Esta alteración del cuadro político regional en un par de años, aunque para algunos se asemeja a un tsunami originado en aguas profundas, se parece más a la ola piramidal Kanagawa, generada por la superposición o una suma de crestas sobre crestas.

Hace unos 21 años en política nos hicimos aficionados a las olas cuando el corresponsal del New York Times en Montevideo, Larry Rother, bautizó el triunfo electoral del frenteamplista Tabaré Vázquez en Uruguay como una “marea rosa” que formaba parte de un movimiento inaugurado por la llegada de Chávez al poder en 1998. Desde entonces se han intercalado otras tendencias: más conservadoras en 2015 y progresistas después de la pandemia. En general hubo mosaicos con diversidad, aunque esta semana interelecciones podría estar marcando otro hito, con el resultado de la primera vuelta de las elecciones colombianas y la antesala del balotaje peruano.

A ratos parece una Gran ola de Kanagawa, aquella estampada en 1830 por el artista nipón Katsushika Hokusai, quien pintó una cresta marina descomunal amenazando arrasar la mayor altura japonesa, el monte Fuji. ¿Acaso lo mismo podría pasar con una nueva derecha –ya sea radical, hiperconservadora o populista– respecto al progresismo y las izquierdas sudamericanas?

Justo cuando la tendencia empieza a declinar en el pericentro septentrional, como el Canadá de Mark Carney imponiéndose sobre el conservadurismo filotrumpista de su país o Hungría con Péter Magyar derrotando inapelablemente al Gobierno de 12 años del iliberal Viktor Orbán, en la periferia sudamericana la ola de las nuevas derechas sigue confirmándose.

Cerca de ocho años después que Bolsonaro alcanzara el poder –y casi a cuatro de ser derrotado por Lula– y tres desde que asumiera Milei, se han sumado Peña, Noboa, Kast y Rodrigo Paz (por el partido democristiano centroderechista boliviano). La primera vuelta colombiana dejó al radical De la Espriella liderando con casi el 43,7% de los votos, mientras Keiko Fujimori y su derecha popular –o populista– encabeza las preferencias del balotaje peruano en varias encuestas.

En el caso colombiano parece claro que la candidata del uribista centro democrático, Paloma Valencia, fue abandonada por parte del electorado conservador que abrazó al candidato instalado más a la derecha, en el nicho disponible de la franja de descontento apuntando a la cuestión de la seguridad, proponiendo una paz sujeta a múltiples condiciones que descarrilarían el actual proceso.

En Colombia hay quienes se afirman en la elección de 2022, en la que ganó la izquierda con un Gustavo Petro arribando al balotaje con 12 puntos de diferencia respecto de su rival. Hoy, en cambio, podría estar configurándose un cuadro más similar a la elección de 2002, cuando el outsider Álvaro Uribe derrotó al liberal progresista Horacio Serpa y, de paso, terminó la alternancia entre conservadores y liberales. Hoy, De la Espriella intenta capitalizar el hastío contra los partidos establecidos actuales, incluyendo al uribismo y al Pacto Histórico de Petro y el candidato Cepeda.

En tiempos de la campaña de Uribe su credo fue la seguridad, la lucha contra la guerrilla y el máximo aperturismo comercial y privatizaciones conforme al consenso de Washington, fórmula que en Perú aplicara Alberto Fujimori en 1992, mediante un autogolpe que cerró el Congreso, para aplicar una política de “Fujishock económico sin interferencias políticas”.

Las diferencias estuvieron en que, mientras el peruano devino en un autoritarismo competitivo que mantuvo la hojarasca de elecciones para perpetuarse, Uribe, una década después, ejerció su liderazgo desde una democracia delegativa, vertical y directa, sin interrumpir las instituciones (aunque también con escándalos manifiestos, como los “falsos positivos”, cuando las Fuerzas Armadas hicieron pasar a civiles ejecutados como muertos en combate). Ambos fueron las puntas del fenómeno motejado en la época como “neopopulismo”, en el inicio con Fujimori (y Menem) y Uribe como último estertor de dicha tendencia. Al decir del historiador catalán Xavier Casals, “al eclipsarse la Guerra Fría, la violencia política alumbró fenómenos políticos novedosos”, distintos a las dictaduras de la seguridad nacional precedentes.

Hoy en Perú el psicólogo Roberto Sánchez se atavía con el sombrero típico cajamarquino de Pedro Castillo para representar la identidad y la exclusión de la sierra y el mundo andino, simbolizando la ruptura con la elite. En tanto, Keiko Fujimori, aunque en las tres incursiones presidenciales anteriores matizó el parecido con el camino de su padre, hoy lo reivindica claramente. Ella estuvo al frente del tratamiento “bajas calorías” de la fujimorista formación Fuerza Popular, transformándolo simultáneamente en el gran articulador (desde el Congreso) de las frecuentes vacancias presidenciales, con el argumento de la “incapacidad moral”, práctica que llevó a Perú a tener ocho presidentes en el último decenio.

La pregunta actual es si después de haber participado en la inestabilidad política peruana podrá completar un eventual mandato. Por el momento, ya hubo una reforma al unicameral instalado en 1993 por la Constitución del Gobierno de Alberto Fujimori, agregándosele desde el próximo julio un Senado que actuará como cámara revisora final de toda vacancia determinada por los diputados.

Esta alteración del cuadro político regional en un par de años, aunque para algunos se asemeja a un tsunami originado en aguas profundas, se parece más –como ya decíamos– a la ola piramidal Kanagawa, generada por la superposición o una suma de crestas sobre crestas. Hay que buscar la razón en la sumatoria de malestares: a la frecuente disconformidad económica hay que adicionar la sensación social de deterioro de la seguridad ciudadana. De la Espriella y Fujimori lo saben y mientras el primero plantea como antídoto desbaratar los acuerdos de paz de una década, la segunda asegura ser la opción del “orden frente al caos”. Además, sus posiciones conjugan la polaridad y fragmentación política para aprovechar un cóctel político en que pueden llegar a ganar.

En cualquier caso, este conjunto de cambios no se completará sin la “joya de la corona”, un Brasil que representa cerca del 48% de la extensión territorial sudamericana y casi el 50% de la población de América del Sur. Y hoy en dicho país parece probable la reelección del presidente Lula. Mientras dicho país siga con el rumbo inmediato, seguirá tratándose de una tendencia sobre todo en la vertiente andina y pacífica de la región. Sin embargo, ¿qué pasará cuando falte o no pueda continuar eligiéndose al actual mandatario brasileño? El Partido de los Trabajadores no es la fuerza arrolladora de antaño y parece no entender la relevancia de preparar la sucesión. Adicionalmente, en la región el “talón de Aquiles” de las izquierdas sigue siendo la cuestión de la seguridad, ante electorados ávidos de certezas en un mundo incierto.

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Una contundente respuesta legislativa busca desarticular las vías de financiamiento de las bandas transnacionales que operan en el territorio chileno. La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que tiene por objetivo sancionar penalmente la explotación sexual, la facilitación de medios tecnológicos o publicitarios para su promoción, y la utilización de bienes inmuebles destinados de forma específica a estas actividades ilícitas.

La propuesta del partido de oposición surge en un escenario de profunda alerta pública por la penetración de la delincuencia organizada. El detonante de la medida fue la reciente revelación de la Operación Tokio, un golpe policial dirigido contra la estructura del Tren de Aragua que dejó al descubierto cómo las redes criminales recurren a diversos mercados clandestinos para capitalizar sus operaciones en Chile. Según el texto, las bandas aprovechan la informalidad y la nula trazabilidad de estas transacciones para generar un millonario flujo de recursos económicos.

El diagnóstico de la Fiscalía ECOH: Cerrar el mercado ilícito

La base técnica de la moción parlamentaria se apoya en los informes entregados por el Ministerio Público. A propósito de las diligencias de la Operación Tokio, el fiscal jefe del equipo de Emergencias y Crimen Organizado (ECOH), Héctor Barros, encendió las alarmas institucionales al advertir sobre la urgencia de regular y castigar penalmente las conductas ligadas al comercio sexual.

El persecutor judicial fue tajante al señalar que este rubro constituye una de las principales cajas pagadoras del Tren de Aragua en el país. En sus argumentaciones, Barros sostuvo que si el Estado chileno logra cerrar de manera efectiva dicho mercado a las bandas criminales, se anulará de inmediato el interés de estas organizaciones transnacionales por trasladar a personas al país con el fin de ejercer la prostitución.

La reestructuración punitiva diseñada por Renovación Nacional plantea un abordaje integral mediante las siguientes medidas aplicadas a la legislación penal:

En primer lugar, se propone castigar como delito a todo aquel que explote económicamente las prestaciones o servicios sexuales de otra persona. Asimismo, se tipificará penalmente la conducta de quienes administren o faciliten plataformas digitales, avisos publicitarios o cualquier medio de difusión destinado a ofrecer el comercio sexual ajeno. Por otra parte, se sancionará con cárcel a los sujetos que proporcionen, arrienden o faciliten bienes inmuebles para el desarrollo operativo de estas actividades de explotación. Finalmente, el diseño legal innova al establecer una falta penal sujeta a multas económicas para los clientes, es decir, para quienes paguen u ofrezcan dinero a cambio de servicios sexuales de personas adultas.

Persecución financiera y lavado de activos

Un aspecto estratégico del proyecto radica en que la iniciativa incorpora formalmente el delito de explotación económica del comercio sexual ajeno al catálogo de delitos base de lavado de activos. Con esta modificación, las fiscalías especializadas no solo podrán perseguir la flagrancia del acto, sino que contarán con el piso jurídico para rastrear, congelar e incautar el dinero y las ganancias patrimoniales obtenidas por las cúpulas delictivas de forma posterior.

La ofensiva legislativa cuenta con el respaldo y patrocinio transversal de los diputados de la bancada Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán. Los parlamentarios enfatizaron que el Congreso debe tramitar con máxima celeridad medidas concretas que apunten a asfixiar los recursos de las mafias extranjeras y locales, como único camino real para devolver la seguridad a los barrios del país en este 2026.

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En medio de una intensa agenda en terreno y previo a iniciar su gira oficial por las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta, el Presidente José Antonio Kast aprovechó su tribuna en la actividad de reforestación del cerro Colorado, en Renca, para enviar un potente mensaje político y económico. El Jefe de Estado aludió de forma directa a uno de los pilares de la megarreforma que se tramita en el Parlamento, realizando un explícito guiño de validación hacia el rol del empresariado y el sector privado en el desarrollo social del país.

El Mandatario defendió la propuesta central contenida en el proyecto de Reconstrucción Nacional, la cual busca materializar una rebaja en el impuesto corporativo para las grandes empresas, disminuyendo la tasa desde el 27% actual a un 23%. En su intervención, Kast instó a hacer visible el aporte de las compañías que va más allá de las obligaciones legales e impositivas estipuladas por la ley.

“A todos los que representan al mundo privado, les doy las gracias, porque muchas veces esto no se sabe. Muchas veces nos separan diferencias, pero esto, que es una responsabilidad social, muchas veces no se conoce. Y hay que revelarla”, manifestó la máxima autoridad del país.

El argumento presidencial apuntó a rescatar las acciones de beneficencia y vinculación comunitaria que ejecutan los privados de manera voluntaria. Kast enfatizó que es de estricta justicia agradecer a las personas que han sido exitosas en la vida y que deciden “devolver la mano” a los sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para progresar, haciéndolo a través de mecanismos diferentes al mero pago de gravámenes fiscales.

El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en reforestacion del cerro Colorado, de la comuna de Renca. Foto: Aton Chile.

Para fundamentar la importancia del rediseño tributario y de la colaboración público-privada, el Mandatario estableció una comparación sobre el impacto de ambas herramientas en la cohesión nacional. En este sentido, Kast sostuvo que pagar los impuestos determinados por el Parlamento es lo que corresponde legalmente, pero advirtió que existe una dimensión social adicional que no se ve y que es imperativo mostrar ante la opinión pública.

Asimismo, el Jefe de Estado planteó que este tipo de iniciativas comunitarias son tanto más importantes que cumplir las normas tributarias tradicionales, debido a su capacidad para unir a la sociedad. Para profundizar en este punto, el Mandatario ejemplificó que, al pagar un impuesto, el ciudadano común no logra ver el rostro de quién realiza el aporte financiero en las arcas fiscales. En contraposición, Kast resaltó que en la jornada de Renca sí se pudo constatar la identidad de quién plantó cada árbol, visibilizando con ello un puente de unión real entre personas de muy buena situación económica y ciudadanos en condición de alta vulnerabilidad.

Un llamado a la convivencia democrática frente a las reformas

Hacia el cierre de su alocución, y en un contexto político marcado por las complejas negociaciones legislativas de este 2026, el Presidente Kast realizó una firme convocatoria al resguardo de la convivencia institucional y al diálogo transversal entre las diferentes fuerzas del país.

El Jefe de Estado remarcó que los actores políticos y sociales no necesitan pensar de la misma manera para construir acuerdos, pero sí tienen la obligación de respetarse mutuamente y agotar las instancias de conversación. Kast concluyó su mensaje enviando una señal de tranquilidad respecto al desenlace de las reformas en el Congreso, señalando de forma distendida que si los diálogos no logran llegar a un puerto común, las diferencias se dirimirán legítimamente en las urnas bajo las reglas del juego democrático y nunca mediante el uso de la fuerza.

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Un importante hito político se consolidó en la antesala de las próximas batallas legislativas en el Congreso Nacional. La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) despejó de manera definitiva las dudas que cruzaban a sus filas y confirmó que respaldará la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Economía, Nicolás Grau. La determinación del gremialismo era observada con alta atención en el Parlamento, debido a las notorias diferencias internas que existían previamente sobre la conveniencia estratégica de sumarse a esta ofensiva fiscalizadora.

La jefa de la bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse, fue la encargada de ratificar el pronunciamiento oficial tras concluir una exhaustiva revisión de los antecedentes del libelo junto al cuerpo de abogados de la colectividad. Según detalló la parlamentaria, el bloque opositor se formó la convicción jurídica de que la acción presentada posee el mérito y los fundamentos constitucionales suficientes para ser apoyada en la sala.

“Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública que afectó a los beneficios sociales y que hoy quieren imputar esa responsabilidad al gobierno del presidente Kast”, señaló de forma tajante la diputada Flor Weisse.

Libertarios agradecen la “honestidad intelectual” de Chile Vamos

El anuncio del gremialismo generó inmediatas reacciones de alivio y valoración en los sectores que impulsaron originalmente la acción destitutoria. A través de sus plataformas digitales, el líder nacional libertario y exparlamentario, Johannes Kaiser, agradeció públicamente el respaldo de la bancada de la UDI hacia la acusación formulada por su sector político.

Kaiser valoró el cambio de postura del partido tradicional, destacando diversos puntos sobre el escenario legislativo que se abre. En primer lugar, el dirigente enfatizó que la revisión exhaustiva del escrito técnico llevó a la UDI a concluir que existía una vulneración constitucional evidente que no se podía obviar. Asimismo, el líder libertario agradeció la “honestidad intelectual” demostrada por los parlamentarios del gremialismo al momento de sumarse al bloque acusador.

Por otra parte, la oposición espera que el resto de los diputados y senadores lleguen a la misma conclusión una vez que terminen de analizar los argumentos jurídicos estampados en el documento. Finalmente, con este crucial alineamiento de la UDI, las fuerzas opositoras consiguen unificar criterios y pavimentar el camino para una tramitación que promete tensionar al máximo las relaciones políticas en el Congreso de este 2026, instalando con ello el debate técnico sobre las responsabilidades financieras heredadas de la administración anterior.

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Como una cuestión previa, ya que en nuestra última columna de opinión dimos cuenta del episodio impune de los guetos verticales contrarios a derecho en la comuna de Estación Central, refiriéndonos a la “operación” mediática de un arquitecto que afirmada que esos edificios eran legales, informamos ahora que la corrupta situación descrita en dicha columna fue acallada por la prensa que obece las instrucciones de los grupos económicos.

Entonces, con el sano y único propósito de que los órganos políticos y profesionales del urbanismo se pronuncien al respecto, el reciente viernes 29 de mayo pasado, entregándoles toda la documentación de rigor, le solicitamos formalmente a las Comisiones de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados y del Senado, al Colegio de Arquitectos de Chile y a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, en orden a que cada institución, emitiera una declaración pública sobre el asunto, lo que en condiciones normales debería ocurrir en los próximos días.

Pero, posiblemente, por diferentes motivos de fácil entendimiento, ninguna de las indicadas instituciones se atreverá a emitir el juicio que le corresponde, aunque cabe la remota posibilidad de que, al menos una o dos de ellas, en un súbito ataque de integridad, procedan en consecuencia, lo que se sabrá más adelante, dejándose en evidencia que al medio de prensa que avaló la opinión falsa del arquitecto, le propusimos una retractación o bien que entrevistara a este columnista para que sus lectores conocieran la verdad de los hechos. Su director optó por el silencio.

Pues bien, siempre relacionado con lo anterior, algunos medios de prensa han señalado que Quiroz, al ser hermano de un arquitecto que tiene una sociedad con un colega suyo de apellido Puelma, omitió esta necesaria información en su Declaración de Intereses y Patrimonio, comportamiento que pugna abiertamente con la transparencia, probidad y fe pública, razón por la cual un par de diputados denunciaron esta situación en la Contraloría General de la República. Es posible que al ministro “se le olvidó” mencionar en el formulario ad hoc su directa relación con su hermano inmobiliario, pero llama la atención que en el proyecto de reforma tributaria, cuyos contenidos fueron decididos por él mismo, se consideren una serie de gravitantes medidas que favorecen a dicha industria.

A modo de ejemplo, tenemos la radical y permisiva modificación, vía Decreto Supremo, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OCUC), la eliminación transitoria del IVA solo para las viviendas nuevas, luego para reducir el sobre stock y no para favorecer a las familias que, por sus menores precios de mercado, desean adquirir viviendas usadas, flexibilización de permisos de edificación en las direcciones de obras municipales, todo ello con el argumento de facilitar esta actividad sectorial para potenciar el crecimiento económico, conforme al plan de Kast.

No nos extrañó para nada que Quiroz intente ampliar la actual exención del pago de contribuciones de bienes raíces (impuesto territorial), para todos aquellos particulares que residan en sus “primeras viviendas”, sin importar sus avalúos fiscales, determinados por la Subdirección de Avalúos del Servicio de Impuestos Internos (SII) ni sus ingresos monetarios, declarados ante el mismo SII. Se debe saber que los avalúos fiscales son significativamente menores que los avalúos comerciales y por ello, por el perjuicio que tendría el Fondo Común Municipal, muchos alcaldes ya han expresado su oposición a esta regresiva medida, aunque algunos desubicados sí la apoyan.

Los que están felices con esta inicua propuesta, para justificarla, ya han publicado cartas en los diarios despotricando en contra del SII y menospreciando la posición de los alcaldes, diciendo que “entre 2015 y 2025 el índice real de remuneraciones creció entre un 12% y un 15%, mientras el Fondo Común Municipal creció entre un 45% y un 55% real, o sea, el triple”, lo que se considera absurdo. Otros reclaman que las contribuciones han subido en demasía y que, por ello, dado que sus jubilaciones son limitadas, claman por la futura aprobación para así quedar exentos de pagarlas por su 1era vivienda.

Recordemos que los privados de alto patrimonio tienen el dominio de sus viviendas, buscando provechos tributarios, a nombre de sus sociedades comerciales, luego ellos no calificarían para acogerse a la exención de sus “primeras viviendas”, pues este beneficio resuelto por el gobierno, está orientado exclusivamente para las personas naturales mayores de 65 años, aunque vivan en casas-habitación de U$$ 1 millón o más, y no para las personas jurídicas. Por otro lado, los dueños de las viviendas con avalúos fiscales de hasta $ 60.030,710 no pagan contribuciones, existiendo el lucrativo negocio operado por las llamadas family office que arriendan los departamentos, considerados como instrumentos de inversión, de sus propios edificios, viviendas que obviamente pagan contribuciones, si sus avalúos fiscales exceden la suma antes señalada.

Por lo anterior y dado que en la vida todo puede ser perfeccionado, sería razonable que el ministro Quiroz decidiera aumentar, en una cierta proporción, la actual suma de $ 224.577.396 del avalúo fiscal tope de la “primera vivienda” de las personas que estarían exentas del pago de las contribuciones, restringiéndose por razones obvias esta regalía para aquellos privados de altos ingresos, fijándose para ellos una razonable cifra a determinarse. Con esta simple fórmula no se afectaría mayormente el Fondo Común Municipal, estableciéndose que todos los propietarios mayores de 65 años de sus “primeras viviendas”, están en condiciones de objetar, ante el propio SII, el avalúo fiscal de las mismas, obligándose el Estado a cursarles ofertas de compra en esa supuesta elevada suma de dinero, si el SII no reduce para ellos dicho avalúo fiscal.

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Una mirada profunda a la memoria social y a los conflictos contemporáneos se tomará las tablas de uno de los espacios culturales más importantes de la capital. La reconocida compañía chilena Lafamiliateatro regresará al Centro Cultural Matucana 100 para presentar un ciclo de repertorio que conmemora sus 22 años de labor ininterrumpida en la creación, gestión cultural y trabajo territorial. La programación especial se desarrollará entre el 11 y el 28 de junio, consolidando un recorrido escénico que ha posicionado a la agrupación como un referente indiscutido del teatro contemporáneo en el país.

Esta retrospectiva llega en un momento consagratorio para el colectivo, luego de ser distinguidos recientemente con el Fondo de Trayectoria para compañías de artes escénicas que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. De acuerdo con su director, Eduardo Luna, este hito no busca ser una mera revisión del pasado, sino una oportunidad para proyectar el teatro que se necesita seguir haciendo hoy en Chile. El realizador enfatizó que el retorno a Matucana 100 tiene como objetivo central poner estas obras esenciales al alcance de nuevos públicos, debido a que su contenido sigue dialogando de forma contundente con la contingencia nacional.

Tres montajes fundamentales conectados con la realidad

La selección artística del ciclo incluye tres de las producciones más aplaudidas y representativas de la compañía, las cuales abordan heridas históricas, disputas de poder y demandas sociales vigentes:

• Levitas: Esta puesta en escena explora de manera íntima las dinámicas de silenciamiento, opresión y discriminación que viven las mujeres en el espacio de una iglesia evangélica pentecostal.

• Painecur: El montaje revisita el trágico y bullado caso del sacrificio ritual mapuche ocurrido en las inmediaciones del Lago Budi tras el devastador terremoto que azotó al país en 1960.

• Mauro: La obra se sumerge de lleno en el drama de las luchas socioambientales y territoriales, situándose en el impacto comunitario derivado de la edificación del tranque de relaves mineros más grande de Latinoamérica.

LAFAMILIATEATRO. Foto: Cristian Pastén Alfaro.

Para la dramaturga y actriz Paly Pavez, la reposición de estas piezas no se experimenta como un ejercicio de nostalgia o melancolía por el tiempo transcurrido. Al contrario, la artista destacó que la fuerza de los textos radica en la posibilidad de reabrir conversaciones colectivas que la sociedad chilena todavía tiene pendientes. El ciclo comenzará oficialmente el próximo jueves 11 de junio con el estreno de Levitas en las dependencias del Espacio Patricio Bunster.

Un modelo colaborativo y político desde 2004

Fundada en el año 2004, Lafamiliateatro ha estructurado una propuesta artística que funde de manera orgánica los lenguajes documentales, políticos y poéticos. Su dramaturgia se enfoca principalmente en el rescate de la memoria reciente, la mediación artística y el estrecho vínculo con las comunidades donde se insertan sus proyectos.

Más allá del trabajo propiamente actoral y de dirección, el colectivo ha sido una pieza clave en el fomento del ecosistema cultural colaborativo chileno. A lo largo de sus dos décadas de existencia, la agrupación ha impulsado plataformas de asociatividad como el Festival Internacional Hecho en Chile, la Cooperativa de Artes Escénicas Hecho en Chile y la Federación Nacional de Cooperativas de Artes Integradas de Chile (FEDARTES), promoviendo el desarrollo de redes territoriales solidarias.

Las funciones para este ciclo especial de repertorio en M100 están programadas para los días jueves y viernes a las 19:00 horas, y los sábados y domingos a las 18:00 horas. Las obras tienen una duración estimada de entre 90 y 100 minutos, la entrada está recomendada para personas mayores de 12 años.

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El vertiginoso crecimiento del comercio digital en el país ha impuesto un desafío inédito para los organismos de control estatal. Ante un volumen de transacciones que vuelve imposible el monitoreo manual tradicional, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (DIE), en un trabajo conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), desarrolló AI-MarketScan. Se trata de un avanzado software de inteligencia artificial diseñado para analizar de manera automática miles de publicaciones online y detectar posibles infracciones normativas en cuestión de segundos.

El proyecto busca transformar la lógica de la administración pública, transitando desde un enfoque reactivo basado en denuncias hacia una fiscalización preventiva sustentada en la tecnología. El líder de la iniciativa y académico de la Universidad de Chile, Claudio Pérez, enfatizó que la escala actual del mercado electrónico hace inviable cualquier revisión humana, requiriendo herramientas capaces de filtrar simultáneamente textos, imágenes y etiquetas en un universo de millones de productos.

Un mercado que supera la capacidad humana

De acuerdo con los datos técnicos levantados por los desarrolladores, la fiscalización tradicional ha quedado obsoleta frente a plataformas digitales capaces de registrar cientos de búsquedas por segundo, un escenario donde la ineficiencia no es el único factor de riesgo. En este contexto, la circulación sin control de plaguicidas altamente tóxicos, medicamentos veterinarios carentes de registro sanitario o la venta ilegal de fauna silvestre protegida representan una amenaza directa para la salud de la población, el bienestar animal y el equilibrio ecológico.

AI-MarketScan desarrollada por el DIE de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en conjunto con el SAG.

Para ilustrar la brecha operativa, el equipo del proyecto expuso diversas métricas de rendimiento comparativo, donde un operador humano tardaría hasta 1.600 días en revisar el volumen de publicaciones que este software procesa en tan solo 24 horas. Asimismo, el sistema computacional opera a una velocidad de 10 mil publicaciones por hora, una eficiencia que contrasta con el hecho de que una revisión manual de la base de datos analizada habría exigido cerca de 38 mil horas de trabajo continuo, lo que equivale a más de cuatro años sin interrupciones.

El funcionamiento de AI-MarketScan se sustenta en la denominada inteligencia artificial multimodal, una tecnología capaz de procesar y cruzar diferentes tipos de variables de información en tiempo real. De este modo, el sistema ejecuta de forma automatizada tres tareas secuenciales, donde en primer lugar revisa las imágenes y textos de cada publicación electrónica para seleccionar aquellas atingentes a las competencias del SAG.

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Testimonio de Odette Magnet. Periodista y escritora. Reportera y redactora de derechos humanos de la revista Hoy (1977-1987); ex agregada de prensa de las embajadas de Chile en Washington y Londres, y del Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia. Su hermana, María Cecilia Magnet, fue víctima de la Operación Cóndor en Buenos Aires en 1976.

La palabra como resistencia

Soy periodista de una generación que luchó con fuerza y con miedo durante la dictadura. No una vez al mes, no una vez por semana. No. Una vez todos los días. Hicimos resistencia con la palabra. Se estaba en una vereda o en otra, no había espacio para ambigüedades.

Como reportera y redactora de derechos humanos de la revista Hoy, conté todas las pesadillas imaginables, con el máximo de detalles que permitía la férrea censura. Nunca hubo una semana en que faltara alguna tragedia. Durante años reporteamos las sucesivas y permanentes violaciones a los derechos humanos en Chile: cientos de detenidos desaparecidos; miles de exiliados, torturados en centros clandestinos, campesinos enterrados en los hornos de Lonquén, jóvenes quemados y tres profesionales degollados —uno de ellos de la Vicaría—, pobladores allanados, sacados de sus casas en la madrugada, semidesnudos, acorralados como ganado en una cancha de fútbol, trabajadores despedidos; profesionales, dirigentes sindicales y líderes políticos relegados a zonas inhóspitas de Chile; incomunicados sin explicación alguna, estudiantes reprimidos en las protestas, encarcelados, mujeres violadas. La lista es interminable.

La Vicaría, nuestro punto de partida

La principal fuente en la difícil búsqueda de la información —confiable y veraz, nunca desmentida— fue siempre la Vicaría de la Solidaridad. Ella era nuestro punto de partida. Los abogados, asistentes sociales y periodistas que allí trabajaban fueron nuestros cómplices, nuestros aliados; con ellos tejimos redes solidarias, paso a paso derribamos muros de sospecha y tendimos puentes de confianza.

La Vicaría salvó muchas vidas. Imposible saber cuántas. A poco andar, su labor le valió un indiscutible reconocimiento internacional. Acogió, consoló, protegió. Su gente se enfrentó al más cruento terrorismo de Estado, a una crueldad humana jamás imaginada, al desamparo de quienes habían perdido a sus seres queridos y, perseverantes, acudían día tras día a las puertas de la Vicaría para exigir respuesta a la única pregunta que los perseguía día y noche: ¿Dónde están?

Sus colaboradores secaron muchas lágrimas y demostraron, sin vacilar, una porfía inigualable en la búsqueda de la justicia y la verdad, la defensa de la vida y los derechos humanos. Fuimos muchos los que compartíamos ese compromiso, y también el miedo. Así se nos fueron 17 años, con el terror pegado a la piel, la vista y la mente puestas en los otros, en los que corrían peligro, los enemigos de la patria, los terroristas, los extremistas, los marginados, los olvidados. Como en una montaña rusa, ya resultaba imposible detenerse y bajarse. El trabajo siguió, sin pausa, sin tregua.

En medio de sucesivos estados de emergencia, de sitio, de perturbación de la paz interior, de una mentira oficial que nos ahogaba, la presencia de la muerte, silenciosa, agazapada, lista, siempre lista para caer encima sin aviso.

Mi hogar, mi refugio

La Vicaría. Fue mi hogar, mi refugio. Paradojalmente, mi lugar seguro, donde encontraba en mi trabajo una razón de ser, un propósito común. En esta comunidad fui recuperando la fe en el poder de la esperanza y la esperanza de poder. También allí derramé muchas lágrimas.

La memoria. Recordamos. Yo recuerdo todo como si fuera ayer. Porque fue ayer. Y no quiero olvidar; yo me niego a olvidar. La amnesia es la vecina de la demencia, del vacío, la nada. No dispongo de otra herramienta que la palabra. No tengo otra joya que la memoria. Y no me queda más que expresar mi infinita gratitud a la Vicaría de la Solidaridad, un orgullo tremendo de nuestra patria. Un privilegio haber sido testigo de lo que fue y se negó a ser.

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Una intensa jornada de negociaciones e intercambio de propuestas estructurales se vivió en el palacio de Gobierno. El Presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo este viernes una extensa reunión de cerca de dos horas con la mesa directiva de Evópoli en La Moneda. El encuentro contó con la participación de las principales figuras de la colectividad de centroderecha, entre ellos su timonel, el senador Luciano Cruz-Coke; el exparlamentario Felipe Kast; el diputado Jorge Guzmán; además de los alcaldes de las comunas de Purén y San Pedro de la Paz.

De acuerdo con lo detallado por el senador Cruz-Coke al término de la cita, la conversación presencial con el Jefe de Estado abordó la marcha de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, los nudos de la agenda legislativa en el Congreso y la preocupación sectorial ante la situación económica del país, la cual se encuentra marcada por un índice de cesantía que sigue al alza a nivel nacional.

Superando la Cuenta Pública: la fórmula de Horizontal para achicar el aparato estatal

El punto central de la ofensiva política de la tienda opositora apuntó directo a la estructura del gabinete. Tomando como referencia los recientes anuncios realizados por el Presidente Kast en su Cuenta Pública —donde ya se planteó la fusión de Interior y Segegob—, Evópoli le propuso al Mandatario reducir aún más el número de ministerios en el país, superando las metas originales de la administración. La colectividad entregó de forma oficial un plan técnico integral diseñado en conjunto por su equipo programático y el centro de estudios Horizontal, cuya meta final es pasar de las 25 carteras actuales a solo 16 ministerios operativos.

Esta reestructuración fiscal planteada por el partido busca rearmar el organigrama general del Estado mediante la consolidación de macrocarteras, de modo que se propone crear el Ministerio del Interior y Gobierno, una macroestructura política que pasaría a agrupar de forma interna a tres de los ministerios políticos vigentes. Asimismo, se plantea levantar el Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo, el cual asumiría bajo una sola jefatura técnica las competencias de cuatro ministerios del área productiva. Tras fundamentar este rediseño institucional, el senador Luciano Cruz-Coke argumentó que creen que precisamente los ahorros se deben producir dentro del Estado.

Más allá de la redistribución de los ministerios, los dirigentes de Evópoli recalcaron que para el éxito de la eficiencia fiscal resulta urgente avanzar en una reforma profunda al trabajo y empleo público. En esa línea, informaron que desde la Comisión de Trabajo se está impulsando un seminario técnico para abordar las falencias estructurales del Estado, el cual buscará modificar el estatuto administrativo mediante el cual se contrata al personal fiscal, con el objeto de elevar los estándares de productividad y gestión interna.

Finalmente, la directiva del partido aprovechó la instancia en La Moneda para presionar por el avance de un proyecto emblemático para la tienda, fuertemente promovido por el exsenador Felipe Kast, el cual busca acercar las actividades del deporte y la cultura a los sectores más vulnerables, con un foco prioritario puesto en los niños y la infancia del país.

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Un vuelco estratégico de proporciones sacude el tablero militar en Europa Oriental. El Gobierno de Rusia confirmó de manera oficial que el Ejército ucraniano ejecutó un inédito y masivo ataque con drones contra las dependencias de la flota báltica de la Marina rusa, ubicadas de forma estratégica en la isla de Kotlin, en las inmediaciones de la histórica ciudad de San Petersburgo. La ofensiva con aeronaves no tripuladas, que encendió las alarmas en el corazón naval ruso, ha dejado un saldo preliminar de cuatro heridos leves y obligó a las autoridades locales a decretar una orden de evacuación civil de emergencia.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ratificó a través de las plataformas digitales que la urbe portuaria fue el objetivo directo de una incursión a gran escala por parte de vectores militares enemigos, lo que forzó la activación inmediata de los sistemas de defensa aérea de la zona.

Evacuación masiva tras el impacto en instalaciones de Defensa

Las repercusiones del bombardeo táctico se extendieron rápidamente por la periferia de la antigua capital imperial. El gobernador de la provincia de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó de manera pública sobre la evacuación obligatoria de más de 600 personas debido a un gigantesco incendio desatado en el distrito de Lomonosovski, un siniestro que se originó tras el impacto directo de un dron ucraniano sobre recintos críticos pertenecientes al Departamento de Defensa de la Federación Rusa.

Respecto a la contención de los damnificados por la emergencia derivada del asalto aéreo, las autoridades locales detallaron el estado del despliegue logístico, donde un contingente superior a las 600 personas debió ser retirado de la zona de seguridad perimetral para resguardar sus vidas. Asimismo, de la totalidad de los civiles afectados, 390 ciudadanos fueron reubicados de forma provisoria en centros de acogida gubernamentales, mientras que el remanente de los evacuados optó por trasladarse de manera independiente hacia las residencias de sus respectivos familiares. Por último, los equipos de emergencia ya iniciaron el suministro de agua y alimentos, en un contexto donde cuatro civiles recibieron asistencia médica en terreno y uno de ellos requirió ser hospitalizado.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano reivindicó con éxito la planificación del asalto efectuado contra la base de Kronstadt, un enclave de alta importancia geopolítica situado en el sector oeste de la isla del golfo de Finlandia, emplazado a una distancia de 1.000 kilómetros del límite fronterizo con Ucrania. Los altos mandos de Kiev destacaron que el punto bombardeado constituye un símbolo histórico de las fuerzas navales rusas y una pieza medular de la maquinaria bélica del Kremlin, dado que sus muelles albergan buques de guerra, submarinos de asalto, centros de entrenamiento de élite y astilleros de reparación.

El mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebró públicamente el alcance técnico del operativo y aprovechó la tribuna internacional para exigir de manera perentoria a la administración de Vladímir Putin que se siente a negociar una salida pacífica al conflicto de forma definitiva. El líder de Kiev lanzó una severa advertencia al Ejecutivo ruso, manifestando que el país debe detener sus arremetidas contra la vida civil y recalcando que cualquier manifestación de injusticia contra el territorio ucraniano continuará recibiendo una respuesta justa y contundente por parte de sus fuerzas armadas en este 2026.

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Una firme señal de respeto institucional y control de daños políticos emanó desde la cúpula de los gobiernos locales tras los incidentes que afectaron a la máxima autoridad del país. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, ofreció disculpas públicas y formales al Presidente José Antonio Kast. El gesto de desagravio se materializó luego de los tensos momentos vividos en el marco del encuentro nacional del organismo en la ciudad de La Serena, donde el Jefe de Estado fue blanco de manifestaciones hostiles por parte de un sector de los asistentes.

El líder de los alcaldes lamentó de forma categórica los gritos y pifias que interrumpieron la alocución de Kast justo cuando se disponía a dirigir su discurso a la audiencia. Alessandri identificó de manera directa a los jefes comunales de Peñalolén, Matías Toledo, y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, como los responsables de haber iniciado e impulsado las expresiones de rechazo en el plenario.

“Le pido disculpas (al Mandatario), porque no es posible que dos alcaldes pifien al Presidente de la República en una actividad solemne y formal de la Asociación Chilena de Municipalidades. No por eso vamos a empañar todo el trabajo realizado con La Moneda”, enfatizó de forma tajante Gustavo Alessandri.

Pese al momento provocado por las autoridades locales de oposición, el presidente de la AChM prefirió concentrar los balances en los alcances técnicos del congreso municipal. Alessandri valoró de forma muy positiva que el Presidente Kast se haya tomado el tiempo de leer de manera íntegra el acuerdo de transversalidad redactado por la asociación, abriéndose a debatir las diferentes miradas territoriales sin importar los distintos pensamientos políticos o realidades de cada administración.

Para cerrar la controversia, el edil de Zapallar descartó que este episodio signifique un quiebre en los canales de comunicación con el Palacio de La Moneda en este 2026. Por el contrario, el dirigente gremial aseguró que existe un consenso mayoritario dentro de la asociación respecto a que la relación con el Ejecutivo está mejor que nunca. Alessandri concluyó destacando que se ha logrado establecer una mesa de trabajo real donde los municipios proponen alternativas directas a los ministros y son escuchados, permitiendo avanzar de forma concreta en el desarrollo local y legislativo del país.

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Un detallado balance respecto a las operaciones de resguardo y modernización en los límites territoriales del extremo norte del país se entregó en terreno. En la ciudad de Arica, se reunió de forma extraordinaria la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, instancia legislativa que contó con la participación presencial del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado. En la oportunidad, junto con abordar las temáticas de conectividad de la Región de Arica y Parinacota, las autoridades sectoriales y los parlamentarios analizaron la situación de seguridad y el rendimiento de las herramientas de contención migratoria implementadas en la frontera norte.

La sesión estuvo concentrada de manera preferente en evaluar la ejecución del Plan Escudo Fronterizo y el funcionamiento del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron). Ambos programas, desarrollados en coordinación directa con las Fuerzas Armadas, constituyen los pilares fundamentales definidos por el Ejecutivo para la modernización de los complejos fronterizos nacionales. Durante su exposición, el secretario de Estado adelantó que la presencia de las patrullas en las zonas de exclusión ha permitido reducir las brechas de vulnerabilidad en el altiplano.

“Tenemos mayor acción, mayor presencia y mayor control en los pasos irregulares”, aseguró el biministro Claudio Alvarado ante la comisión de la Cámara Alta.

Las dos nuevas etapas del Plan de Fortalecimiento Fronterizo

Frente a los senadores de la instancia, Alvarado anticipó que el diseño estratégico gubernamental contempla la implementación en el mediano plazo de dos nuevas fases operativas. En primer lugar, se enfocará en el control en terminales marítimas, ya que el biministro advirtió que los problemas de tráfico ilícito no se remiten exclusivamente a la frontera terrestre, motivo por el cual se diseñarán sistemas de control específicos para puertos que minimicen los riesgos asociados.

Asimismo, la segunda etapa se centrará en la modernización de Aduanas. Al ser este el organismo con la tuición legal de fiscalización en aeropuertos, puertos y carreteras, el plan buscará dotar de mayores recursos e infraestructura a la institución para optimizar sus funciones en terreno.

Finalmente, el titular de Interior complementó que los objetivos finales del Ejecutivo apuntan a desincentivar la migración irregular, potenciar la vigilancia permanente y consolidar una coordinación interagencial efectiva entre las policías y las ramas castrenses. Todo esto con el propósito de desarrollar inteligencia integrada para devolver la confianza ciudadana en las zonas extremas.

Al momento de entregar el balance de las cifras oficiales acumuladas a la fecha, el biministro Alvarado reveló que los planes de resguardo registran un significativo avance de casi el 50% de los objetivos planteados en materia de medidas de contramovilidad. Este rendimiento administrativo y operativo, según detalló la autoridad, ha sido el resultado directo de una importante reorganización táctica y logística en la macrozona norte.

En lo específico, las planificaciones del Ministerio del Interior se han traducido en un incremento del 89% en la dotación de efectivos del Ejército desplegados en las zonas de vigilancia fronteriza. De la mano con este reforzamiento de personal militar, el secretario de Estado concluyó informando que se han aumentado en más de un 73% los controles e interceptaciones en los puntos geográficos más críticos y expuestos de la frontera, cerrando el paso a las bandas organizadas de tráfico de personas y contrabando.

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El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, cuestionó duramente el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública, calificándolo como una medida desproporcionada y contraria a principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

En conversación con la última edición de Política en Vivo, el académico aseguró que la iniciativa apunta en una dirección equivocada y podría afectar principalmente a los sectores más vulnerables.

“Me parece que es de las medidas más graves que se han propuesto por parte de un Gobierno. Hay una flagrante criminalización de la pobreza. Lo absurdo es que una persona por consumir alcohol en la vía pública esté expuesta a perder, por ejemplo, la Pensión Garantizada Universal, mientras personas que han perpetrado delitos de lesa humanidad y reciben pensiones subsidiadas por el Estado no van a perderlas”, enfatizó.

Couso sostuvo que la propuesta representa un retroceso respecto de estándares que el propio sistema jurídico chileno ha ido consolidando durante décadas.

“Este retroceso es volver a mediados del siglo XX, cuando el derecho penal estaba plagado de criminalización de la pobreza. Me parece una medida no solo abiertamente inconstitucional en términos de pérdida de derechos previsionales, sino además extremadamente desmesurada”, afirmó.

El constitucionalista también rechazó la idea de que el respaldo ciudadano a una política pública sea suficiente para validar su contenido: “Estamos viviendo una época de populismo punitivo. Hay una pulsión a privilegiar la seguridad por sobre toda otra consideración. Si uno hiciera una encuesta sobre la pena de muerte probablemente sería muy popular también, pero eso no resuelve los problemas constitucionales que existen detrás”.

“Pueden existir normas que aparentemente están dirigidas a todos, pero que tienen efectos profundamente asimétricos dependiendo de las características socioeconómicas de quienes resultan afectados. Eso puede transformarse en una vulneración al principio de igualdad ante la ley”, aseguró el abogado. 

Secreto bancario

Couso también abordó la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado. El tema volvió al centro del debate político esta semana tras el empate a 23 votos que se produjo en el Senado durante la tramitación del proyecto que crea el subsistema de inteligencia financiera.

El abogado defendió la necesidad de perseguir las redes criminales, pero advirtió que el debate no puede desarrollarse al margen de las garantías constitucionales: “En los Estados totalitarios no existe privacidad alguna para los individuos. En cambio, en un Estado constitucional y democrático de derecho, la privacidad es un valor constitucional que debe ser protegido. El secreto bancario es una manifestación de ese principio”.

Sesión del Senado. Foto: Aton Chile.

Además, recordó que la legislación ya contempla mecanismos para acceder a información financiera cuando existen antecedentes fundados: “Los tribunales pueden autorizar permanentemente el levantamiento del secreto bancario cuando hay razones plausibles. Los bancos tienen obligaciones de informar movimientos sospechosos desde hace décadas. El problema es creer que el fin justifica cualquier medio”.

“Hay una tendencia a pensar que porque el objetivo es combatir el crimen organizado se pueden sacrificar otros valores constitucionales. Esa es una mala receta en todos los ámbitos de la vida pública”, complementó.

Megarreforma y acusación constitucional contra Grau

Respecto a las reservas de constitucionalidad presentadas por la oposición en la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno, Couso evitó pronunciarse sobre normas específicas, pero señaló que este tipo de mecanismos forman parte de las herramientas institucionales contempladas dentro del proceso legislativo cuando existen dudas respecto de la compatibilidad de una norma con la Constitución.

Sobre la acusación constitucional anunciada contra el exministro Nicolás Grau, Couso llamó a distinguir las responsabilidades políticas de las jurídicas y advirtió sobre el uso excesivo de este tipo de herramientas.

Exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Foto: Aton.

“Las acusaciones constitucionales son herramientas extraordinarias y deben fundarse en causales precisas. No pueden transformarse simplemente en instrumentos para resolver diferencias políticas”, detalló.

Así, el académico enfatizó en la necesidad de que las acusaciones constitucionales mantengan su carácter excepcional, “porque de lo contrario se corre el riesgo de desnaturalizar una institución que cumple una función específica dentro del sistema democrático”.

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El Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS), integrado por académicos, funcionarios y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, expresó su rechazo a la falta de transparencia y concreción del Gobierno en materias de género durante la Cuenta Pública del 1 de junio.

En una declaración pública, el organismo señaló que en el discurso del Presidente José Antonio Kast se traslucen decisiones que afectan de manera directa y transversal a toda la población en materias de género y salud. Esto, pese a que el Mandatario ha sostenido repetidamente que “no vamos a tocar los beneficios sociales” y añadió que “tenemos que priorizar las inversiones en educación y en salud, siempre con el sentido de responsabilidad”.

El observatorio criticó que la palabra “mujeres” casi no apareció a lo largo de la alocución y que cuando lo hizo, fue para referirse a su capacidad productiva o reproductiva. A juicio del organismo, el discurso redujo sus vidas “exclusivamente a la maternidad o al aporte económico al hogar”.

Además, advirtieron que términos como “diversidad”, “disidencia” o “inclusión” referidos a la población LGBTIQ+ no aparecieron en toda la intervención presidencial. “Comprendemos el género como un determinante social y un eje estructural de la salud. Su ausencia en el discurso presidencial da cuenta de la falta de consideración respecto a su relevancia social para la población de nuestro país”, sostuvo el OEGS.

El Presidente de la República José Antonio Kast realizó su primera cuenta pública.
Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Amenaza de recortes

El observatorio alertó que el foco presupuestario del Estado está planteando recortes, reestructuración o discontinuidad de programas en salud, lo que amenaza con profundizar las inequidades en grupos especialmente vulnerables: infancias, adolescencias, personas mayores, población migrante, indígenas, personas en situación de discapacidad, mujeres en diversas etapas de la vida y diversidades sexuales y de género.

“El desfinanciamiento del sistema público de salud afecta de manera desmesurada a las mujeres: son la principal fuerza de trabajo en salud, se encuentran mayoritariamente en los tramos de menores ingresos en FONASA”, señaló el texto.

Preocupación especial genera la Atención Primaria en Salud, que el OEGS describió como “la principal puerta de entrada al sistema de salud” y un “eje estratégico y resolutivo que incide en las condiciones de salud comunitarias y territoriales”.

El Presidente de la República José Antonio Kast realizó su primera cuenta pública.
Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Llamado a los ministerios

El organismo recordó que Chile ha suscrito diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Por ello, rechazó “el retroceso que representa este escenario frente a los avances conseguidos para la salud y la vida de las mujeres y las diversidades”.

Insistieron en la importancia de medidas que resguarden los derechos sociales, porque “lejos de poder ser considerados beneficios o regalías, se trata de pisos éticos mínimos para una vida digna en el contexto de un país extremadamente desigual”.

En tanto, el Observatorio de Equidad de Género en Salud hizo un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a “proteger una salud pública integral con foco en las poblaciones más vulnerables” y exigió al Estado cumplir con el principio de no regresividad, resguardando el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas con perspectiva de género.

“El Presidente Kast ha prometido mayor crecimiento y desarrollo. Esto no es posible sin equidad”, concluyó la declaración.

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“Este texto de Harold Pinter (Premio Nobel de Literatura, 2005) escrito en 1982, retrata una situación que trasciende a la realidad particular de su protagonista y escenifica un momento de la vida difícil de homologar con la realidad conocida. Ser espectador del despertar de una mujer dormida durante décadas es una oportunidad inédita, y eso es, para mí, lo que hacen los bellos y peligrosos textos dramáticos: mostrarnos un hecho excepcional de la existencia”, comenta Cristián Plana, el actor y director que dirigirá el nuevo estreno que tendrá fecha el jueves 11 de junio en Teatro ICTUS.

Con un potente elenco; Tamara Acosta, Marcial Tagle y Nathalia Aragonese, la obra cuenta la historia de Deborah, una mujer que despierta de un coma después de treinta años, enfrentándose a un cuerpo y un mundo que avanzaron sin ella. Mientras intenta comprender su nueva realidad, su hermana Paulina y Hornby, médico y marido de Paulina, intentan acompañarla, ocultándole parte de la verdad más dolorosa.

La obra se sitúa bajo el contexto de principios del siglo XX, donde se propagó por el mundo “la enfermedad del sueño” en el cual los sobrevivientes más afectados se hundieron en un estado singular de sueño que duró décadas. 50 años más tarde, Harold Pinter escribió “Una especie de Alaska”, inspirado en el caso de una de las pacientes (Rose R) del neurocientífico y escritor Oliver Sachs, en el que se crea la cura para esta enfermedad. El libro reveló una existencia insoportable que la mujer fue incapaz de comprender: seguía sintiéndose en el pasado, congelada. Se volvió una bella durmiente que nunca aceptará que la vuelvan a “despertar”.

Puesta en escena de “Una especie de Alaska”.

“La obra se volvió una necesidad escénica y decidí resucitarla de mi mente para convertirla en un montaje teatral. Se trata de un texto muy difícil, casi imposible de representar, por eso la tentación de dirigirla se volvió cada vez más vigente con los años”, explica Plana sobre el deseo de montar esta obra.

El fundamento de la puesta, hace alusión a la historia de nuestro país, un Chile que intentó despertar con el estallido social, para luego despertar una supuesta conciencia colectiva que no demoró mucho en volverse a extinguir con la Pandemia, donde el sueño profundo volvió a ser el estado normal del país.

La labor de Sacks y Pinter se asemeja a la que ha tenido ICTUS con su público y la escena nacional durante estas siete décadas, una contribución permanente a la mejora de la sociedad.

“Estrenar en el Teatro Ictus es una oportunidad muy importante que me llena de respeto y veneración por lo que él significa y ha significado a lo largo de la historia del teatro chileno. Es un espacio que tiene una memoria enorme, cargado del espíritu de un montón de creaciones, discursos, tragedias, resistencias, humor y, sobre todo, amor por su público. En este 2026 que se cumplen 70 años del Ictus esperamos contribuir con una creación que sea como un regalo para sus fundadores”, destaca Cristián.

Las funciones serán desde el 11 al 28 de junio, de viernes a domingo. El Teatro ICTUS está ubicado en Merced 349, Santiago. Los horarios de la obra son diferenciados: viernes y sábado a las 20:30 horas, y domingos a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles en Ticketplus.

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¿Qué país imaginaba Chile en los años 60? ¿Cuánto de ese futuro proyectado llegó a concretarse? Estas son algunas de las preguntas que propone Chile en Marcha: noticias de un futuro imaginado, una producción que recupera y revisita el histórico noticiero “Chile en Marcha”, filmado entre 1965 y 1969 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El material constituye un valioso archivo audiovisual que registró las profundas transformaciones políticas, sociales y urbanas de un país que apostaba por la modernización y el desarrollo.

Realizada por UChileTV junto a la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, a partir de su archivo audiovisual de los años sesenta, y la Cineteca Nacional, la serie de seis capítulos propone un diálogo entre pasado y presente. En cada episodio, el conductor Francisco Vergara revisa este material acompañado de especialistas y académicos, para preguntarse: ¿Qué tan cerca estamos del Chile que se imaginó en los 60?

La serie aborda seis ejes temáticos del proyecto modernizador de la época: la organización social, la vivienda, la educación, el desarrollo urbano, el rol de las mujeres en la vida pública y la reforma agraria.

Un recorrido por seis ejes fundamentales de transformación

La serie se estructura en seis capítulos temáticos:

• Capítulo 1 – Organización social: explora la importancia de la organización social y comunitaria, así como el impulso a juntas de vecinos, sindicatos y cooperativas.
• Capítulo 2 – Vivienda: revisa grandes proyectos habitacionales de la época, como el Complejo San Borja y analiza el modelo de ciudad proyectado en los años 60.
• Capítulo 3 – Educación: examina el ambicioso plan educacional impulsado durante la década y su apuesta por transformar el país desde las aulas.
• Capítulo 4 – Desarrollo urbano: analiza cómo Santiago se reinventó durante los años 60 y las huellas de esa modernización en la ciudad actual.
• Capítulo 5 – Mujer y vida pública: pone el foco en los Centros de Madres y en el rol de la participación femenina en la construcción del tejido social del país.
• Capítulo 6 – Reforma agraria: revisa cómo las políticas estatales y la reforma agraria transformaron la vida de los trabajadores agrícolas.

Un archivo para pensar el presente

Para Leonardo Venegas, director de Chile en Marcha, la serie surge como una oportunidad de recuperar materiales históricos para reflexionar sobre el presente.

“Creo que Chile en Marcha es un proyecto necesario. No hay muchos programas o instancias donde se retomen archivos para analizarlos y compararlos con la situación actual del país. Es, en cierto modo, un programa de educación cívica”, precisó Venegas.

Además, destaca el valor documental del archivo: “Estos materiales corresponden a un programa pensado para promover los avances políticos del gobierno de Eduardo Frei Montalva, un noticiero propagandístico dentro de su categoría, pero que igualmente permite observar la realidad del país en los años 60 y comprender el desarrollo de las políticas públicas en Chile”.

Maite Gallego Bretón, subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, subraya el aporte de la serie a la memoria histórica: “Chile en Marcha representa un aporte fundamental para la ciudadanía, ya que nos permite redescubrir el Chile de los años 60. Para comprender el presente de nuestro país, es imprescindible analizar el pasado; un país sin memoria es un lugar sin identidad y, por lo tanto, sin sentido de pertenencia”.

Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional, enfatiza el valor patrimonial de la colaboración: “Para nosotros es muy importante participar en este programa porque pone en valor y hace circular imágenes fundamentales para la historia de nuestro país y para el patrimonio audiovisual. También releva una colaboración de largo tiempo con la Casa Museo Eduardo Frei Montalva para conservar las imágenes del gobierno de Eduardo Frei Montalva (…) La idea es dar valor a materiales que no solo dan cuenta de un momento importante del país, sino que también nos invitan a pensar el presente, revisando cómo era la visión de Chile en ese entonces y comparándola con la actual”.

“Chile en Marcha: noticias de un futuro imaginado” se estrena el jueves 11 de junio a las 22:30 horas por UChile TV, canal disponible en señal abierta y a través de www.uchile.tv.

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“El ébola es un problema que desde hace muchos años se viene presentando en algunas zonas de África y, específicamente, en la República Democrática del Congo (RDC)”. Así lo afirma, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el Dr. José Manuel Manríquez Urbina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante la identificación de una rara cepa de ébola que afecta a la RDC y a la vecina Uganda.

“La inseguridad, los desplazamientos y las poblaciones móviles hacen que el rastreo de contactos sea especialmente difícil”, advirtieron esta semana desde la OMS por lo que reconocen que la magnitud total de este nuevo brote sigue siendo desconocida.

Manríquez, especialista en Salud Pública y Médico Cirujano epidemiólogo, asegura que “se entiende la preocupación porque el ébola es una enfermedad que tiene alta letalidad”. También comentó detalles de Bundibugyo, considerando que se está trabajando en contar con vacunas específicamente para esta cepa.

“Si bien se sabe de su existencia, no estamos al tanto de los efectos epidemiológicos en términos de transmisibilidad porque los brotes más conocidos son los del virus zaire, por el cual se recuerda el ébola en 1976 y que tuvo un 90 por ciento de letalidad”, menciona el experto.  Y agrega un dato que considera importante: este es un virus que produce un cuadro muy grave, no obstante, la gravedad está dada también por la capacidad de los sistemas de salud de poder enfrentar y tomar medidas para tratar a las personas infectadas.

La OMS ha enfatizado que la declaración de emergencia busca movilizar recursos, reforzar la vigilancia y acelerar la respuesta en las comunidades afectadas. El brote “está superando la capacidad de respuesta“, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien visitó Bunia hace algunos días. Ha descrito a la RDC como el epicentro de una “colisión catastrófica entre enfermedad y conflicto”.

OMS / Daniel Elombat. Rueda de prensa sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo, Bunia, 30 de mayo de 2026.

Sobre esto último, profundiza el Dr. José Manuel Manríquez. Se debe tener en cuenta la “inestabilidad social y política” que existe en esos territorios además de las alertas por las reducciones de presupuesto.

“La relevancia de mirar la situación de África, la posibilidad de transmisión y la exportación a otros países de Europa… que es lo que más cerca. Además, hay muchos desplazamientos forzados o irregulares por vías marítimas. Sin duda, es una realidad de la que tenemos que estar preocupados.  Y la OMS, desde el 2004 cuando fue la epidemia de SARS y después por el SARS-CoV-2, ha desarrollado una estrategia que es la del reglamento sanitario internacional. Hoy día ya modificado, para poder trabajar de manera multilateral” recuerda el especialista en Salud Pública”, declara.

Y advierte: “Los países, por sí solos, no son capaces de poder enfrentar estos problemas”.

Desde las zonas cercanas se observan con atención los nuevos antecedentes. Por ejemplo, una serie de protestas se desarrollaron en Kenia cuando se conoció sobre un proyecto que se instalaría en ese país: un centro de cuarentena para estadounidenses expuestos al virus.

“Lo que tenemos a mano es la evidencia científica. Es decir, conocer bien cuáles son las etapas de mayor transmisibilidad, cuáles son las etapas en las que se producen los cuadros más graves y como se puede hacer el control para evitar nuevas transmisiones. Entendiendo que ésas vías tienen que ver fundamentalmente con los fluidos y por un tiempo largo”, describe el Dr. Manríquez.

Y dado el resultado que ha tenido el tamizaje, que ha potenciado la Organización Mundial de la Salud,  sabemos -informa el experto- que hoy día no hay  mil casos sospechosos sino que 300 casos confirmados y un poco más de 60 personas fallecidas.

“Personas que han estado en contacto, deben ser seguidas, observadas y aplicarles los exámenes respectivos , pero no se justifica si la persona no ha estado con personas sintomáticas”, explica.

El especialista describió que, ante la realización de eventos como el Mundial de fútbol, se escuchan señales de alerta “por la magnitud que puede tener este brote”.

A propósito de lo anterior y la selecciones que se preparan para la copa, el amistoso entre Chile y República Democrática del Congo, programado para el martes 9 de junio, no se disputará en España. Esto, luego de la determinación tomada en La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz) basada en “la falta de información sanitaria suficiente”.

“Algunas de esas medidas me parecen exageradas, el director de la OMS ha dicho explícitamente que el riesgo de pandemia es muy bajo. Está muy bien descrita la historia natural de la enfermedad, me parece que es posible tomar las medidas de resguardo para eventos masivos. Y reitero en que esta es una enfermedad muy letal, pero que tiene la particularidad que es mucho menos trasmisible que otras como pasa con los virus respiratorios”, subraya.

Este viernes, el partido amistoso se confirmó para el próximo martes y se disputará finalmente en Francia.

El Dr. Manríquez concluye: “Entiendo que todos los países tienen que tomar medidas para evitar brotes, no obstante, es muy importante que se resuelvan con el mayor nivel de evidencia”.

Foto portada: Imagen en X de @DrTedros.

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Perú define este domingo a su noveno presidente en 10 años. Después de una primera vuelta extendida, polémica y extremadamente ajustada, los peruanos deberán volver a las urnas este 7 de junio para elegir a su próximo presidente o presidenta, en una contienda que promete una pelea voto a voto.

En esta segunda vuelta no solo se enfrentan dos candidatos, sino que dos proyectos completamente opuestos, un reflejo de la fractura política y social que arrastra el país, desde hace por lo menos una década.

Los cierres de campaña

Por un lado, la candidata derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, busca alcanzar la presidencia en su cuarto intento. Mientras el candidato de izquierda de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, logró avanzar tras un proceso electoral largo, marcado por impugnaciones y un conteo que se extendió por 35 días.

Debate presidencial en Perú, donde se enfrentaron la ultraderechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez.

Sánchez consiguió imponerse por apenas 21 mil votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, y se quedó con el segundo lugar en una definición estrechísima. Este resultado no sorprendió tanto por la diferencia, sino porque volvió a evidenciar el alto nivel de fragmentación del sistema político peruano , que se expresa en cada proceso electoral.

Durante la jornada de cierre de campaña, ambos candidatos buscaron consolidar apoyos clave. Keiko Fujimori encabezó su acto en el distrito de Ate, en las afueras de Lima, donde reivindicó el legado de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, y aseguró que gobernará bajo una lógica similar. También hizo un llamado a la unidad nacional, en un intento por ampliar su base de apoyo en un escenario que exige sumar más allá de su electorado tradicional.

La candidata de Fuerza Popular también destacó los respaldos internacionales que recibió en los últimos días. Entre ellos, el apoyo de un grupo de expresidentes iberoamericanos de derecha y centroderecha, el Grupo Libertad y Democracia, donde figura el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

A esto se suma el respaldo interno del propio Rafael López Aliaga, quien tras quedar fuera del balotaje llamó de forma explícita a votar por Fujimori, señalando que es “la única opción democrática”.

En cuanto a sus propuestas, Fujimori plantea una agenda enfocada en la reactivación económica, el fortalecimiento del sistema de salud, reformas en educación y apoyo al sector agrícola. Sin embargo, una de sus promesas más llamativas no tiene que ver con políticas públicas, sino con estabilidad institucional. Aseguró que, de ganar, cumplirá el mandato constitucional de cinco años, algo que en Perú no ocurre hace una década y 8 mandatos interrumpidos.

Pese a ese compromiso, Fujimori generó controversia al evitar responder con claridad si reconocerá los resultados en caso de perder. Esta ambigüedad reactivó los temores sobre un posible desconocimiento del resultado electoral, en un país donde las acusaciones de fraude ya son costumbre, debilitado aún más la confianza en las instituciones.

Keiko Fujimori candidata a la presidencia de Perú y líder de Fuerza Popular. Vía X@KeikoFujimori.

Por su parte, Roberto Sánchez cerró su campaña en el centro de Lima, con un discurso que puso el foco en la recuperación de la democracia y en la continuidad del proyecto político que impulsó el expresidente Pedro Castillo. Sánchez no solo reivindicó su figura en varias ocasiones, sino que además anunció que, de llegar al poder, otorgará un indulto a Castillo, quien permanece en prisión desde diciembre de 2022 tras su fallido intento de golpe de Estado.

El candidato de Juntos por el Perú también elevó el tono contra su rival. Calificó a Keiko Fujimori como la “señora del caos” y responsabilizó a su sector político por la inestabilidad que ha marcado al Ejecutivo en los últimos años. Al mismo tiempo, intentó consolidar su base de apoyo en sectores populares, donde mantiene mayor adhesión, especialmente entre maestros, agricultores y jóvenes.

Sánchez además recibió el respaldo de varios excandidatos que quedaron fuera en la primera vuelta, lo que le permitió ampliar su coalición en esta etapa decisiva. A diferencia de Fujimori, fue categórico al señalar que respetará los resultados electorales, sin importar el desenlace. Desde esa posición, criticó a su contendora por mantener una postura ambigua frente a la posibilidad de fraude, y advirtió que ese tipo de mensajes solo contribuye a generar más inestabilidad.

En el plano programático, Sánchez propone una serie de medidas orientadas a enfrentar la desigualdad y el alto costo de la vida. Entre ellas, el aumento del salario mínimo, la creación de pensiones para mujeres jefas de hogar y el fortalecimiento de políticas sociales dirigidas a sectores vulnerables. También plantea revisar normativas del congreso que, a su juicio, favorecen la impunidad, en un intento por reequilibrar la relación entre poderes del Estado.

Empate técnico: un país dividido en dos

A pocos días de la elección, las encuestas muestran un escenario completamente abierto. Un sondeo reciente de Ipsos sitúa a Sánchez con un 43,8% de intención de voto, frente a un 43,2% de Fujimori. La diferencia de apenas seis décimas se encuentra dentro del margen de error, lo que en la práctica no define nada.

Sin embargo, el dato más relevante no está en la diferencia entre ambos candidatos, sino en el alto porcentaje de votos blancos, nulos e indecisos. Este grupo podría definir la elección. Se estima que representa entre un 13% y un 15% del electorado, con una presencia importante de votantes jóvenes que no se sienten representados por ninguna de las dos opciones.

Roberto Sánchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú en su cierre de campaña antes de la segunda vuelta. Foto: Prensa Roberto Sánchez

Este nivel de indecisión refleja un fenómeno más profundo. En Perú, una parte importante del electorado ya no vota por convicción, sino por rechazo. La política se ha estructurado en torno a la idea de negar al otro, no se vota por apoyar a un candidato o partido, sino para evitar que el otro gane, donde el antifujimorismo y el antiizquierdismo ordenan el comportamiento electoral. Ejemplo de esto, es la enorme fragmentación en la que quedó el congreso nuevamente.

En ese contexto, los partidos han perdido capacidad de representación y funcionan más como plataformas electorales que como proyectos políticos de largo plazo.

La representación de la división política y social del país tiene un marcado reflejo geográfico. Mientras el voto urbano, especialmente en Lima, se inclina con mayor claridad hacia Fujimori, el mundo rural muestra una preferencia más marcada por Sánchez. Esta brecha refleja desigualdades históricas que el sistema político no ha sabido lograr resolver en más de una década y que reaparecen en cada elección.

El próximo gobierno deberá enfrentar no solo un país profundamente dividido, sino también un escenario institucional complejo. Aunque Perú retornó al sistema bicameral en el congreso con la intención de dar mayor estabilidad y evitar el desfile de destituciones, el legislativo sigue fragmentado en múltiples fuerzas políticas. Ninguno de los candidatos contará con mayoría propia, lo que obligará a construir alianzas frágiles y negociaciones permanentes.

En ese contexto, más allá de quién gane, el gran desafío será recuperar la gobernabilidad en un país que vive una década de crisis casi ininterrumpida. La elección de este domingo no solo definirá un nuevo presidente, sino también marcará el rumbo de un sistema político que busca, sin mucho éxito hasta ahora, salir de su ciclo de inestabilidad.

La entrada Empate técnico y alta polarización: las claves de la segunda vuelta en Perú se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.

Este viernes, en la ciudad de La Serena, tuvo lugar la última jornada del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcadesas, instancia marcada por los reparos de los ediles frente al proyecto de Reconstrucción Nacional de Gobierno.

Ayer jueves, participaron en la cita los ministros de Vivienda, Iván Poduje; el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y el Presidente José Antonio Kast, quien en un controvertido episodio, fue abucheado por los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo, y de Tierra Amarilla, Cristobal Zuñiga.

Los gritos de los jefes comunales estaban directamente relacionados con sus críticas a la denominada megarreforma, en específico a la norma que elimina las contribuciones para los mayores de 65 años y que podría terminar afectando los recursos que reciben los municipios.

Consultado sobre las diferencias con los alcaldes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que esa relación “es cordial” y que desde el Ejecutivo “tenemos la tranquilidad y la convicción de que el Presidente siempre ha tenido las puertas abiertas para hablar con todos los alcaldes”.

“El Presidente se ha reunido en dos oportunidades con un centenar de alcaldes de distintas sensibilidades políticas en el Palacio de La Moneda, en reuniones que han sido largas, extensas, muy francas y muy abiertas. En ese sentido, la conversación con el mundo municipal en todos los temas de Gobierno ha sido permanente”, sostuvo.

Subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Diego Martin/Aton Chile.

Antes de Pavez, quien se refirió al vínculo con los ediles fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que existen conversaciones con ellos, que se ha abierto una mesa técnica y que este viernes debería llegarle al Gobierno una propuesta desde el municipalismo.

Requerido sobre el tema que más preocupa a los alcaldes, el jefe de la billetera fiscal aseveró que el Fondo Común Municipal no se verá afectado y reiteró su postura de que quienes serán más perjudicados, serán una decena de comunas “más pudientes”.

“El Fondo Común Municipal no se va a tocar. Va a ser preservado en los mismos términos que está hoy día y reajustado cada año de acuerdo al IPC. No va haber que ir a pelearlo en cada Ley de Presupuesto. A los alcaldes eso los ha dejado tranquilos, pero hay comunas que son más pudientes, que les preocupa un poco la pérdida de ingresos. Con ellos hemos hablado de modo individual también y espero que lleguemos a buen puerto”, dijo.

El planteamiento de Quiroz respecto a que la eliminación de las contribuciones sólo afectará a las 12 comunes más ricas, generó la molestia de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. En conversación con Radio Pauta, la jefa comunal pidió al ministro de Hacienda “moderar el lenguaje”, “porque al andar tratando de comunas ricas a comunas en que efectivamente hay mayor generación de ingresos (…) está cayendo en la misma caricatura que nosotros le criticábamos a la izquierda”.

San Martín además cuestionó una idea que se está tratando de instalar: “No sé si por parte del Gobierno, pero sí por ciertas personas que he leído en los medios, de que casi que los alcaldes quisiéramos ser Tío Rico McPato para nadar en una piscina de plata”.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Aton.

Por su parte, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, remarcó que pese a las diferencias políticas entre los jefes y jefas comunales, entre ellos sí hay un consenso respecto a la eliminación de contribuciones.

Manouchehri señaló que hace falta que el Gobierno tome en cuenta su posición y que se vaya más allá de solo escucharlos, como ocurrió hace un par de semanas cuando los alcaldes y alcaldesas de oposición se reunieron con el Presidente Kast. “Nosotros fuimos, nos paramos frente al Presidente, le dijimos ‘Presidente, nosotros queremos como municipio, como alcaldes de Chile, que se saque la urgencia de este proyecto de ley’. Nos dijo que no y ahí terminó todo”, acusó.

Así, el jefe comunal de Coquimbo aseveró que las críticas de sus pares son fundadas, porque si bien el Mandatario ha escuchado a los alcaldes, distintos es “que tenga la capacidad para poder estudiar lo que están planteando los municipios”.

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Hay edificios que son apenas paredes y hay edificios que son refugios. La casa de la Vicaría de la Solidaridad, junto a la Catedral de Santiago, fue durante 17 años uno de ellos: lo fue para los familiares de los detenidos desaparecidos, para los relegados, para los exiliados que volvieron a buscar a los suyos, para los pobladores que llegaban con un nombre escrito en un papel arrugado. 50 años después de su fundación, hay una memoria que es necesario detenerse a escuchar. No basta con conservar los expedientes. No es suficiente con digitalizar las páginas. Hay una memoria que solo viaja en la voz: la del miedo concreto, la del café a media tarde con una madre que pregunta dónde está su hijo, la del recurso de amparo presentado por milésima vez sabiendo que será rechazado.

Durante 2025, la periodista Odette Magnet y el abogado Álvaro Varela Walker —vicepresidente del Directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (Funvisol)— convocaron a un grupo de voces que habitaron, acompañaron o testimoniaron ese trabajo. El resultado son relatos en primera persona que iremos publicando a lo largo de 2026.

Son miradas que dialogan entre sí. Algunas vienen de quienes trabajaron dentro de la Vicaría: abogados que presentaron miles de recursos de amparo, que conocieron antes que nadie la dimensión del horror. Otras vienen del periodismo independiente, de quienes hicieron de la Vicaría su fuente más confiable cuando la prensa oficial callaba. Y otras llegan desde la sociedad civil, la cultura y el exilio: familiares, escritores, militantes, corresponsales extranjeros. Juntos, forman un retrato coral de lo que fue habitar Chile durante la dictadura y de lo que significó, en medio de la oscuridad, encontrar una puerta abierta junto a la Plaza de Armas 444.

Los archivos jurídicos de Funvisol guardan más de 85 mil documentos: los hábeas corpus, las fichas médicas, las querellas, los expedientes que sostuvieron las Comisiones Rettig y Valech y que siguen alimentando hoy los procesos judiciales abiertos. Pero a veces los archivos no respiran. Los testimonios, sí. Como escribió Odette Magnet en el suyo: “No dispongo de otra herramienta que la palabra. No tengo otra joya que la memoria”.

Estos relatos son la otra cara del mismo archivo. Cuentan cómo era subir esas escaleras. Cómo era ser recibidos por Ana González, que estaba siempre en el área de espera. Cómo era cruzar la Plaza de Armas sabiendo que había hombres vestidos de civil tomando nota. Cómo era el día después del asesinato de José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría, degollado junto a Manuel Guerrero y Santiago Nattino en marzo de 1985.

Los testimonios hablan en lenguaje cercano. Cuentan el miedo con detalles domésticos: una pelea fingida en un bar para escapar del Ejército, una entrada “media escondida” cerca de la librería Manantial, un cumpleaños celebrado en una cárcel pública con una torta que llegaba sin destinatario. Para quien no vivió la dictadura, leer estas páginas es entrar a esa época por la puerta correcta: no por la del dato, sino por la del sentimiento.

Las voces

A medida de que la Vicaría de la Solidaridad publique los testimonios, esta página se actualizará con los vínculos correspondientes a cada voz.

• Odette Magnet: periodista y escritora. Reportera de derechos humanos de revista Hoy (1977-1987).
• Abraham Santibáñez: periodista, Premio Nacional de Periodismo 2015. Director de revista Hoy (1977-1989).
• Luciano Fouillioux: abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Integrante de la Comisión Valech.
• Patricia Politzer: periodista y escritora. Premio Lenka Franulic 2017.
• Ricardo Solari: militante socialista, ex ministro del Trabajo y Previsión Social.
• Mario Aguilera: periodista. Ex detenido político, exiliado en Francia tras pasar por Londres 38, Villa Grimaldi y Tres Álamos.
• Mary Helen Spooner: periodista estadounidense, ex corresponsal en Chile durante los años 80.
• María Eugenia Lorenzini: escritora y editora.
• Lucy Montecino: profesora de inglés. Familiar del fotógrafo asesinado Cristián Montecino.
• Roberto Pizarro Hofer: economista, ex ministro de Mideplan y ex embajador. Perseguido por la Operación Cóndor en Argentina.
• Isabel Allende: escritora.
• Jorge Baradit: escritor.
•  Ana María Arenas Romero: enfermera. Sobreviviente de La Venda Sexy y Tres Álamos, exiliada durante dieciséis años.
• Ariel Dorfman: escritor argentino-chileno-estadounidense. Asesor cultural de Salvador Allende; exiliado tras el golpe. Autor de “La muerte y la doncella”.
• Arturo Valenzuela: cientista político chileno-estadounidense. Profesor emérito de Georgetown.
• Ascanio Cavallo: periodista, Premio Nacional de Periodismo 2021. Coautor de “La historia oculta del régimen militar”.
• Laura Albornoz: abogada. Ex ministra directora del Sernam (2006-2009).
•  Sergio Bitar: exministro de Minería de Allende. Detenido en Isla Dawson y exiliado diez años.
• Teresa Valdés: socióloga. Investigadora de FLACSO-Chile e impulsora del movimiento “Mujeres por la Vida”.
• Sergio Campos: periodista, Premio Nacional de Periodismo 2011. Voz histórica de Radio Cooperativa.
• Fernando Paulsen: periodista. En 1985 destapó el Caso Degollados desde revista Análisis.
• Carmen Gloria Quintana: psicóloga. Sobreviviente del Caso Quemados (2 de julio de 1986).
•  Irene Manzano González: sobreviviente. Viuda de Iván Quinteros Martínez, asesinado por la CNI en 1981.
• Joe Ramos: economista hispano-norteamericano. Ex decano de la FEN de la U. de Chile.
• Sofía Prats: hija del general Carlos Prats y de Sofía Cuthbert, asesinados por la DINA en Buenos Aires (1974).
• Juan Pablo Cárdenas: periodista, Premio Nacional de Periodismo 2005. Fundador de revista Análisis (1977-1991).

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A pocos días de que la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío vote el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de tierras raras impulsado por la empresa canadiense Aclara en Penco, organizaciones ciudadanas intensificaron sus acciones para intentar frenar una iniciativa que lleva más de una década buscando instalarse en la comuna.

La vocera del movimiento Penco-Lirquén Libre de Mineras, Camila Arriagada, sostuvo que la comunidad mantiene una fuerte oposición al proyecto y cuestionó tanto sus características técnicas como el respaldo que ha recibido por parte de las autoridades.

“Esta empresa ha tenido varios intentos, por muchos años, de ser evaluada y votada positivamente en la evaluación ambiental. El año 2023 desiste del proyecto anterior, Módulo Penco, por la presión social. Hicimos una consulta ciudadana muy masiva, en donde más de 7 mil personas votaron que no queríamos una minería de tierras raras acá en el territorio”, afirmó.

Según explicó la dirigenta, el proyecto que será sometido a votación este lunes 8 de junio corresponde a una nueva propuesta presentada por la compañía tras el retiro de la iniciativa anterior. Sin embargo, Arriagada reconoció que las expectativas de un rechazo son bajas.

“No tenemos mucha esperanza, la verdad, de que sea rechazado, porque este gobierno ha manifestado su cercanía y el apoyo, además de los acuerdos internacionales que está haciendo con Estados Unidos. Pretenden posicionar a Chile geopolíticamente en el mundo como una puerta abierta a los minerales críticos y al sector extractivo“, señaló.

La vocera explicó que la extracción de tierras raras contempla la remoción de grandes cantidades de suelo arcilloso para obtener lantánidos, minerales utilizados en la fabricación de tecnologías avanzadas. “Para que la gente se haga una idea, de una tonelada de tierra obtendrían alrededor de un kilogramo de lantánidos. O sea, las cantidades de remoción de tierra son muy grandes para obtener este producto”, indicó.

A juicio de la organización, uno de los principales problemas radica en la ubicación del proyecto, cercano a sectores habitados y áreas de valor ambiental. “Si se llegara a concretar esta faena minera, estaríamos a menos de dos kilómetros de esta megaminería en las poblaciones más cercanas, de escuelas, de centros de salud. Eso nos trae mucha preocupación”, sostuvo.

Arriagada también destacó el valor ecológico del sector donde se emplazaría la iniciativa. “Todavía existe y se preserva algo de bosque nativo. Incluso después de los incendios está rebrotando. Hay flora y fauna. Entonces, todo ese sector que se va a intervenir tiene un alto valor turístico, paisajístico y natural, y eso es lo que pretendemos conservar”, afirmó.

La dirigenta agregó que las preocupaciones no solo apuntan a los efectos sobre el suelo y los cursos de agua, sino también a la acumulación de actividades industriales en la zona. “Vemos con mucha preocupación el efecto sinérgico que va a tener toda esta industria”, señaló, aludiendo a la cercanía del proyecto con el relleno sanitario que recibe residuos de diversas comunas del Biobío y a otras iniciativas de infraestructura proyectadas para el área metropolitana de Concepción.

Comunidad de Penco protesta contra el proyecto de tierras raras impulsado por la empresa canadiense Aclara. Foto: OLCA.

Desde el movimiento sostienen que el proyecto aún presenta observaciones pendientes y falencias que no habrían sido adecuadamente respondidas. “Hay cientos de observaciones ciudadanas que se hicieron apuntando a detalles técnicos y administrativos del proyecto, y varias de ellas no han sido respondidas”, aseguró Arriagada.

La vocera valoró además el trabajo realizado por vecinos y organizaciones durante los últimos años. “Tenemos vecinos y vecinas que se han preocupado muchísimo de estudiar este proyecto para poder hacer una oposición responsable”, afirmó.

“Las herramientas de la institucionalidad ambiental son débiles y no protegen a las comunidades. Hemos visto cómo se ha agilizado la tramitación ambiental. Para la inversión privada es muy fácil, tienen todas las herramientas y las comunidades no“, indicó.

Pese a la inminente votación, la dirigenta aseguró que el movimiento continuará utilizando las herramientas legales y administrativas disponibles en caso de que el proyecto obtenga una resolución favorable. “Existen otras herramientas y recursos, como la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental o las reclamaciones asociadas a las observaciones, que son bastante contundentes”, explicó.

En ese sentido, recordó la experiencia de oposición al proyecto Octopus, iniciativa energética que enfrentó una larga disputa judicial y administrativa en la zona. “Ese también es el llamado a la gente: que, por mucho que nos digan que esto ya está aprobado, no es así. De hecho, eso nos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo”, señaló.

Arriagada llamó a participar de la movilización convocada para este sábado en Penco, en la antesala de la votación. “La comunidad ha alzado la voz y estamos convocando una movilización para mañana, sábado 6 de junio, a las 3 de la tarde. Será una marcha de carácter familiar y comunitario”, indicó.

La manifestación partirá desde la Plaza de Penco y contará con la participación de organizaciones vecinales, gremiales y sociales de la comuna y de otros sectores del Gran Concepción.

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El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, presentó ante la Comisión de Zonas Extremas del Senado los principales avances de la estrategia de seguridad fronteriza impulsada por el Gobierno, centrada en el fortalecimiento del control de ingresos irregulares, el combate al crimen organizado transnacional y la consolidación del Sistema Integrado de Fronteras (SIFRON).

Durante su exposición en Arica, la autoridad sostuvo que el año 2023 marcó un cambio relevante en la política fronteriza, aludiendo a la reforma sobre infraestructura crítica, las nuevas facultades entregadas a las Fuerzas Armadas y la puesta en marcha del SIFRON.

Alvarado recordó que el sistema contempla cinco etapas y destacó que las tres primeras ya fueron ejecutadas. Estas incluyeron la entrega de vehículos para patrullajes, tecnología de vigilancia y sistemas de monitoreo aéreo mediante drones. Respecto de la fase actualmente en desarrollo, señaló que corresponde a una etapa de “mando y control que permite hacer un sistema integrado de la operación de todos estos elementos de carácter tecnológico“.

Sobre la quinta fase, explicó que busca dotar de mejores condiciones a los efectivos desplegados en la frontera. “Tenemos un sinnúmero, prácticamente casi 200 pasos no habilitados“, indicó y  agregó que resulta necesario “darle habitabilidad a las fuerzas que están operando en la frontera para acercarlas a los pasos”.

Biministro Claudio Alvarado. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

El biministro también adelantó nuevas medidas para ampliar el alcance del sistema. “Estamos trabajando y viendo la posibilidad de implementar en el mediano plazo dos nuevas etapas al programa SIFRON“, anunció. Según explicó, una de ellas estará enfocada en los puertos y la otra en fortalecer las capacidades de fiscalización de Aduanas.

En cuanto al Plan de Fortalecimiento Fronterizo impulsado por la actual administración, Alvarado detalló que la estrategia se estructura en tres ejes: control de movimientos transfronterizos, mejoramiento de la gestión fronteriza y fortalecimiento de la política migratoria y del marco legislativo.

Entre los objetivos, mencionó “reforzar vigilancia y control fronterizo permanente“, “desincentivar la migración irregular terrestre y marítima” y “fortalecer la presencia del Estado mediante una coordinación inteligencia efectiva”.

Acerca de las obras de contramovilidad que forman parte de la estrategia, aseguró que “ya tenemos un significativo avance” y que “casi el 50% de los objetivos que nos propusimos” se encuentran cumplidos.

Zanja en la frontera norte. Patricio Banda/Aton Chile

La autoridad añadió que estas medidas han estado acompañadas por un incremento operativo. “Tenemos un 89% más de efectivos del Ejército desplegados y se han aumentado en más de un 73% los controles en los puntos más vulnerables“, señaló.

“Tenemos mayor acción, mayor presencia y mayor control en los pasos irregulares”, destacó y sumó que estas fiscalizaciones han permitido importantes incautaciones de droga y contrabando, incluidos decomisos de cigarrillos por más de $14 mil millones.

En materia migratoria, Alvarado destacó los proyectos actualmente en discusión en el Congreso para tipificar el ingreso clandestino como delito, perfeccionar los procesos de expulsión administrativa y sancionar la contratación de extranjeros en situación irregular.

Asimismo, relevó el aumento de las expulsiones y reconducciones efectuadas durante este año. Según los antecedentes entregados por el biministro, entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2026 fueron detectadas 9 mil 71 personas ingresando de manera irregular al país. De ellas, el 76% fue reconducido, cifra que contrasta con el 22% registrado durante el mismo período de 2025.

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Este viernes 5 de junio se cumplen tres semanas desde que se detectó la presencia de ratones al interior del Jardín Infantil y Sala Cuna Manzanilla, ubicado en Ñuñoa. Apoderados protestaron por la nula acción de autoridades, mientras que en el interior del recinto se desarrollaba una reunión entre funcionarios del jardín y la directora de Educación de la Corporación Municipal de la Ñuñoa.

La comunidad de apoderados acusó que los roedores han sido detectados de manera reiterada en la cocina del recinto, pese a las labores de sanitización y fumigación realizadas durante las últimas semanas. El cierre, que suma 22 días, afecta cerca de un centenar de lactantes y párvulos, además de a sus familias, quienes enfrentan dificultades para compatibilizar el cuidado de los niños con sus jornadas laborales.

La mañana de este viernes, apoderados se manifestaron a las afueras del establecimiento para exigir respuestas concretas tanto a la Municipalidad de Ñuñoa y a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Según señalaron, la reapertura solo debe concretarse una vez que existan garantías sanitarias que resguarden la salud de los infantes y trabajadores.

Carteles de protesta fuera del Jardín y Sala Cuna Manzanilla, Foto: apoderada del jardín Manzanilla.

SLEP: el trasfondo político del caso Manzanilla

La última vez que la Municipalidad de Ñuñoa se refirió al tema fue el pasado 3 de junio en la sesión número 16 del Consejo Municipal, donde el alcalde Sebastián Sichel abordó la infesta de ratones de manera general: “Hay una plaga a nivel metropolitano por la falta de lluvia y la sequía. En los colegios hicimos una intervención bien profunda con el cierre de las cocinas”.

El edil aseguró que el municipio ha reforzado medidas preventivas, como el cierre y sellado de cocinas, pero advirtió que existen focos de infestación en terrenos privados donde la intervención municipal enfrenta restricciones legales y administrativas.

Cabe mencionar que el Jardín y Sala Cuna Manzanilla es parte de la administración municipal y forma parte de los establecimientos que deberían ser traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), proceso al que Sichel se ha opuesto públicamente en diversas ocasiones y ha encabezado las críticas a su funcionamiento.

Alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, Foto: Yankovic/Aton Chile.

El cierre y las redes de apoyo

Las familias afectadas advirtieron que la prolongada suspensión de actividades ha tenido consecuencias significativas, especialmente para quienes no cuentan con redes de apoyo para el cuidado diario de sus hijos. Algunos apoderados han recurrido a pagarle a vecinas para que les cuiden a sus hijos y existe un serio temor al despido.

Wendy Montes, apoderada del Jardín Manzanilla y madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), relató que el cierre del establecimiento ha significado extensos traslados diarios, gastos imprevistos en cuidados y dificultades para compatibilizar la crianza con su trabajo. “Ha significado un desgaste físico y emocional, esto implica un gasto extra que no estaba contemplado en mi presupuesto“, señaló.

Carteles de protesta fuera del Jardín y Sala Cuna Manzanilla, Foto: apoderada del Jardín Manzanilla.

“Hay muchas madres y padres que no cuentan con redes de apoyo para el cuidado de sus hijos y que deben pagar por soluciones temporales, muchas veces con presupuestos muy limitados”, comentó Wendy.

La también apoderada Jocelyn Cáceres aseguró que el cierre prolongado del recinto “es complicado, porque tengo que andar pidiendo permiso a los jefes y no siempre ponen buena cara. Además, estoy perdiendo todos mis días de vacaciones porque no tengo donde dejar a mi hija“.

Hasta ahora, los apoderados aseguran que continúan a la espera de respuestas concretas respecto de los plazos y acciones que permitirán retomar las actividades en el recinto.

Carteles de protesta fuera del Jardín y Sala Cuna Manzanilla, Foto: apoderada del Jardín Manzanilla.

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La decisión del Servicio de Impuestos Internos de habilitar el pago de IVA por parte de casinos online abrió un nuevo franco político entre el Gobierno y el Congreso. Mientras el Ejecutivo defendió las facultades del organismo, diputados acudieron a la Contraloría General de la República para impugnar la medida y advirtieron que las plataformas siguen siendo ilegales en Chile.

Luego del anuncio del SII, el Gobierno salió a respaldar la resolución. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que el servicio actuó dentro de sus atribuciones y descartó que exista una legalización encubierta de la industria. “La legalización de una actividad, como en este caso las apuestas en línea, la define una ley de la República y esa ley se tramita en el Congreso”, afirmó.

El secretario de Estado agregó que “es una resolución que está dentro de las facultades propias de un organismo autónomo” y remarcó que “si aplican esas facultades es porque tienen los fundamentos suficientes y necesarios para hacerlo”.

Una línea similar planteó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió el rol del organismo tributario: “Es su deber recaudar los hechos que están gravados, sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal, porque eso corresponde a otra instancia donde ustedes saben que hay un proyecto que se está discutiendo”.

Claudio Alvarado y Jorge Quiroz. Foto: Aton.

Sin embargo, las explicaciones no convencieron a parte importante del Congreso. El diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión de Constitución, presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que revise la actuación del SII y cuestionó que se pretenda cobrar impuestos a una actividad que, según recordó, ha sido considerada ilegal por la Corte Suprema.

“Estamos solicitando un pronunciamiento de la Contralora por esta insólita acción del Servicio de Impuestos Internos que le está cobrando IVA a negocios ilegales en nuestro país. Falta que le cobren IVA al Tren de Aragua si se sigue esa lógica”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que existe una diferencia sustancial entre las plataformas de apuestas y otras actividades que operaron durante años sin regulación específica. “Las aplicaciones de transporte no estaban reguladas, pero tampoco estaban prohibidas. Las apuestas online sí están expresamente prohibidas y cualquier autorización requiere una ley”, indicó.

Los diputados de oposición Luis Cuello (PC), Boris Barrera (PC) y Juan Santana (PS) también llegaron ante la Contraloría donde ingresaron un requerimiento para impugnar la resolución del SII, argumentando que podría interpretarse como un reconocimiento administrativo de una actividad que sigue sin autorización legal.

Cuello sostuvo que la medida contradice criterios previos del propio servicio. “El ministro de Hacienda no puede avalar una decisión que, en la práctica, otorga patente de corso a una industria oscura e ilegal. El propio Servicio de Impuestos Internos había sostenido anteriormente que no correspondía registrar como contribuyentes a actividades declaradas ilegales”, afirmó.

Luis Cuello. Sebastian Cisternas/Aton Chile

El diputado Boris Barrera, en tanto, vinculó la resolución con la discusión económica impulsada por el Ejecutivo: “Permitir que el Servicio de Impuestos Internos reconozca de manera administrativa a los casinos online es extremadamente peligroso. Hay antecedentes de que ni siquiera se conoce quiénes están detrás de muchas de estas plataformas, porque operan desde paraísos fiscales y fuera de Chile”.

En la misma línea, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que existe una contradicción entre la actuación de distintos organismos públicos frente a las plataformas de apuestas en línea.

“Estamos solicitando a la Contraloría su pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución con que el Servicio de Impuestos Internos abrió un registro para que las plataformas de apuestas en línea paguen IVA en nuestro país”, subrayó.

Santana aseveró que el problema de fondo es “que estamos hablando de una actividad que la propia Corte Suprema ya calificó como ilícita, ordenando incluso su bloqueo”.

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Señor Director:

Chile se sitúa entre los 12 países pesqueros más importantes del mundo, un sector donde la Ley 21.027 de 2017, reconoció a las actividades conexas como eslabón clave de su cadena de valor. Por ello, compromete el rigor público que la última cuenta pública presidencial y de las carteras de Economía, Obras Públicas y Mujer omitiera el avance de los compromisos con las mujeres de la pesca artesanal, cuya participación aumentó un 22% en los últimos cinco años.

Hoy, la modificación al reglamento de la Ley de Caletas es urgente, este paso administrativo es indispensable para que el cuerpo reglamentario se acoja finalmente al mandato de la Ley 21.698 de Caletas con enfoque de género de 2024. Esta normativa sitúa a Chile a la vanguardia internacional al exigir infraestructura digna, planes de igualdad, paridad organizacional y beneficios para trabajadoras con labores de cuidado, promoviendo su participación en la toma de decisiones en organizaciones pesqueras.

El desarrollo sostenible de este sector estratégico depende directamente de la ampliación de la fuerza laboral femenina. Postergar la adecuación reglamentaria desatiende un mandato legal explícito y perpetúa una brecha de género y cuidados que afecta directamente la subsistencia y el reconocimiento de las mujeres en las más de 500 caletas de nuestro país.

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El diputado del Frente Amplio y experto en derecho constitucional, Jaime Bassa, confirmó que presentará una reserva de constitucionalidad contra el proyecto del Gobierno que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario señaló que la iniciativa “tiene varios problemas”, en particular por los efectos que el Ejecutivo plantea que estén asociados al registro.

Bassa explicó que no se trata de nuevas figuras infraccionales, sino de conductas ya contempladas en el ordenamiento jurídico. El problema, a su juicio, surge cuando esas conductas se conectan con consecuencias adicionales. “La pena que se asocia viene vinculada con recibir beneficios sociales”, afirmó, en referencia a la gratuidad en educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Bassa sostuvo que ese diseño introduce un efecto desigual en la práctica: “Hay un sesgo de clase que tiene relación con el tipo de sanciones que van asociadas a ciertas conductas”.

En esa línea, explicó que el impacto de la medida depende del nivel de dependencia de políticas públicas, lo que genera diferencias materiales relevantes. “El 80% más vulnerable depende de la política pública de la que se trate (…) Un niñito, como el que vimos hace algunos meses atrás rompiendo un grifo en Vitacura, no se va a ver afectado por este tipo de sanciones”, puntualizó Bassa.

Además, el parlamentario advirtió que el proyecto abre interrogantes sobre el debido proceso y la autoridad competente para aplicar sanciones administrativas complementarias, como eventuales restricciones de documentos o licencias.

Bassa insistió en que el debate remite a la concepción misma de los derechos fundamentales en el sistema constitucional: “El sistema universal de derechos humanos asume que los derechos corresponden a las personas por el solo hecho de ser personas”.

El diputado también cuestionó la idea de que las sanciones puedan producir efectos diferidos en el tiempo, especialmente en materia previsional: “¿Por qué un estudiante de 20 años que tira una piedra en una manifestación va a ver suspendida su PGU cuando cumpla 65?”.

El experto constitucional apuntó a la ausencia de discusión sobre otros delitos en este tipo de propuestas. “Los delitos económicos son muchísimo más nocivos para la convivencia social que un vandalismo (…) Vulneran la fe pública, distorsionan los procesos democráticos de asignación de recursos”, añadió.

De esa manera, el parlamentario subrayó que el enfoque del proyecto refleja una orientación más punitiva que preventiva en materia de seguridad, por lo que considera “fundamental llevar la discusión a un escenario donde haya más prevención y menos castigo”.

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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a los eventuales indultos presidenciales del Presidente José Antonio Kast. Al respecto, aseguró que, más allá de la gravedad del delito, cada solicitud se revisa en función de las “circunstancias particulares” de cada caso, incluyendo posibles beneficios para condenados por violación a menores o violaciones a derechos humanos.

La mañana de este viernes el secretario de Estado fue consultado por sus declaraciones ante CNN la noche anterior, donde se refirió a la posibilidad de indultar a reos condenados por violación a menores. Rabat pidió revisar con cuidado sus dichos y declaró: “Mire, la respuesta es exactamente la misma que ha dado siempre. Cada solicitud de indulto se analiza en su mérito. Lo que usted me está preguntando no fue lo que contesté anoche en una entrevista a CNN. Yo pido que la revisen con cuidado. Cada solicitud de indulto se va a responder en su mérito. Eso es todo”.

Frente a la insistencia sobre si considera que la violación a menores es un delito grave, Rabat reconoció: “No cabe ninguna duda que una violación a menores es un delito grave. Una solicitud de indulto se responde en su mérito conforme a los antecedentes que arroja el expediente”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Foto:
Sebastián Cisternas/Aton Chile.

¿Qué dijo Rabat en CNN?

En diálogo con CNN Chile, el secretario de Estado expuso que el indulto es una facultad del Presidente de la República, quien puede dictarlo personalmente o por orden suya a través del ministro de Justicia.

En cuanto a si existen delitos que nunca debieran ser indultados, respondió: “Las circunstancias del caso van a permitir responder aquello, porque a veces no se trata solamente del delito propiamente tal. Mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares y el mérito de los antecedentes que están en el expediente respectivo”.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de indultar a violadores de derechos humanos, Rabat afirmó: “Va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente”.

Y respecto a indultar a un violador de niños, el ministro sostuvo: “De nuevo, van a depender mucho las circunstancias en que la persona esté en el momento. Per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente”.

Rabat explicó que, al ser una gracia presidencial, el indulto debe ser fundado necesariamente en las circunstancias del caso, y que los antecedentes para evaluarlo pueden incluir informes de Gendarmería, temas de salud, la búsqueda de paz social o evitar un conflicto social.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, junto al subsecretario de Justicia, Luis Silva. Foto: Aton.

AFEP: “Un atentado contra los derechos humanos”

En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, sostuvo que los dichos “revisten una gravedad muy importante”. La dirigenta diferenció a los gobiernos pasados del actual, al que definió como “un gobierno de ultraderecha, donde los valores humanos no son muy relevantes”.

Lira sostuvo que las declaraciones del “ministro de justicia y derechos humanos, como lo dice el título” realmente son “repudiables”, pues “son opiniones que las pueden hacer realidad”. “Este es el riesgo más preocupante que hemos tenido durante estos más de 30 años, porque hay un atentado hacia los derechos humanos. No importa si es mujer, si es niño, si adolescente, hombre”, dijo.

Además, la activista criticó que el debate debería centrarse en la prevención y no en castigos. “Lo que tienen que hacer en vez de preocuparse de eso, es preocuparse de qué es lo que necesitan nuestros jóvenes hoy día. En vez de crear leyes castigadoras, vean la forma de prevención, de cuidado”, planteó.

Lira cuestionó el rol de la comunidad internacional: “Ahí debiera la ONU recurrir a esto que es la protección hacia nuestros adolescentes, porque ellos (la ultraderecha chilena) no reclamaron el genocidio en Palestina, donde tantos niños, guaguas y adolescentes fueron asesinados. No levantaron la voz”.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Diego Schalper (RN): “Los indultos debiesen circunscribirse a razones de salud”

Frente a las declaraciones del ministro Rabat, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper, criticó que la discusión sobre los indultos presidenciales “se ha ido a un lado distinto de donde tiene que estar”.

“Los indultos son una atribución presidencial para circunstancias extraordinarias que normalmente, en mi modesta opinión, debiesen circunscribirse a razones de salud“, subrayó el parlamentario, quien sostuvo que tales razones se justifican cuando “una persona que no tiene conciencia de dónde está, está intemperante o no tiene ninguna noción del tiempo, del espacio”.

El jefe de bancada de RN destacó que el objetivo de las penas privativas de libertad son, por un lado, “sancionar una conducta contraria al ordenamiento jurídico y también tender a la reparación y a la reinserción”.

En esa línea, declaró: “Una persona que no tiene conciencia donde está, no cumple ninguno de los tres fines. Por lo tanto, lo que sugiero, y en eso estamos trabajando, es que el indulto sea lo más lo más acotado posible, y misma opinión para situaciones humanitarias y de salud”.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorprendió al anunciar que el Gobierno prepara un proyecto relacionado con el secreto bancario. 

El debate sobre la materia se reactivó a propósito de dos hechos: por un lado, el desbaratamiento de una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, a través de la llamada “Operación Tokio”; y por otro, la discusión en el Senado del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, que precisamente, incluye una norma sobre levantamiento del secreto bancario.

Hasta el momento, la posición del Gobierno era que ya existen mecanismos suficientes y que el secreto puede ser levantado a través de una autorización judicial.

En esa línea, Quiroz indicó que “hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre depende del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”, pero que “sin perjuicio de ello, les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda”

“En ese sentido, he iniciado un trabajo que comenzamos hace poco y del cual irán conociendo detalles más adelante, posiblemente a través de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda“, sostuvo.

De todas formas, Quiroz precisó que la propuesta aún debe ser conversada con los demás ministerios y que se mantendrá “siempre en la línea de respetar el principio de que (el levantamiento del secreto bancario) dependa de la corte y del Poder Judicial. Siempre con una orden judicial”, subrayó.

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El músico y compositor argentino Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el “Indio” Solari, falleció este viernes 5 de junio a los 77 años, poniendo fin a una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock en español.

Dueño de una obra que marcó a varias generaciones de seguidores, Solari alcanzó la masividad como líder y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda fundamental de la música argentina que construyó un fenómeno cultural sin precedentes entre las décadas de 1980 y los 2000.

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, provincia de Entre Ríos, pasó gran parte de su vida en La Plata, ciudad donde dio forma junto a Skay Beilinson a Los Redondos, grupo que se transformó en una referencia obligada del rock latinoamericano.

Con discos emblemáticos como “Oktubre“, “Un baión para el ojo idiota“, “Bang! Bang!… Estás liquidado” y “Lobo suelto, cordero atado“, la banda construyó una identidad artística única, caracterizada por letras cargadas de simbolismo, una relación distante con los medios de comunicación y una conexión excepcional con su público.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Durante esa etapa publicó álbumes como “El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel)“, “Porco Rex“, “El perfume de la tempestad“, “Pajaritos, bravos muchachitos” y “El ruiseñor, el amor y la muerte“, reafirmando su condición de artista de convocatoria masiva.

Sus conciertos se convirtieron en verdaderos acontecimientos multitudinarios, congregando a cientos de miles de personas en distintos puntos de Argentina y consolidando la denominada “liturgia ricotera“, un fenómeno social que trascendió el ámbito musical.

En 2016 confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que con el paso de los años lo llevó a alejarse progresivamente de los escenarios. Su último recital tuvo lugar en Olavarría, en 2017, mientras que posteriormente continuó desarrollando proyectos musicales y artísticos desde el estudio.

A comienzos de este año había recibido un importante reconocimiento al ser distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, una muestra más de la relevancia cultural que alcanzó su figura más allá de la música.

Considerado por millones de seguidores como una de las voces más representativas del rock argentino, el Indio Solari deja un legado que marcó la cultura popular de su país durante más de cuatro décadas y que continúa influyendo a nuevas generaciones de músicos y oyentes.

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Las atenciones de urgencia por causa respiratoria alcanzaron su cifra más alta en lo que va del año. El Ministerio de Salud informó que durante la semana epidemiológica 21, entre el 24 y el 30 de mayo, las atenciones de urgencia por causa respiratoria alcanzaron al 32,2%, un 0,4% superior respecto de la semana anterior (31,8%).

El virus predominante es el Rinovirus, con el 35,8% de los casos detectados, aunque se reportó en una proporción inferior a la registrada la semana anterior (40,8%). Le sigue la Influenza A, que es el segundo virus más detectado, con un 26,8% del total de casos, similar a lo registrado la semana anterior (27,6%).

Luego está la Influenza B, que representa el 10,2%, cifra superior a la semana anterior (7,2%) y, además, inusual para esta altura del año, ya que, en general, tiende a predominar durante el segundo semestre.

Foto referencial de vacunación. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Respecto al avance del proceso de vacunación, las autoridades informaron que la cobertura contra la influenza alcanza un 72,1%. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (58,2%), embarazadas (61,2%) y personas de 60 años y más (57,9%), presentan un menor avance.

La autoridad sanitaria puso énfasis en este último grupo de la población, ya que existen alrededor de 1.700.000 personas de 60 años y más que no se han vacunado.

Sobre la ocupación en los servicios de salud, al 3 de junio, la red integrada cuenta con 744 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 67,3%. El 23,8% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias. En el caso de los adultos, se dispone de 4.388 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,9%. El 9,6% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

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