1. Censuramos firmemente las declaraciones del ministro del Interior, Rafael Filizzola quien, en ejercicio de sus funciones de Ministro encargado de la seguridad interior, ha venido reiteradamente asociando a organizaciones sociales, a defensoras, defensores y organizaciones de derechos humanos con los crímenes que investigan la Policía Nacional y el Ministerio Público. Como muestra, en la emisión del viernes 22 de enero del noticiero emitido a las 20 horas por el Sistema Nacional de Televisión Canal 9 expresó que “[…] hay personas que tienen que definirse: o actúan como parte de una organización de derechos humanos o asumen el rol de defensa de las personas que hoy son sospechosas de ser parte de esta organización criminal”.

2. Lamentamos que siendo Rafael Filizzola ministro de un gobierno que se proclamó como alternativa de un cambio dirigido a erradicar el irrespeto a los derechos humanos como patrón de actuación, reproduzca en su actuación pensamientos y prácticas autoritarias propias del tiempo de la dictadura stronista, que desconocen los pilares elementales en que se fundan históricamente los derechos humanos: el respeto a las libertades individuales, las garantías del debido proceso y el derecho a un juicio justo.

3. Las declaraciones del Ministro del Interior constituyen, según la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, una amenaza a la labor de organizaciones y personas que actúan como defensoras de estos derechos, que será puesta en conocimiento de los organismos de supervisión internacional en la materia, tanto del MERCOSUR, como de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

4. Estas expresiones reafirman ideas difundidas históricamente por quienes han abusado del poder represivo del Estado, como las de que los derechos humanos sólo sirven a delincuentes y que éstos no deberían ser considerados sujetos de derechos, libertades o garantías como todos y todas. Entendemos que al acudir a estas y otras manifestaciones contrarias a los valores de una sociedad democrática, el ministro Filizzola pretende ejercer sus funciones más allá de la mirada y control de la ciudadanía sobre los principios, métodos y resultados del Ministerio a su cargo, intentando mancillar la labor que las organizaciones de derechos humanos realizamos en este tema.

El razonamiento expuesto por Filizzola es insostenible por absurdo: si admitiéramos que la defensa penal pudiera implicar complicidad, todo profesional del derecho dedicado a este campo pasaría a ser considerado como responsable o cómplice de los hechos atribuidos a las personas que defiende. Cuando la acusación se dirige a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, se agrava la cuestión, pues podría suponerse que precisamente el Estado que está siendo observado en sus actuaciones, busca liberarse de este control desacreditando a quienes lo ejercen.

5. El sentido que sustenta la actuación de una organización como la nuestra es prevenir, impedir y en su caso denunciar los abusos de poder del Estado, así como exigir el acceso a recursos judiciales efectivos para la defensa de las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos y la reparación de los daños que pudieran haber sufrido. En este sentido, las autoridades del gobierno y particularmente el ministro del Interior, deben entender que quien tiene la función de proteger al ciudadano y ciudadana frente a los hechos punibles y la delincuencia es el Estado, y que su deber es hacerlo con un respeto irrestricto a los derechos humanos. Cuando no lo hace, es deber de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos accionar para que esto suceda.

6. Recordamos a las autoridades y a la ciudadanía, que la consigna de las naciones del mundo al suscribir la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) ha sido proclamar “todos los derechos para todos y todas”, bajo la convicción de que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” (Preámbulo de la Declaración Universal). Por lo dicho, un derecho que no puede ser negado a nadie, mucho menos a quienes enfrentan una acusación por parte del Estado, es el de la defensa en juicio. Si el Estado nada tiene que temer en cuanto a la adecuación de sus actuaciones a la ley y a los estándares de derechos humanos, debería no sólo aprobar sino además buscar que las personas a quienes acusa sean defendidas con solvencia. Si con un proceso justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos, el Estado demuestra la culpabilidad de una persona con respecto a un hecho punible, gana en credibilidad y en su camino de construcción democrática, a la vez que garantiza la seguridad de la ciudadanía frente a nuevos crímenes, enjuiciando y condenando a sus responsables reales.

7. Reiteramos que entre los objetivos de nuestra organización, se encuentran brindar apoyo y asesoría jurídica a las personas y organizaciones que lo requieran en casos donde se visualicen violaciones a los derechos humanos, así como la defensa de casos que resulten significativos y paradigmáticos, privilegiando el acceso a la justicia de las personas más desprotegidas de la sociedad. Un patrón de actuación estatal suficientemente demostrado a lo largo de veinte años de vida política post-dictatorial en Paraguay es la represión y criminalización de la protesta social, lo que se ha traducido en numerosos casos de asesinatos, desapariciones, detenciones e imputaciones no demostradas, así como en la frecuentemente deficiente, insuficiente o interesada actuación de instancias como la Fiscalía. Como ejemplo basta ver los 77 casos de asesinatos de activistas y dirigentes sociales relacionados con la lucha por la tierra en el Paraguay entre 1989 y 2005, documentados en el Informe Chokokue[1]. A esto se suman los más de 2.400 casos de campesinos procesados sin fundamento alguno en los últimos tres años[2].

8. La Codehupy ha asumido la defensa de seis de las personas hasta ahora imputadas por hechos presuntamente relacionados con el secuestro de Luis Lindstrom y por sus supuestos vínculos con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización que según testigos se ha atribuido el secuestro de Fidel Zavala. Mal podría el ejercicio de esta defensa significar el apoyo o la apología de crímenes, sino que se fundamenta en:

§ La necesidad de garantizar un proceso justo y respetuoso de los derechos humanos, considerando que las actuaciones de la Policía Nacional y de la Fiscalía han mostrado desde el inicio de las detenciones numerosas irregularidades, que la Codehupy explicó ante la ciudadanía en una conferencia de prensa y que son difundidas en nuestro sitio web[3]. Como ejemplos, no se ha respetado el principio de presunción de inocencia y las imputaciones hechas no detallan elementos que presenten una sospecha sólida y razonable sobre la supuesta vinculación de estas personas con el secuestro de Lindstrom en específico y con el EPP. El realizar o recibir llamadas telefónicas no puede ser el único elemento de sospecha razonable, pues si así fuera cualquier persona que inadvertidamente se comunicara con alguien bajo investigación judicial podría ser considerada cómplice.

§ La importancia de impedir que se utilicen las investigaciones sobre los casos de secuestro y sobre las actuaciones atribuidas al EPP como una ocasión propicia para seguir criminalizando a las organizaciones campesinas y a las personas que las integran.

§ La convicción de que solamente una investigación sólida y una actuación de las fuerzas públicas, de la Fiscalía y del sistema de justicia que no dejen dudas acerca de los hechos investigados podrán sentar las bases para erradicar la impunidad en Paraguay.

9. La Codehupy ratifica su rechazo a la violencia como método político, reitera su adhesión a una cultura de paz y no violencia y condena cualquier atentado a la vida, a la integridad y a la libertad personales, en todas sus expresiones, incluyendo los secuestros u otras acciones criminales destinadas a inspirar miedo y sumisión en la población y a socavar las bases democráticas que durante tanto tiempo hemos buscado construir en el Paraguay. Ningún justificativo ideológico puede ser esgrimido para privar al pueblo paraguayo de su legítima aspiración a una vida libre de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos.

[1] Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2007) Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005). Informe al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las violaciones al derecho a la vida en contra de miembros y dirigentes de las organizaciones campesinas en el contexto de la lucha por la reforma agraria en Paraguay. Asunción: Codehupy. Disponible en la página web institucional: www.codehupy.org

[2] Ver los informes anuales Derechos Humanos en Paraguay, de Codehupy, años 2007, 2008 y 2009, disponibles en la ya citada página web institucional.

[3] Disponible en la página web institucional: www.codehupy.org

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El triunfo de Sebastián Piñera en Chile no es por cierto totalmente inesperado, aunque sí una fuerte decepción para los ciudadanos de ese país y del continente que se identifican con los idearios progresistas, muchas veces difusos y vacilantes en su expresión política, pero intrínsicamente asociados a principios humanistas, al respeto a los derechos humanos, a la búsqueda de justicia social, a una mejor distribución de la riqueza y a la igualdad en el acceso a bienes y derechos básicos, entre otros componentes.

Este ideario fue representado en Chile por la denominada Concertación por la Democracia, asociación política de los partidos y movimientos que se unieron en la oposición a la dictadura militar y que condujeron al restablecimiento de la democracia en el país a partir de 1990. La decepción política de hoy se asocia a una sensación de vergüenza, cuando uno observa imágenes como aquella en que algunos partidarios de Piñera exhiben triunfalistas los retratos y bustos de Pinochet y proclaman a voz en cuello consignas revanchistas contra los que ahora dejan el gobierno.

Junto a la decepción y la vergüenza crece la inquietud ante un período que se abre amenazando conquistas históricas del país, tales como la propiedad social del cobre, los programas sociales, la prioridad en el compromiso del estado por la salud y la educación públicas, la mantención de los derechos sindicales y laborales y el proceso de esclarecimiento definitivo de los abusos cometidos por la dictadura y su castigo, aún pendiente en muchos casos. Es cierto que un análisis meramente electoral de lo ocurrido no debería preocupar demasiado: se mantiene prácticamente igual el empate tradicional entre la Concertación y sus aliados con las fuerzas políticas de la derecha, con bajos porcentajes de diferencia. Como hacen notar muchos analistas, la cantidad de votos de la derecha es incluso ligeramente menor que el obtenido en la elección presidencial pasada y eso se expresó también hace un mes en las elecciones parlamentarias, donde la mayoría fue para la Concertación en alianza con la coalición Juntos Podemos Más, formada por el partido comunista y otros sectores de izquierda no concertacionista, quienes llegaron inclusive a elegir tres diputados, por primera vez desde el fin de la democracia en 1973.

Una interna irresuelta

La Concertación tuvo como objetivo central originario, unitario y compartido, el de lograr la restauración de la democracia en Chile y, si bien sus integrantes responden mayoritariamente al ideario genérico del progresismo, fueron siempre evidentes las diferencias internas ante temas políticos y sectoriales concretos, no tanto porque hubiera tendencias claras de derecha, que también hubo, aunque minoritarias, sino por un contraste entre un enfoque conservador (mantener lo alcanzado, privilegiar el desarrollo económico en el contexto de la globalización, favorecer la concentración de la riqueza y la inversión extranjera, etc.) y otro avanzado (reformas a la constitución, cambios del modelo económico, redistribución de la riqueza, inversión en áreas sociales, etc.). Estas diferencias fueron generalmente neutralizadas, descuidadas o a veces resueltas entre las cúpulas de los partidos políticos concertacionistas, ya establecidas y consolidadas desde largo tiempo, sin renovarse y eludiendo crear o fortalecer instancias de mayor participación de sus propias bases y del conjunto de la población. Así, por ejemplo, se impidió llevar adelante iniciativas políticas tales como la reforma de la constitución, incluyendo la modificación de la ley electoral, conocida como sistema binominal, que consagra de hecho la exclusión de sectores políticos ajenos a los partidos tradicionales en cargos de elección popular o impide el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

El descontento creciente de amplios sectores de base de los partidos gobernantes, sumado a la debilidad en el proceso de reformas, llevó en el último período de gobierno al desmembramiento parcial de la coalición gobernante y a su descrédito, a pesar de la eficacia, popularidad e imagen altamente favorables de la presidenta Bachelet. La derecha chilena, que nunca dejó de ser una fuerza relevante en Chile y que controla sin ambages todo el quehacer económico del país, dueña de la riqueza y de los medios de comunicación, mayoritaria en el parlamento e influyente en el poder judicial y las fuerzas armadas, fue capaz de estructurarse políticamente de forma muy eficiente, ofreciendo una imagen renovada, moderna y rejuvenecida, logrando inclusive crear importantes bases de apoyo en algunos sectores populares, con un discurso populista orientado a propiciar pequeñas reivindicaciones de problemas cotidianos, sentidos por la población. Al mismo tiempo, hizo esfuerzos por distanciarse de su pasado dictatorial, desvinculándose formalmente de todas las responsabilidades, de los privilegios que obtuvo y compartió en el régimen militar  y de los abusos generados en ese período. El golpe de estado de 1973 y la dictadura pinochetista fueron catalogados como “lamentables hechos del pasado”, con bastante éxito mediático para los derechistas, aprovechando su peso ilimitado en los medios de comunicación de masas y también las vacilaciones y debilidades de la Concertación gobernante en relación a este tema.

El éxodo previsible

Otro factor que influyó en la derrota actual fue el surgimiento y desarrollo de sucesivas disidencias de izquierda en el seno de la Concertación, fenómeno casi imprevisto para los dirigentes políticos tradicionales de los partidos concertacionistas, el cual fué muy mal asimilado y manejado por los mismos. Primero se dió el alejamiento del ex ministro socialista Jorge Arrate, quien abandonó su partido, se integró al partido comunista y pasó a encabezar la coalición Juntos Podemos Más, expresión política de la izquierda extraparlamentaria, como candidato presidencial; luego, fue el senador socialista Andres Navarro quien también rompió con la coalición gobernante y, finalmente, la cabeza más visible de esta disidencia fue el diputado socialista Marco Enriquez- Ominami, quien también renunció a su partido y se convirtió en un exitoso candidato independiente a presidente de la república, generando un movimiento populista y a ratos verbalmente audaz de gran alcance, con un rostro juvenil y renovador que la Concertación hacía rato ya había perdido. Lamentablemente, este candidato terminó priorizando sus conflictos con la Concertación y el gobierno, antes que a su plataforma política progresista y de oposición al retorno de la derecha al poder, generando un programa ambiguo, cargado de reformismo tibio y de guiños hacia la derecha y la izquierda, manteniendo una postura revanchista que lo llevó a afirmar hasta el último día que “era lo mismo” votar por Frei o por Piñera. Esta actitud de ME-O, como se lo conocía, contribuyó a dispersar y debilitar la votación de la Concertación en la segunda vuelta electoral, abriendo paso al triunfo de Piñera y al retorno de la derecha al poder en Chile.

Por esto, con todo lo doloroso y hasta vergonzante que resulta la elección del empresario Sebastián Piñera como presidente de Chile y  el retorno al poder político de la derecha económica y de la ultraderecha pinochetista, este fenómeno no puede ser considerado una sorpresa. Es la consecuencia, por una parte, de un equilibrio electoral mantenido a fuerza de debilidades y concesiones que la Concertación chilena no quiso o no pudo enfrentar durante veinte años de gobierno, prefiriendo perpetuar la Constitución Política, las leyes electorales y otras restricciones, que fueron establecidas por la dictadura y por el parlamento digitado con el cual se inició la transición a la democracia. Por otra parte, por la falta de compromiso de todos los partidos gobernantes con un programa progresista de reformas profundas, que pusiera coto a la extrema concentración de la riqueza y propiciara su redistribución interna, protegiendo la propiedad social de los recursos naturales y ampliando los beneficios sociales con una perspectiva de equidad y justicia, junto con asegurar la defensa irrestricta de los derechos humanos, en especial los de las minorías postergadas, y obtener la aclaración y castigo de todos los delitos cometidos durante la dictadura militar. Finalmente, la inmadurez política o la ambición desmesurada que impidieron tanto a los dirigentes de los partidos de la Concertación el abrir espacio a las inquietudes de la disidencia progresista y a la renovación de sus estructuras y equipos dirigentes, como a algunos líderes de esta disidencia ser capaces de abandonar resquemores personales, priorizar lo esencial, buscar consensos e impedir en definitiva el triunfo de la derecha.

Queda un balance final favorable que no es despreciable: la todavía altísima votación de los sectores progresistas (más del 48%); la incorporación de una nueva fuerza política de izquierda al parlamento, en una de cuyas cámaras su suma constituirá una mayoría crítica, que ayudará a frenar los intentos de retroceso temidos en esta nueva etapa;  así como el fortalecimiento de una conciencia renovadora de las dirigencias y procedimientos de los partidos políticos, para incorporar las nuevas inquietudes, iniciativas e ideas que fueron surgiendo durante la campaña electoral reciente.

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Al cierre de la dictadura, luego de que el régimen stronista se fortaleciera y el clima de estabilidad y el orden encajonaran la palabra libertad y la idea de liberación, en los sectores de oposición política maduraba la inapelable idea de que era imposible romper con el orden stronista.

Como muy bien recoge Mauricio Swartzman en Mito y Duelo (1989), en todos los actores de la oposición formal estaba implícita la idea del diálogo subordinado con el antiguo régimen. En ese presagio fatal, se ubicaba al Ejército paraguayo como piedra angular de la recomposición del régimen. La hegemonía del orden social consolidado por el régimen stronista durante el periodo de “transición” estaba a buen recaudo en la propia cabeza de los Domingo Laíno, Euclides Acevedo y otros referentes de la oposición política paraguaya de esos tiempos. De allí que es muy explicable que haya sido el propio Domingo Laíno, exuberante líder de los liberales en los 80 y 90, el que haya encabezado el pacto de gobernabilidad por el cual se incorporaba a los demás partidos políticos en la constitución de los organismos del Estado: La Corte Suprema de Justicia, la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y luego se sumaría la Fiscalía General. Este pacto de gobernabilidad vendría a crear el escenario apropiado para el mantenimiento del orden social paraguayo, cuyas características principales se sostienen en una economía agro exportadora y reexportadora. El mantenimiento del orden económico estaba garantizado.

El latifundio, aun aquellas tierras que se consideran “malhabidas”, sería preservado en nombre del nuevo orden de estabilidad y democracia. La importación de mercaderías de todo tipo seguiría un ritmo ascendente manteniendo al país en el centro del tráfico del sub continente y aceitando una economía del día a día: eso de de vender baratijas en colectivos, en las calles, en los estadios y en cualquier lugar. Es esta economía la que ha estado absorviendo en su mayor parte la emigración del campo a la ciudad, promovida, entre otras cuestiones, por la extensión de las franjas ganaderas (50 por ciento de las tierras cultivables es pastura según el último censo) y el cultivo de granos a gran escala, la soja principalmente, dos líneas de producción que integran a la cadena a muy pocos trabajadores.

En las últimas tres décadas, este modelo económico avanzó sobremanera sobre el antiguo minifundio y el mundo rural en general, lugar de vida de las familias campesinas, quebrando la “armónica” relación entre campesinos y patrones de ciudad. A la apertura política se sucedieron las ocupaciones de tierras en el campo y en los alrededores de las ciudades-pueblo ante la imposibilidad de pagar “las cómodas” e interminables cuotas de las inmobiliarias. Al universo citado ahora se han sumado las comunidades indígenas, en -tal vez- el último y más lacerante período de expulsión de sus antiguos territorios, también quebrados por el modelo agroexportador extensivo e intensivo. En todo ese tiempo, los organismos públicos se organizaron para defender y mantener este orden.

En ese cuadro dantesco, ese orden intenta perpetuarse a como dé lugar. De repente, así como de la nada, el orden intenta hacer creer a todo un pueblo que el grave problema de nuestro país es un grupito de insurgentes al que se adjudican los secuestros. De repente, los mafiosos que controlan todo el territorio paraguayo no son el problema ni los que saquearon esta nación y disfrutan sus bienes impunemente sino que el problema había sido que son estos villanos rurales que andan ocupando tierras y resistiendo las fumigaciones aéreas en los sojales. O esa gente miserable que anda buscando baldíos para asentarse en los alrededores de la ciudad. Hasta ahora el juego le está saliendo muy barato. Todo el sistema judicial está intacto, ni siquiera una mensura administrativa de tierras puede progresar, la policía pega fuerte a miserables y, en medio, un presidente que, bajado del aura celestial al barro mundano (a buena hora), es incapaz de sostener un decreto ley sobre uso de los agrotóxicos.

El orden está reciclando a todos los sectores del poder económico, aún s los de la mafia sicaria en un mismo bando ante el “peligro de la desestabilización”. No lo van a reconocer formalmente, claro está. Pero eso está ocurriendo. Tienen mucho poder constituido. La gente común juega en esa línea una de sus apuestas históricas. Si ubicamos el sentido real de nuestras disputas, posiblemente dentro de muy poco tiempo ya tengamos capacidad no de confrontar mediáticamente a los verdugos sino de disputarles con sentido, practicidad y fuerza el territorio. Que así sea, antes de que sigan cerrando plazas a los indígenas y vagabundos. En fin, antes de que sigan privatizando lo que es fundamentalmente nuestro.

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Todos los jueves de enero, en el  Café del Teatro Municipal desde las 22:30 horas, sito en las calles Presidente Franco y Alberdi, se realizará una serie de conciertos en tributo a Joaquín Sabina. De este menester se encargarán los muchachos del grupo los del Boulevard. Esta novel agrupación viene incursionando desde hace más de un año en el homenaje al cantautor andaluz. Desde su primera aparición y a través del pundonor puesto en sus actuaciones se ha ganado una ferviente caterva de seguidores/as que esperan con ansias cada interpretación del grupo. El mismo está conformado por Gustavo Areco, Mario Mieres, Gabriel Espínola y Lorenzo Morales. Nos deleitaran con los temas clásicos y los nuevos  del último disco de Joaquinito quien  hace rato nos debe una visita por estos lares.

Y sin embargo mientras esperamos un poco más cada día podemos hacer la pretemporada asistiendo a alguno de los conciertos de estos gallardos jóvenes. . El costode la entrada para aliviarnos del luto de la larga espera es de 15.000 gs.

“…Repudio al secuestro y a la extorción, más aún si ellos son considerados medios de “lucha social”. Los derechos sociales de las mayorías no serán realizados por medio de “cortesías” o regalos de delincuentes, sino por medio de la lucha democrática de las grandes mayorías por la igualdad y la equidad”, expresa un pasaje del pronunciamiento emitido ayer a la tarde.

El documento expresa su “condena” al “Ejército Paraguayo del Pueblo… la  Organización delictiva que además de secuestrar y extorsionar, humilla a las comunidades más pobres ofreciendo alimentos obtenidos por medio de la extorsión y la criminalidad”.

El Espacio Unitario concluye que “Las acciones de los grupos terroristas solo contribuyen a desestabilizar el proceso democrático en el cual se halla inserto nuestro país desde el 20 de abril de 2008.”

Igualmente, el Espacio desea la “pronta desarticulaciòn de todos los grupos teroristas” del paìs, aludiendo al EPP.