El episodio ocurrió en la región siberiana de Irkutsk, en el sureste de Rusia y relativamente cerca de la frontera con Mongolia. Allí, Daría Shipilova, de 28 años, trabajaba como técnica de laboratorio en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, un centro especializado precisamente en enfermedades especialmente peligrosas.

Shipilova enfermó gravemente, fue hospitalizada el pasado 29 de septiembre y murió el viernes 2 de octubre después de desarrollar una agresiva neumonía “de etiología desconocida”, según la versión oficial rusa.

El supuesto accidente, la versión oficial y los medios locales

El caso adquirió otra dimensión cuando el medio independiente ruso Lyudi Baikala (Gente del Baikal), recogió versiones según las cuales el 25 de septiembre Shipilova habría roto accidentalmente una probeta o tubo que contenía material vivo con Yersinia pestis, bacteria puede producir distintas formas de peste dependiendo de cómo ingresa al organismo y cómo evoluciona la infección. La más conocida históricamente es la peste bubónica, asociada popularmente con la llamada peste negra que devastó Europa durante la Edad Media. Pero existe también una forma neumónica que afecta directamente los pulmones y que, a diferencia de la bubónica, puede transmitirse de una persona a otra mediante gotas respiratorias.

Por eso, si hubiese existido una exposición dentro del laboratorio mediante aerosoles o partículas inhaladas, la principal preocupación epidemiológica sería precisamente una peste neumónica. Sin embargo, esa versión todavía no está demostrada. Lyudi Baikala presentó inicialmente el accidente como una de las hipótesis existentes y otras publicaciones locales y medios independientes rusos recogieron relatos similares.

No obstante, hasta ahora no existe un registro público del supuesto accidente, un documento interno que lo confirme o el testimonio identificable de alguna persona presente cuando habría ocurrido.

La posición oficial rusa sostiene algo completamente distinto. Rospotrebnadzor, la agencia federal responsable de la vigilancia sanitaria, afirmó que una comisión inspeccionó el instituto y no encontró ninguna emergencia o accidente relacionado con el trabajo con microorganismos patógenos. Las autoridades estudian diferentes posibilidades sobre el origen de la enfermedad, incluida la posibilidad de que Shipilova hubiera contraído una infección durante un viaje reciente a Tailandia. Según Moscú, las investigaciones tampoco encontraron microorganismos relacionados con su actividad profesional.

Rospotrebnadzor agregó que las personas que mantuvieron contacto con Shipilova no presentan peste ni otras infecciones especialmente peligrosas. Entre algunos contactos se detectaron COVID-19 y rinovirus, pero ningún caso de peste. El Kremlin respaldó esta explicación y su portavoz, Dmitri Peskov, pidió evitar especulaciones y remitirse exclusivamente a las conclusiones de las autoridades sanitarias. Rusia también comenzó posteriormente a levantar las restricciones impuestas sobre parte de las aproximadamente 200 personas que habían quedado inicialmente bajo vigilancia médica.

Los movimientos que causaron dudas y la reacción internacional

La magnitud de esa respuesta sanitaria ha alimentado las dudas. Antes incluso de que Moscú negara formalmente la existencia de un accidente, el hospital de Shelekhov donde fue atendida Shipilova restringió actividades, decenas de trabajadores del instituto fueron aislados y cerca de 200 contactos quedaron bajo observación médica. Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor y principal autoridad sanitaria federal rusa, viajó personalmente hasta Irkutsk para supervisar la situación.

Además, medios independientes informaron inicialmente que varios hospitales de la región habían impuesto restricciones por sospechas relacionadas con una posible peste pulmonar. Lyudi Baikala señaló posteriormente que no podía confirmar el cierre de todos los hospitales, pero sí la existencia de estrictas restricciones en diferentes centros médicos, incluida la prohibición de visitas. El 5 de octubre informó que al menos cuatro instituciones médicas, entre ellas un hospital pediátrico, habían aplicado cuarentenas que podían extenderse hasta tres semanas.

La confusión aumentó además por las propias declaraciones de autoridades regionales. Alexei Tsydenov, jefe de la vecina República de Buriatia, publicó inicialmente que una mujer de Irkutsk había muerto de peste y después modificó su mensaje para señalar que “posiblemente” había fallecido por esa enfermedad. Otras autoridades locales publicaron advertencias preventivas relacionadas con informaciones sobre peste que posteriormente retiraron. Mientras tanto, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, se refirió a medidas frente a la sospecha de una infección especialmente peligrosa, aunque sin identificar públicamente cuál era.

Esta combinación de cuarentenas, declaraciones contradictorias y menciones explícitas a la peste convirtió rápidamente una muerte inicialmente local en un episodio de preocupación internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que está siguiendo el caso y mantiene contacto con Rusia para verificar lo ocurrido y determinar si existe alguna implicancia para la salud pública internacional. Moscú comunicó oficialmente a la organización que no se ha registrado ningún caso de peste en Irkutsk y que todos los análisis realizados a los contactos fueron negativos para patógenos especialmente peligrosos. La OMS considera por ahora “muy bajo” el riesgo sanitario para Europa y entre moderado y bajo dentro de la propia región de Irkutsk, aunque pidió a Rusia antecedentes adicionales sobre el episodio.

Estados Unidos también ha seguido atentamente la situación. Washington emitió una alerta el domingo 4 de octubre y posteriormente el presidente Donald Trump afirmó que estaba observando el episodio con preocupación y que su país estaría dispuesto a colaborar. El secretario de Estado, Marco Rubio, adoptó posteriormente un tono más moderado y señaló que no cree que exista motivo de alarma, aunque sí razones para mantener vigilancia sobre el desarrollo del caso.

El “segundo caso” y la evidencia histórica

En paralelo, durante las últimas horas comenzó a circular información sobre una posible segunda muerte vinculada al supuesto brote. Sin embargo, esas publicaciones presentan serios problemas de verificación. No identifican claramente a la supuesta segunda víctima, no precisan cuándo habría fallecido, tampoco entregan un diagnóstico microbiológico y generalmente remiten de manera vaga a “medios rusos”. Parte de esta cadena informativa parece haberse originado en publicaciones occidentales que tampoco identificaron la fuente rusa inicial, mientras que en algunos casos existen indicios de que una traducción defectuosa pudo llevar a presentar nuevamente a Shipilova como si se tratara de una segunda víctima.

Una segunda muerte confirmada sería epidemiológicamente muy relevante si correspondiera a una persona que mantuvo contacto con Shipilova. Pero, hasta este 6 de octubre no existe evidencia que permita demostrar esa cadena de contagios.

A pesar de toda esta vigilancia y de las dudas sobre lo ocurrido dentro del instituto, existe un elemento importante para dimensionar correctamente el peligro. Yersinia pestis no es una bacteria desaparecida ni desconocida. Existe de forma natural en diversas regiones del mundo y especialmente en Mongolia y amplias áreas de Asia central, donde circula entre marmotas, pequeños mamíferos y las pulgas que los parasitan.

En septiembre de 2025, por ejemplo, la provincia mongola de Khövsgöl registró tres casos confirmados de peste y una muerte, mientras decenas de personas quedaron bajo vigilancia sanitaria. Más recientemente, en julio de este año, las autoridades detectaron un caso de peste bubónica relacionado con la caza y consumo de una marmota en Bayan-Ölgii, una provincia próxima a la frontera rusa. Existen reservorios naturales capaces de producir periódicamente infecciones humanas.

En Madagascar en 2017, se registraron más de 2.400 casos confirmados, probables o sospechosos de peste y más de 200 muertes, con una mayoría de casos clasificados como neumónicos. Aun así, la intervención de la OMS mediante antibióticos, aislamiento de pacientes y un amplio rastreo de contactos, las autoridades consiguieron contener la expansión en pocos meses.

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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Milet afirmó que a lo que está “jugando” el Mandatario es a conseguir el voto del 20% de la población que no votó en primera vuelta, ya que lo más probable es que el resto de los candidatos que participaron en la elección apoyen a Bolsonaro.

La académica además apuntó al alto respaldo que recibió el bolsonarismo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, una situación que, aseguró, responde a varios fenómenos.

“Hay un proceso de descontento muy importante de la población con la clase política tradicional, que capitalizan actores, por ejemplo, a través de las redes sociales. Además, los últimos años se han generado varios escándalos de corrupción que han capitalizado estos distintos actores y sin duda, otro factor fundamental es el alza en el costo de la vida. Cuando la ciudadanía no encuentra respuesta entre los partidos políticos tradicionales, opta por actores que están fuera del sistema”, explicó.

A todo lo anterior, Milet agregó que el propio Lula da Silva llega “muy desgastado” a estas elecciones, pues se le cuestiona “que se ha focalizado en un grupo de adeptos muy pequeño y no ha logrado construir una generación de recambio”.

“O sea, llama la atención que a la edad tenga que presentarse en una nueva reelección porque no hay alguien en el partido de los trabajadores que pueda significar la opción del reemplazo”, indicó.

Milet también se refirió a las dificultades que podría enfrentar Flavio Bolsonaro en caso de ser elegido. La analista recalcó que un factor clave será “ganar con un margen más favorable” y distanciarse del empate técnico que proyectan algunos sondeos.

“Él tiene una adhesión que sin duda es importante a nivel de Congreso, pero está dependiendo en gran medida de su accionar y de dar una serie de señales. Él claramente se ve con desconfianza, por ejemplo, porque propiciaría una ley de amnistía que favorecería directamente a su padre”, aseveró.

En tanto, la académica de la U. de Chile sostuvo que Bolsonaro tendrá que demostrar sus credenciales políticas porque está fuertemente cuestionado: “Otro tema es que pese a su afinidad con algunos partidos de la región, lo que vemos es que retrocedería a nivel de integración y de cooperación a nivel regional. Entonces, hay mucho cuestionamiento a lo que él desarrollaría en una primera instancia”.

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La subsecretaria de Prevención del Delito, Pilar Giannini, salió al paso de los cuestionamientos y aseguró que no existe un recorte presupuestario. “No se ha recortado ningún peso este presupuesto”, remarcó. Según explicó, el programa fue “reformulado y mejorado” para responder de mejor manera a las demandas de seguridad de la ciudadanía.

Giannini sostuvo que la decisión también responde a observaciones realizadas durante la evaluación del programa. “No debemos olvidar que este programa había sido observado tanto por Dipres como por la Contraloría General de la República. Por tanto, nuestro trabajo fue mejorar este programa para tener mejores políticas de seguridad para todos los chilenos”, señaló.

La explicación del Gobierno contrasta con la evaluación de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien defendió el papel que tuvo Calles Sin Violencia en la estrategia contra los homicidios. “El Plan Calles Sin Violencia fue una parte central de la estrategia que permitió revertir el alza de homicidios”, defendió a través de su cuenta de X.

El Plan Calles Sin Violencia fue una parte central de la estrategia que permitió revertir el alza de homicidios. Incluye cuatro ejes: control de armas, persecución penal con unidas ECOH, inversión focalizada en barrios críticos y mayor presencia policial en zonas con mayor violencia.
El nuevo presupuesto lo descontinúa.
Las buenas políticas se deben reforzar, corregir y mejorar, no eliminarse.
Si el propósito no es cerrar el programa, sino sólo cambiarle el nombre, sería un caso muy pobre y mezquino de marketing político.

— Carolina Tohá (@Carolina_Toha) October 6, 2026

Para Tohá, el cambio planteado por el Ejecutivo supone una discontinuidad de la política original. “El nuevo presupuesto lo descontinúa. Las buenas políticas se deben reforzar, corregir y mejorar, no eliminarse”, afirmó. Y agregó una crítica al eventual cambio de denominación: “Si el propósito no es cerrar el programa, sino sólo cambiarle el nombre, sería un caso muy pobre y mezquino de marketing político”.

El diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la Comisión de Seguridad, trasladó la discusión desde el programa hacia la ausencia de una estrategia general del Ejecutivo. “Tenemos un gobierno que saca a la exministra Steiner a los 69 días de mandato y a sus dos subsecretarios invocando que no había un plan de seguridad. Pues bien, lo que nos plantea hoy día el ministro de Seguridad es que ese plan o esa estrategia, mejor dicho, que se hace cargo de la política de seguridad va a estar por ahí por diciembre o enero”, cuestionó Leiva.

El legislador sostuvo que la seguridad requiere una política integral y metas concretas para cada programa. “No podemos esperar ya 10 u 11 meses para que el Gobierno tenga una estrategia de seguridad”, acusó. Respecto de Calles Sin Violencia, planteó que la evaluación de sus resultados es necesaria, pero advirtió que “no basta solo con cambiarlo de nombre” sino que se deben establecer plazos y objetivos específicos, además de considerar la experiencia de las comunas donde se implementan estas políticas.

Una crítica más dura formuló el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), también integrante de la Comisión de Seguridad. “Si el Gobierno va a eliminar esto, quiero decirlo con toda claridad, el Gobierno está trabajando para el crimen organizado y narcotráfico”, sostuvo. 

“Si el Gobierno lo que va a hacer es cambiarle el nombre, la verdad de las cosas es estar preocupados del marketing político, de los temas comunicacionales cuando se trata de combatir crimen organizado y narcotráfico”, criticó. 

La controversia se desarrolla, además, mientras el Gobierno intenta destrabar su agenda legislativa en seguridad. Tras las dificultades para conseguir respaldo a su reforma constitucional original, La Moneda acordó retirar esa iniciativa una vez que avance un nuevo texto trabajado por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos).

Uno de los puntos centrales de esa negociación es precisamente el régimen de excepción. A diferencia del proyecto original del Ejecutivo, que contemplaba crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, la propuesta alternativa optaría por modificar el actual Estado de Emergencia para precisar que también pueda ser invocado frente a amenazas a la seguridad pública. El texto contempla disposiciones sobre crimen organizado y segregación de la población penal.

El nuevo proyecto se encontraba en sus últimos ajustes y se esperaba su ingreso al Senado durante esta semana, eventualmente este miércoles 7 de octubre. 

Expectativas de las policías

En paralelo a la discusión política, las policías han puesto el foco en las herramientas que esperan obtener de la agenda legislativa. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó la discusión de medidas relacionadas con incentivos, beneficios y prolongación de la carrera funcionaria, junto con iniciativas destinadas a reforzar la función policial.

“Estamos en un momento en el cual se están discutiendo muchos aspectos que van en directa relación con el perfeccionamiento de la función policial”, mencionó Araya. El general director también relevó la importancia de las leyes que permitan fortalecer la labor operativa y del equipamiento, especialmente frente a procedimientos en flagrancia, donde —señaló— “todo aporte desde el punto de vista legal, un sustento y sobre todo equipamiento es fundamental”.

Desde la PDI, su director, Eduardo Cerna, puso el énfasis en las herramientas para fortalecer las investigaciones. “Las policías somos garantes del Estado de Derecho y actuamos conforme a las leyes que están vigentes”, recordó, y agregó que esperan que las normas destinadas a favorecer la investigación y entregar mayor resguardo a la ciudadanía “estén vigentes lo antes posible”.

Entre las prioridades de la institución, Cerna mencionó aquellas medidas que permitan “maximizar el trabajo investigativo”, agilizar la obtención de evidencias e insumos y reducir trámites burocráticos.

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Durante su exposición, Quiroz explicó que el proyecto contempla un crecimiento real del gasto público de 1,5% respecto de la ejecución proyectada para 2026 y que busca reducir el déficit estructural desde 2,6% este año a 1,8% en 2027. Entre las áreas priorizadas están seguridad y soberanía, con cerca de $7 billones y un aumento de 9,1%; políticas para niños, con unos $2,5 billones y un incremento de 4,1%; y salud, cuyo presupuesto crecería 4,7%. La PGU, en tanto, considera recursos cercanos a los $7 billones.

El titular de Hacienda sostuvo que el escenario fiscal obliga a revisar programas existentes y reasignar recursos hacia aquellas políticas que tengan mayor impacto. “Definir prioridades implica también tomar decisiones. Gobernar es muchas veces priorizar, pero después de priorizar tenemos que decidir”, planteó.

Las proyecciones económicas también fueron actualizadas por Hacienda. El crecimiento estimado para 2026 pasó de 2,1% a 1,8% y finalmente a 0,7%, una corrección que Quiroz atribuyó principalmente a factores cíclicos, entre ellos la menor producción de cobre. “El 2026 sería el año más bajo desde 2003 y le resta al menos un punto al PIB”, sostuvo.

La demanda interna también fue corregida a la baja, desde 2,4% a 1,3%, mientras que la inflación promedio esperada subió de 3,6% a 3,8%. Para 2027, en cambio, Hacienda elevó su estimación de crecimiento desde 2,8% a 3,3%, impulsada principalmente por una recuperación de la inversión, que podría crecer 8,1%. El precio promedio del cobre también fue revisado al alza, desde US$5,90  a US$6,15 por libra.

La autorización de endeudamiento

Las proyecciones fiscales fueron actualizadas durante la presentación. El déficit efectivo, que el año pasado llegó a 2,8% del PIB, se proyecta en 1,8% tanto para 2026 como para 2027. Según la explicación entregada por Quiroz, esa reducción de un punto porcentual implica unos US$3.500 millones menos de financiamiento.

Uno de los puntos que concentró parte de la discusión fue la autorización de endeudamiento solicitada para 2027, que alcanza hasta US$25.600 millones. Quiroz explicó que el monto contempla tanto el pago de obligaciones existentes como las necesidades de financiamiento del próximo año. “Surge de un cálculo relativamente sencillo: hay que primero pagar deudas anteriores, y después hay que suplir el déficit más el gasto bajo la línea”, señaló.

El ministro detalló que cerca de US$17 mil millones de la autorización corresponderían al pago de deuda existente y defendió que el monto máximo solicitado no equivale al aumento efectivo de la deuda. “Si pido 10 mil millones de dólares para pagar los 10 mil millones que ya tengo, la deuda no aumenta. Es lo mismo”, explicó. En esa línea, agregó que “la deuda neta es de aproximadamente 8 mil millones de dólares, no de 25 mil millones”.

Pese a la autorización solicitada, el ministro aseguró que la deuda pública se mantendrá estable en 42,5% del PIB, nivel que, según explicó, corresponde tanto al registrado en marzo de este año como al proyectado para el cierre de 2026 y 2027.

El presidente de la Comisión Especial Mixta, Javier Macaya (UDI), respaldó la explicación del ministro y puso el foco en que la autorización solicitada corresponde a un límite máximo. “Se trata de un nivel máximo de deuda autorizado que no excede los niveles recomendados por el Consejo Fiscal Autónomo, que también incluye el pago previsto de la deuda”, afirmó.

Macaya también destacó la composición del monto solicitado: “El monto máximo que se establece en este caso es de 25 mil millones, de los cuales 17 mil millones se destinan al pago de la deuda”. A su juicio, el nivel de endeudamiento debe mantenerse dentro del límite considerado prudente por el Ejecutivo: “Lo único importante —y esto es parte de las promesas hechas por este Gobierno— es que no se exceda el límite prudente del 45%”.

Desde la oposición, el diputado Jaime Bassa (FA) cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y puso el foco en la discusión sobre el modelo productivo del país. “El Gobierno tiene que entender que la discusión respecto al presupuesto no puede seguir siendo cuánto gastar y cuánto endeudarnos. Tiene que empezar a discutirse respecto de la necesidad de complejizar nuestra matriz productiva, de modo tal de que el país produzca más y produzca distinto”, sostuvo.

Bassa se refirió a la situación de las familias y al nivel de endeudamiento que enfrentan los hogares. “Porque ese endeudamiento al que nos está llevando de nuevo el Presidente de la República se refleja en endeudamiento privado, y las familias están viviendo una verdadera forma de esclavitud moderna por el sobreendeudamiento y la morosidad en la cual están amarradas”, afirmó.

Asimismo, el parlamentario cuestionó el aumento de la deuda durante este año y la autorización solicitada para 2027: “Ya aumentó el endeudamiento en 6 mil 200 millones de dólares durante este 2026, le está pidiendo hasta 25 mil millones más, es un despropósito, porque ese endeudamiento lo va a pagar la familia chilena, que ya está endeudada”.

El senador Iván Flores (DC) también cuestionó la solicitud de endeudamiento y apuntó a las decisiones tributarias adoptadas por el Ejecutivo. “El Gobierno sigue cargando las responsabilidades a la ciudadanía; no se entiende esta solicitud, considerando que impulsaron una megarreforma que genera un forado fiscal enorme”, planteó.

Flores cuestionó las referencias del Ejecutivo a las administraciones anteriores y volvió sobre el impacto de la reforma tributaria en los ingresos del Estado. “No pueden seguir echándole la culpa a los gobiernos anteriores y cargando todo a las personas. La verdad es que no son capaces de asumir que la sensación de quiebra, de caos, de un país en una situación crítica la sembraron ellos”, puntualizó.

El senador agregó que “con la megarreforma lo que hicieron fue disminuir el ingreso fiscal porque le disminuyeron el impuesto a las empresas más grandes, por eso hoy no se entiende lo que están haciendo”.

La discusión del Presupuesto 2027 continuará ahora en las distintas subcomisiones y en la Comisión Especial Mixta. 

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La ceremonia se realizó en el Salón Bernardo Leighton de la casa de estudios y estuvo encabezada por su rectora, Francisca Ortega Frei, quien destacó la trayectoria de la exrectora de la Universidad de Chile y el significado de distinguir a una figura vinculada por décadas al mundo académico nacional.

“Este reconocimiento va más allá de una formalidad. Es un momento para reencontrarnos como comunidad, reconociendo los valores que nos definen y que nos invitan a reflexionar sobre el tipo de liderazgo que nuestro país necesita y que la doctora Rosa Devés representa”, sostuvo Ortega.

La rectora de la U. Miguel de Cervantes destacó además las características del liderazgo ejercido por Devés durante su trayectoria, describiéndolo como “cercano, responsable, dialogante y comprometido con las personas”.

El Premio Don Quijote de la Mancha toma su nombre del personaje creado por Miguel de Cervantes y, de acuerdo con la institución, busca reconocer valores asociados a la vocación, las convicciones y el compromiso con la sociedad. En ese sentido, Ortega explicó que la elección del nombre del galardón responde precisamente a una determinada forma de comprender el liderazgo.

“El nombre de este premio no es casualidad. Don Quijote representa la fuerza de las grandes convicciones. Es el símbolo de quien mira más allá de lo inmediato, que sostiene sus principios incluso cuando el camino es difícil y se atreve a imaginar una realidad distinta”, afirmó.

En esa misma línea, la rectora valoró la trayectoria de Devés como académica y su vínculo con la educación superior. “En la doctora Rosa Devés encontramos este espíritu, el de una académica que ha hecho de la educación una tarea profundamente humana”, sostuvo.

Rosa Devés, doctora en Bioquímica y académica de la Universidad de Chile, recibió el reconocimiento luego de una extensa trayectoria ligada a la investigación, la docencia y la gestión universitaria. Entre 2022 y 2026 ejerció como rectora de la principal casa de estudios pública del país, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Para Devés, sin embargo, el reconocimiento no puede comprenderse únicamente desde su trayectoria individual. La exrectora aseguró que su camino académico y profesional ha estado profundamente marcado por las comunidades de las que ha formado parte, particularmente por la Universidad de Chile.

“Creo que estoy en el premio porque he estado acompañada toda la vida, porque soy miembro de una comunidad. Esa comunidad es la Universidad de Chile, y todos los que somos miembros de esa comunidad tenemos que entender el privilegio enorme, gigantesco, independiente de cuál sea nuestro rol”, señaló.

Desde esa perspectiva, Devés sostuvo que el premio también representa un reconocimiento a la institución y a las personas que han construido su historia. “Estos reconocimientos son también a una historia compartida, a un crecimiento en comunidad”, afirmó, y agregó que a lo largo de su vida “han sido muchos los momentos en que la Universidad de Chile ha jugado roles fundamentales, históricos”.

“Haber sido parte de eso es, como digo, un aprendizaje, un privilegio gigante”, añadió. Uno de los hitos centrales de su trayectoria fue precisamente su llegada a la Rectoría de la Universidad de Chile. Su elección en 2022 marcó un momento histórico para la institución, al convertirse en la primera mujer en asumir la conducción de la casa de estudios.

Devés reconoció que esa dimensión estuvo presente desde el momento en que decidió postular al cargo y que la posibilidad de representar a las mujeres de la universidad fue uno de los elementos que la impulsaron a dar ese paso.

“Ser la primera mujer rectora de la U. de Chile fue muy significativo para mí. De hecho, no sé si, si no hubiera sentido tan fuerte ese llamado de representar a las mujeres, habría realmente postulado a ser rectora de la Universidad”, relató.

La exrectora explicó que durante su gestión sintió que su cargo trascendía su experiencia personal y que, de alguna manera, representaba a las distintas mujeres que integran la comunidad universitaria. “Lo sentí todo el tiempo como algo importante, y sentí que yo era esas miles de mujeres que están en la Universidad de Chile, cada una ejerciendo un rol importante en su lugar”, sostuvo.

En ese sentido, Devés enfatizó que el funcionamiento de una institución universitaria depende del aporte de cada una de las personas que la integran. “Cada persona en una universidad compleja como la nuestra juega un rol fundamental”, afirmó. Por ello, explicó que su representación no estuvo dirigida únicamente a las académicas, sino también a las estudiantes y funcionarias de la Universidad de Chile.

Tras cuatro años al frente de la Universidad de Chile, Devés dejó la Rectoría este año, cuando asumió Alejandra Mizala, quien se convirtió en la segunda mujer en ocupar el cargo. Para la exrectora, la continuidad de una mujer en la conducción de la institución constituye motivo de orgullo y también una señal relevante para la comunidad universitaria.

“Así es que, bueno, un orgullo, una responsabilidad y una alegría de que la próxima rectora sea mujer, también una gran mujer, como es la rectora Mizala”, concluyó.

Con la entrega del Premio Don Quijote de la Mancha 2026, la Universidad Miguel de Cervantes reconoció así una trayectoria que combina investigación, docencia, gestión universitaria y liderazgo público, pero que la propia Devés sitúa dentro de una experiencia colectiva y de una historia construida junto a la comunidad de la Universidad de Chile.

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Fue a mediados de septiembre, días antes de Fiestas Patrias, cuando el mundo del automovilismo chileno se sacudió con una inesperada noticia. Nico Pino firmaba con A14 Management, la agencia de representación de talentos del bicampeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso.

Las redes sociales se inundaron de comentarios y de un deseo que lleva reprimido por años entre quienes siguen el automovilismo en nuestro país: tener nuevamente a un chileno en lo más alto del deporte motor mundial, tener a un chileno nuevamente en la Fórmula 1.

La ilusión no carecía de fundamentos. A14 Management es una de las agencias de representación de pilotos más importantes del mundo y por su corral han desfilado nombres como Will Power, Dani Juncadella, Pepe Martí y Gabriel Bortoletto, este último con presente en la máxima categoría del automovilismo mundial.

A esto se suma la experiencia que ha acumulado Nico Pino durante las últimas temporadas en Europa. Pese a tener solo 22 años, el chileno ya ha participado en algunas de las categorías más importantes del deporte motor en el Viejo Continente, como la Fórmula 4 Británica, la Euroformula Open, la European Le Mans Series y, recientemente, el Mundial de Resistencia WEC de la FIA.

¿Por qué entonces Eliseo Salazar realizó esa tajante afirmación y por qué, además, otros nombres respetados de la escena automovilística chilena, como Alejandro Schmauck, la respaldan? El propio Eliseo señaló en conversación con El Mercurio que: “Este muchacho no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llegar a la Fórmula 1, por su edad y por sus resultados. Hoy el camino para llegar a la Fórmula 1 es en categorías de monoplaza. Así funciona la superlicencia, para la cual hay que tener 40 puntos que se logran en tres años y básicamente los puntos están en Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, IndyCar“.

A eso agrega que “sus resultados en Fórmula 4 Británica fueron paupérrimos, su mejor resultado fue un octavo puesto, cuando todos los pilotos que hemos corrido en Fórmula 1, estoy de acuerdo que son distintas épocas, pero prácticamente todos, de una u otra manera, han sido campeones de algo. Yo salí campeón de la F4 de Argentina, Franco Colapinto fue campeón de la F4 de España, lo mismo Charles Leclerc, George Russell, casi todos. Decir que va a llegar a la Fórmula 1 es falaz. A los 22 años ni siquiera ha ganado en los prototipos, no tiene sentido”.

El camino hacia la Fórmula 1

Más allá de las formas, los dichos de Eliseo Salazar no están tan alejados de la realidad. El camino para llegar a la máxima categoría del automovilismo ha cambiado durante los últimos años y hay un recorrido bien determinado que tienen que seguir los pilotos para alcanzar esa meta.

Actualmente, el automovilismo de monoplazas, categoría donde entra la Fórmula 1, está dividido en una suerte de pirámide. En la punta se encuentra la máxima categoría, donde solo hay 22 cupos disponibles. Luego vienen la Fórmula 2 y la Fórmula 3, categorías promocionales directas de la Fórmula 1 y que suelen ser el trampolín directo para ascender.

De hecho, prácticamente la totalidad de la parrilla actual de Fórmula 1 está compuesta por pilotos que destacaron en aquellas series. Las únicas excepciones son los pilotos más veteranos, como Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg y el propio Fernando Alonso.

En la base de la pirámide se encuentran las Fórmula 4 regionales, que están presentes en Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos. Precisamente en esta categoría compitió Nico Pino en su momento, sin tener grandes éxitos.

Tomando en cuenta este mapa, efectivamente el camino de Nico Pino para llegar a la Fórmula 1 se asoma complejo. Quizás el mejor escenario sea que su nueva agencia le pueda conseguir un asiento en alguna de las categorías promocionales, como la Fórmula 3 y la Fórmula 2, pero eso no garantiza que pueda ascender mucho más.

De hecho, son múltiples los casos de campeones de estas categorías que fracasaron o derechamente no llegaron a la Fórmula 1. Nombres como Nyck de Vries, Leonardo Fornaroli, Théo Pourchaire y Felipe Drugovich triunfaron en la F2 sin que eso se tradujera en su llegada a la máxima categoría.

A esto se suma el factor edad, tomando en cuenta que la mayoría de los pilotos que llegan a la Fórmula 1 son menores de 20 años. Es más, el actual líder del campeonato del mundo, Andrea Kimi Antonelli, tiene tan solo 19 años.

Apoyar o no apoyar, he ahí la cuestión

Pero más allá de lo acertadas que puedan ser las palabras de Eliseo Salazar, surgió una pregunta: ¿Es válido realizar este tipo de afirmaciones, independientemente de si son ciertas o no? El grueso de la crítica hacia Eliseo apuntó a que no era necesario realizar dichas declaraciones, porque poco ayudan a potenciar la carrera de un deportista que tan solo tiene 22 años.

Además, se le acusó de doble estándar, teniendo en cuenta que, en su momento, Salazar también requirió apoyo externo para poder llegar a la Fórmula 1. Pero Eliseo agregó un matiz a su crítica hacia Nico Pino. La excesiva atención que el joven piloto crea con esta esperanza de llegar a la Fórmula 1 estaría perjudicando a otros pilotos más jóvenes y que sí tendrían posibilidades de llegar a la máxima categoría de contar con el apoyo necesario.

Nombres como Nico Ambiado, Bruno Miranda y Anaís Orellana, entre otros, son jóvenes, menores de 16 años y están cosechando sus primeros éxitos en el karting, categoría de desarrollo que suele catapultar hacia otras categorías promocionales de monoplazas.

En un escenario donde el apoyo al deporte es limitado, los deportistas suelen pelearse el escaso aporte que proviene desde el sector privado. Eso ha derivado en que quienes se dedican al alto rendimiento no solo tengan que enfocarse en la práctica deportiva, sino que además deban venderse como una marca.

“Si no tenemos cierto número de seguidores no existimos para los patrocinadores”, confesó a Radio U. de Chile en una ocasión la madre de Anaís Orellana, joven piloto chilena de karting. El automovilismo es un deporte que requiere de muchos recursos. No son pocas las ocasiones en las que los asientos se han ganado más con la billetera que con el talento, por lo mismo, es un punto insalvable a la hora de pensar en un chileno en el top de este deporte.

Actualmente, Nico Pino se ha creado un nombre dentro de un país que es inculto deportivamente hablando. Eso lo pone en una situación de privilegio respecto de otros compañeros de profesión. Pero ¿es culpa de Nico Pino que no existan mayores recursos para el resto? La respuesta obvia es que no y ahí surge otra interrogante: ¿Qué hacemos entonces?

¿Cómo financiar el deporte profesional?

La expresión más común cuando se habla de falta de apoyo al deporte es que “el Estado debe hacerse cargo”, pero ¿debe ser realmente así en todos los casos? ¿Debe hacerse cargo incluso de financiar el llamado “deporte profesional”?

Este es un debate no menor porque hay distintas miradas, todas igual de válidas. Por un lado, están quienes consideran que sí se debe apoyar con recursos públicos una actividad privada como es el deporte profesional, porque el deporte escapa de las lógicas tradicionales del mercado, dado que incorpora elementos subjetivos que pueden ser beneficiosos para el conjunto de la sociedad.

Por otro lado, están quienes consideran que los recursos estatales solo debiesen ir orientados a actividades o prácticas que, efectivamente, tengan un efecto concreto en la población, como, por ejemplo, ayudar a mejorar aspectos como la educación o la salud pública a través del deporte.

En Chile, el financiamiento del deporte actualmente es mixto. Por un lado, el Estado aporta con recursos a las federaciones y proyectos deportivos específicos y, por otro, se incentiva la participación privada a través de beneficios tributarios.

La fórmula ha dado relativos éxitos, pero sigue quedando al debe en ciertas disciplinas que requieren de mayores recursos y que no generan la masividad necesaria como para autofinanciarse, como es el caso del automovilismo.

En ese sentido, se requiere de una mayor inversión privada, pero para que esa inversión llegue se necesita que la sociedad chilena se interese en el deporte más allá del fútbol, que se genere fidelización y que no solo se genere atención por las victorias, sino que por la competencia en sí.

Para eso se requiere que los medios de comunicación tengan una participación más activa en generar ese puente que permita que la población conozca a sus deportistas y, de esa forma, volverlos “rentables” ante los ojos de las marcas y permitir que jóvenes como Anaís Orellana y Nico Pino puedan desarrollarse, al mismo tiempo, en el competitivo mundo del deporte de alto rendimiento.

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“Hay un ministro que dijo y reconoció que el presupuesto traía dolores. Bueno, ya sabemos cuál es uno de esos dolores, le quitaron los computadores a los niños de 7° básico y 3° medio. Entonces, la pregunta evidente es, ¿vamos a tener que nosotros, en la era chica del presupuesto, descubrir los otros dolores? ¿O vamos a tener un ministro de Hacienda y un Presidente de la República que den la cara y digan la verdad?”, planteó en primer lugar.

En línea con lo anterior, Núñez enfatizó en el alza del costo de la vida y cuestionó: “¿Qué medida trae este presupuesto 2027 que aliviana el bolsillo de la familia?, ¿que hace más barato el enorme aumento del costo de los alimentos, de los medicamentos, de los productos básicos?”. 

“A mí me alarma muchísimo que este presupuesto no trae ninguna medida para compensar esta alza del costo de la vida. Eso significa que vamos a tener un año 2027 con muchos dolores por los recortes y con las cosas cada día más caras, por lo tanto, la gente pasándolo mal, porque esa es la realidad”, reflexionó. 

 

Consultado sobre por qué el Gobierno no estaría priorizando medidas económicas, Núñez apuntó directamente al ministro de Hacienda. “El ministro Quiroz es una persona fanática y es autor de su propio fracaso económico, él es el que generó esta dinámica en la cual se hace un ajuste fiscal cruel de más de US$6mil millones (…) y, por otro lado, traspasó todo el shock económico, el alza de los combustibles con el bencinazo, al bolsillo de la gente”, indicó Núñez. 

“Él está siendo fiel a sus convicciones, el problema es que esa fidelidad que tiene el ministro Quiroz a sus convicciones la pagamos todos con menos recursos, recorte en beneficios sociales, shock económico, y eso es lo que nos tiene como estamos”, cuestionó. 

El parlamentario criticó también el objetivo de la política económica del jefe de la billetera fiscal. “Él dice esto va a generar crecimiento económico en el mediano y largo plazo, yo creo que es un error esa concepción, no hay pruebas prácticas de que eso ocurra, pero en el intertanto somos nosotros los que vamos a pagar el costo, la gente trabajadora, la gente sencilla, porque obviamente Quiroz a la vez que hace esto, da una serie de medidas que le quita impuestos a las grandes empresas”, dijo. 

Respecto a recortes que se advierten en el presupuesto para 2027, el senador Núñez mencionó el programa “Yo elijo mi PC” y los recursos de PRODEMU, sin embargo, enfatizó en que el detalle “vamos a verlo en el presupuesto mismo porque el Gobierno también nos pone mucha letra chica, ya que no quiere pagar el costo que implica tener que reconocer que está incumpliendo su palabra” sobre los recortes en materia de beneficios sociales.

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Durante ambas jornadas, CoArtRe contará con un stand abierto al público, donde los asistentes podrán conocer más sobre el trabajo que desarrolla la organización en torno al teatro, las artes escénicas y los procesos de reinserción social. Sin embargo, uno de los principales hitos de su participación será la exhibición del documental “El Método de Roumeau: De la cárcel al teatro”, que se presentará el domingo 11 de octubre, a las 15:00 horas, en la Cineteca del Centro Cultural La Moneda.

El documental aborda el trabajo impulsado por CoArtRe y el recorrido de su fundadora y directora, Jacqueline Roumeau, mostrando cómo el teatro puede convertirse en una herramienta de expresión, formación y transformación para personas privadas de libertad. A través de esta experiencia, la producción pone en primer plano el vínculo entre cultura, participación artística y reinserción social.

Con más de dos décadas de trayectoria, CoArtRe ha desarrollado un trabajo sostenido en contextos de encierro, utilizando las artes escénicas como un espacio para generar nuevas herramientas de expresión, reconstruir vínculos y favorecer procesos de integración social. Su propuesta se basa en el teatro testimonial y en el trabajo artístico como una vía para abordar experiencias de vida y abrir nuevas posibilidades de participación cultural.

En este sentido, la participación en Feria Malqueridas permitirá acercar este trabajo a un público más amplio y generar una conversación en torno al papel que pueden cumplir las artes en los procesos de reinserción. La exhibición de “El Método de Roumeau: De la cárcel al teatro” será, en particular, una instancia para conocer desde una perspectiva documental el recorrido de una metodología que durante años ha vinculado creación artística, experiencias de vida y contextos de privación de libertad.

La programación de Feria Malqueridas contempla además charlas, exposiciones, experiencias inmersivas y actividades culturales abiertas a todo público, con el propósito de promover el encuentro y el diálogo en torno a la reinserción social.

La participación de CoArtRe se enmarca además en sus 25 años de trayectoria y en su labor como organización cultural dedicada a acercar las artes escénicas a contextos de encierro. La corporación forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, iniciativa que apoya el desarrollo y continuidad de organizaciones culturales del país.

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En primer lugar, el también profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile analizó el resultado de la primera vuelta presidencial del gigante sudamericano y explicó que, si bien previo a las elecciones Lula y Bolsonaro concentraban el 85% de las preferencias, el resultado dio cuenta que entre ambos candidatos concentraron 92 puntos. 

“Es decir, hay 7 puntos que en las encuestas iban a terceros candidatos, y esa gente en las últimas 48 horas decidió votar por Flavio Bolsonaro. Esto en Brasil le llaman deshidratar a los otros candidatos, nosotros diríamos desangrar”, agregó

Para la segunda vuelta queda solo un 8% “en disputa”, indicó Depolo. “Entonces, si Flavio ya cautivó gran parte de esos votos, pero logra cautivar un poco más, puede ganar la elección. Está muy cerca de ganar”, advirtió. 

 

El desafío de Lula es cautivar a las capas medias y algunos sectores populares “fuertemente evangélicos”, explicó el exembajador. “Y las capas medias son básicamente personas que ya no se identifican con el discurso del trabajador. Se identifican mucho más con el discurso del emprendedor”, agregó. 

Además, analizó el fuerte componente religioso que marca a Brasil. “La identidad religiosa, no la del trabajo, la identidad religiosa, la identidad del consumo, la identidad de las tribus urbanas a las que se pertenecen, son más importantes en este votante al que tiene que ir a buscar Lula y Lula para eso tiene pocos recursos”, indicó. 

Lo anterior, por la figura de dirigente que tiene y porque “en estas capas medias, en estas capas más jóvenes también, hay una suerte de cansancio con la figura de Lula. Para mucha gente más joven es el establishment”. 

Respecto al impacto de estas elecciones en la región, el sociólogo respondió que “la amenaza más grande de que triunfe Bolsonaro, aparte de las cosas que podría ser dentro de Brasil, es que perdemos a Brasil como un contrapeso de la doctrina de Trump”. 

“Porque a ti te puede gustar más o menos Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, la izquierda incluso, pero desde el punto de vista de la geopolítica del continente, Brasil tiene la capacidad de ejercer un rol. ¿Gobernará? ¿Quién gobernará? Lo que pasaría con Bolsonaro es que su alineamiento sería total a Washington y eso genera un problema porque no hay ningún contrapeso”, advirtió. 

En esa línea, explicó que quedaría solo Canadá y México como contrapeso. “Eso es muy peligroso. Yo no quiero ser alarmista ni trágico, pero la historia a veces se repite y hay que aprender de la historia, la última vez que pasó eso, una ola de dictaduras invadieron nuestro continente, que fue el alineamiento Brasilia-Washington”, dijo. 

“No por nada el primer golpe de Estado que hubo en la región fue en Brasil en el año 64. Y de ahí viene la seguidilla de golpes de Estado hasta el 76 en Argentina, o sea, como una seguidilla de golpes de Estado”, agregó. 

Depolo señaló que hoy “ese imperialismo de Estados Unidos no se hace con golpes de Estado ni con tanques, se hace con elecciones, fake news, manipulación de información, algoritmos (…) Yo sé que es terrible decirlo, pero tiene esa gravedad, porque un alineamiento tan radical de Brasilia, genera efectivamente una suerte de pensamiento único e incapacidad de tener alguna crítica o alguna postura común frente a Estados Unidos. Y además a este Estados Unidos en particular, que es por lejos el más injerencista desde Nixon”. 

En ese sentido, advirtió que “hay una sensación en todos los analistas internacionales de que la derrota de Lula va a tener consecuencias bien terribles para Brasil, pero va a tener consecuencias muy importantes para el resto de los países de la región”. 

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El CIP precisó que la publicación se sustenta en una supuesta “investigación exhaustiva” elaborada por el propio ejército israelí y difundida en su sitio oficial, que asegura basarse en “una amplia gama de fuentes de inteligencia”. Frente a esto, la organización advirtió que existe un evidente conflicto de interés al pretender que la misma milicia acusada de matar se erija en investigadora, juez y parte de sus propios crímenes.

Además, calificó la “evidencia” presentada como de una precariedad alarmante, al consistir en comparaciones fotográficas de dudosa fiabilidad y fichas de periodistas asesinados en las que se consigna su nombre, el medio para el que trabajaban y una supuesta militancia en organizaciones armadas, sin aportar antecedentes independientes, verificables ni mínimamente suficientes para sostener acusaciones de esa gravedad.

El comunicado también recoge datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que ha documentado 207 reporteros, camarógrafos y fotógrafos palestinos asesinados por Israel en Gaza hasta abril de 2026. De ellos, se determinó que al menos 32 fueron atacados deliberadamente en represalia directa por su trabajo, la cifra más alta atribuida a un solo Estado desde que se tiene registro.

El CIP añadió que Israel ha intentado justificar estos asesinatos calificando a comunicadores como militantes de organizaciones armadas. CPJ revisó 18 de esos casos y concluyó que el Ejército israelí no presentó evidencia suficiente ni confiable; cuando aportó documentación, su autenticidad o fiabilidad fue cuestionada mediante análisis externos. Reporteros Sin Fronteras (RSF) llega a una conclusión similar: registra más de 220 periodistas asesinados, como mínimo 70 de ellos a causa de su labor.

La organización también citó a RSF, que denuncia que, al menos desde 2023, Israel lleva a cabo una campaña sistemática para equiparar “periodista” con “terrorista”, mediante montajes, acusaciones sin pruebas y plataformas destinadas a desacreditar a reporteros palestinos antes o después de ser asesinados. Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas describieron este mecanismo como una táctica utilizada para ocultar los crímenes cometidos en Gaza.

El CIP recordó que, desde el 7 de octubre de 2023, Israel mantiene bloqueado el acceso a la prensa internacional. “Esto ha dejado sobre los hombros de los periodistas gazatíes la tarea de ser los únicos en documentar el asedio israelí bajo bombardeos, desplazamiento forzado, hambre y ataques contra ellos y sus familias. Son, precisamente, quienes han permitido que el mundo conozca lo que ocurre en terreno”, aseveró.

La organización manifestó que observa con profunda preocupación que estos antecedentes estén siendo reproducidos sin el debido escrutinio. En ese sentido, llamó a periodistas y medios de comunicación a ejercer su labor con rigurosidad, contrastar las fuentes y no reproducir “acríticamente” afirmaciones entregadas por las mismas autoridades responsables de la ofensiva, recordando que la información oficial israelí ha sido cuestionada y desmentida en reiteradas ocasiones durante años.

El CIP advirtió que, en un escenario marcado por la desinformación y la post verdad, reproducir sin contraste este tipo de contenidos contribuye a fabricar justificaciones para crímenes cometidos contra la población civil.

En tanto, la organización rechazó con absoluta firmeza que una representación diplomática acreditada en Chile instrumentalice las fotografías de personas asesinadas para convertir en propaganda oficial las acusaciones del mismo ejército que les dio muerte, criminalizar retrospectivamente a las víctimas y desacreditar a quienes documentaron el genocidio en Gaza a costa de sus vidas.

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El pasado 11 de septiembre la Corte Suprema ya había dirimido respecto de un total de 37 cuadernos de remoción: 26 que se rechazaron y 11 que se aprobaron. Lo que había quedado pendiente era la decisión sobre magistrados que recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) y cuyos procesos ante la Suprema quedaron suspendidos, al menos por un par de semanas.

La ministra Chevesich detalló que entre el lunes y el martes se revisaron ocho cuadernos de remoción: cinco de jueces que acudieron al TC y tres casos rezagados, que no pudieron revisarse en septiembre.

“El Pleno hoy día resolvió remover, en votación unánime, a un integrante de la judicatura, considerando que no mantuvo el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Constitución; y remover, en votación dividida, a tres integrantes de la judicatura, considerando también que no mantuvieron el buen comportamiento que señala la norma recién citada”, indicó.

En cuanto a los cuatro magistrados que no fueron removidos, explicó que en el caso de tres “no se alcanzó el quórum exigido por la Carta Fundamental, que es de 11 votos y respecto de un caso se dispuso no remover debido a que así lo decidió la mayoría de los integrantes del pleno”.

La presidenta de la Corte Suprema además informó que aún queda pendiente la revisión de los cuadernos de cinco magistrados, entre los que se encuentra el polémico juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.  El pleno de la Corte Suprema tomará una decisión sobre esos casos el próximo 19 de octubre.

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La situación del diplomático ya había sido expuesta por un reportaje de T13, donde se indicó que Zaliasnik aparece imputado en la causa que indaga presuntas gestiones para el nombramiento de Antonio Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En ese trabajo periodístico se reveló que el abogado Luis Hermosilla, protagonista del caso Audios, sostuvo en una de sus declaraciones más recientes que Zaliasnik “tenía más acceso que yo a ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema”.

En su testimonio ante la Fiscalía, Hermosilla agregó que ambos, junto al abogado Samuel Donoso, conversaban sobre los candidatos que consideraban idóneos para asumir cargos judiciales.

El foco sobre Zaliasnik se acrecentó tras conocerse sus conversaciones con Hermosilla. El 10 de noviembre de 2022, el diplomático le escribió por WhatsApp para pedirle que le diera “una mano para que confirmen PP (prisión preventiva)” de Octavio Gamboa, exgerente general de Swell Capital. En ese entonces, Zaliasnik actuaba como querellante de la gestora de fondos Sartor en contra de Gamboa.

La declaración de Hermosilla reactivó las alertas en La Moneda por la permanencia del diplomático en Israel, y en el oficialismo han advertido que el ruido por asuntos ajenos a la política exterior genera preocupación. Desde la oposición se ha pedido la renuncia de Zaliasnik, pero el Ejecutivo no ha manifestado intención de retirarlo de su cargo.

Consultado directamente sobre si Zaliasnik podría dejar su puesto a raíz de la indagatoria, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó confirmar una eventual salida y aseguró que los embajadores, al ser cargos de confianza, se encuentran permanentemente sujetos a evaluación. “Los cargos de confianza, los embajadores pertenecen a esa categoría, están siempre siendo evaluados”, sostuvo el canciller.

En ese sentido, recalcó que no cuenta con todos los antecedentes de la investigación para referirse a una eventual decisión respecto del diplomático. “Le repito, no tengo los antecedentes de que, y si hay algo nuevo ahí, pero lo importante es que estamos, sobre todo todos los cargos de confianza están siendo permanentemente evaluados”, afirmó.

Ante la insistencia sobre si la condición de imputado debía ser considerada al momento de evaluar un cargo de confianza, el ministro reiteró que desconoce los nuevos antecedentes de la causa y que las autoridades de confianza son revisadas permanentemente.

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El erario que propone el Gobierno para 2027 otorga recursos únicamente “para sus gastos operacionales, incluidos gastos en personal y bienes y servicios de consumo, hasta el 31 de marzo de 2027, fecha luego de la cual debe cesar en su funcionamiento“. Según el texto, los fondos posteriores estarían destinados a enfrentar su eventual cierre y las obligaciones derivadas de ese proceso.

En conversación con Expreso Bío Bío, Marín destacó que “el presupuesto del Ministerio de la Mujer crece en un 1,7% y pone énfasis en la autonomía económica, en dar continuidad a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y también tenemos un crecimiento importante en materia de conciliación con el Programa 4 a 7″, todo lo cual debe ser ratificado por el Congreso.

La secretaria de Estado también anunció que se busca mejorar algunos centros “que no estaban en tan buenas condiciones” y dar continuidad a las residencias transitorias, los centros de atención especializada, el fono 1455 y el WhatsApp Mujer.

Respecto de Prodemu, la ministra recordó que “es una fundación de carácter privado que antes estaba radicada en el gabinete de la primera dama”, y cuestionó el cambio que tuvo en 2022, de la mano de Irina Karamanos, lo que —según dijo— tendría relación con un posterior déficit presupuestario. “Ella toma la decisión de eliminar el gabinete de la primera dama y traspasar sin previa consulta ni análisis estos convenios a los ministerios. De ahí en adelante tenemos una situación deficitaria en materia presupuestaria en esta fundación que, cuando nosotros llegamos, teníamos distintas cifras, pero con los análisis se redondeó en cerca de $3.000 millones la deuda”, apuntó.

Marín detalló que ese déficit se explica por “distintos motivos: saldos rechazados, convenios mal ejecutados, convenios sindicales que se han ido pactando y que no se pueden pagar con recursos del Estado, con un presupuesto utilizado un 80% en pago de remuneraciones y arriendos. Cuando nosotros llegamos, tenían 45 arriendos, cuatro veces más de lo que tiene el Ministerio de la Mujer a lo largo del país. Entonces estamos hablando de que el 20% de estos recursos, si sacamos la cuenta, están llegando o estaban llegando a las mujeres”, agregó.

“Creo que cuando hablamos de utilizar bien los recursos para las mujeres, también va en esta eficiencia y, en ese sentido, esta mala decisión de haberlo traspasado sin un análisis previo produjo esta lamentable situación”, dijo. Además, sostuvo que instruyó a la directora de la fundación establecer un plan, pero que la situación heredada resulta “irremontable”.

Consultada por quién tomó la decisión de cerrar Prodemu, la jefa de Mujer indicó que “la decisión la tiene que tomar el directorio, porque esto es una fundación. La Ley de Presupuestos no puede cerrar una fundación que tiene sus propios estatutos“. En esa línea, precisó que el Ejecutivo mantendrá recursos por unos $8.000 millones y fondos adicionales para hacerse cargo de saldos de deuda y eventuales finiquitos.

“Vamos a entregar recursos, $8.000 millones que aún están consignados para esta fundación (…) para llevar a cabo esta ejecución programática, pero también contempla recursos adicionales para los saldos de las deudas que deben (…) también si es que deben pagar finiquitos”, indicó. Y subrayó que “la decisión no la toma la Ley de Presupuesto, sino que, si el directorio quiere tomar esta decisión, lo puede hacer, o bien pueden buscar recursos de gobiernos regionales, de privados, de donaciones“.

Consultada por si comparte la eventual decisión de poner término a la fundación, Marín respondió que Prodemu “en sus inicios” sí cumplió una función. Sin embargo, insistió en responsabilizar a la administración anterior por su actual situación. “Hay que ser muy realistas en el daño que le hicieron. Y ese daño se hizo en la administración anterior, cuando se traspasa del gabinete de primera dama y se destruye esa institucionalidad”, afirmó.

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El Gobierno proyecta un crecimiento del gasto de 1,5% para 2027 y, al mismo tiempo, solicitó aumentar en US$25 mil millones la autorización para endeudarse. “No sé exactamente cómo cuadran esas cosas”, planteó Larraín.

El economista también apuntó a la posibilidad de que parte de la autorización corresponda a refinanciamiento. “No sé si ese endeudamiento también sirve para refinanciar créditos antiguos, lo cual sería un poquitito raro porque los créditos antiguos son seguramente emitidos a tasas más bajas que las actuales que están subiendo”, explicó.

Además, Larraín cuestionó el diagnóstico oficial sobre las cuentas públicas: “Creo que hay una política fiscal que es ordenada. Si lo que está desordenada es la política, pero no la política fiscal”.

Crecimiento y empleo

Larraín planteó que el Gobierno optó por una estrategia distinta a la de administraciones anteriores para enfrentar el bajo crecimiento: en lugar de utilizar el gasto público para estimular la demanda, apuesta por una reducción de impuestos que entregue mayor protagonismo al sector privado.

“El problema que tiene la baja de impuestos es que las dos cosas quedan en manos del sector privado, la velocidad y la dirección de las inversiones”, explicó.

Para el economista, el problema está más relacionado con la productividad que con la tasa de inversión. En empleo, apuntó a la vivienda como un sector capaz de absorber mano de obra y responder a una necesidad social. “Ahí uno debiera gastar, pero eso no es inversión pública, son gastos corrientes del Ministerio de la Vivienda”, dijo.

Larraín también valoró la agenda de permisología como una vía para hacer más eficiente la aprobación de grandes proyectos, aunque planteó que el país necesita ampliar la inversión hacia nuevos sectores. “Lo que necesitamos fundamentalmente es que la inversión vaya hacia sectores nuevos. Tenemos que innovar”, sostuvo.

Entre las áreas con potencial mencionó el hidrógeno verde y planteó la necesidad de mecanismos de financiamiento para industrias nuevas, además de una banca de desarrollo para proyectos de largo plazo.

Sobre la estrategia de reducción de impuestos, afirmó: “Yo creo que es una apuesta que, como toda apuesta, puede resultar como puede que no. Pero mientras no veamos el efecto en los hechos, yo creo que es una apuesta arriesgada”.

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Con la nueva legislación, el plazo aumenta de 12 a 24 horas en el caso de que la detención sea realizada por Carabineros o la PDI, y se extiende a 48 horas cuando es practicada por la Autoridad Marítima. El objetivo es que las autoridades cuenten con más tiempo y mejores herramientas para actuar durante las primeras horas tras la comisión de un delito.

“Tenemos que ir actualizando nuestras leyes, nuestros procedimientos, nuestro equipamiento y podemos decir que dándole respaldo, como le hemos dado a las policías, están aumentando paso a paso las vocaciones”, señaló el Presidente Kast. 

En ese sentido, el Mandatario aseguró que “hay un cambio” y más presencia policial, lo que implica más riesgo, “pero todos los carabineros han tenido la valentía de asumir esos riesgos, porque saben que hay un respaldo total”. 

“La ciudadanía va reconociendo el trabajo que se realiza, pero hubo años en que algunos llamaban a atentar contra Carabineros de Chile. Eso dio pie a que el crimen organizado, el narcotráfico, fueran tomando posiciones. Esas son las posiciones que tenemos que ir recuperando para la sociedad, para aquellos que hacen el bien a Chile”, enfatizó.

Además, el Jefe de Estado hizo un llamado al Congreso a avanzar en la ACOT. “Me atrevo también a pedirle al Congreso que en las leyes que se están discutiendo hoy día, que en las leyes que estamos poniéndole urgencia hoy día, que llevan largo tiempo de discusión en el Parlamento, tengamos la urgencia necesaria para poder aprobarlas”, dijo. 

Detalles de la ley

La Constitución habilita la detención sin orden judicial a quien es sorprendido cometiendo un delito flagrante, y es el artículo 130 del Código Procesal Penal el que define cuándo existe flagrancia. Hasta ahora, la detención sólo procedía si no habían transcurrido más de 12 horas desde los hechos. 

En detalle, a través de esta norma “las policías podrán requerir, sin instrucción previa del fiscal, la entrega voluntaria de los registros captados por cámaras de vigilancia de comercios y hogares, y por los testigos de un hecho, además de información de georreferenciación que permita localizar a los responsables o los objetos vinculados al delito”. 

Si es que la persona accede a la entrega de la información, la policía debe levantar un acta y entregar una copia. En caso de que se niegue, se debe informar al fiscal. “Las policías deberán resguardar la integridad y debida custodia de estos registros”, indican desde Presidencia. 

Esta nueva ley reconoce, además, a la Autoridad Marítima como auxiliar en las investigaciones del Ministerio Público. La habilita para realizar actuaciones autónomas y controles de identidad respecto de personas en naves, artefactos navales y recintos portuarios, en el mar territorial y aguas interiores. 

Respecto del Fiscal Nacional, se perfecciona su facultad para “impartir instrucciones generales sobre diligencias inmediatas en determinados delitos”. 

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Uno de los programas que verá reducidos sus recursos es Becas Chile, destinado al financiamiento de estudios de posgrado en el extranjero. Para 2027, el proyecto considera 21 mil 810 millones de pesos, mil 907 millones menos que los 23 mil 717 millones contemplados para este año. La disminución equivale a cerca de un 8% y se produce en paralelo a una revisión de los compromisos asociados a estos beneficios.

La propuesta también elimina dos asignaciones que forman parte del presupuesto vigente: los Cursos de Idiomas para Becas Chile y la iniciativa de Centros de Educación. A esto se suma una serie de reducciones en programas vinculados directamente con el desarrollo de investigación y las capacidades científicas del país.

Uno de los ajustes más significativos se encuentra en el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico, Fondequip, destinado a financiar la adquisición y actualización de infraestructura y equipamiento para universidades y centros de investigación. Sus recursos pasarían de 15 mil 526 millones de pesos en 2026 a 2 mil 921 millones durante 2027, lo que representa una disminución cercana al 82%.

El recorte también alcanza al Programa de Inserción de Investigadores, que pasaría de contar con 5 mil 69 millones de pesos a 2 mil 646 millones. La reducción llega al 47,8% y afecta especialmente a la asignación destinada al sector privado, cuyos recursos disminuirían en un 70,2 por ciento.

Una situación similar se observa en el programa de Apoyo a la Innovación en Educación Superior, INES. Para esta iniciativa, que busca fortalecer capacidades de innovación dentro de las instituciones de educación superior, el presupuesto propuesto cae desde 8 mil 945 millones de pesos a 2 mil 748 millones, una reducción cercana al 70%.

En tanto, el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF, también experimentaría una disminución. Sus recursos pasarían de aproximadamente 48 mil 19 millones de pesos a 38 mil 266 millones, es decir, casi 9 mil 753 millones de pesos menos que en el presupuesto vigente.

Las cifras se conocen además en medio de los cuestionamientos surgidos en torno al funcionamiento de Becas Chile. Según un informe elaborado por el propio Ministerio de Ciencia y al que tuvo acceso el medio T13, al 2 de agosto de 2026 existían mil 666 beneficiarios en situación de incumplimiento de alguna de las obligaciones asociadas a estas becas. Entre ellas se encuentran el retorno al país, la acreditación del grado académico y la retribución mediante permanencia o desempeño laboral en Chile.

De acuerdo con ese documento, los casos identificados representarían una pérdida de 91,7 millones de dólares para el Estado. El antecedente forma parte de la discusión sobre el uso de los recursos públicos destinados a la formación de capital humano avanzado, en un contexto en que el presupuesto de la cartera también plantea una reducción para el próximo año.

El proyecto de Presupuestos 2027 se encuentra ahora en proceso de discusión en el Congreso, por lo que las cifras propuestas todavía pueden experimentar modificaciones durante su tramitación. La reducción planteada para Ciencia, sin embargo, instala desde ya el debate sobre las prioridades de financiamiento para la investigación, la formación de nuevos investigadores y el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en el país.

La entrada Presupuesto 2027 reduce en 7,4% los recursos del Ministerio de Ciencia se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

El ajuste convierte a la tenencia responsable de mascotas en uno de los nuevos puntos de controversia dentro de la discusión presupuestaria que comenzará en el Congreso. A través del PTRAC, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), se canalizan recursos hacia municipios y otras entidades para desarrollar iniciativas como esterilizaciones, vacunaciones, implantación de microchips, atención veterinaria y campañas de educación sobre tenencia responsable.

La reducción adquiere mayor magnitud al revisar específicamente los recursos que pueden llegar al territorio. De acuerdo con los antecedentes del proyecto, las transferencias destinadas a municipios y otras entidades caerían desde aproximadamente $2.794 millones a cerca de $149 millones, una disminución cercana al 95%. Son precisamente esos fondos los que permiten financiar buena parte de las intervenciones vinculadas con la prevención del abandono y el control de la población animal.

Al mismo tiempo, el presupuesto destinado a honorarios para la administración del programa prácticamente no disminuye: pasa de $210 millones a $216 millones para cinco personas. De esta manera, ese ítem aumentaría su peso relativo dentro del presupuesto total del PTRAC, pasando de representar cerca de 6% durante 2026 a alrededor de 42% en la propuesta para 2027.

También se contempla una reducción para el Fondo Concursable establecido por la propia Ley 21.020. Los recursos pasarían desde $631 millones a un máximo de $150 millones, equivalente a una caída de 76,2%. Además, el proyecto modifica la forma en que queda establecido el fondo, al utilizar la fórmula “hasta” $150 millones en lugar de fijar un monto determinado.

El Gobierno, sin embargo, sostiene que la reducción presupuestaria no significa detener la inversión en materia de tenencia responsable. Desde la Subdere argumentan que existen proyectos ya adjudicados por alrededor de $3 mil millones que continuarán ejecutándose durante 2027. Además, se plantea implementar pilotos de focalización, realizar un estudio de impacto y efectuar una revisión del programa durante julio.

El debate también volvió a poner sobre la mesa la posición que Kast tuvo frente a la Ley de Tenencia Responsable cuando era diputado. En mayo de 2017, durante la votación que permitió despachar la normativa, obtuvo 100 votos a favor, dos abstenciones y solo un voto en contra: el de José Antonio Kast.

La entrada Gobierno propone profundo recorte a Ley Cholito: recursos caerían en un 86% para 2027 se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

“El premio de este año trata sobre mensajeros fantasmales procedentes del espacio“, declaró Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, en una rueda de prensa.

Un cubo de hielo gigante

La “visión y el liderazgo científico” de Halzen han sido fundamentales para el Observatorio de Neutrinos IceCube, afirmó la Academia, que lo describió como “un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz”.

Gracias a este observatorio, los investigadores pueden “captar neutrinos, partículas subatómicas raras, de procesos extremadamente ricos en energía en el universo lejano”.

“Este Premio Nobel tiene que ver con un cubo de hielo gigante situado en el Polo Sur de nuestro planeta. El cubo de hielo permite la detección de neutrinos”, explicó a los periodistas la profesora Eva Olsson, miembro del Comité Nobel de Física.

Halzen nació en Tienen (Bélgica) y es profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos.

“Una gran sorpresa”

“Ha sido una gran sorpresa y, obviamente, no me lo esperaba”, declaró el físico por teléfono en la rueda de prensa poco después de que se anunciara el premio.

“Pero es un gran placer saber que me han concedido este premio”, añadió.

El año pasado, el Nobel de Física fue otorgado al británico John Clarke, al francés Michel Devoret y al estadounidense John Martinis por poner en práctica la mecánica cuántica y permitir el desarrollo de todo tipo de tecnología digital, desde teléfonos móviles hasta una nueva generación de computadoras.

Este galardón es el segundo Nobel de la temporada, tras el de Medicina otorgado el lunes al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nage por su trabajo en el campo de la optogenética, que consiste en controlar las señales nerviosas mediante la luz.

Los siguientes premios Nobel

El premio de Física será seguido por el de Química el miércoles y el de Literatura, el jueves.

Las quinielas para el de literatura incluyen a varias escritoras latinoamericanas.

La argentina Samanta Schweblin, de 48 años, podría ser una de ellas, declaró a la AFP la crítica literaria Lina Kalmteg.

Otra es la mexicana Cristina Rivera Garza.

Junto a ellas suenan con fuerza nombres como los de los estadounidenses Jamaica Kincaid y Thomas Pynchon, la china Can Xue o los australianos Gerald Murnane y Alexis Wright.

Quizá el más esperado sea el que se entregará el viernes, el Premio Nobel de la Paz, el único que se concede en Oslo.

Este año algunos expertos sugieren que el jurado podría optar por el consenso, después de la polémica suscitada por la ganadora del año pasado, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó para que se le concediera el premio y Machado acabó regalándole su medalla del Nobel.

Este año el premio podría ser conjunto para Save the Children y Mikola Kuleba, un activista ucraniano que lucha por traer de vuelta a los niños ucranianos trasladados ilegalmente a Rusia desde los territorios ocupados.

Entre los demás candidatos destacan las Salas de Respuesta a Emergencias (ERR) de Sudán, una amplia red de voluntarios que arriesgan sus vidas para ayudar a personas que se enfrentan a la guerra y el hambre, y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), después de que 2025 fuera el año más mortífero de la historia para la profesión.

El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.

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Mario Aguilar, presidente del gremio, aseguró que el documento contendría “una serie de vicios de legalidad”, debido a que, a su juicio, “se atribuye al director de Educación Pública facultades que no tiene respecto de instruir sobre dotación de personal o sobre materias técnico-pedagógicas que aún no han sido suficientemente trabajadas en los planes anuales”.

También cuestionó el actuar de la Contraloría frente a estas medidas y afirmó que espera que la contralora general, Dorothy Pérez, “tenga la misma celeridad con este actuar ilegal de la Dirección de Educación Pública que la que ha tenido con los docentes en distintas materias”.

En tanto, la secretaria del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, Rosa María Montecinos, señaló que la presentación busca defender las dotaciones docentes necesarias para responder a las necesidades de cada establecimiento.

“Las dotaciones docentes requieren de sus profesionales para trabajar en las escuelas de acuerdo a las necesidades de los establecimientos”, afirmó.

La dirigenta agregó que la definición de las dotaciones debe considerar instrumentos y programas vinculados al funcionamiento de las comunidades educativas, como el PIE, PADEM y PAL.

“Se debe entender, además, que las construcciones de las dotaciones docentes se hacen en vinculación con los PIE, PADEM, PAL y el programa PIE. Entonces, no pueden ser los recortes presupuestarios los que determinen cuáles son los profesionales que se requieren”, sostuvo.

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Consultado por esta petición al Congreso, Quiroz dijo que “surge de un cálculo relativamente sencillo: hay que primero pagar deudas anteriores, y después hay que suplir el déficit más el gasto bajo la línea“.

En cuanto a las críticas por los recortes, señaló que “en este proceso estamos siempre llanos a escuchar, reflexionar, todos los temas. Pero siempre manteniendo la restricción general de los objetivos macroeconómicos y de sostenibilidad fiscal que hemos perseguido”.

“En ese sentido, lo que estamos manteniendo siempre es el presupuesto del gasto completo, después en cada asignación pueden siempre escucharse propuestas, modificaciones o perfecciones”, añadió.

También dijo que “son miles de asignaciones, este es el minuto de los ministros del ramo y de subcomisiones. Así que ese proceso está partiendo, va a tomar 4 semanas, vamos a tener la discusión y va a haber perfección del presupuesto”.

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A sus 81 años, Lula apuesta a una remontada que “movilice al centro, a los abstencionistas y a las mujeres”, analiza para RFI Gaspard Estrada, miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

¿Por qué sorprenden tanto estos resultados en Brasil?

Gaspard Estrada: El resultado del presidente Lula está en línea con lo que venían marcando las encuestas de opinión. Lo que realmente sorprende es el nivel de resultado de los candidatos del bolsonarismo, empezando por Flávio Bolsonaro, que, como su padre en las dos elecciones anteriores, superó con creces el resultado marcado por las encuestas de opinión.

Eso también tiene una traducción en las elecciones estatales, en las cuales los candidatos respaldados por el bolsonarismo tuvieron resultados mucho mejores de lo previsto, y también en las elecciones a la Cámara de Diputados y al Senado, en las cuales los candidatos del bolsonarismo, en particular del Partido Liberal, van a tener las mayores bancadas.

Y en esta primera vuelta, lo que sorprende también es que Bolsonaro ha obtenido más votos que su padre en la primera vuelta de su elección. ¿Qué lectura hace?

Lo que me parece claro es que esta es una elección de cambio. Las elecciones siempre se definen en función de si hay una voluntad de continuidad o de cambio. Queda muy claro hoy que esta es una elección de cambio y que el movimiento bolsonarista ha logrado encarnarlo.

El error de diagnóstico de la campaña del presidente Lula fue asumir que era una elección de continuidad. Durante la campaña, los estrategas del presidente se dieron cuenta de este error y ha habido un esfuerzo por cambiar este rumbo. Sin embargo, me queda muy claro que, si el presidente Lula tiene la intención de ganar, va a tener que ser mucho más radical en el giro que deberá dar a su campaña. Tiene que darles respuestas mucho más concretas a los electores sobre cuál sería el cambio positivo que podría ofrecerles si votan por él.

Es decir, si Lula no les da a sus electores una razón concreta de por qué un cambio encarnado por él sería positivo, lo más probable es que gane Flavio Bolsonaro.

¿Con qué temas concretamente Flavio Bolsonaro logró encarnar ese cambio del que habla?

Flávio Bolsonaro habló mucho durante esta campaña electoral sobre el precio de los alimentos, la carestía y los problemas de deuda de los brasileños. Eso es una realidad muy palpable, muy concreta.

En cambio, el presidente Lula, durante el inicio de su campaña, hablaba mucho de soberanía, de tierras raras, de Trump; es decir, de ideas abstractas que no remitían realmente a una vida concreta ni a una dificultad económica palpable en la vida cotidiana…

Es decir, Bolsonaro fue más directo al bolsillo…

Exactamente. Muchas veces las elecciones se deciden por una cuestión económica y no por valores más abstractos, que pueden tener sentido, pero que no tienen una resonancia particular para el elector.

Y es ahí donde me parece que se va a trabar la disputa en esta segunda vuelta: en saber si el gobierno de Lula es capaz de hablarle al bolsillo del elector.

¿Y le parece que Lula logrará hablarle al bolsillo del elector? Lo pregunto porque esto tiene que ver con el balance de su gestión.

Ahí es donde creo que el presidente Lula tiene dos activos que va a intentar movilizar. Uno es lo que va a pasar esta semana en el Senado, con la votación pautada, al menos por el presidente del Senado, de una reducción del tiempo de trabajo: pasar de seis días de trabajo a cinco, sin disminución del salario.

Y, en segundo lugar, el 19 de octubre —es decir, una semana antes de la segunda vuelta—, los beneficiarios del programa social estrella del Gobierno, el programa Bolsa Familia, van a tener un aumento del 15% de esta política social.

Creo que esa va a ser la gran apuesta del presidente Lula para movilizar a su base social de cara a esta segunda vuelta.

Pase lo que pase en la segunda vuelta, lo concreto es que, en las elecciones legislativas, la derecha bolsonarista se ha logrado imponer en las dos cámaras, sobre todo en el estratégico Senado.

En el Senado, efectivamente, el bolsonarismo —el Partido Liberal— tendrá la mayor bancada. Es muy importante el Senado porque es consultado para los nombramientos de embajadores, para el nombramiento del presidente del Banco Central y de los directores de esta agencia del Banco Central, así como de muchos otros organismos reguladores.

En la Cámara de Diputados, el Partido Liberal también tendrá la mayor bancada. De hecho, será la mayor bancada individual de un partido político en Brasil desde 1994, con 121 escaños sobre 513; es decir, casi una cuarta parte del Congreso brasileño. Y eso es un hecho inédito en un país en el cual el Poder Legislativo tradicionalmente siempre ha estado muy fragmentado.

¿Qué necesita Lula da Silva de aquí al 25 de octubre para encarar esa remontada que esperan los petistas?

Para remontar este desafío, el presidente Lula necesita, primero, diversificar el diálogo con sectores que no votaron por él en la primera vuelta.

En primer lugar, necesita dirigirse a los electores de centro y de centro derecha que no están convencidos por Flavio Bolsonaro y que, aunque inicialmente no estarían dispuestos a votar por Lula, tienen una dificultad real para votar por el bolsonarismo. Ese es un primer sector al cual el presidente Lula tiene que dirigirse.

En segundo lugar, debe movilizar a los electores abstencionistas que no decidieron acudir a las urnas en esta primera vuelta.

Y, en tercer lugar, tiene que hablarle a su base social. Creo que, en este sentido, las medidas económicas muy concretas, como el aumento del Bolsa Familia, serán importantes para movilizar a esa base social.

Ampliando el diálogo con estos tres principales segmentos, y apelando en particular a la movilización de las mujeres, que votaron en su mayoría por Lula durante esta primera vuelta, matemáticamente existe la posibilidad de que Lula gane la elección, pero va a ser una carrera difícil.

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Desde el Partido Republicano, el diputado Álvaro Carter valoró el desempeño de Bolsonaro y cuestionó las proyecciones que apuntaban a un mejor desempeño de Lula. “Lo sucedido en Brasil ya era evidente. Esto era independiente de lo que algunos medios de comunicación decían sobre la victoria electoral del actual presidente, Lula da Silva. Lo importante es que la esperanza está regresando a Brasil”, sostuvo.

Carter también puso la mirada en la segunda vuelta y planteó que el escenario puede marcar un cambio político en el país. “Creemos que, con las próximas elecciones en pocos días, Brasil puede cambiar el rumbo que lo ha destruido hace tiempo”, afirmó.

El diputado republicano Benjamín Moreno también valoró el escenario abierto en Brasil y puso el foco en la relación bilateral. “Por supuesto que debería ser un aliado de nuestro país. El propio Presidente Kast mantuvo una excelente relación, como jefes de Estado, con el presidente Lula. Y para ganar, Flávio Bolsonaro también debe mantener una excelente relación, e incluso profundizarla”, planteó.

Además, Moreno destacó el avance de la derecha en las elecciones legislativas y territoriales y vinculó ese fenómeno con la necesidad de coordinación entre los países de la región. “Pero creo que, sobre todo, necesitamos una región unida, muchos presidentes y países, luchando contra las grandes emergencias que hoy no respetan fronteras, como el crimen organizado”, sostuvo.

Desde el Partido Comunista, su presidente, Lautaro Carmona, puso el foco en la estrecha diferencia entre ambos candidatos y en las semanas que quedan antes de la definición. “A ver, fuera de lugar digamos que Lula puede remontar, no tengo ninguna duda, incluyendo porque el margen de diferencia entre uno y otro es remontable”, afirmó.

Carmona advirtió que los votos de las candidaturas que quedaron fuera no se trasladarán automáticamente a uno u otro candidato y planteó que las próximas semanas de campaña serán determinantes.

El presidente del PC también llamó la atención sobre el avance del bolsonarismo más allá de la disputa presidencial. “La situación de Brasil a futuro, más allá de la elección presidencial, es compleja. Hay un avance significativo de la derecha bolsonarista”, señaló.

Carmona vinculó ese fenómeno con el crecimiento de posiciones de derecha en otros países de la región y cuestionó una eventual intervención de Estados Unidos en el proceso electoral brasileño. “Ya superamos la vieja fórmula de un maletín con dólares, como fue las fórmulas que usaron a través de El Mercurio, digamos, para el año 70 con la elección de cuando salió electo Salvador Allende”, sostuvo.

A su juicio, las formas de influencia sobre los procesos electorales se han vuelto más complejas. “Son mucho más sofisticadas, tienen mucho más vínculos, hay una globalización de la actividad económica. Entonces, hay más caminos para presionar y penetrar, intervenir e invadir un proceso que debería ser soberanamente restrictivo a los ciudadanos del país”, planteó.

Desde el Frente Amplio, su presidenta, Gael Yeomans, confirmó el respaldo de la colectividad a Lula y situó la disputa en una discusión más amplia sobre el rumbo político de América Latina. “Nosotros vamos a seguir apoyando con mucha fuerza a Lula, creemos que es la opción democrática de defensa además del bienestar de las personas en Brasil, de una mirada que es progresista y por lo mismo nos sentimos dentro de ese marco”, afirmó.

Yeomans también puso el foco en la dimensión regional y subrayó que: “Se necesitan presidentes que defiendan la soberanía de Latinoamérica y ahí tenemos la opción de Lula bien presente durante todos estos años y queremos que lo siga haciendo en los próximos”.

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Pese al secretismo con que el Gobierno ha manejado el proyecto, las medidas que rápidamente trascendieron fueron los recortes en las carteras de Cultura —de más de un 10%— y Educación. En este último ministerio destaca la eliminación del programa “Yo elijo mi PC”, que solo este año entregó un total de 96 mil computadores a estudiantes de 7° básico del sistema público.

La eliminación de las Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicación (TIC) provocó críticas de la oposición, pero también desde el propio oficialismo. Incluso, el viernes pasado la bancada de diputados de la UDI se descuadró del Gobierno al manifestar que haría todo lo posible porque se restituyeran los recursos para “Yo elijo mi PC”. 

Este lunes, previo a su participación en el Comité Político en La Moneda, el timonel del gremialismo, Guillermo Ramírez, reiteró la convicción de su partido respecto a que se debe continuar con las becas TIC. Sin embargo, el diputado también se mostró tranquilo con que el Ejecutivo dialogará y atenderá a la inquietud de los partidos. 

Lo último, dado que el fin de semana pasado, en entrevista con El Mercurio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió a la posibilidad de continuar “Yo elijo mi PC”.

“El ministro Quiroz ha dicho que ese programa y otros sobre los cuales haya dudas se van a analizar de manera muy prolija. Yo con esa respuesta me quedo tranquilo porque me parece de toda lógica que ese programa no tiene que desaparecer. Si lo que se promete aquí es una discusión seria, yo con eso me quedo tranquilo, porque la crítica que estamos planteando me parece que ha sido formulada de manera seria también”, dijo Ramírez.

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, tuvo una postura aún más apegada al relato de Gobierno. El parlamentario consideró que el programa “Yo elijo mi PC” debe mantenerse, pero cuidando que realmente cumpla su objetivo.

“Yo le pregunto a la gente de la oposición si ha tenido el tiempo, especialmente los que participan en la Subcomisión de Presupuesto, de revisar la ficha técnica del programa ‘Yo elijo mi PC’. Ahí ustedes se van a dar cuenta que en términos de acceso hemos mantenido una ejecución bastante alta en los últimos años, pero que dentro del marco de otros objetivos del programa, que son la integración dentro de aspectos metodológicos de enseñanza, que son la implementación de estrategias en materia tecnología de la información, en la generación de entornos seguros, la verdad que no hay ningún indicador que dé cuenta que eso esté bien”, estimó.

“Entonces, ¿qué es lo que le hemos planteado al Gobierno? Que vamos a mantener esta política en términos de acceso, pero que vamos a exigir, no solamente con este programa, sino que con todos los programas, que cumplan los objetivos para los cuales fueron creados”, sostuvo.

Oposición en alerta por recortes 

En las horas previas a que se conociera el detalle del presupuesto, en la oposición primó la alerta por el posible recorte de beneficios sociales. La diputada y presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, aseguró que su sector va a votar en contra “de cualquier derecho que se vea menoscabado con esta Ley de Presupuesto”. 

Respecto a la eliminación del programa “Yo elijo mi PC”, la parlamentaria acusó una “falta de empatía” por parte del Gobierno y los partidos oficialistas: “Ayer escuché al presidente del Partido Republicano (Arturo Squella), del partido del cual viene el Presidente de la República, con una falta de empatía total. Eso demuestra además una falta de calle impresionante para quienes están gobernando. Lo que se necesita son gobernantes que se pongan en el lugar sobre todo de los niños y jóvenes que están utilizando esta herramienta”.

“Nosotros no vamos a permitir este tipo de retrocesos y lo vamos a plantear bien claro en la discusión presupuestaria”, agregó.

Por su parte, la diputada y jefa de bancada del PPD, Andrea Parra, afirmó que están esperando aún más “sorpresas” y que, en ese escenario, defenderán “esos derechos sociales, particularmente los computadores y muchos otros presupuestos importantes, como el de las regiones”.

“Lo que hemos sabido hasta ahora es que los gobiernos regionales vienen con un recorte brutal, en cada una de las regiones. Eso es un golpe directo al empleo, a las capacidades de desarrollo de las regiones. La discusión va a ser difícil, dura, compleja, pero la vamos a dar con todo”, indicó.

El reclamo de los gobernadores regionales 

En paralelo a la discusión sobre el presupuesto de Educación, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) manifestó su molestia por el recorte de 250 mil millones de pesos, que en algunas regiones incluso llega al 20% del total de su presupuesto.

Las autoridades regionales se reunieron este lunes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una cita que fue comentada por el presidente de AGORECHI, Rodrigo Mundaca.

El gobernador de la Región de Valparaíso señaló que se insistió “una vez más en que los gobiernos regionales requieren agilidad, suficiencia y autonomía en materia presupuestaria”. “Hemos señalado con toda propiedad que este presupuesto no nos satisface en absoluto, ya que es un presupuesto que nos rebaja el marco presupuestario entre 250 y 270 mil millones de pesos”, detalló.

De acuerdo a Mundaca, el ajuste “va a afectar directamente el empleo y grandes obras que hoy día se están ejecutando en distintos territorios”. “Hemos quedado de seguir conversando, pero le hemos dicho con toda claridad al ministro de Hacienda que nosotros somos autoridades políticas electas democráticamente y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de poder recuperar nuestros presupuestos, porque nos parece que hemos sido tratados arbitrariamente”, aseveró.

En tanto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, apuntó a que los gobiernos locales deberían tener mayor autonomía: “Reclamamos menos trabas para poder ejecutar y que no se disminuya el presupuesto a las regiones. Esa es la gran demanda que tenemos hoy día todos los gobernadores. Si queremos empleo, hay que darle plata a los gobiernos regionales”.

Cabe mencionar que este martes, en el marco de los hitos de presentación de la Ley de Presupuesto, se realizará la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre en la Comisión Especial Mixta. El documento permitirá conocer en mayor detalle las proyecciones fiscales que sustentan las cuentas para 2027 y dará paso a la discusión en las subcomisiones de presupuesto.

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El reporte muestra que los países que experimentan retrocesos superan ampliamente a aquellos que registran avances. De acuerdo con sus resultados, un 32% de los países presenta mejoras, mientras que un 57% evidencia declives. A esto se suma que más del 80% de los casos no experimenta cambios significativos, dando cuenta de un escenario de estancamiento democrático.

El rol de la universidad pública

La presentación del informe abrió con una reflexión sobre el papel que pueden desempeñar las universidades en el fortalecimiento de la convivencia democrática. La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, sostuvo que esta tarea comienza al interior de las propias instituciones.

“Lo que sí sabemos es que las democracias sólidas cuentan con instituciones y mecanismos que nos permiten procesar los desacuerdos, limitar el ejercicio del poder y resolver los conflictos por vías pacíficas”, afirmó.

La autoridad universitaria advirtió que cuando esas instituciones se debilitan “y disminuye la capacidad de canalizar legítimamente las diferencias, aumenta también la vulnerabilidad frente a la violencia y al conflicto”.

En ese sentido, planteó que la democracia no puede sostenerse únicamente sobre normas. “Esta constatación también nos interpela como universidad pública, porque la democracia no depende únicamente de sus instituciones y sus reglas. Requiere también una cultura democrática, ciudadanos y ciudadanas capaces de convivir con quienes piensan distinto”, sostuvo.

Mizala destacó además la necesidad de fortalecer el diálogo tanto al interior de la universidad como en su relación con la sociedad. “Nosotros tenemos que mostrar que internamente somos capaces de generar un diálogo donde podamos escucharnos y de construir juntos, independientemente de que no pensemos igual en todo. Y que haya causas comunes que nos unan y en las que podamos trabajar”, señaló.

Agregó que “las universidades somos, por definición, comunidades diversas, en las que conviven distintas disciplinas, generaciones, experiencias y maneras de comprender el mundo. Nuestra tarea no consiste en eliminar esas diferencias, sino en generar condiciones para que puedan expresarse y confrontarse mediante argumentos, evidencia y diálogo”.

La rectora agregó que la Universidad de Chile mantiene un rol histórico frente a los desafíos del país y que, en el actual escenario, uno de ellos es contribuir a fortalecer la democracia y generar espacios para discutir los asuntos relevantes de la sociedad. “Hoy tenemos el desafío de cómo fortalecemos la democracia. Cómo logramos que, como país, sostengamos una conversación sobre cuáles son los temas fundamentales”, concluyó.

Democracias estancadas o en retroceso

En tanto, para Alejandra Sepúlveda, gerenta de Proyecto de Integridad Electoral y Género de IDEA Internacional, el panorama obliga a observar con atención la situación de las instituciones democráticas. “El informe que hoy presentamos nos invita a mirar esa tarea de frente. El panorama global es preocupante. Retrata democracias estancadas o en retroceso”, sostuvo.

La especialista agregó que “casi el 80% de los casos no mostró cambios significativos y, cuando los hubo, los países que retrocedieron superaron a los que avanzaron”. En particular, señaló que los mayores retrocesos se concentran en derechos, representación y Estado de Derecho, afectando ámbitos como “libertades, justicia, elecciones, parlamentos e independencia judicial”.

A juicio de IDEA Internacional, este escenario se relaciona con una creciente parálisis institucional, marcada por la desconfianza y por la percepción de una distancia cada vez mayor entre los liderazgos políticos y las demandas de la ciudadanía. En esa línea, uno de los principales problemas identificados es que las personas no perciben que las instituciones estén respondiendo adecuadamente a sus necesidades.

El oficial de programa para Chile y los países del Cono Sur de IDEA Internacional, Ricardo Mena, explicó que el estancamiento no debe interpretarse como una situación neutra. “El estancamiento, como les decía, es la norma general, pero la tendencia es al retroceso. Es decir, si bien no avanzamos mucho, tampoco avanzamos lo suficiente para considerar que sea un avance. Tenemos un estancamiento permanente y tendemos más bien a retroceder que a avanzar”, afirmó.

Mena advirtió que se trata de una tendencia que se ha prolongado durante prácticamente una década y que también tiene expresión en América Latina. “Eso es súper preocupante. Son prácticamente 10 años en los cuales ha habido una tendencia al retroceso a nivel global. Y en nuestra región no es tan distinto el panorama”, sostuvo.

El informe identifica retrocesos especialmente importantes en materias como libertad de expresión, acceso a la justicia, elecciones creíbles, efectividad de los parlamentos, independencia judicial y aplicación predecible de la ley. También advierte sobre las dificultades para garantizar la separación de poderes y el respeto de derechos.

En América Latina, la mayoría de los países se ubica en rangos de desempeño medio en las distintas dimensiones democráticas. Mena apuntó especialmente a aquellos casos donde los cambios institucionales han derivado en regímenes autocráticos.

“Son muchos los países que han tenido bastantes retrocesos en muchas dimensiones claves, sobre todo aquellos que han tenido cambios que han derivado en regímenes autocráticos, como Nicaragua o El Salvador, que son países que están con alta persecución a la prensa, con altos índices de intervención de poderes, etcétera”, señaló.

El diagnóstico también se desarrolla en un contexto internacional marcado por el aumento de los conflictos. El informe contabiliza 65 conflictos activos con participación estatal y advierte que una mayor interacción entre democracias y autocracias se asocia a un mayor riesgo de conflicto. Asimismo, el deterioro democrático hacia formas híbridas puede elevar el riesgo de violencia interna, mientras que la existencia de una sociedad civil activa y capaz de fiscalizar aparece asociada a menores niveles de conflicto.

Para Sepúlveda, sin embargo, las cifras no deberían conducir al fatalismo. “Y ocurre en un mundo marcado por más conflictos: 65 con participación estatal, 8 entre Estados, una creciente concentración del poder y contrapesos institucionales debilitados. Pero estos datos no deberían llevarnos al fatalismo. También nos muestran por dónde avanzar”, planteó.

El caso chileno

En el caso de Chile, el informe ubica al país en posiciones destacadas en algunas dimensiones, aunque también identifica ámbitos que requieren atención. Durante 2025, Chile se ubicó en el sexto lugar entre 173 países en representación, en el puesto 33 en derechos, en el 21 en Estado de Derecho y en el 44 en participación.

La representación aparece como la principal fortaleza del país, mientras que la participación constituye la dimensión más débil, especialmente después de un periodo caracterizado por una elevada actividad política y electoral.

En comparación con los últimos cinco años, Chile presenta avances en participación electoral, integridad y seguridad personal, igualdad de género, acceso a la justicia, libertad de asociación y reunión y libertades civiles. Al mismo tiempo, registra retrocesos en democracia local, democracia directa y sufragio inclusivo.

El diagnóstico sobre el estancamiento, explicó Mena, también tiene que ver con la capacidad de las democracias para responder a las transformaciones sociales. “Cuando no hay avances ni retrocesos, sino que este estancamiento, nos estamos desadaptando a los cambios que están ocurriendo”, sostuvo.

“Vemos un mundo que está hablando un lenguaje distinto, donde están habiendo cambios distintos, y el desafío que tenemos como democracia es que los avances nos hagan mantenernos actualizados y conectados con lo que está pasando”, agregó.

Desde su perspectiva, esa falta de adaptación puede terminar debilitando la relación entre las instituciones y las expectativas de la ciudadanía. “Entonces, al no tener avances, al estar estancados, nos estamos desacoplando y nos estamos desadaptando a lo que está pasando”, afirmó.

En ese escenario, el informe plantea que la resiliencia democrática depende también de la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas frente a las nuevas demandas sociales. “La capacidad de resiliencia de la democracia tiene que ver con tener respuestas y ofrecer avances frente a estos cambios, de manera tal de que no se pierda esa conexión que tiene que haber entre la sociedad que construimos y lo que se demanda en materia de bienestar social, de seguridad, hasta de inversiones, que es todo lo que da la democracia”, explicó Mena.

El informe de IDEA Internacional plantea así un escenario global complejo, donde el deterioro de derechos, representación y Estado de Derecho convive con una extendida falta de avances. Frente a ello, el desafío no solo pasa por evitar nuevos retrocesos, sino también por recuperar la capacidad de las democracias para adaptarse a las transformaciones sociales, responder a las demandas ciudadanas y sostener instituciones capaces de procesar las diferencias por vías pacíficas.

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Para el neurocientífico Pedro Maldonado, la importancia del descubrimiento se entiende al observar una de las principales dificultades que enfrenta la investigación del cerebro: la enorme cantidad de neuronas que interactúan entre sí y la dificultad para determinar qué función cumple cada una dentro de un circuito.

“La optogenética, que es el nombre que se ocupa, en realidad significa opto de luz y genética”, explicó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

El también académico del Laboratorio de Neurosistemas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, detalló que se trata de una técnica que permite introducir, mediante un virus especial, determinadas proteínas en neuronas del cerebro. Estas proteínas pueden abrirse o cerrarse cuando reciben luz, permitiendo controlar el paso de iones y, con ello, activar o desactivar las células nerviosas.

En términos prácticos, esto convierte a la luz en una herramienta para intervenir sobre circuitos neuronales específicos. “Uno puede colocar estas proteínas en las neuronas del cerebro de algún circuito de interés, y con luz puede activar o desactivar las neuronas de una forma muy selectiva”, detalló el académico. 

“Con esta técnica se pudo aprender de circuitos bastante especializados en distintas partes del cerebro de distintos animales, y por lo tanto mejorar nuestro entendimiento sobre cómo funciona el cerebro”, aseguró el experto.

La clave está precisamente en la selectividad. Para comprender cómo funciona el cerebro no basta con saber que determinadas zonas están relacionadas con ciertas funciones: también es necesario identificar qué neuronas participan dentro de esos circuitos y cuál es su contribución específica.

Maldonado señaló que normalmente los investigadores pueden intentar comprender un circuito silenciando determinadas neuronas y observando sus efectos, o activándolas artificialmente. El problema es cómo seleccionar una población concreta entre miles de células. La optogenética permite resolver parte de esa dificultad al introducir las proteínas solamente en las neuronas que se busca estudiar y posteriormente controlarlas mediante luz.

A su juicio, esa capacidad explica buena parte de la relevancia del Nobel: la técnica permitió estudiar circuitos especializados en distintas partes del cerebro y, con ello, mejorar el conocimiento sobre cómo funciona este órgano. “Permite de una manera muy elegante seleccionar distintos tipos de neuronas que uno le interesa examinar, cosas que antes no era posible”, resumió Maldonado.

BREAKING NEWS
The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Para el neurocientífico, el resultado significó ampliar radicalmente la capacidad de los investigadores para “disectar”, o separar, la contribución de cada neurona dentro de los complejos circuitos cerebrales. “El cerebro es increíblemente complicado y uno no conoce todos los circuitos”, planteó. Por eso, sostiene, es necesario poder separar la contribución de cada una de las neuronas que participan en los circuitos que finalmente generan una conducta.

Ese avance también permite aproximarse a fenómenos particularmente complejos, como los recuerdos, pensamientos y emociones. Maldonado sostuvo que todas estas funciones dependen de la creación y actividad de circuitos neuronales en distintas partes del cerebro. 

“Esta es una técnica general que nos permite ir a examinar cualquier circuito y ver cómo la actividad de estos distintos tipos de neuronas en nuestro cerebro participan y generan estas distintas conductas”, comentó, e indicó que esa amplitud es una de las razones por las que la optogenética significó un cambio importante en las herramientas disponibles para estudiar la actividad neuronal.

La técnica también ha abierto nuevas posibilidades para estudiar enfermedades en las que se sospecha que existe un funcionamiento anormal o una pérdida de determinadas neuronas. “Uno puede, en modelos animales, efectivamente simular esto apagando neuronas o activando neuronas y ver si eso efectivamente resulta en la patología que uno ve”, expuso Maldonado.

Entre las enfermedades que pueden ser estudiadas bajo esta perspectiva se encuentran trastornos neurológicos como Parkinson y epilepsia, además de distintas patologías psiquiátricas.

La diferencia es relevante porque permite avanzar desde una descripción general de una enfermedad hacia preguntas más específicas sobre los circuitos que están involucrados. En el caso de los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, Maldonado manifestó que eventualmente podría ser posible intervenir sobre determinadas neuronas cuando se conoce que un circuito presenta una alteración.

En la depresión, menciona como ejemplo la existencia de déficits relacionados con determinados neurotransmisores. “Esto ha permitido más bien el avance muy importante de la investigación biomédica al poder identificar los circuitos responsables de nuestra conducta y de la patología”, indicó.

Una de las aplicaciones que actualmente genera interés es la recuperación de la visión. La lógica, explica Maldonado, consiste en que algunas personas pueden perder los fotorreceptores de la retina —las células que normalmente responden a la luz— mientras otras neuronas del circuito permanecen intactas. La optogenética podría permitir hacer que esas células restantes sean sensibles a la luz y, de esa manera, recuperar parte del circuito visual.

La distancia entre el descubrimiento científico y su aplicación médica es, de hecho, otra de las lecciones que Maldonado extrae de este Nobel. La optogenética es un ejemplo de cómo una investigación que buscaba comprender fenómenos básicos terminó décadas después proporcionando una herramienta con potencial terapéutico.

“Este es un caso de muchísimos otros en los cuales la investigación básica tenía otro propósito de entender un fenómeno muy sencillo, muy básico del cuerpo, pero que luego se utilizó para efectivamente poder manipular aspectos patológicos”, señaló. El problema, añadió, es que entre el descubrimiento y su aplicación pueden pasar muchos años, haciendo difícil reconocer en el momento inicial hacia dónde conducirá una investigación.

Para el académico, la importancia de continuar investigando el cerebro tampoco responde solamente a una curiosidad científica. Existe además una dimensión sanitaria: las enfermedades que afectan al cerebro representan una carga cada vez mayor para los sistemas de salud, mientras el conocimiento sobre el funcionamiento cerebral continúa siendo limitado en comparación con otros órganos.

“De lo que menos conocemos del cuerpo es el cerebro”, recalcó Maldonado. Por eso, considera que cualquier avance que permita comprender cómo funciona y, eventualmente, cómo intervenir sobre él, resulta fundamental para la sociedad.

En esa perspectiva, el Nobel de Medicina no reconoce solamente una nueva técnica de laboratorio, sino un cambio en la manera de formular preguntas sobre el cerebro: “Hasta la invención de la optogenética no teníamos manera de poder mirar en detalle cómo distintas neuronas de un circuito del cerebro generaba la conducta que observamos”. 

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El anuncio llega en uno de los momentos políticamente más complejos para el mandatario socialista: debilitado en el Congreso, cuestionado por distintos escándalos que afectan al PSOE y a su entorno personal, con una izquierda fragmentada y con las encuestas situando al Partido Popular y Vox en una posición particularmente favorable.

El detonante inmediato fue la derrota que sufrió el Ejecutivo la semana pasada en el Legislativo, cuando fueron rechazados dos decretos de ley vinculados a la crisis de la vivienda. Pero más importante que la derrota misma fue quién terminó haciéndola posible. A los votos contrarios del Partido Popular y Vox se sumaron los de Junts per Catalunya, el partido independentista catalán cuyo respaldo había sido fundamental para permitir la investidura de Sánchez y sostener buena parte de la legislatura.

Dicha votación terminó por evidenciar que la mayoría parlamentaria que permitió formar Gobierno dejó prácticamente de existir como una mayoría estable para gobernar.

“Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis”

Sánchez comunicó la decisión después de informar al rey Felipe VI. Lo hizo a través de una declaración institucional desde el palacio de La Moncloa, donde defendió los logros de su gobierno, reconoció errores y planteó las próximas elecciones como una decisión sobre el rumbo político y social de España.

“Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras”, señaló.

Además, vinculó esa decisión con un escenario internacional que definió como particularmente complejo. “Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura, de justicia social y de responsabilidad medioambiental”, aseveró Sánchez.

El mensaje deja bastante claro cuál será una de las primeras apuestas electorales de Sánchez: elevar el tono de la discusión. Presentó la elección entre la continuidad de un gobierno progresista y la posibilidad de una administración encabezada por el Partido Popular (PP) con apoyo de Vox.

No se trata solamente de enfrentar al presidente PP, Alberto Núñez Feijóo, sino de volver a activar una fórmula que ya utilizó en 2023, cuando consiguió movilizar a una parte importante del electorado progresista presentando aquellas elecciones como una barrera frente a la entrada de Vox al Gobierno. La diferencia es que esta vez la posición de partida es bastante más difícil. Vox no llega retrocediendo, sino creciendo, y actualmente ronda entre el 18 y el 20% de intención de voto.

La última bala: mover la discusión a la vivienda

La vivienda consiguió alterar parcialmente la agenda política española de los últimos meses. El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada en Madrid el pasado 23 de septiembre, provocó una fuerte conmoción social y fue seguido ese mismo día por una manifestación de alrededor de 10 mil personas en la capital. Las protestas se extendieron luego a otras ciudades y derivó en una enorme acampada de miles de personas en la Puerta del Sol en Madrid.

Así, la vivienda volvió a instalarse como uno de los principales conflictos sociales del país. El Gobierno respondió presentando medidas para limitar alquileres, proteger a inquilinos y aumentar su intervención sobre el mercado, pero PP, Vox y Junts las rechazaron en el Congreso.

Ahí aparece probablemente la oportunidad política que Sánchez intenta aprovechar. Hasta hace pocas semanas, el terreno electoral estaba dominado fundamentalmente por los casos judiciales y de corrupción vinculados al entorno socialista y la crisis migratoria en Ceuta, además de las tensiones territoriales, la dependencia de Junts y el desgaste acumulado después de más de ocho años en La Moncloa.

El problema para Sánchez es que todavía no existe evidencia de que esa transformación de la agenda pública se haya traducido en una transformación electoral. El último estudio de la consultora 40dB, realizado entre el 25 y el 28 de septiembre, colocó al Partido Popular en 31,6%, al PSOE en 27,4% y a Vox en 18,4%. Sumar obtuvo un 5,6% y Podemos apenas un 2,7%. En conjunto, PP y Vox se sitúan alrededor del 50% de los votos, mientras el bloque formado por PSOE, Sumar y Podemos aparece considerablemente por debajo. Otros sondeos privados muestran una fotografía semejante.

No existe evidencia, por ahora, de una gran movilización progresista trasladándose hacia el PSOE. Incluso, muchos votantes del PP y Vox respaldan medidas de intervención sobre los alquileres, sin que eso signifique que estén abandonando sus preferencias partidarias. Por eso la estrategia de Sánchez parece bastante más defensiva que ofensiva. Necesita reducir la abstención progresista, recuperar indecisos, absorber una parte del voto de Sumar y Podemos y volver a presentar al PSOE como el único voto realmente eficaz para impedir una mayoría PP-Vox.

El adelanto tiene además un efecto particularmente complicado para la izquierda situada fuera del PSOE. Sumar, Podemos y el resto de ese espacio todavía no llegan completamente ordenados a la elección. El plazo para comunicar coaliciones termina el 16 de octubre, apenas 11 días después del anuncio, mientras Podemos prepara primarias y sectores de Sumar impulsan una reorganización mediante un Frente Amplio. Esa fragmentación podría perjudicar electoralmente a esas fuerzas, pero paradójicamente beneficiar al propio Sánchez si consigue concentrar el voto progresista alrededor del PSOE.

El calendario y la reacción de la oposición

El calendario que se abre ahora será rápido. Con la publicación del decreto de convocatoria este 6 de octubre se disuelven Congreso y Senado. Las coaliciones deberán quedar formalizadas antes del 16, las candidaturas deberán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre y las listas definitivas serán proclamadas a comienzos de noviembre.

La campaña comenzará oficialmente el 13 de noviembre, terminará el 27 y el sábado 28 será la jornada de reflexión. El domingo 29 estarán llamados a las urnas más de 37 millones de españoles. La constitución de las nuevas Cortes se espera para mediados de diciembre y una eventual sesión de investidura difícilmente tendría lugar antes de enero.

Mientras tanto, la oposición recibió positivamente la convocatoria. Alberto Núñez Feijóo sostuvo que “por fin decidirán los españoles” y planteó que la elección no se trata simplemente de que el PP derrote al PSOE, sino de que España derrote políticamente a Sánchez.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también valoró el adelanto, aunque pidió cautela frente a unas encuestas que actualmente favorecen ampliamente a las derechas, recordando que en 2023 PP y Vox también llegaron como favoritos y finalmente Sánchez consiguió mantenerse en el Gobierno.

Por eso el movimiento del presidente socialista tiene bastante de última oportunidad política. Si esperaba hasta 2027, podía afrontar otros ocho o nueve meses de derrotas parlamentarias, nuevas investigaciones judiciales, una creciente dependencia de partidos independentistas, una izquierda alternativa cada vez más debilitada y un Vox en expansión. Sánchez intenta cortar esa trayectoria y sustituirla por una campaña mucho más sencilla de comunicar, vivienda, políticas sociales y PSOE frente a PP-Vox.

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Este es el segundo caso de un carabinero asesinado en una semana, lo que ha generado diversas reacciones en el mundo político, desde emplazamientos al Ejecutivo por falta de gestión, hasta peticiones de Estado de Sitio. 

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó al Gobierno y dijo que “no puede seguir disparando al córner, tirando el tema legislativo como si fuera la principal estrategia que tienen, porque además es una muy mala estrategia la que ha presentado”. 

“Ingresan malos proyectos de ley, no hay un orden legislativo, no hay una agenda concordada con el Congreso, sino más bien que vamos proyecto a proyecto”, criticó la parlamentaria. 

Aseguró que “hay que perseguir, ahí se requiere fuerza de tarea, ahí se requiere una decisión política del Gobierno de salir a buscar esas armas, de hacer operativos”. En la misma línea, declaró que “si es necesario el respaldo de las Fuerzas Armadas para operativos específicos, tienen y pueden hacerlo de acuerdo a la Constitución vigente”. 

“Todas estas discusiones artificiales que se han montado con la prensa y que llevan más de un mes, creo que es una vergüenza que el Gobierno insista en una mala estrategia legislativa y no hagan lo que tienen que hacer”, finalizó Vodanovic. 

Desde el Frente Amplio, la diputada y presidenta de la tienda, Gael Yeomans, apuntó a que “lo que hace falta es implementar la legislación”. Sin embargo, criticó que, desde el Gobierno “nos enmarcan en discusiones que no tienen sentido, que nos hacen perder el tiempo, como lo es este estado de excepción. Y que nuevamente quieren insistir en una discusión como esa”. 

Insistió en la necesidad de implementar leyes y preguntó: “¿Qué pasa con el reglamento de seguridad privada? ¿Qué pasa con el reglamento de seguridad municipal? ¿Qué pasa con la articulación de la inteligencia?”. 

“Ese es el llamado que le hacemos al Gobierno, a que haga su pega en seguridad y que deje de hacernos perder el tiempo con debates legislativos que no van a ninguna parte”, manifestó la parlamentaria. 

Estado de sitio

Desde el oficialismo, la senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica, pidió al Gobierno que evalúe decretar Estado de Sitio por 15 días a propósito de este hecho. 

“Dos carabineros asesinados en menos de seis días es señal de que algo no estamos haciendo bien. No podemos normalizar dar dos condolencias en una semana. El Estado le está fallando a Carabineros, los estamos mandando sin la seguridad ni la estrategia adecuada”, dijo. 

En esa línea, aseguró que “tenemos que sacar adelante con fuerza el proyecto de seguridad del ministro Arrau, pero por mientras tenemos que usar las herramientas que tenemos”. “La Constitución permite el Estado de Sitio por 15 días, lo que habilitaría sacar a los militares a la calle en apoyo a las policías y dar una señal clara: frente a delincuentes y terroristas no debemos retroceder”, subrayó.

Por su parte, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que “aprobar la agenda de seguridad rápido es una necesidad imperiosa”. Así, mencionó que “es importante que este miércoles, por ejemplo, las Reglas del Uso de la Fuerza, se transformen en ley en el Congreso”. 

Además, mencionó el proyecto de reforma de seguridad que trabajaron los senadores Arturo Squella y Andrés Longton, que reemplazaría a la propuesta del Gobierno. “Es importante ponerlo rápido en votación también en el Congreso para que la reforma constitucional finalmente se haga realidad con los votos de senadores de oposición y de Gobierno, porque como todos saben, con nuestros votos solos no alcanza”, dijo. 

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El megaproyecto se concretó mediante el sistema de concesiones y representó una inversión superior a los US$50 millones. Su objetivo principal apunta a robustecer la conectividad de la zona austral, optimizando la calidad del servicio, los tiempos de espera y la experiencia de los viajeros. La obra tiene una capacidad para más de 1 millón de pasajeros al año.

Las renovadas instalaciones abarcan un edificio de 12 mil 391 metros cuadrados, construido bajo estrictos estándares de seguridad y eficiencia energética. Entre sus principales mejoras estructurales, el recinto aumentó su capacidad operativa en un 250%, al pasar de dos a cinco puentes de embarque habilitados para las aerolíneas.

Además, se pavimentaron seis espacios exclusivos para aeronaves comerciales, 13 puestos para aviación general y 100 nuevos estacionamientos para vehículos particulares.

Para abordar los históricos problemas climáticos que afectan el tráfico aéreo en la Patagonia, se implementaron innovaciones técnicas. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, explicó que el recinto ahora cuenta “con sistemas de pilotaje que permiten reducir la cantidad de vuelos que se suspenden por condiciones meteorológicas adversas”.

El secretario de Estado añadió que se está “generando una mayor oferta de estacionamientos, de manera de entregar una mejor experiencia de viaje”.

Durante la actividad oficial, la autoridad destacó el profundo impacto territorial y económico que entregará esta obra. “A partir de hoy el Aeropuerto Balmaceda comienza a tener un rol fundamental para la conectividad de la región y del país”, aseguró.

En esa línea, indicó que “esto es algo que estamos haciendo también en otros aeropuertos del país, donde hay un trabajo continuo con la DGAC, Aduanas, el SAG y Policía Internacional”.

El óptimo funcionamiento de esta infraestructura exige un trabajo logístico permanente entre múltiples instituciones públicas. Para agilizar los procesos de revisión y control de pasajeros, operarán de forma coordinada equipos especializados de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Policía Internacional.

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En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el dirigente subrayó que el sistema educativo ya enfrenta un escenario de precariedad y requiere mayor financiamiento, particularmente para resolver problemas de infraestructura y garantizar el funcionamiento de los establecimientos.

“Es absolutamente preocupante esto. Esto a nosotros nos parece muy grave porque cualquier ciudadano común, yo creo, no necesita ser experto en educación percibe perfectamente que en educación lo que hay es falta de recursos y no exceso de recursos”, sostuvo Aguilar.

Uno de los puntos cuestionados por Aguilar es la decisión de terminar con el programa “Yo Elijo Mi PC”, determinación que el Ejecutivo defiende. La Moneda señaló que el impacto de la iniciativa en los aprendizajes no sería significativo y que ha presentado problemas de implementación. Frente a esos argumentos, el presidente del Colegio de Profesores aseguró que no conoce estudios que respalden dicha evaluación.

“Pueden mostrar los estudios, pueden mostrar los datos concretos, con qué información, con qué evidencia la ministra dice que no ha tenido impacto en los aprendizajes. No hay, yo no conozco estudios, no me parece que haya habido estudios serios”, planteó.

Aguilar defendió la utilidad del programa desde la realidad socioeconómica de los estudiantes y cuestionó que su evaluación se limite a cifras de eficiencia. “No necesitamos aquí tampoco ser genios ni expertos en educación, la gente común puede saber cuán difícil puede ser para un niño de escasos recursos llegar a tener un computador”, señaló. En ese sentido, el dirigente aseveró que existe una dimensión social que no puede ser ignorada en la discusión presupuestaria.

La eventual reducción de personal docente también fue criticada por líder del Magisterio, quien rechazó los argumentos vinculados a la disminución de la matrícula producto de la baja natalidad y la posibilidad de fusionar establecimientos o cursos para optimizar recursos. Según explicó, estas decisiones no pueden tomarse únicamente a partir de cálculos económicos debido a las características particulares de cada territorio.

Así, ejemplificó que, para las escuelas rurales, una eventual fusión podría significar trasladar estudiantes entre establecimientos separados por decenas de kilómetros. “No tienen ni idea de lo que significa la identidad de comunidad, no tienen ni idea de lo que significa la realidad de los caminos en invierno, no tienen ni idea de lo que significa de repente la topografía o las características de una geografía determinada”, cuestionó.

Además, el dirigente cuestionó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de eventuales despidos de profesores. “Nosotros estamos estudiando si en esto procede hacer alguna acción en Contraloría o incluso en tribunales, cuando él anuncia dos mil despidos”, anunció.

Frente a este escenario, el Colegio de Profesores no descarta nuevas movilizaciones. Aguilar recordó que el gremio ya realizó una caminata de tres días entre Santiago y Valparaíso para advertir sobre los efectos que podrían tener los ajustes presupuestarios y señaló que también buscarán incidir en la discusión parlamentaria de la Ley de Presupuestos 2027.

“Por supuesto que estamos hablando de movilizaciones y de hecho ya hemos hecho movilizaciones”, recalcó. Junto con ello, adelantó que el gremio realizará gestiones ante el Parlamento y manifestó su expectativa de que los legisladores consideren el impacto territorial de eventuales recortes.

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El libro, que fue presentado en México a finales de septiembre, será lanzado en Santiago el próximo viernes 16 de octubre a las 19:00 hrs. en la SECH (Almirante Simpson 7, Providencia); cita que la escritora y editora compartirá con la escritora y crítica Lorena Amaro.

La muerte, la salud y el duelo

El poemario, cuyo lanzamiento se enmarca además en los 22 años de escritura de Gladys González, constata el proceso de muerte de su padre-abuelo desde los afectos, el pasado obrero, y la cruda infancia de esas generaciones. También, desde lo sanitario y su paso por el sistema de salud: “Su identidad/ su biografía/ se resumía/ en una pulsera gris”.

Es también una denuncia cruda: la precarización de la salud pública, el abandono de la tercera edad, las deudas que deja la enfermedad, la violencia y discriminación que se ejerce por provenir de una clase social cruzada por el esfuerzo, y el peso invisible de las cuidadoras. “Para los viejos no hay cuidados especiales, ni amor./ Para los pobres tampoco”, se lee.

Como señala la autora, este libro se inscribe en su trayectoria desde “un proyecto de escritura que planifiqué a temprana edad, ya hace más de 22 años y que he seguido con disciplina, como un tránsito por la microhistoria, por las vicisitudes que ha atravesado, desde diversas perspectivas, la clase baja y media chilena, y la importancia de la reivindicación de sus experiencias como parte de un archivo de memoria y estética”.

Crudo, tierno y político, “Animalito Salvaje” dialoga con escrituras que toman la enfermedad, y las estructuras de clase, particularmente, el cáncer como eje de un proyecto literario que habla sobre la enfermedad, existiendo una tradición en la poesía hispanoamericana e internacional que es importante revisar y mantener fresca como Enrique Lihn, Gonzalo Millán, Alejandra González Celis, Victoria Guerrero Peyrano, Teresa Obregoso, Lina Meruane, Héctor Viel Temperley o Audre Lorde.

Este es el poemario número once de Gladys González, inscribiéndose en las dos décadas dedicadas al trabajo escritural. Animalito Salvaje está antecedido de Papelitos (2002), Gran avenida (2004), Aire quemado (2009), Hospicio (2011), Calamina (2014), Pequeñas cosas (2015, antología que reúne parte significativa de su producción poética), Bitácora (2018), Navaja (2021), Ruido blanco (2022) y Estado de emergencia (2023).

“Animalito Salvaje” ya se encuentra disponible para la venta en el portal de la editorial, en Buscalibre.cl y en liberías.

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