El proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, firmado la mañana de este miércoles en el Palacio de La Moneda e ingresado con “suma urgencia” a la Cámara de Diputadas y Diputados, recoge y amplía los lineamientos presentados en cadena nacional el pasado 15 de abril. Según el Gobierno, se trata de un plan integral que busca responder al estancamiento económico de la última década, marcado por bajo crecimiento, caída del empleo y aumento de la deuda pública.

La iniciativa se estructura en cinco ejes centrales. El primero apunta a mejorar la competitividad tributaria, con medidas como la reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta el 23% en 2029, además de la reintegración del sistema tributario para evitar la doble tributación, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

El segundo eje busca fortalecer el empleo formal, incorporando incentivos a la contratación, principalmente enfocados en trabajadores de menores ingresos y pymes. 

En tercer lugar, el plan contempla una facilitación regulatoria para destrabar proyectos de inversión. Entre las medidas se incluye la agilización de permisos ambientales, reducción de plazos administrativos y eventuales compensaciones del Estado en caso de revocación de autorizaciones ya otorgadas.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, firma el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Un cuarto punto es la certeza jurídica, que propone, entre otras medidas, un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, junto con un mecanismo de repatriación de capitales con tasas preferenciales.

Finalmente, el quinto eje se enfoca en la contención del gasto público, con medidas destinadas a ordenar las finanzas del Estado, combatir abusos en licencias médicas y aumentar las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos.

Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, defendió la iniciativa y la calificó como un punto de inflexión. “Este es un día histórico para Chile, porque ha ingresado un proyecto de ley que busca hacer profundas transformaciones en nuestro país”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la rebaja de impuestos es clave para dinamizar la economía: “Disminuir los impuestos que afectan la inversión también impacta el crecimiento y la creación de empleos”.

Punto de prensa de diputados del Partido de la Gente y el ministro Segpres, José García Ruminot.
Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Asimismo, advirtió sobre el estado de las finanzas públicas. “Llevamos 16 años con presupuestos deficitarios. La deuda pública ya llega a 155 mil millones de dólares y pagamos cerca de 4 mil millones de dólares solo en intereses. Chile no puede seguir por este camino”, enfatizó.

En el Congreso, el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, destacó el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. “Hoy es un día importante para la clase media. Hemos llegado a un acuerdo llamado Plan Alivio Clase Media”, indicó y detalló medidas como la devolución del IVA en medicamentos y pañales, además del apoyo a pymes. “Votaremos a favor la idea de legislar”, confirmó.

Desde la UDI, la diputada Marlene Pérez también llamó a respaldar la iniciativa y enfatizó en la necesidad de reactivar el país económicamente. “Hoy día debemos llegar a un acuerdo para sacar adelante un proyecto de reconstrucción tremendamente necesario, porque sin inversión no hay desarrollo, sin desarrollo no hay empleo”, afirmó. Además, apeló al “sentido común” frente a la situación de regiones afectadas, especialmente en el Biobío.

Diputada Marlene Pérez (UDI). Foto: Aton.

Las críticas al proyecto

Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas transversales. El diputado independiente-PPD, Jaime Araya, cuestionó duramente la rebaja tributaria y apuntó al contraste con la situación económica de las familias.

“Contra lo que piensa el 63% de los chilenos, este proyecto busca bajar de 27 a 23% el impuesto a las grandes empresas”, afirmó, agregando que la medida resulta “grave” en un contexto de alza del costo de la vida.

En esa línea, sostuvo que se trata de “un regalo de casi 4 mil millones de dólares a quienes más tienen” y aseguró que su bancada buscará “demostrar con números sobre la mesa que lo que está haciendo el Gobierno es contra las familias de Chile”.

Diputado Jaime Araya. Sebastián Cisternas/ Aton Chile.

En la misma línea, el diputado socialista José Antonio Rivas acusó que el Ejecutivo está utilizando la reconstrucción como argumento para impulsar cambios tributarios. “Chile tiene un fondo de estabilización que permitiría financiar la reconstrucción. No se requiere este proyecto”, sostuvo y agregó que existe una “presión al Parlamento” para aprobar la iniciativa.

Desde el Frente Amplio, las críticas también fueron duras. Su presidenta, Constanza Martínez, afirmó que “aunque el proyecto se vista de reconstrucción, lo que queda es una reforma tributaria a medida de los más ricos”.

El diputado frenteamplista, Jorge Brito, en tanto, advirtió que se está “mezclando el dolor de las familias damnificadas con una reforma tributaria”, lo que calificó como “moralmente inaceptable”.

A su vez, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, aseguró que el contenido del proyecto no responde a la emergencia y citó informes técnicos del propio Congreso.

Punto de prensa de la diputada Daniela Serrano. Sebastián Cisternas/Aton Chile.

“Este no es un proyecto de reconstrucción nacional, sino una reforma tributaria”, afirmó y añadió que lo que realmente contiene son “medidas para fortalecer a los más ricos de este país”.

Asimismo, recalcó que la discusión debe darse en profundidad durante la tramitación. “Vamos a procurar que se dé un debate como corresponde en las comisiones, pero seguimos insistiendo: este no es el proyecto que prometió el Presidente”, concluyó.

Con el respaldo ya comprometido de sectores oficialistas y del Partido de la Gente para aprobar la idea de legislar, el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional inicia ahora su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados con un escenario favorable para avanzar en su tramitación legislativa.

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La gira del Papa León XIV por África, concluye este jueves 23 de abril y ya es considerado un recorrido histórico. No solo por tratarse de su primera gira como líder de la Iglesia Católica, sino porque su visita se produce en un contexto global marcado por el reordenamiento del poder internacional que también atraviesa al mundo religioso. Un contexto de cambios donde la Iglesia Católica quiere volver a recuperar la influencia de la que alguna vez gozo.

León XIV asumió el papado el 8 de mayo de 2025, heredando una Iglesia profundamente marcada por la impronta de su predecesor, el Papa Francisco. Su legado no fue solo un conjunto de ideas, sino una reorientación fundamental del ADN de la Iglesia.

Francisco la impulsó a mirar hacia las “periferias” geográficas y existenciales, con un magisterio centrado en la justicia social, los migrantes y una ecología integral, denunciando sin ambages la “economía que mata”. Su voz se convirtió en un referente global precisamente por su independencia de los bloques de poder. El desafío para León XIV es claro, mantener viva esa Iglesia “en salida” y comprometida, pero en un mundo aún más fragmentado. 

El itinerario del viaje recorrió cuatro países del continente africano, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, una elección que no es casual y refleja una decisión estratégica, priorizar las “periferias”. León XIV evita los grandes polos de poder católico para instalarse en territorios donde la Iglesia enfrenta desafíos estructurales o es minoritaria. Con ello, el Vaticano busca reforzar una narrativa que le otorga legitimidad desde los márgenes, posicionándose como un actor cercano a los espacios de mayor vulnerabilidad política y social.

Papa León XIV. Foto: Wikimedia Commons.

En Argelia, esta lógica adquiere una dimensión particularmente relevante. La visita a la Gran Mezquita de Argel, la tercera más grande del mundo, se transforma en un gesto de alto contenido político en un contexto global donde la religión ha vuelto a ser instrumentalizada en conflictos internacionales, especialmente en la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, o el frente libanés, que no se pueden entender del todo si no se toma en cuenta la dimensión religiosa que atraviesa el conflicto.

El Papa calificó la visita como una prueba de que “podemos aprender a respetarnos mutuamente, vivir en armonía y construir un mundo de paz”. Un mensaje que apunta a desactivar la lógica de confrontación entre mundos religiosos, especialmente en medio de la guerra en Oriente Medio y que su pedido de detener las hostilidades le llevó una dura y cuestionada respuesta por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese contexto internacional marcado por guerras, rivalidades estratégicas y el uso de narrativas religiosas como herramientas de legitimación política, las palabras de León XIV —quien ha llamado a no invocar a Dios para justificar la violencia— funcionan como una crítica indirecta, pero clara, a ciertas dinámicas del sistema internacional contemporáneo.

Uno de los ejes centrales que queda de manifiesto en la gira es el despliegue del llamado “soft power” que ejemplifica la figura del Papa. A diferencia de los Estados, el Vaticano no opera mediante coerción o incentivos económicos, sino a través de la autoridad moral. Las visitas a cárceles, hospitales y centros de migrantes no son solo gestos simbólicos, son intervenciones que buscan instalar una agenda ética global.

Al poner el foco en los más vulnerables, León busca obligar a los gobiernos a posicionarse frente a temas como la justicia social, la dignidad humana y los derechos fundamentales.

El Papa León XIV, sumo pontífice de la Iglesia Católica junto a Mohamed Mamoun Al Qasimi, el rector y decano de la Gran Mezquita de Argel (Djamaa el Djazaïr) en Argelia, visitando la Mezquita. Foto: Vaticano.

Este enfoque se vuelve especialmente significativo en África, un continente atravesado por una intensa disputa internacional por sus recursos. En países como Angola y Guinea Ecuatorial, León XIV ha denunciado lo que define como una “colonización de recursos”, donde la explotación externa no se traduce en desarrollo local, sino en desigualdad y conflicto. Su crítica no sólo interpela a los gobiernos africanos, sino también a las potencias que operan en la región, posicionando al Vaticano como una voz incómoda dentro del statu quo global.

En su visita a Bamenda, Camerún, epicentro de un conflicto separatista, hizo una intervención directa a favor de la paz, donde aboga por la reconciliación nacional y la justicia como bases para una paz duradera.

Sin embargo, esta estrategia enfrenta tensiones evidentes. La presencia del Papa en regímenes autoritarios plantea un dilema, mientras su visita puede ser leída como una forma de legitimación internacional, sus discursos introducen una presión ética directa sobre esas mismas autoridades. Este equilibrio entre diálogo y crítica es característico de la diplomacia vaticana, pero también abre cuestionamientos sobre sus límites reales.

A esto se suma una dimensión histórica difícil de eludir. En el Sur Global, la Iglesia Católica arrastra el peso de su vínculo con los procesos coloniales. Durante siglos, su expansión estuvo asociada a estructuras de dominación política y cultural. Esta memoria histórica condiciona la recepción del mensaje papal, generando escepticismo frente a su pretensión de erigirse como un actor moral global independiente.

Para muchos intelectuales africanos, esto es una forma sutil de neocolonialismo mediático, la voz del Sur Global solo es válida cuando es pronunciada por un hombre blanco (o de piel clara) con sede en Roma. 

Donald Trump y el Papa León XIV.

Por eso, el desafío que tiene la figura de León XIV para Robert Prevost, el nombre real del Papa, es ser capaz de construir, como lo hizo Francisco, un contraste frente otros liderazgos globales, particularmente el de Donald Trump. Mientras este último encarna una lógica de poder basada en la transacción, la presión y los resultados inmediatos, el Papa apuesta por la persuasión, los valores y el largo plazo.

Este contraste ya se ha hecho evidente en temas como la protección de minorías, la defensa del derecho internacional o la migración, donde el pontífice promueve una narrativa de acogida frente a enfoques centrados en el cierre de fronteras. Pero donde más se ha plasmado esta contraposición, es con la guerra, de la cual el sumo pontífice constantemente hace mención, asegurando que “Dios no escucha a quienes hacen la guerra”, tras la polémica con Trump

En definitiva, la gira del Papa León XIV por África revela tanto el potencial como los límites del poder blando en la política internacional. El Vaticano no dispone de herramientas coercitivas, pero sí de una capacidad única para influir en el plano simbólico y moral. La interrogante es hasta qué punto esa influencia puede traducirse en transformaciones concretas en un sistema internacional cada vez más marcado por la competencia, la desigualdad y el conflicto.

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Un nuevo foco de controversia se abrió en torno al rol del Estado en causas por violaciones a los derechos humanos, luego de que las exjefas del Programa Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, advirtieron un eventual cambio de criterio institucional: dejar de oponerse activamente a beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad.

En ese contexto, se acusó la existencia de prácticas administrativas que irían en la misma línea, pero sin respaldo formal ni transparencia por parte del Ejecutivo.

La denuncia fue respaldada por la abogada Mariela Santana, de Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, quien aseguró que existe una práctica reiterada que ha impedido a abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir en causas clave.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile la abogada relató que en la sesión de este martes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado realizó una interpelación al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, que no fue contestada por las autoridades.

Según explicó sobre la denuncia, en distintos casos “se ha impedido alegar recursos ante la Corte Suprema, incluso cuando los abogados ya estaban designados, a partir de instrucciones informales, en algunos casos llamadas telefónicas, que ordenan restarse de esas gestiones”.

Corte Suprema. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

De acuerdo con las denunciantes, tres de los casos donde se habría aplicado el nuevo criterio son la causa del agente César Manríquez —condenado a 15 años de presidio por su participación como autor del delito de secuestro calificado de 16 víctimas de desaparición forzada—, quien solicitó cumplir pena en libertad acusando enajenación mental; el caso de Héctor Osses, oficial de carabineros condenado a 15 sentencias judiciales por 31 víctimas de desaparición y homicidio calificado; y la causa de Jorge Mandiola Arredondo, jefe regional de la CNI Concepción, condenado a 15 años de presidio por un montaje que terminó con la vida de siete personas.

Santana detalló que los abogados “se les comunicó desde la Jefatura del Programa de Derechos Humanos una instrucción del ministro de que el Programa de Derechos Humanos no se hará parte en ninguna de las causas de cumplimiento de sentencias contra los genocidas”, lo que —a su juicio— constituye “una vulneración abierta de al protocolo de funcionamiento del Programa de Derechos Humanos que es ley”.

La abogada relató que en una reunión con la Subsecretaría de DD.HH. llevada a cabo este miércoles, sin la presencia del ministro y del subsecretario pero sí de su jefe de gabinete, se les informó que el protocolo está en revisión, aunque —subrayó— “mientras ese proceso no concluya, la norma sigue plenamente vigente y por lo tanto estos instructivos son ilegales”.

Desde el punto de vista jurídico, Santana advirtió que estas prácticas carecen de sustento legal: “Los actos administrativos deben ser motivados, fundados y debidamente comunicados, lo que no ha ocurrido en este caso”. A su juicio, la ausencia de un acto formal y transparente no solo configura ilegalidad, sino que también dificulta el control ciudadano y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado. En esa línea, sostuvo que estas acciones “terminan operando como factores que favorecen la impunidad”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que exista una instrucción en los términos denunciados y defendió el actuar del Ejecutivo en función de resoluciones judiciales. “Lo relevante es atender a lo que han señalado los fallos de los tribunales de justicia. Las sentencias (…) han establecido que atender a la integridad, a la dignidad y a la salud de personas condenadas, incluso en delitos de lesa humanidad, apunta a respetar su dignidad”, señaló.

Fernando Rabat. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

El secretario de Estado agregó que el compromiso de su cartera es con la memoria histórica y recalcó que “no ha habido una instrucción de este ministro”, insistiendo en que se debe dar cumplimiento a lo resuelto por los tribunales.

Santana, sin embargo, rebatió estas declaraciones y reafirmó que el problema radica en el incumplimiento del mandato legal que rige al Programa de Derechos Humanos. “Existe un protocolo que obliga a intervenir en estas causas, y desconocerlo mediante instrucciones informales constituye un acto ilegal que, en la práctica, favorece la impunidad”, insistió.

Asimismo, enfatizó que cualquier revisión normativa debe ser formalizada y notificada: “La revisión de un protocolo no implica su suspensión, y hasta ahora las instrucciones han sido verbales”.

Reacciones políticas

El hecho no pasó desapercibido en el Congreso Nacional. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Fabiola Campillai, recordó que la Subsecretaría de Derechos Humanos “suscribió en 2017 un protocolo de actuación que obliga al área jurídica a intervenir ante cualquier acción que busque rebajas de condena o beneficios para criminales de lesa humanidad”.

Campillai anunció que citará al ministro Rabat para que explique esta situación y advirtió que “se trata de una decisión abiertamente contraria a las obligaciones del Estado”. Además, subrayó que “el Estado debe siempre velar por las víctimas y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas”.

Comisión de Derechos Humanos Cámara Baja. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Desde la Cámara Baja, el diputado del Frente Amplio, Roberto Celedón, sostuvo que se trata de un error del Gobierno. “Erra cuando ordena a los abogados no ejercer los recursos judiciales que correspondan”, declaró.

El parlamentario expuso que la situación “crea confusión” debido a que se “estaría usando el recurso judicial en reemplazo de lo que el Presidente José Kast había anunciado en cuanto a la decisión de indultar a determinados presos por delitos de lesa humanidad”.

“Es deber del Estado ejercer los recursos judiciales que correspondan. Así se hace por parte del Consejo de Defensa del Estado, en contra de las resoluciones que favorecen a las víctimas en cuanto a las reparaciones. Acude hasta las últimas instancias jurisdiccionales”, añadió Celedón.

En tanto, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, por medio de su cuenta de X, calificó la denuncia como “gravísima” y advirtió que las autoridades deben dar explicaciones. “A nuestra sociedad le ha costado mucho que los criminales de lesa humanidad sean juzgados y cumplan sus condenas. Bajo ninguna razón se puede permitir subterfugios para imponer la impunidad”, afirmó.

A nuestra sociedad le ha costado mucho que los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar sean juzgados por la justicia y cumplan sus condenas. Por lo mismo, lo que se denuncia en este comunicado es gravísimo y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos… https://t.co/6iBun9MXea

— Jaime Gajardo Falcón (@jgajardofalcon) April 22, 2026

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¿Qué ocurre cuando alguien desaparece, pero sigue presente en la vida de quienes lo recuerdan? Esa pregunta atraviesa a “Donde puedo dejarlo“, la nueva novela de la escritora chilena Alejandra Costamagna publicada por Editorial Anagrama. Una historia que explora la ausencia, la memoria y los afectos desde una perspectiva íntima y profundamente política.

En ese marco, la autora presentó el libro ante lectores y lectoras en una actividad que, según relató, reflejó el tono emocional y simbólico de la obra. La instancia reunió a cercanos y al mundo literario, en una ceremonia que dialogó directamente con los temas centrales de la novela.

“El lanzamiento estuvo muy bello, la verdad, porque fue un poco muy acorde con el libro también”, comentó en diálogo con Semáforo, explicando que la obra aborda “una amistad interrumpida que, sin embargo, se mantiene en el tiempo por el afecto. Y por las conjeturas también, por la imaginación”.

“De alguna forma en el lanzamiento hubo algo también de teatral; la novela va mucho por ese lado, y de tres amigas que están conversando sobre los afectos y sobre distintas cosas. Hay una especie de rito”, relató, destacando además los textos leídos por las escritoras Alia Trabucco Zerán y Juana Inés Casas, que calificó como “realmente hermosos”.

La autora igualmente compartió que la novela es el resultado de un proceso creativo prolongado, cuyo origen se remonta a una imagen inicial que la acompañó durante años. “Esta historia es una con la que vengo hace un buen rato trabajando, justamente porque se agarra de una chispa, de un recuerdo, pero luego se desbanda y se va hacia distintas partes”, explicó.

Esa chispa, según relató, estaba directamente vinculada con la experiencia de la ausencia y con la dificultad de representarla a través del lenguaje. “Tenía que ver precisamente con alguien que se va, que no está, y que yo no sabía cómo traer eso, cómo ponerle palabras a eso”, señaló, agregando que desde el inicio la inquietud estuvo marcada por la pregunta sobre “cómo se trabaja con la ausencia y toda la reminiscencia que eso puede tener con nuestra historia reciente”.

Además, el proceso de escritura coincidió con el inicio de la pandemia, un contexto que influyó en el desarrollo emocional de la obra. “Empecé a tomar apuntes de esto como en febrero del 2020, y ya luego llegó la pandemia, en un mes llegó la cuarentena”, recordó. A diferencia de otras experiencias creativas, la escritora afirmó que ese período estuvo marcado por la parálisis y la sensación de pérdida. “Entonces, empezó también a colárseme algo de lo que había de pérdida en la pandemia”, conectó.

Y aunque la novela no aborda directamente ese contexto sanitario, Costamagna reconoció que la experiencia colectiva de la incertidumbre dejó una huella en el tono del relato. “Creo que hay algo de esa sensación extrema, donde los afectos se vuelven tan importantes y al mismo tiempo empiezas a manejarte con la imaginación, porque es una herramienta que permite una proyección, imaginar un mundo posible distinto”.

A ello se sumaron experiencias personales que influyeron en la construcción de la historia. “Se coló el inicio de la pérdida de memoria de mi madre y que penetra un poco en este aire de ensoñación que tiene la novela”, explicó, señalando que todos estos elementos confluyeron en una obra que aborda temas políticos desde una dimensión emocional. “Me interesa que sean los afectos los que estén dando el núcleo, la fuerza para poder hablar de estos temas”.

“Donde puedo dejarlo”, novela de Alejandra Costamagna publicada por Editorial Anagrama.

Ambientada a fines de la década de 1980, la novela dialoga con la memoria histórica del país y con las consecuencias de la violencia política. En ese contexto, la autora explicó que la desaparición de uno de los personajes genera una forma particular de presencia. “Ella no está, pero yo la voy a hacer presente con mi propio cuerpo”, señaló, adelantando que en la relación entre las protagonistas se produce una especie de reflejo o identificación mutua.

La construcción narrativa también se caracteriza por la incertidumbre y la especulación, elementos que, según la autora, forman parte central del relato. “Ese espacio logra entrar a disputar el nivel de cuál es la realidad del relato: ¿es la imaginación?, ¿es el recuerdo?, ¿es la evidencia?”, explicó, añadiendo que la novela busca abrir posibilidades más que entregar respuestas definitivas.

En esa línea, Costamagna sostuvo que la historia propone una reflexión sobre el vacío y las formas de narrarlo. “Es cómo se narra el vacío a partir de la conjetura, la elucubración, eso que proyectamos, que quisiéramos que hubiera sido”, afirmó, subrayando que la literatura permite imaginar escenarios posibles incluso cuando la certeza no existe.

Uno de los elementos más significativos del libro es la presencia del silencio como forma de expresión. La autora explicó que la imagen que dio origen a la historia surgió de una experiencia real: la celebración de cumpleaños de una hija ausente. “Cuando vi esa imagen fue: sí, aquí hay una tremenda historia, un tremendo núcleo de desafío con el lenguaje, porque me parece que la foto misma, la imagen, es mucho más potente de lo que uno puede decir”, concluyó.

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El Ballet Nacional Chileno (BANCH) presenta por estos días “De una luz a otra”, la última creación de su director artístico, Mathieu Guilhaumon, en el Teatro Universidad de Chile.

La obra, estrenada el pasado viernes, marca el cierre de un ciclo para el coreógrafo francés tras 13 años liderando la compañía, con un montaje que aborda la transformación personal y artística a partir de un lenguaje corporal que cruza distintas disciplinas y colaboraciones.

En conversación con Semáforo, el director artístico explicó que la pieza surge desde un momento personal de balance y despedida, lo que otorgó a la obra una carga emocional particular. “No solamente es un nuevo trabajo (…) sino que marca a nivel simbólico un cierre de un ciclo bien importante para mí, y un paso a otra etapa”, señaló.

En ese contexto, Guilhaumon relató que la obra nace como una reflexión sobre su experiencia en Chile y el proceso de transformación vivido durante más de una década.

El montaje reúne a colaboradores que fueron parte de su trayectoria en el BANCH, entre ellos, la actriz Millaray Lobos en la dramaturgia, Andrés Poirot en iluminación, el Estudio Sago en vestuario y Vicente Larroulet en la música.

“Es una celebración más que una despedida para mí (…) y a nivel metafórico poner en escena todas esas emociones, que son muchas capas en esta obra”, sostuvo el director. Según sus palabras, la obra recoge paisajes e influencias de Chile y de su origen europeo, lo que refuerza el carácter poético del montaje.

Respecto a su paso por la compañía, Guilhaumon subrayó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, como una forma de enfrentar el complejo escenario que atraviesa el sector cultural.

Bailarinas del Ballet Nacional Chileno (Banch), en la presentación de la obra “De una luz a otra”. Foto: Ballet Nacional Chileno.

“No podemos quedarnos solamente en nuestro lugar y pensar que estamos defendiendo solamente lo que hacemos, sino que tenemos que trabajar en conjunto. Esa será la manera de poder seguir, especialmente en un contexto que, globalmente, no es tan fácil”, explicó.

El director valoró la apertura del Ballet Nacional Chileno hacia otras instituciones culturales y la internacionalización de la compañía, especialmente las presentaciones en Francia. “Para mí obviamente es un gran orgullo (…) ha permitido a la compañía darle una visibilidad internacional muy importante”, indicó.

Guilhaumon aseguró que, pese a que quedaron proyectos pendientes, se retira con satisfacción por el trabajo realizado. “Yo me quedo muy contento con todo lo que hemos vivido y construido en conjunto. Estoy muy agradecido de la casa que me ha acogido, que es la Universidad de Chile y también de Chile”, concluyó.

“De una luz a otra” se presenta con funciones el viernes 24 y sábado 25 a las 20:00 horas, y el domingo 26 a las 18:30. Las entradas están disponibles en el sitio web de CEAC y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional, ubicada en Vicuña Mackenna 20, así como en el Teatro Universidad de Chile, en Providencia 43.

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La Comisión de Constitución del Senado continuó con la discusión sobre el proyecto sobre responsabilidad penal adolescente. La iniciativa busca modificar la respuesta sancionatoria contra menores infractores que incurran en conductas consideradas de especial gravedad, por ejemplo, el homicidio, el secuestro y la tortura. 

A la cita, asistió de manera telemática el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y expuso la postura del organismo en la materia. En primera instancia, afirmó que comparten la preocupación de la iniciativa respecto a la seguridad pública y el aumento de la violencia en ciertos delitos. 

Sin embargo, reafirmó que la defensoría apuesta por medidas orientadas a la reinserción y resocialización. Justificó, a través de un estudio de Fundación Paz Ciudadana, que “las políticas vinculadas a los endurecimientos de penas o la equiparación de un sistema juvenil al sistema de adultos, muchas veces no resultan efectivas dada la necesidad de evidencia”. 

Además, Quesille citó estadísticas y aseguró que la comisión de delitos por parte de adolescentes es marginal. Puso sobre la mesa los datos respecto a casos policiales y denuncias entre 2015 y 2025 del Centro de Estudios y Análisis del Delito. “Aunque existe un aumento del 12% en los delitos de mayor connotación social desde el año 2015, los casos de responsabilidad para los adolescentes, no llegan a superar los niveles pre pandemia”, explicó. 

En esa línea, indicó que: “Lo más relevante es que al año 2025 los adolescentes representan solo el 9% de los casos policiales, mientras que los adultos el 91%. Por tanto, la primera pregunta que nos debemos plantear como organismo de derechos humanos es si esto es proporcional, puesto que la propuesta implica la alteración del sistema de justicia juvenil por un fenómeno que representa menos del 10% del problema”. 

Sobre lo anterior, agregó que se puede complementar con datos, por ejemplo, del Ministerio Público. “Creemos que es importante ver si por estos casos es necesario generar una reforma estructural al sistema penal juvenil, porque va a tener un impacto”, cuestionó. 

Delitos. Foto referencial: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

En resumen, señaló que se modificaría todo el sistema sin tener necesariamente toda la evidencia y por un porcentaje marginal, lo que generaría presiones económicas y sistémicas o de infraestructura.  

Asimismo, Quesille expuso que solo el elevar de 5 a 10 años el límite de internación para adolescentes menores de 16 años en delitos graves, tendría un costo estimado de $5 mil 100 millones, es decir, superior al presupuesto total de la Defensoría de la Niñez. 

“Duplicar el tiempo de encierro sin una evidencia que dé cuenta de la efectividad de la medida puede generar una apuesta que podría ser riesgosa en términos de efectividad, pero además también es muy costosa sobre todo en momentos en que el Estado está ahorrando recursos”, dijo. 

Anuar Quesille, defensor de la Niñez. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

“¿Qué hacemos?”

Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien es autor del proyecto, aseguró entender el análisis del defensor de la Niñez, pero afirmó que existe un problema concreto en el proceso de reformar y reinsertar. 

“Creo que fue el 2014 o el 2015, que fueron cifras superiores a las del 2024, que llegamos a más de 40 mil causas responsables de pena al adolescente, pero también es verdad que en el 2021 llegamos a 20 mil y que esta fue incrementándose sostenidamente. Y se fue incrementando no solamente respecto al número, sino que respecto a la tipología del delito, fueron delitos cada vez más violentos”, acotó. 

En línea con lo anterior, acotó que: “Por ejemplo, el portonazo, encerrona, según cifras del mismo Ministerio Público, más del 40% de los delitos son cometidos por menores de edad. La receptación de vehículos también, y muchas veces esto tiene una finalidad o un objetivo que tiene que ver con no cumplir penas privadas de libertad, utilizados o no por mayores de edad”. 

El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton. Foto:
Sebastián Cisternas/ Aton Chile.

“¿Qué hacemos con esos menores que cometen delitos violentos y qué falla toda la cadena? Es decir, falla la justicia o la reparación del daño, porque ese menor termina en libertad rápidamente. Por lo tanto, no hay un programa de acompañamiento o rehabilitación y reinserción. Uno esperaría que los delitos más violentos, al menos, tengan un programa de acompañamiento, de reinserción, con las terapias correspondientes que brinda el Estado, que puedan ser limitadas o no, pero en un régimen cerrado, particularmente cuando son delitos más violentos”, señaló Longton. 

Bajo esa justificación, el parlamentario afirmó que: “Claramente no hay reparación ni hay rehabilitación en un espacio de tiempo tan corto, donde un menor tiene que estar privado de libertad para efectos de precaverse de que, eventualmente, no vaya a cometer un delito de la misma entidad”, subrayó.

El parlamentario aseguró que entiende el rol de la Defensoría de la Niñez respecto a la prevención, rehabilitación y el acompañamiento, además de criticar que los distintos gobiernos no han escuchado las propuestas de dicho organismo. No obstante, reiteró la consulta: “¿Cómo abordamos esta pata que tiene que ver con la justicia y con la reparación?”.

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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), el diputado Juan Marcelo Valenzuela, se refirió al avance del proyecto Escuelas Protegidas y la agenda de seguridad del Ejecutivo. 

En primera instancia, Valenzuela aseguró que su tienda quedó con la “percepción de un proyecto insuficiente” respecto a la situación de la violencia en los establecimientos educacionales. “Le estamos trasladando la responsabilidad a los profesores (…) la ley habla de un ‘podrá’, por tanto, esto va a quedar a criterio de los distintos colegios, no tenemos un concepto nacional o una gran política nacional. Quizás a uno le hubiese gustado que incluyera presupuesto para poder hacerse cargo de los objetivos que precisamente esta ley se había planteado”, profundizó. 

Por ello, es que su bancada dio la señal de rechazar el proyecto en general y cuestionó, por ejemplo, la disposición sobre la revisión de mochilas e indicó que las mismas comunidades educativas se preguntan: “¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Revisar 100 mochilas, 200 mochilas, 300 mochilas a primera hora de la mañana? ¿Se van a retrasar las clases?”, expuso.

“Hay muchas dudas que no se responden y creemos que esto no se hace de la mejor manera. Da la sensación de que se legisla a toda marcha, a toda velocidad para poder levantar una consigna, una señal y terminar haciendo el reel”, señaló. 

Además, el parlamentario advirtió que el Gobierno no tuvo voluntad de escuchar las alertas de su sector: “Finalmente conversaron con nosotros, pero la respuesta no es de ceder, de decir ‘ok, recojo esto, recojo esto otro’, fue cero. Evidentemente eso genera frustración”.

Dudas sobre la estrategia en seguridad

El diputado Valenzuela, quien integra la Comisión de Seguridad, se refirió a la estrategia de seguridad del Gobierno y al liderazgo de la titular de la cartera, Trinidad Steinert.

“Nosotros en la comisión no hemos visto ningún proyecto relativamente nuevo, ni tampoco hemos visto un plan de seguridad”, criticó. 

Presidente José Antonio Kast y la ministra Trinidad Steinert. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

“Por eso han surgido conceptos como de ‘sequía legislativa’ respecto de uno de los pilares fundamentales y creo que no es gratuita la baja en popularidad o apoyo del Gobierno. Independiente de que no creemos mucho en el tema de las encuestas (…), algo dicen, hay una especie de promedio, algunas le apuntarán más, otras menos, pero hay un declive en el apoyo y eso tiene que ver con que una cosa es lo que se dice y otra lo que uno hace”, agregó. 

En ese sentido, Valenzuela enfatizó que el Ejecutivo “está bastante al debe respecto a lo que se prometió en campaña”. “A nosotros nos dijeron dos cosas: nos van a devolver la seguridad y nos van a enrutar en el camino del crecimiento. Hasta hoy día tenemos un bencinazo en el bolsillo de la clase media, y por el otro lado, la verdad que no nos sentimos más seguros”. 

En tanto, respecto al orden del PDG en el Congreso frente al proyecto de reconstrucción nacional, el diputado aseguró que están enfocados en que no se repita lo ocurrido en el periodo anterior (cuando se diluyó la bancada), por lo que están trabajando en superar las diferencias y “votar unidos”.

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El director ejecutivo global de Fundación Fútbol Más, Guillermo Rolando, abordó en conversación con Radio Universidad de Chile, el impacto del Premio Laureus World Sports Awards 2026, donde la organización chilena fue galardonada en la categoría Sport for Good.

“Todavía nos cuesta bajarnos del carro de las emociones”, confesó Guillermo Rolando, describiendo el ambiente tras la premiación en Madrid, donde compartieron con referentes del deporte mundial y equipos de distintos países.

Guillermo Rolando, director ejecutivo global de Fundación Fútbol Más. Foto: Archivo.

El ejecutivo detalló que el reconocimiento responde a una trayectoria de 18 años de trabajo social a través del deporte, marcada por la expansión internacional del modelo nacido en Chile. “Esto tiene mucho de esfuerzo sostenido, de cientos de miles de niños que han participado en distintas partes del mundo”, afirmó.

Uno de los elementos clave valorados es la metodología de Fútbol Más, que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo social, abordando no solo la actividad física, sino también la resolución de conflictos, la convivencia escolar y la salud mental.

En ese contexto, destacó el impacto de la “tarjeta verde”, símbolo central del modelo pedagógico. “Buscamos resaltar lo positivo: el respeto, el trabajo en equipo. Eso genera una conexión mucho más fuerte entre las personas”, explicó.

Rolando también relató el momento de la premiación, donde la tarjeta verde fue replicada por figuras del deporte presentes en la ceremonia. “Ver cómo esto se levanta frente al mundo es algo muy potente”, comentó.

De cara al futuro, el director adelantó nuevos desafíos como la expansión internacional de Fútbol Más y la coorganización de un mundial infantil de fútbol en Ciudad de México. “Queremos llegar a millones de niños en el mundo”, aseguró.

En tanto, subrayó que el objetivo es incorporar este enfoque en la educación física a nivel global, permitiendo un impacto masivo en la formación de niños y niñas.

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En el marco del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el Gobierno, la zanja que se levanta en la frontera norte de Chile registra hasta ahora un 20% de avance. La iniciativa busca fiscalizar el ingreso de migrantes en situación irregular e incluye distintas acciones en esa zona del país, entre ellas la construcción de dicha estructura.

En una sesión de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados, el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, entregó detalles sobre el proyecto.

Soto explicó que los trabajos comenzaron un par de semanas después del 11 de marzo y que, a la fecha, se han completado 12 kilómetros lineales de un total de 60 proyectados como meta. De esos 12 kilómetros, 3,5 corresponden a la Región de Arica y Parinacota, mientras que los 8,5 restantes se ubican en la Región de Tarapacá.

Soto añadió que la zanja tendrá un mantenimiento permanente. Asimismo, informó que el Ejército de Chile ha bloqueado seis sectores de paso gracias al despliegue de mil 100 efectivos. El comisionado destacó ante la Comisión que el Plan Escudo Fronterizo se sostiene sobre tres pilares: reforzar el control del tránsito en la frontera, mejorar la gestión limítrofe mediante la coordinación entre las policías, las FF. AA. y los organismos civiles, y potenciar la política migratoria.

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La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió este miércoles al proyecto de ley Escuelas Protegidas, una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria y que ya fue enviada al Senado.

En diálogo con Radio Duna, la secretaria de Estado reconoció la complejidad del escenario actual, marcado por un aumento de los hechos de violencia en los colegios. “Es un proyecto de ley sobre un tema del que no nos gustaría estar hablando, pero es una realidad”, afirmó.

Para dimensionar el fenómeno, la autoridad entregó cifras concretas. “El año 2025 hubo en promedio más de 40 delitos al día. Este es un problema que existía y que lamentablemente se ha hecho más frecuente en el tiempo”, indicó.

En ese contexto, abordó las dificultades que enfrentan los docentes al momento de intervenir. “Los profesores necesitan más facultades. Ellos hoy no se están pudiendo involucrar porque tienen la amenaza de la denuncia de la superintendencia”, sostuvo.

Frente a ese escenario, explicó que el proyecto busca fortalecer el rol del profesorado dentro de las comunidades educativas. “En este proyecto, explícitamente, le entregamos a los docentes la facultad de que puedan tomar medidas inmediatas y obligatorias”, señaló.

Consultada por las diferencias surgidas durante la tramitación con sectores de Renovación Nacional, Arzola restó dramatismo a la situación. “Las diferencias en la interna no son como se ven afuera, son diferencias más bien en la forma que en el fondo”, dijo.

En tanto, la ministra planteó que uno de los objetivos es modificar la percepción de los establecimientos respecto a la labor del Ministerio: “No queremos que sientan que el Ministerio de Educación es un obstáculo para todo lo que ellos hacen en el día a día”.

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El proyecto Stop Methane del Instituto Emmett de la Universidad de California en Los Ángeles publicó el segundo ranking global de los 25 vertederos con mayores emisiones de metano en todo el mundo. El informe “Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills” utiliza datos públicos de Carbon Mapper, basados en observaciones satelitales directas de 2025, para identificar los sitios de residuos con mayores tasas de emisión cuantificadas a nivel global. Cada uno de estos sitios representa una oportunidad concreta para que los operadores reduzcan emisiones de metano, un gas con un poder de calentamiento global 80 veces más alto que el CO2.

Y en este segundo informe emitido por la UCLA, nuevamente Chile registra una presencia importante. Si en el anterior ranking emitido en noviembre pasado el país registraba dos rellenos sanitarios en el top 10 de mayores emisores, esta vez se ubicó con tres rellenos en ese mismo ranking: Tiltil, de la empresa KDM (5°); Talagante, de Consorcio Santa Marta (6°); y Penco, operado por el Grupo EBI (9°).

En el primer informe dado a conocer en noviembre pasado, el relleno de Penco, en la Región del Biobío, se había ubicado en el tercer lugar del ranking con una tasa de emisión de 5 toneladas métricas por hora (tm/h), seguido en el cuarto lugar por el relleno de Talagante (RM) con idéntica tasa de emisión. En esta nueva edición del ranking, las mediciones situaron al relleno de Tiltil (RM) en el 5° lugar a nivel global con una tasa de 5,5 tm/h, seguido de Talagante en el 6° lugar (5.2 tm/h) y Penco en la 9° ubicación (5.0 tm/h).

Mapa de emisiones de metano al este de la Ruta 5 Norte.

El top 10 de mayores emisores de metano lo encabeza el relleno de Campo de Mayo en Buenos Aires, Argentina, con una tasa de 7.6 tm/h, seguido en el 2° lugar por Yakarta, Indonesia (6.3 tm/h) y Kuala Lumpur (Malasiaa, 6.0 tm/h). Además de los rellenos chilenos ya señalados, el listado lo completan Hyderabad, en India (4°, 5.9 tm/h); Riyadh, Arabia Saudita (7°, 5.1 tm/h); Bangkok, Tailandia (8°, 5.0 tm/h); y Curitiba, en Brasil (10°, 4.9 tm/h).

Para Juan Pablo Escudero, miembro del Emmett Institute de la UCLA y académico de la UAI, lo que busca este proyecto “es visibilizar la información sobre emisiones de metano que se encuentra públicamente disponible”.

“Si bien existe cada vez mayor conciencia sobre este problema, las emisiones destacadas en este listado son preocupantemente altas y presentes en casi todo el mundo. La buena noticia es que existen maneras de mitigar estas emisiones, y esperamos que este listado sirva para fomentar acciones concretas”, afirmó.

La identificación de emisiones de metano es hoy más fácil gracias a instrumentos satelitales capaces de detectarlo desde la órbita terrestre. El ranking de UCLA se basa en datos públicos proporcionados por la ong Carbon Mapper, en base a “plumas de gas” o eventos de altas emisiones de metano registradas por su satélite Tanager-1 y por el instrumento EMIT de la Nasa, ubicado en la estación espacial. Aunque existe la posibilidad de que existan sitios con mayores emisiones aún no detectados, durante 2025 estos instrumentos satelitales registraron casi 3 mil observaciones a las emisiones de 707 vertederos en todo el mundo.

Estos datos se publican en un momento clave, cuando Turquía se prepara para albergar la COP31 y ha lanzado una iniciativa para reducir emisiones del sector residuos.

Relleno sanitario.

Para Cara Horowitz, directora ejecutiva del Instituto Emmett de UCLA, “esta lista muestra que hay mucho trabajo por hacer“. “Estamos hablando de niveles realmente peligrosos de metano provenientes del sector residuos en una gran variedad de países, con muchos de estos sitios ubicados cerca de ciudades. La buena noticia es que los gobiernos y operadores pueden tomar medidas simples para prevenir estas emisiones masivas. Hacerlo protege tanto a las personas como al planeta”,

Avances en mitigación de metano en Chile

Se estima que un vertedero que emite 4 toneladas de metano por hora contribuiría tanto al calentamiento global como un millón de SUV o una gran planta de energía de carbón (500 megavatios). Se trata entonces de un problema climático importante, pero para el que Chile ya trabaja en soluciones por parte algunos de los mismos rellenos sanitarios que aparecen en el ranking.

Uno de los pasos más relevantes en los últimos meses fue el impulso en Chile a los instrumentos de precio y mercado de carbono asociados al Artículo 6.2 del Acuerdo de París, que permitió una movilización de más de US$1.400 millones para proyectos de mitigación de emisiones en el país que, entre otros, incluye la implementación de un proyecto para mejorar la eficiencia en la captura de biogás y generación de energía en el relleno sanitario de KDM en Tiltil.

En el relleno de Talagante, en tanto, el Consorcio Santa Marta anunció públicamente una inversión en un proyecto de almacenamiento de energía con baterías para poder inyectar de forma continua a la red -lo que hoy se complica por restricciones del sistema eléctrico-, lo que incrementaría en un 30% su capacidad de mitigación de metano.

En paralelo, en el país ya existen instrumentos como la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), cuya meta es valorizar el 66% de los residuos orgánicos municipales para 2040. Además, las compensaciones para el impuesto verde en Chile implementadas en 2023 permiten a empresas gravadas invertir en proyectos que disminuyan emisiones de metano, como la producción de biogás en dos rellenos sanitarios para generación eléctrica. Esto permitió la reducción de más de 2 millones de toneladas de metano en 2024, y hoy el desafío es ampliar el uso de esta herramienta para la gestión de residuos y sumar más rellenos a esta lista.

Además, se tramita en el Congreso un proyecto de ley de residuos orgánicos que, entre otras materias, busca prohibir el envío de residuos orgánicos a rellenos sanitarios y promueve su valorización; y la Ley Marco de Cambio Climático mandata la elaboración de un plan sectorial de mitigación de residuos que establece que, desde 2030, regirá una nueva norma que regula la operación de rellenos sanitarios, así como una norma de emisión de metano que permite también compensaciones para movilizar acciones de corto plazo.

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Este miércoles la Unión Europea desbloqueó el millonario préstamo por 90 mil millones de euros prometidos para Ucrania y que estaban bloqueados por Hungría, como medida de presión en una disputa con Kiev por un oleoducto dañado que transporta petróleo ruso.

El acuerdo, que llevaba dos meses bloqueado, fue posible después de que Hungría levantara su veto, en una reunión a nivel de embajadores comunitarios y que responde a la reanudación este miércoles del bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba hacia territorio europeo.

Budapest había impuesto como condición que el crudo volviera a circular a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania y precisamente este martes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que ya estaba reparado.

El primer ministro húngaro saliente, Víktor Orbán, acusaba a Kiev de retrasar a propósito la reparación de la tubería, que transporta petróleo ruso a través de Ucrania. Tras perder las elecciones de Hungría, todo fue desbloqueado.

Los embajadores europeos también aprobaron el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que debería haber entrado en vigor el pasado febrero, con motivo del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó este miércoles el inicio de una investigación sumaria ante posibles gestiones de diplomáticos para impulsar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La decisión se produce después de que el Ejecutivo decidiera retirar su respaldo a la exmandataria.

“Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí. Hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación”, sostuvo el secretario de Estado.

El canciller añadió que el objetivo de la indagatoria es verificar si lo denunciado es cierto, para luego establecer quiénes podrían estar implicados. “No tengo información concreta porque, como dije, estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto”, reiteró.

En otro punto, al ser consultado por las declaraciones de la expresidenta, quien aseguró que razones políticas motivaron la decisión del Gobierno de restarle apoyo a su postulación, Pérez Mackenna respondió que “eso ya lo hemos tratado muchas veces”. Justificó el cambio de postura por dos motivos: “La fragmentación de candidatos en la región” y “la percepción, a través de información que pudimos recibir, de que actores clave en este proceso no iban a apoyar su candidatura”.

El trasfondo de esta investigación tiene su origen en una publicación del medio Ex-Ante. Según dicho medio, funcionarios vinculados a la gestión de la exembajadora ante la ONU, Paula Narváez (PS), habrían desplegado diversas acciones para favorecer a Bachelet.

Fuentes diplomáticas citadas por el mismo medio señalaron a Claudio Garrido, ratificado por la administración de Gabriel Boric como representante permanente alterno en Nueva York. El círculo de mayor confianza de Garrido en la misión chilena habría enviado correos electrónicos relacionados con una reunión entre Bachelet y el presidente de la Asamblea General. Todo esto ocurrió pese a que, desde el 24 de marzo, cuando el Gobierno retiró el respaldo, se instruyó a embajadas y misiones abstenerse de cualquier gestión vinculada a esa candidatura.

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A pesar de que los países no quiebran, para llamar la atención de la opinión pública denostando al gobierno anterior, la actual administración del presidente Kast expresó que nuestro país estaba quebrado, dando cuenta de que al cierre de diciembre de 2025 la caja fiscal contaba con miserables U$ 40 millones, asunto técnico que fue aclarado, sin lugar a dudas, por Mario Marcel y otros destacados economistas. Justo este miércoles, el gobierno envió al Congreso el proyecto que contiene estas polémicas reformas, por lo que ahora el debate se traslada al legislativo.

Pues bien, este gobierno sostiene que para potenciar el crecimiento económico, ya que las cifras del mismo son muy reducidas, se han propuesto diversas medidas contenidas en un Plan de Reconstrucción Nacional, con las cuales se recuperará dicho crecimiento debido, entre otras cosas, a una serie de recortes fiscales y reducción de la burocracia, pues la ingeniosa palabra “permisología” posterga e incluso impide la consecución de los proyectos de inversión. Para ello, en primer lugar, conforme a la exigencia de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) se está desmantelando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que es muy fácil, ya que para ello basta con la emisión de decretos del ministerio de vivienda y urbanismo (Minvu) que se publican en el Diario Oficial.

A modo de ejemplo, con el argumento de liberar el uso del suelo para agilizar los procesos constructivos, vendiendo la pomada de que así se disminuye en hasta el 15% el precio de los inmuebles, habrá un cambio en el cálculo de densidad habitacional, reduciendo el número de personas por vivienda, con lo cual será posible construir mayor número de departamentos en los proyectos que se ejecuten en el mismo predio. También se exigirán menos estacionamientos ampliándose de los actuales 3 años a 6, para que se declaren las caducidades de los permisos mal cursados por los directores de obras municipales (DOM). Sobre éstas y otras alegres medidas de flexibilización, en la práctica, harán subir el precio de los terrenos.

En el ámbito del ministerio de Medio Ambiente ya se habla del “silencio administrativo positivo”, ardid con el cual se entienden aprobados los proyectos que no han sido resueltos por la administración, ello aunque esas inversiones generen perjuicios en el territorio donde se ejecuten, ya sea, urbano o rural. Otra pillería es la concerniente a reducir los 2 años a 6 meses, disposición contenida en el artículo 53° de la ley del procedimiento administrativo, los períodos máximos fijados para que las autoridades competentes invaliden los actos administrativos contrarios a derecho, lo cual es una gravitante ventaja para aquellos privados que son renuentes a ceñirse a las leyes.

A pesar de que este gobierno se declara como seguidor de la escuela económica austríaca, la que impulsa a todo trance el individualismo en las políticas productivas de libre mercado que llevan a cabo los gobiernos, por ende despreciándose al Estado, por su condición de reconocido ineficiente, nos encontramos con la sorpresa de que, para solucionar el sobre stock de 100.000 viviendas que las empresas constructoras no han podido vender en el mercado, esta administración de Kast le está solucionando el problema a ese sector privado, al eliminar el pago de IVA por el período de un año, en las transacciones comerciales de las mismas. Luego, con recursos públicos que el Estado deja de percibir, se ayuda a esos influyentes empresarios para que vendan sus inmuebles.

Otro asunto, ya grotesco, es el cambio en la relación Estado-Inversionistas, pues ahora si un proyecto de cualquier tipo que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y enseguida, por justificados reclamos de terceros, es rechazado en instancias judiciales, los gastos incurridos deberán ser reembolsados por el mismo Estado al privado.

Y ya para sonreír, se intenta modificar la disposición referida al impuesto territorial, conocido como contribución de bienes raíces. Actualmente las personas mayores de 65 años, tercera edad, no pagan esas contribuciones por las viviendas en que residen, si las mismas tienen hasta un cierto avalúo fiscal y si sus ingresos declarados en el Servicio de Impuestos Internos (SII) están limitados a determinados montos de dinero. Ahora el gobierno de los poderosos propone que esta exención no tenga ambas condicionantes, por lo tanto se pretende favorecer a aquellos que residen en casas-habitación con avalúos superiores, sin tope, y que sus ingresos monetarios sean de varios millones de pesos, por lo tanto afectándose al denominado fondo común municipal que beneficia a las comunas más pobres del país.

De esta manera el calificado canciller Pérez Mackenna, quien dispone de 14 automóviles de lujo, entre Mercedes Benz, BMW, Aston Martin, Porsche, Mac Laren y otros de alta gama, los debe estacionar en su amplia y elegante casa-habitación, por la cual no pagará ni un céntimo por concepto de impuesto territorial, lo mismo que sucederá con nuestros compatriotas, quienes por sus habilidades para los negocios, concentran la riqueza del país.

Sobre cuestiones anecdóticas que suceden durante el actual gobierno, conforme a la farándula de moda que cuenta con tantos seguidores, tenemos una razonable duda respecto del chisme del fotógrafo y contertulio televisivo, Jordi Castell, quien asegura que una ministra de Kast es “íntima amiguita” de un hombre casado, con el cual comparte el techo y, por otro lado, no creemos que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, como lo aseguran abogados y periodistas, haya tenido un pololo agente de la PDI en Iquique, cuando ella ejercía el cargo de Fiscal Regional de Tarapacá. Pero sí nos pareció fuera de lugar que ella haya citado a su oficina a Eduardo Cerna, director nacional de la PDI, para formularle comentarios sobre la prefecta general, Consuelo Peña, pues en rigor institucional, Steinert debió solicitarle la entrevista a Cerna para realizarla en la oficina de éste.

En relación al criticado y burlesco comportamiento de Mara Sedini, ministra vocera de gobierno, recordamos que tiempo atrás, con motivo de la inundación de cientos de casas de alto precio en Curicó, mal emplazadas por la empresa constructora del senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, el canal Chilevisión invitó a la política del PPD, Natalia Piergentili, a quien suscribe esta columna de opinión y a la entonces actriz y cantante, Mara Sedini, para que los 3 nos refiriéramos en directo a la tragedia que estaba ocurriendo. El entrevistador era el conocido periodista, Julio César Rodríguez, y quienes dejamos muy mal parado al senador Galilea fuimos Piergentili y mi persona. La actual vocera Sedini, tan locuaz y repetitiva de conceptos cuando enfrenta a los periodistas, estuvo absolutamente muda en todo ese programa de televisión. ¿Habrá sido porque ella, por motivos ideológicos, no quiso incomodar al senador de derecha?

En resumen, estaremos regidos por 4 años por un gobierno de extrema derecha, elegido democráticamente por la mayoría de los chilenos y por lo tanto habrá que soportarlo con paciencia musulmana.

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Como parte de su agenda programática “Acercar el Arte a las personas“, la Sala de Arte CCU presenta la exposición “Formas desde el subsuelo”, ganadora de la Convocatoria CCU en el Arte 2025 y que propone una mirada expandida y experimental sobre la cerámica, entendiéndola como un medio en tránsito: un territorio donde convergen escultura, materialidad, proceso y exploración, abierto al cruce con otros lenguajes artísticos.

La propuesta curatorial se articula a partir de un montaje coral, en el que las obras se disponen en distintos niveles y soportes, generando un sistema de relaciones dinámicas. Más que una exhibición lineal, la sala se configura como un campo de interacción donde las piezas dialogan, se contrastan y se potencian mutuamente, invitando al espectador a recorrerla como un territorio de capas y cruces.

El título de la exposición remite tanto al origen material de la cerámica —arcilla, minerales, sedimentos— como a un plano simbólico en el que se acumulan saberes, experiencias y procesos. Desde esa profundidad, “Formas desde el subsuelo” propone una mirada sobre la cerámica como un lenguaje vivo, capaz de desplazarse entre la artesanía, el diseño y el arte contemporáneo.

El montaje incorpora elementos industriales y arquitectónicos que evocan distintos contextos en los que la cerámica circula, como el taller, la bodega o el archivo, ampliando las posibilidades de lectura de cada obra según su ubicación y relación con el conjunto.

Exposición “Formas desde el subsuelo”.

Sobre la curaduría, Patricio Kind Larraín comentó que “la exposición busca tensionar la idea tradicional de la cerámica, desplazándola desde su dimensión utilitaria hacia un campo más experimental, donde el material se vuelve un lenguaje abierto a la especulación y al cruce con otras disciplinas”.

Por su parte, Claudia Verdejo, jefa del programa CCU en el Arte, señaló que “esta exposición refleja nuestro compromiso con impulsar plataformas que visibilicen prácticas artísticas contemporáneas y fomenten el encuentro entre creadores y públicos diversos.”

Como parte de la programación, la muestra contará con visitas guiadas gratuitas para el público general, orientadas a profundizar en los procesos creativos, materialidades y cruces presentes en la exhibición. Estas instancias buscan enriquecer la experiencia de recorrido y acercar los contenidos de la muestra a distintas audiencias. Los horarios y fechas de las visitas serán informados a través de los canales oficiales de Sala de Arte CCU.

Los artistas participantes son Renata Ayala, Magdalena Atria, José Cori, Macarena Correa, Colomba Fontaine, Martín Kaulen, Patricio Kind, Mariette Lefranc, Rocío Olivares, Daniela Pulido, Valentina Soto, Paula Subercaseaux, Catalina Vial y Catalina Zarzar. Esto, en el marco de un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales gracias al apoyo de la Fundación Inversión Cultural (FINC).

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El Gobierno ingresó finalmente este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional. La iniciativa, altamente cuestionada por la oposición en las últimas semanas, busca dinamizar el crecimiento y ya comenzó a ser discutida entre las bancadas, con el oficialismo desplegando gestiones para asegurar su viabilidad legislativa.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, valoró el proceso previo al ingreso del proyecto, destacando que el Ejecutivo abrió un espacio de diálogo con distintos sectores políticos.

“Hubo un plazo de un par de semanas en donde el Ejecutivo se dio el tiempo en escuchar a las diferentes bancadas, sean oficialistas como oposición, para lograr un mayor acuerdo, no un consenso, pero a lo menos puntos en común en lograr una aprobación de este proyecto”, afirmó, y subrayó que el objetivo inmediato es iniciar la tramitación legislativa.

En relación con el rechazo anticipado desde sectores de izquierda, particularmente del Partido Comunista y el Frente Amplio, Weisse sostuvo que se trata de una postura previsible. “Han instalado un discurso que es precisamente esta lucha de clases, de los ricos contra los pobres, darle a los grandes capitales, beneficiarlos pero nosotros estamos convencidos de que esto es una forma de generar el desarrollo, de promover la reactivación, generar los empleos”, señaló.

La parlamentaria defendió que el núcleo del proyecto radica en generar condiciones favorables para la inversión, apuntando a la necesidad de otorgar certidumbre para atraer capitales y fomentar la creación de empleo. “Estamos convencidos que ese es uno de los elementos troncales, incluso el corazón del proyecto y no es novedad para nosotros porque esto ha sido siempre una postura de la izquierda, estando en gobierno o en oposición, pero lo que importa es tener la mayoría de los votos y en eso se ha estado trabajando”, agregó.

Uno de los focos clave en la discusión legislativa será el rol del Partido de la Gente, cuyos votos podrían resultar decisivos en la Cámara de Diputados. Según Weisse, el oficialismo cuenta con una base cercana a los 76 votos, pero requiere al menos 78 para avanzar.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, firma el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

En ese contexto, enfatizó la importancia de alcanzar acuerdos: “El PDG ha tenido un discurso en relación a la clase media, a proteger a las pymes, que nosotros como sector y como UDI también lo hemos planteado. Por eso hay que analizar el proyecto (…) y llegar a acuerdo”.

“Cuando se llega a acuerdo no es una sola postura la que logra imponerse (…) tiene que haber concesión tanto del Ejecutivo como también del PDG”, complementó Weisse, recalcando que “lo fundamental es empezar a legislar este proyecto”.

En cuanto a la percepción ciudadana, la diputada reconoció que existen dudas sobre el impacto concreto del proyecto, especialmente en los plazos en que se traduciría en mejoras económicas. En esa línea, hizo hincapié en la necesidad de una estrategia comunicacional clara: “Hay un punto en cómo esto se comunica, en cómo se va a ir avanzando en la comunicación respecto a cuáles van a ser los efectos y en el momento en que se van a ver los efectos para generar efectivamente el desarrollo y el empleo”.

En tanto, indicó que los efectos del plan deberían comenzar a percibirse en el corto a mediano plazo: “En 12 meses deberíamos empezar a notar algunos efectos positivos”.

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El básquetbol chileno celebra un hito que trasciende generaciones. Ismenia Pauchard fue incluida oficialmente en la Clase 2026 del FIBA Hall of Fame, convirtiéndose en leyenda del deporte a nivel global.

La exseleccionada nacional, fallecida en 2004, recibió este reconocimiento de manera póstuma en una ceremonia realizada en Berlín, donde compartió distinción con figuras icónicas como Sue Bird, Dirk Nowitzki y Hedo Türkoğlu, entre otros.

Con este logro, Pauchard se convierte en la primera chilena en alcanzar este honor y en la cuarta sudamericana, reafirmando su impacto histórico en el desarrollo del básquetbol femenino.

La presidenta de la Federación de Básquetbol de Chile, Karin Heerwagen, valoró el reconocimiento con emoción:
“Oficialmente Chile entra a la historia del básquetbol mundial. Ismenia no solo abrió caminos a las siguientes generaciones, sino que sigue motivando con su legado”.

Una trayectoria que marcó época

Integrante de la selección chilena durante las décadas de 1950 y 1960, Pauchard fue protagonista de una de las etapas más exitosas del país. Lideró al equipo nacional a títulos sudamericanos en 1956 y 1960, además de múltiples podios continentales.

Su impacto también se reflejó en el ámbito internacional: fue tercera máxima anotadora en dos ediciones de la Copa del Mundo Femenina (1957 y 1964), consolidándose como una de las grandes figuras de su tiempo.

En los Juegos Panamericanos, alcanzó una medalla de plata en 1955 y dos bronces posteriores, mientras que a nivel de clubes brilló con Colo-Colo, donde conquistó múltiples títulos locales y nacionales.

Más allá de sus logros deportivos, el reconocimiento a Pauchard instala un mensaje potente sobre el desarrollo del deporte femenino en Chile. Su historia abrió camino a nuevas generaciones y hoy, décadas después, su nombre queda inscrito entre las más grandes figuras del básquetbol mundial.

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La Coalición por la Igualdad de Derechos (CID), organismo intergubernamental fundado en 2016 e integrado por 44 Estados, se pronunció contra la criminalización de relaciones entre personas del mismo sexo, postura que contó con el respaldo de Chile y fue valorada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“Tras señales negativas para los derechos LGBTIQ+ dadas por la Cancillería chilena, este es el primer abordaje positivo del Gobierno de José Antonio Kast en torno a las diversidades sexuales”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

La declaración, firmada por 30 países de la CID, expresa su “profunda preocupación” por el aumento de leyes que promueven la criminalización de la homosexualidad, señalando que desde 2023 algunos Estados han impulsado normas en esa línea.

El documento advierte que el endurecimiento de sanciones penales por orientación sexual o identidad de género contraviene las obligaciones internacionales en derechos humanos asumidas por los Estados.

Para los países firmantes, estas medidas vulneran el principio de igualdad y no discriminación, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de aumentar los riesgos de persecución, violencia y exclusión social contra las personas LGBTIQ+.

Asimismo, alertaron que la criminalización restringe el acceso a servicios esenciales como salud y justicia, perpetuando ciclos de discriminación estructural y debilitando el Estado de derecho.

“El contexto generado promueve el miedo, la polarización y la estigmatización, constituyendo un riesgo para los derechos y libertades fundamentales”, señala el texto.

El organismo exhortó a los Estados a avanzar hacia la despenalización de la homosexualidad, garantizar la protección efectiva de los derechos LGBTIQ+ y evitar la aprobación de leyes que sancionen relaciones consensuadas.

También llamó a la comunidad internacional a apoyar a las personas en riesgo y fortalecer la cooperación con organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.

El pronunciamiento ha sido firmado por países como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Suecia, entre otros.

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La Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto que crea el delito de ingreso clandestino, iniciativa originada en la Cámara de Diputados que modifica la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

El texto —moción de diputados oficialistas— llegará con informe negativo al Senado este miércoles, tras el rechazo con los votos en contra de la senadora Danisa Astudillo (PS) y los senadores Esteban Velásquez (FREVS) y Juan Luis Castro (PS). A favor votaron Renzo Trizotti (Republicano) y Arturo Longton (RN).

Con todo, existió consenso en la necesidad de ordenar el sistema migratorio en Chile, aunque la penalización del ingreso irregular fue ampliamente cuestionada por los expositores, incluyendo a la Policía de Investigaciones (PDI), que advirtió que la medida solo sería efectiva con recursos adecuados y correcta implementación.

Asimismo, se expusieron dificultades en la expulsión de migrantes venezolanos, señalando que cerca de 6 mil ciudadanos no han podido ser reconducidos debido a la falta de relaciones consulares con Venezuela.

Por su parte, la defensora nacional, Verónica Encina, sostuvo que el endurecimiento de sanciones penales no sería un mecanismo disuasivo efectivo para frenar el ingreso irregular.

Fundamentaciones del rechazo

Al explicar su voto en contra, la presidenta de la comisión, Danisa Astudillo, señaló que “no es un buen proyecto”, enfatizando que penalizar el ingreso irregular no es disuasivo, según lo recogido en las audiencias.

Además, advirtió la falta de análisis sobre los costos del proyecto, especialmente en relación con la sobrecarga del sistema judicial y el impacto en tribunales.

En contraste, el senador Renzo Trizotti reconoció que existen dudas, pero valoró la disposición del Ejecutivo para introducir mejoras, anunciando su respaldo.

El proyecto será discutido como primer punto de la tabla del Senado este miércoles 22 de abril, en una sesión clave para el futuro de la legislación migratoria en Chile.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión indefinida del alto el fuego en el conflicto con Irán, a pocas horas de que terminara la tregua, señalando que la decisión busca dar más tiempo a las negociaciones de paz.

Trump realizó el anuncio en Truth Social y explicó que responde a una solicitud de Pakistán como país mediador. Además, indicó que el bloqueo de puertos iraníes por parte de Estados Unidos continuará hasta que Teherán presente una “propuesta unificada“.

La tregua entre Estados Unidos e Irán debía expirar este miércoles, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones en Islamabad.

Advertencias y reacciones internacionales

Previamente, Donald Trump había advertido que no extendería el alto el fuego y que se reanudarían los bombardeos una vez finalizado el plazo.

Por su parte, Irán no emitió comentarios inmediatos tras el anuncio, pese a que consideraba que la tregua finalizaría a las 00:00 GMT.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, valoró la medida y expresó su esperanza de que ambas partes respeten el cese al fuego y avancen hacia un acuerdo de paz en Oriente Medio, en una nueva ronda de diálogos en Islamabad.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la decisión como un “avance hacia la desescalada del conflicto“, según indicó su portavoz.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución de Irán habían lanzado advertencias a los países del Golfo, señalando que cualquier apoyo a acciones militares contra Teherán podría afectar la producción de petróleo en Oriente Medio, elevando la tensión en los mercados energéticos.

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó este miércoles el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, una propuesta clave del Ejecutivo que busca reactivar la economía, impulsar el empleo y acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes, en el marco de lo que el gobierno ha denominado un “gobierno de emergencia”.

La iniciativa contempla una batería de medidas económicas y sociales, entre ellas ajustes tributarios, incentivos a la inversión, modificaciones a la permisología ambiental y apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas, junto con cambios en el sistema de educación superior.

Durante la ceremonia de firma, el Mandatario destacó el respaldo político que ha recibido la propuesta, agradeciendo “la colaboración permanente” de los partidos de su coalición, así como la disposición de parlamentarios independientes y de otras colectividades.

“Este si bien es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. Puede marcar un antes y un después para el desarrollo de nuestra patria”, afirmó.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, firma el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional.
Dragomir Yankovic/Aton Chile.

El Presidente puso énfasis en la situación económica actual del país, señalando que más de 800 mil personas se encuentran sin empleo y que el crecimiento económico se mantiene en torno al 2%.

“Chile puede crecer mucho más que el 2% anual que hoy día tenemos. Chile no está condenado a tener un 8% de desempleo”, sostuvo.

En esa línea, defendió que el proyecto apunta directamente a mejorar la calidad de vida de las personas. “¿Quiénes ganan con este proyecto? Los jóvenes que hoy día en un porcentaje mayoritario están dentro de las cifras de desempleo; las familias que quieren adquirir su primera vivienda; y los adultos mayores que con dificultad llegan a fin de mes”, indicó.

Entre las principales medidas, el plan propone reducir el impuesto de primera categoría del 27% al 23% de forma gradual, con el objetivo de fomentar la inversión. Asimismo, considera un crédito tributario por cerca de 1.400 millones de dólares destinado a fortalecer el empleo formal y beneficiar a unas 235 mil pymes.

El Mandatario también apuntó a la necesidad de entregar mayor certeza a los inversionistas y reducir los tiempos de tramitación de proyectos. “Uno necesita reglas claras para invertir y saber en el tiempo cuánto le va a tocar pagar de impuestos”, afirmó.

En materia de reconstrucción, el gobierno enfatizó la urgencia de avanzar con rapidez en la reposición de viviendas tras los incendios que afectaron a distintas regiones del país. Según se informó, más de 20 mil personas en Ñuble y Biobío esperan soluciones habitacionales.

El Presidente realizó además un llamado al Congreso a debatir la iniciativa con apertura. “La peor manera de legislar en este caso es no haber conocido el proyecto de ley y decir que uno se va a oponer a la idea de legislar”, cuestionó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reforzó el enfoque económico de la propuesta, asegurando que el objetivo es recuperar la competitividad del país. “Con más inversión hay crecimiento, con más crecimiento hay empleo y con más empleo hay bienestar”, señaló.

El proyecto iniciará ahora su tramitación en el Congreso, donde el Ejecutivo espera sumar apoyos para avanzar en una agenda que considera prioritaria para la reactivación económica y social del país.

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Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, una fecha destinada a fomentar la lectura y destacar la importancia del libro y del derecho de autor en nuestra sociedad. Para conmemorarla, el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM) invita a descubrir una de las piezas bibliográficas más extraordinarias de su acervo: España en el corazón, un tesoro del patrimonio cultural latinoamericano y una obra emblemática del Premio Nobel Pablo Neruda.

Escrita por el poeta en plena Guerra Civil Española (1936-1939), la obra resguardada por el núcleo patrimonial de la Universidad de Chile fue publicada en 1938 por las Ediciones Literarias del Comisariado del Ejército del Este en Barcelona, específicamente en los talleres abandonados de la Abadía de Montserrat, y constituye una pieza fundamental tanto por su contenido como por su materialidad.

Esta edición fue elaborada en circunstancias de guerra por soldados republicanos, quienes utilizaron el antiguo taller de impresión del monasterio benedictino, uno de los más importantes de Cataluña desde el siglo IX y hogar de la Virgen “Moreneta”. Los milicianos buscaron dar forma a los versos que Neruda escribió inspirado en la convivencia con los combatientes y en el asesinato de su amigo, el poeta Federico García Lorca.

Estos sucesos impactaron fuertemente la visión política de Neruda, quien decidió escribir este libro relatando los horrores de la guerra y la desolación de las víctimas, rindiendo así homenaje a los defensores de la República. “Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y cuchillos”, escribió el poeta en esta publicación.

Esta obra llegó al Archivo Central Andrés Bello tras la donación que hizo el propio Pablo Neruda en 1954 de su biblioteca privada a la Universidad de Chile. Se trata del ejemplar España en el corazón n.º 41 del primer tiraje, que fue de apenas 500 ejemplares. En la actualidad, este libro es uno de los pocos disponibles para consulta pública a nivel mundial.

Un libro hecho de historia

Uno de los aspectos más particulares de esta edición es el papel en que fue impreso. Elaborado artesanalmente por los propios soldados de la Guerra Civil Española en la fábrica abandonada del monasterio, el material incorpora fibras provenientes de ropas y vendajes de milicianos caídos, trofeos de guerra, una bandera enemiga y la camisa de un prisionero.

Para Loreto Millar, coordinadora del Área de Conservación y Patrimonio, este libro “permite estudiar la historia del papel desde una perspectiva material, evidenciando uno de los últimos procesos manuales de alta calidad en Europa, antes del predominio de la pasta mecánica, que aceleró la producción, pero disminuyó la durabilidad”.

Por otro lado, desde el Archivo Central Andrés Bello señalan que la encuadernación actual, realizada en cuero, con decoraciones doradas y papel marmoleado, no corresponde a la fabricación original del ejemplar, pero forma parte de la trayectoria del libro como objeto, reflejando su valor y cuidado a lo largo del tiempo.

Un ejemplar político, social y simbólico

España en el corazón. Himno a las glorias del pueblo en la guerra representa un testimonio directo del pensamiento político y del compromiso humano de Pablo Neruda. Nathaly Calderón, coordinadora del Área de Educación Cultural y Mediación, señaló que “este libro posee una historia profundamente simbólica, tanto como objeto como por su temática. Fue elaborado por soldados republicanos en contexto de guerra, y su contenido constituye una denuncia poética de la violencia y una exaltación de la dignidad humana”.

En una de las primeras páginas del ejemplar se puede apreciar una dedicatoria del comisario de guerra José Ignacio Mantecón a la República de Chile y al propio Neruda, reconociendo su labor internacional solidaria. En este detalle se observa cómo la obra se transforma también en un documento político y diplomático.

Daniela Lehto, integrante del Área de Educación Cultural y Mediación, comentó que parte de la experiencia personal del poeta queda de manifiesto en los pasajes del libro narrados en primera persona. “Neruda expresa su dolor por el asesinato de su gran amigo Federico García Lorca, mientras se presenta como un testigo atónito ante las consecuencias humanas de la guerra. El libro se convierte en un valioso testimonio de un conflicto de alcance global, tanto en términos materiales como narrativos”, dijo.

Recorrido patrimonial abierto a la comunidad

En el marco del Mes del Libro, el Archivo Central Andrés Bello invita a participar el próximo jueves 30 de abril, a las 16:00 horas, en un recorrido mediado por sus salones patrimoniales, donde se exhibirá este y otros libros de alto valor histórico.

Las inscripciones, con cupos limitados, están disponibles aquí.

Durante esta visita, las y los participantes podrán conocer obras como España en el corazón de Pablo Neruda, Los cantos de Petrarca -el libro más antiguo de la Universidad de Chile, que data de 1484- , así como diversas ediciones patrimoniales.

Con esta y otras instancias, el Archivo Central Andrés Bello promueve la reflexión en torno a la materialidad del libro España en el corazón, su contenido y su relevancia en la construcción de memoria cultural. Asimismo, busca acercar el patrimonio universitario y nacional a la ciudadanía, generando espacios de encuentro que fomenten la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico.

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La“Nakba del Líbano”, así es como algunos medios internacionales llaman a la dramática situación que hoy se vive en el sur del país. Una expresión cargada de simbolismo para el mundo árabe, que busca dar cuenta de una crisis humanitaria de gran escala, marcada por la destrucción masiva, el desplazamiento de población civil y una violencia que, para muchos, ya evoca lo ocurrido recientemente en Gaza.

Un conflicto de larga data

El escenario actual no surge de la nada, los orígenes de este conflicto se remontan a la guerra árabe-israelí. Los israelíes la llaman “la guerra de liberación o independencia”, mientras que para los palestinos fue la “Nakba”, la catástrofe, por su traducción.

Hombre libanés arrodillado en el suelo rodeado de los restos de lo que fuese su hogar en Beirut. Vía X@Timesofgaza

Tras esta guerra cientos de miles de palestinos desplazados fueron expulsados a diversos países, entre ellos el Líbano. Si bien, en un inicio, el país no sería el centro de establecimiento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), la expulsión de este grupo de Jordania convirtió al Líbano en su centro de operaciones.

La presencia de la OLP en el Líbano generó roces con el gobierno de facto, era una suerte de “Estado dentro del Estado”, esto los llevó a enfrascarse en una guerra civil que duró 15 largos años, en la que Israel intervino en dos ocasiones. La última en 1982, en la que se quedó al sur del río litani. Esa presencia israelí en el sur del país derivó en la creación del “partido de Dios”, mejor conocido como Hezbollah.

Desde entonces, las relaciones entre Israel y Hezbollah han estado marcadas por las hostilidades con momentos de mayor y menor conflictividad, ambos se consideran uno al otro enemigos irreconciliables.

Luego de una feroz guerra en 2006, existía un frágil status quo que había sobrevivido hasta la ofensiva israelí sobre Gaza, iniciada tras los ataques del 7 de octubre del 2023 para eliminar a Hamás, la organización hermana de Hezbollah. Luego del bombardeo de varias ciudades y la eliminación de varios de sus cabecillas, se estableció una nueva tregua el 2024.

En la actualidad, cuatro días después de que Israel y Estados Unidos iniciaran una ofensiva directa contra Irán, el conflicto se expandió rápidamente hacia el Líbano y Hezbollah entró de lleno a las hostilidades del lado iraní. Desde entonces, Israel ha desplegado una campaña militar sin precedentes marcada por la brutalidad.

La doctrina Dahiya y la brutalidad de la operación Oscuridad Eterna

Bautizada como “Operación Oscuridad Eterna”, los bombardeos sistemáticos y el uso de armamento de alta capacidad destructiva han sido la tónica. El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha tenido problema en justificar los ataques en zonas densamente pobladas bajo el argumento de que Hezbollah opera desde túneles y centros de mando ocultos bajo infraestructura civil.

Soldados israelíes operando en territorio libanés. Vía X@IDF

Barrios completos en el sur de Beirut, especialmente en la zona de Dahiya, así como localidades en el valle de la Becá y el sur del país, han quedado prácticamente reducidos a escombros. La magnitud de los ataques ha reactivado el debate sobre la llamada “Doctrina Dahiya”, una estrategia militar israelí que plantea el uso de fuerza desproporcionada en zonas civiles para debilitar la base social de grupos armados como Hezbollah.

Hoy, las cifras reflejan la gravedad de la crisis. Más de 2 mil 300 personas han muerto en Líbano desde el inicio de la ofensiva, y más de 7 mil 600 han resultado heridas y más de 1,1 millones de personas, alrededor del 20% del país han tenido que abandonar sus hogares, en una crisis humanitaria que no tiene precedentes recientes en el país.

Las condiciones son precarias, acceso limitado a agua potable, alimentos escasos y un sistema sanitario que ya estaba debilitado por años de crisis económica y política.

El sistema de salud es uno de los sectores más golpeados. Decenas de trabajadores sanitarios han muerto, hospitales han sido dañados o cerrados, y la capacidad de atención se ha visto seriamente reducida.

Uno de los episodios más violentos fue el ya conocido como “Miércoles Negro” cuando el 8 de abril, en apenas minutos, una oleada de bombardeos en el centro de Beirut dejó 357 muertos y más de mil heridos, convirtiéndose en el día más letal de la ofensiva. Israel justificó la operación como un ataque preventivo ante la supuesta inminencia de un lanzamiento de misiles desde áreas civiles.

Actualmente, Israel mantiene también una presencia terrestre en el sur del Líbano, donde busca establecer una zona de amortiguamiento de hasta 8 o incluso 10 kilómetros de profundidad. Se estima que controla cerca del 15% del territorio libanés, principalmente al sur del río Litani, con el objetivo de impedir que Hezbollah continúe operando cerca de la frontera.

El objetivo declarado es crear una franja deshabitada que funcione como barrera de seguridad, lo que ha impedido el retorno de miles de civiles que intentan volver a sus hogares tras los bombardeos, se aplicará el “modelo de Rafah y Beit Hanoun” barrios de la devastada Gaza, en palabras del ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Israel Katz, ministro de defensa de Israel junto a Benjamín Netanyahu, primer ministro del país. Vía X@Israel_katz

Una tregua negociada sin Hezbollah y la sombra de la guerra civil

El 16 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano, tras una intensa mediación. Sin embargo, desde su entrada en vigor, ambas partes se han acusado mutuamente de violar la tregua, con ataques esporádicos que evidencian lo inestable del acuerdo.

Las negociaciones continúan en Washington, donde se han producido reuniones directas entre representantes de Israel y Líbano por primera vez en décadas. El objetivo es extender la tregua y avanzar hacia algún tipo de acuerdo más duradero. Sin embargo, estas conversaciones enfrentan un obstáculo clave, la exclusión deliberada de Hezbollah.

El grupo armado no solo rechaza cualquier negociación con Israel, sino que ha calificado la tregua como un insulto. Esta situación tensiona aún más el escenario interno libanés, donde el gobierno intenta avanzar en un proceso de desarme que, en la práctica, no tiene la capacidad de imponer.

La tensión entre el Estado y Hezbollah podría escalar hacia un conflicto interno, reviviendo los fantasmas de la guerra civil que marcó al país durante décadas. En ese contexto, el conflicto deja de ser solo una guerra regional y se transforma en una amenaza directa a la estabilidad del propio Líbano.

A nivel internacional, la respuesta ha sido limitada, existe un dilema complejo, sobretodo para occidente, cómo criticar la ofensiva israelí sin ser acusado de respaldar a Hezbollah o a la influencia iraní en la región, al mismo tiempo que existe una incapacidad irracional de condenar a Israel con la misma fuerza.

Esta ambigüedad ha contribuido a una especie de parálisis internacional, donde predominan los llamados a la moderación, pero sin medidas concretas que logren frenar la violencia.

Existe una “fatiga de la compasión”, tras años de conflictos en Ucrania, Gaza y otras regiones, la atención internacional parece haberse saturado, reduciendo el impacto mediático y político de nuevas crisis, incluso cuando alcanzan niveles de gravedad como los que hoy se observan en el Líbano.

Mientras tanto, comunidades enteras han sido arrasadas, miles de familias siguen desplazadas y la violencia continúa, incluso en medio de una tregua que pende de un hilo y que queda suprimida a un segundo plano por la guerra contra Irán que termina arrastrando este frente.

Una realidad que no solo pone en juego el equilibrio regional, sino también la capacidad de la comunidad internacional para responder ante una crisis que, día a día, sigue cobrando vidas y profundizando una de las tragedias humanitarias más graves del momento.

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Un nuevo flanco abrió el Gobierno en torno a Codelco tras la reciente junta de accionistas de la empresa pública, instancia en la que fue cuestionada la gestión encabezada por Máximo Pacheco. En ella se plantearon dudas respecto del nivel de endeudamiento y el desempeño productivo de la estatal.

Tras la cita, se reabrió el debate sobre una eventual apertura al capital privado. Desde el Gobierno no han abordado formalmente la opción de una privatización. Sin embargo, el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, señaló que la actual administración ve con “una mirada crítica lo que está pasando en Codelco”.

Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Minería, Daniel Valenzuela, respaldó los cuestionamientos del Ejecutivo y puso el foco en el deterioro financiero de la empresa. “Si bien el Estado ha sido financiado durante la vida de Codelco con más de $180 mil  millones de dólares, algo que nos preocupa mucho es cómo crece la deuda en Codelco. No puede ser que en los últimos cinco años la deuda se haya disparado en más de $5 mil millones de dólares”, comentó y afirmó que “respaldamos las palabras del Ejecutivo”.

Biministro de Minería y Economía, Daniel Mas. Foto: Aton.

No obstante, el parlamentario descartó un escenario de privatización en el corto plazo. “No hay espacio para hablar de privatizar Codelco, lo que sí es necesario es darle más de una mirada. No es posible que esta deuda crezca tanto”, insistió Valenzuela.

Reflexiones de expertos

El análisis técnico y político mostró sus matices en torno a la discusión. La abogada y jefa editorial de Faro UDD, Fernanda García, sostuvo que la idea de abrir la propiedad de la estatal ha estado presente hace años en ciertos círculos y que su reaparición no es casual.

“Es un poco teoría del complot. Hace mucho tiempo está este ruido y uno sabe que existen posiciones, porque además hay experiencias comparadas que han propuesto que el déficit estructural que tiene Chile, que está llegando al 41%, y estamos cerca del límite que plantea el Consejo Fiscal Autónomo del 45%, la línea roja, que todos los problemas se solucionarían, si es que Codelco fuera privatizado. No en un 100%, sino en un 49%”, señaló durante su participación en el panel de conversación de Radioanálisis.

Desde esa perspectiva, García vinculó el debate con necesidades fiscales y con cuestionamientos a la gestión de la empresa, ámbitos que quedaron instalados con fuerza tras la junta de accionistas.

En contraste a la posición expresada por el Ejecutivo, el economista y académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, relativizó la idea de una crisis estructural y puso el acento en factores operacionales y de largo plazo, marcando una diferencia con las lecturas más alarmistas.

“No me gusta hablar de crisis, pero configura un escenario en que hay que hacer cambios importantes. Lo principal aquí es que el gobierno entrante ha elaborado un relato que es muy catastrófico sobre Codelco, en mi opinión, que no tiene un diagnóstico adecuado y tampoco tiene un plan”, afirmó.

El economista agregó que “reducir el problema a que Codelco sea más eficiente es una simplificación que no lleva a absolutamente nada”.

Jorge Quiroz, Daniel Mas y Máximo Pacheco en junta de accionistas de Codelco. Diego Martin/Aton Chile.

En esa misma línea, García describió cómo el argumento se ha articulado en el debate público. “Uno escucha una y otra vez que se plantea: ‘todos sabemos que este tema está fuera de la mesa, pero que todo se solucionaría si hubiera una privatización de Codelco, no total, sino parcial’. Y que de ese modo se tendría una cantidad de recursos fiscales importantes que se podrían destinar a política pública inmediata, que no tiene financiamiento, cito como ejemplo que he escuchado: Sala Cuna Universal”, indicó.

Lagos, en tanto, abordó las causas del deterioro reciente de Codelco, el cual atribuye a factores estructurales. “Se ha deteriorado por causas que son súper simples de entender. Y esas causas son la puesta en marcha tanto de Chuquicamata subterráneo como de los nuevos proyectos en El Teniente”, apuntó.

Sin embargo, el economista advirtió que el problema central no radica solo en gestión, sino en el modelo de financiamiento: “Uno de los problemas centrales de Codelco es el endeudamiento, pero eso no se debe a Codelco, se debe al gobierno, que no le ha entregado financiamiento para reinvertir, como hacen las privadas”.

Presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Foto: Aton.

El economista identifica tres alternativas para enfrentar ese escenario. “Una es que el gobierno, el Estado, el dueño, le entregue los recursos como debería haberse entregado. Eso no va a ocurrir, porque el Estado ha tenido menos ingresos de los esperados, debido al menor crecimiento. Por lo tanto, no le va a entregar recursos adicionales a Codelco para reinvertir”, descartó Lagos sobre la primera vía.

“Una segunda alternativa es que Codelco pague su propia deuda. Esto es posible, pero es de alto riesgo, porque es de un futuro muy largo y en el supuesto que el precio del cobre esté muy alto”, complementó Lagos.

En ese marco, planteó una salida intermedia que dialoga indirectamente con el debate sobre privatización, aunque con matices relevantes. “Y la tercera alternativa, que es la única que va quedando abierta, es meter capitales externos. Yo he propuesto que se metan capitales de fondos soberanos. No de empresas”, manifestó el experto.

“¿Qué fondos soberanos? Noruega, Arabia Saudita y tal vez otros. Eso se ha hecho antes en otras minas del mundo. No es imposible hacerlo en Codelco”, argumentó.

Según Lagos, lo último permitiría rebajar la deuda en forma muy importante y reducir el problema de la inversión de capital que tiene en este momento la empresa.

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El ingreso al Congreso del proyecto de reconstrucción nacional, que se esperaba para este martes, volvió a ser aplazado por parte del Gobierno. Esto, en medio de las negociaciones del Ejecutivo con el Partido de la Gente (PDG), colectividad que sería clave para que se apruebe la idea de legislar.

El propio Presidente José Antonio Kast aseguró que la intención sigue siendo que el proyecto ingrese “dentro de esta semana”. “Esperamos que sea mañana”, precisó el Mandatario.

De acuerdo al Jefe de Estado, el Gobierno ha ido “recogiendo distintas inquietudes, han habido distintas reuniones, presentaciones, y creo que es importante recoger todo eso y que después sea el Congreso el que libremente diga qué opina del proyecto que se va a ingresar”.

Más temprano, en Valparaíso, la bancada del PDG sostuvo que fueron los diálogos que sostuvieron con ellos los que retrasaron el ingreso del proyecto. El lunes los diputados y diputadas de la tienda se reunieron en el Congreso con el ministro de la Segpres, José García Ruminot. Más tarde, sostuvieron un encuentro telemático al que también se incorporó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Ministro García Ruminot en una reunión con la bancada del PDG. Foto: Aton.

El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, explicó que la línea roja para sus parlamentarios es la incorporación de la eliminación del IVA de los pañales y medicamentos. Respecto a la disminución del impuesto empresarial —asunto que ha sido cuestionado desde la Democracia Cristiana (DC) al Partido Comunista (PC)— se mostró dispuesto a dialogar.

“Nosotros lo que hemos dicho es que si incluyen las medidas que estamos levantando para poder representar a nuestras personas, por supuesto que estamos disponibles de poder avanzar, pero después cada medida se tiene que analizar en su mérito”, advirtió.

En la oposición se expresaron duras críticas al nuevo retraso en la presentación del proyecto. El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, afirmó que el Gobierno está optando por un “pirquineo” que, a su juicio, es antidemocrático. “Este proyecto de ley está anunciado hace más de un mes, desde que prácticamente se inició este Gobierno. Sin embargo, todo lo que sabemos hasta el momento son opiniones, ideas, pero nada concreto, aún no se ingresa nada y lo que da cuenta, o lo que nos genera cierta sospecha, es que están pirquineando votos”, dijo.

“Pirquinear votos es lo más antidemocrático que puede existir, es vulnerar la voluntad soberana del pueblo, vulnerar la democracia. Por lo tanto, nos llama profundamente la atención que se esté realizando un movimiento de esta naturaleza, porque esto es absolutamente grave”, insistió.

El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas. Foto: Aton.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, acusó una “improvisación descarada” del Gobierno. Esto, en la previa a la reunión que el partido sostendrá este miércoles con el ministro García Ruminot.

“La verdad es que no sabemos muy bien cuál va a ser el contenido del proyecto y para eso, justamente, le hemos pedido una reunión al ministro García, porque no se puede improvisar con el bolsillo de la clase media mientras a lo más ricos se le sigue dando cancha abierta para acumular más”, indicó.

Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, defendió el actuar del Gobierno, argumentando que el nuevo retraso es una oportunidad “para poder llegar a otros sectores dentro de la Cámara de Diputados, para lograr un acuerdo que nos dé una mayor robustez y tenga un flujo expedito”.

Justamente, en ese afán, el Ejecutivo se reunió la tarde de este martes con los tres parlamentarios de Demócratas: los senadores Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, y la diputada Joanna Pérez. Esta última, agradeció la disposición del Gobierno para escuchar sus propuestas, entre las que se cuenta la ampliación del bolsillo familiar eléctronico y medidas dirigidas al empleo femenino y la pymes.

Pérez señaló que están disponibles “para acompañar, apoyar en esto y creemos que son importantes esas señales. Aquí hacemos un llamado a la oposición: se puede no estar de acuerdo con alguna propuesta, pero se espera que ellos presenten propuestas, no solo criticar por criticar”, aseveró.

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Amnistía Internacional presentó en Chile su informe anual 2025-2026, en una actividad realizada en la Biblioteca Nacional, donde se dieron a conocer las principales conclusiones del reporte y sus implicancias para la situación nacional.

En la instancia se realizó un panel de conversación compuesto por el director ejecutivo de Momento Ciudadano, Rodrigo Mayorga, la académica de nuestra casa de estudios Faride Zerán, y el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Bustos advirtió que el informe evidencia un deterioro estructural del sistema internacional de protección de derechos humanos.

“No estamos ante una crisis más, un momento difícil como cualquier otro (…) estamos ante un ataque concertado a los cimientos del orden internacional que se construyó hace 80 años atrás”, señaló.

“Hay gobiernos que derechamente están actuando de manera depredadora contra ese orden global que nos dimos después de la segunda guerra mundial”, agregó. El director sostuvo que este escenario se refleja en conflictos armados, retrocesos democráticos y debilitamiento de organismos internacionales.

En ese contexto, mencionó situaciones como el “genocidio“ en Gaza, los ataques de Estados Unidos e Israel, crímenes en Ucrania y las crisis humanitarias en distintos países, afirmando que el sistema internacional “no está pudiendo responder” debido, entre otros factores, al uso del veto por parte de grandes potencias y la reducción del financiamiento a agencias de Naciones Unidas.

Explosión en Teherán tras bombardeo de Estados Unidos a almacenes petroleros iraníes.

Por otra parte, el informe global de Amnistía Internacional analiza la situación en 144 países durante 2025 y previene sobre tendencias como el aumento de prácticas autoritarias, la represión de la disidencia, la discriminación, la injusticia climática y el uso indebido de la tecnología, factores que —según la organización— amenazan con profundizarse en los próximos años.

Respecto a Chile, el reporte identifica persistencia de impunidad por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019, retrasos en la reforma policial y continuidad del estado de excepción en la Macrozona Sur.

El documento expone que existe violencia contra niños, niñas, mujeres y personas defensoras de las garantías individuales. Además, cuestiona la política migratoria por carecer de un enfoque basado en derechos fundamentales.

Manifestación por el quinto aniversario del estallido social ocurrido en el año 2019. Foto: Javier Torres/Aton Chile.

En esa línea, Bustos señaló que, si bien hubo avances en el país, existen pendientes. “El Estado de Chile tenía deudas muy claras para hacer justicia y respecto, por ejemplo, a que hubiera reparación a las víctimas de la violación a los derechos fundamentales (…) el gobierno del presidente Boric no cumplió con las víctimas, no hubo una política de reparación integral”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación por las señales del nuevo gobierno. “Las primeras medidas podemos decir que son preocupantes y graves (…) el día siguiente que asumió el Presidente José Antonio Kast anunció que se iba a avanzar en indultos respecto de personas condenadas por delitos muy graves cometidos por agentes del Estado”, sostuvo, calificando la medida como “una pésima señal para la sociedad chilena”.

Otro de los temas destacados en el informe es el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en los derechos humanos. Bustos advirtió que estas herramientas pueden utilizarse para restringir libertades, señalando que se han empleado mecanismos de reconocimiento facial para reprimir protestas y controlar la migración.

Prototipo de cabeza robótica exhibida por el Centro Nacional De Inteligencia Artificial (CENIA) en la actividad “Inteligencia artificial al servicio de las personas”. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

“Amnistía Internacional no está en contra de la tecnología, lo que sí decimos es que tiene que incluirse el enfoque de derechos humanos en todos los avances tecnológicos”, indicó.

En relación con el fenómeno migratorio, el documento es claro al señalar que las respuestas estatales deben evitar enfoques populistas.

En ese contexto, Bustos afirmó que “las recetas tienen que ser políticas integrales con una perspectiva de derechos humanos donde por supuesto haya control de las fronteras pero donde en definitiva entendamos que la migración puede ser también un recurso, una oportunidad para nuestro país”.

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Luego de que la expresidenta Michelle Bachelet entregara su mensaje ante Naciones Unidas como candidata a secretaria general del organismo internacional, el Presidente José Antonio Kast reiteró la postura de Chile frente a la postulación y aseguró que no contará con el patrocinio de nuestro país. El Mandatario aseguró que no alcanzó a ver la presentación, pero expuso que tuvo dos conversaciones con Bachelet y que ambas fueron “largas y buenas”. 

“Le dije también que no íbamos a apoyar otra candidatura. Ella está desplegada con el apoyo de dos naciones. La mirada que al menos le planteé de parte de nuestro Gobierno es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países. Hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, que lleva años sin solucionarse y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema”, aseguró Kast. 

En línea con lo anterior, el Presidente dijo reconocer que “las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas, tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo”.  

Michellet Bachelet expone su mensaje como candidata a secretaria general de Naciones Unidas.

En su presentación ante los 193 Estados miembros de la asamblea, la expresidenta Bachelet agradeció el apoyo de México y Brasil en un mensaje centrado en la “esperanza” y el “diálogo”. 

“Nuestro mundo y el orden que se basa en el derecho internacional que lo apuntala, se ve bajo una presión nunca antes vista. Mi relato es uno como los tantos millones que ven lo que ocurre cuando falla ese orden”, declaró. 

En línea con lo anterior, Bachelet aseguró que es necesario avanzar hacia una Organización de las Naciones Unidas más moderna, centrada en “resultados reales, sostenibles y verificables, como por ejemplo, eficacia en la gestión, coherencia y un liderazgo de confianza”.

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Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. La iniciativa, que busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, ha enfrentado duros cuestionamientos de parte de la oposición.

Con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto “Escuelas Protegidas”, para luego avanzar en la discusión de sus indicaciones en particular, varias de ellas ya debatidas previamente en la Comisión de Educación.

La propuesta del Ejecutivo apunta a fortalecer las herramientas de los establecimientos educacionales frente a hechos de violencia, permitiendo, por ejemplo, la revisión de mochilas y bolsos de estudiantes, bajo ciertos resguardos. Asimismo, incorpora la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad en la educación superior para quienes hayan sido condenados por delitos graves vinculados a violencia escolar.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la iniciativa y valoró el avance legislativo, pero reconoció que el debate continuará en el Senado. “Estamos dispuestos a seguir incorporando precisiones o mejoras que permitan lograr los consensos para sacar esta iniciativa adelante”, afirmó.

Punto de prensa de la ministra de Educación, María Paz Arzola. Foto: Aton.

La secretaria de Estado también abordó uno de los puntos más controvertidos del proyecto: la restricción de la gratuidad. En ese sentido, anunció ajustes a la redacción: “Vamos a acoger una sugerencia de la Democracia Cristiana de poder circunscribir esta inhabilidad a los delitos cometidos en el espacio escolar y en las inmediaciones”.

En la misma línea, subrayó que el Gobierno busca responder a una demanda ciudadana por mayor seguridad en los colegios. “Este es un avance, el trámite continúa y vamos a seguir avanzando, escuchando e incorporando también las aclaraciones que sean necesarias”, sostuvo.

Además, la ministra defendió el diseño de la iniciativa, señalando que evita una sobrerregulación que pueda dificultar su aplicación. “Hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle y que permita que los colegios puedan incorporar en sus reglamentos medidas que los ayuden a prevenir hechos de violencia”, indicó.

Desde el oficialismo, el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), destacó el amplio respaldo obtenido en la Sala. “No fue una votación ajustada, fue contundente y eso da cuenta de que la mayoría de los parlamentarios están en la misma línea: entregar herramientas que permitan erradicar la violencia en los establecimientos”, afirmó.

Punto de prensa del diputado Sergio Bobadilla (UDI). Foto: Aton.

El parlamentario también defendió la restricción de beneficios para estudiantes involucrados en hechos violentos: “Aquí hay una señal potente: ningún beneficio respecto de la gratuidad para quienes van a destruir y no a construir un espacio educativo”.

El tenso debate en la Cámara

La discusión en la Sala estuvo marcada por intervenciones que reflejaron tanto apoyos como profundas diferencias sobre el enfoque del proyecto. La vicepresidenta de la Corporación, Ximena Ossandón (RN), respaldó la idea de legislar, pero advirtió que algunas medidas podrían tener efectos contraproducentes. En particular, cuestionó la restricción de la gratuidad, señalando que “extiende el castigo hacia el futuro” y afecta las posibilidades de reinserción de jóvenes.

En la misma línea, Ossandón planteó que no se puede equiparar la situación de estudiantes escolares con la de adultos en educación superior, subrayando que cerrar el acceso a beneficios educativos “es cerrarles el principal camino de movilidad e integración”. A su juicio, la educación debe ser entendida como una herramienta clave para reducir la reincidencia, más que como un beneficio accesorio.

Desde la oposición, el diputado César Valenzuela (PS) fue más crítico y calificó el proyecto como “incapaz de abordar adecuadamente” la crisis de violencia escolar. Apuntó especialmente al artículo 5, advirtiendo que su redacción permitiría sancionar no solo actos violentos, sino también manifestaciones estudiantiles legítimas. “El Gobierno mete a todos en el mismo saco”, afirmó.

Diputado Sergio Bobadilla (UDI) y sus pares del oficialismo felicitan a la ministra Arzola tras la aprobación general del proyecto “Escuelas protegidas”. Foto: Aton.

Las críticas también se centraron en la eventual delegación de funciones de seguridad a las comunidades educativas. Parlamentarios cuestionaron que docentes y asistentes deban asumir tareas para las que no fueron formados, como la revisión de mochilas, además de advertir la ausencia de financiamiento y medidas estructurales, como apoyo en salud mental.

En contraste, desde el oficialismo se defendió la iniciativa como una respuesta necesaria ante el aumento de hechos de violencia en los establecimientos. Diputados recalcaron que el proyecto busca proteger a la mayoría de los estudiantes que quieren estudiar, marcando una señal clara frente a quienes alteran el funcionamiento de las comunidades educativas, aunque reconociendo que no resolverá por sí solo el problema de fondo.

Reserva de constitucionalidad 

Tras la votación, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA), ambas integrantes de la Comisión de Educación, concretaron lo que ya habían advertido previamente: presentar reservas de constitucionalidad respecto de distintos artículos del proyecto, abriendo la puerta a una eventual revisión en el Tribunal Constitucional.

La diputada Serrano cuestionó el contenido y la forma en que se tramitó la legislación: “Este proyecto tiene vicios de constitucionalidad y lo hemos dicho reiteradamente. No viene a resolver los problemas de fondo”.

Asimismo, defendió la decisión de recurrir a instancias legales. “Vamos a ocupar estas reservas de constitucionalidad para formular requerimientos en el Tribunal Constitucional”, advirtió.

Punto de prensa de diputados de oposición encabezado por Daniela Serrano (PC). Foto: Aton.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider calificó la iniciativa como insuficiente. “Este es un mal proyecto. Nos preocupa la violencia en los establecimientos educacionales, pero así no vamos a resolver los problemas”, sostuvo.

En cuanto al contenido, la legislación establece que las revisiones a estudiantes no podrán implicar desnudamientos ni contacto físico, resguardando su dignidad. También refuerza las normas de convivencia escolar y define como faltas graves aquellas conductas que interrumpan el desarrollo de las clases, con excepciones en casos involuntarios o de estudiantes con necesidades especiales.

Otro eje relevante es la modificación al sistema de subvención escolar, junto con la incorporación de criterios más estrictos para acceder a beneficios estatales en educación superior.

La iniciativa ya había sido aprobada previamente en la Comisión de Educación por una amplia mayoría, pese a un debate igualmente tensionado. Ahora, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde el Ejecutivo espera introducir ajustes y consolidar apoyos para su eventual aprobación definitiva.

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La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se distanció del concepto de feminismo y calificó el enfoque de su gestión como “realista”, en un contexto marcado por críticas a la situación de Prodemu y a los reajustes en el Sernameg.

En una entrevista con T13 Radio, la secretaria de Estado explicó que su administración no busca etiquetas ideológicas. “Cada gobierno puede trazar y quizás adoptar la consigna que busque; el gobierno anterior se consignó feminista y en todo su derecho está bien que cada uno tome la urgencia o la prioridad que guste. Este ministerio va a tener un sello de realismo y no un sesgo ideológico”, afirmó.

Cuando le preguntaron por la omisión del término feminismo en su discurso, Marín respondió de manera directa: “Cada gobierno puede adoptar la consigna que quiera. Nosotros no buscamos chapas”. Según detalló, su gestión se organiza en torno a tres líneas principales: fortalecer el empleo femenino, prevenir la violencia contra las mujeres y mejorar el acceso a la salud mediante coordinación interministerial.

La ministra agregó que estas prioridades surgen de necesidades recogidas en terreno y no de definiciones doctrinarias. “Que una mujer pueda insertarse en el mundo laboral es algo necesario y urgente”, sostuvo.

Durante la entrevista, Marín también se refirió a la delicada situación financiera de Prodemu, revelando que la fundación arrastra un déficit estructural cercano a los $1.500 millones desde 2023. La autoridad descartó que se esté evaluando su cierre, pero reconoció problemas administrativos. “Estamos heredando una situación compleja, con gastos que no se pueden acreditar con fondos públicos”, indicó.

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El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió este lunes al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno y a las críticas de varios alcaldes, quienes advirtieron que la medida podría perjudicar el Fondo Común Municipal.

En conversación con 24 Horas, el exdiputado afirmó que desde su colectividad están “disponibles para conversar sobre otra fuente de ingresos para el Fondo Común Municipal” si la iniciativa termina afectando su recaudación. En esa línea, propuso redirigir hacia ese fondo los impuestos correctivos, como el gravamen al tabaco.

“Hay otros países donde el impuesto a las bebidas, a los alcoholes, va a las municipalidades. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el de las contribuciones, que es un impuesto tan odioso, por lo demás?”, comentó al mismo medio.

Durante la entrevista, Kaiser también arremetió contra los jefes comunales que cuestionaron el proyecto y los desafió a “dejar de llorar”. “Entonces, que dejen de llorar los alcaldes. Si el problema que tienen (…) Aquí les estamos haciendo un favor. No solamente les estamos ofreciendo que se puede generar un reemplazo a este impuesto, sino que les estamos permitiendo mirar a sus vecinos a la cara y a los ojos, sin tener la sensación de estarles amenazando la propiedad”, agregó.

Cabe recordar que un grupo de alcaldes y alcaldesas de oposición y del progresismo expresaron su rechazo al proyecto legislativo anunciado por el Ejecutivo en cadena nacional mediante una declaración pública. Las críticas apuntaron especialmente a la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años, una medida que, según argumentaron, podría poner en “riesgo” el Fondo Común Municipal.

Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró en un punto de prensa que “las platas del Fondo Común Municipal van a ser repuestas y no va a haber merma (…); no vamos a afectar las finanzas de los municipios más vulnerables del país”.

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