Además, el Grupo de Trabajo constató que la víctima había sido objeto de malos tratos de gravedad equivalente a la tortura mientras estuvo detenida en el CIE de Aluche. En particular, varios policías responsables de la custodia del CIE sacaron al Sr. El Hadj de su dormitorio por la fuerza en la noche del 7 de mayo de 2012 y lo condujeron a un lugar fuera del alcance de las cámaras de seguridad del CIE, donde -además de someterle a insultos de fuerte contenido racista y discriminatorio- le propinaron una severa paliza de la que resultó con serias heridas y contusiones que requirieron su tratamiento médico. Ordenado el traslado de la víctima a un hospital, la policía nacional, en un intento de encubrir los graves delitos de varios de sus agentes, lo trasladó el 8 de mayo de 2012 por la fuerza a Tarifa y desde allí fue expulsado a Marruecos sin permitirle el auxilio médico, jurídico y judicial al que la víctima tenía derecho.

El caso había sido denunciado al Grupo de Trabajo por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), que había sido alertada por la organización Pueblos Unidos, cuyos servicios jurídicos comprobaron el mismo día 8 de mayo que la víctima, todavía detenida en el CIE de Aluche, presentaba claros signos de lesiones en todo el cuerpo. Preguntado por el origen de su deplorable estado físico, el Sr. El Hadj explicó que había sido objeto de una paliza e insultos racistas en la madrugada anterior por agentes de la policía que custodiaban el CIE. Los hechos se pusieron en conocimiento inmediatamente de uno de los juzgados de control del CIE, que citó a declarar al denunciante para el día siguiente. Pero el Sr. El Hadj no tuvo oportunidad de relatar a la jueza lo ocurrido, pues el mismo día 8 de mayo fue expulsado del país.

El dictamen del Grupo de Trabajo se suma a otros pronunciamientos de organismos internacionales que, en el marco dela ONU, han condenado las políticas españolas y europeas de internamiento preventivo de inmigrantes sin papeles. La privación de libertad en el CIE de Aluche que padeció la víctima -al igual que miles de personas cada año en nuestro país- fue declarada arbitraria por tratarse de violación “de tal gravedad a las normas del debido proceso de derecho que así lo justifican”; y por tratarse de “un inmigrante que no dispuso de recurso judicial ni administrativo para impugnar su detención”. Además, la detención del Sr. El Hadj fue contraria a las normas de derechos humanos, por haber sido “motivada por discriminación por su origen nacional, étnico y social, desconociéndose la igualdad esencial de todas las personas en el reconocimiento y goce de sus derechos humanos”.

El Grupo de Trabajo también se hizo eco de las pésimas condiciones de salubridad del CIE de Aluche, la falta de asistencia sanitaria que produjo el fallecimiento de Samba Martine en diciembre de 2011, así como de otras violaciones a los derechos humanos que se cometen en su interior. En este sentido, recordó la “falta de reglamentación adecuada” debido a que todavía no se ha aprobado el reglamento sobre funcionamiento de los CIE, que debería haberse promulgado hace más de dos años.

Pese a que el Gobierno español tuvo oportunidad de responder a las alegaciones de la AEDIDH una vez que el Grupo de Trabajo -de conformidad con sus métodos de trabajo- le trasladó la denuncia recibida, el Gobierno no contestó.

Para la AEDIDH y Pueblos Unidos, el dictamen del Grupo de Trabajo confirma su creencia de que el internamiento de migrantes sin papeles en los CIE constituye una fragante violación del derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, así como del principio de no discriminación por razón del origen nacional, racial o social, por lo que los CIE deben ser abolidos urgentemente tanto en España como en los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Se adjunta el texto completo de la opinión 37/2012 del Grupo de Trabajo.

Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
Departamento de Comunicación

Miles de personas llenaron la Gran Vía, el 27 de Octubre se conquistó la calle, no se había pedido autorización para la manifestación ( el 25 de septiembre, a la persona que hizo la petición la multaron con 6000€ ) y la presencia de decenas de miles de pacíficos y airados manifestantes impusieron su derecho a manifestar su repulsa al Gobierno mentiroso, a los bancos ladrones, al sistema que salva a los corruptos y desahucia a las familias, gritos pidiendo la dimisión del Gobierno, el paro para el Jefe del Estado…y un grito unánime llamando a la Huelga General.

Centenares de policías rodeaban la manifestación que desde Gran Vía (en el metro se registraba a todo el mundo y se pedían los DNI), llegó a Cibeles y ocupó la Plaza de Neptuno pese a las fuertes medidas policiales.

Participamos en la manifestación y compartimos la alegría de la presencia combativa en las calles de Madrid con nuestras banderas republicanas y con un llamamiento a la participación en la Huelga General del 14 N.

[Galería fotográfica]

Era un voto particular presentado por el Psoe de entonces.  En la sala, diputados y periodistas guardabamos un silencio cortante.  Se esperaban sus palabras con expectación aunque se conocía de antemano el límite de un voto particular y sobre todo de “aquél” voto particular.  Pero interesaba la expresión del mismo, su alcance semántico y también politico encuadrado, como era lógico, en aquel “aquí y ahora”.  Una cierta emoción para alguno y una curiosidad casi perversa para otros recorría el ambiente.

Luis Gómez Llorente en nombre propio y en el de su grupo parlamentario pronunció palabras que han quedado enterradas en el fondo de la historia de la Constitución del 78 pero no por ello menos vivas precisamente hoy sino tal vez más, como  lo será para algunos la memoria de su autor.

No se dejó en el tintero Gómez Llorente las reticencias de quienes pensaban que si el voto republicano pudiera prosperar , los socialistas lo hubieran retirado o no lo hubiesen presentado y que se mantenía por  pura demagogia.

“Esto no es cierto, – afirmó él-. Se equivocan quienes así hablan.”

¿Por qué lo mantenían sabiéndose perdedores?

“-Es sencillo contestar: por honradez, por lealtad con nuestro electorado.”

Porque eran conscientes los socialistas y se sentían depositarios de la fe de grandes masas de españoles en el partido republicano.  Por ello defendían ante aquellas Cortes Constituyentes la forma de Gobierno republicana.

“-Entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos.  Del principio de la soberanía popular se infiere que toda magistratura deriva del mandato popular: que las magistraturas sean fruto de la elección libre, expresa, y por tiempo definido y limitado”

Poco después añadía:

“Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento historico.  No se diga para contrarrestar este argumento que pueden existir mecanismos en la propia Constitución que permitan alterar esas estructuras, pues resulta obvio que tales cambios llevan consigo un nivel de conflictividad inconmensurablemente mayor que la mera elección o reelección.

“Renovar a los gobernantes, incluso a aquellos que ejerzan las más altas magistraturas es necesario y aún a veces imprescindible.  Y no porque la voluntad del pueblo sea mudadiza caprichosamente, sino porque de manera objetiva cambia: o la persona misma, dejando de ser lo que era, o las circunstancias que la hicieron la más idónea en un momento dado, o simplemente ambas cosas de consuno, surgiendo otras posibilidades óptimas.

“Por otra parte, es un axioma que ningun demócrata puede negar, la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas.  Nosotros agregaríamos: se debe incluso facilitar la libre determinación de las generaciones venideras

“No merece nuestra aquiescencia el posible contrargumento que nos compense afirmando la neutralidad de los magistrados vitalicios y por virtud de la herencia, al situarse más allá de las contiendas de intereses y grupos, pues todo hombre tiene sus intereses, al menos con la institución misma que representa y encarna.  Y por mucho que desee identificarse con los intereses supremos de la patria, no es sino un hombre, y su juicio es tan humano y relativo como el de los demás ciudadanos a la hora de juzgar en cada caso el interés común.

Proyectando este pensamiento a la historia de España en el lacerado tiempo de nuestros esfuerzos y nuestras luchas desde que comenzaran los intentos de establecer un regimen constitucional, nadie puede afirmar con un mínimo de rigor que haya resplandecido precisamente la neutralidad de la corona en las contiendas sociales o políticas”.

Después hizo alusion a la vieja aspiración socialista de hacer compatibles igualdad y libertad y de ahí también sus reparos a la “herencia”.

“¿Cómo no hemos de sentir alejamiento ante la idea de que nada menos que la jefatura del Estado sea cubierta por un mecanismo hereditario?”

Gómez Llorente expresó su intención de no entrar en el análisis y ejemplos de los reyes  españoles de otro tiempo .  Por respeto  a los de aquella actualidad pero que no obstaban  para empañar las razones.

“Empero, en el orden de las ideas, nadie sensato puede sentirse ofendido por escuchar las del otro y cualquiera ha de entender que quienes nos sentimos impulsados por la lucha contra el privilegio, y no aceptamos otra carta de singular retribución que el propio esfuerzo y el mérito, preferimos la República como forma de Gobierno”.

Antes de finalizar, el profesor Gómez Llorente brevemente explicó  el orígen del republicanismo del Psoe  con sus fundadores republicanos y la política que el regimen de la Restauración mantenía entonces:

“… como la oligarquía de las dos cabezas.  Las corrupciones del sistema de los dos partidos turnantes, por igual monárquicos, por igual conservadores en el fondo, significó la falsificación sistemática del sufragio y el mantenimiento artificioso de una monarquía pseudoparlamentaria, fantasmagórico aparato sin otro fin en todo su tinglado que marginar la voluntad auténtica de los pueblos de España y la postergación desesperanzada de las clases oprimidas”.

Y tras otras  pinceladas históricas al respecto,  recordó las palabras  de Luis Araquistaín  que “expresaba así la situación en el ocaso de un regimen”:

“…Hay que desear la República por patriotismo, por españolismo.  La idea de España y la República se confunden.  El problema mínimo de todo liberal español debe ser la República.  Ningún liberal puede ser monárquico en España.  Los socialistas españoles no se hacen vanas ilusiones, aunque sin ellos no habría República y cuando la haya será, principal y casi exclusivamente, por ellos, no ignoran que esa República no podrá ser inmediatamente socialista”.

Se excusó Gómez Llorente por sus alusiones al pasado pero las justificó porque:

-“No hubieran sido hechas sino para dar claves de nuestra actuación no sólo en el presente, sino en el futuro. El Psoe fue en primer lugar republicano, y baluarte de la República, cuando no hubo otra forma de asegurar la soberanía popular, la honestidad política y, en definitive, el imperio de la ley unido a la eficacia de la gestión. Don Manuel Azaña no definía de otro modo en sus discursos la virtud republicana”.

Luis Gómez Llorente mantuvo el voto particular y, lógicamente, aceptó previamente el resultado de la votación posterior: “acatando democráticamente la ley de la mayoría”.

Salieron en defensa del voto, el diputado socialista catalán Eduardo Martín Toval, el republicano, también catalán, Heribert Barrera y el aragonés Emilio Gastón

El resultado arrojó trece votos a favor, una abstención y veintidós en contra.

Queda muy lejos en el tiempo aquella defensa de la República de Luis Gómez Llorente.  Escasos años después él mismo se alejó de la política de escenario y de salon aunque nunca de las ideas y de la acción positiva.  Dedicó su saber al tema de la Educación y la Enseñanza a los que dio  su palabra pública y escrita en favor de la primacía de la escuela pública y en contra de los privilegios de la privada.  Escribió muy relevantes biografías políticas.  Murió en plena acción dejando inacabada una obra  rigurosa y esclarecedora.

Estoy segura de que aquí, con su desaparición física, no ha acabado la vida de Gómez Llorente: un politico de primera, un pensador profundo, un maestro de generaciones, un amante de la libertad, un hombre de honor y de fe.  Dicen que le faltaba ambición personal pero no es verdad. Su ambición fue tan grande que no cupo en las triquiñuelas estratégicas de un partido político.  Que descanse en paz.

Milagros Heredero.

Cronista parlamentaria en la Transición Española.

Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

No será la primera vez que, frente a la opinión mayoritaria, nuestro análisis de la realidad nos lleva a conclusiones distintas a las comunes de la mayoría del movimiento memorialista.

Ya pasó cuando nos posicionamos frontalmente contra la Ley de Memoria en 2007, por considerar que iba a consolidar el sistema de impunidad y por tanto, que era incompatible con la posibilidad de hacer efectivos los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo. Lo hicimos también, expresándonos con la máxima prudencia y discreción, cuando no participamos en el procedimiento instruido por el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era Baltasar Garzón. Fuimos severamente criticados por ello desde los más diferentes ámbitos, pero la realidad es terca y, por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón: una vez más se ha demostrado que no existen atajos para conseguir justicia, ya que la cuestión es política y, por tanto, la solución también debe serlo. Por ello, sólo un fuerte cambio en la correlación de fuerzas podría propiciar el escenario necesario para acabar con la impunidad del franquismo.

Los diferentes procedimientos judiciales que ha promovido- o en los que ha tomado parte- la Federación Estatal de Foros por la Memoria (una veintena de denuncias con motivo de la exhumación de fosas comunes, el caso de los SS-Totenkopf ante la Audiencia Nacional, etc) han pretendido siempre estar sustentados en un principio de prudencia, en antecedentes de sentencias anteriores y en la correcta tipificación del tipo penal y de la argumentación de la denuncia.

Últimamente se nos ha hecho llegar la convocatoria de un “Encuentro estatal por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo”, y en las actuales circunstancias, la Federación Estatal de Foros por la Memoria se siente obligada a expresar honestamente su opinión.

Una Comisión de la Verdad es una de las posibles formas de Justicia Transicional que puede adoptar una sociedad y un estado para enfrentarse a las secuelas de un pasado conflictivo y a un proceso de transición desde un régimen dictatorial a uno democrático. La Justicia Transicional se define como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales.”

Una Comisión de la Verdad REAL, por definición, sólo es viable en un proceso de transición desde un régimen político a otro. Durante la llamada Transición española no se produjo esa fase de Justicia Transicional; por el contrario, el llamado consenso y los pactos de la Transición cerraron esa vía y certificaron el Modelo Español de Impunidad, que aún pervive a día de hoy. Es más, mientas que los sistemas de impunidad latinoamericanos se han ido resquebrajando, gracias a la labor organizada de las víctimas, y en muchos casos, de las fuerzas políticas, de jueces y fiscales demócratas, lo que ha hecho posible la derogación o anulación de las Leyes de Punto Final, en España pervive la situación de excepcionalidad, como muestra la plena vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, plenamente asimilable a aquella legislación de impunidad. Los ejemplos descontextualizados de Argentina, Chile o Sudáfrica, no son aplicables para el caso español treinta y cinco años después del final de la dictadura.

Otro elemento esencial y definitorio de una comisión de la verdad es que nace de un mandato parlamentario, y en ese mismo mandato se definen sus características: componentes, plazos de actuación (limitado), objetivos, etc. Si los mayores ‘logros’ del anterior gobierno en el tema de la recuperación de la memoria democrática fueron la Ley de 2007 y las conclusiones de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos, ¿qué comisión de la verdad podemos esperar de la mayoría absoluta del Partido Popular?

En las actuales circunstancias difícilmente podría consensuarse la composición de dicha comisión. Seamos claros: una Comisión de la Verdad creada hoy por mandato parlamentario, estaría probablemente formada por algunos de los que redactaron las polémicas entradas del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, cuando no por los más siniestros publicistas de los desautorizados mitos franquistas. Como poco, el objetivo final de esa Comisión de ¿la Verdad? sería replantear la mitología legitimadora del actual régimen político: Transición modélica otorgada al pueblo por un grupo de políticos clarividentes encabezados por el monarca; tratamiento equidistante de los hechos cometidos y reparto ex-aqueo de responsabilidades del inicio y causas de la guerra. Sería una inmensa torpeza que nosotros/as mismos/as promoviésemos que el Estado español volviese a juzgar, y sin lugar a dudas a condenar de nuevo a las víctimas del franquismo.

Por otra parte, los resultados obtenidos por comisiones de la verdad en países donde se han constituido, han sido por lo general discutibles, ya que habitualmente se ha cambiado Verdad (o parte de ella) por inmunidad ante la Justicia. Se ha negociado la impunidad por los crímenes a cambio de testimonios, denuncias de terceros, la petición de perdón público o a las familias de las víctimas y el reconocimiento de culpa. La consecuencia de esta forma de impunidad ha sido la frustración de las víctimas y del conjunto de la sociedad.

Y no es lo mismo una comisión de expertos independientes que una Comisión de la Verdad. Quien respalde la creación de esa comisión debería definir claramente si hablamos de un Libro Blanco, de un Informe, o de una Comisión de la Verdad propiamente dicha. Pero tengamos claro que si no es una Comisión de la Verdad con mandato parlamentario, las conclusiones que se extraigan de sus trabajos no serán una “verdad oficial”, o mayoritaria y socialmente aceptada, por grande que pudiera ser el prestigio personal o profesional de sus componentes. Sería sencillamente una opinión, una “verdad” particular más. ¿Quién podría impedir que se creasen otras comisiones “de la verdad”, pongamos por caso, por el entorno de la Fundación Francisco Franco, o por la Asociación para la Defensa de la Transición? Sus conclusiones no sólo resultarían diametralmente opuestas a las perseguidas por la Comisión que ahora se propone sino que, además, contarían con un respaldo institucional y mediático abrumador, infinitamente superior al que podrían tener las víctimas del franquismo.

La proposición de promover una comisión de la verdad para el tema de las víctimas del franquismo debería ser desestimada por irreflexiva, porque puede estar abocada a formar parte de una estrategia para apuntalar definitivamente el modelo de impunidad y los pactos de la transición. Sería un contrasentido además, que quienes se proclaman republicanos promoviesen la posibilidad de relanzar la visión mítica de la transición como elemento central de legitimación de una monarquía juancarlista en horas bajas y que, previsiblemente pronto, deberá enfrentarse al hecho sucesorio.

En consecuencia: una comisión de la verdad no puede ser la opción común y unitaria de las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo ante la falta de respuestas de una justicia ordinaria que no hace otra cosa que aplicar y ser consecuente con el sistema de impunidad. Mientras que no se anule el entramado legal que sustenta el modelo español de impunidad, o sea, la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria de 2007, las víctimas del franquismo no podrán acceder a los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, porque no hay más verdad válida que la verdad judicial, en forma de leyes y de sentencias.

La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012, que absolvió al juez Baltasar Garzón, ha servido para apuntalar el modelo español de impunidad. El precedente creado, la coacción a los jueces de instrucción, la negación del derecho de acceso a la justicia a las víctimas del franquismo, así como la adscripción en exclusiva de todo lo relativo a la memoria histórica por la vía administrativa que consagra la Ley de 2007, suponen la mayor derrota del movimiento memorialista y de las víctimas del franquismo en los últimos diez años. Ya advertíamos hace años que la Ley de Memoria de 2007 era una ley de “palo y zanahoria”, de reforzamiento del sistema de impunidad y de mínimas concesiones en políticas de reparación material y simbólica. La sentencia del Supremo del 27 de febrero ha dejado meridianamente explícito el carácter de “palo” de dicha Ley, y las políticas del gobierno del PP han eliminado de un plumazo la parte de “zanahoria”.

Hemos podido leer recientemente en la prensa las declaraciones de Baltasar Garzón sobre las características y consecuencias de la Comisión de la Verdad que propone, y nos surgen más dudas. El ex-juez pretende que se apruebe en el Parlamento una Ley que dé a luz a dicha Comisión y que venga acompañada de los recursos económicos suficientes para llevarla a efecto. A la vista de las razones antes expuestas, parece ilusorio plantearse esta posibilidad. Si este paso fuese dado, dice el ex juez, las conclusiones de la Comisión “podrían ser tenidas en cuenta por los Tribunales en los juicios que se celebrasen contra los criminales franquistas”, razonamiento claramente discutible. Esto parece doblemente ilusorio, pero quizás lo más preocupante es que parece una sofisticada maniobra de dilación: luchemos hoy por esa Ley, mañana para que se libren los fondos necesarios, pasado para que la Comisión de la Verdad sea creada y termine sus trabajos y, finalmente, pasado mañana para que un juez se atreva a abrir un proceso penal contra los presuntos responsables de tan execrables crímenes contra la Humanidad. Sin duda, es una estrategia decidida para que la Justicia no sólo esté ciega sino también dormida durante muchos años.

Los triunfos y derrotas, avances y retrocesos del colectivo organizado de víctimas y del movimiento memorialista del Estado español, cuyo recorrido es ya amplio, deberían haber servido para que el movimiento asumiese los errores e intentase subsanarlos, no para tropezar una y otra vez en la misma piedra. Las consecuencias de la sentencia del Supremo deberían enseñarnos hasta dónde puede llevarnos, por ejemplo, una denuncia poco consistente y un procedimiento judicial irregular.

Por bienintencionadas que puedan ser las motivaciones para proponer algunas iniciativas, el voluntarismo y el aventurerismo sólo pueden tener consecuencias desastrosas, como han demostrado anteriores experiencias. Al menos éstas deberían servir para inducir al movimiento memorialista a actuar con la necesaria prudencia, y no dejarse conducir fácilmente al borde del precipicio, siguiendo cada canto de sirena.

Federación Estatal de Foros por la Memoria

Octubre de 2012

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Millones de parados hundidos en la miseria pueblan las ciudades, a pesar de las redadas que la policía lleva a cabo periódicamente contra los mendigos, a quienes el gobierno considera delincuentes. Las prisiones han dejado lugar a los campos de internamiento para los que oficialmente son considerados un peligro público. La pobreza es delito.

Los sindicatos están prohibidos, aunque algunos afiliados trabajan en la clandestinidad, intentando reconstruir  organizaciones y redes de solidaridad. La huelga es ilegal y se castiga con duras penas de cárcel.

En el Museo del Prado cuelgan fotografías de las obras de nuestros geniales pintores. Los cuadros originales se trasladaron a Alemania como pago de una parte de la deuda pública y de los rescates financieros.

En las grandes urbes existe una estricta zonificación social. La burguesía vive aislada en urbanizaciones y zonas protegidas por cuerpos policiales privados, y el acceso está restringido para el resto de la población. Los trabajadores habitan barrios degradados, intentando sobrevivir y mantener sus precarios empleos.

Los planes de estudio han experimentado una profunda modificación. En las clases de Historia el siglo XX se explica como una época de subversión, en la que los sindicatos y los partidos obreros, ahora calificados de terroristas, habían cuestionado el orden social y llevado al país a una profunda crisis económica.  Afortunadamente, un movimiento salvador cívico-militar destruyó el infame sistema parlamentario y los mercados volvieron a confiar en España.

En ocasiones,  a través de Internet se difunden mensajes de resistencia y en las familias  algunos abuelos todavía cuentan a sus nietos que a comienzos del siglo XXI los trabajadores tenían derechos y los hijos de los obreros podían acceder a la Universidad. Pero en poco tiempo todo fue destruido a golpe de decretos por un gobierno derechista vendido al capital extranjero.

Hay hombres y mujeres que no se han doblegado  e intentan organizar a la población y provocar un levantamiento social, perseguidos con saña por una policía que practica  sistemáticamente la tortura, convertida en una práctica legal. Se ha restablecido la pena de muerte.

Esto no es ciencia ficción. Estamos en el comienzo de un proceso que nos devolverá a los tiempos de la Revolución Industrial.  En nosotros, hombres y mujeres de este país, está el evitar el desastre social y el triunfo de la barbarie. No nos resignemos a vivir como esclavos. Vamos a unirnos en un bloque popular, a luchar por la República, a edificar un futuro de justicia y libertad. Podemos y debemos vencer.

El 23 de julio de 2012, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Coslada, comunicó al Ayuntamiento un auto por el que el juez determina que Ginés Jiménez PUEDE (es decir, no es obligatorio) reincorporarse a la Policía Local del municipio.

Dicho auto, nos fue comunicado por parte del PP mes y medio después de su recepción.  ¿Por qué el PP ocultó durante este tiempo el auto del Juez? ¿Qué nos estaba escondiendo? ¿Qué estaba maquinando? ¿Por qué Raúl López  subió el sueldo a Ginés Jiménez  6.000€  en 2005? ¿Por qué Fernando Alonso Barahona  persona de máxima confianza  de Raúl López perdona una deuda de 24.000 euros a Ginés Jiménez Buendía?

Demasiadas prebendas ha concedido el PP a Ginés como para fiarse del mensaje de Raúl López. No es verdad que el PP esté intentando impedir que Ginés se incorpore a la policía, todo lo contrario:¿Qué sucedería si Ginés se incorpora a la policía con su uniforme y pistola donde viven y trabajan testigos protegidos contra él?

El pueblo de Coslada es perfectamente consciente de lo que ha supuesto la figura de Ginés Jiménez en la policía local de Coslada: más delincuencia y más inseguridad.

Desde la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) te invitamos a participar en la manifestación de este DOMINGO DÍA 9 que partirá a las 12.00hrs desde el CC. Margarita Nelken y finalizará en la Plaza Mayor de Coslada.