La diputada regional María Somalo ha denunciado que la consejería de Salud “no publica las memorias de la Defensoría del Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja, a pesar de que está obligada por Ley a hacerlo”. Y es que “estamos en agosto de 2026, y la página oficial del Gobierno de La Rioja continúa ofreciendo únicamente la memoria correspondiente al año 2023; ni rastro de las memorias de 2024 ni de 2025”.

Somalo ha dicho que “estamos ante un hecho muy grave porque sabemos que esos documentos existen”. Además, dese el Grupo Parlamentario Socialista “llevamos un año y medio intentando conseguir esas memorias a través de la Cámara, y nos encontramos con excusas, retrasos y obstáculos”. Un año y medio “comprobando cómo la consejería de Salud se niega no solamente a cumplir con su obligación de publicar las memorias, sino también a facilitar a los diputados una documentación que necesitamos para ejercer nuestra función de control al Gobierno”. Esto es, ha dicho María Somalo, “una opacidad absolutamente deliberada”.

La diputada socialista ha afirmado que “no sabemos los motivos por los que el Ejecutivo regional no quiere que conozcamos esas memorias”. Lo que está claro es que el Gobierno de Capellán “está hurtando una de las fotografías más interesantes que puede existir sobre cómo está viviendo y percibiendo la ciudadanía la sanidad pública de La Rioja”.

Somalo ha asegurado que “estamos ante una forma de gobernar en la que la información deja de ser un derecho de los ciudadanos y se convierte en una herramienta que el Gobierno administra en función de sus intereses”. La diputada socialista ha destacado que la sanidad pública riojana “necesita luz, datos, escuchar a la ciudadanía y sus problemas y necesita instituciones independientes que puedan decir lo que está funcionando mal sin que después el Gobierno esconda sus conclusiones”.

La diputada socialista ha recordado, además, que “fue un Gobierno del Partido Popular el que eliminó la Defensoría del Usuario en 2012, mientras que el Ejecutivo de Concha Andreu fue quien recuperó en 2023 esta institución”. Por eso, ha remarcado Somalo, “la única memoria publicada hoy es la de 2023”.

María Somalo ha exigido a la consejera de Salud “que publique inmediatamente las memorias de la Defensoría del Usuario correspondientes a 2024 y 2025, tal y como le obliga la Ley”. Además, ha pedido “que el Gobierno deje de poner excusas para impedir el acceso de los diputados a una documentación que debería ser pública”.

• El PSOE plantea la declaración de ‘campaña excepcional’ para suspender las exigencias burocráticas de los ecorregímenes y evitar que se pierdan ayudas de la PAC por la sequía

La diputada regional Sara Orradre y el Secretrario de Agricultura y Ganadería de la CER, Juan Francisco Blanco, han analizado la situación del sector vitivinícola en estos momentos de inicio de la vendimia. Orradre ha denunciado “el absoluto abandono al que tiene sometido el Gobierno de La Rioja al sector”.

Orradre ha señalado que, además de la preocupación a la que están sometidos los agricultores riojanos por la crisis de rentabilidad, el estudio estadístico de costes de producción de uva correspondiente a la campaña de 2025 que presentó el Gobierno de La Rioja el pasado viernes “constata que el agricultor riojano perdió entre 1.500 y 2.000 euros por hectárea el año pasado”. Y lo más preocupante es que las perspectivas para este año “no son mucho mejores, porque la producción sigue cayendo y no hay ninguna expectativa de repunte de precios”.

Y pese a todo, el Ejecutivo regional “se limita anunciar medidas ineficaces y ayudas que no llegan a los agricultores”. De hecho, a comienzos del verano “ya denunciamos la inacción del Gobierno de La Rioja, que era incapaz de complementar las medidas adoptadas por el Gobierno de España”. La diputada regional ha recordado que el Ejecutivo central “ha puesto sobre la mesa tres paquetes de ayudas dirigidos a la compra de fertilizantes, actuaciones vitivinícolas y reducciones fiscales, movilizando recursos por valor de 20 millones de euros en nuestra región”.

A esto “hay que sumar las bonificaciones al gasóleo y líneas de financiación especiales, lo que deja en total más de 1.100 millones de euros en ayudas al sector primario, más del doble que la media europea”. Esta es la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, ha añadido Orradre, una respuesta con medidas “útiles, concretas y efectivas de las que se benefician 10.000 agricultores riojanos”.

Frente a esto, el Gobierno de Gonzalo Capellán “se limita a hacer anuncios populistas y sin efectos prácticos reales, como las ayudas directas por un mínimo de 1.000 euros por explotación de las que, hoy en día, seguimos sin saber absolutamente nada”. Y tampoco sabemos qué está haciendo el Ejecutivo regional “para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria”.

Por su parte, el Secretario de Agricultura y Ganadería de la CER ha remarcado que “vivimos una situación insostenible ante la que el Gobierno del PP, en vez de afrontarla, se ha rendido”. Juan Francisco Blanco ha insistido en que los datos aportados por varias OPAs “coinciden con lo que nos cuentan los viticultores, que señalan que esta campaña hay un desfase tremendo del 40% entre lo que cuesta producir y lo que se paga por la uva tinta”. Es decir, “hablamos de costes que rozan el euro con cuarenta por kilo, mientras las bodegas están pagando precios medios de ochenta céntimos”.

Blanco ha denunciado que el Gobierno de Gonzalo Capellán “está permitiendo que nos quedemos sin relevo generacional en el campo y que la gente joven abandone los pueblos porque vivir de la tierra en La Rioja es una vía directa a la quiebra”. Y esto “no es fruto de la casualidad, ni de la mala suerte, ni de las crisis internacionales, esto es el resultado de una estrategia del Partido Popular, al que le sobran los pequeños y medianos agricultores y las familias en las viñas y, por eso, apostaron por un modelo de macroexplotaciones y se dedicaron a repartir derechos de plantación sin ningún tipo de control ni de planificación”.

Por eso, desde el Partido Socialista “exigimos medidas urgentes y reales”. En primer lugar, “planteamos declarar ya esta campaña como excepcional, ya que la meteorología y los últimos incendios han rematado un año nefasto y necesitamos que se flexibilicen de inmediato las exigencias de los ecorregímenes”. Y, en segundo lugar, “son necesarias ayudas directas de liquidez a través de los planes de contingencia”. Blanco ha recordado que si un sector cobra un precio justo por su producto “es rentable por sí solo y no necesita parches financieros”.

El diputado regional José Ángel Lacalzada ha asegurado que los últimos datos de la EPA “revelan que La Rioja ha sido la comunidad autónoma donde más ha subido el paro el último año, con un incremento de más del 11%”. Hoy, “tenemos 1.500 personas desempleadas más y hemos llegado a los 14.600 parados”. Además, “nos preocupa mucho el dato de ocupación, ya que se han destruido en este último año 900 empleos”.

Lacalzada ha denunciado que lo realmente grave es que “estos malos datos de empleo en nuestra comunidad no son coyunturales, porque desde que gobierna Capellán, en La Rioja ha aumentado el paro en 2.800 personas”. Y esto “supone un incremento del 24%, que contrasta con el buen dato de España, donde ha caído el paro en un 10%”. La Rioja es la comunidad “donde más se ha incrementado el desempleo en los tres últimos años”. Con la gestión del Ejecutivo de Capellán “hemos pasado de ser la tercera comunidad con menor tasa de paro, a la décima”.

Lacalzada ha asegurado que “esta es la consecuencia más evidente de la total ausencia de proyecto de política económica e industrial”. Desde el inicio de este mandato “venimos alertando de que la consejería de Economía tiene un presupuesto ridículo que apenas llega al 3% del presupuesto total de la comunidad autónoma”. Pero es que, además, esta consejería “es la que peor gestiona el presupuesto, como lo demuestra que en el primer semestre de este año es la que menos ha gastado en el capítulo de inversiones directas, con tan solo el 2%”. Esto supones que de 4 millones de euros “apenas ha invertido 90.000 euros, un patrón que se viene repitiendo durante toda la legislatura”.

A esta mala gestión “debemos añadir que la ADER no está funcionando como una verdadera agencia transformadora y motor económico de nuestra comunidad”. El diputado socialista ha recordado que “Capellán ha disminuido el presupuesto de la Agencia en 60 millones de euros en este mandato”. Y junto a esto, en estos años de Gobierno del Partido Popular “le ha quitado a la ADER casi 45 millones de euros para pagar gastos no presupuestados, reduciéndola en un mero fondo de contingencia”.

Finalmente, Lacalzada ha lamentado también “el incumplimiento del Plan de Formación Profesional y Empleo, ya que el Gobierno de Capellán está recortando en políticas activas de empleo”.

• La Abogacía del Estado decidió recurrir esta convocatoria y el juez ha decretado su suspensión en un Auto dictado el pasado 22 de julio

El diputado regional Miguel González de Legarra ha explicado que el pasado 22 de julio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño “dictó un Auto por el que suspendía la convocatoria del proceso de selección que había convocado el SERIS para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de médicos”. Todo, “tras la interposición de un recurso por parte de la Abogacía del Estado”.

González de Legarra ha dicho que “estamos ante una resolución judicial que trasciende el ámbito de un procedimiento administrativo y que pone seriamente en cuestión la forma en la que el Gobierno de La Rioja está intentando gestionar la falta de médicos”. Cuando un juez decide suspender cautelarmente una actuación de una Administración Pública “no lo hace por un mero defecto formal, ni por una cuestión menor, lo está haciendo porque aprecia indicios suficientemente sólidos de que esa actuación puede ser contraria a Derecho”.

El diputado socialista ha asegurado que el juez “ha suspendido la convocatoria aprobada por el Servicio Riojano de Salud para incorporar personal fijo en una nueva categoría denominada ‘Técnico Titulado Superior Rama Sanitaria (Médico)’, correspondiente a la OPE de 2025”. Y la ha suspendido “porque entiende que existen razones suficientes para pensar que esa convocatoria puede vulnerar la legislación básica del Estado”.

El origen de este problema es que el Gobierno de La Rioja “no convocó en esta OPE plazas de Médicos de Familia, ni plazas de facultativos especialistas”. Lo que hizo fue “crear una categoría que, jurídicamente, pertenece al ámbito del personal de gestión y servicios”.  Hasta aquí el asunto “puede parecer solamente una cuestión técnica, pero deja de serlo cuando uno lee en la convocatoria cuáles eran las funciones que esas personas iban a desempeñar”.

Porque las funciones que se les iban a exigir a estos nuevos contratados “no consistían en realizar tareas administrativas, sino que consistían en hacer cribado de pacientes, prestar asistencia telefónica, apoyar la atención continuada, gestionar bajas médicas, recetas y colaborar directamente con los centros de salud”. Es decir, “se les iban a asignar funciones claramente asistenciales”.

Miguel González de Legarra ha asegurado que la abogacía del Estado “sostiene que esas funciones asistenciales sólo pueden ser desempeñadas, como es lógico, por médicos especialistas conforme a la legislación vigente”. Lo que el Gobierno de Gonzalo Capellán pretendía hacer es “utilizar una categoría distinta de la prevista por la legislación para cubrir unas funciones que la ley reserva en exclusiva a otra categoría profesional”. En definitiva, el Ejecutivo “ha querido resolver un problema sanitario mediante un artificio administrativo”.

El diputado socialista ha afirmado que “esto es extraordinariamente grave, porque cuando un Gobierno empieza a buscar atajos para evitar afrontar un problema estructural, deja de gestionar y empieza a improvisar”. Y cuando esa improvisación acaba encima de la mesa de un juez “nos encontramos con un serio problema de gestión”.

González de Legarra ha señalado que “lo verdaderamente preocupante es que esta resolución retrata una forma de gobernar del Ejecutivo regional”. La Rioja tiene un Gobierno “incapaz de atraer profesionales, e intenta cambiar el nombre de las plazas para hacer creer que lo ha resuelto”. Los riojanos “llevamos demasiado tiempo soportando listas de espera interminables, consultorios con dificultades para cubrir plazas, Centros de salud saturados, problemas permanentes en Atención Primaria y el desmantelamiento del hospital de Calahorra”. Y ahora “descubrimos que, además de todo eso, el Gobierno pretende resolver la falta de médicos mediante fórmulas cuya legalidad acaba teniendo que decidir un juez”.

Esto puede explicar por qué para ampliar la cobertura asistencial en el Centro de Salud de Ezcaray durante el verano, “se ha decidido contratar a dos celadores”. En definitiva, el diputado socialista ha denunciado que “tenemos un Gobierno que ha perdido el rumbo, una consejería que sustituye la planificación por la improvisación y un presidente que permanece impasible mientras la sanidad pública entra en una deriva cada vez más preocupante”.

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional, Sergio Martínez Astola, ha destacado que “cuando gobierna el Partido Popular, La Rioja desaparece del mapa de las grandes inversiones estatales, mientras que cuando gobierna el Partido Socialista, nuestra comunidad vuelve a ser una prioridad”. Por eso, Martínez Astola ha señalado que el objetivo del PSOE, desde que gobierna en el Estado y durante el pasado mandato en La Rioja, ha sido “devolver a La Rioja a la planificación ferroviaria, tras años de una gestión ineficaz del PP que, incluso, se dejó caducar el estudio de impacto ambiental del tramo entre Logroño y Castejón”.

Y, ahora, “nos encontramos que frente a quienes intentan instalar el relato del agravio permanente, la realidad es muy distinta”. La realidad es que “nunca habían coincidido en marcha tantos proyectos estratégicos para modernizar las comunicaciones de nuestra comunidad”.

El portavoz de la CER ha recordado que en estos años “se han impulsado actuaciones cruciales para nuestra tierra”. Así, por lo que respecta a la Variante de Rincón de Soto “se modificó el proyecto para pasar de una velocidad de 140Km/h a 200Km/h, y las obras comenzaron en abril de 2024 con una inversión global que ronda los 100 millones de euros”. Por lo que respecta al estudio informativo de Logroño a Castejón “lo que hemos hecho ha sido aprobar el Estudio informativo y de impacto ambiental y adjudicar los proyectos constructivos en octubre de 2025”. Las obras “se podrían licitar a finales de 2027”. Y, finalmente, en el tramo Miranda de Logroño a Miranda de Ebro el pasado jueves “se licitó el estudio informativo”.

Eso significa que, por primera vez en muchos años, los tres grandes corredores ferroviarios de La Rioja “vuelven a estar vivos”. Es decir, “estamos cumpliendo con el objetivo que nos fijamos de devolver a nuestra comunidad autónoma al mapa de las infraestructuras ferroviarias”, ha señalado Martínez Astola.  

La autopista

Sergio Martínez Astola también se ha referido a la autopista, que en noviembre de 2026 quedará libre de peaje en el tramo riojano. Y este “es uno de los grandes hitos en el terreno de las infraestructuras para nuestra región”. Además, el Gobierno de España “está trabajando en los enlaces que van a hacer permeable esta infraestructura para que sea una vía de alta capacidad que vertebre el territorio”.

Y, de nuevo, “podemos comparar las formas de actuar de unos y otros, ya que con el PP al frente del Gobierno de la nación y de La Rioja, se prorrogó la concesión de la autopista en 15 años, mientras que, con el PSOE, esa autopista va a quedar libre y será una autovía permeable al territorio”.

Martínez Astola ha recordado que “en estos 15 años extra que el PP condenó a los riojanos al pago de la autopista, se habrá pagado a la concesionaria casi 90 millones de euros para las bonificaciones en el tramo riojano”. 90 millones “que han salido de las arcas públicas y que hubieran servido, por ejemplo, para invertir en la red autonómica de carreteras que se encuentra hoy en una situación francamente mejorable”.

En definitiva, la AP-68 “será gratuita en todo el tramo riojano y aragonés, será una infraestructura pública y, además, contará con un nuevo contrato estatal de conservación dotado con 22 millones de euros para garantizar su mantenimiento”. También, esto supondrá que el Gobierno de La Rioja “dejará de gastar aproximadamente seis millones de euros cada año en bonificaciones y deberá destinar ese dinero a la mejora de las carreteras de competencia autonómica”.

• El diputado socialista denuncia, además, que a 30 de junio apenas se había ejecutado un 2,6% del presupuesto destinado a inversiones para este hospital

El diputado regional Miguel González de Legarra ha asegurado que el Gobierno de Capellán “no utiliza el presupuesto para gestionar el hospital de Calahorra, lo usa para construir un relato político que luego desmiente con su propia ejecución”. González de Legarra ha denunciado “el desmantelamiento premeditado que el Ejecutivo está acometiendo con este hospital, porque primero se fabrica un presupuesto para vender titulares y después se vacía silenciosamente mediante modificaciones presupuestarias”.

El diputado socialista ha explicado que el presupuesto inicial destinado a inversiones para 2026 “ascendía a algo más de 3,2 millones de euros”. Pero a 30 de junio de este año, el propio Gobierno regional “ya había retirado de ese presupuesto, a través de modificaciones presupuestarias, más de 1,1 millones”. Es decir, en solo seis meses “desaparece un tercio del presupuesto”.

Pero todavía hay un dato “mucho más escandaloso”, ha añadido González de Legarra. Y es que, de todo ese dinero presupuestado, a 30 de junio, “se habían ejecutado 88.946 euros, apenas el 2,6%”. Y lo grave es comprobar que este comportamiento “se repite año tras año”. El dinero presupuestado “no llega al hospital porque el Gobierno elabora un presupuesto suficientemente llamativo para poder decir que nunca se había invertido tanto y, después, lo modifica poco a poco hasta convertirlo en irreal”.

Miguel González de Legarra ha señalado que cada euro que desaparece del presupuesto “tiene consecuencias, porque supone que hay menos renovación tecnológica, menos mantenimiento, menos modernización, menos capacidad diagnóstica y menos capacidad quirúrgica”. Y todo eso “acaba repercutiendo en los profesionales, porque nadie quiere desarrollar su carrera en un hospital al que cada año le prometen inversiones que nunca llegan”. Y los resultados “ya los conocemos, ya que, en apenas unos meses, hemos visto marcharse diez especialistas de siete servicios diferentes”.

El diputado socialista ha aseverado que el hospital de Calahorra “no se está deteriorando porque sí, se está deteriorando porque quienes tienen la responsabilidad de cuidarlo han decidido dejar de invertir”. Y La Rioja Baja “no puede permitirse un hospital debilitado”. Porque “el verdadero escándalo ya no es solo que recorten, es que aprueban presupuestos sabiendo que después no los van a ejecutar”, ha concluido González de Legarra.

Un nuevo engaño

González de Legarra ha señalado que “ayer mismo vivimos un nuevo capítulo de las mentiras del Gobierno cuando la consejera de Salud se dignó desplazarse a Calahorra para presentar a 15 médicos y 10 enfermeras que, según ella, se han incorporado a trabajar al hospital”. Lo que no explicó la consejera es que la mayoría de estos profesionales “no se han incorporado a la plantilla de Calahorra, sino que son trabajadores contratados en el Hospital San Pedro a los que se envía a Calahorra dos o tres días a la semana”. Y lo que no explica es que “la mayoría de los especialistas rotan con el resto de especialistas del San Pedro, con lo que es imposible que hagan un seguimiento correcto de la evolución de sus pacientes”. 

Es más, el diputado socialista ha asegurado que “ha habido especialistas que finalmente han decidido marcharse a otra comunidad porque no les han dejado desarrollar toda su jornada laboral en Calahorra”. Además, María Martín “tampoco explicó que ayer fue una de las poquísimas ocasiones en que la directora del hospital de Calahorra acudió a su puesto de trabajo en ese hospital, ya que el resto de su labor de dirección la desarrolla desde Logroño”.  Tampoco aclaró Martín los motivos por los que el hospital de Calahorra “sigue sin dirección de enfermería y sin un director de área”.

• Desde el PSOE exigimos que hoy mismo el Ejecutivo apruebe una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros para que puedan llevarse a cabo todos los proyectos de empleo presentados

El diputado regional Ricardo Velasco, el Secretario de Política Municipal de la CER, y vicepresidente de la Federación de Municipios, Félix Caperos, y la alcaldesa de Castañares, María Teresa Bañares, han denunciado “el recorte en las ayudas de empleo elaboradas por el Gobierno de La Rioja para los ayuntamientos”.

Velasco ha recordado que hace unas semanas “ya denunciábamos desde el PSOE la falta de políticas activas de empleo del Gobierno de La Rioja y su impacto en los ayuntamientos, algo que se ha concretado en la tardanza en la convocatoria y resolución de las ayudas para contratación a desempleados por parte de las entidades locales”. A esto, “debemos añadir una notable reducción de las cuantías, ya que estamos ante un recorte del 40% en el presupuesto destinado a las entidades locales para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios”.

Velasco ha alertado de que “este tijeretazo de 2 millones de euros del Gobierno de Capellán en políticas activas de empleo hace que peligren servicios públicos en muchos municipios riojanos”. El diputado regional ha asegurado que “esta falta de políticas activas de empleo ha provocado que seamos la peor Comunidad Autónoma en la evolución de los datos de empleo”. Además, “no estamos ante un dato coyuntural, sino estructural, ya que mientras en España el último año ha bajado el desempleo el 5%, en La Rioja ha subido el 2%”.

Por su parte, el Secretario de Política Municipal de la CER, Félix Caperos, ha señalado que “ese tijeretazo de 2 millones de euros supone que se hayan denegado el 60% de los proyectos, lo que se traduce en un claro perjuicio para los municipios, además de impedir la contratación de centenares de trabajadores desempleados solicitados por los ayuntamientos”.

Así, las entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro “han solicitado 320 proyectos y la contratación de 411 personas desempleadas, pero el Gobierno del Partido Popular solo ha concedido 138 proyectos (el 43%) y 160 desempleados (el 39%)”.

Caperos ha lamentado “el desinterés del Ejecutivo de Capellán por el municipalismo, ya que estamos hablando de proyectos muy necesarios para los municipios que les permiten contratar a trabajadores para realizar actuaciones en el ámbito educativo, turístico, cultural, deportivo, medioambiental, apoyo en labores administrativas o de limpieza”. Es decir, “hablamos de ayudas que son imprescindibles para la inclusión laboral de los desempleados y, también, suponen un gran impulso para las obras y servicios locales”.

Por eso, desde el PSOE “exigimos una rectificación inmediata y que, hoy mismo, el Gobierno regional apruebe una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros para que puedan llevarse a cabo todos los proyectos de empleo presentados por los ayuntamientos e instituciones sin ánimo de lucro”.

Y mientras, la alcaldesa de Castañares ha advertido de que este recorte “supone un grave perjuicio para su localidad y para el conjunto de los pequeños municipios”. María Teresa Bañares ha dicho que esta situación “dificulta la prestación de unos servicios públicos esenciales, especialmente necesarios ante el aumento de población que experimentan las localidades turísticas como, por ejemplo, Castañares”.

El diputado regional Sergio Martínez Astola ha recordado que el pasado martes el Congreso de los diputados daba luz verde “a una verdadera ampliación de la red de protección social que hará posible la refundación del sistema de cuidados con una inversión histórica de 6.200 millones de euros”. En el caso de La Rioja, “esto se va a traducir en que el Estado transferirá 25 millones de euros más al Gobierno regional entre 2026 y 2027, solo en el nivel mínimo”. Además, la previsión es que, en nuestra comunidad, el sistema “podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos”. 

Martínez Astola ha señalado que lo que se pretende “es dar el salto de un modelo asistencialista, a un modelo en el que las personas con discapacidad o en situación de dependencia tengan autonomía en su propio hogar, con derechos y autonomía personal”. Se trata, en definitiva, “de avanzar en el nuevo modelo de cuidados con apoyos personalizados que atienda las preferencias del usuario”.

El diputado socialista ha denunciado, además, “la incoherencia del PP en todo este recorrido”. Y es que “hemos escuchado hasta la saciedad al presidente del Gobierno regional y a los consejeros María Martín y Alfonso Domínguez quejarse amargamente porque el Estado no cumplía con lo que ellos denominaban obligación legal de financiar el 50% de la Dependencia”. Esto es “una primera falsedad, ya que el Gobierno de España tenía el compromiso político de financiar el 50% de la Dependencia, algo que se cumplirá con estos 6.200 millones de euros que se acaban de aprobar, pero obligación legal, ninguna”.

Es más, cuando el Gobierno de España “ha querido incluir en la Ley precisamente esta obligación de alcanzar el 50% de la financiación, el PP votó en contra durante la tramitación en Comisión y, finalmente, se abstuvo en el Congreso”. Esto, cuando menos, “es un ejercicio de cinismo político que a cualquiera nos avergonzaría, al menos, un poquito”.

Martínez Astola ha afeado al PP “su absoluta incongruencia, ya que ha presentado en el Parlamento regional iniciativas para exigir al Gobierno de España cumplir con el 50% de la financiación de la dependencia”. Y cuando tienen ocasión de apoyarlo de verdad, con un sí en el Congreso para convertir esto en Ley, “primero votan en contra en Comisión y luego se abstienen en la Cámara, algo que nos resulta asombroso”.

El diputado socialista ha añadido que “no podemos perder de vista que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado la inversión del Estado en Dependencia”. Y es que “Rajoy dejó la aportación estatal en el 18%, mientras el Gobierno progresista de coalición ha ido recuperando esa cantidad hasta alcanzar el 50%”. Además, La Rioja, junto con Galicia, “son las comunidades mejor financiadas por parte del Gobierno del país”. Según los datos oficiales del IMSERSO, “el Estado financió en 2023 el 40,98% del gasto certificado en dependencia en nuestra comunidad, muy por encima del porcentaje de ejercicios anteriores, cuando apenas superaba el 15 o el 16%”. Además, la financiación estatal destinada a La Rioja “pasó de 15,48 millones de euros en 2021 a 37,45 millones en 2023, más del doble en apenas dos años”.

Martínez Astola ha asegurado que esta financiación “hubiera sido todavía mejor si el Gobierno del señor Capellán hubiera hecho los deberes y hubiera cumplido sus compromisos con el nivel acordado de la Dependencia”. No es de extrañar con semejante hoja de servicios, que La Rioja “haya suspendido en la gestión de la Dependencia en los años de gobierno del señor Capellán”, ha concluido Martínez Astola.

La Secretaria de Organización del PSOE, Emilia Fernández, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alfaro, Yolanda Tarragona, han analizado la situación por la que atraviesa el municipio después de que la policía judicial registrara las dependencias del consistorio alfareño el pasado 21 de mayo. Tarragona ha asegurado que “desde ese momento, y ante un hecho de enorme gravedad, venimos reclamando la máxima transparencia”.

Tarragona ha dicho que desde el Grupo Socialista “hemos solicitado explicaciones claras al Equipo de Gobierno con el fin de conocer el alcance real de la investigación abierta, y nos hemos encontrado siempre con lo mismo, con un muro de silencio”. La portavoz socialista ha asegurado que la alcaldesa Yolanda Preciado “se escuda en que todo esto está bajo secreto de sumario, y es cierto”. Pero nosotros “estamos demandando explicaciones políticas”.

Lo que no dice la alcaldesa, ha añadido Tarragona, es que “según hemos podido saber los concejales socialistas, estas diligencias penales están abiertas desde el año pasado, desde 2025”. Y es evidente que “el Ministerio Fiscal, al detectar posibles irregularidades con posible alcance penal, ha remitido todo a los Juzgados de Calahorra y ha pedido la incoación de diligencias”.

Yolanda Tarragona ha dicho que el silencio de la alcaldesa y de su Equipo de Gobierno “es inaceptable, porque gobernar también significa rendir cuentas”. Por eso, “queremos que se responda a preguntas como los motivos por los que la policía judicial registró el Ayuntamiento, qué buscaban, o si Yolanda Preciado ha tomado alguna medida al respecto”.

Por su parte, la Secretaria de Organización del PSOE ha aseverado que con el fin de conocer de primera mano que está pasando en el Ayuntamiento de Alfaro, el Grupo Municipal Socialista “se va a personar en estas diligencias previas y recabar la información que la alcaldesa se niega a facilitar”. Emilia Fernández ha recordado que el hecho de que la policía judicial entre en un Ayuntamiento “es algo muy poco habitual, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas no es una opción, es una absoluta obligación”. Y si el Equipo de Gobierno con su alcaldesa a la cabeza no lo hace, “debemos dar un paso al frente para conocer qué está sucediendo con este caso”.

Frente a esta posición, el Ejecutivo de Capellán se limita a anunciar medidas populistas y de escasa eficacia que no terminan de concretarse

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha asegurado que el Gobierno de Gonzalo Capellán “se limita a hacer anuncios de medidas populistas y poco eficaces que no terminan de llegar al sector primario porque ni siquiera existe partida presupuestaria habilitada para ello”. Frente a esto, el Gobierno de España “cumple y responde a las necesidades del sector en estos momentos especialmente complicados debido a la coyuntura internacional”.

Así, Sara Orradre ha destacado que “teniendo en cuenta las medidas impulsadas por el Gobierno de España en tres materias concretas, como son las ayudas para la compra de fertilizantes, la lucha contra enfermedades animales y vegetales, además de actuaciones vitivinícolas y las reducciones fiscales, estaríamos hablando de una movilización de recursos por valor de unos 20 millones de euros en nuestra región”. De estos fondos “podrían beneficiarse todos los agricultores y ganaderos riojanos”.

La portavoz adjunta ha explicado que, en su conjunto, el Estado “ha movilizado más de 1.100 millones de euros en ayudas al sector primario para paliar la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio, más del doble que la media europea”. Por lo que respecta a la ayuda a la compra de fertilizantes, en el caso de La Rioja “esto se traduce en un montante total de 8,5 millones de euros en ayudas, de las que podrán beneficiarse unos 10.000 agricultores en activo”.

Si hablamos de las ayudas para la lucha contra enfermedades animales y vegetales y actuaciones vitivinícolas, Orradre ha señalado que, en el caso de La Rioja, “esto supone un montante total de 5,4 millones de euros para financiar el desarrollo de medidas contempladas en la Intervención Sectorial Vitivinícola de la PAC para el ejercicio 2027”. Y, más concretamente, “para acciones en materia de reestructuración y reconversión de viñedos y para las inversiones en transformación y comercialización”.

Y, finalmente, en materia fiscal, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado que “la importante rebaja fiscal aprobada por el Gobierno de España para todo el sector agroganadero ha permitido que 10.000 agricultores y ganaderos riojanos se hayan beneficiado de forma directa ya en sus declaraciones de la renta de 2025 de un ahorro de más de 5 millones de euros”.