La controversia por el oficio emanado desde el Ministerio de Hacienda, que sugería descontinuar programas sociales y revisar el presupuesto de beneficios clave, sigue escalando. Esta vez, las exautoridades de la administración anterior, Jeannette Jara y Álvaro Elizalde, lanzaron duros cuestionamientos contra el diseño económico y político del Gobierno de José Antonio Kast, acusando improvisación y una defensa de los sectores con mayores ingresos.

Desde la vereda oficialista, el diputado Jorge Alessandri (UDI) intentó poner paños fríos al debate, aunque no dudó en reprender el manejo comunicacional del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y envió un claro recado a La Moneda sobre su insistencia en culpar a la administración pasada de la crisis actual.

La defensa de la PGU y el rechazo a la “reforma encubierta”

Para la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, las señales de Hacienda representan una amenaza directa al bolsillo de los chilenos, especialmente en medio de la reciente implementación de las 40 horas.

“Nunca en la vida había visto a un ministro de Hacienda tan irresponsable que mandara un oficio a todo el mundo para después decir que su propio oficio no tenía valor alguno. Eso es grave. Cuando recomiendan revisar presupuestariamente la PGU, lo que me pregunto es qué quieren decirle a los chilenos: ¿que van a reducirla o están tanteando por si acaso la logran pasar?”, fustigó Jara, advirtiendo que “la PGU no puede tener un retroceso en nuestro país”.

Jeannette Jara en evento del aniversario del Partido Socialista. Foto: Aton Chile.

Jara también criticó el primer mes y medio de la actual administración, señalando que solo han tomado “medidas de simbolismo”, como la zanja en el norte, y los acusó de no gobernar para Chile, “sino para los ricos, o si no habrían aplicado el MEPCO“.

En la misma línea, el exministro Álvaro Elizalde calificó el paquete de medidas del Ejecutivo como una “reforma tributaria encubierta” que disminuye la recaudación del Estado para beneficiar “a quienes tienen y ganan más”.

Elizalde apuntó sus dardos a la propuesta de invariabilidad tributaria, advirtiendo sus consecuencias a largo plazo. “Implica que los próximos seis presidentes de la República y los próximos seis congresos no van a poder modificar estas disposiciones. El error que se cometa hoy va a perjudicar a las próximas generaciones”, señaló. Además, cuestionó la actitud del Presidente Kast frente a la oposición y exautoridades: “No basta con disfrazarse de estadista, hay que ser estadista. Cuando se entra en un lenguaje de descalificaciones, se está lejos de serlo”.

Exministro Elizalde en evento del aniversario del Partido Socialista. Foto: Aton Chile.

Oficialismo reconoce error y exige “mirar por el parabrisas”

En el bloque aliado, el control de daños vino por parte del diputado Jorge Alessandri (UDI), quien admitió las desprolijidades del gabinete económico frente a este polémico documento. “Hacienda comunicó mal y en el momento equivocado, no era la semana para comunicarlo y tampoco la forma”, reconoció.

Sin embargo, el parlamentario defendió el fondo de la medida, argumentando que con un endeudamiento del 40% del PIB, el Gobierno tiene la obligación de revisar gastos inflados. “Cuando se pone raciones de Junaeb, nadie está diciendo que vamos a dejar a los estudiantes sin alimento. Estamos viendo por qué pagamos el doble por una ración de lo que paga un privado”, justificó Alessandri.

Diputado Jorge Alessandri. Foto: Aton Chile

Más allá del ámbito económico, el legislador gremialista envió un firme mensaje a La Moneda respecto a la estrategia de apuntar constantemente a las fallas del gobierno de Gabriel Boric.

“Transparentar cuando el gobierno anterior dejó algo desordenado te sirve en los primeros 90 días. Después, una vez que ya instalaste esa cifra, no cabe más que decir cómo vamos a solucionar con lo que tenemos. Desde el día 90 de un gobierno ya no sirve el lamento y hay que empezar a mirar por el parabrisas más que por el retrovisor”, sentenció Alessandri, haciendo un llamado a recuperar “el tono de los acuerdos” en el Congreso Nacional.

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En el Cerro Cordillera de Valparaíso —entre cerros, mar y memoria—, familiares, amigos y lectores se reunieron el pasado viernes 24 de abril para rendir homenaje a una de las voces más singulares de la poesía chilena reciente.

Es en ese contexto que se llevó a cabo el lanzamiento de “El poema lo escribimos entre todos“, una antología póstuma del poeta Germán Carrasco concebida como un gesto colectivo para honrar su legado y mantener viva su palabra a pocos meses de su partida, en febrero del 2026.

Así, la obra, que reúne textos seleccionados por personas cercanas al autor, fue presentada en un encuentro comunitario que buscaba replicar el espíritu con el que Carrasco entendía la poesía. Es decir, como una práctica compartida y en permanente circulación.

“A raíz de su muerte es que decidimos formar la Cooperativa Antonio Vielma, donde pretendemos honrar la memoria del poeta”, explicó el escritor Pablo Apablaza, integrante de la organización y uno de los impulsores del proyecto editorial.

Germán Carrasco, poeta.

De hecho, durante la jornada se entregaron ejemplares de forma gratuita a los asistentes, en coherencia con una de las convicciones que atravesaron la vida y la obra del autor. “El deseo de Germán siempre fue que la poesía circulara libremente”, señaló el escritor. “De algún modo, el título ‘El poema lo escribimos entre todos’ es también una especie de filosofía de su obra y de su vida”.

Cabe destacar que se trata de un trabajo impulsado enteramente por familiares y amigos del poeta, quienes asumieron la tarea de seleccionar textos y organizar el proyecto editorial como una forma de despedida colectiva. Todo esto, concibiéndolo como un gesto de memoria y de continuidad.

“La antología que presentamos nace desde los afectos. Es gestionada y curada por sus cercanos. No es solo una recopilación de textos. Es un abrazo colectivo para honrar su memoria, despedirlo también y mantener su voz presente”, afirmó el autor.

El encuentro también permitió relevar el vínculo que Carrasco mantuvo con Valparaíso durante sus últimos años. Lo anterior, pues la ciudad, donde desarrolló talleres y compartió con diversas comunidades, se transformó en un territorio significativo para su trabajo y su vida cotidiana.

Germán Carrasco, poeta.

Versos para llevar a todas partes

Más allá del lanzamiento puntual, la antología también dialoga con una serie de proyectos e ideas que el propio Germán Carrasco dejó en proceso. Entre ellos, traducciones, nuevos poemas y propuestas editoriales que buscaban expandir la presencia de la poesía en la vida cotidiana.

“Germán dejó muchas cosas pendientes”, relató Apablaza. “De hecho, próximamente se va a lanzar una traducción del inglés que hizo de Howard Nemerov, un poeta norteamericano”.

Sin embargo, explicó que una de las iniciativas más significativas para Carrasco consistía en acercar la poesía a los espacios comunes, transformándola en un elemento cotidiano, disponible para cualquier persona.

Germán Carrasco, poeta.

“Él tenía mucho esa idea de que la poesía podía ser como una especie de artículo de primera necesidad, como algo que uno podía llevar a todas partes”, señaló. “Siempre la vio como algo que se compartía en la calle, en los talleres, en los barrios”.

Esa convicción se reflejó también en su trabajo formativo y comunitario. A lo largo de los años, Carrasco desarrolló talleres de escritura en distintos territorios, incluyendo espacios poco habituales para la circulación literaria, como cárceles y comunidades barriales, donde promovió la escritura como una herramienta de expresión y encuentro.

“Para él, la cárcel era un lugar muy importante, donde podía compartir su experiencia y también escuchar esas voces que muchas veces uno, en la ciudad, no oye”, recordó Apablaza. “En el fondo, tenía la certeza de que la palabra y el poema se escribe entre todas y todos”.

Desde esa mirada, el lanzamiento de “El poema lo escribimos entre todos” se visualiza no solo como un homenaje, sino también como una continuidad de ese gesto colectivo que definió su obra y su vida. Un intento por mantener abierta la invitación que el poeta formuló en sus textos y en sus talleres. O sea, entender la poesía como un acto compartido, capaz de circular entre lectores y comunidades mucho después de su partida.

“El poema lo escribimos entre todos”, antología de Germán Carrasco.

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El Presidente José Antonio Kast encabezó este domingo una emotiva ceremonia en la Provincia de Arauco al cumplirse dos años del brutal asesinato de los suboficiales Carlos Cisterna, Misael Vidal y Sergio Arévalo. En su intervención, el Mandatario envió un mensaje directo contra la impunidad, asegurando que su administración velará por el cumplimiento íntegro de las penas dictadas contra los responsables del crimen que estremeció al país en 2024.

“Hoy podemos decir que se ha hecho justicia. Eso no nos devuelve a sus padres ni a sus compañeros, pero hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes”, afirmó Kast. El jefe de Estado enfatizó que el Ejecutivo mantendrá una vigilancia estricta sobre las condenas impuestas para que sirvan de advertencia ante cualquier intento de “cometer una barbaridad” similar en el futuro.

Más allá del homenaje, el Mandatario aprovechó la instancia para solicitar a todas las instituciones del Estado —Ministerio Público, policías y Gendarmería— que mantengan el “ahínco” en la búsqueda y sanción de quienes atenten contra servidores públicos. Kast agradeció además a los parlamentarios que han colaborado en el endurecimiento de las leyes, permitiendo elevar las sanciones para quienes agredan a funcionarios en ejercicio de sus funciones.

“Le pedimos a todas las instituciones que sigan buscando a quienes han atentado contra la vida de carabineros, de la PDI, de Gendarmería o de cualquier servidor público”, señaló el jefe de Estado.

Homenaje a la memoria y unidad nacional

La jornada estuvo marcada por el recuerdo de los tres mártires, a quienes Kast calificó como los “Héroes de Arauco”. Durante la actividad, se destacó el valor de los funcionarios y se reiteró el respaldo irrestricto del Gobierno a la institución policial en vísperas de su 99° aniversario, el cual se celebrará formalmente este lunes.

“Nuestra memoria los mantendrá vivos para que la justicia siempre le gane a la delincuencia y la unidad le gane a la división”, concluyó el Presidente, cerrando una gira por la Región del Biobío que estuvo enfocada en reforzar su agenda de seguridad y orden público en las zonas de mayor conflicto.

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“El Gobierno ha generado un efecto absolutamente contrario al que es su discurso oficial. Lo digo porque han sido muy erráticos y con eso, por cierto, han generado mucha incertidumbre”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile, el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, sobre los dictámenes emitidos por la actual administración respecto a la Ley de 40 Horas.  Zenteno se desempeñó durante la administración del expresidente Gabriel Boric y le tocó ser figura clave de la implementación de uno de los bastiones laborales del gobierno anterior. 

Hoy, domingo 26 de abril, se concreta la segunda reducción de la jornada laboral asociada a esta normativa. Quienes estén regidos por el Código del Trabajo, pasarán de trabajar 44 a 42 horas. Para 2028 la jornada quedará en 40 horas semanales.

Actuamente el ex-DT y abogado trabaja en la oficina Zenteno y Zenteno Asociados, aporta en la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) y coordina el Departamento de Trabajo y Seguridad Social del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL). Desde la vereda que ocupa hoy, analizó el nuevo hito de la Ley de 40 Horas y cuestionó la forma en que el Gobierno lo ha enfrentado. “Se ha generado un clima de incertidumbre, de conflictividad, que es todo lo contrario a lo que el mundo del trabajo espera”, dijo.

Exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

— Cómo impresión inicial, ¿qué le parecen los dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo respecto a la Ley de 40 Horas? 

La verdad es que mi impresión es que en esto el Gobierno ha generado un efecto absolutamente contrario al de su discurso oficial. Lo digo porque han sido muy erráticos y, por cierto, han generado mucha incertidumbre. Estamos viendo es que hay mucha duda, incluso conflictividad a la hora de implementar este nuevo hito de reducción a 42 horas. 

Eso ha sido generado, en mi opinión, por la expectativa que abrió el Gobierno, —particularmente el ministro y el Presidente— de grandes cambios que se podían hacer en el marco de la implementación de la ley, cuando ellos sabían, porque yo asumo que tienen asesores con conocimiento técnico vasto, que era bien acotado el rango de adecuaciones que podían formularse si es que no pretendían modificar la ley. 

Tenemos un clima en que no se están pudiendo construir acuerdos. Las empresas, por cierto, pausaron sus diálogos y las definiciones en esta materia, creo yo, esperando que eventualmente se produjeran grandes cambios. 

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomas Rau. Foto: Raul Zamora/Aton Chile.

Se ha generado un ambiente de conflictividad, que es todo lo contrario a lo que el mundo del trabajo espera para poder, no solamente construir buenas relaciones laborales, sino que empezar a generar mayor desarrollo, mayor crecimiento y todos los efectos que ha proyectado el Gobierno, que es empleo, etcétera. 

— Entonces, a su juicio, ¿la Ley de 40 Horas no deja espacios a la interpretación? Que es una crítica constante.

Yo diría que hay algunos espacios. Todas las leyes siempre dejan margen a la interpretación. Ocurrió con cómo tenía que hacerse la reducción diaria de las jornadas, recordemos que algunos en el año 2024 querían reducirla en minutos. Eso la Dirección del Trabajo tuvo que interpretarlo y señalar que la reducción tenía que ser en horas y no en minutos.

Eso generó un gran debate y luego una ley del año pasado, la Ley 21.755 tuvo que refrendar esa interpretación, es decir, había una necesidad de interpretación, que la propia ley luego vino a zanjar para darle mayor certeza a este segundo hito. 

Ley de 40 Horas, foto referencial. Foto: Karin Pozo/Aton Chile

En otros ámbitos, por ejemplo, en el caso de la colación, que algunos sindicatos tienen imputado a la jornada de trabajo el tiempo de colación, la ley fue un poquito menos específica. Pero yo diría que la Dirección del Trabajo, aplicando los criterios generales del derecho (…) sacó un dictamen, en noviembre del año pasado, que a mi entender es muy claro, y da poco margen para señalar otra interpretación que no sea suficientemente sustentable.

Entonces, claro, hay algunos márgenes de interpretación, pero lo cierto es que son bastante acotados respecto de algunas materias muy particulares. En general la ley es muy clara respecto a en qué minuto tiene que reducirse, cómo tiene que reducirse la jornada, y cuáles son los otros mecanismos que tiene. 

Exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno. Foto: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile.

En este caso, señalar, como lo dice el dictamen, que por el hecho de existir algún tipo de registro de asistencia o control tecnológico, no hay jornada de trabajo, es una cosa bien particular, porque si hay registro de asistencia lo lógico es que haya jornada. Pero también genera un vicio o un viso de ilegalidad del dictamen, a mi entender. No solamente lo he dicho yo, también lo han señalado otros abogados y abogadas, que este es un dictamen que va contra texto expreso de la ley, particularmente el artículo 42 del Código del Trabajo.

Vamos a ver cómo se aplica en la práctica este nuevo dictamen, esta nueva interpretación, que a mi entender, además, trata de romper con una doctrina histórica de la institución que ha ido reconociendo los cambios tecnológicos y las nuevas formas de trabajo. Formas que incorporan el uso de mucha tecnología no solamente para la producción, sino que también para el control y que significan mecanismos o indicios de subordinación y dependencia, que por tanto, en algunos casos, implican la existencia de jornada.

Yo diría que es un dictamen bien particular, ha sido bastante cuestionado por abogados y abogadas bien connotados yyo tengo la misma opinión. Efectivamente se están analizando todavía los mecanismos que eventualmente se puedan utilizar por algunas organizaciones, en donde esto puede impactar de mayor forma, particularmente sectores como el comercio, los servicios, etcétera.

Ley de 40 Horas, foto referencial. Foto: Javier Salvo/ Aton Chile.

— Saliendo de lo que atañe a la DT. La Contraloría emitió un dictamen a través del cual se excluye el tiempo de colación de la jornada de los trabajadores públicos regidos por el Código del Trabajo. Ya lo mencionaba, el horario de colación fue amplio debate cuando comenzó la aplicación de las 40 horas. ¿Qué implica este pronunciamiento del ente contralor? 

La verdad es que es bastante particular la mirada que tiene el dictamen, yo no quiero adentrarme en cuestiones más específicas porque no soy especialista en derechos administrativos, pero tiene varios detalles que llaman la atención. Lo primero es que aplica una ley que tiene más de 50 años de antigüedad y hoy día tenemos la Ley de 40 Horas que estableció ciertas formas de cómo se resuelve el tema de la colación. 

Mi duda ahí es si efectivamente esta ley, desde el punto de vista de sus efectos jurídicos, tiene absolutamente plena validez, entendiendo que hay una ley posterior, de mayor jerarquía, incluso, como algunos han señalado.

Contraloría General de la República. Foto: Aton.

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Una verdadera fiesta deportiva se vivió esta mañana en las calles de la capital con la realización del Maratón de Santiago 2026, evento que congregó a más de 33 mil corredores entre profesionales y aficionados. La prueba principal de los 42 kilómetros fue dominada por el keniano Cornelius Chepkok, quien impuso su ritmo para quedarse con el oro en la categoría masculina.

La gran noticia para el atletismo local fue el desempeño de Hugo Catrileo, quien logró un meritorio tercer puesto, consolidándose como la principal figura chilena de la distancia. Tras cruzar la meta, el nacional valoró el resultado, aunque lanzó una crítica constructiva a la gestión del evento: “Hubo dificultades que se hablaron ayer, pero eso es parte de la organización y tiene que mejorar a través de ellos”, señaló.

En la rama femenina, la victoria fue para la etíope Tigst Belew, quien se mostró emocionada por el apoyo del público durante el trayecto. “Estoy muy feliz, me ayudó mucho la gente cuando iba corriendo”, expresó Belew a la transmisión oficial, destacando el ambiente que se generó en las principales arterias de Santiago.

En las distancias menores, el poderío criollo se hizo sentir. Diego Uribe agigantó su legado en los 10K al conseguir su tercera victoria consecutiva, mientras que su compatriota Daniela Moya se impuso en la categoría femenina de la misma distancia, cerrando una jornada redonda para los corredores locales en la prueba de velocidad.

La media maratón (21K) también tuvo protagonistas internacionales: el peruano Alejandro Alania y la argentina Belén Casetta se quedaron con los primeros lugares en sus respectivas categorías, demostrando el alto nivel competitivo que atrae la cita santiaguina cada año.

Pese a los reparos logísticos mencionados por algunos atletas de élite, la masividad de la convocatoria reafirma al Maratón de Santiago como el evento deportivo más grande del país. La ciudad recuperó su pulso tras el paso de los miles de deportistas que, desde muy temprano, tiñeron de colores las calles en este domingo de cierre de abril.

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Nuevos y alarmantes detalles han surgido tras el incidente de seguridad que obligó a evacuar al presidente Donald Trump de la Cena de Corresponsales en Washington. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló en entrevista con la cadena NBC que el objetivo del atacante no era exclusivamente el mandatario, sino que pretendía asesinar a cualquier miembro del gabinete que se encontrara en el salón.

El sospechoso, identificado como Cole Allen, un profesor californiano, confesó tras su detención que su intención era atacar a los responsables de la administración que asistían a la gala. “Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración”, indicó Blanche al programa Meet the Press, evitando precisar si Trump era el blanco específico o uno más dentro de una lista de funcionarios de alto rango.

El ataque se produjo cerca de las 20:00 horas, cuando Allen intentó burlar los últimos controles de seguridad del hotel Washington Hilton, el mismo lugar donde Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981. Al ser interceptado por los agentes, el sujeto abrió fuego antes de ser reducido por el Servicio Secreto.

El disparo efectuado por el sospechoso impactó en el chaleco antibalas de un agente, quien fue hospitalizado por precaución. Tras el arresto, la policía de Washington D.C. informó el hallazgo de dos armas de fuego y “múltiples cuchillos” en posesión del atacante, lo que refuerza la tesis de una intención letal masiva contra la plana mayor del Gobierno en este 2026.

El tercer intento de magnicidio contra Trump

De confirmarse las motivaciones de Allen, este hecho se registraría como el tercer atentado contra la vida de Trump desde 2024. Cabe recordar el ataque de Thomas Crooks en Pensilvania, donde una bala le rozó la oreja, y el incidente de septiembre de ese mismo año en su club de golf de Florida, donde el Servicio Secreto detectó a un hombre armado antes de que pudiera actuar.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el presidente compareció ante los medios para agradecer el “fantástico trabajo” de sus equipos de seguridad. Mientras tanto, el FBI y la Fiscalía General continúan investigando si Allen actuó solo o si existe alguna motivación política específica que aún no haya sido detectada en las primeras etapas del interrogatorio.

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El Gobierno de Chile, mediante una declaración oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó de forma categórica el acto de violencia ocurrido la noche del sábado en Washington D.C. El incidente tuvo lugar durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento que debió ser evacuado tras registrarse disparos mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en el escenario.

En el documento, la Cancillería expresó su “apoyo y solidaridad” tanto al pueblo como al Gobierno de los Estados Unidos ante este intento de ataque. La reacción diplomática de Santiago se suma a la de diversos líderes internacionales que han manifestado su preocupación por la seguridad del mandatario estadounidense en este 2026.

La declaración enfatiza la postura de Chile frente al uso de la fuerza en contextos políticos, señalando que estas acciones no tienen cabida en los sistemas actuales. “Estamos convencidos que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran”, reza el texto oficial.

Contexto regional y bilateral

El pronunciamiento de la administración del Presidente Kast refuerza el alineamiento en materia de seguridad y estabilidad política con Washington. Tras la confirmación de la captura del atacante por parte del Servicio Secreto, el mensaje de Chile busca ratificar el compromiso con la preservación del orden institucional y la condena a cualquier forma de terrorismo o magnicidio frustrado.

Se espera que en las próximas horas se mantengan contactos diplomáticos de alto nivel para dar seguimiento a la situación de seguridad en la capital estadounidense, mientras el mundo sigue atento a los detalles de la investigación sobre el tirador detenido.

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Como cada año nos reunimos hoy en este ritual de comienzo y de renovación. La Universidad de Chile reafirma con él su condición de espacio abierto a nuevos estudiantes, profesores y funcionarios. Todos ellos y ellas vienen con esperanza, que es confianza depositada en la institución.

Nos disponemos a acoger esa fuerza espiritual para iniciar un nuevo ciclo.

Pero en esta oportunidad concurren también otros comienzos que deben ser reconocidos. Entre estos, se inicia un nuevo gobierno en Chile. Agradecemos la presencia del Presidente José Antonio Kast en esta ceremonia. Su participación permite reconocer su rol de Patrono de la Universidad de Chile, expresión de la vinculación histórica de nuestra institución con el Estado de Chile.

Esta tradición, que se remonta a la fundación de la Universidad en 1842, alude al carácter público de la institución y a su compromiso permanente con el desarrollo del país y el bienestar de la nación.

Asimismo, este año tendrá lugar la renovación del gobierno universitario, instancia que, en el marco de nuestra vida democrática, proyecta nuevas posibilidades para el fortalecimiento y desarrollo de la Universidad.

Tiempos de diálogo

Todos estos comienzos son también umbrales que requieren y deben posibilitar nuevos diálogos, porque no hay proyecto común sin la disposición a escucharnos, a reconocernos en nuestras diferencias y a construir, desde éstas, horizontes compartidos. Disponerse al diálogo entre distintos no es asunto fácil; más seguro parece a veces permanecer en nuestro lugar, hasta que la vida nos muestra que haber tendido la mano a tiempo habría evitado conflictos y sufrimientos.

Por ello, hemos querido invitar a acompañar este momento a Alfredo Zamudio, quien, desde un oficio forjado en la experiencia de contextos de conflicto y reconciliación, nos recuerda una y otra vez que el diálogo es un acto de humanidad. Nos convoca a abrirnos genuinamente al otro y a hacer del reconocimiento mutuo el fundamento de toda convivencia.

Es desde ese tránsito, que va del juicio al encuentro, que se hace posible una contribución auténtica a la sociedad.

En estos años de rectoría, particularmente en momentos de especial dificultad, he recurrido a su consejo y, sobre todo, a su ejemplo, que ha sido una guía silenciosa pero decisiva. Esta instancia ofrece una oportunidad para expresarle públicamente mi gratitud. Gracias, Alfredo.

Los desafíos

Vivimos un tiempo de profundas tensiones, con múltiples fracturas que atraviesan nuestras formas de convivir, de conocer y de proyectarnos hacia el futuro. La Universidad, especialmente en cuanto universidad pública, no está llamada solo a diagnosticar estas fracturas, sino a hacerse cargo de ellas, a comprenderlas, a enfrentarlas y a abrir nuevos caminos de entendimiento.

Mis palabras de hoy buscan reflexionar sobre algunos de esos desafíos, poniéndolos en relación con acciones que hemos impulsado como comunidad.

La construcción de lo común

Uno de los atributos distintivos de la sociedad contemporánea es la fragmentación, que se expresa en la progresiva ruptura del tejido social y en una crisis de lo común. Asistimos a un debilitamiento de aquellos vínculos y sentidos compartidos que históricamente han permitido reconocernos como parte de una comunidad, dando paso a dinámicas de aislamiento, desconfianza y repliegue.

Volver a tejer confianzas y propósitos se vuelve una tarea ineludible para toda institución que aspire a contribuir al bien público, más aún si se trata de una universidad, con una misión creativa y educativa.

Por ello, nos hemos preocupado de impulsar programas e iniciativas que acerquen personas y saberes, poniendo en diálogo facultades y disciplinas, y facilitando que las y los estudiantes construyan vínculos significativos que les preparen para habitar lo común.

Con este fin se han promovido experiencias culturales compartidas: la colaboración interfacultades en docencia de pregrado, donde es más escasa, y una muy activa vinculación con el medio. Solo como muestra, destaco las propuestas de integración del pregrado de las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y Medicina para la formación en ingeniería y salud; o el proyecto conjunto de seis facultades para la formación en innovación; y la propuesta que se trabaja desde la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, donde estudiantes de distintas carreras aprenderán en relación con la comunidad y la naturaleza en la Estación Experimental Frutillar.

También destaco la pronta instalación del MAC Subcero en el Metro de Bellas Artes, fruto de un convenio entre la Universidad de Chile y Metro, que acercará a la Universidad a las personas en su tránsito cotidiano por la ciudad.

Muy relevante es nuestra colaboración con liceos que están innovando y demostrando cómo la educación pública puede alcanzar altos estándares de calidad. Menciono especialmente el trabajo con el Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás y el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, comunidades pequeñas en población, pero grandes en propósito.

San Nicolás, con cerca de 15 mil habitantes, acaba de ser reconocida por Unesco como Ciudad del Aprendizaje. Hoy nos acompañan estudiantes del Liceo Víctor Jara, quienes cumplen una valiosa labor como mediadores escolares, gestionando desacuerdos y promoviendo un ambiente escolar armonioso, seguro y fundado en valores.

Quiero dedicar unas palabras para recordar el que fue, en este periodo, tal vez el hito más simbólico de la capacidad de la Universidad de Chile de aportar al encuentro del país: el concierto que llamamos “La Novena en Plaza Italia” de enero de 2023. No fue solo un acto cultural; fue una demostración de que los chilenos y chilenas podíamos y queríamos habitar ese espacio en paz y fraternidad, convocados por algo que nos trascendía. Ese encuentro requirió asumir riesgos y fue posible porque distintos actores concordamos que era necesario, y porque la convocatoria la hizo la Universidad de Chile con sus conjuntos patrimoniales: la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, que pertenecen por origen e historia a todos y todas.

La explosión de buena voluntad que siguió a ese mágico día de enero dio lugar a nuevas iniciativas en el espacio público y se vuelve a vivir todas las semanas en la Gran Sala Sinfónica Nacional en VM20. Quienes asisten a la Gran Sala suelen preguntarse cómo fue posible levantar una obra tan relevante y de tan alta calidad con recursos universitarios. La explicación reside en la fuerza de una gran institución que asume su responsabilidad histórica de ofrecer al país ámbitos de encuentro, creación y excelencia, donde la cultura se pone al servicio del bien común.

El reconocimiento del otro

Otro fenómeno que observamos es la polarización, que tiende a reducir al otro a un adversario antes que a un interlocutor legítimo. Esta dinámica se expresa en la radicalización del debate público y en una progresiva pérdida de la escucha, dificultando no solo el entendimiento, sino también la posibilidad de construir acuerdos y proyectos compartidos. Esta realidad también se refleja en la vida universitaria en todo el mundo, con debates que se tensionan o –a veces– se evitan, y grupos que tienden a replegarse sobre sí mismos.

Por ello hemos puesto énfasis en generar instancias institucionales de deliberación, como es la participación de estudiantes y funcionarios en Consejos de Facultad, cuyo reglamento ya fue tomado de razón por la Contraloría Universitaria esta semana.

También hemos ampliado la infraestructura para la convivencia. Entre las distintas obras, mencionamos la nueva Residencia Erasmo Escala, que recupera un inmueble de gran valor arquitectónico y que acogerá a cerca de 60 estudiantes de regiones, así como el hermoso casino de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, gracias al trabajo de sus autoridades con la comunidad.

Destacamos, asimismo, la puesta en funcionamiento del nuevo Consejo de Campus Juan Gómez Millas, con una composición triestamental que reafirma el compromiso con una gobernanza participativa y una comunidad más integrada.

Al mismo tiempo, nos hemos preocupado de incentivar una pedagogía en la cual la argumentación y la escucha activa ocupen un lugar central, ofreciendo oportunidades a nuestros estudiantes para el diálogo intercultural, como es el caso de los “Diálogos Internacionales”, que les acercan a líderes o representantes de distintas naciones para conocer de manera directa sus visiones.

La justicia social y la inclusión efectiva

La fragmentación y la polarización son aún más difíciles de abordar en contextos marcados por una persistente inequidad, producto de profundas brechas estructurales. Es por ello que sus expresiones universitarias, que pueden traducirse en brechas de acceso, permanencia y titulación, o la escasa representación en ciertos ámbitos, nos preocupan y movilizan muchas de nuestras acciones.

Estamos comprometidos con nuestras políticas de equidad e inclusión, orgullosos de las 16 vías de ingreso especial y del fortalecimiento de los programas de acompañamiento estudiantil, que cuentan con una importantísima contribución de los propios estudiantes.

Valoramos las acciones en favor de la igualdad de género y las políticas públicas que han desarrollado mecanismos de financiamiento como la gratuidad, a veces cuestionada sin ponderar su efecto en la vida de las personas. Confiamos en que, mediante un acuerdo político, el país podrá contar prontamente con un nuevo sistema de crédito contingente al ingreso, justo y sostenible.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo y defendiendo el valor de la diversidad como una fuente de riqueza académica, en beneficio de la Universidad como un todo.

La razón y la ética

Nuestra época está también marcada por la creciente desconfianza en el conocimiento experto, que deteriora las bases del intercambio informado y debilita la posibilidad de construir acuerdos, a lo que se suma una tensión cada vez más visible entre el saber académico y el saber que circula de manera fragmentada e inmediata en la esfera pública.

Frente a ello, se vuelve ineludible reafirmar el valor de la razón, como fundamento del discernimiento, y de la ética como guía para su ejercicio. Formar en las capacidades esenciales para la vida democrática requiere desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico en todas las disciplinas y niveles, pero también cultivar una disposición responsable frente al conocimiento y su uso.

Nuestra Universidad entiende que su calidad se nutre de su fuerza en investigación. Los excelentes resultados en los concursos de Fondecyt, así como en el ranking Scimago, en que la Universidad de Chile está en primer lugar, dan cuenta de ello.

Con todo, es sabido que en el Concurso de Centros de Excelencia varios de nuestros centros, que han demostrado excelencia en su desempeño, no fueron renovados. Frente a esta situación, hemos decidido contribuir a proteger esas capacidades mediante recursos puente, en parte asociados al Programa de Financiamiento Estratégical I+D+i Universitario de Frontera (FIUF), adjudicado en 2025. Asimismo, se apoyará la continuidad del Centro CR2 mediante un aporte proveniente de las Actividades de Interés Nacional, en atención a su relevancia estratégica para la investigación sobre cambio climático.

En este mismo ámbito, la irrupción de la inteligencia artificial introduce desafíos y oportunidades que interpelan directamente a la razón y la ética, porque si bien amplía el acceso al conocimiento, también puede amplificar la desinformación.

La Universidad está impulsando la investigación, formación e innovación aplicada en IA. Múltiples equipos intergeneracionales de investigadores desarrollan soluciones en salud, modelamiento climático, minería, astronomía, educación y análisis de datos para políticas públicas. A ello se suman nuevas herramientas para apoyar la investigación científica y la gestión universitaria, junto con programas formativos orientados al uso crítico, responsable y ético de estas tecnologías.

La cultura de la paz, la dignidad y el sentido

Entre las amenazas de la sociedad contemporánea está la normalización de la violencia, la que –junto con la persistencia de graves conflictos globales que repercuten en lo local– da cuenta de una fragilidad creciente de la democracia.

En las instituciones, esta realidad se expresa en conflictos internos que escalan con rapidez, en el uso de lenguajes agresivos y en la dificultad para procesar los desacuerdos de manera constructiva.

En nuestra Universidad existe una trayectoria que posibilita enfrentar estos desafíos desde bases sólidas. Su tradición en derechos humanos no solo forma parte de su historia, sino que también orienta su quehacer presente, afirmando un compromiso sostenido con la dignidad y la justicia.

Existen diversas instancias de memoria y reflexión que mantienen viva la conciencia sobre el pasado y favorecen una comprensión crítica del presente. Estamos comprometidos a honrar el compromiso con el Plan Nacional de Búsqueda y la educación para los Derechos Humanos y la democracia.

Educar para la paz implica formar en el respeto, el intercambio de ideas y la valoración de la diversidad como base de la convivencia. A ello se suma la necesidad de fortalecer herramientas para la resolución no violenta de conflictos, de modo que los desacuerdos se conviertan en oportunidades de aprendizaje y no en factores de fractura. La Defensoría Universitaria, cuyo reglamento está en su fase final en el Senado Universitario, cumplirá un importante rol en este aspecto.

Promover una ética del cuidado permite reorientar las relaciones hacia la responsabilidad mutua, reconociendo en el otro no una amenaza, sino un legítimo otro con quien construir en común.

En última instancia, solo si somos capaces de resistir toda forma de deshumanización y afirmar –sin ambigüedades– la dignidad y el sentido de cada vida, podremos erradicar situaciones como la agresión sufrida por la ministra Ximena Lincolao, que interpelan nuestra conciencia y el tipo de sociedad que estamos construyendo. A ella, nuestro afecto y nuestra solidaridad. Esa experiencia nos muestra con claridad aquello que no queremos ser.

La esperanza activa

Por último, es un hecho que el miedo frente al futuro parece estar volviéndose una experiencia extendida. La incertidumbre ante los cambios tecnológicos, la magnitud de la crisis climática y la creciente fragilidad de las trayectorias laborales configuran un horizonte que se percibe inestable y difícil de anticipar. En las universidades, esto se expresa en la ansiedad estudiantil, en las dudas respecto del sentido de la formación y del ejercicio profesional.

Cuando este temor se instala como disposición dominante, inmoviliza y limita nuestra capacidad de actuar. Para contrarrestarlo, es preciso cultivar una esperanza activa que no niega la incertidumbre, sino que la asume como posibilidad de transformación. Por ello, nuestra tarea no es solo desarrollar capacidades o competencias, sino también acompañar la construcción de sentido, fortalecer la confianza y ofrecer oportunidades para imaginar colectivamente el porvenir.

Cuando un joven toca su instrumento para rendir homenaje a quienes décadas atrás defendieron la vida de jóvenes como él o ella, como ocurriera recientemente en el homenaje a la Vicaría de la Solidaridad en la Catedral, o cuando pronuncia un discurso para honrar la trayectoria artística de los maestros de sus maestros en el Teatro Nacional, o cuando investiga sobre un problema de frontera en un equipo intergeneracional, o cuando intercambia experiencias y conocimientos con jóvenes de otras partes del mundo, está haciendo brotar la esperanza.

La Universidad de Chile seguirá cumpliendo la tarea de sostener lo común en medio de la fragmentación, de escuchar en tiempos de polarización, de defender y buscar la verdad frente a la desinformación, y de afirmar la dignidad humana ante toda forma de exclusión y deshumanización. Al servir a Chile desde el conocimiento, nuestra Universidad renueva cada día la esperanza.

Muchas gracias.

Rosa Devés Alessandri
Rectora de la Universidad de Chile

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Un reportaje, publicado hace unos días atrás, instaló con eficiencia mediática una narrativa sobre las aplicabilidades otorgadas durante el gobierno del Presidente Boric, que conviene desmontar: el mecanismo del artículo 20 letra b) de la Ley Indígena sería -en sí mismo- un problema, por lo que sería urgente bloquearlo o desmantelarlo.

Antes de hablar del artículo 20 letra b) de la Ley N° 19.253, hay que decir lo que en Chile se ha evitado decir con claridad durante demasiado tiempo: que el conflicto Mapuche es político. No es simplemente un problema de pobreza, ni de falta de integración a la sociedad chilena, ni un problema de orden público. Es más bien la expresión contemporánea de una fractura histórica entre el Estado y el pueblo Mapuche, nacida en la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, y nunca genuinamente resuelta: el Estado despojó al pueblo Mapuche en aproximadamente 10 millones de hectáreas.

Por eso, debe asentarse claramente que la demanda territorial Mapuche no es invención, ni agitación externa; sino simplemente la consecuencia directa, documentada y jurídicamente trazable de decisiones político-jurídicas del Estado, cuyos efectos siguen siendo plenamente contingentes. Y en tanto problema político, su solución debe ser política.

La lección más valiosa la aportan los propios datos. En 2020, el gobierno del Presidente Piñera congeló prácticamente en su totalidad el mecanismo del artículo 20b: una aplicabilidad, una compra, traspasando el presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas a convenios con otros Servicios, Municipalidades y concursos del artículo 20a. Todo bajo una mirada asentada en el indigenismo clásico: fomento productivo. Mientras tanto, la violencia rural en la zona sur escaló al peak histórico: 1.616 eventos en la llamada Macrozona Sur, el peor registro desde que existe el indicador. En cambio, desde 2022 la violencia rural descendió sostenidamente, hasta alcanzar en 2026 el menor número desde 2018, con un descenso superior al 75%. ¿Qué sucedió?

En lo personal, considero que la baja en los índices referidos no puede redirigirse exclusivamente a las políticas de seguridad o del Estado de Excepción. Una conclusión de esa índole sería simplista ante un problema multifactorial, complejo, y político. Estimo que en este último punto está el quid del asunto. Si analizamos qué se hizo distinto post 2022, nos encontramos principalmente con una decisión de tratamiento político del malestar subyacente al conflicto.

Cuando el Estado se abrió al diálogo, encauzó el malestar hacia las vías democráticas e institucionales, con efectos palpables. Primero fue la Convención Constitucional, con un profundo calado indigenista, sirviendo de válvula de escape a décadas de sueños y esperanzas. Segundo, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, como salida alternativa de la primera vía, generó un examen inédito del diseño vigente en materia indígena y su implementación, y permitió una discusión política transversal y profunda de cómo abordar la problemática. Tercero fue la Conadi, haciendo -después de muchos años- lo que está mandatada a hacer: ejecutar sus instrumentos para sacar de la mora al Estado en cuanto a responder las demandas territoriales. Y cuarto, fue el Plan Buen Vivir, como instrumento inédito, articulador de las políticas públicas de cara a la solución de las necesidades de los territorios.

Creo que la confianza -realista o no- de los territorios en esas vías institucionales, como caminos legítimos y viables, fue lo que cambió; lo que es incluso independiente de los resultados concretos de cada abordaje. Porque, ¿qué duda cabe que la Convención Constitucional fracasó con su propuesta indigenista, encontrándose con un Chile que dijo no estar preparado? ¿O que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento generó una propuesta racional y viable, y abrió un camino de Estado, pero flaqueó en su asentamiento territorial, debilitándose y dejando en pausa resultados concretos? ¿O que la Conadi entregó aplicabilidades que tardarán décadas en transformarse en soluciones reales? ¿O que el Plan Buen Vivir abordó una parte menor de todo lo que hay que hacer? Aun así, considero que todo ello queda en segundo plano, dado lo inédito de la apertura real al diálogo para buscar una salida.

Dada la experiencia expuesta, debemos relevar entonces una dinámica importante: cuando el Estado cierra las puertas institucionales y el diálogo, la presión acumulada busca otras salidas. Y cuando el Estado abre las puertas institucionales y el diálogo, la presión se encauza mayoritariamente dentro del Estado de Derecho, con sus garantías y límites.

En el contexto expuesto, cuando el reportaje presentaba las aplicabilidades como un “beneficio” que el Estado reparte discrecionalmente, o como “pago de favores políticos”, o como “compra de paz con tierras”, se hace una caracterización nociva, e incorrecta jurídica y políticamente.

En lo jurídico, se debe entender que el mecanismo del artículo 20b -a pesar que no se exprese literalmente- posee una naturaleza reparatoria. En efecto, el mecanismo no crea derechos desde la nada: simplemente ausculta y recoge situaciones preexistentes, asentadas ancestral y luego jurídicamente en titulaciones indígenas históricas -ya reduccionales-, las que posteriormente fueron menoscabadas con acción directa, u omisión de protección del Estado, generando efectos en la vulnerabilidad socioeconómica de los respectivos descendientes.

En ese sentido, la alta tasa de aprobación de las solicitudes existentes no refleja laxitud administrativa, sino que implica dos cosas: primero, que la demanda territorial Mapuche es real, masiva y documentable; y, segundo, que el sistema diseñado por la Ley N° 19.253 para acceder a la reparación, en la práctica es cumplido por un porcentaje mayoritario de las comunidades indígenas que se constituyen. En efecto, en la Comisión Presidencial Paz y Entendimiento nos explicaron que, históricamente, 9 de 10 casos que suben a la Fiscalía de Conadi con informes favorables -socioeconómico, ocupacional y jurídico- obtienen la aplicabilidad, no siendo entonces el ratio del gobierno del Presidente Boric diverso de la situación histórica.

No es cierto entonces que 9 de 10 casos que ingresan obtienen aplicabilidad: de hecho, más de mil casos se encuentran en tramitación, algunos desde el siglo pasado. Por tanto, el problema real no es la proactividad o inactividad de cada gobierno en materia de aplicabilidades, sino que el filtro que diseñó la Ley Indígena es cumplido por un porcentaje considerable de comunidades.

Políticamente, al ser el sistema 20b un mecanismo reparatorio, éste no otorga beneficios, sino que -con fundamento general en el principio de justicia- genera (hechos los estudios) una verificación del daño, y abre la posibilidad de una solución reparatoria con criterios homologados (hoy, exclusivamente compra de tierras). En rigor, entonces, el mecanismo opera con una doble modalidad de reparación:

Primero, al emitirse la aplicabilidad -validando el problema de tierras- se cumple una función de reparación moral que el debate técnico tiende a perder de vista. Después de décadas, este simple acto administrativo genera que el Estado, actuando al tenor de la Constitución Política, reconozca su responsabilidad en los hechos históricos que están detrás de la actual situación socioeconómica y cultural de grupos humanos determinados, abriendo una posibilidad futura de reparación. Se trata del Estado, reconociendo que el despojo ocurrió, cómo ocurrió, las consecuencias nocivas que produjo -menoscabo en la situación socioeconómica concreta y el impacto cultural en las familias- e indicando que hay una vía institucional para procesarlo.

Esa manifestación de voluntad del Estado, tiene un efecto concreto en la posibilidad real del diálogo, por cuanto opera como una reparación moral en sí misma. Sin reconocimiento, que implica aperturar el libro de la historia y leer episodios dolorosos que aún nos separan, no hay reconstrucción de confianzas posible. Por ello, bloquear o eliminar las aplicabilidades no reduce la deuda, sino que simplemente la hace invisible para el Estado. Es sólo retroceso.

Segundo, la aplicabilidad tiene la función jurídica de abrir la expectativa a la compra, lo que viene a operar el segundo nivel de reparación, la reparación material. No cabe duda que la reparación moral no basta, y que se necesita una reparación material. Por eso, el hecho que el sistema del 20 b se encuentre actualmente colapsado y no ofrezca soluciones reales en el horizonte de vida de aquellos que obtuvieron aplicabilidad, no ayuda en nada a solucionar el problema político.

En ese sentido, los números de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento son crudos: con la demanda actual, y un presupuesto proyectado sin ajuste sustantivo, existirá una demora de entre 80 y 162 años para una solución efectiva a los requirentes. Esa no es una solución real. Por ello, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento concluyó que el sistema de reparación creado por la Ley N° 19.253 necesitaba modificarse.

Pero, aun siendo ese un hecho de la causa, la pregunta es: ¿se justifica por ello la demonización de las aplicabilidades, y un llamado a dejar de procesarlas? Si entendemos el problema en su calado político, la respuesta es no. En un Estado de Derecho las leyes se cumplen, con la menor dilación posible, y se ajustan legislativamente, no administrativamente. Y en un Estado de Derecho, el deber de ajustar el sistema para racionalizarlo recae en el sistema legislativo, no en el Gobierno, ni la dirección circunstancial del Servicio.

Así las cosas, tomar la decisión política de congelamiento práctico del sistema sin modificarlo, o una decisión política y legislativa de modificarlo para bloquearlo y cerrarlo sin opciones reales de reparación, no entiende el problema político subyacente: es una solución para unos pocos, pero un desastre para todos.

Por ello, y si bien es un hecho que el mecanismo concreto del artículo 20 letra b necesita ser revisado en cuanto a su diseño -tanto como filtro, tanto como solución-, lo que se requiere no tiene atajos, y ya fue planteado por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento después de más de 2 años de análisis y dialéctica: se debe arribar a un nuevo acuerdo político Estado – pueblo Mapuche; y a un nuevo trato, pero un nuevo trato justo para todos.

Lo anterior significa, al menos, alinear las fuerzas políticas más allá de los ciclos electorales y hacia una solución real; siempre en diálogo sustantivo con el pueblo Mapuche, y orientando al sistema hacia una modificación racional que no pierda de vista el peso específico del reconocimiento de lo otrora sucedido, así como le permita operar en tiempos razonables. Ello excede cualquier tiempo de gobierno, requiriendo responsabilidad y un compromiso de Estado en el largo plazo, orientado a fortalecer y mejorar las vías institucionales existentes.

Para lograr lo anterior, lo realizado por el gobierno del Presidente Boric -que entendió mejor el contenido político del conflicto- debe analizarse y sopesarse sin ánimos revanchistas ni destructivos, porque se trata de un abordaje que, ciertamente, permitió mejores índices de paz social y la visualización de un camino viable y transitable.

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El Ministerio de Salud (Minsal) descartó de forma categórica que se haya decidido la eliminación de programas asistenciales críticos. La aclaración surge tras la filtración de una minuta del Ministerio de Hacienda que sugería descontinuar 25 líneas programáticas, entre las que figuraban el Plan de Acceso para Personas Migrantes, el Apoyo a la Identidad de Género, el Programa de Salud Trans y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

Según consignó Emol, a través de un comunicado, la cartera sanitaria enfatizó que “no se ha eliminado ningún programa ni se ha adoptado decisión alguna que afecte las atenciones”. Según explicaron, los documentos conocidos corresponden a la etapa inicial y técnica de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026, proceso que es encabezado habitualmente por Hacienda y la Dipres.

Desde el Minsal puntualizaron que los oficios enviados a las distintas carteras operan como lineamientos para elaborar propuestas y no como sentencias definitivas sobre los recursos. “No son decretos de recorte ni decisiones tomadas”, recalcaron, recordando que la discusión oficial comenzará recién en septiembre, cuando el proyecto ingrese al Congreso para ser debatido por parlamentarios, gremios y organismos técnicos.

La autoridad realizó un llamado a la calma para las familias y usuarios del sistema público, especialmente aquellos vinculados al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), asegurando que ninguna discusión administrativa pondrá en riesgo la continuidad de las prestaciones sanitarias esenciales.

Ajustes solo por baja efectividad

La cartera sentenció que las prioridades se definen siempre en función del derecho a la atención. No obstante, admitieron que, como es norma cada año, se realizará una revisión de la oferta programática. Bajo esta lógica, se ajustarán únicamente aquellos planes que no estén cumpliendo con los objetivos de cobertura para los cuales fueron diseñados originalmente.

Esta respuesta busca neutralizar el foco de conflicto abierto por la oposición y diversas organizaciones sociales, quienes habían acusado al gobierno de José Antonio Kast de intentar desmantelar políticas de salud pública bajo el argumento de la eficiencia fiscal.

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En una intervención marcada por la reflexión, el exministro Giorgio Jackson revisó su paso por la administración del expresidente Gabriel Boric y analizó el rol que debe jugar hoy la centroizquierda frente al gobierno de José Antonio Kast. Durante un seminario convocado por el PPD, Jackson admitió que durante su gestión se cometieron errores estratégicos que fracturaron la relación entre las distintas generaciones del progresismo chileno.

“Yo fui parte de quienes quizás contribuyeron a esa separación entre un diálogo intergeneracional de personas que tienen una vida progresista”, reconoció el exsecretario de Estado. Según explicó, la llegada del Frente Amplio al poder estuvo marcada por una priorización de las “identidades propias” por sobre los acuerdos programáticos, lo que terminó dificultando la articulación de mayorías legislativas.

Los tres desafíos de la oposición frente al Plan de Reconstrucción

De cara al actual debate por el Plan de Reconstrucción Nacional, Jackson planteó que el sector no puede limitarse a una postura de rechazo constante. En su análisis, propuso tres tareas fundamentales: impedir retrocesos sociales fijando “líneas rojas” colectivas, levantar un proyecto político propio y —crucialmente— “saber cuándo decir que sí” para responder a las demandas de la ciudadanía en este 2026.

Para el exministro, es vital evitar caer en la tentación de responsabilizar a los votantes por los errores de los gobernantes. “Esa es la receta del fracaso”, sentenció, instando a las fuerzas opositoras a ejercer una “paciencia pedagógica” para reconectar con el electorado desencantado.

Jackson enfatizó que las tensiones del pasado repercutieron directamente en la capacidad de reunir fuerzas políticas diversas. Por ello, instó a actuar con empatía frente al desencanto social y a construir lazos sólidos con la población que hoy se siente ajena a las disputas de la élite política.

El diagnóstico de quien fuera una de las figuras más influyentes del gobierno anterior llega en un momento clave, mientras el Socialismo Democrático y el Frente Amplio intentan coordinar una postura común ante las reformas económicas de la actual administración, buscando evitar que la fragmentación del pasado se repita en el Congreso.

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La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, entregó un sólido respaldo a la megarreforma enviada esta semana al Congreso por la administración de José Antonio Kast. En entrevista con La Tercera, la líder gremial afirmó que el proyecto de reconstrucción responde a una realidad innegable: una década de crecimiento estancado en torno al 2% y una inversión real paralizada.

“Si no se hace algo distinto, las perspectivas no van a cambiar”, advirtió Jiménez, subrayando que la iniciativa sintoniza con la prioridad ciudadana de generar empleo formal en un contexto donde la desocupación se ha mantenido sobre el 8% por más de tres años. Para la CPC, la orientación hacia la competitividad tributaria y la certeza jurídica es el camino correcto para atraer capitales en este 2026.

Para la líder empresarial, la medida más relevante del paquete legislativo es la rebaja de impuestos corporativos. Jiménez argumentó que las sucesivas alzas tributarias de los últimos 20 años han funcionado como un obstáculo para el desarrollo, restando capacidad de reinversión a las compañías.

Aun así, aclaró que la baja de gravámenes no es una solución mágica por sí sola. “Tiene que ir acompañada con las otras medidas”, señaló, refiriéndose a la necesidad de establecer reglas claras y estables que permitan a los inversionistas proyectar sus negocios a largo plazo sin temor a cambios de reglas constantes.

Pese al apoyo general, Jiménez planteó reparos respecto a la propuesta del Gobierno sobre las contribuciones, una promesa de campaña que difiere de la visión de la CPC. El gremio propone que estas se definan según precio de mercado, se ajusten por IPC y solo se redefinan tras transacciones, buscando mayor objetividad y predictibilidad.

Respecto al temor por una posible caída en la recaudación fiscal, la presidenta de la CPC descartó que el proyecto genere una merma en el largo plazo. “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera”, explicó, enfatizando que el problema de fondo es el gasto excesivo del Estado por sobre sus ingresos reales. “Hay dos posibilidades: se mantiene la torta como está o se hace que crezca para todos”, concluyó.

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En una intensa gira territorial por la Región del Biobío, el Presidente José Antonio Kast salió al paso de las críticas por los supuestos recortes en programas sociales. Durante el encuentro ciudadano “Presidente Presente”, realizado en el Colegio Creación de Concepción, el jefe de Estado fue enfático en desmentir que su administración planee eliminar beneficios escolares.

“No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”, aseguró Kast ante vecinos y dirigentes, explicando que el foco actual está en realizar un “cambio radical” para ordenar la gestión de la Junaeb. El Mandatario vinculó esta ofensiva comunicacional a una mala interpretación de procesos administrativos internos de Hacienda, reafirmando que la prioridad sigue siendo la eficiencia estatal sin afectar a los sectores vulnerables.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien acompañó al Presidente en la actividad, calificó las versiones de recortes como noticias falsas. Explicó que el documento filtrado es una circular habitual de la Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social para analizar el desempeño de los programas públicos de cara al presupuesto del próximo año.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, en el marco de “Presidente Presente”, Foto: Aton Chile.

“Es el puntapié inicial para iniciar una conversación entre Hacienda y los otros ministerios. Lo que apareció en redes es una mentira tras otra”, aseveró Rodríguez, recordando que el proceso legislativo finaliza con la presentación de la ley en septiembre.

Impulso a la Reconstrucción Nacional con sello territorial

El despliegue en Concepción forma parte de una estrategia para acercar el proyecto de Reconstrucción Nacional a la ciudadanía. Según fuentes de La Moneda, este formato de conversatorios se inspira en los antiguos consejos comunitarios de Álvaro Uribe, buscando una interacción directa para recoger demandas locales sobre empleo, seguridad y educación.

Esta “forma de gobernar en terreno” continuará la próxima semana en distintas zonas del país, mientras el Ejecutivo intenta fortalecer el respaldo político para su agenda legislativa miscelánea, la cual considera prioritaria para la reactivación económica en este 2026.

Tras su paso por la capital regional, el Presidente se trasladará este domingo a la comuna de Los Álamos, en la Provincia de Arauco. Allí encabezará la ceremonia en memoria de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, asesinados en Cañete hace dos años.

Kast concluirá su gira en el complejo Lomas Verdes, donde sostendrá un almuerzo privado con funcionarios policiales en el marco del 99° aniversario de Carabineros. Se espera que en esta instancia el Mandatario refuerce los mensajes de respaldo institucional que han marcado su agenda de seguridad en las últimas semanas.

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El próximo 27 de abril se conmemora el 99° aniversario de Carabineros de Chile, y el Gobierno de José Antonio Kast alista un despliegue político y legislativo diseñado para blindar su agenda de orden público. Sin embargo, el anuncio central promete desatar un intenso choque político con la oposición: el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para devolver a la justicia militar las causas que involucren a efectivos policiales en actos de servicio.

Según información adelantada por el medio Ex-Ante, en La Moneda preparan una batería de medidas orientada a dotar de “épica y mística” el trabajo policial. Esta agenda incluye bonificaciones directas a las remuneraciones de los funcionarios, pero el mayor impacto institucional y judicial vendrá de la mano de la exclusión del Ministerio Público en las investigaciones contra uniformados.

El retorno a la Justicia Militar: Una promesa de campaña

El traspaso de las causas que involucren a efectivos de Carabineros y la PDI en servicio activo hacia un sistema jurisdiccional especial —regulado por el Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica de Tribunales Militares— fue una de las principales promesas de la candidatura de Kast.

En su plan de campaña, denominado Fuerza Nacional, el actual Mandatario argumentó que no se podía seguir tratando a las policías “como unos funcionarios más”, prometiendo un sistema de defensa legal inmediata. Asimismo, el programa Desafío 90 —que fijaba la hoja de ruta para los primeros tres meses de gobierno— ya estipulaba explícitamente la necesidad de “encontrar mecanismos de respaldo judicial al uso legítimo de la fuerza (…) en actos de servicio (justicia militar)”.

Fotografía de Carabineros mientras realizan un allanamiento. Foto: Aton Chile.

En la práctica, este cambio implica que los casos contra uniformados podrán iniciarse por denuncias o de oficio por los propios fiscales militares. Además, permitiría que los funcionarios declaren por escrito o a través de abogados, facilitando que se mantengan en servicio activo sin afectar la dotación en las calles, una medida que desde ya anticipa un duro debate en el Congreso Nacional respecto a la transparencia, los derechos humanos y el control civil sobre las policías.

Mejoras económicas y el despliegue del Ministerio de Seguridad

Para amortiguar el debate y mostrar una señal de autoridad, el Gobierno planea acompañar estos anuncios con un masivo despliegue de ministros y subsecretarios. En el ámbito laboral, el Ejecutivo confirmará un aumento en la asignación de riesgo para los efectivos que patrullan y persiguen delincuentes en la primera línea.

Estas iniciativas buscan consolidar el rol de la recién asumida ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ha enfrentado un complejo debut marcado por salidas en los equipos de inteligencia. Para afianzar los vínculos con las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, Steinert sostuvo este viernes un almuerzo estratégico con el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director de la PDI, Eduardo Cerna; y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Foto: Aton.

Con este telón de fondo, y complementado con operativos recientes como el plan Escudo en Ruta, el Presidente Kast jugará una de sus cartas más arriesgadas en materia de seguridad, buscando retomar la iniciativa política mientras tensiona al máximo la relación con sus detractores políticos.

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La tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca terminó de forma abrupta este sábado en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa Melania Trump, debieron ser evacuados de emergencia tras un incidente de seguridad registrado en pleno desarrollo del evento, según se pudo observar en la transmisión oficial en directo.

La interrupción ocurrió luego de que se escuchara un fuerte ruido en el interior del recinto, el cual fue identificado posteriormente como disparos. El hecho provocó una reacción inmediata de la avanzada de seguridad presidencial, que procedió a la extracción inmediata del mandatario mientras se solicitaba a los asistentes abandonar el lugar.

Minutos después de ser puesto a resguardo, el presidente Trump utilizó su plataforma Truth Social para enviar un mensaje de tranquilidad y actualizar el estado de la situación. En su publicación, el mandatario confirmó que se trató de un intento de ataque directo y que el responsable ya se encuentra bajo custodia.

“Fue una noche movida en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápida y valientemente. El tirador ha sido capturado“, afirmó el jefe de Estado, quien además manifestó su disposición de continuar con el evento si las autoridades lo permitían, aunque reconoció que la velada “será muy diferente a lo planeado”.

Protocolos de alta seguridad y despliegue armado

Segundos después de detectarse los disparos, agentes armados del Servicio Secreto tomaron el escenario para proteger a Trump. La rapidez del despliegue permitió que el mandatario saliera ileso del lugar, en medio de un clima de incertidumbre entre los periodistas y celebridades presentes en la gala.

A pesar de que Trump sugirió “que el espectáculo continúe”, aclaró que se guiará por las recomendaciones de seguridad. “Independientemente de esa decisión, tendremos que volver a hacerlo”, concluyó en su mensaje. Por ahora, el Servicio Secreto mantiene un perímetro reforzado en Washington mientras se investigan las motivaciones del atacante en este 2026.

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Un nuevo frente de conflicto se abrió entre el Gobierno y la oposición. El reciente oficio emanado desde el Ministerio de Hacienda, que contempla recortes en programas sensibles como la alimentación escolar y la prevención del delito municipal para ajustar el erario fiscal, generó un rechazo transversal, donde acusan al Ejecutivo de querer financiar la reducción de impuestos a las grandes empresas a costa de los sectores más vulnerables.

La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), fue una de las voces más críticas, catalogando la medida de “refundacional” e ideológica. “Esa reforma tributaria lo que va a significar es desfinanciar el Estado. Para hacerla posible, recortes de este tipo van a tener que proponerse todos los años. Quienes hoy están en el Gobierno se dedicaron a criticar a la administración de Boric por refundacional, pero esto que estamos viendo ahora, esto sí que es refundacional”, fustigó Tohá.

A sus palabras se sumó el exsenador Ricardo Lagos Weber, quien cuestionó la sostenibilidad de las finanzas públicas bajo la actual conducción de Hacienda. “Si me dicen que van a hacer recortes, es porque el Gobierno asume que no hay recursos. Y simultáneamente propone un proyecto de ley que es deficitario para los próximos 10 años”, advirtió. Lagos contrastó esta iniciativa con la propuesta de la administración anterior, liderada por Mario Marcel, la cual planteaba bajar el impuesto corporativo, pero de manera “compensada” con otros gravámenes. “Siento que acá hay un severo retroceso”, concluyó el exmandatario.

Exministra Carolina Tohá. Foto: Aton Chile

Impacto en seguridad, municipios y educación

Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez advirtió que no apoyarán la iniciativa. “Era previsible que si tú le estás proponiendo bajar el impuesto a las grandes empresas, vas a tener menos dinero para gastar en servicios. Nuestros votos no van a estar para recortar programas fundamentales para los niños y niñas”, sentenció, emplazando al Gobierno a “echar marcha atrás a la rebaja del impuesto corporativo“.

En el ámbito municipal, la alcaldesa Karina Delfino evidenció su preocupación por la merma en el Sistema Nacional de Seguridad Municipal. “Se echa mano a programas como el centro de apoyo a víctimas y patrullajes preventivos. Y por otro lado, creo que alguien tiene que ser muy malintencionado para afectar la alimentación escolar. El Gobierno está planteando favorecer a las grandes fortunas en desmedro de los que menos tienen”, afirmó la jefa comunal.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, descartó que las próximas reuniones con la Segpres representen un verdadero puente de negociación. “El diálogo requiere dos visiones y puntos de encuentro. Aquí el Gobierno no abre el diálogo, lo que hace es notificar a las fuerzas de oposición de un proyecto que ya está presentado”, reclamó, proyectando un complejo escenario para la futura Ley de Presupuesto.

Senadora Paulina Vodanovic (PS). Foto; Aton Chile.

Oficialismo matiza los recortes y el contragolpe de Kast

Frente a la avalancha de críticas, la presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, salió al paso para poner paños fríos, calificando a la centroizquierda de mantener una postura “mezquina”.

Balladares aclaró que los recortes revelados forman parte de un “exploratorio” de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y no son medidas definitivas. “Como lo explicó el ministro Quiroz, esto es parte del exploratorio de los distintos programas. No quiere decir en ningún caso que sean decisiones tomadas”, explicó la líder oficialista. Además, marcó una línea roja dentro de su propio sector: “Renovación Nacional no va a estar con recortes sociales ni con recortes en seguridad (…) no se verán en riesgo por el despilfarro que hizo el gobierno anterior”.

Precisamente, el apunte hacia la administración pasada fue el tono que marcó la defensa del propio Presidente José Antonio Kast. Durante su intervención en el consejo general de RN este fin de semana, el Mandatario lanzó una dura contraofensiva hacia el gobierno de Gabriel Boric, justificando el complejo escenario actual.

“¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre. No hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien”, disparó el jefe de Estado ante sus militantes.

El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en el Consejo General de Renovación Nacional. Foto: Aton Chile.

Kast acusó a la actual oposición de actuar con “ensañamiento político” y de heredar una parálisis estatal con miles de oficios sin firmar. “Hoy día dan cátedra. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando (…) ¿cómo vamos a bajar más aún si nos dejaron el país sin piso?”, fustigó el Presidente.

Finalmente, el Mandatario defendió su Plan de Reconstrucción frente a las críticas de regresividad: “Vuelven con el típico eslogan: ‘esta reforma es para los ricos’. Pero si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos”, remató Kast, llamando a la unidad de su coalición para aprobar las medidas de reactivación económica y de control fronterizo en el Congreso.

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En el marco de un seminario convocado por “Impulsa Chile PPD”, el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, entró de lleno en la polémica presupuestaria que sacude al Gobierno. Cataldo calificó como una “desinteligencia” la filtración de documentos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugieren la discontinuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior (PASE).

Para la exautoridad, es impensable que Chile se permita terminar con un beneficio que cubre la alimentación diaria de más de 2,5 millones de estudiantes. “No me imagino terminando con el PASE, que permite el acceso de tantas personas a la educación superior que sin ese programa no podrían hacerlo”, subrayó Cataldo, cuestionando la coherencia entre los oficios técnicos y el discurso político del Ejecutivo.

Consultado por la aparente contradicción entre el instructivo de Hacienda y las declaraciones del ministro Jorge Quiroz —quien aseguró que no se quitarán beneficios—, Cataldo sugirió que podría tratarse de descoordinaciones internas. No obstante, lanzó una advertencia sobre la viabilidad técnica de los recortes: “El documento señala la posibilidad de reducir o terminar con algunas subvenciones. Estas están definidas por ley; no veo la posibilidad de tomar esa decisión presupuestariamente”.

Respecto al proyecto de “Escuelas Protegidas” impulsado por la administración de Kast, el exministro recordó que incluso parlamentarios oficialistas han cuestionado su suficiencia. Cataldo defendió la Ley de Convivencia heredada de su gestión, la cual apuesta por una mirada integral con bienestar socioemocional y resolución colaborativa de conflictos.

Respuesta a Kast: “Devela un desconocimiento importante”

El exministro no dejó pasar las críticas del Presidente José Antonio Kast, quien acusó a la gestión anterior de dejar a los niños sin alimento. “Eso devela un desconocimiento importante. La alimentación se entrega de manera diaria a través de procesos licitatorios con empresas que suministran el servicio permanentemente”, aclaró.

Cataldo interpretó las palabras del Mandatario como una reacción para “salir al paso” tras la publicación de documentos que incluían la supresión de líneas sociales críticas. “No logro entender la frase; me imagino que tiene que ver con la necesidad de reaccionar frente a lo que fue una desinteligencia pública”, concluyó antes de retirarse del evento.

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El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó el desafío de implementar proyectos de integración social en las comunas de mayores ingresos de la capital. En entrevista con Meganoticias, el secretario de Estado admitió que han enfrentado oposición en Las Condes, Lo Barnechea y La Reina, pero enfatizó que la segregación urbana actual obliga a realizar un trabajo de participación profundo para derribar desconfianzas.

Según Poduje, el objetivo es permitir que personas que nacieron en esos sectores no tengan que abandonar sus barrios por los elevados precios de los arriendos. “Es normal que, cuando hemos construido una ciudad tan segregada, existan estas desconfianzas”, sostuvo el titular de la cartera, reafirmando que el plan de edificación social en estas zonas sigue firme bajo la premisa de que “la ciudad es de todos”.

También se refirió a la compleja situación en el sector El Olivar, en Viña del Mar, donde se procedió a la demolición de viviendas tras detectarse fallas críticas. Poduje citó informes del IDIEM de la Universidad de Chile que acreditan riesgos sísmicos severos y el uso de materiales no certificados para la altura de las edificaciones, afectando a cerca de 350 familias.

Pese a la resistencia de la inmobiliaria a cargo, el Ministerio ha avanzado en la revocación de contratos con la mayoría de los afectados. “Tenemos argumentos sólidos; la inmobiliaria está en contra de nuestra decisión, pero las casas tienen riesgos severos”, precisó la autoridad, descartando dar pie atrás en la medida de seguridad.

Denuncia de tráfico de influencias contra exdirector del Serviu

En un flanco judicial, Poduje reveló que se encuentra impulsando una acusación de tráfico de influencias contra el exdirector del Serviu, vinculada a las irregularidades detectadas en la zona. La autoridad espera que los beneficios de reconstrucción se traspasen correctamente a precio de mercado y, de lo contrario, adelantó gestiones directas con la Cámara Chilena de la Construcción.

Esta ofensiva fiscalizadora busca limpiar los procesos de asignación de proyectos en este 2026, asegurando que los recursos fiscales destinados a la emergencia habitacional no se pierdan en gestiones administrativas viciadas.

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El diputado Jaime Araya (Ind-PPD), integrante de la Comisión de Seguridad, denunció este sábado una instrucción emanada desde el Ministerio de Hacienda que propone descontinuar el Plan Calle Sin Violencia y el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado. Según el parlamentario, la medida busca recortar financiamiento a las estrategias actuales de combate a la delincuencia.

Araya arremetió contra la administración del Presidente Kast, acusándola de faltar a sus compromisos de seguridad. “Están pasándole la tijera a uno de los planes más exitosos. ¿Qué es lo que pretenden, que definitivamente el crimen organizado se tome Chile?”, cuestionó el legislador ante el posible desarme de los equipos especializados en homicidios.

Además, anunció que utilizará todas sus facultades en el Congreso para impedir que la propuesta de Hacienda se materialice, calificando el hecho como una “emergencia política”. Araya no descartó iniciar acciones más severas contra el Ejecutivo si se persiste en la idea de debilitar la infraestructura de seguridad pública en este 2026.

“No descartamos ninguna acción en contra del Gobierno. No se puede ser tan irresponsable de dejar a Chile en manos del crimen organizado”, manifestó el parlamentario.

Cuestionamientos a la “pandilla política” del Ejecutivo

En un tono de alta tensión, el legislador vinculó la decisión presupuestaria con una supuesta falta de voluntad real para enfrentar a las bandas delictuales. Araya llegó a poner en duda las motivaciones del equipo económico, sugiriendo que desarticular estos programas favorece directamente a las organizaciones criminales que operan en el país.

Desde la Comisión de Seguridad se espera que en las próximas jornadas se cite a las autoridades de Hacienda para explicar el alcance de este instructivo, el cual dejaría a las policías sin el respaldo operativo necesario para intervenir en las zonas de alta peligrosidad.

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El Presidente José Antonio Kast no guardó adjetivos para calificar el desempeño de la administración que lo antecedió. En el marco del consejo general de Renovación Nacional (RN) celebrado este sábado, el Mandatario lanzó una contundente ofensiva contra el gobierno del expresidente Gabriel Boric, acusando una herencia crítica en áreas clave como el empleo, el crecimiento económico, la seguridad y la gestión pública.

Durante su discurso ante la militancia aliada, el jefe de Estado cuestionó duramente el legado de la centroizquierda, asegurando que su desempeño fue deficiente en todas las áreas. “No hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien”, sentenció Kast frente a los asistentes.

“¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre”, enumeró el Mandatario, marcando un claro contraste con la agenda que hoy impulsa el Ejecutivo.

“Dejaron el país sin piso”: La dura herencia y las críticas a la oposición

Kast aprovechó la instancia para fustigar el rol fiscalizador que ha asumido la actual oposición, acusándolos de tener un “ensañamiento político” y de exagerar errores menores de su administración para ocultar sus propias falencias. “Hoy día dan cátedra. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando (…) ¿cómo vamos a bajar más aún si nos dejaron el país sin piso?”, fustigó. Además, respondió a las críticas contra sus recientes iniciativas, como la reforma tributaria: “Vuelven con el típico slogan: ‘esta reforma es para los ricos’. Pero si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos“.

Otro de los puntos más álgidos de la intervención fue la denuncia de una grave parálisis administrativa heredada en el aparato estatal. El Mandatario aseguró que al asumir se encontraron con “más de dos mil oficios y decretos sin firmar. Es como que no hubiesen hecho nada en temas de gestión”.

En materia de políticas públicas y educación, apuntó sus dardos a la gestión de la Junaeb y los Servicios Locales de Educación (SLEP). “El desastre era total. No eran capaces de entregar útiles escolares hasta septiembre, y hoy dicen que vamos a quitar alimentos”, afirmó. También ironizó sobre el reciente encuentro de exautoridades del gobierno de Boric en Europa: “Se tienen que juntar ahora en Barcelona y dicen: ‘miren todo lo que logramos’. Bueno, vayan a cualquier liceo emblemático que dijeron que iban a defender y vean lo que pasó ahí”.

El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en el Consejo General de Renovacion Nacional, en un centrico hotel de la comuna de Santiago. Foto: Aton Chile.

Seguridad, reactivación y el llamado a la unidad del oficialismo

Cambiando el foco hacia las urgencias actuales, Kast calificó de “vergonzosa” la gestión previa en el control fronterizo y el combate al crimen organizado. En contraste, defendió las medidas de su actual administración, asegurando que están enfocados en revertir este complejo escenario con acciones concretas.

“Nosotros estamos trabajando para crear más empleo, para que las pymes tengan recursos, para asegurar las fronteras y para que los niños estudien en un ambiente sin violencia”, recalcó, reafirmando el compromiso del Gobierno con la reactivación económica y el orden público.

Finalmente, el Presidente Kast cerró su intervención con un fuerte llamado a la unidad del oficialismo, destacando el rol fundamental de Renovación Nacional en los recientes procesos electorales y en el respaldo legislativo indispensable para aprobar los proyectos en el Congreso. “Tenemos las ideas, las personas y la voluntad para sacar a Chile adelante”, concluyó, sellando así un discurso marcado por la polarización con la centroizquierda y el alineamiento de sus propias filas.

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En una de sus intervenciones más frontales desde el inicio del actual periodo, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, realizó una dura advertencia durante el Comité Central de la colectividad. La senadora acusó que la agenda legislativa y administrativa del Ejecutivo tiene como trasfondo la “destrucción del sistema de protección social” construido durante décadas, apuntando a que no permitirán que el ahorro fiscal se traduzca en desmedro de la ciudadanía.

Vodanovic fue enfática en rechazar lo que calificó como una “trampa del diálogo permanente”, asegurando que la instancia legislativa no puede ser usada para dar legitimidad a una agenda regresiva. “Dialogar no es aceptar avalar lo que ya está decidido”, sentenció la parlamentaria ante la militancia socialista.

PS advierte que no aceptará recortes en alimentación escolar

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la defensa de los programas de asistencia directa. La senadora aseguró que el partido mantendrá una vigilancia técnica estricta para evitar que el ajuste fiscal afecte la sobrevivencia de las familias más vulnerables.

“Vamos a rechazar que se disfrace de ahorro o eficiencia dejar sin comida a los niños y niñas de nuestras escuelas”, denunció Vodanovic, vinculando sus críticas a los recientes cuestionamientos presupuestarios que han tensionado la relación entre el oficialismo y la oposición en este 2026.

Respecto a la debilidad legislativa del Gobierno, la timonel del PS recordó que, aunque el Ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria propia, solo necesita de unos pocos votos para construirla. Ante esto, hizo un llamado a la “articulación con sentido de cuerpo” de todo el bloque opositor para frenar cualquier intento de retroceso en derechos laborales o sociales.

Finalmente, Vodanovic adelantó que el PS no solo dirá que no “con fuerza y argumentos”, sino que combatirá activamente cualquier intento de persecución política hacia funcionarios públicos o el cierre de espacios de fiscalización democrática. “Cada artículo que beneficie a unos a costa de otros chilenos va a encontrar al Partido Socialista de Chile de frente”, concluyó la senadora.

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La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, realizó un duro diagnóstico sobre el estado en que recibió la repartición tras el cambio de mando. En entrevista con La Tercera, la abogada afirmó que el ministerio enfrentaba una “emergencia interna” caracterizada por la falta de recursos, duplicidad de funciones y una profunda desatención hacia la labor policial.

Quintana aseguró que su administración busca reorientar la seguridad pública, enfocándose en la recuperación técnica y moral de las instituciones. “Me encontré con situaciones de falta de recursos y de implementación. La función policial tenía desde el ministerio una mirada reducida”, sostuvo la autoridad, subrayando que la crisis no es solo delictiva, sino administrativa.

Uno de los puntos más críticos señalados por la subsecretaria fue el estado de la Ley de Seguridad Privada. Según Quintana, esta unidad era la que presentaba mayores deficiencias, con plataformas de certificación y acreditación de guardias e inspectores que se encontraban inoperativas.

Además, la autoridad adelantó que durante su gestión se implementarán herramientas tecnológicas como las pistolas Taser, argumentando que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de sus agentes. “Las autoridades anteriores dejaron solas a las policías; los desarmaron moralmente. No los alimentaron respecto de lo que significaba ejercer la función policial”, enfatizó.

Foco en el terreno y los Derechos Humanos de los agentes

Respecto al estilo de gestión que busca imprimir, Quintana destacó el despliegue territorial de la actual administración. A diferencia de lo que —a su juicio— ocurrió anteriormente, la ministra y los subsecretarios mantendrán una presencia constante en terreno para respaldar la labor operativa en este 2026.

Para la subsecretaria, el respeto hacia quienes están a cargo de la seguridad es una prioridad que había sido dejada de lado. “Los agentes del Estado también tienen derechos humanos y el Estado está obligado a protegérselos”, concluyó, marcando un cambio de tono respecto a la relación entre el poder político y las fuerzas de orden y seguridad.

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En el Día Mundial del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, parece estar muy lejos de lo que hoy se celebra. El conflicto está en un punto muerto crítico que combina estancamiento diplomático con una creciente presión militar.

El escenario actual sugiere que la reanudación de las hostilidades podría estar a la vuelta de la esquina, especialmente mientras el Estrecho de Ormuz continúa generando efectos disruptivos en la economía global.

Mapa del estrecho de Ormuz.

En paralelo, filtraciones desde el Pentágono han tensionado la ya golpeada cohesión dentro de la OTAN, revelando la intención de Washington de evaluar sanciones contra aliados como España y el Reino Unido por su falta de alineamiento en el conflicto, abriendo una grieta sin precedentes dentro del tratado trasatlántico.

El reloj en marcha: Se agota el tiempo de la diplomacia y la sombra de la guerra emerge

Este 24 de abril, el panorama se define por un doble bloqueo naval y una diplomacia de “última oportunidad” que parece acercarse peligrosamente al colapso. El presidente Donald Trump ha insistido en que cualquier acuerdo pasa necesariamente por que Teherán corte el financiamiento a Hezbolá, una exigencia que viene como una exigencia más de Tel Aviv que de Washington. Mientras tanto intenta sostener una frágil extensión de tres semanas más de alto al fuego entre Israel y el Líbano.

En este contexto, la Casa Blanca ha convertido el bloqueo naval en su principal herramienta de presión. Oficialmente, se presenta como una medida para arrebatar a Irán el control estratégico del Estrecho de Ormuz, pero en la práctica funciona como un mecanismo de asfixia económica dirigida encontra del régimen, pero al mismo tiempo también lo es para EE.UU.

La administración estadounidense asegura que el bloqueo es completamente efectivo y que está generando pérdidas cercanas a los 500 millones de dólares diarios para Teherán. La idea manifiesta es forzar concesiones a través del colapso económico. Sin embargo, esta estrategia está provocando efectos colaterales significativos, desde disrupciones en el comercio global hasta denuncias por crisis humanitaria.

Además los datos contrastados de la ofensiva reflejan una dinámica muy distinta, según reportes de medios estadounidenses, Washington estaría gastando cerca de mil millones de dólares diarios en municiones, agotando parte significativa de su arsenal estratégico y comprometiendo incluso su capacidad de respuesta en otros escenarios como el Indo-Pacífico.

Irán, por su parte, ha respondido con una combinación de presión militar y maniobras diplomáticas. Mientras acusa a Estados Unidos de “piratería” tras la captura de embarcaciones en el Golfo de Omán, también intenta mantener abierta una vía de negociación.

El canciller Abbas Araghchi ha reiterado su disposición a alcanzar un acuerdo “justo”, aunque condicionado al levantamiento del bloqueo. En paralelo, Teherán insiste en que el control del estrecho sigue en sus manos, construyendo una narrativa de fortaleza interna que busca neutralizar cualquier percepción de debilidad.

En la izquierda JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos. En la derecha, Mohamad Ghalibaf, presidente del parlamento iraní. Foto prensa JD Vance y Shebhaz Shariff

El foco inmediato está puesto en las negociaciones que se desarrollan en Islamabad, Pakistán, donde representantes de ambas partes buscan una salida antes de un plazo crítico que vence este fin de semana. De fracasar estas conversaciones, el escenario más probable —según fuentes estadounidenses— sería una nueva ola de ataques aéreos sobre infraestructura iraní, marcando un punto de no retorno.

Todo apunta a que estás negociaciones difícilmente lleguen a buen puerto, mientras Arahgchi viaja a Pakistán, EE.UU estaría enviando a sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner. El detalle es que ambos países están dejando de lado a sus 2 figuras centrales de negociación, el vicepresidente JD. Vance y el presidente del parlamento iraní Mohammad Ghalibaf.

En el plano militar, la escalada es evidente. El despliegue de un tercer portaaviones estadounidense, el USS George H.W. Bush, junto con miles de marines adicionales, refuerza la presencia de Washington en la región. Este movimiento, más allá de su impacto operativo, tiene un fuerte componente simbólico, aumentar la presión sobre Irán sin necesidad de iniciar ataques directos.

Sin embargo, cómo ya hemos visto antes bajo la administración de Trump, este tipo de acumulación de fuerzas precede a una escalada, especialmente en un contexto donde las líneas de comunicación diplomática están debilitada.

El ultimátum impuesto por Trump para que Irán presente una contraoferta expira este mismo fin de semana, y la falta de avances concretos podría desencadenar una nueva ola de bombardeos sobre infraestructuras energéticas iraníes.

A esto se suman informes desde Estados Unidos que habla de una eventual fractura interna en Teherán, donde sectores más duros como la Guardia Revolucionaria estarían ganando influencia frente a los negociadores, aumentando la probabilidad de una respuesta más agresiva en el corto plazo.

Trump ya ha ordenado a su marina a “disparar a matar” en contra de buques o embarcaciones iraníes que continuén minando el estrecho de Ormuz. Algo que choca con sus grandilocuentes afirmaciones de semanas previas, en las que aseguro haber destruido toda la capacidad naval iraní.

Infografía compartida por redes sociales del CENTCOM de Estados Unidos, muestra el despliegue completo del ejército norteaméricano en el golfo. Vía X@CENTCOM

La economía no espera

Pero más allá del frente militar, el impacto más inmediato se está sintiendo en la economía global. El cierre del Estrecho de Ormuz está tensionando el sistema energético internacional, afectando especialmente al sector aéreo. Europa, según la Agencia Internacional de Energía, podría enfrentar un nivel crítico de reservas de combustible en menos de 25 días. Aerolíneas como KLM o Lufthansa ya han comenzado a recortar vuelos, no por falta de demanda, sino por la imposibilidad de sostener costos y garantizar suministro.

La idea de que los oleoductos puedan compensar esta disrupción ha demostrado ser insuficiente. Mientras el estrecho transporta cerca de 20 millones de barriles diarios, las rutas alternativas apenas alcanzan una fracción de esa capacidad, generando un déficit estructural que impacta directamente en Asia y Europa.

A esto se suma un efecto menos visible pero igualmente crítico, la interrupción del suministro de helio o fertilizantes desde Qatar. El primero esencial para la producción de semiconductores, lo que podría golpear a la industria tecnológica global en cuestión de meses. Mientras que el segundo podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de toda la región, pero también golpear fuertemente en los precios y disponibilidad de alimentos en lugares tan lejanos como América Latina.

El incierto futuro de la OTAN

En paralelo, la crisis está acelerando tensiones dentro del bloque occidental. La filtración de posibles sanciones contra aliados ha transformado la dinámica interna de la OTAN, pasando de una lógica de cooperación a una de coerción.

El caso de España es paradigmático. Su negativa a facilitar bases para operaciones ofensivas ha abierto la puerta a una inédita “suspensión de su membresía” dentro de la OTAN, evidenciando el quiebre. Aunque EE.UU no puede suspender o eliminar a nadie del tratado si puede activamente ir degradando la colaboración operativa con Madrid y presionar por su salida.

Con Reino Unido, si bien la sanción no pasa directamente en su rol dentro de la OTAN, si no que es un cambio en la postura de EE.UU con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Un giro de 180 grados en el paradigma norteaméricano con respecto a Londres y un gesto a favor del libertario Javier Milei en Argentina que pasa por un complejo momento político y que podría servir de oxígeno para el “aliado fiel” de Washington.

Las banderas de Estados Unidos y del Tratado de Atlántico Norte. Foto: OTAN.

Frente a este escenario, Europa comienza a explorar alternativas. Líderes como Donald Tusk han impulsado la idea de fortalecer un pilar europeo de defensa “un gran ejércio europeo”, reduciendo la dependencia de Washington. La posibilidad de una “autonomía operativa europea” ya no es una discusión teórica, sino una respuesta concreta a un entorno internacional cada vez más volátil e impredecible.

Este fin de semana aparece como un momento crucial o se alcanza un acuerdo que permita estabilizar la situación, o es cosa de tiempo entrar en una fase de escalada militar, crisis económica y reconfiguración geopolítica de largo alcance. Porque lo que está en juego no es solo el control de un estrecho estratégico, sino el futuro del multilateralismo en un escenario cada vez más fragmentado.

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Una denuncia contra una empresa pesquera china por presunta pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena profundizó un aumento sostenido de este tipo de delitos. Según cifras recientes difundidas por la directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, María Soledad Tapia, las denuncias sobre estas acciones se han triplicado en el último año.

Frente a la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, la autoridad expuso que en los últimos meses se han triplicado las incautaciones y denuncias asociadas a pesca ilegal en el país, lo que da cuenta de una presión creciente sobre los recursos marinos y de mayores esfuerzos de fiscalización, aunque todavía con brechas relevantes en alta mar. Esto, además, expuso un problema mayor: un 96% de los casos queda sin sanción.

En ese escenario, la acción judicial presentada ante la Corte de Apelaciones de Iquique contra una empresa china busca marcar un hito. Se trata del primer caso en Chile que utiliza evidencia satelital como base para acreditar una eventual infracción dentro de la ZEE, lo que podría abrir un nuevo estándar en la persecución de flotas extranjeras.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y coordinadora general de ONG FIMA, Antonia Berríos, explicó que la denuncia surge en el marco del proyecto Legal Ocean Watch, que busca dotar a la sociedad civil de herramientas tecnológicas para detectar actividades ilícitas en el mar.

“Identificamos que el 1 de octubre de 2025 una nave de bandera extranjera habría ingresado a la zona económica exclusiva, presuntamente realizando actividades de pesca. Contrastamos la información de posición con imágenes que muestran la iluminación de la nave, además de su velocidad y rumbo, lo que nos permitió confirmar con alta probabilidad que se trataba de una maniobra de pesca ilegal”, señaló.

Imagen referencial pescadores: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Berríos detalló que la embarcación habría permanecido entre 40 y 50 minutos dentro de la ZEE, recorriendo cerca de 500 a 600 metros, antes de salir nuevamente a aguas internacionales para continuar sus operaciones. “Esto lo denunciamos tanto a Sernapesca como al juzgado civil correspondiente. El tribunal deberá analizar los antecedentes y requerir información al armador o responsable de la nave”, indicó.

Desde el ámbito técnico, el especialista en pesca ilegal Milko Schvartzman, consultado por nuestro medio, apuntó a debilidades estructurales en el sistema de control. “Existe una falta de capacidades que tiene que ver con la voluntad política de mejorar el sistema, incorporar nuevas tecnologías y aumentar la presencia en el mar. No ha habido patrullajes permanentes mientras flotas extranjeras operan en zonas adyacentes e incluso ingresan a la ZEE”, afirmó.

El experto subrayó que el monitoreo satelital representa una herramienta clave, aunque insuficiente por sí sola. “Las nuevas tecnologías son fundamentales y permiten contar con información en tiempo prácticamente real. Sin embargo, deben complementarse con vigilancia física, tanto marítima como aérea, y con personal capacitado. Mientras más herramientas se integren, más eficiente será el sistema”, sostuvo.

“Una de las ventajas que tiene este monitoreo es que nos brinda información en tiempo prácticamente real de lo que está sucediendo en el mar. Entonces en algunos casos cuando la unidad de superficie o la embarcación de vigilancia de la Armada está a una distancia extensa del lugar donde se detecta la actividad, en algunos casos este monitoreo satelital nos permite hasta identificar la embarcación y poder, como ocurre en algunos países, hasta sancionarla sin la necesidad de un abordaje”, prosiguió en su explicación sobre las ventajas del uso de nuevas tecnologías en la fiscalización de la pesca ilegal.

Imagen referencial pescadores en Puerto de San Antonio. Juan Gonzalez/Aton Chile

En relación con las complejidades de perseguir este tipo de casos cuando involucran actores extranjeros, Berríos explicó que uno de los principales desafíos radica en la eficacia de las sanciones. “Las multas no son altas en relación con los beneficios que se obtienen por el volumen de captura, por lo que no resultan tan disuasorias. También existen obstáculos procesales, como las notificaciones en el extranjero, que implican costos, aunque son salvables”, indicó la abogada.

La abogada agregó que, pese a ello, la normativa chilena permite avanzar en estos procedimientos. “Una nave que realiza pesca dentro de la zona económica exclusiva se somete a la regulación nacional, por lo que el proceso debiera avanzar, aunque se trate de una empresa extranjera”, precisó.

Respecto del impacto del caso, Berríos planteó que podría sentar precedentes relevantes en dos dimensiones. “Primero, será clave ver la posición del tribunal frente a una denuncia presentada por una organización y no directamente por Sernapesca. Segundo, cómo se valora la prueba satelital y qué exigencias establece el tribunal para considerarla fidedigna”, explicó.

Finalmente, Schvartzman abordó la necesidad de ajustes normativos para fortalecer la fiscalización. “Hay que hacer algunos ajustes y actualizar las regulaciones y las normas para el control y monitoreo de la pesca”, enfatizó el especialista.

“Es evidente que hay una falencia de voluntad política. O sea, debe haber una voluntad política de controlar y evitar los ingresos de pesca ilegal. Esa voluntad política no existió en estos últimos años y permitió que flotas extranjeras tuvieran comportamientos transgresores dentro de la Zona Económica Exclusiva de Chile”, concluyó.

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La frágil estabilidad en el Medio Oriente enfrenta una nueva prueba de fuego. Durante la última noche, el Ejército de Israel ejecutó una serie de ataques aéreos en el sur de Líbano, dirigidos contra posiciones de la milicia chií Hezbolá. La ofensiva ocurre apenas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una tregua de tres semanas, condición considerada innegociable por Teherán para mantener el cese de hostilidades.

Las fuerzas israelíes concentraron sus bombardeos en lanzacohetes ubicados en las zonas de Deir Zahran, Kafr Raman y Al Saamiya. Estos puntos se sitúan estratégicamente al norte de la “línea amarilla”, que marca el límite de las posiciones avanzadas de Israel tras su incursión terrestre en la región.

Mientras la agencia oficial de noticias libanesa NNA confirmaba enfrentamientos directos en Bint Jbeil —histórico bastión de Hezbolá—, el mando militar israelí justificó sus maniobras como acciones preventivas. A pesar de la tregua anunciada, el intercambio de fuego en estas zonas críticas no se ha detenido completamente, aunque no hay constancia de víctimas en las últimas horas.

El Ejército israelí consolida posiciones en las colinas

Respecto al despliegue terrestre, el diario israelí Haaretz informó que las fuerzas armadas han comenzado a retirar una parte de sus efectivos en el frente sur. No obstante, este repliegue responde a una estrategia de consolidación en lugar de un abandono total: las tropas mantienen el control de una línea de colinas situadas entre 8 y 10 kilómetros al norte de la frontera internacional.

Esta ocupación selectiva tiene como objetivo declarado impedir que misiles antitanque alcancen poblaciones civiles fronterizas. Aunque la carga de trabajo militar ha disminuido significativamente según fuentes castrenses, los bombardeos nocturnos ponen en entredicho la efectividad del acuerdo impulsado por Washington en este 2026.

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El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta una de sus crisis institucionales más agudas de los últimos años. Este viernes, al menos 17 médicos presentaron su renuncia en bloque como medida de respaldo a la directora del recinto, Loreto Maturana, a quien el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio le solicitó la dimisión tras el polémico nombramiento de la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica.

Según información revelada por La Tercera, la solicitud de renuncia a Maturana, argumentada bajo una supuesta “pérdida de confianza”, gatilló una reacción en cadena. Toda la línea de sucesión jerárquica se negó a asumir la subrogancia, bloqueando el plan de las autoridades de Redes Asistenciales para remover a Vega del cargo.

Profesionales acusan “persecución política” y defienden criterios técnicos

Los médicos suscribientes de la misiva fueron enfáticos en señalar que la salida de Maturana no obedece a razones de gestión —destacando que la directora cuenta con un 100% de cumplimiento en sus periodos de Alta Dirección Pública (ADP)— sino a una persecución política. Según los facultativos, la decisión de incorporar a la doctora Vega se basó estrictamente en competencias técnicas orientadas a la gestión asistencial.

“Nuestro objetivo es salvar vidas y no existen otros intereses”, indicaron los profesionales, quienes fijaron el lunes 27 de abril como la fecha para hacer efectivas sus dimisiones si no se revierte la medida.

Ante la posibilidad de que el número de renuncias siga aumentando en las próximas horas, desde el Ministerio de Salud aseguraron contar con planes de contingencia. Fuentes de la cartera señalaron que, de concretarse la salida de los especialistas, se dispondrá el envío de personal de reemplazo desde el nivel central para garantizar la continuidad de la atención en el principal puerto del país.

Sin embargo, el clima interno en el hospital sigue siendo de alta tensión, ya que los funcionarios advierten que la desarticulación de los equipos médicos locales podría comprometer seriamente la operatividad del recinto durante este 2026.

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En un fallo clave para el equilibrio de las fuerzas de centro-derecha, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dejó sin efecto la disolución de Evolución Política (Evópoli). La medida revierte la resolución adoptada por el Servicio Electoral (Servel) el pasado 12 de febrero, que buscaba borrar al partido del registro por no alcanzar los mínimos de votación o representación en las elecciones de octubre de 2025.

La controversia se centraba en la interpretación de los requisitos de supervivencia legal. Mientras el Servel aplicó un criterio restrictivo basado solo en la última elección, el Tricel estableció que los senadores elegidos en 2021 —quienes por mandato constitucional no compitieron en 2025— deben ser considerados en el cómputo de representación parlamentaria.

El fallo del tribunal fue tajante al señalar que no es posible excluir del conteo a los representantes que mantienen sus cargos vigentes. De esta manera, Evópoli logró certificar el cumplimiento del requisito de contar con al menos cuatro parlamentarios en dos regiones distintas, sumando a los diputados electos en 2025, Tomás Kast y Jorge Guzmán, junto a los senadores elegidos en 2021, Sebastián Keitel y Luciano Cruz-Coke.

Un espaldarazo judicial a la estabilidad del sistema de partidos

Para los magistrados, desconocer la presencia de los senadores en ejercicio habría contrariado el espíritu de la norma, que busca “privilegiar la representación popular y fortalecer la estabilidad de los partidos políticos como órganos intermedios esenciales”.

Con esta resolución, Evópoli asegura su continuidad legal de cara a los próximos desafíos electorales de este 2026, cerrando un flanco de incertidumbre que amenazaba con reconfigurar el tablero de la oposición y sentando un precedente sobre cómo se debe medir la fuerza legislativa de las colectividades.

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El Colegio Médico de Chile (Colmed) emitió una declaración pública alertando sobre los posibles efectos negativos que tendría el diseño del Presupuesto 2027 en el sistema sanitario. La preocupación del gremio surge tras conocerse oficios del Ministerio de Hacienda que sugieren la descontinuación o reducción presupuestaria de diversos programas estatales, afectando directamente al sector salud.

Según el organismo, estas recomendaciones impactarían iniciativas fundamentales desarrolladas en la Atención Primaria de Salud (APS). Entre los programas en riesgo se encuentran los de salud mental, prevención del suicidio, cuidados paliativos, atención a personas mayores y prestaciones dirigidas a poblaciones vulnerables.

Desde la institución subrayaron que, aunque el proceso presupuestario se encuentra en una etapa inicial, las definiciones actuales marcan el diseño del sistema futuro. La directiva advirtió que debilitar estas prestaciones tendría consecuencias directas en la continuidad de los tratamientos y en la capacidad del sistema para enfrentar desafíos críticos, como las listas de espera y el aumento de enfermedades crónicas.

“Debilitar la Atención Primaria no reduce la demanda en salud: la traslada a etapas más complejas, más costosas y con peores resultados para las personas”, señala el comunicado.

El llamado a la responsabilidad social

A pesar de que el gremio reconoció la importancia de mantener la responsabilidad fiscal en las cuentas públicas, fue enfático en señalar que las decisiones económicas no pueden ejecutarse a costa de profundizar las inequidades ya existentes en el país. En este escenario, el Colegio Médico extendió un llamado urgente al Gobierno para que, en el diseño del gasto para 2027, se resguarden prioritariamente los programas críticos de atención directa y se privilegie la continuidad de los cuidados de los pacientes por sobre cualquier criterio de ahorro administrativo.

Finalmente, la colectividad médica insistió en la necesidad de abrir espacios de diálogo técnico con los actores del sector antes de que las definiciones presupuestarias se vuelvan definitivas. El Colmed reafirmó su voluntad de colaborar activamente en la formulación de una partida que no solo proteja la salud de la población, sino que también garantice condiciones dignas y seguras para los equipos de salud que operan en todo el territorio nacional.

Más allá de que sean orientaciones para el Presupuesto 2027, esto abre una alerta.

Recortar programas de APS, salud mental o cuidados impacta directamente la atención de pacientes y las listas de espera.

En salud, no hablamos de números: hablamos de la vida de las personas.… pic.twitter.com/qpenS5aHj2

— Colegio Médico de Chile – Colmed Chile (@colmedchile) April 25, 2026

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En el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, como es tradición, se realizó, este viernes 24 de abril, la Ceremonia de Inauguración del Año Académico, actividad que estuvo encabezada, por primera vez en su mandato, por el Presidente José Antonio Kast, junto a la Rectora Rosa Devés.

La cita institucional, que reunió a la comunidad universitaria y al mundo académico, cultural y político, fue la oportunidad en la que la institución entregó al Presidente, de manos de la Rectora Rosa Devés, la Medalla Universidad de Chile, símbolo de su rol de patrono de la institución.

“Andrés Bello decía que la educación era lo más importante y continuaba diciendo que la educación era una necesidad primera y urgente. La base de todo sólido progreso”, mensaje que, indicó el mandatario, hoy “toma más fuerza que nunca”. Así lo señaló ante un Salón de Honor que congregó a autoridades universitarias y de gobierno -incluyendo a la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés Raczynski-, de otras instituciones académicas, parlamentarios, representantes del cuerpo diplomático y de las Fuerzas Armadas, entre otras y otros invitados especiales.

Otro de los momentos de la jornada fue la charla magistral impartida por Alfredo Zamudio, exdirector del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, que llevó por título “¿Cómo construir desde los desacuerdos? Experiencias de diálogo en Chile”.

La Universidad como espacio de entendimiento y horizonte de esperanza

En su discurso, la Rectora Rosa Devés afirmó que “vivimos un tiempo de profundas tensiones, con múltiples fracturas que atraviesan nuestras formas de convivir, de conocer y de proyectarnos hacia el futuro”.

“La Universidad, especialmente en cuanto universidad pública, no está llamada solo a diagnosticar estas fracturas, sino a hacerse cargo de ellas, a comprenderlas, a enfrentarlas y a abrir nuevos caminos de entendimiento”, agregó.

Su discurso vinculó algunos de los desafíos que enfrenta la Universidad con las diversas acciones que se han impulsado desde la comunidad, como la futura instalación de MAC Subcero, la vinculación con instituciones como el Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás y el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, la Gran Sala Sinfónica Nacional en VM20, la nueva Residencia Erasmo Escala y el Consejo de Campus Juan Gómez Millas, entre otras.

“La Universidad de Chile seguirá cumpliendo la tarea de sostener lo común en medio de la fragmentación, de escuchar en tiempos de polarización, de defender y buscar la verdad frente a la desinformación, y de afirmar la dignidad humana ante toda forma de exclusión y deshumanización. Al servir a Chile desde el conocimiento, nuestra Universidad renueva cada día la esperanza”, cerró su discurso la Rectora Rosa Devés, el cual se puede leer en su totalidad acá.

Cómo construir desde los desacuerdos

Alfredo Zamudio, exdirector del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, fue el encargado en esta oportunidad de dictar la charla magistral, titulada “¿Cómo construir desde los desacuerdos? Experiencias de diálogo en Chile”.

En su mensaje, recordó el trabajo que ha realizado en el país, especialmente durante el estallido social de 2019. En este contexto, Zamudio explicó que “hay que entender la diferencia entre negociación, mediación y diálogo. La negociación y la mediación ponen más énfasis en el resultado que en la transformación de relaciones, mientras que el diálogo pone más énfasis en la relación que en el resultado. Para decirlo en sencillo: si tienen poco tiempo, negociación y mediación es lo tuyo, es legítimo, pero si quieres calar hondo, el camino del diálogo puede ser la mejor herramienta para reparar y reconstruir relaciones humanas”.

“Una parte de trabajar por la transformación pacífica de conflictos es encontrar las palabras que les hagan sentido y que sean culturalmente relevantes y emocionalmente significativas para las personas que tienen rabia y que tienen emociones”, relató Zamudio. Una de estas palabras, señaló, es “nütram, que lingüísticamente es diálogo, pero culturalmente significa una buena conversación sobre lo que hubo, sobre lo que hay y sobre lo que puede ser. Miren qué poesía y qué difícil es hacer eso”.

En la ceremonia también estuvieron presentes el prorrector Claudio Pastenes; la vicerrectora de Asuntos Académicos, Leonor Armanet; el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Sergio Olavarrieta; el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Christián González; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Josiane Bonnefoy; el vicerrector de Tecnologías de la Información, José Correa; los exrectores Ennio Vivaldi y Víctor Pérez; integrantes del Consejo y Senado Universitario y del Consejo de Evaluación; el diputado Roberto Celedón; rectores y exrectores de otras instituciones de educación superior, junto a otras y otros invitados especiales, entre ellos, una delegación de más de quince estudiantes del Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, acompañados del director Miguel Rivera Alvarado.

La ceremonia puede revisarse nuevamente en el canal de YouTube de la U. de Chile:

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En una actividad realizada en Rancagua, la ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini, destacó una serie de medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo orientadas a fomentar el empleo, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y apoyar a los adultos mayores de la Región de O’Higgins. Esto, en el marco del denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

Durante su vocería, la secretaria de Estado valoró el contacto directo con la ciudadanía y subrayó la importancia de desplegarse en terreno para conocer las necesidades de las personas. “No hay nada más importante que estar recorriendo Chile, recorrer nuestro país precisamente por eso, porque tenemos que llegar a cada uno de ustedes”, señaló.

La autoridad explicó que el Gobierno se encuentra impulsando proyectos de ley que serán discutidos en las próximas semanas en el Congreso, los cuales buscan generar condiciones para el crecimiento económico y la creación de empleo. En ese contexto, indicó que las prioridades del Ejecutivo responden, a su juicio, a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

“Como gobierno en terreno estamos abordando directamente las prioridades de las personas: el empleo, el crecimiento y la seguridad, que son dolores que nos han transmitido y que como gobierno nos estamos haciendo cargo”, afirmó.

Respecto al desarrollo productivo regional, la ministra destacó el rol del emprendimiento y de las pymes como motores de la economía local, y relevó la implementación del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Según detalló, esta iniciativa contempla medidas orientadas a facilitar la contratación y promover el empleo formal en la zona.

Asimismo, sostuvo que estas políticas buscan traducirse en beneficios concretos para la población. “Nuestro foco es claro: que las decisiones que se están tomando se traduzcan en oportunidades reales para cada uno de ustedes”, enfatizó.

En materia de apoyo social, la vocera también abordó una medida dirigida a los adultos mayores propietarios de su vivienda, que contempla la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda, iniciativa que —según indicó— permitirá aliviar los gastos de este grupo etario.

“Sabemos que muchos adultos mayores han hecho un esfuerzo tremendo durante su vida para tener su casa propia. Por eso este proyecto incluye la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda”, señaló.

Finalmente, la ministra reiteró que el Ejecutivo continuará desplegando actividades en distintas regiones del país con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las políticas públicas en discusión y promover el desarrollo económico y social en los territorios.

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