El Senado rechazó la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, con 24 votos a favor y 24 en contra, en el marco de la votación del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El punto pasó a Comisión Mixta.

La necesidad de legislar respecto a esta herramienta resurgió con fuerza durante las últimas semanas tras el escándalo de la “Operación Tokio”, la que expuso que ejecutivos de bancos tenían vínculos con el Tren de Aragua para mover y lavar dineros de operaciones ilegales.

La norma busca permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requiriera directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin autorización judicial previa: cuando se trate de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que provenga de un banco; cuando el ROS esté referido a un funcionario público; y cuando se refiera a una persona jurídica.

Actualmente, el alzamiento del secreto bancario opera principalmente por vía judicial en el marco de investigaciones activas.

La semana pasada la propuesta registró dos empates consecutivos, por lo que esta semana volvió a la Sala del Senado, donde recibió 24 votos a favor y 24 en contra. Por ende, la iniciativa quedó oficialmente rechazada y el proyecto será revisado por una Comisión Mixta compuesta por cinco senadores y cinco diputados.

A favor de la iniciativa votaron los senadores: Pedro Araya, Yasna Provoste, Fabiola Campillai, Claudia Pascual, Karol Cariola, Claudia Pascual, Karim Bianchi, Miguel Ángel Calisto, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Ricardo Celis, Daniella Cicardini, Alfonso De Urresti, Francisco Huenchumilla, Diego Ibáñez, Vlado Mirosevic, Daniel Núñez, Gastón Saavedra, Beatriz Sánchez, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez y Paulina Vodanovic.

Mientras, en contra votaron: Andrea Balladares, Miguel Ángel Becker, Rodolfo Carter, Luciano Cruz-Coke, Rojo Edwards, Camila Flores, Sergio Gahona, María José Gatica, Vanessa Kaiser, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Enrique Lee, Andrés Longton, Javier Macaya, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Gustavo Sanhueza, Arturo Squella, Renzo Trisotti, Ignacio Urrutia, Enrique van Rysselberghe y Cristián Vial.

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En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exsubsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se refirió al proceso de cobro del Crédito con Aval de Estado (CAE) que está ejecutando la Tesorería General de la República, en medio de denuncias de deudores que aseguran les han vaciado sus cuentas corrientes. 

“El hecho de que existan personas que se hayan visto embargadas en la totalidad de sus recursos constituye un hecho que se da por primera vez y es tremendamente preocupante”, indicó el también investigador de la fundación Nodo XXI.

Orellana explicó que esta política “no constituye un esfuerzo sustantivo en la recuperación” de fondos, porque “las personas que ganan más de $3,5 millones son menos del 1% de la población deudora“.

Además, criticó que el propio Gobierno haya reconocido que la información utilizada para identificar los ingresos corresponde al año 2025, lo que ha generado denuncias por falta de claridad.

La situación, indicó la exautoridad, es “inédita y crea preocupación social en la población deudora, pero sobre todo preocupación política en el propio oficialismo“, pues senadores y figuras de distinto pensamiento han manifestado reparos frente a esta acción de cobro.

Oficina de la Tesorería General de la República. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

¿Se podrían haber realizado estos cobros de manera distinta? Según el exsubsecretario de Educación Superior, “los deudores, en general, siempre han dicho que están disponibles para pagar lo justo. Por lo tanto, las políticas de condonación son las más efectivas para recuperar esto”.

Argumentó que, dado que los deudores de altos ingresos son muy pocos, “para recuperar algo de los recursos invertidos se requiere una movilización de pago de la gran mayoría. Pero para que eso ocurra, tienes que tener alguna política de condonación”.

En esa línea, Orellana indicó que su sector ha señalado que “para tener una política global de condonación, que es más efectiva para la recaudación que el miedo, tienes que hacerlo vinculado a un proceso de modernización de la educación superior”. 

Sin embargo, planeó que lo anterior pasa a segundo plano con lo propuesto por el Gobierno. “Estos debates se han ido perdiendo y lo que queda es la sensación de una especie de mano dura que, al parecer, genera rechazo en el propio oficialismo y no logra resolver el problema fiscal”, señaló. 

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: ATON.

“Tengo la impresión de que dejar los salarios en cero no necesariamente fue lo buscado por la autoridad. Acá hay espacio para mejorar y creo que se requieren diálogos y consensos. En estas materias son fundamentales los diálogos y los consensos”, advirtió también. 

La responsabilidad de la administración Boric

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la ministra de Educación, María Paz Arzola, apuntó al Gobierno anterior justamente por hablar de condonación. “A los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar”, dijo. 

En respuesta, el exsubsecretario indicó que “la morosidad viene creciendo de manera estructural desde el año 2015, mucho antes de que siquiera se mencionara la palabra condonación”. 

Lo anterior, aseguró, responde a que “el CAE se pensó para que en su octavo año de operación tuviera 35 mil personas y en la realidad tenía 350 mil”. “Cualquier hecho de la vida cuyo resultado sea 10 veces mayor al planificado, genera problemas estructurales, por lo que esto tiene que ser enfrentado”, sostuvo. 

Ministra de Educación, María Paz Arzola. Foto: Aton.

“Supongamos por un minuto que la ministra Arzola tiene un punto. Entonces, las medidas de cobro coactivo, si queremos resolver el problema, no pueden ser sólo para las personas que ganan más de $3,5 millones, ni siquiera sólo para las personas que ganan más de $1,5 millones, porque las personas que ganan eso no son más del 8 o el 10%, siendo generoso, del total de los deudores”, cuestionó Orellana. 

En esa línea, acusó una “inconsistencia, porque estarías obligado a medidas coactivas con gente que no gana lo que la sociedad pensó en un momento que ganarían los profesionales y ahí hay una contradicción”.

“Esa contradicción tenemos que resolverla entre todos con un consenso. Ahí no basta una medida de cobro coactivo que no es lo suficientemente efectiva para mover la aguja en términos fiscales y además produce mucho miedo y malestar”, aseveró.

Así, la exautoridad puso otro punto sobre la mesa: “Acá hubo grandes empresas, que durante 20, 30 años tuvieron problemas tributarios y se les condonó varios millones de dólares en multas e intereses, por ejemplo, y acá estamos hablando de personas naturales que ejercieron un derecho”.

“Esto requiere un debate y un acuerdo para avanzar en una modernización de la educación superior. No se resuelve con mecanismos coactivos que convocan fundamentalmente a la emoción del miedo, sino que tiene que convocar a la emoción de la responsabilidad y la apertura al futuro”, reflexionó.

Tesorería y deudas por CAE. Foto: TGR.

Según Orellana, en la administración pasada sí se alcanzó un acuerdo, pero un sector de la derecha le quitó el piso. “Parece ser que ya ni siquiera el Gobierno está tratando de diferenciarse del gobierno anterior, sino de hacer un punto en la propia derecha”, afirmó.

Recordó que el expresidente Piñera nunca aplicó estas medidas coactivas y que incluso presentó un proyecto para terminar con el CAE. “Cuando el gobierno del presidente Boric presentó su proyecto, gente cercana a Piñera señaló que era muy parecido”, añadió.

Orellana concluyó que lo que existe es “un desacuerdo al interior de la propia derecha que el Gobierno está tratando de imponer por la vía de los hechos, con una medida que no resuelve el problema fiscal, tampoco plantea una modernización sustantiva de la educación superior y queda como una mano dura inefectiva que provoca malestar y crispa el debate, tanto al interior del oficialismo como con la oposición”.

De esa manera, el exsubsecretario sentenció que “para tener un sistema de educación superior sano se requiere convocar a acuerdos y llegar a entendimientos plurales, porque estas políticas requieren un consenso mayor que no lo dan las medidas administrativas”.

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Este martes se constituyó la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, instancia que quedó conformada mayoritariamente por diputados de oposición. En paralelo, Renovación Nacional (RN) definió una postura de cara al libelo y la oposición reiteró sus críticas a la acción impulsada por republicanos y libertarios.

El sorteo en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio como resultado una comisión de tres diputados de oposición y dos de oficialismo. Se trata de los legisladores Carlos Bianchi de la bancada del PPD, Marcela Hernando del Partido Radical, Alejandro Bernales del Partido Liberal, Joanna Pérez del comité de Renovación Nacional-Evópoli y Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano.

La encargada de presidir la comisión será la diputada Hernando, quien durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric fue compañera de gabinete de Nicolás Grau. Mientras que la representante del distrito 3 (Región de Antofagasta) estaba a cargo de Minería, Grau lideraba la cartera de Economía.

Requerida sobre los pasos a seguir, Hernando detalló que la comisión se reunirá el lunes por la tarde y que ya se está pensando en posibles expositores. “La semana previa a la comparecencia nosotros no podemos entrar al fondo de la acusación. Por lo tanto, los invitados que queremos hacer venir, tienen que venir con el tema técnico propiamente tal, con el tema financiero”, dijo.

“Se ha mencionado dentro de la Comisión a ojalá todos los exministros de Hacienda de los anteriores gobiernos, para que nos puedan ilustrar del tema técnico”, recalcó.

La diputada del Partido Radical y exministra de Minería, Marcela Hernando. Foto: Aton.

La mañana de este martes parte de las miradas se posaron sobre el diputado independiente e integrante de la bancada del PPD, Carlos Bianchi, pues se rumorea que sería una de las voces de centro izquierda que podría apoyar la acusación constitucional.

Consultado al respecto, Bianchi remarcó que actuará con independencia, sin dejarse presionar por los partidos y que estudiará con detención el libelo para determinar cuánto hay de político y cuánto hay de mérito jurídico en la acusación. No obstante, el diputado deslizó la posibilidad de que la situación económica actual no es una responsabilidad del exministro Grau, sino que una consecuencia de la acción de varios ministros de Hacienda.

“¿El señor Grau fue un buen ministro de Hacienda? No, no fue un buen ministro de Hacienda. Al señor Grau se le presentó una oportunidad que le duró siete meses. ¿Es el señor Grau en siete meses, el verdadero responsable de la situación económica o quien antecedió al señor Grau, por haberse ido en un tiempo anterior, evitó una acusación como esta?”, cuestionó.

“Pongamos las cosas con la seriedad y en el contexto que corresponde. No se trata de que esto me guste o no, no se trata de que esto me sirva o no políticamente, se trata de que tenemos que entender que hoy día Chile nos mandata a priorizar un aspecto que es el más relevante, la situación económica en crisis en la que estamos”, enfatizó.

Carlos Bianchi., diputado independiente-PPD.

Por su parte, el diputado Luis Fernando Sánchez —el único integrante de la comisión revisora que es militante de los partidos que impulsaron la acusación— insistió en los argumentos de sus compañeros de colectividad, respecto a que el exministro Grau habría actuado con dolo al calcular erróneamente la proyección de deuda.

“Tenemos un exministro de Hacienda que nosotros sostenemos, es responsable por hacer mal los cálculos a un nivel que lo convierte en una negligencia grave o incluso dolo. No haber calculado bien la deuda, no haber anotado toda la deuda, haber proyectado ingresos que no se cumplieron nunca, haber proyectado un déficit que terminó siendo mucho mayor. Consideramos que las cifras que se ven ahí, el nivel de descalce es tan grande, que es imposible que alguien diga que esto fue simplemente un error de cálculo”, estimó.

La definición de RN

La presentación de la acusación constitucional por parte de republicanos y libertarios generó diferencias al interior del oficialismo. Los primeros en ceder fueron los parlamentarios de la UDI, que si bien no firmaron el libelo, sí votarán a favor cuando se revise en la Sala.

Renovación Nacional, en tanto, estaba ante una disyuntiva. Dos diputados de la colectividad estuvieron entre los firmantes de la acusación, mientras que otros tenían dudas, debido al ambiente de tensión que se podía generar con la oposición.

En ese escenario, el subjefe de la bancada de RN, Eduardo Durán, anunció durante esta jornada que, finalmente, se dará libertad de acción a los parlamentarios y parlamentarias.

El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán. Foto: Aton.

“En el espíritu y la forma de trabajar que tiene nuestro partido, hemos privilegiado considerar la diversidad de opiniones que hay en la bancada. Hay algunos diputados a favor, otros en reflexión y otros esperando, en un proceso reflexivo, de tomar una decisión definitiva”, explicó.

La integrante de la comisión revisora, líder de Demócratas e integrante del comité parlamentario que agrupa a RN y Evópoli, Joana Pérez, es una de las diputadas con dudas. “A mi me habría gustado que esto hubiese sido fruto de un escalamiento. Yo presenté el 22 de marzo una solicitud a la Cámara para una comisión investigadora por estas mismas materias y lamento que no haya tenido firmas transversales”, expresó.

“Creo que estos temas se deben abordar con diálogo, escuchando a las distintas partes, para esclarecer responsabilidades en algo complejo pero que no es fruto de un solo gobierno”, indicó.

Respaldo de economistas a Grau

Desde la oposición rechazaron rotundamente la acusación constitucional y los diputados de los partidos progresistas advirtieron que puede sentar un precedente negativo para la institucionalidad fiscal.

Una opinión similar tuvieron más de 50 economistas de distintas sensibilidades políticas, quienes tras la presentación de la acusación publicaron una carta de apoyo a Nicolás Grau. 

La misiva, firmada por figuras como Harald Beyer, David Bravo, Roberto Zahler, Guillermo Larraín, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Stephany Griffith-Jones, señala que “las proyecciones fiscales y de deuda pública constituyen ejercicios técnicos, que dependen de supuestos acerca de la evolución futura de variables económicas, financieras y fiscales”,

En ese entendido, afirmaron que las diferencias entre proyecciones “son habituales en todos los países y forman parte del debate legítimo propio de la disciplina económica”. Por eso, concluyen que el que los resultados observados se desvíen de lo proyectado “no constituye, por sí mismo, una infracción constitucional”.

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Con la participación de autoridades, representantes del mundo cultural y académico, este martes 9 de junio se lanzó oficialmente la Red Alameda Cultural, una iniciativa que reúne a 52 instituciones culturales, educativas y públicas con el objetivo de fortalecer la difusión de la actividad artística y patrimonial de la capital, además de consolidar al eje Alameda como un corredor cultural de referencia para Santiago.

La presentación se realizó frente a la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile y contó con la presencia del gobernador de Santiago, Claudio Orrego; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba; y la directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort, junto a representantes de las entidades que integran la red.

Uno de los principales hitos anunciados durante la jornada fue la puesta en marcha de la plataforma digital redalamedacultural.cl, sitio web que reúne la programación y oferta cultural de las organizaciones participantes en un solo espacio. La herramienta fue desarrollada con recursos del programa Barrios de Borde, impulsado por la Corporación Regional de Desarrollo y el Gobierno de Santiago, y busca facilitar el acceso ciudadano a panoramas culturales durante todo el año.

Durante la actividad, Orrego destacó que la iniciativa busca dar un nuevo impulso al principal eje urbano de la capital. “Santiago hoy está de fiesta. Estamos lanzando esta Red Alameda Cultural, que reúne a 52 instituciones, entre las cuales hay centros culturales, teatros, bibliotecas, cinco universidades y el Gobierno de Santiago”, afirmó.

En esa misma línea, el gobernador añadió que el proyecto pretende promover la cultura “como un derecho y como parte de la vida en ciudad”, además de reforzar el proceso de recuperación del eje Alameda impulsado a través del Plan Nueva Alameda.

La vicerrectora de la Universidad de Chile, Pilar Barba; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; y la directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort. Foto: Gobernación de Santiago.

En esa línea, sostuvo que las intervenciones urbanas realizadas en los últimos años requerían una dimensión cultural que fortaleciera el uso ciudadano de los espacios. “Hoy tiene ciclovía, paisajismo, está limpia, sin ruido, pero le faltaba más vida. Y esta red viene a darle esa vida”, señaló.

Asimismo, destacó el carácter colaborativo de la iniciativa en un contexto urbano marcado por la fragmentación. “En un mundo y en una ciudad tan fragmentada y tan individualista, este espacio de convergencia y de cooperación es una muy buena noticia”, indicó.

El gobernador igualmente relevó el rol del sitio web y explicó que busca concentrar la programación de las distintas instituciones para acercarla a la ciudadanía. “Lo que pretende es poner en una misma plataforma toda la oferta cultural de las 52 organizaciones a lo largo de la Alameda. Que la gente sepa lo que puede hacer en Santiago, no solamente para el Día del Patrimonio. Durante los 12 meses del año hay actividades maravillosas”, afirmó. “La cultura no es un bien de consumo, es un derecho ciudadano“, agregó.

Actualmente, la red agrupa a instituciones emplazadas en el eje Alameda y sus alrededores, entre ellas centros culturales, museos, bibliotecas, salas de cine, teatros y universidades. Consultado sobre una eventual ampliación de la iniciativa, Orrego respondió que esperan seguir incorporando organizaciones vinculadas al corredor cultural. “Todas las que quedan”, señaló y precisó que las entidades participantes se encuentran distribuidas en distintos puntos del entorno de la Alameda.

La orquesta del CEINA en el lanzamiento de la Red Alameda Cultural. Foto: Gobernación de Santiago.

“Lo importante es que entre todos empujemos la vida cultural; también recuperar un poco la noche de Santiago, que está bastante abandonada y, por supuesto, recuperar la Avenida Alameda para los ciudadanos y no solamente para los autos”, sostuvo.

Por su parte, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, realzó el valor de la iniciativa para la revitalización del centro de la capital. “Yo quisiera enfatizar la importancia de recuperar el espacio público de nuestra ciudad“, señaló. Según explicó, la red complementa las obras urbanas desarrolladas en el marco del Plan Nueva Alameda, incorporando una dimensión cultural destinada a fortalecer la vida comunitaria.

“Estamos dotando de actividad, de una oferta cultural para los vecinos y vecinas de nuestra gran ciudad. Esta es una ciudad inmensa, compleja y queremos invitar a los ciudadanos a retornar al centro de Santiago, a retornar a través de nuestro eje Alameda”, afirmó.

La Red Alameda Cultural contempla además una agenda de trabajo permanente a través de dos comisiones. Una de ellas está enfocada en infraestructura y desarrolla actualmente un preproyecto de señaléticas para fortalecer la identificación del corredor cultural. La segunda se concentra en comunicaciones y ha trabajado en la creación de la identidad visual de la iniciativa, además de coordinar acciones de difusión y vinculación con audiencias.

La orquesta del CEINA en el lanzamiento de la Red Alameda Cultural. Foto: Gobernación de Santiago.

La directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort, destacó que la red surge como una apuesta de largo plazo para fortalecer la colaboración entre instituciones culturales. “Me parece fundamental que tengamos esta iniciativa que nos permita pensar en un futuro, que nos permita pensar en cultura y que nos permita pensar en las ciudadanas y ciudadanos”, señaló.

Respecto de la nueva plataforma, Fort explicó que aún se encuentra en etapa de marcha blanca y continuará incorporando contenidos durante las próximas semanas. “Estamos incluyendo información, estamos enriqueciendo la información, así que los invitamos a que la visiten. Hay de todo: somos una red interdisciplinaria muy diversa. Siempre tenemos actividades gratuitas y también hay actividades que son pagadas”, indicó. “La convocatoria es para que todos se informen y vean la gran cantidad de actividades que estamos haciendo“, concluyó.

Cabe destacar que la Red Alameda Cultural se enmarca en el programa Barrios de Borde, parte del Plan Nueva Alameda, iniciativa que busca revitalizar 11 sectores aledaños al principal eje urbano de la Región Metropolitana, entre ellos Lastarria, París-Londres, Yungay, Matucana, Barrio Universitario y Plaza Italia. Sus impulsores esperan que la articulación entre instituciones culturales, académicas y públicas contribuya a fortalecer la vida cultural de la ciudad y a consolidar la Alameda como uno de los principales polos culturales del país.

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Perú define a su próximo presidente voto a voto, en una elección que ya se instala como una de las más estrechas de su historia reciente, incluso más que la del 2021. Tras más de una década marcada por la inestabilidad —con el infame dato de nueve presidentes en 10 años— el país busca una fórmula que le devuelva gobernabilidad. Sin embargo, la fractura social, polarización política y desconexión territorial se expresa con crudeza en las urnas definiendo la contienda electoral.

El “sorpasso”: el detalle del sistema peruano

Con el 96% de las mesas escrutadas, el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, lidera con una ventaja de apenas 0,056%, es decir, menos de 20 mil votos sobre Keiko Fujimori. Un margen mínimo, que refleja no solo lo ajustado de la contienda, sino también la incertidumbre total sobre el resultado final. De hecho, hasta el 91% del conteo, era Fujimori quien encabezaba la elección, cerca de lograr el “sillón de Pizarro” en su cuarto intento.

Debate presidencial en Perú, donde se enfrentaron la ultraderechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez.

En las primeras horas, la tendencia parecía consolidarse a favor de la hija del exdictador y presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, en los últimos conteos ese objetivo nuevamente comenzó a alejarse progresivamente hasta que se produjo el llamado “sorpasso”, el momento en que Sánchez supera a Fujimori. Un fenómeno que no es casual, sino que responde a la propia estructura del sistema electoral peruano y a la geografía política del país.

La explicación está en el orden en que se procesan los votos. Las primeras actas que ingresan corresponden a zonas urbanas, especialmente Lima y grandes ciudades, donde el sistema electrónico permite una transmisión rápida de resultados. Estas zonas concentran una parte significativa del electorado, casi un tercio del padrón y tienden a favorecer a Fujimori. Por eso, su ventaja inicial fue consistente, con cifras que en la capital superaban el 60% de las preferencias.

Pero a medida que avanza el conteo comienzan a ingresar las actas físicas provenientes de zonas rurales, del sur andino y de territorios de difícil acceso. Estas actas tardan más en llegar, muchas veces transportadas por vías complejas como rutas fluviales, caminos precarios o incluso vuelos especiales. Y es justamente ahí donde el panorama en estas regiones cambia. Históricamente votan por opciones de izquierda.

Casos como Puno, Apurímac o Ayacucho son ilustrativos,pues Sánchez arrasa con porcentajes abrumadores, sobre el 70 e incluso el 80% en algunos departamentos. Incluso hacia el norte, en regiones como Amazonas, el candidato de izquierda logra ventajas importantes. Esto no solo explica el cambio en el resultado, sino que revela una profunda desconexión entre el Perú urbano y el Perú rural.

Ahora bien, también cabe destacar que de los más de 27,3 millones de peruanos convocados a las urnas, el 24,28% no asistió a votar. Si bien el voto es obligatorio, la multa es bastante baja en relación, por ejemplo, al caso chileno. Este nivel de abstención introduce un elemento adicional de análisis sobre la legitimidad social del proceso y el desapego de una parte importante de la ciudadanía frente a la política.

Urna en las elecciones de Perú (archivo). Foto: ONPE.

Por otro lado, a medida de que el conteo se acerca al final, el proceso se vuelve aún más lento y complejo, principalmente por las actas observadas, todos esos documentos con errores, inconsistencias o impugnaciones que no pueden ser incorporados inmediatamente al cómputo. Estas actas deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), lo que introduce una dimensión jurídica al conteo. En un escenario de empate técnico, cada acta se convierte en un elemento decisivo.

En paralelo, el voto en el extranjero se posiciona como un factor que podría mover las balanzas. Representa cerca del 4% del padrón electoral y son cerca de 1 millón de votos que históricamente favorecen a Fujimori. Estos votos llegan a través de valijas diplomáticas y se incorporan en las etapas finales del conteo. Las últimas deberían de llegar mañana 10 junio, lo que podría permitirle recortar la diferencia. Se estima que aún quedan entre 700 mil y 850 mil votos por contabilizar, lo que mantiene completamente abierto el desenlace.

Del llamado al respeto del proceso a la verdadera gobernabilidad

Mientras tanto, las declaraciones de los candidatos apuntan a la cautela. Fujimori ha llamado a la serenidad y a respetar los resultados, señalando que serán sus equipos legales los encargados de revisar cada acta. Sánchez, por su parte, se ha mostrado optimista, pero ha insistido en la necesidad de esperar el conteo total antes de sacar conclusiones. En ambos casos, el mensaje es que la elección aún no está definida.

Observadores internacionales también han intervenido en el debate. Marcela Ríos de Idea Internacional aseguró que existieron errores en el proceso, pero negó la existencia de fraude. El llamado es a respetar la institucionalidad en un contexto especialmente sensible. Las propias autoridades electorales ya anticiparon que el resultado definitivo podría tardar semanas, precisamente para garantizar una legitimidad incuestionable.

Pero más allá del resultado, el problema de fondo sigue intacto. Esta elección no resuelve la crisis estructural del sistema político peruano. La polarización, la debilidad de los partidos, la corrupción sistémica y la fragmentación del Congreso continúan siendo factores determinantes. La elección no cierra un ciclo, más bien expone con mayor claridad las tensiones acumuladas.

Pleno del Congreso de Perú sesionando. Foto: Prensa Congreso de la República del Perú.

De cara a la gobernabilidad, el escenario es particularmente desafiante para ambos candidatos y abre múltiples interrogantes sobre la estabilidad futura del país.

De ganar, Fujimori contaría con una base parlamentaria más sólida, lo que le permitiría articular alianzas y bloquear intentos de destitución, una herramienta que el Congreso ha utilizado con frecuencia en los últimos años. Sin embargo, esa misma fortaleza podría tensionar aún más la relación con sectores que desconfían de una eventual concentración de poder, especialmente considerando los antecedentes del fujimorismo en la política peruana. Su desafío no sería solo gobernar, sino también construir legitimidad en un país profundamente dividido.

Sánchez, en cambio, enfrentaría un escenario aún más complejo. Con un Congreso fragmentado y mayoritariamente adverso, su margen de acción sería limitado desde el primer día. La posibilidad de impulsar reformas estructurales, como cambios constitucionales o políticas económicas de mayor intervención estatal que ha prometido, dependería de su capacidad para negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten su programa. En ese contexto, el riesgo de bloqueo legislativo, parálisis institucional o eventualmente una “moción de censura” es alto. 

A esto se suma a la fragilidad del sistema de partidos en Perú. Las agrupaciones políticas carecen de cohesión interna y disciplina, lo que dificulta la construcción de mayorías estables. Esto obliga al Ejecutivo a negociar constantemente, muchas veces en condiciones de alta volatilidad, donde los acuerdos pueden romperse con facilidad. La gobernabilidad, por tanto, no dependerá únicamente del resultado electoral, sino de la capacidad del próximo presidente para tejer alianzas, contener conflictos sociales y responder a demandas urgentes en un contexto económico y sanitario aún complejo.

Perú vuelve a enfrentarse a su propia paradoja institucional, un sistema donde el Congreso concentra el poder político, pero no asume la responsabilidad de gobernar, y donde el Ejecutivo permanece constantemente bajo amenaza. Una elección que, lejos de resolver la inestabilidad, podría marcar el inicio de una nueva etapa de tensión e incertidumbre.

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La Comisión de Hacienda del Senado continuó este martes con las audiencias sobre la megarreforma impulsada por el Gobierno. En la sesión expusieron el exministro de Hacienda Felipe Larraín; el académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín; el investigador de Horizontal, Juan José Obach, y el investigador del CEP, Jorge Rodríguez, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar el crecimiento económico, pero discreparon sobre los mecanismos propuestos y los riesgos fiscales asociados.

Felipe Larraín sostuvo que el país enfrenta un deterioro económico y fiscal que obliga a adoptar medidas proinversión. “Chile tiene el décimo impuesto corporativo más alto de la OCDE“, recordó el exministro, quien planteó que reducir gradualmente la tasa desde 27% a 23% permitiría mejorar la competitividad y estimular la inversión.

El exsecretario de Estado también defendió el retorno a un sistema plenamente integrado y la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión. A su juicio, “para que la invariabilidad tenga algún efecto, tiene que tener sobre 20 años“.

Felipe Larraín, exministro de hacienda. Foto: Aton.

Una mirada distinta presentó Guillermo Larraín. El académico valoró que el crecimiento económico vuelva al centro de la discusión, pero advirtió que el proyecto “reposa excesivamente en el impacto expansivo de la rebaja tributaria“.

El académico también cuestionó que la desaceleración económica pueda explicarse principalmente por la reforma tributaria de 2014. “El problema es más grande que sólo el problema tributario“, afirmó.

Respecto de la invariabilidad tributaria, señaló que los plazos propuestos son excesivos y sostuvo que entregar garantías por 25 años equivale a otorgar “un seguro gratis“.

Desde Horizontal, Juan José Obach identificó la sostenibilidad fiscal como el principal riesgo de la iniciativa. “Este es el gran riesgo del proyecto por una razón muy simple, porque descansa en ingresos esperados futuros que por su naturaleza son inciertos“, afirmó.

Economista y director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach.

Además, Obach planteó reparos al diseño de la invariabilidad tributaria. “Esta invariabilidad carece de una prima por riesgo”, señaló y agregó que la extensión del beneficio a las interpretaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos también merece revisión.

El investigador también puso el foco en el crédito tributario al empleo formal, cuyo costo estimó en US$1.400 millones anuales en régimen. “Nos obliga a contar con un análisis serio de costo-efectividad“, indicó.

Por su parte, Jorge Rodríguez, investigador del CEP y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, destacó —al igual que Guillermo Larraín— que el proyecto vuelva a poner el crecimiento económico en el debate público, aunque advirtió que incluso si se cumplen todos los supuestos del informe financiero, los resultados seguirían siendo insuficientes para alcanzar las metas planteadas por el Ejecutivo.

“Queda la sensación de que el país quiere crecer un punto más aún de lo que logra este proyecto“, puntualizó.

Jorge Rodríguez, Investigador del Centro de Estudios Públicos y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo.

Rodríguez valoró especialmente las medidas orientadas a reducir la llamada permisología y señaló que se trata de herramientas que podrían elevar la inversión sin generar costos fiscales directos. Sin embargo, planteó que todavía existe espacio para profundizar esos cambios y reducir la judicialización de los proyectos.

Durante la sesión, varios de los expositores coincidieron además en que la rebaja del impuesto corporativo podría tener efectos positivos sobre la inversión, pero insistieron en que la efectividad de la medida dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener la sostenibilidad fiscal y entregar certezas de largo plazo.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció este martes que el Gobierno no alcanzará el equilibrio fiscal al finalizar su administración, una de las principales promesas planteadas al inicio del mandato. En la presentación del Decreto de Política Fiscal, el Ejecutivo estableció una nueva trayectoria que proyecta reducir el déficit estructural desde un 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) este año hasta un 1,5% en 2030, lo que implica que el balance seguirá siendo negativo al cierre del período presidencial.

La hoja de ruta fiscal, elaborada en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, fija metas para los próximos cuatro años y mantiene el ancla de deuda del Gobierno Central como uno de los principales mecanismos para contener el crecimiento del endeudamiento público.

“Este es un instrumento muy relevante que se hace en cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y por medio de él se fijan metas concretas y medibles para el rumbo fiscal que va a tomar el Gobierno de aquí a los siguientes cuatro años“, afirmó el secretario de Estado al comienzo de su presentación.

El decreto establece una disminución gradual del déficit estructural, que pasará de 2,6% del PIB en 2026 a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030. Con ello, el Ejecutivo posterga el objetivo de alcanzar un balance estructural equilibrado para una administración futura.

Ministro Jorge Quiroz en prestación del Decreto de Política Fiscal. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Quiroz sostuvo que la regla de balance estructural y el ancla de deuda operan de manera complementaria para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. “El balance estructural va midiendo el flujo, el exceso de gasto, en este caso, y cómo se va achicando cada año, pero la otra le pone un límite muy claro a la deuda. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-2029“, aseguró.

El ministro también sostuvo que el punto de partida de la actual administración condicionó las metas fiscales. “La situación fiscal que encontramos, al asumir, fue más compleja. Nos encontramos básicamente con una ley de presupuestos desfinanciada, a causa de ingresos sobreestimados y gastos no reconocidos”, cuestionó.

El titular de Hacienda enfatizó que la consolidación fiscal no dependerá únicamente de ajustes presupuestarios, sino también del desempeño de la economía. “Las metas que planteamos hoy día son logrables y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal. Sería muy difícil lograr una consolidación fiscal solamente con los instrumentos usuales que se emplean para ello”, señaló.

En esa línea, aseguró que la recuperación del crecimiento será un factor decisivo. Quiroz agregó que el Gobierno mantendrá una política de racionalización del gasto. “Cada peso que gasta el Estado es un peso de todos los chilenos y vamos a seguir con el celo que hemos mostrado hasta ahora por el cuidado de los recursos que son de todos”, sostuvo.

Ministro Jorge Quiroz presenta el Decreto de Política Fiscal. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

El ministro anunció que el Ejecutivo impulsará una modernización en la gestión de las empresas estatales y una administración más eficiente de los activos fiscales. “Las empresas públicas necesitan una mirada distinta a la que se ha dado en los últimos años, y un énfasis en la eficiencia, en la gestión y en cómo modernizando su configuración podemos avanzar”, afirmó.

Durante la conferencia, Quiroz explicó que las proyecciones fiscales incorporan los efectos de la ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico Social, junto con los desafíos financieros asociados a su implementación.

Asimismo, indicó que parte del mayor endeudamiento autorizado permitirá normalizar el pago a proveedores del Estado. “Mil 500 millones de esos 6 mil 200 van especialmente dirigidos a poder administrar mejor las finanzas públicas, y en particular empezar a cumplir como corresponde con las deudas de proveedores que tiene el Estado”, explicó.

El jefe de la billetera fiscal descartó que la estrategia de austeridad implique una reducción de beneficios sociales y aseguró que el foco estará en mejorar la eficiencia de los programas públicos. En esa línea, sostuvo que “hay beneficios sociales que son muy relevantes, pero se entregan a veces de modo ineficiente o con diseños de programas que no son eficientes“, por lo que ahí estará el “énfasis” del Ejecutivo.

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El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, cuestionó la acusación constitucional presentada por diputados oficialistas contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Advirtió que la iniciativa carece de una justificación política clara y podría terminar perjudicando la propia agenda del Gobierno.

En conversación con Política en Vivo, el académico sostuvo que si bien existe una crítica legítima al manejo de las cuentas fiscales durante la administración anterior, ello no implica necesariamente que corresponda impulsar una acusación constitucional.

“Es evidente que la situación fiscal del país es grave y es indudable, y así ha sido reconocido por distintos personeros, que hubo un manejo fiscal deficitario bajo el gobierno anterior”, afirmó. Sin embargo, agregó que “cuesta suponer, salvo que los hechos sean de otra magnitud, que ameriten una acusación constitucional“.

Así, Alvarado planteó que la iniciativa genera dudas desde el punto de vista político, especialmente considerando el momento que atraviesa el Ejecutivo. “Ha tenido una buena semana. La Cuenta Pública fue bien recibida por la ciudadanía, según han sugerido distintas encuestas, sin embargo, esta acusación trae las prioridades de la agenda pública hacia otro lugar y tampoco colabora al ambiente que, me parece, anhela el país“, señaló.

En esa línea, insistió en que las acusaciones constitucionales deberían volver a ser entendidas como un recurso excepcional. “Son herramientas que contempla la Constitución y es verdad que pueden ser utilizadas, pero no deberían estar en la mente de los parlamentarios como un mecanismo de uso cotidiano, sino realmente como una cuestión de última ratio“, sostuvo.

A juicio del director ejecutivo del IES, la utilización frecuente de este mecanismo ha contribuido al deterioro de la percepción ciudadana sobre la política. “Los diputados que impulsan esta acusación la consideran una cuestión casi de uso de política ordinaria. Y eso al final no le conviene a nadie. Al final, es la política institucional en su conjunto la que se va desacreditando a ojos de la ciudadanía”, afirmó.

Alvarado también cuestionó el efecto que la ofensiva parlamentaria podría tener sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica impulsado por La Moneda. Según explicó, los mismos sectores que respaldan la acusación son partidarios de sacar adelante la principal iniciativa legislativa del Gobierno, por lo que ambas acciones resultan contradictorias.

“Para que el proyecto de Reconstrucción y Reactivación Económica avance en el Congreso se requiere un clima favorable. La acusación constitucional, la verdad, apunta en un sentido contrario”, indicó. Y añadió: “Esto tiene efectos, tiene consecuencias que enrarecen el clima político y el diálogo en el Parlamento. Eso no favorece, sino que más bien dificulta el trámite del proyecto”.

Por ello, aseguró que la estrategia resulta difícil de comprender. “Es algo así como un boomerang que al final termina atentando contra lo que debieran ser los objetivos de los diputados oficialistas”, sostuvo. Asimismo, afirmó que la acusación termina generando efectos políticos opuestos a los que supuestamente busca.

“Son diputados republicanos y también del Partido Nacional Libertario que presentan una acusación cuya supuesta finalidad es reivindicar la crítica al gobierno anterior, pero que en los hechos perjudica la agenda del gobierno actual“, planteó.

El exministro de Economía, Nicolás Grau. Foto: ATON.

Críticas a la lógica de la “barra brava”

Durante la entrevista, Alvarado también especuló respecto de las motivaciones que podrían estar detrás de la iniciativa. “Es probable que algunos de estos parlamentarios tengan la percepción de que, sin este tipo de agendas, ellos no conectan con la ciudadanía”, comentó. Sin embargo, consideró que esa lectura sería equivocada.

“Yo diría que es doblemente errada. Por un lado, porque supone que la ciudadanía se reduce solo a los públicos de nicho más activos políticamente, a la llamada barra brava. Y luego hay un segundo error, que es pensar que la ciudadanía espera este tipo de agenda y no soluciones a los problemas más acuciantes que hay en el día a día“, afirmó.

A su juicio, este tipo de episodios refuerzan una imagen negativa de la política institucional. “¿Qué es lo que uno supondría que esto significa a ojos de la ciudadanía? Bueno, las peleas de los políticos de siempre, que están preocupados de mirarse el ombligo y no de estar apuntando a soluciones a las dificultades de las personas”, sostuvo.

Consultado por las consecuencias que la acusación podría tener en las relaciones entre las distintas fuerzas de derecha, Alvarado relativizó que el principal perjudicado sea Chile Vamos. “Yo entiendo esa lectura, porque además es la más espontánea, pero diría que el que termina desdibujándose y perjudicándose por la presentación de la acusación es el conjunto de los partidos que integran el oficialismo”, afirmó.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participa en reforestación del cerro Colorado, de la comuna de Renca. Foto: Aton Chile

El académico igualmente destacó que el Gobierno ha intentado construir una base política más amplia que la coalición electoral que llevó a Kast a La Moneda y que ese esfuerzo podría verse afectado por este tipo de conflictos.

“El tono del Presidente, en los momentos en que ha sido mejor valorado, es uno que justamente logra conjugar una agenda en la que empuja su ideario y sus prioridades, pero con un tono más propio de un Presidente de la República que levanta un mensaje de alcance nacional. Eso es lo que se desdibuja con la presentación. Se enrarece el ambiente con la presentación de la acusación constitucional”, agregó.

Respecto del futuro de Chile Vamos, Alvarado estimó que su vigencia como coalición deberá ponerse a prueba en los próximos procesos electorales. “La existencia de Chile Vamos como coalición política y electoral se va a poner a prueba en la siguiente elección. Diría que efectivamente hay un manto de incertidumbre al respecto”, sostuvo.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el sexto encuentro ciudadano, Presidente Presente, en Villa Alemana. Foto: Aton Chile.

El clima político y el diálogo en el Senado

Hacia el final de la conversación, el director ejecutivo del IES abordó también el clima político en el Congreso y las posibilidades de alcanzar acuerdos en torno a la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

En ese contexto, criticó la difusión de un panfleto del Partido Socialista que caricaturizaba al Presidente Kast con una nariz de Pinocho. “Lo que ocurrió con este panfleto es bien revelador de que el tipo de ambiente político que estamos comentando a propósito de la acusación constitucional no es exclusivo de ese hecho”, indicó.

Pese a ello, afirmó que todavía existen señales que podrían abrir espacio para acuerdos. “Pareciera que hay una mayor conciencia de que, una vez que estas cosas empiezan a generar ruido, no colaboran y hay que intentar llevar el debate político por cauces un poco más civilizados”, señaló.

No obstante, advirtió que cualquier avance requerirá disposición tanto del Gobierno como de la oposición. “Esto es como el baile: para bailar se requieren dos partes“, sostuvo.

En tanto, llamó a la centroizquierda a definir el rol que pretende desempeñar durante la discusión de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. “El mundo de la centroizquierda debería preguntarse qué papel quiere jugar. Si quiere desempeñar un rol que le ayude a tener alguna presencia pública relevante o si más bien va a seguir una lógica de negar la sal y el agua”, concluyó.

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La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Biobío aprobó de manera unánime este lunes el proyecto minero de tierras raras que la empresa canadiense Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendara dar luz verde a la iniciativa.

La votación se realizó en medio de manifestaciones frente a la Delegación Presidencial Regional, en pleno centro de Concepción, donde organizaciones ambientales, comunidades mapuche, vecinos y vecinas del territorio expresaron su rechazo al proyecto extractivo y denunciaron sus impactos sobre el agua, los ecosistemas, la economía local y la vida comunitaria de la zona.

La instancia fue presidida por el delegado presidencial regional, Julio Anativia, y en la votación participaron los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Transportes, Henry Campos; Vivienda, Luis Villagra; Obras Públicas, José Piña; Desarrollo Social, Daniel Manchileo; Energía, Javier Salamanca; Salud (subrogante), Ernesto Bravo, Jefe de Acción Sanitaria; Medio Ambiente, Mario Delannays; Minería, Daniel Escobar; Agricultura, Francisco Lagos; y Economía, Christian Cifuentes. Todas autoridades designadas por el gobierno de José Antonio Kast, administración que había manifestado respaldo público a la expansión de la minería de tierras raras.

La masiva marcha que antecedió la votación

La aprobación ambiental ocurrió apenas dos días después de una masiva marcha realizada desde Penco a Lirquén, donde cientos de personas recorrieron las calles bajo consignas contra la minería, el extractivismo y la instalación de industrias contaminantes en la Bahía de Concepción.

La movilización, convocada por organizaciones territoriales y ambientales, volvió a evidenciar el persistente rechazo ciudadano al proyecto impulsado por la transnacional Aclara Resources, cuya tramitación ambiental ya había enfrentado cuestionamientos. Diversas agrupaciones recordaron además que en una consulta ciudadana efectuada en 2022 la comunidad manifestó mayoritariamente su oposición a la iniciativa.

Manifestación ciudadana en Penco contra proyecto de tierras. Foto: OLCA.

Comunidades anuncian ofensiva legal y territorial

Camila Arriagada, vocera de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras” —espacio conformado por organizaciones territoriales y ambientales, la Cámara de Comercio, el gremio gastronómico y turístico, juntas vecinales y asociaciones campesinas— señaló que las comunidades ya preparan una estrategia de oposición que combinará acciones legales, administrativas y movilización social sostenida en el territorio.

“La reclamación ante el director ejecutivo del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y también las acciones ante el Tribunal Ambiental son las vías legales y administrativas que continúan después de esta aprobación, y nosotros vamos a avanzar en esos procesos”, afirmó.

La dirigenta sostuvo que las organizaciones también buscarán fortalecer la articulación territorial y aumentar la presión social contra el proyecto. “Vamos a agotar todas las instancias, no solamente legales y administrativas. También vamos a articularnos como movimiento para ejercer toda la presión social que se requiera”, señaló.

En esa línea, anunció que las comunidades impulsarán nuevas movilizaciones y evalúan avanzar hacia medidas de mayor alcance. “Vamos a convocar manifestaciones y todas las acciones que sigan expresando nuestro descontento frente a esta aprobación, incluso avanzar hacia un paro comunal e intercomunal para construir una oposición más firme y sostenida en el tiempo”, indicó.

OLCA: “La aprobación no garantiza que el proyecto se construya”

Para Javier Arroyo Olea, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la aprobación unánime del proyecto se enmarca en una política gubernamental orientada a acelerar inversiones extractivas impulsadas en distintos territorios.

“El escenario actual responde a una presión por acelerar proyectos cuestionados ambiental y socialmente, como parte de la agenda del gobierno y de los intereses de empresas extractivas transnacionales”, señaló.

Arroyo destacó que en Penco-Lirquén existe una resistencia territorial sostenida desde hace más de una década contra la iniciativa minera de Aclara Resources, impulsada por comunidades y organizaciones que han buscado fortalecer alternativas ligadas al comercio local, la defensa ambiental y la vocación productiva del territorio.

El investigador de OLCA afirmó además que la aprobación ambiental no garantiza la concreción del proyecto, recordando experiencias previas de resistencia territorial en la Bahía de Concepción.

Manifestación ciudadana en Penco contra proyecto de tierras. Foto: OLCA.

“La decisión de los representantes regionales de Kast es un elemento importante, pero no significa que el proyecto vaya a construirse. Penco-Lirquén y la Bahía de Concepción tienen referencias históricas de defensa territorial, como ocurrió con GNL Talcahuano y GNL Penco, proyectos que, pese a contar con aprobación ambiental, no lograron instalarse debido a la persistencia de las comunidades”, indicó.

Asimismo, destacó que la reciente movilización entre Penco y Lirquén refleja solo una de las múltiples formas de organización que han desarrollado las comunidades para enfrentar el proyecto extractivo. “La marcha da cuenta de una de las expresiones que ha desarrollado el movimiento en defensa del territorio, pero no es la única. En esta nueva etapa, la intención es seguir abriendo caminos y estrategias que fortalezcan el rol comunitario y la oposición territorial al proyecto”, concluyó.

Cuestionamientos a la evaluación ambiental

Camila Arriagada afirmó que, aunque la aprobación era esperable debido a la postura de las autoridades regionales, persisten graves cuestionamientos sobre la evaluación ambiental del proyecto.

“No era sorpresa la votación de estas Seremis, pero aun así existen muchas inconsistencias en la evaluación ambiental. Las medidas de mitigación y compensación son insuficientes y el SEA no presentó los riesgos ni los impactos más significativos del proyecto, especialmente en aspectos críticos como los elementos radioactivos presentes en el estudio”, advirtió.

La vocera agregó que durante la exposición realizada en la sesión de la COEVA quedó en evidencia una defensa institucional de la inversión privada por sobre las comunidades afectadas. “Lo que vimos hoy es cómo estos organismos del Estado están más preocupados de defender los intereses de la inversión privada que los intereses de las comunidades”, cuestionó.

En la misma línea, Valeria Sepúlveda, integrante de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras”, criticó la decisión adoptada por la COEVA y la falta de respuesta a las observaciones realizadas por la ciudadanía y el municipio durante la evaluación ambiental.

“Es muy decepcionante que, por ejemplo, la Seremi de Salud califique este proyecto como solo molesto. No se dio respuesta a las observaciones ciudadanas ni a las de la municipalidad, y aun así se sostuvo que el proyecto cumple técnicamente con las disposiciones ambientales”, señaló.

Sepúlveda indicó además que las organizaciones continuarán desplegando acciones institucionales y jurídicas para impedir la instalación de la minera en el territorio. “Vamos a seguir haciendo reclamaciones y utilizando todas las herramientas legales y jurídicas posibles. Que este proyecto haya sido aprobado no significa que nos vayamos a cruzar de brazos”, afirmó.

“Vamos a seguir luchando hasta el final”

Durante la marcha previa a la votación, María Flores Quilapán, mujer mapuche e integrante de la organización Koñintu Lafken Mapu, sostuvo que las comunidades seguirán movilizadas pese a la aprobación institucional del proyecto.

“Como ciudadanía que habita el territorio de Penco, decimos no a la minera porque conocemos la contaminación y el impacto que genera esta megaempresa. No solo será impactada la comuna de Penco, también Tomé, Talcahuano, Santa Juana, Florida y las comunas vecinas”, señaló.

Asimismo, advirtió que “aunque el proyecto se apruebe, nosotros vamos a seguir luchando hasta el final para impedir que esta minera se instale en esta comuna histórica y turística, una comuna que todavía tiene agua limpia”.

30 días para presentar reclamaciones

Tras la aprobación ambiental, se abrió un plazo de 30 días para que las personas y organizaciones que participaron con observaciones ciudadanas presenten recursos de reclamación. En caso de interponerse reclamaciones, el Comité de Ministros tendrá 60 días para pronunciarse.

Las organizaciones sociales y ambientales anunciaron que continuarán desplegando movilizaciones, acciones legales y presión territorial para impedir la ejecución del proyecto, insistiendo en que la aprobación ambiental no garantiza viabilidad social en una zona marcada por conflictos socioambientales y resistencia comunitaria frente al extractivismo.

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Este martes las bancadas de diputadas y diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista e independientes y el Partido por la Democracia e independientes, criticaron la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, promovida y patrocinada por integrantes de las bancadas oficialistas de los partidos Republicano, Nacional Libertario, Renovación Nacional y Partido de la Gente.

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, señaló que el libelo sienta un grave precedente que podría tener “repercusiones que podían ser de carácter internacional respecto a la economía chilena, porque hablar así tan sencillamente de que se hace un maquillaje de las cifras que maneja el país, lógicamente que puede tener repercusiones en la economía”.

“Por lo mismo nuestro llamado a la sensatez a los parlamentarios, a que al momento de evaluar esta acusación constitucional no se mire simplemente el gustito político que se quiere hacer”, aseveró.

Asimismo, la diputada Yeomans llamó al Gobierno a que responda respecto a las advertencias que ha realizado el Consejo Fiscal Autónomo respecto al impacto de su megarreforma: “Este show político que están montando hoy por hoy no puede desviarnos de lo que debiera estar toda nuestra atención como Congreso Nacional, como parlamentarios de la República, que es en las incertidumbres que está generando económicamente en las familias chilenas este gobierno”.

Diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans. Foto: Aton.

En tanto, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista e independientes, Daniela Serrano, sostuvo que: “Le daría un consejo muy sabio al actual oficialismo: si ellos van a tomar las cifras y van a hablar de lo que el ministro Grau no tomó del Consejo Fiscal Autónomo, entonces hoy día ellos mismos están torpedeando a su gobierno“.

“Cuando nosotros hablamos de que esto puede marcar el precedente para la acusación constitucional, uno esperaría que con esa misma valentía que los diputados del oficialismo vinieron a plantear esta acusación, lo hagan próximamente con su ministro de Hacienda que, en estos momentos, se está encargando de destruir la economía de nuestro país”, enfatizó Serrano.

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, indicó que es “grave que se siente un precedente de acusar constitucionalmente respecto a estimaciones o proyecciones. Como se señaló, a mi juicio de manera injuriosa y eventualmente calumniosa, a un maquillaje que eventualmente le da un rédito”.

“Eso no es honesto, porque el libelo no establece ningún incumplimiento específico y aún más allá, en caso alguno, lo que se señala por la prensa, de que habría un maquillaje para obtener un rédito, es decir, un interés, una renta. Eso a mi juicio es deshonesto intelectual y profesionalmente”, cuestionó Leiva.

El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva.

En esa línea, el parlamentario socialista llamó a “los sectores de centro-derecha a que entiendan lo grave de esta acusación constitucional que compromete no sólo el prestigio institucional del Ministerio de Hacienda de nuestro país, sino que también las clasificadoras de riesgo hoy día están mirando con atención cuál es el cuestionamiento”. “Ojo, no hay un cuestionamiento a las cifras, sino que a las proyecciones”, precisó.

En tanto, el diputado y jefe de bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, destacó: “Con esta acusación constitucional se rompe lo que hasta ahora era una tradición en nuestro país, y es considerar la política fiscal como una política de Estado, que está por encima de las diferencias y de la contingencia política e ideológica”.

“Han llevado, lamentablemente, la política fiscal de nuestro país al barro de la batalla política, de la contienda cultural, ideológica, de la pugna entre gobierno y entre sectores políticos. Eso evidentemente que le hace un daño, no al ministro Grau o al ex gobierno del presidente Boric, sino que le hace un daño a la política fiscal chilena, que hasta estos momentos gozaba de una continuidad política sólida”, subrayó.

Asimismo, el diputado Soto agregó que “una cosa es criticar la gestión económica y fiscal de un gobierno o de un exministro, eso es legítimo, pero otra cosa muy distinta es utilizar eso para extrapolarlo a un argumento jurídico constitucional, de manera tal de acusar dolo como acá se está haciendo”.

“Nos parece que no hay infracción constitucional que pueda sustentarla”, argumentó. Y, al igual que sus pares, instó a los distintos parlamentarios “a ser responsables, prudentes, porque, a propósito de esta acusación constitucional, creo que se ha generado un clima, tanto en el Congreso Nacional como en el país, que no es lo que todos esperamos”.

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Capítulo 09/05/2026

Capítulo 16/05/2026

Capítulo 23/05/2026

Capítulo 30/05/2026

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Un total de 54 personas, entre ellas funcionarios públicos, integraban una banda criminal dedicada a la comercialización ilícita de recursos marinos en la Región de Los Ríos. La organización fue desbaratada por la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Ministerio Público.

La audiencia de formalización de los más de 50 detenidos se llevó a cabo durante esta jornada. Según consignó Radio Bío Bío, en dicha instancia se dio a conocer que cinco de los imputados pertenecen a instituciones del Estado.

Entre los detenidos figuran tres funcionarios de Carabineros, un trabajador de Sernapesca y un empleado de la Municipalidad de Valdivia. Frente a este último caso, el municipio aseguró que instruyó el sumario correspondiente para “esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas”.

PDI desbarata banda criminal dedicada a la comercialización ilícita de recursos marinos en la Región de Los Ríos. Foto: PDI Los Ríos.

En el documento agregaron que: “Junto con ello, estaremos pendientes de las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia. Los vecinos y vecinas pueden estar seguros de que esta municipalidad, como ha sido su proceder habitual, no aceptará conductas impropias, exigiendo siempre los más altos estándares de transparencia y probidad”.

Los antecedentes presentados en la audiencia indican que los funcionarios públicos involucrados alertaban sobre los controles y facilitaban el paso de cada cargamento. La investigación contabilizó un total de $8.261 millones que no se declararon al fisco en las operaciones de la organización.

La banda operaba desde 2024 y comercializaba recursos sobreexplotados. El jefe de la Región Policial de la PDI de Los Ríos y prefecto inspector, José Miguel Cea, explicó que la organización “ocupaba distintos modus operandi; trasladaban los productos de madrugada, tomaban todas las precauciones en realidad para poder llevar los productos obtenidos de manera ilícita hasta el último eslabón de la cadena que justamente corresponde al usuario, trayendo consigo lógicamente problemas o riesgos de índole sanitario y otros problemas que también involucran al Estado respecto a un eventual fraude al fisco”.

El jefe de la Región Policial de la PDI de Los Ríos y prefecto inspector, José Miguel Cea. Foto: PDI Los Ríos.

Cea detalló que los delitos imputados a los detenidos son los siguientes: lavado de activos, fraude al fisco, cohecho, falsificación de instrumento público, asociación criminal y otras infracciones contra las normativas de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, reveló que “la investigación permitió determinar que el principal objeto de esta venta ilegal era la merluza austral y otros como el congrio dorado, pejerreyes y locos, que son recursos que en nuestra zona austral del país son de alto valor y, además, algunos de ellos están sobreexplotados”.

Añadió que “se pudieron identificar proveedores, transportistas, comercializadores, personas encargadas de administrar las ganancias y también personas que facilitaban la evasión de los controles”.

La mayoría de los productos provenía de la Región de Los Lagos y se comercializaba en la comuna de Valdivia. La investigación contra esta banda criminal se extendía desde abril de 2024 y fue un trabajo cooperativo entre la PDI, el Ministerio Público y Sernapesca.

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Como parte de las indagatorias de la denominada Operación Tokio, este martes la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en una sucursal de BancoEstado. La diligencia se llevó a cabo en dependencias ubicadas en Huérfanos con Morandé, en pleno centro de Santiago, en el marco de la investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

El procedimiento ocurre luego de que se revelara que una de las imputadas en la causa —Rossana Magdalena Blanco Blanco— prestaba servicios para BancoEstado a través de una empresa externa. Este antecedente fue dado a conocer durante la formalización de los 17 imputados en la causa, cuando la defensa de la mujer informó su vínculo laboral con BancoEstado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la investigación, Blanco habría realizado labores de extorsión a víctimas del Tren de Aragua y también habría participado en acciones destinadas a obligar a mujeres a ejercer el comercio sexual.

La imputada se suma a otro funcionario bancario investigado en la causa, un exejecutivo de Banco Santander, a quien el Ministerio Público vinculó con movimientos de dinero asociados a la organización criminal.

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El senador del Partido Republicano y representante de la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti, valoró los recientes anuncios del Presidente José Antonio Kast en materia de migración.

Una de las reformas anunciadas por el Mandatario busca ampliar el tiempo máximo de retención de extranjeros en situación irregular que cuenten con una orden de expulsión. Y otra punta a sancionar penalmente a cualquier persona que traslade a migrantes irregulares dentro del territorio nacional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Trisotti afirmó que durante los últimos años la situación migratoria en el norte del país “se desbandó”, por lo que resulta útil el proyecto del Gobierno en el que se extiende el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión, de cinco a un total de 60 días.

Trisotti destacó que la actual administración ha llevado un trabajo “mucho más ordenado, más sistematizado, como estas barreras físicas que están avanzando en distintos lugares del país, pero cuando uno mira esto como una estrategia de mayor control, de poder ordenar, nos damos cuenta que también se requiere legislación”.

A juicio del parlamentario, se necesitan “herramientas legales que hagan más eficaces los procesos de expulsión” de personas que han cometido delitos en el país. Explicó que actualmente existen expulsiones judiciales o administrativas para quienes ingresaron de manera irregular, pero el plazo de cinco días suele ser insuficiente para completar el proceso, especialmente porque implica traslados y vuelos desde distintos lugares del país.

El senador republicano también respondió a los cuestionamientos que está recibiendo la iniciativa y que apuntan a que no existe una infraestructura suficiente para recibir a migrantes por tantos días.

De acuerdo al legislador, “este aumento de plazos no va a implicar una decisión total y absoluta para todos los casos. Esto se va a ir ponderando caso a caso y hoy día tenemos un trabajo mucho más coordinado, más conjunto de las distintas instituciones para poder lograr expulsar a las personas dentro de los menores plazos”.

“Hay ciertas circunstancias excepcionales. Acá no hay que pensar que esto va a ser de una manera masiva”, recalcó.

Además, Trisotti relevó otras acciones que se están desarrollando en materia migratoria, como los esfuerzos para agilizar trámites pendientes en el Servicio Nacional de Migraciones o el Plan Retorno Seguro, anunciado por el Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública.

Vuelos de expulsión de migrantes.

“A muchas personas que ingresaron de manera irregular se les va a dar la última oportunidad para poder estar en nuestro país cumpliendo con la Constitución y las leyes. Este plazo va a ser de 180 días para que esas personas puedan salir de nuestro país, puedan regresar a su país de origen, puedan tener la documentación necesaria y puedan volver, pero cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos, sin aplicarse la sanción original por haber ingresado de manera irregular a nuestro país”, señaló.

Trisotti aseguró que lo anterior “es una política que se está desarrollando”. En ese sentido, valoró la entrega de mayores herramientas para ser eficaz las expulsiones judiciales y administrativas, al mismo tiempo que se “está dando una oportunidad a todas aquellas personas que ya están en nuestro país —que no han cometido obviamente ningún tipo de delito y que ya tienen su trabajo, su familia— para poder salir sin sanción y poder volver a ingresar cumpliendo con los requisitos”.

Según el senador del Partido Republicano, tal estrategia en materia migratoria impulsada por el Presidente Kast “termina fortaleciendo una migración que sea regular, segura y ordenada”.

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El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ingresó a la Cámara una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora en relación a la denominada Operación Tokio, donde las policías y la Fiscalía dieron cuenta de cerca de US$80 millones que fueron lavados para financiar al crimen organizado trasnacional, y con participación de al menos dos ejecutivos bancarios.

Por lo mismo, el parlamentario buscará que expongan los órganos fiscalizadores del Estado junto con la banca. “Esto es muy grave. Son más de US$80 millones lavados en ese banco y en otras instituciones financieras”, afirmó Mulet.

En su solicitud, el parlamentario manifestó que “debe responder la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los órganos del Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, obviamente, la asociación de bancos porque realmente no asumen ninguna responsabilidad en una operación internacional de lavado de esta magnitud”.

“Vamos a ver qué pasa con los órganos de la administración del Estado, pero también vamos a invitar a la banca, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)”, aseguró.

Lo anterior, según explicó el legislador, con el objetivo de “saber la verdad para que esto no se repita, y proponer los cambios legales que sean necesarios y las sanciones para evitar este tipo de situaciones tan graves en el país”.

Según expuso en el documento, los antecedentes conocidos hasta ahora dan cuenta de un “posible modus operandi basado en el denominado ‘pitufeo’ o fraccionamiento de operaciones, consistente en la realización de múltiples depósitos, transferencias o movimientos entre diversas cuentas de ahorro y cuentas corrientes, con el objeto de disminuir alertas individuales, dificultar el seguimiento del origen de los fondos y permitir su posterior envío al extranjero o conversión en criptoactivos”.

“Este mecanismo obliga a fiscalizar si los sistemas de monitoreo, reporte, auditoría interna, debida diligencia y control de funcionarios de las instituciones financieras fueron suficientes, y si tales mecanismos fueron oportuna y adecuadamente supervisados por los órganos estatales competentes”, agregó.

En tanto, advirtió: “La eventual participación de funcionarios o ejecutivos bancarios en entidades privadas y estatales evidencia una hipótesis particularmente grave para la seguridad económica del país, consistente en la búsqueda deliberada, por parte de organizaciones criminales transnacionales, de perfiles técnicos con conocimiento interno del sistema financiero, capaces de facilitar movimientos de dinero, justificar operaciones, eludir alertas, abrir o administrar cuentas, operar productos bancarios o contribuir a la pérdida de trazabilidad de fondos de origen ilícito”.

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La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Biobío aprobó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de tierras raras de Aclara y Grupo CAP en Penco. Mientras la empresa destacó el avance de una inversión de US$130 millones, organizaciones sociales, comunidades indígenas y el municipio anunciaron reclamaciones ante el Comité de Ministros y eventuales acciones judiciales.

La aprobación pone fin a un proceso de evaluación que comenzó con una etapa de participación ciudadana temprana y continuó en junio de 2024 con el ingreso del estudio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Durante la tramitación participaron 30 organismos con competencia ambiental. De ellos, 22 formularon cerca de 2 mil 100 observaciones técnicas y ciudadanas, canalizadas a través de tres Icsara (Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones), el máximo de rondas contempladas por la institucionalidad ambiental. Además, se realizó un proceso de consulta indígena.

Según la empresa, la aprobación permitirá avanzar en el desarrollo del primer proyecto de tierras raras del país y abrir una nueva cadena de valor vinculada a minerales estratégicos para la electromovilidad, las energías renovables y otras tecnologías asociadas a la transición energética.

Zona de Penco en que busca instalarse la empresa Aclara para la extracción de tierras raras. Foto: OLCA.

El gerente general de Aclara Resources Chile, Enrique Donoso, valoró la resolución ambiental y afirmó que: “La aprobación de la Coeva representa un paso muy significativo para nuestro proyecto y es el resultado de años de trabajo técnico riguroso, participación ciudadana y diálogo permanente con el territorio”.

Donoso añadió que “con mucha confianza, pensamos que esta es una muy buena noticia para Penco, Concepción, la Región del Biobío y para Chile”.

Por su parte, el gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, sostuvo que “la aprobación ambiental obtenida constituye un hito muy relevante para esta iniciativa y refleja la solidez técnica, ambiental y social del trabajo realizado durante todo el proceso de evaluación”.

La iniciativa contempla una inversión aproximada de US$130 millones y estima generar cerca de 2 mil 200 empleos directos e indirectos. También incorpora un compromiso de contratación de mano de obra local, monitoreo participativo, medidas de protección de biodiversidad y programas de desarrollo comunitario.

El proyecto utilizará una tecnología patentada por Aclara denominada “Cosecha Circular de Minerales” que, según la compañía, permite recuperar tierras raras desde arcillas sin uso de explosivos, chancado ni molienda, sin generar relaves y con agua reciclada.

Entre los compromisos ambientales comprometidos se incluyen la plantación de más de 100 hectáreas de especies nativas durante la etapa de cierre, zonas de protección de biodiversidad, resguardo de bosque nativo y monitoreos participativos con la comunidad.

Rechazo ciudadano y del municipio

La aprobación ambiental, sin embargo, fue cuestionada por organizaciones sociales, comunidades indígenas y autoridades comunales de Penco.

La Comisión de Evaluación Ambiental, Coeva, del Bio Bio, aprobó el proyecto minero de tierras. Carlos Acuna/Aton Chile.

Durante la sesión de la Coeva, el alcalde Rodrigo Vera reiteró la oposición del municipio a la iniciativa: “No estamos de acuerdo con este proyecto, pero en este proceso la decisión no pasa ni por el alcalde ni por el concejo. No teníamos injerencia en la votación, pero fuimos consecuentes, presentamos todas las observaciones”.

En la misma línea, la vocera de la campaña Penco Libre de Minería, Camila Arriagada, anunció que las organizaciones impulsarán acciones legales para revertir la decisión.

“Vamos a llegar como ciudadanía organizada hasta la última instancia. Vamos a hacer recursos legales en conjunto con la ONG Defensa Ambiental para que nuestras observaciones lleguen a las reclamaciones del Comité de Ministros y también a tribunales ambientales”, indicó.

Tras la resolución de la Coeva se abrirá un período de reclamación ciudadana de 30 días, etapa previa a la revisión del proyecto por parte del Comité de Ministros.

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó la designación de cinco nuevos integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, provenientes de diversas disciplinas y con  trayectorias públicas, especialmente en el ámbito de la niñez.

La Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo la custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados, fue creada en el Gobierno de Gabriel Boric.

En mayo pasado, la comisión quedó reducida a tres integrantes tras la salida colectiva, en un escenario marcado por tensiones internas y cuestionamientos sobre su desempeño. Ayer se concretó la salida de los últimos dos nombrados en el Gobierno anterior.

Desde La Moneda, se argumentó que existían problemas de funcionamiento que hacían necesaria una reformulación del trabajo. De acuerdo con antecedentes del actual Gobierno, en siete meses se habrían recogido 233 testimonios a nivel nacional, cifra distante de las expectativas iniciales.

Ayer, por encargo del Presidente José Antonio Kast, el ministro Fernando Rabat dio a conocer que la comisión estará conformada por las siguientes personas:

– Blanquita Honorato Lira (presidenta), psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Administración Pública por la New York University, ex subsecretaria de la Niñez y con una larga trayectoria en el desarrollo de políticas públicas y programas de protección de la niñez.

– Ignacio Sánchez Díaz (vicepresidente), médico pediatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex rector de la misma casa de estudios durante 15 años, con una destacada trayectoria en el ámbito académico y de gestión institucional. Es director y asesor en diversas instituciones de protección de la niñez.

– Branislav Marelic Rokov, abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la misma casa de estudios. Fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, teniendo a su cargo la Misión de Observación Sename, cuyo informe fue presentado en 2017. Cuenta con amplia experiencia en materias de derechos humanos y estándares internacionales de protección.

– Paulina Benavente Risopatrón, psicóloga experta y asesora en el acompañamiento y reparación de víctimas en contextos de abuso eclesial, con una amplia trayectoria en el desarrollo de iniciativas de prevención, apoyo y procesos de reparación.

– Jorge Rojas Zegers, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador de Coaniquem y Premio Nacional de Medicina 2024, reconocido nacional e internacionalmente por su extenso trabajo en la protección de niños, niñas y adolescentes.

“Con esta designación, la Comisión incorpora profesionales de reconocida experiencia y trayectoria, reafirmando la voluntad de continuar y fortalecer este trabajo para elaborar propuestas que permitan mejorar la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y el fortalecimiento de nuestra democracia”, declaró el ministerio.

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Con una mirada crítica sobre las transformaciones de la comunicación científica y las desigualdades que atraviesan la circulación del conocimiento, la doctora María Fernanda Beigel, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, participó en el 12° Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas de la Universidad de Chile, organizado por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB).

El encuentro, realizado bajo la consigna “Pensar, leer, transformar: el conocimiento como bien público”, reunió a más de 700 profesionales de la información en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En ese contexto, Beigel presentó la conferencia “Cartografía de la ciencia abierta en Chile”, donde abordó las asimetrías existentes entre el norte y el sur global respecto al acceso abierto, las políticas científicas y los modelos de evaluación académica.

Durante su exposición, planteó la existencia de una disputa entre una ciencia abierta inclusiva, multilingüe, no comercial y gestionada desde la academia, y otra dominada por grandes oligopolios editoriales, altos costos de publicación y métricas centradas exclusivamente en el factor de impacto.

“Hoy estamos en una disyuntiva muy importante en donde aquel mercado de publicación académica se fue apropiando de nuestras nociones de legitimidad y excelencia. Pero también estamos viendo un movimiento cada vez más fuerte por una ciencia abierta no comercial y por recuperar el control académico sobre nuestra comunicación científica”, señaló en entrevista publicada por Prensa UCHILE.

-¿Cómo nació su interés por estudiar la ciencia abierta y la circulación del conocimiento en América Latina?

Ya desde mi tesis doctoral trabajé sobre las revistas científicas, en ese momento revistas culturales latinoamericanas. Dediqué toda mi tesis doctoral, que terminé en 2001, a la red que construyó José Carlos Mariátegui desde Perú con la revista Amauta y toda una serie de revistas político-culturales de la época.

Entonces empecé a conocer todo ese campo político-cultural y artístico de ese período e interesarme por el formato revista: qué vehiculizaba, qué debates podía mostrar. Después de mi postdoctorado, empecé a pensar en las revistas más contemporáneas y a seguir trabajando sobre los años sesenta, formando cada vez más un equipo que pudiera explorar en profundidad el papel de las revistas en la circulación del conocimiento. Llevo por lo menos 25 años trabajando sobre revistas y notando que, aunque muchas veces se ha decretado su muerte, siguen vivas.

—¿Qué asimetrías ha detectado entre el norte y el sur global respecto a la adopción de la ciencia abierta?

Hay muchas diferencias acumulativas de posibilidades y recursos. Si comparamos Europa y América Latina, en Europa hubo todo un plan —el Plan S y la Coalición S— que impulsó políticas de acceso abierto, sobre todo a publicaciones, mediante grandes financiamientos.

Ahí existe una diferencia importante con América Latina, que tiene una adopción muy generalizada del acceso abierto y un ecosistema de publicación y repositorios de datos bajo égida pública, pero con mucha menor dotación de recursos e incentivos para desarrollar estas políticas. La ciencia abierta se ha desarrollado mucho desde las universidades públicas latinoamericanas, pero con menores capacidades institucionales y recursos, por ejemplo, para tareas como la curaduría de datos.

María Fernanda Beigel participó en el 12° Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas de la Universidad de Chile, organizado por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB).

—¿Cómo evalúa la situación de Chile respecto a la ciencia abierta en la región?

Aunque no soy especialista en la política chilena de ciencia abierta, sí hice un recorrido para esta conferencia y creo que las políticas de acceso abierto a datos y publicaciones impulsadas por ANID son relativamente recientes, mientras que otros países ya cuentan con leyes nacionales.

También existe una diferencia importante respecto a las rutas de acceso abierto. La política chilena se presenta inicialmente como una ruta verde, pero con tendencia hacia la ruta dorada, mientras que Argentina, por ejemplo, tiene una ruta exclusivamente verde, basada en repositorios. En un contexto de creciente mercantilización de la publicación académica, eso genera diferencias relevantes.

Además, los incentivos ligados a publicar en revistas indexadas en Web of Science también terminan promoviendo ciertas formas de acceso abierto más vinculadas a circuitos comerciales.

—¿Por qué es importante medir el impacto de la ciencia en la sociedad?

Siempre es importante medir el impacto de la ciencia, sobre todo porque generalmente hablamos de investigación financiada con fondos públicos. Es fundamental rendir cuentas y mostrarle a la sociedad qué beneficios produce.

El problema es que los indicadores bibliométricos tradicionales, basados en el factor de impacto y las citas, hoy están muy cuestionados porque representan una mirada excesivamente academicista y cuantitativista. En cambio, los indicadores que buscan medir calidad y relevancia social están todavía en desarrollo.

Por eso deberíamos avanzar más hacia formas de medir el impacto social de la ciencia, más que solamente medir productividad.

—¿Qué otros indicadores podrían utilizarse para medir el impacto de una publicación más allá de las citas?

Hay muchos. Desde el impacto ligado a la generación de patentes o innovación hasta la incidencia en políticas públicas. Hoy existen equipos de investigación que están trabajando precisamente en medir cómo la producción científica influye en el diseño o implementación de políticas públicas.

También se puede medir el impacto a través de la ciencia ciudadana, la actualización de planes de estudio o la incidencia en distintos espacios sociales. Tanto dentro del mundo universitario como fuera de él, hoy existen mecanismos mucho menos academicistas para medir impacto que simplemente contar citas.

—Finalmente, ¿qué estrategias recomendaría a las universidades para fortalecer la relación entre investigación y sociedad?

En principio, fortalecer la relación con el entorno. Y ahí la ciencia abierta tiene una dimensión fundamental, además del acceso abierto a publicaciones y datos: la ciencia ciudadana.

América Latina tiene una tradición larguísima de extensión universitaria y las bibliotecas pueden cumplir un rol clave en esa relación entre universidad, producción científica y sociedad. Pero no desde una lógica vertical, como una “torre de marfil” que entrega conocimiento hacia abajo, sino desde la interacción.

Creo que las bibliotecas son una de las principales vías para construir ese tipo de interacción con el entorno y fortalecer una ciencia más participativa.

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El candidato de Juntos por el Perú (izquierda), Roberto Sánchez, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas con un 50,074% de votos frente al 49,926% de la candidata del ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando ya se han escrutado el 95,685% de las actas.

En concreto, Sánchez ha obtenido 8.848.799 votos frente a los 8.821.929 votos de Fujimori, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En un primer momento los resultados oficiales parciales daban a Fujimori una ligera ventaja sobre Sánchez, pero la tendencia estrechaba cada vez más el margen hasta que finalmente el candidato de izquierda ha superado a la hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori.

Precisamente Fujimori ha abogado por mantener la serenidad durante el recuento y ha apuntado que ahora el trabajo es de sus personeros legales, que tendrán que “pelear” cada acta. Además ha vuelto a pedir que se respeten los resultados, independientemente del ganador.

“Lo que corresponde es paciencia y mucha serenidad. Hago también un llamado a los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales que tenemos más de 100 de ellos en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar cada una de estas actas y bueno vamos a tener que esperar y respetar los resultados sea cual sea el ganador”, ha afirmado, según recoge el diario ‘La República’.

Más tarde ha reconocido la “división” del país entre las dos opciones presentes en la segunda vuelta electoral y por ello ha abogado por “tender puentes”. En particular ha asegurado que en su partido, Fuerza Popular, están dispuestos a dialogar con otras fuerzas políticas.

Mientras, Sánchez ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido. “Agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo con su vocación, de lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación”, ha afirmado en declaraciones recogidas por la radio Exitosa.

“Agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero como corresponde el conteo al 100% aún está por revelarse. Llamamos a lo personeros a que hagan su chamba, a nuestro equipo técnico, pero lo real y concreto es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%”, ha apuntado.

Además, ha informado de que ha visitado al expresidente Pedro Castillo, encarcelado tras ser depuesto del cargo, y ha apelado a “recuperar estándares de democracia y llamar a la paz social, a la lucha contra el enemigo número uno que tiene el Perú, que es la corrupción, la pobreza”.

Desde la campaña de Sánchez, Gustavo Guerra García, miembro del equipo técnico de campaña de Juntos por el Perú, ha destacado la labor de la ONPE durante la segunda vuelta electoral. Así ha destacado que más del 95% de las mesas presentaron actas conformes y que el nivel de impugnaciones fue bajo, entre el 1 y el 2%. “Esta vez la ONPE ha estado a la altura. No hemos tenido los problemas de la vez pasada”, ha indicado en referencia a la primera vuelta de los comicios.

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

En su cuarta intentona de lograr la Presidencia, Fujimori ha ganado en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en las zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.

Sánchez tiene mayorías en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte, Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa.

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Tras la decisión del 7°Juzgado de Garantía de mantener en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el abogado penalista, Mauricio Daza, afirmó que el caso Muñeca Bielorrusa es una trama “bastante grave” y que incluso podría ser considerada como “el caso de corrupción más importante que se ha conocido en la historia del Poder Judicial”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Daza recordó que esta causa involucra a “una exministra de la Corte Suprema, quien hasta hace un par de años era la vocera del máximo tribunal de la República”, la cual está siendo investigada por recibir coimas.

“Acá lo que hay que averiguar es si esto es algo puntual, o si era una suerte de negocio que ella mantenía con su pareja, Gonzalo Migueles. Obviamente es del máximo interés poder definir aquello y establecer cuáles otros juicios o casos que ella resolvió podrían también haber estado marcados por estos hechos de corrupción”, indicó.

Respecto a la decisión misma de mantener a Vivanco en prisión preventiva, el abogado aseguró que es “interesante”, porque el juez no solo descartó los argumentos de su defensa para cambiar la cautelar, “sino que también sostuvo, en base a los antecedentes que se exhibieron, que existen aún más indicios que dan cuenta no solamente de la existencia del delito, sino en la participación de ella en estos ilícitos”, señaló.

“Ojalá que no nos quedemos, como ocurrió en esos casos Penta y SQM, en que finalmente esto se terminó con la finalidad de no ahondar en la investigación y no establecer toda la verdad de lo sucedido”, añadió.

Daza además fue requerido sobre el levantamiento del secreto bancario, un tema que volvió a la discusión pública tras la puesta en marcha de la  “Operación Tokio”. Sobre aquello, el abogado aseveró que si no se avanza en ese sentido es por una “desconfianza” de los legisladores con organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda o el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Se dice que esto puede ser utilizado políticamente porque finalmente estos órganos estarían de alguna manera cooptados o habría una injerencia del gobierno de turno, la autoridad política de turno, en el nombramiento de su autoría y en su funcionamiento. Eso es lo que está detrás de eso”, observó.

En ese escenario, Daza sostuvo que una solución posible es “avanzar en una consolidación institucional” de la UAF y el SII, “para los efectos de, precisamente, garantizar que exista una suerte de cortafuegos entre lo que es la decisión del poder político de turno y la actuación de estos órganos”.

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Este lunes y luego de varios días de expectación, diputados del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, Renovación Nacional (RN), el Partido de la Gente (PDG) e independientes, presentaron la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Esto último, tras la denuncia realizada por el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, por supuestas inconsistencias en el último Informe de Finanzas Públicas.

El libelo está compuesto de cuatro capítulos, referidos a: la infracción del principio de probidad establecido en la Constitución; la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; la vulneración del principio de universalidad presupuestaria; y la vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales.

Tras la presentación del documento, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, sostuvo que su partido adhiere a la acusación “porque creemos que acá quien las hace las paga y para el futuro del país es importante que cuando hay errores, que más que errores son asimilables a horrores financieros que van a influir en la calidad de vida de todas las personas, estos no quedan impunes”.

Diputado Benjamín Moreno. Foto: Aton Chile.

“Cuando una persona en un sistema privado, en una empresa, oculta números, maquilla cifras, muestra una realidad que no es real con el fin de obtener réditos, a esa persona se le persigue (…) y no vamos a aceptar que quien maquille estados financieros, situaciones contables de un país entero, quede en la impunidad”, insistió.

Por su parte, el jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, se mostró confiado en “que esto en la Cámara Baja va a avanzar”. “El llamado es a la Cámara Alta, a que dejen de lado un poquito esa especie de prudencia dormida, donde en vez de calificar realmente cómo son las situaciones que están sucediendo, se dejan llevar más bien por sentimientos o por algún tipo de reconocimiento que no tiene ningún sentido”, aseveró.

“Yo hablo claramente de lo que pasó con el exministro (Diego) Pardow. El exministro Pardow, al igual que el ministro Grau, no merece estar hoy día impune frente al Congreso”, dijo.

Diferencias en el oficialismo

Inicialmente, la acusación constitucional contra Grau generó diferencias al interior del oficialismo, con algunas voces de Chile Vamos apuntando a que es poco conveniente y que podría afectar el apoyo de actores de la oposición al proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

Sin embargo, durante los últimos días, al menos la UDI cambió de opinión y optó por plegarse a la acción liderada por republicanos y libertarios. El diputado y presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, explicó que fue clave leer el documento de la acusación.

“La UDI tomó la decisión de apoyarla porque nosotros recibimos el texto de la acusación el martes pasado. Luego, hubo sucesivas versiones con mejoras el miércoles, jueves y viernes y finalmente nosotros creemos que hay un caso atendible. Por lo tanto, creemos que el Senado tiene que juzgar y para eso vamos a declarar admisible la acusación en la Cámara de Diputados”, indicó.

Diputado Guillermo Ramírez (UDI). Foto: Aton.

En Renovación Nacional (RN) el escenario es diferente. Pese a que diputados del partido firmaron la acusación, todavía no existe una postura como colectividad. El jefe de bancada, Diego Schalper, aseguró que “es un hecho público y notorio que en Renovación Nacional, en esta materia, hay opiniones distintas”, por lo que este martes está convocada una reunión entre los diputados y diputadas, donde se fijará una postura.

La diputada RN y vicepresidenta de la Cámara Baja, Ximena Ossandón, también afirmó que la jornada de mañana será clave y que en el partido se encuentran estudiando el mérito de la acusación. De todas maneras, a título personal, la parlamentaria sostuvo que presentar la acusación podría generar un “efecto boomerang” y no respecto al proyecto de Reconstrucción, sino que de cara a posibles acusaciones en contra de ministros del Gobierno.

“Lo que sí puede afectar es el futuro de las acusaciones constitucionales, que van a ser justamente a los ministros del Presidente Kast. Y cuando entremos en la lógica de las elecciones, esto se puede poner aún peor. Tenemos que ser rigurosos en lo estrictamente legislativo y judicial, y también muy rigurosos en el escenario que podemos nosotros mismos estar sembrando”, advirtió.

Oposición advierte sobre futuras acusaciones

Desde la oposición, la postura fue que la acusación no tiene mayor sustento y que se trata de un punto político por parte de los republicanos y los libertarios.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que el exministro Grau “no fue de los mejores ministros Hacienda que ha tenido nuestro país” y que “probablemente tuvo una gestión deficiente que podría haber sido mucho mejor en muchos aspectos”, “pero no hay ninguna duda de que no hay ni ilegalidad ni inconstitucionalidad en su actuar. Por lo tanto, no se justifica jurídicamente, ni tampoco políticamente una acusación constitucional”.

En esa misma línea, el parlamentario descartó el apoyo de los diputados independientes que son parte de su bancada a la acusación constitucional. “Los diputados independientes tienen, por supuesto, autonomía y recibirán argumentos a favor y en contra, pero no me cabe ninguna duda que cuando vean los argumentos se van a dar cuenta que no tiene sustento. Es por eso mismo que desde Chile Vamos han planteado tantas dudas”, estimó.

Punto de prensa del diputado Raúl Soto. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, apuntó sus dardos al Gobierno. A su juicio, “esto más allá de ser una acusación de partidos políticos, quién está detrás, por la manera, por la forma, por los silencios, es el Gobierno”.

“Eso es grave, porque mientras en la Cuenta Pública, el Gobierno, el Presidente modera el lenguaje, dice que requiere de amplios consensos y la unidad de todas y de todos, por otro lado está atizando el fuego con este tipo de acusaciones”, opinó.

El parlamentario agregó que el Gobierno “comete un grave error estratégico”, al “banalizar” las acusaciones constitucionales porque “son ellos los que van a gobernar durante todo este tiempo y somos nosotros los que vamos a estar en la posibilidad de realizar este tipo de acusaciones de aquí en adelante”.

Desde el Ejecutivo, el mensaje, comunicado por distintas autoridades, es que se dejará actuar a los diputados y diputadas del oficialismo. Asimismo, se desestimó un “llamado al orden” para evitar confrontaciones con la oposición.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que “el Ejecutivo no comenta respecto de las atribuciones exclusivas que tienen los señores parlamentarios” y que “la acusación constitucional es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados para hacer valer la responsabilidad constitucional contra un ministro de Estado”.

“En ese sentido, el Ejecutivo tiene plena conciencia de que las iniciativas que se están tramitando en el Senado tienen que seguir su curso, independiente de las atribuciones amplias que los parlamentarios, en otras dimensiones de la discusión parlamentaria, puedan hacer efectivo de acuerdo a sus atribuciones. Para el Ejecutivo no es un problema que los parlamentarios, dentro de sus facultades, lleven adelante iniciativas de fiscalización“, recalcó.

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Lo que hasta ahora se movía en la lógica de advertencias diplomáticas, operaciones encubiertas y enfrentamientos a través de terceros, escaló a un nuevo enfrentamiento directo entre Irán e Israel.

Además, también dejó en evidencia una fractura política cada vez más visible entre Israel y Estados Unidos, y sumó a un actor que puede tensionar el sistema económico global: los hutíes en Yemen, quienes no solo atacaron Israel, sino que amenazan con intervenir en uno de los puntos más sensibles del comercio mundial, el estrecho de Bab el-Mandeb.

Está última escalada que comprende la más intensa después de dos meses de tregua, comenzó con Israel ignorando las advertencias explícitas de Teherán de no bombardea el barrio de Dahiye, en Beirut, uno de los principales bastiones de Hezbolá y población chií en el Líbano, un territorio que ya fue devastado en 2006. Desde entonces, la seguridad del área quedó a cargo de fuerzas de paz de Naciones Unidas que funcionan como zona de amortiguación.

A pesar de lo anterior, desde el inicio de las hostilidades en marzo, Israel lanzó una campaña terrestre justificando su ofensiva como parte de su guerra contra la llamada “red de la resistencia”.

Impacto de un misil iraní en Givat Olam, cerca de la ciudad palestina de Nablus. Foto: Eye on Palestine.

La cronología de la escalada

Sin embargo, desde que se logró el alto al fuego entre Irán y EE.UU. en abril, el trato incluía al Líbano y Gaza, a pesar de esto, los llamados “altos al fuego” no han significado un cese real de las hostilidades. El propio presidente estadounidense, Donald Trump,  lo resumió de forma bastante cruda al señalar que en la región “alto al fuego significa ataques más limitados”. Es decir, lo que existe es una reducción táctica de la intensidad, pero no una desescalada real. Y bajo esa lógica, Israel mantiene una presión y ataques constantes sobre el sur y capital del Líbano.

Pero el domingo, mientras Israel informaba sobre una nueva ronda de ataques sobre Beirut, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) público un mensaje en X: “Miren a los cielos de las tierras ocupadas esta noche”. Horas después, esa amenaza se materializa con el lanzamiento de entre 10 y 20 misiles balísticos contra objetivos israelíes, incluyendo la base aérea de Ramat David.

Irán activó la llamada “Operación Nasr”, utilizando misiles Kheybar Shekan —un sistema relativamente nuevo, con capacidad de maniobra y ojivas de racimo— junto con drones. Los ataques apuntaron a bases estratégicas como Nevatim y Tel Nof.

Israel respondió con una ofensiva de gran escala dirigida a degradar capacidades militares iraníes, los sistemas de defensa aérea y objetivos estratégicos en Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj, además de atacar el complejo petroquímico de Karun en Mahshahr.

Irán ataca nuevamente a Israel. Foto: Fuerza Militar de Irán.

En ese momento, las estimaciones dentro de Israel apuntaban a varios días de enfrentamientos. No obstante, esta mañana ambas partes anunciaron una “pausa”. Una extremadamente frágil, pues desde Teherán el cese es condicional. El cuartel Khatam al Anbiya advirtió que si Israel continúa atacando, la respuesta será “más severa y con mayor fuerza que antes”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país “ni ha abandonado el campo de batalla ni la mesa de negociaciones”. Y el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, sostuvo que: “La elección no es entre luchar y negociar. Debemos luchar cuando sea el momento adecuado y negociar cuando sea el momento adecuado”. Irán ya no ve la diplomacia como alternativa a la guerra, sino como su extensión.

Un nuevo estrecho amenazando la economía global

Cuando parecía que el conflicto se mantenía en ese eje bilateral, aparece un tercer actor que cambia completamente la ecuación. Desde Yemen, los hutíes, llamados realmente Ansar Allah, lanzaron misiles contra Israel, coordinándose con la ofensiva iraní. Luego dieron un paso aún más importante y prohibieron la navegación vinculada a Israel en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb.

Bab el-Mandeb no es un punto menor. Este estrecho, ubicado en la boca del Mar Rojo y entrada al Canal de Suez, conecta Asia con Europa y es por donde circula entre el 10% y el 12% del comercio marítimo mundial. Su bloqueo implicaría desviar rutas alrededor de África, aumentando costos logísticos y tiempos de transporte de forma significativa. Cortar este estrecho a la par del de Ormuz es una estaca de muerte al comercio global.

Si ambos puntos se ven comprometidos al mismo tiempo, el sistema energético global enfrenta un shock sin precedentes. Estamos hablando de más de 25 millones de barriles diarios fuera del mercado. No hay alternativas logísticas reales para reemplazar ese flujo.

El quiebre en el eje israelí-estadounidense que Irán quiere explotar

En paralelo, el otro eje de tensión se desarrolla en el plano político. La relación entre Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, muestra fisuras profundas. Trump reconoció públicamente que no fue informado del bombardeo en Beirut, expresó su descontento frente al ataque e intentó contener la escalada en las primeras horas de los ataques. En Truth Social escribió: “Ya lanzaron sus misiles, ya fue suficiente, regresen a la mesa y hagamos un trato”. Sin embargo, por horas, Israel lo ignoró.

Presidente de Estado Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: Casa Blanca.

Pero el punto más revelador del quiebre viene después. Trump le rayó la cancha al mandatario israelí. “Netanyahu no tiene remedio. Yo tomo las decisiones”,afirmó Trump en una entrevista.

El problema es que esa afirmación no se sostiene en los hechos. Israel continúa con los bombardeos dentro de Irán, incluso después de la llamada directa desde Washington. Netanyahu aseguro que su país tiene el derecho de responder y que los ataques en el Líbano continuarán. “Le digo a mi amigo Trump: defenderemos Israel con determinación”, aseguró en un mensaje está mañana.

Sin embargo, según un reporte del medio Axios, Israel preparó inicialmente una gran oleada de ataques contra Irán, pero Trump advirtió a Netanyahu en otra llamada: “Bibi, más te vale tener cuidado, o muy pronto te quedarás solo”. Netanyahu acabó aceptando retirarse si Irán también dejaba de atacar.

Lo que queda en evidencia es una desconexión de objetivos. Estados Unidos busca terminar el conflicto. Israel, todo lo contrario, opera bajo una lógica de aprovechar la ventana actual para degradar las capacidades de sus enemigos, incluso si eso tensiona la relación con Washington. Netanyahu personalmente necesita la guerra para evitar ser juzgado por causas de corrupción. Trump quiere salir del conflicto a días de que empiece el mundial de fútbol.

En este contexto, los recientes ataques de Irán están explotando esta división. Escala lo suficiente como para generar presión, activa a sus aliados y luego modera su accionar para posicionarse como un actor dispuesto a negociar. Es una estrategia de “escalar para desescalar”, pero en sus propios términos.

Por ahora, la situación parece entrar en una pausa relativa. Pero es una calma engañosa. Las condiciones que llevaron a esta escalada siguen intactas. Las tensiones entre aliados no se han resuelto y los actores en juego han demostrado que tienen tanto la capacidad como la disposición para subir el nivel del conflicto.

La entrada Irán e Israel escalan el conflicto: las claves para entender la nueva fase de la guerra se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

Este martes se conocieron los resultados de la quinta edición del Observatorio Nutricional Nestlé y la Universidad Finis Terrae, desarrollado junto a Ipsos, que busca generar información sobre cómo los cuidadores perciben la alimentación y el estado nutricional de niños y niñas en Chile. Este 2026, el informe vuelve a revelar una normalización del exceso de peso infantil: mientras un 85% de los padres y madres encuestados considera que sus hijos tienen un peso normal, el Mapa Nutricional JUNAEB 2025 indica que solo el 43% de los escolares se sitúa realmente en ese rango, mientras que el 51% presenta sobrepeso u obesidad.

Rodrigo Camacho, CEO de Nestlé, señaló que “en estos cinco años, el Observatorio Nutricional nos ha permitido entender mejor cómo las familias perciben la alimentación infantil en Chile. Qué desafíos enfrentan y cómo podemos colaborar, de manera multisectorial, a tomar mejores decisiones. Por ello, como empresa líder en nutrición, salud y bienestar, creemos que debemos ser parte activa de la solución: generando evidencia, promoviendo el diálogo y aportando al bienestar de las futuras generaciones.”

Por su parte, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, hizo un llamado a las familias a reforzar los buenos hábitos y las conductas alimentarias saludables y agradeció a las instituciones que impulsan este estudio, que ofrece “información valiosa que se suma a la del Mapa Nutricional que nosotros desarrollamos y que es relevante tanto para el proceso de toma de decisión como para el diseño de políticas educativas”.

Entre sus resultados, los padres sostienen que las principales dificultades para mantener hábitos de alimentación saludable son altos precios (20%) y la falta de oferta de alimentos saludables (21%). Además, uno de cada cuatro padres utiliza la comida como método para premiar a sus hijos (24%), cifra que aumenta 5 puntos porcentuales respecto de la primera versión del estudio en 2022.

Respecto de la diferencia entre percepción de los padres versus la realidad, Edson Bustos, académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Finis Terrae, reflexionó que “probablemente tiene que ver, primero, con la negación de reconocer un problema nutricional. Por otro lado, esa misma negación lleva a una ineficacia en la búsqueda de apoyo profesional para poder combatir la malnutrición y asumir una responsabilidad que a veces es familiar pero que también está en un contexto social y en este caso también con el Estado de Chile”.

Nuevas aristas: medicamentos, suplementos y salud mental

Un nuevo hallazgo de esta edición dice relación con el consumo de medicamentos en la infancia: un 37% de los encuestados declara que su hijo o hija consume algún fármaco. Entre los más frecuentes aparecen medicamentos para la concentración y para el sueño (ambos con un 31%), seguidos por fármacos para la ansiedad (29%) y la hiperactividad (16%). En cuanto a suplementos alimenticios, un 45% afirma que sus hijos los consumen, destacando los multivitamínicos (21%), los probióticos (16%) y Omega 3 (14%).

El Observatorio también exploró el vínculo entre el peso y la salud mental infantil. El 12% de los padres declaran que afecta a sus hijos, lo que repercute más a las mujeres y aumenta significativamente con la edad: un 7% de los cuidadores de niños entre 2 y 5 años considera que el peso ha impactado su salud mental, la cifra sube a 10% en el tramo de 6 a 12 años y llega a 24% entre los adolescentes de 13 a 15 años.

Reconocimiento a la trayectoria en nutrición infantil

En la ceremonia de presentación de los resultados, la Sociedad Chilena de Nutrición, junto a la Universidad y Nestlé entregaron reconocimientos a la “Trayectoria a la Nutrición Infantil” a profesionales por su destaca labor y legado al país en esta materia.

Los destacados fueron: Fernando Monckeberg, médico cirujano, fundador y ex director del INTA, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas (1998) y Premio Nacional de Medicina (2012) y quien el mismo día había sido homenajeado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda; Raquel Burrows, médico Cirujano con especialidad en Nutrición y Endocrinóloga infantil, investigadora y académica del INTA de la Universidad de Chile; Verónica Cornejo, nutricionista, ex directora del INTA y actual directora de su Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas; Sylvia Cruchet, gastroenteróloga pediátrica, académica del INTA y especialista en alergias alimentarias y Óscar Brunser, pediatra gastroenterólogo, investigador y académico.

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Nacida al alero de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Banda de la Memoria se ha transformado en mucho más que un proyecto ocasional. Integrada por reconocidos músicos de distintas generaciones y trayectorias —entre ellos Edita Rojas, Ismael Oddó, Pedro Villagra, Cuti Aste y Jorge Campos— la agrupación volverá a presentarse este 11 de junio en Sala Master con un repertorio que revisita algunas de las canciones más significativas de la historia reciente de Chile.

El proyecto surgió en 2023, cuando sus integrantes fueron convocados para participar en las actividades oficiales de conmemoración del medio siglo desde el quiebre democrático. “Esta banda se armó como una boy band, pero mixta“, bromeó la baterista Edita Rojas al recordar el origen de la iniciativa. “Nos invitaron a participar de la conmemoración de los 50 años del golpe. Los productores encontraron que era una buena idea armar una banda con personas muy seleccionadas por ellos, que tuvieran cierto vínculo con esto”, explicó.

Y aunque varios de los músicos ya se conocían entre sí, no todos habían trabajado juntos. “Con el único que había trabajado era con el Cuti. Con ninguno más. Los conocía de lejos”, recordó. Así, la primera tarea consistió en escoger canciones representativas de distintas etapas de la historia política y social del país. Sin embargo, el objetivo nunca fue construir un repertorio de éxitos al azar.

“Es reeditar música chilena, pero la característica clave es que sea parte de la historia política, sociopolítica, digamos. No es sólo hacer covers de cualquier canción”, señaló Rojas. Tras aquella primera experiencia, el grupo decidió continuar trabajando. “Nos gustó el ejercicio, nos llevamos bien entre nosotros, además es muy grato el ambiente de trabajo y nos hizo mucho sentido seguir con eso”, comentó.

Pero hay también una motivación personal detrás de la propuesta. Según la baterista, el proyecto les ha permitido acercarse a repertorios que difícilmente habrían interpretado en otros contextos. “Son canciones que nunca habríamos llegado a tocar. Tocamos canciones de Santiago del Nuevo Extremo que, por lo menos yo, en los proyectos que tengo jamás tendría por qué llegar a tocar. Son canciones que escuché desde muy chica y que son muy importantes en mi historia”, afirmó.

“La posibilidad de poder versionar canciones que nunca habríamos versionado también es muy entretenida. Es como un lujito, un privilegio”, confesó. En esa línea es que la próxima presentación de la banda lleva por nombre “Las canciones que hemos cantado toda la vida“, una declaración de principios que dialoga con el contexto social actual y con el papel que puede desempeñar la cultura en tiempos de incertidumbre.

“Está todo muy a contrapelo, bien violento también. Lo que todos estamos viviendo”, reflexionó Rojas. Frente a ese escenario, sostiene que los músicos deben asumir una responsabilidad que trasciende lo estrictamente artístico.

“Me parece importante que quienes hacemos música nos tomemos muy en serio el rol que tenemos, que es político. El arte en función de algo político, no sólo tocar, vender tickets y qué sé yo, sino entenderlo desde este lugar en que a través del arte se pueden cambiar cosas, sociedades”.

Aunque reconoce que “el mundo no va a cambiar por una canción”, destaca el valor que la música puede tener para las personas y las comunidades: “El refugio que le puedes dar a personas y comunidades a través de la música no es menor. La experiencia musical para mucha gente es algo muy importante, muy reflexivo también, de contención, de sentir que no estamos solos, que hay otras personas con este discurso”.

De hecho, para la integrante de Electrodomésticos y Mama Soul la relación entre música y sociedad ha sido permanente a lo largo de la historia chilena. “La música ha estado acompañando todo. El arte en general es un espejo, un reflejo de lo que está ocurriendo en lo social“, afirmó. “Es muy interesante ver cómo fue cambiando la forma de hacer música y la manera de entregar el discurso desde los años 70 hasta ahora. Hoy incluso hay reguetones hablando de política“.

Banda de la Memoria. Foto: Claudio Escalona Oro (vía Instagram).

Entre el respeto y la reinvención

El repertorio de la Banda de la Memoria reúne composiciones de autores y grupos tan diversos como Violeta Parra, Víctor Jara, Santiago del Nuevo Extremo, Sol y Lluvia, Congreso, Fulano, Electrodomésticos y Los Prisioneros.

La selección, según explicó Rojas, ha sido un proceso relativamente natural. “Tenemos mucho de dónde elegir. Alguien propone una canción, a todos nos hace sentido y establecer las prioridades ha sido algo bastante liviano de decidir”.

Las versiones tampoco responden a una única fórmula. Mientras algunas conservan buena parte de sus estructuras originales, otras han sido transformadas de manera más profunda. “Hay algunas que respetan mucho la estructura original y otras, como ‘Arriba en la cordillera’, donde la banda empieza a mostrar una identidad propia. Esa canción se chascoñeó, se tiró para arriba, se dio unas vueltas y aterrizó de otra forma”, explica.

Aquel trabajo de reinterpretación supone además un desafío particular para una instrumentista como ella, especialmente cuando se trata de canciones que originalmente no contemplaban batería. “Uno siempre piensa: ‘¿Para qué tocarla con batería si es tan bonita sin batería?’. Pero en las canciones más delicadas la batería funciona más como una herramienta de percusión que como batería propiamente tal”, comentó.

Afiche Banda de la Memoria en Sala Master.

A su juicio, la experiencia acumulada por los integrantes facilita ese proceso creativo. “Hay criterios compartidos, una sensatez respecto a cómo hacer los arreglos. Nos vamos corrigiendo, nos dirigimos entre nosotros mismos. Entonces ese trabajo también es súper entretenido”, expresó.

Por otro lado, además de continuar presentándose en vivo, la Banda de la Memoria ya proyecta nuevas formas de desarrollo para el proyecto. Entre ellas figura la posibilidad de retomar un formato en el que cada concierto cuenta con un invitado especial y un repertorio parcialmente dedicado a su obra. “Ese formato nos gustó mucho y nos gustaría seguir desarrollándolo. Como que cada show se transforma en un hito”, comentó Rojas.

Igualmente aparece en el horizonte la idea de registrar el trabajo realizado hasta ahora. “Eventualmente también nos gustaría grabar. Registrar estas versiones, reversionarlas aún más, chasconearlas todavía más y dejar registro del trabajo que estamos haciendo”, adelantó.

Por ahora, la agrupación volverá a encontrarse con el público este 11 de junio en Sala Master, en una presentación que promete recorrer décadas de música chilena, memoria colectiva y reflexión social. Un repertorio donde las canciones del pasado siguen dialogando con el presente. “No sé si alguna vez dejaron de hacerlo”, concluye Rojas. “Hay canciones de los años 70 que las escuchas en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010 y siguen funcionando”, cerró.

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La Comisión de Hacienda del Senado inició una maratónica ronda de audiencias para analizar la iniciativa del Gobierno, que enfrenta crecientes cuestionamientos por sus proyecciones de crecimiento y recaudación.

Las advertencias sobre los efectos fiscales de la megarreforma marcaron este lunes la primera jornada de exposiciones en la Comisión de Hacienda del Senado. Aunque los economistas convocados respaldaron la necesidad de impulsar la inversión y el crecimiento, varios pusieron en duda que los beneficios proyectados por el Ejecutivo sean suficientes para compensar el costo de las rebajas tributarias contempladas en el proyecto.

Una de las exposiciones más críticas fue la de la economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, Andrea Repetto, quien advirtió que la iniciativa llega en un momento especialmente complejo para las finanzas públicas.

Economista Andrea Repetto.

“Este es un proyecto que tiene un costo cierto. Sabemos que va a reducir la recaudación tributaria y eso es problemático en particular en un contexto de estrategia fiscal y necesidad de consolidación”, señaló.

La académica sostuvo que los beneficios asociados a un mayor crecimiento económico siguen siendo inciertos y llamó a actuar con cautela frente a proyecciones optimistas. “Sobreestimar el crecimiento y sobreestimar la recaudación es mucho más riesgoso que subestimarla. Acá hay una asimetría. No es lo mismo equivocarse en estimar muy pocos ingresos versus muchos”, puntualizó.

Repetto también cuestionó algunas de las medidas incluidas en el proyecto, particularmente el crédito tributario al empleo formal, uno de los componentes de mayor costo fiscal: “Tenemos gastando una cantidad cuantiosa de recursos para obtener algo que tal vez no se logre y tengamos una pérdida de los ingresos tributarios”.

Las dudas sobre los números del proyecto también estuvieron presentes en la exposición del exministro de Hacienda Mario Marcel. El exsecretario de Estado cuestionó varios de los supuestos utilizados en el informe financiero y sostuvo que el efecto fiscal podría ser considerablemente mayor al estimado por el Gobierno.

“Las medidas permanentes implican una reducción directa de ingresos tributarios de poco más de 16 mil millones de dólares entre 2026 y 2031”, indicó.

Exministro de Hacienda, Mario Marcel. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Marcel sostuvo que al corregir algunos de los supuestos más discutidos por economistas y organismos especializados, el panorama cambia de manera importante. Además,  enfatizó que la discusión se está desarrollando en medio de incertidumbres relevantes sobre la situación fiscal del país y sobre las metas que deberá cumplir el actual gobierno.

En una línea similar se manifestó el expresidente del Banco Central, exministro y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio. Si bien respaldó avanzar en una reducción gradual de los impuestos corporativos, insistió en que cualquier rebaja debe realizarse dentro de un marco fiscal sostenible.

De Gregorio cuestionó uno de los argumentos centrales utilizados por el Ejecutivo para defender la iniciativa: que la reforma tributaria de 2014 sería una de las principales responsables de la desaceleración económica de la última década.

El decano de la FEN, José de Gregorio.

El economista dedicó parte importante de su presentación al crédito tributario al empleo formal, medida que, según dijo, tiene un costo elevado y resultados inciertos: “El programa es caro. Se gastarían aproximadamente 600 mil pesos mensuales por cada empleo generado. Más aún, la estimación de empleo podría ser elevada”.

También coincidió con las advertencias realizadas previamente por el Consejo Fiscal Autónomo respecto de los riesgos que enfrenta la iniciativa: “Este proyecto por sí solo no deja claro qué contribuye a la consolidación fiscal en una economía que lo requiere”.

La jornada comenzó precisamente con una nueva exposición del Consejo Fiscal Autónomo, que reiteró sus reparos al proyecto y advirtió que los déficits fiscales podrían extenderse por varios años, incluso considerando los efectos positivos proyectados sobre el crecimiento.

Las audiencias continuarán este martes en Valparaíso con nuevas exposiciones de economistas, centros de estudios y representantes empresariales.

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Las denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que acusaron el embargo total de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias abrieron una nueva controversia sobre los mecanismos de cobro utilizados por la Tesorería General de la República (TGR).

Los afectados señalaron que quedaron sin recursos tras la ejecución de medidas de apremio por deudas impagas, mientras que algunos aseguraron no cumplir con los criterios de altos ingresos que inicialmente fueron mencionados por el Ejecutivo. La situación instaló cuestionamientos sobre la proporcionalidad de los procedimientos y motivó solicitudes de fiscalización desde el Congreso.

En medio de la polémica, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la estrategia de cobro y recordó que el Estado asume el costo de los créditos impagos. “Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares, pasándole la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE el que pierde es el Estado de Chile, todos los chilenos”, afirmó.

El secretario de Estado destacó además que cerca de 30 mil personas se acercaron a Tesorería para regularizar su situación tras el llamado realizado hace casi 90 días. Además, sostuvo que los embargos afectan a menos de mil 500 deudores, principalmente con ingresos superiores a $3,5 millones mensuales. “Va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazo, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, enfatizó.

Quiroz aseguró que “si hubiera gente por debajo de los 3,5 millones al mes, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se le puede buscar una solución distinta“.

Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Entre quienes respaldaron la medida se encuentra el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla (UDI), quien afirmó que los deudores tuvieron oportunidades para suscribir convenios antes de que se aplicaran medidas más severas. “No queda más remedio que hacer uso de las herramientas que el Estado de Derecho le entrega al Gobierno para que estos deudores asuman su responsabilidad y terminen pagando”, señaló el parlamentario, quien defendió el cobro como una forma de resguardar recursos públicos destinados al financiamiento estudiantil.

En la misma línea, el diputado Luis Pardo (RN), integrante de la misma comisión, responsabilizó al Frente Amplio por las expectativas de condonación que, a su juicio, incentivaron el incumplimiento de pagos. “Ellos alimentaron la expectativa de una condonación que nunca llegó. Ellos alimentaron una retórica en la cual el no pago del CAE era prácticamente un acto de justicia”, sostuvo.

Pardo agregó que la Tesorería tiene la obligación de recuperar esos recursos, aunque manifestó disposición para apoyar soluciones dirigidas a familias que efectivamente enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Las críticas provinieron principalmente desde la oposición. El diputado Juan Santana (PS), también miembro de la Comisión de Educación, calificó los embargos como una medida “extrema e injustificada” y aseguró haber recibido denuncias de familias que quedaron sin recursos para afrontar gastos esenciales.

Diputado Juan Santana. Raul Zamora/Aton Chile.

“Nadie está en contra del cobro del CAE, y entendemos que las deudas deben pagarse, pero otra cosa muy distinta son las medidas de apremio que hoy impulsa la Tesorería”, afirmó. Asimismo, el legislador acusó al Ejecutivo de abandonar la discusión sobre una solución estructural para el endeudamiento estudiantil.

Por otro lado, durante la sesión de la Comisión de Hacienda de este lunes la senadora Yasna Provoste (DC) solicitó oficiar a la Tesorería General de la República y al Ministerio de Hacienda para que informen detalladamente los procedimientos de cobro aplicados a los deudores del CAE. La parlamentaria argumentó que las denuncias conocidas durante los últimos días son de especial gravedad y requieren explicaciones formales por parte de las autoridades.

Por su parte, la senadora Karol Cariola (PC) cuestionó los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la medida y criticó las referencias a los ingresos de los deudores. “No sé en qué mundo vive el ministro Quiroz realmente, cuando pone como ejemplo una persona que tiene ese sueldo y lo presenta como si fuera un sueldo millonario y tuviera la vida resuelta”, afirmó.

La legisladora sostuvo que el aumento del costo de la vida ha afectado la capacidad de pago de muchos profesionales y acusó al Gobierno de “desangrar a las familias chilenas que, por distintas razones, han tenido que endeudarse para poder estudiar”.

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La sesión de la tarde de la Comisión de Hacienda del Senado tuvo un tono distinto al de la mañana. Tras las advertencias planteadas por Andrea Repetto, Mario Marcel, José de Gregorio y el Consejo Fiscal Autónomo, el economista Klaus Schmidt-Hebbel salió a respaldar el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Gobierno y a cuestionar los reparos sobre sus efectos fiscales.

Durante su exposición, el economista sostuvo que Chile enfrenta una combinación de bajo crecimiento, desempleo persistente y trabas regulatorias que han frenado la inversión, por lo que consideró urgente avanzar con una reforma de gran alcance.

“Es absolutamente imprescindible una reforma amplia que permite retomar el crecimiento aumentando el empleo formal, la inversión y los sueldos”, afirmó.

Schmidt-Hebbel destacó las proyecciones contenidas en los informes financieros de la iniciativa y aseguró que el conjunto de medidas tributarias y regulatorias podría elevar el nivel del PIB en más de 7% hacia 2035: “Significa mayor bienestar, mayores sueldos, mayor empleo para los chilenos”.

El Consejo Fiscal Autónomo, presidido por Paula Benavides realiza su intervención durante la Comisión de Hacienda del Senado en la sede Santiago del Congreso Nacional.
Diego Martin/Aton Chile.

El economista también salió al paso de las críticas formuladas durante la jornada respecto de los supuestos utilizados para estimar los efectos del proyecto. “Todos los que han presentado preocupación por la incertidumbre y los riesgos se centran equivocadamente, y creo que sesgadamente, en la parte inferior o más pesimista de los efectos de crecimiento”, puntualizó.

Uno de los puntos que defendió con más fuerza fue la invariabilidad tributaria para nuevos proyectos de inversión. A su juicio, lejos de aumentar la incertidumbre, entrega certezas de largo plazo para quienes deciden invertir: “Produce exactamente lo contrario. Produce más certeza”.

Schmidt-Hebbel incluso planteó ampliar el beneficio a empresas medianas y pequeñas para incentivar nuevas inversiones y la creación de empleo.

En la parte final de su intervención, vinculó la discusión del proyecto con el escenario fiscal y apuntó al desempeño de la administración de Gabriel Boric en esta materia: “El gobierno anterior sembró incertidumbre y riesgo al tener incumplimientos sistemáticos reiterados y de montos muy elevados”.

La presentación de Schmidt-Hebbel contrastó con las exposiciones escuchadas durante la mañana. Mientras varios economistas pidieron reforzar los resguardos fiscales del proyecto, el execonomista jefe de la OCDE defendió que las proyecciones oficiales están dentro de rangos razonables y que la reforma representa una oportunidad para reactivar inversión, empleo y crecimiento.

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Cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos para concientizar sobre esta parte del planeta que ocupa más del 70%. En esta fecha se busca “informar sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares”, según indica Naciones Unidas.  

En el marco de esta conmemoración, la organización internacional Oceana este año puso foco en la importancia de contar con Áreas Marinas Protegidas, pero “no solo declaradas en el papel, sino con financiamiento, planes de manejo y capacidades reales para cumplir sus objetivos de conservación”. 

“Hemos tenido avances muy importantes en materia de conservación, de hecho, más del 40% de nuestra zona económica exclusiva hoy día cuenta con algún grado de protección, lo que nos posiciona entre los líderes mundiales en esta materia”, destacó Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana. 

Foto referencial del océano. Foto: Yen-Yi Lee / Ocean Image Bank.

Partiendo desde esa base, el desafío es mayor, indicó Rheinen: “Debemos asegurar que estas áreas protegidas cuenten con financiamiento, con el monitoreo y una gestión efectiva. Y, por otra parte, tenemos que seguir avanzando en la protección de otros ecosistemas que podrían estar subrepresentados en distintas regiones de nuestro país”.

Como un ejemplo de ecosistemas subrepresentados, la subdirectora de Oceana indicó que la organización está “trabajando en el cañón del Biobío, en la península de Hualpén, que es una zona de enorme productividad y de gran relevancia económica y también, por supuesto, de gran relevancia ecológica”. 

A nivel global, uno de los desafíos principales es la implementación del Tratado de Alta Mar, aseguró la representante de Oceana. “Ahí Chile está jugando un rol clave y esto permitiría proteger la biodiversidad en aguas internacionales, más allá de nuestra zona económica exclusiva. Específicamente Chile juega un papel de liderazgo impulsando la creación de una de las primeras áreas marinas protegidas en alta mar, se trata de la Cordillera Submarina de Salas y Gómez y Nazca, que es una zona clave para la biodiversidad en todo el Pacífico Sur”, profundizó. 

Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana. Foto: Cedida.

“Tenemos que entender que Chile es un país de enorme riqueza marina, excepcional, y todo lo que hacemos en nuestro país tiene un impacto a nivel de conservación marina en el mundo”, enfatizó. 

Como diagnóstico de lo que enfrentan los océanos actualmente, Rheinen aseguró que la “situación es bastante compleja” y existen desafíos mayores en materia de conservación. Mencionó la relevancia de enfrentar la crisis de biodiversidad, el cambio climático “en aceleramiento”, además de “un problema de contaminación especialmente producto de los plásticos”.  

“Todos estos factores afectan nuestros ecosistemas marinos a nivel mundial y todos estos ecosistemas marinos son fundamentales para la vida en nuestro planeta. Y para actividades como la pesca, de la cual dependen miles de personas, no solamente es una dependencia económica, sino que también tiene relevancia en seguridad alimentaria. Por ende, hay que seguir trabajando profundamente en el largo plazo en la protección de nuestros océanos”, subrayó la subdirectora ejecutiva de Oceana. 

Foto referencial de océano. Foto: Vincent Kneefel / Ocean Image Bank.

Tratado de Alta Mar

En el contexto de este Día Mundial de los Océanos, un grupo de senadores de distinto signo político, agrupados en la Bancada Transversal por la Conservación y Biodiversidad Oceánica, hicieron un llamado al Gobierno a respaldar la postulación de Chile como sede de la Secretaría del Tratado de Biodiversidad Marina, conocido como el Tratado de Alta Mar.

La declaración fue firmada, en primera instancia, por los senadores Alfonso De Urresti, presidente de la bancada; Sergio Gahona, vicepresidente; y Ricardo Lagos Weber, quienes componen este grupo. También suscribieron la misiva los senadores Ivan Moreira, Andres Longton, Diego Ibañez y la senadora Daniella Cicardini. 

El Tratado de Biodiversidad Marina fue ratificado por el Congreso Nacional y está vigente desde enero de 2026, su fin último es definir “las reglas del juego en las aguas internacionales”, indicaron los parlamentarios en su comunicado. Hoy Chile es uno de los tres aspirantes para ser sede de este acuerdo y compite contra Bélgica y China. 

Bancada Transversal por la Conservación y Biodiversidad Oceánica hace llamado al Gobierno a respaldar la postulación de Chile como sede de la Secretaría del Tratado de Biodiversidad Marina. Foto: Cedida.

“Traer a la icónica ciudad de Valparaíso la primera secretaría de Naciones Unidas instalada en el sur global es un movimiento estratégico de posicionamiento geopolítico y de reactivación económica para nuestro puerto”, señalaron los senadores. 

Las autoridades plantean este tratado como uno que “trasciende la conservación“, pues lo consideran una “plataforma que regulará la transferencia de tecnología marina y el acceso a los inmensos recursos genéticos del océano, base de la biotecnología y la industria del futuro”.

“Albergar esta sede significa que Chile no será un simple espectador, sino la nación desde donde se dicten las directrices globales sobre certeza científica y reglas de operación en los océanos”, aseveraron.

Asimismo, los parlamentarios hicieron un llamado directo al Gobierno y consignaron: “La Cancillería cuenta con las herramientas y el rigor técnico para defender esta postulación en 2027. Se requiere la voluntad política al más alto nivel para concretarlo. Restarnos de esta definición es ceder a otras potencias el liderazgo de nuestro propio futuro marítimo. El momento de actuar como un país con visión de Estado es ahora”.

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La música chilena volvió a reunirse este domingo para celebrar su gran fiesta anual. Entre aplausos, abrazos, reencuentros y actuaciones especialmente preparadas para la ocasión, la duodécima edición de los Premios Pulsar cerró una intensa semana de actividades con una gala que confirmó el buen momento de la escena local y que tuvo como principales protagonistas a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos.

Desde temprano, el ambiente en los estudios de TVN estuvo marcado por la expectación de músicos, compositores y representantes de distintos géneros que llegaron para conocer el veredicto de una de las premiaciones más importantes del país. La ceremonia, organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), entregó una quincena de galardones y ofreció una serie de presentaciones en vivo que recorrieron distintas generaciones y estilos.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el triunfo de Candelabro. La banda se quedó con dos de los reconocimientos más importantes de la jornada: Mejor Álbum Rock y Álbum del Año, ambos por “Deseo, Carne y Voluntad”. El grupo recibió los premios apenas días después de regresar de una gira por España, una experiencia que todavía parecía resonar en sus palabras.

“Esto es muy surreal. Venimos de una gira por España, entonces pasamos de no creer algo a, de nuevo, no creer que estamos aquí“, comentaron tras recibir el reconocimiento. “Cuando uno crea música no espera dónde va a llegar. Que mucha gente haya conectado con nosotros y con nuestras letras es algo que nos tiene muy contentos”.

Javiera Mena en los Premios Pulsar 2026. Foto: SCD.

La emoción también tuvo como protagonista a Mon Laferte. Desde México, donde actualmente desarrolla parte importante de su carrera, la artista preparó un registro especial de su gira “Femme Fatale” para ser exhibido durante la ceremonia. A ello se sumó un nuevo éxito en su historial: los premios a Intérprete Vocal del Año y Mejor Álbum Pop, consolidando una vez más su posición como una de las figuras más relevantes de la música chilena contemporánea.

Otra de las grandes vencedoras fue Alanys Lagos. La cantante obtuvo el galardón a Mejor Álbum Ranchera y además conquistó la categoría Artista del Público, respaldada por más de 26 mil votos, una de las muestras más visibles del vínculo que ha construido con su audiencia.

La lista de ganadores también incluyó a Camila Moreno como Mejor Cantautora, Engrupid Pipol en Mejor Álbum Metal, Banda Conmoción en Mejor Álbum Tropical y Chicarica en Mejor Álbum de Música Electrónica, entre otros reconocimientos que completaron el panorama de una escena cada vez más diversa.

La ceremonia también dejó espacio para artistas que, sin llevarse una estatuilla, celebraron el reconocimiento de la industria. Fue el caso de Paula Rivas, nominada por su disco “Aurora”, quien destacó el carácter profundamente autobiográfico de la obra.

“No me esperaba la nominación“, reconoció la cantante. “Es un disco tan personal, con historias muy propias, que estoy muy feliz de que hayan visto algo especial en ‘Aurora’“. La artista definió el álbum como “un nuevo renacer” entre su vida personal y artística, y aseguró que la nominación fue “un tremendo regalo”.

Alanys Lagos en los Premios Pulsar 2026. Foto: SCD.

Rivas también celebró el triunfo de Banda Conmoción en la categoría Mejor Álbum Tropical, recordando su participación como invitada en una de las canciones del disco ganador. “Los chiquillos de La Conmoción me deben un pedacito del Pulsar”, bromeó entre risas.

Pero si los premios fueron el corazón de la ceremonia, la música en vivo fue su alma. La apertura estuvo a cargo de la Orquesta Clásica y el Coro Sinfónico de la Usach, que presentaron un fragmento de “Un Canto Libre“, obra dirigida por Sergio “Tilo” González que revisita el repertorio de Víctor Jara desde una perspectiva sinfónica. Catalina Plaza y Diego Huberman encabezaron una interpretación que conectó pasado y presente de la canción chilena.

Luego fue el turno de De Saloon, que celebró sus 25 años de trayectoria junto a Antonia Holzapfel; de Javiera Mena, quien repasó parte de las canciones que han marcado dos décadas de carrera acompañada por Javiera Electra; y de Javiera Parra, que recorrió éxitos de “Corte en trámite” con una invitación especial a Camila Moreno. El cierre quedó en manos de Sinaka, cuyo repertorio de reggaetón transformó el estudio en una verdadera fiesta y puso el broche final a la ceremonia.

Al término de la noche, la sensación compartida entre artistas y asistentes parecía resumirse en la idea de que la música chilena atraviesa uno de sus momentos más fértiles y diversos. Así lo destacó también el presidente de SCD, Rodrigo Osorio, quien valoró una edición que reunió a distintos géneros, generaciones y trayectorias en un mismo escenario.

Con 12 años de historia, los Premios Pulsar volvieron a confirmar su lugar como el principal espacio de reconocimiento para la creación musical chilena, una instancia donde conviven el rock, el pop, la ranchera, la música urbana, la tradición y las nuevas voces que siguen ampliando los márgenes de la escena nacional.

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El Presidente José Antonio Kast aprovechó su paso por la Región de Arica y Parinacota para anunciar dos modificaciones en el ámbito migratorio. Lo hizo desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde además dio a conocer los avances del Plan Escudo Fronterizo.

Una de las reformas busca ampliar el tiempo máximo de retención de extranjeros en situación irregular que cuenten con una orden de expulsión. Actualmente ese plazo es de cinco días, pero se propone extenderlo a 60 jornadas.

El Mandatario explicó que, en el esquema vigente, si pasado ese lapso de cinco días no se ha concretado la expulsión, la persona migrante recupera su libertad. “Eso tiene que terminar”, sentenció.

La otra línea de acción apunta a sancionar penalmente a cualquier persona que traslade a migrantes irregulares dentro del territorio nacional. Kast enfatizó que Chile ya castiga el ingreso ilegal, y que ahora se buscará tipificar como delito el transporte de dichos individuos. “Eso lo hemos señalado de manera reiterada”, agregó el Jefe de Estado.

En tanto, el Presidente afirmó que estas medidas buscan garantizar tranquilidad a otras regiones del país. “Tenemos que darle la seguridad a otras regiones de que esto es algo que es efectivo, posible, y que vamos a recuperar nuestra soberanía”, declaró.

Punto de prensa del Presidente José Antonio Kast en el norte, junto a ministros y otras autoridades del Estado. Foto: Captura de Mediabanco.

Presidenta del Senado valora anuncios en materia migratoria

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró los anuncios realizados por el Mandatario en materia migratoria, particularmente el ingreso de dos proyectos de ley orientados a fortalecer el resguardo de las fronteras, mejorar el control migratorio y avanzar hacia una migración regular y ordenada.

La legisladora afirmó que las iniciativas responden a una demanda ciudadana por mayor seguridad, un Estado con más herramientas para enfrentar los desafíos migratorios y apuntan a un objetivo que compartimos transversalmente. Asimismo, sostuvo que hay consenso en la necesidad de “contar con un país más seguro, con fronteras mejor resguardadas y con una migración regular y ordenada, materias que requieren decisión, coordinación institucional y respuestas oportunas”.

Además de destacar que se esté ejecutando desde ya lo adelantado en la Cuenta Pública, Núñez subrayó que: “La responsabilidad del Congreso será abordar estas iniciativas con celeridad, entendiendo la urgencia que existe detrás de ellas y nuestro compromiso es facilitar una tramitación eficiente, que permita avanzar en las medidas anunciadas y responder a las necesidades de seguridad y control fronterizo que hoy demandan los chilenos”.

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