Las opiniones vertidas en cada entrega son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan necesariamente la posición institucional de Funvisol.

Testimonio de Isabel Allende. Escritora chilena. Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010. Autora de La casa de los espíritus (1982), Paula, De amor y de sombra, Eva Luna y decenas de otras obras traducidas a más de cuarenta idiomas. Sobrina del Presidente Salvador Allende, vivió exiliada en Venezuela tras el Golpe de Estado de 1973.

Hablar de la Vicaría de la Solidaridad es hablar del Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien se erigió desde el primer momento después del Golpe de Estado en el máximo defensor de los derechos humanos. La Vicaría de la Solidaridad, que el Cardenal creó con la venia del Papa Pablo VI, fue refugio de los perseguidos, los torturados, los familiares de los detenidos desaparecidos.

Sin la existencia de la Vicaría, ¿cuántos casos de atropellos a los derechos humanos habrían quedado sin investigar, sin resolver, sin perseguir? ¿Con cuántas más víctimas de abusos habría contado la triste historia de Chile en ese periodo?

De cierta manera, ese techo de amparo que fue la Vicaría fue la única justicia con la cual contaron las víctimas de atropellos durante la dictadura. Allí se encontraba asistencia legal y allí quedaba la constancia, los archivos, las denuncias, los testimonios, y muchas veces, torturadores que no pudieron seguir viviendo con sus conciencias se acercaron a la Vicaría de la Solidaridad para confesar su crimen.

Cuando la vida y la integridad física de los perseguidos por la dictadura quedaron sin protección alguna por parte de los tribunales de justicia, la Vicaría de la Solidaridad tomó en sus manos esa labor de amparo e impidió la muerte de miles de personas. Pero tal vez lo más importante de la maravillosa labor de esa Vicaría fue decirles a los chilenos: ustedes no están solos.

50 años después, recordando el nacimiento de ese reducto de dignidad humana, solo queda agradecer su existencia y el hecho de ser para siempre la memoria más importante de aquellos tiempos atroces.

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Consultada sobre qué lección saca la oposición de la tramitación legislativa del proyecto de Reconstrucción Nacional, la timonel del FA apuntó a la relevancia de actores fuera del Congreso. En primer lugar, calificó el proyecto del Gobierno como “la megarreforma tributaria más regresiva desde la dictadura” y aseguró que “institucionaliza la desigualdad”. 

Martínez reconoció que su sector tiene minoría en ambas cámaras en el Parlamento. “Por lo tanto, creo que un factor a considerar muy importante es que vamos a tener que buscar herramientas para sacar la conversación de las cuatro paredes del Congreso, eso es lo que tenemos que hacer ahora”, subrayó.

 

En esa línea, destacó el rol que jugaron lo alcaldes en el debate, “que pudieron, de alguna forma, hacer entrar aire a la conversación“. “Los propios vecinos hoy día tienen mucha más claridad de que este no era un proyecto de reconstrucción, era un proyecto de reforma tributaria”, indicó. 

“Desarmar esas mentiras requiere otras vocerías y en eso hay una opción en los alcaldes, los concejales, pero también tenemos que construir fuerza social y política desde la oposición que permita que otras voces ingresen a la conversación y hacer partícipe a las personas de esa conversación”, aseguró la presidenta del FA.

Lo anterior, dijo Martínez, se trata de una decisión política que requiere “ceder posición, ceder vocería” para dejar que otros ingresen. “Por eso digo que la posición de los alcaldes muestra una buena fórmula que todavía no logra ser suficiente, porque creo que acá también hay que interpelar más y con mayor claridad a la derecha, a quienes creen que este está siendo un Gobierno extremo, porque vemos que hay algunas voces dentro del Congreso que están incómodas con esta situación”, agregó. 

En tanto, la dirigenta frenteamplista hizo una reflexión sobre el momento que viven los movimientos sociales. Aseguró que hay un trabajo permanente, “pero tenemos que hacer más”, dijo.  En ese sentido, planteó la necesidad de tener la convicción de que la solución no vendrá simplemente de la política, sino que tiene que surgir “desde la fuerza social organizada de la gente”.

“Tienen una labor importante los partidos políticos, con eso no quiero omitir la enorme responsabilidad que tenemos nosotros, lo que sí quiero transmitir es que no podemos nosotros solos, porque nosotros no tenemos ni el poder económico ni los poderes comunicacionales”, afirmó.

Martínez sostuvo que lo único que tiene la izquierda es lograr que la ciudadanía adscriba a su proyecto. Si bien reconoció que hoy cuentan con minoría en ese aspecto, llamó a no quedarse en la “desesperación” o la “tristeza” ante lo que está pasando, sino a enfocarse en cómo construir y ofrecer una alternativa real.

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La representante nacional alcanzó una mejor marca de 6,09 metros, registro que la ubicó en el cuarto lugar del Grupo B y en la octava posición de la clasificación general entre las 26 atletas participantes.

Con ese resultado, Contreras consiguió uno de los 12 cupos disponibles para la final, consolidando una destacada actuación en uno de los escenarios más importantes del atletismo juvenil mundial.

 

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La clasificación representa un importante paso para la atleta chilena, que continúa sumando experiencia internacional y manteniendo a Chile en competencia dentro de una prueba históricamente exigente.

La participación nacional en el Mundial U20 continuará este jueves 6 de agosto con una intensa programación que contempla la presencia de ocho deportistas chilenos en distintas disciplinas.

La jornada comenzará con las series de los 400 metros con vallas, donde competirán Elisa Aguado, Alonso Guzmán y Benjamín Tejos.

Más tarde será el turno del relevo mixto 4×100 metros, prueba en la que Chile estará representado por Franco Steffoni, Pilar Rodríguez, Tomás León y Roxana Ramírez.

El cierre de la jornada tendrá nuevamente como protagonista a Sofía Contreras, quien disputará la final del salto largo con la posibilidad de luchar por una posición destacada entre las mejores especialistas juveniles del mundo.

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Según el abogado del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz, el procedimiento policial se activó a las 20:00 horas del miércoles. Los hechos se registraron en un departamento del sector de Nueva Aurora, comuna de Viña del Mar. De acuerdo con los primeros antecedentes, “una de las personas involucradas solicitó al conserje del edificio que llamara Carabineros, señalando haber sido agredida”.

Díaz agregó que durante la intervención “observó desorden, daños en distintas especies y las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra actos de agresión y una de ellas habría conocido haber provocado daños al interior del inmueble”. El abogado precisó que se habrían producido agresiones recíprocas “entre dos personas adultas y una de aquellas sería el senador Fidel Espinoza”.

Pese a que ninguna de las dos partes quiso presentar una denuncia formal y “se negaron a concurrir a un centro asistencial para constatar lesiones”, el Turno Regional fue informado y este “dispuso continuar con las diligencias destinadas al procedimiento de lo ocurrido”. Por ello, se ordenó recopilar los registros de audio de la Central de Comunicaciones de Carabineros y el registro CAD, así como tomar declaraciones al conserje, a los funcionarios participantes y a posibles testigos. También se dispuso la documentación fotográfica de los daños y lesiones.

Además, la Fiscalía instruyó recibir declaraciones de los involucrados en calidad de imputados, verificar la existencia de armas de fuego inscritas y realizar rondas periódicas al domicilio durante al menos 30 días.

El senador Fidel Espinoza se pronunció a través de una declaración pública y sostuvo que “los hechos señalados tienen que ver con una situación de carácter personal que se produjo en el contexto de una discusión entre dos personas adultas, en un recinto particular y privado, donde no existió de parte de nadie ningún acto de violencia física ni verbal”.

En el texto, el parlamentario añadió que Carabineros concurrió al lugar y se retiró sin recibir denuncias. Espinoza afirmó que no existe denuncia en su contra ni ha sido formalizado y señaló que, por respeto a la privacidad y a las instituciones, no hará más declaraciones sobre el asunto.

La entrada Fiscalía investiga a Fidel Espinoza por presunta violencia intrafamiliar: senador afirma que no existe denuncia en su contra se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

El fallo se adoptó con dos votos a favor y uno en contra, por lo que no alcanzó la unanimidad. Desde el tribunal explicaron que no se cuestionaron los presupuestos materiales del caso —esto es, la existencia de los delitos o la participación del imputado—, sino que la decisión se centró en la necesidad de cautela, argumentando que el mero transcurso del tiempo constituye un antecedente relevante a considerar.

Con esta resolución, Lavín León dejará en las próximas horas el Anexo Penitenciario Capitán Yáber para cumplir la nueva medida cautelar en su domicilio.

El cambio de cautelares se produce apenas tres días después de que el tribunal, el pasado lunes 3 de agosto, rechazara una solicitud similar. En esa ocasión, el abogado defensor Cristóbal Bonacic cuestionó el razonamiento del fallo que mantuvo la prisión preventiva.

“La resolución parte indicando que la prisión preventiva no es el único medio idóneo para poder garantizar los fines del procedimiento. La resolución no indica por qué otras medidas distintas a la prisión preventiva no cumplen con esa finalidad. Finalmente, la resolución mantuvo la prisión preventiva simplemente porque los delitos que se imputan pudiesen haber afectado la fe pública”, explicó el defensor.

Lavín León permanecía en prisión preventiva desde el 8 de mayo, fecha en que fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

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La decisión fue adoptada por unanimidad por el Pleno del organismo, integrado por su presidenta, María Pía Silva, junto a las ministras y ministros Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.

Según informó el TC, los tres requerimientos presentados por grupos de senadores y diputados fueron acumulados en una sola causa, bajo el Rol N.° 17.828-26-CPT, al referirse todos a distintas normas contenidas en el proyecto de ley, identificado con el Boletín N.° 18.216-05.

Las impugnaciones de la oposición apuntan al artículo que establece la invariabilidad tributaria, a las normas sobre compensaciones derivadas de resoluciones de calificación ambiental, a las limitaciones para presentar recursos dentro del Sistema de Evaluación Ambiental y a la regulación de las medidas cautelares en esos procedimientos.

Como parte del procedimiento, el Tribunal confirió traslado por cinco días corridos al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados para que, si lo estiman pertinente, presenten sus observaciones respecto de las impugnaciones formuladas. Concluida esa etapa, el Pleno resolverá el fondo de los requerimientos, para lo cual fijó una audiencia de alegatos para el próximo jueves 13 de agosto.

Previamente, el miércoles 12 de agosto a las 09:00 horas, el Tribunal realizará una audiencia pública destinada a escuchar a quienes soliciten intervenir en calidad de terceros interesados. Las personas o instituciones que busquen ser oídas deberán presentar su solicitud por escrito hasta las 12:00 horas del lunes 10 de agosto, acreditando su interés en las cuestiones de constitucionalidad sometidas al conocimiento del TC.

La resolución se conoce luego de que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara los vetos presidenciales incorporados al proyecto, mientras la oposición optó por recurrir al Tribunal Constitucional cuestionando distintos aspectos de la iniciativa. En ese contexto, el abogado constitucionalista Domingo Lovera había advertido que el organismo enfrentaría una discusión “inédita”, considerando la amplitud de las materias impugnadas y el alcance que podría tener un eventual pronunciamiento sobre el proyecto.

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La petición fue confirmada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del cual depende el servicio, y fue atribuida a una “pérdida de confianza”, causal que, según explicó la cartera mediante un comunicado, “está contemplada para los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública”.

A través del mismo escrito, el ministerio liderado por la ministra María Jesús Wulf aseguró que adoptará las medidas necesarias para que la salida de Castillo no afecte la continuidad del servicio. “El Ministerio adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento del Servicio y del trabajo que diariamente desarrolla en favor de los niños y adolescentes”, señaló la repartición pública.

El Gobierno no ha entregado mayores detalles sobre las razones concretas que motivaron la remoción, ni tampoco informó quién asumirá de manera interina la dirección nacional del organismo.

Mejor Niñez es la institución estatal encargada de brindar protección especializada a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Su labor se ejecuta a través de programas propios y de instituciones colaboradoras.

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La inseguridad alimentaria aguda podría aumentar un 22% en los países más expuestos a los efectos de El Niño, de acuerdo con un análisis publicado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe estima que la cantidad de personas afectadas pasaría de 225 millones a 274 millones hacia finales de 2027.

El estudio examinó la situación de 45 países donde el fenómeno climático amenaza con alterar los regímenes de lluvias, elevar las temperaturas y aumentar la frecuencia de sequías e inundaciones, factores que comprometen la producción de alimentos en territorios que ya enfrentan altos niveles de vulnerabilidad.

Entre las regiones identificadas con mayor riesgo aparece América Latina y el Caribe, donde más de 16 millones de personas podrían ver deteriorada su seguridad alimentaria. El reporte también sitúa a Centroamérica como la zona con el mayor incremento proporcional de personas afectadas, con un alza estimada de 83,1%.

El documento advierte, además, un escenario complejo para África oriental y austral. Allí, más de 18 millones de personas podrían sufrir un empeoramiento de su situación alimentaria, equivalente a un aumento del 26%. La ONU explicó que gran parte de esa región depende de la agricultura de subsistencia sustentada por las lluvias, por lo que una temporada seca o irregular repercute de manera directa en las cosechas y en los ingresos de los hogares.

En Asia y el Pacífico, el organismo proyectó que otros 8,2 millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria aguda. En tanto, África occidental y central podría sumar cerca de seis millones de personas a esa condición, lo que representa un incremento cercano al 12%.

El PMA indicó que El Niño alcanzaría su mayor intensidad entre septiembre y diciembre de 2026. Sin embargo, sostuvo que las consecuencias podrían mantenerse durante gran parte de 2027, ya que las alteraciones en los ciclos agrícolas afectarían las próximas temporadas de siembra y cosecha. El informe añade que algunas comunidades ya enfrentan sequías, inundaciones y temperaturas extremas, mientras otras podrían experimentar un agravamiento de esas condiciones en los próximos meses.

Como antecedente, el organismo recordó que el episodio de El Niño registrado entre 2015 y 2016 afectó la seguridad alimentaria de entre 60 y 100 millones de personas. A juicio del PMA, ese precedente da cuenta del alcance que puede tener este fenómeno cuando coincide con contextos de pobreza, conflictos o fragilidad económica.

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Expertos laborales señalan que los resultados deben ser mirados con cautela. En el trimestre abril-junio, la tasa de desempleo se ubicó en 9,4%, con lo que se completan tres meses con una cifra sobre el 9%, sus niveles máximos en cinco años.

A lo anterior, se suman las bajas cifras de creación de empleo. En el mismo período, se crearon 81 mil 778 plazas de trabajo, pero en paralelo, se destruyeron 32 mil 800 empleos formales.

En conversación con La Tercera, la economista de Clapes UC, Carmen Cifuentes, sostuvo que la baja en los despidos por necesidades de la empresa, “no necesariamente muestran una recuperación del mercado laboral”. 

“La caída de 4,6% es una señal favorable en el margen, pero debe interpretarse con cautela, porque mide solo una causal específica de término de contrato y no considera lo que está ocurriendo con las nuevas contrataciones. El empleo puede seguir debilitándose si las empresas están contratando aún menos trabajadores, no renuevan contratos a plazo o reducen sus dotaciones mediante otras causales”, advirtió.

Cifuentes argumentó que “las cifras del INE son consistentes con un mercado laboral de baja rotación y escasa demanda por trabajo”. “En el trimestre abril-junio, la fuerza de trabajo creció 1,5%, mientras el empleo aumentó solo 0,9%, llevando la tasa de desempleo a 9,4%. Además, el crecimiento del empleo se concentró en trabajadores por cuenta propia y asalariados informales, mientras el empleo asalariado privado formal continuó retrocediendo”, indicó.

Una visión similar tuvo el director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, quien planteó a dicho medio que “este antecedente no significa que el mercado laboral esté en recuperación, sino que refuerza que la debilidad del mercado laboral tiene mucho más que ver con un bajo dinamismo en la generación de puestos de trabajo y no con un fuerte aumento de las desvinculaciones”.

Bravo recordó que en el trimestre abril-junio 2026 “se destruyeron más de 126 mil empleos asalariados formales en el sector privado respecto al mismo periodo del año anterior y es esto lo que está afectando el dinamismo de la creación de empleo”.

“Las principales razones detrás de la destrucción del empleo asalariado formal en el sector privado que estamos observando son el paupérrimo desempeño de la economía durante el primer semestre de 2026 y el impacto que ha tenido el alza de costos salariales por hora desalineados de la productividad laboral, especialmente en las mipymes”, dijo.

También en diálogo con La Tercera, el exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, Cristián Duarte, afirmó que la caída acumulada en los despidos por necesidades de la empresa “es una señal positiva, pero claramente insuficiente para hablar de recuperación. Revela que el ritmo de desvinculaciones se está frenando, pero no necesariamente que la contratación se esté reactivando”.

En esa línea, acotó que “las cifras del INE respaldan esta cautela: la fuerza laboral crece más rápido de lo que el mercado genera empleo, lo que mantiene el desempleo estancado en 9,4% y presiona al alza la informalidad. Más que un repunte, podríamos hablar de una moderación en la destrucción de puestos de trabajo dentro de un mercado que sigue debilitado y sin capacidad de absorción”, estimó.

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El Registro de Vándalos: violaciones múltiples y simultáneas

Este proyecto de ley que crea el Registro de Vándalos e Incivilidades ha generado debate legítimo sobre seguridad ciudadana. Sin duda, nadie discute que el Estado debe proteger espacios públicos, la pregunta relevante es cómo interviene: bajo qué principios, con qué garantías. Y es aquí donde emergen los problemas graves desde un enfoque de derechos humanos.

Partamos con un ejemplo. Un grupo de estudiantes universitarios de medicina protestan por las condiciones en que están estudiando. Como es normal, ante la ausencia de respuesta a sus demandas, ocupan el edificio central de la Facultad de Medicina. Entra la fuerza pública a los pocos minutos, detiene a los manifestantes y el fiscal decide formalizarlos por “ocupación” de un edificio público y se les dicta como sentencia una multa por la infracción cometida. Ese hecho, esto es, “la toma” de la Facultad es considerada una usurpación de inmuebles destinados a la educación superior por el proyecto de ley y se les aplican, automáticamente, las consecuencias que contempla la ley. Así, pierden la gratuidad por tres años (24 millones), algunos estudiantes no podrán seguir cursando sus estudios; se les inhabilitan su Tarjeta Nacional Estudiantil, no podrá renovar licencia de conducir ni pasaporte; prohibido acceder a programas habitacionales y subsidios de arriendo; incorporación a un registro público, con acceso liberado a terceros. Todo por una acción legítima de protesta, sin haber ocasionado daño alguno.

Primero, violación de legalidad. El proyecto distingue entre delitos (tipificados en Código Penal, sancionados por tribunales) con incivilidades (infracciones administrativas, sancionadas por juzgados de policía local), pero usa éstas para producir efectos cuasi-penales: registro público permanente, restricción de derechos fundamentales. Esta hibridación es imprecisa, inconstitucional e inconvencional. Es así como, conceptos deliberadamente vagos como “rayados no autorizados” o “dibujos” comprenden tanto daño patrimonial criminal como expresión política (murales con consignas sociales, rayados de demanda ciudadana). “Comercio ilegal” afecta vendedores informales sin documentación, sin distinguir por intención o daño real. “Interrupción de la libre circulación”; incluso sin medios de violencia. Sin claridad conceptual ni normativa, la incorporación al Registro dependerá de interpretación subjetiva: será arbitraria y selectiva. Esto viola artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (no hay crimen sin ley previa clara) y el derecho fundamental al debido proceso (art. 8 CADH) (los procesos en juzgados de policía local no cuentan con las garantías de las sanciones penales).

Segundo, desproporcionalidad radical. Un joven que hace un dibujo en un muro (por ejemplo, un daño de $ 80.000) pierde acceso a gratuidad durante 2-3 años (una restricción de $ 8-16 millones por carrera de 4 años). Consecuencia 100-200 veces mayor que daño causado. Ni el Código Penal chileno admite desproporcionalidad de esta magnitud. Así pues, el proyecto aplica idéntica restricción de derechos educativos a un rayado menor que al asesinato de un fiscal. Sin graduación según gravedad de los actos y sus consecuencias, no hay forma de satisfacer el principio de culpabilidad. Además, debemos tener presente que existen alternativas menos lesivas para este tipo de actos, disponibles y comprobadamente efectivas: multas progresivas según daño real, reparación comunitaria (trabajo comunitario), restricciones laborales específicas y temporales, educación reparatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando existen alternativas menos lesivas para alcanzar fin legítimo, la medida restrictiva es ilegítima. El proyecto incumple con este test fundamental de proporcionalidad.

Tercero, violación del Interés Superior del Niño (Convención sobre Derechos del Niño). El proyecto afecta directamente niños/as y adolescentes (NNA) en años críticos de su desarrollo (14-18 años): estudiantes de enseñanza media que rayaron un muro, menores vendiendo en la calle, jóvenes consumiendo en plazas públicas. Además, restringe el acceso a herramientas educativas fundamentales: acceso al pase cultural, TNE, acceso a espectáculos deportivos. La investigación criminológica comparada demuestra que la marginalización educativa no disuade conductas, al contrario, empuja a la criminalidad. Es así como, los menores excluidos del sistema formal tienen una probabilidad incrementada de incurrir en carreras criminales. Los niños cuyas madres pierden el subsidio de vivienda por “comercio ilegal” enfrentan riesgo inmediato de situación de calle, vulnerables a explotación, tráfico, consumo de drogas. En síntesis, el proyecto no contempla un análisis diferenciado de impacto en NNA.

Cuarto, una nueva “muerte civil”. El proyecto establece 15 sanciones colaterales de aplicación automática por el solo hecho de ser incorporado al registro: prohibición de licencia de conducir (afecta empleo), pasaporte (bloquea oportunidades internacionales), subsidios habitacionales (impide reinserción), ingreso a espectáculos masivos (exclusión social total), ente otros. Todas ellas se aplican en forma automática, sin consideración al caso concreto. Vistas en su conjunto, configuran una forma de exclusión civil sin condena penal que la justifique en el caso concreto.

Quinto, trascendencia de pena a terceros. Una madre registrada por “comercio ilegal” pierde subsidio de vivienda ($ 300.000/mes). Sus hijos menores pierden su hogar, por tanto, si bien no participaron en la conducta ilícita, son víctimas de restricción injustificada en sus derechos. Las mujeres representan 60% de beneficiarios de subsidios previsionales y habitacionales, por lo que su impacto social es relevante. Esta aplicación de medidas más allá de la persona que comete la infracción viola el principio de no afectación de terceros inocentes (art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Sexto, violación del derecho a protección de datos (Art. 19 N°4 Const., Ley 21.719). El proyecto recopila información para un fin (sancionar vandalismos), pero la desvía para otro (restricción de beneficios sociales). Existe riesgo alto de errores administrativos irreparables: un ciudadano registrado por error quedará excluido de educación, vivienda, pensión, sin mecanismo expedito de rectificación.

Séptimo, estigmatización digital permanente. Aunque la vigencia del registro sea de 2-3 años, la información persiste indefinidamente en redes sociales. Surge así el riesgo de que los empleadores encuentran “Registrado en Vandalismos” en búsqueda online, arrendatarios evitan rentar a “registrados”, etc. Esto crea una marca digital permanente que impide la reintegración real.

Octavo, discriminación social. El proyecto es nominalmente neutral pero afecta desproporcionadamente a sectores carenciados: 60% de estudiantes depende de gratuidad. Un joven clase alta que raya un muro igual accede a universidad y completa carrera; un joven clase baja que rayó muro, pierde gratuidad y es excluido del sistema. Es así como el sistema punitivo concentra la vigilancia en población pobres y, además, ahora concentra las restricciones de derechos educativos, sociales y culturales en esa población. Debemos recordar que la discriminación de facto por posición económica está prohibida por los convenios internacionales de derechos humanos de que Chile es parte.

Este proyecto se inspira en una medida tomada en Inglaterra a fines de la década de 1990: ASBO británicas (1998-2014). Estas medidas fueron derogadas en 2014 por ineficacia comprobada, ya que no redujeron conductas antisociales, criminalizaron excesivamente a jóvenes y generaron injusticia desproporcionada. Chile está adoptando un modelo que la democracia británica rechazó hace una década. Por último, no existe evidencia empírica de correlación entre pérdida de beneficios y reducción delincuencia.

En definitiva, frente a este proyecto es necesario un rechazo categórico, al igual que el que se produjo en el caso de “aulas protegidas” por parte del Tribunal Constitucional. No porque proteger espacios públicos sea un mal objetivo, sino porque el proyecto viola simultáneamente garantías constitucionales y convencionales fundamentales: legalidad, protección de datos personales, interés superior del niño, proporcionalidad, eficacia comparada, prohibición de “muerte civil”, no trascendencia de pena a terceros, protección contra estigmatización digital permanente.

El caso Bernarda Vera: entre investigación legítima y negacionismo político

El caso de Bernarda Vera corresponde al hallazgo con vida de una mujer chilena que figuró oficialmente durante 53 años como detenida desaparecida de la dictadura civil-militar. Antecedentes sobre su situación fueron recopilados por el Programa Nacional de Búsqueda y puestos a disposición de la Justicia, quien a través del ministro de corte Alvaro Mesa, determinó que la persona encontrada en Argentina era Bernarda Vera. Si bien en este caso la institucionalidad funcionó, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha formulado una serie de declaraciones usando este caso para atacar al sistema de búsqueda.

El Estado tiene obligación internacional de investigar activamente desapariciones forzadas. Luego de décadas, ni las instituciones involucradas en estos crímenes ni los individuos responsables han colaborado (cuestión que le consta al ministro Rabat, quien fuera abogado del propio Augusto Pinochet). En un caso donde las instituciones han funcionado y se ha logrado dar con el paradero de una mujer detenida y desaparecida, se busca utilizar ese caso para poner la cuestión la obligación del Estado de investigar y buscar a todos los desaparecidos. Obviamente, que la revisión de errores administrativos en reportes es necesaria y legítima, ya que contribuye a integridad investigativa, credibilidad institucional, reparación integral de familias. Usarla como excusa para no investigar, es inaceptable,

La Corte Interamericana ha sostenido que las investigaciones punitivas innecesarias contra víctimas y familiares configuran revictimización. Especialmente grave es cuando se persigue penalmente a familias por supuesta “orquestación para defraudar al Estado”, sin evidencia clara, al amparo de error administrativo aún siendo esclarecido. El enfoque debe ser el esclarecimiento cooperativo de hechos, no la persecución penal de quienes sufrieron graves violaciones.

Es interesante y muy preocupante, que aquí exista un patrón de conducta: el gobierno busca socavar la credibilidad institucional de las investigaciones de DDHH. Así, un error legítimo se convierte en “prueba” de negacionismo sistemático. Esta es una nueva expresión del proceso de regresión autoritaria que atraviesa país: narrativas negacionistas desplazan obligaciones de garantía que Estado asumió internacionalmente.

Frente al casos como el de Bernarda Vera, es necesario garantizar que investigaciones técnicas independientes no sean instrumentalizadas políticamente por gobiernos posteriores. Corresponde: (1) investigación rigurosa y transparente de todos los hechos, incluyendo cualquier error administrativo que pueda existir; (2) reparación integral a familias víctimas sin condicionalidades punitivas innecesarias; (3) blindaje institucional robusto de investigaciones de DDHH respecto de presiones políticas externas; (4) rechazo categórico y explícito a narrativas de negacionismo que instrumentalizan dudas técnicas para socavar credibilidad de investigaciones históricas.

A qué estar atentos

El 05 de agosto se realizará la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar las medidas que está tomando el gobierno en materia de derechos humanos, particularmente, en temas relativos a Verdad, Justicia y Memoria, así como respecto de la institucionalidad de derechos humanos (INDH).

El 21 de agosto se conmemora el día del Ejecutado/a político/a organizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. La actividad se desarrollará en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a partir de las 18:30 h. en Matucana 501, Santiago (metro Quinta Normal).

La entrada El Registro de Vándalos e Incivilidades y el caso Vera: vigilancia expandida, rendición de cuentas retraída se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

La Roja juvenil enfrentará a República Checa en el inicio del Pool A, en un encuentro programado para las 20:00 horas en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, recinto que será uno de los principales escenarios de la cita planetaria.

El debut chileno marcará el comienzo de un nuevo capítulo para el voleibol femenino nacional, que buscará aprovechar la localía para competir ante las mejores selecciones juveniles del mundo.

Una jornada cargada de voleibol internacional

La actividad del Mundial comenzará mucho antes del estreno de Chile. Cada una de las sedes del torneo albergará tres partidos diarios, por lo que desde temprano habrá acción internacional con selecciones provenientes de distintos continentes.

El campeonato se disputará entre el 7 y el 17 de agosto y reunirá a 24 selecciones clasificadas, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos juveniles más importantes organizados por Chile en los últimos años.

 

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Chile integra un grupo de alta exigencia

El combinado dirigido por Raúl Pereyra comparte el Grupo A con Estados Unidos, Turquía, República Checa, Tailandia y Egipto, una zona que exigirá el máximo nivel competitivo de las nacionales.

La selección chilena llega al Mundial después de una intensa preparación internacional que incluyó un cuadrangular disputado en Temuco frente a Argentina, Brasil y Japón, experiencia que permitió al cuerpo técnico ajustar aspectos tácticos y dar rodaje internacional al plantel antes del debut mundialista.

 

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Dónde seguir el estreno de la Roja

Los fanáticos podrán seguir todos los partidos de Chile a través de VBTV y de CNN Chile, que transmitirá los encuentros de la selección nacional durante el campeonato.

Además, la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi) informó que el fixture completo, los horarios y los resultados actualizados estarán disponibles en su sitio oficial www.fevochi.cl.

La entrada Chile debuta en el Mundial Femenino U17 de Voleibol en un hito histórico para el deporte chileno se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, destacó que la legislación obtuvo un amplio respaldo político en la Cámara Baja, lo que —a su juicio— refleja el consenso en torno a la necesidad de modificar el SAE.

Si bien reconoció que en la Comisión de Educación hubo muchas críticas del Frente Amplio y del Partido Comunista, “en el sentido de que sería una suerte de contrarreforma”, para el parlamentario el resultado de la votación demuestra que el actual SAE requiere modificaciones.

El parlamentario sostuvo que el proyecto no elimina el sistema vigente, sino que conserva sus fortalezas mientras corrige sus principales deficiencias. “El SAE tiene elementos positivos, como la transparencia, por ejemplo, pero es un sistema muy rígido, centralizado y muy escaso en el mundo“, afirmó.

En ese sentido, explicó que “hay sistemas que combinan factores aleatorios con otro tipo de variables, pero un sistema tan centralizado como este, en que un algoritmo decide desde Santiago qué pasa con un niñito en Petorca, en Cabildo o en Coihueco, la verdad es que eso es muy raro”. Agregó que esa rigidez “resulta problemática especialmente en regiones”.

Bajo esa lógica, Pardo explicó que la reforma “flexibiliza” el modelo actual. “Permite seleccionar, o admitir más bien, por la vía de ponderar el rendimiento académico. Pero no solo el rendimiento académico, sino que muchas otras variables, en un proceso mutuo de admisión entre padres y colegios“, señaló, y enfatizó que el objetivo es incorporar mayor participación de las comunidades educativas sin abandonar el funcionamiento de una plataforma única.

Respecto de las observaciones realizadas por la mesa técnica convocada para revisar el SAE, el diputado descartó que el proyecto se aparte de sus recomendaciones. “No se aleja completamente de lo que recomienda la mesa técnica. Recoge, de hecho, varios aspectos”, defendió.

Según explicó, una de las principales coincidencias es que “incorporar una variable de mérito o de esfuerzo, de premio al esfuerzo, era necesario y creo que esa es la esencia de este proyecto“. Añadió que las diferencias radican principalmente en la forma de implementación, ya que el Ministerio de Educación optó por dividir el proceso en una etapa previa para los establecimientos que adopten la admisión mutua, manteniendo “una sola plataforma única que procesa el sistema completo”.

Uno de los cuestionamientos que ha enfrentado la iniciativa apunta a un eventual aumento de la discriminación en los procesos de admisión. Frente a ello, Pardo sostuvo que el texto incorpora resguardos explícitos.

“El proyecto establece una prohibición respecto de la discriminación arbitraria y esa prohibición no es palabras al aire“, aseguró el diputado, quien destacó que el sistema seguirá siendo “fuertemente regulado y supervisado por la Superintendencia”.

Además, enfatizó que los establecimientos que apliquen el nuevo mecanismo “tienen obligatoriamente que recibir un 20% de alumnos prioritarios” y que, por primera vez, “se establece un 10% para niños con necesidades educativas especiales”. “No es un proyecto que uno pueda presumir que tiene un sesgo poco inclusivo o discriminatorio“, recalcó.

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Esos datos son parte de los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes, aplicada por el Ministerio de Salud en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La encuesta —pionera en la incorporación del uso del vaper— es la primera con representación nacional y permitirá que Chile se incorpore a los reportes de la OPS sobre prevalencia del consumo de tabaco en jóvenes a nivel mundial.

El estudio incluyó trabajo de campo en colegios y liceos de las 16 regiones del país, abarcando una muestra de 7.204 estudiantes que al momento de responder el cuestionario —segundo semestre de 2024— tenían entre 13 y 15 años.

En el caso del cigarrillo, un 23,3% de los adolescentes entre séptimo básico y segundo medio declaró haber consumido tabaco alguna vez. Se observa una prevalencia ligeramente superior en mujeres (26%) en comparación con los hombres (20,2%). Mientras que un 9,3% reconoció ser fumador actual, sin diferencias significativas entre ambos sexos.

En relación con análisis previos, si bien los expertos indican que el consumo del cigarrillo tradicional se mantiene en niveles estables, llama la atención el rápido ingreso del vapeador como puerta de entrada al tabaquismo entre los adolescentes.

La ministra de Salud, May Chomali, calificó los resultados como alarmantes. “Sentimos que estamos en una zona de altísimo riesgo para nuestros adolescentes”, expresó.

Además, la autoridad agregó que “otra de las cosas que nos llamó mucho la atención de esta encuesta es la baja percepción de riesgo del uso de los vapeadores”.

“Toda la publicidad a la cual se ven expuestos nuestros adolescentes habla de lo interesante, lo cool”, añadió, advirtiendo que existe una sensación extendida de que el vapeador sería menos dañino que el cigarrillo, cuando —según sostuvo— “tiene exactamente el mismo riesgo”.

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“Ante los hechos ocurridos en dependencias del Senado y que involucraron un intercambio de expresiones entre dos senadoras, el Senado reafirma que las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la actividad parlamentaria”, señaló un comunicado.

“Sin embargo, estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, añadió la nota que firman Paulina Núñez (presidenta) e Iván Moreira (vicepresidente).

“Hacemos un llamado a todas las senadoras y senadores a privilegiar el diálogo, la argumentación y el respeto institucional, especialmente en aquellos debates que involucran materias sensibles para el país y respecto de las cuales existen visiones legítimamente divergentes”, agregó.

Finalmente, el comunicado informó que “por acuerdo de Comités” la Comisión de Ética será la encargada de pronunciarse sobre el tema.

Duros epítetos

Tras un punto de prensa en que un grupo de parlamentarios solicitó indultos al Presidente José Antonio Kast, la senadora Campillai se acercó a Flores y le dijo: “Usted que está siendo investigada por fraude al fisco, que trabaja con su amante, que paga a su amante”.

A esto, Flores respondió: “Grábenla para que vean cómo se comporta la gente. Cuando la gente vota por personas que intelectualmente son deficientes y que llegan por casualidades de la vida, pasan este tipo de cosas. Ella que tiene a una hija delincuente, a un nieto delincuente, a un círculo delincuente”.

Campillai arremetió de nuevo con: “Ojo con las palabras, yo no tengo hija delincuente, no me diga eso. Y usted que es una delincuente, usted debiera estar fuera, usted ya debería estar fuera porque usted está siendo investigada por fraude al fisco”.

En respuesta, Flores le dijo: “Usted le da vergüenza a Chile, señora. Y espero, Presidente, por favor, que indulten lo antes posible al capitán Patricio Maturana, a quien he tenido el privilegio de visitar en la cárcel (el oficial condenado por el escopetazo a Campillai), por la persecución, por lo que ha hecho esta mujer de victimizarse, que le han pagado indemnizaciones millonarias”.

Luego, Flores aseguró que Campillai “llegó acá única y exclusivamente porque da pena, por eso la eligieron, no porque tenga intelectualmente capacidad, ni porque tenga los conocimientos para llegar a ejercer un cargo que es por elección popular”.

El intercambio terminó cuando Flores le señaló que “necesita más que un médico por lo que le pasó, Necesita un psiquiatra”. Campillai respondió: “Voh necesitai un psiquiatra”, y Flores cerró con: “Se le salió lo poblacional, señora de feria”.

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“Hoy ustedes son lo más importante de nuestra patria. Lo han sido siempre, y eso ha sido reconocido por la ciudadanía, el valor, el coraje con que Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile se despliega a lo largo de todo de todo el territorio, día tras día, día y noche, le da tranquilidad y paz a nuestros compatriotas. El crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia ha ido ocupando espacios que no les corresponden. Quiero decirles que la mano ha cambiado”, señaló el mandatario.

“El Gobierno, la sociedad civil, todos los chilenos están hoy día muy agradecidos del trabajo preventivo que realiza Carabineros, del trabajo de investigación que realiza la PDI, y nada más importante que la unidad entre todas las fuerzas policiales. Hoy día, también, con la colaboración de Gendarmería Chile, que cumple un gran rol una vez que ustedes ejecutan las acciones preventivas, van a cambiar la mano de Chile”, añadió.

“Juntos somos más en contra del crimen organizado. Juntos vamos a lograr que Chile vuelva a tener ese lugar que nunca debió haber perdido de ser el país más seguro de toda Latinoamérica. El esfuerzo que ustedes realizan cuenta con todo el respaldo de nuestro gobierno, cuenta con el respaldo de la ciudadanía”, agregó.

“Chile descansa en sus fuerzas policiales y quería agradecerles personalmente, como dijo el ministro, como dijo el alcalde, hacer bien el trabajo de acuerdo a la ley, pero siempre con la fuerza de la ley. Sientan el respaldo de todos nosotros, ahí estaremos, y juntos vamos a recuperar nuestra patria. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes y a todos los colegas de ustedes a lo largo de todo Chile, que permiten que nuestra patria sea un lugar más seguro”, cerró el jefe de Estado.

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En cadena nacional, el mandatario partió destacando la aprobación de la ley de reconstrucción nacional, “uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos”

“Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos”, añadió.

También dijo que “miramos con atención, y sin triunfalismo, la cifra que el Banco Central entregó hace dos días: el Imacec de junio creció 2,4%, rompiendo cinco meses seguidos de caída. Un mes no hace una tendencia. Es el primer paso de un camino más largo que nos permita volver a crecer, a invertir y a soñar en grande otra vez”.

“UN ANTES Y UN DESPUÉS”

Sin embargo, enfatizó el jefe de Estado, “el crecimiento no tiene sentido si una madre no puede caminar tranquila por la calle sin temor a que la asalten. Vivir sin miedo es un derecho humano y es una de las primeras, y más importantes obligaciones, que tiene cualquier Estado”.

Luego, anunció que “hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”.

“Primero, perseguir sin descanso. Vamos a mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos. Nuestras siete áreas de gestión no persiguen delitos aislados: persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero. Vamos a perseguir a los que dirigen una banda, a sus ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros, uno por uno. Nadie se va a esconder detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso”, aseveró el mandatario.

“Segundo, capturar sin excusas. Vamos a ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, para que la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables. Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile. Vamos a identificar y perseguir a los prófugos de la justicia que llevan mucho tiempo al margen de la ley. Y vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente, para que nadie entre a Chile por donde no corresponde”, agregó.

“Tercero, juzgar con todo el peso de la ley. El carabinero, el policía, gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente. Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes”, recalcó.

“Cuarto, condenar sin beneficios. Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas. El narcotraficante que sigue dando órdenes desde la cárcel se va a someter a un régimen penitenciario especial que se lo impida. Y los bienes del crimen organizado van a ser decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado, sin excusas ni demoras”, anunció.

PROTECCIÓN SERÁ OBLIGACIÓN DEL ESTADO

A continuación, el Presidente expresó que “el mensaje es claro y directo: los chilenos van a recuperar su libertad, y los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre. Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer”.

También consignó que “son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso, que corresponden a mociones parlamentarias y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”.

En ese sentido, anunció que “he instruido al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante esta Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo en el menor tiempo posible. Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes”.

“La agenda de los chilenos es la seguridad de su barrio, es el sueldo de fin de mes, es la posibilidad de progresar con esfuerzo propio. Y esa agenda —la de ustedes— es la agenda de nuestro Gobierno. Cuando alguien les diga que estamos distraídos con otras cosas, sepan que no es cierto: estamos donde ustedes nos pusieron, trabajando para resolver lo que a ustedes les quita el sueño”, enfatizó el mandatario.

“Seguridad, economía y empleo son los tres ejes de este Gobierno, y en los tres vamos en la misma dirección en la que va el país. Chile quiere creer. Chile quiere crecer. Chile quiere vivir en paz. Y nuestro Gobierno, con la misma determinación con que logró aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional, y con la que busca lograr aprobar esta reforma de seguridad, no se va a desviar de su curso. Muchos dirán una vez más que aprobar esta ley será difícil. ¿Generará debate? Sí. Pero es todo por el bien de la Patria”, cerró el Presidente.

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La puesta en escena, dirigida y escrita por Millaray Lobos García, sitúa la acción en un estudio de radio desde donde nacen tres piezas breves del dramaturgo. A través de entrevistas, canciones, textos y diálogos, el montaje entrelaza lenguajes teatrales, musicales, filosóficos y visuales para construir una experiencia que busca involucrar al espectador desde la escucha y la percepción.

Para Lobos, la elección de la radio como soporte no responde únicamente a una decisión estética. “Es una fascinación por la radio misma como un medio que se ha sostenido en el tiempo, que ha atravesado todas las revoluciones tecnológicas y que, en sus variantes contemporáneas, sigue funcionando como un dispositivo que regula un cierto lugar común, un referente compartido para las personas”, explicó la autora.

La directora agregó que el dispositivo también responde a una necesidad de respetar la propia concepción artística de Beckett, quien dejó instrucciones precisas sobre el uso de sus obras. “Una de las piezas es efectivamente una pieza radiofónica. Hacerla en el teatro nos permite disponer de un escenario y compartir en vivo con el público, respetando las instrucciones del autor, que era que siguiera siendo una pieza radial”, expresó Lobos.

Así, a partir de esa premisa, el montaje juega con distintos niveles de realidad y con las posibilidades expresivas del sonido. “Lo radial tiene una doble medialidad: la del presente, en donde está ocurriendo, y la de lo grabado. Está el streaming en directo y, al mismo tiempo, el formato previamente grabado. Sentía que era un ecosistema propicio y fértil para hacer nacer, a partir de él, otros imaginarios”, precisó su directora.

Beckett para un mundo saturado

Más allá de la propuesta formal, el montaje busca conectar las preguntas del dramaturgo irlandés con el presente. Es en ese contexto que la actriz Paula Luchsinger manifestó que la vigencia de Beckett tiene relación, precisamente, con la necesidad de detener el ritmo acelerado de la vida cotidiana.

“Estamos saturados de noticias y de estímulos, y todos somos, de alguna manera, adictos al celular. Creo que el universo de Beckett lo que hace es parar eso y tratar de poner atención, no solamente en lo que se está diciendo, sino en lo que se siente”, reflexionó la artista.

En ese espacio de pausa aparecen las grandes preguntas existenciales. “Puede ser esto de preguntarse qué estamos haciendo, qué significa ser humano, qué significa vivir. Pero también, y para mí es lo que más he encontrado en este proceso, está la esperanza: el poder descubrir esa humanidad y esa conexión”, agregó Luchsinger.

Precisamente esa dimensión fue una sorpresa para la actriz durante el proceso creativo. “Yo tenía la sensación de que Beckett era mucho más el teatro del absurdo, de que nada pasa, y me he encontrado con la esperanza“, confesó la intérprete, quien añadió que “detrás de todo su pensamiento hay una esperanza en la humanidad, en la ingenuidad y en la ternura.”

Sobre los desafíos del montaje, Lobos compartió que el mayor de ellos fue hacer convivir distintos lenguajes sin perder la esencia del autor. “Es un desafío artístico, logístico, técnico y sensible. Quizás el mayor desafío artístico es transitar entre los distintos registros que apelan a modos de percepción y de escucha diferentes”, reveló.

A su juicio, esa diversidad de formatos responde al propio legado de Beckett. “Fue un autor muy múltiple que tuvo, en el corazón de su proyecto estético, el trabajo con la medialidad. Se interesó muy tempranamente por todos los medios de comunicación y por cómo la voz interior podía manifestarse de distintas formas”, explicó.

Por ello, la directora sostuvo que la obra transita constantemente entre diferentes registros: “Hay momentos humorísticos, otros más delicados; hay escenas con muy poca luz y otras con mucha luz; hay gestos cotidianos y gestos coreografiados. Pero todo eso sigue un hilo conductor que atraviesa la obra de principio a fin”.

En ese proceso, aseguró, hubo una preocupación permanente por mantener un diálogo fiel con el universo beckettiano. “Mi mayor autoexigencia fue liberar todo lo que se pudiera la obra de Beckett, abriéndola de distintas formas, pero manteniendo siempre una relación estrecha con lo que yo creo que él puede transmitir”, sintetizó la dramaturga.

Ese objetivo coincide con el deseo de Paula Luchsinger respecto de la experiencia que vivirá el público. “Si vienen y sienten, eso ya es un gran logro”, dijo la actriz. Y concluyó: “Me gustaría que la gente se quedara con esa esperanza. Creo que la sensibilidad no es una debilidad, sino justamente lo que nos hace humanos y lo que no puede reemplazarnos en un mundo que empieza a ser dominado por la inteligencia artificial y las fake news.”

Con un elenco integrado por Paula Bravo, Paula Luchsinger, Héctor Morales y Camila Ortiz de Zárate —junto a las voces de Gloria Münchmeyer, Sergio Rojas, Nicolás Copano e Yves Citton—, “No sé. Beckett” propone una relectura contemporánea de uno de los grandes autores del siglo XX, transformando la radio en un espacio desde el cual volver a escuchar las preguntas que, quizás, siguen sin respuesta.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la decisión del Ejecutivo de ingresar tres vetos supresivos y aseguró que, a pesar de que las normas aprobadas durante la tramitación parlamentaria persiguen objetivos legítimos, sus efectos terminarían siendo contraproducentes.

“Básicamente estamos proponiendo tres vetos supresivos. El anatocismo, que es el interés sobre interés; el olvido financiero y lo del pago a 30 días. Son tres iniciativas que suenan bien, nos parecen bien intencionadas, pero lamentablemente cada una de ellas genera efectos adversos y termina dañando lo que quiere proteger“, detalló el secretario de Estado.

Por 10 votos contra 3, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Agustín Romero (PRep), aprobó los tres vetos supresivos. Ahora estos deberán ser votados en la Sala de la Cámara Baja durante la próxima semana.

Uno de los vetos que concentró mayor controversia correspondió a la eliminación de la norma que fortalecía el cumplimiento del pago a 30 días para las micro, pequeñas y medianas empresas, disposición incorporada por iniciativa parlamentaria durante la discusión de la megarreforma.

La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó que el Ejecutivo terminó incumpliendo los compromisos que había asumido con el sector. “El ministro Jorge Quiroz engañó a las pymes. Dijo que esta megarreforma supuestamente iba a ser para promocionar el crecimiento económico, pero al final sabemos que solamente estaba dirigida para las grandes empresas. Para las pymes, nada”, sostuvo.

En esa línea, recordó que “la única medida que tenía esta reforma y que fue aprobada tanto en la Cámara como en el Senado era obligar al pago a 30 días, que hoy día están vetando”, por lo que calificó la decisión como “un portazo a las pymes”.

Desde el mundo gremial, el presidente de Converpymes, Roberto Rojas Puga, cuestionó duramente el uso del veto presidencial para revertir una norma aprobada por el Congreso. “Nos encontramos ante una situación que jamás hubiésemos pensado, que una herramienta constitucional como el veto presidencial se esté utilizando para legitimar o institucionalizar la injusticia y el atropello”, afirmó.

A su juicio, el Gobierno “veta la última alternativa que tenían las pymes para seguir sobreviviendo” y advirtió que la decisión provocará que “sigan cayendo muchas pymes”, con el consecuente impacto sobre el empleo.

Decisión del TC

En paralelo, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición. El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, explicó que las acciones actualmente ingresadas no consideran el debate sobre la compensación a las municipalidades, sino únicamente materias contenidas en el proyecto previo a esa última modificación.

Las impugnaciones apuntan al artículo que establece la invariabilidad tributaria, a las normas sobre compensaciones derivadas de resoluciones de calificación ambiental, a las limitaciones para presentar recursos dentro del Sistema de Evaluación Ambiental y a la regulación de las medidas cautelares en esos procedimientos.

Consultado por Radio y Diario Universidad de Chile sobre si el hecho de reunir múltiples materias en un mismo proyecto podría transformarse en un argumento constitucional, Lovera recordó que el TC ha desarrollado jurisprudencia sobre las denominadas ideas matrices de los proyectos de ley. Sin embargo, precisó que esa discusión finalmente no fue incorporada dentro de los requerimientos.

“Es un tema que efectivamente el Tribunal Constitucional ha discutido con anterioridad y dice relación con las denominadas ideas matrices. (…) Eso no es algo que se haya presentado en los requerimientos. Se discutió y hubo intercambios públicos entre varios especialistas, pero no es algo que esté siendo reclamado ahora”, expresó.

El académico afirmó que el principal aspecto novedoso de las acciones presentadas corresponde al cuestionamiento del régimen de invariabilidad tributaria. “Lo que es inédito en esta materia es el reclamo que se presenta respecto a la denominada invariabilidad tributaria. Lo que se ha dejado escuchar es que las invariabilidades tributarias siempre han existido y, por lo tanto, esto no debiese provocar ningún problema de constitucionalidad. Me parece que ese es un análisis equivocado”, señaló.

Para el especialista, el hecho de que existan regulaciones similares en el pasado “no significa que sean necesariamente constitucionales”, especialmente porque muchas fueron dictadas antes de la actual Constitución o durante la dictadura, cuando no existían mecanismos efectivos de control constitucional.

Por esa razón, Lovera estimó que aún resulta imposible anticipar el criterio que adoptará el TC. “Hay algunas experiencias posteriores durante democracia, pero muy acotadas, muy específicas y no de la envergadura ni de la amplitud en la que está contemplada en este proyecto. Por ello, cualquier juicio o pronóstico respecto de cómo resolvería el tribunal me parece aventurado, porque es una cuestión que por primera vez se va a discutir en el caso de la justicia constitucional“, afirmó.

Respecto de las consecuencias que tendría una eventual sentencia favorable a la oposición, el constitucionalista explicó que la propia Carta Fundamental regula los efectos de una declaración de inconstitucionalidad. “Los efectos prácticos están detallados en la misma Constitución. Los preceptos o aquellas partes de un proyecto de ley que sean declarados inconstitucionales no podrán ser parte luego de la ley que promulgue el Poder Ejecutivo”, precisó.

A ese escenario podría sumarse un nuevo requerimiento relacionado con el mecanismo de compensación para las municipalidades. Durante la votación de ese artículo, las bancadas de oposición realizaron una reserva de constitucionalidad a petición de alcaldes, lo que abre la posibilidad de presentar una nueva impugnación.

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El tribunal estableció que Crespo fue el autor de los disparos que lesionaron a Gatica durante una manifestación en noviembre de 2019, pero consideró que su actuar estuvo justificado por las circunstancias del contexto que enfrentaba y aplicó la legítima defensa como eximente de responsabilidad.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado independiente de la bancada del Frente Amplio y abogado de derechos humanos, Roberto Celedón, cuestionó la decisión y planteó que no existió proporcionalidad entre la acción del funcionario policial y el daño provocado.

“Yo creo que es extremadamente grave porque no hay proporcionalidad entre un hombre que, en el peor de los casos, tiene una piedra, frente a un uniformado que está completamente cubierto, protegido por las vestimentas que usan en este tipo de actividades”, señaló.

Celedón cuestionó que el uso de proyectiles pudiera justificarse frente a una eventual agresión y recalcó las consecuencias que tuvo el disparo. “No hay ninguna proporcionalidad entre la acción eventual de eludir un objeto que podría haber tirado, en este caso el señor Gatica, con el uso de balines, de balas que causan un daño para toda la vida”, sostuvo.

El parlamentario puso el foco en las consecuencias de lo ocurrido y calificó como “incomprensible” que una persona haya quedado ciega producto del actuar policial. “Dejar ciego a una persona, y yo creo que esto es lo que más me preocupa, y eso creo que constituye un acto incomprensible del Estado”, afirmó, aseguró que lo ocurrido “es una violación brutal a los derechos humanos, a la integridad física y psíquica de las personas”.

El abogado también abordó la aplicación de la Ley Naín-Retamal y el respaldo que tuvo durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Respecto de los parlamentarios del entonces oficialismo que respaldaron la norma, señaló que “en un contexto en que el tema de la seguridad pública se había puesto en el centro del debate nacional” existía una discusión sobre la persecución de funcionarios policiales.

“Había una corriente de opinión de actores políticos de derecha, básicamente, de tratar de evitar la persecución de los funcionarios policiales cuando hay situaciones que eventualmente se pueden aproximar a la legítima defensa”, planteó.

Además, el diputado sostuvo que el debate sobre seguridad llevó a los sectores progresistas a buscar acuerdos en esta materia. “Quizás se buscaba saldar un déficit que la ciudadanía percibía en relación a los partidos de izquierda y progresistas y democráticos, en cuanto que no pusieron en el centro una materia que efectivamente comprometía el interés mayoritario de la población”, indicó.

La Ley Naín-Retamal refuerza y protege la función de Carabineros, la PDI, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad. Endurece las sanciones penales para quienes agredan o maten a funcionarios policiales, restringe beneficios carcelarios y establece la presunción de legítima defensa cuando estos repelen agresiones que pongan en riesgo su vida, su integridad o la de terceros, manteniendo esta regulación en el Código Penal.

Sobre el futuro del caso Gatica, y ante la posibilidad de que sus abogados recurran a organismos internacionales, Celedón planteó que si la Corte Suprema ratifica el criterio de las sentencias conocidas hasta ahora, “seguramente va a llegar esta causa hasta el sistema interamericano de protección a los derechos humanos y, en definitiva, a la Corte Interamericana”.

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Los parlamentarios también piden que, respecto de los funcionarios que aún tienen procesos judiciales pendientes, “se impulsen las medidas legales que correspondan, respetando plenamente la independencia de los tribunales y el debido proceso, para asegurar una solución justa y proporcional”.

En esa misma línea, aseguraron que con su petición no pretenden “desconocer la importancia de los derechos humanos ni la responsabilidad individual que corresponde determinar a los tribunales”, sino más bien que el Estado “considere de manera integral las circunstancias excepcionales en las que actuaron estos funcionarios, las instrucciones recibidas, las extensas jornadas de servicio, la presión operacional y la obligación de restablecer el orden en un contexto de violencia generalizada”.

El diputado independiente e integrante de la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, afirmó que la medida sería una señal de respaldo hacia las policías.

“No puede ser que la gente que nos cuida, que nos protege, esté tras las rejas. Si hoy día estamos preocupados del tema de la delincuencia, si hoy día estamos preocupados de que queremos vivir en un país más seguro, también tenemos que dar señales, y una muy buena señal es indultar a nuestros Carabineros”, indicó.

Por su parte, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, emplazó directamente al Jefe de Estado a ejercer sus atribuciones constitucionales: “Queremos hacer un llamado con mucho respeto a que utilice la facultad para indultar a los Carabineros que fueron perseguidos por el Instituto de Derechos Humanos y el gobierno anterior. Presidente Kast: haga uso de las facultades que la Constitución le entrega e indulte a los Carabineros que injustamente están siendo hoy día encarcelados”.

Ministro Rabat descarta acelerar la entrega de indultos

La carta de los diputados oficialistas llega justo cuando el Gobierno se apronta a concretar dos indultos presidenciales que, de acuerdo con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, no tienen relación ni con el estallido social ni con hechos ocurridos durante la dictadura.

Consultado sobre la carta de los parlamentarios, Rabat recalcó que el Ejecutivo mantendrá su política de revisar los indultos caso a caso y descartó un posible aceleramiento de los procesos para responder a las presiones de los diputados oficialistas.

“Nosotros tenemos una forma de abordar esta materia y es caso a caso. Se va a abrir un expediente administrativo, vamos a recabar los antecedentes y vamos a estudiar cada situación en particular para pronunciarnos fundadamente respecto de ellas”, enfatizó.

En el oficialismo, no todos se cuadraron con el llamado a que se firmen rápidamente los indultos. El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, apuntó a respetar la facultad del Ejecutivo y cuestionó la estrategia planteada por el diputado Sebastián Zamora —carabinero absuelto por el caso Pío Nono— de “presionar” desde el Congreso al Mandatario para que entregue el beneficio a condenados del estallido.

“A título muy personal, creo que debemos dejar que el Presidente de la República ejerza las facultades que tenga cuando lo estime pertinente. Presionar al Gobierno desde el Congreso, por lo menos desde mi punto de vista, no es la forma de hacer oficialismo”, sostuvo Schalper.

Desde la oposición, la crítica fue más de fondo. El diputado del Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca, puso en duda el verdadero compromiso del oficialismo con la seguridad: “A la primera de cambio, lo que nos plantea, es liberar e indultar a los criminales de lesa humanidad. Es decir, mano dura contra los delincuentes, pero liberemos delincuentes”.

A juicio de Ilabaca, con su petición, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario “lo único que hacen es demostrar su verdadero rostro”. “Su verdadero rostro es estar con los violadores de derechos humanos, su verdadero rostro es defender a los grandes capitales de nuestro país, su verdadero rostro, en definitiva, es el estar con los poderosos y el tratar de seguir subyugando a la gente que más lo necesita”, acusó.

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“Los dirigentes merecen ser reconocidos, y durante este mes de agosto queremos hacerlo con más fuerza. Desde la División de Organizaciones Sociales, buscamos relevar el invaluable rol de quienes, con generosidad y gran dedicación trabajan cada día por sus comunidades. En cada barrio y en cada comuna de nuestro país hay una historia de liderazgo que inspira y transforma realidades. Hombres y mujeres que encarnan el verdadero sentido de la vocación de servicio y cuya entrega merece ser no solo reconocida, sino acompañada por el Estado, trabajando juntos por mejorar la vida de las personas“, señaló la directora de la DOS, Katerine Montealegre.

Entre los principales hitos del Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria 2026

Durante agosto, dirigentes sociales de todo el país participarán en recorridos por el Palacio de La Moneda, encuentros que buscan acercar a las organizaciones sociales a la historia institucional del país y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Estado.

La segunda versión del Premio Dirigencia Social y Comunitaria reconocerá a líderes sociales que destacan por su compromiso con el desarrollo de sus comunidades. En esta edición se premiará a 16 dirigentes, entre quienes se elegirá al Premio Nacional de la Dirigencia Social y Comunitaria 2026.

Como parte de la agenda del mes, la DOS desarrollará una serie de Diálogos Ciudadanos sobre seguridad. Estos espacios serán participativos donde vecinos, dirigentes y organizaciones podrán compartir sus experiencias, necesidades y propuestas para fortalecer la seguridad en sus barrios. En esta instancia, el equipo de la DOS recogerá las principales inquietudes de la comunidad y actuará como puente entre la ciudadanía y las instituciones, para avanzar en soluciones concretas.

La conmemoración tiene su origen en el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario, establecido el 7 de agosto de 1998, en recuerdo de la publicación, en agosto de 1968, de la primera Ley de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

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Sin embargo, está vez algo cambió. Los objetivos originales que motivaron a Washington y Tel Aviv a atacar, quedaron en el pasado y la guerra pasó a concentrarse casi completamente en el control del estrecho de Ormuz, el principal punto de estrangulamiento energético del planeta.

La reconfiguración de objetivos: la lucha por abrir Ormuz

Al comienzo, Estados Unidos e Israel plantearon cuatro objetivos: debilitar o derribar al régimen iraní, terminar con el enriquecimiento de uranio, destruir el programa de misiles balísticos y cortar el apoyo de Teherán a proxys como Hezbolá, Hamás, los hutíes de Yemen y las organizaciones armadas presentes en Irak. Ninguno de esos asuntos ocupa hoy el primer lugar.

La prioridad urgente de la administración de Donald Trump es reabrir Ormuz, restablecer el paso de los barcos comerciales y evitar que la paralización del petróleo, el gas y los fertilizantes golpee de manera todavía más profunda a Asia, Europa y los mercados internacionales.

Según los reportes reunidos durante las últimas jornadas, Estados Unidos, Irán, Omán y Catar trabajan en un nuevo arreglo provisional de 60 días. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró el 4 de agosto que un acuerdo podía concretarse en cuestión de horas. Cuando se le preguntó si Irán podría cobrar a los barcos que atraviesen la ruta, respondió: “Creo que se trataría de libertad de movimiento”.

Trump, por su parte, habló de “muy buenas conversaciones”, pero volvió a amenazar con golpear a Irán “con mucha fuerza” si las autoridades iraníes incumplen un nuevo compromiso.

Teherán presenta una versión diferente. El Gobierno iraní niega que existan conversaciones directas con Washington e insiste en que solo negocia con Omán los mecanismos técnicos para la navegación.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, afirmó este miércoles 5 de agosto que las conversaciones son “profesionales” y “avanzan”. También aseguró que Irán y Omán ya acordaron las coordenadas geográficas de una ruta marítima y que la declaración conjunta se encuentra en las últimas etapas de revisión, “si ciertos terceros no obstaculizan el proceso”. Mientras algunos reportes e informes de medios locales aseguran que ese acuerdo ya estaría listo.

El borrador establece, según las informaciones disponibles, rutas separadas para la entrada y salida de embarcaciones. Los barcos que ingresen al Golfo Pérsico utilizarían un corredor administrado por Irán, mientras aquellos que salgan hacia el mar Arábigo transitarían por una vía bajo control de Omán.

También se discuten inspecciones conjuntas, mecanismos de escolta, el levantamiento del bloqueo sobre las exportaciones iraníes y la posibilidad de que Teherán cobre tarifas por servicios de seguridad, algo que Washington rechaza.

Pero incluso si se confirma el acuerdo, no se trataría de una reapertura completa del estrecho. El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmó que el entendimiento representa “un modelo nuevo y diferente de la práctica de los últimos 60 años”. Además, advirtió que Irán deberá evaluar si Estados Unidos está realmente dispuesto a cumplir sus compromisos antes de avanzar hacia una segunda fase.

Baghaei agregó que un acuerdo entre Irán y Omán no garantizará por sí solo la seguridad marítima mientras continúen el bloqueo naval estadounidense y las acciones consideradas hostiles por Teherán.

El dato central es que Estados Unidos pasó de exigir la capitulación iraní a negociar la forma en que Teherán controla el estrecho de Ormuz.

La tesis de Mearsheimer: Estados Unidos perdió, pero Irán no ha ganado

Para el politólogo y uno de los teóricos más importantes de la relaciones internacionales estadounidenses contemporáneas, John Mearsheimer. Lo último confirma que Washington perdió la guerra en términos estratégicos.

Según su evaluación, Estados Unidos atacó más de 13 mil objetivos durante 40 días, pero no consiguió derribar al régimen, eliminar el enriquecimiento, destruir los misiles ni romper las alianzas regionales de Irán. La campaña aérea provocó daños, pero no modificó la voluntad política iraní ni eliminó su capacidad de responder. De hecho, solo llevó a EE.UU. a agotar sus reservas de misiles interceptores.

El bloqueo naval tampoco produjo la capitulación esperada. Una medida de ese tipo necesita mucho tiempo para estrangular a un país del tamaño de Irán y, al mismo tiempo, perjudica a quienes la aplican, porque interrumpe la salida de petróleo y altera los precios internacionales. La posterior estrategia de ataques limitados, una dinámica de “ojo por ojo”, tampoco obligó a Teherán a ceder. En cambio, extendió el desgaste y expuso a las fuerzas estadounidenses en la región.

Irán no necesitó igualar todo el poder militar norteamericano, le bastó con conservar suficientes misiles, drones y aliados para elevar el costo de cada nueva ofensiva.

Estados Unidos puede destruir más objetivos que Irán, pero no puede aumentar indefinidamente la violencia sin arriesgar represalias contra sus bases, Israel, las monarquías del Golfo, las instalaciones petroleras, las plantas de desalinización y las rutas comerciales. Ese es el problema de no tener el dominio de la escalada.

Sin embargo, la ventaja iraní tampoco debe confundirse con una victoria definitiva. Teherán logró impedir que la superioridad militar estadounidense se convirtiera en una capitulación política, pero sufrió daños cuya magnitud todavía no está clara. Su economía enfrenta inflación, problemas de abastecimiento y deterioro social. La guerra vino de la mano de una intensificación de la represión interna.

A ello se suma la dificultad confesada del presidente Masoud Pezeshkian para mantener una interacción fluida con el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien no ha realizado apariciones públicas desde el fallecimiento de su padre durante los primeros ataques. Y que tras el primer acuerdo cargó con toda la responsabilidad a Pezeshkian.

El programa nuclear tampoco desapareció, quedó postergado. El Organismo Internacional de Energía Atómica no puede verificar plenamente las reservas, las centrifugadoras ni el estado de varias instalaciones. Antes de perder el acceso continuo, el organismo había registrado 440,9 kilogramos de uranio enriquecido hasta el 60%. La pregunta es si los bombardeos frenaron realmente el programa o, por el contrario, empujaron a Irán hacia el desarrollo definitivo de armamento nuclear.

Israel representa otro factor de inestabilidad. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó estar decidido a hacer todo lo necesario para evitar que Irán tenga un arma nuclear, “mantenemos total libertad de acción militar” con relación a Estados Unidos.

La guerra también se expande fuera de Ormuz y China consolida su posición sin haber hecho nada

Kata’ib Hezbolá, organización iraquí vinculada al llamado “eje de la resistencia”, advirtió que los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak podrían abrir un nuevo frente regional y prometió ampliar su arsenal. En paralelo, Ansar Allah, mejor conocidos como hutíes, afirmaron que atacaron petroleros saudíes en el golfo de Adén, desplazndo la tensión hacia Bab el-Mandeb, el mar Rojo y los puertos del Golfo.

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Omán tampoco son simples espectadores. Buscan evitar ataques contra sus territorios, mantener la protección militar estadounidense, preservar sus relaciones comerciales con China e impedir que Irán convierta una concesión provisional en el reconocimiento de una hegemonía permanente. La negociación no trata solamente sobre cómo administrará Irán el estrecho, sino sobre cuánto de esa capacidad será aceptada, limitada, supervisada o presentada como un servicio técnico regional.

En este escenario, China aparece como el principal beneficiado geopolítico. Beijing ganó influencia sin intervenir directamente, mientras Estados Unidos asumió los costos militares, económicos y reputacionales. La guerra aceleró la diversificación de las alianzas del Golfo y reforzó la imagen china como socio comercial y mediador. Pero el gigante asiático tampoco quiere una victoria iraní absoluta ni un estrecho sometido. Su interés es un Golfo multipolar, estable y abierto al comercio.

La guerra atraviesa, por tanto, un punto de inflexión. Estados Unidos agotó buena parte de sus opciones intermedias, Irán demostró que puede impedir una victoria limpia, Israel conserva capacidad para reactivar los ataques y las organizaciones aliadas de Teherán pueden extender la confrontación hacia Irak, Yemen y el mar Rojo.

No existe todavía un vencedor definitivo. Lo que se decide ahora es si la resistencia iraní se transforma en un nuevo equilibrio regional o si esta pausa desemboca en una fase mucho más amplia y destructiva.

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La CIDH trató este jueves, en audiencia pública, las denuncias de organizaciones de derechos humanos y trabajadores públicos sobre presuntos retrocesos en Chile en materia de derechos humanos, verdad, justicia y memoria. Ante el organismo, expusieron cuestionamientos a recortes presupuestarios, eliminación de programas y unidades especializadas y cambios en las políticas de memoria. 

La directora nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nuvia Guajardo, advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno no corresponden solo a ajustes presupuestarios. “Como representante de las servidoras y los servidores públicos chilenos, ANEF comparece ante esta Comisión no para relatar una lista de recortes, sino para advertir un proceso de mayor profundidad: la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos”, planteó la dirigenta, quien también cuestionó la modificación del presupuesto mediante decreto: “Gobernar por decreto es, en sí mismo, violatorio de la propia carta fundamental”.

Tamara Lagos, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, puso el foco en la eliminación y reducción de unidades vinculadas con víctimas de violaciones a los derechos humanos. Mencionó, entre otras, la Unidad de Identificación y Registro de Víctimas de Violencia Institucional y la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares. 

“No estamos ante decisiones administrativas aisladas. Estamos ante un patrón de desmantelamiento institucional que afecta la capacidad efectiva del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”, sostuvo.

La presidenta de la corporación Londres 38, Espacio de Memorias, Erika Hennings, alertó por la situación de los sitios de memoria y su financiamiento. Expuso que en Chile existen mil 132 lugares identificados como centros de detención, tortura y exterminio, aunque solo 72 cuentan con reconocimiento oficial como sitios de memoria.

“Cuando un sitio de memoria cierra sus puertas, no sólo se pierde un edificio. Pierde la sociedad un espacio donde las nuevas generaciones puedan comprender lo que ocurrió”, afirmó.

La situación de la ex Colonia Dignidad también formó parte de la presentación. Paola Peebles, de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, relató la experiencia de su familia y cuestionó la decisión del Gobierno de no perseverar en la expropiación del lugar.

“A mi padre lo torturaron agentes del Estado de Chile y Alemanes en Colonia Dignidad, centro de secuestro, exterminio y desaparición forzada durante la dictadura civil-militar”, expuso. A su juicio, renunciar a la expropiación constituye “un grave retroceso”.

La abogada Magdalena Garcés abordó la actuación del Programa de Derechos Humanos en causas vinculadas a condenados por crímenes de lesa humanidad. Según los antecedentes expuestos, de 23 audiencias ante Cortes de Apelaciones, el programa no alegó o se desistió de recursos en 20 ocasiones por instrucciones del Ministerio de Justicia. “Esto ha sido denunciado como ‘indultos pasivos’”, planteó. 

Gobierno de Kast rechaza acusaciones y defiende continuidad institucional

El representante permanente de Chile ante la OEA, José Miguel Castro, rechazó las denuncias formuladas durante la audiencia y defendió las medidas adoptadas por el Gobierno.

Las acusaciones sobre un “supuesto proceso de desmantelamiento, vaciamiento y debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos son absolutamente incompatibles con la realidad fáctica y el compromiso de este Gobierno”. Según planteó, las obligaciones en verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición “se encuentran plenamente garantizadas y en ejecución continua”.

Desde la Cancillería, Felipe Kipreos atribuyó los cambios en distintos organismos a un “reordenamiento organizacional del Estado” y descartó que exista una eliminación de competencias. Sobre la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, explicó que sus funciones fueron redistribuidas y que se designaron dos encargados especiales. “Se mantiene en plena aplicación el convenio número 169 de la OIT”, aseguró.

Kipreos también defendió la situación del Programa de Derechos Humanos. “Lejos de ser debilitado, este programa clave mantiene plenamente vigente su estructura, su dotación profesional, sus facultades y su operatividad”, aseguró. Detalló que cuenta con 54 profesionales y mantiene áreas de especialización jurídica, social, archivos e investigación documental, memoria, búsqueda y trayectorias.

Además, el representante de la Cancillería rechazó las denuncias sobre la eliminación de programas sociales. Explicó que la revisión presupuestaria corresponde a un proceso “ordinario, permanente y obligatorio” que no implica por sí misma la supresión de programas. En el caso de los programas de alimentación escolar y de párvulos, aseguró que funcionan “con absoluta normalidad y cobertura nacional”, con más de 1,6 millones de estudiantes y más de 150 mil niños beneficiados.

La acusación sobre los llamados “indultos pasivos” fue descartada por Jorge Hagedorn, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Calificó como “rotundamente falsa” la existencia de instrucciones del Gobierno para que el Programa de Derechos Humanos deje de intervenir en causas de condenados por crímenes de lesa humanidad.

“No existe ninguna instrucción de carácter general ordenando no comparecer a esta instancia”, sostuvo. Según explicó, la participación del programa se determina “caso a caso, de carácter técnico y de conformidad a nuestras leyes y protocolos”.

Hagedorn indicó que desde el inicio del actual Gobierno se registran dos casos de condenados por crímenes de lesa humanidad en los que se interrumpió el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Aseguró que ambas decisiones fueron adoptadas por tribunales y que existieron evaluaciones médicas para acreditar los requisitos legales. “El marco legal chileno se ha vuelto más estricto”, afirmó.

Sobre los sitios de memoria, el representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos defendió los recursos destinados a estas políticas. Mencionó un Fondo Concursable para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria de $168 millones y un programa del Ministerio de las Culturas con $443 millones. Aseguró que el ajuste aplicado al programa de sitios de memoria responde a una medida fiscal transversal y no a una decisión dirigida contra estas políticas.

En el caso de la ex Colonia Dignidad, Hagedorn explicó que la decisión de no perseverar en la expropiación de 117 hectáreas respondió a “insalvables representaciones de ilegalidad” emitidas por el Serviu del Maule. No obstante, afirmó que el Estado mantiene el objetivo de avanzar en esta materia.

ONU pide preservar capacidades y CIDH expresa preocupación

La representante de la Oficina Regional para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Montserrat Solano, recordó que Chile construyó desde el retorno a la democracia una “arquitectura institucional relevante y robusta” en materia de derechos humanos. En ese contexto, planteó que la protección efectiva requiere “instituciones capaces de prevenir violaciones, proteger a las víctimas y asegurar la implementación sostenida de las obligaciones internacionales”.

Solano puso especial atención en el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. “Cualquier modificación institucional o presupuestaria que afecte programas de esta naturaleza debería ser evaluada cuidadosamente a la luz de las obligaciones internacionales del Estado y de la necesidad de evitar retrocesos en la capacidad efectiva para garantizar los derechos de las víctimas”, planteó.

La representante de Naciones Unidas también abordó los sitios de memoria y sus mecanismos de financiamiento. Afirmó que la preservación de estos espacios, junto con archivos y documentación, forma parte de las garantías de no repetición y del derecho de las víctimas a la reparación. Por ello, sostuvo que requieren “estabilidad institucional, financiamiento suficiente y mecanismos que aseguren su sostenibilidad en el tiempo”.

Tras escuchar a las organizaciones, a los representantes del gobierno de José Antonio Kast y a la Oficina Regional para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH solicitó al Ejecutivo información sobre el Plan Nacional de Búsqueda, las evaluaciones ex ante utilizadas para adoptar decisiones de desmantelamiento y reorganización institucional y los reajustes presupuestarios, entre otros antecedentes.

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Desde hace años estamos dando cuenta de que la naturaleza manda, llamando a sus gobernantes en orden a que fiscalicen correctamente el uso del territorio, pues ellos, por sus altos niveles de estudios y competencias exigidas para que ejerzan sus cargos, debieran saber que el agua perpetuamente recupera su ruta original y por ello existen en los instrumentos de regulación urbana las zonas de remoción en masa y áreas de riesgo de inundación.

Como lo hemos publicado anteriormente, en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, el director de obras municipales (DOM) durante un prolongado período de tiempo cursó unos 70 permisos de edificación en sectores inundables, violando las disposiciones del Plan Regulador Intercomunal, lo que le significó a ese funcionario una llamada de atención de la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que lo obligó a invalidar esos actos administrativos.

Pues bien, debido a una discusión técnica a propósito del riesgo de remoción en masa definido en el PREMVAL entre la SEREMI del Minvu de la región de Valparaíso y el DOM de Viña del Mar, tuvo que intervenir la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, cuyo liviano juicio se aprecia en documento adjunto en este link: https://www.defendamoslaciudad.cl/noticias/item/download/1782_7a102256ead3a93682e6da62e16c339f

Pero como, después de leerlo, no compartíamos su opinión, con fecha 30 de julio pasado, le enviamos esa denuncia a doña Dorothy Pérez, titular de la Contraloría, solicitándole su intervención en este episodio. Para que los lectores de esta columna conozcan el texto íntegro de nuestra posición, la reproducimos a continuación entre comillas y con cursivas:

“MAT. Denuncia inacción de la División de Desarrollo Urbano del MINVU en relación con las áreas de riesgo.

Pongo en su conocimiento el Ord. N°392, de 22 de julio de 2026, donde la División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU, incumple lo señalado por la Contraloría en el dictamen N° OF136651 de 20 de julio de 2026. En dicho pronunciamiento se indica que la DDU debe dar cumplimiento a lo instruido en el dictamen N° E144502, de 2025, en orden a precisar las profesiones idóneas para suscribir los estudios fundados asociados a fallas geológicas, pero también establecer la forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 2.1.17. de la OGUC en relación con los demás tipos de riesgo.

No obstante lo anterior, dos días después de recibir el mencionado dictamen N° OF136651, la DDU señala que existe una especie de vacío legal que dejaría sin efectos el requerimiento de los estudios fundados y las acciones que deberán ejecutarse para la utilización de terrenos emplazados en zonas de riesgo, al no estar indicado en la ley las profesiones idóneas para suscribir los estudios y las medidas de mitigación y/o el organismo competente que los apruebe.

El asunto planteado es de mucha importancia pues tiene relación con instrucciones de la SEREMI MINVU de Valparaíso a la DOM de Viña de Mar acerca de los requisitos que señala el artículo 2.1.17 de la OGUC para proyectos en áreas de riesgo por remoción en masa establecido en el artículo 47 del PREMVAL y la aplicación del artículo 116 BIS D) de la LGUC y el inciso tercero del artículo 7.2.1 de la OGUC, asumimos que a propósito de la declaración de zona de catástrofe y el plan de reconstrucción luego del incendio de febrero de 2024.

Es decir, se trataría de la construcción de viviendas para los damnificados por el incendio en sectores que pueden experimentar remociones en masa, con el consiguiente riesgo de un nuevo desastre, riesgo que se ve incrementado significativamente con los eventos extremos de lluvia que el cambio climático está generando y que por estos días son noticia en nuestro país.

Naturalmente, el posible “ahorro de recursos públicos” que implica ignorar ahora los riesgos de remoción en masa se traducirán en el futuro en la necesidad de mayores inversiones para resolver la situación y reconstruir las viviendas para los futuros gobiernos. Le solicito que analice este antecedente y que tenga a bien ejercer las acciones que en derecho correspondan para evitar futuras tragedias por la inacción de ciertos funcionarios“.

Quienes se hayan tomado el tiempo necesario para leer la denuncia ingresada en la Contraloría, podrán estar de acuerdo o no con dicho texto, pero lo que nos interesa es defender las ciudades y sus habitantes con las herramientas legales disponibles actualmente.

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En el ámbito político, el financiamiento de la red pública se tomó el protagonismo del debate. La senadora Daniella Cicardini (PS) le preguntó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, por las indicaciones que presentarán como Ejecutivo de aquí al viernes. 

El secretario de Estado confirmó que las enmiendas responderán a los artículos que ya fueron rechazados en la tramitación y profundizó en otros. La senadora socialista le consultó directamente al ministro Rau si considerarían evaluar la inyección de recursos a la red pública. “Nosotros estamos abiertos a reconsiderar eso. Nos queda harto trámite, nos queda Hacienda, nos queda la sala, nos queda la Cámara”, respondió el secretario de Estado.

Agregó que la red pública es relevante y recordó que se trata de un 85% de las vacantes actualmente. “No sé si alcancemos con Dibres a llegar con esa indicación al viernes, para serle le franco, pero si estamos dispuestos (…) a llegar a un acuerdo, ojalá, lo más transversal posible”, señaló. 

“Si podemos llegar a un acuerdo más transversal, a mi juicio sería un mejor resultado, sería una política que pública más sólida”, sumó la autoridad. 

Este punto generó bastantes diferencias en la comisión, el senador Rodolfo Carter (PRep), por ejemplo, advirtió: “No me gustaría que cayéramos cautivos nuevamente en los sindicatos del Estado. Mientras el Estado no ponga orden en su casa y entienda que sus servicios no pueden hacer huelga, no hay ningún futuro”. 

“Le seguimos inyectando recursos al sistema público e imagínese un paro en la educación preescolar, colapsa todo el sistema del trabajo en Chile porque las mamás no tendrían dónde dejar a sus niños”, dijo. 

En tanto, Cicardini relevó la importancia de fortalecer la red pública y ejemplificó que en Alto del Carmen solo hay dos establecimientos certificados, que son Integra y Junji: “¿Qué pasa en ese caso? Cuando nosotros hemos planteado las particularidades de los territorios donde la red pública llega a distintos rincones y recovecos y no está presente lo privado, tenemos un problema”.

“Lo planteo con datos objetivos de cómo esto se lleva a la práctica (…), no es una cosa antojadiza, lo planteo con harto fundamento, con datos de la causa para que se pueda evaluar seriamente”, señaló la parlamentaria. 

El Seguro de Cesantía

Otra materia que fue protagonista en la Comisión de Hacienda fue el Seguro de Cesantía. Recordemos que el Gobierno resolvió que el proyecto cree un fondo mediante una cotización de 0,35% a cargo del empleador, la cual se compensará disminuyendo en idéntico porcentaje sus aportes al Seguro de Cesantía. 

Este punto ha generado preocupación por el impacto que tendría en dicho seguro. Por su parte, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) fue cauta en su exposición y se remitió a hacer un llamado a “cuidar” el modelo actual.

“Nuestra opinión es que cuidemos el modelo de colaboración entre privados y públicos, y ese cuidar el modelo, que se ha ido haciendo en las otras leyes, en otros cambios legales que ha habido, queremos que en esta ley también se mantenga”, dijo la presidenta de la AFC, María Paz Hidalgo Brito. 

La Superintendencia de Pensiones sí hizo una proyección de los efectos que tendría este proyecto de ley en los Fondos de Cesantía y concluyó que no se pone en riesgo la sustentabilidad de los mismos.

“Sostenibilidad es que el fondo pueda seguir haciendo las prestaciones a las cuales está destinado sin que se le acabe el dinero y eso, como dijo el ministro, no solo sucede, sino que el tamaño del fondo en el horizonte, en la ventana evaluada, incluso los beneficios aumentan”, expuso el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez. 

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La despedida se realizó en el Centro de Entrenamiento de Hockey Césped Claudia Schüler, en el Parque Estadio Nacional, y combinó una última práctica intensa con un ambiente de cercanía, compañerismo y emoción antes del viaje internacional.

Chile, actualmente 13° del ranking mundial, debutará el 15 de agosto frente a Países Bajos, la selección número uno del mundo y anfitriona del torneo. Luego enfrentará a Australia (8°) y Japón (15°) en el Grupo A, una zona que exigirá el máximo nivel de las dirigidas por Cristóbal Rodríguez.

Durante la jornada, el equipo realizó ejercicios específicos de córners cortos, trabajo defensivo con las porteras y distintas variantes ofensivas, mostrando concentración, pero también un evidente buen ambiente dentro del plantel.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades y dirigentes deportivos, entre ellos la ministra del Deporte, Natalia Duco, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín.

La capitana Manuela Urroz, una de las jugadoras más experimentadas del equipo con 265 partidos internacionales, destacó el momento histórico que vive el hockey césped femenino chileno. “Somos la mejor selección de Chile en deportes colectivos por ranking”, afirmó la referente nacional, subrayando el crecimiento sostenido que ha tenido el equipo en los últimos años.

Las “Diablas” llegan a esta Copa del Mundo después de una histórica clasificación obtenida en el Premundial de Hockey Césped, donde consiguieron victorias memorables precisamente ante Australia y Japón, dos de los rivales que volverán a encontrar en Países Bajos.

El anuncio que marcó la despedida

Más allá de la emoción del viaje mundialista, el momento más comentado de la actividad fue el anuncio realizado por Natalia Duco sobre un proyecto de ley destinado a profesionalizar el deporte chileno.

La ministra explicó que la iniciativa ya está redactada y lista para ser firmada junto al Ministerio del Trabajo, y que contempla una modificación al Código del Trabajo. “Ese es un proyecto de ley que ya lo tenemos redactado y listo para la firma junto al ministro del Trabajo. Es una modificación al Código del Trabajo, donde se cambia una sola palabra: futbolista por deportista”, señaló.

Duco detalló que actualmente los deportistas de disciplinas distintas al fútbol no pueden ser contratados formalmente bajo esa condición. “Hoy en día no hay ningún deportista que no sea del fútbol que pueda ser contratado por ser deportista. Un rugbista por ser rugbista, un hockista por ser hockista, un basquetbolista por ser basquetbolista”, explicó.

Según la ministra, el cambio permitiría que deportistas de otras disciplinas puedan acceder a contratos de trabajo como profesionales, incluyendo a las propias jugadoras de hockey césped. “Con esta propuesta de ley va a significar que el día de mañana podamos decir que ya no son hockistas amateur, sino profesionales y van a poder tener un contrato de trabajo por ser deportistas”, sostuvo.

La secretaria de Estado calificó la iniciativa como uno de los principales objetivos de su gestión y aseguró que podría significar “un antes y un después en el deporte profesional en Chile”.

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Por eso, la ex atleta nacional respondió ante los cuestionamientos que ha recibido. Lo hizo tras acompañar a la selección femenina de hockey en su despedida rumbo a su participación en el Mundial de Bélgica y Países Bajos.

“Solo voy a hablar de cosas positivas para que esta selección tenga la cobertura que se merece. Lo que hicimos fue dejar intacto el presupuesto de alto rendimiento porque creemos que es importante”, comenzó diciendo la secretaria de Estado.

En ese sentido, sostuvo: “Tenemos listo un proyecto de ley porque en el Código del Trabajo no existe la posibilidad de hacer un contrato laboral para deportistas profesionales, solo se puede hacer con futbolistas. Es cambiar la palabra de futbolistas a deportistas, lo estamos trabajando con el Ministro del Trabajo”.

“Va a significar que no sean hockistas amateur, sino profesionales, tener un contrato de trabajo por ser deportistas. Es el gran sueño y legado que quiere dejar esta administración. Va a empezar el proceso legislativo en el Congreso. Va a ser un antes y un después en el deporte. En ningún caso va a ser una obligación, sino una oportunidad. Es una opción que hoy no existe”, agregó.

En cuanto a las críticas a su gestión, la sanfelipeña llamó a los medios a investigar bien el trabajo que hace el Gobierno: “¿Cómo están cubriendo las gestiones?, les planteó esa pregunta. ¿Han estudiado bien lo que estamos haciendo? Hay muchas cosas bonitas y los invito a estudiar. No nos quedemos en la pelea chica que no le hace bien a nadie”.

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La propuesta tiene el objetivo reemplazar el modelo exclusivamente aleatorio por un sistema mixto, y crea dos mecanismos complementarios de admisión: la Elección Mutua (EM) y la Asignación Aleatoria (AA). Ambos operarían bajo una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el avance legislativo y destacó el apoyo obtenido en la Cámara Baja. “Estamos muy contentos porque hoy hemos avanzado con un proyecto de ley muy importante para nuestro gobierno (…). Hemos tenido un gran respaldo para modificar el sistema de admisión que lleva 10 años funcionando”, afirmó la secretaria de Estado.

La autoridad señaló que durante esta década el sistema ha acumulado críticas de postulantes y familias que vieron debilitados sus proyectos educativos. “10 años en que hemos conocido diversos testimonios de personas de postulantes a quienes no se les ha reconocido el mérito de proyectos educativos, que se han visto debilitados por no poder tener un sistema o un proceso de admisión que sea coherente con ese proyecto”, sostuvo Arzola.

“Hoy día estamos avanzando en revertir esa situación, en volver a reconocer el mérito y en reducir el peso que está teniendo el azar en la asignación de las vacantes del sistema educativo”, subrayó.

El diputado Sergio Bobadilla, presidente de la Comisión de Educación, calificó la votación como un hito para las familias chilenas y destacó la magnitud del respaldo obtenido en la Sala.

“Creemos que es un gran día para muchas familias chilenas que han esperado por años que se les restituya el derecho preferente que siempre deben tener para elegir la educación de sus hijos. Como también que se considere el esfuerzo de los estudiantes y de las familias que con el sistema actual fue ignorado”, manifestó el parlamentario.

Bobadilla rechazó las críticas que minimizan el apoyo a la iniciativa y subrayó el carácter transversal de la votación. “Quienes tratan de bajar los decibeles, por decir de alguna forma, que aquí ha sido una mayoría circunstancial. No, señores, ha sido una mayoría abrumadora, transversal, 111 diputados de 155 han votado favorablemente y esto refleja que es una demanda de la inmensa mayoría de los chilenos”, enfatizó.

“Por tanto, reitero, chao tómbola y libertad para elegir la educación de nuestros hijos”, sentenció Bobadilla.

El proyecto ahora deberá ser discutido en el Senado, donde el Ejecutivo espera mantener el respaldo para concretar la modificación al sistema de admisión escolar.

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