Violentas protestas contra la inmigración estallaron en Irlanda del Norte y otras zonas del Reino Unido, extendiéndose desde la tarde del martes hasta la madrugada de este miércoles 10 de junio. El detonante fue un ataque con cuchillo atribuido a un refugiado sudanés, registrado en video y difundido masivamente en redes sociales, generando una fuerte conmoción pública nacional e internacional.

Más allá del hecho puntual, lo ocurrido deja al descubierto una fractura más profunda dentro de la sociedad británica, donde la migración se ha instalado como uno de los principales focos de tensión.

El ataque y la orgánica de extrema derecha

Todo comenzó con la circulación del video que muestra a un hombre de origen sudanés atacando brutalmente a un ciudadano irlandés en plena vía pública. La víctima, identificada en reportes locales como Stephen Ogilvie, recibió múltiples heridas en el rostro, el cuello y la espalda. El ataque fue tan violento que algunos lo describieron como un intento de decapitación. A pesar de la gravedad, sobrevivió gracias a la intervención de transeúntes, aunque todavía permanece hospitalizado en estado grave y perdió su ojo izquierdo producto de las heridas.

Captura del momento del ataque con cuchillo que motivó las protestas. Foto captura difundida por redes sociales.

El agresor, identificado como Hadi Alodid, un ciudadano sudanés de 30 años que residía legalmente en el Reino Unido tras recibir asilo en 2023, fue detenido y formalizado por intento de asesinato. El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, confirmó que el sospechoso contaba con un visado vigente y que “no era conocido previamente por las fuerzas de seguridad”. Las autoridades también aclararon que el caso no se investiga como terrorismo.

Sin embargo, la reacción pública no tardó en escalar. En pocas horas, el video comenzó a circular dentro y fuera del Reino Unido y fue utilizado por figuras de extrema derecha para convocar movilizaciones. El activista británico Tommy Robinson llamó abiertamente a salir a las calles y escribió en su cuenta de X: “Todo el Reino Unido se echa a las calles esta tarde después de un nuevo ataque de los invasores contra nuestro pueblo”. Junto a ese mensaje, difundió ubicaciones específicas para protestas en Belfast y otras ciudades.

A esa convocatoria se sumaron mensajes desde el extranjero. El magnate tecnológico Elon Musk, en una conversación con Robinson, señaló: “Al final de cuentas se reduce a esto: o contraatacas o mueres”. Una frase que reforzó la narrativa de confrontación que rápidamente se expandió en redes sociales.

La convocatoria logró un efecto inmediato reuniendo a cientos de personas en la tarde noche del martes en la capital Belfast. La gran mayoría hombres jóvenes blancos, con el rostro cubierto, que avanzaron desde la protesta hacia la violencia directa. Los disturbios se concentraron en zonas como Lower Newtownards Road y Sandy Row, barrios con una fuerte identidad lealista y una larga historia de conflicto.

Registros de los incendios en casas y transporte público en la capital de Irlanda del Norte, Belfast. Fotos: Capturas difundidas en redes sociales.

Grupos organizados recorrieron calles residenciales, golpearon puertas, rompieron ventanas e incluso incendiaron casas que supuestamente pertenecían a inmigrantes, al grito de expulsar a los extranjeros. Una cacería contra migrantes literalmente. Las familias afectadas no tenían ninguna relación con el ataque inicial. También se registraron incendios provocados en comercios, propiedad pública y varios vehículos particulares resultaron completamente destruidos, incluso un auto de la policía fue quemado.

Policías y bomberos sufrieron ataques con objetos contundentes y fuegos artificiales. Varios uniformados resultaron heridos y tres sujetos terminaron detenidos siendo procesados por cargos de disturbios. El juez Steven Keown advirtió que cualquier persona identificada en los disturbios “puede esperar ir directamente a prisión”.

Las respuestas y el trasfondo político

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque inicial como “aborrecible”, pero aseguró que no existe ninguna justificación para la violencia ni para quienes la fomentan.

Por su parte, la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó tanto el apuñalamiento como los disturbios posteriores y afirmó que “no hay excusa ni justificación para este caos”.

En la misma línea, la ministra de Justicia, Naomi Long, fue más directa al señalar que lo ocurrido “es la pura definición de racismo” y culpó directamente a la extrema derecha de causar caos.

La propia familia de la víctima también a través de un comunicado, pidió calma y rechazó el uso del ataque para alimentar la violencia. Señalaron que el odio y el desorden “no son bienvenidos” y destacaron el aporte de la comunidad migrante en áreas clave como el sistema de salud.

A pesar de estos llamados, los disturbios esconden un problema más profundo en la sociedad británica que no hace más que crecer. Las zonas donde se concentró la violencia corresponden a sectores obreros que han enfrentado años de deterioro económico, pérdida de empleo y abandono institucional. En ese contexto, diversos grupos extremistas han sabido explotar esta realidad y utilizar a la migración como un canal para expresar frustraciones acumuladas.

Diversos registros de los desmanes en Belfast en la tarde del martes 9 de junio. Fotos difundidas por redes sociales

Además, distintos informes han advertido un aumento sostenido de protestas contra la inmigración en el Reino Unido desde 2022. También han crecido los delitos motivados por odio racial o religioso, lo que confirma un escenario de mayor polarización social.

A esto se suma un elemento clave, el uso político de hechos puntuales. No importa si el caso representa una tendencia o no. Lo que importa es su impacto emocional. Un video violento, ampliamente difundido, se convierte en una herramienta eficaz para instalar una narrativa de amenaza.

En ese contexto, actores políticos han comenzado a capitalizar el descontento. Nigel Farage, líder del partido Reform UK, calificó el ataque como “bárbaro” y cuestionó las políticas migratorias del gobierno. Aunque condenó la violencia en las calles, puso en duda que el agresor debiera haber estado en el país.

Lo que ocurre en Belfast, no es un hecho aislado. Es parte de una dinámica más amplia que después de la pandemia ha comenzado a crecer, donde incidentes concretos se transforman en detonantes de conflictos mayores. Una red política y comunicacional amplifica estos episodios y los convierte en herramientas dentro de una disputa más profunda.

Hoy Irlanda del Norte refleja tensiones estructurales que atraviesan no solo al Reino Unido, sino a gran parte de las sociedades occidentales. La combinación de desigualdad, crisis de representación y polarización cultural crea el perfecto campo de cultivo propicio para la proliferación de ideologías identitarias, reaccionarias y populistas se desarrollen y terminen en este tipo de estallidos. Mientras esas condiciones no cambien, es probable que episodios como este se repitan.

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En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, analizó el rechazo de la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa. 

En primera instancia, el experto calificó este rechazo como “bien problemático”. A su juicio, existe una inconsistencia en el oficialismo: “Por una parte tiene un discurso que es aparentemente de mano dura, de mucha fortaleza en cuanto al combate del crimen, pero que cuando podría haber tomado una decisión, yo diría de las más importantes para lograr eso (…) se ha sido muy conservador en términos de preferir no tocar la privacidad del mundo de los negocios, que son los que pueden tener mayores depósitos en los bancos y que pudieran ser más objetos de control”. 

Cuestionó que “se ha preferido proteger” esa privacidad, en vez de “dar más facultades a la autoridad para controlar los eventuales movimientos sospechosos, que pueden tener vínculos de distinto tipo con el crimen organizado”. 

 

Riego aseguró que esta votación deja una interrogante sobre la “voluntad” del oficialismo para ejercer control en esta materia. “Cuando de algún modo ese control puede afectar a un sector que es cercano al propio Gobierno o los políticos vinculados al Gobierno, retroceden y muestran que prefieren, digámoslo así, proteger los intereses de ese grupo, en vez de otorgarles facultades bastante básicas al Estado para ejercer ese control”, afirmó.

Como segundo punto, planteó que hay una “inconsistencia” en las decisiones de los últimos años en materia de “incursiones en áreas de la privacidad o de otros derechos ciudadanos”. “Por ejemplo, sabemos que hace relativamente poco se abrió la posibilidad de que la policía pudiese registrar en los controles de identidad el auto o incluso los elementos que una persona lleva consigo en un bolso, una cartera, sin control judicial, sin ningún tipo de sospecha, o sea, solo por el hecho de que una persona está en la calle portando un bolso”, mencionó. 

Sin embargo, cuando se habla del secreto bancario, la vara no es la misma. “Afecta a un grupo probablemente especialmente poderoso de la población, también tiene que ver con delitos especialmente graves, o sea, probablemente es más grave que yo pueda tener un depósito de muchos millones en un banco, de dinero sucio, que a lo mejor pueda llevar unos gramos de droga en mi bolso, probablemente produce más daño y es más peligroso desde el punto de vista social el tema del dinero. Y, sin embargo, se sobreprotege esta forma la privacidad, bancaria, por sobre otras formas de privacidad que ya habían venido siendo rebajadas de manera muy notoria”, dijo Riego. 

Ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

La postura del Gobierno

El Gobierno ha planteado que harán una propuesta respecto a esta materia, pero que cualquier modificación tendría que pasar por la vía judicial de todas formas.

Al respecto, el abogado declaró: “Yo necesito una autorización judicial para entrar a la cuenta bancaria de una persona, pero también a su casa o a cualquier otro espacio de privacidad, eso quiere decir que yo tengo que tener una sospecha bastante sólida de lo que voy a encontrar. Porque si no, el juez no me va a dar la autorización”. 

“Es muy distinto —añadió— a que yo pueda, sobre la base de una información inicial, examinar el contenido de lo que está en la cuenta bancaria de una determinada persona. Es una diferencia enorme entre una cosa y otra. Entonces, si se restringe la posibilidad del acceso administrativo, se está limitando severamente la posibilidad del Estado de perseguir el lavado de dinero, por ejemplo, que es una expresión fundamental del crimen organizado”. 

En línea con lo anterior, el abogado reiteró su cuestionamientos al oficialismo. “Aquí hay dos modelos que están presentes en este Gobierno y en la derecha en general, que se hacen juego. La idea de que para efectos de los negocios queremos un Estado débil, queremos un Estado que no se meta, que tenga pocas facultades, para que no perturbe el desempeño de las empresas, pero para efectos de la seguridad, queremos un Estado fuerte”, dijo. 

“No se pueden querer ambas cosas al mismo tiempo, porque va a haber este tipo de cruces, va a haber este tipo de momentos en los cuales va a ser necesaria una definición, no puedo conservar la torta y comérmela”, agregó.

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La esperanza que mantenía Carmen Rojas de revertir el cierre de la causa por la muerte de su hijo terminó esta semana en la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó el último recurso presentado por la familia de Aníbal Villarroel, joven fallecido durante el primer aniversario del estallido social. En medio de ese escenario, la madre del joven valoró el proyecto ingresado por parlamentarios de oposición para derogar aspectos de la Ley Naín-Retamal, normativa que fue aplicada de forma retroactiva en el caso.

“Con gran tristeza porque después de tanto tiempo había una pequeña esperanza de que esto fuera revocado y nos dan otra vez con la puerta en las narices. Entonces, triste, pena y desconsuelo”. Así recibió Carmen Rojas la noticia de que la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la familia de Aníbal Villarroel, decisión que deja firme el cierre de la investigación por la muerte del joven.

La resolución ratifica lo resuelto anteriormente por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que aplicó de forma retroactiva la Ley Naín-Retamal en una causa que involucraba al teniente de Carabineros Joaquín Ignacio Muñoz Vásquez, identificado por un peritaje balístico de la PDI como autor del disparo que terminó con la vida de Villarroel.

Mural en homenaje a Aníbal Villarroel en la Población La Victoria.

Para la madre del joven, el fallo vuelve a instalar dudas sobre el acceso a la justicia. “La justicia aquí es solo para quien puede poner abogados particulares, para los ricos, y los pobres tenemos que simplemente aguantarnos con lo que diga la Corte”, enfatizó.

Según relató, la decisión de la Suprema también cerraría otras vías judiciales que la familia evaluaba: “Eso bloquea también la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional”.

El fallo coincidió con la presentación de un proyecto de ley impulsado por diputadas y diputados de oposición que busca derogar artículos de la Ley Naín-Retamal, entre ellos la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales y modificaciones vinculadas al delito de apremios ilegítimos.

La diputada Lorena Pizarro (PC) señaló que existen normas que “hoy dejan en la indefensión a la población civil”, mientras que Nathalie Castillo afirmó que “hoy tenemos una norma que raya en la impunidad”.

La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro. Foto: Aton.

“Sería fantástico que se lograra eliminarla porque así como el caso de Aníbal, hay muchos casos de impunidad que están determinados por esta ley”, puntualizó Rojas. “Así como a Aníbal, hay muchos casos que están en la misma situación y que se están aferrando por esta ley para cerrarlos simplemente”, agregó.

La iniciativa generó una rápida respuesta desde Renovación Nacional. El jefe de bancada de los diputados RN, Diego Schalper, defendió la legislación y acusó que su derogación afectaría el combate contra el crimen organizado.

El parlamentario anunció además la presentación de una propuesta denominada “Ley Naín-Retamal 2.0” para fortalecer la protección legal a funcionarios policiales.

Diputado Diego Schalper (RN). Foto: Aton.

Con las vías judiciales prácticamente agotadas en Chile, la familia busca orientación sobre los pasos que aún podría seguir. “Ahora estoy viendo la posibilidad de comunicarme directamente con el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos para ver qué respuestas él me da”, señaló Carmen Rojas.

La madre de Aníbal asegura que todavía no toma una decisión sobre eventuales acciones en instancias internacionales. “Esa información me deja de brazos cruzados”, reconoció sobre la resolución de la Corte Suprema.

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En medio del avance de la temporada invernal y el aumento de la circulación de virus respiratorios, autoridades sanitarias realizaron un operativo de vacunación en la Vega Central de Recoleta, reforzando el llamado a que los grupos de riesgo completen su proceso de inmunización contra la influenza antes de que se intensifiquen las bajas temperaturas.

La actividad fue encabezada por el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Erik Poblete, y la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, quienes destacaron la necesidad de aumentar la cobertura en sectores que aún presentan rezagos, especialmente adultos mayores y niños en edad preescolar.

Poblete explicó que el operativo busca acercar la vacunación a espacios de alta concurrencia y complementar el trabajo que se desarrolla en las distintas comunas de la zona norte de Santiago.

“Esto viene a reforzar el trabajo que estamos realizando con todas las comunas. La Vega Central convoca a mucha gente y es un lugar estratégico para hacer un llamado a reforzar la vacunación, sobre todo en la población adulta mayor, considerando las enfermedades respiratorias propias de esta época”, señaló.

Asimismo, indicó que la red asistencial se encuentra preparada para enfrentar un eventual incremento de consultas y hospitalizaciones durante los meses más fríos. “Estamos monitoreando permanentemente los planes de contingencia, el número de camas disponibles y el comportamiento de los pacientes para responder de la mejor manera posible”, afirmó.

Por su parte, la seremi Pía Venegas destacó que la estrategia sanitaria busca facilitar el acceso a la vacunación en distintos puntos de la capital. “Hoy nos encontramos en la Vega Central porque queremos llegar a todas partes. Sabemos que la importancia de la vacunación no distingue lugares ni territorios y también sabemos que las personas necesitan seguir trabajando. Por eso estamos potenciando la vacunación en los lugares de trabajo y acercándonos a distintos puntos de la Región Metropolitana”, sostuvo.

La autoridad explicó que, aunque algunos grupos ya presentan niveles adecuados de cobertura, persisten brechas importantes entre los niños menores de cinco años y las personas mayores de 60 “Tenemos una deuda especialmente con los niños preescolares y las personas mayores. Necesitamos llegar a esos grupos porque la meta es alcanzar al menos un 80% de cobertura en la población de riesgo antes de que termine junio”, indicó.

Venegas recordó que la vacuna contra la influenza requiere aproximadamente dos semanas para generar inmunidad efectiva, por lo que insistió en la importancia de inmunizarse antes de que comience oficialmente el invierno. “La vacuna no evita necesariamente que nos enfermemos, pero sí disminuye significativamente las consecuencias graves de la enfermedad, como las hospitalizaciones, las consultas de urgencia e incluso, en algunos casos, la mortalidad asociada”, afirmó.

La seremi también destacó que los trabajadores cuentan con facilidades legales para acceder a la inmunización. “Las personas tienen derecho a disponer de tiempo para vacunarse y hoy existen múltiples alternativas: centros de salud familiar, estaciones de Metro, centros comerciales y operativos especiales durante los fines de semana”, señaló.

En tanto, la autoridad hizo un llamado a mantener las medidas preventivas aprendidas durante la pandemia: “Tenemos que aplicar lo que aprendimos en esos años. Prevenir siempre será mejor que lamentar. La vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a las personas que lo rodean. Construir salud es una tarea colectiva y hoy necesitamos que la ciudadanía tome la decisión de protegerse”.

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Señor director:

Cuando Chile enfrentaba una de las tasas de mortalidad materna más preocupantes de nuestra historia, un grupo de profesionales de la salud decidió actuar. Así nace el 10 de junio de 1965, la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), con la convicción de que ninguna persona ni familia deba ver comprometido su bienestar por la falta de acceso a información certera y a servicios de salud sexual y reproductiva.

A lo largo de más de seis décadas, APROFA se ha consolidado como un referente técnico en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Chile, contribuyendo a ampliar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, capacitar a profesionales de la salud y la educación, incorporar innovaciones en insumos de salud sexual y reproductiva, como la llegada del condón de vagina al país, y aportar evidencia técnica para el desarrollo de políticas públicas y marcos normativos.

En APROFA hemos sido testigo de cómo, en tiempos de crisis políticas, sociales o económicas, los Derechos Sexuales y Reproductivos suelen ser relegados. Precisamente por ello, nuestra labor no se detiene y por el contrario se adapta, se fortalece y se reinventa para responder a los desafíos de cada época.

En este nuevo aniversario agradecemos a todas las personas que han sido parte de esta historia y a quienes seguirán construyéndola. Frente a cualquier adversidad, el compromiso de APROFA con la educación, la autonomía y la dignidad de las personas permanece inalterable.

Débora Solís,
Directora Ejecutiva de APROFA.

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La Fiscalía de Valparaíso acogió una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras la difusión de conversaciones que este último habría sostenido con Luis Hermosilla, figura central del denominado caso Audio. Los parlamentarios socialistas solicitaron investigar posibles delitos derivados de esos diálogos entre ambos abogados, los cuales fueron expuestos por Reportea.

Según los denunciantes, los antecedentes que respaldan la acción judicial provienen de lo publicado por dicho medio. Subrayan que Zaliasnik integraba el círculo de abogados que se coordinaba con Hermosilla en asuntos sensibles vinculados al segundo mandato de Sebastián Piñera. De esta forma, el Ministerio Público abrió una investigación contra la recientemente designada autoridad luego de acoger este miércoles la iniciativa de los legisladores.

Los antecedentes incluidos en la denuncia, ingresada el pasado lunes 8 de junio, apuntan a eventuales delitos como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. Entre los hechos denunciados, destaca una solicitud explícita para acceder a gastos reservados del Estado con el objetivo de financiar una defensa penal privada.

A lo anterior se suman gestiones de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, en paralelo a un contrato con esa misma empresa estatal en 2020; intervención en nombramientos judiciales y peticiones de fallos favorables; además de solicitudes de interceptación de teléfonos y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de oposición, sin mediar orden judicial.

Al respecto, la senadora Cicardini señaló que “las revelaciones del caso Hermosilla que involucrarían al nuevo embajador en Israel apuntan a hechos gravísimos: eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones sobre el Poder Judicial y espionaje político”.

“Eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones. Por eso presentamos esta denuncia, para que estos hechos se investiguen”, enfatizó.

En esa misma línea, el diputado Manouchehri afirmó que “las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado. Revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político para proteger a los suyos y perseguir adversarios. Esto es demasiado grave para quedar reducido a una explicación comunicacional”.

Manouchehri agregó que “el Gobierno debe explicar por qué nombró embajador a una persona vinculada a antecedentes de esta gravedad. Eso no es un error de criterio, es un patrón”.

Ambos parlamentarios solicitaron formalmente la apertura de esta indagatoria penal, con el fin de que se realicen las diligencias necesarias para verificar si los chats entre Zaliasnik y Hermosilla son auténticos, y que se persiga legalmente a todos quienes resulten responsables de los eventuales delitos expuestos.

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El diputado de la bancada del PPD e integrante de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de Nicolás Grau, Carlos Bianchi, aseguró que revisará el libelo sin dejarse llevar por presiones partidarias. Sin embargo, cuestionó los motivos que llevaron al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario (PNL) a presentar la acción.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario independiente afirmó que su primera solicitud a la comisión —presidida por Marcela Hernando, diputada del Partido Radical y excompañera de Grau en el gabinete de Gabriel Boric— fue invitar a todos los exministros de Hacienda de los últimos gobiernos.

“Por una razón: porque hace más de 16 años que Chile, para poder dar cumplimiento a los temas sociales, económicos, se ha venido endeudando. Es decir, hay mayor gasto y menor ingreso de manera permanente sumado a la situación de pandemia y a todo lo que ha tenido que vivir Chile con terremotos y todo lo que ha ocurrido. Eso nos llevó desde un 6 u 8% del endeudamiento del PIB, a casi el 43% del endeudamiento del PIB”, observó.

A juicio de Bianchi, todos los exministros de Hacienda desde el primer gobierno de Michelle Bachelet contribuyeron a aumentar el endeudamiento. En ese escenario, sostuvo que lo que se debería despejar, en el marco de la acusación, es el rol que jugó Grau.

“El exministro Grau tuvo su cargo siete meses. Entonces uno tiene que hacerse de manera responsable y seria la primera pregunta: ¿En siete meses pudo haber tenido la responsabilidad que se le asigna o quien tuvo la responsabilidad no fue Grau y fue quien lo antecedió?”, dijo.

Carlos Bianchi también puso en duda el momento escogido por los diputados de los partidos Republicano y Nacional Libertario para presentar la acusación. Para el legislador, también integrante de la Comisión de Hacienda, parte de lo que se busca es “contaminar” dos debates: el del endeudamiento y el del proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Esta acusación se hizo en este tiempo, contaminando toda esta otra discusión, porque se les vencía el plazo, no por otra cosa y esto igual hay que tenerlo en consideración”, planteó.

Presentación de la Acusación Constitucional contra el exministro Grau. Foto: Aton.

A lo anterior, agregó que: “Encontraron una estrategia política, donde, para poder contaminar el resto de la discusión, han generado un manto de humo para distraer lo que es el debate del endeudamiento y el debate de la reforma. Ese aspecto a mí me genera mucho ruido, aunque puede que exista algún mérito en el aspecto técnico”.

El diputado de la bancada PPD sugirió “un gran encuentro nacional” convocado por el Presidente José Antonio Kast para dar una verdadera solución a los problemas económicos.

“Pero no lo van a hacer, (…) porque el señor Quiroz, que es el que manda, está obsesionado con este sueño húmedo de creer que su reforma efectivamente va a generar en 10 o más años, la recuperación de la economía. Mientras tanto, Chile está obligado a tener que seguir endeudándose”, aseveró.

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Abraham Santibáñez Martínez. Santiago, 1938. Periodista, escritor y académico. Fundador, subdirector y luego director de la revista Hoy (1977-1989), una de las pocas publicaciones independientes que circuló durante la dictadura. Director del diario La Nación entre 1990 y 1994; expresidente del Colegio de Periodistas de Chile (2008-2010); miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Premio Nacional de Periodismo 2015. En noviembre de 1978 integró la comisión convocada por la Vicaría de la Solidaridad que verificó el hallazgo de los hornos de Lonquén.

Dos escenas que no se separan

Lonquén —o, más exactamente, los hornos de Lonquén— es un hito doloroso y estremecedor en la historia de los derechos humanos en Chile. Lo es, también, en mi propio desarrollo como periodista en tiempos difíciles.

Hay dos momentos clave que muestran el rasgo más cruel de la dictadura de Pinochet: la visita que hicimos para confirmar el hallazgo de los restos de las víctimas, en una calurosa tarde de fines de 1978, y la postergada ceremonia fúnebre en Isla de Maipo, realizada tres décadas después. Estuve presente en ambas ocasiones. No puedo separar en mi recuerdo esas dos escenas: la soledad de la excavación en busca de los restos humanos en un horno de cal abandonado bajo el sol ardiente de noviembre de 1978, y la ceremonia del 28 de marzo de 2010, en la cual se unieron el dolor y la esperanza en el entierro de 14 de los 15 asesinados.

Lo ocurrido en 1978 lo he contado antes, empezando por una primera publicación en la revista Hoy, de la cual yo era subdirector. Emilio Filippi estaba de viaje, así que tuve que asumir personalmente el llamado urgente a una reunión en la Vicaría de la Solidaridad.

Una tarde agotadora

Fue el 30 de noviembre de 1978. La Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una comisión encargada de verificar las declaraciones de un anciano que, bajo secreto de confesión, aseveraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en las minas abandonadas de Lonquén. Ese día partió rumbo al lugar la comisión integrada por monseñor Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Luis Egaña, secretario ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; Jaime Martínez, director de la revista Qué Pasa, y quien escribe, en calidad de subdirector de la revista Hoy.

Esa tarde, tras un trabajo nada fácil —el acceso a uno de los hornos había sido sellado con cemento y tierra—, una cantidad indeterminada de restos humanos salió a la luz. La denuncia había sido confirmada.

Con Jaime Martínez, director de Qué Pasa, buen amigo y buen cristiano, coincidimos en lo fundamental: nunca más se podría hablar de «presuntos desaparecidos».

Eran los primeros desaparecidos encontrados. No como esperaban sus seres queridos, que tenían la esperanza de hallarlos con vida. Era el comienzo de la demolición de la tenebrosa tesis de la dictadura, según la cual no había desaparecidos en Chile, sino dirigentes extremistas que gozaban de buena salud y vivían a todo lujo en el extranjero.

Sospecha confirmada

Pese a la evidencia, todavía fueron necesarios múltiples esfuerzos —no solo periodísticos— para que esta realidad finalmente convenciera a los chilenos, más allá de su visión partidista o de las razones con que justificaran el golpe militar.

La primera frase de mi texto en la revista Hoy sigue siendo abrumadora: «Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre».

Era lo que quedaba de quince hombres detenidos el 7 de octubre de 1973 en la comuna de Isla de Maipo, cerca de Talagante. Se comprobaba que hijos y esposos, arbitrariamente detenidos, estaban muertos. No solo en Lonquén. Era imposible, de ese día en adelante, que el régimen siguiera repitiendo —tal como lo había hecho el 7 de noviembre de 1975 el delegado Sergio Diez ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas— que muchos de los presuntos desaparecidos no tenían existencia legal.

El final de la historia tardó en producirse. Solo más de tres décadas después, los restos encontrados en Lonquén recibieron su reposo definitivo. Entremedio, en 1979, en otra demostración de inhumanidad, las autoridades militares se burlaron cruelmente de los parientes de las víctimas, lanzando sus restos en una fosa común mientras ellos se preparaban para recibirlos en una iglesia de Santiago.

En marzo de 2010, tras un larguísimo proceso de exhumación e identificación con ayuda científica de fuera de Chile, 14 de las 14 víctimas fueron entregadas por el Servicio Médico Legal. Sus restos fueron trasladados, en una primera etapa, hasta la Recoleta Franciscana, donde los habían aguardado infructuosamente 30 años antes.

El domingo 28 de marzo de ese año, los asesinados recibieron el largamente postergado homenaje fúnebre de sus familias y de la comunidad de Isla de Maipo. Fue una tarde de pesar tranquilo. Los familiares de los muertos no mostraban odio; solamente un pesar irreparable.

Manuel Navarro, la víctima número 15, fue identificado en 2016.

Los nombres que la dictadura quiso borrar

Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Óscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos, Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro fueron detenidos en octubre de 1973 por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, a cargo del teniente Lautaro Castro Mendoza. Sus edades fluctuaban entre los 17 y los 51 años. Los más jóvenes habían sido capturados en la plaza de Isla de Maipo.

Algunas de las víctimas fueron enterradas cuando estaban todavía con vida.

El trabajo de la justicia

El lugar era en esos años un aislado paraje en la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de Talagante. Allí había dos antiguas chimeneas de piedra de nueve metros de altura, abandonadas, que habían sido utilizadas para la preparación de cal.

En 1978, luego de cumplir con su penosa tarea, nuestra comisión regresó a Santiago y al día siguiente se presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. La jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, designada para el caso, partió rumbo a Lonquén con un grupo encabezado por el sacerdote Gonzalo Aguirre, que incluía además al fotógrafo Luis Navarro, del Boletín de la Vicaría de la Solidaridad. La jueza ratificó la veracidad del hallazgo. Lo hizo personalmente. La escena —según testigos— le provocó un manifiesto malestar físico.

Los análisis del Instituto Médico Legal determinaron fehacientemente que los restos humanos correspondían a los desaparecidos de Isla de Maipo. El 6 de diciembre de 1978, el Pleno de la Corte Suprema designó ministro en visita extraordinaria al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra, a fin de que llevara adelante la investigación.

Su trabajo confirmó que las víctimas no murieron en un enfrentamiento y que la versión entregada por el jefe de la patrulla de Carabineros, el capitán Lautaro Castro, era —en sus propias palabras— intrínsecamente inverosímil. A partir de los resultados de la investigación, el ministro Bañados se declaró incompetente y el proceso pasó a la justicia militar.

Como era previsible, conforme a las disposiciones de la dictadura, en agosto de 1979, sobre la base del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se sobreseyó definitivamente a los inculpados. El 22 de octubre de 1979 —menos de un año después del descubrimiento de los cadáveres— la resolución fue confirmada por la Corte Marcial. En marzo de 1980, los hornos fueron dinamitados.

(En el texto, aparte de mis propios e indelebles recuerdos, me he permitido incorporar parte de la información del Proyecto Internacional de Derechos Humanos con sede en Londres, y otros trabajos periodísticos.)

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La exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó la posición del Gobierno respecto al levantamiento del secreto bancario y dirigió sus cuestionamientos directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Las declaraciones de Tohá surgen tras un nuevo empate en el Senado, el tercero en la votación de una norma que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder a información bancaria dentro de la reforma que crea un Subsistema de Inteligencia Económica.

Dicha iniciativa busca fortalecer las herramientas del Estado para identificar operaciones relacionadas con crimen organizado, como el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. En diálogo con Radio Pauta, Tohá rechazó los planteamientos de Quiroz, quien tras la votación mostró disposición a buscar alternativas para mejorar el mecanismo, pero siempre con la exigencia de mantener la intervención judicial.

“De la UAF jamás se ha filtrado nada. No entiende, no sabe lo que es la inteligencia. La inteligencia no es una investigación penal”, expresó la exsecretaria de Estado. Y añadió: “Un país que confunde inteligencia con una investigación penal no tiene inteligencia”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: ATON.

Para Tohá, insistir en que el acceso a los datos bancarios dependa de jueces reduce la capacidad estatal de anticiparse a las acciones del crimen organizado. “Creo que el ministro, si insiste en que esto va a descansar en jueces, no está apostando porque Chile tenga inteligencia de verdad”, afirmó.

La exautoridad defendió el rol de la inteligencia económica como un componente esencial para combatir a las organizaciones criminales. “Chile es un país donde no hay inteligencia de verdad”, sostuvo, aunque recordó que recientemente se aprobó una ley que refuerza el Sistema de Inteligencia del Estado y obliga a diversos organismos a intercambiar información.

Tohá detalló que esa nueva institucionalidad incluye a entidades como Aduanas, Gendarmería, el Servicio de Impuestos Internos y la Agencia de Ciberseguridad, además de las policías y las Fuerzas Armadas. No obstante, remarcó que la inteligencia económica resulta fundamental para enfrentar el crimen organizado. “Particularmente en el caso del crimen organizado, lo hemos visto con el caso recién de la Operación Tokio, el crimen organizado es un negocio de mucha plata, y no puede funcionar sin mover la plata de alguna manera”, señaló.

En esa línea, planteó que rastrear el flujo del dinero eleva significativamente la capacidad estatal para detectar y anticipar operaciones delictuales. “Si lo empiezas a seguir a través de la plata, tu poder de perseguirlo se eleva enormemente, de anticiparte, de entender cómo funciona, de meterte en sus pasillos, de cuáles son sus maneras de operar, y para eso es la inteligencia”, sostuvo.

La norma, que forma parte de la reforma que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, no logró avanzar debido a diferencias políticas en el Senado. Según Tohá, el modelo propuesto se ajusta a estándares empleados en otros países. “En todas partes del mundo, en la OCDE, ningún país pasa por los jueces para autorizar esta operación, salvo Australia”, afirmó.

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La primera medición del Centro de Estudios Públicos (CEP) durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast arrojó que un 34% de los encuestados aprueba la forma en que el Mandatario conduce su administración, mientras que un 52% la desaprueba, un 9% no aprueba ni desaprueba y un 5% no sabe o no responde.

La coordinadora de Opinión Pública del CEP, Sandra Quijada, destacó que en comparación con la última medición del gobierno anterior, “hay una disminución en la desaprobación, que cae 10 puntos porcentuales, y un aumento en la aprobación de 28% a 34%, siempre considerando que este es un gobierno nuevo y parte la medición del gobierno del Presidente Kast con esta primera encuesta“.

En paralelo, el sondeo consultó por la evaluación retrospectiva de la administración de Gabriel Boric, cuya gestión obtuvo un 33% de aprobación y un 58% de desaprobación, mientras que un 7% no aprobó ni desaprobó y un 3% no respondió.

Encuesta CEP 96.

Esta primera encuesta fue realizada entre el 18 de abril y el 27 de mayo de este año. Un período que estuvo marcado por hitos que recalcaron en la presentación de los resultados tales como el envío del proyecto de ley para la reconstrucción, la polémica por el instructivo presupuestario de 2027, la caída del Imacec y del PIB, el cambio de gabinete, la aprobación de la idea de legislar la megareforma tributaria y la controversia generada por las declaraciones del Ejecutivo sobre una promesa migratoria de campaña.

Dudas sobre las promesas de campaña

En el plano político, la encuesta mostró que un 66% de los consultados prefiere líderes que privilegien los acuerdos, aunque deban ceder posiciones, frente a un 28% que opta por autoridades que defiendan sus posturas incluso si ello impide alcanzar consensos.

Sin embargo, al preguntar específicamente por el Presidente Kast, un 51% considera que no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición, mientras que un 44% estima que sí existe esa disposición.

Encuesta CEP.

Respecto del cumplimiento de los compromisos de campaña, el estudio reveló una percepción mayoritariamente escéptica. Un 39% declaró tener poca confianza en que el Mandatario cumpla sus promesas y un 28% afirmó no tener ninguna confianza, mientras que solo un 21% manifestó bastante confianza y un 10% mucha confianza.

La percepción sobre la situación política también mostró una moderación respecto de la medición anterior. El porcentaje de personas que califican el escenario político como malo o muy malo disminuyó de 61% a 52%, mientras que quienes lo consideran regular aumentaron de 28% a 34%.

Empeoran las expectativas económicas

En materia económica, la encuesta reflejó un deterioro en las percepciones sobre el presente y el futuro del país. Solo un 11% calificó la situación económica nacional como buena o muy buena, cifra inferior al 16% registrado en la medición previa, mientras que un 43% la evaluó como regular y un 45% como mala o muy mala.

Las expectativas para los próximos 12 meses también cambiaron. El porcentaje de personas que cree que la situación económica del país empeorará aumentó de 15% a 31%, mientras que quienes piensan que permanecerá igual descendieron de 51% a 33%.

Encuesta CEP situación económica.

El estudio abordó además la situación de las finanzas públicas y las prioridades ciudadanas para enfrentarla. Un 54% considera que el nivel de deuda pública de Chile es muy o bastante grave, mientras que un 26% lo estima poco o nada grave.

Consultados sobre la estrategia del Gobierno de reducir el gasto público para mejorar las cuentas fiscales, un 41% manifestó estar en desacuerdo, frente a un 34% que la respalda.

Al revisar las medidas prioritarias para fortalecer las finanzas públicas, la opción con mayor respaldo fue reducir el gasto en la administración del Estado, mencionada por un 83% de los encuestados entre sus dos principales preferencias. Muy por detrás aparecen aumentar impuestos (32%), reducir programas sociales (28%) y disminuir la inversión pública en infraestructura (27%).

Asimismo, un 49% sostuvo que el Gobierno debería realizar mayores esfuerzos para contener el alza de los combustibles aunque ello deteriore las finanzas públicas, mientras que un 17% cree que la situación fiscal impide adoptar ese tipo de medidas.

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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exsubsecretario del Interior y abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, se refirió a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno en materia de migración. Además, abordó la propuesta del Registro de Vándalos e Incivilidades y la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En primer lugar, analizó la reforma constitucional que busca impulsar el Ejecutivo para ampliar de cinco a 60 días el plazo de retención de migrantes irregulares con órdenes de expulsión pendientes. Destacó que tiene posibilidad de prórroga hasta 180 días y que es necesario considerar las condiciones de privación de libertad en que se mantendrían esas personas. 

“Para tener 180 días o 60 días a personas migrantes, a mujeres con niños, a hombres, etc., usted tiene que, al menos, garantizar lugares que puedan segregar a hombres y mujeres; si no, van a haber abusos sexuales gravísimos. Tiene que asegurar lugares adecuados para niños, agua, alimentación, camas, porque supongo que no los van a tratar en completa indignidad. Eso implica construir cárceles, en otras palabras”, profundizó. 

 

En línea con lo anterior, cuestionó: “¿Hay plata o no hay plata? ¿Se van a construir cárceles en el norte, en medio del desierto, con gendarmes, con los cuidados, con la producción de agua, de baños, etc., etc., para que las personas estén ahí?”. 

Correa señaló que, a su juicio, lo que busca el Ejecutivo es “juntar gente para poder enviar (vuelos) charter, eso es todo. O sea, usted no necesita tenerlos 60 días para expulsarlos, necesita dos días para expulsarlos. Lo que no quieren es mandarlos en un avión comercial fuera de Chile, porque les puede salir un poco más caro. Y la pregunta es si no les va a salir más caro la construcción de las cárceles”. 

Calificó la medida como “un despropósito, una cosa tirada de las mechas, destinada a producir más popularidad, pero que no tiene ninguna viabilidad real”.

El abogado constitucionalista indicó que detrás de esta medida “lo que hay es una pérdida de libertad, y eso sin un ilícito que lo merezca, que haya sido investigado y sancionado por un juez”. 

“Es bien loco. Eso se llama campos de concentración y de prisioneros. Póngale el nombre que usted quiera, lo van a llamar campos de concentración, y los otros lo van a llamar lugares de retención”, expuso.

Presidente José Antonio Kast junto a autoridades del Ejército y el Congreso Nacional en la frontera norte. Foto: Gobierno de Chile.

“El hecho concreto es que es privación de libertad. Y la pregunta es, ¿con qué condiciones compatibles con la dignidad humana? Porque una cosa es que sean extranjeros, y otra cosa es que no sean personas, ¿no?”, planteó. 

La exautoridad enfatizó que: “Más que una crítica moral, me parece a mí que hay que preguntarles, ¿oiga, señor, usted va a construir cárceles? ¿O vamos a transformarnos en animales que tratan indignamente a estas personas? ¿Los vamos a tratar con dignidad? Ok, entonces hay que construir una cárcel, pues”. 

“Siempre está el riesgo de transformar a un grupo en enemigo de la patria. Eso ocurrió muchas veces en la historia; ocurrió en la historia de Chile, y yo creo que estamos al borde de construirlo nuevamente en Chile, sobre la base de imaginarnos que los migrantes son todos miembros de bandas criminales peligrosísimas, cuando la vasta mayoría son personas que han huido de lugares en los que su vida estaba en peligro, o no veían ningún horizonte de desarrollo personal, y han migrado. Por lo tanto, tenemos que ser estrictos, pero también tener una cierta compasión humana, porque si no, nos transformamos nosotros en indignos”, aseveró el abogado.

Punto de prensa del Presidente José Antonio Kast en el norte, junto a ministros y otras autoridades del Estado. Foto: Captura de Mediabanco.

Registro de Vándalos

Respecto a la propuesta de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades que busca impulsar el Gobierno, el exsubsecretario del Interior aseguró: “Me parecen muy torpes las sanciones”.

Asimismo, afirmó que no tiene sentido sancionar personas jóvenes con el retiro de la PGU y que quitar la gratuidad “impulsa carreras delictuales”.

“Estos anuncios no van a pasar, son anuncios para la galería, pero que no tienen posibilidad porque el Gobierno no tiene la mayoría para hacer reformas constitucionales”, advirtió el abogado. 

AC contra Grau

En cuanto a la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, Correa Sutil cuestionó que “estimar mal los ingresos fiscales para un ministro de Hacienda es un error que merece crítica y puede merecer repudio, pero no veo la infracción de ley”. 

“Por ejemplo, se dice que esto infringe los principios, la acusación dice, ‘esto infringe la probidad e infringe la transparencia’. Bueno, la transparencia no la puede infringir porque los informes eran públicos. O sea, los informes fueron conocidos por el ministro, pero también por el Congreso Nacional. Y el Congreso sabía que había una discordancia entre la estimación del ministro y la estimación del FMI. Entonces, la infracción también la habría cometido el Congreso Nacional”, sostuvo el abogado. 

En la misma línea, aseguró que tampoco diagnostica un problema con la probidad, porque “el ministro no mintió, no dijo, ‘mire, el FMI dijo que la estimación tenía que ser 15 y yo la escondí y dije 10’. No, el ministro hizo una estimación distinta al FMI y se equivocó. Por lo tanto, es criticable, pero no es un ilícito”. 

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El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue recibido este miércoles como un héroe en la capital de Somalia, luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos le impidieran ingresar al país cuando viajaba para participar en el Mundial de fútbol que comienza este jueves.

Decenas de personas, entre aficionados, periodistas y autoridades, llegaron hasta el Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Aden Adde para darle la bienvenida al juez, quien debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo.

Vestido con un buzo oficial de la FIFA, Artan recibió flores y una bandera nacional que terminó utilizando como capa durante el homenaje.

Lejos de mostrar frustración por lo ocurrido, el árbitro afirmó que continuará trabajando para alcanzar nuevas metas. “No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, señaló en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

“Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”, agregó.

Artan también agradeció las numerosas muestras de apoyo que recibió tras conocerse la decisión de las autoridades estadounidenses de impedir su ingreso al país.

El respaldo se extendió a distintas autoridades del gobierno somalí. El ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, destacó que el árbitro “ha elevado el nombre del pueblo somalí” y sostuvo que este episodio no frenará su carrera profesional.

En la misma línea, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, manifestó su deseo de que Artan llegue a convertirse en “el mejor árbitro del mundo”.

Polémica por la negativa de ingreso

El caso generó una fuerte reacción en Somalia después de que el pasado 6 de junio las autoridades migratorias estadounidenses impidieran la entrada del árbitro tras aterrizar en Miami en un vuelo procedente de Estambul.

Según explicó un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Artan fue considerado “inadmisible” debido a problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

La decisión provocó críticas por parte del gobierno somalí, que calificó el hecho como “lamentable” y anunció gestiones diplomáticas ante Washington y la FIFA para solicitar explicaciones.

El árbitro había sido distinguido como mejor juez masculino de 2025 por la Confederación Africana de Fútbol y estaba llamado a convertirse en el primer representante de Somalia en dirigir un encuentro de la Copa del Mundo.

El torneo se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, respondió al expresidente Gabriel Boric por sus críticas a los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE): “Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno”, dijo en referencia a la promesa de condonación que el exmandatario no materializó durante su administración.

El cruce entre el Gobierno y el expresidente Boric se produjo luego de que este último cuestionara los embargos realizados por la Tesorería a deudores del CAE. A través de su cuenta en X, Boric acusó una contradicción de la derecha: votar contra el levantamiento del secreto bancario y, a la vez, apoyar estas medidas de cobranza.

El exmandatario también responsabilizó a la oposición de haber frenado el proyecto para reemplazar el CAE, el FES (Financiamiento Público para la Educación Superior), y pidió a la oposición impulsar medidas para aliviar la deuda de los afectados.

Ante esos dichos, el biministro Claudio Alvarado salió al paso de los cuestionamientos y separó la discusión del CAE del secreto bancario. “Son dos cosas totalmente distintas”, afirmó.

Biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Foto: Aton.

“Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno”, enfatizó.

Alvarado atribuyó parte del actual nivel de morosidad a esa promesa incumplida. “Cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice ‘dejo de pagar’. Gran parte del problema también está motivada por esa promesa”, sostuvo.

Consultado sobre si las declaraciones de Boric fueron injustas, el secretario de Estado evitó calificar sus dichos. “Solamente decir que este gobierno es un gobierno serio, un gobierno responsable y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos”, señaló.

En cuanto a los embargos en particular, Alvarado recordó que la Tesorería está facultada a embargar cuentas corrientes como “medida precautoria, que está establecida en todo tipo de cobranzas de carácter judicial”. “El Estado está en el legítimo derecho de recuperar plata que corresponde”, aseveró.

Así, Alvarado descartó que exista contradicción entre la postura del oficialismo en el Congreso y las acciones de la Tesorería, y reiteró que el foco está en recuperar recursos para el Estado.

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La figura de Claudio Monteverdi (1567-1643), el gran compositor italiano que abrió las puertas del Barroco, propiciará una colaboración entre dos de las instituciones más respetadas del circuito de música de tradición escrita: Syntagma Musicum, el grupo de música antigua de la Usach, y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, agrupación con más de 25 años de trayectoria en el ámbito coral.

Bajo el título “Luces y sombras del amor”, ambos elencos ofrecerán un programa que tendrá funciones en sus escenarios habituales: el miércoles 17 (19:30 horas, entradas disponibles en Ticketplus) en la Gran Sala Sinfónica Nacional y el miércoles 24 (19:30 horas, entradas gratis en Portaltickets) en el Teatro Aula Magna Usach.

“Esta colaboración nos permite interpretar un repertorio en el cual ambos elencos se complementan muy bien. Además, es importante resaltar el aporte de dos universidades importantísimas en nuestro país, instituciones estatales en donde el arte y la música se han desarrollado ampliamente”, señaló Jaime Carter, director de Syntagma Musicum Usach.

“El desarrollo que ha tenido VM20 ha sido un gran avance para la cultura nacional, especialmente por la Gran Sala Sinfónica Nacional, uno de los escenarios más importantes de nuestro país en la actualidad y uno de los espacios más deseados para hacer música. Para Syntagma Musicum Usach será muy gratificante conocer esta sala desde la vivencia musical y para la Camerata Vocal también será interesante, ya que no se han presentado en nuestra universidad”, agregó.

Camerata Vocal de la Universidad de Chile. Foto: CEAC.

En ambas ocasiones, el programa estará centrado en madrigales de Claudio Monteverdi, que serán interpretados por Syntagma Musicum Usach junto a la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, dirigida por Juan Pablo Villarroel. Además, el repertorio contempla fragmentos de las óperas “Orfeo” (1607) y “La coronación de Popea” (1643), así como un par de piezas de autores contemporáneos, como Salomone Rossi (c. 1570-1630) y Tarquinio Merula (1595-1665).

“Los madrigales siempre son un desafío para todo coro, ya que invitan a desarrollar la parte expresiva y dramática. De alguna forma, son como una ópera sin escenografía ni movimiento, pero con la misma carga emotiva. La imagen de Monteverdi es señera por lo que representa para la historia de la música occidental. En él se cristalizan los cambios que van a dejar atrás el Renacimiento y van a iniciar el Barroco”, explicó Carter.

Los conciertos con la Camerata Vocal de la Universidad de Chile están entre los hitos de la temporada 2026 de Syntagma Musicum Usach, marcada precisamente por la colaboración con otros artistas e instituciones. A lo largo del año, el elenco también compartirá escenario con el Coro Madrigalista Usach y estrenará una obra del compositor chileno Tomás Brantmayer. Asimismo, algnos de sus integrantes se incorporaron como profesores a la Academia de Música Antigua, desarrollada en conjunto entre la Usach y la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada.

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En el Centro Histórico de la Ciudad de México, intentar llegar al Zócalo se asemeja a estar en un laberinto. Las calles que rodean la plaza capitalina están cerradas, y se esperan casi 3.500 policías para vigilar el Fan Fest, donde llegarán 60.000 personas cada día para ver los partidos. Dulce Chacón es vendedora aquí desde niña.

“El Centro Histórico es muy bonito, aquí lo que pasa es que ahorita sí está muy caótico y hay muchísima gente. Y para mí se me hace muy inseguro, porque además los policías no nos ayudarán mucho”, asegura.

Además de los sistemas antidrones, helicópteros y otros vehículos de combate, el llamado Plan Kukulcán contempla un despliegue de más de 11.000 agentes en las tres sedes del Mundial, de los cuales el 60% estará movilizado alrededor del Estadio Azteca.

“Cuando llegas a un kilómetro y medio del estadio, inicia el perímetro por los elementos de seguridad, te exigen mostrar una acreditación oficial de la FIFA, o que vives dentro del perímetro. Y una vez pasas el perímetro, sigue habiendo muchísimos más elementos en puntos clave para estar haciendo distintas verificaciones dentro del perímetro”, explica Jeshua Campesino, que vive en el centro y trabaja en el estadio.

Este operativo, llamado Última Milla, estará activo durante los días de partido. Sólo cuatro se jugarán en la Ciudad de México, y 13 en total en el país.

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El verdadero problema: dejar de moverse

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este miércoles a Irán de “tardar demasiado” en el proceso de negociaciones y ha advertido de que “ahora tendrán que pagar las consecuencias“. La advertencia se da horas después de un nuevo intercambio de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y en medio del proceso de conversaciones mediado por Pakistán.

“Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Próximo está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!“, ha señalado el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, ha subrayado que “el Ejército iraní es un completo desastre“. “Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados”, ha apuntado, sin especificar si esto implica que Estados Unidos lanzará nuevos ataques contra el país asiático.

Las palabras de Trump llegan después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos confirmara a última hora del martes ataques “con munición de precisión” contra distintos puntos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, alegando que se trata de una acción “en legítima defensa” después de que un helicóptero militar se estrellara en la zona, un incidente calificado de “derribo” por el propio Trump.

En respuesta, Irán ha reivindicado una oleada de ataques con drones y misiles contra bases estadounidenses en la región, tras lo que Jordania y Bahréin han confirmado interceptaciones en sus espacios aéreos, mientras que Kuwait ha activado sus sistemas de defensa antiaérea, sin más detalles sobre posibles víctimas o daños.

Estos nuevos enfrentamientos han tenido lugar después de que Trump asegurara el martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Oriente Próximo están “en la recta final” y adelantara que podría terminar de cerrarse “en dos o tres días”, después del intercambio de ataques entre las fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes.

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El expresidente Gabriel Boric rechazó los embargos de dinero desde cuentas bancarias que en los últimos días han sufrido algunos deudores de Crédito con Aval del Estado (CAE), ejecutados por la Tesorería General de la República.

Además, a través de su cuenta en X, acusó una contradicción de la derecha luego del rechazo al levantamiento del secreto bancario.

Boric también responsabilizó a la derecha de haberse opuesto al proyecto que él presentó y que buscaba reemplazar el CAE por el FES (Financiamiento Público para la Educación Superior).

También pidió a la oposición que impulse medidas para aliviar las obligaciones de los deudores.

Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que…

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 10, 2026

“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, escribió el exmandatario.

Añadió que “hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”.

Gabriel Boric se preguntó además: “¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”.

El exmandatario indicó que le entregaba su “solidaridad a quienes hoy ven y viven con estupefacción estas inaceptables contradicciones de la política”.

“Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna. Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”, cerró en redes sociales quien entregó el poder a José Antonio Kast el pasado 11 de marzo.

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La bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista (PC) ingresó un proyecto para derogar parte de la Ley Nain-Retamal, cuando el debate sobre seguridad pública continúa acaparando el debate nacional.

Según publica hoy El Mercurio, la presentación de la iniciativa quedó a cargo de la parlamentaria Lorena Pizarro, y lo más probable es que sea remitida a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Los impulsores de esta propuesta recordaron que durante la tramitación de la ley, una parte de la academia y organizaciones de DD.HH. alertaron acerca de algunos de sus aspectos que podían tener efectos adversos en el acceso a la justicia por parte de víctimas de agentes del Estado.

Entre esos puntos está la figura de la legítima defensa que protege a policías y a gendarmes cuando emplean su armamento para proteger la integridad de terceros o de ellos mismos en tareas de orden público.

La propuesta del PC busca derogar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa. También apunta a restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos, ilícitos que pueden atribuirse a policías y a otros agentes del Estado.

La Ley N° 21.560 fue promulgada en abril de 2023 para fortalecer la protección de policías y de gendarmes en el ejercicio de sus tareas.

Lleva los apellidos dos carabineros asesinados en actos de servicio, el cabo Eugenio Nain y el sargento Carlos Retamal.

Esta norma legal surgió tras un intenso debate en el Congreso, principalmente por la manera en la que el PC y el Frente Amplio se opusieron a algunos de sus aspectos específicos.

Desde el PC negaron que quieran eliminar o restringir la legítima defensa consagrada en el ordenamiento jurídico. Y agregaron que sólo desean restablecer un régimen general aplicable a todas las personas, al eliminar un estatuto excepcional, que es la legítima defensa privilegiada, que de acuerdo a ellos altera los principios de igualdad ante la ley, responsabilidad penal individual y control jurisdiccional efectivo del uso de la fuerza.

Uno de los gestores de la Ley Nain-Retamal, el hoy senador de RN Andrés Longton, cuestionó la propuesta del PC.

“La Ley Nain-Retamal ha sido una garantía para que nuestras policías y Gendarmería tengan el amparo legal y político suficiente para no ser perseguidos cuando utilizan legítimamente la fuerza. Cualquier retroceso va a ser devolver a Chile a esos años oscuros en los que nuestras policías eran violentadas y, lamentablemente, inhibidas en el actuar precisamente por la debilidad legislativa… Esta ley fue un gran logro para Chile y para la seguridad de los chilenos, y cualquier retroceso será fuertemente impedido en el Congreso”, señaló el parlamentario.

La diputada Lorena Pizarro indicó que “algunos artículos hoy dejan en la indefensión a la población civil, fundamentalmente a la víctima que además de ser agredida por un agente del Estado, tiene que demostrar al denunciar que fue agredida por tal agente del Estado. En pocas palabras, la carga de la prueba la debe hacer la víctima, lo que es casi imposible”.

Nathalie Castillo, también diputada del PC, añadió que es urgente hacerle cambios a la Ley Nain-Retamal, argumentando que “en la reciente movilización de la Confech tuvimos números inciertos respecto de manifestantes con lesiones graves gravísimas, y también trabajadores y trabajadoras de la prensa. Nueve de ellos resultaron con lesiones de diversas categorías. Hoy tenemos una norma que raya en la impunidad”.

Y la diputada socialista Carolina Cucumides declaró que “así como también tenemos que hacernos cargo de las policías y del resguardo de quienes están detrás del uniforme, debemos hacernos cargo de la gran ciudadanía y la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que salen a protestar en forma pacífica”.

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La ley “Escuelas protegidas” se presenta como una respuesta urgente a la violencia escolar. Pero la evidencia que hemos recogido en establecimientos escolares del país muestra que un enfoque centrado en el control y la sanción no solo es insuficiente, sino que arriesga profundizar la fragmentación de las comunidades educativas que dice querer proteger.

Los problemas de violencia en el contexto educativo requieren una respuesta sistémica. Así lo evidencian de manera consistente las investigaciones internacionales, lo viven cotidianamente las comunidades escolares y lo confirman también los datos. Sin embargo, la ley “Escuelas Protegidas” parece dejar en segundo plano esta dimensión sistémica para centrarse casi exclusivamente en respuestas de carácter punitivo. La discusión de fondo, entonces, no radica en si debemos actuar, sino en qué tipo de respuestas impulsamos, desde qué supuestos comprendemos el problema y cuáles son las implicancias de estas decisiones para el propósito formativo y democrático de las escuelas en la sociedad.

Con un equipo liderado por la Universidad de O’Higgins desarrollamos un diagnóstico de la convivencia escolar en los establecimientos administrados por los primeros once Servicios Locales de Educación Pública. Combinamos análisis cuantitativos de los cuestionarios SIMCE con grupos focales y entrevistas con directivos, encargados de convivencia y equipos de los SLEP. Los hallazgos son claros e incómodos para la ley “Escuelas Protegidas”, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahora debe ser revisada por el Tribunal Constitucional.

Conflicto no es violencia

La primera confusión que el debate público arrastra y que esta ley reproduce es tratar conflicto y violencia como sinónimos. No lo son. La violencia implica daño físico o psicológico y, por supuesto, requiere respuestas firmes y proporcionales. El conflicto, en cambio, es una condición inherente a toda vida en común: donde hay dos o más personas, hay diferencias e intereses en tensión. Pretender una escuela sin conflictos no solo es ingenuo, es contrario a su propósito formativo. Nuestros datos muestran que los establecimientos educativos gestionan los conflictos y son un espacio donde niñas, niños y jóvenes aprenden a vivir con otros. La pregunta correcta no es cómo eliminarlos, sino cómo gestionarlos para que no escalen hacia la violencia.

La ley “Escuelas Protegidas” opta por una lógica fundamentalmente reactiva y de control: detectar, registrar, sancionar. Es una respuesta legítima frente a casos graves, que involucran uso de armas, delitos y agresiones serias, que sin duda existen y que las escuelas hoy enfrentan con escasos apoyos. El problema es que esa misma lógica se extiende para regular zonas del comportamiento escolar que son, en rigor, parte del proceso formativo: el uso de vestimentas, la interrupción de clases, las disputas cotidianas en el aula. Cuando todo se mira con lentes de seguridad, todo se vuelve sospecha. Así, esta legislación arriesga dañar lo que se quiere proteger.

Lo que dicen las escuelas (y los datos)

Nuestro estudio identificó tres grandes focos de tensión en la convivencia postpandemia: el deterioro del bienestar socioemocional de estudiantes y docentes, la complejización de los conflictos – incluyendo consumo y tráfico de drogas, violencia vinculada al entorno barrial y, en algunos territorios, porte de armas -, y la expansión de la conflictividad al ámbito digital, donde las redes sociales reproducen y amplifican hostilidades que luego aterrizan en el patio. Las estudiantes mujeres de enseñanza media, en particular, reportan percepciones más críticas sobre cómo se gestiona la violencia en sus establecimientos.

Frente a este escenario, las escuelas no han estado pasivas. Han actualizado protocolos, organizado actividades comunitarias, abierto espacios de participación estudiantil y desplegado prácticas pedagógicas innovadoras desde sus propios contextos. Lo que repiten una y otra vez, sin embargo, es lo mismo: faltan tiempo, recursos, formación específica y acompañamiento técnico sostenido; faltan también redes intersectoriales que funcionen cuando un caso desborda la capacidad escolar. Por otro lado, sabemos que estos casos extremos de violencia responden a causas diversas, como falta de atención oportuna en salud mental para jóvenes y sus familias, nulo acceso a espacios recreativos, deporte, arte o música en sus comunidades y vecindarios.

Nada de eso está en esta ley. Ni una línea sobre fortalecimiento de equipos de convivencia, formación docente en gestión formativa de conflictos, financiamiento para redes territoriales, salud mental escolar o apoyo a los liderazgos intermedios que el sistema ya tiene instalados (Servicios Locales de Educación Pública). Tampoco se señala nada en cuanto al apoyo a los estudiantes involucrados: un joven de 15 años que comete un acto de violencia siempre es una señal de alerta de un problema mayor que se viene incubando desde hace tiempo. Es un proyecto de ley que dice querer proteger a las escuelas sin dotarlas de aquello que estas han pedido para cuidarse y protegerse. Asimismo, no protege a los jóvenes, ni a las víctimas ni a los victimarios. Entonces nos preguntamos: ¿a quién protege esta escuela protegida?

¿Escuela protegida o escuela fragmentada?

La evidencia internacional sobre políticas punitivas y de tolerancia cero en las escuelas es consistente: no disuaden las conductas problemáticas y, en cambio, se asocian con riesgos significativos para la salud y el desarrollo del estudiantado. En Estados Unidos, la investigación muestra incluso que las suspensiones escolares predicen un aumento posterior de conductas delictivas en los mismos estudiantes sancionados. En el contexto chileno, los riesgos se amplifican: deterioro del vínculo pedagógico, mayor deserción escolar y profundización de la percepción negativa hacia la educación pública, justo donde las brechas de equidad ya son más agudas.

Lo que está en juego es la confianza. Cuando un estudiante entra todos los días a un espacio donde puede ser registrado, donde su palabra vale menos que el relato escrito de un adulto que ahora tiene carácter de antecedente suficiente, y donde cierta vestimenta opera como presunción de peligro, lo que se erosiona no es la conducta problemática: es el vínculo que hace posible enseñar y aprender. Y sin ese vínculo, la escuela deja de ser escuela.

Particularmente preocupante es la combinación de los siguientes elementos de “Escuelas Protegidas”. Primero, la habilitación para que Carabineros y la PDI ingresen a un establecimiento a registrar a un estudiante sin orden del fiscal cuando este se niega a la revisión y su apoderado no acude. Segundo, la incorporación como falta grave de “aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de las clases”, una redacción amplísima que puede capturar desde una crisis de desregulación emocional hasta una movilización estudiantil. Y tercero, la pérdida temporal de la gratuidad en educación superior para quienes ya han recibido una condena por haber cometido delitos, es una sanción adicional que puede afectar negativamente la trayectoria educativa y oportunidades sociales futuras de las personas.

Sin una comprensión y una legislación sistémicas del problema de la violencia en un país como Chile, con un sistema educativo altamente privatizado y socioeconómicamente segregado, se corre el riesgo de reforzar la exclusión de los mismos de siempre.

Se han introducido correcciones relevantes en algunos de estos puntos, como excluir las crisis emocionales y las condiciones de salud, el neurodesarrollo o la discapacidad de las sanciones por interrupción de clases; acotar la inhabilidad para la gratuidad a cinco años y solo para mayores de edad; y precisar el procedimiento de revisión. Son ajustes que reflejan una preocupación legítima por los derechos en juego. Pero no cambian la pregunta de fondo: ¿qué tipo de escuela estamos construyendo cuando legislamos casi exclusivamente desde la lógica de la seguridad? ¿A quién protege la escuela protegida?

Hay una paradoja en el corazón de esta ley. Para responder a la violencia, se instalan dispositivos que tensionan los vínculos al interior de la comunidad educativa: docentes investidos de autoridad, cuya palabra basta para abrir procedimientos disciplinarios; estudiantes objeto de revisión; apoderados convocados como contraparte cuando hay negativa; policías que ingresan al establecimiento. Cada uno de estos actores se sitúa en una posición que dificulta precisamente aquello que la convivencia democrática requiere: relaciones horizontales, diálogo y corresponsabilidad. La Ley refuerza una autoridad pedagógica entendida como verticalidad, justo cuando la evidencia muestra que los liderazgos escolares más efectivos son aquellos que distribuyen responsabilidades, construyen confianza y promueven la participación estudiantil.

No hay escuela protegida sin un sistema que proteja

Un abordaje serio de los problemas de convivencia escolar tiene que partir reconociendo que el fenómeno es estructural, territorial y diferenciado: no se gestiona igual en una escuela rural unidocente del sur que en un liceo emblemático de la capital. Tendría que invertir en formación inicial y continua de docentes y directivos en enfoques restaurativos, regulación emocional y convivencia digital. Tendría que fortalecer el rol del/a encargado/a de convivencia escolar con dotaciones suficientes, estabilidad contractual y tiempo protegido para el trabajo preventivo. Tendría que consolidar los Servicios Locales de Educación Pública como un dispositivo localizado, de manera estratégica, para acompañar en terreno, articular redes intersectoriales y sostener procesos a mediano plazo. Tendría que garantizar el acceso oportuno a salud mental escolar.

Nada de lo anterior requiere oponerse a que haya sanciones cuando las haya que haber. La convivencia pacífica y la convivencia democrática no son alternativas excluyentes: son dos caras del mismo proyecto educativo. El problema es que cuando una cara se hipertrofia, la otra desaparece. Y lo que nos queda no es una escuela protegida, sino una escuela vigilada.

El avance de la ley “Escuelas Protegidas” nos pone ante preguntas que no son solo técnicas, sino también sobre qué clase de comunidad queremos que sean nuestras escuelas. Esta respuesta será también la respuesta sobre el tipo de sociedad que esta ley construye. Una respuesta seria a la violencia escolar pasa por reconocer que la protección verdadera no se construye levantando muros internos, sino tejiendo los vínculos que ya están desgastados. Eso cuesta más, demora más y se ve menos en una foto. Pero es lo único que funciona.

Manuela Mendoza Horvitz, académica del Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de O’Higgins y Romina Madrid Miranda, senior Lecturer en Liderazgo Educativo, University of Stirling.

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La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en nuestras comunidades científicas acompañada de ofertas difíciles de ignorar: lee y resume grandes cantidades de documentos, detecta patrones latentes, formula hipótesis preliminares, confronta argumentos, apoya revisiones sistemáticas y puede contribuir a ejercicios de metaanálisis mediante la comparación de resultados acumulados en múltiples investigaciones. Además, asiste a tareas que requieren mucho esfuerzo y demandan tiempos que hoy son cada vez más escasos. Esos aportes son atractivos: alivian la preparación de clases y charlas, agilizan las postulaciones a proyectos, aceleran las publicaciones y facilitan el cumplimiento de las exigencias de productividad que rigen nuestra supervivencia académica.

Pero conviene evitar un entusiasmo acrítico. Ciertamente, la IA amplía nuestras capacidades cognitivas, pero eso no la convierte, hasta ahora, en un “sujeto que piensa”. Puede procesar mucha información, pero no decide por sí misma qué resulta relevante en un mundo socialmente significativo. Puede apoyar eficientemente el trabajo de investigadores/as, pero no reemplaza su juicio ni su capacidad interpretativa, ni los libera de su responsabilidad intelectual.

La distinción es importante: no estamos, hasta donde hoy disponemos, ante dispositivos dotados de la capacidad de observar autónomamente el mundo desde una posición exterior o superior. Tenemos, más bien, megaprogramas entrenados sobre enormes sedimentaciones de comunicaciones previas; esto significa que trabajan con materiales que ya se han producido en la sociedad. Heredan conocimientos y, por lo tanto, también pueden reproducir, amplificar o estabilizar sesgos, omisiones, lenguajes dominantes, categorías naturalizadas y jerarquías establecidas. Su potencia combinatoria no equivale, por sí misma, a la capacidad de advertir qué vacíos cognitivos son relevantes.

Como lo hicieron antes las bibliotecas, los archivos, las bases estadísticas, las bases de datos o los programas de análisis, la IA está modificando las condiciones de producción de conocimiento. Su valor, hasta el momento, está en operar como una infraestructura cognitiva. Lo que marca su diferencia es que esa infraestructura no solo recupera y almacena información, sino que también redacta, sugiere, argumenta y produce textos argumentativamente verosímiles. Justamente allí se sitúan sus principales debilidades, riesgos y peligros.

Cuando se soslayan sus riesgos, el peligro no consiste simplemente en que la IA se equivoque, simule o distorsione. Eso ya lo sabemos. Puede inventar referencias, producir afirmaciones plausibles pero débiles, exagerar conclusiones, amplificar desviaciones, minimizar incertidumbres o transformar asociaciones en explicaciones. Para las ciencias sociales, este problema es especialmente delicado.

Nuestros objetos de estudio no han dejado de ser contingentes e históricos. Comprenderlos exige criterio, contexto, teoría, prudencia interpretativa y responsabilidad. La IA puede detectar regularidades en miles de documentos —también en encuestas, entrevistas y comunicaciones en plataformas mediáticas de todo tipo—, pero no puede acceder por sí misma a una comprensión situada de su sentido: aquella que remite a contextos de experiencia, horizontes de relevancia, formas de interpretación compartidas y condiciones sociales desde las cuales una comunicación adquiere significado.

Esta limitación remite a una discusión ampliamente reconocida en la investigación contemporánea sobre IA. Los especialistas la denominan grounding, es decir, el problema de cómo vincular símbolos, palabras y representaciones con aquello a lo que efectivamente refieren. Se trata de que los sistemas actuales pueden establecer relaciones sofisticadas entre textos, conceptos y comunicaciones, pero ello no implica que comprendan los contextos de experiencia que les confieren significado. En otras palabras, pueden operar sobre descripciones del mundo sin participar directamente en las condiciones que las hacen emerger.

Este desafío ha impulsado nuevas líneas de investigación orientadas a desarrollar sistemas mejor conectados con su entorno mediante modelos del mundo, capacidades multimodales e interacción con ambientes físicos. Sin embargo, permanece abierta la pregunta sobre si esos avances remiten a una limitación técnica progresivamente superable o si estamos frente a una restricción más profunda. Para las ciencias sociales, este punto es decisivo, pues recuerda que lo significativo no surge únicamente de correlaciones entre datos, sino también de contextos históricos, experiencias compartidas y procesos sociales de interpretación, siempre dinámicos y no lineales. Precisamente allí se sitúan las fronteras que separan el procesamiento de información de la comprensión situada del sentido social.

¿De qué se trata todo esto? La IA puede analizar con gran eficacia lo que las personas y organizaciones declaran sobre sus experiencias, pero no puede acceder directamente a ellas ni participar en las condiciones sociales desde las cuales esas experiencias se producen y describen. Una entrevista, una encuesta o un documento no contienen la acción, la emoción o la vivencia “en sí misma”, sino una forma comunicativa de describirla. No se trata, por cierto, de atribuir a la investigación social un acceso inmediato a la experiencia vivida. También ella trabaja con relatos, registros, observaciones, indicadores y reconstrucciones. Su diferencia no reside en superar toda mediación, sino en hacerla metodológicamente visible, teóricamente controlable y reflexivamente discutible. Por eso debemos ser cautelosos: se pueden detectar patrones en esas descripciones, pero no por ello se identifican automáticamente los sentidos o las motivaciones de las acciones.

Por ejemplo, en una investigación que realizamos sobre jubilación académica, los/as entrevistados/as pueden declarar que el factor económico es la razón decisiva para postergar el retiro. La IA podría reconocer correctamente la recurrencia de ese argumento en nuestras entrevistas y concluir que el problema central es previsional o financiero. Sin embargo, una observación más cuidadosa puede mostrar que esa explicación económica puede operar también como una justificación socialmente legítima, mientras que otros factores decisivos remiten a dimensiones psicosociales como la pérdida de reconocimiento, el debilitamiento de vínculos, el temor a la irrelevancia, el desanclaje identitario o la ausencia de una arquitectura institucional de transición. Estos aspectos muchas veces solo se expresan en escenarios de mayor confianza, o aparecen de manera lateral, fragmentaria o indirecta; pueden insinuarse en silencios, vacilaciones, inflexiones de voz, gestos, miradas o frases inconclusas, cuando el diseño de investigación permite registrar esas dimensiones no estrictamente textuales.

Algo semejante ocurre cuando se pretende analizar un acontecimiento social situado, como una manifestación en un estadio o en una universidad. La IA puede describir con eficacia lo que se comunica sobre ese acontecimiento —notas de prensa, publicaciones en redes sociales, registros audiovisuales, declaraciones o testimonios— e incluso puede proponer inferencias plausibles a partir de sucesos equivalentes previamente registrados. Pero no accede al suceso “tal como fue” o “tal como está ocurriendo” en toda su complejidad. Incluso cuando trabaja con imágenes, videos o transmisiones, lo hace sobre registros mediados por encuadres, ángulos, cortes, relatos o condiciones técnicas de observación.

El problema no es que las respuestas, testimonios o imágenes sean falsas, sino que son selecciones comunicativas sobre una experiencia o un suceso, no la experiencia ni el suceso en sí mismos. Allí reside un punto ciego: la IA puede procesar con eficacia relatos, declaraciones y formas de atribución de sentido, pero las ciencias sociales no deben olvidar que esas elaboraciones son observaciones de observaciones, no la realidad social observada sin mediaciones.

Ante lo anterior, la disyuntiva no es si debemos usar o no la IA. Esa pregunta llega tarde: la tecnología ya forma parte de nuestro entorno. La pregunta relevante es bajo qué condiciones usarla. Para avanzar en ello se requiere observar sistemáticamente cómo la IA procesa, distingue, selecciona, jerarquiza y, sobre todo, con qué criterios deja algo fuera. Esa tarea exige supervisión humana experta y controles metodológicos. Se requiere observar cómo observa la IA. Esa observación de segundo orden es hoy una condición básica para cualificar sus apoyos.

Aquí las ciencias sociales tienen ventaja: sus debates las han acostumbrado a sospechar de los instrumentos que producen información sobre la realidad. Sabemos que toda observación usa distinciones; que toda clasificación incluye y excluye; que toda descripción organiza el mundo que pretende describir. Esa tradición puede ser decisiva para incorporar la IA sin subordinarse a ella. Desde esa mirada, la cuestión es cómo la IA se acopla con organizaciones —universidades, medios, laboratorios, empresas, Estados y comunidades científicas— que la emplean para seleccionar lo que cuenta como información, problema o evidencia y, desde ahí, la reintroducen en la sociedad a través de decisiones y nuevas comunicaciones.

La consigna no es, entonces, defender las formas de investigación social anteriores a esta tecnología. Tal nostalgia es inútil; su apropiación es recomendable y necesaria. El desafío es construir una investigación social capaz de usar la IA sin perder reflexividad. Así, puede desplegarse como la poderosa infraestructura cognitiva que es: una que será intelectualmente fecunda si permanece inscrita dentro de prácticas críticas, situadas y metodológicamente controladas. Pero si su fluidez discursiva puede hacernos olvidar la diferencia entre descripciones automatizadas y realidad observada, la pregunta decisiva no es si debemos usarla, sino otra: ¿bajo qué condiciones podremos hacerlo sin delegar en ella el juicio crítico que transforma información en conocimiento social relevante y significativo?

Marcelo Arnold-Cathalifaud es Profesor Titular de la Universidad de Chile, especialista en teoría de sistemas sociales, estudios organizacionales y epistemología de las ciencias sociales (marnold@uchile.cl).

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El Senado rechazó la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, con 24 votos a favor y 24 en contra, en el marco de la votación del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El punto pasó a Comisión Mixta.

La necesidad de legislar respecto a esta herramienta resurgió con fuerza durante las últimas semanas tras el escándalo de la “Operación Tokio”, la que expuso que ejecutivos de bancos tenían vínculos con el Tren de Aragua para mover y lavar dineros de operaciones ilegales.

La norma busca permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requiriera directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin autorización judicial previa: cuando se trate de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que provenga de un banco; cuando el ROS esté referido a un funcionario público; y cuando se refiera a una persona jurídica.

Actualmente, el alzamiento del secreto bancario opera principalmente por vía judicial en el marco de investigaciones activas.

La semana pasada la propuesta registró dos empates consecutivos, por lo que esta semana volvió a la Sala del Senado, donde recibió 24 votos a favor y 24 en contra. Por ende, la iniciativa quedó oficialmente rechazada y el proyecto será revisado por una Comisión Mixta compuesta por cinco senadores y cinco diputados.

A favor de la iniciativa votaron los senadores: Pedro Araya, Yasna Provoste, Fabiola Campillai, Claudia Pascual, Karol Cariola, Claudia Pascual, Karim Bianchi, Miguel Ángel Calisto, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Ricardo Celis, Daniella Cicardini, Alfonso De Urresti, Francisco Huenchumilla, Diego Ibáñez, Vlado Mirosevic, Daniel Núñez, Gastón Saavedra, Beatriz Sánchez, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez y Paulina Vodanovic.

Mientras, en contra votaron: Andrea Balladares, Miguel Ángel Becker, Rodolfo Carter, Luciano Cruz-Coke, Rojo Edwards, Camila Flores, Sergio Gahona, María José Gatica, Vanessa Kaiser, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Enrique Lee, Andrés Longton, Javier Macaya, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Gustavo Sanhueza, Arturo Squella, Renzo Trisotti, Ignacio Urrutia, Enrique van Rysselberghe y Cristián Vial.

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En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exsubsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se refirió al proceso de cobro del Crédito con Aval de Estado (CAE) que está ejecutando la Tesorería General de la República, en medio de denuncias de deudores que aseguran les han vaciado sus cuentas corrientes. 

“El hecho de que existan personas que se hayan visto embargadas en la totalidad de sus recursos constituye un hecho que se da por primera vez y es tremendamente preocupante”, indicó el también investigador de la fundación Nodo XXI.

Orellana explicó que esta política “no constituye un esfuerzo sustantivo en la recuperación” de fondos, porque “las personas que ganan más de $3,5 millones son menos del 1% de la población deudora“.

Además, criticó que el propio Gobierno haya reconocido que la información utilizada para identificar los ingresos corresponde al año 2025, lo que ha generado denuncias por falta de claridad.

La situación, indicó la exautoridad, es “inédita y crea preocupación social en la población deudora, pero sobre todo preocupación política en el propio oficialismo“, pues senadores y figuras de distinto pensamiento han manifestado reparos frente a esta acción de cobro.

Oficina de la Tesorería General de la República. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

¿Se podrían haber realizado estos cobros de manera distinta? Según el exsubsecretario de Educación Superior, “los deudores, en general, siempre han dicho que están disponibles para pagar lo justo. Por lo tanto, las políticas de condonación son las más efectivas para recuperar esto”.

Argumentó que, dado que los deudores de altos ingresos son muy pocos, “para recuperar algo de los recursos invertidos se requiere una movilización de pago de la gran mayoría. Pero para que eso ocurra, tienes que tener alguna política de condonación”.

En esa línea, Orellana indicó que su sector ha señalado que “para tener una política global de condonación, que es más efectiva para la recaudación que el miedo, tienes que hacerlo vinculado a un proceso de modernización de la educación superior”. 

Sin embargo, planeó que lo anterior pasa a segundo plano con lo propuesto por el Gobierno. “Estos debates se han ido perdiendo y lo que queda es la sensación de una especie de mano dura que, al parecer, genera rechazo en el propio oficialismo y no logra resolver el problema fiscal”, señaló. 

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: ATON.

“Tengo la impresión de que dejar los salarios en cero no necesariamente fue lo buscado por la autoridad. Acá hay espacio para mejorar y creo que se requieren diálogos y consensos. En estas materias son fundamentales los diálogos y los consensos”, advirtió también. 

La responsabilidad de la administración Boric

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la ministra de Educación, María Paz Arzola, apuntó al Gobierno anterior justamente por hablar de condonación. “A los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar”, dijo. 

En respuesta, el exsubsecretario indicó que “la morosidad viene creciendo de manera estructural desde el año 2015, mucho antes de que siquiera se mencionara la palabra condonación”. 

Lo anterior, aseguró, responde a que “el CAE se pensó para que en su octavo año de operación tuviera 35 mil personas y en la realidad tenía 350 mil”. “Cualquier hecho de la vida cuyo resultado sea 10 veces mayor al planificado, genera problemas estructurales, por lo que esto tiene que ser enfrentado”, sostuvo. 

Ministra de Educación, María Paz Arzola. Foto: Aton.

“Supongamos por un minuto que la ministra Arzola tiene un punto. Entonces, las medidas de cobro coactivo, si queremos resolver el problema, no pueden ser sólo para las personas que ganan más de $3,5 millones, ni siquiera sólo para las personas que ganan más de $1,5 millones, porque las personas que ganan eso no son más del 8 o el 10%, siendo generoso, del total de los deudores”, cuestionó Orellana. 

En esa línea, acusó una “inconsistencia, porque estarías obligado a medidas coactivas con gente que no gana lo que la sociedad pensó en un momento que ganarían los profesionales y ahí hay una contradicción”.

“Esa contradicción tenemos que resolverla entre todos con un consenso. Ahí no basta una medida de cobro coactivo que no es lo suficientemente efectiva para mover la aguja en términos fiscales y además produce mucho miedo y malestar”, aseveró.

Así, la exautoridad puso otro punto sobre la mesa: “Acá hubo grandes empresas, que durante 20, 30 años tuvieron problemas tributarios y se les condonó varios millones de dólares en multas e intereses, por ejemplo, y acá estamos hablando de personas naturales que ejercieron un derecho”.

“Esto requiere un debate y un acuerdo para avanzar en una modernización de la educación superior. No se resuelve con mecanismos coactivos que convocan fundamentalmente a la emoción del miedo, sino que tiene que convocar a la emoción de la responsabilidad y la apertura al futuro”, reflexionó.

Tesorería y deudas por CAE. Foto: TGR.

Según Orellana, en la administración pasada sí se alcanzó un acuerdo, pero un sector de la derecha le quitó el piso. “Parece ser que ya ni siquiera el Gobierno está tratando de diferenciarse del gobierno anterior, sino de hacer un punto en la propia derecha”, afirmó.

Recordó que el expresidente Piñera nunca aplicó estas medidas coactivas y que incluso presentó un proyecto para terminar con el CAE. “Cuando el gobierno del presidente Boric presentó su proyecto, gente cercana a Piñera señaló que era muy parecido”, añadió.

Orellana concluyó que lo que existe es “un desacuerdo al interior de la propia derecha que el Gobierno está tratando de imponer por la vía de los hechos, con una medida que no resuelve el problema fiscal, tampoco plantea una modernización sustantiva de la educación superior y queda como una mano dura inefectiva que provoca malestar y crispa el debate, tanto al interior del oficialismo como con la oposición”.

De esa manera, el exsubsecretario sentenció que “para tener un sistema de educación superior sano se requiere convocar a acuerdos y llegar a entendimientos plurales, porque estas políticas requieren un consenso mayor que no lo dan las medidas administrativas”.

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Este martes se constituyó la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, instancia que quedó conformada mayoritariamente por diputados de oposición. En paralelo, Renovación Nacional (RN) definió una postura de cara al libelo y la oposición reiteró sus críticas a la acción impulsada por republicanos y libertarios.

El sorteo en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio como resultado una comisión de tres diputados de oposición y dos de oficialismo. Se trata de los legisladores Carlos Bianchi de la bancada del PPD, Marcela Hernando del Partido Radical, Alejandro Bernales del Partido Liberal, Joanna Pérez del comité de Renovación Nacional-Evópoli y Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano.

La encargada de presidir la comisión será la diputada Hernando, quien durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric fue compañera de gabinete de Nicolás Grau. Mientras que la representante del distrito 3 (Región de Antofagasta) estaba a cargo de Minería, Grau lideraba la cartera de Economía.

Requerida sobre los pasos a seguir, Hernando detalló que la comisión se reunirá el lunes por la tarde y que ya se está pensando en posibles expositores. “La semana previa a la comparecencia nosotros no podemos entrar al fondo de la acusación. Por lo tanto, los invitados que queremos hacer venir, tienen que venir con el tema técnico propiamente tal, con el tema financiero”, dijo.

“Se ha mencionado dentro de la Comisión a ojalá todos los exministros de Hacienda de los anteriores gobiernos, para que nos puedan ilustrar del tema técnico”, recalcó.

La diputada del Partido Radical y exministra de Minería, Marcela Hernando. Foto: Aton.

La mañana de este martes parte de las miradas se posaron sobre el diputado independiente e integrante de la bancada del PPD, Carlos Bianchi, pues se rumorea que sería una de las voces de centro izquierda que podría apoyar la acusación constitucional.

Consultado al respecto, Bianchi remarcó que actuará con independencia, sin dejarse presionar por los partidos y que estudiará con detención el libelo para determinar cuánto hay de político y cuánto hay de mérito jurídico en la acusación. No obstante, el diputado deslizó la posibilidad de que la situación económica actual no es una responsabilidad del exministro Grau, sino que una consecuencia de la acción de varios ministros de Hacienda.

“¿El señor Grau fue un buen ministro de Hacienda? No, no fue un buen ministro de Hacienda. Al señor Grau se le presentó una oportunidad que le duró siete meses. ¿Es el señor Grau en siete meses, el verdadero responsable de la situación económica o quien antecedió al señor Grau, por haberse ido en un tiempo anterior, evitó una acusación como esta?”, cuestionó.

“Pongamos las cosas con la seriedad y en el contexto que corresponde. No se trata de que esto me guste o no, no se trata de que esto me sirva o no políticamente, se trata de que tenemos que entender que hoy día Chile nos mandata a priorizar un aspecto que es el más relevante, la situación económica en crisis en la que estamos”, enfatizó.

Carlos Bianchi., diputado independiente-PPD.

Por su parte, el diputado Luis Fernando Sánchez —el único integrante de la comisión revisora que es militante de los partidos que impulsaron la acusación— insistió en los argumentos de sus compañeros de colectividad, respecto a que el exministro Grau habría actuado con dolo al calcular erróneamente la proyección de deuda.

“Tenemos un exministro de Hacienda que nosotros sostenemos, es responsable por hacer mal los cálculos a un nivel que lo convierte en una negligencia grave o incluso dolo. No haber calculado bien la deuda, no haber anotado toda la deuda, haber proyectado ingresos que no se cumplieron nunca, haber proyectado un déficit que terminó siendo mucho mayor. Consideramos que las cifras que se ven ahí, el nivel de descalce es tan grande, que es imposible que alguien diga que esto fue simplemente un error de cálculo”, estimó.

La definición de RN

La presentación de la acusación constitucional por parte de republicanos y libertarios generó diferencias al interior del oficialismo. Los primeros en ceder fueron los parlamentarios de la UDI, que si bien no firmaron el libelo, sí votarán a favor cuando se revise en la Sala.

Renovación Nacional, en tanto, estaba ante una disyuntiva. Dos diputados de la colectividad estuvieron entre los firmantes de la acusación, mientras que otros tenían dudas, debido al ambiente de tensión que se podía generar con la oposición.

En ese escenario, el subjefe de la bancada de RN, Eduardo Durán, anunció durante esta jornada que, finalmente, se dará libertad de acción a los parlamentarios y parlamentarias.

El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán. Foto: Aton.

“En el espíritu y la forma de trabajar que tiene nuestro partido, hemos privilegiado considerar la diversidad de opiniones que hay en la bancada. Hay algunos diputados a favor, otros en reflexión y otros esperando, en un proceso reflexivo, de tomar una decisión definitiva”, explicó.

La integrante de la comisión revisora, líder de Demócratas e integrante del comité parlamentario que agrupa a RN y Evópoli, Joana Pérez, es una de las diputadas con dudas. “A mi me habría gustado que esto hubiese sido fruto de un escalamiento. Yo presenté el 22 de marzo una solicitud a la Cámara para una comisión investigadora por estas mismas materias y lamento que no haya tenido firmas transversales”, expresó.

“Creo que estos temas se deben abordar con diálogo, escuchando a las distintas partes, para esclarecer responsabilidades en algo complejo pero que no es fruto de un solo gobierno”, indicó.

Respaldo de economistas a Grau

Desde la oposición rechazaron rotundamente la acusación constitucional y los diputados de los partidos progresistas advirtieron que puede sentar un precedente negativo para la institucionalidad fiscal.

Una opinión similar tuvieron más de 50 economistas de distintas sensibilidades políticas, quienes tras la presentación de la acusación publicaron una carta de apoyo a Nicolás Grau. 

La misiva, firmada por figuras como Harald Beyer, David Bravo, Roberto Zahler, Guillermo Larraín, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Stephany Griffith-Jones, señala que “las proyecciones fiscales y de deuda pública constituyen ejercicios técnicos, que dependen de supuestos acerca de la evolución futura de variables económicas, financieras y fiscales”,

En ese entendido, afirmaron que las diferencias entre proyecciones “son habituales en todos los países y forman parte del debate legítimo propio de la disciplina económica”. Por eso, concluyen que el que los resultados observados se desvíen de lo proyectado “no constituye, por sí mismo, una infracción constitucional”.

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Con la participación de autoridades, representantes del mundo cultural y académico, este martes 9 de junio se lanzó oficialmente la Red Alameda Cultural, una iniciativa que reúne a 52 instituciones culturales, educativas y públicas con el objetivo de fortalecer la difusión de la actividad artística y patrimonial de la capital, además de consolidar al eje Alameda como un corredor cultural de referencia para Santiago.

La presentación se realizó frente a la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile y contó con la presencia del gobernador de Santiago, Claudio Orrego; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba; y la directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort, junto a representantes de las entidades que integran la red.

Uno de los principales hitos anunciados durante la jornada fue la puesta en marcha de la plataforma digital redalamedacultural.cl, sitio web que reúne la programación y oferta cultural de las organizaciones participantes en un solo espacio. La herramienta fue desarrollada con recursos del programa Barrios de Borde, impulsado por la Corporación Regional de Desarrollo y el Gobierno de Santiago, y busca facilitar el acceso ciudadano a panoramas culturales durante todo el año.

Durante la actividad, Orrego destacó que la iniciativa busca dar un nuevo impulso al principal eje urbano de la capital. “Santiago hoy está de fiesta. Estamos lanzando esta Red Alameda Cultural, que reúne a 52 instituciones, entre las cuales hay centros culturales, teatros, bibliotecas, cinco universidades y el Gobierno de Santiago”, afirmó.

En esa misma línea, el gobernador añadió que el proyecto pretende promover la cultura “como un derecho y como parte de la vida en ciudad”, además de reforzar el proceso de recuperación del eje Alameda impulsado a través del Plan Nueva Alameda.

La vicerrectora de la Universidad de Chile, Pilar Barba; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; y la directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort. Foto: Gobernación de Santiago.

En esa línea, sostuvo que las intervenciones urbanas realizadas en los últimos años requerían una dimensión cultural que fortaleciera el uso ciudadano de los espacios. “Hoy tiene ciclovía, paisajismo, está limpia, sin ruido, pero le faltaba más vida. Y esta red viene a darle esa vida”, señaló.

Asimismo, destacó el carácter colaborativo de la iniciativa en un contexto urbano marcado por la fragmentación. “En un mundo y en una ciudad tan fragmentada y tan individualista, este espacio de convergencia y de cooperación es una muy buena noticia”, indicó.

El gobernador igualmente relevó el rol del sitio web y explicó que busca concentrar la programación de las distintas instituciones para acercarla a la ciudadanía. “Lo que pretende es poner en una misma plataforma toda la oferta cultural de las 52 organizaciones a lo largo de la Alameda. Que la gente sepa lo que puede hacer en Santiago, no solamente para el Día del Patrimonio. Durante los 12 meses del año hay actividades maravillosas”, afirmó. “La cultura no es un bien de consumo, es un derecho ciudadano“, agregó.

Actualmente, la red agrupa a instituciones emplazadas en el eje Alameda y sus alrededores, entre ellas centros culturales, museos, bibliotecas, salas de cine, teatros y universidades. Consultado sobre una eventual ampliación de la iniciativa, Orrego respondió que esperan seguir incorporando organizaciones vinculadas al corredor cultural. “Todas las que quedan”, señaló y precisó que las entidades participantes se encuentran distribuidas en distintos puntos del entorno de la Alameda.

La orquesta del CEINA en el lanzamiento de la Red Alameda Cultural. Foto: Gobernación de Santiago.

“Lo importante es que entre todos empujemos la vida cultural; también recuperar un poco la noche de Santiago, que está bastante abandonada y, por supuesto, recuperar la Avenida Alameda para los ciudadanos y no solamente para los autos”, sostuvo.

Por su parte, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, realzó el valor de la iniciativa para la revitalización del centro de la capital. “Yo quisiera enfatizar la importancia de recuperar el espacio público de nuestra ciudad“, señaló. Según explicó, la red complementa las obras urbanas desarrolladas en el marco del Plan Nueva Alameda, incorporando una dimensión cultural destinada a fortalecer la vida comunitaria.

“Estamos dotando de actividad, de una oferta cultural para los vecinos y vecinas de nuestra gran ciudad. Esta es una ciudad inmensa, compleja y queremos invitar a los ciudadanos a retornar al centro de Santiago, a retornar a través de nuestro eje Alameda”, afirmó.

La Red Alameda Cultural contempla además una agenda de trabajo permanente a través de dos comisiones. Una de ellas está enfocada en infraestructura y desarrolla actualmente un preproyecto de señaléticas para fortalecer la identificación del corredor cultural. La segunda se concentra en comunicaciones y ha trabajado en la creación de la identidad visual de la iniciativa, además de coordinar acciones de difusión y vinculación con audiencias.

La orquesta del CEINA en el lanzamiento de la Red Alameda Cultural. Foto: Gobernación de Santiago.

La directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort, destacó que la red surge como una apuesta de largo plazo para fortalecer la colaboración entre instituciones culturales. “Me parece fundamental que tengamos esta iniciativa que nos permita pensar en un futuro, que nos permita pensar en cultura y que nos permita pensar en las ciudadanas y ciudadanos”, señaló.

Respecto de la nueva plataforma, Fort explicó que aún se encuentra en etapa de marcha blanca y continuará incorporando contenidos durante las próximas semanas. “Estamos incluyendo información, estamos enriqueciendo la información, así que los invitamos a que la visiten. Hay de todo: somos una red interdisciplinaria muy diversa. Siempre tenemos actividades gratuitas y también hay actividades que son pagadas”, indicó. “La convocatoria es para que todos se informen y vean la gran cantidad de actividades que estamos haciendo“, concluyó.

Cabe destacar que la Red Alameda Cultural se enmarca en el programa Barrios de Borde, parte del Plan Nueva Alameda, iniciativa que busca revitalizar 11 sectores aledaños al principal eje urbano de la Región Metropolitana, entre ellos Lastarria, París-Londres, Yungay, Matucana, Barrio Universitario y Plaza Italia. Sus impulsores esperan que la articulación entre instituciones culturales, académicas y públicas contribuya a fortalecer la vida cultural de la ciudad y a consolidar la Alameda como uno de los principales polos culturales del país.

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Perú define a su próximo presidente voto a voto, en una elección que ya se instala como una de las más estrechas de su historia reciente, incluso más que la del 2021. Tras más de una década marcada por la inestabilidad —con el infame dato de nueve presidentes en 10 años— el país busca una fórmula que le devuelva gobernabilidad. Sin embargo, la fractura social, polarización política y desconexión territorial se expresa con crudeza en las urnas definiendo la contienda electoral.

El “sorpasso”: el detalle del sistema peruano

Con el 96% de las mesas escrutadas, el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, lidera con una ventaja de apenas 0,056%, es decir, menos de 20 mil votos sobre Keiko Fujimori. Un margen mínimo, que refleja no solo lo ajustado de la contienda, sino también la incertidumbre total sobre el resultado final. De hecho, hasta el 91% del conteo, era Fujimori quien encabezaba la elección, cerca de lograr el “sillón de Pizarro” en su cuarto intento.

Debate presidencial en Perú, donde se enfrentaron la ultraderechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez.

En las primeras horas, la tendencia parecía consolidarse a favor de la hija del exdictador y presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, en los últimos conteos ese objetivo nuevamente comenzó a alejarse progresivamente hasta que se produjo el llamado “sorpasso”, el momento en que Sánchez supera a Fujimori. Un fenómeno que no es casual, sino que responde a la propia estructura del sistema electoral peruano y a la geografía política del país.

La explicación está en el orden en que se procesan los votos. Las primeras actas que ingresan corresponden a zonas urbanas, especialmente Lima y grandes ciudades, donde el sistema electrónico permite una transmisión rápida de resultados. Estas zonas concentran una parte significativa del electorado, casi un tercio del padrón y tienden a favorecer a Fujimori. Por eso, su ventaja inicial fue consistente, con cifras que en la capital superaban el 60% de las preferencias.

Pero a medida que avanza el conteo comienzan a ingresar las actas físicas provenientes de zonas rurales, del sur andino y de territorios de difícil acceso. Estas actas tardan más en llegar, muchas veces transportadas por vías complejas como rutas fluviales, caminos precarios o incluso vuelos especiales. Y es justamente ahí donde el panorama en estas regiones cambia. Históricamente votan por opciones de izquierda.

Casos como Puno, Apurímac o Ayacucho son ilustrativos,pues Sánchez arrasa con porcentajes abrumadores, sobre el 70 e incluso el 80% en algunos departamentos. Incluso hacia el norte, en regiones como Amazonas, el candidato de izquierda logra ventajas importantes. Esto no solo explica el cambio en el resultado, sino que revela una profunda desconexión entre el Perú urbano y el Perú rural.

Ahora bien, también cabe destacar que de los más de 27,3 millones de peruanos convocados a las urnas, el 24,28% no asistió a votar. Si bien el voto es obligatorio, la multa es bastante baja en relación, por ejemplo, al caso chileno. Este nivel de abstención introduce un elemento adicional de análisis sobre la legitimidad social del proceso y el desapego de una parte importante de la ciudadanía frente a la política.

Urna en las elecciones de Perú (archivo). Foto: ONPE.

Por otro lado, a medida de que el conteo se acerca al final, el proceso se vuelve aún más lento y complejo, principalmente por las actas observadas, todos esos documentos con errores, inconsistencias o impugnaciones que no pueden ser incorporados inmediatamente al cómputo. Estas actas deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), lo que introduce una dimensión jurídica al conteo. En un escenario de empate técnico, cada acta se convierte en un elemento decisivo.

En paralelo, el voto en el extranjero se posiciona como un factor que podría mover las balanzas. Representa cerca del 4% del padrón electoral y son cerca de 1 millón de votos que históricamente favorecen a Fujimori. Estos votos llegan a través de valijas diplomáticas y se incorporan en las etapas finales del conteo. Las últimas deberían de llegar mañana 10 junio, lo que podría permitirle recortar la diferencia. Se estima que aún quedan entre 700 mil y 850 mil votos por contabilizar, lo que mantiene completamente abierto el desenlace.

Del llamado al respeto del proceso a la verdadera gobernabilidad

Mientras tanto, las declaraciones de los candidatos apuntan a la cautela. Fujimori ha llamado a la serenidad y a respetar los resultados, señalando que serán sus equipos legales los encargados de revisar cada acta. Sánchez, por su parte, se ha mostrado optimista, pero ha insistido en la necesidad de esperar el conteo total antes de sacar conclusiones. En ambos casos, el mensaje es que la elección aún no está definida.

Observadores internacionales también han intervenido en el debate. Marcela Ríos de Idea Internacional aseguró que existieron errores en el proceso, pero negó la existencia de fraude. El llamado es a respetar la institucionalidad en un contexto especialmente sensible. Las propias autoridades electorales ya anticiparon que el resultado definitivo podría tardar semanas, precisamente para garantizar una legitimidad incuestionable.

Pero más allá del resultado, el problema de fondo sigue intacto. Esta elección no resuelve la crisis estructural del sistema político peruano. La polarización, la debilidad de los partidos, la corrupción sistémica y la fragmentación del Congreso continúan siendo factores determinantes. La elección no cierra un ciclo, más bien expone con mayor claridad las tensiones acumuladas.

Pleno del Congreso de Perú sesionando. Foto: Prensa Congreso de la República del Perú.

De cara a la gobernabilidad, el escenario es particularmente desafiante para ambos candidatos y abre múltiples interrogantes sobre la estabilidad futura del país.

De ganar, Fujimori contaría con una base parlamentaria más sólida, lo que le permitiría articular alianzas y bloquear intentos de destitución, una herramienta que el Congreso ha utilizado con frecuencia en los últimos años. Sin embargo, esa misma fortaleza podría tensionar aún más la relación con sectores que desconfían de una eventual concentración de poder, especialmente considerando los antecedentes del fujimorismo en la política peruana. Su desafío no sería solo gobernar, sino también construir legitimidad en un país profundamente dividido.

Sánchez, en cambio, enfrentaría un escenario aún más complejo. Con un Congreso fragmentado y mayoritariamente adverso, su margen de acción sería limitado desde el primer día. La posibilidad de impulsar reformas estructurales, como cambios constitucionales o políticas económicas de mayor intervención estatal que ha prometido, dependería de su capacidad para negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten su programa. En ese contexto, el riesgo de bloqueo legislativo, parálisis institucional o eventualmente una “moción de censura” es alto. 

A esto se suma a la fragilidad del sistema de partidos en Perú. Las agrupaciones políticas carecen de cohesión interna y disciplina, lo que dificulta la construcción de mayorías estables. Esto obliga al Ejecutivo a negociar constantemente, muchas veces en condiciones de alta volatilidad, donde los acuerdos pueden romperse con facilidad. La gobernabilidad, por tanto, no dependerá únicamente del resultado electoral, sino de la capacidad del próximo presidente para tejer alianzas, contener conflictos sociales y responder a demandas urgentes en un contexto económico y sanitario aún complejo.

Perú vuelve a enfrentarse a su propia paradoja institucional, un sistema donde el Congreso concentra el poder político, pero no asume la responsabilidad de gobernar, y donde el Ejecutivo permanece constantemente bajo amenaza. Una elección que, lejos de resolver la inestabilidad, podría marcar el inicio de una nueva etapa de tensión e incertidumbre.

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La Comisión de Hacienda del Senado continuó este martes con las audiencias sobre la megarreforma impulsada por el Gobierno. En la sesión expusieron el exministro de Hacienda Felipe Larraín; el académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín; el investigador de Horizontal, Juan José Obach, y el investigador del CEP, Jorge Rodríguez, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar el crecimiento económico, pero discreparon sobre los mecanismos propuestos y los riesgos fiscales asociados.

Felipe Larraín sostuvo que el país enfrenta un deterioro económico y fiscal que obliga a adoptar medidas proinversión. “Chile tiene el décimo impuesto corporativo más alto de la OCDE“, recordó el exministro, quien planteó que reducir gradualmente la tasa desde 27% a 23% permitiría mejorar la competitividad y estimular la inversión.

El exsecretario de Estado también defendió el retorno a un sistema plenamente integrado y la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión. A su juicio, “para que la invariabilidad tenga algún efecto, tiene que tener sobre 20 años“.

Felipe Larraín, exministro de hacienda. Foto: Aton.

Una mirada distinta presentó Guillermo Larraín. El académico valoró que el crecimiento económico vuelva al centro de la discusión, pero advirtió que el proyecto “reposa excesivamente en el impacto expansivo de la rebaja tributaria“.

El académico también cuestionó que la desaceleración económica pueda explicarse principalmente por la reforma tributaria de 2014. “El problema es más grande que sólo el problema tributario“, afirmó.

Respecto de la invariabilidad tributaria, señaló que los plazos propuestos son excesivos y sostuvo que entregar garantías por 25 años equivale a otorgar “un seguro gratis“.

Desde Horizontal, Juan José Obach identificó la sostenibilidad fiscal como el principal riesgo de la iniciativa. “Este es el gran riesgo del proyecto por una razón muy simple, porque descansa en ingresos esperados futuros que por su naturaleza son inciertos“, afirmó.

Economista y director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach.

Además, Obach planteó reparos al diseño de la invariabilidad tributaria. “Esta invariabilidad carece de una prima por riesgo”, señaló y agregó que la extensión del beneficio a las interpretaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos también merece revisión.

El investigador también puso el foco en el crédito tributario al empleo formal, cuyo costo estimó en US$1.400 millones anuales en régimen. “Nos obliga a contar con un análisis serio de costo-efectividad“, indicó.

Por su parte, Jorge Rodríguez, investigador del CEP y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, destacó —al igual que Guillermo Larraín— que el proyecto vuelva a poner el crecimiento económico en el debate público, aunque advirtió que incluso si se cumplen todos los supuestos del informe financiero, los resultados seguirían siendo insuficientes para alcanzar las metas planteadas por el Ejecutivo.

“Queda la sensación de que el país quiere crecer un punto más aún de lo que logra este proyecto“, puntualizó.

Jorge Rodríguez, Investigador del Centro de Estudios Públicos y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo.

Rodríguez valoró especialmente las medidas orientadas a reducir la llamada permisología y señaló que se trata de herramientas que podrían elevar la inversión sin generar costos fiscales directos. Sin embargo, planteó que todavía existe espacio para profundizar esos cambios y reducir la judicialización de los proyectos.

Durante la sesión, varios de los expositores coincidieron además en que la rebaja del impuesto corporativo podría tener efectos positivos sobre la inversión, pero insistieron en que la efectividad de la medida dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener la sostenibilidad fiscal y entregar certezas de largo plazo.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció este martes que el Gobierno no alcanzará el equilibrio fiscal al finalizar su administración, una de las principales promesas planteadas al inicio del mandato. En la presentación del Decreto de Política Fiscal, el Ejecutivo estableció una nueva trayectoria que proyecta reducir el déficit estructural desde un 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) este año hasta un 1,5% en 2030, lo que implica que el balance seguirá siendo negativo al cierre del período presidencial.

La hoja de ruta fiscal, elaborada en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, fija metas para los próximos cuatro años y mantiene el ancla de deuda del Gobierno Central como uno de los principales mecanismos para contener el crecimiento del endeudamiento público.

“Este es un instrumento muy relevante que se hace en cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y por medio de él se fijan metas concretas y medibles para el rumbo fiscal que va a tomar el Gobierno de aquí a los siguientes cuatro años“, afirmó el secretario de Estado al comienzo de su presentación.

El decreto establece una disminución gradual del déficit estructural, que pasará de 2,6% del PIB en 2026 a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030. Con ello, el Ejecutivo posterga el objetivo de alcanzar un balance estructural equilibrado para una administración futura.

Ministro Jorge Quiroz en prestación del Decreto de Política Fiscal. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Quiroz sostuvo que la regla de balance estructural y el ancla de deuda operan de manera complementaria para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. “El balance estructural va midiendo el flujo, el exceso de gasto, en este caso, y cómo se va achicando cada año, pero la otra le pone un límite muy claro a la deuda. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-2029“, aseguró.

El ministro también sostuvo que el punto de partida de la actual administración condicionó las metas fiscales. “La situación fiscal que encontramos, al asumir, fue más compleja. Nos encontramos básicamente con una ley de presupuestos desfinanciada, a causa de ingresos sobreestimados y gastos no reconocidos”, cuestionó.

El titular de Hacienda enfatizó que la consolidación fiscal no dependerá únicamente de ajustes presupuestarios, sino también del desempeño de la economía. “Las metas que planteamos hoy día son logrables y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal. Sería muy difícil lograr una consolidación fiscal solamente con los instrumentos usuales que se emplean para ello”, señaló.

En esa línea, aseguró que la recuperación del crecimiento será un factor decisivo. Quiroz agregó que el Gobierno mantendrá una política de racionalización del gasto. “Cada peso que gasta el Estado es un peso de todos los chilenos y vamos a seguir con el celo que hemos mostrado hasta ahora por el cuidado de los recursos que son de todos”, sostuvo.

Ministro Jorge Quiroz presenta el Decreto de Política Fiscal. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

El ministro anunció que el Ejecutivo impulsará una modernización en la gestión de las empresas estatales y una administración más eficiente de los activos fiscales. “Las empresas públicas necesitan una mirada distinta a la que se ha dado en los últimos años, y un énfasis en la eficiencia, en la gestión y en cómo modernizando su configuración podemos avanzar”, afirmó.

Durante la conferencia, Quiroz explicó que las proyecciones fiscales incorporan los efectos de la ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico Social, junto con los desafíos financieros asociados a su implementación.

Asimismo, indicó que parte del mayor endeudamiento autorizado permitirá normalizar el pago a proveedores del Estado. “Mil 500 millones de esos 6 mil 200 van especialmente dirigidos a poder administrar mejor las finanzas públicas, y en particular empezar a cumplir como corresponde con las deudas de proveedores que tiene el Estado”, explicó.

El jefe de la billetera fiscal descartó que la estrategia de austeridad implique una reducción de beneficios sociales y aseguró que el foco estará en mejorar la eficiencia de los programas públicos. En esa línea, sostuvo que “hay beneficios sociales que son muy relevantes, pero se entregan a veces de modo ineficiente o con diseños de programas que no son eficientes“, por lo que ahí estará el “énfasis” del Ejecutivo.

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El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, cuestionó la acusación constitucional presentada por diputados oficialistas contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Advirtió que la iniciativa carece de una justificación política clara y podría terminar perjudicando la propia agenda del Gobierno.

En conversación con Política en Vivo, el académico sostuvo que si bien existe una crítica legítima al manejo de las cuentas fiscales durante la administración anterior, ello no implica necesariamente que corresponda impulsar una acusación constitucional.

“Es evidente que la situación fiscal del país es grave y es indudable, y así ha sido reconocido por distintos personeros, que hubo un manejo fiscal deficitario bajo el gobierno anterior”, afirmó. Sin embargo, agregó que “cuesta suponer, salvo que los hechos sean de otra magnitud, que ameriten una acusación constitucional“.

Así, Alvarado planteó que la iniciativa genera dudas desde el punto de vista político, especialmente considerando el momento que atraviesa el Ejecutivo. “Ha tenido una buena semana. La Cuenta Pública fue bien recibida por la ciudadanía, según han sugerido distintas encuestas, sin embargo, esta acusación trae las prioridades de la agenda pública hacia otro lugar y tampoco colabora al ambiente que, me parece, anhela el país“, señaló.

En esa línea, insistió en que las acusaciones constitucionales deberían volver a ser entendidas como un recurso excepcional. “Son herramientas que contempla la Constitución y es verdad que pueden ser utilizadas, pero no deberían estar en la mente de los parlamentarios como un mecanismo de uso cotidiano, sino realmente como una cuestión de última ratio“, sostuvo.

A juicio del director ejecutivo del IES, la utilización frecuente de este mecanismo ha contribuido al deterioro de la percepción ciudadana sobre la política. “Los diputados que impulsan esta acusación la consideran una cuestión casi de uso de política ordinaria. Y eso al final no le conviene a nadie. Al final, es la política institucional en su conjunto la que se va desacreditando a ojos de la ciudadanía”, afirmó.

Alvarado también cuestionó el efecto que la ofensiva parlamentaria podría tener sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica impulsado por La Moneda. Según explicó, los mismos sectores que respaldan la acusación son partidarios de sacar adelante la principal iniciativa legislativa del Gobierno, por lo que ambas acciones resultan contradictorias.

“Para que el proyecto de Reconstrucción y Reactivación Económica avance en el Congreso se requiere un clima favorable. La acusación constitucional, la verdad, apunta en un sentido contrario”, indicó. Y añadió: “Esto tiene efectos, tiene consecuencias que enrarecen el clima político y el diálogo en el Parlamento. Eso no favorece, sino que más bien dificulta el trámite del proyecto”.

Por ello, aseguró que la estrategia resulta difícil de comprender. “Es algo así como un boomerang que al final termina atentando contra lo que debieran ser los objetivos de los diputados oficialistas”, sostuvo. Asimismo, afirmó que la acusación termina generando efectos políticos opuestos a los que supuestamente busca.

“Son diputados republicanos y también del Partido Nacional Libertario que presentan una acusación cuya supuesta finalidad es reivindicar la crítica al gobierno anterior, pero que en los hechos perjudica la agenda del gobierno actual“, planteó.

El exministro de Economía, Nicolás Grau. Foto: ATON.

Críticas a la lógica de la “barra brava”

Durante la entrevista, Alvarado también especuló respecto de las motivaciones que podrían estar detrás de la iniciativa. “Es probable que algunos de estos parlamentarios tengan la percepción de que, sin este tipo de agendas, ellos no conectan con la ciudadanía”, comentó. Sin embargo, consideró que esa lectura sería equivocada.

“Yo diría que es doblemente errada. Por un lado, porque supone que la ciudadanía se reduce solo a los públicos de nicho más activos políticamente, a la llamada barra brava. Y luego hay un segundo error, que es pensar que la ciudadanía espera este tipo de agenda y no soluciones a los problemas más acuciantes que hay en el día a día“, afirmó.

A su juicio, este tipo de episodios refuerzan una imagen negativa de la política institucional. “¿Qué es lo que uno supondría que esto significa a ojos de la ciudadanía? Bueno, las peleas de los políticos de siempre, que están preocupados de mirarse el ombligo y no de estar apuntando a soluciones a las dificultades de las personas”, sostuvo.

Consultado por las consecuencias que la acusación podría tener en las relaciones entre las distintas fuerzas de derecha, Alvarado relativizó que el principal perjudicado sea Chile Vamos. “Yo entiendo esa lectura, porque además es la más espontánea, pero diría que el que termina desdibujándose y perjudicándose por la presentación de la acusación es el conjunto de los partidos que integran el oficialismo”, afirmó.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participa en reforestación del cerro Colorado, de la comuna de Renca. Foto: Aton Chile

El académico igualmente destacó que el Gobierno ha intentado construir una base política más amplia que la coalición electoral que llevó a Kast a La Moneda y que ese esfuerzo podría verse afectado por este tipo de conflictos.

“El tono del Presidente, en los momentos en que ha sido mejor valorado, es uno que justamente logra conjugar una agenda en la que empuja su ideario y sus prioridades, pero con un tono más propio de un Presidente de la República que levanta un mensaje de alcance nacional. Eso es lo que se desdibuja con la presentación. Se enrarece el ambiente con la presentación de la acusación constitucional”, agregó.

Respecto del futuro de Chile Vamos, Alvarado estimó que su vigencia como coalición deberá ponerse a prueba en los próximos procesos electorales. “La existencia de Chile Vamos como coalición política y electoral se va a poner a prueba en la siguiente elección. Diría que efectivamente hay un manto de incertidumbre al respecto”, sostuvo.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el sexto encuentro ciudadano, Presidente Presente, en Villa Alemana. Foto: Aton Chile.

El clima político y el diálogo en el Senado

Hacia el final de la conversación, el director ejecutivo del IES abordó también el clima político en el Congreso y las posibilidades de alcanzar acuerdos en torno a la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

En ese contexto, criticó la difusión de un panfleto del Partido Socialista que caricaturizaba al Presidente Kast con una nariz de Pinocho. “Lo que ocurrió con este panfleto es bien revelador de que el tipo de ambiente político que estamos comentando a propósito de la acusación constitucional no es exclusivo de ese hecho”, indicó.

Pese a ello, afirmó que todavía existen señales que podrían abrir espacio para acuerdos. “Pareciera que hay una mayor conciencia de que, una vez que estas cosas empiezan a generar ruido, no colaboran y hay que intentar llevar el debate político por cauces un poco más civilizados”, señaló.

No obstante, advirtió que cualquier avance requerirá disposición tanto del Gobierno como de la oposición. “Esto es como el baile: para bailar se requieren dos partes“, sostuvo.

En tanto, llamó a la centroizquierda a definir el rol que pretende desempeñar durante la discusión de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. “El mundo de la centroizquierda debería preguntarse qué papel quiere jugar. Si quiere desempeñar un rol que le ayude a tener alguna presencia pública relevante o si más bien va a seguir una lógica de negar la sal y el agua”, concluyó.

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La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Biobío aprobó de manera unánime este lunes el proyecto minero de tierras raras que la empresa canadiense Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendara dar luz verde a la iniciativa.

La votación se realizó en medio de manifestaciones frente a la Delegación Presidencial Regional, en pleno centro de Concepción, donde organizaciones ambientales, comunidades mapuche, vecinos y vecinas del territorio expresaron su rechazo al proyecto extractivo y denunciaron sus impactos sobre el agua, los ecosistemas, la economía local y la vida comunitaria de la zona.

La instancia fue presidida por el delegado presidencial regional, Julio Anativia, y en la votación participaron los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Transportes, Henry Campos; Vivienda, Luis Villagra; Obras Públicas, José Piña; Desarrollo Social, Daniel Manchileo; Energía, Javier Salamanca; Salud (subrogante), Ernesto Bravo, Jefe de Acción Sanitaria; Medio Ambiente, Mario Delannays; Minería, Daniel Escobar; Agricultura, Francisco Lagos; y Economía, Christian Cifuentes. Todas autoridades designadas por el gobierno de José Antonio Kast, administración que había manifestado respaldo público a la expansión de la minería de tierras raras.

La masiva marcha que antecedió la votación

La aprobación ambiental ocurrió apenas dos días después de una masiva marcha realizada desde Penco a Lirquén, donde cientos de personas recorrieron las calles bajo consignas contra la minería, el extractivismo y la instalación de industrias contaminantes en la Bahía de Concepción.

La movilización, convocada por organizaciones territoriales y ambientales, volvió a evidenciar el persistente rechazo ciudadano al proyecto impulsado por la transnacional Aclara Resources, cuya tramitación ambiental ya había enfrentado cuestionamientos. Diversas agrupaciones recordaron además que en una consulta ciudadana efectuada en 2022 la comunidad manifestó mayoritariamente su oposición a la iniciativa.

Manifestación ciudadana en Penco contra proyecto de tierras. Foto: OLCA.

Comunidades anuncian ofensiva legal y territorial

Camila Arriagada, vocera de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras” —espacio conformado por organizaciones territoriales y ambientales, la Cámara de Comercio, el gremio gastronómico y turístico, juntas vecinales y asociaciones campesinas— señaló que las comunidades ya preparan una estrategia de oposición que combinará acciones legales, administrativas y movilización social sostenida en el territorio.

“La reclamación ante el director ejecutivo del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y también las acciones ante el Tribunal Ambiental son las vías legales y administrativas que continúan después de esta aprobación, y nosotros vamos a avanzar en esos procesos”, afirmó.

La dirigenta sostuvo que las organizaciones también buscarán fortalecer la articulación territorial y aumentar la presión social contra el proyecto. “Vamos a agotar todas las instancias, no solamente legales y administrativas. También vamos a articularnos como movimiento para ejercer toda la presión social que se requiera”, señaló.

En esa línea, anunció que las comunidades impulsarán nuevas movilizaciones y evalúan avanzar hacia medidas de mayor alcance. “Vamos a convocar manifestaciones y todas las acciones que sigan expresando nuestro descontento frente a esta aprobación, incluso avanzar hacia un paro comunal e intercomunal para construir una oposición más firme y sostenida en el tiempo”, indicó.

OLCA: “La aprobación no garantiza que el proyecto se construya”

Para Javier Arroyo Olea, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la aprobación unánime del proyecto se enmarca en una política gubernamental orientada a acelerar inversiones extractivas impulsadas en distintos territorios.

“El escenario actual responde a una presión por acelerar proyectos cuestionados ambiental y socialmente, como parte de la agenda del gobierno y de los intereses de empresas extractivas transnacionales”, señaló.

Arroyo destacó que en Penco-Lirquén existe una resistencia territorial sostenida desde hace más de una década contra la iniciativa minera de Aclara Resources, impulsada por comunidades y organizaciones que han buscado fortalecer alternativas ligadas al comercio local, la defensa ambiental y la vocación productiva del territorio.

El investigador de OLCA afirmó además que la aprobación ambiental no garantiza la concreción del proyecto, recordando experiencias previas de resistencia territorial en la Bahía de Concepción.

Manifestación ciudadana en Penco contra proyecto de tierras. Foto: OLCA.

“La decisión de los representantes regionales de Kast es un elemento importante, pero no significa que el proyecto vaya a construirse. Penco-Lirquén y la Bahía de Concepción tienen referencias históricas de defensa territorial, como ocurrió con GNL Talcahuano y GNL Penco, proyectos que, pese a contar con aprobación ambiental, no lograron instalarse debido a la persistencia de las comunidades”, indicó.

Asimismo, destacó que la reciente movilización entre Penco y Lirquén refleja solo una de las múltiples formas de organización que han desarrollado las comunidades para enfrentar el proyecto extractivo. “La marcha da cuenta de una de las expresiones que ha desarrollado el movimiento en defensa del territorio, pero no es la única. En esta nueva etapa, la intención es seguir abriendo caminos y estrategias que fortalezcan el rol comunitario y la oposición territorial al proyecto”, concluyó.

Cuestionamientos a la evaluación ambiental

Camila Arriagada afirmó que, aunque la aprobación era esperable debido a la postura de las autoridades regionales, persisten graves cuestionamientos sobre la evaluación ambiental del proyecto.

“No era sorpresa la votación de estas Seremis, pero aun así existen muchas inconsistencias en la evaluación ambiental. Las medidas de mitigación y compensación son insuficientes y el SEA no presentó los riesgos ni los impactos más significativos del proyecto, especialmente en aspectos críticos como los elementos radioactivos presentes en el estudio”, advirtió.

La vocera agregó que durante la exposición realizada en la sesión de la COEVA quedó en evidencia una defensa institucional de la inversión privada por sobre las comunidades afectadas. “Lo que vimos hoy es cómo estos organismos del Estado están más preocupados de defender los intereses de la inversión privada que los intereses de las comunidades”, cuestionó.

En la misma línea, Valeria Sepúlveda, integrante de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras”, criticó la decisión adoptada por la COEVA y la falta de respuesta a las observaciones realizadas por la ciudadanía y el municipio durante la evaluación ambiental.

“Es muy decepcionante que, por ejemplo, la Seremi de Salud califique este proyecto como solo molesto. No se dio respuesta a las observaciones ciudadanas ni a las de la municipalidad, y aun así se sostuvo que el proyecto cumple técnicamente con las disposiciones ambientales”, señaló.

Sepúlveda indicó además que las organizaciones continuarán desplegando acciones institucionales y jurídicas para impedir la instalación de la minera en el territorio. “Vamos a seguir haciendo reclamaciones y utilizando todas las herramientas legales y jurídicas posibles. Que este proyecto haya sido aprobado no significa que nos vayamos a cruzar de brazos”, afirmó.

“Vamos a seguir luchando hasta el final”

Durante la marcha previa a la votación, María Flores Quilapán, mujer mapuche e integrante de la organización Koñintu Lafken Mapu, sostuvo que las comunidades seguirán movilizadas pese a la aprobación institucional del proyecto.

“Como ciudadanía que habita el territorio de Penco, decimos no a la minera porque conocemos la contaminación y el impacto que genera esta megaempresa. No solo será impactada la comuna de Penco, también Tomé, Talcahuano, Santa Juana, Florida y las comunas vecinas”, señaló.

Asimismo, advirtió que “aunque el proyecto se apruebe, nosotros vamos a seguir luchando hasta el final para impedir que esta minera se instale en esta comuna histórica y turística, una comuna que todavía tiene agua limpia”.

30 días para presentar reclamaciones

Tras la aprobación ambiental, se abrió un plazo de 30 días para que las personas y organizaciones que participaron con observaciones ciudadanas presenten recursos de reclamación. En caso de interponerse reclamaciones, el Comité de Ministros tendrá 60 días para pronunciarse.

Las organizaciones sociales y ambientales anunciaron que continuarán desplegando movilizaciones, acciones legales y presión territorial para impedir la ejecución del proyecto, insistiendo en que la aprobación ambiental no garantiza viabilidad social en una zona marcada por conflictos socioambientales y resistencia comunitaria frente al extractivismo.

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