La propuesta de presentar una acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau ha comenzado a instalar más dudas que certezas dentro de las propias filas del oficialismo. Aunque la iniciativa fue anunciada originalmente como una fuerte ofensiva fiscalizadora por parte de las bancadas de derecha, el paso de los días, la falta de un texto definitivo y la presión de los plazos legales perentorios han enfriado el entusiasmo inicial, abriendo un complejo debate sobre la viabilidad política de la acción.

Esta falta de alineación unánime se suma al complejo escenario que el Gobierno enfrenta en el Congreso Nacional, donde las tensiones se agudizaron tras el emplazamiento realizado hace un par de días por el diputado Gonzalo Winter, quien criticó duramente las prioridades legislativas de los sectores oficialistas. En este clima enrarecido, la búsqueda de consensos para levantar la acusación ha dejado en evidencia que el bloque gubernamental no actúa como un monolito frente a esta herramienta fiscalizadora y que los tiempos legislativos juegan en contra.

Desde Renovación Nacional (RN), el tono respecto al proceso ha mutado hacia la cautela estricta. El diputado y primer vicepresidente del partido, Diego Schalper, manifestó desde La Moneda que la colectividad tomará distancia hasta tener el documento en mano, desmarcándose además de los dichos del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien había comprometido los votos de la UDI para evitar divisiones.

Diputado Diego Schalper. Foto: Aton Chile.

“Desconozco si eso es una decisión institucional de la UDI, a mí por lo menos ni el presidente de la UDI ni la jefa de bancada me han planteado eso”, aclaró Schalper. En esa línea, el parlamentario sinceró las divisiones internas del bloque: “Nosotros desde Renovación Nacional queremos ser extremadamente responsables, vamos a esperar el escrito que se presente la próxima semana. Una vez que tengamos ese escrito, lo vamos a revisar jurídicamente y a partir de ahí vamos a convocar una reunión de bancada donde ya sabemos que hay miradas distintas y en ese cuadro vamos a tomar una decisión”.

Asimismo, Schalper recalcó la seriedad de este proceso institucional: “A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el impeachment es un juicio 100% político, en Chile tenemos un juicio político-jurídico y, por lo tanto, vamos a analizar si se cumple el agravio constitucional y a partir de ahí tomaremos una decisión”.

En una postura similar de mesura se instaló el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Si bien el legislador reconoció el avance de las tratativas en la Cámara Baja, evitó ser tajante respecto al éxito del libelo. “Lo que hemos visto por la prensa es que se han ido sumando las distintas bancadas (…) y me da la impresión de que prácticamente todo el oficialismo está respaldando la acusación que se presentaría dentro de los próximos días”, señaló.

Senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano. Foto: Aton.

Sin embargo, advirtió sobre el rol de su corporación como eventual jurado: “Distinto es el pronunciamiento que podemos hacer desde el Senado, porque superada la valla de la Cámara de Diputados nos va a tocar a nosotros pronunciarnos y, en razón de eso, prefiero ser prudente a la hora de referirme a los contenidos, los hechos y el empalme que tienen con las causales constitucionales“.

La contraofensiva de la oposición: “Una cortina de humo”

Las vacilaciones de la derecha han dado espacio para que la oposición articule una dura contraofensiva. Para los bloques de izquierda, la sola idea de buscar la destitución del titular de Economía carece de fundamentos técnicos sólidos y responde únicamente a una estrategia de distracción política en medio de las negociaciones por las reformas estructurales, conocida como la mega reforma.

Diputado Héctor Ulloa. Foto: Aton Chile.

El diputado de la bancada PPD e Independientes, Héctor Ulloa, lanzó duros dardos contra la maniobra en el Parlamento. “Resulta incomprensible que mientras el gobierno habla de unidad y de diálogo para sacar adelante su mega reforma, los partidos republicanos y nacional libertarios anuncian una acusación constitucional”, criticó el legislador.

Para Ulloa, la verdadera intención detrás de la ofensiva es clara: “Esto saca una cortina de humo para desviar la atención de una mega reforma que busca beneficiar a los más ricos, una cortina de humo para endeudar a nuestro país debido a todos los recursos que vamos a dejar de percibir”.

El parlamentario concluyó cerrando la puerta a cualquier tipo de respaldo por parte de su sector a la ofensiva contra Grau: “Como bancada PPD independientes, no estamos por apoyar una acusación constitucional que nos genera muchas dudas y que ni siquiera convence al mismo oficialismo“.

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Durante los últimos días, el proyecto para ampliar el Centro de Detención Preventiva, Santiago 1, sufrió dos importantes reveses. Por un lado, un fallo judicial que en la práctica, detiene las obras; y por otro, la decisión de la Contraloría de no tomar razón de un decreto del Ministerio de Vivienda (Minvu), que posibilitaba la construcción.

En el gobierno anterior, la ampliación de Santiago 1 fue resistida por la alcaldesa de Santiago Centro, Irací Hassler y ahora, también lo es por el actual edil, Mario Desbordes. Este último, incluso se ha enfrentado al Gobierno, de su mismo signo político, con tal de que no se lleve a cabo la construcción.

Desbordes ha remarcado que existen otros predios en la misma Región Metropolitana y alejados del radio urbano, donde se podría construir una cárcel. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, en tanto, ha negado tal afirmación.

“La Municipalidad de Santiago, en defensa de los vecinos, está pidiendo algo muy sencillo: que nos traten igual que al resto de Chile. En Arica, Iquique, Antofagasta, en La Serena, en Rancagua, en Valparaíso, en Talca, todas las cárceles se construyen kilómetros y kilómetros fuera de los radios urbanos. Estamos pidiendo solo eso”, dijo Desbordes en recientes declaraciones a la prensa.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Foto: Aton.

En conversación con nuestro medio, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, Monserrat Díaz, se refirió al principal argumento para construir nuevas cárceles: la saturación del sistema penitenciario chileno. De acuerdo a la socióloga experta en seguridad, en términos de hacinamiento “estamos frente a una situación crítica”.

“Hoy el sistema penitenciario alberga más de 63 mil personas en recintos diseñados para poco más de 42 mil. En términos simples, esto significa que las cárceles están funcionando al 150% de su capacidad y que existen más de 21 mil personas privadas de libertad por sobre las plazas disponibles”, detalló.

Díaz afirmó que la situación es aún más preocupante “cuando territorializamos el fenómeno”. “En regiones como Atacama, por ejemplo, las cárceles operan a más del doble de su capacidad y establecimientos como el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó alcanzan cerca de un 285% de ocupación. En la práctica, esto significa que donde debería existir espacio para una persona, conviven casi tres”, indicó.

La investigadora CESC recalcó que el hacinamiento “no es solo un problema de infraestructura o de números rojos”, sino que tiene “efectos bien concretos sobre la vida cotidiana al interior de los recintos penitenciarios”.

“Implica menos acceso a programas de reinserción, atención de salud, apoyo psicosocial y condiciones adecuadas a habitabilidad. Además, cuando un gran número de personas conviven en un espacio saturado y bajo condiciones de alta presión, es evidente la tendencia a aumentar los conflictos y el riesgo de violencia”, observó.

La socióloga e investigadora del CESC, Monserrat Díaz.

“El hacinamiento termina afectando uno de los objetivos centrales del sistema penitenciario, que es generar condiciones para que las personas puedan modificar conducta, acceder a oportunidades de reinserción y regresar a la comunidad. El hacinamiento puede constituirse como un factor criminógeno. Es decir, puede contribuir a reproducir dinámicas de violencia y trayectorias delictuales”, insistió.

De todas maneras, Díaz advirtió que construir más cárceles no es la única solución. “Si bien la ampliación de infraestructura puede ser parte de la solución, también es necesario evaluar su costo de efectividad, especialmente en un contexto donde los recursos públicos son limitados y las necesidades sociales dónde invertir son múltiples”, agregó.

A su juicio, “abordar el hacinamiento requiere una estrategia mucho más amplia que permita gestionar de mejor manera el uso de la prisión, por ejemplo, con el uso de penas sustitutivas en aquellos delitos para los cuales puede ser una alternativa eficaz y segura”.

La experta añadió que también es fundamental “avanzar en políticas de reinserción social, prevención de la reincidencia y especialmente, el uso racional de la privación de libertad”.

“De lo contrario, existe el riesgo de que cualquier aumento en la capacidad penitenciaria, sea rápidamente absorbido por el crecimiento sostenido de la población penal”, aseveró.

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“El contexto actual de las personas LGBTQ+ en El Salvador es bastante hostil, sobre todo ante la retirada de todas las políticas públicas que se habían construido por años”, explicó Bianka Rodríguez, activista trans de El Salvador y directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC). 

El país de América Central atraviesa un contexto de profunda erosión del estado de derecho, con un régimen de excepción vigente desde el año 2022. “Las autoridades han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos en detención, y violaciones al debido proceso”, relata Human Rights Watch. 

En este escenario, es que el Estado retrocedió para las personas disidentes sexuales y de género. “Lastimosamente, con la llegada del gobierno de Bukele, todas esas políticas, que permitían el goce y disfrute de los derechos fundamentales, fueron derogadas, lo que ahora limita su acceso, así como los servicios que las instituciones públicas brindan hacia las personas LGBT”, contó Bianka.

“El contexto de violencia es persistente también, vemos como a pesar de que ya no hay ataques de homicidio contra personas LGBT, sí hay desapariciones, por ejemplo, hay mucha hostilidad en una sociedad que siempre criminaliza a las personas sexo-género disidentes, pero también vemos una inactividad de la respuesta estatal para protegerles en sus derechos fundamentales”, profundizó la activista. 

Bianka Rodríguez, activista trans de El Salvador, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC). Foto: Cedida.

En El Salvador no hay una ley de identidad de género, o sea, el Estado no cuenta con una normativa que reconozca la identidad de las personas trans. Por lo tanto, además de las discriminaciones estructurales que recibe esta comunidad, quienes hayan realizado el proceso de transición de género tienen mayores dificultades . “Les coloca en una situación de mayor desventaja frente a otras personas del colectivo LGBT, entonces, las personas trans no pueden acceder a la educación, no pueden acceder a un empleo digno, no pueden acceder libremente a la salud, porque hay mucho estigma y discriminación frente a sus identidades”, indicó Rodríguez.

Las organizaciones salvadoreñas trabajan desde el año 2010 para avanzar en una ley de identidad de género, aunque sin éxito. Esta propuesta ya se ha hecho dos ocasiones, pero “lastimosamente, en el primer gobierno de Bukele, se dijo que esta ley era obsoleta y que no estaba de acorde a la realidad nacional”.

“En 2021, la Sala de lo Constitucional, a través de un recurso de inconstitucionalidad, declaró que existe un agravio para las personas trans el que no se reconozca su identidad de género y que las pone en situaciones de desventaja y de mayor vulnerabilidad y violencia. Así, mandató a la Asamblea Legislativa a que en un periodo no mayor a un año se realizara la adecuación de la normativa vigente, pero la Asamblea Legislativa, ahora gobernada por el oficialismo, ha hecho caso omiso a este mandato de la Sala de lo Constitucional”, señaló.

En diciembre del año 2021, Bianka logró que el Estado reconociera su nombre y género. “Logré, bajo agotamiento de vía judicial, el reconocimiento de mi nombre y de mi género en mis documentos de identidad, lo que permitió una base legal para que personas trans, a pesar que no existe una ley de identidad de género, puedan acceder a este derecho”, contó. 

Plaza Gerardo Barrios y Palacio Nacional de El Salvador. Foto: Naciones Unidas.

Sin embargo, “es un derecho muy selectivo. El juez toma en consideración varios aspectos para otorgarlo y en muchos casos hace la denegatoria, por ejemplo, del reconocimiento del género. Además, es un desafío el tener que contratar a un abogado e implica una inversión de un recurso económico el cual las personas trans no pueden tener o no pueden darse un lujo de contratar a un abogado para poder obtener su reconocimiento de género”. 

Todo este contexto que viven las personas trans y en general las personas disidentes sexuales y de género en El Salvador, no era advertido antes de que Nayib Bukele llegara al poder. “Sobre todo porque él tuvo un trabajo articulado con las organizaciones de derechos humanos cuando él fue alcalde de San Salvador”, señaló Bianka. 

“Él tenía ese trabajo articulado con las organizaciones sociales e incluso él se nombraba como el primer alcalde que había creado un espacio seguro dentro de una municipalidad y que quería llegar a ser el primer alcalde que oficiara una boda LGBT”, contó también. 

Todo ese discurso cambió cuando llegó a la presidencia, aseguró la activista. “En el primer día de su mandato derogó la Secretaría de Inclusión Social y la Dirección de Diversidad Sexual la trasladó a la Unidad de Género del Ministerio de Cultura para que atendiera los asuntos LGBT”, indicó. 

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Foto: X @nayibbukele.

“Ya luego empezamos a ver que ministerio tras ministerio iban derogando todas estas políticas de seguridad, de atención a población vulnerable, en materia de salud sexual y reproductiva, en muchos aspectos. Ahí ya notamos una discrepancia entre el discurso, hasta que realmente se posicionó en contra del movimiento LGBT y lo denominó una agenda de ideología de género”, finalizó la activista. 

“Las políticas públicas o las leyes, pueden retroceder”

Bianka se inició en el activismo en 2014 en COMCAVIS Trans y en 2017 llegó a liderar dicha organización.  “Empecé a denunciar mayormente estas vulneraciones de derechos, la falta de acceso a servicios públicos, a denunciar toda la discriminación y violencia, sobre todo los asesinatos cometidos hacia personas trans. Mi empoderamiento era para denunciar la violencia, tanto social como estatal, que obligaba a las personas LGBTQ+ a huir del país en búsqueda de protección”, contó.

En 2019 fue galardonada con el Premio Nansen Regional para las Américas por encabezar la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en El Salvador y en 2021 llegó a ILGALAC convirtiéndose en su directora. “No es fácil, sobre todo por la criminalización que sufrimos los defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo ante un gobierno que tiene la palabra derechos humanos criminalizada”, aseguró Rodríguez. 

Bianka Rodríguez, activista trans de El Salvador, directora ejecutiva de ILGALAC (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe). Foto: Cedida.

La activista aseguró que “este discurso populista ha logrado que a nivel social a las personas defensoras de derechos humanos se nos siga criminalizando y que se nos siga vulnerando ese derecho a defender derechos. Incluso hay personas defensoras de derechos humanos detenidas precisamente por denunciar estos abusos, algunas obligadas incluso a exiliarse en otros países por esta represión que existe en El Salvador”. 

Bianka viajó hasta Chile para dar un taller en la Escuela de Formación LGTBIQA+ Actívate, para fortalecer vocerías y liderazgos. Además para participar del conversatorio “Derechos en disputa: respuestas colectivas desde los liderazgos y vocerías LGTBQIA+”, que se realizó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ambas instancias organizadas por Fundación Poderes en colaboración con Chile Necesita Educación Sexual Integral (ESI Chile) y con el apoyo del Instituto Update.

A partir de su viaje, la activista aseguró que es fundamental tener una mirada regional respecto a derechos de las personas LGBTQIA+. “A pesar de que tengamos leyes, políticas públicas que estén aprobadas, esas políticas públicas o esas leyes pueden retroceder. Entonces, informar sobre las realidades que están enfrentando los colectivos LGBT en otra parte del mundo, da a conocer la necesidad de seguir abogando, de no desarticularse, porque hoy por hoy vemos una región gobernada por la ultraderecha, vemos discursos de odio, discursos divisionistas, discursos que atentan contra nuestros derechos”, afirmó. 

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Una firme postura institucional adoptó el Ministerio de Educación frente a las masivas acciones de retención de fondos que han afectado a miles de profesionales del país. La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió de manera categórica las acciones de cobranza judicial impulsadas por la Tesorería General de la República contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), asegurando que todos los procedimientos ejecutados fueron precedidos por distintas instancias formales de notificación y oportunidades de regularización.

Al ser entrevistada en el programa Mesa Central de T13, la secretaria de Estado abordó directamente la controversia pública generada por los embargos de cuentas bancarias aplicados a personas con deudas morosas, algunas de las cuales han denunciado la retención total de los fondos depositados en sus cuentas personales.

Para la autoridad de la cartera, el escenario actual no es fortuito, sino la consecuencia de años de incumplimiento en los pagos, sumado a señales equivocadas entregadas durante administraciones anteriores. Al respecto, Arzola apuntó a las falsas expectativas del pasado, señalando que se venía de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas, provocando que el incentivo o la señal fuera que dejaran de pagar, algo que muchos terminaron haciendo. Esta morosidad, añadió, ha generado un impacto significativo en las finanzas públicas y en la capacidad de sostener los beneficios educacionales actuales.

Frente a las quejas por la severidad de las retenciones en las cuentas bancarias, la ministra de Educación insistió en que existieron las oportunidades previas para evitar que el Ejecutivo llegara a estas instancias de fuerza. En ese sentido, recordó que la ley faculta al Fisco a utilizar mecanismos de cobranza mucho más amplios que los disponibles para las entidades financieras privadas.

Los argumentos técnicos y políticos esgrimidos por la secretaria de Estado respecto a estas medidas excepcionales se estructuraron bajo los siguientes puntos:

En primer lugar, la ministra enfatizó que hubo muchos avisos previos antes de proceder a la ejecución de las retenciones bancarias. Asimismo, la autoridad recordó que existieron otras etapas procesales en las cuales los afectados podían acercarse de manera voluntaria a suscribir convenios de pago. Por otra parte, Arzola aclaró que las herramientas de cobranza estatal son forzosas y mucho más importantes que las que posee de manera habitual el sistema bancario privado. Finalmente, la jefa de la cartera subrayó que el CAE siempre permitió estos mecanismos, con la única diferencia de que las administraciones previas no los habían utilizado.

“Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley, porque si no hacemos cumplir la ley, nada, ninguna relación que tenemos acá adentro de este país va a poder sostenerse. Necesitamos todos cumplir con nuestras responsabilidades y el Crédito con Aval del Estado tiene su responsabilidad”, sentenció Arzola.

Gradualidad en los procesos de cobro y priorización por tramos

Al cierre de la entrevista en Canal 13, la secretaria de Estado se refirió a los reclamos de diversas agrupaciones de deudores y personas naturales que aseguran no tener ingresos elevados para hacer frente a los saldos pendientes del crédito estudiantil. Al respecto, Arzola explicó que los procesos de cobro judicial se han diseñado y aplicado bajo un criterio de estricta gradualidad en este 2026.

En esa misma línea, la autoridad sectorial indicó que para los operativos de la Tesorería General se ha priorizado primero cobrar a los tramos de deuda más altos y, paulatinamente, se va bajando hacia el resto de los deudores. Por este motivo, la ministra hizo un llamado explícito para que quienes tienen menores ingresos vayan a las oficinas correspondientes, revisen las medidas que pueden adoptar para pagar a tiempo y eviten enfrentar embargos. La autoridad concluyó señalando que el cumplimiento de estas obligaciones financieras resulta estrictamente necesario para garantizar el financiamiento de futuras ayudas estudiantiles y de otras políticas públicas esenciales en materia de educación nacional.

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Una dura crítica técnica y política formuló la exautoridad de Justicia frente a una de las medidas estrella de la agenda de seguridad del Ejecutivo. El exministro Luis Cordero manifestó sus profundos reparos ante la propuesta del Gobierno para crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, herramienta de control que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su reciente mensaje de Cuenta Pública al país.

En el marco de una entrevista concedida al programa Mesa Central de Canal 13, el abogado penalista sostuvo que, si bien es riguroso conocer el texto y contenido definitivo del proyecto de ley antes de emitir una evaluación concluyente, el diseño conceptual de la propuesta ya presenta elementos que generan inmediata preocupación en los círculos jurídicos.

“Es efectista en la manera como está planteada hasta ahora”, afirmó de forma tajante el exministro Luis Cordero, advirtiendo que la iniciativa arriesga derivar en situaciones de estigmatización y abrir complejas discusiones constitucionales.

Los riesgos del registro: Mezcla de faltas y pérdida de beneficios

A juicio del exsecretario de Estado, uno de los principales vicios técnicos de la propuesta radica en la falta de proporcionalidad penal, ya que el registro propuesto terminaría agrupando de manera indiscriminada conductas de muy distinta gravedad bajo una misma categoría general, mezclando en un mismo saco delitos complejos, faltas penales menores e infracciones meramente administrativas.

Asimismo, Cordero cuestionó con severidad las eventuales consecuencias punitivas que pretenden ligarse a la inscripción de los ciudadanos en esta base de datos, especialmente si se busca implementar restricciones de derechos o la pérdida automática de beneficios estatales:

En primer lugar, el abogado advirtió un problema severo si se pretendiera aplicar la pérdida de beneficios de forma retroactiva a quienes ya son titulares de ayudas sociales. Asimismo, el exministro reconoció que las incivilidades constituyen una preocupación legítima y muy relevante para la ciudadanía en su diario vivir. Por otra parte, el experto explicó que las personas experimentan las incivilidades desde su ventana, teniendo con ellas un contacto cotidiano mucho mayor que con el delito violento. Finalmente, Cordero planteó que la respuesta del Estado debería enfocarse en la eficacia de las sanciones aplicadas más que en seguir aumentando la severidad abstracta de las penas.

Bajo esa misma línea argumental, el especialista sugirió que el diseño de las políticas públicas debiera dotar a los municipios de un papel mucho más activo y preponderante en las tareas de prevención y sanción comunitaria, especialmente cuando se trata de infracciones de menor entidad en los barrios.

Operación Tokio y la urgencia de levantar el secreto bancario

Durante el espacio televisivo, el exministro de Justicia también abordó los alcances judiciales de la denominada Operación Tokio, la investigación penal de alta complejidad vinculada al presunto lavado de activos de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. En ese marco, defendió la necesidad urgente de fortalecer de manera estructural las herramientas de inteligencia económica del Estado para detectar con mayor eficiencia las operaciones financieras sospechosas.

Al entrar de lleno en el debate legislativo sobre el levantamiento del secreto bancario, Cordero alineó sus argumentos con la necesidad de adecuar los estándares locales a los niveles internacionales en este 2026. En primer lugar, el abogado penalista sostuvo de forma categórica que Chile es una excepción en el mundo respecto de la fortaleza que tiene el secreto bancario. Asimismo, el especialista advirtió que lo que tradicionalmente puede ser visto como un activo de privacidad individual, constituye hoy un riesgo sistémico para la seguridad. Por otra parte, el exministro enfatizó que la discusión parlamentaria actual debe centrarse en dotar al Estado de mejores herramientas de persecución. Finalmente, Cordero concluyó que la prioridad país requiere fortalecer la capacidad de fiscalización financiera para enfrentar de forma inteligente los fenómenos asociados al crimen organizado.

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El frágil escenario de paz en Medio Oriente volvió a desmoronarse a menos de una semana de haberse alcanzado un entendimiento diplomático. Las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon este domingo los barrios del sur de Beirut, zona que es considerada históricamente como el principal bastión operativo de la organización chií Hezbolá. La ofensiva militar constituye una abierta violación al acuerdo de alto el fuego que había sido suscrito formalmente el pasado miércoles entre los gobiernos de Líbano e Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su ministro de Defensa, Israel Katz, asumieron la autoría del bombardeo de forma inmediata. Ambas autoridades gubernamentales esgrimieron que la acción de fuerza fue ejecutada en estricta respuesta a los ataques con proyectiles que milicianos de Hezbolá lanzaron contra el territorio israelí durante las primeras horas de la mañana.

A través de un comunicado oficial difundido en las plataformas sociales de la oficina del primer ministro, las autoridades de Tel Aviv justificaron la incursión aérea como una medida punitiva directa.

“Conforme a las órdenes del primer ministro Netanyahu y del ministro de Defensa Katz, las FDI han atacado los centros de mando del barrio de Hadahiya de Beirut en respuesta al ataque de Hezbolá sobre territorio israelí”, publicó la oficina del jefe de Gobierno.

La aviación israelí concentró sus descargas en la estratégica zona de Dahiye, eludiendo las restricciones políticas fijadas en el acuerdo internacional que contó con la mediación directa de Estados Unidos. Dicho pacto regional se había diseñado de manera específica para evitar que la población de Beirut siguiera sufriendo los efectos de las incursiones aéreas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Incertidumbre por daños e intercepción previa de proyectiles

Por el momento, los corresponsales y medios de comunicación locales libaneses han confirmado el estruendo de las explosiones en el área sur de la capital. Pese al despliegue en la zona cero, todavía no existe un balance consolidado respecto a la magnitud de los daños materiales o la existencia de víctimas civiles y militares a causa de los proyectiles. Sin embargo, en diversas plataformas de internet ya comenzaron a circular registros audiovisuales que exhiben un edificio residencial ostensiblemente dañado, junto a otras imágenes cuya autenticidad técnica sigue bajo proceso de verificación.

Las horas previas al ataque del Estado judío estuvieron marcadas por las alertas de los sistemas de defensa aérea en la frontera norte del país. Los pormenores de la provocación inicial y la posterior represalia se desglosaron de la siguiente manera:

En primer lugar, las Fuerzas Armadas israelíes informaron formalmente sobre la intercepción de dos cohetes de largo alcance. Asimismo, los proyectiles habían sido lanzados directamente hacia el espacio aéreo del norte de Israel. Por otra parte, la ofensiva representó el primer ataque de Hezbolá sobre suelo israelí desde que se decretó la tregua. Finalmente, el intercambio rompe de forma anticipada con el espíritu del acuerdo publicado el pasado miércoles entre Israel y Líbano.

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El debate sobre la identidad ideológica y el estilo de gobernanza de la actual administración sumó un nuevo análisis desde el mundo de la consultoría y la política tradicional. El exministro Enrique Correa realizó un profundo paralelo entre la gestión del Presidente José Antonio Kast y el anterior gobierno del Frente Amplio, advirtiendo que, pese a ubicarse en polos opuestos del espectro, ambas fuerzas comparten ambiciones estructurales, aunque el actual Ejecutivo se comporta “con buena educación y guante blanco”.

En una entrevista concedida al diario La Tercera, el histórico analista político desmenuzó los conceptos que, a su juicio, definen la matriz doctrinaria de la derecha en el poder. Correa equiparó las pulsiones políticas de ambos sectores, señalando similitudes en la magnitud de sus proyectos país.

Para Correa, la actual administración de la mano de Republicanos comparte una fisonomía similar a la de sus antecesores de izquierda en cuanto a la profundidad de sus metas, aunque cambie el sentido de la dirección. En esa línea, el consultor acuñó los conceptos de restauración y redención para explicar el fenómeno oficialista.

Las definiciones y alcances de este comportamiento gubernamental se explican bajo los siguientes ejes analíticos:

En primer lugar, los actuales gobernantes operan como restauradores, al modo exacto en que el Frente Amplio se planteaba como una fuerza refundadora. Asimismo, el analista sugirió que restaurar es la palabra de la derecha para hablar de refundación, funcionando prácticamente como sinónimos en la práctica. Por otra parte, Correa afirmó que el Ejecutivo posee una inclinación religiosa, actuando como redentores de un país que, a los ojos del oficialismo, requiere salvación de tanta carencia y de haber estado cerca del abismo. Finalmente, el exministro aclaró que este proceso se ejecuta con palabras suaves, de forma muy educada, con guante blanco y lejos de tonos altisonantes o amenazantes.

Convivencia democrática y el estilo del “conservadurismo compasivo”

Al ser consultado sobre la viabilidad de la convivencia democrática con una administración de marcado tinte doctrinario, el exsecretario de Estado se mostró optimista, recordando que el país ya pudo convivir con un gobierno cuyo origen era bastante de izquierda. No obstante, Correa explicitó su preferencia personal por administraciones ubicadas más hacia el centro del espectro político, argumentando que es preferible que los gobiernos sean un poco más neutros tanto en el plano ideológico como en el religioso.

Respecto a la reciente Cuenta Pública presidencial, el analista destacó que el mensaje del Mandatario se dio en un tono mesurado, cuidadoso y muy caballeroso, cumpliendo de forma rigurosa con el ritual republicano. Sin embargo, advirtió que detrás de esa moderación formal asoman directrices claras. En primer lugar, en el discurso presidencial aparecen ciertas prioridades como el orden. Asimismo, el mensaje gubernamental releva a la familia en su concepto más conservador. Por otra parte, el texto presidencial asienta la idea de que el gobierno tiene obligaciones directas con los más necesitados. Finalmente, Correa precisó que esta ayuda social se enmarca en un conservadurismo compasivo, un concepto muy propio del lenguaje de los republicanos estadounidenses, distanciándose del modelo de protección social clásico que caracteriza al progresismo chileno o europeo.

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El programa de financiamiento de estudios de postgrado en el extranjero enfrenta su crisis más profunda desde su creación. Una exhaustiva auditoría realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Conocimiento al programa Becas Chile arrojó que los beneficiarios que no cumplieron con las obligaciones legales pactadas suman una deuda acumulada que alcanza los $100.000 millones de pesos en perjuicio del Estado.

La revisión exhaustiva de las bases de datos institucionales, cuyos resultados preliminares fueron expuestos por la prensa escrita, confirmó que se trata de 1.800 profesionales que derechamente no respondieron con los compromisos de retorno o retribución exigidos en los convenios de financiamiento público.

Más allá de las alarmantes cifras de morosidad y fallas en los procesos de cobro, el estudio técnico sacó a la luz severas brechas de equidad en los procesos de selección históricos del instrumento estatal. La indagatoria arrojó una marcada concentración en la entrega de los beneficios financieros, favoreciendo de manera sistemática a postulantes que provienen de colegios particulares pagados y que registran domicilio en algunas de las comunas con mayores ingresos socioeconómicos del territorio nacional.

Los detalles del origen y la justificación técnica de la fiscalización se estructuran bajo los siguientes antecedentes:

En primer lugar, la auditoría fue solicitada formalmente por la ministra Ximena Lincolao al asumir la conducción de la cartera el pasado 11 de marzo. Asimismo, el requerimiento ministerial tuvo como objetivo central evaluar el funcionamiento del programa, fortalecer los mecanismos de control interno y asegurar el cumplimiento de los compromisos fiscales. Por otra parte, el estudio de fiscalización contempló el análisis de más de 2 millones de datos estadísticos. Finalmente, el universo revisado abarcó un total de 12 mil becas otorgadas de manera correlativa entre los años 2008 y 2025.

Explicaciones ante el Congreso y publicación de resultados

Las conclusiones de este informe explican las controvertidas decisiones administrativas adoptadas por el Ejecutivo durante las últimas semanas en materia de capital humano avanzado. El lunes pasado, ante los integrantes de la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, la ministra Lincolao ya había adelantado de manera formal que la suspensión total de las convocatorias del año 2026 de Becas Chile para programas de magíster y posdoctorado en el extranjero respondía de forma directa a los hallazgos de esta “auditoría profunda”.

En dicha instancia legislativa, la secretaria de Estado se comprometió ante los parlamentarios de la instancia a evacuar y tener listos los resultados definitivos en un plazo inferior a dos semanas para su correspondiente presentación presencial. De acuerdo a las planificaciones informadas por el Ministerio de Ciencia, el documento con las conclusiones finales del proceso fiscalizador será publicado de forma íntegra a través de los canales y plataformas oficiales del Gobierno para el conocimiento público de la ciudadanía.

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Un nuevo y complejo flanco judicial sacude los recientes nombramientos diplomáticos del Ejecutivo. La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos militantes del Partido Socialista (PS), presentarán una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos tributarios y de corrupción revelados en una serie de conversaciones que involucran de manera directa al abogado Gabriel Zaliasnik, recientemente designado como embajador de Chile en Israel por la administración del Presidente José Antonio Kast.

Los antecedentes que fundan la acción legal de los parlamentarios fueron publicados originalmente por el medio de comunicación Reportea. De acuerdo a los antecedentes expuestos, las comunicaciones telefónicas delatan una serie de maniobras coordinadas entre Zaliasnik y el principal imputado de la causa general, el abogado Luis Hermosilla.

El catálogo de irregularidades: Gastos reservados, ENAP y espionaje

La denuncia que ingresará al sistema judicial detalla hechos de extrema gravedad que configuran una serie de ilícitos penales de carácter funcionario. Entre los delitos que los legisladores solicitan investigar con urgencia se encuentran la malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

La carpeta que revisarán los fiscales de la causa agrupa las siguientes conductas presuntamente delictivas:

En primer lugar, los antecedentes muestran una solicitud explícita para acceder a gastos reservados del Estado con el fin de financiar una defensa penal privada. Asimismo, se detectó la gestión de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, en paralelo a la vigencia de un contrato con la misma empresa estatal. Por otra parte, los chats evidencian una supuesta intervención en nombramientos judiciales y solicitudes de fallos favorables ante los tribunales de alzada. Finalmente, el documento acusa pedidos de interceptación de teléfonos y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de oposición, ejecutados de forma clandestina y sin contar con ninguna orden judicial.

“Esto daña la democracia”: La ofensiva de los legisladores querellantes

Tanto Cicardini como Manouchehri poseen una participación activa y permanente en los procesos judiciales asociados a los escándalos de corrupción de cuello y corbata. Ambos parlamentarios son querellantes activos en el Caso Hermosilla, y sus denuncias previas han contribuido de manera directa a abrir líneas de investigación complejas en esa causa madre, así como también en la denominada trama de la Muñeca Bielorrusa.

“Las revelaciones del Caso Hermosilla que involucrarían a su nuevo embajador en Israel apuntan a un eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones en el Poder Judicial y espionaje político. Eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones”, sentenció de forma categórica la senadora Daniella Cicardini al abordar los alcances de la presentación.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri descartó de plano que se intente bajar el perfil de las conversaciones catalogándolas como simples anécdotas o intercambios personales de redes sociales:

En primer lugar, el diputado afirmó que las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado de carácter profesional. Asimismo, el legislador argumentó que los textos revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político coordinado. Por otra parte, el parlamentario acusó que estas redes operaban para proteger a los suyos y perseguir de manera sistemática a sus adversarios de la plaza. Finalmente, Manouchehri aseveró que esto es demasiado grave para quedar en una simple explicación comunicacional, concluyendo con firmeza que el país merece conocer toda la verdad en este 2026.

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En las últimas semanas se volvió a instalar el debate sobre la prioridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast respecto de la agenda ambiental y climática. La ausencia de anuncios en esta materia durante la reciente Cuenta Pública, sumada a las controversias generadas por las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, respecto del cambio climático, han despertado cuestionamientos desde la academia y organizaciones de la sociedad civil.

Las críticas se han concentrado tanto en el enfoque que privilegia el crecimiento económico y la inversión como en decisiones concretas adoptadas durante los primeros meses de gestión, entre ellas los cuestionamientos a normativas como la Ley de Humedales Urbanos.

Pese a estas críticas, la ministra Francisca Toledo defendió el trabajo realizado por el Gobierno en materia climática durante una actividad por el Día Mundial del Medio Ambiente. La secretaria de Estado sostuvo que la agenda climática continúa en marcha y destacó la implementación de la institucionalidad creada en los últimos años.

“El país tomó una decisión en base a los antecedentes científicos disponibles y se tomó el acuerdo de decir vamos a trabajar al 2050 para poder tener la carbono neutralidad“, comentó la secretaria de Estado.

Humedal Salinas de Pullally. Raul Zamora/Aton Chile

Toledo explicó que actualmente el Ejecutivo se encuentra enfocado en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y en la ejecución de los planes sectoriales y territoriales asociados a dicha normativa. “Los planes ya están funcionando, estamos trabajando para que los municipios que faltan puedan contar con esa planificación“, señaló.

La ministra también adelantó que durante junio el Gobierno publicará el borrador de actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo y que hacia fines de año se entregará un informe sobre la trayectoria de emisiones del país.

Cuestionamientos desde la academia y la sociedad civil

Para la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, la omisión de los temas ambientales en la Cuenta Pública no constituye un hecho aislado, sino una señal coherente con la orientación política del actual gobierno.

“Eso confirma la visión programática de este gobierno en cuanto a oponer el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. En el fondo, el medio ambiente viene a ser, o su protección, una amenaza contra los objetivos del crecimiento económico que se ha propuesto el gobierno“, sostuvo en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

En una línea similar, Carolina Palma, coordinadora de incidencia de ONG FIMA, afirmó que la falta de anuncios ambientales responde a una tendencia observada desde el inicio de la administración.

“La ausencia de iniciativas ambientales y climáticas es la tónica que ha mantenido el gobierno en estos primeros meses de instalación. Al contrario, vemos que la política ambiental más grande ha sido el retiro de los 43 decretos ambientales”, cuestionó al ser consultada por nuestro medio.

Ministra Francisca Toledo. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Palma agregó que las medidas concretas impulsadas por el Ejecutivo no apuntan al cumplimiento de los compromisos climáticos vigentes y citó como ejemplo el retraso en la puesta en marcha del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

Moraga por su parte advirtió que la falta de prioridad otorgada al medio ambiente también podría tener consecuencias económicas para el país. A su juicio, Chile requiere una estrategia que compatibilice la explotación de recursos naturales con la protección de ecosistemas y comunidades.

“El equilibrio económico del país también depende de su naturaleza y ecosistemas“, afirmó, junto con recalcar que crecimiento económico y protección ambiental “no se oponen necesariamente” cuando existen políticas públicas orientadas a generar equilibrio entre ambos objetivos.

Desde FIMA, Palma coincidió en que el problema no radica únicamente en las omisiones de la Cuenta Pública, sino en una visión más profunda sobre el desarrollo. “Todos los últimos gobiernos han tenido una visión economicista de la naturaleza. El problema es cuando potenciamos narrativas donde el desarrollo es opuesto a la protección ambiental”, planteó.

La coordinadora agregó que históricamente “siempre se ha subordinado el medio ambiente a la agenda de Hacienda y Economía“, lo que, a su juicio, explica la preocupación que generan iniciativas como el plan de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.

Panoramica Humedal Salinas de Pullaly. Raul Zamora/Aton Chile

Cambio climático

Otro de los puntos que ha generado debate corresponde a las declaraciones de la ministra Toledo respecto de la responsabilidad humana en el cambio climático, tema sobre el cual distintos científicos cuestionaron la postura de la autoridad.

Moraga sostuvo que este tipo de discursos se relacionan con corrientes políticas que han ganado espacio en diversos países, pero consideró que resultan incompatibles con la realidad chilena.

“Chile es un país vulnerable frente a los efectos del cambio climático y además tenemos un gran potencial en energías renovables y en minerales críticos para la transición energética hacia economías bajas en carbono”, afirmó.

La académica agregó que desconocer la vulnerabilidad climática del país podría afectar incluso los objetivos económicos que el Gobierno busca impulsar. “Hoy en día el cambio climático es considerado un riesgo para la actividad productiva, un riesgo para la inversión, un riesgo para el financiamiento”, advirtió.

Por su parte, Palma enfatizó que las obligaciones climáticas de Chile trascienden a los gobiernos de turno. “El Estado de Chile ha estado comprometido con las metas climáticas, más allá de los colores políticos. Por eso, más allá de las declaraciones, esperamos que las obligaciones ya asumidas por nuestro país se cumplan y se mantengan”, señaló.

Desierto Florido. Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

La representante de ONG FIMA sostuvo que mantener esos compromisos es fundamental para resguardar la credibilidad internacional del país y aseguró que el rol de la sociedad civil será continuar exigiendo la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y el cumplimiento de las metas establecidas.

En tanto, Pilar Moraga concluyó que, aunque el cambio climático pueda haber perdido espacio dentro de las prioridades políticas del Gobierno, el país cuenta con una institucionalidad que obliga a seguir avanzando.

“Puede que deje de ser una prioridad, pero al menos tenemos un marco legal que establece metas cuyo cumplimiento se debe monitorear y reportar y, por lo tanto, pese a que no sea una prioridad, es necesario avanzar“, sentenció.

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La crisis política y social que sacude a Bolivia alcanzó un nuevo e importante hito institucional durante las últimas horas del fin de semana. En una sesión que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados de ese país aprobó en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. La iniciativa legal modifica el equilibrio de poderes al ampliar de forma directa las competencias del presidente Rodrigo Paz para decretar dicha medida de emergencia.

Con este respaldo del Poder Legislativo, el mandatario boliviano contará con el piso jurídico necesario para facilitar el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de control y despeje de las rutas viales. Las manifestaciones, que se extienden desde hace más de un mes, mantienen completamente bloqueada la región de la capital, La Paz, bajo la consigna explícita de exigir la dimisión inmediata del jefe de Estado.

El proyecto de ley ya contaba con el visto bueno previo del Senado y recibió la ratificación definitiva de la Cámara Baja a las 5:52 horas de este domingo, alcanzando el respaldo de dos tercios de los diputados. Tras el extenso debate parlamentario, el texto fue remitido de inmediato al palacio de gobierno para su correspondiente promulgación por parte del Ejecutivo.

Imágenes de algunos de los bloqueos que afectan a las principales carreteras en Bolivia. Foto: Municipios de Bolivia

La nueva estructura legal para la aplicación de la fuerza de seguridad contempla los siguientes parámetros normativos:

En primer lugar, la declaración del estado de excepción deberá realizarse obligatoriamente a través de un decreto supremo debidamente fundamentado. Asimismo, dicho documento tendrá que especificar con total claridad el alcance territorial de la medida, su duración exacta, las acciones extraordinarias que quedan autorizadas y las instituciones públicas que serán responsables de ejecutar los operativos de orden. Por otra parte, la legislación determina una vigencia máxima de hasta 90 días para la aplicación de este régimen excepcional. Finalmente, cualquier posibilidad de ampliación del plazo quedará sujeta de manera exclusiva a una autorización previa de la Asamblea Legislativa.

Desabastecimiento, balances de víctimas y paralelismos históricos

A pesar del adverso escenario de seguridad, el presidente Rodrigo Paz utilizó sus canales oficiales en redes sociales para asegurar que la situación de desabastecimiento en La Paz y El Alto comienza a registrar avances concretos gracias al diálogo con sectores dialogantes, destacando el ingreso controlado de un millón de litros de gasolina y 40 mil bombonas de gas a la zona afectada. De forma paralela, el mandatario generó debate político al publicar una fotografía histórica de la Unidad Democrática y Popular (UDP), la coalición de izquierda que gobernó en 1982 en medio de una severa crisis económica y protestas sindicales, un proceso que concluyó con elecciones anticipadas donde se impuso el expresidente Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo del actual gobernante.

Sin embargo, el costo humano de las movilizaciones sigue en aumento en este 2026. El último informe emitido por la Defensoría del Pueblo reveló datos alarmantes sobre el impacto de las cinco semanas de paralización regional:

En primer lugar, los enfrentamientos y desórdenes en las rutas se han cobrado hasta el momento la vida de diez personas. Asimismo, los registros oficiales de los centros asistenciales dan cuenta de un total de 37 heridos. Por otra parte, los estamentos judiciales mantienen abiertos procesos legales contra más de un centenar de personas procesadas. Finalmente, el organismo humanitario aclaró de forma dramática que siete de los fallecimientos corresponden a pacientes que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a la intransigencia de los bloqueos o que sufrieron retrasos críticos durante sus traslados de urgencia hacia los hospitales.

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En el inicio de su gira oficial por el extremo norte de Chile, el Presidente José Antonio Kast desplegó una intensa agenda de actividades en la Región de Arica y Parinacota. El Jefe de Estado lideró importantes hitos que combinaron el fortalecimiento del equipamiento urbano con la conmemoración de una de las efemérides patrióticas más significativas del calendario nacional, consolidando su presencia en terreno junto a secretarios de Estado, autoridades regionales y la comunidad local.

La máxima autoridad del país inició sus actividades el sábado con una agenda enfocada en el desarrollo urbano y comunitario. Posteriormente, al caer la noche, se trasladó al casco histórico de la ciudad para presidir los actos oficiales de carácter patrimonial y militar en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico.

La primera actividad de la jornada sabatina se concentró en el sector El Alto Sur de Arica, lugar donde el Mandatario encabezó la inauguración del Parque El Alto. El nuevo recinto busca promover de manera directa la recreación, la convivencia comunitaria y el acceso equitativo a áreas verdes para miles de habitantes de la comuna nortina.

Presidente José Antonia Kast inaugura Parque El Alto en la ciudad de Arica. Fotos: Aton Chile.

Durante el tradicional corte de cinta, el Presidente Kast estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, además de dirigentes sociales y vecinos del sector. El proyecto de infraestructura urbana contempló las siguientes características:

En primer lugar, la ejecución de las obras civiles estuvo a cargo de las directrices técnicas del Servicio de Vivienda y Urbanización. Asimismo, el financiamiento de la iniciativa gubernamental significó una inversión fiscal superior a los 7.256 millones de pesos. Por otra parte, los recursos económicos permitieron habilitar un extenso parque urbano de 17.172 metros cuadrados de superficie. En ese sentido, el diseño arquitectónico del nuevo recinto incorporó infraestructura adaptada para vecinos de distintas edades. Finalmente, tras la ceremonia, las autoridades confirmaron que la obra presenta un avance del 100% para el uso inmediato de la población.

Alegoría histórica: 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica

Al cierre de la jornada, el Presidente Kast encabezó la tradicional alegoría histórica con motivo de los 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica. La representación patrimonial evoca la gesta ocurrida el 7 de junio de 1880, símbolo del valor y sacrificio de los soldados chilenos durante la Guerra del Pacífico. En el acto oficial, el Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y la Primera Dama, María Pía Adriasola.

Para la puesta en escena de la recreación histórica, el despliegue de coordinación consideró los siguientes ejes narrativos:

En primer lugar, la recreación se prolongó por cerca de 55 minutos, los mismos que duró la gesta original de 1880 en los faldeos del peñón. Asimismo, la presentación contó con la asistencia de cientos de personas que repletaron los accesos junto a las autoridades nacionales y regionales. Por otra parte, en la puesta en escena participaron cerca de 250 personas, entre las que destacaron efectivos militares, recreacionistas históricos, actores civiles y voluntarios locales. Finalmente, el Mandatario catalogó como un privilegio participar en este acto de una ciudad que definió como llena de orgullo, patriotismo y amor por Chile.

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Una dura ofensiva fiscalizadora desplegó el bloque oficialista frente a los procedimientos de cobranza estatal. La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) solicitó explicaciones formales a la Tesorería General de la República luego de recibir alarmantes denuncias de personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), quienes aseguran haber sufrido la retención total de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias durante procesos de ejecución judicial.

A través de un oficio presentado formalmente, los parlamentarios exigieron al organismo recaudador esclarecer de inmediato los criterios utilizados para determinar qué deudores específicos fueron objeto de estos embargos masivos. Asimismo, la bancada requirió información detallada sobre cuáles son los mecanismos destinados a proteger a aquellos profesionales y técnicos que actualmente cuentan con menores ingresos dentro del sistema.

“Es una inmoralidad”: La dura reacción parlamentaria

La jefa de la bancada de diputados del Frente Amplio, Emilia Schneider, cuestionó con dureza el actuar de la Tesorería y calificó la situación como una vulneración extrema a las condiciones de vida de los afectados. La parlamentaria fundamentó su preocupación entregando cifras sobre la realidad socioeconómica de quienes cargan con esta mochila financiera.

“Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días”, afirmó la diputada Emilia Schneider.

Para visibilizar la gravedad de la medida de fuerza fiscal, la legisladora sostuvo que más de la mitad de las y los deudores del CAE gana menos de 750 mil pesos mensuales. En esa línea, Schneider advirtió de manera tajante que desde el Congreso no van a permitir que ocurran abusos ni arbitrariedades en contra de los profesionales vulnerables.

Acusaciones de clasismo y la arremetida de la directiva del FA

A las críticas institucionales se sumó la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, quien escaló el conflicto político al apuntar de manera directa contra la gestión del Ejecutivo en materias de equidad social.

En declaraciones emitidas al diario La Tercera, Martínez comparó la dureza del Gobierno frente a los profesionales endeudados con la postura legislativa de la derecha en la agenda de seguridad. En primer lugar, la dirigenta calificó como gravísimas las denuncias ciudadanas respecto a que la Tesorería está vaciando por completo las cuentas de los deudores del CAE.

Asimismo, Martínez fustigó que la misma semana en que se rechaza levantar el secreto bancario para perseguir las rutas de dinero del crimen organizado, el Estado deje sin un peso a los ciudadanos que menos recursos tienen. Por otra parte, la líder oficialista aseguró de forma categórica que el clasismo de este gobierno no solo es evidente, sino que es inmoral. Finalmente, la presidenta del FA confirmó que se encuentran monitoreando de cerca el escenario y evaluando nuevas acciones judiciales y legislativas de protección para los afectados.

Desde la tienda de izquierda recordaron que esta problemática ya había sido advertida formalmente por sus parlamentarias durante el presente año legislativo. En abril pasado, el Frente Amplio ingresó a trámite un proyecto de ley destinado a modificar estructuralmente los mecanismos de cobranza del CAE.

La propuesta legal busca incorporar de manera obligatoria criterios asociados a la capacidad real de pago de los profesionales y establece un umbral de protección absoluta para quienes perciban ingresos inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales. Con esta medida, el bloque pretende asegurar por ley un piso mínimo de dignidad que impida el vaciado de cuentas bancarias y sueldos por concepto de deudas estudiantiles en este 2026.

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A solo horas de que se abran las urnas para la segunda vuelta presidencial en Perú, la incertidumbre y la fragmentación marcan el pulso de un país políticamente convulsionado. El balotaje enfrenta a dos figuras que encarnan proyectos diametralmente opuestos: Keiko Fujimori, histórica lideresa del fujimorismo en un nuevo intento por llegar a la presidencia, y Roberto Sánchez, candidato de izquierda vinculado al sector del destituido exmandatario Pedro Castillo.

Para profundizar en este complejo escenario, el doctor en Estudios Americanos y académico de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, conversó con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile. En su análisis, el experto advirtió que la política peruana resulta sumamente difícil de comprender desde el exterior debido a sus profundas fracturas internas, partiendo por un alto nivel de abstención que opera como un constante voto de castigo hacia el sistema imperante.

Según el académico, la situación general no ha variado sustancialmente en comparación a la última elección presidencial, especialmente porque ninguno de los candidatos logró una mayoría abrumadora en la primera instancia. Sin embargo, destacó que el sorpresivo avance del candidato de izquierda a la papeleta final demuestra que el sector que respaldó en su momento a Castillo sigue siendo una fuerza política importante que no puede ser subestimada por el establishment limeño.

El peso del voto rural y el enigma de Fujimori

Al desglosar las fuerzas electorales, Estenssoro enfatizó que el electorado de Sánchez no responde a los cánones de la izquierda urbana tradicional, sino que está cimentado en un fuerte voto rural campesino. “La rivalidad entre el campo y la ciudad en Perú es real”, sentenció el académico, explicando que las condiciones de vida históricamente se han concentrado en la capital, generando una fractura geográfica y étnica donde la sierra y la selva levantan reivindicaciones propias enfocadas en una mayor redistribución de los ingresos.

Dr. Fernando Estenssoro, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile.

En la otra vereda, la posición de Keiko Fujimori genera interrogantes respecto a cómo administrará su capital político si logra asegurar el apoyo de la centro-derecha. El experto explicó que los parámetros ideológicos tradicionales se han corrido y resulta complejo definir si la candidata se alineará con las nuevas formas de ultraderecha populista que han comenzado a dominar la escena regional, o si mantendrá una postura más pragmática frente a las políticas sociales y la participación del Estado en la economía.

En ese sentido, Estenssoro reflexionó sobre el surgimiento de liderazgos continentales caracterizados por un modelo económico neoliberal extremo y un discurso marcadamente autoritario en materia de seguridad, género y migración. Frente a este nuevo mapa de la derecha, el académico dejó abierta la duda sobre si el fujimorismo adoptará este libreto confrontacional de forma íntegra o buscará una vía propia e independiente en caso de llegar nuevamente al poder.

El fenómeno De la Espriella y el ajedrez geopolítico en Cuba

El análisis del escenario regional también se detuvo en Colombia, país que vivirá su propia segunda vuelta presidencial marcada por la irrupción del candidato conservador De la Espriella. Para Estenssoro, este liderazgo calza perfectamente con el perfil de figuras como Javier Milei o Nayib Bukele, representando a una nueva ultraderecha que logró desplazar a la derecha política clásica colombiana, dando la sorpresa al adjudicarse la primera mayoría en unos comicios que registraron un inusual aumento en la participación ciudadana.

Finalmente, el académico de la Universidad de Santiago abordó la delicada situación geopolítica que atraviesa Cuba, en medio de especulaciones sobre posibles intervenciones y el recrudecimiento de las presiones y el bloqueo económico estadounidense. Estenssoro advirtió que un eventual colapso del régimen cubano o una ofensiva directa por parte de potencias extranjeras tendría un impacto gigantesco en los realineamientos políticos de toda América Latina, generando un profundo rechazo transversal en la región.

Una calle de La Habana. Foto: Europa Press

El factor ruso resulta determinante en esta ecuación de poder internacional. El experto subrayó que Moscú ha sido el gran sostén histórico de la isla desde los tiempos de la Unión Soviética, ejemplificado en el reciente envío de submarinos nucleares y suministros petroleros. Por lo mismo, abandonar a La Habana en este momento crítico significaría un duro revés para la narrativa de una alternativa internacional a Occidente. “Si los rusos entregan a Cuba, se acabó esa supuesta alianza del Sur Global y de los BRICS”, concluyó Estenssoro, evidenciando cómo el destino del Caribe podría reconfigurar el tablero de poder a nivel planetario.

La última hora: Escándalo judicial sacude la antesala del voto

La antesala del voto se vio fuertemente sacudida por una grave controversia judicial en Lima. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación que podría derivar en una suspensión provisional de seis meses contra el reconocido magistrado Richard Concepción Carhuancho, célebre por haber ordenado en el pasado la prisión preventiva de la propia candidata Keiko Fujimori. Diversos juristas, abogados defensores y analistas denunciaron el hecho como una abierta represalia política impulsada por los sectores que controlan el poder en el Congreso y el Ejecutivo, interpretándolo como un peligroso mensaje de amedrentamiento hacia los jueces independientes.

En el plano estrictamente electoral, la recta final quedó marcada por un escenario de empate técnico absoluto que mantiene la incertidumbre de los resultados. El último sondeo de la encuestadora Ipsos, dado a conocer a la prensa extranjera debido a la veda legal vigente, arrojó que Roberto Sánchez lidera la intención de voto con un estrecho 43,8%, seguido por Keiko Fujimori con un 43,2%. Con una diferencia de apenas 0,6 puntos a favor de la izquierda, muchos analistas locales temen que un desenlace tan ajustado termine alimentando denuncias de fraude o derivando en complejas impugnaciones durante el conteo oficial.

Entrevista completa:

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El mundo de las artes y el espectáculo en Chile se tiñe de luto. La familia del destacado actor, comediante y exconcejal Julio Jung confirmó su lamentable fallecimiento a los 84 años de edad, una noticia que causa profundo pesar en el ecosistema cultural del país. El intérprete es recordado de manera transversal por sus notables y diversas interpretaciones en el cine, emblemáticas teleseries y programas de comedia que marcaron a distintas generaciones.

A mediados del año pasado, su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, había revelado de manera pública que su padre padecía de demencia senil desde hacía casi cuatro años, diagnóstico por el cual permanecía internado en un centro especializado de cuidado para adultos mayores. A pesar de los complejos desafíos de salud que enfrentaba, el célebre artista se mantuvo activo y continuó creando hasta sus últimos días.

La prolífica trayectoria de Julio Jung se caracterizó por su versatilidad y su capacidad para transitar con maestría por múltiples registros dramáticos. En reconocimiento a su invaluable aporte, el actor recibió en 2025 el Premio Nacional de Humor.

Durante la ceremonia de entrega de dicho galardón, se ensalzó su figura bajo diversos aspectos de su carrera. En primer lugar, se le reconoció formalmente como uno de los personajes clave que lograron burlar activamente la censura en tiempos de opresión política.

Asimismo, el jurado destacó que, durante los años más complejos de la dictadura militar, Jung integró una generación de creadores que desafió al poder establecido mediante el uso de la ironía y la lucidez. Finalmente, las instancias culturales relevaron que el comediante transformó al humor no solo en una herramienta de expresión, sino en un profundo campo de exploración artística y política.

Julio Jung (1942-2026), una versatilidad única: un experto en manejar los tiempos en la comedia y en construir personajes internamente quebrados. Estuvo en 35 películas chilenas, con grandes protagónicos en Amnesia (1994) y Coronación (2000). Un inolvidable. pic.twitter.com/ZlXBD9hptv

— Marcelo Morales (@MoralescMarcelo) June 6, 2026

La recordada dupla con Andrés Rillón y el legado de “Mediomundo”

Dentro del inconsciente colectivo de la televisión chilena, Julio Jung es y será recordado de manera entrañable por la inolvidable dupla humorística que consolidó junto al también fallecido realizador Andrés Rillón. Juntos dieron vida a un estilo de comedia inteligente, histórico y con un altísimo contenido de crítica social, el cual quedó inmortalizado en espacios de culto como el clásico programa Mediomundo.

Con su partida física en este 2026, el panorama cultural chileno despide a un creador audaz que supo transformar la pantalla y las tablas en un espejo crítico de la sociedad, dejando un legado imborrable en la historia del entretenimiento nacional.

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La conmemoración y las demandas por verdad y justicia volvieron a tomarse las calles este sábado 6 de junio en una masiva movilización ciudadana. La marcha, convocada por diversas organizaciones de derechos humanos, congregó a miles de asistentes que marcharon pacíficamente para manifestar su rechazo a las recientes políticas impulsadas por el Gobierno, en un contexto marcado por la tensión entre La Moneda y las agrupaciones de familiares.

La culminación de la masiva convocatoria estuvo marcada por un fuerte mensaje hacia la administración de José Antonio Kast. La senadora Fabiola Campillai valoró la multitudinaria y pacífica asistencia ciudadana en las calles, agradeciendo el acompañamiento durante la jornada de protesta. En esa línea, la parlamentaria advirtió que las organizaciones se mantendrán movilizadas y en lucha para frenar cualquier intento de indultar o liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Para la legisladora, el mensaje hacia el Ejecutivo es claro y no admite ambigüedades. “Esperamos que el presidente escuche, pero que también escuche a las víctimas de todos esos asesinos que hoy día quieren ser liberados”, sentenció Campillai frente a los asistentes.

El tono fue endurecido por Alicia Lira, histórica dirigente y representante de las agrupaciones por la memoria, quien apuntó directamente contra la decisión de Kast de retirar a los presos comunes del penal Punta Peuco. Según la vocera, esta medida le devuelve un estatus de cárcel especial a criminales que torturaron a mujeres embarazadas hasta la muerte y que, hasta el día de hoy, no muestran ningún grado de arrepentimiento ni aportan a la verdad.

Agrupaciones y ciudadanos portan carteles con rostros de víctimas y un lienzo principal durante la manifestación por los Derechos Humanos.

La memoria como demanda social y la presión por el Plan de Búsqueda

Más allá del repudio a los beneficios carcelarios, Lira destacó que la marcha demostró que la defensa de la memoria dejó de ser una causa exclusiva de las víctimas directas. La dirigente valoró profundamente la presencia de pobladores, estudiantes de diversas universidades y trabajadores de base, lo que confirma que las justas demandas históricas se asumen hoy como un problema transversal de toda la sociedad.

Frente al avance del negacionismo y los discursos de odio que le atribuyen a figuras de la extrema derecha, las organizaciones delinearon sus próximos pasos institucionales. Lira anunció que acudirán a las bancadas de los partidos políticos y aumentarán la presión sobre el ministro de Justicia, quien aún no recibe a los familiares pese a las solicitudes de entrevista.

El objetivo central de esta ofensiva es exigir que el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos se transforme definitivamente en una ley de la república. Para ello, instaron directamente al Presidente Kast a reponer este proyecto en el Congreso Nacional, advirtiendo que no darán ni un paso atrás en los logros alcanzados gracias a la lucha colectiva de las agrupaciones desde el norte hasta el sur de Chile.

Agrupaciones y ciudadanos portan carteles con rostros de víctimas y un lienzo principal durante la manifestación por los Derechos Humanos.

El recambio generacional y la esperanza en la unidad del mundo social

Desde el mundo político, la visión de las organizaciones fue respaldada por María Eugenia Puelma, en representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Partido Comunista. La dirigente catalogó la jornada como una magnífica demostración de fuerza ciudadana, destacando que en las calles confluyeron todos los actores importantes que históricamente han luchado por la democracia en el país.

Puelma reconoció estar profundamente emocionada por la masiva presencia de jóvenes durante la movilización. Según sus palabras, esta nueva generación sabe perfectamente por lo que está luchando y demuestra un compromiso real por construir una vida social justa, exigiendo una sociedad que tenga la verdad en el corazón y que no permita más espacios para la impunidad.

Pese al éxito de la convocatoria ciudadana, la representante comunista hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para sumar a más sectores y enfrentar lo que denominó como un fascismo instalado actualmente en La Moneda. “Necesitamos más para la próxima: más organizaciones sociales, más estudiantes y más pobladores”, concluyó Puelma, insistiendo en que solo la unidad y la movilización del mundo social serán capaces de transformar el actual escenario del país.

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Esta alteración del cuadro político regional en un par de años, aunque para algunos se asemeja a un tsunami originado en aguas profundas, se parece más a la ola piramidal Kanagawa, generada por la superposición o una suma de crestas sobre crestas.

Hace unos 21 años en política nos hicimos aficionados a las olas cuando el corresponsal del New York Times en Montevideo, Larry Rother, bautizó el triunfo electoral del frenteamplista Tabaré Vázquez en Uruguay como una “marea rosa” que formaba parte de un movimiento inaugurado por la llegada de Chávez al poder en 1998. Desde entonces se han intercalado otras tendencias: más conservadoras en 2015 y progresistas después de la pandemia. En general hubo mosaicos con diversidad, aunque esta semana interelecciones podría estar marcando otro hito, con el resultado de la primera vuelta de las elecciones colombianas y la antesala del balotaje peruano.

A ratos parece una Gran ola de Kanagawa, aquella estampada en 1830 por el artista nipón Katsushika Hokusai, quien pintó una cresta marina descomunal amenazando arrasar la mayor altura japonesa, el monte Fuji. ¿Acaso lo mismo podría pasar con una nueva derecha –ya sea radical, hiperconservadora o populista– respecto al progresismo y las izquierdas sudamericanas?

Justo cuando la tendencia empieza a declinar en el pericentro septentrional, como el Canadá de Mark Carney imponiéndose sobre el conservadurismo filotrumpista de su país o Hungría con Péter Magyar derrotando inapelablemente al Gobierno de 12 años del iliberal Viktor Orbán, en la periferia sudamericana la ola de las nuevas derechas sigue confirmándose.

Cerca de ocho años después que Bolsonaro alcanzara el poder –y casi a cuatro de ser derrotado por Lula– y tres desde que asumiera Milei, se han sumado Peña, Noboa, Kast y Rodrigo Paz (por el partido democristiano centroderechista boliviano). La primera vuelta colombiana dejó al radical De la Espriella liderando con casi el 43,7% de los votos, mientras Keiko Fujimori y su derecha popular –o populista– encabeza las preferencias del balotaje peruano en varias encuestas.

En el caso colombiano parece claro que la candidata del uribista centro democrático, Paloma Valencia, fue abandonada por parte del electorado conservador que abrazó al candidato instalado más a la derecha, en el nicho disponible de la franja de descontento apuntando a la cuestión de la seguridad, proponiendo una paz sujeta a múltiples condiciones que descarrilarían el actual proceso.

En Colombia hay quienes se afirman en la elección de 2022, en la que ganó la izquierda con un Gustavo Petro arribando al balotaje con 12 puntos de diferencia respecto de su rival. Hoy, en cambio, podría estar configurándose un cuadro más similar a la elección de 2002, cuando el outsider Álvaro Uribe derrotó al liberal progresista Horacio Serpa y, de paso, terminó la alternancia entre conservadores y liberales. Hoy, De la Espriella intenta capitalizar el hastío contra los partidos establecidos actuales, incluyendo al uribismo y al Pacto Histórico de Petro y el candidato Cepeda.

En tiempos de la campaña de Uribe su credo fue la seguridad, la lucha contra la guerrilla y el máximo aperturismo comercial y privatizaciones conforme al consenso de Washington, fórmula que en Perú aplicara Alberto Fujimori en 1992, mediante un autogolpe que cerró el Congreso, para aplicar una política de “Fujishock económico sin interferencias políticas”.

Las diferencias estuvieron en que, mientras el peruano devino en un autoritarismo competitivo que mantuvo la hojarasca de elecciones para perpetuarse, Uribe, una década después, ejerció su liderazgo desde una democracia delegativa, vertical y directa, sin interrumpir las instituciones (aunque también con escándalos manifiestos, como los “falsos positivos”, cuando las Fuerzas Armadas hicieron pasar a civiles ejecutados como muertos en combate). Ambos fueron las puntas del fenómeno motejado en la época como “neopopulismo”, en el inicio con Fujimori (y Menem) y Uribe como último estertor de dicha tendencia. Al decir del historiador catalán Xavier Casals, “al eclipsarse la Guerra Fría, la violencia política alumbró fenómenos políticos novedosos”, distintos a las dictaduras de la seguridad nacional precedentes.

Hoy en Perú el psicólogo Roberto Sánchez se atavía con el sombrero típico cajamarquino de Pedro Castillo para representar la identidad y la exclusión de la sierra y el mundo andino, simbolizando la ruptura con la elite. En tanto, Keiko Fujimori, aunque en las tres incursiones presidenciales anteriores matizó el parecido con el camino de su padre, hoy lo reivindica claramente. Ella estuvo al frente del tratamiento “bajas calorías” de la fujimorista formación Fuerza Popular, transformándolo simultáneamente en el gran articulador (desde el Congreso) de las frecuentes vacancias presidenciales, con el argumento de la “incapacidad moral”, práctica que llevó a Perú a tener ocho presidentes en el último decenio.

La pregunta actual es si después de haber participado en la inestabilidad política peruana podrá completar un eventual mandato. Por el momento, ya hubo una reforma al unicameral instalado en 1993 por la Constitución del Gobierno de Alberto Fujimori, agregándosele desde el próximo julio un Senado que actuará como cámara revisora final de toda vacancia determinada por los diputados.

Esta alteración del cuadro político regional en un par de años, aunque para algunos se asemeja a un tsunami originado en aguas profundas, se parece más –como ya decíamos– a la ola piramidal Kanagawa, generada por la superposición o una suma de crestas sobre crestas. Hay que buscar la razón en la sumatoria de malestares: a la frecuente disconformidad económica hay que adicionar la sensación social de deterioro de la seguridad ciudadana. De la Espriella y Fujimori lo saben y mientras el primero plantea como antídoto desbaratar los acuerdos de paz de una década, la segunda asegura ser la opción del “orden frente al caos”. Además, sus posiciones conjugan la polaridad y fragmentación política para aprovechar un cóctel político en que pueden llegar a ganar.

En cualquier caso, este conjunto de cambios no se completará sin la “joya de la corona”, un Brasil que representa cerca del 48% de la extensión territorial sudamericana y casi el 50% de la población de América del Sur. Y hoy en dicho país parece probable la reelección del presidente Lula. Mientras dicho país siga con el rumbo inmediato, seguirá tratándose de una tendencia sobre todo en la vertiente andina y pacífica de la región. Sin embargo, ¿qué pasará cuando falte o no pueda continuar eligiéndose al actual mandatario brasileño? El Partido de los Trabajadores no es la fuerza arrolladora de antaño y parece no entender la relevancia de preparar la sucesión. Adicionalmente, en la región el “talón de Aquiles” de las izquierdas sigue siendo la cuestión de la seguridad, ante electorados ávidos de certezas en un mundo incierto.

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Una contundente respuesta legislativa busca desarticular las vías de financiamiento de las bandas transnacionales que operan en el territorio chileno. La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que tiene por objetivo sancionar penalmente la explotación sexual, la facilitación de medios tecnológicos o publicitarios para su promoción, y la utilización de bienes inmuebles destinados de forma específica a estas actividades ilícitas.

La propuesta del partido de oposición surge en un escenario de profunda alerta pública por la penetración de la delincuencia organizada. El detonante de la medida fue la reciente revelación de la Operación Tokio, un golpe policial dirigido contra la estructura del Tren de Aragua que dejó al descubierto cómo las redes criminales recurren a diversos mercados clandestinos para capitalizar sus operaciones en Chile. Según el texto, las bandas aprovechan la informalidad y la nula trazabilidad de estas transacciones para generar un millonario flujo de recursos económicos.

El diagnóstico de la Fiscalía ECOH: Cerrar el mercado ilícito

La base técnica de la moción parlamentaria se apoya en los informes entregados por el Ministerio Público. A propósito de las diligencias de la Operación Tokio, el fiscal jefe del equipo de Emergencias y Crimen Organizado (ECOH), Héctor Barros, encendió las alarmas institucionales al advertir sobre la urgencia de regular y castigar penalmente las conductas ligadas al comercio sexual.

El persecutor judicial fue tajante al señalar que este rubro constituye una de las principales cajas pagadoras del Tren de Aragua en el país. En sus argumentaciones, Barros sostuvo que si el Estado chileno logra cerrar de manera efectiva dicho mercado a las bandas criminales, se anulará de inmediato el interés de estas organizaciones transnacionales por trasladar a personas al país con el fin de ejercer la prostitución.

La reestructuración punitiva diseñada por Renovación Nacional plantea un abordaje integral mediante las siguientes medidas aplicadas a la legislación penal:

En primer lugar, se propone castigar como delito a todo aquel que explote económicamente las prestaciones o servicios sexuales de otra persona. Asimismo, se tipificará penalmente la conducta de quienes administren o faciliten plataformas digitales, avisos publicitarios o cualquier medio de difusión destinado a ofrecer el comercio sexual ajeno. Por otra parte, se sancionará con cárcel a los sujetos que proporcionen, arrienden o faciliten bienes inmuebles para el desarrollo operativo de estas actividades de explotación. Finalmente, el diseño legal innova al establecer una falta penal sujeta a multas económicas para los clientes, es decir, para quienes paguen u ofrezcan dinero a cambio de servicios sexuales de personas adultas.

Persecución financiera y lavado de activos

Un aspecto estratégico del proyecto radica en que la iniciativa incorpora formalmente el delito de explotación económica del comercio sexual ajeno al catálogo de delitos base de lavado de activos. Con esta modificación, las fiscalías especializadas no solo podrán perseguir la flagrancia del acto, sino que contarán con el piso jurídico para rastrear, congelar e incautar el dinero y las ganancias patrimoniales obtenidas por las cúpulas delictivas de forma posterior.

La ofensiva legislativa cuenta con el respaldo y patrocinio transversal de los diputados de la bancada Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán. Los parlamentarios enfatizaron que el Congreso debe tramitar con máxima celeridad medidas concretas que apunten a asfixiar los recursos de las mafias extranjeras y locales, como único camino real para devolver la seguridad a los barrios del país en este 2026.

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En medio de una intensa agenda en terreno y previo a iniciar su gira oficial por las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta, el Presidente José Antonio Kast aprovechó su tribuna en la actividad de reforestación del cerro Colorado, en Renca, para enviar un potente mensaje político y económico. El Jefe de Estado aludió de forma directa a uno de los pilares de la megarreforma que se tramita en el Parlamento, realizando un explícito guiño de validación hacia el rol del empresariado y el sector privado en el desarrollo social del país.

El Mandatario defendió la propuesta central contenida en el proyecto de Reconstrucción Nacional, la cual busca materializar una rebaja en el impuesto corporativo para las grandes empresas, disminuyendo la tasa desde el 27% actual a un 23%. En su intervención, Kast instó a hacer visible el aporte de las compañías que va más allá de las obligaciones legales e impositivas estipuladas por la ley.

“A todos los que representan al mundo privado, les doy las gracias, porque muchas veces esto no se sabe. Muchas veces nos separan diferencias, pero esto, que es una responsabilidad social, muchas veces no se conoce. Y hay que revelarla”, manifestó la máxima autoridad del país.

El argumento presidencial apuntó a rescatar las acciones de beneficencia y vinculación comunitaria que ejecutan los privados de manera voluntaria. Kast enfatizó que es de estricta justicia agradecer a las personas que han sido exitosas en la vida y que deciden “devolver la mano” a los sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para progresar, haciéndolo a través de mecanismos diferentes al mero pago de gravámenes fiscales.

El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en reforestacion del cerro Colorado, de la comuna de Renca. Foto: Aton Chile.

Para fundamentar la importancia del rediseño tributario y de la colaboración público-privada, el Mandatario estableció una comparación sobre el impacto de ambas herramientas en la cohesión nacional. En este sentido, Kast sostuvo que pagar los impuestos determinados por el Parlamento es lo que corresponde legalmente, pero advirtió que existe una dimensión social adicional que no se ve y que es imperativo mostrar ante la opinión pública.

Asimismo, el Jefe de Estado planteó que este tipo de iniciativas comunitarias son tanto más importantes que cumplir las normas tributarias tradicionales, debido a su capacidad para unir a la sociedad. Para profundizar en este punto, el Mandatario ejemplificó que, al pagar un impuesto, el ciudadano común no logra ver el rostro de quién realiza el aporte financiero en las arcas fiscales. En contraposición, Kast resaltó que en la jornada de Renca sí se pudo constatar la identidad de quién plantó cada árbol, visibilizando con ello un puente de unión real entre personas de muy buena situación económica y ciudadanos en condición de alta vulnerabilidad.

Un llamado a la convivencia democrática frente a las reformas

Hacia el cierre de su alocución, y en un contexto político marcado por las complejas negociaciones legislativas de este 2026, el Presidente Kast realizó una firme convocatoria al resguardo de la convivencia institucional y al diálogo transversal entre las diferentes fuerzas del país.

El Jefe de Estado remarcó que los actores políticos y sociales no necesitan pensar de la misma manera para construir acuerdos, pero sí tienen la obligación de respetarse mutuamente y agotar las instancias de conversación. Kast concluyó su mensaje enviando una señal de tranquilidad respecto al desenlace de las reformas en el Congreso, señalando de forma distendida que si los diálogos no logran llegar a un puerto común, las diferencias se dirimirán legítimamente en las urnas bajo las reglas del juego democrático y nunca mediante el uso de la fuerza.

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Un importante hito político se consolidó en la antesala de las próximas batallas legislativas en el Congreso Nacional. La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) despejó de manera definitiva las dudas que cruzaban a sus filas y confirmó que respaldará la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Economía, Nicolás Grau. La determinación del gremialismo era observada con alta atención en el Parlamento, debido a las notorias diferencias internas que existían previamente sobre la conveniencia estratégica de sumarse a esta ofensiva fiscalizadora.

La jefa de la bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse, fue la encargada de ratificar el pronunciamiento oficial tras concluir una exhaustiva revisión de los antecedentes del libelo junto al cuerpo de abogados de la colectividad. Según detalló la parlamentaria, el bloque opositor se formó la convicción jurídica de que la acción presentada posee el mérito y los fundamentos constitucionales suficientes para ser apoyada en la sala.

“Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública que afectó a los beneficios sociales y que hoy quieren imputar esa responsabilidad al gobierno del presidente Kast”, señaló de forma tajante la diputada Flor Weisse.

Libertarios agradecen la “honestidad intelectual” de Chile Vamos

El anuncio del gremialismo generó inmediatas reacciones de alivio y valoración en los sectores que impulsaron originalmente la acción destitutoria. A través de sus plataformas digitales, el líder nacional libertario y exparlamentario, Johannes Kaiser, agradeció públicamente el respaldo de la bancada de la UDI hacia la acusación formulada por su sector político.

Kaiser valoró el cambio de postura del partido tradicional, destacando diversos puntos sobre el escenario legislativo que se abre. En primer lugar, el dirigente enfatizó que la revisión exhaustiva del escrito técnico llevó a la UDI a concluir que existía una vulneración constitucional evidente que no se podía obviar. Asimismo, el líder libertario agradeció la “honestidad intelectual” demostrada por los parlamentarios del gremialismo al momento de sumarse al bloque acusador.

Por otra parte, la oposición espera que el resto de los diputados y senadores lleguen a la misma conclusión una vez que terminen de analizar los argumentos jurídicos estampados en el documento. Finalmente, con este crucial alineamiento de la UDI, las fuerzas opositoras consiguen unificar criterios y pavimentar el camino para una tramitación que promete tensionar al máximo las relaciones políticas en el Congreso de este 2026, instalando con ello el debate técnico sobre las responsabilidades financieras heredadas de la administración anterior.

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Como una cuestión previa, ya que en nuestra última columna de opinión dimos cuenta del episodio impune de los guetos verticales contrarios a derecho en la comuna de Estación Central, refiriéndonos a la “operación” mediática de un arquitecto que afirmada que esos edificios eran legales, informamos ahora que la corrupta situación descrita en dicha columna fue acallada por la prensa que obece las instrucciones de los grupos económicos.

Entonces, con el sano y único propósito de que los órganos políticos y profesionales del urbanismo se pronuncien al respecto, el reciente viernes 29 de mayo pasado, entregándoles toda la documentación de rigor, le solicitamos formalmente a las Comisiones de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados y del Senado, al Colegio de Arquitectos de Chile y a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, en orden a que cada institución, emitiera una declaración pública sobre el asunto, lo que en condiciones normales debería ocurrir en los próximos días.

Pero, posiblemente, por diferentes motivos de fácil entendimiento, ninguna de las indicadas instituciones se atreverá a emitir el juicio que le corresponde, aunque cabe la remota posibilidad de que, al menos una o dos de ellas, en un súbito ataque de integridad, procedan en consecuencia, lo que se sabrá más adelante, dejándose en evidencia que al medio de prensa que avaló la opinión falsa del arquitecto, le propusimos una retractación o bien que entrevistara a este columnista para que sus lectores conocieran la verdad de los hechos. Su director optó por el silencio.

Pues bien, siempre relacionado con lo anterior, algunos medios de prensa han señalado que Quiroz, al ser hermano de un arquitecto que tiene una sociedad con un colega suyo de apellido Puelma, omitió esta necesaria información en su Declaración de Intereses y Patrimonio, comportamiento que pugna abiertamente con la transparencia, probidad y fe pública, razón por la cual un par de diputados denunciaron esta situación en la Contraloría General de la República. Es posible que al ministro “se le olvidó” mencionar en el formulario ad hoc su directa relación con su hermano inmobiliario, pero llama la atención que en el proyecto de reforma tributaria, cuyos contenidos fueron decididos por él mismo, se consideren una serie de gravitantes medidas que favorecen a dicha industria.

A modo de ejemplo, tenemos la radical y permisiva modificación, vía Decreto Supremo, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OCUC), la eliminación transitoria del IVA solo para las viviendas nuevas, luego para reducir el sobre stock y no para favorecer a las familias que, por sus menores precios de mercado, desean adquirir viviendas usadas, flexibilización de permisos de edificación en las direcciones de obras municipales, todo ello con el argumento de facilitar esta actividad sectorial para potenciar el crecimiento económico, conforme al plan de Kast.

No nos extrañó para nada que Quiroz intente ampliar la actual exención del pago de contribuciones de bienes raíces (impuesto territorial), para todos aquellos particulares que residan en sus “primeras viviendas”, sin importar sus avalúos fiscales, determinados por la Subdirección de Avalúos del Servicio de Impuestos Internos (SII) ni sus ingresos monetarios, declarados ante el mismo SII. Se debe saber que los avalúos fiscales son significativamente menores que los avalúos comerciales y por ello, por el perjuicio que tendría el Fondo Común Municipal, muchos alcaldes ya han expresado su oposición a esta regresiva medida, aunque algunos desubicados sí la apoyan.

Los que están felices con esta inicua propuesta, para justificarla, ya han publicado cartas en los diarios despotricando en contra del SII y menospreciando la posición de los alcaldes, diciendo que “entre 2015 y 2025 el índice real de remuneraciones creció entre un 12% y un 15%, mientras el Fondo Común Municipal creció entre un 45% y un 55% real, o sea, el triple”, lo que se considera absurdo. Otros reclaman que las contribuciones han subido en demasía y que, por ello, dado que sus jubilaciones son limitadas, claman por la futura aprobación para así quedar exentos de pagarlas por su 1era vivienda.

Recordemos que los privados de alto patrimonio tienen el dominio de sus viviendas, buscando provechos tributarios, a nombre de sus sociedades comerciales, luego ellos no calificarían para acogerse a la exención de sus “primeras viviendas”, pues este beneficio resuelto por el gobierno, está orientado exclusivamente para las personas naturales mayores de 65 años, aunque vivan en casas-habitación de U$$ 1 millón o más, y no para las personas jurídicas. Por otro lado, los dueños de las viviendas con avalúos fiscales de hasta $ 60.030,710 no pagan contribuciones, existiendo el lucrativo negocio operado por las llamadas family office que arriendan los departamentos, considerados como instrumentos de inversión, de sus propios edificios, viviendas que obviamente pagan contribuciones, si sus avalúos fiscales exceden la suma antes señalada.

Por lo anterior y dado que en la vida todo puede ser perfeccionado, sería razonable que el ministro Quiroz decidiera aumentar, en una cierta proporción, la actual suma de $ 224.577.396 del avalúo fiscal tope de la “primera vivienda” de las personas que estarían exentas del pago de las contribuciones, restringiéndose por razones obvias esta regalía para aquellos privados de altos ingresos, fijándose para ellos una razonable cifra a determinarse. Con esta simple fórmula no se afectaría mayormente el Fondo Común Municipal, estableciéndose que todos los propietarios mayores de 65 años de sus “primeras viviendas”, están en condiciones de objetar, ante el propio SII, el avalúo fiscal de las mismas, obligándose el Estado a cursarles ofertas de compra en esa supuesta elevada suma de dinero, si el SII no reduce para ellos dicho avalúo fiscal.

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Una mirada profunda a la memoria social y a los conflictos contemporáneos se tomará las tablas de uno de los espacios culturales más importantes de la capital. La reconocida compañía chilena Lafamiliateatro regresará al Centro Cultural Matucana 100 para presentar un ciclo de repertorio que conmemora sus 22 años de labor ininterrumpida en la creación, gestión cultural y trabajo territorial. La programación especial se desarrollará entre el 11 y el 28 de junio, consolidando un recorrido escénico que ha posicionado a la agrupación como un referente indiscutido del teatro contemporáneo en el país.

Esta retrospectiva llega en un momento consagratorio para el colectivo, luego de ser distinguidos recientemente con el Fondo de Trayectoria para compañías de artes escénicas que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. De acuerdo con su director, Eduardo Luna, este hito no busca ser una mera revisión del pasado, sino una oportunidad para proyectar el teatro que se necesita seguir haciendo hoy en Chile. El realizador enfatizó que el retorno a Matucana 100 tiene como objetivo central poner estas obras esenciales al alcance de nuevos públicos, debido a que su contenido sigue dialogando de forma contundente con la contingencia nacional.

Tres montajes fundamentales conectados con la realidad

La selección artística del ciclo incluye tres de las producciones más aplaudidas y representativas de la compañía, las cuales abordan heridas históricas, disputas de poder y demandas sociales vigentes:

• Levitas: Esta puesta en escena explora de manera íntima las dinámicas de silenciamiento, opresión y discriminación que viven las mujeres en el espacio de una iglesia evangélica pentecostal.

• Painecur: El montaje revisita el trágico y bullado caso del sacrificio ritual mapuche ocurrido en las inmediaciones del Lago Budi tras el devastador terremoto que azotó al país en 1960.

• Mauro: La obra se sumerge de lleno en el drama de las luchas socioambientales y territoriales, situándose en el impacto comunitario derivado de la edificación del tranque de relaves mineros más grande de Latinoamérica.

LAFAMILIATEATRO. Foto: Cristian Pastén Alfaro.

Para la dramaturga y actriz Paly Pavez, la reposición de estas piezas no se experimenta como un ejercicio de nostalgia o melancolía por el tiempo transcurrido. Al contrario, la artista destacó que la fuerza de los textos radica en la posibilidad de reabrir conversaciones colectivas que la sociedad chilena todavía tiene pendientes. El ciclo comenzará oficialmente el próximo jueves 11 de junio con el estreno de Levitas en las dependencias del Espacio Patricio Bunster.

Un modelo colaborativo y político desde 2004

Fundada en el año 2004, Lafamiliateatro ha estructurado una propuesta artística que funde de manera orgánica los lenguajes documentales, políticos y poéticos. Su dramaturgia se enfoca principalmente en el rescate de la memoria reciente, la mediación artística y el estrecho vínculo con las comunidades donde se insertan sus proyectos.

Más allá del trabajo propiamente actoral y de dirección, el colectivo ha sido una pieza clave en el fomento del ecosistema cultural colaborativo chileno. A lo largo de sus dos décadas de existencia, la agrupación ha impulsado plataformas de asociatividad como el Festival Internacional Hecho en Chile, la Cooperativa de Artes Escénicas Hecho en Chile y la Federación Nacional de Cooperativas de Artes Integradas de Chile (FEDARTES), promoviendo el desarrollo de redes territoriales solidarias.

Las funciones para este ciclo especial de repertorio en M100 están programadas para los días jueves y viernes a las 19:00 horas, y los sábados y domingos a las 18:00 horas. Las obras tienen una duración estimada de entre 90 y 100 minutos, la entrada está recomendada para personas mayores de 12 años.

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El vertiginoso crecimiento del comercio digital en el país ha impuesto un desafío inédito para los organismos de control estatal. Ante un volumen de transacciones que vuelve imposible el monitoreo manual tradicional, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (DIE), en un trabajo conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), desarrolló AI-MarketScan. Se trata de un avanzado software de inteligencia artificial diseñado para analizar de manera automática miles de publicaciones online y detectar posibles infracciones normativas en cuestión de segundos.

El proyecto busca transformar la lógica de la administración pública, transitando desde un enfoque reactivo basado en denuncias hacia una fiscalización preventiva sustentada en la tecnología. El líder de la iniciativa y académico de la Universidad de Chile, Claudio Pérez, enfatizó que la escala actual del mercado electrónico hace inviable cualquier revisión humana, requiriendo herramientas capaces de filtrar simultáneamente textos, imágenes y etiquetas en un universo de millones de productos.

Un mercado que supera la capacidad humana

De acuerdo con los datos técnicos levantados por los desarrolladores, la fiscalización tradicional ha quedado obsoleta frente a plataformas digitales capaces de registrar cientos de búsquedas por segundo, un escenario donde la ineficiencia no es el único factor de riesgo. En este contexto, la circulación sin control de plaguicidas altamente tóxicos, medicamentos veterinarios carentes de registro sanitario o la venta ilegal de fauna silvestre protegida representan una amenaza directa para la salud de la población, el bienestar animal y el equilibrio ecológico.

AI-MarketScan desarrollada por el DIE de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en conjunto con el SAG.

Para ilustrar la brecha operativa, el equipo del proyecto expuso diversas métricas de rendimiento comparativo, donde un operador humano tardaría hasta 1.600 días en revisar el volumen de publicaciones que este software procesa en tan solo 24 horas. Asimismo, el sistema computacional opera a una velocidad de 10 mil publicaciones por hora, una eficiencia que contrasta con el hecho de que una revisión manual de la base de datos analizada habría exigido cerca de 38 mil horas de trabajo continuo, lo que equivale a más de cuatro años sin interrupciones.

El funcionamiento de AI-MarketScan se sustenta en la denominada inteligencia artificial multimodal, una tecnología capaz de procesar y cruzar diferentes tipos de variables de información en tiempo real. De este modo, el sistema ejecuta de forma automatizada tres tareas secuenciales, donde en primer lugar revisa las imágenes y textos de cada publicación electrónica para seleccionar aquellas atingentes a las competencias del SAG.

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Testimonio de Odette Magnet. Periodista y escritora. Reportera y redactora de derechos humanos de la revista Hoy (1977-1987); ex agregada de prensa de las embajadas de Chile en Washington y Londres, y del Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia. Su hermana, María Cecilia Magnet, fue víctima de la Operación Cóndor en Buenos Aires en 1976.

La palabra como resistencia

Soy periodista de una generación que luchó con fuerza y con miedo durante la dictadura. No una vez al mes, no una vez por semana. No. Una vez todos los días. Hicimos resistencia con la palabra. Se estaba en una vereda o en otra, no había espacio para ambigüedades.

Como reportera y redactora de derechos humanos de la revista Hoy, conté todas las pesadillas imaginables, con el máximo de detalles que permitía la férrea censura. Nunca hubo una semana en que faltara alguna tragedia. Durante años reporteamos las sucesivas y permanentes violaciones a los derechos humanos en Chile: cientos de detenidos desaparecidos; miles de exiliados, torturados en centros clandestinos, campesinos enterrados en los hornos de Lonquén, jóvenes quemados y tres profesionales degollados —uno de ellos de la Vicaría—, pobladores allanados, sacados de sus casas en la madrugada, semidesnudos, acorralados como ganado en una cancha de fútbol, trabajadores despedidos; profesionales, dirigentes sindicales y líderes políticos relegados a zonas inhóspitas de Chile; incomunicados sin explicación alguna, estudiantes reprimidos en las protestas, encarcelados, mujeres violadas. La lista es interminable.

La Vicaría, nuestro punto de partida

La principal fuente en la difícil búsqueda de la información —confiable y veraz, nunca desmentida— fue siempre la Vicaría de la Solidaridad. Ella era nuestro punto de partida. Los abogados, asistentes sociales y periodistas que allí trabajaban fueron nuestros cómplices, nuestros aliados; con ellos tejimos redes solidarias, paso a paso derribamos muros de sospecha y tendimos puentes de confianza.

La Vicaría salvó muchas vidas. Imposible saber cuántas. A poco andar, su labor le valió un indiscutible reconocimiento internacional. Acogió, consoló, protegió. Su gente se enfrentó al más cruento terrorismo de Estado, a una crueldad humana jamás imaginada, al desamparo de quienes habían perdido a sus seres queridos y, perseverantes, acudían día tras día a las puertas de la Vicaría para exigir respuesta a la única pregunta que los perseguía día y noche: ¿Dónde están?

Sus colaboradores secaron muchas lágrimas y demostraron, sin vacilar, una porfía inigualable en la búsqueda de la justicia y la verdad, la defensa de la vida y los derechos humanos. Fuimos muchos los que compartíamos ese compromiso, y también el miedo. Así se nos fueron 17 años, con el terror pegado a la piel, la vista y la mente puestas en los otros, en los que corrían peligro, los enemigos de la patria, los terroristas, los extremistas, los marginados, los olvidados. Como en una montaña rusa, ya resultaba imposible detenerse y bajarse. El trabajo siguió, sin pausa, sin tregua.

En medio de sucesivos estados de emergencia, de sitio, de perturbación de la paz interior, de una mentira oficial que nos ahogaba, la presencia de la muerte, silenciosa, agazapada, lista, siempre lista para caer encima sin aviso.

Mi hogar, mi refugio

La Vicaría. Fue mi hogar, mi refugio. Paradojalmente, mi lugar seguro, donde encontraba en mi trabajo una razón de ser, un propósito común. En esta comunidad fui recuperando la fe en el poder de la esperanza y la esperanza de poder. También allí derramé muchas lágrimas.

La memoria. Recordamos. Yo recuerdo todo como si fuera ayer. Porque fue ayer. Y no quiero olvidar; yo me niego a olvidar. La amnesia es la vecina de la demencia, del vacío, la nada. No dispongo de otra herramienta que la palabra. No tengo otra joya que la memoria. Y no me queda más que expresar mi infinita gratitud a la Vicaría de la Solidaridad, un orgullo tremendo de nuestra patria. Un privilegio haber sido testigo de lo que fue y se negó a ser.

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Una intensa jornada de negociaciones e intercambio de propuestas estructurales se vivió en el palacio de Gobierno. El Presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo este viernes una extensa reunión de cerca de dos horas con la mesa directiva de Evópoli en La Moneda. El encuentro contó con la participación de las principales figuras de la colectividad de centroderecha, entre ellos su timonel, el senador Luciano Cruz-Coke; el exparlamentario Felipe Kast; el diputado Jorge Guzmán; además de los alcaldes de las comunas de Purén y San Pedro de la Paz.

De acuerdo con lo detallado por el senador Cruz-Coke al término de la cita, la conversación presencial con el Jefe de Estado abordó la marcha de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, los nudos de la agenda legislativa en el Congreso y la preocupación sectorial ante la situación económica del país, la cual se encuentra marcada por un índice de cesantía que sigue al alza a nivel nacional.

Superando la Cuenta Pública: la fórmula de Horizontal para achicar el aparato estatal

El punto central de la ofensiva política de la tienda opositora apuntó directo a la estructura del gabinete. Tomando como referencia los recientes anuncios realizados por el Presidente Kast en su Cuenta Pública —donde ya se planteó la fusión de Interior y Segegob—, Evópoli le propuso al Mandatario reducir aún más el número de ministerios en el país, superando las metas originales de la administración. La colectividad entregó de forma oficial un plan técnico integral diseñado en conjunto por su equipo programático y el centro de estudios Horizontal, cuya meta final es pasar de las 25 carteras actuales a solo 16 ministerios operativos.

Esta reestructuración fiscal planteada por el partido busca rearmar el organigrama general del Estado mediante la consolidación de macrocarteras, de modo que se propone crear el Ministerio del Interior y Gobierno, una macroestructura política que pasaría a agrupar de forma interna a tres de los ministerios políticos vigentes. Asimismo, se plantea levantar el Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo, el cual asumiría bajo una sola jefatura técnica las competencias de cuatro ministerios del área productiva. Tras fundamentar este rediseño institucional, el senador Luciano Cruz-Coke argumentó que creen que precisamente los ahorros se deben producir dentro del Estado.

Más allá de la redistribución de los ministerios, los dirigentes de Evópoli recalcaron que para el éxito de la eficiencia fiscal resulta urgente avanzar en una reforma profunda al trabajo y empleo público. En esa línea, informaron que desde la Comisión de Trabajo se está impulsando un seminario técnico para abordar las falencias estructurales del Estado, el cual buscará modificar el estatuto administrativo mediante el cual se contrata al personal fiscal, con el objeto de elevar los estándares de productividad y gestión interna.

Finalmente, la directiva del partido aprovechó la instancia en La Moneda para presionar por el avance de un proyecto emblemático para la tienda, fuertemente promovido por el exsenador Felipe Kast, el cual busca acercar las actividades del deporte y la cultura a los sectores más vulnerables, con un foco prioritario puesto en los niños y la infancia del país.

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Un vuelco estratégico de proporciones sacude el tablero militar en Europa Oriental. El Gobierno de Rusia confirmó de manera oficial que el Ejército ucraniano ejecutó un inédito y masivo ataque con drones contra las dependencias de la flota báltica de la Marina rusa, ubicadas de forma estratégica en la isla de Kotlin, en las inmediaciones de la histórica ciudad de San Petersburgo. La ofensiva con aeronaves no tripuladas, que encendió las alarmas en el corazón naval ruso, ha dejado un saldo preliminar de cuatro heridos leves y obligó a las autoridades locales a decretar una orden de evacuación civil de emergencia.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ratificó a través de las plataformas digitales que la urbe portuaria fue el objetivo directo de una incursión a gran escala por parte de vectores militares enemigos, lo que forzó la activación inmediata de los sistemas de defensa aérea de la zona.

Evacuación masiva tras el impacto en instalaciones de Defensa

Las repercusiones del bombardeo táctico se extendieron rápidamente por la periferia de la antigua capital imperial. El gobernador de la provincia de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó de manera pública sobre la evacuación obligatoria de más de 600 personas debido a un gigantesco incendio desatado en el distrito de Lomonosovski, un siniestro que se originó tras el impacto directo de un dron ucraniano sobre recintos críticos pertenecientes al Departamento de Defensa de la Federación Rusa.

Respecto a la contención de los damnificados por la emergencia derivada del asalto aéreo, las autoridades locales detallaron el estado del despliegue logístico, donde un contingente superior a las 600 personas debió ser retirado de la zona de seguridad perimetral para resguardar sus vidas. Asimismo, de la totalidad de los civiles afectados, 390 ciudadanos fueron reubicados de forma provisoria en centros de acogida gubernamentales, mientras que el remanente de los evacuados optó por trasladarse de manera independiente hacia las residencias de sus respectivos familiares. Por último, los equipos de emergencia ya iniciaron el suministro de agua y alimentos, en un contexto donde cuatro civiles recibieron asistencia médica en terreno y uno de ellos requirió ser hospitalizado.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano reivindicó con éxito la planificación del asalto efectuado contra la base de Kronstadt, un enclave de alta importancia geopolítica situado en el sector oeste de la isla del golfo de Finlandia, emplazado a una distancia de 1.000 kilómetros del límite fronterizo con Ucrania. Los altos mandos de Kiev destacaron que el punto bombardeado constituye un símbolo histórico de las fuerzas navales rusas y una pieza medular de la maquinaria bélica del Kremlin, dado que sus muelles albergan buques de guerra, submarinos de asalto, centros de entrenamiento de élite y astilleros de reparación.

El mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebró públicamente el alcance técnico del operativo y aprovechó la tribuna internacional para exigir de manera perentoria a la administración de Vladímir Putin que se siente a negociar una salida pacífica al conflicto de forma definitiva. El líder de Kiev lanzó una severa advertencia al Ejecutivo ruso, manifestando que el país debe detener sus arremetidas contra la vida civil y recalcando que cualquier manifestación de injusticia contra el territorio ucraniano continuará recibiendo una respuesta justa y contundente por parte de sus fuerzas armadas en este 2026.

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Una firme señal de respeto institucional y control de daños políticos emanó desde la cúpula de los gobiernos locales tras los incidentes que afectaron a la máxima autoridad del país. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, ofreció disculpas públicas y formales al Presidente José Antonio Kast. El gesto de desagravio se materializó luego de los tensos momentos vividos en el marco del encuentro nacional del organismo en la ciudad de La Serena, donde el Jefe de Estado fue blanco de manifestaciones hostiles por parte de un sector de los asistentes.

El líder de los alcaldes lamentó de forma categórica los gritos y pifias que interrumpieron la alocución de Kast justo cuando se disponía a dirigir su discurso a la audiencia. Alessandri identificó de manera directa a los jefes comunales de Peñalolén, Matías Toledo, y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, como los responsables de haber iniciado e impulsado las expresiones de rechazo en el plenario.

“Le pido disculpas (al Mandatario), porque no es posible que dos alcaldes pifien al Presidente de la República en una actividad solemne y formal de la Asociación Chilena de Municipalidades. No por eso vamos a empañar todo el trabajo realizado con La Moneda”, enfatizó de forma tajante Gustavo Alessandri.

Pese al momento provocado por las autoridades locales de oposición, el presidente de la AChM prefirió concentrar los balances en los alcances técnicos del congreso municipal. Alessandri valoró de forma muy positiva que el Presidente Kast se haya tomado el tiempo de leer de manera íntegra el acuerdo de transversalidad redactado por la asociación, abriéndose a debatir las diferentes miradas territoriales sin importar los distintos pensamientos políticos o realidades de cada administración.

Para cerrar la controversia, el edil de Zapallar descartó que este episodio signifique un quiebre en los canales de comunicación con el Palacio de La Moneda en este 2026. Por el contrario, el dirigente gremial aseguró que existe un consenso mayoritario dentro de la asociación respecto a que la relación con el Ejecutivo está mejor que nunca. Alessandri concluyó destacando que se ha logrado establecer una mesa de trabajo real donde los municipios proponen alternativas directas a los ministros y son escuchados, permitiendo avanzar de forma concreta en el desarrollo local y legislativo del país.

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Un detallado balance respecto a las operaciones de resguardo y modernización en los límites territoriales del extremo norte del país se entregó en terreno. En la ciudad de Arica, se reunió de forma extraordinaria la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, instancia legislativa que contó con la participación presencial del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado. En la oportunidad, junto con abordar las temáticas de conectividad de la Región de Arica y Parinacota, las autoridades sectoriales y los parlamentarios analizaron la situación de seguridad y el rendimiento de las herramientas de contención migratoria implementadas en la frontera norte.

La sesión estuvo concentrada de manera preferente en evaluar la ejecución del Plan Escudo Fronterizo y el funcionamiento del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron). Ambos programas, desarrollados en coordinación directa con las Fuerzas Armadas, constituyen los pilares fundamentales definidos por el Ejecutivo para la modernización de los complejos fronterizos nacionales. Durante su exposición, el secretario de Estado adelantó que la presencia de las patrullas en las zonas de exclusión ha permitido reducir las brechas de vulnerabilidad en el altiplano.

“Tenemos mayor acción, mayor presencia y mayor control en los pasos irregulares”, aseguró el biministro Claudio Alvarado ante la comisión de la Cámara Alta.

Las dos nuevas etapas del Plan de Fortalecimiento Fronterizo

Frente a los senadores de la instancia, Alvarado anticipó que el diseño estratégico gubernamental contempla la implementación en el mediano plazo de dos nuevas fases operativas. En primer lugar, se enfocará en el control en terminales marítimas, ya que el biministro advirtió que los problemas de tráfico ilícito no se remiten exclusivamente a la frontera terrestre, motivo por el cual se diseñarán sistemas de control específicos para puertos que minimicen los riesgos asociados.

Asimismo, la segunda etapa se centrará en la modernización de Aduanas. Al ser este el organismo con la tuición legal de fiscalización en aeropuertos, puertos y carreteras, el plan buscará dotar de mayores recursos e infraestructura a la institución para optimizar sus funciones en terreno.

Finalmente, el titular de Interior complementó que los objetivos finales del Ejecutivo apuntan a desincentivar la migración irregular, potenciar la vigilancia permanente y consolidar una coordinación interagencial efectiva entre las policías y las ramas castrenses. Todo esto con el propósito de desarrollar inteligencia integrada para devolver la confianza ciudadana en las zonas extremas.

Al momento de entregar el balance de las cifras oficiales acumuladas a la fecha, el biministro Alvarado reveló que los planes de resguardo registran un significativo avance de casi el 50% de los objetivos planteados en materia de medidas de contramovilidad. Este rendimiento administrativo y operativo, según detalló la autoridad, ha sido el resultado directo de una importante reorganización táctica y logística en la macrozona norte.

En lo específico, las planificaciones del Ministerio del Interior se han traducido en un incremento del 89% en la dotación de efectivos del Ejército desplegados en las zonas de vigilancia fronteriza. De la mano con este reforzamiento de personal militar, el secretario de Estado concluyó informando que se han aumentado en más de un 73% los controles e interceptaciones en los puntos geográficos más críticos y expuestos de la frontera, cerrando el paso a las bandas organizadas de tráfico de personas y contrabando.

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El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, cuestionó duramente el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública, calificándolo como una medida desproporcionada y contraria a principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

En conversación con la última edición de Política en Vivo, el académico aseguró que la iniciativa apunta en una dirección equivocada y podría afectar principalmente a los sectores más vulnerables.

“Me parece que es de las medidas más graves que se han propuesto por parte de un Gobierno. Hay una flagrante criminalización de la pobreza. Lo absurdo es que una persona por consumir alcohol en la vía pública esté expuesta a perder, por ejemplo, la Pensión Garantizada Universal, mientras personas que han perpetrado delitos de lesa humanidad y reciben pensiones subsidiadas por el Estado no van a perderlas”, enfatizó.

Couso sostuvo que la propuesta representa un retroceso respecto de estándares que el propio sistema jurídico chileno ha ido consolidando durante décadas.

“Este retroceso es volver a mediados del siglo XX, cuando el derecho penal estaba plagado de criminalización de la pobreza. Me parece una medida no solo abiertamente inconstitucional en términos de pérdida de derechos previsionales, sino además extremadamente desmesurada”, afirmó.

El constitucionalista también rechazó la idea de que el respaldo ciudadano a una política pública sea suficiente para validar su contenido: “Estamos viviendo una época de populismo punitivo. Hay una pulsión a privilegiar la seguridad por sobre toda otra consideración. Si uno hiciera una encuesta sobre la pena de muerte probablemente sería muy popular también, pero eso no resuelve los problemas constitucionales que existen detrás”.

“Pueden existir normas que aparentemente están dirigidas a todos, pero que tienen efectos profundamente asimétricos dependiendo de las características socioeconómicas de quienes resultan afectados. Eso puede transformarse en una vulneración al principio de igualdad ante la ley”, aseguró el abogado. 

Secreto bancario

Couso también abordó la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado. El tema volvió al centro del debate político esta semana tras el empate a 23 votos que se produjo en el Senado durante la tramitación del proyecto que crea el subsistema de inteligencia financiera.

El abogado defendió la necesidad de perseguir las redes criminales, pero advirtió que el debate no puede desarrollarse al margen de las garantías constitucionales: “En los Estados totalitarios no existe privacidad alguna para los individuos. En cambio, en un Estado constitucional y democrático de derecho, la privacidad es un valor constitucional que debe ser protegido. El secreto bancario es una manifestación de ese principio”.

Sesión del Senado. Foto: Aton Chile.

Además, recordó que la legislación ya contempla mecanismos para acceder a información financiera cuando existen antecedentes fundados: “Los tribunales pueden autorizar permanentemente el levantamiento del secreto bancario cuando hay razones plausibles. Los bancos tienen obligaciones de informar movimientos sospechosos desde hace décadas. El problema es creer que el fin justifica cualquier medio”.

“Hay una tendencia a pensar que porque el objetivo es combatir el crimen organizado se pueden sacrificar otros valores constitucionales. Esa es una mala receta en todos los ámbitos de la vida pública”, complementó.

Megarreforma y acusación constitucional contra Grau

Respecto a las reservas de constitucionalidad presentadas por la oposición en la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno, Couso evitó pronunciarse sobre normas específicas, pero señaló que este tipo de mecanismos forman parte de las herramientas institucionales contempladas dentro del proceso legislativo cuando existen dudas respecto de la compatibilidad de una norma con la Constitución.

Sobre la acusación constitucional anunciada contra el exministro Nicolás Grau, Couso llamó a distinguir las responsabilidades políticas de las jurídicas y advirtió sobre el uso excesivo de este tipo de herramientas.

Exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Foto: Aton.

“Las acusaciones constitucionales son herramientas extraordinarias y deben fundarse en causales precisas. No pueden transformarse simplemente en instrumentos para resolver diferencias políticas”, detalló.

Así, el académico enfatizó en la necesidad de que las acusaciones constitucionales mantengan su carácter excepcional, “porque de lo contrario se corre el riesgo de desnaturalizar una institución que cumple una función específica dentro del sistema democrático”.

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