En 1968 la revista Science publicó un artículo del biólogo texano Garret Hardin que se iba a transformar en un clásico de la literatura económica de la segunda mitad del siglo XX. En él, Hardin sostiene que si todo el mundo tiene acceso libre a un terreno, cada uno de nosotros intentaremos llevar la mayor cantidad de animales posible. Mientras más animales llevemos, mejor para nosotros. El problema -la tragedia, dice Hardin- se produce porque maximizar nuestro beneficio implica pérdida para el resto. Y si todos hacen lo mismo, todos pierden y nadie se beneficia. En palabras del propio Hardin,

Y ahí está la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes implica la ruina para todos.

La única salida para esta tragedia, para Hardin, era un sistema de propiedad, con intervención gubernamental o la propiedad privada del terreno común, dado que de lo contrario esos bienes colectivos estaban destinados al abandono y la falta de gestión.

Este corolario parece haber sido repetido como un mantra por varias generaciones de economistas, muchos de los cuales han terminado convenciéndose de ello, haciendo apuestas que apuntan a la destrucción y consiguiente propietarización de estos recursos de uso común (sin ser economista, es la mejor traducción que se me ocurrió para los “common-pool resources”) como una manera eficiente de gestión.

Hasta que llegó Elinor Ostrom. En un libro de 1990 llamado “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”, le envía un flechazo al corazón a la tesis de Hardin, sosteniendo -entre otras cosas- que para evitar la tragedia, lo relevante no es el sistema de propiedad sino el sistema de administración. Ostrom sostuvo que existe una tercera vía de administración de esos recursos de uso común, cuando los individuos usan normas sociales e instituciones muchas veces informales para hacer una gestión que muchas veces es superior a la mera privatización de dichos recursos. De alguna manera, parece sugerir Elinor, en condiciones de escasez resultan más eficientes estructuras de colaboración entre los individuos antes que la depredación indidivual.

Por cierto que la tesis de Ostrom no es aplicable a toda clase de problemas. Pero probablemente donde con mayor claridad es posible aplicarlo es, sorpresa, a las nuevas formas de asociatividad promovidas por las nuevas tecnologías. Tal vez el ejemplo de la Wikipedia o la construcción del sistema operativo Linux sean buenos ejemplos al respecto. Por otro lado, la regulación de la propiedad intelectual y el dominio público también tienen cosas que decir. En un artículo titulado “Ideas, Artifacts, and facilities: Information as a Common-Pool resource“, Ostrom y Charlotte Hess aplican dicha teoría al campo de la investigación científica y las publicaciones académicas con resultados interesantes. Respecto de la información académica, expresamente Ostrom señala que la tragedia de los comunes no parece tener cabida. Entre otras razones, porque existe una cantidad importante de razones que incentivan la producción de investigaciones científicas y la colaboración entre investigadores, como la necesidad de tener información al día, los altos costos de acceso de publicaciones indexadas privadamente o la necesidad de diseminar el conocimiento en forma inmediata, gracias a repositorios e índices de acceso abierto.

Como sea, pareciera ser que con el Nobel se comienzan a escuchar lejanas las conclusiones trágicas de Garrett Hardin cuando las oportunidades y herramientas que permiten la colaboración son únicas en la historia. En un mundo donde muchos paradigmas económicos parecen estar en una encerrona fatal, muchos queremos que Elinor Ostrom tenga razón.

Fotografía: rpdorgan, Flickr.

Escuche Circobit #14: Especial Propiedad Intelectual: censura, cortes, y las teorías locas del doctor Moffat.

Por otro lado, muchas veces nos quejamos de la postura norcéntrica de muchas de estos desarrollos, en términos de que no pocas veces la realidad de los países en vías de desarrollo no deja de ser una anécdota. En el caso de los repositorios institucionales, en cambio, la situación es diferente, donde en Chile tenemos el caso del repositorio de la Universidad de Chile, por ejemplo, es considerado como un ejemplo por la cantidad de material incluido, por sus políticas de propiedad intelectual que permiten licenciamiento abierto, y por su vinculación tecnológica con repositorios de todas partes del mundo, para dar más visibilidad a dicho conocimiento.

Uno podría hacer una serie de reflexiones al respecto, relativas a la barrera idiomática si las publicaciones no están en inglés, a la estandarización documental, a la liberación de las bases de datos, entre muchas otras que, probablemente, les comparta en un próximo artículo (?). Hoy quedémonos con las estadísticas de Heather Morrison para el archivo.

Directory of Open Access Journals (DOAJ): sobre 4000 revistas full open access, se añaden 2 títulos al día.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories): recopila información de más de 1500 repositorios alrededor del mundo, agregando uno al día.

Scientific Commons: 30 millones de publicaciones en línea gratuitamente, se agregan 20.000 al día.

PubMedCentral: El 20% de la literatura médica de todo el mundo se libera gratuitamente 2 años después de la publicación, el 10% inmediatamente al momento de la publicación.

En estos días ha aparecido en prensa la existencia de un proyecto de ley que pretendería establecer censura en internet, cortar la conexión a internet y dejaría a los prestadores de internet (ISP) como policías para perseguir infracciones a la ley de propiedad intelectual.

Dos noticias. La primera es que existe un proyecto de ley, pero de propiedad intelectual. La segunda es que el proyecto no contempla ninguna de esas tres cosas. No existe, en definitiva, ningún proyecto de censura en Internet.

El proyecto de ley, por el contrario, es el primer esfuerzo serio de tener un sistema de derechos de autor equilibrado y justo, con excepciones y limitaciones para bibliotecas, establecimientos educacionales y público en general. Un proyecto que adapte de una buena vez la ley que data de 1970 y que, a estas alturas, es insuficiente para la realidad del siglo veintiuno.

En el contexto de la ley ha habido dos grandes debates. El primero, respecto del establecimiento de una excepción que garantice usos justos, al que en un principio se opuso fuertemente la SCD y los sellos discográficos. El segundo, el sistema de notificación y bajada del sistema de limitación de responsabilidad de los ISP. Resabio del TLC con Estados Unidos de 2003, Chile está obligado a regular un régimen especial de limitación de la responsabilidad de los ISP por los eventuales ilícitos que se realicen a través de sus redes. La SCD junto con los sellos discográficos hicieron fuerte lobby a favor de un sistema de notificación privada para que el ISP se viera obligado a bajar contenidos eventualmente infractores. Por medio de una mera carta certificada, proponían, el ISP debía bajar esos contenidos o de lo contrario sería él el responsable de dichas infracciones.

Como ese tipo de notificación adolece de problemas constitucionales, finalmente lo que el Senado adoptó fue un sistema mediante el cual cualquier bajada de contenidos debe suponer previamente una resolución judicial. Es decir, no cualquier notificación ni carta certificada, sino el estudio previo por parte de un juez que garantice la idoneidad de la medida restrictiva de derechos.

Pero se les coló el artículo 85 T, que en una redacción confusa señala que:

Artículo 85 T. (…) El prestador de servicio que voluntariamente o ante un requerimiento, de buena fe, retira, inhabilita o bloquea el acceso a material, basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo por esas acciones en la medida que, tratándose de material alojado en sus sistema o red, notifique sin demora al proveedor del material, que se ha retirado, inhabilitado o bloqueado el acceso a éste. Si el proveedor del material realiza una comunicación informando su sometimiento a la jurisdicción del tribunal competente de su domicilio en un proceso por supuesta infracción, el prestador de servicio deberá reestablecer el material en línea, a menos que en el intertanto el requirente haya presentado una medida prejudicial o una demanda ante el tribunal competente que ordene o ratifique el retiro, inhabilitación o bloqueo de acceso al material.

El artículo, según mi opinión, adolece de una serie de defectos y, por lo demás, no guarda relación con la lógica de notificación judicial para cualquier bajada de contenido. Efectivamente puede suponer una puerta para abusos de los ISP. Pero de ahí a sostener que se está autorizando al ISP para bajar contenidos y cortar conexiones, hay un buen trecho. Ni siquiera este artículo, de deficiente técnica legislativa, supone la censura en la red, como algunos han señalado.

Por otro lado, el proyecto de ley tiene muchas deficiencias, como la inexistencia de sistema público de protección del patrimonio cultural común, o resolver el problema de las obras huérfanas, por sólo dar dos. Pero pretender echar por tierra un proyecto de ley que por primera vez en la historia de Chile va a equilibrar los intereses del público estableciendo excepciones claras para el público es absurda y, como bien dice Carlos, sería el gran triunfo de quienes quieren un sistema extremista de propiedad intelectual sin excepciones.

Por otro lado, las campañas que han aparecido en internet, lejos de alentar un sistema adecuado o justo de propiedad intelectual al parecer no hacen sino poner obstáculos a la compresión de los derechos de autor no sólo como protección de propiedad, sino también como garantías de acceso al conocimiento y la cultura. Saturar las casillas de correo de los diputados con mensajes equívocos y otros derechamente equivocados respecto del proyecto, lo único que hacen es darle razones a quienes quieren seguir discutiendo esto entre cuatro paredes, de espaldas a la gente. Un activismo digital de verdad, es un activismo que se haga responsable y con la verdad, no con supuestos ni con intuiciones. Y eso veo que hace mucha falta en estos días.

Foto: St3f4n, CC:BY-NC-SA

La inglesa Lily Allen, que se hizo famosa por canciones en un MySpace, quería dar una batalla en internet a favor de los artistas. Que internet está mal y que mata la música y la cultura. Que los ISP son malignos y se llevan plata que le corresponde a los artistas. De esas cosas que hemos escuchado por acá últimamente.

Lily anunció que montaría un blog para mostrar su verdad sobre el debate respecto de la piratería. Montó un blog y lo llamó ‘It’s not alright‘, que en castellano podría traducirse como “Esto no está bien”, un nombre que llenaría de orgullo a nuestro Juan Guillermo Tejeda.

El experimento duró cuatro días y Allen decidió cerrar el blog.

¿Soy el único al que le parece conocida esta historia?

Fotografía por NRK CC:BY-NC-SA