La actividad se desarrolló a las 11:00 horas en la Casa del Arte Diego Rivera, en Puerto Montt, y contó con una presentación artística de la narradora oral Gabriela Pizarro. La iniciativa, impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a la Mesa Regional de Artes Escénicas, constituye una herramienta para dar a conocer la diversidad de propuestas artísticas que existen en el territorio.

El catálogo contempla disciplinas como teatro, danza, artes circenses, títeres y marionetas, narración oral, ópera y diseño escénico, y permite consultar perfiles de artistas y agentes culturales en un solo espacio digital.

Una vitrina para la creación regional

Durante el lanzamiento, Karen Lindh Aguilar, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Los Lagos, destacó la importancia de esta iniciativa para difundir la oferta artística regional e invitó a los creadores a incorporarse a la plataforma.

“Hoy día estamos muy contentos de dar esta buena noticia que es el lanzamiento de este catálogo web que viene desde las artes escénicas a mostrar la oferta que existe en la región de Los Lagos. La invitación es a que más se sumen a esta plataforma, se inscriban y que de esta forma van a tener una vitrina para que el municipio, las organizaciones culturales puedan ver cuál es la oferta de artistas que hay en la región de Los Lagos”, señaló.

La plataforma busca responder a una necesidad del sector: contar con un espacio accesible para conocer quiénes son los artistas de la región, qué disciplinas desarrollan y qué propuestas pueden ofrecer a instituciones y organizaciones interesadas en programar actividades culturales.

En esa misma línea, Francisca París, directora de la Corporación Cultural, valoró el aporte del catálogo al ecosistema artístico regional.

“Creo que esto es enriquecedor para todo el ecosistema cultural de la Región de Los Lagos, pero también es una tremenda plataforma de visibilización para los trabajadores del arte y la cultura”, afirmó.

París también destacó la utilidad de la herramienta para municipios, establecimientos educacionales, empresas y otros actores que buscan conocer las creaciones locales. Asimismo, llamó a los artistas a sumarse y aportar información para que la plataforma represente el trabajo que se desarrolla cotidianamente en el territorio.

Una iniciativa que apuesta por el trabajo en red

Para Patricia Tamargo, pedagoga teatral y cuentacuentos, la puesta en marcha del catálogo representa un avance significativo para quienes desarrollan su trabajo artístico en la región.

“Estoy feliz de haber logrado este triunfo, diría yo, de la Mesa Territorial de las Artes Escénicas. Creo que es sumamente importante visibilizar la labor que hacemos, por un lado, y por otro lado, que se sepa qué hacemos y que pueda multiplicarse, que toda la gente se incorpore también, todos los artistas de acá, de la zona de Los Lagos”, expresó.

Tamargo destacó, además, el carácter innovador de la plataforma y la importancia de que siga creciendo con la participación de más creadores. En ese sentido, invitó a artistas y agentes culturales a incorporarse para fortalecer los vínculos y la colaboración entre quienes integran el sector.

“Invito a todos los artistas de la zona, a todos los articuladores de este territorio, que realmente puedan ingresar y que podamos conocernos y así crear una fuerte alianza entre todos los artistas que tanto necesitamos unirnos a hacer esta red y que podamos también darnos a conocer con nuestras obras y nuestro arte”, agregó.

Por su parte, Manuel Vidal, representante de teatro de la Mesa Regional de Artes Escénicas, destacó que el sitio reúne el trabajo de cerca de un centenar de artistas de distintas disciplinas y valoró su potencial para promover la circulación de las creaciones regionales.

“Les invitamos a que visiten esta página para que permita circular obras, trabajos, artistas en los distintos puntos de la región de Los Lagos”, señaló.

Cómo ser parte del catálogo

La participación de artistas, compañías y agentes culturales será clave para consolidar esta plataforma como una vitrina representativa de las artes escénicas regionales. Su crecimiento permitirá ampliar el conocimiento de la oferta disponible y generar nuevas oportunidades de colaboración, programación y circulación de obras en las distintas comunas.

El catálogo ya se encuentra disponible en www.artistasdeloslagos.cl, donde las personas interesadas pueden conocer la oferta artística regional e incorporarse a esta iniciativa, que busca fortalecer las redes culturales y acercar las artes escénicas a nuevos públicos.

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La contraofensiva del Ejecutivo comenzó con una declaración del Presidente José Antonio Kast, en la que reconoció el error de su administración al conceder los beneficios. Sin embargo, el Mandatario habló de una falla del Estado en su conjunto y ratificó en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Este último es sindicado, al menos por la oposición, como el principal responsable de la rebaja de condenas. 

Kast afirmó que lo sencillo habría sido pedirle la renuncia al secretario de Estado, pero que prefirió optar por “el camino difícil”, que es “hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado”.

En esa línea, adelantó que el Gobierno presentará un proyecto de ley para subsanar el vacío legal que habría llevado a la rebaja de las condenas; apoyará mociones parlamentarias que apuntan en ese sentido; y que el Ejecutivo está revisando “caso a caso” los decretos que permitieron el otorgamiento de beneficios.

“Vamos a usar todas las herramientas legales y administrativas que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”, sostuvo.

Pocos después de las declaraciones de Kast, Fernando Rabat se reunió en las dependencias del Ministerio de Justicia con parlamentarios integrantes de las comisiones de Seguridad, Constitución y Derechos Humanos de ambas cámaras.

En la cita, a la que no asistió la oposición —el único representante del sector fue el senador PPD, Pedro Araya— el secretario de Estado acordó con los parlamentarios impulsar, además de la ley interpretativa que presentará el Ejecutivo para evitar nuevas rebajas de condena, modificaciones al decreto que regula los beneficios carcelarios, y poner urgencia al proyecto de ejecución de penas, de autoría del diputado del Partido Socialista (PS) Marcos Ilabaca.

La diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, afirmó que una de las acciones principales será “que se clarifique y se despeje el espacio de interpretación” que permitió que personas con sentencias previas al 2022 accedieran a la rebaja de condena.

Entre los diputados y senadores asistentes prevaleció el apoyo tanto a la decisión de mantener en su cargo al ministro Rabat como a las propuestas del Ejecutivo para subsanar la controversia. No obstante, a la salida del encuentro se insistió en una petición: que el Gobierno deje sin efecto los decretos de rebaja de condena ya concedidos y no solamente los otorgados durante la administración Kast.

El senador de Demócratas, Matías Walker, aseguró que le pidieron al ministro “agotar todas las vías, tanto del punto de vista administrativo como del punto de vista legislativo, para declararlos nulos para todos los efectos legales. Porque hubo una contravención de una norma específica que excluyó a los condenados por delitos sexuales sin hacer distinción de fechas”.

“Tiene que ser para los más de 300 casos, indudablemente, porque jamás debieron otorgarse esos beneficios”, agregó.

Consultado sobre la eventual anulación de los decretos, el vocero y subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, indicó que fue algo que el propio Presidente Kast le pidió al ministro Rabat. Esto, pese a que solo el viernes pasado el subsecretario señaló que no procedía una suspensión de los decretos. 

“El Presidente le pidió especialmente al ministro Rabat que en el proyecto de ley se considerará la forma de anular o suspender los decretos que están actualmente vigentes, no solamente los 56 de este gobierno, sino que también los más de 250 del gobierno anterior”, dijo.

Arenas aseguró que el Ejecutivo “buscará la fórmula”. Reconoció que “es difícil porque hay temas legales importantes, pero el ministro Rabat se comprometió a buscar esas fórmulas, impulsarlas y tratar de dar una respuesta lo antes posible”.

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El académico de la Universidad San Sebastián e investigador del Instituto Libertad, Hugo Jofré Rodríguez, atribuyó parte del resultado al comportamiento electoral en distintas regiones del país. “Lo fundamental para explicar el triunfo de Lula tiene que ver con el aumento de la participación en estados claves y también el aumento en el apoyo de Lula en los estados del nordeste que tuvieron un buen desempeño para el candidato del PT”, señaló.

Para Jofré, el resultado también tiene implicancias para las fuerzas progresistas de la región. “Sin lugar a dudas, el éxito de Lula en esta segunda vuelta le da un respiro a la izquierda latinoamericana porque luego de varias elecciones en que candidatos de distintas variedades de derechas se habían impuesto, logra poner fin a esta tendencia que habíamos visto en las últimas elecciones“, sostuvo.

La campaña brasileña también concentró la atención del gobierno estadounidense. Jofré recordó que “para Donald Trump la elección de Flávio Bolsonaro era muy relevante” y planteó que Lula ha conseguido poner freno a la expansión de candidaturas respaldadas por el mandatario estadounidense en la región.

En ese escenario, el investigador estimó que el presidente brasileño buscará mantener cierta distancia de Washington y diferenciarse de otros mandatarios de derecha que han aceptado con mayor facilidad las posiciones impulsadas por Trump.

Una oposición fortalecida

Pese a su triunfo, Lula deberá gobernar con una correlación de fuerzas adversa en el Congreso y con una mayoría de gobernadores que respalda al bolsonarismo. Jofré advirtió que “Lula deberá enfrentar un Congreso en el cual las distintas variedades de derechas son mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”.

A esa dificultad se suma que, según el investigador, “la mayoría de los 27 gobernadores electos son partidarios de Bolsonaro”. Por ello, el mandatario tendrá que negociar con sectores que se opusieron a su candidatura.

Jofré sostuvo que Lula se convertirá en “una suerte de contrapeso a los presidentes de derecha en la región“, aunque advirtió que deberá concentrarse en construir alianzas para sostener su gobierno y evitar eventuales juicios políticos impulsados desde las cámaras legislativas.

El investigador también mencionó la posibilidad de que Flávio Bolsonaro impulse mecanismos para revisar los resultados y cuestionar el desenlace electoral, a partir de sus declaraciones posteriores a la votación.

Los hitos de una elección histórica

Sebastián Depolo, exembajador de Chile en Brasil, identificó cuatro hitos en la victoria de Lula: su cuarto triunfo presidencial, los 64 millones de votos obtenidos, la remontada respecto de la primera vuelta y la alta participación electoral.

“El primer hito es que es el primer presidente que es cuatro veces electo democráticamente, entonces ya es un récord que rompe ayer Lula. El segundo récord que rompe es que es el presidente más votado en la historia de Brasil, con más de 60 millones de votos, 64 millones de votos en su elección”, explicó.

Lula también se convirtió en el primer candidato brasileño en ganar la presidencia después de quedar segundo en la primera vuelta. Para Depolo, la disputa estuvo marcada por la tensión entre dos proyectos políticos: “Lo que estamos viendo en Brasil es básicamente un fenómeno histórico, un punto muy crítico, donde la contienda estuvo entre la defensa de la democracia y el autoritarismo. Eso fue finalmente lo que terminó haciendo el clivaje central de la elección”, afirmó.

Entre ambas vueltas, celebradas con 21 días de diferencia, Lula sumó alrededor de diez millones de votos. Depolo detalló que tres millones correspondieron a personas que no habían participado en la primera ronda y otros siete millones a electores que habían apoyado a otros candidatos o votado en blanco.

“La movilización que lograron en 21 días con mucha épica, con mucha esperanza popular, con mucha ciudadanización, es decir, la apropiación de la idea de votar. Que votar Lula era votar democracia, que votar Lula era votar soberanía y eso creo que les marcó una diferencia gigantesca”, sostuvo.

Brasil, Washington y la integración regional

La victoria también tendrá efectos en el escenario latinoamericano. Depolo advirtió que un triunfo de Flávio Bolsonaro habría acercado a Brasil a la política de Donald Trump: “Si Brasil giraba también hacia la ultraderecha, lo que íbamos a tener es un alineamiento muy acrítico de Brasil con Washington y con la administración de Donald Trump“.

El exembajador calificó al gobierno estadounidense como “el Estados Unidos más injerencista desde Nixon” y cuestionó su visión de América Latina como patio trasero.

Para Chile, en tanto, planteó que el resultado abre una oportunidad para profundizar los vínculos con Brasil en materia comercial, de infraestructura e intercambio cultural, más allá de las diferencias ideológicas. “Brasil y Lula en particular, la cancillería brasileña, son súper pragmáticos. Hay que aprovechar esa oportunidad y seguir estrechando relaciones con Brasil“, señaló.

Depolo recordó que durante su gestión como embajador la sintonía entre los gobiernos facilitaba las conversaciones sobre democracia, derechos humanos, derechos de las mujeres y medioambiente. Sin embargo, sostuvo que la relación bilateral debe mantenerse incluso cuando no exista esa coincidencia política.

En ese escenario, llamó a evitar que la política exterior de los países latinoamericanos quede supeditada a Estados Unidos. “La postura de los países latinoamericanos no sea un copiar y pegar de lo que ordena Washington. Y creo que ese es el desafío“, afirmó.

Los desafíos económicos y de seguridad

En el plano interno, Lula deberá negociar con sectores de centro y centroderecha en un escenario marcado por el endeudamiento fiscal y las demandas sociales. “Brasil tiene una deuda fiscal muy importante, así que lo más probable es que tenga que negociar un ajuste fiscal”, indicó Depolo.

A esas dificultades se suma la situación de la clase media emergente brasileña, conocida como clase C, que, según el exembajador, se siente abandonada por el Estado pese a las políticas sociales impulsadas durante los gobiernos de Lula.

La seguridad será otro de los desafíos, en un país federal donde los estados tienen un papel central en esa materia. Depolo planteó la necesidad de coordinar al gobierno central con las administraciones estatales, incluso aquellas dirigidas por la oposición, tanto para perseguir delitos como para combatir el lavado de dinero que financia al crimen organizado. En ese contexto, mencionó la posibilidad de crear un ministerio de seguridad.

Depolo también apuntó a las lecciones que la campaña puede dejar a las fuerzas progresistas de la región, especialmente en materia de organización y participación ciudadana. “Hay muchas lecciones que sacar, de movilización, de la movilización digital, de nuevas formas de cómo incorporar, cómo hacer que la ciudadanía se sienta parte de una elección y no se sienta solo espectadora“, concluyó.

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El cuestionamiento apunta al decreto supremo N.º 68 de 2026, que modifica la OGUC y fue tomado de razón por la Contraloría General de la República. Entre sus disposiciones se encuentran cambios a las reglas de densidad habitacional, constructibilidad y estacionamientos, con efectos sobre la cantidad y las características de las viviendas que pueden edificarse en determinados terrenos. 

Los impulsores del requerimiento sostienen que estas modificaciones podrían permitir aumentos significativos en la construcción sin asegurar que los barrios cuenten con infraestructura sanitaria, servicios públicos, áreas verdes y equipamiento suficientes para responder a las necesidades de sus habitantes.

La diputada Ana María Gazmuri sostuvo que la modificación impulsada por el ministerio encabezado por Iván Poduje vulneraría disposiciones constitucionales relacionadas con las competencias del Ejecutivo y las atribuciones de los municipios. 

“Hay ciertos aspectos que vulneran artículos de la Constitución, como el número 6, el número 7, el número 32 número 6 y la 118, que tienen que ver justamente con el principio de jurisdicción, con los límites de las competencias del Ejecutivo y las atribuciones de los municipios, que aquí se han visto vulneradas con esta modificación que ha sido presentada por el Gobierno”, detalló.

Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia acusó al Ejecutivo de desconocer el trabajo acumulado por las instituciones vinculadas al desarrollo urbano y cuestionó la modificación de una herramienta que, a su juicio, debe estar al servicio de una planificación integral. 

“Este gobierno quiere borrar con el codo lo que durante décadas han construido las instituciones, que han construido el urbanismo en Chile”, afirmó. La legisladora también criticó la falta de respuestas del ministro Poduje sobre el retiro de disposiciones relacionadas con la consideración de amenazas como factor de riesgo al momento de construir. “No podemos tomar con simpleza lo que significa planificar una ciudad”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, advirtió que la experiencia de su comuna constituye un antecedente de los riesgos asociados a una densificación que no esté acompañada de infraestructura y equipamiento.

“Creíamos también que existía cierto consenso de carácter académico, consenso político, respecto a que lo que pasó en nuestra comuna es realmente una atrocidad. La falta de equipamiento, los problemas de infraestructura sanitaria que frecuentemente nosotros vivimos, hoy día se pueden replicar a través de esta medida que lo que va a permitir es que se pueda densificar con mayor volumen”, lamentó el jefe comunal.

Muñoz alertó que la modificación podría permitir la construcción de más departamentos en terrenos donde los planes reguladores comunales establecen condiciones distintas. Por ello, señaló que su preocupación no se limita a Estación Central, sino que se extiende a otras localidades del país. 

“Es importante dar cuenta que en lugares donde antes se permitía cierta cantidad de departamentos, hoy día se va a permitir más, pasando por encima de lo que hemos planteado en los distintos planos reguladores comunales”, afirmó. 

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respaldó el requerimiento y sostuvo que los cambios no pueden sustituir los mecanismos de planificación establecidos para las comunas y la región. “No se puede reemplazar por la vía administrativa, por un decreto hecho entre cuatro paredes, el trabajo de técnicos, ciudadanos y autoridades, tanto locales como regionales”, señaló.

“Si queremos tener una ciudad que sea más resiliente ante el cambio climático y que no construya nuevos guetos y mucho menos una hiperdensificación como la vivimos en el caso de Estación Central, que lo que quedó fue hacinamiento, no calidad de vida, tenemos que de alguna manera retomar la senda de empoderar a las autoridades subnacionales”, complementó.

En tanto, el profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Luis Eduardo Bresciani cuestionó el alcance de las disposiciones sobre densidad, altura y constructibilidad, al considerar que podrían alterar de manera sustantiva las condiciones establecidas en los instrumentos de planificación territorial.

“Una norma vía decreto presidencial que modifica, que triplica la cantidad de viviendas permitidas en un plan regulador en cualquier parte de Chile, que permite aumentar en un 50% las alturas y en un 75% la construcción, no es una mera norma de excepción, sino que es algo que transgrede por completo las confianzas y lo que las mismas leyes y el Parlamento ha aprobado por décadas en Chile”, afirmó.

Valeria Bustos, vocera del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, manifestó su rechazo a la modificación por considerar que podría favorecer los intereses inmobiliarios en desmedro de las familias. 

“Claramente esto es un guiño, esto es un pase, esto es un pase de costado que le están haciendo a las inmobiliarias. Chile se está convirtiendo en un país que solo busca favorecer a los más ricos en perjuicio de las familias más pobres”, señaló. Asimismo, acusaron al ministro Poduje de cerrar espacios de diálogo con las organizaciones sociales debido a sus diferencias respecto de la normativa.

En la misma línea, el arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo respaldó la presentación y defendió la necesidad de avanzar hacia ciudades más equitativas, donde las decisiones urbanas respondan a las necesidades de sus habitantes y no exclusivamente a intereses económicos. 

“Estos cambios que pretenden hacerle a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, por supuesto que nos va a llevar a la destrucción de la ciudad, no solo de Santiago, de cada ciudad, de cada pueblo a lo largo de nuestro territorio y eso tenemos que defenderlo”, afirmó.

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La determinación se produce en la antesala de una reunión convocada por Estados Unidos en República Dominicana, donde este martes 27 de octubre representantes de cerca de 20 países de la región abordarán un marco de gobernanza y un plan estratégico para la coalición. En representación del Ejecutivo chileno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, participará en la instancia para ratificar la condición de observador del país, sin suscribir todavía su adhesión formal.

Arenas explicó que, si bien el ingreso a la A3C ha sido materia de análisis durante un tiempo, el Gobierno recibió nuevos antecedentes la semana pasada, los que considera necesario revisar antes de avanzar. Según indicó, la información será compartida con distintos organismos públicos y representantes del Congreso, con el propósito de evaluar los alcances del compromiso.

“Chile no va a firmar todavía”, afirmó el subsecretario, quien precisó que el país continuará como observador mientras se desarrollan las consultas. Una vez concluido ese proceso y examinados los antecedentes, el Ejecutivo entregará una respuesta más definitiva sobre su participación en la iniciativa.

El portavoz de La Moneda detalló que la decisión fue adoptada por el comité político, luego de una reunión en la que participaron representantes de Cancillería, Defensa y Seguridad Pública. En ese encuentro se resolvió mantener la participación de Chile como observador, enviar a Pavez a la cita internacional y abrir una nueva etapa de conversaciones a partir de la información recibida el jueves de la semana pasada.

Uno de los puntos centrales del debate es el alcance jurídico del instrumento y el papel que le correspondería al Congreso en una eventual adhesión. Al respecto, Arenas planteó que todavía existen interrogantes sobre si el compromiso constituye un tratado internacional, pero subrayó que la intervención parlamentaria es necesaria independientemente de esa definición.

“Es un tema de Estado”, sostuvo el subsecretario, y afirmó que el Gobierno busca incorporar a los distintos sectores políticos a la discusión, considerando que se trata de una materia que trasciende a una administración en particular.

La A3C es una iniciativa impulsada por Estados Unidos y complementaria al denominado Escudo de las Américas, al que Chile adhirió en septiembre. Mientras esta última instancia contempla una agenda más amplia de cooperación regional, la coalición contra los carteles busca fortalecer la coordinación frente al crimen organizado transnacional, incluido el intercambio de información y las operaciones conjuntas, aspectos que forman parte de la evaluación que mantiene abierta el Ejecutivo.

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Son las primeras votaciones nacionales desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, que una comisión independiente de Naciones Unidas volvió a ratificar como “genocidio”. También llegan tras la apertura de nuevos frentes de guerra, que junto a la situación palestina han aislado internacionalmente al país. Todo ello en un Israel profundamente polarizado y bajo nuevas amenazas militares.

Lo que se vota

Cerca de 7,3 millones de israelíes están convocados a elegir los 120 escaños de la Knéset, el parlamento israelí. Israel funciona bajo un sistema parlamentario, de manera que no se vota directamente por el primer ministro. Los electores votan por listas cerradas de candidatos ordenados por los partidos políticos a la Knesset. 

Los partidos deben superar el umbral del 3,25% de los votos para obtener representación y, después de los comicios, comienza la negociación para reunir una mayoría de al menos 61 diputados, necesaria para definir al primer ministro según el candidato que cada formación haya presentado. Ahí reside una de las mayores incertidumbres de esta elección.

Las encuestas muestran un escenario fragmentado, en el que Netanyahu podría sufrir una derrota electoral sin que sus adversarios consigan necesariamente sacarlo del gobierno. Un promedio publicado por Israel.com sitúa a su bloque en torno a los 50 escaños, lejos de los 64 que logró reunir tras las elecciones de 2022. Una encuesta de Noticias 13 proyectó 49 diputados oficialistas, 52 opositores, 15 para partidos árabes y cuatro para una lista de reservistas. Pero Canal 14 entregó un panorama opuesto, con 62 escaños para el bloque de Netanyahu.

Las diferencias evidencian un escenario abierto: nunca en la historia de Israel un partido ha conseguido formar gobierno por sí solo con mayoría absoluta. Por eso las alianzas son vitales, y ahí es donde la ventaja relativa del Likud, el partido de Netanyahu, flaquea.

Los bloques en disputas y la cuestión palestina

La novedad está en su principal adversario y en la red de alianzas que hace tambalear la ventaja del Likud. No es Yair Lapid ni el ex primer ministro Naftali Bennett, sino Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y líder del partido centrista Yashar. Su perfil resulta especialmente relevante porque disputa a Netanyahu uno de sus principales argumentos políticos. La experiencia militar y la capacidad de mostrarse como un garante de la seguridad nacional por su paso uniformado, particularmente después del fracaso de seguridad del 7 de octubre.

Sin embargo, la oposición tiene un problema en su mayor virtud, y va más allá de las encuestas: no constituye un bloque homogéneo. Eisenkot, Bennett, Lapid, Avigdor Lieberman y Yair Golan reúnen fuerzas que van desde la derecha nacionalista hasta la socialdemocracia. Acordaron coordinarse para desplazar a Netanyahu, pero mantienen diferencias fundamentales. Eisenkot contempla apoyos externos o abstenciones de partidos árabes para formar gobierno, mientras Bennett y Lieberman rechazan depender de esas fuerzas. Netanyahu, en cambio, conserva una alianza más definida con los sectores religiosos y ultranacionalistas.

Esto revela otra característica de los comicios: el debilitamiento de la izquierda israelí. La discusión política interna del país transcurre fundamentalmente entre distintas expresiones de la derecha y el centro, sobre todo tras el 7 de octubre del 2023.

Pero si hay algo que une a las candidatura es la cuestión palestina. Tras los ataques de Hamas hace poco más de tres años, las expectativas de una transformación profunda de la política hacia los palestinos sin prácticamente nulas. Aunque la oposición cuestiona decisiones de Netanyahu, existe un consenso amplio en torno a preservar la superioridad militar israelí tanto en Gaza como es Cisjordania. Las diferencias pasan más en discutir los métodos, la diplomacia y cómo se da la expansión territorial.

Cisjordania ilustra esas diferencias. Allí, la violencia de los colonos y los proyectos de asentamientos han aumentado la tensión y los cuestionamientos internacionales. Los aliados de Netanyahu, como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, promueven avanzar hacia la anexión, mientras Eisenkot propone frenar esa expansión para evitar que Israel termine administrando directamente a millones de palestinos. No equivale a un giro hacia el reconocimiento de sus derechos nacionales, pero sí puede modificar las relaciones con Jordania, Arabia Saudita, Egipto y otros países del Golfo con los que Israel busca normalizar relaciones, así como también con la Unión Europea y ciertos sectores en Estados Unidos.

Estados Unidos, Irán y la geopolítica detrás de la elección

Estados Unidos representa otra gran gran dimensión que puede definir esta elección. El presidente estadounidense, Donald Trump, entregó su respaldo electoral a Netanyahu y este domingo 25 de octubre volvió a pedir públicamente su reelección, asociándola con la necesidad de completar las operaciones militares contra Irán.

Netanyahu convirtió esa cercanía en un argumento de campaña, asegura que su continuidad garantiza una relación privilegiada con Washington. Eisenkot respondió este lunes que Trump es un verdadero amigo de Israel y puede colaborar con cualquier gobernante elegido democráticamente. Por tanto, no está en discusión la alianza estratégica, sino la manera de conducirla.

Pero en las últimas horas el debate dejó de limitarse a la diplomacia. La posibilidad de un nuevo enfrentamiento con Irán entró directamente en la campaña. El domingo, Canal 12 informó sobre un supuesto choque entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, por una operación militar que podría desencadenar otra guerra. La oficina del primer ministro negó esa versión. Pese a ello, sus adversarios lo acusaron de utilizar la amenaza bélica para favorecer su candidatura o incluso intentar aplazar la elección, acusaciones que no han sido demostradas.

Ese mismo domingo, Netanyahu apareció frente a una batería de defensa antimisiles Arrow para advertir que Irán o grupos aliados podrían atacar Israel e interferir en las votaciones. Aseguró que existían indicios de inteligencia y prometió una respuesta militar desproporcionada, pero no mostró públicamente los antecedentes que sustentarían la advertencia. La seguridad volvió así al centro del debate.

Netanyahu se presenta como el dirigente capaz de enfrentar una amenaza existencial, mientras la oposición cuestiona si su propia conducción está elevando el riesgo de guerra.

A ello se suma la movilización militar estadounidense. Según informaciones difundidas por CNN y recogidas por medios israelíes, las fuerzas de Estados Unidos tendrían capacidad para iniciar una operación contra Irán dentro de las 96 horas posteriores a una eventual orden presidencial. Los planes incluirían objetivos nucleares, militares y energéticos, y se ha informado del despliegue de más efectivos y un tercer portaaviones hacia la región. Pero esas 96 horas no constituyen un anuncio de ataque: describen una capacidad operativa, no una decisión adoptada por Trump.

De hecho, la Casa Blanca señaló este lunes, según Reuters, que Washington no atacaría a Irán antes de sus elecciones legislativas del 3 de noviembre. Es una señal de que la administración estadounidense busca ejercer presión militar, pero también controlar los tiempos de una posible escalada. Eso no despeja completamente el escenario para Israel, porque las advertencias de Netanyahu apuntan también a una eventual acción iraní o de organizaciones aliadas durante las votaciones.

Israel llega así a las urnas ante una doble incertidumbre. Por un lado, el resultado podría dejar un parlamento incapaz de sostener una mayoría clara, incluso si Netanyahu pierde apoyos. Por otro, las amenazas de ataques, sabotajes o represalias pueden alterar el ambiente político en cuestión de horas. Entre la disputa por el próximo gobierno y el peligro de una escalada regional, la elección de mañana definirá mucho más que el futuro de un primer ministro: pondrá a prueba la capacidad de Israel para transformar su poder militar en una salida política a sus conflictos o para profundizar una agenda belicista.

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El encuentro también permitió establecer una hoja de ruta para las próximas semanas y proyectar el trabajo conjunto hacia el próximo año. Según explicó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, el espacio busca consolidarse como una articulación permanente de distintos sectores de la sociedad organizada.

“Este Frente Común ya se instaló y es parte del debate nacional”, sostuvo el dirigente, quien destacó la importancia de fortalecer la organización territorial, tanto a nivel provincial como comunal. En esa línea, afirmó que las organizaciones acordaron un calendario de reuniones y acciones, además de abrir la convocatoria a otros movimientos interesados en sumarse.

“El principio es acompañarnos, la solidaridad y un objetivo y un hacer común”, señaló Díaz, y agregó que el trabajo no se limitará a las movilizaciones de aquí a diciembre, sino que también contemplará la planificación de 2027.

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que, a juicio de las organizaciones, tendría el proyecto presupuestario en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Díaz advirtió que la discusión presupuestaria debe considerar las necesidades de trabajadores, estudiantes y pobladores, y planteó que las políticas económicas del Ejecutivo podrían profundizar las dificultades de las familias durante el próximo año.

Una agenda activa de organización y movilización

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, recalcó que el objetivo del Frente Común no es únicamente coordinar posiciones frente a la contingencia, sino también construir una agenda compartida que tenga expresión en la movilización social.

“Esperamos seguir sumando nuevas organizaciones para avanzar en la planificación, no solamente de una agenda común respecto de las preocupaciones que tienen las familias, los estudiantes y los trabajadores de Chile, sino también, por supuesto, de una agenda activa de movilización y discusión”, afirmó.

La dirigenta sostuvo que la articulación entre los distintos sectores adquiere especial relevancia ante las medidas que atribuyen al Gobierno. En particular, cuestionó los recortes presupuestarios y advirtió sobre sus eventuales efectos en los derechos sociales, la educación y el acceso a la vivienda.

“Frente a un Gobierno que no quiere dialogar y que constantemente plantea recortes y políticas orientadas a retroceder en derechos sociales, que dificultan aún más que las familias de este país lleguen a fin de mes, la organización y la articulación entre los distintos sectores se vuelven fundamentales”, señaló.

Mlynarz también precisó que el estado de alerta definido por las organizaciones no se limitará a observar el desarrollo de la discusión presupuestaria. “Este no es solamente un estado de alerta preventivo o de observación: es un estado de alerta activo, en el que nos organizamos, discutimos y, por supuesto, nos movilizamos”, enfatizó.

En ese contexto, llamó al Ejecutivo a reconsiderar los recortes propuestos en el marco de la Ley de Presupuestos 2027, tanto en educación como en las distintas carteras ministeriales.

Desde el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, Valeria Bustos también hizo un llamado a fortalecer la unidad entre las organizaciones sociales y a ampliar la convocatoria del Frente Común.

“Ante un Gobierno que lo único que quiere hacer es que el pueblo retroceda en sus conquistas, la respuesta desde la calle será la movilización, la organización y la lucha”, manifestó. La dirigenta sostuvo que las acciones buscarán defender a las familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, a la educación y al empleo, además de aquellas afectadas por el alza del costo de la vida.

“Como Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, llamamos a todas las organizaciones de pobladores y pobladoras a sumarse a este esfuerzo unitario para hacerle frente a este Gobierno”, agregó.

Por su parte, el vocero nacional de la Red Nacional de Centros de Estudiantes, Martín Gutiérrez, destacó la necesidad de extender la coordinación a los distintos territorios y de construir propuestas que permitan consolidar una agenda común.

“Debemos seguir en esa línea, planificando las últimas semanas de este año, pero también mirando hacia lo que será 2027”, señaló. Asimismo, planteó que la articulación debe considerar las distintas expresiones de la sociedad: “Debemos articularnos mayoritariamente, recoger las mayorías, pero también escuchar a las minorías, porque esa es la clave para que, como país, alcancemos la máxima unidad”.

Así, el dirigente adelantó que el Frente Común buscará ampliar su convocatoria y avanzar en propuestas que den contenido a su agenda de trabajo durante los próximos meses.

Despidos en el sector público y preocupación por el empleo

Otro de los ejes del encuentro fue la situación laboral y la renovación de las contratas del sector público, prevista para el 30 de noviembre, fecha que las organizaciones identificaron como un hito para seguir de cerca las decisiones del Ejecutivo.

El secretario general de la CUT, Eric Campos, cuestionó las medidas anunciadas en materia de empleo y sostuvo que los recursos contemplados en el subsidio unificado resultan insuficientes para responder a las necesidades del mercado laboral.

“Vamos a seguir insistiendo en que los esfuerzos que está haciendo el Gobierno en materia de empleo no solo son básicos, sino también insuficientes”, afirmó. Campos apuntó particularmente al subsidio unificado de empleo, señalando que contempla 80 millones de dólares, una cifra que, según indicó, sería inferior a los recursos que se destinaban cuando existían instrumentos separados, como el subsidio al empleo de la mujer y el subsidio al empleo joven.

“Creemos que se necesitan muestras concretas del aporte del Estado para dinamizar la economía y generar empleo”, sostuvo. El dirigente también manifestó su preocupación por los despidos que, según denunció, ya se estarían produciendo en distintas reparticiones públicas. Advirtió que las desvinculaciones no afectarían únicamente a trabajadores con cuatro años de antigüedad, sino también a funcionarios con más de 25 años de experiencia en el Estado.

“Estamos en alerta frente a esos despidos y frente a los recortes que se están haciendo en distintas materias sociales”, señaló Campos, quien agregó que las organizaciones continuarán coordinándose para definir las próximas acciones.

Junto con las materias laborales y presupuestarias, el secretario general de la CUT cuestionó las decisiones del Gobierno relacionadas con las rebajas de condenas y sostuvo que existe una preocupación por sus posibles efectos en materia de derechos humanos. “Ambas cuestiones nos parecen igualmente graves”, afirmó, al referirse a las medidas cuestionadas por las organizaciones.

Si bien todavía no se ha comunicado un calendario definitivo de movilizaciones, Campos adelantó que durante noviembre podrían concretarse distintas jornadas de acción, una vez que los integrantes del Frente Común alcancen un acuerdo.

El triunfo de Lula como señal política

La reunión también estuvo marcada por las reacciones al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, resultado que las organizaciones vincularon con sus expectativas de fortalecer la defensa de la democracia y la justicia social en la región.

Bustos destacó el resultado electoral y lo relacionó con la continuidad de la movilización en Chile. “Con esa esperanza nos vamos contentos, porque en Chile nada está perdido y tenemos que seguir en la calle, hoy y siempre”, expresó.

En la misma línea, Díaz manifestó que el triunfo de Lula representa, a su juicio, una señal favorable para quienes defienden el papel del Estado y las políticas de protección social. “Ganó Lula, perdió el Escudo de las Américas. Ganó Lula, perdió la ultraderecha. Ganó Lula, perdieron los gobiernos empobrecedores que son de la ultraderecha. Ganó Lula, significa que el Estado es un bien común de todos los ciudadanos”, sostuvo.

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Dos de esos cargos fueron clasificados preliminarmente como “gravísimos”, debido a la “ocultación, alteración e imprecisión deliberada de antecedentes técnicos que impidieron a la SMA ejercer oportunamente sus potestades de fiscalización y sanción”. Por el total de los incumplimientos, ENAP se arriesga a multas de hasta 22.000 UTA, equivalentes a cerca de US$ 19 millones.

En un comunicado, la estatal recalcó que la formulación de cargos corresponde al inicio de un procedimiento administrativo y “no constituye una sanción ni un pronunciamiento definitivo”. Añadió que analiza los antecedentes y que “dentro de los plazos establecidos, definirá su curso de acción conforme a la legislación ambiental”.

ENAP sostuvo que “este proceso comenzó luego de que la propia empresa detectara internamente inconsistencias en la información reportada, resolviendo informar a la SMA y al Ministerio Público, colaborar con las autoridades competentes y, en paralelo, adoptar medidas para fortalecer sus procesos de control y cumplimiento ambiental”. 

“Los controles internos formales fueron activados en enero de 2026, cuando la Refinería Aconcagua dio cuenta de las inconsistencias a la Casa Matriz y esta al Directorio, según el escalamiento corporativo”, indicó la estatal en su declaración.

La empresa precisó que “las inconsistencias detectadas están relacionadas con infracciones al Plan de Prevención y Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví (PPDA) y la presunta infracción de normas de ruido”.

Respecto de los cargos, señaló que no hay antecedentes que vinculen los hechos denunciados con impactos en la población y que la revisión de los registros “resulta consistente con los informes técnicos de cumplimiento de calidad del aire elaborados por la SMA para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Es decir, no ha existido superación horaria, diaria ni anual de estas normas que están diseñadas para resguardar la salud de las personas”.

Con todo, la estatal comunicó que ya adoptó “medidas concretas a partir de los antecedentes recabados”. Además, expresó su “disposición para continuar colaborando con las autoridades fiscalizadoras y tolerancia cero a acciones como las investigadas”. También valoró “el aporte de miles de trabajadores/as que día a día dan lo mejor de sí para hacer crecer a la compañía y cumplir con el rol estratégico de Enap”.

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En su comunicado de este lunes 26 de octubre, el grupo integrado por Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Humberto Martínez, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman sostuvo que la incertidumbre internacional ha aumentado debido a las tensiones en Medio Oriente, el encarecimiento de los combustibles y la volatilidad de los mercados financieros.

El organismo señaló que estos factores elevan los riesgos para el abastecimiento energético y las condiciones financieras, mientras que en el plano interno la inflación continúa por encima de la meta y las expectativas de precios han aumentado. Frente a este escenario, planteó que las decisiones de política monetaria deberán seguir evaluándose reunión a reunión.

El GPM advirtió que la economía mundial mantiene cierta resiliencia, impulsada en parte por la inversión vinculada a la inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos y algunas economías asiáticas. Sin embargo, alertó sobre las dudas respecto de la sostenibilidad de ese dinamismo y los riesgos asociados a una escalada de los conflictos geopolíticos, nuevas tensiones comerciales y vulnerabilidades fiscales.

Uno de los principales focos de preocupación es el precio del petróleo. Según el comunicado, el crudo Brent alcanzó los US$116 por barril el viernes, su nivel más alto en más de cinco meses y un 80% superior al registrado al inicio del año.

El organismo también indicó que las tasas de interés internacionales de largo plazo permanecen elevadas y que los mercados financieros han mostrado una mayor volatilidad, reflejo de la incertidumbre y de su sensibilidad frente a nuevos acontecimientos. En Chile, el grupo destacó que los antecedentes disponibles confirman un deterioro de la actividad económica y del mercado laboral.

El GPM agregó que las perspectivas para la inversión también se han deteriorado, con una variación proyectada de -0,3%, mientras que el consumo crecería 1,7%. Aunque la confianza empresarial ha mostrado mejoras desde julio, permanece en terreno pesimista.

En el frente cambiario, el organismo advirtió que el peso chileno se ha depreciado y que el dólar se ha acercado a los $990, pese a que el precio del cobre se mantiene elevado. Según el análisis, este comportamiento responde a la fortaleza global de la divisa estadounidense, la mayor aversión al riesgo y las condiciones financieras relativas entre Chile y el exterior.

El grupo sostuvo que la depreciación podría incidir en la inflación importada, aunque la magnitud de ese efecto dependerá, entre otros factores, de cuánto puedan traspasar las empresas los mayores costos a los precios locales en un contexto de demanda interna débil.

Respecto de los precios, el IPC de septiembre aumentó 0,4% mensual y 4,1% en doce meses, cifra que repitió la variación anual del mes anterior. Entre los principales factores incidieron las alzas de 1,9% en energía volátil y de 0,7% en alimentos volátiles, mientras que el IPC sin volátiles avanzó 0,3%.

El grupo advirtió que, aunque los efectos de los shocks de oferta asociados a la guerra en Medio Oriente y al fenómeno climático de El Niño podrían ser transitorios, la persistencia de la incertidumbre geopolítica y climática aumenta el riesgo de que los mayores costos terminen trasladándose a otros bienes y servicios.

Las expectativas de inflación también registraron incrementos. La Encuesta de Operadores Financieros elevó sus proyecciones a 3,7% para los próximos doce meses y a 3,2% para el período siguiente. En tanto, la Encuesta de Expectativas Económicas situó la inflación esperada para diciembre en 4,6%, por encima del 4,4% previsto anteriormente.

En su evaluación, el organismo planteó que la política monetaria enfrenta fuerzas contrapuestas. Por una parte, el encarecimiento de la energía, la depreciación del peso, la volatilidad financiera y el aumento de las expectativas inflacionarias elevan el riesgo de que las presiones sobre los costos se prolonguen y se transmitan a otros precios.

Por otra, la debilidad de la actividad económica, el mercado laboral y la confianza de los consumidores implica que una política monetaria más restrictiva podría profundizar la contracción interna.

En este contexto, el Grupo de Política Monetaria reiteró su recomendación de mantener la TPM en 4,5%, al considerar tanto el debilitamiento de la economía chilena como los riesgos inflacionarios provenientes del exterior.

El organismo concluyó que la persistencia de estos factores será determinante para evaluar la trayectoria de la inflación y su convergencia hacia la meta, por lo que las futuras decisiones deberán analizarse en cada reunión.

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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario calificó la situación como un problema que atraviesa a distintos sectores políticos. “Creo que acá estamos cuestionados todos: quienes estamos dentro del espectro político de este Gobierno y también quienes formaron parte de los gobiernos anteriores”.

“No hemos tenido la capacidad de resolver de manera clara y contundente que las personas condenadas por violación o abuso sexual, sobre todo cuando sus víctimas son menores de edad, no puedan acceder a beneficios carcelarios, y menos a rebajas de pena”, agregó.

Las responsabilidades de gobiernos anteriores

El diputado puso el foco en los 332 casos de rebajas de condena registrados durante los últimos cinco años, de los cuales 276 corresponderían al gobierno del expresidente Gabriel Boric y 56 a la administración de José Antonio Kast.

Según planteó, la diferencia entre ambos periodos radica en el procedimiento utilizado, pero no en el resultado final. Mientras el gobierno anterior se oponía a las solicitudes y posteriormente debía acatar las resoluciones de la Corte Suprema, el Ejecutivo actual optó por no oponerse y conceder las rebajas por vía administrativa.

“Hoy se está haciendo un escándalo por la decisión del Presidente Kast, pero yo habría hecho ese escándalo antes. Finalmente, hay 332 condenados por abuso sexual y violación contra menores cuyas condenas fueron rebajadas”, señaló.

En esa línea, defendió la actuación del gobierno de Sebastián Piñera en la tramitación de la ley de 2022, que buscaba impedir estos beneficios para condenados por delitos sexuales contra menores. A su juicio, la administración de Gabriel Boric debió impulsar cambios legales cuando advirtió que la interpretación de la Corte Suprema permitía seguir concediendo rebajas.

“Después de 276 casos, el ministro Gajardo no fue capaz de presentar un proyecto de ley que aclarara una situación que la Corte Suprema estaba interpretando de esa manera”, cuestionó.

No obstante, Guzmán reconoció falencias en ambas administraciones y criticó que el actual Gobierno optara por una salida administrativa sin esperar un pronunciamiento judicial. “Hubo una falta significativa de sensibilidad política y social en la decisión de rebajar penas administrativamente, respaldandose en una decisión de la Corte Suprema. A mi juicio, se invocó un principio de eficiencia muy mal entendido”, afirmó.

El parlamentario insistió en que el resultado es igualmente cuestionable, independientemente del mecanismo utilizado. “Si alguien me dice que el gobierno anterior lo hizo bien, no fue así: lo hizo pésimo. Por lo mismo, considero inentendible que ocurriera antes y que ocurra ahora”, enfatizó.

Llamado a una reforma constitucional

Frente a la controversia, Guzmán sostuvo que el Congreso debe avanzar en una solución que cierre las interpretaciones que han permitido conceder estos beneficios. Para ello, planteó la necesidad de impulsar una reforma constitucional que explicite la prohibición de rebajar las condenas en estos casos, incluidos aquellos delitos cometidos antes de la reforma legal de 2022.

“Hoy tenemos una oportunidad para solucionar esto. ¿Cómo? A través de un proyecto de reforma constitucional que deje explícito que no existen excepciones ni posibilidades de dejar de aplicar lo que se determinó en 2022”, señaló.

Asimismo, criticó que las alertas se hayan levantado una vez que la situación se hizo pública y cuestionó tanto la actuación del defensor de la Niñez como la del exministro de Justicia, Luis Cordero, en relación con las responsabilidades del periodo anterior.

“Debió haberlo advertido el ministro y haber presentado de inmediato un proyecto de ley que impidiera esta situación. Eso es lo que habría correspondido hacer, no solo en este gobierno, sino también en el anterior”, afirmó.

El diputado también llamó a las autoridades a reconocer el impacto que estas decisiones tienen sobre las víctimas: “El Estado les falló a 332 víctimas de abuso sexual y violación, y debemos hacernos cargo de resolverlo”.

En esa línea, agregó que las disculpas no deben recaer únicamente en el actual titular de Justicia, Fernando Rabat, ni en su antecesor, sino en el conjunto de las instituciones involucradas. “Pedir disculpas a esas víctimas y a Chile no es responsabilidad únicamente del ministro actual ni del anterior: debe hacerlo toda la institucionalidad”, manifestó.

Consultado por las voces oficialistas que han cuestionado la actuación de Rabat y por las peticiones para que deje el cargo, Guzmán evitó pronunciarse a favor de su salida y priorizó la búsqueda de soluciones: “Más que preocuparme de quién da un paso al costado, espero que el ministro presente un proyecto, le dé urgencia al que presentemos nosotros o reúna las iniciativas en una solución definitiva. Más que pedir la salida del ministro, esperaría soluciones de su parte”.

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Junto con la masividad y pluralidad de las manifestaciones, la jornada también estuvo marcada por las violencias, tanto policiales como contestatarias, las que saldaron con más de dos mil detenidos, cerca de mil policías heridos, miles de locales comerciales saqueados y un número indeterminado de manifestantes heridos. Cabe destacar que organismos nacionales e internacionales ya habían advertido, hace días, sobre el excesivo uso de la fuerza en la contención del orden público, así como la gran cantidad de heridos y detenidos, en su mayoría menores de edad, que la represión estaba teniendo hasta el momento.

Este ciclo de movilizaciones no es exclusivo de Francia, sino que se está desarrollando con diferentes modalidades e intensidades en otros países de Europa, como Bélgica, Italia, España, Albania y Grecia. Países donde más allá de sus especificidades, el movimiento estudiantil se ha ampliado a un movimiento social más plural y diverso que, de manera, preliminar podemos caracterizar como contra la precarización de la vida, o utilizando la convocatoria del 17 de octubre, “contra la vida cara”.

Si bien el actual ciclo de movilización en Francia comenzó con un movimiento estudiantil exigiendo mejores condiciones de estudio, que incluye mejoras a las infraestructuras y una mayor dotación de profesores, son demandas que se inscriben en lo que podríamos conceptualizar como un sufrimiento generacional mucho más amplio y profundo. Casi existencial podríamos decir, en el que se cruzan elementos como la ecoansiedad, el miedo a la expansión de la guerra entre Rusia y Ucrania al resto de Europa, la precariedad y la falta de proyecciones laborales de la juventud, problemas de salud mental de larga data, potenciado por las consecuencias del confinamiento durante la pandemia.

Junto con estas condiciones, no solamente no han existido respuestas políticas pertinentes y oportunas, sino que por el contrario ha existido un desprecio permanente y sistemático hacia esta generación, que ha ido desde considerarla como una generación despolitizada y sin mayores preocupaciones más allá de su conexión a las redes sociales, a ser tildada -en el marco de sus manifestaciones- como irresponsable, manipulable, violenta e irracional.

Como hemos podido ver con el paso de los días, el desprecio y la falta de respuestas no solamente han exacerbado y radicalizado las movilizaciones, sino que las han insuflado de nuevos aires de rabia e indignación, ya no solamente entre los estudiantes sino también en otros sectores de la sociedad. Sin embargo, esta rabia no es nueva. Ya la habíamos visto en Francia con los chalecos amarillos en Francia, movimiento ciudadano del año 2018 que se había desarrollado como una respuesta popular al aumento del precio de la bencina y, desde entonces, junto a otros movimientos sociales, se ha mantenido activo denunciando el aumento del costo de la vida, el debilitamiento de la seguridad social y de los servicios públicos, y de nuevo visibilizando el desprecio de las élites por las necesidades y demandas ciudadanas.

Tanto en Francia como en otros países de Europa, los estudiantes siguen movilizados y las organizaciones sociales y ciudadanas están convocando a manifestaciones y huelgas que se pronostica sean multitudinarias y se extiendan en el tiempo. La falta de respuestas políticas, más allá de la mera represión y de las restricciones a movilizarse, probablemente también contribuya al aumento de la conflictividad social. Ésta, dadas las condiciones que la generaron y que se presentan en distintas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica y Chile en particular, podría expandirse a distintas regiones y producir un ciclo de revueltas que haga tambalear a un sistema neoliberal carcomido por sus propias contradicciones e incapacidades, en un contexto histórico de crisis social, económica, ambiental y política que requiere urgentemente de modelos sociales alternativos, más justos y sustentables, a riesgo de la sobrevivencia de la humanidad.

Por Roberto Fernández Droguett, académico del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Integrante del Programa Psicología Social de la Memoria.

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El Mandatario respaldó la labor del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y aseguró que tiene encomendado liderar modificaciones para evitar que se continúe entregando este beneficio. Una respuesta que no ha dejado conforme a la oposición, que busca la salida del secretario de Estado y revocación de los decretos, entre que los que también figuran dos rebajas de condenas a presos de Punta Peuco. 

La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, señaló que “si se reconoce el error, lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades políticas y la responsabilidad política está en el ministro de justicia (…) nosotros vamos a insistir, queremos la renuncia del ministro Rabat”. 

Más allá de esta petición de salida del ministro de Justicia, el sector no descarta la presentación de la acusación constitucional y las bancadas están en estudio para tomar una definición en esta materia. Asimismo, presionan al Gobierno para invalidar los decretos ya cursados, a pesar de que se reconoce dificultades para aquello. 

El diputado y presidente del PPD, Raul Soto, aseguró que el Presidente Kast “además de reconocer el error, debe de pedir disculpas públicas a nombre de su Gobierno a las víctimas y sus familias, debe exigir la renuncia del ministro Rabat y debe iniciar acciones judiciales y administrativas para revocar y dejar invalidados esos decretos por más difícil que jurídicamente esto sea”. 

“Si eso no ocurre, evidentemente que nosotros vamos a respaldar con fuerza política y jurídicamente con nuestros mejores técnicos para que las bancadas parlamentarias avancen en una acusación constitucional”, añadió.

Por su parte, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó la falta de información relevante por parte del Gobierno, la cual es necesaria para que el Parlamento tome una determinación como, por ejemplo, presentar una acusación constitucional.

“Desde el punto de vista administrativo, legal y constitucional, el no haber aplicado como se debía la ley del año 2022 —que impedía la rebaja de condena a violadores y abusadores sexuales de niños, niñas, adolescentes—  es un error jurídico”, aseveró.

“Necesitamos que el Gobierno transparente esa información, yo todavía no entiendo por qué no entregan los 56 decretos”, dijo Gajardo. Además, cuestionó que, según información que manejan desde la oposición, “el Gobierno al comienzo rechazaba (las rebajas de condena) y precisamente cuando empieza a cambiar la jurisprudencia (…) empezó a otorgar los beneficios de reducción de condena. Toda esa información detallada la necesitamos tener y la necesita tener el país, la necesitan tener los parlamentarios”. 

Denuncia penal contra el ministro Rabat

También desde la oposición, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia penal en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat y el subsecretario de la cartera, Luis Silva. 

La acción apunta a un presunto delito de prevaricación administrativa y se funda en el artículo 228 del Código Penal. Así, cuestiona la legalidad de estas resoluciones. Según los parlamentarios, los decretos contravienen el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, que establece restricciones expresas para conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

“El ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también le ha mentido a sus familias. Él no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebajas de condenas a pederastas, lo que sí estaba obligado a hacer, según la ley expresamente, era negarles el beneficio de rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas”, indicó Cuello. 

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Hasta hoy, el otrora parlamentario se mantenía con arresto domiciliario total, medida que el tribunal revocó. Junto con dicha modificación, decretó arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados en la causa. Con esta decisión, Lavín León deja atrás el arresto domiciliario total que mantenía desde agosto de este año, cuando salió de prisión preventiva desde el anexo penitenciario Capitán Yáber.

Lavín León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

Según la investigación de la Fiscalía, el exdiputado habría presentado de forma reiterada facturas ideológicamente falsas en el Congreso Nacional, solicitando reembolsos por cargos no vinculados a su labor. Con esto habría generado un perjuicio fiscal cercano a los 104 millones de pesos tras boletas emitidas a nombre de la imprenta MMG.

Además, enfrenta imputaciones por uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, en el marco de una investigación que también abarca delitos electorales, entre ellos fraude al fisco por cerca de 240 millones de pesos.

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El primer aviso de la DMC es por “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en valle, precordillera y cordillera de la región”, mientras que el segundo es por “precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo en valle y precordillera de la región”. De acuerdo a lo informado por las autoridades, ambos fenómenos ocurrirán entre la tarde y la noche de este lunes 26 de octubre.

Senapred indicó que “la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

La alerta temprana preventiva estará vigente “desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

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El organismo también mantuvo su acusación de “genocidio” en Gaza, una conclusión que había sido planteada por primera vez en un informe publicado en septiembre de 2025, en relación con la guerra iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En su nuevo informe, difundido un día antes de las elecciones generales en Israel, la comisión sostuvo que las fuerzas israelíes han llevado adelante un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil palestina en Cisjordania.

Según el documento, los hechos investigados incluirían “crímenes de lesa humanidad de exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como de persecución, por motivos discriminatorios”, entre ellos la nacionalidad, la raza y el origen étnico.

La comisión precisó que su informe corresponde a una investigación independiente y no habla en nombre de la propia ONU.

Israel acusa “campaña de desinformación”

Israel rechazó las acusaciones formuladas por la comisión. El embajador israelí en Ginebra, Daniel Meron, calificó el informe como parte de una “campaña de desinformación de la comisión para demonizar al Estado de Israel y presentar su propia existencia como criminal”.

Además, el diplomático llamó a la comunidad internacional a rechazar las conclusiones y pidió la disolución inmediata del organismo. “La comunidad internacional debe rechazar estas distorsiones, repudiar las conclusiones de la comisión y exigir su disolución inmediata”, señaló en un comunicado.

En paralelo, la ofensiva de represalia israelí en Gaza ha provocado el desplazamiento de casi toda la población del enclave. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, más de 74 mil 200 personas han muerto durante el conflicto.

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Pasados 2 minutos del cierre fijado para las 17 horas local, el juez del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, ordenó prorrogar hasta las 19.00 horas la votación en la segunda vuelta debido a problemas en el transporte de pasajeros.

Al respecto, Nunes declaró que “nunca en la historia del TSE hubo ninguna prórroga de este tipo” y advirtió que modificar los horarios de una elección es algo que “tiene que ser pensado, calculado y estructurado“, debido a los efectos colaterales a nivel tecnológico.

Para evitar irregularidades y filtraciones, el TSE se vio obligado a ejecutar un “bloqueo” urgente en el sistema de recepción de boletines para que ningún funcionario de la Justicia Electoral tuviera acceso anticipado al contenido de los votos. Esta situación provocó una “retención extraordinaria” de datos a nivel nacional que generó incertidumbre técnica sobre la capacidad de almacenamiento de los servidores.

A pesar de que el escenario fue completamente “inusual”, el titular del TSE afirmó que gracias a los esfuerzos administrativos y técnicos de la institución lograron solucionar los inconvenientes y liberar el flujo de datos a partir de las 19.00 horas (hora local) con un ritmo seguro. “No hubo ninguna alteración derivada de la decisión judicial (…) Por lo tanto, tenemos absoluta seguridad de todo el proceso electoral“, destacó.

Para apuntalar la fiabilidad del pleito frente a las quejas del bolsonarismo, Nunes aportó datos operativos: de las 499 mil 248 urnas electrónicas habilitadas para esta segunda vuelta, apenas mil 551 precisaron ser sustituidas, lo que representa únicamente un 0,31% del total.

Asimismo, destacó la labor de las misiones de observadores nacionales e internacionales, las cuales tuvieron pleno acceso a los mecanismos de auditoría y han certificado formalmente la “ausencia de interferencia externa en el proceso electoral”.

Según los datos de la autoridad electoral brasileña, la participación en esta segunda vuelta alcanzó el 80,78%. De los más de 158 millones de ciudadanos convocados a las urnas (en un país donde el voto es obligatorio), acudieron 128 millones, situando la abstención en el 19,22% (algo más de 30 millones de electores).

Estas cifras convierten a los comicios de 2026 en las presidenciales con mayor movilización desde 2006, año en el que la participación fue del 83,25% en la primera vuelta y del 81,01% en la segunda.

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La estrategia de inversión del Fondo E, las operaciones con derivados financieros y las eventuales responsabilidades por las pérdidas registradas durante este año quedaron en el centro de las explicaciones del gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli. El ejecutivo defendió las decisiones de la administradora y aseguró que se ajustaron al marco regulatorio, pese a los cuestionamientos que enfrenta la industria previsional.

En entrevista con Diario Financiero, Vercelli abordó la caída del Fondo E durante 2026 y aseguró que las operaciones de la compañía fueron evaluadas técnicamente y sometidas a los mecanismos de supervisión establecidos por su gobierno corporativo. “Estoy muy tranquilo y confiado de que hemos hecho las cosas bien”, afirmó.

Vercelli, quien asumió la gerencia general de AFP Capital en agosto de 2024, se refirió al desempeño del multifondo más conservador del sistema, cuyas pérdidas llevaron a la Superintendencia de Pensiones a iniciar un procedimiento sancionatorio y motivaron las primeras acciones judiciales contra administradoras. La situación abrió interrogantes sobre la exposición a determinados instrumentos financieros y los riesgos asumidos con los ahorros previsionales.

El ejecutivo señaló que AFP Capital aún no ha recibido una notificación formal del procedimiento iniciado por el organismo fiscalizador, aunque aseguró que la empresa está colaborando con las solicitudes de información. “Tenemos la convicción de que actuamos con diligencia y siempre priorizando el interés de nuestros afiliados y pensionados, y así esperamos que quede debidamente acreditado en el proceso. Dicho eso, estamos colaborando plenamente con la Superintendencia y le entregaremos toda la información que nos ha solicitado”, sostuvo.

Vercelli atribuyó parte de la volatilidad a los cambios que ha experimentado el mercado financiero chileno desde octubre de 2019 y al efecto de los posteriores retiros de fondos previsionales sobre la liquidez y profundidad del mercado local de renta fija. A su juicio, ese escenario incrementó la volatilidad de los instrumentos utilizados por el Fondo E, pese a que tradicionalmente se considera la alternativa de menor riesgo entre los cinco multifondos.

El gerente planteó que la administración de los recursos previsionales debe considerar un horizonte de inversión que se extiende más allá de la edad legal de jubilación, ya que los afiliados pueden pasar dos o tres décadas recibiendo una pensión. Por ello, sostuvo, las estrategias deben contemplar las obligaciones financieras asociadas a ese período. “La definición es que no es un fondo conservador, es el fondo más conservador de los que existen”, precisó.

Defensa de los swaps y la estrategia de largo plazo 

Uno de los principales cuestionamientos a las AFP ha estado relacionado con el uso de swaps y otros instrumentos derivados para administrar la exposición de sus carteras a las variaciones de las tasas de interés.

Vercelli explicó que estas operaciones buscaban ajustar la duración de los activos financieros a las obligaciones futuras asociadas al pago de pensiones. Según indicó, las inversiones en bonos de largo plazo y derivados respondieron a una estrategia para equilibrar ambos componentes y se mantuvieron dentro de los rangos definidos por la política interna de AFP Capital.

El ejecutivo descartó que la duración de la cartera hubiera alcanzado los 19 años, como se ha señalado durante la controversia. En cambio, aseguró que, desde que los swaps comenzaron a utilizarse como activos elegibles, la duración promedio de la cartera de la administradora se ha situado cerca de los 14 años.

Consultado sobre si la estrategia de cobertura había fallado, dado que las pérdidas del Fondo E no fueron compensadas por una disminución equivalente en el costo de contratar una renta vitalicia, Vercelli advirtió que no es posible llegar a esa conclusión de manera inmediata.

El gerente argumentó que las alzas de tasas pueden favorecer a quienes se pensionan mediante retiro programado, mientras que las compañías de seguros pueden tardar en ajustar los precios de las rentas vitalicias a las nuevas condiciones del mercado. Por ello, señaló que pueden existir diferencias temporales entre las variaciones de los instrumentos financieros y sus efectos sobre las alternativas de pensión.

Respecto de las advertencias formuladas por el Banco Central y la Superintendencia de Pensiones sobre los riesgos de aumentos abruptos de las tasas, Vercelli indicó que la comunicación con los organismos reguladores forma parte del funcionamiento habitual de la industria.

Asimismo, sostuvo que, ante la ausencia de límites regulatorios específicos sobre la duración de las carteras, AFP Capital estableció restricciones internas sustentadas en estudios técnicos. También descartó que las decisiones de inversión respondieran a un comportamiento de imitación entre las siete administradoras del sistema y aseguró que la estrategia de la compañía se construyó a partir de evaluaciones propias.

Autocrítica por Fondo F y resultados de largo plazo 

Aunque defendió la gestión realizada, Vercelli reconoció que la industria pudo haber impulsado con mayor fuerza una alternativa destinada a reducir la exposición de determinados afiliados a la volatilidad del mercado.

En particular, aludió a la propuesta de crear un Fondo F, concebido como una opción con menores fluctuaciones que las registradas por los multifondos actuales. “En el contexto de lo ocurrido, creo que debimos haber sido más insistentes con la iniciativa de crear el fondo F, que buscaba un menor nivel de volatilidad”, reconoció.

El ejecutivo también admitió que existen oportunidades para mejorar la información entregada a los afiliados sobre el funcionamiento y los objetivos de cada fondo, especialmente en relación con los riesgos asociados a sus inversiones.

Ante las preguntas sobre eventuales cambios en la estrategia, Vercelli insistió en que los resultados deben analizarse considerando períodos más amplios y no únicamente las pérdidas recientes.

Según las cifras entregadas por AFP Capital, al 22 de octubre el Fondo E acumulaba una rentabilidad de 23,2% durante los últimos tres años, mientras que el Fondo D registraba un incremento de 30,3% en el mismo período. En contraste, durante 2026 ambos multifondos presentaban resultados negativos, con caídas de 5,4% y 1,7%, respectivamente.

El gerente defendió la necesidad de evaluar el desempeño considerando el horizonte de inversión de estos fondos. “Evaluar una gestión de inversiones solo por lo que pasó en poco más de cinco meses, porque la caída de la que hablamos es entre el 19 de abril y el 1 de octubre de este año, nos parece que no es el enfoque adecuado para fondos de mediano y largo plazo”, sostuvo.

Vercelli reiteró que las decisiones de inversión deben analizarse a partir de sus objetivos previsionales y de los horizontes de largo plazo para los que fueron diseñadas. Sus declaraciones se producen mientras la Superintendencia de Pensiones avanza en la revisión de las operaciones cuestionadas y la industria enfrenta una creciente demanda de explicaciones sobre los riesgos asumidos con los ahorros de los afiliados.

Por ahora, AFP Capital mantiene su defensa de la estrategia aplicada y asegura que colaborará con el regulador para acreditar que sus decisiones se ajustaron a la normativa vigente.

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El exministro apuntó a “señales” que apuntaban a que la distancia entre ambos candidatos se estaba acortando respecto a los resultados de la primera vuelta. En ese sentido, aseguró que hubo dos factores significativos: que “la centroizquierda, el progresismo, se volcó a las calles” y que se organizó “un ejército digital” desde la campaña de Lula. 

“No se había visto desde hace muchas décadas una movilización como la que se observó en las últimas tres semanas, no solo con marchas y reuniones públicas convocadas, sino que algunas que fueron espontáneas, dejando en claro que aquí hay una movilización inédita”, indicó Muñoz respecto al primer punto. 

Sobre la presencia en redes sociales del candidato ganador, señaló que: “Se organizó un ejército de Lula, un ejército digital (…) que logró movilizar por las redes sociales a la opinión pública”. Lo anterior es relevante por el masivo uso de estas plataformas en Brasil, explicó.  

También favoreció al actual presidente que “no hay crisis económica en Brasil”, dijo el excanciller. Sumado a esto estaba “la percepción de que con Bolsonaro podía llegar la motosierra, la motosierra de Millei”. 

 

“Hicieron una buena campaña para decir, ‘mire, si llega Bolsonaro, los subsidios sociales, las políticas sociales van a tener un corte y no sabemos cuánto, quizá se acaben’. Eso creo que le generó a la gente una preocupación, particularmente porque el presidente aprovechó los últimos tiempos para incluso mejorar las políticas sociales”, afirmó Muñoz. 

El excanciller indicó que se impulsaron una serie de iniciativas que ayudan a una población muy amplia, particularmente clase media, clase media baja y sectores más empobrecidos, que valoran además que durante los gobiernos de Lula salieron de la pobreza y quieren permanecer fuera de la pobreza.

En términos de participación en el balotaje, destacó que se sumó alrededor de un millón y medio de personas respecto de la primera vuelta “y eso es significativo porque ahí fueron básicamente votos de Lula”. Además, está el traspaso de los votos blancos y nulos, que disminuyeron. Y, finalmente, los votos de los candidatos alternativos de centro-derecha que no se traspasaron todos a Bolsonaro. 

Todo lo anterior explica “este triunfo de más de 4 millones de votos”. La exautoridad aseguró que “esa es la sorpresa” y destacó que es relevante porque si la ventaja hubiera sido menor “probablemente haría más controversial la situación, pero hoy día ya prácticamente todos los presidentes de América Latina y del mundo han felicitado a Lula, ya lo entienden como el presidente legítimamente ganador de esta elección presidencial”. 

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El Mandatario reconoció un error de su administración, pero al mismo tiempo recalcó que el Estado en su conjunto ha otorgado “rebajas de condena a más de 300 condenados por abuso sexual y violación de niños”.

“Esto es muy grave, es profundamente doloroso y es totalmente inaceptable. No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna. A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes o algunos adultos y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado le falló”, dijo.

Kast afirmó que frente al actual escenario “hay dos caminos”, siendo el primero de ellos “sacar a un ministro y a todo su equipo y dar por cerrado este tema”.

“Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema. El vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno. El camino difícil, es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido. La solución no era dejar que esto siguiera pasando”, indicó.

El Jefe de Estado aludió a la decisión de su Gobierno de suspender la tramitación de las rebajas de condena para delitos sexuales contra menores de edad y aclaró que se están revisando “caso a caso cada uno de estos decretos”. “Vamos a usar todas las herramientas legales administrativas que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”, aseguró.

“Recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño y dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena”, añadió.

“Nunca más. Ese es el compromiso de nuestro Gobierno y del Estado de Chile. Esta ley, estas mociones, no pueden esperar meses y le solicito respetuosamente al Congreso de la Nación que despachemos estos proyectos de ley estas iniciativas en el más breve plazo”, instó.

Kast decide mantener a Rabat en su cargo

Hacia el final de su discurso, el Presidente Kast reconoció que frente a “hechos de esta gravedad, las responsabilidades deben asumirse, los errores deben corregirse y las soluciones deben implementarse”.

“El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta, liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse. Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado. Este vacío existía desde hace  años y nadie lo cerró”, dijo.

“A las víctimas les reitero mi compromiso personal. Vamos a acompañarlas, vamos a escucharlas y vamos a hacer todo lo que esté de nuestro alcance para que esto nunca más vuelva a ocurrir.  Prometimos ser un Gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”, cerró.

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“Y hemos ganado. Hemos ganado el Parlamento. Hemos ganado al partido con el que hemos crecido”, decía una de las estudiantes desde la sede de esta lista cuando su victoria ya era clara.

Serbia votaba la composición de su parlamento en una elecciones que eran vistas como las más importantes del país desde los años 1990 y que han alcanzado una participación de casi el 70%, siendo la más alta de la década. Un dato que revela la emoción con la que se han vivido estos comicios, que le han arrebatado el poder a Aleksander Vucic.

Poco antes de las diez de la noche, el que ha sido el líder del país balcánico por más diez años, admitía su derrota: el Partido Progresista de Serbia obtuvo alrededor de 1,72 millones de votos, mientras que la Lista Estudiantil consiguió 2,2 millones, lo que le otorgó una mayoría del 52% frente al 32,3 %.

La Lista Estudiantil surge del movimiento que lleva dos años en las calles manifestándose contra la corrupción del gobierno de Vucic, y no se ha presentado como un partido al uso, sino como una plataforma ciudadana. Sin caras, con una estructura horizontal y con un programa enfocado en acabar con la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.

Con los resultados, los estudiantes tendrán 138 escaños, 103 para la lista de Vucic, y los otros siete se dividirán entre el resto de partidos minoritarios.

Las celebraciones no han tardado en convocarse y miles de serbios han festejado en las calles hasta altas horas de la noche, tanto en la sede de los estudiantes como en las principales calles de la capital en una noche que ya es parte de la historia de Serbia.

La victoria en los comicios anticipados son la culminación de casi dos años de manifestaciones desencadenadas por el derrumbe, en 2024, de una marquesina de la estación de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de este país balcánico.

Murieron 16 personas y los manifestantes atribuyeron el accidente a la corrupción.

Este incidente desató las protestas más multitudinarias desde la caída del exlíder Slobodan Milosevic en 2000.

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Tras el diálogo, el mandatario chileno destacó el futuro común de Chile y Brasil y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, impulsando la integración económica y la cooperación en el combate al crimen organizado en la región.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, señaló el Jefe de Estado en su cuenta de X.

“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, cerró el mandatario.

Lula da Silva ha logrado un nuevo mandato tras imponerse con el 51,79% de los votos válidos (64,2 millones) frente al 48,21% (59,8 millones) del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

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Esta alianza contribuirá a profundizar el trabajo conjunto entre las instituciones, permitiendo aportar antecedentes técnicos y académicos para la construcción de esta política pública, mandatada en la Ley N.º 21.822, que orientará las acciones del Estado en favor de las personas mayores durante los próximos años. En este proceso, SENAMA trabajará junto a la Universidad de Chile en el análisis de los antecedentes que contribuirán a la elaboración de esta política.

El acto contó con la participación de la Rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; y la directora nacional de SENAMA, Muriel Abad.

Al respecto, la ministra Wulf destacó la importancia de reconocer las capacidades y el aporte de las personas mayores a la sociedad. “Las personas mayores tienen proyectos, capacidades y ganas de seguir contribuyendo. Debemos abrir espacios para esa participación y escuchar su voz en las decisiones que las afectan. Cumplir años no puede significar perder el lugar en la sociedad, ni el derecho a decidir sobre la propia vida”.

En tanto, la Rectora Mizala destacó que “el convenio que hoy firmamos permitirá proyectar el trabajo entre la U. de Chile y el SENAMA”. “Su aporte será reunir y analizar evidencia producida desde distintas disciplinas, y ponerla en diálogo con las experiencias y prioridades expresadas por las personas mayores en las instancias participativas. La investigación ayuda a identificar problemas, evaluar alternativas y anticipar consecuencias, y la participación permite reconocer necesidades y comprender qué valoran las personas en su propia vida. Integrar ambas fuentes exige escuchar, contrastar y fundamentar nuestras recomendaciones”, agregó.

Por su parte, la directora nacional de SENAMA, Muriel Abad, precisó que “la colaboración entre el Estado y la academia permitirá fortalecer el diagnóstico y la generación de evidencia para diseñar políticas públicas que respondan a los desafíos del envejecimiento de la población. Esta alianza representa un paso concreto en la implementación de la Ley 21.822, promoviendo acciones coordinadas para garantizar los derechos de las personas mayores y fomentar un envejecimiento digno, activo y saludable”.

Trabajo colaborativo para medir las percepciones sobre el envejecimiento

Durante la jornada, también se presentaron los resultados de la Octava Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores, desarrollada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en colaboración con SENAMA.

Esta encuesta constituye una de las principales series de medición del país en materia de envejecimiento y vejez, con ocho mediciones representativas realizadas entre 2008 y 2025. A diferencia de otras encuestas, no pregunta a las personas mayores cómo viven, sino a la población adulta chilena cómo observa la inclusión y exclusión social de este grupo. El estudio aborda dimensiones institucionales, relacionales, simbólicas y subjetivas, aportando antecedentes sobre los prejuicios, las expectativas y las percepciones que inciden en la forma en que la sociedad comprende la vejez.

La octava versión fue aplicada entre febrero y marzo de 2025 y entrega información relevante para el diseño de políticas públicas y la discusión legislativa en materias vinculadas al envejecimiento, la inclusión social y los cuidados. Entre sus principales resultados destaca que el 84% de la población considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el envejecimiento, mientras que el 81,1% cree que las necesidades de las personas mayores son poco o nada consideradas en las decisiones de las autoridades. En tanto, el 45,6% estima que las personas mayores están muy marginadas y el 68,5% considera que sus aportes a la sociedad se aprovechan poco o nada.

Asimismo, el 82% de las personas encuestadas considera insuficiente el apoyo ante la dependencia. Sin embargo, el 53,5% estaría dispuesto a pagar un impuesto específico para financiar una red de protección, lo que evidencia una disposición ciudadana a contribuir al desarrollo de respuestas frente a los desafíos del envejecimiento.

Al respecto, la directora nacional de SENAMA, Muriel Abad, agregó que los resultados “entregan información relevante para el debate público y la formulación de políticas vinculadas al envejecimiento, la inclusión social, los cuidados y la participación de las personas mayores. Si bien se evidencia que la ciudadanía considera que el país no está lo suficientemente preparado para responder a las necesidades de las personas mayores, el estudio reafirma la necesidad de promover una sociedad más inclusiva y libre de prejuicios, que reconozca a las personas mayores como sujetos de derechos y protagonistas dentro de sus comunidades”.

Desde la Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), el Programa Envejecimiento Activo y Saludable y distintas unidades académicas participarán en los procesos de sistematización técnica de las instancias participativas que realice SENAMA.

“Para nuestra universidad es un orgullo colaborar con nuestras capacidades académicas y de investigación en esta tarea. El envejecimiento activo exige que las políticas públicas se construyan escuchando la realidad de los territorios y de los distintos grupos de la sociedad. Asumimos la responsabilidad de analizar y dar valor técnico a los diálogos realizados con la sociedad civil, la academia y las organizaciones de personas mayores. Nos comprometemos a formular recomendaciones metodológicas para el Estado y también a democratizar estos resultados a través de seminarios y publicaciones que nos permitan avanzar, como país, hacia una mejor calidad de vida para las personas mayores”, señaló James McPhee, vicerrector de Investigación y Desarrollo.

La encuesta es dirigida por los académicos Marcelo Arnold-Cathalifaud y Daniela Thumala-Dockendorff, del Núcleo Interdisciplinario de Psicogerontología (NIP) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y se implementa bajo el alero del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO), en alianza con SENAMA. En esta octava versión participaron, además, los sociólogos Daniel López y Cristian Massad.

Sobre los resultados, el académico Marcelo Arnold-Cathalifaud destacó la importancia de fortalecer las respuestas institucionales frente a los desafíos que plantea el envejecimiento: “El 84% de los chilenos y chilenas cree que el país está poco o nada preparado para el envejecimiento, y el 82% considera insuficiente el apoyo ante la dependencia. Pero más de la mitad, el 53,5%, estaría dispuesta a pagar un impuesto específico para financiar una red de protección. La ciudadanía ya dio un paso. Ahora el desafío es que las instituciones estén a la altura de esa disposición”.

Por su parte, la académica Daniela Thumala-Dockendorff advirtió sobre la brecha entre la autonomía efectiva de las personas mayores y la percepción ciudadana sobre sus capacidades. “En 2008, el 59,5% creía que Chile no estaba preparado para envejecer; hoy lo cree el 84%. Y aunque casi ocho de cada diez personas mayores se valen por sí mismas, apenas el 41,3% de la población cree que pueden hacerlo. Una sociedad que ve dependencia donde hay autonomía termina tratando a sus mayores como dependientes. Por eso seguiremos midiendo: la novena encuesta se llamará ‘Chile se mira envejecer: de la voz ciudadana a la política pública’”.

En la ocasión se hizo entrega del archivo que reúne los resultados de la octava versión de la encuesta, publicación que busca contribuir al debate público y académico sobre el envejecimiento en Chile. La trayectoria del estudio también ha contribuido a la discusión legislativa sobre la Ley Integral de las Personas Mayores y al desarrollo de iniciativas relacionadas con el buen trato y la prevención de la discriminación por edad.

La jornada concluyó con el anuncio de la Novena Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores, que permitirá dar continuidad a esta serie de mediciones y seguir monitoreando la evolución de las percepciones sociales respecto de la vejez y el envejecimiento.

Revisa aquí la encuesta completa.

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Entre 2015 y 2024, el precio de la vivienda en la Unión Europea aumentó un 53%. Portugal, por su parte, registró un incremento del 124,4% en ese mismo período. Esta situación se explica, entre otras cosas, por el desajuste entre la oferta y la demanda. En las grandes ciudades, el aumento de los alquileres obliga a los habitantes a tomar decisiones difíciles: destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a la vivienda o alejarse de los centros urbanos.

Según Eurostat, en 2023, el 31% de los griegos destinaba el 40% de sus ingresos al alquiler. Uno de los porcentajes más altos registrados hasta entonces en la Unión Europea.

Centros urbanos cada vez menos accesibles

A esta tensión europea se suma la presión del turismo. Estos países comparten un punto en común: sus economías dependen en gran medida del sector turístico. Esto provoca una concentración de alquileres de corta duración en las grandes ciudades y genera competencia entre visitantes y residentes.

Los activistas europeos por el derecho a la vivienda reclaman que se restrinja drásticamente este lucrativo sistema para devolver las viviendas al mercado de alquiler de larga duración. Este fenómeno lleva a los municipios más afectados a prohibir los alquileres de corta duración.

El auge descontrolado de estos alquileres temporarios afecta especialmente a Atenas, donde miles de propietarios retiraron sus inmuebles del mercado tradicional para destinarlos al alquiler de corta duración. En los alrededores de la Acrópolis griega, la mayoría de los departamentos se dedica al turismo, lo que genera una escasez de viviendas de alquiler de larga duración para la población local. Así, la capital griega cuenta con más de 12.000 anuncios activos en la plataforma Airbnb en 2026, un aumento del 26,5% respecto del año pasado.

De la marcha tradicional al acampe en la calle

Más allá de las diferencias entre los reclamos de cada país, las movilizaciones tienen puntos en común. El pasado 3 de octubre, España vivió un punto de inflexión en su historia social. Tras el desalojo, el 23 de septiembre en Madrid, de Maricarmen Abascal, de 87 años y ya fallecida, los sindicatos de inquilinos llamaron a los españoles a movilizarse.

Esta iniciativa reunió a miles de personas en varias ciudades del país para reclamar una regulación de los alquileres y una mayor protección frente a los desalojos.

Inspirada en los acampes españoles, entre ellos el de la emblemática Puerta del Sol de Madrid, la capital portuguesa, Lisboa, también se moviliza desde el 17 de octubre para denunciar el aumento de los precios inmobiliarios. En la plaza del Rossio, varios cientos de manifestantes durmieron a la intemperie durante la noche del miércoles 21 al jueves 22 de octubre. En esta nueva noche de protesta, los activistas por el derecho a la vivienda optaron por no instalar carpas para desafiar a las fuerzas de seguridad presentes en el lugar y hacer oír su voz. “Me obligaron a salir a la calle para gritar” o “Lisboa no está en venta”, se podía leer al amanecer en los carteles que alzaban frente a las fuerzas de seguridad en la plaza.

Los estudiantes en primera línea

En Italia, los jóvenes de Milán, que sufren de lleno la escasez de vivienda, prefirieron instalarse frente a las universidades. Su indignación se concentra principalmente en un escándalo concreto: el uso de los fondos del plan de recuperación europeo (PNRR). Los estudiantes acusan al gobierno de Giorgia Meloni de haber incumplido sus promesas de construir más viviendas públicas a precios accesibles. En cambio, le reprochan haber financiado residencias estudiantiles privadas.

Esta modalidad de protesta también atrae a los jóvenes griegos. En la noche del 20 de octubre, estudiantes instalaron sus carpas en la plaza Syntagma, frente al Parlamento, en Atenas, y en las calles peatonales de Tesalónica, según la AFP. Estos acampes sirvieron, el miércoles 21 de octubre, como punto de partida para una gran manifestación nacional encabezada, entre otros, por docentes y empleados públicos.

“No será una movilización aislada. Tenemos un plan para continuar con nuestras protestas”, prometió Katia Koubousidou, presidenta de los estudiantes de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Esa misma semana se realizaron varias movilizaciones para denunciar el aumento del costo de la vivienda.

¿Medidas “a largo plazo” para responder a la crisis?

Ante la indignación de los habitantes, los gobiernos intentan, como pueden, dar respuestas, pero sus estrategias difieren. En España, el gobierno de coalición de izquierda encabezado por Pedro Sánchez está en primera línea. Tras el rechazo en el Parlamento, el 2 de octubre, de las primeras medidas de emergencia destinadas a proteger a los inquilinos, el presidente del gobierno tuvo que convocar elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre.

En Atenas, el gobierno reconoce que los costos de la vivienda ejercían presión sobre los hogares. La ministra de Educación, Sofia Zacharaki, informó a los estudiantes que hay proyectos en marcha por más de 733 millones de euros para construir nuevas residencias estudiantiles y modernizar la infraestructura.

El alto costo de vida, la crisis de la vivienda y la inflación: la ola de reclamos no parece próxima a disminuir, como lo demuestran las nuevas convocatorias a manifestarse en Francia y otros países.

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En una declaración pública, tras confirmarse la victoria de Lula con el 51,79% de los votos frente a su 48,21%, el representante del Partido Liberal (PL) calificó de “inaceptable” lo ocurrido durante la jornada electoral.

Sus críticas se centran en la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, de ampliar el horario de votación en todo el país durante dos horas debido a los problemas registrados con el transporte público.

Bolsonaro ha acusado a Zanin -al que se ha referido como “exabogado de Lula”- de cambiar “las reglas del juego en medio del juego” y de “atropellar a la justicia electoral especializada” al tomar la decisión a las 17.01 horas (hora local), momento en el que debían cerrar los colegios.

“Esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil, hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diversas ciudades y estados”, denunció el hijo del expresidente Jair Bolsonaro..

En este sentido, el líder conservador ha asegurado que los interventores de su partido fueron “retirados de la sala cofre” (el centro de procesamiento de datos) a partir del momento en que se tomó la decisión judicial.

“Es imposible reconocer los datos de las elecciones en el contexto de cómo sucedieron estas cosas. Vamos a emprender acciones legales y solicitar la anulación de estas elecciones”, aseveró Bolsonaro, instando a sus seguidores a que “no desistan”.

La extensión del horario de votación fue ordenada por el Supremo ante las denuncias por la falta de transporte para los electores, a petición principal de la campaña de Lula da Silva, si bien la propia candidatura de Bolsonaro también había solicitado previamente una ampliación, aunque limitada a cinco estados (Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Rio Grande do Sul). La medida adoptada por Zanin obligó a paralizar el recuento inicial y se tomó pese a la oposición expresa del Ministerio Público Electoral.

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El resultado marca un hito en el sistema electoral brasileño, ya que es la primera vez desde 1989 que el candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda logra revertir los resultados en el balotaje. En los comicios del pasado 4 de octubre, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro había obtenido el 47,03% frente al 45,16% de Lula da Silva.

El desarrollo de los comicios registró alteraciones operativas luego de que el TSE dictaminara una prórroga de dos horas para el cierre de las urnas, extendiendo la jornada hasta las 19:00 horas. La medida fue solicitada por la coalición oficialista tras reportarse la retirada de autobuses de línea en ciudades como São Paulo y Salvador de Bahía.

Desde la campaña del senador del Partido Liberal (PL), el coordinador Rogério Marinho cuestionó la decisión judicial adoptada por el magistrado Cristiano Zanin. “El nivel de intervención de ciertos magistrados del Supremo Tribunal Federal resulta llamativo”, señaló Marinho, agregando que espera que “no prospere ningún golpe judicial ni artimaña administrativa, por el bien de la democracia”.

Por su parte, la Policía Federal abrió investigaciones para indagar sobre la alteración en los servicios de transporte, tras la orden de detención dictada contra el secretario de Movilidad de Salvador por parte del Tribunal Regional Electoral del estado de Bahía.

Declaraciones cruzadas en una definición ajustada

Durante la mañana, ambos candidatos emitieron su sufragio entregando sus proyecciones. Al votar en São Paulo, Lula da Silva se refirió al perfil de su contendor. “Es un día sagrado, porque la disputa es muy visible. Yo, que me reúno con todos los presidentes del mundo, jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral, que miente, se lo educó para mentir. Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial”, afirmó el mandatario reelecto.

En Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro apuntó a la situación económica del país para convocar a los electores indecisos. “Llegó la hora del cambio, la vida de todos empeoró; la esperanza se convirtió en miedo a la nevera vacía y a no pagar las cuentas”, expresó el legislador tras salir del cuarto oscuro.

Luiz Inácio Lula da Silva asumirá su nuevo mandato el 5 de enero de 2027, fecha establecida tras una reforma a la Constitución, y deberá gobernar frente a un Congreso donde el Partido Liberal mantiene el mayor bloque tras haber obtenido 19 de los 54 escaños disputados en el Senado durante la primera vuelta.

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Carmona sostuvo que la oposición debe ir más allá de la crítica a las decisiones del Ejecutivo y construir alternativas vinculadas con las necesidades de la población. En esa línea, explicó las 14 medidas urgentes aprobadas por la Conferencia Nacional del PC, con énfasis en un presupuesto reactivador, el empleo, los salarios y el fortalecimiento de las políticas sociales. También planteó que la construcción de propuestas requiere una relación más permanente entre los partidos y el movimiento popular.

El balance del ciclo político anterior ocupó otro eje de la conversación. Carmona defendió la vigencia de las demandas que impulsaron el estallido social, condenó los episodios de violencia que, a su juicio, terminaron desacreditando parte de la movilización y reconoció errores en los procesos constituyentes, especialmente en la relación con la base social. Asimismo, abordó las dificultades del PC durante el gobierno de Boric y reafirmó el socialismo como horizonte estratégico, aunque distinguió ese objetivo de las tareas políticas inmediatas.

—La Conferencia Nacional del Partido Comunista se realiza en un escenario marcado por el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast. ¿Qué cambios introduce este nuevo ciclo político para el PC y cuáles son los principales desafíos de la oposición?

Lo primero, efectivamente, es que la Conferencia Nacional del Partido, que es un evento eminentemente político, pone al día la política dados los cambios en la situación nacional. No es lo mismo la misma política con presencia en el gobierno que la política con presencia y compromiso activo en la oposición al gobierno, a nuestro juicio, el más reaccionario que haya conocido Chile después de la herencia que deja la dictadura. Esa es una formulación para explicar por qué debimos realizar una conferencia.

Lo segundo: los siete meses de gobierno muestran, primero, que es un gobierno abiertamente a favor del gran capital, a favor del privilegio de la élite, de una minoría. Y ellos mismos se encargan de que esto ocurra, afectando los intereses y los derechos de grandes mayorías, como muestran los efectos de los recortes en las políticas sociales.

Si a eso uno le agrega el cuadro desde el punto de vista de la economía, críticamente, casi cíclicamente crítica en empleo, salario, inflación, etcétera, además de la falta de políticas sociales o el déficit de políticas sociales en salud, educación y vivienda, junto con la respuesta parcial a lo que son las políticas de seguridad pública, estamos frente a una situación que, por opción del compromiso hecho y la política del gobierno de Kast, nos lleva a un callejón sin salida si pensamos en los derechos e intereses de la mayoría.

Ese es el cuadro en el que se mueve este gobierno, en un marco de una crisis muy seria y en un contexto internacional que, a su vez, la profundiza por lo que significa la política de Estados Unidos. El hecho de que Chile, casi en particular, explicite una subordinación a las políticas de Trump está absorbiendo todo el contagio de esas políticas de inestabilidad e inseguridad mundial que promueve Estados Unidos a través de la política que encabeza Trump.

Hay que decir el efecto que eso tiene en nuestra vecindad. Yo creo que no se ha tomado en serio que cada desliz, tanto del embajador norteamericano como del presidente Milei, está profundizando y agudizando una conflictividad vecinal entre Chile y Argentina que puede tener consecuencias, primero, desde el punto de vista humano y de la convivencia, de gran magnitud. Y segundo, desde el punto de vista económico, por el efecto que tiene para cualquier planificación y perspectiva de desarrollo.

Está en juego el estrecho de Magallanes, está en juego la presencia de Chile en la Antártica, están en juego muchas cosas que por ahora, como son políticas exteriores, aparecen un poquito más lejos y no están en la contingencia.

Ese es el cuadro que nosotros vemos y, en ese contexto, hay grandes obligaciones y grandes exigencias para las fuerzas políticas de oposición, no solo para marcar críticas a la gestión de gobierno, sino, sobre todo, para construir y levantar propuestas.

Pero esas propuestas, que sean políticas distintas, tienen que ser conversadas y tienen que nacer de la necesidad que tiene la gente, el pueblo llano, en términos reales. O sea, no pueden ser inventos que equipos creativos y especialistas le vayan después a ofrecer y promover al pueblo. El pueblo tiene que marcar eso desde el origen, y eso obliga a un vínculo mucho más rico, mucho más permanente y de mayor calidad entre el partido político y el movimiento popular. Nosotros a esto lo hemos llamado, en el titular de lo más importante de nuestro evento, partido de masas.

—En la Conferencia Nacional, el PC presentó 14 medidas urgentes para enfrentar los principales problemas económicos y sociales del país. ¿Cuáles son las prioridades de esta propuesta y cómo buscan que se traduzca en medidas concretas?

Primero, respecto a las 14 medidas que planteamos como cierre después del debate que hicimos en la Conferencia, la centralidad la da la medida vinculada al tema de un presupuesto reactivador. Eso abre el debate sobre la discusión vigente y contingente en este momento del presupuesto del país, que solo crece en 1,5%, que recorta el 6% a los gobiernos regionales, recorta el 12,6 a Cultura, 6,4 a Ciencias, etcétera.

A cambio de eso, un presupuesto reactivador sería aquel que incremente fuertemente el efecto, en casi un 10%, en políticas que vayan directamente vinculadas al crecimiento del producto interno, en vivienda, en inversión pública, incluyendo un bono dirigido a través de un IFE de subsidio al empleo, una reposición de recortes, una política de prevención municipal y de transporte gratuito para los adultos mayores, etcétera, etcétera.

Es decir, hay una centralidad que la da la idea del presupuesto reactivador. En ese mismo orden y por importancia está el tema del empleo, seguro de cesantía solidario, salario mínimo y una política que controle el alza del costo de la vida, con una direccionalidad focalizada.

Después están todos los temas vinculados a salud, educación y vivienda. Focalizar en mujeres y jóvenes: nosotros planteamos un empleo para el joven que recién termina, egresa de su formación profesional, tener garantizado un empleo a lo menos entre seis meses y un año, para su realización, pero también para esa vitalidad que le hace falta a la actividad económica.

Están los temas vinculados a la política alimentaria y la agricultura local. Está la política vinculada al transporte de personas y la locomoción colectiva, y la integración, la conectividad que tienen, efectivamente, las comunas rurales respecto al centro.

Es decir, hay un hilo conductor y cada una de estas medidas tiene un estudio presupuestario detrás, en cuanto a montos y porcentaje del producto interno, y dejan la posibilidad de abrir un debate blanco sobre negro: por qué sí o por qué no tales y cuáles medidas.

—Usted ha planteado que la oposición debe desarrollar una “resistencia estratégica” frente al gobierno de Kast. ¿Qué significa concretamente esa estrategia y cómo se relaciona con las propuestas que acaba de mencionar?

El concepto, yo creo, tiene una fácil bajada. La resistencia frente a la ofensiva de una política que pretende profundizar los códigos neoliberales. La resistencia frente a las políticas que pretenden desconocer derechos conquistados y alcanzados.

La resistencia es frente a la contraparte que pretende arrasar con los avances que se hayan logrado en toda esta cantidad de años. Y entonces es estratégica, toda vez que, al contener e impedir que avancen esas otras políticas, está también mirando con sentido de salida, o sea, con sentido más allá de lo inmediato. Y va a ser origen, porque una resistencia estratégica no es inmovilismo: es iniciativa, es organización, es movimiento.

Ese es el concepto. Va a ser lo que va a sostener las políticas que vamos a poner en debate hoy día, como también las que pondremos en debate mañana, cuando creamos que estamos en condiciones de disputar de nuevo la conducción del país.

— A siete años del estallido social de 2019, ¿cómo evalúa ese proceso y qué balance hace de sus consecuencias políticas? Algunos sostienen que la rebelión terminó favoreciendo el avance de la derecha y la llegada de José Antonio Kast al gobierno. ¿Qué responsabilidad les cabe a las fuerzas políticas en comprender las demandas que movilizaron a millones de personas y distinguirlas de los episodios de violencia que marcaron parte de las protestas?

Siento que muchos referentes que deberían tener una preocupación seria por conocer, estudiar y determinar en detalle de qué se trató esta verdadera rebelión social, no conocida en la historia de Chile, no lo hacen.

Yo convoco a que alguien diga que existe en la historia del país un hecho comparable. Estoy incluyendo el 2 y 3 de julio del año 86, estoy incluyendo la rebelión de la chaucha en el año 52 o 53. Si hay un momento en la historia en que un hecho social haya convocado casi espontáneamente, con una proporción de autoconvocatoria desconocida antes, a una movilización que tuvo tanta extensión territorial y tanta incorporación sectorial.

Había adultos mayores y jóvenes. Hay que recordar que el salto del torniquete lo hicieron estudiantes secundarios. Había artistas y obreros, profesionales y empleados, hombres y mujeres, estaban los pueblos originarios y el pueblo chileno en general. Tanta diversidad, que tomó tantas formas diversas de expresar una propuesta y una protesta, ambas cosas.

Por ejemplo, hoy algunos se quedan en el desborde, algunos se quedan en la desnaturalización, algunos se quedan sin siquiera investigar por qué hubo intramarchas o alguna provocación mayor. Pero esto partió con expresiones de masas movilizadas que se concentraban en todas las plazas públicas del país. Esto siguió con expresiones de la cultura y los principales grupos actuando, desde Inti-Illimani, Sol y Lluvia, Illapu y otros artistas destacados. Esto siguió con expresiones de filarmónicas tocando música en los espacios públicos. Siguió con cicletadas, que eran de suyo pacíficas, movilizándose por las ciudades y haciendo saber que había una corriente de opinión.

Esto fue una marca mundial cuando las mujeres aportaron con Las Tesis que se expresaron contra el patriarcado, como otra de las contradicciones presentes. Yo creo que sería muy presumido quien dé por descartado el estudio, como si fuera de dominio general que dos más dos son cuatro y cualquiera pudiera tener el control de una movilización de este tipo. Recuerdo las respuestas que dio la primera dama de la época, la mujer de Sebastián Piñera, que decía que había que considerar y tomar en cuenta. Hubo muchas movilizaciones que comprometieron, en general, a lo más significativo de la sociedad.

¿Por qué se producía esto? ¿Estaban aburridos, tenían problemas, les sobraba el tiempo? Esto se produjo porque hubo un acumulado de expectativas sobre las políticas del Estado de Chile que no se cumplían, y entonces se dio la posibilidad, a través de una fuerza de ejemplo. Yo no sé quién puede atribuirse la convocatoria. Algunos quieren asignársela al Partido Comunista, con una mirada bastante pequeña, limitada, con alcance a la esquina de la casa, cuando se trata de fenómenos de los que el Partido Comunista no va a hacerse dueño, porque sabe perfectamente que tenían una dinámica propia y la va a respetar. Lo peor sería que alguien quisiera suplantar esa iniciativa.

Creo que los temas que movilizaron ahí, que explican todas estas movilizaciones, siguen presentes. ¿Se resolvieron las listas de espera en los hospitales? ¿Se resolvió la lista de espera para la vivienda social? ¿Se resolvió el tema de la estabilidad laboral y la carrera funcionaria? ¿Se resolvió el tema de la gratuidad en la educación superior? Los temas siguen presentes. Y si quienes están a cargo de la política del Estado de Chile, entre otros los partidos políticos, la representación parlamentaria, los gobiernos, etcétera, no les ponen cabeza, no le toca a la base social dar vuelta las cosas y ser ellos los que conduzcan Chile.

Por ejemplo, entre las cosas que ocurrieron inmediatamente después de que bajó la expresión social de esta movilización del estallido, fue que en marzo del año siguiente vino la dureza de la vida con la pandemia del COVID. Y si no hay pandemia, seguramente no se olviden ustedes de lo que se decía en el Festival de Viña, en el Festival de Olmué, en los estadios de fútbol, en todo lugar en que hubiera la posibilidad de una concentración de personas. Si alguien cree que eso era orquestado por un partido que le compraba las entradas a una parte para que fuera a alterar el orden, de verdad está no queriendo mirar la realidad.

Veamos la realidad, asumamos que estamos en la política. ¿Por qué no teníamos incidencia en ese proceso? Pero tampoco queremos leer hoy día las razones de por qué esto ocurrió. Creo que eso es una irresponsabilidad desde el principio. Creo que la historia se repite, pero jamás es calco y copia de otro momento; eso no existe. Por tanto, copiar lo que fue esa rebelión social es una quimera, una ilusión. Lo que sí se mantiene son las razones de la justicia o injusticia social, las razones de las inequidades, las razones de las prevenciones y reservas que tiene la gente, y eso yo llamo a que lo escuchemos.

Esa es la mirada que tenemos sobre ese proceso. Creemos que el juicio crítico y el desencanto con la institucionalidad se mostraron en la convocatoria con voto universal y obligatorio que significaron los dos procesos constituyentes, con resultados que todos conocemos. Nosotros nos hacemos cargo del revés duro que tuvimos en el primer plebiscito. Históricamente, todos los que éramos partidarios de superar la Constitución que heredábamos tenemos que asumir nuestra cuota de ese revés por falta de un mejor vínculo con la base social.

Hubo después, en el debate mismo, exageraciones. Pero, por cierto, no se puede empezar a discutir en una Constitución qué nombre se le pone a las calles o si el agua sale fría o caliente. No, es la carta que ordena. Ahí faltó sabiduría, voluntad. Hagámonos cargo de todo eso también.

Creo que lo que vale de todo esto es que los grandes problemas que se marcaron a través de estas movilizaciones siguen vigentes y siguen siendo un desafío para las fuerzas políticas. Otra cosa en la cual todos coincidimos es en condenar los desbordes que no tenían que ver con la convocatoria, condenar absolutamente las formas de relacionarse respecto del método, respecto de la iglesia, respecto del supermercado, etcétera, que no están en la convocatoria de Gustavo Gatica ni de Fabiola Campillai. Hay que reconocer a quienes aportaron, saber separar y luego estudiar qué pasó con esas iniciativas que siguen presentes a la fecha.

No hay claridad sobre cuál fue el origen de esos desbordes que terminaron desacreditando la movilización social.

— En su discurso ante la Conferencia Nacional, usted reafirmó el socialismo como horizonte estratégico del Partido Comunista. ¿Cómo se traduce ese objetivo en la etapa política actual y qué papel cumple la construcción de una revolución democrática en ese camino?

Yo creo que el Partido Comunista, por definición, por doctrina y por principio, nace a la vida como un partido de la clase obrera, de la clase trabajadora. Eso lo mantiene. Esa condición pone el tema desde el punto de vista de que una clase social tiene el legítimo derecho a aspirar a conducir la sociedad y, por tanto, tiene vocación de poder. La construcción y la perspectiva estratégica del socialismo, que están en el origen de la fundación del partido, no significan que esté en la orden del día. Tenemos sentido de la realidad.

Eso tiene que ver con cuál es la contradicción que ordena la política en este momento. Hoy día el gran tema es cómo avanzar en una revolución democrática, que es distinta a una revolución socialista. En la revolución democrática se van a encontrar aliados muy amplios y habrá que avanzar para que se instale la democracia por sobre el neoliberalismo, que para nosotros es una limitación desde el punto de vista democrático.

Y una vez que se cree esa condición, se va a abrir un horizonte distinto y la posibilidad de una economía diferente, una economía que se sostenga y que vaya en beneficio de las grandes mayorías en su realización como condición de vida. Ese es, a nuestro juicio, el propósito socialista, que agrego tiene que ver con la realidad de Chile.

El socialismo no es, y esto desde el punto de vista del marxismo, una receta mecánica, burocrática, que no sea una expresión de la realidad histórica completa, que incluye la experiencia y la idiosincrasia de los pueblos, país por país.

Cada uno, porque son todos países distintos, son tiempos distintos y son maduraciones de los procesos de los grupos sociales distintos. Entonces, nosotros hablamos, como decía Allende, de un socialismo a la chilena. Es más, con empanadas y vino tinto, para hacerlo mucho más peculiar en cuanto a propósito.

— Respecto de la experiencia del PC en el gobierno de Gabriel Boric, usted ha reconocido falencias en el vínculo con la ciudadanía y en el cumplimiento de algunos compromisos. ¿Cuáles son las principales autocríticas del partido sobre ese período y qué lecciones dejan para la etapa actual?

En nuestra autocrítica hay muchas cosas, pero derivan de una principal. Nosotros tenemos que ver por qué, estando en el gobierno y suponiendo que comprometíamos un programa que indicaba avances, sin embargo, sometidos al veredicto de la ciudadanía, perdimos el gobierno. Entre otras cosas, no hay ninguna magia: hay un déficit en lo que es la relación de las fuerzas políticas con el movimiento social, real, masivo, organizado y no organizado, para que comprendiera en igualdad de condiciones que esto era un hecho positivo para su condición de vida. No fue así.

Entonces tenemos que ver la debilidad de ese vínculo. Eso implica temas de políticas comunicacionales, pero también la debilidad de cumplir o no cumplir con los compromisos contraídos. Hay  también una observación crítica porque, por ejemplo, no fuimos capaces de sacar la negociación ramal o porque finalmente se descartó la lucha respecto a las AFP. Podemos nombrar varias cosas que son temas donde el Partido Comunista se siente involucrado e incumbente, pero que no son exclusividad solo del Partido Comunista, porque eran tareas que radicaban en un gobierno y en las fuerzas políticas que sostenían al gobierno.

Y, en lo más propio del partido, probablemente tiene que ver con nuestra discusión sobre la solidez del partido como instrumento facilitador para llevar adelante propuestas y organizar al pueblo. También tiene que ver con la presencia que el partido ha alcanzado hasta ahora y que tiene que crecer para ser mucho más incidente.

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El presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, detalló las gestiones que permitieron destrabar la controversia con sus socios de coalición. “Afortunadamente logramos resolver esto en menos de 24 horas y bueno, fue un fin de semana difícil, pero el lunes vamos a volver al comité político ampliado a trabajar de manera coordinada”, indicó el legislador.

Ramírez precisó que el timonel republicano se contactó con los dirigentes gremialistas para rectificar sus declaraciones. “Las disculpas que el diputado Squella me hace a mí en privado, le hace a Hernán Larraín mismo también en privado y que hacen público también luego, dan cuenta del ánimo que nosotros tenemos (…) de trabajar en conjunto para poder sacar las cosas adelante”, señaló.

Sobre el cierre del episodio, el representante oficialista valoró la actitud del dirigente aliado. “El reconocimiento del error, a mí me parece que es loable y por lo mismo creo que este asunto ya está superado“, afirmó, advirtiendo de todas formas la necesidad de revisar las coordinaciones internas para evitar nuevas alteraciones que puedan “afectar al Presidente”.

Superado el impasse interno, el timonel de la UDI abordó la propuesta del Ejecutivo para modificar el sistema de rebajas de condena. Ramírez respaldó la gestión del ministro Fernando Rabat, indicando que el secretario de Estado “cuenta con toda la confianza y su apoyo” por parte de La Moneda.

Respecto al proyecto de ley gubernamental, el legislador detalló que la iniciativa busca reformular la toma de decisiones y retirar la participación del Poder Ejecutivo. El mecanismo “saca al Ministerio de Justicia del procedimiento, mantiene a Gendarmería, mantiene a los comités de rebajas de pena y retira al Ministerio de Justicia para darle espacio a tribunales, en este caso en particular, a los tribunales de garantía“, explicó.

Asimismo, indicó que el texto establecerá la prohibición absoluta de beneficios para agresores sexuales de menores. “Se va a prohibir entregar ningún tipo de beneficio de rebaja de pena a ninguna persona que haya agredido de cualquier manera a un menor en materia sexual (…) para los otros casos que no sean abuso sexual a menores y que si la ley permite rebaja de pena, se va a escuchar a las víctimas“, precisó el diputado.

Ofensiva legislativa de la oposición

En el Congreso, representantes de la centroizquierda anunciaron el inicio de la tramitación de proyectos propios para abordar la materia, cuestionando el rol de la actual administración gubernamental frente a los fallos judiciales.

El senador y presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic, afirmó que “los gobiernos anteriores que tenían carácter se opusieron a este criterio que hoy día lamentablemente el gobierno de Kast (…) terminó por una decisión administrativa dejando en libertad a la mayoría de estos 56 beneficiados“.

Sobre la iniciativa que discutirá su comisión, Mirosevic estableció que buscarán cerrar cualquier margen de interpretación. “Ningún gobierno va a poder entregar este tipo de beneficios porque el condenado no va a estar en condiciones de solicitar estos beneficios (…) vamos a ser más explícitos en la ley para que a ningún gobierno se lo apliquen”, sentenció.

Cuestionamientos por presupuesto de infancia

El debate por las condenas generó reacciones vinculadas a la tramitación de la Ley de Presupuesto 2027. La senadora Yasna Provoste contrastó las decisiones del Ministerio de Justicia con las reducciones de fondos establecidas por el Ejecutivo para programas enfocados en menores de edad.

“Entre marzo y septiembre de este año el gobierno firmó más de 56 decretos para rebajar las condenas de personas que violaron o abusaron sexualmente de niños (…) Uno de cada tres días de este gobierno estuvo dedicado a entregarle beneficios a los violadores”, expuso la parlamentaria.

Provoste detalló las áreas afectadas por los ajustes fiscales propuestos por La Moneda en la discusión presupuestaria. “Le recorta en un 59% los recursos al programa de adopción, reduce los recursos de las oficinas locales de la niñez (…) y deja sin acceso a computadores a más de 100.000 niños“, indicó.

En base a esos antecedentes, la senadora concluyó su intervención cuestionando las prioridades estatales. “Se rebajan las condenas a quienes abusan de niños y se recortan las ayudas a los niños. Eso no es proteger la infancia“, finalizó.

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El dirigente gremial abordó este domingo la caída superior al 10% que registró el Fondo E hasta septiembre, situación que ha generado interrogantes sobre las estrategias de inversión y, particularmente, sobre el uso de instrumentos financieros conocidos como swaps.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Fernández de Castro evitó adelantar conclusiones respecto de las responsabilidades de las administradoras y afirmó que existe un sistema de fiscalización encargado de revisar tanto los activos como los riesgos asociados a las inversiones.

“Con la Super de Pensiones hay permanentemente revisión de todos los activos, todos los riesgos y todos los elementos que tienen que ver con la estrategia de inversión. Y eso se revisa permanentemente. Y estos procesos son continuos”, señaló el representante gremial.

Ante la consulta sobre si las administradoras actuaron con imprudencia al asumir determinados riesgos, Fernández de Castro planteó que esa evaluación debe realizarse mediante los procedimientos establecidos por la institucionalidad. “Eso es lo que hay que resolver hoy día. Cualquier duda tiene que aclararse, hay una institucionalidad que tiene que resolver. Y se está investigando”.

El presidente de la asociación también fue consultado por las razones que llevaron a las distintas AFP a mantener inversiones en swaps, sin que alguna de ellas o sus respectivos directorios optara por abandonar esas posiciones.

Frente a ese cuestionamiento, insistió en que no corresponde establecer conclusiones antes de que finalicen las revisiones. “No hay que emitir juicios sobre los niveles de riesgo en tanto se aclaren todas las dudas. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros ante todo es aclarar las dudas de cara a la gente porque estas son pensiones”.

Durante la entrevista, Fernández de Castro destacó que la administración de fondos previsionales funciona bajo un marco normativo que establece obligaciones de supervisión, control y rendición de cuentas.
En ese sentido, sostuvo que las decisiones de inversión no dependen únicamente de criterios individuales, sino que forman parte de estructuras internas que deben cumplir con exigencias regulatorias.

“Estos son diseños de muy largo plazo, súper regulados, muy estructurados con gobiernos corporativos y gobernanzas muy estrictos. Probablemente es la industria más regulada que existe, porque es una industria que es parte de la seguridad social y en ese sentido todas las decisiones que se toman tienen sus órganos de decisión, su fiscalización, su regulación y su reporte a las autoridades siempre. Los incentivos propios que tienen internamente yo no los manejo, no los conozco porque son propios de cada AFP”, enfatizó Fernández de Castro.

Con ello, el representante gremial buscó diferenciar el rol de la Asociación de AFP de las decisiones particulares que adopta cada administradora en el manejo de los fondos.

La controversia también abrió interrogantes sobre la posibilidad de que las empresas compensen voluntariamente a los afiliados afectados por las pérdidas. Consultado por esa alternativa, Fernández de Castro evitó entregar una respuesta en representación de las administradoras y sostuvo que se trata de una decisión que no corresponde resolver a la organización gremial. “No es un tema gremial”, añadió.

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Cifras que adquieren un mayor impacto en un país que envejece aceleradamente y donde las redes familiares, condiciones económicas, e incluso posibilidades de participación comunitaria no son iguales para todos. Según el Censo de Población y Vivienda 2024, en el país residen más de 3 millones de personas de 60 años o más, equivalente a un 19,8% de la población del país.

Para Esteban Gómez, director ejecutivo de la Fundación Amanoz, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el punto de partida del diagnóstico es comprender que vivir acompañado no significa necesariamente sentirse acompañado.

“Chile es un país con un envejecimiento muy acelerado, por encima de la región. Estamos hablando de una población de más de tres millones y medio de personas que están en este grupo etario y, efectivamente, hay un porcentaje importante de ellas que percibe la soledad, que se siente sola y que, en algún momento del día, encuentra que le hace falta alguien con quien conversar, con quien compartir sus realidades cotidianas o intercambiar experiencias”, planteó.

La distinción entre la soledad no deseada y el aislamiento social, aunque pueden coexistir, también es abordada por los datos del observatorio UC. El informe identificó que un 28% de las personas mayores cuenta con apenas una o dos personas cercanas en su red, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a la falta de apoyo.

 

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“Al ser algo abstracto, la soledad termina reduciéndose a la percepción de si la persona vive sola o no vive sola, o si físicamente está aislada. Eso nos puede llevar a tener una visión totalmente errada, porque esta percepción es invisible, es muy personal y puede generar consecuencias muy complicadas para la salud mental”, explicó Gómez.

Desigualdad económica y territorial

Este fenómeno en Chile tampoco se distribuye de manera uniforme. Factores como las condiciones económicas, el acceso a servicios y las vivencias en comunidad pueden profundizar las dificultades para mantener vínculos sociales durante la vejez.

En ese contexto, pensiones, gastos médicos y disponibilidad de espacios comunitarios son algunos de los elementos que detectan desde Fundación Amanoz como parte de un problema más amplio. 

“Si hablamos de un contexto mucho más positivo a nivel de las pensiones, de mejores pensiones, evidentemente eso acarrea por defecto una mejor calidad de vida en todos los aspectos para las personas mayores. La disponibilidad económica que tenga una persona mayor impacta en su bienestar y en su calidad de vida. Una mayor disponibilidad de recursos también puede generar participación y esparcimiento, que van de la mano con el bienestar”, recalcó Gómez.

También apuntó a la necesidad de prepararse para la vejez y de contar con proyectos de vida que permitan mantener intereses, actividades y relaciones más allá de la etapa laboral.

“Si ya teníamos limitaciones o carencias a nivel educacional, de salud o económicas, evidentemente todo esto se puede agudizar en un contexto de envejecimiento. La preparación tiene que darse desde todos los frentes, tanto desde los factores que se pueden manejar como desde aquellos que no dependen exclusivamente de uno. También importa qué proyecto de vida tengo para mi vejez”, señaló.

Las diferencias territoriales añaden otra barrera. Gómez explicó que, en las regiones, la movilidad de las generaciones jóvenes en busca de oportunidades laborales y educacionales puede debilitar los vínculos familiares entre quienes permanecen en sus ciudades de origen y quienes se trasladan. Las grandes distancias del país hacen más difícil mantener el contacto cotidiano y construir redes de apoyo estables.

A ello se suma la falta de conectividad. “Uno de los factores principales es la oferta. Hay comunas que no necesariamente tienen una oferta para las personas mayores o tienen una oferta escasa. Pero también puede ocurrir que exista una oferta y no haya transporte público que conecte con esos lugares. Entonces, el aislamiento social se evidencia porque hay actividades, pero no es fácil llegar hasta ellas. Estoy hablando incluso de personas autovalentes que necesitan disponer de recursos para un transporte privado porque no hay conectividad”, comentó.

El impacto sanitario

La dimensión sanitaria es otro de los motivos por los que la soledad no deseada comienza a instalarse en el debate público. Un estudio publicado en febrero de 2026 en la revista Open Journal of Social Sciences, elaborado a partir de datos de 6.755 personas de 60 años o más de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2023/2024, encontró una asociación significativa entre el aislamiento social, los sentimientos de soledad y una peor percepción del propio estado de salud.

Según los resultados, el 30,4% de los participantes presentaba aislamiento social y el 23,4% reportaba sentimientos de soledad. Entre quienes calificaban su salud como mala o muy mala, el 45% estaba socialmente aislado y el 37% experimentaba soledad, proporciones superiores a las observadas entre quienes percibían su salud como buena o muy buena. El estudio también identificó diferencias por sexo: el aislamiento era más frecuente en hombres, mientras que la soledad afectaba en mayor medida a las mujeres.

El informe de la UC, por su parte, recoge evidencia de la Organización Mundial de la Salud que vincula la soledad y el aislamiento con un mayor riesgo de demencia, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.

Gómez advierte que, cuando la soledad se prolonga, puede afectar la motivación para participar en el entorno, interactuar con otras personas y mantener una actividad cognitiva regular. “Si yo no me siento motivado por el contexto, por el entorno, por vincularme, porque todo eso finalmente es activación cognitiva, y no estoy participando ni interactuando con otro, el envejecimiento abre las puertas a un deterioro cognitivo. Es un factor de riesgo para desarrollar una demencia y también representa un riesgo importante a nivel cardiológico”, sostuvo.

El ejecutivo agrega que la evidencia también vincula la soledad persistente con problemas de salud mental, incluidos cuadros depresivos y riesgo suicida. Por eso, plantea que el desafío no debe limitarse a tratar las enfermedades una vez que aparecen, sino que debe considerar las condiciones sociales que pueden contribuir a su desarrollo.

“Lo deseable sería trabajar más en la prevención que en la atención de la problemática. La soledad como tal no es un problema sanitario que se pueda abordar únicamente desde el sistema de salud, pero sí lo son las consecuencias que van apareciendo, los síntomas y las patologías que se evidencian cuando la soledad se hace sostenida en el tiempo”, explicó.

La presión también puede trasladarse a la gestión hospitalaria. Gómez señala que existen personas mayores que están en condiciones clínicas de recibir el alta, pero cuya salida se retrasa por la falta de familiares, cuidadores o responsables que puedan apoyarlas una vez que abandonen el establecimiento.

“Finalmente se termina perpetuando su permanencia en una cama que debería liberarse para estar disponible para otra persona. Eso evidentemente tiene costos a nivel sanitario, y ahí estamos hablando de aislamiento social desde la familia, de un no hacerse cargo y de soledad”, indicó.

La respuesta del Estado

La discusión sobre la soledad no deseada también ha comenzado a abrirse espacio en el ámbito legislativo. La preocupación no se limita a las personas mayores: el 12.º Termómetro de Salud Mental Achs-UC, cuyos resultados fueron publicados en octubre de 2026, registró que un 21,9% de la población adulta urbana declaraba altos niveles de soledad, la cifra más elevada de esa medición desde 2021.

En este contexto, Fundación Amanoz es uno de los actores que forman parte de la denominada Bancada de la Soledad, una instancia transversal del Congreso Nacional que busca visibilizar el problema y promover medidas para enfrentarlo. Para Gómez, el primer paso es reconocer que la soledad no deseada tiene implicancias colectivas y que sus consecuencias no pueden quedar exclusivamente en manos de las familias o de las propias personas afectadas.

 

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“Al momento en que las consecuencias de la soledad generan costos para el país y para el Estado, que debe atender sus efectos a nivel sanitario, evidentemente estamos frente a un problema que hay que prevenir con políticas públicas. Lo que necesitamos son programas cuyo foco esté puesto en la soledad de las personas, porque actualmente existen iniciativas que abordan otras problemáticas y que, de manera indirecta, pueden mejorar el aislamiento, pero no tienen como objetivo inicial resolverlo”, argumentó.

El desafío para Chile, por tanto, no consiste únicamente en reconocer que casi una de cada dos personas mayores declara sentirse sola, sino en traducir ese diagnóstico en una respuesta sostenida. Para Gómez, la prevención, la participación comunitaria, la conectividad territorial y el compromiso institucional deben formar parte de una estrategia que permita que envejecer no implique perder los espacios de encuentro y las relaciones significativas.

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Figura central del teatro chileno del siglo XX, Isidora Aguirre (1919-2011) será la protagonista del ciclo Cultura en Derecho, en su octava versión, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

La autora inició su carrera como dramaturga al alero de los teatros universitarios que surgieron en la década de 1940, como el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, creado en 1941. Más tarde sería profesora de teatro en la misma universidad. Su amplia obra logró combinar la preocupación por los temas sociales y la historia nacional junto con alcanzar una gran popularidad, como demuestra la más célebre de sus obras, “La Pérgola de las Flores”, comedia musical estrenada en 1960, vuelta a representar continuamente desde entonces y adaptada al cine y la televisión.

El encuentro tendrá lugar los días martes 27 y miércoles 28 de octubre en Pío Nono 1. Al igual que las versiones previas de estos ciclos (dedicadas a Albert Camus, José Domingo Gómez Rojas, Gabriela Mistral, Armando Uribe, Jorge Edwards, Carlos Droguett y Raúl Ruiz) contará con diversas actividades, en que participarán destacados estudiosos y artistas.

La inauguración del ciclo sobre su vida y obra contará con las palabras de bienvenida del decano de la Facultad, Gabriel Hernández Paulsen; el periodista y escritor, Julio Fernando San Martín, autor de la biografía Isidora Aguirre. Una dramaturga esencial. Asimismo, expondrán la profesora de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, Marcia Martínez, coeditora del libro Teatro y fulgor: aproximaciones a la obra de Isidora Aguirre.

Les esperamos en el octavo ciclo de Cultura en Derecho dedicado a la escritora y dramaturga chilena Isidora Aguirre. Los días martes 27 y miércoles 28 tendrá lugar en nuestra Facultad el ciclo bajo el título “Isidora Aguirre: lo vivido y lo soñado”, con diversas actividades. https://t.co/dgY057cWzm

— Facultad de Derecho (@derechouchile) October 23, 2026

El miércoles 28 de octubre, a las 12:00 horas, tendrá lugar la mesa sobre la obra “La Pérgola de las Flores”, en que la actriz Bernardita Nassar, protagonista de una de las representaciones más recientes en el GAM, será entrevistada por la vicedecana de la Facultad, Flavia Carbonell.

También intervendrán el destacado musicólogo Juan Pablo González, profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado e ITEM de Medellín, autor del libro Francisco Flores del Campo. Concluirá la mesa la exposición de María de la Luz Hurtado, profesora emérita de la Universidad Católica, quien ha escrito ampliamente sobre la historia teatral chilena y también sobre Isidora Aguirre.

El mismo miércoles 28 de octubre, a las 13:00 horas, se realizará una lectura dramatizada de la obra de Aguirre, ¿Quién tuvo la culpa de la muerte de la María González?, por integrantes del Teatro Cadal, de la Facultad de Derecho, dirigido por Catalina Millán.

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