Lira aseguró que está en marcha una modernización de las instituciones que tienen que ver con el tema, subrayando que ha existido un significativo aumento de las sanciones en caso de incumplimiento.

El superintendente recordó que el Congreso Nacional aprobó en enero la creación de los Tribunales Ambientales y aseveró que en septiembre, cuando se instale el primero de ellos en la capital,  la Superintendencia quedará en condiciones plenas de ejercer la fiscalización y las sanciones ambientales que la ley le señala,  lo que será una herramienta fundamental para desincentivar este tipo de prácticas, advirtió.

“Cuando partamos las sanciones por incumplimiento ambiental subirá a más de 4.500 millones de pesos, es decir, unos 10 millones de dólares”, indicó.

El problema radica en que la empresa obliga mediante cláusulas a sus empleados a obtener créditos sólo a través de la financiera Solución Complementos Recourse, la que es parte de la misma ECR Group, compañía dedicada a tercerizar servicios al comercio mayorista y a multinacionales.

Los trabajadores denunciaron que las tasas de interés de los servicios que se les ofrece son muy altas, casi triplicando las tasas ofrecidas por Cajas de Compensación, reclamando además que a éstas no les permiten acceder, ya que no autorizan los descuentos por planilla con que se cancelan.

Cristián Riveros, vocero de la Coordinadora Nacional de los subcontratados del comercio y de los trabajadores la empresa en cuestión acusó que con esto se obliga al personal a endeudarse en financieras manejadas por los propios empleadores.

“El impedimento básico es que los trabajadores cuando hacen la gestión por la caja de compensación, llevan su documentación al empleador y el empleador les rechaza la gestión hecha, para adquirir créditos por la caja, aludiendo a que el trabajador tiene Dicom, inmediatamente viene la invitación a sacar el crédito por la financiera Solución”, explicó Riveros.

El subsecretario de Minería, Pablo Wagner, anunció que se licitará la explotación de yacimientos de este mineral.

Esto será a través de “Contratos Especiales de Operación de Litio”, convenios que permitirán a las empresas concursantes explotar 100.000 toneladas del mineral durante 20 años desde la suscripción.

Wagner afirmó que esta concesión será el medio más “rápido y eficiente para reimpulsar la industria, aumentar la competencia y las opciones de explotación”.

En Chile son dos las empresas que explotan litio: la privada Sociedad Química y Minera de Chile y la estatal Sociedad Chilena del Litio.

Esta idea de “abrir” el mercado de explotación de litio generó críticas de algunos sectores que no ven con buenos ojos la privatización de este mineral, sobre todo sabiendo que Chile tiene el 41% de la reserva a nivel mundial.

Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, señaló que esta licitación “es una medida que va en contra de lo que está demandando la ciudadanía, que incluso hoy pone en discusión la renacionalización del cobre”.

Según el dirigente, esto se debe a que la sociedad civil “entiende que el Estado chileno requiere de más recursos y que las riquezas de Chile se están yendo para el extranjero con un mínimo provecho para el país”.

Además, el ambientalista afirmó que existe la posibilidad de que el litio sea explotado directamente por el Estado chileno.

Para ello, sostuvo que es necesario crear corporación similar a Codelco para explotar el litio, “utilizando los recursos que el país tiene en bonos del tesoro en Estados Unidos”, sentenció Rendón.

Si bien, desde la Cancillería anunciaron que Pizarro estaba en condiciones de regresar a Chile cuando quisiera, se espera que llegue a territorio nacional entre este jueves y viernes.

“Nuestro embajador en Lima ha estado en permanente contacto con la Cancillería peruana para estar más bien informados de lo que ha sucedido. Estas son cuestiones internas del Poder Judicial peruano y hemos seguido de cerca todos los procedimientos y hemos prestado toda la ayuda requerida”, señaló el funcionario.

Además, precisaron que en caso de ser imputado bajo algún cargo, no se requerirá la presencia del joven en Perú, ya que podrá ser representado por su abogado en Tacna.

Pizarro fue detenido la semana pasada por la policía peruana por ingresar y fotografiar una base militar del Ejército en Tacna, por lo que fue acusado de presunto espionaje.

El fin de semana pasado ingresó a Chile Luis Serraín, el otro los chileno que había sido arrestado bajo los mismos cargos luego de haber sido encontrado inocente.

En el informe señalan que el año pasado la violación a los derechos humanos de la diversidad sexual fue especialmente dramática, agudizándose con fuerza la contradicción entre la tendencia al alza de una sociedad más aperturista y la ocurrencia de abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, los que  aumentaron en cantidad y en su nivel de virulencia.

El ranking instituciones más homofóbicas y transfóbicas en 2011 es encabezado por el Tribunal Constitucional y la  UDI, además está compuesto por instituciones religiosas católicas y evangélicas y por varias comisarías de Carabineros.

El informe del Movilh agrega que los casos y denuncias por

homofobia y transfobia aumentaron un 34 por ciento el 2011, registrándose un total de 186 atropellos, muchos de ellos propinados

por autoridades que, paradojalmente, tienen el deber de garantizar mejores condiciones de igualdad para todas las personas.

Los abusos fueron también más graves y, pese a ello, la discusión pública de los mismos fue débil y esporádica en algunos casos y nula en la mayoría de las ocasiones, situación motivada por un trato

desigual que da gran parte de la sociedad, la prensa y las autoridades a este tipo de discriminaciones, al compararse con la atención acaparada por atropellos padecidos por otras minorías, así como por una focalización del debate sobre los derechos legales de la diversidad sexual, en claro desmedro de otras urgencias y necesidades de este grupo humano, según manifestaron desde la organización.

Las otras instituciones sindicadas como discriminadoras por el Movilh son:

- Comisión Nacional Evangélica por la Familia (Confamilia)

- Catedral Evangélica; Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas

- Iglesia Anglicana de Chile

- Escrito Está de Puerto Montt

- Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Temuco

- Radio Emisora Fraternidad 920

- Movimiento Juvenil Pro Familia de Valdivia

- Ministerio Evangelístico Águilas de Jesús de Concepción

- Consejo de Pastores de Osorno, Temuco, Nueva Imperial, Iquique y Biobío.

- Iglesia Católica

- Conferencia Episcopal

- Liceo Comercial Diego Portales de Rancagua

- Colegio Emanuel de Viña del Mar

- Colegio San José de San Javier

- Carabineros de Chile, especialmente las 11va Comisaría de la población Cardenal José María Caro, 14va Comisaría de San Bernardo,1era Comisaría de Iquique, 2da Comisaría de Coquimbo y la  Prefectura de Linares Número 15

- Universidad Gabriela Mistral

- Universidad de Los Andes

- Transforma Chile

- Acción Familia

- Muévete Chile

- Idea país ONG de Investigación

- Formación y Estudios de la Mujer

- Frente de Orden Nacional

- Population Research Institute

- Unidos por la vida

- Movimiento unitario nacional.

- Mall Plaza Vespucio

- Discoteca PP’S Bar de Valparaíso

- Power Music

- Escuela Manuel Guerrero de Cerro Navia

Luego de ser interrogado por cerca de diez horas, la justicia de Burdeos imputó a Woerth por un delito penado con diez años de cárcel y una multa de 150.000.

La Justicia investiga a Woerth sobre la base de una información judicial por “tráfico de influencia activo cometido por un particular, tráfico de influencia pasivo cometido por una persona con un mandato electivo, financiamiento ilícito de partido político o de campaña electoral”.

La principal acusadora de Woerth es la ex contable de Bettencourt, Claire Thibout, quien declaró a la policía y a la justicia que se le pidió a principios de 2007 que retirara 150.000 euros destinados a ser entregados a Eric Woerth, entonces tesorero de la UMP.

La mujer añadió que al final le había entregado 50.000 euros en efectivo al ex hombre de confianza de la millonaria, Patrice de Maistre, quien le dio a entender que los iba a entregar al día siguiente a Eric Woerth para financiar la campaña electoral de Nicolas Sarkozy.

Woerth fue acusado también de conflicto de intereses dado que su esposa, Florence Woerth, fue contratada en 2007 (y hasta 2010) por la sociedad administradora del patrimonio de Liliane Bettencourt y dirigida por de Maistre, cuando él era ministro del Presupuesto y tesorero de la UMP.

El ex ministro de Sarkozy intervino además para que de Maistre obtuviera la Legión de Honor, una prestigiosa distinción civil atribuida por el jefe de Estado.

El ex número 5 del ranking ATP indicó que abandonará oficialmente las canchas en marzo después de jugar el Torneo de Miami.
En una conferencia de prensa, el deportista señaló que entre las razones que gatillaron su decisión  está el rendimiento que había tenido en las últimas temporadas que se había visto disminuido además por una serie de lesiones que lo aquejaron.

“Fueron meses muy duros para mí, en los cuales me di cuenta que no tengo la energía que necesito ni estoy dispuesto a hacer todo lo que tengo que hacer para estar donde quiero estar. Ante el respeto que mi actividad merece, decidí dar un paso al costado”, dijo el actual 268 del ATP.

Respecto de su decisión de despedirse en el torneo de Miami, González señaló que “elegí Miami porque significa algo importante para mí, viví muchas cosas importantes allá. Allá tengo amigos, me ayudaron mucho y hay una gran colonia de chilenos. Si lo hacía en Viña no iba a poder soportar la carga emocional de despedirme del público chileno”.

El tenista aprovechó el anuncio para repasar sus grandes conquistas en el tenis. “Tuve grandes momentos. Está la final del Abierto de Australia, los dos Juegos Olímpicos. Siempre me marcó la efervescencia de la gente. Eso no se olvida”.

De todas formas, González adelantó que desea seguir ligado “de cerca” a este deporte.  “La Fundación está lista. La decisión está tomada, ya la saben todos. Después del duelo de haber terminado mi carrera, no habrá nada mejor que trabajar en la Fundación”, comentó.

Fernando González ha sido el único tenista chileno en alcanzar tres medallas olímpicas – oro, plata y bronce – y es reconocido entre los círculos de expertos por poseer una de las derechas más fuertes de todo el circuito.

Esto, debido a que el ex camarista federal es requerido por la Justicia trasandina por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina.

Las fotos, captadas por el diario MDZ y replicadas por Página12 bajo el titular “Prófugo en las playas de Reñaca”, plantearon la interrogante al otro lado de la cordillera, de por qué no se detiene a Romano si tiene una orden de captura internacional.

El ex camarista federal, que al ser sorprendido se subió a un colectivo y huyó hacia Viña del Mar, fue destituido de la Cámara de Apelaciones de Mendoza en diciembre del año pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Esto, por haber “omitido” en forma “sistemática” denuncias e investigaciones de secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones de las víctimas que recibió como fiscal y juez subrogante durante la dictadura.

Además, Romano ya tenía un procesamiento como partícipe de 103 crímenes de lesa humanidad.

El prófugo, viajó a Chile el 14 de agosto del año pasado, un día antes de ser destituido del poder judicial  y se encuentra actualmente tramitando asilo político en nuestro país.

A mediados de enero, la Corte Suprema pidió a la Justicia argentina un resumen de los cargos imputados a Romano, quien desde el año pasado integra la lista de las 315 personas más buscadas por la Interpol.

Un estudio llamado “Equidad y calidad de la educación”, difundido hoy, concluyó que una población con niveles reducidos de enseñanza afecta la capacidad de producir, crecer e innovar de los países, además de perjudicar la cohesión social e imponer gastos adicionales a la Administración Pública.

Entre los que se entregaron figura el líder de la huelga iniciada hace diez días, Marco Prisco.

Después de entregarse los huelguistas, los militares accedieron al lugar y asumieron el control total del edificio.

La huelga, que tenía como objetivo reivindicar mejoras salariales, fue declarada “ilegal” por un tribunal y dejó el estado de Bahía y en especial Salvador, su capital, a merced de la delincuencia por la falta de vigilancia policial en las calles.

“No quiero personalizarlo en mí, creo que cualquier persona que aspira a conducir una patria debería estar dispuesto a someterse al juicio popular, a través de una primaria o través de cualquier mecanismo que se estime”, dijo el ministro al canal 24 Horas.

Golborne enfatizó que los candidatos no deben ser nominados por cúpulas partidistas. Creo que es muy importante que, en definitiva, vayamos entendiendo que las nominaciones las deben hacer directa o indirectamente las personas”.

Pese a sus declaraciones y a su alta popularidad en las encuestas, el titular del MOP reiteró que no está en campaña presidencia y aclaró que definirá su competencia el 2013.

El secretario de Estado, independiente, descartó además inscribirse por el momento en los partidos Renovación Nacional o la Unión Demócrata Independiente. “Me siento tremendamente ‘coalicionista’, yo me siento representante de esta centroderecha, moderna, nueva, que involucra distintas personas, un arcoíris dentro del pensamiento liberal”.

Según la información preliminar, las ruedas del convoy tuvieron un problema de tracción. Esto hizo que los pasajeros se bajaran del tren, que fue llevado inmediatamente a los talleres.

Esta situación se produce un día después que otro tren de la Línea 2 descarrilara, rompiendo un muro y aplastando vehículos en el  estacionamiento de un condominio de San Miguel.

La medida implica que el ministerio de Hacienda deberá “dejar sin efecto, inmediatamente ejecutoriado el fallo y de forma expresa, el documento  ‘Acta de Constancia de Ausencia de Funcionarios en sus Labores Funcionariales’”, con el cual se pretendía comprobar mediante fotos, filmaciones y delación, a los funcionarios que se ausentaran de sus puestos de trabajos.

En su momento, la mencionada “acta” fue utilizada intimidatoriamente por las jefaturas de los Centros de Atención Previsional (CAP) del IPS de Antofagasta y de la Región Metropolitana (Santo Domingo, Estación Central, Independencia y San Miguel), donde se hicieron correr listas conminando a los funcionarios a firmar con sus antecedentes, y aclarando su situación de adhesión o rechazo al paro citado.

“Nos sentimos plenamente satisfechos por esta resolución de la Justicia, que marca un claro precedente en defensa de los funcionarios de la administración central del Estado, y debería llevar a las autoridades a pensar de mejor manera las vías que utilicen para negociar nuestras justas demandas y privilegiar caminos de diálogo en vez de profundizar los conflictos, más aún cuando se trata de llegar a acuerdo sobre temas sensibles como reajustes salariales y mejoras laborales”, señaló Leonardo Salazar, presidente de Anatrinp.

Por su parte, la abogada Patricia Rodríguez, jefa del estudio In Ius y representante de Anatrinp, destacó  que “la aplicación de la mencionada ‘acta’ implicaba perturbar seriamente el clima laboral al introducir el temor y la desconfianza entre los trabajadores. Asimismo, dicho instructivo se apoya en la mala fe, dejando de lado el principio de inocencia que promueve el sistema judicial, ya que se parte de una prueba pre constituida donde se supone que el funcionario falta a sabiendas a su jornada laboral”, explicó.

En el litigio, donde el Gobierno estuvo representado por abogados del Consejo de Defensa del Estado, se resolvió explícitamente que las autoridades transgredieron el Artículo 7º de la Constitución, toda vez que nadie puede atribuirse otra autoridad o derechos que los expresamente conferidos por  las leyes.

Las referidas instrucciones, además,  fueron rechazadas y dejadas sin efecto por perturbar y amenazar derechos y garantías constitucionales como “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas” y “el derecho a la vida privada y la honra de la persona y su familia”, resguardados por el Artículo 19 de la carta fundamental.

El “Acta de Constancia de Ausencia de Funcionarios en sus labores Funcionariales”, establecía una pauta a seguir por parte del “Jefe de Gabinete del Subsecretario y del Jefe Directo acompañado de dos funcionarios de grados superiores de la unidad o departamento”, los cuales debían levantar un acta y dejar constancia de la hora y la persona a quien se le pregunta y colocar sus expresiones como por ejemplo “no sé, no la he visto”, “fue a comprarse un café” o “fue al baño”.

Para corroborar la ausencia del trabajador, la circular recomendaba “esperar unos cinco o diez minutos y constatar su no regreso al puesto de trabajo; dejar constancia si no hay funcionarios; sacar fotos y grabar declaraciones para que sirvan de prueba; individualizar a los funcionarios ausentes; individualizar a los funcionarios que prestaron declaración y firmar colocando los datos de los funcionarios que concurrieron a la toma de declaración, agregando foto y firma de los funcionarios testigos y jefe directo; efectuar esta constancia intempestivamente, al menos tres veces en el mismo día para acreditar la ausencia y luego enviar esta acta al encargado de personal, recursos humanos y el jefe superior del servicio”.

La resolución de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones  se suma a otro dictamen a favor del recurso de protección interpuesto por la ANEF, que fue ratificado por la Corte Suprema el 9 de enero pasado.

Tanto Constans, como Martínez, han dicho que con este acuerdo “ganan el país, las empresas y los trabajadores”, pues se han destrabado temas complejos como el multirut y se han inscrito en la agenda laboral tópicos que requieren reformas legales que esperan perfeccionar en marzo, junto a la ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, de manera promover el apoyo del Ejecutivo y convertirlos en proyectos de ley.

El documento contempla ocho puntos que refrendan los convenios sobre protección laboral suscritos en 2009 y que debieran activarse automática y focalizadamente cada vez que la tasa nacional, regional o sectorial de desempleo exceda en un punto porcentual al promedio de dicha tasa en los últimos 4 años, al tiempo que proponen la ampliación del permiso de capacitación.

El documento busca también reducir la accidentabilidad laboral; recoge las recomendaciones del Comité de Usuarios, que elevan el tope de los actuales beneficios de $ 380.000 y $ 750.000 y la tasa de reemplazo. Se propone además, establecer una modalidad de copago y reducir el aporte de los empleadores al Fondo Solidario cuando el vínculo laboral se extienda por más de 2 años. A estas recomendaciones, las organizaciones  han sumado la sustitución del aporte de 1,6% que se efectúa en las cuentas individuales de los trabajadores en el seguro de cesantía, para que, en caso de despido por necesidades de la empresa, el trabajador reciba íntegra la indemnización por años de servicio, sin descuentos por este concepto.

Asimismo, buscan fortalecer al sindicato como el principal sujeto de la negociación, evitando que elementos externos afecten o debiliten su rol y la creación de una comisión bipartita que haga análisis periódico de las negociaciones. Para el multirut se propone que cuando dos o más empresas sean calificadas como una, los trabajadores puedan constituir un único sindicato. Para definir el salario mínimo se reunirán anualmente para acordar parámetros objetivos de sustento para su cálculo y han convenido, finalmente, aumentar la tasa de participación laboral femenina, creando una comisión bipartita para el tema.

Si bien las propuestas apuntan en la correcta dirección de autorregular estas relaciones, de materializarse, los acuerdos incidirán en una proporción menor de la masa laboral, pues la CPC representa a grandes empresas y la CUT reúne básicamente a sindicatos de organismos estatales y empresas mayores o medianas, mientras que alrededor del 70% de los trabajadores pertenecen a firmas pequeñas y micro, con no más de 20 empleados, sin franquicia Sence, y en su mayoría, sin sindicatos.

Tal como en muchas áreas de nuestra economía (y política), la concentrada naturaleza de nuestras estructuras de representación estimula la solución de problemas de la minoría con voz y capacidad de presión, dejando fuera a millones que no la tienen y que, por consiguiente, no logran colocar sus legítimas aspiraciones en la agenda social, económica y política. Un Estado subsidiario tiene la obligación moral de suplementar estas deficiencias, mediante una más activa contraloría y regulación, hasta que los actores más débiles consigan poder suficiente para solventar la propia defensa de sus intereses ante abusos de sus contrapartes. La prescindencia del Estado en estas materias sólo consigue aumentar el actual grado de ilegitimidad que muestran las encuestas respecto de la empresa y los empresarios, así como sobre las organizaciones sociales y políticas incumbentes en estas materias.

La sentencia, que pone fin a la carrera del magistrado de 56 años, responde a otra investigación en su contra y ocurre justo un día después de terminado el juicio por las indagaciones que el juez realizó sobre el franquismo.

La condena, aprobada por unanimidad por el Tribunal Supremo, es por vulnerar el derecho a la defensa por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP), que ahora gobierna España.

La carrera de Garzón ha estado marcada por casos de alta relevancia pública mundial, como sus investigaciones sobre el grupo separatista ETA; al mayor banco español, el BBVA por lavado de dinero; la solicitud de desafuero del ex premier italiano Silvio Berlusconi, sus críticas a Estados Unidos por la cárcel de Guatánamo y la guerra de Irak, además de ordenar el arresto de Osama bin Laden.

Sin embargo, el caso que lo impulsó a la vitrina mundial de la defensa de los derechos humanos fue el arresto del ex dictador Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad, además de tortura y homicidio de ciudadanos españoles durante la dictadura.

Ante esto, Garzón indicó a través de un comunicado en la tarde del jueves que acudirá “a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.

“Tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción (…) para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban (…) a los abogados”, dijo y agregó que en este juicio “mis derechos han sido sistemáticamente violentados”.

Sin embargo, existe un problema práctico que está íntimamente ligado a la puesta en marcha de este emprendimiento: La totalidad de las obras de mitigación viales aún no están listas.

Cualquier automovilista que ose a transitar por la avenida Andrés Bello hacia el oriente en hora peack, se ha percatado de los atochamientos que se producen en la zona. De hecho, los días viernes en el tramo entre Manuel Montt y Los Leones hacia Vitacura, la espera puede alcanzar fácilmente una hora en distancias que, bajo un funcionamiento normal, no deberían tomar más de siete minutos.

Es por eso que a los expertos viales les preocupa qué podría pasar cuando se inaugure el complejo comercial y empresarial, sin que la totalidad de los proyectos de descongestionamiento vehicular y peatonal estén listos.

Las autoridades solicitaron a Cencosud tener habilitadas al menos 22 medidas de mitigación antes que el proyecto abra sus puertas. Dentro de ellas se incluyen la materialización de una calzada  en avenida Nueva Tobalaba entre las avenidas Andrés Bello y Vitacura, con tres pistas sentido norte-sur, con alternativas de acceso y salida de estacionamiento. Además se solicitó la construcción  del Puente Costanera (Tajamar poniente), con tres pistas sentido norte-sur sobre el río Mapocho y acera peatonal al costado poniente. A esto se suma la habilitación de una cuarta pista en avenida Holanda; la puesta en funcionamiento de 200 estacionamientos subterráneos para bicicletas al interior del proyecto; una pasarela peatonal sobre Holanda y Vitacura – con acceso al centro comercial vía ascensor y escalera mecánica-  y veredas nuevas en todo el perímetro de la edificación, entre otras.

Y aunque algunas de ellas ya se encuentran finalizadas, como el puente entre Andrés Bello que conectará con avenida El cerro, éstas no se pondrán en funcionamiento hasta abril, uno par de días antes de que se inaugure el centro comercial.

Un cuento aparte es el la construcción del túnel que pretende pasar por debajo de la carretera Andrés Bello. La edificación recién comenzará a ser construida, según señaló a la prensa el mismo Horst Paulmann, en julio de este año y podría estar en funcionamiento recién en 2015. Para ello las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) debieron moverse rápido para declarar la avenida Andrés Bello como camino público y así evitar las trabas burocráticas que retrasarían la edificación del túnel. De esta manera, el Gobierno se encargaría de construirlo, pero Cencosud financiaría toda la inversión que alcanza los 25 millones de dólares.

Para el arquitecto y editor  del portal Plataforma Urbana, Alberto Texido, este proyecto “puede implicar una saturación vial de tal magnitud que puede causar problemas al objetivo de los espacios que se están intentando levantar para el consumo y las oficinas. Esa saturación también podría invitar a los interesados a volver a analizar su postura e intentar encontrar una manera de que este problema sea solucionado”.

Esto porque según el doctor en economía de la Universidad Católica “hay una situación futura en que los intereses privados  incluso se pueden ver afectados por una disminución del valor del suelo o del metro cuadrado de venta por el arriendo de ese sector. Esto va a implicar que si no se toman medidas privadas, públicas y mixtas en el futuro.Lo más probable es que la ciudad logre enfrentar esto a través de la aparición de otros puntos de desarrollo y por lo tanto este lugar puede perder el atractivo que tiene hoy”.

Una historia de irregularidades

El retraso en las medidas de mitigación es sólo un síntoma de todo lo que ha rodeado a la construcción del Costanera Center desde que ingresara a la Dirección de Obras de Providencia en 1993.

Mucho se ha hablado de lo extraño que fue la entrega de permisos de edificación parcelados en la medida en que se concretaba el proyecto. Sin embargo, de acuerdo a lo que comentó Paulina Andrade – periodista autora del libro “Los pasos del Elefante: El imperio de Herr Paulmann”, publicado por ediciones Radio Universidad de Chile – “más que otorgar permisos de forma parcelada, lo que se hizo fue reaprobar una y otra vez el proyecto con los cambios realizados, responsabilidad que recae principalmente en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Providencia”.

Esto se debería a “los sucesivos cambios y modificaciones que sufrió el proyecto desde su primer ingreso a la Dirección de Obras de Providencia. De acuerdo a la información que nos entregó el arquitecto del proyecto, Yves Besançon, la idea que desarrollaron junto a Paulmann entre 1988 y 1993 era de 400 mil metros cuadrados, 300 mil menos que la dimensión actual”, dijo la autora.

A juicio de Paulina Andrade, “el gran problema en este caso fue que la Municipalidad de Providencia actuó, en esta primera parte, como juez y parte, ya que por un lado su Dirección de Obras era la encargada de fiscalizar que el proyecto tuviera todos sus permisos al día y cumpliera con toda la normativa vigente, y, por otro lado, ha sido uno de los aliados históricos del proyecto, por cuanto el mismo alcalde Labbé señaló en una oportunidad que la municipalidad percibiría cerca de 1.200 millones de pesos al año gracias a Costanera Center, por concepto de patentes y contribuciones. En ese momento el edil dijo que el dinero se utilizaría en obras sociales y proyectos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos”.

“Efectivamente, al momento de iniciar las obras existía una irregularidad, denunciada en la época por la agrupación Defendamos la Ciudad: los dos terrenos en los que se emplaza la construcción no estaban fusionados legalmente, lo que ocurrió el 27 de marzo de 2009 y no impidió la entrega de permisos por parte de la Municipalidad”, precisó la autora.

Por su parte, Texido afirmó que “lo interesante del análisis es no sólo descubrir lo extraño que parece que una obra de esa envergadura inicie operaciones antes que las obras de mitigación se encuentren completamente terminadas, y más aun cuando ha habido diferencias de opinión en cuanto a lo que la autoridad cree adecuado para ese sector y lo que el inversionista privado supone. Hay un problema no sólo de tiempo sino de criterio aplicado sobre esto”.

En esa línea, el académico de la Universidad de Chile comentó que una de las falencias que demostró este proceso “es el encuentro de más de una autoridad municipal en un mismo punto, por lo tanto, también ha habido un cruce de normativas. Se han aplicado normas de Las Condes en Providencia y viceversa y el privado buscó las mejores condiciones para lograr la mayor rentabilidad”, dijo el doctor en arquitectura de la UC.

Por otro lado, Paulina Andrade sostuvo que  “cuando se dan  situaciones como la anterior es fundamentalmente porque la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) no es taxativa respecto de los proyectos que sufren cambios como el aumento en su superficie. La OGUC considera, además, la posibilidad de que un proyecto se acoja a transformarse en lo que la ordenanza denomina como un ´conjunto armónico´. Esto permite otorgarle un 30 por ciento de coeficiente de constructibilidad extra a los proyectos que hayan fusionado dos o más terrenos cuando el terreno resultante de la anexión supere los 2 mil 500 metros cuadrados”.

Por lo mismo, el académico de la Universidad de Chile llamó la atención respecto de la necesidad de crear un Consejo Consultivo de expertos que pueda dar su opinión respecto de proyectos que puedan impactar tan fuertemente en la ciudad y que, además, tome en cuenta la posición de la ciudadanía en asuntos que podrían alterar su forma de vida. No por nada expertos han advertido que salir de las vías que rodean al Costanera Center podría tardar al menos un par de horas.

En el minuto 64 abrió la cuenta Emmanuel Herrera, jugada que ratificó el dominio de los hispánicos en la cancha. Todavía no se terminaba la celebración en el Estadio Santa Laura, cuando al minuto siguiente Fernando Cordero batiera el arco colombiano y anotara el gol de la victoria definitiva.

El director técnico del plantel, José Luis Sierra, se mostró conforme con el desempeño del equipo y aseguró que está confiado en lo que pueda mostrar su formación tanto en esta copa como en el campeonato nacional.

“Somos un equipo que necesita jugar al 100 para ganarle a cualquiera. Estamos en condición de pelearle y ganarle a cualquiera y si bajamos un 1% se nos hace más complicado”, dijo el ex seleccionado nacional.

Hasta el momento, Unión Española se mantiene a la cabeza del grupo 3 a la espera de lo que suceda mañana en el partido entre Universidad Católica y Bolívar, que se disputará en San Carlos de Apoquindo.

El siguiente encuentro de los hispánicos, en tanto, volverá a ser de local cuando reciban a O´Higgins en la tercera fecha del Torneo de Apertura.

Sin embargo, la enfermedad se lo llevó más rápido de lo que él mismo pensaba y este 8 de enero han sido sus cuatro hijos quienes han dado a conocer a través de twitter el fallecimiento de su padre a los 62 años, a quien acompañaron en sus últimos momentos de vida.

‘No habrá un destino incierto, ni habrá distancia que pueda alejarme de ti…’ Amor eterno a mi Padre”, escribio Catarina Spinetta, citando una canción del ‘Flaco’.

Luis Alberto Spinetta es uno de los íconos del rock argentino y su extensa producción creativa incluye temas míticos como “Muchacha ojos de papel”, “Desatormentándonos”, “Barro tal vez” y “La bengala perdida”, entre centenares de canciones que escribió en un particular estilo hermético.

Los restos de Spinetta serán velados y cremados en una ceremonia privada, según indicó la familia.

Misma petición se realizó para la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández.

“Si bien reconocemos que esta formalización de cargos es un acto exclusivo de la fiscalía, nos parece justo que la fiscalía conozca el parecer de los querellantes al respecto”, afirmó el jurista.

Junto con esto, también se solicitó las notificaciones para el jefe del Centro de Alerta Temprana Johaziel Jamett; los jefes de turno Osvaldo Malfanti y Paolo Marín; el ex director del SHOA, Mariano Rojas; el ex jefe de turno del SHOA, teniente 1º Mario Andina; y el capitán de corbeta Andrés Enríquez.

Raúl Meza ha insistido en que las formalizaciones deben apuntar hacia las personas que sostenían responsabilidades y poder de decisiones y no sólo cargos técnicos, como ya había expresado la fiscal Solange Huerta sobre las formalizaciones que comenzarán la semana del 20 de este mes.

Meza insiste en que hay autoridades del SHOA y de la Onemi que deberían ser formalizadas por cuasi delito de homicidio múltiple y por denegación de auxilio. De todas maneras, reconoció que es “relevante que la fiscal conozca cuál es la convicción jurídica de estos querellantes en torno a la determinación de responsabilidades penales”.

Además se solicitó la declaración del Presidente Sebastián Piñera y del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, porque podrían entregar información sobre quién estaba entregando las órdenes esa madrugada, ya que ambos figuran como testigos presenciales de lo que pasó en la Onemi.

Nunca, desde que concluyó el periodo dictatorial, hubo tanta preocupación y cuestionamiento a la situación de los periodistas chilenos por hechos de agresiones y represión.

Así, el gobierno de la derecha chilena se anotó otro record en su lista de desaguisados que lo tienen con las peores evaluaciones de una administración en las últimas dos décadas.

De acuerdo a información que manejan el Colegio de Periodistas, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile y medios de prensa, durante el 2011 al menos 20 profesionales de la prensa sufrieron agresiones, maltrato y situaciones represivas, la mayoría de las veces a manos de elementos de Fuerzas Especiales de Carabineros que en reiteradas ocasiones fueron alabadas por el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Se cuentan, entre otros, los casos del fotógrafo de la agencia de noticias española EFE, Víctor Salas, herido en un ojo por el bastón de un carabinero a caballo; las detenciones de Héctor Retamal, reportero gráfico de la agencia France Press y de Luis Narváez, periodista de Chilevisión; la agresión policial contra el camarógrafo Gonzalo Barahona; los golpes y detención del reportero de radio ADN, Esteban Sánchez; el juicio contra el periodista Marcelo Garay.

El informe 2011 de la CIAP –entidad ligada a la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)- señaló: “En otros territorios se detectaron en 2011 manifiestos obstáculos a las tareas periodísticas, como es el caso de Chile donde gobiernan hoy los herederos políticos del fallecido dictador Augusto Pinochet. En octubre pasado, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Exterior en Chile expresó al gobierno su ‘profunda preocupación por los continuos ataques a la libertad de expresión perpetrados por Carabineros (policía militar) en los dos últimos años’ difundió EFE”.

El documento agregó que “fotógrafos y periodistas de agencias como DPA, International Press Service (IPS), Reuters, EFE, Xinhua y otros medios fueron agredidos y detenidos por policías cada vez con mayor frecuencia desde 2010”.

En Chile se multiplicaron las denuncias de golpes, aplicación de gases lacrimógenos, incautación de material periodístico y acciones represivas para borrar imágenes captadas por fotógrafos y camarógrafos.

En esa línea, causó preocupación en organismos internacionales y también en el Colegio de Periodistas, agrupación de corresponsales extranjeros, sindicatos de medios y la organización de fotógrafos y camarógrafos que el gobierno quisiera instalar a través de la llamada “ley anti-tomas”, promovida por Hinzpeter, la posibilidad de que los medios entreguen a la policía u organismos de Inteligencia material gráfico, audiovisual y sonoro sobre manifestantes y ciudadanos que participen en protestas o huelgas.

Esa experiencia la desarrolló la derecha en el periodo dictatorial, cuando medios de comunicación dirigidos por ese sector político, entregaba imágenes de personas que participaban en protestas y manifestaciones, muchas veces a la temida Dirección Nacional Comunicación Social (DINACOS), pero también a Carabineros y la CNI.

En medio de todo, en enero pasado, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su informe sobre libertad de prensa, en el cual Chile cayó 47 lugares, situándose en los peores estándares, principalmente por la represión contra periodistas, la mayoría de las veces ocurrida en las movilizaciones de estudiantes, de gran impacto mundial.

Revisando documentos e informes diversos, una situación como esta no se producía en Chile desde los tiempos de la dictadura, donde cientos de periodistas fueron desaparecidos, ejecutados, desterrados, detenidos, torturados y reprimidos severamente.

Todo indica que los procedimientos de mantención del “orden público” que prioriza el gobierno piñerista tiene entre los sectores a vigilar, persuadir y reprimir en último caso, a los trabajadores de medios de comunicación. Ello incluye casos de reporteros y fotógrafos que trabajan en medios privados proclives al gobierno y que al ser reprimidos, reciben la instrucción de no de denunciarlo ni informarlo.

En ese marco, no dejó de llamar la atención la queja del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien se dijo víctima de “bullying” por parte de “los típicos fácticos de la izquierda del mundo del periodismo”. No se podría entender de otra manera que es una referencia de la autoridad en cuanto a las informaciones y análisis de profesionales de la prensa sobre casos en que se establecen críticas, observaciones y fiscalización en cuanto al accionar de la cartera de Interior y quien la dirige. Algo que parece incomodar a Hinzpeter al punto de victimizarse. Como comentara un periodista, “que agradezca que aquí no hay un diario de oposición, o como El País o Página12, porque el Ministro tendría que ponerse a llorar o renunciar”.

Que Hinzpeter acuse “bullying” de parte de periodistas en medio de los informes de organismos internacionales y agrupaciones nacionales que constatan violencia en contra de trabajadores de la prensa, es cuando menos contradictorio. Los hechos demuestran que el maltrato viene de otro lado y va hacia otros objetivos.

Como sea, hay preocupación entre los periodistas sobre si estas agresiones aumentarán el 2012, cuando diversidad de organizaciones sociales anuncian más movilizaciones, al tiempo que el gobierno informa de sofisticación y más medidas de contención social.

Navarro explicó que el Gobierno no ha exigido un estudio de impacto ambiental a la empresa, por lo que adelantó una ofensiva judicial y administrativa con el que buscarán anular el proyecto.

En esa línea, afirmó que hay una “abierta y manifiesta” ilegalidad, pues este tipo de proyectos requieren de un estudio, y no sólo de la declaración de impacto que presentó  la empresa, considerando que ésta excluye la participación ciudadana y tiene un rango inferior.

El parlamentario también acusó que hubo un cambio en los análisis de cada uno de los servicios públicos involucrados, donde se omitieron objeciones y aspectos negativos para aprobar el proyecto.

Ante esto, Navarro apuntó al Gobierno Regional por cambiar criterios, por lo que aseguró que el intendente Víctor Lobos, deberá dar explicaciones.

“Los servicios de salud, del medioambiente, de geología y minas; y otros, señalaron las inconveniencias de este proyecto, sin embargo, el criterio fue cambiado por el Gobierno Regional, el Intendente Regional deberá dar muchas explicaciones, por cuanto esta aprobación es abiertamente ilegal”, dijo.

Además de esto, el legislador manifestó su apoyo a las organizaciones ciudadanas y ambientalistas que se han expresado en contra de la termoeléctrica, con quienes se coordinará.

Por otra parte, el senador aseguró que existe una sobreoferta de energía en la zona, por lo que el proyecto sería además, innecesario.

El pago de 4 millones 850 mil pesos y el compromiso de trabajar voluntariamente en una ONG llamada “Keren Kavemet Le Israel”, especializada en reforestación, e instaurar ahí la campaña “Torres del Paine, de Negro a Verde”, consiguieron suspender el proceso penal en contra del turista, quien no reconoció su culpabilidad en los hechos.

Frente a las críticas surgidas por esta vía de solución, el fiscal regional Juan Agustín Meléndez , señaló que se trata de un acuerdo conveniente porque los casi cinco millones de pesos fueron traspasados directamente a la Conaf “para que la institución pueda paliar en parte los inconvenientes que sufrió con esto, las pérdidas de materiales”.

“Cuando hablé en la audiencia, le dije al juez que lo que nosotros estábamos utilizando en este caso es una herramienta legal moderna que nos permite enfrentarnos a una legislación tan obsoleta como es la Ley de Bosques, que establece una pena máxima por estos hechos de $150 mil de multa. Sin embargo, esta salida alternativa nos permite dar un mejor término a este conflicto”, añadió el fiscal.

El Ministerio Público detalló además que  Singer deberá además difundir la campaña de reforestación en los medios, especialmente entre la comunidad israelí en Chile. Su trabajo será controlado a través de informes.

Además, expertos en reforestación israelíes están prontos a llegar a Chile y coordinarán desde acá la campaña, que tiene por objetivo conseguir al menos 50 mil pantas de especies nativas de las perdidas en el parque nacional para reponerlas.

El accidente se produjo mientras el convoy estaba siendo utilizado en una vía de prueba y no logró detenerse, lo que causó el choque con el estacionamiento del edificio. El impacto derribó el muro del condominio y si bien no se registraron heridos, el tren destruyó al menos un auto particular.

Caballero indicó que se iniciará un sumario en torno a este accidente e insistió en que la empresa pagaría por todos los perjuicios provocados.

El ejecutivo respondió a los cuestionamientos en torno a la calidad de las barreras de contención, afirmando que desconocía su composición, pero anunció que estarán monitoreando constantemente sus reparaciones.

“Vamos a exigir que esto lo vea una empresa que certifique que el trabajo que se haga de reposición asegure a los vecinos de este edificio”, anunció.

Según indicó  Caballero, en este momento toda la red estaría funcionando con normalidad.

Desde entonces (como desde hace mucho) a falta de uno ahora tenemos dos Sergios a quienes recordar: el primero, un brillante fotógrafo, poseedor de un insuperable sentido de la composición y que deslumbró a la Europa de los años 50 influenciado desde entonces a miles de artistas en el mundo; y el otro, menos conocido quizás pero no por ello menos importante, tan sólo un hombre común y corriente con la intención, la valentía y el poder de hacer la revolución más importante y honesta de todas, aquella que parte y termina donde uno, armado de un corazón y una esperanza que acaso no alcance a entrar en los almanaques de occidente. De los dos, y no de uno sólo de ellos, debería estar hecha esta historia, su historia, la verdadera leyenda.

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Esto, luego de reunirse con el titular de Obras Públicas, Laurence Golborne, para analizar las medidas a corto y mediano plazo que ambas carteras adoptarán para hacer frente a la sequía que afecta a gran parte del país.

Golborne señaló que si bien no hay problemas graves de suministro en ninguna parte del país, la situación es compleja.

Por ello es que la prioridad número uno del Gobierno es el suministro de agua potable a la población en zonas urbanas y rurales, para que no se efectúen cortes de agua.

Golborne afirmó que el otro tema relevante tiene relación con el mundo agrícola y la ayuda  a los agricultores, por lo que se van a bombear canales y ríos para suplir las deficiencias del recurso hídrico.

Además, a mediano plazo el Gobierno baraja la construcción de micro embalses, acumulación de aguas en acuíferos, infiltración de este recurso en napas subterráneas y el bombardeo de nubes.

Estas medidas se van a comenzar a implementar desde este mes hasta abril.

Por su parte, el ministro Mayol descartó que en el corto plazo suban las cuentas de luz y agua por efectos de la sequía.

Además, el titular de Agricultura agregó que no hay razón alguna para que suba el precio de las verduras, y que, en caso de haberlo, es netamente por aprovechamiento de los intermediarios.

“No habrá negociaciones con Argentina sobre la soberanía a menos que lo deseen los isleños”, dijo un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien precisó además que los aproximadamente tres mil habitantes del archipiélago son “británicos por elección” y “libres de decidir sobre su futuro”.

Esto luego que este martes la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunciara que acudiría a la ONU para reclamar sobre la militarización de la zona, justo en medio de la manifestación de las pretensiones transandinas para recuperar el dominio sobre las islas.

En ese sentido, una portavoz del Primer Ministro británico, David Cameron, indicó que “la posición defensiva en las islas Falklands (nombre con el que los británicos denominaron a las Malvinas) es la misma de siempre”. De esta forma, insistió en que el envió de un buque de guerra hace algunas semanas y la preparación militar que está recibiendo el príncipe Guillermo en las islas, serían procedimientos rutinarios.

La vocera afirmó además quela Carta de Naciones Unidas respalda el principio de autodeterminación, lo que respaldaría su posición frente al conflicto.

Sin embargo, el comité especial de descolonización de la ONU también aprueba y ha instado a que se establezcan negociaciones entre Gran Bretaña y Argentina para resolver la soberanía sobre las islas, que han estado bajo el dominio británico desde 1833 y por cuyo territorio se libró una guerra en 1982 donde los argentinos terminaron rindiéndose.

Reacciones chilenas

En Chile, en tanto, el diputado del PPD Jorge Tarud respaldó el apoyo entregado por el Gobierno al reclamo trasandino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En su calidad de miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el parlamentario indicó que avala la posición adoptada por la cancillería chilena ya que, a su juicio, se trata de “una política de Estado”.

Aún así, el legislador dijo no compartir las declaraciones de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el sentido que la demanda por la soberanía de las Malvinas no es una causa Latinoamericana.

“Esta es una causa argentina que Chile ha apoyado, no es una causa chilena”, enfatizó Tarud.

Una postura diferente a la expresada por el diputado UDI Iván Moreira, quien afirmó que Chile no debe inmiscuirse en la tensión surgida por la ocupación de Malvinas por parte de Inglaterra

“Una cosa es reconocer los derechos que tiene Argentina en las Malvinas, pero tampoco debemos inmiscuirnos en los problemas que tienen que solucionar dos países”, sostuvo Moreira.

Además, el diputado oficialista señaló que la política exterior de Chile debiera enfocarse al reclamo limítrofe de Perú que se encuentra en La Haya, en vez de “estar entrometidos en otra situación”, puntualizó Moreira.

Según Meza, tanto el Mandatario como el Jefe de Gabinete, pueden aportar información vital sobre quiénes estaban tomando las decisiones durante las horas posteriores a la tragedia del 2010, ya que ambos figuran como testigos presenciales de lo ocurrido en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

“Para nosotros es un hecho sustancial y relevante acreditar qué personas y qué autoridad estaba a cargo del mando ese día 27 de febrero en dependencias de la Onemi”, explicó.

El abogado espera que esto se haga antes de las formalizaciones que la fiscalía ha anunciado, de manera de poder influir en las personas que sean formalizadas.

“Es fundamental clarificar qué autoridad estaba tomando las decisiones el día 27 de febrero; o lo era la ex Presidenta (Michelle) Bachelet en su calidad de máxima autoridad, como así lo declara la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, en su declaración a la Fiscalía; o era la propia Carmen Fernández, que era quien estaba tomando las decisiones, como así lo declara la ex Presidenta Bachelet”, agregó.

Raúl Meza ha insistido en que las formalizaciones deben apuntar hacia las personas que sostenían responsabilidades y poder de decisiones y no sólo cargos técnicos, como ya había expresado la fiscal Solange Huerta sobre las formalizaciones que comenzarán la semana del día 20 de este mes.

Meza insiste en que hay autoridades del SHOA y de la Onemi que deberían ser formalizadas por cuasi delito de homicidio múltiple y por denegación de auxilio.

De todas maneras, reconoció que es “relevante que la fiscal conozca cuál es la convicción jurídica de estos querellantes en torno a la determinación de responsabilidades penales”.

Sergio Sepúlveda, vocero del Comité de Usuarios del Transantiago señaló que “ la administración Piñera determinó un alza de las tarifas del transporte, en 20 pesos, llegando a 580 pesos en buses y en el Metro a 660 pesos en hora punta y 600 en horario valle, justo en medio del verano. Es decir, con un país desmovilizado, sin clases en colegios y universidades”

El dirigente agregó que esto además ocurre  justo cuando se anuncian nuevos cambios al sistema, esta vez por la vía de los contratos, que pretende instalar un subsidio permanente que evite alzas de tarifa no programadas, pero que no se hace cargo del fracaso integral del sistema y sigue, finalmente, subsidiando las utilidades de las empresas a quienes se entregó este servicio que debería ser estatal.

El vocero de los usuarios del Transantiago indicó además que “un cálculo del impacto de este nuevo golpe al bolsillo popular nos muestra que el costo de movilizarse, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, llegará -sobre la base de sólo 25 días- a una suma cercana a los 40 mil pesos por persona, y si se considera que en cada hogar se moviliza más de una persona, significa un enorme porcentaje para cualquier salario y, por cierto, algo impensable para quien recibe el ingreso mínimo mensual –o salario mínimo- que es de 182 mil pesos”.

Por lo mismo, convocaron a una manifestación este viernes a las 18:30 horas  en Ahumada con Alameda, en el centro de Santiago.

Estas son algunas de las medidas que se están tomando en Irak contra quienes se resisten al actual gobierno y continúan criticando la intervención de Estados Unidos.

Algunos de los ahocados eran dirigentes del grupo Estado Islámico que, según reportes oficiales, están ligado a Al Qaeda.

El grupo Estado Islámico de Irak, fue creado en octubre del 2006, y libra una guerra de resistencia y acciones armadas contra las autoridades iraquíes.