El gobierno no se conforma con hacer recortes salvajes en sanidad y en educación, haciendo peligrar el estado de bienestar;  ahora también  peligra el sector de la minería del carbón, cuyas ayudas se pretenden reducir  en un 63%, lo que de hecho supone el cierre definitivo del sector en los próximos meses, lo que supondrá la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Aún estamos a tiempo de evitarlo, pero a la vista del enrocamiento del Ministerio de Industria, que se niega a modificar su postura, parece que solo un milagro les hará cambiar de postura.

En este salvaje recorte el gobierno no ha medido bien las consecuencias de su irresponsable decisión,  que supone no respetar la letra y el espíritu de acuerdos vigentes y hacer caso omiso a las recomendaciones de la Unión Europea, que aconseja ir reduciendo paulatinamente las ayudas hasta el año 2018. Por eso los paros en el sector de la minería, que desde hoy se han convertido en una huelga indefinida, están plenamente justificados, y nos harán recordar tiempos pasados que creíamos ya superados. Con los mineros no se juega, históricamente ya han demostrado su decidido compromiso en la defensa de los derechos de la clase obrera, y  ahora están dispuestos a obligar al gobierno a rectificar.

Lo más triste es que esta medida es más política que económica, dado que no supondrá un ahorro significativo, si  tenemos en cuenta que conllevará una pérdida de ingresos en IVA, IRPF  y cotizaciones a la Seguridad Social,  y  supondrá un importante gasto en prestaciones sociales. Es una medida política en la que, utilizando como excusa la crisis económica, se pretende acabar con un sector estratégico pero deficitario, incompatible con las políticas neoliberales de nuestra derecha, que pretenden  acabar con todo aquello que no de beneficios o no facilite la especulación.

Una vez más comprobamos como las víctimas de la crisis son quienes deben pagar sus consecuencias. Y todo esto está pasando  mientras De Guindos, nuestro “brillante”  Ministro de Economía,  respalda  la decisión  de entregar a Bankia 23.000 millones de euros de dinero público, es decir de todos,  a fondo perdido, sin dar ninguna explicación, y en un momento en el que ya todos sabemos que es la crisis financiera la que nos ha llevado a  la actual situación.

En “Debate a 30″,  un programa de actualidad de la TPA, alguien afirmó -refiriéndose a los mineros- que era delito cortar las carreteras. De inmediato le contesté: si se persiguiesen todas las conductas supuestamente delictivas  que se cometen en nuestras instituciones y en el sector financiero deberíamos de amnistiar a los presos comunes para hacer sitio en nuestras cárceles para alojar a los delincuentes económicos. ¿Alguien lo duda?

(El pasado lunes intervine por vez primera, y espero que no sea la última por haber disfrutado sintiéndome como un pez en el agua, en un programa de televisión. Concretamente fue en la TPA  en el programa de actualidad”Debate en 30″, dedicado a comentar el futuro del sector de la minería, que podéis ver aquí).

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Cuando Gallardón aún no ha dado todavía una explicación pública sobre la deuda de 7.000 millones de euros que dejó como Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, ahora se descuelga oponiéndose a una comisión de investigación sobre el escándalo de Bankia, y justifica su postura en la necesidad de tranquilizar a los mercados. En definitiva, trata de no echar más leña para evitar que se sepa la verdad.  Se equivoca, prolongar la agonía, la mentira y el engaño es la peor de las soluciones posibles para reconducir nuestra situación financiera; y caminar en sentido contrario nos conduce directamente al precipicio. Si esa es la transparencia que nos quiere imponer el Gobierno, deberemos  convertirnos en invisibles antes de mirarnos al espejo.

Me hartan estos políticos tan educados y empalagosos, que presumen de ser centristas para no mojarse cuando están en la oposición, y a  los que se les ve el plumero a la primera de cambio cuando se sienten todopoderosos ocupando una cartera ministerial, pensando que su hermosa dialéctica les convierte en dueños absolutos de la verdad, cuando lo que  realmente hace es poner al descubierto su desnudez mental. Y es que cuando a uno  de estos personajes les quitas la fachada, no encontramos nada detrás.

La ocurrencia de establecer unas elevadas tasas para acceder a la justicia bajo la excusa de mantener la gratuidad  para los que menos tienen, no deja de ser una maniobra de populismo barato, dado que se establece un escoyo insalvable  para gran parte de la clase media, la que parece estar destinada a sufragarlo todo. Y hasta el mismísimo y tan desprestigiado Consejo General del Poder Judicial ha rechazado tal medida.

Pero quizás lo que más ha destacado de nuestro ministro de Justicia en los últimos días es la  defensa a ultranza de Carlos Divar, afirmando que, con el archivo de la denuncia por un presunto delito de malversación de caudales públicos, se fortalece el Estado de Derecho. En definitiva la impunidad de quienes ostentan un cargo que les permite gastar nuestro dinero para sus satisfacciones privadas tiene premio y consolida las instituciones.

Carlos Galeano distingue entre indignos e indignados, y al señor Gallardón, por méritos propios se ha ganado el “mérito” de ser incluido en el grupo de los primeros. Su sinceridad le honra y le delata.

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La pasado semana estuvo en Asturias Francisco Lopez, colaborador habitual de SInLaVeniA, acompañado de varios camarrupas, para preparar la visita que realizarán a nuestra región este grupo de madrileños amantes de la naturaleza. Pese al orbayu y la niebla existente, que embellece de manera notable la primera de las fotografías, consiguieron realizar la ruta del rio Infierno, que comienza en el área recreativa de La Pesanca  (en Espinaredo).

El próximo 23 de junio todo el grupo de montaña de los camarrupas, en número no inferior a 20 componentes, recorrerán de nuevo la ruta del Rio Infierno, y me han transmitido una expresa invitación a los colaboradores habituales de SInLaVeniA para que participen en la excursión. Todos los que quieran hacerlo tienen 28 días para prepararse.

Personalmente os diré que es un lugar privilegiado para los aficionados a la fotografía, especialmente en otoño. Pero merece la pena visitar la zona en cualquier época del año, como puede observarse en estas fotografías realizadas el pasado fin de semana.

En las próximas semanas os ampliaré detalles, para que conozcáis el punto y hora de salida de esta ruta, que se realiza por un cómodo camino, y es de escasa dificultad para llegar al punto de destino final.

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Gracias al partido en el Gobierno, que habla de miles de millones de euros como si fuesen cantidades sin importancia, en este país hemos perdido la noción del dinero. Para centrarnos debidamente en lo que está ocurriendo, 20.000 millones de euros equivalen  a 3.327.720.000.000  pesetas, es decir, más de 3 billones de las antiguas pesetas. Y esto es lo que aproximadamente nos costará a los españoles el rescate de Bankia con dinero público, es decir con nuestro dinero. Si lo dividimos entre 40 millones de habitantes tocamos a 500 euros, pero si lo hacemos contabilizando tan solo a las personas en activo, deberíamos de multiplicar por tres dicha cantidad.

Para que todo el mundo lo recuerde, Bankia es la suma de CajaMadrid y Bancaja, dos entidades financieras  controladas directamente por el PP en las Comunidades de Madrid y Valencia, bajo la supervisión de “don” Francisco Camps y “doña” Esperanza Aguirre, que las utilizaban a su antojo para financiar sus obras faraónicas y sus propios caprichos,  y que sirvieron para que  especuladores urbanísticos obtuvieran dinero fácil, sin ni tan siquiera empeñar sus patrimonios personales.

Es llamativo comprobar cómo las Comunidades de Valencia y Madrid, hace décadas gobernadas por los socialistas, se convirtieron en los centros neurálgicos del PP, que las gobiernan, controlan y administran por mayoría absoluta gracias al trabajo de políticos populares, populistas y sin escrúpulos,  muchos de ellos imputados. Y sus votos han sido determinantes para la obtención de una mayoría absoluta holgada por parte del partido en el gobierno de la nación, el mismo que ahora está hundiendo nuestra economía, privatizando nuestra sanidad, y convirtiendo en elitista nuestro sistema educativo.

Con una situación así, durante la  Revolución Francesa serían pasados por la guillotina sus responsables. Pero ahora lo políticamente correcto es ser un sinvergüenza, un golfo, un caradura, que goza de plena impunidad bajo la protección de un gobierno que usa y abusa de su mayoría absoluta, y que en menos de seis meses ha conseguido  acabar con nuestro estado de bienestar y con los derechos laborales de los trabajadores, e intenta ahora, con el uso del miedo, fulminar nuestra propia dignidad.

La gravedad de la situación es tan extrema que resulta inexplicable la pasividad de los ciudadanos, que contemplan como inevitable cuanto está sucediendo. Sanear Bankia nos costará el doble de los 10.000 millones que se han recortado por decreto en las últimas semanas en sanidad y en educación; y la reforma financiera no ha hecho más que empezar. Eso sí cuando Bankia quede impoluta y aseada de nuevo se privatizará para que los mismos que originaron la crisis económica puedan seguir  especulando con  nuestros destinos, si aún estamos vivos después de tanto desatino.

¿Seguimos pensando que la culpa de todo la tiene Zapatero?. Los socialistas nos cortaron un dedo,  y la mayoría decidieron apostar por quienes nos ha dejado sin brazos, sin manos, y están a punto de cortarnos la cabeza.

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Los principios fundamentales que rigen hoy el sistema educativo indio son los que Jawaharlal Nehru, Primer Ministro de la India independiente, y su equipo formularon a mediados del siglo XX. Nehru pensó en la India como una democracia secular sustentada bajo una economía de izquierdas. Quería una educación universal, que junto a un desarrollo industrial, sería el motor del desarrollo indio. Garantizando estos derechos estaba convencido de que conseguiría reducir y unificar las divisiones de la India, forjadas en los distintos niveles de riqueza, casta y religión. Los puntos centrales de la política educativa de Nehru fueron la pluralidad, el secularismo y la búsqueda de la excelencia en la enseñanza universitaria.

Aunque el Gobierno haya implementado numerosos programas para garantizar la educación universal, persisten altas tasas de abandono escolar y falta de concienciación entre los padres sobre la necesidad de la educación de sus hijos y sobre todo de sus hijas. Aún así, las mejoras son visibles. La Constitución india marca una educación gratuita dirigida a todos los niños y niñas hasta los 14 años y establece la responsabilidad educativa compartida entre el gobierno central y los estados. La carta magna india también dedica un apartado a la educación de las minorías y a los grupos vulnerables. Todas las políticas posteriores giran entorno a estos dos conceptos de educación obligatoria y esfuerzo por garantizar acceso a la educación a la mayor parte de la población posible. Sin embargo, debido a las dificultades de aplicación real, muchas leyes han tenido que repetir su objetivo general hasta conseguir que se convirtiera en una herramienta eficaz.

La Política Nacional de Educación de 1986, estableció la educación primaria como gratuita y, además, obligatoria, como vehículo para el cambio. A su vez, impulsó la enseñanza en tres lenguas, el fomento de la igualdad de oportunidades y la supremacía de los estudios científicos sobre los sociales.

En 1990, por influencia de la Conferencia Mundial sobre la ‘Educación para Todos’ en Jomtien (Tailandia), el gobierno indio aceptó asistencia externa para promover la ecuación primaria universal. El primer gran proyecto lanzado por el gobierno indio a partir de este acuerdo fue el Programa de Educación Primaria por Distritos (DPEP) en 1994 que promovió la educación en casi la mitad de distritos de la India con bajas tasas de alfabetización femenina. Este programa facilitó la creación de relaciones dinámicas entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Junto a incentivos para mejorar la salud y acceso a la escuela como el nuevo Programa de Nutrición, lanzado en 1995 y en 2001, el gobierno indio puso en marcha el ambicioso plan, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). Éste pretendía proporcionar educación primaria universal para todos los niños y niñas de la India de cara al 2010 y dotaba de gran flexibilidad para que aplicaran sus propias estrategias, según el contexto determinado.

La 86ª enmienda a la Constitución en 2002 dio paso a una nueva etapa en la que la educación se consideraba un Derecho Fundamental y el artículo 21A establecía el deber del Estado de cumplirlo.

En un último intento por conseguir la educación universal, se aprobó recientemente la Ley del Derecho a la Educación de 2009. Esta norma reincidía en el derecho a la educación básica gratuita y obligatoria hasta los 14 años. Pasó a ser el pilar para conseguir una educación primaria de calidad, y para que el Estado trabajara de manera conjunta con las familias y las comunidades. Fue la primera vez en la que se incluía a estos tres actores como parte básica para conseguir completar el ciclo de educación primaria en la India. La ley establecía que las escuelas debían constituir Comités de Gestión Escolar (SMC), integrados por el funcionariado de los organismos locales, padres y madres, tutores y tutoras y el profesorado. Dicha ley apostaba, además, por el derecho de la educación sobre los principios de igualdad y no discriminación.

(Los textos de esta entrada han sido tomados de un artículo que, bajo el título “El sistema educativo en la India”, se encuentra publicado en la web de la Fundación Vicente Ferrer).

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