“Las personas mayores representan la memoria viva de nuestras comunidades. Son portadoras de conocimientos, tradiciones, experiencias y valores que forman parte de la identidad cultural de nuestros territorios”, dice Alessandrini al explicar la importancia de este proyecto.

La exposición tuvo lugar, en una primera instancia, en octubre de 2024, cuando fue montada con la coordinación y logística de la Biblioteca Municipal de Codegua. Sin embargo, ahora, en @rostrosdenuestropueblo la idea es que más personas puedan acceder a aquel material y a otras decenas de fotografías que quedaron resguardadas y que muestran la diversidad de emociones que reflejan la vida de las 75 personas que fueron fotografiadas.

El fotógrafo busca replicar este proyecto a lo largo de Chile como una forma de generar memoria histórica de nuestro pueblo en un momento en que la curva de envejecimiento aumenta aceleradamente. Usar esta plataforma, que siempre está inundada de retratos de jóvenes o influencers, también apunta en esa dirección.

“Llegar con esta exposición a Instagram también es una forma de visibilizar a las personas mayores que, a través de sus gestos, miradas, risas o la incertidumbre que reflejan, cuentan parte de la historia de Chile”, cerró Alessandrini.

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El dictamen de la CGR dado a conocer este jueves acusa que la actuación de la exministra Steinert no se ajustó a la ley y contravino su deber de abstención. Esto, cuando el pasado 13 de marzo solicitó a la PDI un informe detallado sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos, vinculada a una causa que la misma Steinert cursaba cuando era fiscal regional de Tarapacá.

El actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recalcó que bajo su dirección ha existido un “cuidado” por no involucrarse en labores investigativas y atenerse sólo a la coordinación de los organismos de seguridad. “Valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría. En lo propio, por supuesto que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública. Así se lo hemos manifestado al señor fiscal nacional, a los jefes de las policías”, acotó.

“Nosotros estamos en ese rol de coordinación estratégica, de apoyo, de supervisión en muchas cosas, pero efectivamente en materia investigativa hay otros organismos que son los encargados”, insistió.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS) y autor del requerimiento por el que se revisó el actuar de Steinert, Raúl Leiva, afirmó que lo grave no es solo “el nivel de transgresión” a principios estipulados en la ley, sino que “la persona que realiza o comete esta falta, fue la ministra de Seguridad Pública, quien estaba a cargo, justamente, de este mandato tan relevante en nuestra sociedad”.

Según Leiva, “hace mucho tiempo que no se veía un dictamen de la Contraloría que determinara un incumplimiento de un ministro de Estado”. “Esta actuación, como señala la Contraloría, pone en riesgo no solo la institucionalidad de seguridad que tanto ha costado construir, sino que devela una falta de cuidado y rigurosidad en el tratamiento de la información”, añadió el diputado.

En esa línea, Leiva adelantó que, dado que la Contraloría detectó un “incumplimiento grave de la ley”, “vamos a estudiar todas las acciones que estén dentro del marco de nuestras atribuciones del punto de vista penal, administrativo y también constitucional”.

Otros parlamentarios de oposición también tantearon la posibilidad de conformar una comisión especial investigadora o acusar constitucionalmente a Steinert.

El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, aseguró que conversará con el resto de los parlamentarios de oposición de esa instancia —incluido el diputado Leiva — sobre la procedencia de la comisión investigadora.

“No podemos descartar el uso de ninguna herramienta constitucional, pero tenemos que ser muy prudentes en el uso de las mismas. Estamos hablando de temas que afectan profundamente la institucionalidad, y nuestra responsabilidad como parlamentarios es estar a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía nos entregó. No instrumentalizar las instituciones, pero tampoco dejar la impunidad en situaciones que son tan graves”, estimó.

En tanto, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores sostuvo que el informe de la Contraloría “es súper claro” y “confirma lo que dijimos”. “La ministra excedió sus atribuciones, faltó al principio de abstención por cuanto no le compete, no podía hacer consultas sobre casos que no están resueltos y que además tiene que ver con casos reservados, donde hay trabajos de inteligencia en curso”, expusó.

Flores además enfatizó que las acusaciones contra Steinert “no eran una mera obstinación ni nada en contra del Ministerio de Seguridad”, sino que las advertencias de la oposición iban en línea de evidenciar que “un Ministerio tan importante como el de Seguridad estaba siendo conducido con una persona que no sabía”.

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En un punto de prensa realizado este jueves, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó que la iniciativa busque aumentar la presión sobre La Moneda. “Yo creo que le quita presión. Existe el compromiso del Presidente de la República de hacerse cargo individualmente de los indultos respecto de personal policial y uniformado durante el 18-10. Hasta el momento no han hecho nada. El Presidente entonces no tiene que tomar la decisión, la puede tomar el Senado y la puede tomar la Cámara de Diputados“, afirmó.

Kaiser sostuvo que el proyecto busca entregar una señal institucional a los uniformados condenados: “La institucionalidad chilena le dice ‘a usted, carabinero de la patria, soldado de la patria, nosotros lo vamos a dejar irse a su casa y vamos a cerrar este capítulo para ustedes'”.

Además, aseguró que “Chile se merece seguridad, se merece tener una fuerza pública respaldada y esa fuerza pública merece el respaldo que le tiene que dar entonces su clase política“.

La diputada del Frente Amplio y exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, rechazó la propuesta. “No estoy de acuerdo con un indulto para los uniformados que fueron condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. En materia de derechos humanos el indulto no cabe, como no cabe ninguna medida que extinga la pena o la responsabilidad que se ha tenido en esos hechos”, sostuvo.

La diputada del Partido Comunista y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que “ellos (PNL) quieren además indultos generalizados, lo que quieren es impunidad porque tienen un convencimiento de que la violación de derechos humanos es necesaria”.

Añadió que la iniciativa busca “asegurar indultos a los condenados por delitos, y hay que decirlo, por delitos, por lo tanto, delincuentes por violación de derechos humanos durante el estallido social“.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Fabiola Campillai, sostuvo que “este proyecto derechamente contraviene los tratados y acuerdos internacionales que Chile ha firmado ya hace varios años en materia de derechos humanos”. Asimismo, afirmó que “es lamentable que parlamentarios, senadores y diputados de la República no sepan algo tan básico como las obligaciones que tiene el Estado chileno en esta materia” y aseguró que, a su juicio, “entre nuestros pares los votos no van a estar para ese proyecto”.

Desde Amnistía Internacional Chile, su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, calificó como grave la presentación de la iniciativa. “Ese personal que está condenado o investigado no lo está por haber simplemente cumplido con su cometido. Lo está por haber realizado graves violaciones a los derechos humanos, graves delitos que implicaron investigaciones exhaustivas y finalmente sentencias condenatorias de los tribunales de justicia”, afirmó.

Bustos agregó que “los policías y agentes del Estado de la Fuerza Armada no están eximidos de cumplir con la ley. Todo lo contrario, siempre deberían cumplir con la ley cuando se trata especialmente del uso de la fuerza“.

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El Mandatario sostuvo que la conformación de la mesa permitirá revisar las propuestas que presenten los distintos sectores políticos, pero insistió en que el proceso debe desarrollarse con rapidez. “Nosotros necesitamos avanzar. La ciudadanía hoy día está esperanzada de que las medidas que se están tomando van a redundar en puestos de trabajo“, señaló.

El Jefe de Estado añadió que el Ejecutivo analizará todas las indicaciones que surjan de la instancia para luego acelerar la discusión en las comisiones legislativas. “La ciudadanía lo que está esperando es una reacción rápida del gobierno y del mundo legislativo y esperamos estar a la altura“, enfatizó.

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), recalcó que la instalación de la mesa política no alterará el calendario legislativo acordado para la tramitación del proyecto. “Quedó acordado (…) que los tiempos no están en discusión. El día lunes es el plazo para que se presenten las indicaciones”, señaló.

La senadora explicó que durante la próxima semana el proyecto será analizado por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, para posteriormente pasar a la Comisión de Hacienda. “Yo calculo que el proyecto en la Sala del Senado va a llegar en unas tres o cuatro semanas más como máximo, antes de la semana regional de julio“, aclaró la legisladora.

Núñez enfatizó que el trabajo político se desarrollará en paralelo a la discusión técnica y confirmó una nueva reunión de la mesa. “Esos tiempos no impiden que podamos ir acercando posiciones”, aseguró. Asimismo, precisó que “los acuerdos, más allá incluso de la mesa política, ya van a ir aterrizándose en las comisiones”.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), valoró la instalación del espacio de conversación y destacó la disposición del ministro Jorge Quiroz para introducir modificaciones al proyecto. “Nos parece que el Senado es un lugar donde se tienen que dar encuentros, conversaciones“, afirmó, agregando que, tras la primera reunión, percibe que “sí hay disposición a mejorar este proyecto”.

Desde la oposición, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, valoró la creación de la mesa, pero reiteró las críticas de su sector al contenido del proyecto. La senadora expuso que existen materias que el Ejecutivo considera intransables. “Para el Gobierno son intransables la rebaja del impuesto, son intransables también los temas más complejos en materia medioambiental“, afirmó.

En ese escenario, advirtió que no habrá un acuerdo total sobre el proyecto, aunque sí posibilidades de perfeccionar parte de su articulado. “No va a haber una votación total en todos los artículos, pero sí se abre un espacio de mejora de algunos artículos del proyecto“, señaló.

Una de las principales preocupaciones planteadas desde la oposición estuvo centrada en los cambios al sistema de evaluación ambiental. El senador del PPD e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Ricardo Celis, sostuvo que la mesa representa una oportunidad para transformar la iniciativa en una política de Estado.

“Habla de la necesidad de trabajar algo tan importante como la megarreforma desde el punto de vista integral, para que sea una ley de país y no leyes de un sector político“, afirmó.

Alcaldes se reúnen con la mesa

En paralelo, la Mesa del Senado recibió a alcaldes y alcaldesas de distintos sectores para abordar uno de los aspectos que más inquieta a los municipios: la propuesta de extender la exención del pago de contribuciones.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que, pese a las diferencias políticas entre los jefes comunales, lograron construir una propuesta común para presentar al Gobierno y al Senado. El jefe comunal explicó que el planteamiento fue consensuado entre municipios de distintas tendencias políticas.

“Fuimos capaces, como alcaldes y alcaldesas de todo Chile, de tomar un acuerdo y generar una propuesta razonable técnicamente, que generó un consenso amplio y fue presentada al Gobierno como una propuesta unificada”, señaló.

Asimismo, destacó el respaldo obtenido en la reunión con la Mesa del Senado. “Hoy día hemos logrado el apoyo político que nosotros esperábamos, que este acuerdo también sea reafirmado y sostenido por los senadores y senadoras de nuestros partidos políticos”, comentó Vodanovic.

En la misma línea, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, sostuvo que el objetivo es proteger a adultos mayores y personas que han visto aumentar el avalúo fiscal de sus viviendas sin contar con mayores ingresos.

“Sabemos que hay muchos que, cuando son mayores, tienen problemas económicos, han bajado sus ingresos y ha aumentado el avalúo fiscal. No queremos que esas personas tengan que irse de la comunidad donde hoy viven“, afirmó.

Bellolio coincidió en que el beneficio debe estar focalizado y que la disminución de recursos municipales no puede quedar sujeta a decisiones presupuestarias anuales. “Tiene que tener un tope, y ahí viene esta focalización. Y, por otro lado, lo que dejarían de aportar los municipios al Fondo Común Municipal tiene que ser algo que se compense de manera permanente, que no esté en el vaivén del año a año en la discusión parlamentaria”, sostuvo.

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Además, la iniciativa es parte central de las medidas que propone aprobar con urgencia la Mesa de Reactivación Laboral que convocó el Gobierno. El próximo lunes y martes la Comisión de Educación del Senado continuará con su discusión y votación en particular, con las indicaciones del Gobierno como protagonistas. 

¿Qué es lo central de la propuesta del Ejecutivo? El proyecto crea el “Fondo de Sala Cuna” con una cotización en torno al 0,3% que provendría de una reducción a la cotización del Seguro de Cesantía, propone que su implementación sea gradual a 4 años. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, advirtió que “no se puede cargar todo al Seguro de Cesantía”, debido a que no solo la propuesta de Sala Cuna plantea reducir la cotización de dicho fondo, sino que también la Mesa de Reactivación Laboral plantea cargar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio a este seguro. 

“El Gobierno tiene que aclarar si va a hacer caso o no de la propuesta de las gremiales empresariales de terminar con la indemnización por años de servicio y cargarselo al Seguro de Cesantía, porque no se puede cargar todo al Seguro de Cesantía. Me parece que es una cuestión previa que hay que resolver”, dijo. 

Orellana enfatizó en que antes de comprometer la utilización de dicho seguro para el proyecto de Sala Cuna Universal, el Gobierno debe “comprometerse a no usarlo” para otros fines. “El Seguro de Cesantía es el colchón de las y los trabajadores, estamos a punto de entrar en recesión técnica (…) tendrán que ponerse de acuerdo en el Ejecutivo de cuál es la propuesta real para este seguro, si para Sala Cuna o para indemnización por años de servicio, porque la verdad es que no da para todo”, indicó. 

Asimismo, la exsecretaria de Estado señaló que “esto no se logra sin la educación pública parvularia“. “Si el Gobierno quiere que esta ley sea una solución, necesita incluir a toda la oferta de educación pública parvularia, porque la privada no alcanza, es un hecho, en la mayoría del país no alcanza y los jardines se demoran en construirse. Por lo tanto, yo llamaría a que terminen con la fobia a la educación pública e incluyan a Junji, VTF e Integra en el proyecto”, subrayó.

El punto de la gradualidad para la aplicación de la Sala Cuna Universal ha sido parte central del debate en los últimos días. En una carta publicada en El Mercurio los economistas Mario Marcel, Andrea Repetto, Andrés Velasco y Cristóbal Huneeus sostienen que las proyecciones sobre el uso del beneficio podrían estar sobreestimadas, por lo que se podría reducir el plazo de implementación a dos años. 

Al respecto, la exministra Orellana aseguró que “en la propuesta del Gobierno quedan muy al final dos grupos de trabajadoras que son relevantes: las trabajadoras de casa particular y también las trabajadoras honorarios, por lo tanto, si hay cálculos que permiten que eso ocurra antes, sería muy beneficioso”. 

Mesa de reactivación laboral

Respecto a la Mesa de Reactivación Laboral, la exministra cuestionó que las propuestas de la instancia “van dirigidas a reducir costos laborales al empleador, pero ninguna asegura más empleo, en especial para las mujeres”. 

Indicó que, a su juicio, “se confunde mucho la necesidad de conciliación” con “puestos más precarios para los que trabajan”. En esa línea, indicó que “no es lo mismo flexibilidad y conciliación, que precarizar y dejar sin protección el empleo”. 

De esa manera, Orellana llamó a que el espectro político evalúe cuáles de estas propuestas crean empleo porque la mayoría —reiteró— abarata los costos al empleador y no necesariamente crean empleo, porque no hay una “propuesta productiva aquí”.

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Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el conflicto suma ya más de 2 millones de bajas. Del lado ruso se estiman entre 400 mil y 450 mil muertos, con un total de 1,4 millones de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Ucrania, por su parte, registra entre 525 mil y 625 mil bajas, con hasta 150 mil muertos.

Más allá de la gran cantidad de víctimas, lo relevante es la evolución de las cifras. En la primera mitad de este año, la relación de bajas habría llegado a una razón de 8 a 1, lo que muestra un desgaste profundamente asimétrico.

El blitz ucraniano contra la red energética rusa

En las últimas semanas el conflicto está avanzando hacia un punto de inflexión. Durante la madrugada del 2 de julio, Rusia ejecutó uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra. Más de 70 misiles y cerca de 500 drones golpearon Kiev, Poltava y Dnipropetrovsk. Solo en la capital ucraniana murieron más de 20 personas, incluido niños. En total, hubo más de 90 heridos, entre ellos personal médico y equipos de emergencia que recibieron impactos directos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, aseguró que se trató del ataque más denso contra la capital desde 2022. Más de 30 objetivos recibieron impactos en cinco distritos, entre ellos edificios residenciales, un hotel y un instituto de investigación. Desde Moscú, la narrativa fue distinta, a través del portavoz Dmitry Peskov, insistió en que se trató de una operación “quirúrgica” contra infraestructura militar, fábricas de drones, almacenes y centros energéticos estratégicos.

Sin embargo, los análisis de inteligencia de fuentes abiertas apuntan a otro objetivo. Saturar los sistemas de defensa aérea ucranianos, en particular los misiles Patriot. Es decir, no solo destruir blancos, sino también agotar la capacidad de defensa del adversario. Mientras, el presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, insiste en la necesidad de renovar su arsenal antimisiles ante la escasez de los mismos y la reubicación de estos elementos en Medio Oriente por parte de Estados Unidos.

Esta lógica se entiende mejor si se observa la otra cara del conflicto. Ucrania está desarrollando una estrategia de “bloqueo profundo”, que el propio Zelenski definió como un “blitz” para asfixiar la economía de guerra rusa. A mediados de junio, enjambres de casi 200 drones llegaron a Moscú, golpearon la refinería de Kapotnya —a solo 15 kilómetros del Kremlin— y paralizaron los aeropuertos internacionales de la capital.

Pero el impacto más profundo no es solo simbólico, sino que apunta al corazón de la economía rusa. Ucrania está atacado de forma sistemática la red energética rusa. Refinerías en Yaroslavl, Ufa, Nizhny Novgorod y San Petersburgo. Con esto cerca del 25% de la capacidad de refinación de Rusia quedó paralizada. El volumen de crudo procesado cayó a mínimos de dos décadas.

Aquí aparece una de las claves más importantes del momento actual. Ucrania no ataca los pozos de petróleo —que son difíciles de detener sin causar daño permanente—, sino las refinerías. Eso obliga a Rusia a seguir extrayendo crudo, pero sin capacidad para convertirlo en combustible. El resultado es una distorsión económica mayor. Moscú debe exportar petróleo sin procesar, a menor precio, perdiendo el valor agregado del diésel y la gasolina.

A esto se suma el contexto internacional. Tras el alivio de tensiones en el estrecho de Ormuz, el precio del crudo Brent cayó al rango de 70 a 72 dólares. Es decir, Rusia vende más volumen, pero a menor precio. 

Este fenómeno ya tiene un impacto interno inmediato. La producción de gasolina cayó un 17%, derivando a un racionamiento que afecta a más de 55 regiones. Las imágenes de largas filas y estaciones sin combustible obligaron al propio Putin a reconocer desabastecimientos.

El consumo interno supera las 110 mil toneladas diarias, mientras que la producción apenas alcanza las 85 mil. Para cubrir esa brecha, Rusia tuvo que recurrir a la importación de crudo, algo que no ocurría desde la era soviética. Bielorrusia actúa como proveedor inmediato y procesa crudo ruso para devolverlo como gasolina. India, en una paradoja notable, compra petróleo ruso barato, lo refina y luego lo revende a Rusia. Además, Moscú negocia importaciones con Kazajistán.

La presión por respuestas mayores y un Kremlin que prepara una salida

Este escenario revela una tensión creciente dentro del propio sistema ruso. Las élites económicas, en particular las ligadas a gigantes energéticos como Lukoil, Rosneft y Gazprom Neft, enfrentan una presión directa. Los ataques destruyeron activos clave y los costos de reparación ascienden a cientos de millones de dólares, en un contexto en el que el Kremlin además exige contribuciones para financiar la guerra.

Al mismo tiempo, dentro del aparato de seguridad —el FSB (heredera de la KGB) y la Guardia Nacional— crece la percepción de una humillación estratégica. La capacidad ucraniana de golpear Moscú y otras ciudades se ve como una falla crítica de seguridad interna. De ahí surge la presión por una escalada más agresiva.

En contraste, el ala tecnocrática del gobierno enfrenta otro problema, contener el impacto económico. La inflación, el alza de tasas y el desabastecimiento erosionan la estabilidad interna. Incluso los índices de aprobación de Putin muestran señales de desgaste, incluso en medios controlados por el Estado.

Un documento que se filtró desde la presidencia reconoce el riesgo de una “victoria pírrica” y sugiere preparar el terreno discursivo para una eventual negociación, incluso para “despenalizar” la palabra paz. Esto revela una tensión entre sectores estratégicos, mientras el aparato militar empuja por intensificar la ofensiva, el aparato político evalúa una salida.

Pero este equilibrio es frágil para un Putin que enfrenta un desafío político. Cualquier acuerdo que no pueda presentar como una victoria clara implica riesgos internos, dado el costo humano y económico que ya suma la guerra.

El escenario del lado ucraniano tampoco es lineal

La guerra convive con tensiones internas, sobre todo en torno a la corrupción. El escándalo de Energoatom en 2025, con comisiones ilegales de hasta 15%, provocó la renuncia de altos funcionarios y se convirtió en la mayor crisis política de Zelenski. Además, encuestas indican que el 70% de los ucranianos cree que sus dirigentes usan la guerra para enriquecerse.

Esto introduce una segunda capa de complejidad, Ucrania no solo depende del apoyo militar occidental, sino también de mantener su legitimidad interna y externa. Y esa legitimidad hoy muestra fisuras.

Alemania acusó formalmente a exmilitares ucranianos de la destrucción del gaseoducto Nord Stream, uno de lo más importantes del continente europeo y que fue destruido al inicio de la guerra. Mientras que Polonia condicionó cualquier tipo de ayuda y votos a favor de Ucrania, debido a la decisión de Zelenski de nombrar a una unidad militar de élite en honor a figuras vinculadas al Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), una unidad vinculada a facciones neonazis e históricamente enfrentadas con Varsovia.

Además, las tensiones con Bielorrusia no dejan de crecer, agregando un factor que podría extender la guerra más allá de las fronteras actuales.

La guerra se desplazó desde el frente hacia las profundidades económicas, energéticas y políticas de ambos países. Rusia responde con escaladas militares que buscan restaurar la disuasión, pero que también funcionan como un mecanismo de contención interna. Ucrania, por su parte, golpea el corazón económico del adversario, aunque arrastra sus propias fragilidades.

El resultado es un equilibrio inestable, donde la guerra ya no se define solo por avances territoriales, sino por la capacidad de sostener el esfuerzo en múltiples dimensiones. Y en ese escenario, tanto Moscú como Kiev enfrentan límites cada vez más visibles.

La entrada Guerra Rusia-Ucrania entra en fase crítica: presiones internas y externas apuntan a un recrudecimiento del conflicto se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

La iniciativa busca aumentar las penas contra adultos que induzcan, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, especialmente cuando exista aprovechamiento de vulnerabilidad, dependencia o vínculos familiares. También incorpora agravantes cuando menores resulten víctimas de lesiones graves, gravísimas o fallezcan en delitos donde hayan sido instrumentalizados por adultos.

Al respecto, el diputado César Valenzuela, autor del proyecto, sostuvo que le plantearon al Gobierno que el proyecto es bueno, pero a la vez insuficiente. “Hay una serie de situaciones en las que los menores no necesariamente integran las organizaciones criminales pero, de igual forma, son utilizados por estos adultos que deben ser sancionados”, declaró.

“Creo que hay un acuerdo en el espectro político en torno a que perseguir y sancionar a todos los adultos que utilizan menores de edad para cometer delito, independiente de la forma que se utilice”, valoró.

Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia (FA), destacó que el Gobierno haya definido no avanzar en una rebaja de la edad de responsabilidad penal adolescente. “Es importante avanzar en este proyecto, que entrega al Estado más herramientas para perseguir a quienes utilizan a niños y adolescentes para cometer delitos, complementando iniciativas como el foco que hoy desarrolla la Fiscalía sobre adolescentes reincidentes”, indicó.

En esa línea, relevó la importancia de que la iniciativa “vaya acompañada de un anuncio concreto en materia de prevención y reinserción”, ya que “la evidencia demuestra que no basta con endurecer sanciones; también debemos evitar que más niños sean captados por redes delictuales”.

“Casos como el ocurrido hace unas semanas en San Bernardo conmueven a todo el país, pero quienes legislamos tenemos la responsabilidad de actuar con evidencia, cabeza fría y una mirada de largo plazo, para entregar más seguridad hoy y también construir un futuro donde menos niños sean víctimas de la delincuencia y de la vulnerabilidad”, subrayó.

En tanto, el diputado Benjamín Lorca (PRep) dijo que “El combate al crimen organizado lo tenemos que hacer entre todos. No podemos permanecer inmóviles ni estar ajenos frente al ‘reclutamiento’ por parte de adultos a niños y adolescentes, quienes son incitados y utilizados para cometer delitos. Esto debe ser transversal, porque cuando se trata de la infancia no podemos quedarnos sin actuar: debemos intervenir, hacernos cargo y responder con firmeza.”

Lorca enfatizó que este es un proyecto que “se hace cargo de un dolor profundo de nuestra sociedad, y que hasta ahora hemos estado al debe como Estado”, por lo que aseguró que cualquier proyecto que defienda a la infancia contará con su apoyo.

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Mulet explicó que, de concretarse su desafuero, el escenario político en la Cámara Alta se vería directamente afectado por la estrecha correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición. “Creo que eso genera una especie de empate. O sea, mover un senador por un lado a otro genera obviamente un impacto tremendo. El Senado quedaría empatado. Digamos, si es que no es reemplazado, bueno, quedaría igual con un voto menos”, señaló.

En ese sentido, advirtió que esta situación podría aumentar la tensión en la tramitación legislativa, considerando el estrecho margen con que hoy operan las votaciones en la Cámara Alta. El diputado agregó que el efecto político se amplifica debido a la forma en que Calisto se ha integrado a la dinámica legislativa, pues ha votado en línea con la oposición tras haber llegado al Senado como independiente en una lista vinculada a la Federación Regionalista Verde Social.

Consultado por la decisión de haber llevado a Miguel Ángel Calisto en la lista de la Federación Regionalista Verde Social pese a su situación judicial previa, Mulet reconoció que el análisis pudo haber sido distinto con mayor información o perspectiva.

“Después de la guerra todos somos generales. Si usted me pregunta retrospectivamente, claro, uno dice: ‘la relación de los hechos que supusimos era distinta de la que escuchamos’. De manera que eso siempre se puede mejorar”, afirmó. En esa línea, asumió la responsabilidad política por la decisión: “Uno en eso tendrá que asumir nuestra propia responsabilidad y los actos que hacemos”.

Mulet defendió también el proyecto transversal que busca reformar el mecanismo de las acusaciones constitucionales, señalando que el objetivo es elevar los estándares para su presentación y evitar su uso político reiterado.

A su juicio, el sistema ha funcionado, pero con tensiones en su aplicación reciente. “No obstante eso, yo soy partidario de establecer mayores niveles en los requisitos para presentar las acusaciones”, señaló.

Uno de los cambios centrales es el aumento de firmas requeridas para presentar un libelo de 10 a 20 diputados. Sobre ello, explicó el sentido político de la medida. “Eso es necesario porque obliga a tener cierto nivel de consenso previo, no solo de un partido”, afirmó. Además, alertó que hoy pueden surgir acusaciones impulsadas por grupos pequeños que “alimentan la opinión pública… más bien por una lógica populista”.

También defendió la exigencia de una interpelación previa obligatoria para ministros antes de una acusación constitucional: “Si no le fue bien en la interpelación, bueno, seguir con la acusación como última ratio”.

Asimismo, planteó elevar el estándar de aprobación. “Que el quórum sea la mayoría de los diputados en ejercicio… no la mayoría de los presentes”, recalcó.

En esa línea, el diputado Jaime Mulet entregó una reflexión más amplia sobre el funcionamiento del sistema político chileno, apuntando a una creciente mediatización del debate. “La política es hoy día un juego en parte muy mediático, incluso performático”, señaló, y advirtió que muchas decisiones responden más a la exposición pública que a su impacto legislativo.

A su juicio, este fenómeno se explica por el debilitamiento de los partidos políticos y por una tendencia global de polarización. “Es un fenómeno que no obedece necesariamente a un problema en Chile, es bastante complejo y global”, afirmó.

En tanto, llamó a repensar la organización del mundo progresista y disputar el electorado de centro para evitar el avance de fuerzas populistas. “Creo que si seguimos con una sola coalición dentro del mundo progresista… le permitimos espacio a nuevos populismos”, advirtió, y planteó la necesidad de competir en ese espacio político como parte de una estrategia de mayor equilibrio electoral.

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“Yo pude enterrar a Rodrigo. En ese sentido yo me considero muy afortunada, porque yo pude estar con mi hijo cuando estaba muerto, pude enterrarlo. En cambio, la mayoría de los familiares de detenidos desaparecidos, nada”, dice en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile en el marco de una nueva conmemoración del caso Quemados.

A 40 años del crimen que dejó con graves secuelas a la joven Carmen Gloria Quintana y provocó el fallecimiento de Rodrigo Rojas de Negri, su madre reconstituyó la historia de ambos, además de abordar el actual panorama político y social del país.

Para septiembre de 1973, Verónica tenía 28 años y militaba en el Partido Comunista. Precisamente por su actividad política fue que el mismo día del 11 de septiembre un grupo de marinos allanó su casa en Valparaíso, donde vivía con su familia, incluido Rodrigo, de seis años y medio.

En ese momento el niño tenía una fijación con la religión católica. Por eso, cuando los marinos llegaron preguntando por Verónica y finalmente no la detuvieron, él les regaló una biblia. Era un agradecimiento por no llevarse a su mamá.

“A mí esas cosas me hacen pedazo el alma. ¿Por qué un niño de esa edad tiene que estar preocupado si la madre va a vivir o a morir?”, cuestiona Verónica.

Luego de estar recluida en los centros de detención 3 y 4 Álamos, Verónica partió al exilio en Estados Unidos. Se instaló en Washington con sus dos hijos: Pablo, que nació en mayo del 74 y Rodrigo, que ya tenía nueve.

Rojas de Negri creció para convertirse en un adolescente inquieto, profundamente interesado en política internacional, especialmente lo que ocurría en la dictadura chilena.

Verónica cuenta que incluso estaba resentido con ella, porque por su culpa no podían estar en Chile: “Es que él fue muy feliz en el gobierno de la Unidad Popular, lo disfrutó tremendamente”.

Rodrigo comenzó a formarse como fotógrafo de la mano de Marcelo Montecino, un chileno también radicado en Washington que se convirtió en su amigo y mentor. Su sueño, justamente, era volver a Chile y contar a través de las imágenes lo que nadie estaba diciendo.

Su madre señala que veía una diferencia importante entre lo que decían algunas personas sobre la dictadura y los relatos de los familiares de detenidos desaparecidos, que llegaban a Washington para entregar su testimonio en el Congreso de Estados Unidos o en la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Llegaban las compañeras y Rodrigo andaba con ellas y aparte de tomarles fotos, a veces hacía hasta de intérprete. Él veía el desbalance, porque la gente que estaba en la Solidaridad con Chile eran casi todos de organismos internacionales, entonces, vivían como en el barrio alto. En cambio, cuando él hablaba con las compañeras sabía que era otro mundo. Él quería documentar. Por eso lo pillaron donde lo pillaron”, afirma Verónica.

El regreso y la tragedia

Rodrigo Rojas de Negri volvió a Chile poco tiempo después de cumplir 19 años, en mayo de 1976, e inmediatamente se incorporó a la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI).

Registró actividades de resistencia en poblaciones, también manifestaciones contra la dictadura e incluso se arriesgó un poco más que sus colegas al tomarle fotos de cerca a uniformados y policías.

Su llegada a Chile coincidió con el crimen en contra de Ronald Wood: un joven de su misma edad que el 20 de mayo del 86, luego de participar en una protesta estudiantil, recibió el disparo de un militar y falleció tres días después.

Verónica considera que hay muchas coincidencias entre Ronald y Rodrigo y recuerda con especial cariño las fotografías que tomó en su funeral.

“Todas esas fotos son tristes, pero son muy lindas, muy fuertes. A mí la que más me gusta es una en que una de las hermanas de Ronald va sobre la carroza. Es como si fuera su propio funeral y esto fue días antes no más”, relata.

El 2 de julio de 1986, en la primera de dos jornadas de Paro Nacional convocadas por la Asamblea de la Civilidad, Rodrigo estaba en la población Los Nogales, de Estación Central. 

Esa mañana, bien temprano, caminó junto a otros jóvenes —entre los que se encontraba Carmen Gloria Quintana— hacia la Universidad de Santiago (Usach) y se detuvo cuando un grupo le pidió ayuda para levantar una barricada. En eso estaban cuando llegó una patrulla militar. 

Rodrigo y Carmen Gloria fueron los únicos que no pudieron escapar. En la vereda de la calle Hernán Yungue —que ahora lleva el nombre de Rodrigo— fueron brutalmente golpeados, rociados con bencina y quemados vivos. Horas más tarde, fueron dejados a su suerte en una zona rural de Quilicura.

Verónica tenía que viajar a Chile para estar con Rodrigo, quien luego del ataque fue internado en la Posta Central. Sin embargo, tenía un gran impedimento. En su pasaporte estaba estampada la letra L: la de los chilenos que tenían prohibido el ingreso a su patria.

Se tuvieron que hacer gestiones especiales para que reingresara. Verónica destaca especialmente la labor de la cónsul de Estados Unidos en Chile, Jane Kobliska, que horrorizada por los crímenes de la dictadura, la ayudó a entrar al país por un plazo acotado.

Llegó a Santiago la mañana del 4 de julio y su hijo murió la tarde del día 6.

Los días posteriores y la búsqueda de justicia

El velorio de Rodrigo Rojas de Negri se realizó en el centro de Santiago, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y su funeral en la Basílica El Salvador. A la ceremonia y al posterior cortejo fúnebre, que se dirigió hacia el Cementerio General, asistieron un total de 10 mil personas indignadas por el brutal crimen.

Los agentes represores se desplegaron entre esa multitud y aunque habían asegurado que no intervendrían, eventualmente usaron sus carros lanza agua y gases antidisturbios para dispersar a los asistentes. Hubo momentos en que el ataúd de Rodrigo quedó rodeado por gases lacrimógenos.

“Asesinos”, le gritaban los asistentes a los carabineros.

De esos días, Verónica recuerda el apoyo de muchas personas que solidarizaron con ella. Las muestras de cariño convivieron con el asedio de los agentes de la dictadura, que aún en esos momentos, no la dejaron tranquila.

“Yo me subí una vez a una micro a pedir apoyo de donación de sangre y la gente hizo parar al busero y fue a dar su sangre. La gente era una maravilla. Yo sentí que Chile estaba conmigo. Y el mundo, porque en Estados Unidos yo te digo la de marchas que hubo”, cuenta.

Tras la repercusión que alcanzó el hecho, tanto a nivel nacional como internacional, la Junta Militar se vio obligada a pronunciarse. Representantes del régimen, incluido el dictador Augusto Pinochet, responsabilizaron a Rodrigo y Carmen Gloria, asegurando que los jóvenes se habían inmolado.

Esa tesis eventualmente fue descartada, pero por muchos años el caso Quemados tuvo un solo condenado: el teniente del Ejército, Pedro Fernández Dittus, que estuvo en Punta Peuco entre enero de 1996 y febrero del 97.

Verónica asegura que el camino hacia la justicia fue muy solitario y que recorrió Chile entero buscando a un abogado que la representara. Todos le decían que el caso ya estaba cerrado. Hasta que la ayuda finalmente vino de la mano de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), con quienes interpuso una querella el año 2013.

Para la judicialización del caso fue vital el testimonio de Fernando Guzmán, un conscripto que iba en la patrulla militar y que rompió el pacto de silencio entre los uniformados. Así fue cómo se identificó al autor material del crimen: el entonces teniente, Julio Castañer.

Recién en 2024, a 38 años de la muerte de Rodrigo, la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva: 20 años de cárcel para cuatro oficiales del Ejército, entre ellos Castañer y Fernández Dittus; tres años para cuatro soldados conscriptos sindicados como cómplices y tres años para otros dos soldados que encubrieron el crimen.

“Yo nunca pierdo la esperanza”

Verónica Rojas de Negri tiene una mirada profundamente crítica no solo del estado actual de la política chilena y de la elección de José Antonio Kast como Presidente, sino que también de la justicia “en la medida de lo posible” que establecieron los gobiernos de la Concertación tras el final de la dictadura.

De hecho, por esa misma desconfianza respecto a lo que se hizo después es que no volvió a Chile cuando le quitaron la L del pasaporte.

“Podía volver, pero no quería exponer a Pablo, a que me lo mataran, porque sabía que iba a pasar eso mismo. Porque la justicia en la medida de lo posible no paró los crímenes de los milicos y de la policía. La prueba está en que tenemos desaparecidos hasta el día de hoy. Mira el caso de los jóvenes a los que les quitaron los ojos”, reflexiona.

De todas maneras, sí hay algo que no abandona a Verónica es la esperanza. Pese a que lleva en Estados Unidos casi 50 años, sigue votando en Chile y destaca las voces del diputado Gustavo Gatica y la senadora Fabiola Campillai, ambos víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estallido social que luego se convirtieron en actores políticos.

Otro factor clave que le ayuda a mirar hacia el futuro son los estudiantes y la persistencia de la imagen de Rodrigo entre ellos. Más allá del paso de los años, la figura de ese joven que nunca olvidó su país y que estaba empecinado en mostrar lo que se vivía en los sectores más golpeados por la dictadura, sigue presente.

“Nunca pierdo la esperanza. No soy tan negativa, o sea, soy dura para mirar y analizar. Pero para mí, cuando tú te das por vencido, fracasaste. Soy de las personas que siempre digo: ‘Estamos en la mitad del túnel’. Pero de todos nosotros tiene que salir el empuje para caminar hacia la luz y ese empuje lo veo en los estudiantes, por ejemplo. A esos cabros los adoro. Porque ellos son nuestro futuro”, asegura.

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El también profesor asociado del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile señaló que la ausencia de lluvias hasta ahora no significa que el fenómeno haya perdido intensidad.”Estamos todos un poco perplejos por la falta de lluvia“, reconoció el climatólogo.

Sin embargo, llamó a no interpretar este escenario como una señal de debilitamiento del fenómeno. “El Niño sí está presente. Las condiciones del Niño están en el Océano Pacífico y nosotros estamos ahí expectantes“, afirmó. Como ejemplo, recordó lo ocurrido durante el episodio de El Niño de 1987.

“Prácticamente no llovió demasiado durante abril, mayo y junio. Las lluvias fuertes comenzaron en julio y finalmente ese año terminó con 700 u 800 milímetros en Santiago, con muchos desastres asociados al Niño”, señaló.

A juicio del especialista, aunque el déficit acumulado de precipitaciones en la zona centro-sur será difícil de revertir durante lo que resta del año, los pronósticos meteorológicos comienzan a mostrar un cambio de tendencia. “Ya se ve en el horizonte un cierto cambio de las condiciones a partir de la próxima semana. Básicamente desde el 8 o 9 de julio es posible que comience a llover en la zona central“, sostuvo Rondanelli.

Pese a ese cambio esperado, el experto enfatizó que el mayor riesgo no es el regreso de las lluvias habituales, sino la posibilidad de enfrentar eventos de gran intensidad propios de los años de El Niño. “Estamos en estas situaciones expectantes en donde pareciera que no pasa nada, pero yo creo que tenemos que prepararnos para una situación que podría ser complicada, porque las condiciones del Niño están ahí en el océano y están presentes“, recalcó.

En esa línea, explicó que todos los modelos climáticos coinciden en que el fenómeno seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses. “Todos los modelos de pronóstico indican no solamente que el Niño va a continuar, sino que además se va a hacer más intenso todavía”, indicó.

Respecto a la evolución del fenómeno, frente a lo que se catalogó como “Niño Godzilla”, Rondanelli explicó que la intensidad se mide mediante la temperatura superficial del mar en la denominada región Niño 3.4 del océano Pacífico.

“En este momento la temperatura del mar está 1,5 grados más alta que lo que corresponde con la climatología. Sobre un grado ya uno declara que hay un Niño al menos moderado y sobre dos grados uno declara un Niño intenso“, explicó.

Añadió que las proyecciones muestran un posible fortalecimiento del fenómeno hacia fines de año. “Los modelos indican que la temperatura podría aumentar a 2 grados o incluso llegar hasta 3 grados hacia fines de año. Eso es lo que la gente le está llamando el Niño Godzilla porque es un Niño muy intenso“, señaló.

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Nos interesa observar la potencia de una autorrepresentación nacional que, durante dos siglos y medio, ha articulado libertad, democracia, oportunidad, innovación y éxito individual. Estados Unidos ha sido un país, una enorme economía y una potencia militar. Pero de manera decisiva, su singularidad reside en lograr haber proyectado su experiencia histórica particular como un vocabulario disponible para imaginar la vida moderna.

La antropología clásica intentó observar a Estados Unidos como cultura. Margaret Mead, en plena Segunda Guerra Mundial, interpretó el “carácter americano”, hoy esa idea resulta insuficiente para un país atravesado por muchas diferencias, pero su intuición conserva valor. Estados Unidos puede observarse como un complejo sistema de hábitos, expectativas y símbolos.

Desde nuestra perspectiva, podemos hablar de Estados Unidos como una nación imperial y no únicamente por sus bases militares, intervenciones exteriores e indiscutible dominio geopolítico. Su rasgo más profundo ha sido lograr que sus producciones culturales se vuelvan reconocibles, deseables y reproducibles. Por ejemplo, el “sueño americano” ha llegado a operar como una promesa globalizada que asocia la libertad individual, el emprendimiento y la movilidad social con una vida lograda sobre la base del esfuerzo personal.

Esa idea es poderosa. En su interpretación de la Revolución Americana, Hannah Arendt apreció algo más que la ruptura con el dominio británico, observó la posibilidad de realización de un espacio político relativamente estable para la libertad pública. Su revolución habría consistido en construir instituciones capaces de preservar una experiencia colectiva. Esa lectura permite entender por qué Estados Unidos proyectó al mundo su arquitectura constitucional y sus rituales cívicos.

Aunque la libertad declarada no incluyó a todos quienes habitaban la nueva nación. Ahí se instalan sus contradicciones: produjo una de las semánticas políticas más universalistas de la modernidad y, a la vez, dejó en los márgenes a quienes no cabían en ella. La nación convivió, sin más, con la esclavitud, la segregación, arrinconando a sus pueblos originarios, con una expansión territorial violenta, con desigualdades de género, fundamentalismos religiosos y políticos, y una sospecha permanente hacia quienes no encajaban con sus modelos dominantes.

En todo caso, no es posible afirmar que “los estadounidenses son” individualistas, emprendedores, violentos o democráticos. Más preciso es decir que en los Estados Unidos se han seleccionado y estabilizado repertorios culturales extremadamente contradictorios.

La religión civil estadounidense expresa esa tensión. Su bandera, los padres fundadores, la Constitución, la Declaración de Independencia, los monumentos, los discursos presidenciales, los memoriales de guerra y las ceremonias públicas están investidas con una dimensión moral. Esa singularidad ha contribuido a auto-justificar sus intervenciones en distintas regiones del mundo con el pretexto de cumplir una misión, antes que como expresión de sus intereses. El problema no es que ese pretexto sea falso, se trata de que formulado de esa manera ha podido convertirse en expectativa verosímil para otros y para sí misma.

La noción de imperio cultural designa esa capacidad de estructurar horizontes más allá de sus fronteras. Hollywood exportó entretención, pero también modos de imaginar la heroicidad, el amor, la juventud, la amenaza, la guerra, el triunfo y el fracaso. Silicon Valley ha difundido dispositivos junto con una moral de la innovación, la disrupción, la conectividad y el emprendimiento. Sus escuelas de administración han transmitido técnicas de gestión y expandido la imagen de una organización eficiente como competitiva y orientada a resultados.

Pero su fuerza cultural no debe entenderse como una imposición. Las culturas no asimilan pasivamente las imágenes que circulan desde los centros de poder, las reinterpretan, resisten, adaptan y mezclan con sus formas locales. Lo excepcional es que Estados Unidos ha tenido la capacidad de hacer circular universalmente sus películas, universidades, marcas, tecnologías, músicas, lenguajes políticos, estilos de vida, narrativas empresariales y modelos de éxito. Su efectividad consiste en que aspiraciones locales muy distantes han terminado formulándose con categorías provenientes de la experiencia estadounidense.

Estados Unidos ha sido una gran productora de expectativas. Ha universalizado derechos, autonomía personal, libertad religiosa, valorización de la filantropía, movilidad social, innovación científica, predicadores, voluntariado y creatividad cultural. En esa misma producción se inscriben sus virtudes: confianza en la iniciativa individual, capacidad de asociación, pragmatismo, apertura a la innovación, disposición a la reinvención y tolerancia a la autocrítica. Sus vocabularios, objetos, infraestructuras e ideas sobrepasan ampliamente sus fronteras. Desde los jeans hasta internet, desde la masificación del automóvil y los electrodomésticos hasta el cine popular, desde las contraculturas juveniles hasta las universidades de elite y las plataformas tecnológicas. Su influencia ha sido convertir sus estilos y dispositivos en modelos globales.

También desde ella han surgido lenguajes críticos que impugnan el modo estadounidense dentro de sus propios espacios. Lo anterior le ha permitido exportar sus conflictos. Su cultura contiene recursos para denunciar sus propias sombras. La crítica al racismo, al imperialismo, a la violencia policial, a la desigualdad, al abuso, al patriarcado, al cientificismo, a la guerra y al capitalismo corporativo circula, frecuentemente, mediante lenguajes producidos dentro de Estados Unidos. Black Lives Matter, #MeToo, la cultura woke, las controversias sobre corrección política, cancel culture, diversidad, inclusión y los “acampes” muestran que hasta sus disputas se transforman en vocabularios globales. Esa es una de las paradojas de su imperio: mundializar sus códigos culturales y, al mismo tiempo, los repertorios disponibles para cuestionarlos.

Esa ambivalencia también organiza a sus detractores. Para sus adversarios, Estados Unidos condensa la decadencia moral, la secularización agresiva y prepotente y el materialismo consumista. Desde esas miradas es el emblema de una modernidad corruptora y decadente.

Esta semántica también estructura sus tensiones internas. MAGA, por ejemplo, añora una grandeza perdida que debe ser restaurada. La nación se habría desviado de sí misma por las élites liberales, la globalización, las nuevas corrientes inmigratorias, las burocracias federales, los organismos internacionales y el multiculturalismo. Los liberales y progresistas, por su parte, observan la erosión de las normas constitucionales, la creciente polarización, la amenaza autoritaria y populista, el deterioro del pluralismo democrático, la precarización, el militarismo, las alianzas temerarias y la captura tecno-oligárquica del país. Para unos, Estados Unidos debe recuperarse sus momentos de gloria; para otros, debe transformar las estructuras que han acrecentado sus desigualdades. Esta conmemoración ocurre, por tanto, en un país tensionado.

La hegemonía cultural estadounidense incluye hoy la mundialización de sus fracturas. El mundo observa, en tiempo real, su polarización política, las disputas judiciales, sus guerras culturales, sus movimientos sociales antagónicos, su crisis de confianza, las retóricas conspirativas, los liderazgos grandilocuentes y populistas, el auge de fundamentalismos, la persistente discriminación, el alto consumo de drogas, sus niveles de obesidad, la violencia política y sus recurrentes y noticiosos tiroteos. Esta nación ha convertido sus crisis en un espectáculo.

Aunque esta exposición no ha cancelado su poderío, Estados Unidos ya no monopoliza la imagen de futuro de la humanidad. China, la Unión Europea, Rusia, el mundo islámico, América Latina e incluso instituciones globales como la Iglesia católica le contraponen sus propias imágenes de futuro. Pero incluso cuando Estados Unidos pierde potencia relativa, sigue concentrando la atención. Sus crisis son comentadas y la discusión sobre su decadencia, real o imaginada, es también una expresión de su centralidad.

A los 250 años, las luces y sombras de Estados Unidos no se ubican en lados separados ni en auditorios distintos. Hoy importa, más que antes, cómo es observada esa celebración: ¿Es una promesa todavía convincente o se encontró con sus propios límites? Esta pregunta no remite únicamente al futuro de una nación, sino a la vigencia de una narrativa cultural que muchas sociedades han usado o usan para imaginar sus propios futuros.

Estados Unidos sigue ofreciendo una de las imágenes culturales más poderosas de la modernidad y, al mismo tiempo, expone sus contradicciones. Por eso constituye un blanco disponible. Para quienes impugnan radicalmente la modernidad capitalista, aparece como su emblema más visible; para quienes se han integrado a sus reglas, sigue operando como horizonte de aspiración. Unos la denuncian como decadencia; otros la reproducen como anhelo. Quizá a los 250 años, su singularidad resida en seguir ofreciendo una gramática cultural global, incluso cuando expone sus sombras.

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“Hoy día Chile ha recuperado de parte del mundo la confianza y eso se ve reflejado en la cantidad de inversiones que se han destrabado“, afirmó el Mandatario, quien detalló que en temas económicos hay “varias líneas de acción” y que una de ellas es la facilitación regulatoria.

Kast sostuvo que la regulación medioambiental chilena es “bastante sólida” y criticó que durante administraciones anteriores se haya ido ampliando “de acuerdo a distintos criterios de distintos funcionarios. “Cada uno de los funcionarios que estaba ahí determinaba una exigencia distinta para un proyecto, pasando a llevar lo que establece la ley”, cuestionó.

En esa línea, el Jefe de Estado enfatizó que su Ejecutivo aplicará estrictamente la normativa vigente: “Nosotros lo que estamos diciendo (es que) hay una ley, hay un reglamento y eso es lo que vamos a utilizar, y con algunos cambios en cargos directivos hemos logrado destrabar en este periodo de abril a junio más de 16 mil millones de dólares“.

El Presidente Kast agregó que durante el primer semestre de este 2026 “ya son 24 mil millones de dólares que han sido destrabados para lograr una inversión importante hacia nuestro país“. Además, aseguró que hay 370 proyectos en proceso de aprobación que equivalen a cerca de 90 mil millones de dólares. “Esos son hechos, no palabras; son hechos, no discursos“, remarcó.

Kast calificó estas cifras como una gran noticia para el país “después de 10 años de estancamiento”, aunque reconoció que el impacto en el empleo aún no se refleja. “Todavía no podemos decir que el desempleo ha bajado porque estos procesos toman su tiempo. Estas inversiones van a comenzar en seis meses, un año más; algunas grandes inversiones quizás en dos años más, pero vemos con esperanza el futuro, más allá de las dificultades del momento, vemos con mucha esperanza el futuro“, cerró.

En el plano de las reformas estructurales, el Mandatario destacó que el proyecto de Reconstrucción Nacional que actualmente tramita el Congreso implementará cambios tributarios para recuperar competitividad. “Buscamos una mayor competitividad tributaria. Si bien pertenecemos a la OCDE, somos de los países con mayor carga tributaria. Hemos perdido nuestra competitividad y estamos apuntando a una rebaja en el impuesto corporativo y también dar certezas jurídicas“, declaró.

Además, indicó que la iniciativa busca aprobar una invariabilidad tributaria cuyo plazo está en discusión, pero el objetivo es “dar certeza jurídica a cada inversionista que vaya a nuestra nación”.

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El origen de la investigación se remonta al 13 de marzo de 2026, solo dos días después del cambio de Gobierno y de la asunción de Steinert en el Ministerio de Seguridad Pública. En esa fecha, la entonces secretaria de Estado emitió el oficio reservado N° 28, mediante el cual solicitó a la PDI un informe detallado sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una causa penal específica que cursaba en la Fiscalía Regional de Tarapacá.

Aunque la Contraloría reconoce que el primer requerimiento de información podría enmarcarse en las atribuciones que los artículos 3° y 6° de la ley N° 21.730 confieren al ministerio, el problema radica en que la solicitud excedió dichas facultades. La exministra pidió la nómina completa de los funcionarios trasladados o cesados en esa causa, con nombre, cédula de identidad y grado, además de sus antecedentes disciplinarios y penales, y la copia de cualquier denuncia o sumario interno. El organismo contralor sostiene que esta exigencia “excede la facultad general de requerir informes conferida por el artículo 6° letra l)” de la ley, ya que la norma prohíbe usar esa atribución cuando pueda afectar una investigación en curso.

El dictamen añade que los detectives cuyo historial se solicitó pertenecían a una dependencia policial que apoyaba la investigación que la propia Steinert Herrera lideraba en su cargo anterior como fiscal regional, lo que activa el deber legal de abstención. La Contraloría cita jurisprudencia previa (dictámenes N° 22.989 de 2019 y E53.860 de 2020) para recordar que esta obligación rige para los ministros de Estado incluso cuando el conflicto de intereses sea solo potencial.

“No se advierte que requerimiento de exautoridad que se indica se enmarque en sus competencias”, sostuvo la entidad al analizar los antecedentes por un requerimiento del diputado Raúl Leiva.

El pasado 1 de abril, se conoció que la Contraloría dio un plazo de 10 días a la entonces ministra y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, para entregar antecedentes sobre este oficio, que fue enviado justo antes del llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña. En el caso por el que pidió información, cuatro detectives fueron sacados del equipo a cargo de la indagatoria y trasladados a otras regiones, entre ellos el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert.

La conclusión del órgano contralor es categórica: “La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.

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Los dirigidos por Gustavo Vega arrancaron la jornada con un triunfo sobre Canadá (21-19). Luego, pasadas las 18.30 horas, regresan buscando su paso a la final del día ante Islas Caimán.

El público asistió a una nueva competencia de la FIBA 3×3 Youth Nations League 2026 (Conferencia Américas Norte) y apoyó con gritos, banderas y aplausos a los deportistas nacionales. Fue un vibrante juego, pero quedaron a un paso del duelo decisivo tras perder por 21-17.

“Vamos mejorando día a día” reflexiona Renato Muñoz, jugador de básquetbol y parte del equipo local que ha participado de las cuatro sesiones de esta competencia internacional que se desarrolla en el país desde el pasado sábado 27 de junio.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Muñoz comenta los resultados de este miércoles y los próximos desafíos de la selección en el evento que se extiende hasta el viernes 3 de julio. Por otra parte, también nos comparte detalles de su carrera deportiva profesional.

¿Cómo evalúas el desempeño del equipo en el Stop 4?

Cada día estamos encontrando un mejor juego como equipo, un mejor baloncesto. La realidad de Chile en el 3×3 es muy distinta al de la 5×5. Tenemos aspiraciones más altas porque Chile es top 1 en América. Por eso, quizás nos duele un poco no poder llegar a instancias finales. Vamos mejorando día a día.

Luego de cuatro días de competencia, ¿Cuál es tu balance?

Me quedo con que hemos sido bastante valientes para poder competir y volver al día siguiente sobre todo con el país de Canadá. En años anteriores, quizás no teníamos la chance de ganar. Creo que empezamos fuerte, eso es lo positivo.

Tu familia te apoya en el público y las personas los alientan en cada partido, ¿Cómo se disfruta un evento estando en casa?

Es bastante especial porque está la gente que uno quiere, que uno ama, aquí presente. Mientras uno juega ve esas caras y después de jugar las puede saludar. Además, de recargar energías. También la vibra que se siente cuando estamos dentro de la cancha jugando como locales es impresionante.

¿Cuál es la invitación ante los días que quedan del evento que se desarrolla en el Estadio Nacional?

Me encantaría que la gente siga asistiendo y que confíe en el trabajo que hemos hecho. Quedan dos días y creo que hay posibilidades todavía de poder conseguir un stop. También que conozcan esta realidad del 3×3 que no es muy común que Chile pueda competir con todos los países a nivel mundial como Estados Unidos que es una potencia, igual que Canadá. Y nosotros le competimos tanto en damas como en varones.

Es bonito que las familias y los niños vean esta realidad y puedan tener ese sueño, el que nosotros tuvimos cuando teníamos esa edad.

Por su parte, la selección femenina venció a Argentina y avanzó a la final del Stop 4. Sin embargo, cayó por 21-17 ante Estados Unidos.  Dejaron todo en la pista, ¿Qué te pareció el encuentro?

La femenina muy bien. Hay algo que nos falta a la mayoría de los jugadores de los que estamos acá es un poco de consistencia y eso se trabaja día a día. Pero las vi bien, tienen hartos goles de lectura, hay mucha lectura en el juego, esa es la diferencia que tenemos con los otros países.

¿Cómo se dio este camino deportivo en el básquetbol?

Todos parten jugando fútbol y después cambiar de deporte. A mí me tocó eso alrededor de los 13 años. Y en el camino, empezamos a tener contacto con Gustavo (Vega) cuando tenía 19 o 20 años. Empezamos a entrenar 3×3 y ha sido un camino bonito porque Gustavo tiene mucho conocimiento, al igual que el staff técnico. Además del básquetbol, aprendemos mucho como personas porque son hartos valores los que se inculcan en este deporte.

Tú mencionas la disciplina como uno de esos valores.

Sí, nosotros entrenamos bastante. La realidad del 3×3, hoy en día, es que los jugadores tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder rendir en nuestros clubes y aparte venir a entrenar acá. La mayoría estudia entonces te entrega esa disciplina de estar constantemente aplicado y no bajar el ritmo.

Estás estudiando Pedagogía en Educación Física, ¿Qué nos puedes comentar sobre esa rutina diaria?

Es difícil porque hay que hacer calzar los horarios. Hablar con la universidad cuando uno toma ramos y, aparte, uno sale de la casa a las siete de la mañana para el primer entrenamiento. Después va a clases y vuelve al entrenamiento por lo que hay que tener bien organizado el día…Y ¡ganas! Porque cada día cuesta levantarse con ese cansancio acumulado.

Eres parte del Club Puente Alto de básquetbol, ¿Cómo se viene el año?

Fue un año de hartos cambios, lo bueno es que mantenemos casi el mismo equipo. Estamos bien complementados con los chiquillos y estamos jugando acá también todos juntos.  Hay hartos desafíos porque en Puente Alto nunca se ha logrado un hito importante y creo que cada vez nos vamos acercando un poquito más.

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La jornada inaugural de la delegación nacional estará a cargo de los seleccionados de para ciclismo en la prueba de contrarreloj. El encargado de abrir la participación chilena será Sebastián Morales, quien competirá en la categoría handbike a partir de las 09:00 horas de Chile.

Seis minutos más tarde será el turno de Manuel Opazo, en la clase C2. Luego, a las 10:01 horas, entrarán en acción los representantes de la Región de O’Higgins, Benjamín Ruarte y Hernán Moya, en las clases C4 y C5, respectivamente.

La programación del para ciclismo se cerrará con las pruebas de tándem para deportistas con discapacidad visual. En la competencia masculina, la dupla conformada por Matías Mansilla y Elías Tello largará a las 11:15 horas, mientras que el binomio femenino integrado por Nicol Baeza y Renata Urrutia finalizará la participación nacional en la disciplina a las 11:22 horas.

Más tarde, a las 18:30 horas de Chile, el equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas debutará en el torneo enfrentando a Perú. El plantel realizó una concentración previa en Barranquilla, donde disputó partidos amistosos como parte de su preparación y adaptación al clima de la zona.

El jefe de misión del Team ParaChile, Lucas Valenzuela, destacó el proceso de preparación del equipo, señalando que la adaptación a las condiciones climáticas ha sido positiva de cara al inicio de la competencia.

El Team ParaChile participa en esta edición con una delegación de 142 deportistas, la más numerosa del país en un megaevento internacional fuera de Chile. El equipo cuenta con figuras destacadas del deporte paralímpico nacional como el nadador y seis veces medallista paralímpico Alberto Abarza, el número uno del mundo en para tenis de mesa clase 6 Ignacio Torres, y la medallista de bronce en París 2024, Marion Serrano.

También forman parte de la delegación deportistas consolidados como Juan Carlos Garrido, Francisco Cayulef, Camila Campos y Tamara Leonelli, quienes buscarán aportar experiencia y resultados en esta nueva edición de los Juegos Parasuramericanos.

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En conversación con Semáforo, Pedropiedra explicó que la banda nació en la segunda mitad de los años 90 y que, pese a las colaboraciones que los músicos mantuvieron durante años en otros proyectos, recién ahora decidieron materializar la idea. “Juntémonos, enchufemos los instrumentos, veamos qué pasa y vamos nomás“, afirmó.

Además, señaló que la propuesta busca recuperar la experiencia de tocar sin condicionamientos. “La regla aquí era como juntarnos, meter bulla hasta que saliera algo”, sostuvo y agregó que el objetivo fue “volver a sentir ese amor por la música que nos hizo hacernos amigos cuando adolescentes”.

Sobre la decisión de privilegiar las presentaciones en vivo, Piedra indicó que “el mayor potencial de la banda se alcanza en vivo” y resumió la apuesta del proyecto con una frase: “Solo se escucha en vivo“.

Delaselva destacó que Macedonia convive con el resto de sus carreras musicales como “un mundo paralelo”. “Después de tantos años, estar juntos con ánimo de hacer cosas igual que cuando éramos chicos, es magia“, expresó.

Respecto del lanzamiento en vinilo, los integrantes señalaron que el formato responde a una búsqueda artística y de cercanía con el público. “La música tiene que estar en alguna parte“, afirmó Pedropiedra, mientras Jorge Delaselva añadió que “el formato vinilo lo encuentro una maravilla” y valoró la experiencia de escuchar un disco completo en ese soporte.

El concierto se realizará el sábado 4 de julio, a las 20:00 horas, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Durante la presentación también se realizará la venta exclusiva del primer LP de Macedonia en formato vinilo.

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En primera instancia, Araya reconoció que hubo conversaciones con el Ejecutivo para buscar un acuerdo previo a la votación de la idea de legislar en el Senado, sin embargo, señaló que no se logró aunar posturas. 

“Si el Gobierno del Presidente Kast quería que esta fuera una reforma que efectivamente le diera estabilidad a la economía, trajera inversión, necesariamente tenía que contar con los votos de la oposición, porque de aprobarse, como ocurrió en el Senado, sólo con los votos de la derecha, a mi juicio, es una reforma que tiene fecha de vencimiento. Porque probablemente la próxima campaña presidencial, el próximo gobierno, si es de izquierda, va a cambiar esta reforma o, derechamente, va a pedir su derogación”, advirtió el senador PPD. 

 

Aseguró que bajo ese espíritu mantuvieron conversaciones tanto con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como con el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Araya planteó que el “acuerdo amplio” debió lograrse previo a la votación en general en el Senado, pues hoy la megarreforma está aprobada “y la derecha sigue teniendo la mayoría para aprobarlo tal como está”. 

“En la práctica, se quedaron con la llave de poder ir modificando o no aspectos del proyecto. Sostengo firmemente que en la parte ambiental y permisología, que es el corazón de la megarreforma, va a ser muy difícil poder llegar a acuerdo, poder generar los espacios necesarios de modificación”, agregó el parlamentario. 

Respecto a cómo se está desarrollando la discusión en la Cámara Alta, destacó que se haya dividido el proyecto en distintas comisiones dependiendo de la materia, pero indicó que sigue siendo un “un problema que es mucho más estructural” el abordar distintas materias “que no guardan mucha relación entre sí” en la misma iniciativa. 

No obstante, sostuvo que existe un “problema que es mucho más de fondo a nivel de oposición” en medio de este debate. Indicó que como bloque “no hemos sido capaces de articularnos en una postura única de cómo discutir la megarreforma con el Gobierno”. 

En esa línea, cuestionó que se hayan manifestado distintas posiciones de cara a la votación en general: “No hubo unidad de acción, no hubo una capacidad de sentarnos a la mesa y tener una propuesta concreta de cómo abordar esta megarreforma, teniendo presente algo que yo vengo diciendo hace mucho rato, que es que la centro izquierda no tiene mayoría en el Senado”. 

“El Gobierno tiene mayoría para aprobar todos los proyectos que quiera, porque tiene los 26 votos que le permiten aprobar todo este tipo de proyectos”, añadió el parlamentario del PPD, quien también subrayó que a su sector le “correspondía” tener una mirada conjunta y “en eso fracasamos”. 

“Si enfrentamos la discusión en particular cómo se enfrentó la discusión en general, va a ser muy complejo poder hacer mejoras importantes y estructurales en este proyecto”, enfatizó.  

Sobre la mesa que se instaló para discutir el proyecto, el parlamentario aseguró que la instancia se “armó muy a regañadientes del Gobierno“. Asimismo, afirmó que “antes de sentarnos en la mesa técnica, lo que debiera existir es un diálogo al interior de la centro izquierda y decir dónde vamos a concentrar las batallas teniendo claro cuál es el escenario”. 

“Eso no se ha producido, tenemos miradas dispares respecto de cómo abordar esta discusión. Y yo me atrevo a anticipar que lo que va a ocurrir es que el Gobierno probablemente va a usar esta tensión que existe al interior de la oposición para decir, ‘mire, fue imposible llegar a acuerdo, porque un sector de la oposición me decía A, el otro me decía B y el otro me decía C’”, advirtió Araya. 

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Además del ministro, la instancia quedó integrada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), el vicepresidente Iván Moreira (UDI), las senadoras Loreto Carvajal (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC), y el senador Javier Macaya (UDI).

“Lo ocurrido hoy lo valoro profundamente, por primera vez se produjo una conversación formal con los distintos comités, partidos políticos y bancadas. No se trató de conversar sobre la propuesta de uno o dos senadores, sino sobre la posición del Senado“, señaló Paulina Núñez.

“El ministro llegó con una serie de propuestas. Hay materias en las que existe apertura para introducir modificaciones y no quiero decir ‘mejorarlas’, porque evidentemente la oposición pretende que con sus propuestas se pueda fortalecer”, añadió.

“Nosotros creemos que estamos frente a una buena iniciativa, pero cuando se busca construir un acuerdo y ampliar las mayorías, ese esfuerzo solo puede surgir del diálogo, del respeto mutuo y de la claridad respecto de cuáles son los límites de cada parte”, agregó.

En ese sentido, señaló que “este proyecto de reconstrucción contempla diversas medidas y no tengo ninguna duda de que en varias de ellas lograremos acuerdos que nos permitirán alcanzar una mayoría aún más amplia que los 26 votos que ya sabemos existen en el Senado“.

“Habrá otras materias en las que probablemente no será posible llegar a un entendimiento, y eso también forma parte de la democracia: esas diferencias se resolverán mediante la votación de senadores y senadoras, tanto en las comisiones como posteriormente en la sala”, recalcó.

Además, anunció que los plazos de tramitación del proyecto se mantienen. “El próximo lunes al mediodía vence el plazo para presentar indicaciones. Durante la próxima semana se desarrollará un trabajo técnico en las comisiones de Medio Ambiente, de Trabajo y posteriormente de Hacienda, para luego llevar el proyecto a la sala y votarlo en particular, artículo por artículo”, explicó Núñez.

Asimismo, adelantó que un segundo encuentro con Quiroz quedó fijado para el viernes a las 16:00 horas. Este jueves, el ministro sostendrá una reunión con los alcaldes para abordar las exenciones de las contribuciones y los mecanismos de compensación para los municipios.

“¿Qué esperamos de ese segundo encuentro? Tener claridad respecto de aquellas materias en las que podremos avanzar con acuerdo y de aquellas en las que cada sector ejercerá legítimamente su mayoría y presentará las indicaciones que estime pertinentes”, enfatizó la presidenta del Senado.

Senadora Vodanovic valoró el encuentro

La senadora Paulina Vodanovic valoró la instancia, aunque advirtió que el proyecto tiene aspectos negativos difíciles de modificar. Señaló que la prioridad debe ser mitigar efectos económicos, especialmente en empleo y recaudación, y destacó la disposición del Ejecutivo a introducir mejoras en áreas como el crédito al empleo y el fortalecimiento de la inversión. “Los que lo están pasando mal son las personas que no tienen empleo”, enfatizó.

Precisó que el debate sobre el proyecto de reconstrucción no solo se centra en cifras y votaciones parlamentarias, sino en cómo las medidas impactarán directamente en la vida de las personas:

• Empleo y crecimiento económico como ejes centrales.
• Apoyo a municipios para enfrentar las consecuencias locales.
• Inversión y medioambiente como temas de discusión abierta.

Finalmente, puntualizó que la mesa política y técnica busca que, a través del diálogo y el respeto, se logren acuerdos que permitan avanzar en soluciones concretas para la ciudadanía.

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Hoy ese modelo prácticamete ha desaparecido. Un profesional debe estar preparado para cambiar de empleo en múltiples ocasiones a lo largo de su vida laboral.  La estabilidad ya no depende necesariamente de permanecer muchos años en una organización, sino de mantener la capacidad de adaptarse y seguir siendo empleable.

Esta transformación también se refleja en cifras. En Estados Unidos, a partir de datos de la Agencia de Estadísticas Laborales Norteamericana para el año 2024, la permanencia promedio de un trabajador del sector privado es de 3.5 años y se ha ido reduciendo consistentemente en los últimos 10 años. Mientras los colaboradores entre 55 y 64 años permanecen, en promedio 9.6 años en una empresa, quienes tienen entre 24 y 34 años permanecen solo 2.8 años.

Las razones detrás de estas cifras son muchas: algunas positivas, como la mayor disponibilidad de oportunidades de trabajo y las facilidades para postular a ellas gracias a Internet; no obstante, también existen factores que afectan negativamente a los colaboradores. La creciente competitividad de los mercados impulsa a muchas empresas a fusionarse para alcanzar escala para competir; otras, en cambio, salen del mercado al no poder ofrecer una propuesta de valor rentable para sus accionistas, mientras que algunas implementan nuevas tecnologías que reducen la cantidad de  puestos de trabajo disponibles.

El Foro Económico Mundial en su Reporte sobre el Futuro de Trabajo 2025, determinó que cerca del 60% de los empleadores espera que su negocio se transforme significativamente antes del 2030 como consecuencia de la digitalización y la incorporación de inteligencia artificial. Si bien se estima que el número total de empleos en el mundo continuará creciendo en los próximos cinco años, la transformación de las funciones laborales será tan profunda que cerca del 60% de los trabajadores necesitará adquirir nuevas competencias para mantener su empleabilidad. En otras palabras, seis de cada diez personas deberán volver a aprender para seguir siendo competitivas en el mercado laboral.

Bajo este nuevo escenario, y considerado además una expectativa de vida cada vez mayor, la forma en que enfrentamos nuestra formación profesional debe ser reevaluada. Si antes, obtener un título profesional garantizaba décadas de trabajo estable y una jubilación feliz, hoy la educación continua deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad. En un contexto de acelerado cambio tecnológico, los profesionales deberán actualizar permanentemente sus conociminentos para responder a las nuevas exigencias del mercado y enfrentar una trayectoria labral mucho más dinámica que la de generaciones anteriores.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT), en su Informe sobre el Mundo del Trabajo 2026, propone elevar el concepto de “Lifelong Learning” (Aprendizaje a lo Largo de la Vida) a una prioridad estratégica para los gobiernos. No solo a partir del impacto que tiene la formación continúa en la productividad y el crecimiento económico, sino también apelando a la educación como un habilitador de progreso social, ya que promueve una mayor igualdad de oportunidades y fortalece el acceso a un trabajo decente de cara a los desafíos de siglo XXI. La OIT hace un potente llamado a la acción: el  aprendizaje permanente debe ser inclusivo, de alta calidad y capaz de responder a un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa.

Frente a este escenario, se hace fundamental que Estado, empresa y academia trabajen de manera coordinada y con una mirada de largo plazo para desarrollar una oferta de formación continua de calidad que acompañe a las personas durante su trayectoria labora. Con especial foco en dotar a los chilenos de las habilidades necesarias para la economía del futuro: pensamiento analítico, resiliencia, liderazgo, creatividad y competencias tecnológicas.

Porque hoy la estabilidad laboral depende menos del lugar donde trabamos y mucho más de nuestra capacidad para seguir aprendiendo. Solo así será posible revertir la combinación de bajo crecimiento económico y alto desempleo que nos ha acompañado durante los últimos años y así responder a las demandas de nuestros ciudadanos por una vida más prospera para ellos y sus familias.

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“No llego sola a este lugar: llego acompañada por todas las que abrieron camino cuando hacerlo costaba mucho más y por las rectoras que hoy conducen sus instituciones y que imaginaron juntas qué necesitaba el Consorcio para esta etapa. Que una mujer presida el Consorcio de Universidades del Estado es señal de un sistema que cumple, también puertas adentro, los valores que defiende”, destacó la rectora Durán.

La Rectora Mizala pasó a integrar el nuevo Comité Ejecutivo del CUECH luego de obtener respaldo del pleno para asumir la vicepresidencia por un periodo de dos años. “Una de las tareas es estar presentes en la discusión sobre la política educacional superior y también avanzar en flexibilizar el marco regulatorio que rige a las universidades del Estado, que nos impide gestionar eficientemente nuestros recursos”, señaló.

Para avanzar en esa dirección, la Rectora Mizala coordinará una comisión del CUECH para presentar una propuesta en la materia a la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, con quien se reunió la semana pasada.

Adicionalmente, en la plenaria del Consejo de Rectores (CRUCH), la Rectora Mizala fue elegida para formar parte del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario. “Voy a continuar el trabajo que estaba haciendo la Rectora Devés en ese Comité, que es fundamental pues es el espacio donde se toman decisiones sobre los cambios en la forma en cómo se van desarrollando las pruebas o, por ejemplo, el ranking de notas”, explicó la semana pasada al Senado Universitario.

Cambio de mando CUECH

La nueva presidenta del CUECH, Marisol Durán, identificó en su discurso de asunción los desafíos que enfrentan las universidades públicas en la actualidad, destacando entre ellos el del financiamiento. “Necesitamos avanzar desde un modelo que asigna recursos según el número de estudiantes hacia un financiamiento estatal acorde a la misión que la ley nos encomienda”, dijo. También mencionó que las instituciones de educación superior del Estado enfrentan un desafío regulatorio, otro tecnológico y uno cívico.

El acto comenzó con la cuenta pública del presidente saliente, el rector de la U. de Valparaíso, Osvaldo Corrales. “Ha sido un honor y un privilegio haber dirigido el CUECH durante estos cuatro años”, dijo, agradeciendo además “la confianza depositada en mí por mis colegas rectoras y rectores. He procurado representarlos de la mejor forma posible ante las diversas instancias en que me ha correspondido participar y he invertido mis mejores esfuerzos y capacidades para lograr aquellos objetivos que nos habíamos propuesto. Lo he hecho con la convicción de que nos anima una causa justa: la defensa y el fortalecimiento de la educación superior pública”.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien valoró “el aporte que las universidades que integran el CUECH realizan a la educación superior”. “Con sus 18 universidades bien coordinadas y su vasta trayectoria, el Consorcio se constituye como un pilar fundamental para el desarrollo científico, académico, y cultural de nuestro país. Adicionalmente, el CUECH se caracteriza por ser una organización técnica con incidencia en las distintas regiones y con ello logra facilitar distintos espacios de generación de conocimiento básico y aplicado, motor para el desarrollo a lo largo de nuestro país”, apuntó. También participó de la ceremonia la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.

El cambio de mando del CUECH también fue la ocasión para reconocer con un homenaje el aporte a la educación superior realizado por la rectora de la U. de Chile entre 2022 y 2022, Rosa Devés. 

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“Hemos estado insistiendo en la extensión del subsidio; pero, por otra parte, hemos insistido también en medidas inmediatas y concretas de apoyo para la clase media. Además, estamos pidiendo claridad sobre el porcentaje de alzas, porque existen diversas proyecciones, siendo todas alarmantes, especialmente para Valdivia“, indicó.

El parlamentario dijo que “sabemos que hay un proyecto presentado al respecto, pero aquí las soluciones y apoyos deben ser inmediatos, no hay más tiempo, este es otro golpe más para la clase media”.

Flores sostuvo que “el alza de la luz vuelve a pegarle a la familia chilena, pero no le pega por igual. El alza promedio en Chile va a estar entre un dos y cuatro por ciento, pero hay regiones, como la de Los Ríos, donde es alarmante. La Fundación Energía para Todos ha señalado aquí un alza de un 23%. La Comisión Nacional de Energía (CNE), por otro lado, dice que el alza para Los Ríos va a ser del 16% y el proyecto que presentó el Ministerio de Energía está hablando de una cifra distinta. Necesitamos claridad sobre el aumento real”.

Finalmente, el senador DC señaló que “al final del día, de nuevo la clase media, emergente y la más humilde se queda sin nada. Después del bencinazo, después del recorte presupuestario a distintas instituciones públicas y que rebotan automáticamente en un problema de atención, sumando el alto desempleo”.

“Hoy día las personas, especialmente las de la región de Los Ríos, quedan expuestas, siendo la zona más castigada de Chile. Que nos den una explicación clara la delegada presidencial de Los Ríos y el Seremi de Energía, entre otras autoridades”, subrayó.

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El 2 de julio de 1986, durante una jornada de protesta contra la dictadura en la población Los Nogales, Estación Central, Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, de 19 años, fueron detenidos por una patrulla militar. Ambos fueron brutalmente golpeados, rociados con combustible, quemados vivos y luego abandonados en Quilicura. Rodrigo falleció cuatro días después a causa de las quemaduras. Carmen Gloria sobrevivió tras una larga y dolorosa recuperación, que continuó en Canadá, donde también comenzó una intensa labor de denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen militar de Augusto Pinochet.

A 40 años del hecho, Carmen Gloria Quintana conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre el impacto de esta nueva conmemoración, la búsqueda de justicia y el escenario actual de los derechos humanos en el país.

― Este 2 de julio se cumplen 40 años de los hechos que marcaron su vida y la historia reciente del país. Mirando hacia atrás, ¿cómo ve usted esta fecha al día de hoy?

Difícil, porque en este momento mundialmente vemos una regresión en cuanto a la universalidad de los derechos humanos y al compromiso que los Estados tienen con ellos. Yo veo una regresión y siento mucho susto por el devenir de la humanidad. Me siento decepcionada, porque pensaba que Chile había aprendido un poco de lo que sucedió en dictadura, y siento que en esta etapa, en estas últimas elecciones que hubo, hay una marcada regresión en cuanto al compromiso del Estado con los derechos humanos.

― En 2024, la Corte Suprema confirmó condenas de 20 años de prisión para los responsables del crimen tras décadas de investigación. ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda de justicia? 

Fue un proceso bien largo. Tuvieron que pasar 38 años para que se hiciera justicia. Recién en enero de 2024, gracias a Fernando Guzmán, que fue un conscripto que rompió los pactos de silencio, se pudo reabrir el caso. Y eso dio lugar a que en enero de 2024 se condenara a 20 años a cuatro personas, de las cuales hay una que está prófuga, que es don Iván Humberto Figueroa Canobra, quien nunca se presentó a cumplir su pena. Se condenó a 20 años a Julio Castañer, a Iván Figueroa, a Nelson Medina y a Pedro Fernández Dittus.

Pero antes de esos 38 años hubo una tortura y una violación del derecho a la justicia para mí como víctima, para los familiares de Rodrigo y para mi familia. Porque al principio fuimos acusados de habernos quemado solos. Y esa fue la postura que tuvieron las Fuerzas Armadas durante muchos años, a pesar de todos los testimonios y pruebas judiciales que apuntaban a lo contrario.

Fueron muchos años de lucha, de indignación y de denuncia. Y la justicia tardó mucho. Tardó 38 años. Uno se pregunta: cuando la justicia llega tan tarde, ¿también hay una violación al derecho humano de las víctimas?

Creo que el sistema judicial está al debe con todos los casos de violaciones a los derechos humanos. Hicieron un mea culpa al sistema judicial, a los tribunales. Pero a veces pienso que estamos muy influenciados por las contingencias políticas de cada momento. Y hay corrupción también, lo que lleva a inquietarse respecto de la imparcialidad con que se tratan los casos de derechos humanos.

― Cuando usted piensa en la memoria de lo vivido, ¿qué cree que ha aprendido este país y qué siente que todavía le cuesta asumir? 

Vivo en Canadá hace 15 años y creo que en nuestro país falta mucha conciencia respecto de qué son realmente los derechos humanos. Los derechos humanos son violados por el Estado cuando se viola el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión y los derechos sociales: a la vivienda, a la alimentación y a la educación.

Cuando fue el estallido social, fue una constatación de que nuestro país no había aprendido mucho de lo que sucedió en dictadura. Nuevamente se instaló el terror, se instaló la violencia contra la gente que manifestaba. Nuevamente se criminalizó la protesta social, cuando la protesta social es la única manera que la gente tiene de protestar cuando sus derechos son vulnerados por el Estado. Entonces, que se criminalice la protesta social también nos habla de que no hay una comprensión de los derechos de los ciudadanos.

Y todo lo que sucedió en el estallido social respecto de la gente que fue asesinada, que quedó mutilada, que quedó ciega, fue claramente una violación sistemática de los derechos humanos durante el gobierno de Piñera. Ahí tampoco gran parte de la derecha asume esa responsabilidad, y eso habla de una profunda ideologización de los derechos humanos, de una instrumentalización.

Falta comprensión y falta compromiso, porque los derechos humanos deberían trascender a cualquier gobierno y color político. Son transversales, universales e indivisibles. Y eso no se ha entendido ni como país ni como ciudadanía.

Lo que pasó con el estallido social, lo que está pasando ahora nuevamente, cuando se ideologiza por parte del (Presidente José Antonio) Kast el Plan Nacional de Búsqueda, despidiendo a la mayoría de los técnicos que trabajaban en la búsqueda de los detenidos desaparecidos con políticas de largo plazo, eso habla y muestra claramente que se manipula este compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la memoria.

― ¿Cómo ve el avance del negacionismo en nuestro país? ¿Le preocupa esta relativización de los crímenes cometidos durante la dictadura?

Por supuesto que me preocupa mucho, sobre todo porque se ve como un avance internacional de toda esta ideología neofascista, donde se niegan violaciones masivas a los derechos humanos, como ocurrió en Chile, en Argentina, en Brasil y en otros países.

Asusta que la gente no comprenda, porque sentir que el Estado no protege tus derechos, sino que te persigue, te tortura, te quema, te hace desaparecer por tus ideas, es algo terrible. O sea, no poder vivir en tranquilidad en tu propio país. Eso es algo que quizás las nuevas generaciones no han vivido. Hay que cuidar la democracia. Y el cuidado de la democracia pasa por el respeto irrestricto a cada uno de los derechos humanos de los ciudadanos.

Ahora vemos que prima en el mundo el individualismo el “sálvese quien pueda”, el “yo me salvo solo”, sin importar lo que pasa con el otro; se impone el castigo y la pena frente a problemas sociales graves como la delincuencia, que todos sabemos que tiene causas múltiples.

Y cada vez que un país subdesarrollado como Chile quiere avanzar hacia lo que ocurre en los países desarrollados, como donde yo vivo, Canadá, donde el Estado se hace cargo de la educación, de la salud, de las pensiones y del transporte, inmediatamente a todos se nos trata de comunistas. Y donde yo vivo es una sociedad socialdemócrata.

Se ridiculizan y se banalizan las discusiones cuando uno habla de derechos que el mundo desarrollado ya tiene. Es triste ver cómo se banalizan las discusiones y se niega algo que fue tan reconocido por toda la comunidad internacional. En el Informe Rettig y en el Informe Valech están acreditadas todas las violaciones a los derechos humanos que cometió la dictadura civil-militar de Pinochet y la derecha chilena. Aun así, a pesar de que hay veredictos de la Corte Suprema, informes internacionales e informes nacionales, la gente no quiere ver la realidad porque ideologiza lo que son los derechos humanos.

― En función de lo que señala, a pesar de que está documentado por diferentes informes, también por fallos de la Corte Suprema y por tribunales internacionales, han surgido discusiones sobre posibles beneficios e indultos para criminales de lesa humanidad desde sectores que hoy están en el Gobierno. ¿Qué opinas de esa discusión?

Esa discusión viene desde el gobierno de (Eduardo) Frei. Siempre se trata de crear leyes de amnistía para perdonar a los violadores de los derechos humanos. Siempre las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos han tenido que estar a la defensiva. Siempre hipervigilantes para que esto no suceda, porque es una señal pésima para las nuevas generaciones y para nosotros, las víctimas, respecto de cuál es el compromiso real del Estado con la protección y la defensa de los derechos humanos, con la verdad, la justicia y la memoria.

Personas que están condenadas a más de mil años de cárcel por distintos crímenes, como Krassnoff y Espinoza. ¿Cómo se puede pensar en liberar a esa calaña de delincuentes asesinos, responsables de la muerte de personas de manera masiva?

Si ni siquiera en vida van a poder cumplir esas penas, ¿cómo se les va a perdonar crímenes tan graves? ¿Cómo se van a indultar crímenes tan graves? Es una pésima señal tanto para las nuevas generaciones como para la humanidad.

En primer lugar, estos son considerados por la comunidad internacional y por el propio Estado chileno como crímenes contra la humanidad. Cuando el Estado agrede a un grupo de personas por sus ideas, son crímenes contra la humanidad que no se pueden amnistiar y no prescriben. Es una pésima señal y ojalá esto no ocurra.

― ¿Cuál es la importancia de que las nuevas generaciones preserven la memoria y la justicia y conozcan lo que realmente pasó en los tiempos de la dictadura civil-militar?

Las nuevas generaciones son las responsables de construir nuestro país, de construir lo que queremos y dónde queremos vivir. Ellos portan esta responsabilidad y, para hacerse responsables, hay que hacerse cargo de la historia. Hacerse cargo de la historia no significa vivir en el pasado, significa aprender del pasado para no repetirlo en el futuro. Y ya tuvimos un atisbo de repetición con el estallido social y la represión que hubo en ese momento.

Las nuevas generaciones deberían conocer bien la historia, conocer cómo se instala un gobierno dictatorial por la fuerza, desconociendo todas las instancias democráticas para resolver conflictos sociales que no fueron utilizadas, sino que se usaron las armas, la fuerza y la violencia contra un gobierno democráticamente elegido, como fue el gobierno de Salvador Allende.

Yo viví prácticamente toda mi vida juvenil en dictadura, saber lo que es vivir en democracia y contrastarlo con lo que es vivir en dictadura es un shock. Porque en dictadura, por ejemplo, en la universidad uno no sabía si el compañero de al lado era un informante o un infiltrado que podía denunciarte por tener ideas diferentes. Ibas a clases y estaba la policía persiguiéndote o persiguiendo a los estudiantes. Ibas en la micro, entraba la CNI y pedía los documentos. Te enterabas de que un compañero de otra carrera había desaparecido y nunca más se supo de él. En la calle, en las protestas, veías cómo se disparaba contra otros estudiantes. La represión constante y el miedo. En las noches, ese silencio sordo que se vivía, ese miedo, es algo traumático y doloroso. Y espero que nunca vuelva.

Es fuerte lo que vivimos quienes pertenecemos a la generación que vivió la dictadura, y ojalá que nunca vuelva a ocurrir eso en nuestro país.

― A propósito de estos 40 años, del brutal crimen del cual usted y Rodrigo fueron víctimas, ¿cuál es su reflexión?

Creo que hay sectores en nuestro país que están realmente comprometidos con los derechos humanos y comprenden la concepción profunda de lo que significa el respeto a los derechos humanos.

Tengo esperanza en que los jóvenes de las nuevas generaciones van a comprender la importancia de cuidar la democracia, y que ese cuidado pasa por el respeto a los derechos humanos.

Esto que me sucedió a mí marcó un antes y un después en mi familia y en la familia de Rodrigo. Una parte de la familia vivió en Chile y otra acá. Nos separamos para siempre, aunque mantenemos los lazos familiares.

Pero es terrible ver cómo la humanidad está retrocediendo en esta etapa. Espero que esta etapa que estamos viviendo se acabe pronto y podamos nuevamente respirar y volver a recuperar la esperanza en un mundo más justo, solidario, en donde el amor, la compasión y la solidaridad primen.

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En este momento, las rondas de presentación y preguntas frente al consejo son particularmente claves. Para entenderlo con una analogía, si el puesto de secretario general es el de un papa laico, entonces este es el cónclave. 

En las reuniones privadas con los 15 miembros del consejo, incluidos los cinco permanentes con derecho a veto: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China (también llamados P5), es donde realmente se define quién tiene opciones reales de avanzar.

Bachelet y sus rivales

Entre las candidaturas, una de las figuras más relevantes es la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien ya sostuvo su encuentro con el Consejo. Tras la reunión, la evaluación fue positiva, destacando un diálogo fluido y constructivo. Su perfil es de los más competitivos y con mayor experiencia para ocupar el cargo. Dos veces presidenta, ex alta comisionada de derechos humanos y exdirectora de ONU Mujeres, la posicionan como una de las figuras con más peso político global.

Sin embargo, no compite sola. En total son seis candidaturas que reflejan distintas visiones sobre cómo reformar o conducir Naciones Unidas en este momento crítico.

Otra de las candidatas más fuertes es la costarricense Rebeca Grynspan, economista y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Su perfil es más técnico, menos político, y eso juega a su favor ante un Consejo de Seguridad altamente polarizado. Propone reformas estructurales al sistema financiero internacional y el uso intensivo de datos para anticipar crisis. Su principal fortaleza es precisamente esa, aparece como una candidata de consenso, capaz de evitar vetos entre las grandes potencias.

En paralelo, surge la figura del argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Su experiencia en temas de seguridad internacional es indiscutida, especialmente en escenarios complejos como Ucrania o las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Su propuesta apunta a una ONU más ágil y operativa. Sin embargo, enfrenta dos obstáculos importantes. Por un lado, la presión para que la próxima secretaria general sea mujer, y por otro, las dinámicas geopolíticas que condicionan su viabilidad.

También está en carrera el expresidente de Senegal, Macky Sall, quien representa una alternativa fuera del eje latinoamericano. Su discurso se centra en una gobernanza global más equitativa, con especial énfasis en la representación de África en el Consejo de Seguridad. No obstante, su candidatura enfrenta el peso de la rotación regional no escrita, que en este ciclo favorece a América Latina y el Caribe, además de no ser apoyado por su país.

Desde la región también compite la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU. Su propuesta busca recuperar la legitimidad del multilateralismo desde lo local, con énfasis en prevención de crisis y justicia climática. Aun así, su debilidad radica en la falta de apoyo sólido de su propio país, lo que limita su proyección en un proceso altamente politizado.

La lista termina con Carolyn Rodrigues Birkett, la última en sumarse a la carrera. Representante de Guyana, encarna una candidatura más reciente y con fuerte énfasis en los pequeños estados insulares y el cambio climático. Su perfil resulta atractivo para países medianos y pequeños, aunque aún aparece como una opción más dentro de la competencia.

Volviendo a Bachelet, su candidatura sigue siendo una de las más fuertes, pese a haber perdido el respaldo oficial de Chile tras el cambio de gobierno, en una de las decisiones más polémicas y cuestionadas de la tradición diplomática chilena. Mantiene el patrocinio de Brasil, México y el respaldo de Colombia, las tres mayores economías de la región, lo que le permite sostener una base política relevante. Su propuesta gira en torno a la diplomacia preventiva, los derechos humanos y una ONU más eficiente. Pero enfrenta el riesgo de un eventual veto de Estados Unidos, donde ya senadores republicanos han cuestionado su perfil.

El contexto es el caos

Ahora bien, más allá de los nombres, lo central es entender el contexto en el que se desarrolla esta elección. El propio secretario general saliente, Antonio Guterres, lo resumió como “el contexto es el caos”. El organismo enfrenta al menos cuatro grandes crisis estructurales.

La primera es la fractura geopolítica del Consejo de Seguridad que está prácticamente paralizado por el uso constante del veto. Conflictos como Ucrania, Gaza, Irán o Sudán evidencian que las grandes potencias están optando por acciones unilaterales, debilitando el rol de la ONU como espacio de mediación.

La segunda es la mayor crisis financiera en 80 años. La organización enfrenta un déficit histórico debido al retraso en el pago de cuotas por parte de los estados miembros. Incluso se ha advertido que podría no haber fondos suficientes para cubrir salarios en los próximos meses. En este punto, el rol de Estados Unidos es clave, dado que mantiene una deuda millonaria con la institución que se niega a pagar.

El tercer problema es la obsolescencia institucional. Las estructuras de poder de la ONU siguen reflejando el orden mundial de la posguerra, completamente desfasado respecto a la realidad actual. A esto se suma el estancamiento de la Agenda 2030, con la mayoría de sus metas lejos de cumplirse por falta de financiamiento.

Y finalmente, está la tensión entre transparencia y realpolitik. Si bien el proceso de elección es hoy más abierto que en el pasado, con audiencias públicas y mayor exposición, la decisión final sigue dependiendo del Consejo de Seguridad, en particular, de los cinco miembros permanentes, donde las reuniones de pasillo y sesiones privadas son por lejos mucho más determinantes que cualquier cosa.

La realpolitik

En este escenario, hay dos grandes factores que cruzan toda la elección. Por un lado, la fuerte presión para que la próxima secretaria general sea la primera mujer en la historia del organismo. Y por otro, la expectativa de que el cargo recaiga en América Latina y el Caribe, siguiendo la lógica de rotación regional.

Pero estas reglas no escritas funcionan mientras no choquen con los intereses de las grandes potencias. Cuando el escenario global se tensiona, como ocurre hoy, la lógica cambia y lo que prima es evitar conflictos y garantizar estabilidad mínima.

Candidaturas con alto peso político, como la de Bachelet, pueden volverse más vulnerables precisamente por su perfil. Para las potencias, una figura fuerte e independiente puede ser vista como un riesgo. En cambio, perfiles más técnicos y menos confrontacionales, como el de Grynspan, ganan terreno.

Además, América Latina llega fragmentada. No hay un candidato único de consenso. Chile retiró su apoyo a Bachelet, Ecuador no respalda a Espinosa y Argentina impulsa a su propio candidato. Esta división debilita a la región y abre espacio para alternativas externas.

En definitiva, lo que hoy parece un consenso —una mujer latinoamericana al mando— depende de que todo lo demás se mantenga estable. Y en el mundo actual, eso es precisamente lo que no está ocurriendo.

Quien asuma en 2027 no llegará a administrar una organización en calma, sino a intentar evitar su irrelevancia. Más que liderar la paz, tendrá que reconstruir la legitimidad de un sistema multilateral que hoy enfrenta su mayor prueba desde que fue fundada.

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La economía volvió a contraerse en mayo y su retroceso respondió principalmente a la fuerte baja de la actividad minera, mientras el comercio y los servicios mostraron avances que resultaron insuficientes para compensar el deterioro del sector productor de bienes.

La producción de bienes cayó 4,7% anual, arrastrada por una disminución de 11,6% en la minería debido a una menor extracción de cobre. La industria manufacturera retrocedió 1,7%, afectada por la menor elaboración de productos pesqueros, mientras el resto de los bienes no registró variación. En contraste, el comercio aumentó 0,8%, impulsado por mayores ventas en el retail, el sector automotor y el comercio electrónico. Los servicios crecieron 1,0%, con alzas en salud y educación, aunque persistieron bajas en servicios empresariales y transporte. El Imacec no minero avanzó 0,7% en doce meses, pero cayó 0,3% frente a abril en términos desestacionalizados.

El economista Patricio Rojas afirmó que “esta es una tendencia que se viene observando desde fines del año 2025” y la economía chilena a partir de fines de dicho año “presentó una desaceleración que se ha intensificado en estos últimos meses”. 

El magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile sostuvo que, tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, “había una expectativa bastante más optimista respecto a la evolución de la economía chilena”, especialmente en inversión y sectores como la construcción, lo que “no ha ocurrido”. En su análisis, planteó que “el efecto que ha tenido en demanda interna ha sido bien importante”, en un contexto de menor dinamismo del consumo y la inversión.

El economista indicó que “el Banco Central ajustó fuertemente las expectativas de inversión” desde rangos de 4% a 5% a niveles cercanos a 2,2%, y añadió que, en su visión, “puede ser incluso algo menor, más cerca de 1,8%”. Sobre el consumo privado, señaló que las proyecciones “han sido ajustadas a la baja” desde 2,3% o 2,4% a niveles cercanos a 1,8%. Rojas agregó que “la economía chilena en el primer semestre del año está cayendo en torno a un 0,4% a 0,5%”, lo que hace difícil sostener un crecimiento cercano al 2% anual. 

Sobre el escenario futuro, afirmó que “es bastante probable que la economía crezca mucho más cerca del 1% en el año 2026”. En su diagnóstico general, sostuvo además que el Ejecutivo tuvo “una lectura un poquito más auspiciosa de lo que puede estar pasando en la economía”, lo que, a su juicio, retrasó medidas de reactivación.

Ante el Imacec de mayo, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas Valdés, afirmó que “el mandato confirma lo que ya dijimos” y que la economía está “estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”. Además, llamó a aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional y desarrollo económico para reactivar el crecimiento y el empleo.

Desde la oposición, la diputada Ana María Gazmuri señaló que “las promesas de crecimiento, de inversión y reactivación económica siguen sin materializarse”. Sumó que el Imacec “confirma una nueva caída de la actividad económica” y alertó de efectos en las pymes, el empleo y el costo de la vida.

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La firma de estos instrumentos se efectuó en el Palacio de Gobierno, en Asunción, en el marco de la visita oficial al país y de su participación en la Cumbre del Mercosur y Estados Asociados.

Durante el encuentro, ambos mandatarios y sus respectivas delegaciones abordaron temas de interés común orientados a profundizar la relación política, económica y de seguridad entre ambas naciones. Posteriormente, encabezaron en el Salón Independencia la firma de tres acuerdos bilaterales.

Los instrumentos corresponden a un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio; un memorándum de entendimiento entre los Ministerios del Interior de Chile y Paraguay; y otro memorándum para fortalecer la prevención, investigación y asistencia a víctimas de trata de personas.

Los acuerdos fueron suscritos por los cancilleres de ambos países: Rubén Ramírez Lezcano, por Paraguay, y Francisco Pérez Mackenna, por Chile.

El convenio de cooperación tributaria busca impedir que una misma renta o patrimonio sea gravada en ambos países, además de establecer mecanismos para prevenir la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, incorpora estándares internacionales que otorgan mayor seguridad jurídica y previsibilidad a las personas y empresas que desarrollan actividades económicas entre Paraguay y Chile.

Por su parte, el memorándum que fortalece la respuesta frente a la trata de personas promueve una atención integral a las víctimas, basada en el respeto de los derechos humanos, la confidencialidad, la no revictimización y la cooperación internacional. También prevé la elaboración de un plan de trabajo conjunto y mecanismos de seguimiento para evaluar los avances de las acciones acordadas.

Tras la firma, ambos jefes de Estado realizaron una declaración conjunta. El Presidente Kast valoró los acuerdos suscritos y los calificó como “pasos muy importantes” para mejorar la economía y profundizar el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Aseguró que se trata de una “luz de esperanza” para ir mejorando la situación económica, y destacó especialmente el avance del corredor bioceánico que unirá el Pacífico con el Atlántico.

“En momentos en que hay crisis a nivel mundial, nosotros damos la señal contraria de que es posible la unidad, la unidad comercial, la unidad de intereses para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, señaló el mandatario.

Declaración conjunta

En el documento, ambos presidentes acordaron:

• Fortalecer el diálogo político permanente y la cooperación estratégica entre ambos países.

• Impulsar la integración física y económica del Cono Sur como eje para el desarrollo regional.

• Promover nuevas oportunidades de comercio e inversión, destacando el dinamismo del intercambio bilateral y el papel de Chile como uno de los principales inversionistas en Paraguay.

• Consolidar un marco jurídico más moderno y previsible para la actividad económica mediante el convenio para evitar la doble imposición y el fortalecimiento del Acuerdo Comercial Bilateral.

• Continuar impulsando el Corredor Bioceánico Vial como infraestructura estratégica para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, generar inversiones, fortalecer la logística y crear nuevas oportunidades de desarrollo para la región.

Además, ambos jefes de Estado reafirmaron su compromiso de:

• Fortalecer la coordinación frente a la delincuencia organizada transnacional mediante el intercambio de información y el trabajo conjunto entre las instituciones competentes.

• Impulsar acciones coordinadas en materia de seguridad, control fronterizo, migración, aduanas, inteligencia y cooperación judicial.

• Consolidar la cooperación para prevenir y combatir la trata de personas, así como brindar mayor protección y asistencia a las víctimas.

• Profundizar la cooperación bilateral en áreas como ciencia, innovación, educación, cultura, turismo, deporte, asuntos consulares y migratorios.

• Mantener una agenda permanente de trabajo que contribuya al desarrollo de ambos países y al fortalecimiento de la integración regional.

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El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, informó que la positividad de los exámenes para virus respiratorios llegó al 51,4% —levemente menor a la de la semana epidemiológica anterior— y que los virus con mayor presencia son la Influenza tipo A, con un 25,9%, tipo B con 22,8%, Rinovirus con 20,5% y sincicial con 13,1%.

Sobre la Influenza tipo B, la autoridad sanitaria advirtió que se ha registrado un “inusual” aumento en su magnitud, así como también se ha presentado en una temporalidad diferente a la habitual. Por ello, el Minsal emitió una alerta epidemiológica respecto a este virus que entrega directrices a los servicios de Salud.

Vilches indicó que la medida aborda “ámbitos relacionados a la gestión clínica de los casos que se presenten en la red asistencial, elementos que favorecen la vacunación para acercar esta herramienta inmunopreventiva a la comunidad y también entrega directrices respecto a la comunicación de riesgo que se tiene que ejecutar en cada territorio”.

“En ese sentido, queremos recordarles que el virus de la Influenza B presenta síntomas similares a los de la Influenza A, estos son: fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, entre otros; y lo que sí es importante recordar es que el virus de la Influenza B, al igual que la Influenza A, tiende a afectar de manera más grave y con riesgo de producir la muerte, en los extremos de la vida”, señaló.

El jefe de Epidemiología además se refirió al avance en la campaña de vacunación contra la influenza, que llegó al 76,2% de las personas en grupos objetivo, equivalentes a más siete millones 900 mil dosis.

Vilches también dio cuenta de una cobertura más baja en el caso de las mujeres embarazadas (67%), niños entre seis meses y cinco años (61,1%) y mayores de 60 (60,9%).

Por otra parte, reportó que en el caso de la vacuna contra el Covid-19, ya se han administrado más de 560 mil dosis; y que en el caso del medicamento nirsevimab, para el virus sincicial, la cobertura llega al 96,9%.

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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales explicó que el mandato de la mesa fue elaborar propuestas concretas para enfrentar la situación del mercado laboral y no volver a insistir en un diagnóstico que, a su juicio, ya es conocido.

“Lo que se nos pidió fue no concentrarnos tanto en el diagnóstico, sino tratar de llegar con algunas propuestas concretas que pudieran servir tanto para la coyuntura como también para algunas reformas que habría que impulsar”, señaló.

Bravo explicó que el trabajo incluyó audiencias con 40 organizaciones y la revisión de más de 80 propuestas antes de consensuar un conjunto de 22 recomendaciones. Según el académico, todas las medidas tienen un foco común: favorecer la contratación de los grupos que hoy enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo formal.

“Tenemos que mirar a las mujeres, tenemos que mirar a los jóvenes, tenemos que mirar a las pymes“, sostuvo. A esos grupos sumó a las personas que actualmente se encuentran desocupadas, afirmando que son quienes tienen menor capacidad de representación y requieren una respuesta prioritaria.

Uno de los puntos que concentró las críticas de la opinión pública fue la propuesta relacionada con la jornada laboral, pues se instaló la idea de que el informe abría la puerta a semanas de trabajo de hasta 52 horas. Bravo rechazó esa interpretación y afirmó que corresponde a una lectura incompleta del documento.

“La reducción de la jornada laboral es una medida positiva que apunta a mejorar el bienestar de las personas, si es que tienen empleo“, afirmó.

Agregó que la propuesta apunta a ampliar el período en que las horas pueden distribuirse, mecanismo que, según explicó, ya utilizan varios países de la OCDE para facilitar la adaptación de las empresas a la reducción de la jornada. Además, sostuvo que el límite de 52 horas semanales corresponde a una norma que ya existe en la legislación vigente y no a una innovación contenida en las recomendaciones.

En cuanto a la propuesta de evaluar cambios al sistema de indemnización por años de servicio, Bravo señaló que el informe no plantea una fórmula definitiva, sino que abre un debate sobre mecanismos que permitan compatibilizar la protección de los trabajadores con mayores incentivos a la contratación. 

“La cotización tiene que ser de cargo del empleador y, evidentemente, en el contexto en que nos encontramos hoy día, para que algo así sea factible, creo que tiene que ser solamente para los nuevos contratos“, indicó.

El economista también abordó la propuesta de revisar la causal de despido por necesidades de la empresa. De acuerdo al economista, la creciente judicialización de estos procesos ha incrementado la incertidumbre para las empresas, especialmente las de menor tamaño. “Si una empresa tiene un costo para despedir a un trabajador que no sabe cuál es, en la práctica vamos a tener costos de contratación mucho mayores y va a haber menos empleo y menos empleo formal”, advirtió.

En tanto, Bravo insistió en que las cifras de desempleo muestran un escenario complejo y que las políticas públicas deben concentrarse en recuperar el empleo formal: “Estamos en una emergencia, hay que actuar como que estamos en una emergencia y ahí deberíamos estar básicamente todos trabajando por eso“.

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De acuerdo a lo informado por las autoridades de La Moneda, las nuevas investigaciones se realizaron en cuatro ministerios y respondieron a la detección de antecedentes que requieren una revisión más profunda, así como la eventual determinación de responsabilidades.

El comité dio cuenta de alertas en materia de transferencias a fundaciones y contratación pública. La fiscalización reveló que más de $1,4 billones transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no acreditan su rendición de cuentas.

“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, dijo la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien preside el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.

Ministerios bajo la lupa: ¿Dónde se ordenaron nuevas investigaciones?

La autoridad instruyó revisiones profundas en cuatro carteras clave para determinar responsabilidades administrativas:

• Ministerio del Deporte: se investiga al Instituto Nacional de Deportes (IND) por la administración y transferencia de recursos.
• Ministerio de Energía: la Agencia de Sostenibilidad Energética está bajo revisión por ejecución de programas y contrataciones.
• Ministerio de Agricultura: se auditan las transferencias a organismos ejecutores y la regularidad de sus compras.
• Ministerio de Salud (Minsal): la fiscalización apunta a las compras y contrataciones de subsecretarías y entidades dependientes.

Radiografía a las fundaciones: Cifras que alertan al Estado

El informe del período 2022-2026 arrojó los siguientes datos sobre el destino del dinero de todos los chilenos:

• De un total de $5,4 billones transferidos a fundaciones, $1,4 billones no tienen acreditación de gasto.
• Las entidades con el comportamiento más grave son el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

El foco de atención se puso sobre las organizaciones creadas entre los años 2022 y 2026:

• Se crearon 177 fundaciones en este período, recibiendo más de $11 mil millones.
• El 60% de ese dinero (más de $6.500 millones) no cuenta con rendición acreditada.
• Un total de 79 fundaciones no registran ningún tipo de rendición ante el Estado.

Alerta en compras públicas: abuso del “Trato directo”

La investigación detectó un uso intensivo y sospechoso de contrataciones sin licitación pública. Ciertos servicios realizaron más de la mitad de sus compras mediante trato directo.

Organismos con más compras sin licitación: 

• Centro de Información de Recursos Naturales.
• Servicio de Salud Sur.
• Subsecretaría de Derechos Humanos.

Además, se duplicó el uso de las causales de “proveedor único” y “confianza y seguridad”.

La causal de “emergencia” superó en un 17% a la utilizada durante la peor época de la pandemia del Covid-19, lo que obligará a una revisión exhaustiva, según apuntó el Gobierno.

Avances de casos anteriores: dinero devuelto y denuncias penales

El comité también entregó actualizaciones sobre los fraudes reportados en la sesión anterior:

• Junaeb: el Gobierno denunció al Ministerio Público el pago de $14 mil millones por raciones de alimentos que nunca se entregaron.
• Ministerio de Transportes: se logró regularizar más del 80% de los $30 mil millones heredados sin respaldo, normalizando el pago a proveedores de regiones.
• Ministerio de Ciencia: se solicitó una auditoría externa a la Contraloría General por incumplimientos de $100 mil millones en el programa Becas Chile, además de la realización de una auditoría interna.
• Ministerio de la Mujer: debido a que en las últimas semanas surgieron nuevas alertas, se hizo necesario ampliar el alcance de la investigación.

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Una institución que nació para poner un precio al despido

Para entender lo que está en juego conviene volver al origen. La indemnización por años de servicio no apareció en Chile por capricho ni como una dádiva del legislador. Nació en el Código del Trabajo de 1931, cuando el país recién empezaba a regular la relación entre capital y trabajo, después de décadas de cuestión social, huelgas y represión. La idea de fondo era simple, aunque radical para la época: un trabajador no es una pieza que se contrata y se desecha sin consecuencias. Cada año de servicio va construyendo una relación de confianza, de dependencia económica, de un proyecto de vida que se organiza alrededor de un empleo. Romper esa relación de un día para otro, sin una causa que lo justifique, tenía que costarle algo a quien la quiebra.

Esa lógica se mantuvo bastante intacta hasta la dictadura. El Plan Laboral de José Piñera, entre 1978 y 1981, fue el primer gran golpe a esta institución: introdujo el tope de once años de indemnización, que hasta entonces no existía, y dejó instalada una idea que después se volvería sentido común para buena parte del empresariado chileno: la estabilidad laboral es un costo que hay que bajar, no un derecho que hay que resguardar. Desde entonces, cada vez que se habla de “modernizar” el mercado del trabajo, la indemnización por años de servicio es de las primeras fichas que se mueven.

Lo que propone ahora el gobierno de Kast no es un ajuste al tope ni un cambio de fórmula. Es otra cosa: reemplazar el mecanismo completo. En vez de que la empresa pague, al momento del despido, un mes de sueldo por cada año trabajado, se busca instalar un ahorro individual —financiado, según las distintas versiones que ha circulado la propuesta, total o parcialmente por el propio trabajador— que se va acumulando desde el primer día y que se puede retirar al terminar la relación laboral, sin importar la causa.

El argumento a favor tiene una lógica económica que no es difícil de reconocer: el sistema actual encarece el despido, sobre todo en empresas pequeñas, y eso —se dice— frena la contratación. Ese dato, repetido casi siempre sin contexto, esconde algo importante: el costo alto no es un error de diseño, es el diseño. La indemnización por años de servicio no busca ser barata, busca ser disuasiva. Es, sobre todo, un freno al ejercicio sin límites del poder del empleador: si despedir cuesta, la empresa lo piensa dos veces antes de hacerlo, y cuando lo hace, el trabajador no queda completamente a la deriva.

Eso es justamente lo que se pierde cuando el costo del despido pasa del empleador al trabajador, a través de una cuenta individual que él mismo financia con su remuneración. La indemnización deja de funcionar como una sanción al despido y se transforma en un seguro que cada persona se paga a sí misma. El despido queda, en los hechos, neutralizado: ya no importa si fue arbitrario, injustificado o motivado por razones que no se pueden decir en voz alta, porque el trabajador va a recibir lo mismo —lo que él mismo ahorró— sin que el empleador asuma ningún costo adicional por la decisión de desvincularlo. Es la misma lógica de individualización del riesgo que ya conocemos por las AFP, aplicada esta vez al empleo: cada uno se hace cargo de su propia cesantía, mientras la empresa queda liberada de responsabilidad.

La continuidad laboral, un principio que va quedando en el camino

Detrás de la indemnización por años de servicio hay un principio que el derecho laboral chileno reconoce, aunque hoy esté bastante debilitado: el principio de continuidad laboral. Parte de una premisa que suena obvia pero que tiene consecuencias enormes: el contrato de trabajo no es un intercambio puntual, como comprar pan; es una relación que se prolonga en el tiempo y que, por eso mismo, debería tender a conservarse. Bajo esa lógica, la ley no es neutral entre mantener un contrato y terminarlo: favorece que la relación continúe, porque ahí se protege la estabilidad económica y vital de quien vive de un sueldo.

La indemnización por años de servicio es, probablemente, la expresión más concreta de ese principio en la legislación chilena. Premia la permanencia  —a más años, más indemnización — y castiga económicamente la ruptura sin causa. Cuando se reemplaza por una cuenta individual que se acumula igual, sin importar cuánto duró el contrato, y que se puede retirar incluso si el trabajador renuncia por su cuenta, ese vínculo entre antigüedad y protección se corta. Ya no hay premio a la permanencia: al sistema le da lo mismo si la relación duró tres meses o quince años. Importa cuánto se ahorró, no cuánto se construyó.

Uno de los argumentos que más se repiten entre los defensores de este cambio —incluido el actual ministro del Trabajo, Tomás Rau, antes de asumir el cargo— es que buena parte de los contratos en Chile duran menos de un año y nunca llega a generar derecho a indemnización, lo que probaría que el sistema actual “no protege a nadie”. Es un dato real, pero usado al revés. Que casi un 40% de las relaciones laborales sean tan breves que no alcanzan a indemnizar no es un argumento contra el sistema de indemnización, sino un síntoma de la precariedad estructural del empleo en Chile, algo que un nuevo esquema de ahorro individual no resuelve, porque el problema no es cómo se indemniza al final del contrato, sino por qué los contratos no duran.

Reemplazar la institución que protege la permanencia por un mecanismo que es indiferente a la rotación no ataca la precariedad: la institucionaliza, y de paso le pone un nombre más presentable —”modernización”, “flexibilidad”, “certeza jurídica”.

Es cierto, y el propio gobierno lo reconoce, que la indemnización a todo evento significaría, en pesos, un beneficio menor al que existe hoy para un trabajador con muchos años en la misma empresa. Pero medir esta reforma solo en dinero es no entender lo que realmente está en juego. La indemnización por años de servicio nunca fue solo una transferencia de plata al momento del despido. Es, a la vez, una de las pocas barreras materiales contra el despido arbitrario, un reconocimiento de que el tiempo trabajado genera derechos, y una de las herramientas que sostiene la posición negociadora de los sindicatos: si despedir es caro, organizarse tiene menos riesgo. Si despedir se vuelve prácticamente gratis —porque el costo ya lo pagó el trabajador, por adelantado y en cuotas—, la amenaza del despido pesa menos sobre el empleador y más sobre cualquiera que intente ejercer un derecho colectivo.

El propio gobierno ha dicho que “no se trata de eliminar la indemnización, sino de modernizarla”. Es una frase que conviene escuchar con escepticismo informado, no porque sea necesariamente falsa, sino porque la historia de esta institución en Chile —desde el Plan Laboral de 1981 en adelante— muestra un patrón bastante consistente: cada “modernización” ha significado, en los hechos, menos protección y más costo trasladado al trabajador. No hay ninguna razón para pensar que esta vez el patrón se va a invertir solo porque el nombre del proyecto suene mejor.

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