El Partido de la Gente (PDG) deberá repetir de manera íntegra sus elecciones internas luego de que el Tribunal Supremo de la colectividad resolviera invalidar el proceso desarrollado el pasado 25 de abril. En dicha votación se habían definido las nuevas directivas nacionales, regionales, de juventudes y consejos generales, sin embargo, una exhaustiva revisión interna detectó severas anomalías administrativas y documentales que terminaron por viciar el acto electoral.

Según el fallo de la instancia partidaria, revelado por La Tercera, el proceso no reunió las condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental necesarias para efectuar una calificación y proclamación válida de los resultados. A raíz de esta resolución, la mesa directiva vigente continuará ejerciendo sus funciones de forma transitoria para garantizar la continuidad institucional, lo que mantiene a Rodrigo Vattuone en la presidencia y a Franco Parisi en la vicepresidencia en este 2026.

Descuadres de votos y las observaciones técnicas

El dictamen del tribunal partidario, que contó con dos votos disidentes, se fundamentó en una serie de faltas de control y de rigor técnico por parte de los organizadores. El informe institucional arrojó luz sobre la existencia de graves fallas documentales, constatándose la falta de remisión oportuna de los antecedentes electorales, el envío incompleto de los padrones y la ausencia de uniformidad en el sistema de foliado de los sufragios.

Asimismo, el punto más complejo de la resolución radicó en las inconsistencias numéricas detectadas, puesto que se verificaron diferencias objetivas entre la cantidad de votos consignados en determinadas actas de escrutinio y la cantidad de firmas registradas en los respectivos padrones electorales. Estas discrepancias y faltas de correspondencia documental en diversas mesas receptoras a nivel nacional terminaron por invalidar la votación en este 2026.

La anulación congela un escenario de fuerte disputa interna donde competían dos bloques. La Lista A, oficialista, era encabezada por el propio Vattuone; mientras que la Lista B era liderada por Patricio Quisbert (excandidato a gobernador por Tarapacá) y respaldada por los diputados Fabián Ossandón y Eileen Urqueta. Los cómputos preliminares le daban un triunfo aplastante a la lista de Quisbert por 592 votos contra 78 del oficialismo, en un proceso marcado por la baja participación, donde solo votó el 2,5% de un padrón de 43 mil militantes. Pese a que el candidato opositor ya había celebrado el triunfo, la determinación del tribunal obliga a fojas cero a la colectividad.

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó formalmente al Ejecutivo emitir un pronunciamiento público de rechazo frente a los insultos racistas y homofóbicos proferidos por un ciudadano chileno en el extranjero. El incidente involucra a Germán Naranjo Maldini, ejecutivo de la empresa Landes, quien protagonizó una violenta agresión verbal en contra de un pasajero a bordo de un vuelo de Latam Airlines con destino a Brasil. El hecho quedó registrado en un video ampliamente difundido en redes sociales, encendiendo las alarmas de las organizaciones de la diversidad.

El fundador del Movilh, Rolando Jiménez, manifestó su profunda indignación ante las imágenes, asegurando que las expresiones del profesional constituyen discursos de odio de la mayor gravedad. A juicio del dirigente, este tipo de manifestaciones no solo vulneran de forma directa la integridad de la víctima, sino que también dañan la convivencia democrática y los estándares mínimos de respeto a la dignidad humana, especialmente al provenir de un ciudadano que se encontraba en un espacio público de tránsito internacional en este 2026.

El llamado a no normalizar la violencia

Desde el organismo de derechos humanos argumentaron que ninguna discusión o conflicto previo puede ser utilizado como justificación para desplegar conductas discriminatorias de esta naturaleza. La exigencia hacia el palacio de La Moneda radica en la necesidad de fijar una postura de Estado clara frente al daño a la imagen país, puesto que el Movilh remarcó que la agresión trascendió las fronteras nacionales, proyectando una imagen pública lamentable de Chile en el exterior en materia de respeto y tolerancia.

Asimismo, respecto al rol del Estado, Jiménez advirtió que la discriminación no puede ser amparada bajo el derecho a opinión, catalogándola como una vulneración directa a los derechos humanos. En esa misma línea, el dirigente enfatizó que el silencio de las autoridades frente a estos actos de intolerancia solo contribuye a la normalización de la violencia y el odio en este 2026.

Con este emplazamiento, el movimiento espera que ministerios como el de Relaciones Exteriores o la Vocería de Gobierno condenen formalmente el actuar del ejecutivo, instalando en el debate público la necesidad de regular y sancionar los discursos de odio promovidos por connacionales, de manera independiente al territorio soberano donde estos se ejecuten.

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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, confirmando la medida cautelar de prisión preventiva que cumple desde el pasado 8 de mayo. La exautoridad se encuentra recluida en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en el marco de una investigación penal liderada por el Ministerio Público, donde se le imputan los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Durante las últimas jornadas, el otrora parlamentario recibió las visitas de su padre, Joaquín Lavín Infante, y de su cónyuge, Cathy Barriga, quienes concurrieron al recinto penal para manifestarle su apoyo familiar. Tras los alegatos ante el tribunal de alzada, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, destacó que la resolución judicial respaldó el trabajo investigativo del organismo, confirmando que los ilícitos considerados para el desafuero parlamentario guardan estricta coherencia con los antecedentes que justificaron la reclusión del imputado en este 2026.

Los fundamentos jurídicos del tribunal de alzada

El fallo emitido por los ministros de la Corte de Santiago desglosó detalladamente los criterios técnicos para desestimar la acción constitucional de la defensa y mantener al exdiputado tras las rejas:

• Vía procesal inadecuada: El tribunal sostuvo que el recurso de amparo no constituye el mecanismo idóneo para apelar a la prisión preventiva, puesto que las alegaciones debieron canalizarse a través de un recurso ordinario de apelación consagrado en el Código Procesal Penal.

• Sin hechos nuevos: Se descartó la denuncia de la defensa sobre supuestos elementos inéditos introducidos por el juez de garantía, aclarando que las imputaciones corresponden a precisiones y ampliaciones del mismo núcleo fáctico visado en el desafuero.

• Gravedad y fundamentación: Los magistrados confirmaron que la cautelar se encuentra debidamente motivada por la gravedad de las conductas atribuidas y las penas de crimen que arriesga Lavín León, lo que vuelve improcedente la aplicación de penas sustitutivas o medidas de menor intensidad.

Al concluir que no existió ninguna ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en el procedimiento inicial dictado por el juez competente, la Corte ratificó la legalidad del presidio de Lavín León. Con esta resolución, la estrategia de la defensa sufre un duro revés judicial, consolidando la postura de la Fiscalía de mantener bajo el régimen de máxima restricción al exlegislador mientras se agotan los plazos investigativos de la causa por corrupción.

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En Chile, hablar de migración se ha vuelto cada vez más difícil. No porque falten datos, estudios o experiencias concretas, sino porque la palabra migración es evaluada inmediatamente de forma negativa. El debate público ha sido secuestrado por el miedo, el cálculo electoral y una poderosa narrativa que presenta a las personas migrantes como una amenaza, deshumanizándolas. Se habla de “oleadas”, “invasiones”, “descontrol”, “ilegales” como si quienes cruzan las fronteras fueran un problema que administrar y no personas con historias, trabajos, familias, dolores y sueños.

Este lenguaje no es inocente. Cuando el Estado y sectores del sistema político convierten la migración en un problema de seguridad, dejan fuera toda consideración de derechos e instalan una sospecha permanente sobre quienes vienen de otros países. Y cuando esa sospecha se traduce en leyes restrictivas, demoras administrativas interminables, obstáculos burocráticos y exclusión de derechos sociales, ya no estamos solamente frente a discursos discriminatorios, sino frente a racismo institucional.

El racismo institucional no siempre se expresa mediante insultos o actos explícitos de odio. Muchas veces opera silenciosamente, oculto detrás de formularios, decretos pendientes, requisitos imposibles y trámites eternos. Se manifiesta cuando las instituciones tratan a las personas migrantes como sospechosas por el hecho de ser migrantes. Cuando el Estado demora años en reconocer derechos que para otros son inmediatos o cuando los trabajadores viven en incertidumbre permanente porque una oficina pública no responde. El racismo institucional permite comprender que el racismo no depende únicamente de conductas o de prejuicios individuales, sino también de estructuras políticas y administrativas que producen desigualdad sistemática. Fue precisamente esa dimensión estructural la que Stokely Carmichael y Charles V. Hamilton denominaron “racismo institucional”, al explicar cómo las instituciones reproducen exclusión y subordinación racial incluso sin necesidad de declaraciones abiertamente racistas (Carmichael & Hamilton, 1967).

En Chile, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) se ha convertido en uno de los espacios donde esa violencia burocrática se materializa con mayor claridad. A 2026 existen más de 120 mil solicitudes pendientes de nacionalización y más de 22 mil decretos sin firma. Detrás de esas cifras no hay expedientes abstractos, sino personas cuya vida quedó suspendida en una sala de espera estatal.

La nacionalización no es un regalo ni una “gracia” del Estado. Es el reconocimiento jurídico de una pertenencia construida durante años. Quienes solicitan la nacionalidad chilena ya han vivido en el país por largos períodos, han trabajado, pagado impuestos, han criado hijos y han construido lazos sociales. Sin embargo, la institucionalidad insiste en tratarlos como sujetos que deben demostrar permanentemente que “merecen” ser aceptados. Esa lógica revela una idea profundamente desigual de ciudadanía: mientras algunas personas nacen con derechos garantizados, otras deben atravesar años de incertidumbre para demostrar pertenencia.

La reforma constitucional presentada en abril de 2025 para aumentar de cinco a diez años el plazo requerido para solicitar la nacionalización chilena, profundiza esa orientación política. Más que promover integración e igualdad, refuerza la idea de que las personas migrantes deben permanecer durante una década bajo sospecha antes de acceder a derechos equivalentes a los de los nacionales. Los argumentos utilizados para justificar estas medidas se basan más en prejuicios que en evidencia. Uno de los más repetidos sostiene que las personas migrantes buscarían obtener la nacionalidad chilena únicamente para acceder a beneficios internacionales como la Visa Waiver hacia Estados Unidos. Pero no hay evidencia que demuestre que se trate de un fenómeno masivo ni de una amenaza para el país. Aun así, el discurso circula y termina justificando restricciones que afectan a miles de personas.

Cuando el debate público se construye desde imaginarios raciales y no desde la realidad social, el resultado inevitable es la producción de políticas discriminatorias. Se instala la idea de que el migrante debe ser controlado, vigilado y limitado y la migración deja entonces de entenderse como un fenómeno social para convertirse en un supuesto riesgo. Esto se observa en la Circular 014 del Registro Civil, que negó el reconocimiento del ius solis a hijos de padres extranjeros en situación irregular, tratándolos como hijos de “transeúntes”; y, posteriormente, la Circular 016 hace una modificación condicionada del ius solis, que sigue sin aclarar la situación. Es cuando el racismo institucional alcanza uno de sus puntos más crueles: extender la discriminación incluso hacia niños y niñas nacidos en territorio chileno. Cuando el Estado pone en duda la pertenencia de un niño por el origen o situación migratoria de sus padres, construye una ciudadanía jerarquizada desde el nacimiento.

La violencia institucional contenida en el racismo contra las personas migrantes no solo se limita al acceso a la nacionalidad, pues surge en el retroceso de derechos sociales fundamentales, especialmente en el ámbito de la salud. El derecho internacional reconoce el derecho universal a la salud mediante instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Chile ha suscrito y ratificado esos acuerdos, los que constituyen compromisos jurídicos y no simples declaraciones éticas. Sin embargo, en los últimos años han surgido discursos y propuestas que buscan restringir el acceso de personas migrantes a servicios sociales esenciales.

La lógica detrás de estas medidas es peligrosa, porque instala la idea de que los derechos pueden condicionarse según nacionalidad, origen o situación administrativa. En otras palabras, se plantea que algunas vidas merecen menos protección que otras. La contradicción es evidente. Las personas migrantes sostienen sectores fundamentales de la economía chilena: construcción, agricultura, transporte, cuidados, salud, comercio y servicios. Mientras contribuyen cotidianamente al funcionamiento del país, enfrentan precariedad laboral, discriminación y una burocracia que las mantiene en situación de vulnerabilidad permanente.

A pesar de ello, el relato dominante insiste en mostrar a las personas migrantes como amenaza. En los últimos años, la migración y la delincuencia se convirtieron en ejes centrales de campañas políticas y se construyó un vínculo artificial entre ambos fenómenos, utilizando casos aislados para generalizar sospechas sobre comunidades completas. El resultado ha sido la instalación de un pánico social que justifica políticas restrictivas y discursos agresivos. Este mecanismo corresponde a una forma clásica de populismo punitivo que simplifica fenómenos complejos, identifica culpables visibles y ofrece soluciones autoritarias. En lugar de debatir sobre desigualdad, salarios, concentración económica o crisis de los servicios públicos, el malestar social se desplaza hacia grupos históricamente vulnerados. Así, la persona migrante se convierte en chivo expiatorio de problemas estructurales mucho más profundos.

Las consecuencias de esta política no son únicamente simbólicas. La espera prolongada en trámites migratorios produce un sufrimiento cotidiano difícil de comprender para quienes no lo viven. La sociología denomina “liminalidad” a ese estado intermedio donde la persona ya no pertenece completamente a un lugar, ni tampoco es reconocida plenamente en el nuevo espacio donde vive (Tijoux, 2016). La persona migrante queda atrapada en una existencia provisional, pues trabaja, construye vínculos, forma familia y participa socialmente, pero el Estado continúa diciéndole, mediante silencios burocráticos, que todavía no pertenece.

Esa incertidumbre deteriora la salud mental, genera ansiedad, estrés crónico y miedo constante. Muchas personas pasan años sin saber si podrán continuar en el país donde organizaron su vida. Además, la identidad también se fragmenta cuando el Estado exige integración y cumplimiento de normas, pero simultáneamente niega pertenencia plena. Las personas migrantes se vuelven necesarias económicamente, pero prescindibles políticamente. La Ley 21.325 establece que toda persona extranjera tiene derecho a un procedimiento racional y justo en materia migratoria. Sin embargo, cuando los trámites tardan años sin explicación clara, ese principio se vacía de contenido. La demora deja de ser un problema técnico y se transforma en un mensaje político: “tu vida puede esperar”.

El racismo contemporáneo en Chile se expresa tanto en los cuerpos que persigue como en mecanismos administrativos, culturales y socioeconómicos (Balibar & Wallerstein, 1991). Se construyen jerarquías entre poblaciones consideradas deseables y otras que no lo son y que suelen coincidir con diferencias de clase, color de piel, rasgos, origen nacional y posición económica. Por eso el racismo institucional no puede entenderse separado de la desigualdad social. Solo que las políticas migratorias restrictivas producen mano de obra vulnerable, es decir personas cuya permanencia depende de trámites inciertos, y que tienen menos posibilidades de exigir derechos laborales, denunciar abusos o participar políticamente. La precariedad administrativa se transforma así en precariedad social.

Consideramos que la defensa de los derechos migrantes no es un asunto sectorial. Es una defensa de la democracia misma, porque una democracia auténtica no se mide únicamente por elecciones periódicas, sino también por su capacidad de garantizar dignidad, igualdad y protección jurídica para todas las personas.

Entonces, Chile enfrenta hoy una decisión histórica. Puede continuar profundizando una institucionalidad basada en sospecha y exclusión, o reconocer que la migración forma parte de las sociedades contemporáneas y que ninguna democracia puede sostenerse legítimamente sobre la producción sistemática de desigualdad jurídica. La forma en que un Estado trata a las personas migrantes revela no solo su política migratoria, sino también el valor real que le otorga a la dignidad humana.

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La carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas suma apoyos cruciales en la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en el Palacio Nacional con la exmandataria chilena Michelle Bachelet, instancia en la que ratificó formalmente el respaldo de su Gobierno a la postulación de la exjefa de Estado para liderar el organismo internacional. A través de sus plataformas oficiales, Sheinbaum calificó a Bachelet como una “mujer brillante” y una promotora activa de la paz con desarrollo y justicia social.

Por su parte, la expresidenta chilena agradeció profundamente el gesto de la jefa de Estado mexicana, destacando que el país norteamericano es un actor clave tanto para América Latina como para el tablero global. Ambas líderes coincidieron en el diagnóstico de que, frente a los desafíos internacionales de este 2026, se vuelve imperativo fortalecer las lógicas del multilateralismo, la justicia y la cooperación entre naciones para asegurar la estabilidad geopolítica.

Una campaña con fuerte respaldo regional

La cita en Ciudad de México se enmarca en una intensa gira internacional destinada a promover la opción de la exmandataria para convertirse en la primera mujer latinoamericana en dirigir las Naciones Unidas. Los hitos recientes de su despliegue diplomático dan cuenta de un sólido bloque de apoyo en el continente, consolidando una importante alianza con Brasil. Previo a su encuentro en México, Bachelet sostuvo una reunión estratégica con el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, quien relevó públicamente sus credenciales internacionales para asumir el desafío.

Este espaldarazo significó una contundente validación de su trayectoria, ya que el mandatario brasileño enfatizó que la experiencia previa de Bachelet como jefa de Estado, sumada a su profundo conocimiento interno de las estructuras de la ONU —donde ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos—, la acreditan plenamente para asumir el máximo cargo de la organización. Con este despliegue, la candidatura presidencial de la médica chilena cobra fuerza en el tablero multilateral durante este 2026.

Este respaldo coordinado entre las dos principales economías de América Latina posiciona la candidatura de la exmandataria chilena con un peso político considerable de cara a las próximas definiciones en la Asamblea General del organismo internacional.

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El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás sufrió un golpe decisivo en su estructura de mando. Fuentes familiares y altos cargos de la organización confirmaron la muerte de Izz al Din Haddad, comandante supremo de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, tras un bombardeo aéreo perpetrado por las fuerzas de Israel este viernes por la noche. Las mezquitas de la Franja anunciaron el deceso del líder militar, detallando que en el mismo ataque —el cual destruyó un edificio residencial en el barrio de Rimal, en Ciudad de Gaza— también fallecieron su esposa y su hija.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de seguridad Shin Bet ratificaron el éxito de lo que calificaron como una “operación de precisión”. Desde Tel Aviv justificaron la acción señalando que Haddad era considerado uno de los últimos artífices intelectuales sobrevivientes de los ataques del 7 de octubre de 2023. Además, el gobierno israelí lo acusaba formalmente de custodiar de forma directa a rehenes cautivos en la capital de la Franja. La ofensiva ha encendido las alarmas internacionales, ya que ocurre en un contexto de frágil cese al fuego vigente en la zona durante este 2026.

El fin del “Fantasma de Al Qassam”

Conocido popularmente en el enclave como el “Fantasma de Al Qassam” por su capacidad para eludir capturas previas, Haddad contaba con un largo recorrido en la milicia. Su ascenso y los costos familiares de su trayectoria marcan el complejo entramado del mando militar, especialmente en lo relativo a la sucesión en el cargo. El estratega había asumido la comandancia en mayo de 2025 tras la muerte de su predecesor, Mohamed Sinwar, quien a su vez reemplazó a Mohammed Deif, abatido por Israel en julio de 2024.

Asimismo, la trayectoria del líder estuvo cruzada por profundas pérdidas familiares, dado que la guerra ya había golpeado directamente su círculo íntimo cuando otros dos de sus hijos fallecieron durante las incursiones iniciales que desencadenaron el conflicto generalizado en 2023. De esta manera, el destino del jefe guerrillero se unió al de sus antecesores y parte de su descendencia tras el bombardeo de este 2026.

A pesar de que fuentes de seguridad árabes señalaban que Haddad se había mostrado recientemente más flexible a negociar la entrega de rehenes a cambio del desarme del movimiento, las autoridades israelíes mantuvieron su prioridad de neutralizarlo. Mientras se inician los cortejos fúnebres en la Ciudad de Gaza, desde la cúpula política de Hamás recalcaron que, pese al asesinato de sus líderes en el terreno, se mantienen firmes en los términos del acuerdo de paz, exigiendo paralelamente a los mediadores internacionales que obliguen a Israel a respetar lo pactado para frenar la escalada de violencia en el territorio costero.

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“¿Usted admira a Augusto Pinochet?”, le preguntó Mónica Rincón al diputado Javier Olivares (PDG) en Tolerancia Cero. “Es una muy buena pregunta. Sí, a mí me gustó el gobierno militar”, dijo él. “La Dictadura”, le refrendó Rincón. “Usted dígale como quiera”, le respondió el parlamentario. Olivares se robó portadas por usar la misma capa que el dictador Agusto Pinochet utilizaba en dictadura. Consultado al respecto en conversación con CNN, cuestionó que “si fuera la del general Pinochet, ¿cuál sería el pecado?”.  

Cada cierto tiempo reflota el debate sobre qué constituye apología o negacionismo respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura civil militar. En Chile se ha planteado legislar al respecto, sin embargo, sin éxito. “Lo preocupante es que la clase política se haya centrado en los aspectos más grotescos de la puesta en escena del diputado, sin reconocer que hay tras dicha conducta una dimensión simbólica relevante”, afirmó Claudio Nash, doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también académico de la Facultad de Derecho de la Casa de Bello y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano indicó que “esto evidencia que la política en Chile aún carece de un consenso mínimo sobre qué constituye exactamente un cruce de líneas respecto del legado dictatorial. El silencio normalizador de buena parte de la institucionalidad es en sí mismo una respuesta política”.  

Javier Olivares en la Cámara de Diputados. Foto: Aton.

¿Debería nuestro país avanzar en una legislación que aborde esta materia? ¿Qué sanciones debería considerar? Nash explicó que la experiencia comparada y los estándares del derecho internacional, sugieren que las prohibiciones deben enfocarse en dos aspectos: la apología directa a crímenes de lesa humanidad y la negación o justificación sistemática de violaciones documentadas. 

“El sistema es más restrictivo de lo que muchas veces se piensa”, aseguró el profesor. Una apología directa a estos crímenes, no son “solo declaraciones que puedan parecer ofensivas”. La negación o justificación, no es solo “la mera crítica al régimen o expresiones ofensivas genéricas”.

“Al mirar la experiencia comparada en Argentina, España, Alemania, entre otros, nos muestra claramente que las prohibiciones, cuando no van acompañadas de educación cívica profunda, tienden a tener un alcance muy limitado e incluso riesgo de regresiones. Me parece que el caso argentino es el más claro en este sentido. Por lo tanto, más que prohibir, se deben discutir estos temas, recordar lo que ha sucedido y las consecuencias que ha tenido hasta el presente”, analizó el profesor. 

Claudio Nash, doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano. Foto: Universidad de Chile.

En 2020, cuando este tema se discutía en el Congreso, el, en ese entonces, director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales (…) El proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país”. Agregó que “sancionar las expresiones ofensivas no es una forma eficaz de contrarrestarlas, e incluso podría resultar contraproducente”. 

Claudio Nash aseguró compartir la preocupación de Vivanco. “Él tiene razón en que el instrumento penal no parece el más apropiado en esta discusión. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya que dar una respuesta, ésta puede ser perfectamente, por ejemplo, legislación civil o administrativa sobre apología —no meras ofensas, sino que apología— que permitan una debida salvaguarda contra represalias. Todo ello, por supuesto, combinado con educación obligatoria en materia de derechos humanos, que puede ser una alternativa a la respuesta simplemente penal”, señaló. 

“La educación, por supuesto, es un instrumento fundamental para combatir los discursos de odio y el negacionismo. Esto implica políticas de memoria en todo el sistema educacional, desde la educación básica, media y superior, pero, asimismo, también el fortalecimiento de los espacios de memoria como un instrumento de difusión del nunca más y una cultura basada en los derechos humanos. En esta materia, la gran apuesta de la sociedad debería ser, precisamente, mucha más educación sobre derechos humanos, más que la represión”, finalizó Nash.

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El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis Massú, lanzó duras críticas contra el mandatario José Antonio Kast debido a su reciente agenda de acercamiento político con Israel. En conversación con BioBioChile, el dirigente aseguró que la actual administración está cometiendo un “error estratégico” que podría golpear severamente la credibilidad internacional del país, acusando un quiebre en la tradición diplomática chilena debido a un marcado sesgo ideológico por parte del Ejecutivo en este 2026.

Khamis manifestó el profundo sentimiento de abandono que afecta a la colectividad —la cual estima en unos 700.000 chilenos de origen palestino— luego de que Kast sostuviera un encuentro bilateral con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. A juicio del líder comunitario, fortalecer lazos en todo orden de cosas con una nación que se encuentra formalmente acusada de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debilita la autoridad moral en materia de derechos humanos que Chile construyó minuciosamente durante décadas ante la comunidad internacional.

El caso de Macarena Chahuán y el rol de la Cancillería

La molestia de la comunidad local también apunta directamente a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a incidentes que involucran a compatriotas en la zona de conflicto. Específicamente, Maurice Khamis abordó la situación de la flotilla de ayuda humanitaria que fue interceptada por fuerzas militares, hecho que culminó con la detención de la ciudadana chilena Macarena Chahuán.

Respecto a esto, el dirigente levantó una dura denuncia de desprotección, detallando que Chahuán fue capturada a más de mil kilómetros de Gaza en aguas internacionales e incomunicada por tres días bajo condiciones que ella misma calificó como tortura psicológica, período en el cual acusan que no recibió ningún tipo de asistencia consular. A esto se suma lo que la comunidad califica como una insuficiencia diplomática por parte de la Cancillería; aunque el Gobierno convocó al representante de ese país en Santiago, Khamis tildó la acción de “tibia e insuficiente” al no elevar una protesta formal ante un hecho de gravedad que consideró un secuestro en territorio marítimo internacional en este 2026.

El líder de la Comunidad Palestina tildó de “obsceno” el contraste entre la debilidad de las gestiones diplomáticas para defender a una ciudadana chilena y la simultánea fotografía política de Kast con Herzog. Finalmente, Khamis enfatizó que la comunidad que representa no exige un respaldo basado en simpatías políticas circunstanciales, sino una postura fundamentada en principios internacionales fijos, recalcando que el mundo debe gobernarse bajo el imperio de la norma jurídica internacional y no bajo el dictamen de la fuerza militar.

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Tras dos días de cumbre en Pekín, Donald Trump se fue mostrando una relación estabilizada con Xi Jinping, pero también con un mensaje muy claro sobre Taiwán. El presidente estadounidense advirtió abiertamente contra cualquier declaración de independencia de la isla. Una postura tomada tras una advertencia especialmente firme de Xi Jinping, para quien la cuestión taiwanesa sigue siendo la línea roja absoluta en las relaciones sino-estadounidenses, y a la que Taiwán reaccionó rápidamente.

Durante toda su visita a Pekín, Donald Trump había evitado cuidadosamente mencionar públicamente a Taiwán. Pero en el vuelo de regreso, el tono cambió: “Les diré una cosa. No quiero que nadie se separe. Y, ya saben, se supone que tenemos que recorrer 15.000 kilómetros para ir a la guerra. Eso no es lo que quiero. Quiero que se calmen. Quiero que China se calme. No buscamos entrar en guerra, y si dejan las cosas como están, creo que China lo aceptará. Pero no queremos que nadie diga: ‘Declaremos nuestra independencia porque Estados Unidos nos apoya’”, declaró.

La isla depende en gran medida del respaldo militar y de seguridad que le brinda Estados Unidos para disuadir a China de llevar a cabo su amenaza de anexionarla incluso por la fuerza.

Ni independencia ni unificación forzada

Trump retomó así casi palabra por palabra la lógica del statu quo defendida desde hace décadas por Washington: no a la independencia oficial de Taiwán, pero tampoco a una unificación forzada con China.

Pero sus declaraciones se producen sobre todo tras una advertencia muy directa de Xi Jinping durante la cumbre. El presidente chino advirtió de que, si la cuestión taiwanesa se “trataba mal”, las dos potencias podrían “entrar en conflicto”.

Ahora queda una cuestión fundamental: ¿llegará Donald Trump a frenar, o incluso a bloquear, las importantes ventas de armas prometidas a Taiwán? Pekín está presionando claramente en ese sentido. Y los próximos meses revelarán hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para preservar esta frágil estabilidad con China.

La respuesta de Taipéi

En respuesta a las declaraciones de Trump, Taiwán defendió este sábado que es una nación “independiente”. Taiwán “es una nación democrática, soberana e independiente, y no está subordinada a la República Popular China“, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La cancillería también insistió en que las ventas de armamento que Estados Unidos le hace con cierta frecuencia forman parte del compromiso de seguridad que tiene Washington con Taipéi, después de que Trump señalara que estaba considerando el tema.

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En los últimos meses, la confluencia de múltiples factores ha vuelto a situar a Cuba en el centro de la agenda internacional. La isla ya arrastraba una economía frágil, marcada por años de estancamiento y alta dependencia externa. Sin embargo, el escenario reciente ha intensificado esa vulnerabilidad con la renovada presión de Estados Unidos en América Latina, expresada en la desarticulación del apoyo venezolano y el endurecimiento del embargo empujando a Cuba hacia una crisis que hoy mantiene al límite al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Aunque por momentos la atención de la administración del presidente Donald Trump se desvió hacia otros frentes, como la guerra con Irán, la presión sobre La Habana nunca desapareció. Y esta semana volvió a evidenciarse con fuerza. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confirmó que el país enfrenta un nuevo colapso energético tras agotar sus reservas de diésel y combustible.

La icónica plaza de la “Revolución” en la capital de Cuba, La Habana.

Actualmente, el sistema eléctrico intenta sostenerse con petróleo crudo nacional, gas natural y un aporte limitado de energías renovables. El resultado ha sido el regreso de apagones masivos que en algunas zonas alcanzan hasta 22 horas consecutivas, afectando de forma directa la vida cotidiana de millones de personas.

Si bien los cortes de electricidad son algo relativamente común, la frecuencia y prolongación de los cortes han aumentado considerablemente desde la captura de Nicolás Maduro y el desmantelamiento del apoyo chavista. Esto significó la pérdida del principal soporte energético externo de la isla. A lo que se sumó el fin de los envíos de petróleo ruso a fines de marzo y la presión norteaméricana a gobiernos como México y Brasil para que no envién crudo, dejando a Cuba en una situación extremadamente frágil, hoy produce apenas el 40% del combustible que consume.

El propio gobierno ha reconocido que la situación es “crítica”, aunque mantiene la narrativa de resistencia, “seguiremos bloqueados, pero seguiremos resistiendo”, afirmó el ministro de la O Levy

Para hacer frente han apostado por acelerar la transición energética, impulsando parques solares con apoyo de inversiones chinas y soluciones descentralizadas como paneles en viviendas rurales. Sin embargo, estos avances siguen siendo insuficientes frente al déficit estructural.

La crisis energética, además en los últimos días volvieron las protestas nocturnas en La Habana y otras ciudades, reflejando el creciente descontento frente al colapso de servicios básicos como la electricidad, el agua y el acceso a medicamentos. Un escenario que comienza a transitar hacía una crisis humanitaria en desarrollo.

El presidente Díaz-Canel responsabiliza directamente a las sanciones y el bloqueo estadounidense por el colapso energético, mientras que desde Washington el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubano y uno de los cerebros detrás de la estrátegia hemísferica, apunta al fracaso estructural del modelo cubano.

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos.

Rubio ha reforzado su discurso en los últimos días. En entrevista con NBC News, aseguró que existen alimentos y medicinas por un valor de 100 millones de dólares disponibles para el pueblo cubano, y que si esa ayuda no está llegando, según afirmó, es responsabilidad del propio régimen.

El paquete de asistencia humanitaria propuesto por Estados Unidos, por un lado es desmentido por Cuba quienes señalan que no han recibido ninguna propuesta, pero aseguran estar abiertos a negociar, mientras que EE.UU asegura que existe, pero que se entregará con una condición, que no sea distribuida por el gobierno cubano, sino por la Iglesia Católica y organizaciones independientes. Al mismo tiempo, Rubio ha insistido en la necesidad de una transición política, con elecciones y legitimidad institucional.

Pero mientras el discurso público se endurece, también se abren canales discretos. En un hecho poco habitual, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en La Habana con autoridades del Ministerio del Interior cubano, ayer 14 de mayo, justo mientras Trump era recibido en China por Xi Jinping. El objetivo, explorar posibles vías para reducir tensiones y abrir una salida negociada.

Según trascendidos, Washington estaría dispuesto a cooperar en materia de seguridad y estabilidad económica, pero solo si Cuba implementa reformas estructurales profundas y reduce su alineamiento con potencias como China y Rusia. Desde La Habana, en tanto, se insiste en que el país no representa una amenaza y se exige su salida de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

En este contexto el presidente estadounidense ha elevado el tono de sus declaraciones, incluso llegando a reservarse el derecho de “hacer lo que quiera” con Cuba. Estas palabras han coincidido con un aumento de operaciones militares y de inteligencia cerca de la isla, lo que ha reactivado especulaciones.

El objetivo de Trump, sin embargo, sigue siendo ambiguo. Algunos analistas creen que busca un cambio de régimen definitivo, mientras otros apuntan a una estrategia más pragmática, reconfigurar el poder en la isla para abrirla a la influencia económica estadounidense.

En la izquierda, Marco Rubio, Secretario de Estado. Al medio, Donald Trump, presidente. A la derecha, Pete Hegseth, Secretario de Guerra. Los 3 que llevan la ofensiva de EE.UU. Desde WhitHouse Gallery

Lo que sí es claro es que Trump necesita una victoria política. A pocos meses de las elecciones de medio término, y tras el desgaste de otros frentes como la guerra con Irán, las polémicas con el ICE y las deportaciones, el caso Epstein, el aumento del costo de la vida, etc. Cuba aparece como una oportunidad para mostrar resultados concretos.

Sin embargo, no todos en Washington ni el Partido Republicano están alineados con esa estrategia. Dentro del propio partido del presidente han surgido advertencias frente a una posible intervención militar, argumentando que Estados Unidos no está en condiciones de abrir un nuevo frente de conflicto.

Así, la lógica que predomina es la de una presión máxima sin intervención directa, agravar la crisis interna mediante restricciones energéticas, mientras se ofrece una salida negociada condicionada a reformas profundas.

El problema es que Cuba no es un caso sencillo. El régimen ha demostrado durante décadas una notable capacidad de resistencia frente a presiones externas. Y hoy, entre el colapso energético, el malestar social y la presión internacional, la isla entra en una nueva fase crítica, donde el desenlace sigue siendo incierto y probablemente más lento de lo que muchos anticipan.

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La tensión en el Congreso Nacional respecto a la megarreforma impulsada por la administración de José Antonio Kast sigue escalando. El jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, se refirió al actual escenario legislativo, calificando la discusión como “la madre de las batallas”. En entrevista con La Tercera, el parlamentario manifestó su optimismo respecto a la aprobación de la iniciativa, asegurando que las materias en cuestión están diseñadas para generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, vinculando el éxito del proyecto a la generación de crecimiento, inversión y empleo a largo plazo.

Al evaluar el comportamiento de las fuerzas políticas contrarias al Ejecutivo, Moreno fue categórico en criticar la estrategia de los sectores de izquierda, afirmando que la oposición “está demostrando ser obstruccionista y en varios casos miserable”. El legislador apuntó sus cuestionamientos principalmente hacia el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA) y ciertas facciones del Partido Socialista (PS), a quienes acusó de no querer contribuir al debate técnico, sino de buscar “generar la mayor cantidad de daño y atrofia al gobierno”, comparando esta dinámica con la postura adoptada durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera.

Pese a la dureza de sus declaraciones contra el bloque progresista, el jefe de bancada republicano trazó una línea divisoria dentro del espectro opositor. Moreno destacó que existe un sector que se ha distanciado del bloqueo legislativo masivo, mostrando intenciones de recuperar una lógica de entendimiento político en este 2026.

Respecto a este panorama, el parlamentario señaló que hay otra parte de la oposición que está genuinamente haciendo los esfuerzos por reconstruir el espíritu de la Concertación, el cual buscaba acuerdos y planteaba sus propios caminos para lograr objetivos comunes. En contraste, manifestó que del PC y del FA no espera nada, argumentando que estos sectores tienen la dinámica de ver la política como un lugar donde solo pueden gobernar ellos, intentando hacer la vida imposible a cualquier administración de un signo político distinto.

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En una operación conjunta calificada como “meticulosa y compleja”, las fuerzas militares de Estados Unidos y Nigeria lograron eliminar a Abú Bilal al Mainuki, considerado el “número dos” a nivel mundial de la organización yihadista Estado Islámico. El anuncio fue realizado por el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo nigeriano Bola Tinubu, quienes detallaron que el golpe al liderazgo terrorista se ejecutó en un complejo del grupo ubicado en la cuenca del lago Chad, donde también cayeron varios de sus lugartenientes.

Trump destacó que la misión se desarrolló bajo su dirección directa y que Al Mainuki, conocido también como ‘Abú Mainok’, creía erróneamente que podía ocultarse en el continente africano. El jefe de Estado norteamericano enfatizó que la neutralización de este objetivo estratégico debilita severamente las capacidades operativas globales de la organización, impidiendo la planificación de nuevos ataques tanto contra las poblaciones locales de África como contra intereses estadounidenses en este 2026.

El quiebre de la red financiera en el Sahel

Por su parte, el presidente nigeriano Bola Tinubu confirmó el éxito del despliegue y expresó su gratitud hacia Washington por mantener una alianza firme en pos de los objetivos de seguridad compartidos en la región. El impacto de la muerte de Al Mainuki trasciende el plano del liderazgo militar, afectando profundamente el corazón logístico del grupo.

En cuanto al control de fondos, el líder terrorista figuraba desde 2023 en las listas de sancionados de Estados Unidos debido a su rol clave en Al Furqan, una de las principales redes de financiamiento yihadista en el Sahel. Esta posición significaba un duro golpe al ISWAP, puesto que dicha estructura era la encargada de redistribuir la mitad de los recursos económicos generados por la Provincia del África Occidental del Estado Islámico hacia células operativas más pequeñas asentadas en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad en este 2026.

Con la desaparición de Al Mainuki, las autoridades de ambos países esperan una desarticulación progresiva de los enclaves extremistas en la zona. Tinubu concluyó felicitando el profesionalismo de las tropas involucradas y manifestó su confianza en que este hito abra paso a nuevas ofensivas decisivas para erradicar el terrorismo del territorio nigeriano.

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La Defensoría de la Niñez manifestó su profunda preocupación ante la propuesta legislativa del Ejecutivo que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión en el país. El organismo, liderado por el abogado Anuar Quesille, advirtió mediante un comunicado oficial que la indicación que faculta a las autoridades migratorias y contraloras para requerir antecedentes personales de extranjeros a cualquier órgano del Estado —incluyendo instituciones de salud y establecimientos educacionales públicos o privados— conlleva severos riesgos para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Si bien la institución reconoció la potestad del Estado para diseñar e implementar una política migratoria y de seguridad, enfatizó que esta debe ejercerse en estricta consonancia con los derechos humanos. La Defensoría aclaró que, aunque la medida de fiscalización no está dirigida directamente hacia los menores de edad, su aplicación práctica generará un impacto colateral crítico en sus entornos directos, propiciando la separación familiar y un temor generalizado a interactuar con el aparato estatal en este 2026.

El riesgo de exclusión social y criminalidad

El análisis del organismo técnico apunta a que la conversión de espacios comunitarios en zonas de control migratorio indirecto terminará aislando a la población infantil regulada o indocumentada. Entre las principales alertas del informe institucional se detallan severas barreras de acceso, ya que hospitales, consultorios, jardines infantiles y escuelas corren el riesgo de ser percibidos como lugares de denuncia fiscalizadora; esto provocaría que los padres dejen de llevar a los menores a sus controles sanitarios obligatorios o los retiren definitivamente del sistema escolar.

Asimismo, se advierte una preocupante vulnerabilidad ante el delito, puesto que la Defensoría explicó de forma explícita que la exclusión de la niñez en el goce y ejercicio de derechos sociales básicos genera un escenario de grave desprotección. Esta falta de amparo estatal y comunitario puede propiciar un contacto temprano de los menores con la comisión de ilícitos, incluyendo el peligro latente de reclutamiento por parte del crimen organizado en este 2026.

Ante este adverso diagnóstico, la Defensoría de la Niñez realizó un llamado urgente tanto al Ejecutivo como al Congreso Nacional para reconsiderar el alcance de la normativa. En paralelo, el organismo ofició formalmente a la Comisión de Gobierno del Senado con el objetivo de exponer detalladamente los estándares jurídicos internacionales aplicables y evitar que la nueva ley de expulsiones vulnere los tratados vigentes de protección a la infancia.

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La esperada reunión entre el presidente de Donald Trump y su par chino Xi Jinping se produjo en medio de un escenario internacional marcado por la tensión geopolítica, la guerra comercial entre ambas potencias y el conflicto en Medio Oriente tras la escalada entre Estados Unidos e Irán.

En ese contexto, el doctor en Estudios Americanos y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Fernando Estenssoro, en diálogo con Política en Vivo, analizó el encuentro y sostuvo que Washington llega a la cita en una posición de debilidad, especialmente tras el fracaso —a su juicio— de la estrategia de presión impulsada por Trump contra Teherán y Beijing.

El académico planteó que “el elemento más significativo es cómo llega Estados Unidos a esta cumbre”, afirmando que ve a “un Donald Trump pidiendo ayuda como desesperado”. Según explicó, el mandatario estadounidense apostó por una política de presión máxima contra China mediante la imposición de aranceles superiores al 100%, buscando forzar una negociación favorable para Washington.

“Trump negocia con la pistola sobre la mesa: presiona, presiona y después te sienta a conversar para que te rindas incondicionalmente”, sostuvo Estenssoro, quien agregó que esa misma lógica se trasladó al conflicto con Irán.

En esa línea, aseguró que la administración estadounidense creyó que un eventual debilitamiento o caída del régimen iraní permitiría consolidar una posición geopolítica dominante sobre el Golfo Pérsico y afectar indirectamente a China, considerando la relación estratégica entre Beijing y Teherán.

“El cambio de régimen en Irán habría significado aumentar el control sobre uno de los aliados importantes de China en la región”, indicó.

Sin embargo, el académico estimó que la ofensiva estadounidense no logró sus objetivos y terminó generando un escenario adverso para Washington. “Finalmente no quebró el régimen y hoy Estados Unidos no haya cómo salir”, afirmó, agregando que continuar escalando militarmente implicaría “hundirse en un pantano”.

A juicio de Estenssoro, Trump esperaba llegar fortalecido a la reunión con Xi Jinping, especialmente luego de las tensiones con Venezuela e Irán, países donde China mantiene importantes intereses energéticos y comerciales.

“Pensó que iba a llegar con cartas de triunfo a negociar con China, porque desde antes de su primera administración Trump ha dicho que el enemigo de Estados Unidos es China”, señaló.

El experto sostuvo además que las conversaciones entre ambas potencias exceden temas puntuales como Taiwán o el comercio bilateral. “Cuando se sientan estos poderes a conversar están negociando el mundo”, afirmó, apuntando a una disputa global por la hegemonía internacional.

En ese contexto, aseguró que la posición estadounidense se habría debilitado considerablemente tras el conflicto con Irán y el desgaste militar derivado de la crisis en Medio Oriente.

“Llega un Donald Trump aproblemado, pidiendo ayudas y apoyos. No llega a imponer. No es el emperador que va a poner orden; es el rey chico que llega donde el emperador a pedir ayuda”, sostuvo.

Asimismo, Estenssoro planteó que China, Rusia e Irán mantienen una coordinación estratégica dentro del bloque BRICS, y que un eventual rol mediador de Beijing en el conflicto iraní podría consolidar a China como nuevo actor central del orden internacional.

“Si China entra a mediar y logra una solución, el nuevo árbitro del planeta es China, no Estados Unidos”, aseguró.

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Después de dos años, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) volvió a tener mesa directiva. Y no fue en un momento cualquiera. El proceso coincidió con los 120 años de historia de la organización estudiantil, una de las más antiguas del país y de América Latina.

La lista “Conectemos la Chile”, encabezada por Laura Mlynarz, obtuvo el 60,6% de las preferencias y superó ampliamente el quórum necesario para validar la elección, con una participación de 49,1%, una cifra que no se veía hace más de 15 años.

El dato no pasó inadvertido dentro del mundo estudiantil. La propia dirigenta lo reconoce como uno de los elementos más importantes del proceso. En conversación con Radio Universidad de Chile, Mlynarz aseguró que el resultado marca un punto de inflexión para una federación que estuvo dos años sin poder constituirse.

“Que el 49,1% de los estudiantes haya querido dar su opinión y hacerse partícipes de esta instancia, sobre todo considerando que en los dos últimos años no teníamos quórum para conformar la federación, es lo que más contentos nos tiene”, afirmó.

Mlynarz asumirá la conducción de la FECh en un escenario marcado por las discusiones sobre financiamiento universitario, recortes en educación y cuestionamientos desde el movimiento estudiantil al rumbo de las políticas públicas en el área.

Por eso, asegura, el regreso de la federación no tiene solamente un valor simbólico: “Actualmente tener federación ya dejó de ser una opción y es una necesidad”.

Laura Mlynarz, presidenta de la FECh.

La nueva presidenta de la FECh planteó que uno de los desafíos será volver a articular al movimiento estudiantil, tanto dentro como fuera de la Universidad de Chile. Según explicó, durante estos años muchas organizaciones estudiantiles siguieron funcionando, pero sin una instancia común que ordenara las discusiones o representara políticamente a los estudiantes al interior de la casa de estudios.

La FECh estuvo dos años fuera de varias discusiones nacionales sobre educación y organización universitaria. Para Mlynarz, esa ausencia terminó debilitando la capacidad de organización de los estudiantes. “Volver a tener federación es muy relevante y va a tener que jugar un rol estratégico”, indicó.

Así, adelantó que buscarán retomar el trabajo con la Confech, organizaciones secundarias y otros actores sociales.

La nueva mesa de la FECh definió tres ejes principales para este período. El primero apunta al bienestar estudiantil y a las condiciones materiales dentro de la universidad.

Según detalló Mlynarz, en este eje entran temas que en los últimos años levantaron distintas facultades y organizaciones estudiantiles, como alimentación, infraestructura y acceso a beneficios estudiantiles. “Son medidas mínimas que permiten el ingreso, la permanencia y la alimentación de los estudiantes”, afirmó, en referencia a la gratuidad y la Junaeb.

El segundo punto estará centrado en la participación estudiantil y defensa de la educación pública. Mlynarz planteó que las organizaciones universitarias fueron clave para sostener la vida estudiantil durante los años en que no hubo federación.

Mesa directiva de la FECh. Foto: Conectemos la Chile.

Otro de los objetivos será que la FECh vuelva a tener presencia en la discusión pública y recupere la capacidad de articulación dentro y fuera de la universidad. En ese contexto, la dirigenta criticó que el debate educación avance sin incorporar la voz del movimiento estudiantil.

“Hoy en día se están tomando decisiones y se está poniendo en peligro el derecho a la educación sin considerar ni la opinión ni la participación de los estudiantes de Chile“, aseguró.

Mlynarz también alertó sobre el escenario que enfrentar las universidades del Estado: “Actualmente está en peligro la educación pública en Chile y en particular también las universidades Estales“.

La nueva presidenta de la FECh sostuvo que una de las tareas de esta etapa será recuperar espacios de organización y discusión dentro del movimiento estudiantil. “Los estudiantes debemos recuperar una voz incidente y poder reencontrarnos entre nosotros mismos”, afirmó.

Finalmente, la dirigenta aseguró que el escenario actual obliga al movimiento estudiantil a reorganizarse. “Nadie más va a defender estos derechos conquistados históricamente apunta de organización y movilización”, concluyó.

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Durante la tarde de este viernes 15 de mayo, el Presidente José Antonio Kast realizó el último balance de su gira de dos días por el norte del país. En la instancia, el mandatario también abordó temas de seguridad, sistema penitenciario y migración irregular, además de defender la implementación gradual de las medidas comprometidas en su programa de gobierno.

En materia carcelaria, confirmó que su administración está impulsando un “proceso de reordenamiento” del sistema penitenciario y reiteró sus críticas a decisiones adoptadas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, particularmente respecto a Punta Peuco.

“Todas las cárceles las estamos reordenando, incluida la que usted señala”, afirmó el jefe de Estado, agregando que no comparte “la medida que tomó el presidente Boric”. En ese contexto, Kast sostuvo que “los reglamentos penitenciarios permiten que la autoridad reordene la situación y que personas que tienen condenas por distinta índole puedan ser separadas”, apuntando que existen distintos tipos de recintos penitenciarios según la naturaleza de los delitos.

En esa línea, también cuestionó otras políticas penitenciarias de la administración anterior. “No comparto muchas de las decisiones que tomó el presidente Boric en temas carcelarios. No compartí cuando hizo una pseudo inauguración de la cárcel La Laguna”, señaló. “En temas carcelarios, de políticas penitenciarias, no comparto varias de las medidas que tomó el presidente Boric y algunas de esas van a cambiar”, añadió.

Por otro lado, y consultado por las críticas surgidas luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconociera que no se esperaba la exigencia de un plan de seguridad estructurado, el Presidente defendió el avance gradual de las medidas anunciadas durante la campaña.

“Estamos avanzando en cada una de las propuestas que hicimos en el programa de Gobierno”, aseguró, mencionando iniciativas como el Plan Escudo Fronterizo y el Plan Carreteras Seguras. Asimismo, afirmó que los resultados ya se estarían reflejando “en temas de confiscación de drogas, de cierre de fronteras, en control carretero y en operativos policiales que han tenido resultados importantes”.

El Presidente José Antonio Kast. Foto: ATON.

Kast también apuntó a la situación de Carabineros y criticó promesas incumplidas de administraciones anteriores. “Todos los gobiernos señalaban que iban a aumentar la cantidad de plazas de carabineros. ¿Cuál es la realidad? Que cada día tenemos menos carabineros”, sostuvo. “Nosotros estamos potenciando la formación de escuelas para postulantes”, agregó, junto con recalcar que su administración “siempre” respaldará a las fuerzas policiales.

Otro de los temas abordados fue la indicación impulsada por el Ejecutivo para facilitar la identificación de migrantes irregulares en servicios públicos, luego de que la ministra de Salud, May Chomalí, expresara reparos por el resguardo legal de los datos de pacientes.

Al respecto, Kast aseguró que “nunca dudaríamos de que hay que dar la atención médica de urgencia”, pero insistió en la necesidad de avanzar hacia una mayor identificación de las personas que utilizan los servicios públicos. “Cuando personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, necesitamos algún grado de alerta. No para no atenderlos, sino porque (…) tenemos que ir teniendo información”, afirmó.

El Presidente incluso planteó la posibilidad de restablecer presencia policial en recintos asistenciales. “Podríamos determinar que se vuelva a restablecer una presencia policial en cada uno de los servicios de salud para poder ir analizando y preguntando a las personas, que se vayan identificando antes de entrar”, indicó.

Finalmente, remarcó que el objetivo del Gobierno es “ordenar” la situación migratoria del país. “Las personas que han ingresado irregularmente tengan claro que van a tener que abandonar el país y volver a solicitar la entrada (…) para entrar por la puerta”, cerró.

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Métricas de calidad docente, métodos de enseñanza, medidas concretas de seguridad en el entorno, transporte público, acciones específicas para niños y niñas con necesidades educativas especiales y el perfil demográfico del estudiantado. Estos son algunos de los puntos ausentes en la plataforma de postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) que detectó el informe de evaluación de calidad web a esta plataforma realizado por Alejandro Morales Vargas, académico y jefe de Medios Digitales de la Universidad de Chile, y Cristian Cabalin, subdirector del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Casa de Bello.

En ese sentido, el informe sugiere que el sitio web sistemadeadmisionescolar.cl debe “avanzar hacia mayor completitud, asistencia a las personas usuarias y usabilidad para responder mejor a las expectativas de madres, padres y apoderados”. Estos aspectos podrían mejorar la interoperabilidad de la plataforma de postulación, la cual es considerada “satisfactoria” por el estudio. El análisis es parte del proyecto Fondecyt Regular 1250492 sobre la apropiación informativa del SAE por parte de los apoderados.

“Es clave incorporar tutoriales en video y más herramientas de acompañamiento a las personas usuarias, como asistentes en línea en la misma plataforma de postulación, así como cautelar la interoperabilidad del sistema y evitar quiebres de experiencia con respecto a la información del proceso, que hoy está en un sitio web aparte”, señaló Morales Vargas.

Otros hallazgos del estudio fueron que la página informativa del SAE presenta falencias significativas en las áreas de inclusión, audiovisualidad y búsqueda y encontrabilidad, al no tener buscador interno ni mapa del sitio. Además, se detectaron errores en la responsividad móvil y problemas de accesibilidad web.

Tres niños escolares corriendo. Foto: ATON.

Entre los aspectos positivos señalados en el informe se destaca la información disponible en el proceso de postulación respecto a resultados académicos del establecimiento (como el SIMCE), su infraestructura, ubicación, distancia al domicilio declarado por las familias, las vacantes disponibles, costos y actividades extracurriculares.

“Nuestras investigaciones Fondecyt sobre el SAE han mostrado que la principal fuente de información que emplean las familias cuando eligen escuelas para sus hijos e hijas es el mismo sitio de postulación. Por lo tanto, asegurar una plataforma de calidad es fundamental para que las madres y padres realicen un proceso de elección que les dé tranquilidad y les permita encontrar todos los datos relevantes para su mejor decisión”, explica Cabalin, quien también es profesor asociado de la Facultad de Comunicación e Imagen y jefe de Comunicaciones de la Rectoría de la Universidad de Chile.

Para realizar este informe se utilizó la técnica de análisis experto o heurístico, el cual examina la calidad de un sitio basado en reglas bien definidas, directrices, principios heurísticos o conjuntos de buenas prácticas, realizado por profesionales expertos en calidad web.

Asimismo, se revisaron los sitios de Estados Unidos –con casos como Nueva York, Chicago y Washington DC–, Europa y Oceanía –Reino Unido, Finlandia y Nueva Zelanda– y ejemplos sudamericanos como Colombia, Brasil y Ecuador. Dichos países, dice el informe, se caracterizan por el uso estratégico de mapas interactivos, traducciones fluidas, filtros altamente detallados y la simplificación de datos complejos, “buscando guiar y empoderar a las familias durante el proceso”.

El informe es parte del proyecto de investigación Fondecyt Regular n.º 1250492 “Seleccionar escuelas con un clic: apropiación de la información sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) por parte de madres, padres y apoderados”, financiado por ANID Chile. Junto a Alejandro Morales Vargas y Cristian Cabalin trabajó Martín Malagueño Poblete, ayudante de investigación.

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Separar botellas, lavar cajas de leche o guardar cartones para llevarlos a un punto limpio son acciones que debieran estar cada vez más incorporadas en la vida cotidiana. En el contexto del Día Mundial del Reciclaje, conmemorado cada 17 de mayo, especialistas de la Universidad de Chile advierten que estas prácticas son necesarias, pero no suficientes si no existe una red que permita recolectar, clasificar y valorizar los residuos de manera efectiva.

En Chile, esta discusión forma parte de un desafío mayor: la gestión de los residuos sólidos que se generan diariamente en hogares, barrios y comunas. De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, publicada en 2025, en el país el 86% de los residuos se eliminan mediante disposición final, es decir, terminan principalmente en rellenos sanitarios o sitios de eliminación. Esto evidencia que, pese a los avances normativos y a una mayor conciencia ambiental, se debe fortalecer la reducción, reutilización y valorización de materiales.

En el marco de la Semana del Reciclaje, la Dra. María Elena Acuña, académica del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y docente del curso “Antropología de la Basura”, y el Dr. Hernán Durán, profesor del diplomado Gestión Ambiental y Economía Circular de Residuos Sólidos de la Facultad de Gobierno, analizan los desafíos que enfrenta Chile para avanzar desde la separación individual hacia una gestión integral de residuos.

Reciclaje. Foto: UCHILE.

Reciclar en casa también exige condiciones

Desde una mirada antropológica, María Elena Acuña propone considerar el reciclaje doméstico como una práctica cotidiana que requiere de condiciones concretas. No se trata solo de decirle a las personas que separen sus residuos, sino de comprender qué implica hacerlo dentro de un hogar: lavar envases, secarlos, disponer de un lugar para acopiarlos, conocer las reglas de separación y, en muchos casos, trasladarlos hasta un punto de reciclaje. “Este cambio de práctica implica, a veces, mucho esfuerzo para las unidades domésticas”, explica la académica.

Además, la profesora Acuña advierte que no todos los municipios cuentan con capacidades, infraestructura o políticas equivalentes para gestionar residuos. Mientras algunas comunas disponen de puntos limpios, camiones de retiro diferenciado o alianzas con empresas privadas, en otros territorios las personas deben trasladar sus residuos por cuenta propia, lo que puede implicar tiempo, distancia e incluso costos de transporte u otros gastos adicionales. “No se trata solo de la voluntad de las personas, sino que tiene que haber una arquitectura de política pública, sobre todo a nivel micro, a nivel barrial, mucho más ágil y clara”, afirma.

A esto se suma que el reciclaje puede transformarse en una nueva tarea doméstica. Según la especialista, acopiar residuos exige lavar, escurrir, guardar y coordinarse con los demás integrantes del hogar. Esta dimensión, afirma, ha sido poco observada en Chile y puede tener también implicancias de género, cuando la responsabilidad recae principalmente en una sola persona dentro de la familia.

Además de los básicos del reciclaje, Acuña llama a ampliar la mirada a otros residuos que se generan en la vida cotidiana y que requieren sistemas específicos de gestión, como los electrónicos, textiles y orgánicos. En el caso del compostaje, por ejemplo, advierte que no basta con entregar composteras de manera aislada: se requiere conocimiento, guía, seguimiento y condiciones materiales para sostener la práctica en el tiempo.

Estas barreras cotidianas muestran que el reciclaje doméstico no puede entenderse solo como una práctica individual y, para obtener resultados visibles, también se requiere de información clara y una estructura capaz de sostener los esfuerzos de la ciudadanía.

Reciclaje. Foto: UCHILE.

De retirar basura a valorizar residuos

Para el profesor Hernán Durán, el reciclaje debe entenderse como parte de una cadena más amplia de gestión de residuos. Aunque instrumentos como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como Ley REP, han impulsado avances importantes, el académico advierte que su implementación no resuelve por sí sola el problema de fondo.

Sin embargo, agrega que la gestión de residuos en Chile sigue siendo incompleta, ya que el sistema chileno continúa orientado principalmente a retirar basura y llevarla a rellenos sanitarios, más que a reducir, separar o valorizar materiales. Y también debido a la falta de incentivos e institucionalidad adecuada para modificar la forma en que el país maneja sus residuos. “El reciclaje es posible, es bueno, hay que fomentarlo, pero hay mucho esfuerzo que hacer, tanto desde el punto de vista normativo y del esquema institucional como desde el punto de vista de la conciencia ciudadana, para que entendamos que estamos frente a un problema grave“, afirma.

En este punto, Durán plantea que uno de los desafíos pendientes es revisar los mecanismos de incentivo del sistema. A diferencia de lo que ocurre con otros servicios básicos, donde el consumo se relaciona directamente con el pago, en la gestión de residuos domiciliarios esa relación no siempre es visible para la ciudadanía. Por ello, sostiene que el país requiere avanzar hacia un modelo más técnico e institucionalizado, que permita promover la reducción de residuos desde el origen y fortalecer la valorización.

Esta mirada permite comprender que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en quienes separan residuos en sus casas. Aunque la ciudadanía cumple un rol fundamental, el reciclaje solo puede funcionar si existen sistemas de recolección diferenciada, infraestructura, gestores autorizados y mecanismos que aseguren que los materiales separados no terminen nuevamente en la basura común.

El especialista, además, hace énfasis en los patrones de consumo que están detrás de la generación de residuos. “Si lo que queremos hacer es que haya menos residuos, entonces seguramente el tema no tiene que ver tan solo con el reciclaje, sino que tiene que ver con el consumismo“, advierte.

Así, el reciclaje doméstico aparece como una acción clave, pero insuficiente si no se acompaña de transformaciones más amplias. Para avanzar, coinciden los especialistas, Chile necesita fortalecer la red que viene después de la separación en origen: municipios con capacidades, infraestructura cercana, información clara, sistemas de valorización y una ciudadanía que no solo recicle, sino que también cuestione sus formas de consumo y descarte.

La entrada Semana del Reciclaje: especialistas de la U. de Chile abordan los desafíos de la gestión de residuos y el reciclaje doméstico se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

Los recortes presupuestarios aplicados al área de la salud continúan generando críticas desde distintos sectores políticos, municipios y expertos, luego de que el Ministerio de Hacienda confirmara una reducción de más de $413 mil millones al presupuesto del Ministerio de Salud mediante el Decreto 333.

La controversia se instaló luego de las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió los ajustes asegurando que “a veces uno, con menos recursos, hace más”, argumentando que existe espacio para mejorar la eficiencia hospitalaria y optimizar el uso de infraestructura y pabellones quirúrgicos. Desde el Ejecutivo recalcaron que el ajuste corresponde al 2,5% del presupuesto del Minsal y que, según sostienen, no afectará la atención directa a pacientes.

En medio de las críticas, el presidente José Antonio Kast defendió la medida durante una actividad en Copiapó. “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos, que son escasos”, afirmó el mandatario, apuntando a una mayor eficiencia del gasto público.

Kast sostuvo además que el objetivo del Ejecutivo es “recuperar la institucionalidad” y ejemplificó con medidas relacionadas a compras de medicamentos a través de Cenabast, asegurando que la eliminación de ciertas comisiones representa un ahorro para los municipios.

Presidente José Antonio Kast. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Una de las primeras reacciones vino desde el propio oficialismo, ya que el alcalde Maximiliano Luksic, independiente pero electo bajo apoyo de Chile Vamos, emplazó al Gobierno a reconsiderar la decisión.

“Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya está muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos”, señaló en su cuenta de X.

La autoridad comunal agregó que “los municipios somos la puerta de entrada al sistema de Salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS. No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”.

Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya esta muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos. Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de…

— Maximiliano Luksic (@mluksiclederer) May 14, 2026

En el Congreso, también desde el oficialismo, el diputado Omar Sabat (UDI) cuestionó especialmente el impacto que podría tener la medida en regiones. “Desde regiones no vamos a quedarnos callados mientras desde Santiago se toman decisiones que pueden terminar debilitando hospitales fundamentales para el sur de Chile”, afirmó.

El parlamentario anunció además el envío de un oficio al Ministerio de Salud para conocer el impacto concreto del ajuste en hospitales públicos, solicitando antecedentes sobre eventuales reducciones de insumos, especialistas o postergación de cirugías.

“Estamos profundamente preocupados y este no es un tema que debamos tomar a la ligera. Estamos hablando del derecho de los chilenos a recibir una atención digna y oportuna. Un recorte de esta magnitud puede transformarse en una grave crisis financiera y sanitaria para nuestros hospitales”, sostuvo.

Omar Sabat. Foto cedida.

En tanto, el diputado Matías Fernández (FA), integrante de la comisión de Salud de la Cámara, calificó la medida como “un golpe directo al corazón de la salud pública en Chile”. “El decreto 333 del Ministerio de Hacienda, que produce un recorte de 413 mil millones al Ministerio de Salud, significa menos financiamiento para hospitales, Fonasa y la atención primaria”, señaló.

Fernández afirmó además que la reducción afectará “la atención diaria de más de 16 millones de personas” y cuestionó que los recursos no sean reinvertidos en el sistema sanitario. “El recorte tendría sentido si se reinvirtiera en salud, pero al contrario, va a ser un ahorro fiscal para poder llevar adelante la reforma tributaria que pretenden aprobar durante estos meses”, acusó.

Yo no tengo problema que recorten 413 mil millones en salud, pero solo cuando ese recorte sea reinvertido precisamente en salud y no en ahorrar plata en hacienda debido al déficit fiscal que va a generar la reforma tributaria que ellos mismos empujan.

— Matías Fernández Hartwig (@mati_fernandez) May 14, 2026

Desde el Senado, la senadora Karol Cariola (PC), integrante de la comisión de Salud, cuestionó que el Ejecutivo apunte a mejorar la eficiencia mediante rebajas presupuestarias.

“Yo estoy de acuerdo con que mejore la gestión y con que se hagan todos los esfuerzos por hacer más eficiente el gasto. Sin embargo, eso no se logra reduciendo el presupuesto”, afirmó.

Cariola aseguró además que el ajuste resulta “absolutamente inusual” considerando que los hospitales públicos operan históricamente con déficit estructural.

Senadora Karol Cariola. Sebastian Cisternas/ Aton Chile

“Todos los años el Gobierno debe suplementar el presupuesto y no rebajarlo”, indicó, agregando que la mayoría de los recintos hospitalarios requieren recursos adicionales antes de terminar el año presupuestario.

Desde el ámbito técnico, el investigador senior del Centro de Estudios Horizontal, Juan José Obach, en su participación en el panel de conversación de Radioanálisis, planteó que el debate también debe considerar problemas de eficiencia en el sistema público de salud. “No podemos tapar el sol con un dedo. Hay un problema real de ineficiencia y mal gasto público”, sostuvo.

Obach recordó que estudios de la Comisión Nacional de Productividad han mostrado una baja utilización de pabellones hospitalarios, señalando que el desafío debiera enfocarse en “gastar mejor”. “Toda la agenda de racionalización y recorte debería estar enfocada en cómo gastar mejor”, indicó, aunque también reconoció que “las frases desafortunadas” emitidas en los últimos días “no ayudan a generar ese clima”.

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) extendió las postulaciones de la octava versión del Premio Nacional de Derechos Humanos hasta el próximo lunes 25 de mayo a las 17 horas. La iniciativa organizada por el INDH busca reconocer a una persona con una destacada trayectoria y contribución a la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en Chile.

El Premio Nacional de Derechos Humanos se otorga cada dos años y cuenta con el mismo rango institucional que el resto de galardones de esta naturaleza entregados en el país. Busca destacar y visibilizar la trayectoria y aporte sobresaliente en la defensa de los derechos humanos, en su sentido más amplio.

Las postulaciones y antecedentes deben ser presentados por terceros (organizaciones, instituciones o personas naturales). Estas deben cumplir con las bases que rigen la convocatoria. El Consejo del INDH deliberará en base a los antecedentes en calidad de jurado, conforme a lo que determina la Ley N° 24.405.

Como forma de facilitar la presentación de candidaturas, el INDH ha dispuesto un formulario online, disponible en el sitio web. De igual manera, las candidaturas podrán ser presentadas en formato impreso en todas las sedes del instituto a lo largo del país (ver direcciones de las sedes regionales aquí).

El Premio Nacional de Derechos Humanos es de carácter participativo, por lo tanto, la articulación y generación de apoyos es fundamental. La iniciativa no considera autonominaciones y corresponde a un reconocimiento sólo a personas vivas, no admite reconocimientos póstumos.

Conforme a lo establecido por la Ley N° 19.169 sobre premios nacionales en Chile, la persona galardonada este 2026 obtendrá un diploma de reconocimiento junto con una suma única de dinero y una pensión vitalicia. Cualquier consulta al respecto se debe dirigir al correo electrónico premionacional@indh.cl.

INDH abre la convocatoria para el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Premios Nacionales de Derechos Humanos

En sus siete versiones anteriores, el premio se otorgó a distinguidas defensoras y defensores de derechos humanos. En 2011 fue reconocida Viviana Diaz Caro, por su incansable labor durante la dictadura y posterior a ésta.

En 2014 se le entregó a María Soledad Cisternas, por su destacado trabajo en pos de los derechos de las personas en situación de discapacidad. En 2016 fue otorgado al sacerdote jesuita José Aldunate Lyon, por su dedicación a la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, así como su permanente compromiso con la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.

En 2018 lo recibió la reconocida abogada Fabiola Letelier del Solar, por su trabajo en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura; en 2020, en tanto, lo recibió el abogado Roberto Garretón Merino, incansable defensor de personas perseguidas por la dictadura.

En 2022, fue galardonada Elizabeth Andrade Huaringa, defensora del derecho a la vivienda en la Región de Antofagasta. Y, por último, en 2024 fue otorgado al secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Claudio González Urbina, por su aporte en el ámbito de la verdad, justicia, reparación y acompañamiento a las víctimas de la dictadura.

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Por estos días, Gráfica Popular anunció la realización de un encuentro cultural que combinará música en vivo, arte y actividades comunitarias el próximo 30 de mayo en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Una jornada bautizada como “Tocata Popular” y que contará con la participación de la histórica banda chilena Sol y Lluvia, junto a otros proyectos de la talla de La Rata Blusera, Camiseta 22 y Skaldik.

El evento busca transformarse en un espacio de encuentro ciudadano y de intercambio cultural, reuniendo distintas expresiones artísticas en una sola jornada. Además de la presentación musical, se desarrollará una exposición del trabajo realizado por Gráfica Popular, donde se exhibirán piezas ligadas al arte gráfico y comunitario.

Desde la organización también destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer la comunidad y generar un espacio “vivo y pensante” a través de la música y el arte. La actividad comenzará con la apertura de puertas a las 17:30 horas, mientras que el inicio de los shows está programado para las 18:00 horas. El término del encuentro está previsto cerca de las 22:00 horas.

Asimismo, se informó que el recinto no contará con estacionamientos y que no estará permitido el ingreso con comida ni bebestibles. El evento será exclusivo para mayores de 18 años y contará con la animación de la destacada periodista Alejandra Valle.

Cabe destacar que todavía quedan entradas disponibles de la tercera preventa de la “Tocata Popular” a través de PortalTickets.

Afiche de la “Tocata Popular”.

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Las recientes afirmaciones del Presidente José Antonio Kast respecto a una posible instrucción para que entidades públicas de educación y salud colaboren a la hora de reportar a personas con condición migratoria irregular continúan generando coletazos en el mundo político. Esta vez, dentro del mismo Ejecutivo, luego de que la ministra de Salud, May Chomalí, manifestara públicamente su preocupación en torno a la medida.

“Nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación porque no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria”, expresó la secretaria de Estado en conversación con Radio 13c.

En ese contexto, Chomalí recalcó que se trata de una situación que está resguardada tanto en el Código Sanitario como en la ley de deberes y derechos de los pacientes. “Desde Salud no podemos negar una atención porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población. Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para otros niños chilenos”, situó la ministra al respecto.

Sobre la forma en que su cartera abordará la situación con Presidencia, expresó que “hay que conversarlo en la interna, pero esto es algo que ya lo habíamos conversado en el contexto de los Consejos de Ministros. No podemos ir en contra de la ley (…) y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante”.

El Presidente José Antonio Kast. Foto: ATON.

Sin embargo, fue el mismo subsecretario del Interior Máximo Pavez —autor de la indicación del proyecto de ley que busca mejorar el procedimiento de expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros y que, precisamente, propone obligar a los centros de salud y educación administrados por el Estado a entregar la información de migrantes irregulares a la autoridad administrativa migratoria y contralora— quien bajó el perfil de los dichos de Chomalí.

“Si las instituciones permanentemente le entregan información a las policías en múltiples procedimientos, acá solamente estamos agregándole esa facultad que ya existe para los fines migratorios“, afirmó la autoridad en un punto de prensa.

A su juicio, se trata de una norma que “resguarda todas las garantías constitucionales, y lo que hace es que, cuando requiramos una información para poder materializar un procedimiento de sanción migratoria o de expulsión migratoria, podamos tener un documento o un dato tal cual, como dijo el Presidente, para ubicar a las personas. Eso es todo”.

De hecho, y en palabras de Pavez, “se ha generado un malentendido porque nadie está obligando a reportar a nadie. La preocupación de la ministra nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar y, en ese sentido, no hay ninguna descoordinación”.

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Cuando el cantautor Gepe desplegó ante las cámaras de UChileTV los recortes de prensa de sus primeros años de carrera, archivados por su abuela, quien fue su “fan número cero”, quedó en evidencia el tipo de formato televisivo que “Revelados” buscaba proponer: uno en que la fotografía no solo ilustrara, sino que fuese una vertiente inagotable de conversación. Ese fue el espíritu del capítulo inaugural del programa en su primera temporada y el que ha guiado desde entonces una propuesta que reúne músicos, actores, artistas visuales, poetas, escritores y fotógrafos durante dos temporadas previas y donde esta nuevo viaje no será la excepción.

Ahora, UChileTV estrena la tercera temporada de “Revelados” con 18 capítulos que profundizan esa misma línea. El primer invitado es el destacado pianista nacional Roberto Bravo, quien en el episodio inaugural se sinceró sobre la música como lenguaje íntimo antes que artístico: “Para comunicarse con alguien yo tenía la música, el piano (…) Yo era muy tímido y la manera de expresar mis sentimientos era tocando”, reveló durante la conversación con Sofía Tupper. A lo largo de la temporada se sumarán, entre otros, la actriz Maitén Montenegro, el director de cine Ignacio Agüero, la actriz Anita Reeves y el actor Francisco Melo.

El formato, producción propia de UChileTV, propone una alternativa a la entrevista televisiva convencional: cada episodio parte de imágenes fotográficas aportadas por los propios invitados, que funcionan como puentes de relatos personales, memorias y reflexiones sobre los procesos creativos que han marcado sus trayectorias. El set de grabación emula un cuarto oscuro y una cámara Polaroid captura una imagen especial de cada invitado durante la emisión, otorgando un componente artístico y emotivo a cada encuentro.

Roberto Bravo en la segunda temporada de “Revelados”. Foto: UChileTV.

Una apuesta por la escucha y la profundidad

“Estoy muy entusiasmada de concretar una tercera temporada de “Revelados”. Lo más lindo de los capítulos emitidos ha sido salir del molde de la entrevista tradicional para, a través de fotografías, llegar a historias y reflexiones muchas veces desconocidas de nuestros invitados”, señaló Sofía Tupper.

La conductora subrayó que el programa ha permitido trascender el repaso de trayectorias para adentrarse en los aspectos menos visibles del quehacer artístico: “Hemos podido entender los procesos creativos, las dudas, fracasos y motivaciones que han dado forma a cada camino artístico”, una línea que la tercera temporada continuará profundizando.

En un ecosistema mediático marcado por la velocidad y la fragmentación del consumo audiovisual, “Revelados” reivindica un ritmo distinto. “Creo que ‘Revelados’ nos invita a generar un espacio de escucha más reposado y consciente para conocer a nuestros referentes artísticos en su dimensión humana, más allá de sus obras”, afirmó Tupper.

Televisión pública como espacio cultural

La periodista también destacó el valor estratégico de impulsar contenidos culturales desde una señal de televisión pública. “Me siento orgullosa de conducir un programa de esta naturaleza y de ser parte de la televisión pública, porque hoy más que nunca cumple un rol clave: abrir espacios a contenidos culturales, visibilizar diversas voces y aportar a una conversación más amplia sobre la identidad y la sociedad”, sostuvo.

Revelados se enmarca en la línea editorial de UChileTV de fortalecer una programación que privilegie el pensamiento crítico, la cultura y el diálogo como valores centrales.

La tercera temporada de “Revelados” se emite cada lunes a las 22:00 horas por UChileTV (señal abierta) y está disponible en el canal oficial de YouTube a partir de cada fecha de estreno.

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Con el objetivo de visibilizar la situación de mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes privadas de libertad en Chile, la Red de Acción Carcelaria reveló cifras actualizadas sobre la población penal femenina y los menores de edad que las acompañan en la privación de libertad.

Según datos de Gendarmería de Chile,  al 31 de marzo de 2026, 82 mujeres con hijos o hijas menores de dos años y 35 mujeres embarazadas se encontraban privadas de libertad en recintos penitenciarios del país. De esta suma de  117 mujeres, un 59% corresponde a mujeres imputadas, es decir, en prisión preventiva y sin condena, proporción significativamente superior al promedio nacional de población femenina privada de libertad. En el caso de las mujeres embarazadas, esta cifra asciende a 77,1%, evidenciando un uso intensivo de medidas cautelares en situaciones de alta vulnerabilidad.

A esto se suma una sobrerrepresentación de mujeres extranjeras, quienes constituyen el 31,6% de las embarazadas o madres con lactantes en prisión, pese a representar el 22,3% del total de mujeres privadas de libertad. Más de la mitad de ellas son de nacionalidad boliviana. Asimismo, según declara la Subsecretaría de Derechos Humanos, hoy existen 123 lactantes viviendo en reclusión en el país.

Penitenciaría de Santiago. Foto: ATON.

“El Gobierno se comprometió a priorizar el proyecto de Protección materno-infantil  para otorgar penas alternativas a madres de menores de tres años en ciertos casos. Como Red Acción Carcelaria creemos que este proyecto es un primer paso  hacia un piso mínimo de dignidad para las mujeres y sus familias. Esperamos que el Ejecutivo cumpla con promover la aprobación de esta iniciativa, sin restringir más su aplicación”, señaló Antonella Oberti, directora de Incidencia de la Fundación Red de Acción Carcelaria.

Según Oberti, si bien existen programas orientados a mitigar los efectos del encierro, como “Creciendo Juntos” o “Chile Crece Contigo”, estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la complejidad del fenómeno. La evidencia académica advierte que la privación de libertad materna no solo refleja condiciones de vulnerabilidad previas, sino que tiende a profundizarlas, impactando directamente en el desarrollo de niños y niñas.

El costo familiar del encierro

Diversos estudios indican que una proporción significativa de mujeres privadas de libertad son madres solteras y jefas de hogar, lo que en muchos casos incide en trayectorias delictivas asociadas a la subsistencia económica. Asimismo, una investigación reciente liderada por la socióloga y académica de la Pontificia Universidad Católica, Pilar Larroulet, señala que un 30% de los niños, niñas y adolescentes con madres encarceladas presenta conductas problemáticas, reforzando la necesidad de intervenciones oportunas y especializadas.

“Cuando una mujer entra en prisión, sus hijos también sufren los efectos de esa condena . La separación temprana y la incertidumbre en  los vínculos tienen efectos a largo plazo que el Estado debe abordar. No podemos normalizar que, en muchos casos, la primera palabra de un niño de 2 años sea ‘cabo’”, agregó Oberti.

Finalmente, como señalan diversos estudios en la materia, la escasez de información sistemática sobre maternidad en contextos de encierro constituye en sí misma una limitación relevante para la toma de decisiones. “Abordar esta realidad requiere no solo voluntad política, sino también una comprensión más profunda de sus implicancias sociales y en el largo plazo”, cerró Antonella Oberti.

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El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Minería, Marco Antonio Sulantay, abordó el posible fraude al interior de Codelco y el nombramiento de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la estatal. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario afirmó que esperaba un perfil con más experiencia minera para liderar la empresa.

“Yo hubiese esperado un nombramiento más cercano al área minera, con más experiencia en el área minera”, sostuvo Sulantay. Pese a ello, valoró la experiencia financiera de Fontaine y señaló que “debiera él hacer un buen equipo, con personas con mucha experiencia en el área minera”.

El parlamentario también se refirió al informe preliminar que apunta a una eventual sobreestimación de producción en diciembre de 2025 y respaldó la denuncia presentada por el diputado Jaime Mulet ante el Ministerio Público.

“Estamos muy consternados nuevamente, porque no es la primera vez que estamos enfrentando problemas por el tema de Codelco”, afirmó. En esa línea, agregó que “hemos sabido nuevamente un escándalo, porque esa es la verdad, con la corrupción estatal, con la empresa de todos los chilenos”.

Sulantay señaló que la situación debe investigarse a fondo, aunque insistió en que se trata de antecedentes preliminares. “Siempre hablo en condicional, porque es un informe preliminar, hay que esperar el informe final”, dijo.

Sin embargo, aseguró que existen antecedentes que justifican una investigación penal: “Creemos que pudiese configurarse la figura de fraude al fisco. Estas cifras generaron bonos millonarios y vale la pena que el Ministerio Público haga una investigación profunda y seria”.

El diputado también cuestionó los mecanismos de fiscalización sobre la estatal y afirmó que la Cámara ha debido asumir gran parte del control político sobre la empresa. “Yo creo que ya la confianza está quebrada. Lo que vale acá es que el Gobierno tenga una mano dura en el sentido de hacer auditorías y buscar información externa incluso”, indicó.

Sobre el futuro de la minera estatal, Sulantay reiteró su postura favorable a incorporar capitales privados sin perder el control estatal. En esa línea, planteó que la empresa podría abrirse a nuevos esquemas de asociación para enfrentar su nivel de endeudamiento y mejorar su competitividad. “Mirando hacia la minería del futuro y cómo están avanzando países vecinos, yo creo que nosotros debemos tomar alguna acción respecto a eso”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el principal desafío del nuevo directorio será ordenar las finanzas y reforzar la seguridad en las operaciones. “No puede ser que en Codelco tengamos seis trabajadores muertos en el mismo periodo que en la minería privada ni siquiera tiene un accidente”, concluyó.

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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, abordó el avance de la megarreforma del Gobierno en el Congreso. Además, y como parte de la Comisión de Constitución, se refirió al proyecto de ley que busca aumentar las penas para menores infractores de ley. 

Sobre el Plan Nacional de Reconstrucción del Ejecutivo, la parlamentaria indicó que se trata de una “megarreforma tributaria” y la analizó como una iniciativa que “efectivamente tiene más que ver con una concepción de achicar el Estado que de reducir presupuestariamente su influencia. Por lo tanto, no se trata de mejorar las políticas públicas”. 

Pascual afirmó que “beneficia a los que más tienen” y enfatizó en los cuestionamientos de su sector, por ejemplo, a la reducción del impuesto de primera categoría. “Además, genera una restricción económica en la recaudación fiscal al Estado, a lo menos por nueve o diez años (…) Por lo tanto, creo que esto, indudablemente, y a mi juicio, es una visión político-ideológica del papel del Estado, la cual no comparto para nada”, agregó. 

 

 “Claro que las autoridades, que las vimos en campaña y en años anteriores, declaran que la ideología está siempre la vereda de enfrente solamente, porque nunca reconocen la carga ideológica de sus propios planteamientos”, cuestionó en la misma línea. 

Respecto a la presión que ha puesto el Ejecutivo para avanzar en la tramitación de iniciativa, la parlamentaria puso en duda que el debate sea más reposado en el Senado. “Yo tengo la impresión que es una apuesta que en algunos momentos de la historia pudo haber tenido bastante asidero en la realidad, pero que hoy yo la pongo un poquito en duda”, afirmó. 

“No quiero decir que no vaya a ser así, pero tampoco quiero dar fehacientemente asegurado que eso vaya a ocurrir. Primero, por la actitud bien poco diligente en materia de promover el diálogo en la Cámara que tuvo el Gobierno, por ejemplo, al no haber escuchado voces expertas en materia económica, las advertencias que hizo el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), también advertencias que hicieron economistas destacados, incluso exautoridades de gobiernos anteriores, no sólo del progresismo y la oposición, sino que incluso también de autoridades del gobierno Sebastián Piñera”, argumentó. 

Jorge Quiroz en comisión de Hacienda. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

Así, agregó que “cuando uno apuesta todo a una sola Cámara para resolver las cosas, le niega a los representantes legítimos de toda la ciudadanía que están hoy en la Cámara de Diputados el debate (…) Cuando, además, se genera un clima en donde, por cierto, no siempre es bueno decir ‘no, mira, yo quiero tener una actitud en donde te voy a dejar con muchas indicaciones’; y el otro va y te contesta ‘entonces yo te las voy a descontar todas’, tampoco ayuda para nada”. 

“Desde ese punto de vista, creo que no solo es un problema de cuánto es el tiempo que se puede dar para tramitar, que ya es muy necesario (…) sino que también, lamentablemente, tenemos que asumir las fuerzas de oposición una postura muy unitaria y de mucho diálogo entre nosotros para convenir rápidamente cuáles son los temas que vamos a pelear de manera conjunta y exigirle al gobierno ese diálogo, pero no lo tenemos garantizado a priori”. 

Respecto al proyecto que busca aumentar las penas para menores infractores de ley, la senadora Pascual indicó que “la responsabilidad penal adolescente es un ámbito de penalización y de justicia particular que tiene que ser distinguido del tratamiento de los adultos. Si usted se pone creativo a cambiar y a eliminar, por ejemplo, que ciertos delitos partan con el grado menor en el caso de ser adolescente, a aumentar las penas (…) y termina eliminando el sistema especial de responsabilidad penal adolescente, finalmente va a terminar tratando a los adolescentes exactamente igual como adultos”. 

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En conversación con Radio Agricultura, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la petición de un plan de seguridad que han realizado parlamentarios incluso del oficialismo, afirmando que no esperaba la exigencia de un documento “estructurado”. 

En la mencionada instancia se le consultó si su aterrizaje en la cartera ha sido más duro de lo que esperaba y la secretaria de Estado respondió sí, en algunos ámbitos. “Hay aspectos que han sido más duros, más complejos, yo lo hablaría en esos términos, y que me llaman la atención, por supuesto. Pero nada que no sea abordable. O sea, se puede seguir adelante con mayor cautela en algunos temas, como, por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba, de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, dijo. 

“En definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por la comisión del Senado, lo dimos, pero, aparentemente, no quedaron conformes. Vieron que no tenía o no reunía los requisitos que ellos esperaban. Entonces, tuvimos que volver a plantearlo en la Cámara de Diputados hace pocos días. Ayer lo expuse en un seminario en La Tercera, y cada vez que me preguntan, trato de poder explicarlo con mayor detención”, agregó. 

Ministra Trinidad Steinert en Cámara de Diputados. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Finalmente, comprometió una presentación por canales oficiales. “En definitiva, ante la demanda de muchas autoridades, se va a dar cuenta de ello de manera formal, a través de una resolución exenta, los próximos días, por escrito, con formato. Hay una cosa administrativa que no tiene mayor complejidad, pero hay que hacerlo”, planteó. 

“Llama la atención que en otros gobiernos se demoraron mucho más. No olvidemos que nosotros llevamos 60 días. Entonces, también hay que hacer algo serio y, dentro de esa seriedad, con los requisitos formales, nos vamos a demorar un par de semanas, pero no va a ser mucho más”, enfatizó.

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La gira del presidente estadounidense, Donald Trump, por China —acompañado no solo de su gabinete, sino también de una nutrida delegación de altos ejecutivos de grandes empresas tecnológicas y financieras— trasciende con creces el carácter de una visita diplomática convencional. Se trata de un hito que refleja con nitidez el momento de transición que atraviesa el sistema internacional.

En cierto sentido, este encuentro funciona como una ventana hacia el tipo de orden global que se está configurando, uno más incierto, más competitivo y menos regulado que el que predominó durante las últimas décadas.

El presidente de China, Xi Jinping, junto a su par de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: X @WhiteHouse

El contexto que explica la relevancia del viaje

El orden internacional que emergió tras la Segunda Guerra Mundial —basado en instituciones multilaterales, reglas y una relativa estabilidad bajo el lineamiento de Estados Unidos— hoy no solo está en crisis, sino que siendo reemplazado. Durante décadas, ese sistema permitió una expansión sostenida del libre comercio, una reducción significativa de los conflictos interestatales directos y un marco relativo y predecible para la cooperación global. Sin embargo, hoy está en retirada.

La pandemia actuó como un acelerador de tendencias que ya estaban en marcha, fragmentación económica, tensiones geopolíticas regionales y económicas, así como la desconfianza entre potencias. Poco a poco esto fue derivando en el aumento sostenido de conflictos armados a nivel global.

Según el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, el 2026 ya es el año con más conflictos armados y guerras que en el mundo desde 1945, 61 conflictos, que incluyen guerras con impactos globales directos en mercados estratégicos como la energía, los alimentos y las cadenas de suministro, como constituye la actual guerra en Irán.

En este escenario, Estados Unidos y China son los dos polos centrales del poder global. La frase de Xi Jinping a Trump en su encuentro —“todo el mundo está observando esta reunión”— no es simplemente retórica diplomática, sino una constatación bastante precisa de la realidad. La relación entre ambas potencias define el equilibrio de poder y las reglas del juego en áreas clave como el comercio, la tecnología y la seguridad internacional, tres ejes que marcan la pauta de la cumbre.

Hoy ambas economías juntas representan cerca del 42% del PIB mundial, mientras que Estados Unidos conserva su liderazgo en términos financieros, innovación y control de las principales instituciones económicas globales. China, por su parte, ha alcanzado —y en algunos indicadores superado— a Estados Unidos en capacidad productiva, comercio internacional y paridad de poder adquisitivo.

Gráfico financiero de lineas ascendentes. Foto repositorio Freepik

A esta dimensión económica se suma una creciente competencia militar. El gasto en defensa ha aumentado de forma significativa en los últimos años por tensiones regionales que se han visto potenciadas por la creciente rivalidad de las potencias emergentes. Un fenómeno que responde a lo que en relaciones internacionales se conoce como “dilema de seguridad”. O sea, que las acciones de un país para aumentar su seguridad (por ejemplo, fortalecer su capacidad militar) son percibidas como amenazas por otros, lo que genera una espiral de desconfianza y rearme.

Esto es reflejo de una transformación estructural, el paso de un mundo unipolar a uno donde el poder está más distribuido, aunque no necesariamente equilibrado.

Sin embargo, reducir la relación entre Estados Unidos y China a una simple lógica de confrontación sería un error. Lo que define este vínculo es su carácter profundamente ambivalente. Por un lado, existe una competencia estratégica cada vez más intensa; por otro, una interdependencia económica y tecnológica difícil de desmantelar.

Ambas economías están entrelazadas en múltiples niveles, comercio, inversión, cadenas de suministro y financiamiento. Esta combinación de rivalidad y dependencia mutua genera una dinámica particularmente compleja, donde el conflicto abierto resulta costoso, pero la cooperación parece cada vez más lejana.

La paradoja del orden de postguerra

Estados Unidos, que históricamente fue el principal impulsor y garante del orden internacional liberal, hoy —bajo la administración Trump— adopta una postura más crítica e incluso disruptiva respecto a ese mismo sistema. La preferencia por acuerdos bilaterales, el cuestionamiento a organismos multilaterales y el uso de herramientas económicas como instrumento de presión reflejan un cambio de estrategia orientada a desplegar el poder estadounidense de manera directa.

Esta postura no surge en el vacío. En cambio, responde, en gran medida, a tensiones internas acumuladas durante décadas, particularmente en sectores que perciben haber sido perjudicados por la globalización. Desde esta perspectiva, el giro hacia políticas más proteccionistas y transaccionales no es una anomalía, sino una manifestación de cambios políticos y sociales profundos dentro de Estados Unidos que Trump supo canalizar y utilizar a su favor.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, durante la ceremonia funebre de los militares estadounidenses muertos en Medio Oriente al inicio de la operación “Epic Fury”. Vía X@whitehouse

China, en contraste, ocupa un rol que resulta, en cierto modo, contraintuitivo. Sin haber sido el arquitecto del orden internacional vigente, hoy se presenta como uno de sus principales defensores, al menos en el plano discursivo. Esto no responde a una adhesión ideológica al liberalismo internacional. En cambio, parece ser más un cálculo estratégico donde el sistema actual permitió su ascenso económico. Por ello, su objetivo no es desmantelarlo, sino reformarlo de manera que refleje mejor su creciente peso e influencia.

El encuentro en Pekín refleja precisamente esa tensión. No se trata de una negociación entre un actor dominante y otro subordinado. Es un diálogo entre dos potencias que reconocen tanto su rivalidad como su interdependencia. El hecho de que Trump llegue a negociar —y no a imponer condiciones— es, en sí mismo, indicativo del cambio de época.

Los ejes de la negociación entre EE.UU y China: La hoja de ruta para el nuevo orden

Las conversaciones se estructuran en torno a tres ejes fundamentales. El primero es la tecnología, particularmente en áreas como la inteligencia artificial, los semiconductores y las telecomunicaciones. Aquí se juega una parte significativa del poder global del siglo XXI, ya que el dominio tecnológico no solo tiene implicancias económicas, sino también militares y geopolíticas.

El segundo eje es el comercio, donde ambas partes parecen querar avanzar hacia acuerdos más pragmáticos, al menos por ahora, centrados en intereses concretos más que en marcos normativos amplios. Esto refuerza la tendencia hacia una fragmentación del sistema comercial global, con reglas fragmentadas a relaciones bilaterales o de menor alcance.

El tercer eje, y probablemente el más delicado para ambas potencias, es Taiwán. Es la principal línea roja en la relación bilateral: cualquier error de cálculo podría desencadenar una escalada de consecuencias impredecibles, lo que lo convierte en el principal foco de riesgo geopolítico en la relación entre ambas potencias. Por ahora, EE.UU no ha querido profundizar públicamente sobre lo hablado con respecto a la isla.

Mapa del estrecho de Taiwán con relieve, carreteras, ferrocarriles y principales ciudades. Mapa elaborado por Mapas del Mundo.

Conceptos como “multipolaridad” o “orden multiplex” intentan capturar esta nueva realidad, caracterizada por la coexistencia de múltiples centros de poder, reglas menos claras y una mayor incertidumbre. En este entorno, el debilitamiento de las instituciones internacionales y del derecho internacional reduce los mecanismos de contención frente a conflictos.

Para los países medianos y pequeños, este escenario plantea desafíos significativos. La disminución de la capacidad reguladora del sistema internacional implica menores garantías frente a presiones externas. Al mismo tiempo, empuja adoptar estrategias más autónomas, donde el “sur global” buscan diversificar sus relaciones y evitar alineamientos rígidos.

En definitiva, lo que deja esta cumbre no es una resolución clara. Más bien, refleja una imagen bastante fiel del momento histórico actual: el de un mundo en transición, donde las reglas aún están en proceso de definición. Estados Unidos y China no solo compiten por el liderazgo global, sino que están, al mismo tiempo, negociando las condiciones bajo las cuales se estructurará el orden internacional del futuro.

La gran incógnita es si esta transición podrá gestionarse de manera relativamente estable o si, por el contrario, se convertirá en una fuente persistente de conflicto. Lo que está en juego no es simplemente la relación entre dos países. Es la forma en que se organizará el sistema internacional en las próximas décadas.

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El viernes 18 de abril, en la terraza panorámica de los jardines de Font del GAT, a los pies del Montjuïc de Barcelona, 300 personas celebraron “la unidad entre las fuerzas progresistas del mundo”. El evento se llamó, con una grandilocuencia que parece exagerada, “El abrazo de Montjuïc”. Lo organizó Giorgio Jackson, exministro del gobierno del Presidente Boric, hoy radicado en Barcelona. Asistieron el expresidente Boric, Camila Vallejo, dirigentes del Frente Amplio y del Partido Socialista, exembajadores, exjefes de comunicaciones, directores de centros de pensamiento. Una fotografía de familia de la elite progresista chilena, reunida en Europa, brindando por el futuro.

La escena por sí sola, no prueba nada reprobable: los políticos viajan, construyen redes internacionales, participan en foros, es parte del oficio. Lo que hace interesante la imagen de Montjuïc no es lo que muestra sino lo que revela cuando se la mira en perspectiva: la misma generación que llegó al poder hace cuatro años denunciando a la vieja elite política —sus privilegios, sus redes de cooptación, su distancia con la ciudadanía— reproduce hoy con notable naturalidad los mismos patrones que denunció, no en el mismo. En un formato actualizado, más cosmopolita, con mejor branding, pero reconocible

Para entender lo que ocurrió en Barcelona hay que recordar de dónde viene esta generación política. El Frente Amplio nació, en buena medida, del rechazo a la forma en que la Concertación había ejercido el poder: una elite que rotaba entre cargos públicos, directorios de empresas, fundaciones y centros de estudios, que se perpetuaba a través de redes de favores y que había perdido contacto real con los sectores que decía representar. Esa crítica fue poderosa y, en varios aspectos, justa. Lo que nadie anticipó —o nadie quiso ver— es que las condiciones que producen ese tipo de elite no son exclusivas de un signo político. Son condiciones estructurales del ejercicio prolongado del poder: el acceso a recursos, las redes internacionales, la profesionalización de la militancia, la distancia física y simbólica respecto de las bases. El Frente Amplio no era inmune a esas condiciones, sólo era más joven.

Cuatro años en el gobierno aceleraron un proceso que en otras generaciones políticas tomó décadas. Una parte significativa de la dirigencia frenteamplista completó ese trayecto con una velocidad que habría resultado llamativa incluso para sus antecesores concertacionistas: del activismo universitario al ministerio, del ministerio al centro de estudios financiado desde el exterior, del centro de estudios a la cumbre internacional en Barcelona.

La pregunta que vale la pena hacer —y que el propio ecosistema progresista evita sistemáticamente— es a quiénes representa hoy esta dirigencia. No en el sentido formal de la representación electoral, sino en el sentido más profundo: ¿qué intereses defiende, desde qué experiencia habla, con qué realidad cotidiana está en contacto? Un exministro que vive en Barcelona, dirige un centro de estudios y organiza encuentros internacionales puede tener posiciones políticas perfectamente coherentes con su trayectoria. Pero su distancia material y geográfica respecto de los sectores populares chilenos no es un dato menor. Es, precisamente, el tipo de distancia que esa generación denunció en sus predecesores.

El financiamiento es parte de esta ecuación. Cuando los centros de pensamiento que articulan la estrategia política de la izquierda chilena dependen en una proporción significativa de fundaciones internacionales —cuya agenda, por legítima que sea, no es necesariamente la agenda de los barrios populares de Santiago o de las comunidades rurales del sur— se produce una dislocación entre el discurso y la base social que se pretende representar. No es corrupción, es algo más difuso y, en ciertos aspectos, más preocupante: es dependencia. Una dependencia que no se declara, que no se debate y que moldea, aunque sea de manera imperceptible, las prioridades de quienes la reciben.

Hay una ironía histórica en todo esto: la generación que llegó al poder en 2022 con la promesa de refundar la política chilena termina su ciclo gubernamental reproduciendo, en versión actualizada, los mismos vicios que denunció. No porque sean hipócritas en sentido moral —la mayoría, probablemente, cree genuinamente en lo que hace. Sino porque las estructuras del poder tienen una lógica propia que tiende a imponerse sobre las intenciones de quienes las habitan. La elite política no se forma por malicia, se forma por acumulación: de contactos, de recursos, de experiencias compartidas, de una visión del mundo que se va homogeneizando a medida que el círculo se cierra.

Lo que el “abrazo de Montjuïc” revela no es la maldad de sus protagonistas, revela la velocidad con que una generación que prometió romper el molde terminó acomodándose en él. Y revela, también, algo sobre Chile: que el problema de la clase política no es ideológico sino estructural. Que mientras no se cambien las condiciones que producen elites desconectadas —el financiamiento opaco, la profesionalización excesiva, la inevitable endogamia de los círculos dirigentes— el problema se reproducirá, independientemente del signo político de quienes lleguen al poder.

* Guido Romo Costamaillère es socio de Gemines Consultores y Director de Encuestas y Opinión Pública. Director de Scanner Social, estudio de monitoreo de tendencias políticas y sociales en Chile.

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