Por Alejandro A. Tagliavini

El Heraldo, Tegucigalpa

Parece descorazonador encontrar que "toda persona tiene precio" y que se compra todo; pero en rigor, esto no es tan malo; si tenemos en cuenta que el dinero, cuando es bien habido, a través del mercado natural, es el resultado del servicio a los clientes, a las personas.

Es la violencia, dice la escolástica aristotélico-tomista, la que provoca el desvío del orden natural, de la moral.

Lo inmoral, pues, surge cuando ese dinero se obtiene de manera coactiva (violenta) o se utiliza de manera inmoral, por caso, para promover la coacción. Ahora, como el Estado se arroga el monopolio de la violencia, que manejan políticos y funcionarios a discreción, estos suelen ser víctimas o victimarios de dineros mal habidos.

Por eso, al contrario de la creencia popular, los grupos o personas exageradamente ricos no suelen ser el resultado del mercado ni suelen apoyarlo. Como señala Ivan Eland "muchas personas confunden una orientación ‘pro-mercado’ con una ‘pro-empresa’".

Dicen los rumores, que los políticos han recibido más donaciones (multimillonarias) de las empresas que se favorecen con la coactiva ley SOPA que de quienes se oponen, y que ahora han conseguido el encarcelamiento del fundador de Megaupload.

Ciertamente, la violencia (la inmoralidad) tiene patas cortas, es que al orden natural, dice la escolástica, no hay fuerza humana que pueda detenerlo. A pesar del cierre de Megaupload, por caso, según una investigación de Clarín, en Argentina no se detienen las descargas "ilegales" ya que la gente encontró alternativas, de acuerdo a los datos de uno de los mayores proveedores de acceso a Internet. Además, el desarrollo tecnológico (natural) favorece a la libertad. Hoy, "la nube" permite colocar datos en una empresa externa para el almacenamiento y la recuperación electrónica, en cualquier lugar remoto del planeta.

Así las cosas, las primarias republicanas resultan sugestivas. Mitt Romney, el empresario exgobernador de Massachusetts, es uno de los favoritos ya que tranquiliza a muchos inversores de banca (el establishment) de Wall Street, dadas sus políticas convencionales sobre todo en contraposición a otro candidato, Ron Paul, que propone cerrar la Reserva Federal (Fed), y restablecer el patrón oro, terminando con los privilegios que otorga a los banqueros (como el dinero barato que provee con los impuestos de todos). Irónicamente, Romney atacó a otro favorito, Newt Gingrich, describiéndolo como un hombre "errático" vinculado a grandes empresas.

Probablemente Santorum abandone, con lo que Gingrich quedaría como el único ultraconservador en la disputa republicana, el verdadero "anti-Romney".

Mientras que el último candidato, Ron Paul, que irónicamente según una encuesta de la CNN, tendría las mejores chances frente a Obama si fuera el candidato opositor, pareciera no tener precio, no se compra ni con Mastercard. Sabiendo que no ganará, se da el lujo de decir la verdad. Se opone a la guerra, contrastando con Obama que prometió retirar todas las tropas apenas asumía y falló. Se opone al liberticida Patriot Act, que Obama prolongó, y quiere cerrar Guantánamo lo que Obama no cumplió. Dice que cortará el gasto en US$ 1 billón mientras que Obama aumenta la deuda disparatadamente. Y Ron Paul, que insiste en la abolición de la Fed, la CIA y otros organismos, promovería un acercamiento a Cuba contra la pasividad de Obama y la agresividad de los conservadores.

El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity en el Independent Institute, de Oakland, California.

Instituto Juan de Mariana

El dinero como institución funciona mediante las decisiones libres y acopladas de grandes cantidades de agentes económicos que lo ofrecen y aceptan voluntariamente como medio de pago, lo guardan como depósito de valor y lo usan como referencia y unidad de cuenta. El dinero externo o dinero mercancía (normalmente diferentes monedas y lingotes de metales preciosos) se complementa con el dinero interno o promesas de pago de los bancos (billetes o depósitos) a muy corto plazo y con colateral muy líquido.

Cada individuo ejerce una pequeña influencia sobre el sistema monetario, controla su calidad según cómo lo usa o deja de hacerlo: qué dineros concretos acepta y cuáles no, en qué condiciones y a qué precios (o poder adquisitivo). Las monedas pueden no aceptarse por su valor nominal si su pureza o peso son diferentes de los anunciados o se sospecha alguna posible falsificación; las promesas de pago pueden rechazarse, o aceptarse solo con algún descuento, por ser poco fiables o difíciles de cobrar (pasivos de bancos con reservas insuficientes o activos poco líquidos). Los productores de los diversos dineros y medios de pago (especialmente los bancos) no los imponen de forma coactiva sino que compiten por ofrecer un bien con poder adquisitivo estable. La libre competencia tiende a expulsar y eliminar los malos dineros, y los efectos de red y realimentación positiva hacen que predominen unos pocos dineros fácilmente convertibles entre sí (monedas de acuñaciones reconocidas, billetes y depósitos de bancos fiables y convertibles en metálico a la vista). El mal dinero bancario puede hacer quebrar a sus emisores, los bancos que expanden el crédito en exceso, deterioran su liquidez, asumen demasiados riesgos, descalzan plazos y terminan siendo insolventes.

Las funciones de medio de intercambio y depósito de valor del dinero son complementarias: mientras que no se encuentra una oportunidad de compra o inversión interesante, el dinero se atesora a la espera de mejores circunstancias. Los individuos no escogen solamente entre los diversos dineros posibles: también deciden qué producir, qué vender y qué comprar, a qué precios, en qué cantidades, y en qué momento. Cuanto mayor sea la especialización y la división del trabajo más necesarios y frecuentes son los intercambios monetarios. Pero estos intercambios sólo se producen voluntariamente si ambas partes resultan a priori beneficiadas, lo que exige a los productores adaptarse permanentemente a las demandas de los consumidores.

La estructura de producción de una economía compleja tiene múltiples procesos y agentes intermedios entre los bienes finales de consumo y los factores de producción de órdenes superiores. Una estructura de producción de una economía libre tiende a reflejar las capacidades y las preferencias de los agentes económicos, no sólo en la diversidad de bienes y servicios sino especialmente en su dimensión temporal (bienes presentes o bienes futuros): los patrones de especialización e intercambio sólo son sostenibles si son compatibles con las preferencias y capacidades de los agentes para el consumo y el ahorro.

El mercado genera de forma espontánea su propia regulación descentralizada. Algunos intercambios se negocian y realizan en el presente inmediato adaptándose de forma flexible a las condiciones de la oferta y la demanda de cada momento y lugar; otras relaciones formalizadas mediante contratos garantizan ciertos precios y cantidades en algún intervalo de tiempo, reduciendo así la volatilidad y la incertidumbre. Los contratos producen reglas prácticas concretas de aplicación local que complementan a la norma básica del derecho de propiedad o principio de no agresión: las reglas más adecuadas se descubren de forma evolutiva mediante ensayos y difusión de lo exitoso.

Un individuo puede participar en un proyecto empresarial mediante la compra de acciones de una sociedad (que dan derecho al control de la misma y a posible dividendos). Los agentes (tanto individuales como colectivos) pueden prestarse dinero unos a otros a cambio de un interés, por diversos plazos de tiempo, y con diferentes garantías (avales, restricciones contractuales, colateral): el que presta realiza un gasto ahora a cambio de una promesa de ingreso futuro; el que recibe prestado recibe un ingreso ahora a cambio de una obligación de gasto o pago futuro. Los préstamos pueden realizarse directamente entre las partes o mediante la intermediación bancaria.

Cada agente económico posee un patrimonio constituido potencialmente por objetos físicos (activos inmobiliarios, vehículos, máquinas, herramientas, materias primas), dinero y activos financieros (acciones y derechos de cobro, lo que otros le deben), y además puede tener un pasivo (obligaciones de pago, lo que debe a otros). Con cada intercambio se producen ingresos (el dinero que se recibe) y gastos (el dinero que se da): el gasto de uno es el ingreso de otro. Los pagos pueden ser por realizar un trabajo (salario), por un alquiler (renta), por compraventa de bienes y servicios, por intereses de un préstamo o por dividendos de acciones.

Ingresos y gastos son flujos que se suman al patrimonio o se restan del mismo: un ingreso monetario incrementa el saldo de tesorería; el dinero puede ser gastado en bienes de consumo (perecederos o duraderos) o invertido (acciones, préstamos). Los agentes pueden mantener o modificar la distribución de su patrimonio y su posición financiera según sus circunstancias presentes y sus expectativas (confianza o desconfianza) sobre el futuro, asumiendo más o menos riesgos, reduciendo o incrementando los plazos de las deudas (como acreedores o deudores), manteniendo más o menos liquidez.

Las personas en sus decisiones económicas no tienen en cuenta solamente las condiciones presentes, que nunca se conocen en su totalidad, sino que consideran también las expectativas de cara al futuro, especulan porque no pueden predecir con certeza absoluta. Los agentes económicos, tanto individuos como colectivos, asumen empresarialmente diversos riesgos e incertidumbre al planificar la producción de bienes y servicios valiosos para los demás, y reciben premios o castigos (beneficios o pérdidas) según cómo acierten o se equivoquen.

El mercado tiende a corregirse porque quita recursos escasos a aquellos que demuestran no saber usarlos de forma eficaz y eficiente y se los entrega a quienes sí han sabido hacerlo. Los que fracasan en sus proyectos empresariales deben asumir las pérdidas, corregir su conducta, traspasar sus negocios o quebrar y liquidarlos, dejando recursos disponibles para los demás. Las equivocaciones generalizadas son raras: pueden producirse efectos de manada o imitación, optimismos contagiosos o exuberancias irracionales, pero toda transacción tiene dos partes y es posible obtener grandes beneficios apostando contra mayorías equivocadas.

Los factores de producción (trabajo, materias primas, maquinaria) no suelen estar en uso en su totalidad: por precaución es necesario mantener ciertas reservas disponibles para situaciones problemáticas (averías, cortes de suministro, incrementos de demanda). Además la constante reorganización y adaptación de la estructura de producción implica que algunos recursos deban permanecer inutilizados mientras que se liberan de proyectos productivos fracasados y se recolocan en nuevas empresas con perspectivas de beneficio. La necesidad de ajustes mayores implica más recursos desaprovechados por más tiempo.

Infolatam

MADRID. - El gobierno cubano no ha dado muchas vueltas a la cabeza para dar respuesta a las condenas que ha recibido de todo el mundo civilizado por la muerte de Wilman Villar Mendoza después de una huelga de hambre de 50 días. Se ha limitado a tirar de manual.

El recetario castrista, muy gastado por el uso, consiste en la descalificación de la víctima y en la denuncia de una campaña internacional contra Cuba. Wilmar Villar Mendoza no era, según esa fórmula, un preso de conciencia sino un vulgar delincuente, condenado a cuatro años de cárcel “tras un proceso justo” y “un juicio conforme a derecho”, por haber “golpeado brutalmente y en público a su esposa, agredir a los policías y resistirse violentamente a la detención”. Y las críticas contra el gobierno de la isla son fruto de una “intensa campaña internacional difamatoria, en contubernio con elementos contrarrevolucionarios internos”, con el propósito de “vender una imagen falsa de supuestas violaciones flagrantes y sistemáticas de las libertades en Cuba que algún día justifique una intervención con el fin de “proteger a cubanos civiles indefensos”.

Todos los que han condenado el atropello que condujo a Wilmar Villar Mendoza a una celda de castigo y finalmente a la muerte, han sido acusados de “cínicos” y de actuar con “doble rasero”. Y una de las más feroces críticas ha sido para el gobierno español, nada menos que del propio Fidel Castro. El Comandante decidió tomarse un respiro y abandonar el Olimpo de sus apocalípticas reflexiones sobre la inminencia de un holocausto nuclear, para denunciar que en España gobierna “la derecha fascista de Aznar y Rajoy” a quienes tilda de “admiradores” de Franco.

Descalificar a alguien llamándole fascista es algo que Fidel Castro hace con regularidad. Eso no sorprende a nadie. Pero acusar a un demócrata de admirar a Franco resulta cuando menos chocante porque el autócrata cubano, de origen gallego, fue uno de los principales admiradores del dictador gallego, a quien rindió tributo cuando falleció, decretando tres días de luto oficial con la bandera del país ondeando a media asta. Esas muestras de pesar solo se reservan en Cuba para gente “admirable”, como el sátrapa norcoreano Kim Jong-il, tras cuya muerte en diciembre del pasado año, Raúl Castro decretó también tres días de duelo oficial con las banderas a media asta. El español y el coreano, hermanados por los Castro, deben estar profundamente agradecidos.

Pero el problema de Fidel Castro no es tanto quién admira a quién sino su preocupación ante la nueva etapa que se abre entre los dos países por el cambio de gobierno en España. Cuba ha perdido a su principal aliado en Europa y eso duele. La complacencia que tuvieron con el régimen cubano José Luis Rodríguez Zapatero y sus ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez, ha llegado a su fin y la muerte de Wilmar Villar Mendoza ha servido de aldabonazo para anunciar una nueva política.

La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría dejó claro que el gobierno español, en su política exterior, “tendrá siempre como horizonte la defensa de las libertades políticas y la protección de los Derechos Humanos” y “especialmente en el caso de Cuba”. Y el nuevo Canciller español, José Manuel García-Margallo, afirmó que la revisión de la actual política de firmeza de la Unión Europea con Cuba dependerá de los “avances” en el campo de los derechos y libertades que haga el Gobierno cubano.

El 2 de diciembre de 1996, a instancias también de un gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar, Europa adoptó la llamada Posición Común, que supedita el diálogo con el régimen de La Habana al avance en democracia y derechos humanos. La medida se aprobó diez meses después del derribo por cazas cubanos, fuera del espacio aéreo de la isla, de dos avionetas civiles de la organización de exiliados Hermanos al Rescate y de la muerte de sus cuatro ocupantes.

La entonces Comunidad Económica Europea mantenía desde 1988 tímidos contactos con Cuba que se incrementaron a partir de 1991, tras la desintegración de la Unión Soviética, con el convencimiento de que también el régimen cubano, como el resto de los países comunistas de la Europa del Este, iniciaría una transición pacífica a la democracia. Pero tras el asesinato de los aviadores cubanos, la UE suspendió el diálogo y lo condicionó a un avance en materia política. Desde entonces, las relaciones entre Cuba y la Unión Europea se han desarrollado de modo pendular, con interrupciones y nuevas negociaciones, pero sin lograr que se produjeran avances significativos en el terreno de los derechos humanos.

En junio de 2001, el diálogo político entre ambas partes se reactivó con la visita a La Habana de Louis Michel, Comisario Europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria. El representante europeo pidió a Fidel Castro que diera algún paso para permitir a Cuba el acceso al Grupo de Países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y entrar en la negociación del Acuerdo de Asociación de Cotonou con Europa. En enero de 2003, el Gobierno cubano solicitó formalmente el acceso al ACP y en marzo la Unión Europea abrió una Delegación en La Habana.

Sin embargo, en ese mismo mes y el siguiente, 75 disidentes fueron detenidos y condenados a fuertes penas de prisión en la llamada “primavera negra” y la Unión Europea suspendió el proceso para que Cuba accediera al Acuerdo de Cotonou. En mayo, a iniciativa del Gobierno español, la UE aprobó una serie de sanciones diplomáticas contra Cuba; también se acordó invitar a disidentes cubanos a las celebraciones de las fiestas nacionales en las legaciones diplomáticas comunitarias en La Habana.

Los puentes entre Europa y Cuba quedaron seriamente dañados hasta la llegada al poder en España de José Luis Rodríguez Zapatero, quien abogó por eliminar la Posición Común. En enero de 2005, la UE dejó en suspenso las sanciones contra Cuba, que renueva anualmente, pero en octubre Fidel Castro arremetió contra los países comunitarios, acusándolos de “hipócritas” y “lacayos de Estados Unidos”, después de que el Parlamento Europeo concediera a las Damas de Blanco el Premio Sajarov a la libertad de conciencia. Parecidos epítetos lanzó Fidel Castro en 2010 desde la tribuna de sus “reflexiones”, cuando el mismo premio le fue otorgado al disidente Guillermo Fariñas y tras las protestas, por la muerte, también por huelga de hambre, de Orlando Zapata Tamayo.

La etapa que se abre ahora significa un regreso al punto de partida porque el régimen cubano sigue siendo el mismo. Las leyes represivas continúan en vigor y el gobierno persigue y encarcela a todos los que se atreven a exigir democracia y libertad. La dictadura no ha cambiado con el relevo dinástico en la jefatura del Estado. La transición hacia la democracia no figura en la agenda “reformista” de Raúl Castro. El fallecimiento de Wilmar Villar Mendoza es, desgraciadamente, la prueba, una más, de la intolerancia de un régimen moribundo que se resiste a desaparecer pese a las presiones del “contubernio” europeo.

Ideas - Libertad Digital, Madrid

Si Rajoy hubiera llegado en otras circunstancias a la Presidencia del Gobierno –si hubiera ganado las elecciones sin que el país estuviera amenazado por la más absoluta ruina–, su actuación se habría mantenido, probablemente, dentro de los límites de lo políticamente correcto.

Ese Rajoy habría mejorado la gestión de las administraciones públicas; habría tratado de que la corrupción política fuera algo menos obscena y evidente; habría hecho algún gesto destinado a apaciguar a su electorado más conservador, como por ejemplo modificar la actual Ley del Aborto y la asignatura de Educación para la Ciudadanía...

En otros temas de calado verdaderamente profundo ni siquiera habría entrado, para no alterar el statu quo imperante. Habría mantenido las subvenciones a sindicatos y patronal, para continuar sosteniendo esa ficción denominada agentes sociales, que tan sólo sirven para hacer creer a la gente que lo que les impones es con su consentimiento. Habría tendido la mano a los nacionalistas, a pesar de la mayoría absoluta, sacrificando nuevos fragmentos de soberanía para garantizar una precaria paz territorial. Habría continuado impulsando leyes que financiaran al lobby de la cultura a costa de todos los ciudadanos, para no perturbar la hegemonía ideológica de la progresía patria.

Por lo que a los asuntos más peliagudos respecta (conflictos estatutarios, violaciones de los derechos lingüísticos, negociación con ETA y atentados del 11-M), se habría escudado en la política de hechos consumados y en el "respeto a las decisiones de los tribunales" para dejar que las cosas siguieran su lento curso de destrucción de la norma constitucional. Y habría aprovechado, por supuesto, la sumisión de los poderes judicial y mediático para asegurarse de que nadie pusiera en cuestión el guión.

El problema es... que las superproducciones cuestan mucho, muchísimo dinero. Y que ya no hay fondos para seguir filmando ese delirante guión.

No hay dinero para subvencionar a los agentes sociales, no hay dinero para seguir manteniendo los diecisiete chiringuitos autonómicos, no hay dinero para que algunos se sigan enriqueciendo en nombre de la cultura, no hay dinero para mantener engrasada la rueda de la corrupción municipal... Y tampoco hay dinero para seguir contando con unos medios de comunicación sumisos, dispuestos siempre a invocar ficticias razones de Estado con el fin de justificar el calamitoso estado de la Razón.

El statu quo surgido de la Transición, y basado en una lenta y progresiva desnaturalización de la Constitución del 78, está muerto. Y se ha muerto por consunción, ante la carencia de dinero con la que seguir alimentándolo.

De modo que la legislatura de Rajoy va a estar marcada, no por la crisis económica, sino por la crisis del sistema político que la quiebra económica va a inducir. Muerto el chollo, sólo nos va a quedar el bollo.

Si el lector se fija, lo que van a quebrar son los mecanismos de supuesta mediación social. En estas últimas tres décadas, España ha desarrollado un refinado sistema de control de la sociedad civil que permite –que permitía– a la clase política actuar sin interferencias ciudadanas de ningún tipo. Los sindicatos cumplían su papel de garantes de la paz social, de que las protestas callejeras no pasaran nunca de simples escenificaciones. Y cobraban por ello. La mayoría de medios de comunicación se encargaban de silenciar lo que no interesa y de mantener una aparente pluralidad con respecto a un calendario informativo inocuo y previamente decidido. Y cobraban por ello. Los partidos nacionalistas encauzaban las tentaciones de ruptura territorial repentina, derivándolas hacia una ruptura a plazos. Y cobraban por ello. Y los múltiples sindicatos de la ceja contribuían a establecer la ideología dominante, poniendo a la cultura rostros que en realidad solo eran máscaras. Y cobraban por ello.

Gracias a eso, era en los despachos –y no en el Parlamento, ni en las urnas– donde tenía lugar la auténtica toma de decisiones.

Por eso molestan tanto, en este sistema, los que se salen del guión: los movimientos cívicos no mediatizados, los medios de comunicación no mediatizados, los partidos emergentes no mediatizados y los intelectuales no mediatizados.

Pero ahora, en ausencia del dinero necesario para seguir manteniendo ese control social, el nuevo gobierno popular va a tener, quiera o no quiera, que afrontar la crisis del sistema.

Desacreditados los sindicatos, cualquier posible protesta se canalizará en la calle al margen de ellos. Faltos de recursos los chiringuitos autonómicos, el conflicto latente se planteará con toda la crudeza: o reducción de competencias autonómicas o ruptura total y repentina del Estado. Arruinado el prestigio de los sindicatos de la ceja, la producción ideológica y cultural se verá cada vez más dominada por la explosión de internet y de las redes sociales. Condenados al cierre o a la consolidación, los medios de comunicación que no desaparezcan se verán forzados a jugar, si quieren sobrevivir, su papel originario de controladores del poder.

España va a encaminarse, lo quiera o no el nuevo gobierno, hacia una verdadera democracia, en la que la ciudadanía podrá encontrar, por fin, verdaderos cauces de participación. Y todos los conflictos larvados van a emerger y a tener que resolverse en las urnas, y no en los despachos. El Parlamento recuperará, también, su verdadero papel como foro de debate.

Rajoy se enfrenta, por tanto, a una disyuntiva básica: o trata de mantener en pie un edificio que se desmorona o se pone al frente de la brigada de demolición, para asegurarse de que el nuevo palacio que se levante sobre los escombros esté bien construido. Si enarbola la bandera de la regeneración del sistema, el proceso de transición resultante será un proceso controlado. Por el contrario, si decide apuntalar la ruina existente y fracasa, España podría adentrarse en una senda de ruptura cuya deriva no sabemos si discurriría por senderos islandeses, tunecinos o egipcios.

La actitud de Rajoy dependerá, en buena medida, de factores externos. Cuanto más aguda sea la crisis económica en Europa, más presiones tendrá para acometer reformas de calado del sistema.

Pero los factores internos desempeñarán también un papel determinante. El hecho de que en estos ocho años no se haya podido desarticular a los movimientos cívicos no mediatizados, el hecho de que no se haya podido silenciar a los medios de comunicación independientes, el hecho de que no se haya podido controlar la ciberesfera, el hecho de que no se haya podido impedir la aparición y consolidación de nuevos partidos, todo eso implica que la sociedad civil tiene en su mano contribuir al desbloqueo de la situación política y a determinar el futuro de esa Segunda Transición hacia la que nos encaminamos.

Resulta alentador comprobar que, por muy grandes que hayan sido las presiones, por muy terribles que hayan sido los pactos de silencio, por muy abyectas que hayan sido las campañas de descrédito, no ha podido cerrarse, en estos ocho años, ni uno solo de los principales frentes abiertos: ni el de las reformas estatutarias, ni el de la negociación con ETA ni el de las investigaciones del 11-M.

Aun cuando Rajoy optara por la vía suicida de pactar con los nacionalistas, las protestas contra las violaciones de los derechos constitucionales en algunas comunidades autónomas van a ir a más. Aunque Rajoy decidiera escudarse en los tribunales –y en especial en el Constitucional– para no entorpecer la hoja de ruta de negociación con ETA, decidida en no sabemos qué despachos, una parte de la ciudadanía va a seguir sin aceptar que sea la banda terrorista, al final, la que salga victoriosa. Y aunque Rajoy quisiera relegar al olvido el episodio del 11-M, los medios de comunicación independientes no vamos a dejar de sacar nueva información.

De manera que el gobierno popular se verá obligado a decidir si respalda claramente a quienes luchan por la Verdad, por la Justicia y por la Libertad... o si prefiere no incomodar a aquellos para los que esa lucha constituye una amenaza. Un alineamiento claro con los movimientos cívicos significaría la ruptura definitiva del statu quo de la Transición y el inicio de las hostilidades con todos aquellos sectores que no están dispuestos a que el carcomido edificio se desmorone. Una actitud demasiado tímida, por el contrario, trasladaría al nuevo gobierno parte del descrédito del anterior. Probablemente Rajoy opte por una actitud intermedia, que no le sitúe en primera línea del frente de batalla pero que tampoco le enfangue en lodos que no son suyos.

Lo cual quiere decir, por supuesto, en lo que a los movimientos cívicos respecta, que tienen que estar dispuestos a compensar, con presiones iguales o superiores, las presiones que Rajoy reciba desde los sectores más inmovilistas.

De todos modos, la situación es tan abierta que resulta difícil prever cómo evolucionarán las circunstancias. Lo que sí está claro es que todas las alarmas se han encendido hace tiempo en todos los despachos, y que la tarea de elaboración de planes de contingencia está en marcha. Si Rajoy fracasara a la hora de insuflar confianza en la ciudadanía con sus primeras medidas, si la crisis económica se agravara mucho más por causas exógenas o si el malestar social (el auténtico, no el mediatizado) comenzara a plasmarse en agitación callejera, podríamos ver materializarse cortafuegos políticos en los que a nadie se le habría ocurrido pensar hace solo unos meses.

En esa dirección apuntan algunas maniobras internas (pero con apoyo exterior) que intentan pergeñar un posible gobierno de emergencia nacional, con presencia de los dos principales partidos. Como también se están barajando hace ya tiempo diversas posibilidades de reforma constitucional, que dependen enteramente de cómo vaya evolucionando el equilibrio de poderes a lo largo de los dos próximos meses.

Casi todo el mundo tiene claro que el actual sistema no se sostiene. En lo que no hay acuerdo es en cuáles son las medidas terapéuticas. Y no hay acuerdo por una razón muy simple: todos los sectores de los distintos poderes del Estado –servicios de información incluidos– van a luchar con uñas y dientes para que la eventual solución respete o incremente su propia cuota de poder. Nadie va a suicidarse o a sumergirse en el limbo de la Historia por voluntad propia. Las maniobras en torno a una eventual abdicación del Rey son el mejor ejemplo de la lucha que ya se ha desatado.

Y será esa lucha por conseguir la mejor habitación posible en el nuevo palacio la que marque la actualidad política e informativa de esta legislatura. Decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. Parafraseando al prusiano, nosotros podríamos decir que la guerra de dosieres informativos es la continuación, por otros medios, de la política. Los escándalos de corrupción servirán para desactivar a potenciales rivales, al mismo tiempo que se marcan distancias entre la nueva situación y los ocho años de zapaterismo.

Lo cual nos lleva al principal de los desafíos que Rajoy va a tener que afrontar: la necesaria reforma de los servicios de información, que a lo largo de los últimos treinta años han adquirido una clara vida propia y un carácter transversal que los convierte, no en una herramienta al servicio del poder político, sino en un auténtico poder independiente. Un poder fragmentado, eso sí, en familias muchas veces enfrentadas entre sí y donde, en ocasiones, nadie sabe para quién trabaja nadie. Y un poder que se solapa de formas insospechadas con los poderes político, mediático, judicial y financiero. Pero un poder que goza en España de una tremenda fuerza, no sometida a ningún tipo de control democrático y que interviene en las luchas de dosieres con un entusiasmo a veces demasiado evidente.

Fue la renuncia a controlar los servicios de información lo que condujo al naufragio a esa estrategia de lluvia fina que Aznar creyó ingenuamente poder llevar a término. Está por ver que Rajoy no vuelva a tropezar en la misma piedra.

Sea como sea, lo único claro es que los españoles nos enfrentamos a una crisis brutal, que nos sitúa al borde de perecer como nación. Pero que al mismo tiempo nos da la oportunidad de implantar por fin una verdadera democracia en nuestro país, con una auténtica separación de poderes y con una efectiva participación de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública.

Como suele decirse: ¡Dios nos libre de las épocas interesantes! Pero, dado que parece habernos tocado vivir una, aprovechemos la jugada para intentar labrarnos el mejor de los futuros posibles.

Este texto está tomado del más reciente número de nuestra revista de pensamiento, LA ILUSTRACIÓN LIBERAL, ya a disposición de sus suscriptores.

El Periódico, Guatemala

Escribo esta columna con vista al turquesa, no a cualquier mar.  Con arenas blancas y palmeras.  Entre gente amabilísima y con gran sentido del humor.  Rodeado de una arquitectura vernácula que –a pesar del óxido y de la madera envejecida– conserva su dignidad y encanto.  Y donde muchos ven una ciudad dormilona y potencial; veo una ciudad vibrante, rica y enriquecedora.

Sin embargo, para cuando la leas…o, ¿cómo se dice? Cuando leas esta carta…estaré regresando a mi hábitat, lleno de entusiasmo y energía, luego de haber participado en la conferencia A Free City in Belize? A New Strategy for Attracting Investment and Creating Jobs.  El título es engañoso porque las ciudades libres no son solo una estrategia para inversiones y empleos, son una para mejorar la condición humana.

Durante los encuentros en los que participé, académicos, emprendedores y políticos conocieron y discutieron los esfuerzos recientes, en el vecino Honduras, para enfrentar los retos de creación de riqueza y de gobernanza en el siglo XXI. 

Mientras que sociedades anacrónicas siguen al rebaño de Venezuela y Nicaragua; o se despeñan detrás de Grecia y España, hay sociedades que están viendo hacia otro lado: el de las ciudades libres.  ¿Qué camino seguiremos los chapines?  Nuestro futuro,  ¿se parece al de Nicaragua, al de Grecia, o al de nuestros vecinos que están explorando formas disruptivas de gobierno y de desarrollo?  ¿Cuánto nos queda antes de que no tengamos opción y estemos condenados?

Lo disruptivo, por cierto, está bien descrito en una frase que dice que “es mejor hacer las cosas de manera distinta, que hacerlas mejor”. 

Sabemos –por las migraciones– que cuando las personas obtienen acceso a leyes y a formas de gobierno de mejor calidad, sus vidas mejoran dramáticamente.  Sabemos que las instituciones correctas son prerrequisitos para el crecimiento económico y para que las personas gocen de oportunidades abundantes para prosperar y vivir más tiempo y más felices.  Iniciativas como las que ya se discuten en Honduras y en Belice son la alternativa disruptiva frente a las viejas y agotadas prácticas que, cuando no han detenido el desarrollo, lo han hecho imposible.  ¿Cómo no regresar entusiasmado y lleno de energía?  Visita freecities.org si te interesa este tema.

www.luisfi61.com

El País, Madrid

Este campo representa hoy una metáfora del mal inconcebible y monstruoso. Allí, a partir de septiembre de 1941, el asesinato en masa se convirtió en rutina diaria. Se mató a más de un millón de personas, y 9 de cada 10 eran judíos. Las víctimas llegaban en vagones de carga de tren, la mayoría proveniente de guetos y campos en la Polonia ocupada, pero también de casi todos los países de Europa occidental y oriental. Al llegar se separaba a los hombres de las mujeres y los niños. Se obligaba a los prisioneros a desvestirse y a entregar todos sus objetos de valor y se les metía en las cámaras de gas que estaban camufladas de duchas y se les asfixiaba con monóxido de carbono. La minoría seleccionada para realizar trabajos forzados quedaba expuesta a la malnutrición, epidemias, experimentos médicos y brutalidad. Muchos murieron de esta manera.

Más de medio siglo después, el horror de la Shoá sigue constituyendo un enigma indescifrable para el ser humano. La persecución y asesinato sistemático de seis millones de judíos por parte del régimen nazi, que se realizó con la ayuda activa de colaboradores locales en muchos países y con la aquiescencia o indiferencia de millones de personas.

Pero hubo también resistencia.

Hubo resistencia en casi todos los campos de concentración y guetos, en especial en el gueto de Varsovia entre abril y mayo de 1943, pero también en los de Vilna y Bialystok, o en Sobibor. Hubo resistencia institucional en áreas ocupadas por los nazis fuera de Alemania, como la que se produjo en Dinamarca en el otoño de 1943, donde, con el apoyo de la población local, se rescató a casi toda la comunidad judía de ese país escondiéndoles en un dramático viaje en barco hasta la segura y neutral Suecia. El recientemente desaparecido Jorge Semprún representa bien esa resistencia en áreas ocupadas por los nazis; una resistencia en la que participó activamente y por la que fue apresado por la Gestapo en 1943 y enviado al campo de concentración de Buchenwald. Fue marcado en su uniforme de preso con el número 44904.

Y hubo resistencia de individuos de otros países que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos y a otras personas perseguidas por los nazis. Uno de ellos fue Ángel Sanz Briz, diplomático español destinado en Budapest en 1942, que salvó la vida de entre 5.000 y 6.000 judíos en 1944, incluyendo la evacuación a Tánger de 500 niños judíos. Ángel Sanz Briz ha sido reconocido con el título de Justo entre las Naciones, que concede el Estado y el Pueblo de Israel a los no judíos que arriesgaron su vida para salvar a los judíos del Holocausto.

Y junto con esa resistencia activa, hubo una llamada resistencia espiritual contra la opresión nazi en los campos y guetos. La creación de instituciones culturales judías, la continuación de prácticas religiosas, y la voluntad de recordar y contar la historia de los judíos fueron intentos conscientes de preservar la historia y vida comunal del pueblo judío a pesar de los esfuerzos nazis de erradicarla.

La permanencia de esa voluntad de recuerdo representa hoy la resistencia más sólida a un Holocausto futuro. Su recuerdo, la educación sobre su significado histórico, y la acción prospectiva son esenciales si queremos que la historia no se repita. Debemos hacerlo a escala internacional, porque esa fue la escala del Holocausto, con el concurso de diplomáticos, expertos, científicos, educadores, comunidades judías, y de la sociedad en su conjunto. Y muy especialmente, siguiendo las recomendaciones del Protocolo de Ottawa para combatir el antisemitismo (noviembre de 2010), hemos de hacerlo comprometiendo tanto a las instituciones gubernamentales como a nuestros representantes en el Parlamento. Esta es la misión que más de 30 países hemos asignado a la Organización Internacional para el Recuerdo del Holocausto, de la que España forma parte desde el año 2008, y en la que participa de forma activa sobre todo a través de iniciativas orientadas al ámbito de la educación.

Nada nos garantiza que las generaciones futuras vayan a tener sensibilidad hacia sus minorías. Trabajemos pues con ellos, con la infancia, con la juventud. En Sefarad-Israel y la Federación de Comunidades Judías de España estamos convencidos de que la educación es clave para combatir el antisemitismo todavía latente en parte de la sociedad española. No se trata de intentar borrar la identidad del otro, sino de conocerla y comprenderla, poniendo de manifiesto la riqueza que representa la diversidad de nuestra sociedad e inculcando actitudes positivas ante la misma.

El poeta catalán Salvador Espriu decía a sus hijos: "Habré vivido para salvar estas pocas palabras que os dejo: el amor, la justicia, la libertad". El verdadero valor del patrimonio de nuestro legado no es tangible, como demostraron las resistencias espirituales durante el Holocausto. Es, ante todo, una tarea de enseñanza, a conocer y a hacer, a ser y a vivir juntos.

LA HABANA. - Wilman Vidal ha sido asesinado. No puede calificarse de otro modo el acto de encerrar en una fría y mugrienta celda de castigo, sin agua ni asistencia médica, a un hombre desnudo y debilitado por la hambruna. El deterioro irreversible de su salud durante los 50 días que pasó en huelga de hambre, contó con el apoyo del desamparo, las más que probables palizas y la indiferencia de quienes lo custodiaban y se esforzaron en quebrar su posición ética de rechazo a la injusticia cometida contra su persona.

Era un joven lleno de vida, que con su muerte prevenible dejó abandonadas a su esposa y dos pequeñas niñas de 5 y 7 años. Su delito fue reclamar respeto a los Derechos Humanos y libertades ciudadanas. Razón suficiente para ser merecedor del odio, el desprecio y castigo de la junta militar que mantiene secuestrado el poder en Cuba e implementa una política de terrorismo de Estado para sojuzgar al pueblo.

Más no constituye un hecho aislado, sino que resulta apenas otra víctima de un Plan de eliminación física de opositores que, en años recientes, incluye la muerte de Orlando Zapata Tamayo, Wilfredo Soto y Laura Pollán. Además, está fresco el recuerdo de los crímenes perpetrados con el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo en las afueras de la Bahía de La Habana, el derribo en aguas internacionales de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate por aviones militares, la muerte en total abandono de decenas de enfermos mentales en el Hospital Psiquiátrico de la Habana, y el arbitrario y expedito fusilamiento de tres jóvenes negros que secuestraron una lancha en el intento de escapar de la isla.

Ante esta cadena de asesinatos la comunidad internacional ha reaccionado con pasividad, y hasta complacencia. En los últimos tiempos, solo en las prisiones cubanas se reportan muertes de reclusos en huelga de hambre. En ninguna otra nación del continente ocurren situaciones tan deplorables, ni siquiera en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo. La dictadura militar argentina jamás ordenó golpear a las Madres de Plaza de Mayo, mientras las Damas de Blanco sufren todo tipo de agresiones por parte de la policía política. Cualquier intento de ejercer derechos elementales de reunión, asociación o manifestación es reprimido con brutalidad policial, arrestos arbitrarios y las golpizas protagonizadas por turbas progubernamentales que obran con total impunidad. Más de cien mil cubanos languidecen en las prisiones bajo régimen de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin el amparo de las normas de reclusión establecidas por la ONU.

El régimen de La Habana ha perdido toda legitimidad. Sus abusos y acciones represivas contra la población lo hacen similar a las repudiadas dictaduras del Medio Oriente. Tanto el gobernante sirio Bashar Al Assad como Raúl Castro en Cuba desconocen la voluntad popular, desprecian a sus pueblos y están dispuestos a aplastar mediante la fuerza cualquier reclamo que les cuestione su presencia vitalicia al frente del poder.

La aceptación de la junta militar de La Habana en foros internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mancha la credibilidad de esas instituciones. Los gobiernos latinoamericanos y caribeños, que en su momento repudiaron las dictaduras militares establecidas en Chile y Argentina, deberían ser consecuentes y rechazar al régimen dictatorial de la isla. La OEA terminó desechando la suspensión de Cuba promovida por el gobierno de los EEUU. Sin embargo, no condena con firmeza los crecientes desmanes de la dictadura antillana. El dinero depositado por La Habana en la Banca internacional se utiliza en gran medida para satisfacer los lujos y vida aburguesada de la élite gobernante, además de financiar el tenebroso aparato represivo y de sojuzgamiento del pueblo, que cada día es obligado a soportar el incremento de la pobreza y de sus necesidades más elementales.

Resulta intolerable que en pleno Siglo XXI Cuba sea la única nación privada de democracia en todo el hemisferio occidental. En el actual clima de terror e impunes injusticias, la Oposición pacífica seguirá su sacrificada labor por la libertad del pueblo y la instauración en el país del Estado de Derecho. Los gobiernos e instituciones del mundo libre están llamados a superar las protestas morales y contemplaciones, y adoptar enérgicas condenas políticas y sanciones económicas contra el oprobioso régimen de los Castro. Al menos, hasta que cese la represión, legalicen el multipartidismo y se convoquen elecciones libres. No más sangre de inocentes, no más indolencia ni desesperanza.

¡Libertad!

Mientras para los Estados Unidos el activismo y la expansión de Irán en América Latina representa una amenaza creciente a su seguridad, otros países lo ven como una oportunidad y consideran a Irán como un país amigo e inclusive un aliado estratégico.

La cuestión iraní tiene múltiples dimensiones e implicancias para América Latina. Desde que el presidente Ahmadinejad arribo al poder en 2005, el protagonismo de Irán en la región y sus relaciones privilegiadas con Venezuela y demás países del ALBA han sido fuente de inquietud e interrogantes. El avance iraní es coyuntural para Latinoamérica a raíz del desarrollo de su programa nuclear, este hecho ha colocado a Irán como un estado que ha cruzado las líneas rojas permitidas por la comunidad internacional. En este marco, las posiciones que adopto el gobierno del presidente uruguayo José Mujica y el impulso de sus relaciones políticas y económicas con el régimen de los Mullah podrían entonces afectar sus relaciones con sus vecinos y desde luego con los EE.UU.

Lo concreto es que las relaciones del régimen iraní con países latinoamericanos permanecen sujetas a debate y especulaciones dentro de la comunidad internacional dada la manifiesta agresividad expresada por Teherán no solo para con el Estado de Israel cuando pregona su aniquilación, sino por sponsorear abiertamente organizaciones como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y al Movimiento Yihadista chi’ita en Irak, como también por la amenaza creciente de sus sistemas balísticos al haber desarrollado misiles de largo alcance que exceden la geografía del Oriente Medio y pueden alcanzar puntos sensibles en el sur y el centro de Europa Occidental.

En los últimos años, las preocupaciones surgidas del activismo de Irán en América latina han girado alrededor de los aspectos relacionados con su Dossier nuclear. En este punto existen dos tipos de preocupaciones con relación al programa: La primera es que Irán se aproveche de sus relaciones con países como Venezuela y Bolivia para evadir las sanciones internacionales en su contra y que intente aprovisionarse de uranio en esos países. La segunda, es que países de la región se beneficien de la ayuda de Irán para desarrollar su propio programa nuclear no solo para fines civiles, sino también militares. También es muy posible que Irán esté buscando financiar su programa nuclear a través de bancos como el Banco Internacional de Desarrollo o el Banco Binacional Iraní-Venezolano basado en Caracas. En contraprestación, el apoyo que Irán podría proveer a Venezuela para que desarrolle sus propias capacidades en materia nuclear no resulta descabellado, en septiembre de 2010, el presidente Chávez reveló que su país había iniciado estudios preliminares para avanzar en un programa nuclear con “fines puramente pacíficos” y no negó la posible colaboración de Teherán en el proyecto, esa posibilidad resulta bastante concreta y no se debe descartar, pero el costo podría resultar demasiado elevado en comparación con los beneficios que traería para Irán hacer de Venezuela una potencia nuclear, si Venezuela quisiera realmente desarrollar una industria nuclear civil, le sería más fácil y más eficiente coordinar con Rusia que ya coopera con Irán, que acudir de manera secreta a Irán con todos las consecuencias que eso podría generar.

La hipótesis restante sería que Venezuela busqué la cooperación de Irán en materia nuclear para dotarse a largo plazo del arma nuclear, pero este escenario, aunque posible, implicaría que Irán, primero acceda y maneje tecnología nuclear militar, lo cual sería el equivalente a la violación por parte de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear al cual adhirió en 1970, al exportar su know-how a otros países del mundo, además implicaría sobre todo que Venezuela tenga la capacidad técnica y científica para desarrollar un programa nuclear, lo cual los expertos, tanto venezolanos como extranjeros dudan que sea posible. En resumen, que un país como Venezuela logre desarrollar su propio programa nuclear civil con el riesgo de que termine adquiriendo armas nucleares parece poco probable o por lo menos remoto. Sin embargo, la preocupación principal a corto plazo no es tanto que Irán apoye a otros países de la región a desarrollar programas nucleares, sino que Irán se sirva de ciertos países latinoamericanos para evadir las sanciones internacionales en su contra y adquiera fondos, tecnología y materia prima (uranio) para el desarrollo de su propio programa nuclear.

En el presente, lo preocupante es el apoyo de Irán a acciones violentas en el continente latinoamericano así como a grupos potencialmente desestabilizadores y pro-yihadistas en países como Argentina, Chile y Uruguay, y es esto lo que debería generar la atención y el foco de la cuestión en los gobiernos de esos países. Aunque las cancillerías y los ejecutivos de Buenos Aires y Montevideo minimizan este punto y parecieran mirar hacia otro sitio de manera peligrosa e irresponsable al tiempo que priorizan supuestos acuerdos bilaterales que estimularían los negocios en el caso uruguayo y poco se dice que la intromisión iraní en la región es mayor a la de la ex Unión Soviética en la década de los ’70.

La República Islámica de Irán no solo mantiene cercanía con movimientos de izquierda latinoamericanos sino que el Departamento de Estado ha indicado en 2010 que también ha construido lazos con grupos terroristas en la región. Conocido por su proximidad con Irán, el Hezbollah, movimiento libanes chi’ita, clasificado por los EE.UU. como organización terrorista y que, según Washington, está presente en América latinatambién mantiene vínculos con movimientos terroristas en el continente.

En el caso uruguayo, a pesar que no está entregado plenamente a la influencia chavista-venezolana, Uruguay se ha acercado peligrosamente a Irán en los últimos años. En 2011, Irán logro que Uruguay se abstuviera de apoyar el nombramiento de un relator especial de las Naciones Unidas para que este investigue la situación de graves violaciones de los derechos humanos en Irán. Poco después, en abril de 2011, el canciller uruguayo visitó Irán en el marco de una gira por Medio Oriente donde diputados oficialistas expresaron su abierto apoyo al régimen teocrático de Khamenei-Ahmadinejad. Por último, el 29 de julio pasado sucedió el hecho más bochornoso donde el gobierno del presidente Mujica se mostro laxo y no fue terminante en condenar declaraciones del encargado de negocios de Irán en Uruguay negando la existencia del Holocausto sino hasta que no le quedo mas opción y después de varios días de las declaraciones del diplomático iraní.

Los gobiernos latinoamericanos que aun no han caído bajo la influencia plena de la corriente castro-chavista deberían replantear sus relaciones con regímenes represivos del Oriente Medio y el gobierno uruguayodebería tomar sus precauciones y actuar con profesionalismo y seriedad en lo concerniente a sus relaciones con el régimen de Teherán si es que desea mantener la imagen y reputación positiva que la República Oriental del Uruguay ha detentado durante toda su rica historia. De lo contrario, si profundiza sus lazos con el régimen Khomeinista, ello será sumamente negativo a largo plazo, y hay que recordar, que el precio de las equivocaciones en política lleva un alto coste que, infortunadamente, siempre o casi siempre se refleja en la paz social, y son los ciudadanos y la sociedades civiles quien acaban pagando los errores políticos y estratégicos de sus gobiernos.

Dice el artículo, entre otras cosas: "Casi 20 años después de la firma de la paz entre las guerrillas en la izquierda y ARENA en la derecha, los salvadoreños todavía están guerreando sobre el pasado. Una de las atracciones turísticas más importantes del país es 'la Ruta de la Paz', en la que usted puede visitar monumentos, museos y sitios de atrocidades. Puntuados en la ruta hay pequeños pueblos con cabras vagando y hombres de mirada perdida atisbándolo a uno desde sillas plásticas. Usted es guiado a iglesias demolidas y casas balaceadas, a veces con coronas fúnebres puestas por ellos, secas por el sol".

Rahim cuenta que le mostraron unos pósters en inglés que urgían a la gente a apoyar a la gente de El Salvador, similares a los que él había visto durante los ochenta en las paredes de habitaciones de estudiantes británicos. Rahim preguntó si el dinero donado por Europa les había ayudado. "Por supuesto, el dinero vino directo para acá", dijo el exguerrillero, señalando los rifles y los morteros que se mostraban en el museo. Rahim no tiene que decir nada más para que quede flotando una imagen de los salvadoreños como gente que piensa que la ayuda extranjera ha sido bien usada si ha servido para matar a otros salvadoreños.

Al final del artículo, al resumir el mensaje para los potenciales turistas, Rahim dice, refiriéndose a hacer una visita a El Salvador: "Podría parecer una manera peculiar, aún mórbida, de pasar una vacación... Pero los visitantes curiosos se verán golpeados por cómo todo el mundo parece calificar la opinión de un oponente diciendo: 'Por supuesto, él es de la Derecha', o 'qué espera de alguien de la Izquierda', y querrán escarbar un poco más profundamente en el pasado del país".

Estos párrafos son devastadores. Lo trágico es que la gente que convenció a Rahim de esto no se da cuenta de lo autodestructiva que es su actitud. No se dan cuenta de que si quieren turismo, e inversión nacional y extranjera, tendrán que olvidar y perdonar, y ofrecer cosas frescas y vitales, no macabras y siniestras. Más profundamente, no se dan cuenta de que vivir prisioneros de un pasado nefasto tiñe de maldad no sólo el paisaje en el que viven sino también sus vidas mismas, y que para tener un futuro tienen que abrirse a la paz y a la vida. Es humano recordar el sufrimiento y sufrir por lo pasado. Pero la vida no puede detenerse en lo malo y macabro. No es bueno. No es sano. Indirecta, suave, irónicamente, Rahim planteó la gran disyuntiva que tenemos todos los salvadoreños: o destruimos nuestro futuro y las vidas de nuestros hijos y nietos escarbando mórbidamente en nuestro pasado, envenenándolos con odios y rencores, o seguimos el mandato cristiano de perdonar y seguir adelante y con eso abrimos el camino para que ellos puedan vivir mejor que nosotros.

Esta decisión ya la habíamos tomado con los Acuerdos de Paz. Por esa decisión se terminó la guerra. Ahora no nos dejemos envenenar otra vez con odio, no dejemos que ese pasado terrible vuelva a marcar nuestro futuro. Que nuestros hijos y nietos vivan en paz.

El autor es Máster en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.

AOL Noticias

Fue casi en el 2009; cuando los nuevos agentes de poder, aún eufóricos de haber financiado una exitosa campaña por el control de la Casa Blanca, no perdieron tiempo en convencer al Presidente recién elegido a que avanzara una ley con gastos monstruosos con el fin de "estimular" una economía deprimida. 

Ignorando que el declive económico había sido el resultado de una crisis hipotecaria provocada por una nefasta intromisión gubernamental similar, el Presidente con más que bastantes ganas cumplió. Él lanzaría una campaña impulsada por una política pública basada en los mismos temas que había manejado con éxito durante su candidatura presidencial – un llamado de moralidad superior y restablecimiento del equilibrio social y "equidad".

Sus súplicas eran retóricamente potentes, y aunque las políticas públicas de redistribución habían demostrado en el pasado que ponían en peor posición al pueblo, muchos fueron persuadidos.

En el apogeo del Congreso controlado por los Demócratas – donde la resistencia pública no era más que una ocurrencia tardía – las propuestas de gastos del Presidente rápidamente fueron aprobadas. Sin embargo, la aprobación de estas medidas significó que el terreno económico cambiaría fundamentalmente. A la vez, medidas ya puestas a la prueba y solidas para en efecto lograr una recuperación económica fuerte, fueron descartadas y remplazadas por una actitud que "el gobierno sabe más" que el pueblo.

¿Y cual fue el resultado final de esta juerga de gastos inspirada por un modelo keynesiano?

Como era previsible, los objetivos de la Administración no se materializaron. De hecho, estamos más pelados, más desempleados, y ahora somos más dependientes de un gobierno central más poderoso que hace unos tres años.

En concreto, cada vez hay más personas laboralmente inactivas. Un 55 por ciento de la fuerza laboral norteamericana actualmente experimenta desempleo involuntario, una reducción en el número de horas de empleo, o un traslado a trabajos de tiempo parcial. Creación de nuevos negocios de fabricación y de empresas pequeñas desaceleraron; declinó la motivación a tomar riesgos; se redujo la innovación, creatividad, e inversiones capitales entre emprendedores.

Fabricación y creación de pequeñas empresas se desaceleraron; se redujo la innovación, la creatividad y las inversiones de capital entre emprendedores; la producción disminuyó y tuvimos un récord de 35 meses consecutivos por encima del 9 por ciento de desempleo.

Y ahora tenemos un record de tres años consecutivos de $1 billón o más de déficits presupuestarios añadiendo a nuestra creciente e insostenibledeuda nacional que en la actualidad asciende a $16 billones de dólares.

Además, la persistente incertidumbre sigue reforzando la contracción económica, especialmente para los Hispanos en el país. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, antes de que comenzara la recesión actual en el 2007, los niños blancos pobres superaban en número a niños hispanos pobres en los Estados Unidos.

En un corto tiempo, entre el 2007 al 2010, el número de niños Hispanos que viven en la pobreza creció más del 30% a 6.1 millones, en comparación con 5 millones de niños blancos (no Hispanos). Por otra parte, más hispanos viven ahora bajo el nivel de pobreza, que en cualquier momento en nuestra historia.

A pesar de los tres años de políticas públicas desastrosas que engrandecieron el gobierno, miles de millones de dólares contribuidos por individuos que pagan impuestos, después despilfarrados en un supuesto gasto de "estímulo", e inversiones fracasadas en compañías insostenibles como Solyndra, junto con señales que seguramente habría una pérdida masiva de puestos laborales como resultado al cumplimiento y aplicación de "Obamacare"; la Administración aun así se niega hoy a reconocer que el gasto del gobierno no puede crear una prosperidad sostenible.

Sin desanimo y negándose a aceptar su papel en el empeoramiento de una situación ya pésima, el líder del país (que en una época fue el país más libre del mundo), eligió a continuar con más empuje a avanzar la ley conocida como "The American Jobs Act" (La Ley de Trabajos Americanos).

¿Acaso existe la esperanza que cambiara en su forma de pensar? Realmente, es dudoso.

En su ahora famoso discurso de Osawatomie, Kansas, y en respuesta a llamados por muchos estadounidenses pidiendo menos regulación, menos impuestos y un aumento en nuestra libertad económica - el Presidente Obama declaró "pero aquí está el problema: no funciona. Nunca ha funcionado" (refiriéndose a la teoría según la cual el mercado, por sí mismo, se haría cargo de todo).

Tales comentarios pronunciados por el Presidente Obama constituían una admisión asombrosa – reflejando un sentimiento, y basado en su falta de memoria sobre el importante papel que la libertad económica ha tenido en la construcción de la prosperidad de la nación.

Este es un discurso que gotea con desprecio por los principios que anteriormente nos habían permitido realizar un nivel de prosperidad y liderazgo global que nadie antes pudiese imaginar – una prosperidad que en una ocasión hizo que un cierto extranjero describiera a nuestra nación como "la mayor, la más noble en sus principios de fundación originales."

Con poca sensatez señaló cosas como la desigualdad de la riqueza, las regulaciones débiles y una supuesta obstrucción por parte de miembros del gobierno como las causas principales de nuestros problemas económicos, y así, convenientemente ignoró las realidades históricas y globales – que en efecto, similares consecuencias se deriven dado al gasto público excesivo, el endeudamiento y la tributación, que actualmente están derribando a otras economías a través del mundo.

El Presidente Obama no señaló al gasto excesivo del gobierno como el motivo de la actual recesión. Al contrario, señaló que el gobierno no cobra suficientes impuestos y que no nos regula lo suficiente. Esta noción no suena nada parecido a las palabras de advertencia que nos ofrece el revolucionario Thomas Jefferson al decir: "Mi estudio de la historia me convence que un mal gobierno tiende a resultar por tener demasiado gobierno."

Hoy los estadounidenses deben garantizar nuevamente: sus propios derechos a la propiedad privada, el desarrollo de nuestros recursos de energía de manera robusta, impuestos bajos, y la competencia libre en el mercado. Debemos resistir intromisión por parte del gobierno, para así permitir que haya más comercio, y que haya más productos y servicios que lleguen a más consumidores con su valor adecuado y de acuerdo al mercado; dándonos precios más baratos y productos de más alta calidad.

Los Estados Unidos – América – más prospera cuando mantenemos la interferencia gubernamental a un nivel mínimo – en lugar de avanzar políticas públicas que impulsan el crecimiento de un gobierno centralizado y represivo con una inclinación por crear dependencia individual, favoritismo entre favorecidos, y esquemas de redistribución de bienes desastrosos.

Es un hecho; sólo a través de la acumulación y la suficiencia de capital, es que cada persona de nuestro pueblo puede perseguir sus propios fines, y no aquellos designios impuestos por otros.

Nuestros líderes electos deben reconocer que las personas son las que mejor saben cómo crear su propia riqueza y deben ser libres para hacerlo – y que nuestro asenso y prosperidad en el pasado se dio acabo gracias a una combinación de libertad política y económica que permitió a millones de personas en los Estados Unidos a correr riesgos para producir riqueza e innovación, que nunca antes fuese imaginada.

Años de investigación empírica y análisis exhaustivo han mostrado que estas condiciones estimulan mayores oportunidades económicas, disminuyen la pobreza y fomentan una mayor cohesión de la unidad familiar.

Hasta ahora, una resistencia tenaz por parte de la actual Administración a estos principios nos ha dejado en una peor condición; y un distanciamiento de los principios de libre empresa garantiza que la próxima generación herede una economía fallida y un futuro cada vez menos brillante.

Es un futuro que todos podemos ayudar a evitar, avanzando el incremento de la libertad económica. Espero que se unan a este esfuerzo.

Daniel Garza es Director Ejecutivo de La Iniciativa LIBRE, una organización nacional dedicada a informar y movilizar Hispanos con el esfuerzo de restaurar la libertad económica y contrarrestar la contra-producente intervención gubernamental.

Por Enrique Fernández García

“Los cuervos piden al cielo que tú vuelvas del infierno, pues tu muerte no ha sido suficiente”.- Pedro Shimose

El totalitarismo es un monstruo de varios rostros. Los historiadores hablan de hombres que, gracias a su ingenio, apetito y brutalidad, encabezaron gobiernos indiscutiblemente atroces. La existencia de individuos que se han apoderado del trono para no compartirlo con los demás, salvo lapsos extraordinarios, es un hecho bastante conocido. Pero, aun cuando esos caudillos se conviertan en el principal símbolo del régimen, por lo cual las responsabilidades son mayores, su ejercicio del poder dista mucho de ser solitario. Para consumar abominaciones, el líder necesita de vasallos que lo ayuden, seres dispuestos a liquidar enemigos e inmolarse en pro del proyecto político. Éstos son los peones que, obedeciendo lo dispuesto por su adalid, hacen funcionar una maquinaria despiadada. Es comprensible que su presencia provoque indigestión.

A fin de colaborar con un tirano, lo primero que se precisa es mentir. La realidad tiene que ser deformada para estar de acuerdo con las nociones del jefe. Asimismo, se torna forzoso perder valentía intelectual. No se puede criticar la obra que, según versiones oficialistas, él ha edificado para beneficiar al país en su conjunto. Por ello, si se quiere continuar disfrutando del fisco, la franqueza debe considerarse un defecto indeseable. Se está obligado a creer las declaraciones de dicho mortal; por consiguiente, los contradictores desaparecen, pues éstos podrían revelar verdades que no le complacieran. Siguiendo esta lógica, uno de los mandatos cardinales es preparar una imagen que sea decente a nivel internacional. Pocos ambicionan asumir su condición de dictadores; les agrada escuchar mentiras que destacan cualidades mentales, físicas y democráticas. No es accidental que las propagandas sean concebidas frenéticamente en estos tiempos de tinieblas.

Cuando un gabinete logra ser tomado por sujetos que gustan del conflicto, los buitres no pueden sino celebrar la llegada de futuros festines. Se vislumbran nuevas masacres. El matonismo es un recurso que denota desprecio al prójimo, mas se vuelve vital para estas personas. Lo único que se acepta es el sometimiento del pleno de la ciudadanía. Esto se garantizaría con agresiones que, sin vacilar, son aceptadas a sugerencia del secuaz. Hay muchos de ellos que anhelan manchar sus garras, pezuñas y fauces con restos de opositores. No es raro que, ejecutadas por instituciones encargadas del orden público, las salvajadas se reproduzcan en demasía. Olviden la búsqueda de acuerdos que solucionen pacíficamente un problema. Puede haber una simulación que persiga mantener cierto crédito en el extranjero. La verdad es que se ansía responder cualquier cuestionamiento con fuego.

Aunque haya lealtades que parezcan perrunas, la traición es un riesgo permanente para los déspotas. Pueden tener validos, súbditos a los que confiarían algunos secretos bancarios e íntimos; no obstante, entre ellos, el común denominador es la vulnerabilidad. Ninguno de los lacayos es indispensable. No se asegura el puesto merced al conocimiento de negocios ilícitos ni, menos aún, por efecto del tráfico sexual. El mundo está lleno de infelices que podrían suceder a quien tenía esas bondades. Lo elemental es que recordemos a cada uno de los auxiliares. Dado que la vena totalitaria es perceptible desde un comienzo, nadie debería salvarse del juicio impulsado para sancionar sus abusos. Es irrelevante cuánto tiempo duran en sus funciones; el hecho de prestar juramento ante un autócrata los condena para siempre.

El autor es escritor, político y abogado.

www.caidodeltiempo.blogspot.com

El 27 de enero es el 27º día del año del calendario gregoriano. Quedan 339 días para finalizar el año.

“Here is my first principle of foreign policy: good government at home.” William Ewart Gladstone (1809-1898) - OnPower.org  -

1554 - Naufraga y muere cerca de Cádiz el navegante español Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias.

1794 - Una flota española, al mando del almirante Gabriel de Aristizábal, toma a los franceses la plaza de Fuerte Delfín, en la isla de Santo Domingo.

1801- La revolución de los esclavos haitianos provoca en Santo Domingo el pavor entre los colonos blancos. Mientras tanto, un antiguo esclavo, Toussaint-Louverture, se convierte en dictador de la isla.

1880 - Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente.

1888 - Se funda la National Geographic Society en Estados Unidos, con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos.

1908 - El Presidente de Argentina, José Figueroa Alcorta, ordena a la policía la ocupación del Congreso Nacional.

1915 - Se registra el primer bombardeo aéreo masivo de la Historia. Aviones franceses atacan fábricas de explosivos alemanas en las ciudades de Oppau y Ludwigshafen.

1945 - El Ejército Soviético llega al campo de concentración de Auschwitz.

1948 - Se vende el primer grabador de cinta magnética.

1960 -

El tirano prófugo Juan Domingo Perón abandona la República Dominicana y se traslada a España.

Queda abolida la pena de muerte en Bolivia.

1967 - Mueren los astronautas norteamericanos Virgil I. Grissom, Edward White y Roger Chaffee, al incendiarse la cápsula de la nave espacial Apollo 1, la primera misión del programa Apollo.

1973 - Se firma un acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos y Vietnam del Norte.

1989 - El cohete europeo "Ariane", lanzado desde la base francesa de Kourou (Guayana), pone en órbita con éxito el satélite de comunicaciones Intelsat VF-15 (servicios de televisión y telefonía).

1999 - El Papa Juan Pablo II, condena el aborto y la pena de muerte durante su viaje a varias ciudades de los Estados Unidos.

2001 - El ex-dictador chileno Augusto Pinochet ingresado de urgencia tras sufrir un amago de infarto cerebral.

2002 - José María Aznar formaliza en el Congreso de su partido su decisión de no volver a ser candidato a la Presidencia del Gobierno.

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Diario de América

Hace poco tiempo en Buenos Aires estaba escuchando radio en el automóvil y el locutor expresó que una señora, dueña de una casa en la zona costera, puso un aviso en algún periódico que no es del caso mencionar en el que anunciaba que ponía su vivienda en alquiler durante la temporada veraniega con la condición que el inquilino fuera vegetariano. Consignaba en el aviso de marras que los residuos de la carne atraían microbios que deseaba evitar.

Henos aquí que todos los miembros del equipo que trabaja en el programa radial en cuestión pusieron el grito en el cielo y condenaron sin piedad a la titular del aviso. Manifestaron que esa actitud era “discriminatoria” y que, en consecuencia, había que aplicarle las normas correspondientes y no permitir semejante propuesta de alquiler.

Hubo llamados de radioescuchas que se plegaron a las invectivas de los conductores (por lo menos los que se pasaron al aire). Una señora muy ofuscada levantó la voz y señaló que debía detenerse a quien haya sido capaz de una iniciativa de esa índole puesto que “actitudes como la discutida arruinan la concordia argentina”. Otro fulano, que dijo ser ingeniero con experiencia en operaciones inmobiliarias de envergadura, espetó que habría que confiscarle la propiedad a la autora de “semejante anuncio”. Y así siguieron otras reflexiones patéticas y dignas de una producción cinematográfica de terror, sin que nadie pusiera paños fríos ni apuntara a introducir atisbo de pensamiento con cierto viso de cordura.

Por lo visto se ha perdido toda compostura y recato y toda noción de respeto a los derechos del prójimo. Solo se alegan “derechos” para saquear al vecino pero no se concibe que cada uno pueda hacer lo que le plazca con lo que ha obtenido lícitamente, siempre y cuando no invada iguales facultades de otros.

Según el diccionario, discriminar quiere decir diferenciar y discernir. No hay acción humana que no discrimine: la comida que elegimos engullir, los amigos con que compartiremos reuniones, el periódico que leemos, la asociación a la que pertenecemos, las librerías que visitamos, la marca del automóvil que usamos, el tipo de casa en la que habitamos, con quien contraemos nupcias, a que universidad asistimos, con que jabón nos lavamos las manos, que trabajo nos atrae más, quienes serán nuestros socios, a que religión adherimos (o a ninguna), que arreglos contractuales aprobamos y que mermelada le ponemos a las tostadas. Sin discriminación no hay acción posible. El que es indiferente no actúa. La acción es preferencia, elección, diferenciación, discernimiento y, por ende, implica discriminar.

Esto debe ser nítidamente separado de la pretensión, a todas luces descabellada, de intentar el establecimiento de derechos distintos por parte del aparato estatal que, precisamente, existe para velar por los derechos y para garantizarlos. Esta discriminación ilegítima echa por tierra la posibilidad de que cada uno maneje su vida y hacienda como le parezca adecuado, es decir, inhibe a que cada uno discrimine acerca de sus preferencias legítimas. Otro modo de referirse a este uso abusivo de la ley es simple y directamente el del atropello al derecho de las personas.

La prueba decisiva de tolerancia es cuando no compartimos las conductas de otros, Tolerar las que estamos de acuerdo no tiene mérito alguno. En este sentido, podemos discrepar con las discriminaciones, elecciones y preferencias de nuestro prójimo, por ejemplo, por establecer una asociación en la que solo los de piel oscura pueden ser miembros o los que tienen ojos celestes. Allá ellos, pero si no hay violencia contra terceros todas las manifestaciones deben respetarse, no importa cuan ridículas nos puedan parecer.

Curiosamente se han invertido los roles: se tolera y alienta la discriminación estatal con lo que no le pertenece a los gobiernos y se combate y condena la discriminación que cada uno hace con sus  pertenencias. Menudo problema en el que estamos por este camino de la sinrazón, en el contexto de una libertad hoy siempre menguante.

Parece haber una enorme confusión en esta materia. Por un lado, se objeta que una persona pueda rechazar en su propia empresa la oferta laboral de una mujer embarazada o un anciano porque configuraría una “actitud discriminatoria” como si el titular no pudiera hacer lo que estima conveniente con su propiedad. Incluso es lícito que alguien decida contratar solo a quienes midan más de uno ochenta. Como es sabido, el mercado es ciego a religiones, etnias, alturas o peso de quienes se desempeñan en las empresas, por tanto, quien seleccione personal por características ajenas al cumplimiento y la eficiencia pagará el costo de su decisión a través del cuadro de resultados, pero nadie debiera tener el derecho de bloquear un arreglo contractual que no use la violencia contra otros.

Por otra parte, en nombre de la novel “acción positiva” (affirmative action), se imponen cuotas compulsivas en centros académicos y lugares de trabajo “para equilibrar los distintos componentes de la sociedad” al efecto de obligar a que se incorporen ciertas proporciones, por ejemplo, de asiáticos, lesbianas, gordos y budistas. Esta imposición naturalmente afecta de forma negativa la excelencia académica y la calidad laboral ya que deben seleccionarse candidatos por razones distintas a la competencia profesional, lo cual deteriora la productividad conjunta que, a su vez, incide en el nivel de vida de toda la población, muy especialmente de los más necesitados cuyo deterioro en los salarios repercute de modo más contundente dada su precariedad.

Por todo esto es que resulta necesario insistir una vez más en que el precepto medular de una sociedad abierta de la igualdad de derechos es ante la ley y no mediante ella, puesto que esto último significa la liquidación del derecho, es decir, la manipulación del aparato estatal para forzar pseudoderechos que siempre significa la invasión de derechos de otros, quienes, consecuentemente, se ven obligados a financiar las pretensiones de aquellos que consideran les pertenece el fruto del trabajo ajeno.

Desde luego que esta atrabiliaria noción del “derecho” como manotazo al bolsillo del prójimo, entre otros prejuicios, se basa en una idea errada anterior, cual es que la riqueza es una especie de bulto estático que debe “redistribuirse” (en direcciones distintas a la distribución operada en el supermercado y afines) dado que sería consecuencia de un proceso de suma cero. No conciben a la riqueza como un fenómeno dinámico y cambiante en el que en cada transacción libre y voluntaria hay un proceso de suma positiva puesto que ambas partes ganan. Es por esto que actualmente podemos decir que hay más riqueza disponible que en la antigüedad, a pesar de haberse consumido recursos naturales en el lapso de tiempo trascurrido desde entonces. Es cierto el principio de Lavoisier, en cuanto a que “nada se pierde, todo se transforma” pero lo relevante es el crecimiento de valor no de cantidad de materia (un teléfono antiguo tenía más material que uno celular, pero este último presta servicios mucho mayores y a menores costos).

Vivimos la era de los pre-juicios, es decir el emitir juicios sobre algo antes de conocerlo (y conocer siempre se relaciona con la verdad de algo, ya que no se conoce que dos más dos son ocho). La fobia a la discriminación de cada uno en sus asuntos personales y el apoyo incondicional a la discriminación de derechos por parte del Leviatán es, en gran medida, el resultado de la envidia, esto es, el mirar con malevolencia el bienestar ajeno, no el deseo de emular al mejor, sino que apunta a la destrucción del que sobresale por sus capacidades.

Y esto, a su vez, descansa en la manía de combatir las desigualdades patrimoniales que surgen del plebiscito diario en el mercado en donde el consumidor apoya al eficiente y castiga al ineficaz para atender sus reclamos. Es paradójico, pero no se condenan las desigualdades patrimoniales que surgen del despojo vía los contubernios entre el poder político y los así llamados empresarios que prosperan debido al privilegio y a mercados cautivos otorgados por gobiernos a cambio de favores varios. En realidad, las desigualdades de la época feudal (ahora en gran medida replicadas debido al abandono del capitalismo) son desde todo punto de vista objetables, pero las que surgen de arreglos libres y voluntarios, no solo no son objetables sino absolutamente necesarias al efecto de asignar los siempre escasos factores productivos en las manos más eficientes para que los salarios e ingresos en términos reales puedan elevarse. No es relevante la diferencia entre los que más tienen y los que menos poseen, lo trascendente es que todos progresen, para lo cual es menester operar en una sociedad abierta donde la movilidad social constituye uno de sus ejes centrales.

Como las cosas no suceden al azar, para contar con una sociedad abierta cada uno debe contribuir diariamente a que se lo respete.

Podemos extrapolar el concepto del polígono de fuerzas de la física elemental al terreno de las ideas. Imaginemos una enorme piedra en un galpón atada con cuerdas y poleas y tirada en diversas direcciones por distintas personas ubicadas en diferentes lugares del recinto: el desplazamiento del bulto será según el resultado de las fuerzas concurrentes, ninguna fuerza se desperdicia. En las faenas para diseminar ideas ocurre lo propio, cada uno hace lo suyo y si no se aplica a su tarea la resultante operará en otra dirección. Los que no hacen  nada solo ven la piedra moverse y habitualmente se limitan a despotricar en la sobremesa por el rumbo que toma.

Como hemos visto, lo de la discriminación tiene muchas ramificaciones y efectos. Por ello es que resulta imprescindible comprender sus alcances y significados para lo que hay que despejar el ambiente de prejuicios. Como ha escrito en 1775 Samuel Johnson “Ser prejuicioso es siempre ser débil”, es revelar complejos y fallas propias, en cuyo contexto, sentenció en 1828 William Hazlitt: “ningún hombre ilustrado puede ser contemplativo con los prejuicios de otros”, puesto que el no denunciarlos agrava el mal, incluso para los resentidos que alegando anti-discriminación, discriminan de la peor manera.

El Universal

El eternamente vigente tango "Cambalache" nos dice que "el mundo es y fue una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también"; y así es, porque eternamente ha habido trapos sucios en la conducción de los destinos del mundo, y siempre habrá abusos y mucho que ande mal.

De allí que exigir a la naturaleza humana un Estado utópico, donde no ocurran irregularidades es una soberana pistolada, o el colmo de la maldad.

Ante los descalabros económicos de hoy aparecen en muchas democracias grupos agitados e histéricos, que protestan vehementemente sin ofrecer alternativas viables a una forma de gobierno que -como dijo Churchill- "es el peor de todos los sistemas, a excepción de todos los demás".

Los llamados "indignados" atacan todo con espíritu puramente destructivo y demoledor.

Pero si se escudriña de cerca a esa abigarrada manada se van conociendo los verdaderos motivos que les impulsan, y también identificando ciertas "manos peludas" detrás de estos "espontáneos" supuestamente virtuosos.

Salió recientemente en New York un grupete a corear en inglés una mala traducción de la manida frase comunista: "el pueblo, unido, jamás será vencido", lanzada hace medio siglo por Fidel Castro.

La resurrección de aquel estribillo, en inglés, repetido por un grupo de gringos entre ingenuos e imbéciles, ofrece luces sobre el hilo común en tanta protesta que desgarra el orden público en la democracia.

Se trata de un patrón que se repite en países con democracias abiertas y permisivas: un abigarrado y variopinto grupo de agitadores, algunos ingenuos y otros profesionales, salen a exigirle al sistema democrático más allá de lo que racionalmente puede ofrecer, sin proponer otra cosa que una sarta de boludeces utópicas.

La democracia tiene en sus prácticas y principios intrínsecos las vías de corregir los problemas que siempre surgen a su paso. Pero lo que se busca con violentas exigencias que superan posibilidades reales es socavar la base política, por lo general con la malsana intención de abonar el terreno para peores alternativas: los "redentores" por venir.

El patrón se repite desde España, donde ante el desmadre de la tramoya socialista se mimetiza la extrema izquierda en manada de atorrantes para promover ingobernabilidad; hasta Estados Unidos, donde ante los pecados económicos se promueven salidas tumultuarias, para confundir y debilitar aquella potencia.

Frente la ola de indignantes "indignados" conviene mantener bien presente la vieja y bíblica advertencia sobre lobos en piel de cordero. Para que no sea peor el remedio que la enfermedad.

El Nuevo Herald

En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Barack Obama se refirió a los conflictos armados de Irak, Siria y Afganistán, pero no dijo una palabra sobre una guerra que se está librando mucho más cerca de casa, y que está matando a más gente: la guerra contra — y entre — los carteles del narcotráfico en México y América Central.

¿Habrá sido un descuido? ¿O acaso Obama —y para ser justos, sus críticos del partido Republicano tambien— está eludiendo deliberadamente referirse a una de las guerras más sangrientas del mundo, porque no tienen la menor idea que hacer al respecto?

Según un informe oficial de la oficina del Procurador General de México del 11 de enero, el número de muertos de la guerra mexicana contra los carteles de la droga durante los últimos cinco años asciende a 47,515. Eso es más que los muertos en Irak durante el mismo período, y casi dos veces el número de víctimas en Afganistán, según cifras de grupos de derechos humanos.

Y eso sin tomar en cuenta a Centroamérica. Las guerras del narcotráfico han convertido a Honduras en el país con la tasa de homicidios más alta del mundo durante el 2011, con 82 muertos por cada 100,000 residentes, seguido por El Salvador, con 66 muertos por cada 100,000 residentes, según cifras de las Naciones Unidas. En comparación, la tasa de homicidios en Estados Unidos es inferior a 5 muertes por cada 100,000 habitantes.

Tres explicaciones

Tras el discurso de Obama, le pregunté al ex canciller de México, Jorge Castañeda, por qué piensa que Obama omitió mencionar las guerras del narcotráfico en México y América Central. Castañeda ofreció tres posibles explicaciones.

En primer lugar, puede deberse a que el presidente mexicano Felipe Calderón no quiere que nadie describa la ofensiva mexicana contra los carteles de la droga como una “guerra”, dijo Castañeda. La palabra “guerra” ahuyenta las inversiones y el turismo, un sector clave para la economía nacional.

En segundo lugar, Washington ya no está tan contento con Calderón, afirma Castañeda. El gobierno de Obama le reprocha sus insistentes quejas por la falta de medidas de Washington para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, y por la falta de acción para frenar el contrabando de armas de Estados Unidos que terminan en manos de los carteles de la droga de México y América Central, añadió.

En tercer lugar, aunque Washington apoya activamente la ofensiva mexicana contra el narcotráfico, Castañeda asegura que el gobierno norteamericano está preocupado por posibles violaciones a los derechos humanos. Un reciente informe del grupo Human Rights Watch señaló que “el ejército y la policía mexicana han cometido violaciones generalizadas a los derechos humanos en sus esfuerzos por combatir el crimen organizado, y virtualmente ninguna de esas violaciones han sido adecuadamente investigadas.”

Relación especial

Cuando le pregunté a un funcionario de la Casa Blanca acerca de la omisión de Obama en su discurso, me dijo que “el presidente ha dejado en claro en numerosas ocasiones la asociación sin precedentes que existe entre Estados Unidos, México y América Central en sus esfuerzos conjuntos por combatir el crimen organizado transnacional”.

Mi opinión: Estados Unidos recién está empezando a salir de las guerras de Irak y Afganistán y de una severa recesión económica, y Obama está intentando generar un clima de normalidad que le será crucial para ganar las elecciones de noviembre. Dirigir la atención publica a un conflicto armado que se libra en la frontera no encaja en esa narrativa, especialmente en un año electoral.

Pero vivir en la negación no ayudará a resolver los problemas económicos y sociales que están trayendo consigo las guerras de los narcos en México y América Central. Como lo han pedido repetidamente los ex presidentes de México, Brasil y Colombia, es hora de abrir un debate sobre la posibilidad de legalizar la marihuana, y utilizar esos recursos para financiar programas de educación y rehabilitación que hagan disminuir la demanda norteamericana de drogas más dañinas.

Otra cosa que me sorprendió en su discurso, centrado en la creación de empleos en Estados Unidos, es que Obama sólo hizo una mención pasajera sobre “las Américas”, una de las regiones del mundo que más están creciendo, que ofrece una oportunidad única para aumentar las exportaciones norteamericanas, y que además está a la vuelta de casa.

Hay que reconocer que Obama tiene mejores posturas sobre temas latinoamericanos y mundiales que sus críticos republicanos, como lo hemos señalado tantas veces desde esta columna. Pero ignorar la guerra que se libra al lado, y ser incapaz de presentar un plan ambicioso para incrementar los lazos económicos con México y el resto de América Latina, no va ayudar a sus países vecinos, ni a la creación de más empleos en Estados Unidos.

El Imparcial, Madrid  

El gobierno argentino inventó recientemente una nueva manera de trabar las compras al exterior (y consecuentemente la salida de divisas) so pretexto de ejercer una mayor control sobre el lavado de dinero y la evasión impositiva.

Se trata de una resolución mediante la cual se prevé que todo importador, antes de emitir su orden de compra, deberá presentar en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), modificándose de este modo el régimen vigente en el Código Aduanero. Asimismo, la norma establece que la información suministrada en dicha declaración estará a disposición de los organismos estatales que “adhieran” al nuevo régimen, lo cual permitirá cruzar datos y eventualmente verificar su consistencia. Como señaló el especialista Enrique Barreira, estamos “ante un pedido de autorización a varios organismos no aduaneros, para que se nos permita luego pedir autorización a la aduana para importar. Este doble recaudo (triple si hay licencias) es irrazonable y no contempla que el funcionario debe buscar siempre el camino menos gravoso para el administrado”.

Al leer las noticias relacionadas con esta resolución, recordé un trabajo de Bill Emmott, ex director de The Economist, titulado Twentieth-Century Lessons for The Twenty-First Century (New York: Farrer, Strauss and Giroux, 2003). En un párrafo particularmente revelador, Emmot se refiere al modo como todos los elementos de la democracia liberal capitalista resultaron dañados a raíz del sonado colapso de Enron a fines de 2001, entre los cuales mencionaba la “la fe en la aplicación del rule of law y en el gobierno como árbitro desinteresado de todo el sistema”.

Me pregunto si en la Argentina contemporánea queda aún resquicio para estos elementos. Medidas como las anunciadas, que nos aíslan además del mundo condenándonos a “vivir con lo nuestro”, nos orientan bastante sobre la respuesta.

Diario Las Americas

El verano es cuando usualmente las cadenas de televisión trasmiten repeticiones de programas que ya hemos visto. En su discurso sobre el Estado de la Unión el martes en la noche, el presidente se adelantó cinco meses a la temporada de verano repitiéndonos un video sobre envidia de clases que ya él ha repetido muchas más veces que las estaciones locales han repetido episodios del “Andy Griffith Show”.

En lugar de dar una evaluación real del estado de la unión, que no es bueno, el presidente dio un discurso de campaña algo atenuado. Oímos más de lo mismo sobre como “los ricos” no están pagando su “justa parte” de los impuestos.

Hubo un asentimiento poco serio a los excesivos gastos del gobierno a los cuales él ha contribuido masivamente. ¿Por qué debemos los que trabajamos para ganarnos la vida darle más dinero a un gobierno que bajo los Demócratas y los Republicanos ha cuidado tan mal lo que ya le hemos dado? Confiscarle toda la fortuna a Mitt Romney, Warren Buffet y a todos los otros millonarios y multimillonarios del país no tendría ningún efecto sobre la deuda nacional, a menos que el gobierno decidiese vivir dentro de los medios de sus contribuyentes.

Fue un golpe de teatro barato tener a la secretaria de Warren Buffet, Debbie Bosanek, sentada en la galería junto a la Primera Dama Michelle Obama. Si el presidente no cree que es “justo” que ella pague un por ciento más alto en impuestos que su jefe, que le pida al Congreso que le baje ese por ciento a ella con un “flat tax” o impuesto fijo. Bosanek paga una tasa más alta, pero Buffett paga muchísimo más dinero al gobierno federal.

El Presidente Obama quiere cuatro años más para continuar las políticas que él nos ha impuesto durante los tres últimos años. ¿Cómo puede alguien creer que sus políticas, que no han tenido éxito y que no pueden tener éxito, milagrosamente funcionarían si se le diera más tiempo?

En su discurso sobre el Estado de la Unión en el 2009, el Presidente prometió “cortar el déficit a la mitad” para enero del 2013. El va en la dirección contraria a razón de $4 millones de millones (trillones en inglés) en gastos adicionales y una deuda que excede los $15 millones de millones. ¿Si él rompe esa promesa, deberá hacérsele responsable?

En su discurso ante el Congreso, el presidente habló de la necesidad de crear empleos, pero él ha rechazado uno de los métodos más fáciles de crear trabajos al oponerse al proyecto del oleoducto Keystone XL para quedar bien con los ambientalistas. Algunos de los cálculos son de 20,000 empleos. Canadá, mientras tanto, está amenazando con vender el petróleo que pudiera haber sido nuestro a China. El presidente creará empleos en China, no en los EE.UU.

El presidente ha desperdiciado una gran oportunidad. Siendo el primer presidente afro-americano, Barack Obama tuvo la oportunidad de sacar a los afroamericanos pobres de la pobreza alentándolos a abrazar los principios que les permitirían hacerse autosuficientes en vez de estimular la envidia hacia los exitosos. El tenía esa responsabilidad. El no cumplió con ella. Esa es una tragedia, no sólo para él, sino para los que han dejado atrás.

La envidia nunca ha creado un empleo, nunca ha unido a una familia, alentado a un hombre a proveer para sus hijos, ni ha dado a las jovencitas la clase de autoestima que les alentaría a no crear niños que a menudo abandonan. La situación de muchos afroamericanos pobres sigue siendo la misma que ha sido durante años – demasiados niños sin padre, demasiados con poca educación, mujeres sin esperanza y demasiados hombres en prisión. El Presidente Obama hubiera podido hacer algo sobre esta situación más allá de más programas y limosnas (handouts) del gobierno. El martes en la noche, él habló de no más limosnas del gobierno. ¿Cuáles recortará?

Optimismo, la autoestima y los principios económicos, sociales y espirituales que levantaron y sostuvieron a los Estados Unidos, ofreciendo oportunidad, no un resultado garantizado, son lo que el presidente debería estar señalando. El gobierno no es nuestro guardián. Nosotros somos nuestros propios guardianes y los de nuestros vecinos. Creando más y más adicción de la gente al gobierno y el enfoque de que otros los deben mantener es la peor forma de codicia. En caso de que el presidente no lo aprendiera en la iglesia del Reverendo Wright, hay un mandamiento contra codiciar la propiedad del vecino.

©2012 Tribune Media Services, Inc.

América Economía

A la memoria de Wilman Villar Mendoza

Hace un par de años, mi amigo Eugenio Leal decidió sacar un reporte de sus antecedentes penales, trámite indispensable para solicitar ciertos empleos. Confiado, fue a buscar la hoja donde diría que no había sido juzgado por delito alguno, pero en su lugar se encontró una desagradable sorpresa: aparecía como perpetrador de un “robo con fuerza” en el poblado donde había nacido, aunque jamás se había llevado ni la luz roja de un semáforo.

Eugenio protestó, porque sabía que aquello no era un error burocrático ni una simple casualidad. Su accionar disidente ya lo había hecho víctima de mítines de repudio, arrestos, amenazas y ahora le traía además una mancha en el historial penal. Había pasado a ser un opositor con un pasado de “delincuente común”, lo cual le resulta muy útil a la policía política para desacreditar.

Si nos dejamos guiar por la propaganda gubernamental, en esta isla no hay una sola persona decente, preocupada por el destino nacional y sin crímenes cometidos que además se oponga al sistema. Todo aquel que emite una crítica es inmediatamente tachado como terrorista o vendepatria, malhechor o amoral. Acusaciones difíciles de “desmentir” en un país donde cada día la mayoría de los ciudadanos tiene que cometer varias ilegalidades para sobrevivir.

Somos 11 millones de delincuentes comunes, cuyas tropelías van desde comprar leche en el mercado negro, hasta tener una antena parabólica. Prófugos de un Código Penal que nos asfixia, fugitivos del “todo está prohibido”, evadidos de una prisión que comienza con la propia Constitución de la República. Somos una población cuasi penitenciaria a la espera de que la lupa del poder se pose sobre nosotros, hurgue en nuestras vidas y descubra la última infracción cometida.

Ahora, con la muerte de Wilman Villar Mendoza vuelve a repetirse el viejo esquema del insulto estatal. Una nota en el periódico Granma lo ha descrito como un vulgar malhechor y quizás pronto en la TV un programa –de corte estalinista– presentará a las presuntas víctimas de sus abusos. El objetivo es restarle impacto político a la muerte de este ciudadano de 31 años condenado en noviembre por desacato, atentado y resistencia. La propaganda oficial intentará restarle importancia a su huelga de hambre y hará caer sobre su nombre todo tipo de adjetivos despectivos. Veremos también el testimonio –violando el juramento hipocrático– de los médicos que lo atendieron y probablemente hasta declarará la propia madre en contra del hijo difunto. Todo eso porque el gobierno cubano no puede permitirse que quede un resquicio de duda en la mente de los adocenados televidentes. Sería muy peligroso que la gente empiece a creer que un opositor puede sacrificar su vida por una causa, ser un buen patriota y hasta un hombre decente.

Esta columna fue publicada originalmente en ElUniverso.com.

Committee to Protect Journalists

Para la mayoría de los diarios, informar para la sección de noticias sociales no es particularmente peligroso. Pero en el departamento norteño colombiano de Córdoba, que está bajo el asedio de bandas de narcotraficantes, incluso cubrir las fiestas de cumpleaños puede ser una tarea riesgosa.

Un ejemplo es el caso del fotoperiodista Edwin Solano, quien trabajaba para El Propio, un tabloide que circula entre las clases pobres y obreras en Montería, el capital de Córdoba. Solano cubría ceremonias de inauguración, asados y también reuniones sociales en las calles de los barrios pobres de la ciudad.

En ocasiones, y de casualidad, Solano también retrataba las fotos de mafiosos en las reuniones sociales de la zona. Estas fotos, podrían haber permitido que los mafiosos fueran identificados y así convertirlos en blanco de las bandas criminales rivales, según informó Erly Rojas, editor de El Propio. Solano recibió una amenaza de muerte en febrero de 2010. Renunció del periódico de inmediato y huyó Montería, indicó Rojas.

 "Cuando estas personas aparecen en los diarios, otros criminales los identifican y los declaran como blanco", según indicó Alex Pajaro, otro reportero de El Propio que recibió amenazas de muerte por fotografiar a mafiosos, en diálogo con el CPJ.

Las bandas criminales o "bacrim" son descendientes de las escuadrones de muerte de los paramilitares de derecha que luchaban contra la guerrilla marxista y traficaban cocaína. Los paramilitares se desmovilizaron a mediados de 2000. Sin embargo, mucho de los combatientes desmovilizados pasaron luego a formar parte de las bacrims, cuyas actividades han sido especialmente difíciles para la cobertura periodística.

Las bacrims ahora tienen cerca de 6 mil miembros en todo el país, según informa la Policía Nacional. Las bacrims, según la policía, representan en la actualidad una amenaza mayor a la seguridad que la propia guerrilla.  En una demonstración de fuerza, una de las bacrims más grandes, conocida como Los Urabeños, declaró recientemente una huelga general de dos días que paralizó el comercio y el transporte en gran parte del norte de Colombia.

A diferencia de los paramilitares, las bacrims carecen de una agenda política y son extremadamente hostiles hacia la prensa, señaló Ginna Morelo, editora del diario El Meridiano de Montería, que también publica El Propio. Y porque no hay un comandante visible o un portavoz para estos grupos, resulta casi imposible realizar entrevistas o conseguir permiso para visitar las zonas bajo su control, indicó Morelo.

Morelo señaló que las  bacrims han declarado que muchas regiones rurales de Córdoba son zonas prohibidas para los periodistas, y han advertido a taxistas que no los transporten a esas áreas. A veces Morelo viaja sin identificarse como periodista pero indicó que numerosas zonas del departamento no reciben ninguna cobertura.

"Hay muchas zonas prohibidas," señaló. "Eso hace aún más difícil nuestro trabajo y genera mucha autocensura".

Morelo agregó: "Muchos periodistas no van muy lejos en sus artículos. No se atreven a hacer periodismo de investigación".

De hecho, aquellos que lo hacen a veces se enfrentan a amenazas y ataques. Clodomiro Castilla, editor y director de la revista El Pulso del Tiempo de Montería, quien escribió a menudo sobre los vínculos entre los políticos, terratenientes y bandas armadas ilegales, fue asesinado a tiros por un hombre armado no identificado en marzo de 2010.

Otro veterano periodista, Edgar Astudillo de la radio La Voz de Montería, recibió amenazas de muerte de las bacrims en 2010 y abandonó  Montería hacía Bogotá. Actualmente está de regreso en Montería pero trabaja en un clima de miedo e intimidación.

Por ejemplo, alguien que afirmó pertenecer a Los Urabeños recientemente llamó por teléfono a la radio para hablar con Astudillo y le ordenó que leyera un comunicado del grupo criminal donde se anunciaban la huelga general de este mes. Astudillo se rehusó al principio, pero luego de varios llamados amenazantes, salió al aire y leyó partes del comunicado.

"En otras circunstancias, no hubiera leído el comunicado", indicó Astudillo. "Pero me sentí presionado".

Además, la prensa se ve sometida a otro tipo de presiones. Un reportero de Montería, que pidió mantenerse en el anonimato, señaló que con frecuencia es imposible informar sobre vínculos entre las bacrims y los políticos locales porque en general tienen estrechas relaciones con los anunciantes de Montería y con los dueños de los medios locales.

"La mordaza", indicó el reportero, "viene de adentro".

La Nación

Decía Fernando Henrique Cardoso hace unos días, en una conferencia en Punta del Este, que estamos viviendo en América latina una suerte de anestesia, que obtura la sensibilidad frente a los fenómenos de corrupción o de ilegalidad.

Su expresión, evidentemente, estaba inspirada por el caudal de actos de corrupción que acumuló el gobierno de Lula, sin que a nadie se le moviera un pelo, pese a las fundadas acusaciones que hacía la prensa. Hoy, la nueva presidenta intenta corregir la situación, desalojando ministros más que sospechosos, pero todo indica que va a cosechar más problemas que aplausos.

En la Argentina, el caso Schoklender, denunciado en detalle por la prensa y comprobado ante la Justicia, no parece repercutir sobre quienes financiaron y prohijaron ese impune manejo de fondos públicos. No es políticamente correcto hablar del tema, porque la entidad que está involucrada viene santificada por los excesos de la dictadura y eso la cubre de un baño de inmaculada pureza.

¿Qué está pasando? ¿El consumismo ha devorado la ética y basta una fuerte bonanza económica para que ya la moral pública carezca de cultores?

Aun en un país con fuerte tradición de legalidad como Uruguay, en los últimos tiempos los atropellos a la Constitución tampoco parecen conmover.

Como se sabe, por ejemplo, a la salida de la dictadura, después de 1985, se promulgaron dos amnistías: una para los guerrilleros que habían atentado contra la democracia y otra para los militares que, combatiéndolos con éxito, también atentaron contra la democracia y cometieron delitos tan graves como los de los otros.

Pues bien: nadie discutió la amnistía a los guerrilleros; la amnistía a los militares fue enfrentada con un plebiscito popular, que en 1989 ratificó la ley. Veinte años después, fue nuevamente llevada a plebiscito, y la ciudadanía volvió a ratificarla, en el mismo momento en que elegía presidente a un viejo guerrillero. Más legitimidad, entonces, imposible.

El Parlamento, sin embargo, intentó una anulación inconstitucional y fracasó, con el propio presidente pidiendo respeto al voto de la ciudadanía. Poco después se insistió y se terminó derogando la ley, en forma retroactiva, lo que será juzgado en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. ¿El hecho ha conmovido en el legalista Uruguay? Por cierto que no, pese a que no sólo la oposición, sino el propio presidente están en la posición de que, habiéndose pronunciado la ciudadanía en forma directa, ningún órgano de representación indirecta puede cambiar sus pronunciamientos.

Lo que ocurre con la prensa en Venezuela o Ecuador es gravísimo y, sin embargo, sus presidentes, deslizados prácticamente a la dictadura, mantienen índices de aceptación que no se mellan. Algo parecido ocurre en la Argentina con la escalada gubernamental contra Clarín y La Nacion. Es más, he discutido con amigos argentinos de convicción democrática, que fácilmente se extravían en el análisis y piensan que como Clarín es un gran multimedio que -según ellos- ha ido demasiado lejos en su poder, puede ser agredido desde las alturas. Se olvidan, por cierto, de que esa expansión empresarial ocurrió, a lo largo de años, al amparo de las normas de cada momento y de que el gobierno, en nombre del cuestionamiento a sus antecesores, no tiene derecho a atropellar las leyes y aplicarlas retroactivamente. Sin dejar de advertir que es muy obvia la intención de silenciar a un órgano opositor.

Advertimos un cambio civilizatorio muy profundo. La revolución científica se lleva por delante a los grandes diarios de opinión, como Le Monde o The New York Times, del mismo modo que deja al costado del camino a empresas tan emblemáticas como Kodak. Las fortunas hoy se hacen rápido, y muy especialmente con el comercio de productos inmateriales (Internet, Google, Facebook). Paradójicamente, en América latina la bonanza nos viene de lo opuesto, de una resurrección de las viejas materias primas, y allí aparece también una nueva faceta de la fragilidad democrática, porque los grandes precios internacionales producen esta sensación de riqueza generalizada y todos sabemos que, en algún momento, comenzarán a retraerse, simplemente porque la economía tiene ciclos y cuesta creer que, en la sociedad del conocimiento, las materias primas serán la respuesta eterna.

Mientras la economía se mueve así, la familia se debilita cada día más, los partidos son abandonados por los ciudadanos, la droga hace estragos y potencia la violencia del delito y las legiones de "ni-ni" forman bolsones de una juventud que la sociedad no logra atraer al estudio ni ofrecerle un empleo, que requiere hoy otras calificaciones.

A la larga somos optimistas. Siempre la libertad termina por imponerse. Pero en el horizonte cercano vislumbramos serios problemas, cuando el PBI importa más que el Estado de Derecho y la ética pública, y el hombre de esta época deja de ser un ciudadano consciente de sus derechos y obligaciones para transformarse en un consumidor voraz, un contribuyente tramposo y un indiferente cívico.

© LA NACION

El autor fue presidente de Uruguay.