Una obra extremadamente interesante pero ignorada del ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trias Monge, lo es el libro Teoría de Adjudicación, texto en el que el posiblemente más aclamado de los juristas puertorriqueños se dedica a repasar toda la historia del pensamiento occidental relevante a la hora de tratar de contestar la aún y posiblemente siempre disputada pregunta de cuál debe ser el rol de la adjudicación judicial en la sociedad. Puede ser que la obra pase un poco desapercibida por su carácter monográfico, casi a modo de resumen, de corrientes filosóficas enteras. No obstante, de la mano con el resumen del pensamiento pasado nos llega la interpretación propia de Trias Monge de cada corriente, aunque, como es de esperarse, sin juicios simplistas de buenos y malos, contextualizando y resaltando los matices en cada conjunto de ideas.

Y es que el libro no puede ser de otra forma, ya que, como el propio Trias expone en la conclusión del libro, “[s]i bien ninguna teoría ha demostrado ser la única correcta, casi todas nos han legado conceptos provechosos y algunas pueden considerarse a veces más ‘ciertas’ y útiles que otras”. A mi parecer, según Trías, todo pensamiento filosófico debe ser bienvenido para el jurista, lo que no significa que todo vale, sino que se debe escudriñar todo, separar los elementos que componen cada teoría y, por trillado que suene, aprovechar lo que sea útil o “bueno” en el momento que tal cosa sea útil o buena. Si queremos ponerle etiquetas, Trías concluye el libro con lo que podríamos llamar una especie de relativismo jurídico. De hecho, no quisiera pecar de sobre interpretar sus palabras, pero incluso me parece que su relativismo va muy en sintonía con el relativismo propio del postmodernismo, y su desconfianza por las grandes narrativas. Por ejemplo, dice Trias que:

Lo que sí se desprende también de lo visto es que las grandes teorías, las más abarcadoras y ambiciosas, las más confiadas en haber acorralado la verdad, no han sido por lo general las más productoras de bien. Por el contrario, la afición al dogma, los reclamos de infalibilidad, la intolerancia que acompaña a veces la convicción de estar en lo cierto, han sido causantes de graves daños. Esto lleva a la sospecha que no deben escudriñarse las diferentes doctrinas para determinar el contenido de elemento tan disputado como la verdad, sino con el fin de precisar su relación con la época en que florecieron y su posible valor para la que nos toca vivir.

Por ello, Trias invita a adopta un “escepticismo pragmático” ante toda idea, aunque complementado con principios de derecho natural que otorguen una base, una guía sobre la cual guiar el relativismo (parece paradójico, pero Trias no habla de un relativismo absoluto, sino de un relativismo relativo, si se permite la expresión).

“El criterio fundamental” dice Trias, “es el servicio a la vida buena, el bienestar común y la aspiraciones más altas del ser humano. La validez de los valores primarios es indemostrable, pero su impresicindiblidad para el logro de una civilización es lo que le imprime legitimidad al recabo de respeto para ellos”.

En fin, es un libro sencillo este, pero que merece un espacio en nuestras bibliotecas personales.

Resumen

La controversia es básicamente la siguiente: se acusa de actos lascivos a este enfermero por masturbarse con la mano de una paciente que estaba conciente, pero parcialmente anesteciada. El problema es que la modalidad de acto lascivo que se utiliza para el cargo requiere “medios engañosos”, y la opinión mayoritaria establece que “tomar ventaja de una persona semi-inconsciente y obligarla a realizar un acto sin su consentimiento -casi por la fuerza- no es utilizar medios engañosos que vicien el consentimiento de ésta al acto”. Por cierto, esta última expresión ha sido citada y recitada cientos de veces en redes sociales para señalar lo que, según los críticos, es lo absurdo de la decisión, pero a mi juicio están se está reaccionando más por la pasión que por la razón. La frase no tiene nada de inlógica. Es decir, si una persona se aprovecha del estado inconciente de otra para violarla, ¿podemos decir que la “engaño”? No veo por qué esto es polémico; la respuesta es no, no hubo engaño. Hubo otra cosa igualmente repudiable –un abuso de poder, por ejemplo–, pero engaño no.

Opinión disidente

En su opinión disidente, el juez asociado Kolthoff intenta argumentar la existencia de un engaño por el hecho de que el acto no se hubiera producido si la paciente no estuviera anesteciada, y que ésta consintió la anestecia para someterse a un tratamiento médico, y no para masturbar al enfermero como finalmente pasó, pero el problema con este razonamiento es que parte de la premisa de que el enfermero planificó lo sucedido desde antes del consentimiento, cosa que no se probó.

El inciso de los narcóticos

Existía otra modalidad de acto lascivo que decía que si “la víctima ha sido compelida al acto mediante [...] anulando o disminuyendo sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, narcóticos…” también habría pena. El problema con la aplicación de esta modalidad es que el uso de narcóticos no se le suministró a la paciente con el propósito de cometer el acto aquí señalado, sino para propósitos de una intervención médica.

Defecto de redacción

En fin, como dice la misma opinión del Supremo, “[e]ste resultado obedece a un defecto en la redacción del estatuto, el cual contiene una laguna que permite que actuaciones como la de este caso no sea castigada como delito de actos lascivos”.

Ahora nos enteramos vía el blog Poder, espacio y ambiente, de la profesora Érika Fontánez, que el juez asociado del Tribunal Supremo, Rafael L. Martínez Torres escribió en el 1983 en la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico un artículo en favor del derecho a la libertad de expesión de los estudiantes huelguistas de aquella famosa huelga de 1981. ¿Será ésto un indicio de cómo votará en esta ocasión, esta vez desde el poder?

Si es así, ¿podría esperarse una votación Rivera Pérez-Pabón Charneco-Kolthoff Caraballo vs Fiol Matta-Rodríguez Rodríguez-Martínez Torres? Sería un empate. ¿Será posible?

Nunca este tipo de paros a estado ajeno a controversias, pero desde hace un tiempo ha habido indicios de que la dinámica podría llevarse a otro nivel. Por ejemplo, se ha debilitado mucho la política de no confrontación hasta el punto de que algunos dicen que, al menos de yure, ha dejado de existir, y  la administración de la UPR no está vacilando en pedir ayuda a la Policía de Puerto Rico a nivel de que fue este cuerpo el que cerró el Recinto en un recien receso académico de iniciativa institucional.

Ahora la administración de la UPR ha decidido trasladar la controversia al campo judicial con una solicitud de interdicto preliminar en la Sala Superior de San Juan. El Tribunal a emitido un documento citando a las partes a comparecer a exponer sus puntos.

Puedes acceder al documento aquí.

Actualización: Decisión del Tribunal con respecto a la petición de entredicho.

Siempre se ha dicho que el Derecho es una diciplina conservadora al servicio del estatus quo, y no le falta lógica a esa proposición ya que, bien grandes rasgos, éste se compone de la constitución, leyes y reglamentos que crean y regulan las instituciones oficiales ya existentes. La conclusión ante esas premisas es que, si el Derecho es definido como el código del sistema actual, no puede haber alguna posibilidad de cambio dentro de él, ya que el cambio social político es la antítesis al orden social actual definido mediante el derecho.

Cambios mediante la reafirmación del estatus quo

Sin embargo, no creo que sea un oxímoron decir que es posible lograr cambios mediante el derecho. No voy a abundar sobre casos como Brown v. Board of Education (que comenzó el fin de la segregación) ni Roe v. Wafe (que reconoció el derecho al aborto) porque ya los argumentos que se suelen esbozar alrededores de esos clásicos casos fácilmente se pueden despachar diciendo que esa jurisprudencia simplemente reconoció los cambios que impulsaron mediante activismo social y otros métodos no jurídicos líderes de la sociedad civil y de la política. La razón por la cual sí creo posible lograr cambios mediante el derecho es por las fallas operativas inherente a todo sistema político. En realidad, se podría llamar a estos cambios unos que son “entre comillas”, no porque realmente no sean cambios (lo son) sino porque técnicamente son reafirmaciones del estatus quo en situaciones donde ese estatus quo no se hace patente. Y sí, paradójicamente, reafirmar el estatus quo puede equivaler a cambios sociales (y cambios sociales positivos).

Voy a tratar de despejar la contradicción.

Estatus quo jurídico vs. estatus quo práctico o real

Bien dice el refrán que el papel lo aguanta todo. Podemos escribir en él que el cielo es marrón y el papel no protestará. Las leyes, y todos los códigos del sistema, no son más que letras sobre papel (o si se quiere “bytes” en un disco duro). Una ley puede decir que la Luna se conocerá como “Satelite María”, y oficialmente  la luna se conocerá así. No obstante, las leyes necesitan ser ejecutas, llevadas al plano operativo, y en esa transición del mandato de la ley a la ejecución hay fallas; leyes que no se implementan, leyes que se implementan mal, leyes que no se debieron crear (por inconstitucionales), leyes que no han sido entendidas correctamente, leyes inefectivas por desconocimiento de la ciudadanía, etc. Ante estas fallas operativas, la realidad es que la ley no es la realidad. Es una casi realidad. El estatus quo operativo puede diferir de la “realidad jurídica”.

Para poner un ejemplo, el estatus quo dice que no se puede incautar la vida, propiedad o libertad sin seguir el debido proceso de ley. Pero puede ser que el sistema político de recaudaciones presione tanto a los lideres electos para que le devuelvan al favor a los desarrolladores que pagaron su campaña, que estos aprueben leyes que permitan incautaciones “express” de propiedades de forma injustificada, irrazonable y sin el debido proceso de ley. ¿Cuál es el estatus quo aquí? ¿El principio constitucional del debido proceso de ley que dice que esto no se puede hacer, o las leyes inconstitucionales que llevan años implementandose para favorecer a sectores poderosos por encima de los derechos constitucionales de comunicades enteras? Mi respuesta es que ambos son estatus quo: el primero es estatus quo jurídico, y el segundo es estatus quó real o práctico. Por eso digo que es un cambio entre comillas, porque es una reafirmación de un estatus quo (el jurídico), pero aún así está reafirmación del estatus quo jurídico es una alteracion del estatus quo práctico o real. Y al final, a la comunidad que logra frenar el abuso de poder del gobierno mediante los tribunales no le va a importar si su logro es una reafirmación del estatus quo oficial, lo único que les importa es que se cambió su situación en la vida real.

Derecho es un instrumento, no “el instrumento”

No es mi intención dar a entender que la idea es que se puede cambiar el mundo mediante el derecho. Sí creo que se pueden lograr cambios y avances significativos mediante esta diciplina, pero cualquier intento por lograr cambios profundos, ideales, debe ser multidiciplinario (política, activismo, medios, arte, estudios, etc.). Si se trata como otro frente de batalla desde dónde se pueda lograr justicia, no tengo ningún problema en decir que el derecho podría ser un instrumento de cambios sociales. El problema es cuando se le considera como “el instrumento” de cambio social, que es un extremo táctico destinado al fracaso.

]]> http://www.popjuris.com/blog/lograr-cambios-sociales-reafirmando-el-estatus-quo/feed/ http://www.popjuris.com/blog/lograr-cambios-sociales-reafirmando-el-estatus-quo/ http://feedproxy.google.com/~r/popjurisblog/~3/ffRDpv_zKSQ/ http://www.popjuris.com/blog/grafica-de-blas-toledo-v-hospital-nuestra-senora-de-guadalupe/#comments Sun, 28 Feb 2010 04:02:03 +0000 Eugenio Martínez Rodríguez http://www.popjuris.com/blog/?p=529 Un caso relativamente reciente de la jurisprudencia puertorriqueña que generó mucho debate en la academia es Blas Toledo v. Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, 146 P.R. Dec. 267 (1998).

En este caso, un deudor  realizó, en medio de un procedimiento de quiebra, una transacción con uno de sus acreedores. Luego surge la controversia de si la transacción tuvo el efecto de liberar a un solo deudor o a todos los deudores.Es bien dificil tratar de explicar la controversia, pero quién ha leido el caso probablemente encuentre de alguna ayuda la gráfica a continuación.

Lo interesante de la peticion de certiorari McDonald v. City of Chicago es que, contrario a lo que ha sido la tradicición de incorporación de derechos federales como vínculantes a los estados, no basa su teoría de incorporación en la cláusula del debido proceso de ley de la décimo cuarta enmienda. Pero tampoco va tan lejos, sino que mira un poco hacia al lado, allí mismo en la décimo cuarta enmienda, y toma como base la oscura e bastante ignorada clásula de Privilegios e Inmunidades. La gran diferencia entre una teoría y otra, es que la del debido proceso incorpora selectivamente las disposiciones de la Carta de Derecho federal, mientras que la de Privilegios e Inmunidades, segun entiendo que se está planteando, tendría efecto de incorporarlo todo. Y cuando se dice todo, significa TODO…(derecho a juicio por jurado en casos civiles, y a un gran jurado en casos penales estatales, por ejemplo); una auténtica revolución jurídica a todos los niveles.

Ver  más información en “McDonald Argument Preview: Big Questions for the Roberts Court in Gun Case“, en el blog Text & History.

Como ejemplo pongo los siguientes fragmentos :

Carolina

Artículo 7.24 Prohibición de deambular, vagar, vagabundear, recolectar, pernoctar en aceras y lugares públicos.

Se prohíbe deambular, vagar, vagabundear, recolectar dinero y pernoctar en las vías públicas, aceras y lugares públicos sin rumbo, ni residencia

Caguas

Indebido de Propiedad Ninguna persona podrá vaguear ni deambular ni utilizar sitios públicos o balcones de residencias ajenas o estructuras abandonadas con el propósito de pernoctar permanente o frecuentemente. Multa Administrativa: $ 300.00 - En caso que la persona se someta ayuda psicológica, tratamiento médico o haga gestiones para mejorar su estado físico y mental será relevado del pago de dicha multa.

Rincón

Merodeo – Rondar, vagar de un sitio a otro buscando algo.

Artículo 20.0: Prohibición de Solicitar Ayuda Económica, Mendigar Agresivamente y Merodear

20.1- Se prohíbe en las áreas donde aplique los códigos, solicitar ayuda económicaa los ciudadanos en lugares públicos, disponiéndose que se solicitará autorización a la Administración Municipal de Rinc ón, siempre y cuando la solicitud de ayuda económica cumpla con un fin lícito caritativo.

Está prohibido mendigar agresivamente o merodear en lugares públicos y en el área donde aplique el código. Quedarán exentas de esta disposición Iglesias, Organizaciones sin Fines de Lucro y Partidos Políticos legalmente constituidos bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

¿A qué exactamente se refieren estas ordenanzas municipales con los términos “vagar” o “vaguear”? La pregunta viene porque se establece tal comportamiento como una categoría aparte a la de “vagabundear”, “mendigar” o “pernoctar” en lugares públicos, por lo que debe entenderse que aún sin ser deambulante, sin mendigar y sin pernoctar en espacios públicos podría calificarse un comportamiento como “vagar” o “vaguear”. De hecho, ni tan siquiera el término “vagabundear” parece estar muy claro, pues aunque lo podríamos asociar al estilo de vida de las personas que viven en la calle, en realidad, según el Diccionario de la lengua Española (al que habrá que acudir ya que la ley no presenta su propia definición), este término significa “[a]ndar, caminar sin dirección determinada”. ¿Tendriamos, entonces, que excusarnos ante las autoridades con una razón que el policía de turno considere legítima para estar presente en un espacio público determinado? A “vagar” el diccionario lo define como “ [t]ener tiempo y lugar suficiente o necesario para hacer algo”, por lo que si tomamos tal prohibición literalmente como muchos juristas dicen que hay que hacer, con la crisis económica y los índices de desempleo actuales habría que arrestar a más de la mitad de la población del país.

El Código de Rincón es muy particular, pues intenta definir más su prohibición aunque con la palabra “merodeo”, la que definen como “[r]ondar, vagar de un sitio a otro buscando algo”. Pero aún con este intento de definición, la prohibición es tan amplía que potencialmente podría aplicar a todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad. De ser así, descansaría completamente en la discresión del agente de orden público más cercano el decidir cuál comportamiento penalizar y cuál permitir.

También llama la atención que las prohibiciones de “mendigar agresivamente” y “merodear” no aplicarán a iglesias, organizaciones sin fines e lucro y partidos políticos, por lo que, en síntexis, este tipo de colectivos tendrían más libertad de acción sobre espacios públicos que los propios ciudadanos en su carácter individual.

Tengo que escribir un memorandum sobre la posible inconstitucionalidad o ilegalidad de este tipo de ordenanzas, por lo que, ya que estamos en la onda del Derecho 2.0, ideas, sugerencias o comentarios serán bienvenidos.

Con eso en mente, les presento El Diccionario PopJuris, una colección de definiciones de términos jurídicos incompleta, pero que se irá desarrollando constantemente según se vayan añadiendo nuevas palabras. Las definiciones, como podrán notas, en algunos casos incluirá citas de fuentes legales, tales como estatutos, jurisprudencia o fragmentos de doctrinas puertorriqueñas, españolas y latinoamericanas. De nuevo, es un proyecto que no pretende ser gran cosa, pero se irá desarrollando

Hay ciertos tipos propiedad colectiva que son fuentes de intensos conflictos, como la que surge luego de la disolución de un matrimonio regido por la figura de la Sociedad Legal de Gananciales (la comunidad pos-ganancial) y la que surge de la muerte de una persona, cuyos bienes pasan a un grupo de herederos (la sucesión). Los dos grupos antes mencionado, los ex cónyuges y los herederos, forman lo que se conoce como una “comunidad de bienes“, definido en el artículo 326 del Código Civil de la siguiente manera: “…cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”.

Pues bien, como adelanta el título, esta entrada trata sobre el uso que se le puede dar a un bien que está bajo el régimen de la comunidad de bienes. A estos efectos, tenemos que empezar examinando el Art. 328 del Código Civil:

Art. 328 Uso de los bienes comunes. (31 L.P.R.A. sec. 1273)
Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho.

Aquí no parece haber mucho problema con la interpretación, casi se cumple el sueño de Napoleón de tener artículos tan claros que se prescinda de la necesidad de interpretación. Pero entonces surgió el caso de Díaz Lizardi v. Aguayo Leal, 162 D.P.R. 801 (2004).

Díaz Lizardi v. Aguayo Leal

Este caso trata de una pareja de novios que adquiere un conjunto de bienes en común, entre ellos una casa. Aunque no eran formalmente un matrimonio, al comprar juntos estos bienes se formó una comunidad de bienes desde el mismo momento de la compra (a diferencia del matrimonio, que surge desde que se separan). La pareja se separa, pero no dividen su participación de la casa. Luego de un tiempo, el ex novio comienza a vivir la casa con la mujer con quien se casó, y la ex novia tramita la división de bienes. Pero además de ello, y aquí está el asunto que nos ocupa, exigió que el ex novio le pagará un equivalente a lo que sería el pago de un arrendamiento por el uso exclusivo que le dio a la casa  propiedad de ambos, y el tribunal le da la razón. Dijo, en ese entonces, el Tribunal Supremo que :

…en circunstancias como la del caso que nos ocupa, el uso exclusivo del bien común por uno sólo de los comuneros sin resarcir al otro es contrario a principios elementales de derecho, basados en la equidad, que no permiten el enriquecimiento injusto.

En mi curso de Derecho de Familia se dijo que tal dictamen era una variación sustancial de lo que establece el citado artículo 328 del Código Civil, ya que mientras el artículo dice que cada comunero podrá usar la propiedad en común (1) siempre y cuando se disponga del bien conforme a su fin (2) de manera que no perjudique a la comunidad (3) ni impida la participación de los otros dueños, aquí se dice tajantemente que el uso exclusivo del bien común sin resarcir al otro es contrario constituye un enriquecimiento injusto.

Interpretaciones posteriores de Díaz Lizardi podrían tener la consecuencia de que, por ejemplo, si unos hijos se quedan viviendo en la casa de sus padres luego de que estos mueran, sus hermanos mayores que vivían aparte podrían exigirle el pago de una renta por el tiempo que hicieron un uso exclusivo de la propiedad. Este tipo de situación es muy común en Puerto Rico, y una interpretación de este tipo se prestaría para se le reclamen una compensación a los codueños más débiles, que son los que usan el bien común por falta de otros bienes dónde vivir.

¿En qué consiste la exclusividad?

No obstante, creo que la clave para una correcta interpretación de Díaz Lizardi sería precisar qué significa el término “uso exclusivo” que utiliza la opinión. Se podría pensar que “uso exclusivo” de parte de un comunero describe la circunstancia en la que solamente ese comunero haga uso del bien. Pero a mi entender, el término “uso exclusivo” atiende una circunstancia mucho más específica, que es cuando se  impide a los demás comuneros utilizar el bien común, según prohíbe hacerlo el art. 328. Solamente con esta interpretación de Díaz Lizardi se le estaría siendo fiel a la letra del Código Civil. Hasta el propio diccionario de la Real Academia Española define “excluir” como “[q]uitar a alguien o algo del lugar que ocupaba.”. Además, el propio texto de Díaz Lizardi habla de “crédito por privación de uso del inmueble” (énfasis nuetro).

Meléndez Berríos, v. Maldonado Dieppa

En Díaz Lizardi el Supremo entendió que al mudarse el ex novio con su esposa a la casa, con la intimidad que presupone que tiene el hogar de un matrimonio, se estaba excluyendo a la ex novia del uso del bien. Así se aclara en un caso posterior del 2009, Meléndez Berríos, v. Maldonado Dieppa, 2009 TSPR 84:

En Díaz Lizardi, el Sr. Aguayo Leal y la Sra. Díaz Lizardi adquirieron una residencia en común pro indiviso cuando éstos eran novios. La relación de noviazgo terminó sin que hicieran uso de la residencia común. Al año de concluir el noviazgo, el Sr. Aguayo Leal contrajo nupcias con otra joven y se mudó con ésta a la residencia común de éste y la Sra. Díaz Lizardi. Al año de ese acto, la Sra. Díaz Lizardi presentó una acción de división de comunidad de bienes y solicitó una renta por el tiempo en que el Sr. Aguayo Leal hizo uso exclusivo de la residencia junto a su esposa. Resolvimos en dicha ocasión que procedía que el Sr. Aguayo Leal pagara una renta por el uso de la propiedad desde el momento en que se mudó a ella con su nueva esposa. Resolvimos de esa manera, pues entendimos que el acto del Sr. Aguayo Leal de mudarse con su esposa constituyó una exclusión de la Sra. Díaz Lizardi del uso de la propiedad y por tanto le impidió a ésta el uso de la misma. Entendimos que, bajo aquellos hechos, no podíamos concluir que la Sra. Díaz Lizardi hubiese consentido a que su propiedad fuera utilizada por el Sr.Aguayo Leal y su esposa desde que se mudaron a ella hasta que se presentó la acción de división. Probablemente el resultado hubiese sido distinto si el Sr. Aguayo Leal se hubiese mudado solo a la propiedad. Véase Díaz Lizardi, supra, pág. 821, (Op. de Conformidad Juez Presidente Hernández Denton.) [ENFASIS DE POPJURIS]

Supongo que el abogado o abogada de Aguayo Leal trató de argumentar que el uso dado por Aguayo Leal junto con su esposa no constituyó un “uso exclusivo”, y que Díaz Lizardi aún podía darle uso a la casa. Pero al parecer el Tribunal interpretó que el mudarse con otra pareja era una especie de “exclusión tácita”.

Para casos posteriores entre herederos o cualquier otra relación económica bajo la comunidad de bienes, si se quiciera evitar que el Tribunal interprete que existió alguna otra especie de “exclusión tácita”, estimo que bastaría con que el comunero que se disponga a usar una residencia que constituya un bien común se ocupe que los demás comuneros tengan acceso a la residencia (copia de las llaves para todos, para empezar) y aclare que su uso de la propiedad no excluye el uso que los demás puedan darle (mantener habitaciones vacías disponibles para ser ocupadas podría servir).