperar plenamente las libertades, liberar las capacidades de los cubanos, garantizar la propiedad y favorecer que el trabajo y la iniciativa individual generen prosperidad.

«No hay una verdadera transición en favor del pueblo cubano que no implique un cambio de sistema. No queremos un socialismo ‘mejor’», afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, durante el Foro América Libre, organizado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

Cires señaló que la transformación debe ser política, económica y también social. En el ámbito económico, sostuvo que es necesario “liberar las capacidades de los cubanos, garantizar la propiedad y permitir que el trabajo y la iniciativa individual generen prosperidad, sin los monopolios corruptos que existen hoy”. En el plano social, subrayó la necesidad de ayudar a mucha gente que vive en la pobreza extrema.

“Cuba es un país profundamente empobrecido, con enormes necesidades acumuladas, desigualdades y sectores de la población que necesitarán protección y oportunidades”, señaló.

El también vicepresidente de la ODCA describió a Cuba como “un país destrozado en su alma”, porque “el comunismo ha herido fuertemente a la persona humana y ha causado un daño antropológico. Este es uno de los más grandes retos que tenemos por delante”.

Durante su intervención, Cires afirmó que uno de los pilares de la estrategia de influencia del régimen cubano en América Latina ha sido presentar su modelo social como una historia de éxito.

“Durante décadas se ha vendido a Cuba como un supuesto paraíso de los derechos sociales, de la igualdad, de la salud, de la educación y de la felicidad; un modelo que, según muchos políticos, gobiernos y académicos, debía ser admirado e incluso imitado en nuestra región”, explicó.

“Es evidente que todo ha sido y es una farsa: el régimen cubano no solamente ha sido y es altamente represivo, sino también empobrecedor”, aseguró.

Cires señaló que, para establecer y mantener ese modelo de control social, el régimen cubano ha recurrido a la construcción de un enemigo externo, al control total de la economía, a la supresión de la sociedad civil y la persecución de las iglesias, así como a la presentación de los derechos civiles y políticos y los derechos sociales y culturales como si fueran incompatibles, sin garantizar, en la práctica, ni unos ni otros.

En relación con la situación de los derechos humanos, denunció que “cada 24 horas en Cuba ocurren al menos diez acciones represivas contra personas que ejercen sus libertades de expresión, asociación o manifestación”.

Mencionó, entre otros, los casos de Henry Constantin y Alexis Sabatela, ambos en detención arbitraria; el de la periodista Camila Acosta, sometida a constantes vigilancias e impedimentos ilegales para salir de su vivienda; y el proceso judicial contra Ana Sofía Benítez y su madre.

Cires también recordó los resultados del Noveno Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el OCDH, según el cual la pobreza extrema alcanza al 94% de la población y ocho de cada diez cubanos tienen dificultades para alimentarse adecuadamente. A ello se suman los graves problemas cotidianos de acceso a medicamentos y de suministro de agua y electricidad.

En este contexto, sostuvo que una transición no puede limitarse a sustituir unas estructuras políticas por otras, sino que debe abordar también las consecuencias sociales y humanas acumuladas durante décadas.

“El cambio será incompleto si no asumimos la idea de transformación social como la plantea la Doctrina Social de la Iglesia: con su dimensión espiritual y con un compromiso con la dignidad humana, la justicia y la ética”, expresó.

Cires afirmó además que el pueblo cubano “desea y está preparado para el cambio” y que existen liderazgos democráticos capaces de contribuir a conducir una transición.

También expresó que el principal “aliado estratégico era el gobierno de Estados Unidos”, y dijo que “es importante que nuestros aliados en América Latina dejen de ver a los cubanos solamente como víctimas y nos reconozcan como sujetos y actores del cambio”.

En el panel dedicado a Cuba participaron también el líder opositor José Daniel Ferrer, el académico Armando Chaguaceda y Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia. La mesa fue moderada por la académica Azul A. Aguiar.

El Foro América Libre contó asimismo con intervenciones de Felipe Calderón, expresidente de México; Mariana Gómez del Campo, presidenta de la ODCA; Henning Suhr, director del Programa Regional Partidos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer; Andrés Pastrana, presidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) y expresidente de Colombia; Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador Colombiano; y Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia.

El encuentro contó además con videomensajes de Abelardo de la Espriella, de Colombia; Keiko Fujimori, de Perú; el expresidente mexicano Vicente Fox; y María Corina Machado, de Venezuela.

Madrid, 28 de septiembre de 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el régimen mantiene el impedimento de visita al preso político y de conciencia Walnier Luis Aguilar Rivera por parte de su familia.

La familia continúa enfrentando la negativa de las autoridades penitenciarias para visitar a Walnier, recluido en Sancti Spíritus. El pasado 28 de agosto, su padre denunció que, después de trasladarse desde La Habana hasta la prisión y permanecer durante horas esperando, las autoridades le comunicaron que la visita no procedería y que debía coordinarla previamente con la Seguridad del Estado (policía política), sin darle más detalles.

Aquella negativa no fue un hecho aislado. Confirma la continuidad de las restricciones al contacto familiar que el OCDH ha venido documentando en el caso de Walnier y el trato diferenciado que reciben él y su familia. Esto forma parte de un esquema de incremento del hostigamiento contra aquellos familiares de presos políticos que exigen justicia y denuncian la situación de estos en las cárceles. La propia CIDH, cuando otorgó medidas cautelares a Walnier en 2022, recogió que sus familiares enfrentaban obstáculos para comunicarse con él en las mismas condiciones que otras personas privadas de libertad.

La Ley 152/2022, de Ejecución Penal, reconoce expresamente a las personas privadas de libertad el derecho a recibir visitas familiares.

Una visita no puede quedar condicionada a una prohibición arbitraria, ni por parte del sistema penitenciario ni de la Seguridad del Estado: cualquier restricción debe tener fundamento legal, responder a una causa objetiva —nunca violatoria de un derecho humano o fundamental— y ser decidida por la autoridad penitenciaria competente mediante el procedimiento establecido.

Si una medida disciplinaria limita específicamente la visita familiar, debe notificarse previamente al recluso y la autoridad penitenciaria debe comunicar la afectación al familiar, como establece el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Ejecución. Además, el recluso puede reclamar contra la medida disciplinaria según el artículo 71 de este reglamento en referencia.

Por ello, resulta especialmente grave que las autoridades penitenciarias, sin aviso previo y justo en el momento de la visita, invoquen una supuesta coordinación con la Seguridad del Estado para impedir el contacto entre Walnier y su familia. La Seguridad del Estado no puede convertir las visitas penitenciarias en un instrumento de control político sobre el preso y sus familiares. Cualquier limitación debe responder a las causas previstas legalmente, sustentarse en hechos objetivos y quedar sometida a los mecanismos de reclamación establecidos por el ordenamiento jurídico.

Tampoco resulta admisible comunicar la negativa cuando la familia ya recorrió cientos de kilómetros para llegar al establecimiento penitenciario. Obligar a los familiares a asumir gastos, dificultades de transporte y horas de desplazamiento para comunicarles finalmente que no podrán ver al recluso añade una carga innecesaria y especialmente gravosa en las actuales condiciones económicas de Cuba.

El contexto refuerza la gravedad de estos hechos. Walnier mantiene sus convicciones desde su encarcelamiento por las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, mientras su padre continúa denunciando públicamente las violaciones de derechos humanos que afectan a su hijo. La CIDH otorgó en 2025 medidas cautelares a Luis Wilber Aguilar Bravo y su familia, después de documentar denuncias de vigilancia, detenciones, amenazas y restricciones vinculadas a sus actividades de protesta y denuncia. La Comisión solicitó expresamente al Estado cubano que garantizara que pudiera desarrollar sus actividades de defensa de los derechos humanos sin amenazas, hostigamientos ni violencia.

El OCDH denuncia el patrón de restricciones y trato diferenciado que afecta a Walnier Luis Aguilar Rivera y a su familia, y exige su cese inmediato. Exige al Ministerio del Interior garantizar sus visitas y comunicaciones familiares, poner fin a cualquier intervención extrapenitenciaria dirigida a condicionar ese derecho y abstenerse de utilizar las condiciones de reclusión y los vínculos familiares como instrumentos de presión o castigo frente a las denuncias públicas de Walnier y de su padre.

Asimismo, el OCDH recuerda al Estado cubano que tanto Walnier como su padre, Wilber, y miembros de su familia cuentan con medidas cautelares de la CIDH, cuyo propósito exige precisamente evitar la repetición y continuidad de los hechos de riesgo que motivaron su otorgamiento.

Madrid, 25 de septiembre de 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exige la puesta en libertad del periodista Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, detenido desde el 16 de septiembre y actualmente recluido en la prisión Kilo 7, en Camagüey, bajo medida cautelar de prisión provisional por un presunto delito de desobediencia.

El OCDH, tras examinar los detalles que se conocen hasta el momento y contactar con allegados a Henry, considera que existen serias vulneraciones en este caso, incluso de las garantías reconocidas por la propia legislación cubana, que cuestionan tanto la imputación formulada como la necesidad y proporcionalidad de mantenerlo encarcelado.

1. La supuesta incomparecencia no convierte a Henry Constantín en autor de desobediencia

Las autoridades arbitrariamente sostienen la imputación en la presunta incomparecencia de Henry Constantín a una citación oral de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, para el 8 de septiembre, a la que llegó con unos 15 minutos de retraso. La policía política lo volvió a citar para el día 16, momento en que fue detenido.

La mera incomparecencia o tardanza en llegar a una citación ante una autoridad administrativa no constituye, por sí sola, un delito de desobediencia. En principio, correspondería determinar la naturaleza y fundamento legal de la citación, la obligación concreta que imponía, las formalidades de su notificación y las consecuencias que el ordenamiento establece por su incumplimiento.

La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería ejerce funciones esencialmente administrativas y el ordenamiento dispone mecanismos administrativos, incluidos los sancionadores, para responder a determinados incumplimientos producidos en ese ámbito. El Derecho penal, por su carácter de última ratio, no puede sustituir automáticamente esos mecanismos ni convertir cualquier incumplimiento administrativo en delito.

Además, el artículo 189.1 del Código Penal sanciona la desobediencia a decisiones de autoridades o funcionarios públicos u órdenes de sus agentes o auxiliares dictadas en el ejercicio de sus funciones. Para ello no bastaría con acreditar que existió una citación y que Henry no compareció: las autoridades deben demostrar que su conducta reúne todos los elementos exigidos por el tipo penal y explicar por qué aquella incomparecencia trasciende el ámbito administrativo y adquiere relevancia penal.

Mientras esos elementos no se acrediten, no puede presumirse la existencia del delito ni utilizar esa imputación como fundamento automático para mantener a Henry Constantín en prisión provisional.

2. Prisión provisional: una medida excepcional y desproporcionada en este caso

La prisión provisional constituye la medida cautelar más gravosa del proceso penal y exige una justificación individualizada de su necesidad.

Constantín carece de antecedentes penales, posee arraigo conocido y desarrolla públicamente su actividad profesional y cívica como director de La Hora de Cuba. A ello se suma un dato especialmente relevante: el propio artículo 189.1 del Código Penal establece para la desobediencia una sanción de seis meses a un año de privación de libertad, multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Es decir, el legislador contempla expresamente una respuesta penal que ni siquiera requiere privación de libertad.

La existencia de la alternativa de multa no impide por sí sola una medida cautelar privativa de libertad, pero refuerza la obligación de justificar por qué resulta imprescindible encarcelar preventivamente a una persona sin antecedentes y qué riesgo procesal concreto no podría neutralizarse mediante una medida menos gravosa.

Al margen de la inexistencia del delito, el OCDH no conoce hasta ahora elementos que justifiquen semejante excepcionalidad. Mantener a Constantín encarcelado en estas circunstancias resulta desproporcionado y presenta indicios preocupantes de utilización del proceso penal para restringir su actividad periodística y cívica.

3. Sin acceso efectivo al expediente no existe defensa efectiva

La defensa de Constantín ha denunciado que no ha podido acceder oportunamente al expediente ni conocer documentalmente los fundamentos de la prisión provisional, circunstancia que limita materialmente la posibilidad de impugnar la medida cautelar. Diversas fuentes independientes han documentado esta situación.

No basta con permitir formalmente la presencia de una abogada. El derecho de defensa exige conocer la imputación y las decisiones que restringen la libertad para poder combatirlas eficazmente.

4. Un «cambio de labor» no puede paralizar un hábeas corpus

El hábeas corpus en favor de Constantín se confeccionó y firmó el 18 de septiembre, invocando el artículo 96 de la Constitución y los artículos 789.1 y 789.2 de la Ley 143/2021. Ese día no pudo presentarse ante el Tribunal Provincial Popular de Camagüey porque, según informó un custodio, el personal jurídico no se encontraba disponible debido a un denominado «cambio de labor». Finalmente, el escrito pudo presentarse el lunes 21 de septiembre.

La ley no deja dudas sobre la naturaleza de esta garantía. El artículo 787 de la Ley del Proceso Penal ordena la puesta en libertad, mediante un procedimiento sumarísimo, de quien permanezca privado de libertad fuera de los casos o sin las formalidades y garantías establecidas. Cuando el tribunal da curso a la solicitud, el artículo 790.2 establece un plazo de 72 horas para la presentación del detenido ante el tribunal en el día y hora señalados; posteriormente, el artículo 793 dispone la celebración de audiencia.

Una decisión administrativa sobre la organización del trabajo no puede neutralizar una garantía constitucional ni retrasar un procedimiento que la ley califica expresamente como sumarísimo.

A ello se suma que la familia ha recibido información imprecisa sobre cuándo tendrá lugar la audiencia. El OCDH exige que el Tribunal comunique de manera cierta y oportuna la fecha, hora y lugar, y garantice plenamente el ejercicio de las facultades procesales de las partes.

5. Información falsa sobre el lugar donde se encontraba encarcelado Henry

La defensa recibió información de que Constantín había sido trasladado a la prisión Cerámica Roja. Esa información resultó falsa.

El propio Henry se comunicó posteriormente con su pareja y confirmó que se encuentra en la prisión de Kilo 7, y que el supuesto traslado a Cerámica Roja nunca ocurrió. La información ya cuenta también con corroboración pública independiente.

El OCDH considera particularmente grave que la desinformación alcance precisamente el lugar donde permanece una persona privada de libertad, mientras su defensa intenta ejercer acciones destinadas a controlar judicialmente esa privación.

El OCDH exige la puesta en libertad de Henry Constantín

La suma de estas circunstancias no puede analizarse aisladamente: una imputación cuya adecuación típica no aparece demostrada; una prisión provisional que requiere una justificación reforzada; obstáculos para acceder al expediente; dificultades para presentar y sustanciar oportunamente el hábeas corpus; e información falsa proporcionada sobre el lugar de reclusión.

El OCDH exige la puesta en libertad de Henry Constantín Ferreiro, el acceso inmediato e íntegro de su defensa a las actuaciones que legalmente correspondan, la comunicación formal de las decisiones adoptadas y la tramitación efectiva y sin nuevas dilaciones del hábeas corpus. Asimismo, pide el pronunciamiento de las organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los gobiernos democráticos.

La prisión provisional no puede funcionar como pena anticipada ni como instrumento para impedir que un periodista continúe ejerciendo pacíficamente su profesión y sus derechos.

El Parlamento Europeo aprobó este jueves a suspender la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba a la vista de la persecución a los opositores. El Pleno aprobó una resolución, con 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones, en la que condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen cubano contra los presos políticos y sus familias. Exigió la libertad de Félix Navarro y de su hija, Saylí Navarro. A continuación presentamos el agradecimiento desde Cuba de la Sra.Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix y madre de Sayli.

En nombre de mi esposo, Félix Navarro, de mi hija, Saylí Navarro, de nuestra familia y en el mío propio, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento al Parlamento Europeo por esta resolución.

Quiero agradecer especialmente a los grupos políticos que la promovieron: así como a todos los eurodiputados y grupos que, con su voto, la han respaldado.

Para nuestra familia, saber que Félix y Saylí no están olvidados tiene un enorme significado. Llevan años privados de libertad por defender pacíficamente sus ideas y por querer una Cuba en la que se respeten la dignidad, los derechos humanos y las libertades de todos.

Agradecemos profundamente que el Parlamento Europeo haya pedido de manera clara su liberación inmediata e incondicional, junto con la de todos los presos políticos cubanos. Valoramos también especialmente la preocupación expresada por la salud de Félix y la exigencia de que reciba una atención médica inmediata, adecuada e independiente.

Esta resolución es también un mensaje de esperanza para quienes sufren prisión y para sus familias. Les dice que no están solos, que fuera de las cárceles cubanas hay personas e instituciones que conocen lo que están viviendo y que siguen reclamando el respeto de sus derechos.

Como esposa y como madre, les doy las gracias por no mirar hacia otro lado. Quiero extender este agradecimiento a las organizaciones de cubanos que siempre han acompañado a nuestra familia y a las familias de los presos políticos, y que han contribuido a que sus voces sean escuchadas internacionalmente.

Les pedimos que continúen acompañándonos y alzando su voz hasta que Félix, Saylí y todos los presos políticos puedan regresar libres a sus hogares.

Cuando algún día se escriba esta dolorosa y nefasta etapa de la historia de nuestra patria, quedará también constancia de que, desde Europa, el Parlamento Europeo estuvo al lado de quienes lucharon por la libertad y los derechos humanos en Cuba.

Muchas gracias.

Bruselas, 11 de septiembre de 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó a funcionarios y autoridades de la Unión Europea una investigación sobre la trata de personas en la brigada médica cubana en Italia, donde permanecen unas 200 personas.

“Hay víctimas de trata de personas, por lo que hemos pedimos que se les proteja. Además, reiteramos a los funcionarios con los que nos reunimos que esas misiones tienen un impacto directo sobre la atención médica dentro de la isla. El sistema de salud cubano ha perdido un 30% de su personal desde 2023, mientras hay aproximadamente 23.000 profesionales sanitarios trabajando fuera del país”, afirmó la Dra. Daily Coro, responsable del tema en el OCDH.

Durante reuniones de trabajo en Bruselas, los activistas agradecieron a los grupos parlamentarios haber incluido una denuncia sobre la misiones médicas cubanas en la Resolución del Parlamento Europeo del 18 de junio de 2026, sobre la represión política y la situación humanitaria en Cuba.

“Recordamos que las misiones médicas han sido objeto de examen por organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos mandatos de Naciones Unidas. Dichos informes recogen alegaciones recurrentes relativas a la retención estatal de entre el 75% y el 90% de las remuneraciones en determinados destinos, extensas jornadas de trabajo, restricciones de movilidad, supervisión de la vida privada, limitaciones para la reunificación familiar y trabas en la obtención de documentación profesional”, añadió Coro.

Nueva resolución sobre Cuba

En intercambios con grupos políticos de los partidos Popular, Socialista, Renew Europe, Conservadores y Reformistas y Patriots, así como con funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la UE, el Observatorio insistió en activar el papel de los 27 en una transición hacia la democracia en Cuba.

“Habrá una nueva resolución de la Eurocámara para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba, por lo que agradecemos la preocupación de los grupos que la impulsan. Ahora toca al Ejecutivo europeo y a los países miembros articular una nueva política hacia el régimen cubano”, indicó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.

Específicamente, el Observatorio solicitó a los grupos y al Servicio Exterior la creación de un grupo de trabajo sobre la transición democrática en Cuba.