Desde esa fecha, será obligatorio contar con esta autorización si la estancia en Perú no supera los dos días calendario, salvo excepciones en las que el plazo podría extenderse hasta 15 días, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.

Requisitos clave y gestión del trámite

La visa de tránsito deberá solicitarse con al menos 30 días de antelación a la fecha de viaje, a través del correo electrónico visatransito@embaperu.org. Los solicitantes deberán presentar documentación esencial, entre la que destacan: un pasaporte válido por seis meses, un formulario de solicitud completo, itinerario que especifique entrada y salida del país, así como evidencia de admisibilidad al destino final.

Además, será necesario acreditar solvencia económica mediante un saldo bancario mínimo de 180.000 pesos cubanos (CUP) o documentos notariales que respalden ingresos. También se requerirá una fotografía digital en formato JPEG y una copia de la página principal del pasaporte.

Costo y restricciones adicionales

El costo del trámite será de 25 euros, pagaderos exclusivamente en efectivo y con el monto exacto al momento de la cita. Para gestionar el proceso, será obligatorio utilizar un correo electrónico de Gmail. Debido a restricciones de aforo, solo podrá asistir un representante adulto en caso de solicitudes familiares, quien deberá acreditar parentesco.

Asimismo, no estará permitido ingresar con equipaje o dispositivos electrónicos encendidos durante la cita en la Embajada de Perú, ubicada en Calle 8 No. 307, Miramar, Playa, La Habana. Para consultas, se han habilitado los números telefónicos (537) 204-2477 y (535) 286-5288.

Cambio en las políticas migratorias

La medida revierte una decisión adoptada en marzo de 2022, cuando Perú eliminó la necesidad de visa de tránsito para cubanos que usaban el área de conexiones internacionales del Aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Según la Embajada, el incremento de solicitudes ha llevado a esta nueva regulación, que se alinea con políticas más estrictas de otros países de la región.

Impacto en la comunidad cubana

El endurecimiento de los requisitos añade mayores desafíos para los cubanos que planean viajar al extranjero con escalas en Perú. Este cambio, sumado a las complejidades económicas y migratorias actuales, representa una barrera adicional para quienes buscan alternativas en rutas internacionales.

Las autoridades peruanas han señalado que próximamente se publicarán normativas complementarias y detalles adicionales sobre el proceso en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La base naval de Guantánamo ya cuenta con un centro de detención para migrantes, independiente de la prisión de alta seguridad donde permanecen sospechosos de terrorismo. Durante décadas, el recinto ha sido utilizado para albergar haitianos y cubanos interceptados en el mar.

#BREAKING: President Trump is ordering the Defense Department to prepare 30,000 beds in Guantanamo Bay for illegals

It’ll house the «WORST OF THE WORST» — illegals from countries Trump does NOT trust to keep the illegals in custody.

This is HUGE. pic.twitter.com/NdhbEMYU3p

— Nick Sortor (@nicksortor) January 29, 2025

“Este centro alojará a los peores criminales ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en sus países de origen para retenerlos. No queremos que vuelvan, así que los enviaremos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad de detención de inmediato”, declaró Trump en la Casa Blanca.

Algunos individuos representan un riesgo tan alto que sus propios gobiernos se niegan a recibirlos, lo que ha llevado a su administración a considerar la base naval como una alternativa para evitar su estancia en territorio estadounidense.

La base de Guantánamo ha servido en otras ocasiones como centro de detención temporal para migrantes. En 1991, miles de haitianos fueron retenidos allí tras huir de la crisis política en su país. En 1994, durante la crisis de los balseros, alrededor de 30.000 cubanos fueron llevados a la base tras ser interceptados en el mar.

El centro de detención de migrantes en Guantánamo es independiente de la prisión militar establecida en 2002 por el entonces presidente George W. Bush para sospechosos de terrorismo. Actualmente, solo 15 detenidos permanecen en la cárcel de alta seguridad.

Trump firmó más de 50 órdenes ejecutivas en sus primeros cinco días de mandato, muchas de ellas enfocadas en la inmigración. Por ejemplo, ordenó el despliegue de 1.500 soldados adicionales en la frontera con México, sumando un total de 2.500 efectivos. También se planea movilizar 10.000 soldados más para apoyar a la Patrulla Fronteriza en el cierre del acceso al asilo y la construcción de vallas y barreras adicionales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las redadas, incluyendo operaciones en escuelas, iglesias y hospitales, lugares que anteriormente eran considerados “espacios protegidos”.

Además, se han realizado vuelos de deportación a países como Colombia, tras negociaciones y presiones económicas para que acepten a los deportados.

La administración Trump ha suspendido la admisión de refugiados y ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur, lo que permite la movilización de recursos militares para reforzar la seguridad fronteriza. También se ha eliminado el uso de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes programar citas para solicitar asilo en los puertos de entrada.

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Según fuentes oficiales, la revocación del DHS impediría a los beneficiarios trabajar legalmente (cancelando su permiso de trabajo) y los obligaría a comparecer ante tribunales de inmigración. Se desconoce cuándo se implementará la medida, pero de momento ya las agencias migratorias han recibido mayores facultades para agilizar las deportaciones.

El programa parole permitió la entrada legal de más de 530.000 personas a Estados Unidos con patrocinadores financieros. Biden impulsó esta iniciativa para desalentar la inmigración ilegal, pero Trump la congeló en el primer día de su segundo mandato, alegando que se trataba de un uso indebido del parole migratorio. Ahora el republicano busca dar un paso más y terminar con el autorizo de estancia en EEUU antes de los dos años que inicialmente estaban previstos.

Los cubanos con parole podrían acceder a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, pero deben cumplir con el requisito de permanecer un año y un día en el país. Aquellos que no logren ajustar su estatus a tiempo quedarían expuestos a la cancelación de su permiso de permanencia y a posibles procesos de expulsión.

Mientras tanto, el asilo sigue siendo una alternativa legal para el resto de las nacionalidades, aunque con altos requisitos de evidencia. Los solicitantes deben demostrar persecución política, religiosa u otras razones contempladas por la ley migratoria estadounidense, lo que representa un desafío significativo para muchos migrantes.

Trump ha fortalecido el mandato de ICE para acelerar deportaciones y ha pausado programas humanitarios, incluyendo el ingreso de refugiados ucranianos y afganos. Además, revocó una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, dejando a miles en riesgo de deportación.

Hasta el momento, se desconoce el número exacto de migrantes que han ajustado su estatus migratorio luego de entrar a EEUU con el parole humanitario. Los expertos recomiendan a los migrantes buscar asesoramiento legal cuanto antes para evaluar opciones y evitar quedar en situación irregular. Las organizaciones pro-migrantes también han alertado sobre la necesidad de acelerar trámites para garantizar protección frente a las nuevas restricciones.

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Hace algunos días el mandatario republicano había suspendido la extensión del TPS que había otorgado Joe Biden en los últimos días de su administración. Pero ahora las medidas son más restrictivas, pues se suspende de plano el programa. Bajo la actual política migratoria de Trump se ve muy difícil una reactivación del TPS para cualquier nacionalidad en los próximos cuatro años.

1. ¿Qué significa la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en EEUU?

La revocación del TPS significa que más de 300.000 venezolanos en EEUU perderán su estatus de protección y quedarán vulnerables a la deportación en los próximos meses. El gobierno de Trump ha determinado que Venezuela ya no cumple con las condiciones para mantener la designación de TPS de 2023, lo que llevó a la cancelación de este beneficio.

2. ¿Cuándo perderán su estatus los venezolanos afectados por esta decisión?

Los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 perderán su estatus 60 días después de que el gobierno publique el aviso de terminación. A diferencia de decisiones anteriores, en las que se otorgaban períodos de transición de 12 a 18 meses, esta vez el cambio será más inmediato.

3. ¿Qué opciones tienen los venezolanos que perderán su TPS para evitar la deportación?

Una de las opciones para los venezolanos que perderán el TPS es solicitar asilo en EE.UU. Sin embargo, el asilo solo se concede a personas que puedan demostrar persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Las dificultades económicas o la crisis general del país no son razones válidas para obtener asilo. Los afectados deben evaluar si cumplen con los requisitos y buscar asesoría legal para explorar otras posibles vías de protección migratoria.

4. ¿Cómo podría esta decisión afectar a otros migrantes con TPS en el futuro?

La decisión sugiere que otros migrantes bajo el estatus TPS podrían estar en riesgo de perder su estatus. Aunque más de 250.000 venezolanos aún tienen TPS hasta septiembre y no se verán afectados por ahora, el hecho de que el gobierno de Trump haya revocado la protección para un grupo grande indica que podría hacer lo mismo con otros en el futuro.

Maduro acepta recibir deportados

En las últimas horas fue noticia que el dictador Nicolás Maduro aceptó recibir a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, incluyendo a miembros de la pandilla conocida como el Tren de Aragua. Este acuerdo se logró tras una reunión en Caracas entre el enviado especial estadounidense, Richard Grenell, y el sucesor de Hugo Chávez.

Durante la visita de Grenell, Venezuela liberó a seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en el país, quienes regresaron a EEUU junto con el enviado.

Este acuerdo representa un cambio en la política migratoria de Venezuela, que anteriormente se había negado a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos. La administración Trump ha enfatizado que este entendimiento es parte de sus esfuerzos para deportar a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.

Es importante señalar que, aunque se ha logrado este acuerdo, la administración Trump ha aclarado que la reunión con Maduro no implica un reconocimiento oficial de su legitimidad como presidente de Venezuela.

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A cambio, el presidente estadounidense suspenderá temporalmente (por un mes) un arancel del 25% a los productos mexicanos que entraban en vigor el lunes 3 de febrero. Trump anunció el pacto a través de su red Truth Social, destacando que la conversación telefónica con Sheinbaum fue “muy amistosa” por espacio de más de 40 minutos.

El acuerdo también incluye el inicio de negociaciones comerciales y de seguridad entre ambos países. Estados Unidos estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Se espera que Trump participe directamente en las conversaciones.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido su postura migratoria y comercial. Ha exigido a México mayores esfuerzos para detener la migración irregular y la entrada de drogas. La administración de Sheinbaum ha respondido con este despliegue militar una vez que vio que los aranceles del 25% eran completamente en serio.

El gobierno mexicano también ha comenzado a recibir migrantes deportados desde EEUU, incluyendo personas de otras nacionalidades. En la última semana de enero, más de 4.000 migrantes fueron enviados a territorio mexicano, la mayoría de ellos mexicanos, pero también centroamericanos y sudamericanos.

Este cambio marca una ruptura con la política anterior de México, que se resistía a aceptar deportados no mexicanos. La medida responde a la presión de Washington y refuerza la colaboración entre ambos países en temas migratorios.

Como parte del acuerdo, Trump se comprometió a trabajar para reducir el tráfico de armas de alto poder hacia México. El gobierno mexicano ha denunciado que las armas ilegales provenientes de EEUU han fortalecido a los cárteles del narcotráfico y han incrementado la violencia en el país.

El acuerdo ha generado opiniones divididas. En México, el sector empresarial ha celebrado la suspensión de los aranceles, lo que representa un alivio para la economía del país. Sin embargo, algunos críticos ven el despliegue militar como una concesión excesiva a Estados Unidos.

En EEUU, la decisión de Trump ha sido bien recibida por algunos sectores republicanos. Sin embargo, los conservadores más radicales exigen que México haga aún más para frenar la migración irregular.

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