REALIDAD NACIONAL Y GESTION EMPRESARIAL Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

GESTION MUNICIPAL - 2015-2018 – MPT

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Wed, 27 Apr 2016 00:59:00 +0000

GESTIÓN MUNICIPAL - 2015-2018 – MPT

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

Desde la anterior gestión parecería que Trujillo no tiene Alcalde. Debemos recordar la frase que dice: En verdad necesitamos un administrador de la ciudad que utilice los recursos en forma racional con eficiencia y eficacia. No es posible aceptar que el presupuesto municipal se insuma solo en pagar burocracia improductiva y algunas veces inepta, que además trata en forma displicente a los contribuyentes. Debemos utilizar la tecnología mejorando la calidad de los servicios. Pero ello exige que el titular de la MPT dedique su tiempo completo a la gestión municipal; pero se ausente sistemáticamente, cuando existen múltiples problemas no resueltos en la ciudad.

Aquí un apretado resumen y detalle somero de los principales problemas vigentes:

1) No existe orden en la ciudad. El tránsito vesicular y peatonal es un caos total. Nadie respeta la reglas, y los principales infractores son aquellos que deben hacerlo cumplir. Las zonas rígidas carecen de objeto porque no se acatan. Algunos vehículos municipales y pnp no han actualizado sus placas y exhiben placas caducas, carecen de Soat y revisión Técnica.

2) La ciudad está sucia y asquerosa en zonas periféricas. La basura es el principal trofeo que exhibe la ciudad. Faltan vehículos recolectores, y los sacrificados trabajadores deberían ser dotados de útiles de protección por cuanto laboran en situación de alto riesgo para la salud, y el salario no es equitativo con esta delicada labor.

3) Las calles de la ciudad están llenas de huecos por todas partes, pese al enorme costo invertido en parchado de pistas efímeras. Se han observado cráteres que tragan los autos. Este problema es grave y causa enormes daños a los vehículos y personas sin ser indemnizados por la MPT. Por equidad, los usurarios deberíamos ser resarcidos por estos daños. Pero solo se aplica la ley del embudo - sancionan a los ciudadanos - cuando el principal infractor es la propia MPT que no cumple con sus funciones prescritas en la ley. Para ilustración citamos algunas direcciones electrónicas que dan cuenta de los hechos:

El Comercio: 18 enero 2016 - Hueco en cuadra 14 An. Prolongación Vallejo

http://rpp.pe/peru/la-libertad/trujillo-recolector-que-se-hunde-en-pista-origina-aniego-y-corte-de-energia-noticia-930648

El Correo: 15 febrero 2016 – Gran forado en Av. España y Jn. Orbegoso (Mansiche)

http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/trujillo-nuevo-forado-por-causa-de-las-lluvias-653867/

Antena Norte Trujillo:

https://www.facebook.com/AntenaNorteTrujillo/?pnref=story

Antena Norte Trujillo: Más huecos

https://www.facebook.com/AntenaNorteTrujillo/videos/1147313115308883/

4) EL COBRO DE ARBITRIOS ES CONFISCATORIO Y ABUSIVO.- Por imperio de la ley, solo se paga tasa de arbitrios por CONTRAPRESTACION de un servicio eficaz. Veamos: A) Áreas Verdes.- Los parques y jardines están secos, sucios, y en abandono, salvo excepciones. Se dice que la gestión anterior dejó cuantiosas deudas a SEDALIB S.A., trabajadores, proveedores y otros; pero no conocemos las acciones legales a partir de la auditoria contra esa deficiente gestión. B) Limpieza Pública.- Con excepción de los recolectores que trabajan en los camiones que deben ganar más y en mejores condiciones, el personal que limpia las calles es deficiente. C) Seguridad Ciudadana.- El cobro de este arbitrio no tiene justificación técnica ni legal. En principio la seguridad es un derecho fundamental de toda persona, garantizado por la Constitución, y por consiguiente es GRATUITO a cargo de la PNP. Es decir, el serenazgo en buena cuenta interfiere la función propia de la policía nacional, máxime, si no tiene atribuciones legales para detener personas y usar armas. En todo caso, si la MPT quiere colaborar con este importante servicio, debería transferir su presupuesto a la PNP, y no interferir su labor de modo improvisado e ineficaz. Siendo así, los ciudadanos no tenemos porque pagar por un servicio que no recibimos. La lógica señala - si no hay contraprestación del servicio no hay pago - así de simple.

Costo del servicio.- Al respecto existe jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional expresada en dos sentencias que son de obligatorio cumplimiento; Exp. Nº 0041-2004-AI/TC, y Exp. Nº 0053-2004-AI/TC, que determinan entre otros el modo de calcular el costo efectivo del arbitrio en función del servicio y costo real. No es pertinente calcular el costo del servicio con el valor del autoavaluo del predio.

Es decir, un predio de vivienda podría costar más que un predio comercial como hostal, bar, restaurant, etc.; pero por el uso de vivienda genera menos volumen de residuos sólidos y líquidos, y demanda menos servicios que otro comercial o industrial. Por tanto la vivienda debería pagar menos en relación directa con el servicio efectivo. Pero no es así, en los hechos reales y concretos la MPT cobra de modo confiscatorio a las viviendas tomando como referencia el costo del autoavaluo, y más no el servicio prestado. A partir de esta interpretación errónea el SATT impone medidas ilegales contra los contribuyentes.

Desde la gestión anterior el SATT incurre en una serie de arbitrariedades y abusos mediante cobranzas coactivas ilegales. No respetan la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional expresada en el Expediente Nº 0015-2005-PI/TC, y Nota de Prensa Nº 008-2006-OII/TC de fecha 21 de enero 2006. Es decir, para ejecutar embargo de bienes y retención de haberes en el sistema financiero se requiere mandato judicial; pero la autoridad municipal no respeta la ley por su voraz apetito financiero para cubrir planillas. Aplica la ley del embudo agravando el conflicto social por la situación de pobreza de los contribuyentes, por lo que con justa razón impulsan su revocatoria. El auge de los atropellos habría ocurrido durante la gestión del señor Nils Ericson Ruiz Gómez. Este personaje se hizo famoso por la profusa publicidad que motivó durante su cuestionada gestión como fluye de las siguientes direcciones electrónicas dan cuenta de los hechos:

· http://diariocorreo.pe/nota/18735/jefe-satt-ordeno-pagar-su-propia-maestria-con-dinero-de-la-institucion/

· http://mundojuridico1.blogspot.com/2011/07/jefe-del-satt-ordeno-pagar-su-propia.html

· http://diariocorreo.pe/nota/18925/sigue-escandalo-en-el-satt-pagaron-20-mil-soles-por-una-fiesta

5) EXONERACION AL PAGO DE TASAS POR ARBITRIOS.- Los servidores municipales de Trujillo activos y cesantes gozan de ventajas y privilegios por Ordenanzas que EXONERAN pago de ARBITRIOS en la MPT. Estos servidores que NO pagan son los cobradores del SATT cuyos recursos son destinados para cubrir sus salarios y otros, ver detalle:

Ordenanza Municipal Nº	Fecha	Firmada por Alcalde:
1) 020-2010-MPT	18-06-2010	César Acuña Peralta
2) 021-2010-MPT	18-06-2010	César Acuña Peralta
3) 005-2011-MPT	26-04-2011	César Acuña Peralta
4) 024-2011-MPT	04-10-2012	Gloria Montenegro Figueroa
5) 029-2012-MPT	11-10-2012	Gloria Montenegro Figueroa
6) 030-2012-MPT	13-11-2012	Gloria Montenegro Figueroa
7) 040-2013-MPT	10-10-2013	Gloria Montenegro Figueroa
8) 041-2013-MPT	10-10-2013	Gloria Montenegro Figueroa
9) 047-2013-MPT	12-12-2013	Gloria Montenegro Figueroa
10) 015-2014-MPT	06-06-2014	Gloria Montenegro Figueroa
11) 016-2014-MPT	06-06-2014	Gloria Montenegro Figueroa

Cualquier persona o autoridad puede verificar la información en el portal web de la MPT.

6) Con profusa publicidad el Alcalde de la MPT y Gobernador Regional anunciaron la puesta en servicio del ex complejo chicago; pero hasta hoy sigue en abandono. Aquí se programó la ejecución del denominado coliseo Gran Chimú para ser utilizado con motivo de los juegos bolivarianos del año 2013. El costo presupuestado que exhibe el cartel de obra es S/. 103’637,779.21, y está en arbitraje. Se desconoce la fecha de término y puesta en uso.

Fotos: Coliseo Gran Chimú - INCONCLUSA y ABANDONADA desde 2013 (juegos bolivarianos) costo presupuestado S/. 103´637,779.21 - ¿Cuánto costará la obra terminada al 100 % y cuándo será concluida....? - El pueblo ha perdido una zona de esparcimiento, el ex complejo Chicago que por años sirvió al pueblo. Hoy tenemos una mole de fierro y cemento que no sirve para nada.

FONAVI: SEXTA LISTA

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Tue, 26 Apr 2016 17:48:00 +0000

FONAVI – SEXTA LISTA

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

El 25 de abril publicaron el sexto grupo de pago del FONAVI. Sin embargo, surge la interrogante, porqué miles de ex trabajadores del Estado que perciben miserables pensiones de cesantía en el régimen del D.L. 20530, congelada durante el gobierno de Toledo y PPK por Ley Nº 28449 del 30-12-2004, no aparecen en ninguna lista pese a que muchos cuentan con más de 80 y 85 años o más, y otros van muriendo en la espera. Sin embargo se observa beneficiarios de 65 años que no son prioritarios conforme al fallo del Tribunal Constitucional. Es decir; primero deben pagar a los mayores y luego a los de menor edad; pero el FONAVI-ST no estaría respetando el fallo.

Frente al reclamo de los beneficiarios, la respuesta ha sido banal, señalando que han solicitado informe a los empleadores y éstos no responden. Esperan respuesta para incluir en la lista. Entonces; ¿Qué pasará si los empleadores, Estado y Empresas, simplemente NO responden? - ¿Los beneficiarios registrados serían objeto de burla? Eso sería nefasto y abusivo frente a las expectativas de miles de ex trabajadores registrados con el Formato F-1.

De acuerdo con las normas de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo 40º y 42º prescribe que: es prohibido solicitar documentos que la administración “posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente”, y en cuanto al formato F-1 que tiene carácter de DECLARACION JURADA, rige el principio de “Presunción de la Veracidad”, máxime, si los ex trabajadores del Estado reciben pensión de cesantía en el régimen del D.L. Nº 20530, lo cual significa que acreditaron oportunamente su legítimo derecho, y en otros casos el derecho ha sido amparado con Sentencia del Tribunal Constitucional.

Resulta inaudito, tramposo, abusivo, e ilegal que bajo el ardid que esperan la información de los ex empleadores que no contestan, no se incluye en las listas a miles de trabajadores, violando los artículo 40º y 42º de la Ley 27444, con el agravante que si algún ex empleador no contestaría nunca, el derecho legítimo de los ex aportantes habrían sido burlados.

Al respecto, es necesario hacer el siguiente análisis:

1) Muchas instituciones públicas han desaparecido, otras se han fusionado, han cambiado de nombre o razón social, han sido subsumidas por otra entidad, Ministerio, o empresa; se han fraccionado por efecto de la regionalización, etc. No obstante, el empleador sigue siendo el Estado, que es único e indivisible. En caso de empresas privadas algunas han sido vendidas, quebradas, liquidadas, fusionadas, transformadas, o simplemente han desaparecido. En ambos casos la falta de respuesta o información no es responsabilidad del trabajador. Pero, bajo esta excusa la Comisión Ad Hoc del FONAVI posterga la inclusión en las listas de pago por término indefinido. En ningún caso la falta de información podría significar que los trabajadores pierdan su derecho, y de serlo sería una actitud ruin, detestable, e ilegal.

2) El Estado, por su parte tiene por función y responsabilidad, controlar y fiscalizar no solo a las entidades públicas, sino también a las empresas privadas, y para ello existe la Contraloría General, ESSALUD, SUNAT, Ministerio de Trabajo, etc. que verifican y fiscalizan las planillas de salarios. En todo caso; si estas entidades por acción y omisión no cumplieron su deber, o fueron negligentes en su trabajo, y no fiscalizaron de modo oportuno el cumplimiento de la ley que disponía el descuento y traslado de dichos recursos al FONAVI. Tales hechos no podrían conculcar el derecho del trabajador. Es de conocimiento público que el Estado es deudor de ESSALUD, SUNAT, FONAVI, etc.

3) Muchos Fonavistas han fallecido sin recibir la devolución de sus aportes, y otros seguirán el mismo destino. La burla sigue bajo mecanismos dilatorios que de modo mezquino utiliza el ardid para el pago vil y miserable de este derecho. Ojalá el nuevo gobierno corrija y sancione a los responsables de actos dilatorios ilegales y discriminatorios.

ALZA DE ARBITRIOS MUNICIPALES - 2016

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Fri, 01 Jan 2016 00:17:00 +0000

ALZA DE ARBITRIOS MUNICIPALES - 2016

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

El alza de arbitrios en la MPT no tendría por objeto mejorar servicios a la comunidad, que desde ya son deficientes, o sincerar costos como afirman otros; el alza estaría ocurriendo por necesidades financieras y presupuestales para costear ventajas y privilegios de la burocracia municipal. Analicemos el tema con buen criterio y racionabilidad desde el punto de vista técnico, legal, y real; pero no por cuestiones políticas, ni de razas.

En principio la Municipalidad es una institución que emana de la voluntad popular. Es persona jurídica de derecho público con autonomía económica y administrativa en asuntos de su competencia; pero eso no significa que la entidad pueda operar como feudo. La autonomía debe ser entendida dentro del marco constitucional teniendo presente que el Estado es único e indivisible acorde con el artículo 43º de la Constitución. Al respecto existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Me remito a la Sentencia del Pleno Jurisdiccional recaída en el Proceso de Inconstitucionalidad – Expediente Nº 0015-2005-PI/TC del 5 de enero 2006, ver:

Fuente: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00015-2005-AI.html

y Nota de Prensa 008-2006-OII/TC del 21 de enero 2006 cuyas partes pertinentes transcribo:

Fuente: http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/notas/2006/nota_06_008.html

“Nota de Prensa 008-2006-OII/TC” - “TC RATIFICA LEY QUE FRENA ABUSOS DE COBRANZAS COACTIVAS” – “El Tribunal Constitucional (TC), ratificó la validez constitucional de la Ley que frena los abusos en las cobranzas coactivas y ordenó imperativamente a los municipios y demás entidades de la administración pública, esperar la finalización de los fallos judiciales para efectuar sus cobranzas, fue al declarar infundada la demanda de Inconstitucionalidad planteada por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio”……..

“La sentencia recaída en el Expediente Nº 0015-2005-PI/TC, señala que la autonomía municipal no puede ejercerse de manera irrestricta, y, al sustentar el fallo en el Exp. Nº 0038-2004-AI/TC el TC precisa que, “si bien la Constitución ha establecido que los gobiernos locales gozan de autonomía municipal, ello no significa que tales organismos gocen de una irrestricta discrecionalidad en el ejercicio de tales atribuciones, toda vez que, conforme al principio de unidad de la Constitución, ésta debe ser interpretada como un todo, como una unidad donde todas sus disposiciones deben ser entendidas armónicamente”……...

“El Tribunal Constitucional considera que de acuerdo a su línea jurisprudencial en materia municipal, la modificación introducida no vulnera el principio de autonomía municipal ya que el Estado no puede permanecer inmóvil ante los abusos y arbitrariedades cometidas por los Ejecutores Coactivos contra un número significativo de vecinos y empresas”.

Pero; haciendo uso y abuso de la autonomía municipal, algunas autoridades suscriben pactos colectivos con sindicatos para otorgar privilegios como la EXONERACION al pago de tasas por ARBITRIOS. Es decir, los que cobran no pagan, y eso es inaudito. Debe primar el principio de “Igualdad ante la ley. Sin discriminación” acorde con el artículo 2º inciso 2) de la Constitución, haciendo presente que está en giro el Expediente Nº 21028-2011-MPT por el cual numerosos ciudadanos solicitan igual derecho, sin obtener resolución de la autoridad municipal. Por eso la Resolución de Tribunal Fiscal Nº 04738-7-2015 del 15 de mayo 2015, de acuerdo con el artículo 150º tercer párrafo del Código Tributario requiere a dicha autoridad para que emita su pronunciamiento, caso contrario estarían violentando derechos de los administrados por cuanto mientras subsista la omisión, el Tribunal Fiscal está impedido de resolver apelaciones por razones que sustentan la citada resolución que dice:

“RESUELVE: Declarar NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de Gerencia de Recaudación y Control de Deuda Nº 1551-2014-GR/SATT de 24 de julio de 2014, debiendo la Administración proceder conforme con lo expuesto en la presente resolución”.

Los fundamentos precedentes del Tribunal Fiscal precisan:

“Que el artículo 150º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, dispone que el Tribunal Fiscal no podrá pronunciarse sobre aspectos que, considerados en la reclamación, no hubieran sido examinados y resueltos en primera instancia; en tal sentido, declarará la nulidad e insubsistencia de la resolución, y repondrá el procedimiento al estado que corresponda”.

Entre tanto la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no cumpla con pronunciarse sobre los tres puntos del Petitorio - Expediente Nº 21028-2011-MPT - no podrán concluir los procesos de reclamo haciendo imposible el pago de la deuda por única y exclusiva responsabilidad de la MPT; pues, con la omisión a deberes funcionales vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos acorde al artículo 51º, 138º, y 139º inciso 3), 6), y 14) de la Constitución Política.

Para ilustración de los interesados, señalo algunas normas publicadas en el portal web de la MPT, de cuyo contenido fluye con claridad meridiana el privilegio de EXONERACION para sus servidores activos y cesantes conforme lo evidencian las Ordenanzas siguientes: OM Nº 015-2014-MPT, OM Nº 016-2014-MPT, OM Nº 022-2014-MPT, OM Nº 047-2013-MPT, OM Nº 040-2013-MPT, OM Nº 041-2013-MPT, OM Nº 030-2012-MPT, OM Nº 029-2012-MPT, OM Nº 005-2011-MPT, y otras. Las normas están publicadas en ésta dirección:

http://www.munitrujillo.gob.pe/portal/transparencia/normas_interna

Para ilustración de los vecinos, en términos sencillos damos luces para que los afectados reclamen frente a los abusos del SATT, cautelando así la pauperizada economía popular.

¿Qué es el Arbitrio?

El Arbitrio es la tasa que se paga por contraprestación de un servicio de calidad individualizado en el contribuyente. Por tanto, si no se presta el servicio, o éste es deficiente o malo, es obvio que el contribuyente tiene derecho al reclamo y así el pago se posterga hasta la conclusión final del proceso. El arbitrio no es un impuesto como el IGV, o renta, etc.

¿Cómo se calcula el costo del arbitrio o servicio?

El arbitrio se determina con el costo efectivo del servicio prestado. No depende del valor de autoavaluo del predio. La diferencia del costo radica en el uso del bien. No es igual un predio de vivienda que otro de uso comercial o industrial, etc.

La vivienda promedio podría generar un estimado de cinco a diez kilos de residuos día. Pero un predio de uso comercial o industrial, etc., podría generar diez veces o más de residuos al día, y por tanto demanda más servicios por lo que su costo debe ser mayor. Asimismo, el comercio informal como el expendedor de jugos, frutas, alimentos, etc., produce más basura que cualquier familia promedio; pero no pagan nada por estar en la calle.

La realidad concreta confirma que el costo del arbitrio no se calcula con el valor de autoavaluo, sino con el costo efectivo del servicio prestado. Vale decir, si el predio destinado para uso comercial o industrial vale menos que el predio destinado para vivienda, no significa que pague menos, puesto que por el servicio que demanda le corresponde pagar más.

Sobre la materia en cuestión el Tribunal Constitucional ha pronunciado dos fallos vinculantes que deben acatar los gobiernos locales: STC Nº 0041-2004-AI/TC y STC Nº 00532004-AI/TC cuyo texto pueden ver en las dos direcciones electrónicas siguientes:

· http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00041-2004-AI.html

· http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00053-2004-AI.html

¿Cuándo, cómo, y dónde presento el reclamo?

El deudor tributario afectado por actos de la administración SATT tiene derecho a interponer reclamo. En primera instancia éste se inicia ante el SATT del gobierno local, y contra esta resolución procede apelación ante el Tribunal Fiscal, con cuyo pronunciamiento se agota la vía administrativa. En ese caso, el administrado no conforme con lo resuelto tiene derecho para acudir al órgano jurisdiccional mediante el proceso contencioso administrativo, que podría llegar al Tribunal Constitucional, y allí concluye el reclamo.

Entre tanto no concluya el proceso de reclamo con sentencia final del órgano jurisdiccional, la administración no podrá ejecutar cobranzas coactivas y embargos por mandato expreso del fallo vinculante del Tribunal Constitucional Expediente Nº 0015-2005-PI/TC del 5 de enero 2006,

Fuente: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00015-2005-AI.html

y Nota de Prensa 008-2006-OII/TC del 21 de enero 2006;

Fuente: http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/notas/2006/nota_06_008.html

¿El SATT puede cobrar deudas del siglo pasado y otras prescritas?

NO. Las deudas Prescriben y Caducan. La prescripción es irrenunciable, y de acuerdo con el artículo 43º del Código Tributario las deudas prescriben a los cuatro (4) años. En consecuencia, las cobranzas con el falaz “beneficio” de rebajar intereses por deudas del siglo pasado que terminó el año 2000, y siguientes es ilegal y abusiva. A partir del uno de enero del 2016, habrá prescito las deudas hasta el año 2011 inclusive. Solo debe presentar su solicitud para tal fin.

¿Por qué los cobradores de arbitrios no pagan?

Es un hecho irrebatible que los servidores de la MPT están EXONERADOS al pago de arbitrios. Pero si somos iguales ante la ley, por equidad y justicia todos debemos gozar de igual derecho. Sin embargo especulan que la MPT pretendería subir sueldos a funcionarios, y esa sería la razón del alza de arbitrios afectando la pauperizada economía de los vecinos.

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/trujillo-revelan-que-en-municipalidad-pretenden-armar-cas-directivo-para-subir-sueldos-643255/

(31-12-2015)

ARBITRIOS: EXONERACION PARA JUBILADOS, PENSIONISTAS, Y SIN PENSION

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Thu, 16 Jul 2015 00:16:00 +0000

ARBITRIOS: EXONERACION PARA JUBILADOS, PENSIONISTAS, Y SIN PENSION

II PARTE

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

L tema de exoneración al pago de tasas, arbitrios, licencias, y otros para servidores activos y cesantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo - MPT, no solo configura una modalidad de privilegio para un sector de trabajadores del estado, sino también existen otras formas o artificios para obtener preeminencias conocidas como “bonos” o “tarifas sociales” generado por pactos colectivos entre la entidad y los trabajadores, cuyos beneficios en algunos casos se hacen extensivos a funcionarios.

Como explicamos en la Parte I, el arbitrio es la tasa que se paga por contraprestación de un servicio de calidad. Quiere decir, si la entidad no presta el servicio o éste es de mala calidad, el usuario tiene perfecto derecho a interponer reclamo por el cobro indebido, excesivo, o abusivo de la administración, y podría llegar incluso al órgano jurisdiccional luego de agotar la vía administrativa. Entre tanto, no es posible ejecutar embargos acorde con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 00015- 2005-PI/TC, y Nota de Prensa Nº 008-2006-OII/TC. Sin embargo; observamos que el SATT ejecuta embargos de modo ilegal a personas modestas que por alguna razón o falta de medios no reclaman y no se defienden.

¿Qué es la Tasa y cuál es su costo?

La Ley de Tributación Municipal aprobada por Decreto Legislativo Nº 776, en el artículo 66º, 68º, y 69º define las tasas y costos de los arbitrios municipales en los términos siguientes:

“Artículo 66º.- Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público administrativo, reservado a las Municipalidades de conformidad con su Ley Orgánica y normas con rango de ley”.

“Artículo 68º.- …. a) Tasas por servicios públicos o arbitrios son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente”.

“Artículo 69º.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calculan dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar”.

El Título Preliminar del Código Tributario, Norma II, numeral c) define la Tasa como sigue: Tasa: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.”

El marco legal y la racionabilidad, determinan que el arbitrio por limpieza pública, áreas verdes, y seguridad ciudadana, deben ser pagados por el contribuyente por servicios ciertos que recibe de la municipalidad, cuyo valor está determinado por el costo efectivo del servicio prestado. Eso significa que si no se presta el servicio, no existe obligación de pago. Asimismo, si el servicio es de mala calidad o deficiente es pertinente el reclamo del contribuyente. Sobre la materia existe pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, cuyos fallos constituyen jurisprudencia vinculante con fuerza de ley, que son de obligatorio cumplimiento como fluye del Exp. Nº 0041-2004-AI/TC, y Exp. Nº 0053-2004-AI/TC.

De lo anotado, se infiere que el costo del servicio prestado no está en relación directa con el valor del predio fijado en el autoavaluo, por lo que emplear este valor para determinar el costo del servicio altera el coste y es ilegal. Veamos ejemplos:

Área verde - Urb. Santa María

La ley señala que el arbitrio se calcula con el costo efectivo del servicio prestado, lo cual significa que para cobrar los servicios por: a) Limpieza Pública, b) Áreas Verdes, y c) Seguridad Ciudadana, la administración debe tener presente el costo real del servicio. Este costo es la sumatoria de la mano de obra, materiales, equipos, y otros. No se calcula el servicio con el autoavaluo, pues, éste corresponde al valor del terreno y la construcción del bien inmueble.

El factor determinante es la cantidad de desechos sólidos que produce el usuario para el caso de limpieza pública. La ubicación del predio frente a un parque bien cuidado y otro ubicado en zona árida o deteriorada servirá para determinar el costo del servicio de áreas verdes. Por último, la seguridad ciudadana está en relación directa con la paz y tranquilidad de la zona individualizada en la persona. Zona segura significa, libre de robos a viviendas y transeúntes, sin ruidos molestos ni escándalos generados por discotecas, bares, fiestas chicha, etc. En este caso debemos tener presente que la paz y tranquilidad es derecho fundamental de la persona, y es gratuito a cargo de la PNP. Esta seguridad no existe como se refleja en las estadísticas policiales del crimen, así como la información cotidiana de los medios de prensa.

Limpieza pública y área verde

Los cobradores de arbitrios son funcionarios municipales que gozan de exoneración, y en tal situación no parece ético que ejecuten acciones draconianas para la cobranza, por el contrario deberían dar ejemplo de responsabilidad social siendo los primeros en cumplir con el pago de arbitrios, en vez de practicar la exclusión y discriminación social.

Hago presente que por información mediática es de conocimiento público que los funcionarios de la MPT gozan de “bonos” que tienen origen en pactos y convenios suscritos con el sindicato de trabajadores ediles, y por cuestionamiento de la prensa se exige la devolución de dichos cobros ilegales. Según la asesoría jurídica de la MPT, “El bono será devuelto no solo por funcionarios de esta gestión sino también los de las anteriores. Se ha identificado a 540 exfuncionarios que se beneficiaron con el Pacto Colectivo. Además, se ha tomado la decisión de que la Procuraduría Pública inicie las acciones legales”.

Esta práctica edilicia no sólo es ilegal y abusiva, sino que configura una forma de iniquidad que agrava la exclusión social de los pobres a los cuales deberían servir. La presente gestión data de enero 2015; pero el bono viene de gestiones anteriores y debe ser corregido. Ver:

Trujilloenlinea.pe: 10 de julio 2015 – Elidio. Funcionarios devolverán bonos ilegales

http://www.trujilloenlinea.pe/noticias/politica/10/07/2015/funcionarios-de-la-gestion-de-elidio-espinoza-devolveran-bonos-ilegales

La Industria: 28 de junio 2015 – Bono por cierre de pliego para funcionarios…

http://laindustria.pe/sites/default/files/06/28/2015%20-%2009:33/A2.pdf

La República: 1 de julio 2015 – MPT defiende pago de bonos a funcionarios, pese a ser ilegal

http://larepublica.pe/impresa/politica/11927-comuna-de-trujillo-defiende-pago-de-bono-funcionarios-pese-ser-ilegal-segun-la-opinion-de-expertos

La República: 14 julio 2015 – Inseguridad. Asesinan Alcalde de Paruro – Cusco.

http://larepublica.pe/sociedad/15257-cusco-asesinan-de-varios-disparos-alcalde-de-paruro

Creemos que el alcalde Elidio Espinoza sabrá valorar los hechos a fin de que su gestión corrija estos vicios, primero haciendo transparente sus actos publicando la información total en el portal web; luego desterrando las diferencias y privilegios respetando la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado. Eso evitaría que la autoridad superior corrija actos ilegales que desmerecen la calidad de la gestión.

“EL POTENCIAL MINERO MUNDIAL DE CHILE Y PERÚ”

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Sun, 21 Jun 2015 15:29:00 +0000

“EL POTENCIAL MINERO MUNDIAL DE CHILE Y PERÚ”

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

La nota periodística que motiva este análisis resalta “el potencial minero de Chile y Perú” respecto al cobre. Sin embargo, Perú tiene minas polimetálicas, y de oro con mejor potencial. Ver fuente:

http://mineriadelperu.com/2012/04/02/el-potencial-minero-mundial-de-chile-y-peru/

Por algo decía Antonio Raimondi, el Perú es un méndigo sentado en un banco de oro, y esta alegoría sigue vigente con fuerza. Creció de modo astronómico el volumen de extracción de minerales que tradicionalmente se hacía en túnel o socavón, para pasar a la explotación de tajo o cielo abierto que involucra movimiento de tierras en gran escala como es el caso de Antamina en Ancash, y pronto las Bambas en Apurimac. Debo significar que la minería tradicional de túnel y sobre rieles, contaba y cuentan algunas con plantas concentradoras para procesar minerales con capacidad entre un mil a dos mil T.M. día, mientras que las minas a tajo o cielo abierto operan con capacidad del orden entre cien mil TM día a más. Esta relación es importante para determinar tres cosas: 1) demanda de mano de obra, 2) uso de explosivos y reactivos químicos, y 3) rentabilidad del negocio minero.

Respecto al punto 1, la demanda de mano de obra es inversa al volumen de explotación en TM, y ello se debe al uso de tecnología y automatización. En este caso la mano de obra es menor y no guarda relación con el volumen del movimiento de tierras, cuyo material es materia prima para obtener el mineral objetivo. El punto 2, uso de explosivos y reactivos químicos, está en relación directa al volumen del material que demanda la producción, y obviamente para remover y tratar el significativo incremento en TM del material extraído, se requiere más explosivos y reactivos químicos, que por su naturaleza generan los relaves o pasivos ambientales. El punto 3) referido a la rentabilidad constituye la meta y objetivo del negocio minero como cualquier otro; y en este caso allí radica la abismal diferencia cuando tratamos del potencial minero de Chile y Perú en relación al cobre. Este potencial minero es real; pero la diferencia radica en la distribución de utilidades que es sustantiva. Veamos; el Capital Social de la Empresa está representado por Acciones con un valor nominal determinado. Estas Acciones acreditan el derecho de los poseedores o propietarios para efectos de la distribución o reparto de Utilidades que generan las empresas. La Junta General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad, y acorde con el Artículo 111º de la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades, recibe más utilidades el que posee más acciones. Traducido en términos prácticos, en relación al potencial minero de Chile y Perú, las utilidades de CODELCO son del Estado Chileno, mejor dicho de todos los chilenos; mientras en el caso Antamina en Perú las utilidades son de los inversionistas extranjeros dueños de las acciones de la empresa; he allí la gran diferencia.

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), es una empresa minera estatal de Chile dedicada a la explotación del cobre, por cuya actividad es considerada la mayor compañía del planeta. Aquí nadie dice que Chile es estatista o comunista, ni menos hablan del rol subsidiario del estado o contratos ley, como establece el artículo 60º y 62º de la Constitución Política de Perú. En el desarrollo minero CODELCO opera ocho centros de trabajo ubicados en la Región de Antofagasta y la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; y su Casa Matriz se encuentra en Santiago de Chile. Para mejor ilustración cito textos que pueden verificar en la siguiente dirección electrónica; Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Codelco

“La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) es una empresa estatal chilena dedicada a la explotación minera cuprífera, rubro en el que es la mayor compañía del planeta. Codelco opera ocho centros de trabajo, ubicados entre la Región de Antofagasta y la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; la Casa Matriz se encuentra en Santiago.”

“Codelco es el productor de cobre más grande del mundo y la empresa que contribuye más a la economía chilena, con ventas por US$ 17.515 millones en 2011. Su producción anual equivale al 11% de la producción mundial de cobre de mina y un 34% de lo producido en Chile, con 1.796.000 toneladas de cobre fino en 2011 (incluida su participación en el yacimiento El Abra). Es también una de las primeras compañías en producción de molibdeno, con 23.098 toneladas métricas finas ese mismo año.”

“Empresa 100% estatal, posee el mayor nivel de reservas y recursos de cobre conocidos en el planeta. Se estima que, con los actuales niveles de producción, los yacimientos que hoy explota proyectan más de 65 años de vida útil.”

“Clave para el desarrollo de Chile, desde 1971 Codelco ha aportado más de 98. 400 millones de dólares al Estado. De estos excedentes, 48.067 millones de dólares se entregaron en el período 2004-2010; y US$ 7.033 millones, en 2011. También es el principal exportador: las ventas de Codelco al exterior han significado, prácticamente, uno de cada cuatro dólares exportados por Chile durante estos 40 años.”

¿Sabe usted cuántas Toneladas de Oro extraen de las minas de Perú y seguimos pobres? - El cuadro anexo ilustra con la Producción de metales en el Perú - Primer Trimestres del 2015, cuya fuente pertenece al Ministerio de Energía y Minas, y aparece publicado en la siguiente dirección:

http://peru21.pe/economia/produccion-metalica-aumento-marzo-2015-2218437

Perú 21: Sábado 09 de mayo del 2015 | 08:14

Como podrán apreciar estimados lectores, CODELCO es una empresa 100 % Estatal, y ninguna persona acusa al gobierno de Chile de estatista o comunista. Al contrario, gracias a esta política patriótica y nacionalista que protege los intereses y derechos del estado, las ingentes utilidades que genera la explotación del cobre revierten para impulsar el desarrollo nacional del pueblo de Chile. Es decir; los recursos naturales no renovables del cobre, benefician a los chilenos, y parte de ellos rebasan incluso a Perú con grandes inversiones que tienen los chilenos en actividades estratégicas como: combustibles, energía, banca, comercio, y otros. Entre tanto los peruanos sólo decimos “viva el Perú”, y vemos con tristeza como recrudece la TBC, la desnutrición, mendigos en las calles, niños trabajadores, ejércitos de desocupados y sub empleados, así como el galopante mercado informal junto con la inseguridad ciudadana que agudizan el conflictos social. En tal situación sería pertinente analizar la concesión de los recursos naturales a inversionistas extranjeros mediante contratos - ley, y por justicia y equidad deberían revisarse los contratos ejercitando soberanía por el Estado.

¿¿¿…..EXISTE O NO EXISTE ESTADO DE DERECHO.….???

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Sat, 13 Jun 2015 16:41:00 +0000

¿¿¿…..EXISTE O NO EXISTE ESTADO DE DERECHO.….???

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

El artículo 102º de la Constitución, respecto a las atribuciones del Congreso prescribe lo siguiente:

“Artículo 102º.- Son atribuciones del Congreso: “2.- Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”.

Pero el Congreso de la República confronta hoy crisis y anarquía por infracción de la Constitución. La Corte Suprema de la República confirmó la sentencia contra el congresista Alejandro Yovera, que lo inhabilita para la función pública. El fallo tiene autoridad de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento conforme al artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo 139.2º de la Constitución. Pese a ello, por notorio cálculo político, en razón de que el cuestionado migró del fujimorismo y vota con la bancada oficialista, la Mesa Directiva no acata la decisión judicial, y se resiste a desaforar al congresista violentando el Estado de Derecho que debería respetar. Siendo así, los actos con participación del congresista inhabilitado por sentencia, podrían ser nulos.

Lo propio ocurre en la Corte Superior de Ancash. Allí está en Ejecución de Sentencia, el fallo con autoridad de cosa juzgada contra el Gobierno Regional de Ancash, cuyo mandato ampara derechos laborales y debe cumplirse en sus propios términos. En este caso, por lenidad del Juez Provisional Ejecutor de la Sentencia, Benjamín Uldarico Coloma Villegas, quien conoce el proceso desde abril del 2008 hasta la actualidad, Expediente Nº 00009-1991-0-0201-JM-CI-01 del Primer Juzgado Civil de Huaraz – Ancash, se resiste y desobedece la decisión judicial. Pese a ello, ninguna Queja a la OCMA – ODECMA surte efecto, dicen: No haber mérito para la apertura de proceso disciplinario contra el quejado…. ¿Ese es el Estado de Derecho y seguridad jurídica que no da la democracia….?

Es de conocimiento público, que la demandada - Gobierno Regional de Ancash - es investigada por Contraloría General, y el Órgano Jurisdiccional por presuntos actos de corrupción; y la Comisión Investigadora del Congreso que preside Mesías Guevara, investiga el Convenio suscrito entre el Poder Judicial y Gobierno Regional de Ancash, por cuyo mérito algunos magistrados viajaron a Estados Unidos para una supuesta capacitación, según informan los medios. Ver nota aquí:

http://www.larepublica.pe/29-01-2015/comision-ancash-investiga-a-15-jueces-por-presuntos-actos-de-corrupcion

Ignoro que poderosa razón existe para que el Magistrado Ejecutor, violando la ley decida no aplicar medidas coercitivas contra la demandada como dispone el artículo 22º y 59º del Código Procesal Constitucional. Pero, sé que el desafuero del congresista Alejandro Yovera, y la sentencia de Amparo por derechos laborales irrenunciables, no pueden dejar de cumplirse por mandato constitucional, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil, y penal que determina la ley en cada caso.

La conducta del Congreso de la República, al resistirse a cumplir el mandato de la sentencia configura grave atentado contra el Estado de Derecho y la democracia que por atribución constitucional les compete respetar. Lo propio ocurre con el Juez Ejecutor de la Sentencia en el caso señalado. Esperamos que estos casos no queden en la impunidad y se imponga la ley.

CONCLUSION: No se requiere ser doctor en derecho para entender el tema. Si el Congreso no acata las decisiones judiciales – sentencias – no cumple la ley, ni respeta la Constitución, tendríamos que admitir que no existe Estado de Derecho, en defecto es precario; siendo un ardid para oprimir a los débiles y proteger la corrupción. Quizá por eso, renace la justicia ancestral o de mano propia que nos ubica como pueblo primitivo, crece el crimen y la inseguridad ciudadana.

Ver temas relacionados:

http://peru21.pe/politica/alejandro-yovera-poder-judicial-inhabilita-congreso-jne-hoja-vida-2192024

http://www.expreso.com.pe/politica/impunidad-de-yovera-sabotea-facultades-al-poder-ejecutivo/

http://peru21.pe/politica/congreso-republica-oposicion-abandona-hemiciclo-caso-yovera-2220707?href=hmain2

http://larepublica.pe/politica/7261-pedro-cateriano-ejecutivo-ahora-si-usara-todas-las-facultades-de-la-constitucion-para-gobernar

http://diariocorreo.pe/tema-del-dia/la-oposicion-pone-sus-condiciones-al-gobierno-exigen-inhabilitacion-de-alejandro-yovera-594233/

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Thu, 11 Jun 2015 14:12:00 +0000

ARBITRIOS: EXONERACION PARA JUBILADOS, PENSIONISTAS, Y SIN PENSION

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

a Administración Moderna es la ciencia y el arte de gobernar bien, con conocimiento de la materia y dominio de temas relacionados con el complejo mundo empresarial. De allí surge la idea de impulsar la profesión del Administrador de Empresas o Licenciado en Administración. Esta profesión emerge en el Perú en la década del sesenta del siglo pasado, y se nutre de las corrientes de los padres de la administración científica Frederick W. Taylor (1856-1915), quien el 1903 presentó ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos un documentos sobre los principios científicos de la administración de talleres; y Henry Fayol (1841-1925), quien logró salvar de la ruina a una gran compañía metalúrgica de Francia.

Anoto estas precisiones, por cuanto existen administradores o gerentes improvisados o empíricos que desconocen las técnicas de la administración, y no miden efectos o consecuencias de sus actos cuando toman decisiones. Lo hacen por entusiasmo, demagogia, para alcanzar algún aplauso, o perpetuarse en el poder. Generalmente esta práctica ocurre en la administración pública; no así en empresas privadas.

Casuística: Exoneración de Arbitrios, Tasas, Licencias, etc.

En el Perú, algunas autoridades que ejercen función pública hacen gala de soberbia y se convierten en una suerte de caciques, de tal forma que manejan la cosa pública como feudo privado al margen de las normas. Son generosos usando recursos que no les pertenece, y se amparan en la autonomía económica y administrativa para favorecer a unos y marginar a otros. Para graficar los hechos, citamos como ejemplo la exoneración al pago de tasas, derechos, arbitrios, y otros conceptos que otorga la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a sus servidores activos y cesantes - recaudadores de arbitrios - invocando la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal, y la Constitución Política; y con ese fundamento legal emite Ordenanzas Municipales tales como: OM Nº 015-2014-MPT, OM Nº 016-2014-MPT, OM Nº 022-2014-MPT, OM Nº 047-2013-MPT, OM Nº 040-2013-MPT, OM Nº 041-2013-MPT, OM Nº 030-2012-MPT, OM Nº 029-2012-MPT, OM Nº 005-2011-MPT, y otras. Las citadas normas están publicadas en el portal web, en la siguiente dirección electrónica – link normas municipales:

file:///D:/CLARO/MPT%20-%20Exonera%20Arbitrios/OM%20029-2012-MPT%20Acu%C3%B1a%2011-1-2012.pdf

Frente a estos hechos, invocando el artículo 2º numeral 2) de la Constitución Política, numerosos ex trabajadores jubilados, pensionistas, y sin pensión, durante la gestión anterior fenecida, nos apersonamos al despacho del señor Alcalde de la MPT con Expediente Nº 21028-2011-MPT ingresado en Mesa de Partes el 06 de junio de 2011, solicitando igual exoneración al pago de arbitrios, tasas, licencias, etc., por los mismos fundamentos que otorga beneficios a servidores activos y cesantes de la MPT, pues, fluye de las Ordenanzas Municipales citadas, que éstos gozan de las exoneraciones referidas y por tanto debe primar el principio de: Igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado. Durante la gestión del alcalde Acuña el Exp. Nº 21028-2011-MPT no mereció pronunciamiento de la autoridad, y la nueva administración pretende seguir sus pasos como aparece del Oficio Nº 1889-2015-MPT-SG del 27 de abril de 2015, cuyo Informe Legal Nº 727-2015-MPT/GAJ de modo insólito es ilegal, y conculca el derecho a la pluralidad de la instancia consagrado en el artículo 139.6º de la Constitución.

Resolución de Tribunal Fiscal Nº 04738-7-2015 de fecha Lima, 15 de mayo de 2015

El Tribunal Fiscal al resolver la apelación, Expediente Nº 828-2015, seguida contra la Resolución de Gerencia de Recaudación y Control de Deuda Nº 1551-2014-GR/SATT de 24 de julio de 2014, emitida por el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, RESUELVE: “Declarar NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de Gerencia de Recaudación y Control de Deuda Nº 1551-2014-GR/SATT de 24 de julio de 2014, debiendo la Administración proceder conforme con lo expuesto en la presente resolución”.

Los fundamentos del Tribunal Fiscal precisan: “Que el artículo 150º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, dispone que el Tribunal Fiscal no podrá pronunciarse sobre aspectos que, considerados en la reclamación, no hubieran sido examinados y resueltos en primera instancia; en tal sentido, declarará la nulidad e insubsistencia de la resolución, y repondrá el procedimiento al estado que corresponda”.

El precedente es importante para los contribuyentes. Pues, el reclamante al solicitar la exoneración invoca como alegato el Exp. Nº 21028-2011-MPT, y en este punto el Tribunal Fiscal dice: “Que sin embargo, de la revisión de la apelada se observa que la Administración omitió pronunciarse sobre dicho aspecto de la reclamación, por lo que corresponde declarar la nulidad e insubsistencia de la resolución apelada, y disponer que la Administración emita pronunciamiento al respecto”.

De acuerdo con el artículo 150º del TUO del Código Tributario, y Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04738-7-2015, las cosas son claras. Es decir; entre tanto la Administración no emita pronunciamiento respecto al Expediente Nº 21028-2011-MPT, los actos del SATT son nulos e insubsistentes. Debo precisar que en caso la MPT declare infundado o improcedente el petitorio en giro, éste será impulsado al Tribunal Constitucional, puesto que están en cuestión derechos fundamentales de la persona. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado. En consecuencia, lo dicho por la ex autoridad edilicia al expresar que dejaba importantes deudas por cobrar a la nueva administración, no corresponde a la realidad. Son fantasías con cifras utópicas, sin contenido real ni material.

Los escépticos dirán: ¿pero el SATT ejecuta embargos?

Es verdad, el SATT ha ejecutado cientos de embargos, y miles de acciones coactivas, cuyos actos ilegales transgreden la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional expresada en la sentencia Exp. Nº 00015- 2005-PI/TC y Nota de Prensa Nº 008-2006-OII/TC, que dice: “El Tribunal Constitucional (TC), ratificó la validez constitucional de la Ley que frena los abusos en las cobranzas coactivas y ordenó imperativamente a los municipios y demás entidades de la administración pública, esperar la finalización de los fallos judiciales para efectuar sus cobranzas, fue al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio”.

¿Qué es el Arbitrio?

El Arbitrio es la tasa que se paga por contraprestación de un servicio de calidad. Entonces, si no se presta el servicio, es obvio que no procede exigir el pago. De igual forma, si el servicio prestado es malo o deficiente, procede el reclamo del contribuyente.

Por último, el Expediente Nº 21028-2011-MPT, solicitando la Exoneración al pago de arbitrios y otros, será impulsado hasta el Tribunal Constitucional en caso necesario. Entre tanto invocamos a la MPT cumpla lo ordenado por el Tribunal Fiscal y emita su pronunciamiento.

…… continuará: Arbitrios – Parte II.

ANALIZANDO LOS ARBITRIOS MUNICIPALES Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Sun, 07 Jun 2015 01:09:00 +0000

En principio, la seguridad ciudadana es derecho fundamental de toda persona y sin costo alguno. Pese a ello, muchas Municipalidades y Alcaldes han hecho de este “servicio” conocido como "serenazgo" una suerte de instrumento para financiar recursos con fines políticos y de promoción del empleo partidario. Pero un real y eficaz servicio de "seguridad ciudadana" no existe. Entonces, sino existe o no se presta el servicio, por lógica simple y elemental; tampoco podría haber obligación de pago alguno de los ciudadanos.

¿Cómo entonces los Alcaldes cobran y ejecutan acciones coactivas contra los ciudadanos por retraso al pago de un servicio que no prestan de modo eficaz y verdadero....?

El caso concreto del señor David Waisman, personaje público importante, con residencia nada menos que en el aristocrático distrito de San Isidro - Lima, es el ejemplo categórico y contundente para demostrar que este servicio no es eficaz, él ha sido víctima según informan los medios, y por propia declaración del agraviado, de asalto y robo en su residencia cercana a dos cuadras de una comisaría de la PNP. Remarcando; si no es existe seguridad ciudadana en San Isidro, ¿cómo podría existir en Trujillo - quien lo garantiza?

¿Cuál es la responsabilidad de la Municipalidad que cobra, frente a los daños de la víctima?

Tradicionalmente, el Alcalde era considerado el mejor vecino, o persona notable del pueblo que lo representa con honor sin fines de lucro. Hoy en tiempos del mercantilismo, el concepto ha sido trastocado, y por eso existe una lucha sin cuartel y sin límites por alcanzar el “poder”, no para servir, sino en algunos casos para servirse de él. Casos existen en abundancia, siendo el más representativo por ahora el ex Alcalde de Chiclayo, conocido como líder de “los limpios de la corrupción”, según versión de los medios de prensa que son de conocimiento público. Pero no será el único, cientos o mil casos son cuestionados e investigados por la Contraloría General. Se dice que estos representan el nuevo poder, la nueva clase social de ricos o dueños del Perú. La presunción debería ser despejada por la Contraloría General y el Sistema Judicial. Es decir, las autoridades tienen el deber de clarificar el tema, puesto que a todas luces existen casos y cosas que cualquier mortal con dos dedos de frente puede distinguir lo bueno, lo malo, y lo feo, a partir de su propia realidad, como decía don Fernando Belaunde, “pueblo por pueblo”. La vaca no sólo debería ser honrada; sino también parecerlo.

¿Quién resarce los daños causados al ciudadano que paga por contraprestación de un servicio?

El hecho insólito ocurrido al señor David Waisman, nos invita a reflexión respecto a la calidad del servicio prestado y responsabilidades consiguientes. Ninguna persona cuerda y sensata podría contratar servicios sin recibir ningún beneficio real, ni mucho menos podría admitir que por incumplimiento o irresponsabilidad del servicio contratado le causen daño moral y material al locatario del servicio. Alguien debe resarcir los daños causados. Si no fuera así, el pago del arbitrio no tendría sustento real ni legal, y podríamos especular de una dádiva y quizá hasta de extorsión.

En el caso de la Municipalidad cito como referencia cientos o miles de procesos de ejecución coactiva impulsados por el SATT de la Municipalidad Provincial de Trujillo- MPT. En muchos casos incluso se han materializado embargos ilegales con extracción de bienes sin mandato judicial; con participación del senenazgo. En otros se han ordenado retención de haberes del sistema financiero cursando cartas sin discreción, y todo ello en función del apetito voraz de recaudar recursos que no siempre habrían sido usados para el bienestar de la comunidad. La Contraloría tiene la palabra sobre el punto. Los métodos, no han resuelto el problema de la seguridad ciudadana, al contrario los han agravado. Pues, la ciudad de Trujillo, no es precisamente modelo de orden y limpieza, menos de seguridad.

El ARBITRIO es la tasa que se paga por CONTRAPRESTACIÓN DE UN SERVICIO; y si no hay servicio prestado, es obvio que no existe obligación de pago. El Arbitrio No es un impuesto. Los impuestos sólo se crean por Ley del Congreso. Es decir; no existe sustento para cobrar el ARBITRIO de seguridad ciudadana por dos razones: Primero, porque no se presta el servicio de modo real y eficaz, y segundo; porque en todo acto contractual existen dos partes, uno que da y otro que recibe.

A modo de ilustración gloso el concepto que otorga el Diccionario de la Real Academia – DRAE – a la palabra contraprestación, y dice: “Contraprestación. f. Der. Prestación que debe una parte contratante por razón de la que ha recibido o debe recibir de la otra.” – Así de simple.

Por último, los arbitrios y exoneraciones se manejan a voluntad del alcalde de turno, y es lamentable ver el uso y abuso de la autonomía municipal de algunos alcaldes que actúan como caciques. Con esa pregonada autonomía operó la Región Ancash, y ya conocemos el resultado. Corresponde entonces al legislador corregir las normas en un cuerpo uniforme y único acorde con la tecnología de punta para eliminar el burocratismo pernicioso y fundamentalmente la corrupción institucional.

Nota.- Siguiente Tema: Arbitrios y Exoneración para jubilados y pensionistas.

ADMINISTRACION Y GERENCIA

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Fri, 10 Oct 2014 00:59:00 +0000

Administración es Gerencia, Gobierno; y eso es lo que hace falta en el país. No hay Administración, por eso dilapidan los recursos naturales primero, y recursos públicos también. El primero se materializa con las concesiones; y el segundo con la corrupción condicionada al diezmo. Por eso el mejor lema de la pasada campaña electoral fue: “Roba pero hace obra” justificando el evento. Creemos que existen alcaldes que habrían convertido a la entidad en feudos al servicio del patrón de turno, haciendo uso y abuso del poder en desmedro de la comunidad, presuntamente amparado en autoridades venales y corruptas que no advirtieron en su oportunidad el grave desorden en el manejo de la cosa pública. Basta ver y analizar el caso de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en Lambayeque para comprender la magnitud del problema. Otro ejemplo distrital podría ser San Marcos en Ancash, y - Echarate - Quillabamba en Cusco, entre otras.

No basta decir soy honrado o poner un letrero que diga: - cero corrupción - la vaca no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Para verificar los hechos habría que hacer una auditoría total e integral a la gestión, y con el resultado podemos afirmar con responsabilidad la real situación de la entidad. En algunos casos los indicios en ojos y olfato de un experimentado administrador, contador, y/o auditor podrían dar señales que algo se pudre en algún lugar. Cada obra pública debe alcanzar una meta en razón de las necesidades prioritarias de la comunidad, y debe guardar relación en el costo – beneficio. No es cuestión de realizar obras fastuosas o innecesarias de alto valor económico que no resuelven los problemas prioritarios del pueblo. Resulta absurdo por ejemplo que un pueblo carezca de agua y luz, pero exhiba piscina, edificio para la burocracia, monumentos insólitos, etc.

Creo entonces que no es caso aislado el escándalo de Chiclayo, sino una muestra que nos invita a la reflexión para frenar en seco a otras Municipalidades que estarían en el camino incorrecto, de modo tal que privilegiando las obras, retrasan el pago a sus trabajadores, ejecutan obras efímeras de mala calidad, o dejan otras inconclusas en abandono, etc. Existen obras que no responden a las necesidades de la institución para mejorar servicios, sino al contrario las empeoran mientras la burocracia política crece con ventajas y privilegios como exoneración al pago de tasas y arbitrios, gratificaciones, etc.

Las regiones no quedan atrás, allí están: Ancash, Tumbes, Cerro de Pasco, y otras. El mal tiene origen en débil control, leyes obsoletas, contradictorias, y falta de calidad técnica. Suma el lobby que vela por algún interés particular dejando al margen el beneficio general. Los hechos saltan a la vista.

Frente al cuadro desolador tengo convicción que es medular revaluar el capital humano incorporando trabajadores de calidad; no más burocracia política improductiva que sirven de soporte al cacique de turno en desmedro de la comunidad. En esa razón incrementar la burocracia contraviene la tecnología de punta y resulta absurda. Para justificar el hecho en algunos casos han creado otro turno extendiendo el horario de atención al público, cuando en la jornada ordinaria sobra el tiempo para dicho fin. Así dilapidan los recursos presupuestales que se reflejan en el alto costo del gasto corriente.

El Comercio: http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/chiclayo-katiuska-castillo-tenia-2-kilos-oro-joyas-noticia-1762699?ref=portada_home&ft=mod_losmas&e=nota_2

Correo: http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11209781/miscelanea/katiuska-del-castillo-la-guapa-esposa-del-e

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11205021/edicion+lambayeque/colaboradores-eficaces-delatan-a-red-crimina

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/11191801/manuel-llempen-acepta-derrota

República: http://www.larepublica.pe/impresa/larepublica-lima-09-10-2014

MR: 09-10-2014

EN MEMORIA DE SAN JUAN

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Mon, 24 Jun 2013 14:54:00 +0000

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

Recuerdo que el año 1956, luego de aprobar los exámenes de - Madurez Mental - así se denominó a dichas pruebas, ingresé al Colegio Nacional San Juan, entonces cobijado en el seno de la Gran Unidad Escolar San Juan, conocida hoy como GUE José Faustino Sánchez Carrión. Durante el periodo fue director de la GUE el doctor Mario Revoredo Raynafarje, un maestro de calidad.

En aquella época el auxiliar era el actor más importante para cultivar la disciplina en el colegio, y como símbolo cito con respeto a “coche bravo”; este apodo nada tenía que ver con el don de gentes y calidad humana de la persona. Aquel fue un hombre digno y honorable, que supo cultivar valores morales en los educandos. Cómo quisiéramos que existieran muchos como él. El personaje fue respetable y querido por varias generaciones, pues, según relataba venía desde el antiguo local de Independencia. También recuerdo a “pietro” (tenor) que hacía las insignias con el logo del colegio que lucimos con orgullo en la camisa color kaki. A otro le decían “ñaño” y al final de la jornada terminó ilustrándonos el significado del término “ñaño”. Pregunten a quienes lo conocieron. El colegio cultivó la disciplina con un departamento de conducta a cargo del doctor Méndez Chincha. El respeto de la persona humana a todo nivel fue una constante.

La calidad docente en la década del sesenta, y concretamente de 1956-1960 puedo afirmar sin temor a equivócame fue extraordinaria. Los profesores, reales maestros en toda la dimensión del término fueron ejemplo de trabajo y superación, no recuerdo una sola huelga durante los cinco años, y sólo a modo ilustrativo con las disculpas de quienes no cito por olvido reflejo en esta nota hago memoria de los siguientes: El poeta Francisco Xandoval, Horacio Alva, Adolfo Alva, Antonio Samanamud, “checho” Condemarin, Alfredo Valdivieso, “chueco” Reyes, Aníbal Talavera, Culquichicón, Oswaldo Rodríguez, el cura Herrera, el cura Calderón, “pájaro loco” Herrera, Marco Peñaranda, Burga, “loco” Lavalle, Lorenzo Santillán, Humberto Lezeta, el gran Teófilo Álvarez, y otros no menos valiosos que no hago memoria. Entonces, se vislumbraba la figura de Teodoro Rivero Ayllón, quien hasta hoy brilla con luz propia dando conocimiento por el mundo plasmada en valiosa obra intelectual consagrada en libros que todos debemos leer. Para los políticos de hoy, hombres de esta talla no son importantes, más parecen valorar el vil metal que sirve para saciar la vorágine consumista del mundo neoliberal, y para eso sólo basta dinero sin importar el origen. En defecto prima la filiación política partidaria.

No puedo dejar de recordar a mis compañeros de promoción, amigos presentes y otros que partieron. Todos bebimos del conocimiento de grandes maestros. Aquí se cumple el dicho que dice: Sería saludable que colegios emblemáticos renovados fortalecieran su organización mediante una reingeniería a fondo y a todo nivel; no basta infraestructura física equipada con tecnología de última generación, sino renovamos la calidad técnica y profesional de los maestros, no en función de títulos o cartones que existen en el mercado por doquier; sino por capacidad y experiencia probada. Abundancia no es calidad. Así por ejemplo, el gran bate César Abraham Vallejo Mendoza no poseyó título de doctor expedido por la universidad; pero hasta hoy ningún doctor o PHD, logra superarlo.

Feliz día del Campesino y del inmortal Cusco, feliz día de San Juan.

Trujillo, 24 de junio de 2013

COMPRA DE ACTIVOS DE REPSOL

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Thu, 25 Apr 2013 17:23:00 +0000

http://gestion.pe/economia/cree-que-oportuno-y-acertado-que-gobierno-compre-activos-repsol-2064484

Opinión:

Todo negocio privado valora la rentabilidad; pero el estado somos todos, y éste tiene el deber y responsabilidad de velar por el bienestar de la sociedad en su conjunto. Desde ese punto de vista, los combustibles son vitales en la canasta familiar y deben ser cautelados para evitar la especulación y abuso del mercado. Ahora bien, si REPSOL vende sus activos es obvio que de acuerdo con las leyes de oferta y demanda cualquier persona las puede comprar, siendo evidente que lo harían capitales chilenos que como es de conocimiento público son dueños de gran parte del Perú. En tales condiciones, no sólo resulta necesaria la compra de REPSOL por parte del gobierno, sino que es estratégico hacerlo por derecho y por soberanía.

Desde el punto de vista empresarial, los combustibles son negocios de alta rentabilidad como la minería, de tal forma que la compra de REPSOL como de una mina, no sólo estaría orientada a cumplir con la responsabilidad social del estado; sino además generaría importantes utilidades que podrían servir para invertir en infraestructura básica y programas sociales de la población vulnerable.

Sostener lo contrario bajo argumento que el estado es pésimo administrador por efecto de la corrupción no es razón válida para oponerse a la compra. En estos casos la corrupción debe ser erradicada en forma total mediante sanciones drásticas y eficaces, para cuyo objeto deben realizarse las reformas pertinentes en la estructura legal vigente que resulte obsoleta, ineficaz, y contradictoria. Pero, lo que estaría ocurriendo es privilegiar la corrupción como indesligable de la administración pública, y no es así. En todas partes hay corruptos, incluso en la actividad privada como surge de la profusa información que dan cuenta los medios de comunicación social referidas a concesiones petroleras, mineras, etc. así como licitaciones de obras públicas, compra de bienes, etc., inmersos en colusión y otras formas negativas. Siendo así, no tiene asidero sostener una oposición subjetiva, máxime cuando otros países que no podrían tildarse de estatistas lo aplican con éxito como es el caso de Brasil, Chile, Colombia, etc. Creo que no sólo debería comprarse los activos de REPSOL, sino que el estado debería considerar la explotación directa de algunas concesiones mineras en convenio con universidades como la UNI. ¿No se dan cuenta acaso de las ingentes utilidades que obtienen las mineras, mientras el estado recibe migajas?

DEMOCRACIA DIGITAL

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Thu, 23 Aug 2012 23:51:00 +0000

REVOCATORIA ELECTRONICA

Escribe: Víctor Omar Mendoza Rodríguez

n tiempos de modernidad y tecnología resulta ilógico mantener procedimientos arcaicos para la elección y revocatoria de autoridades. Estos métodos son costosos, inseguros e incentivan el burocratismo y la corrupción así como la ineficiencia que se reflejan en el caos institucional y de gestión, como se observa en diversos sectores de la administración pública.

El sistema vigente para elegir o designar autoridades no es uniforme, es desigual, y podríamos colegir que tampoco es democrático cuando la designación es a dedo, por la dosis subjetiva y especulativa de intereses políticos y económicos. En esos casos algunas veces son electos los que más gastan en publicidad, o más bienes regalan a los pobres, no se valora la capacidad y experiencia del candidato. Existen actores que se reciclan periódicamente y en cierta forma pretenden ser vitalicios recordándonos a Manchego Muñoz y Octavio Alva del siglo pasado. En otros casos existe una suerte de metamorfosis con el fin de no perder poder, y se reubican en otra tienda de la palestra política; pero en el fondo hacen resistencia al cambio por la Gran Transformación que tiene origen desde los tiempos de Víctor Raúl. Lo único que cambia es la cara de la autoridad o su estatus social; pero nunca llega la ansiada justicia social.

Existen profesionales de la política que venden la idea que democracia es el acto electorero por el cual el pueblo elige autoridades para un periodo determinado y mancha su dedo periódicamente, cuando en realidad elegimos a nuevos patrones que eventualmente hacen uso y abuso del poder burlándose de sus promesas. Ofrecen pan y nos dan palo. Hablan de justicia y no acatan las resoluciones judiciales y la Ley. Cobran arbitrios de seguridad ciudadana sin prestar servicio alguno, cuando vivimos en total inseguridad frente al chantaje, extorsión, o sicariato. Ya nadie está seguro ni en su propia casa. Dicen que la pobreza disminuye; pero recrudece la TBC infectando a médicos y enfermeras que son los encargados de curarnos; el desempleo y la ola criminal alcanzan los niveles altos. Lo propio ocurre con la contaminación ambiental por efectos de la explotación minera. Por su parte la corrupción parecería legal, y no observamos sanciones eficaces en altos niveles del aparato estatal. Las obras públicas muchas veces son improvisadas, sobrevaluadas, efímeras y de mala calidad. Hay alcaldes que se limitan a parchar y pintar pistas, imponer papeletas a los autos, o amenazar a los pobres por retraso en el pago de arbitrios de inseguridad ciudadana, descuidando los cinturones de miseria en barrios marginales y pueblos jóvenes que siguen en abandono esperando otra elección sin esperanzas por la “Gran Transformación” que data desde los años treinta del siglo pasado. Solo en contados casos pocas autoridades pasan por tediosos y costosos procesos de revocatoria que muchas veces se frustran por el poder económico que limita el derecho del pueblo. Creemos que cada elector así como decide elegir a la autoridad que lo representa, tiene perfecto derecho a revocarla cuando ésta defrauda la voluntad popular, y/o se burla de sus promesas electorales y no las cumple. Este es un derecho fundamental de la democracia real que todos debemos promover y respetar.

¿Cómo se ejecutaría la revocatoria? En principio todas las autoridades sin excepción deben estar sujetas a revocatoria. La tecnología permite ejecutar actos en tiempo real, de tal forma que es factible implementar programas o software que desde cualquier parte del territorio usando una computadora, cada ciudadano puede expresar su voluntad revocadora de modo eficaz y sin costo alguno. En tal sentido el Jurado Nacional de Elecciones – JNE – tan pronto confirme que el resultado del voto inverso o revocador alcance el cincuenta y uno por ciento del total de votos válidos que determinaron la elección, deberá expedir la resolución pertinente declarando Revocado el mandato de la autoridad cuestionada, y luego convocar a elecciones. Para dicho efecto, el Congreso Nacional tiene el deber de estudiar y aprobar la norma legal pertinente. Sólo así podremos hablar de democracia real, desterrando la falacia del engaño por promesas incumplidas, o la presencia de autoridades venales y corruptas.

TRIBUTACION CON INCLUSION SOCIAL

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Wed, 15 Aug 2012 01:43:00 +0000

< DEBEN PAGAR MÁS, LOS QUE GANAN MÁS >

Con el dadivoso sueldo mensual del rector UIGV de S/. 1’409,376.15 podríamos

Pagar un ejército de 1,879 trabajadores con salario mínimo de S/. 750 c/u

En defecto, daríamos subsidio a 5,637 compatriotas sin pensión de S/. 250 c/u

Enormes brechas sociales cada vez más grandes separan a los peruanos. La diferencia entre clases es hoy más enconada e intransigente motivada por la pobreza expresada en conflictos beligerantes. Un país pobre se caracteriza por falta de empleo, carencia de industrias, inseguridad ciudadana; y presencia de enfermedades infecto contagiosas como la tuberculosis – TBC que hace tiempo se pensó erradicada. El terrible mal recrudece y ataca con furia a los propios médicos y enfermeras evidenciando indicios de instituciones en crisis en los centros de salud. Estos profesionales son precisamente encargados de velar por la salud del pueblo, y si ellos enferman debemos imaginar ¿cómo será la situación de los pobres? De otro lado la TBC es símbolo de indigencia propia de países del tercer mundo. En tal situación es una falacia declararnos aspirantes a país del primer mundo.

Pero no todos somos pobres; existen personas de origen modesto que por alguna razón acumulan enorme riqueza y algunos con soberbia buscan cargos de autoridad. Generalmente no destacan por su vocación de servicio o capacidad contributiva que podría servir de ejemplo para incentivar la solidaridad y cultura tributaria, por el contrario algunos se muestran altaneros y eluden de alguna forma su obligación tributaria: En otros casos gozan de privilegios como la inafectación a todo impuesto directo e indirecto por actividades educativas como las universidades privadas, que son negocios con alta rentabilidad despues de las minas. En tal condición los propietarios obtienen ingentes utilidades que ciertas veces usan para promover partidos políticos o fútbol rentado con profusa publicidad en los medios de comunicación que no corresponde a los fines de la educación; pero sirven para alcanzar poder.

La versión moderna de los nuevos ricos parece no tener origen en el viejo latifundio, sino en la gran minería que goza de altos precios en el mercado internacional frente a bajos costos de operación. Se conoce que los mineros pagaron viles precios por derechos superficiales de las tierras comunales de US$ 200 la hectárea, equivalente a US$ 0.02 el metro cuadrado como evidencian sendos testimonios de escrituras públicas. Otros negocios rentables son el petróleo, gas, financieras - AFP, Mall y centros comerciales, etc. A todo ello habría que sumar especuladores, informales, contrabandistas, drogas, y la corrupción; que no tributan.

Creemos que hace falta nueva versión de la obra de Carlos Malpica para conocer el mapa de nuevos ricos, paralelo al mapa de pobreza real. De esta forma podemos conocer donde hay que ajustar las tuercas, pues, no es razonable sacar sangre al sancudo, sino al rinoceronte, búfalo, elefante, o buey. Allí radica el éxito de la recaudación tributaria, no en más presión contra salarios en planilla, o pequeños negocios como bodegas, artesanos, profesionales liberales, y otros sujetos al RUS que aportan ínfimas contribuciones.

Claro está, existen excepciones en remuneraciones extravagantes como es el caso del Rector de la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega quien percibe la suma de S/. 1’409,376.15 con cuyas remuneraciones totales podríamos pagar un ejército de 1,879 trabajadores con salario mínimo de S/. 750 c/u. En defecto, daríamos subsidio a 5,637 compatriotas del programa Pensión 65 regalándoles S/. 250 a c/u. Pero la inmensa mayoría percibe salarios viles que no cubren el costo de la canasta familiar. Para ilustración glosamos direcciones electrónicas que evidencian esta realidad contraria al principio de igualdad e inclusión social:

· Cortesía You Tube

Cuarto Poder -030612- El estrambótico sueldo y beneficios del rector de la Universidad Garcilazo

http://www.youtube.com/watch?v=nUzJo--6LDc&feature=related

· Cortesía You Tube

Rector de la U Garcilaso de la Vega gana un millón cuatrocientos mil al mes (15-05-12)

http://www.youtube.com/watch?v=LoYBpFpNASk

· Cortesía de Terra: Sueldo del Rector de la Universidad Inca Garcilozo de la Vega

http://noticias.terra.com.pe/nacional/rector-de-la-universidad-garcilaso-es-denunciado-por-sueldo,e8864602655b7310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

Como fluye de los videos precedentes que sugerimos no dejar de observar para comprender mejor el tema, existen abismales brechas sociales producto de la enojosa desigualdad y exclusión que es necesario revertir en aras de la justicia social.

En este marco referencial urge la necesidad de cambiar el modelo represivo contra los pobres, pues, parece ser que en algunos casos el remedio es peor que la enfermedad. Observamos con tristeza como persiguen a los informales arrebatándoles escasos bienes, o imponiendo multas a pequeños comerciantes o taxistas que a falta de empleo formal buscan la forma de sobrevivir con dignidad. Pero no se conoce la tributación del contrabando, explotación informal del oro, drogas, la corrupción, etc. Es preciso modificar normas eliminando exoneraciones de privilegio a universidades privadas y otras, pero liberando a los pobres de todo tributo bajo el principio constitucional que dice: “Artículo 1º.- la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

GESTION EMPRESARIAL

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Sun, 08 Jul 2012 00:52:00 +0000

EMPRESAS DE PAPEL

l modelo económico actual ha generado una fiebre de nuevos empresarios, que algunos denominan emprendedores. Creen que esa es la fórmula milagrosa para resolver los problemas de pobreza y falta de empleo formal o sub empleo, convirtiendo al desocupado de la noche a la mañana en Gerente. En esa perspectiva se han constituido cientos o miles de empresas de toda clase con las formalidades legales para competir en el mercado como potenciales contratistas de obras y servicios públicos que demanda el principal comprador: El Estado.

Pero veamos, ¿Qué es la Empresa?
Empresa es una organización social que se constituye con aportes de capital de los socios representado con dinero efectivo y/o bienes, y está regida por un conjunto de normas conocido como Estatutos que es ley para los socios. Para lograr sus fines y objetivos coordina el capital y el trabajo, utilizando materiales y tecnología para la producción de bienes y servicios que el mercado demanda, y así obtener lucro.

El Capital puede estar representado con dinero efectivo y/o bienes que constituyen el patrimonio de la empresa, y expresan el grado de solvencia económica en el mercado competitivo. Por esa razón los demandantes, generalmente instituciones públicas, evalúan la capacidad operativa de la empresa a partir del capital social, sin perjuicio de requerir otras garantías o fianzas en razón del importe contratado. Pocos analizan realmente la capacidad operativa verificando la infraestructura física, maquinaria y equipo, recursos humanos, tecnología de punta, así como experiencia en la materia, y por eso puede ocurrir retraso en la ejecución, deficiente calidad, o incumplimiento del contrato generando conflictos legales que retardan la consecución de metas y alzan los costos.

Creemos que no siempre el capital social consignado en Títulos de Escrituras Públicas, por si solo constituyen garantía eficaz para medir la solvencia patrimonial de la empresa, máxime cuando el capital está representado con bienes, pues, podría ocurrir sobrevaloración o ser obsoletos al no existir control previo para verificar el patrimonio real. Eso significa que la formalidad documentaria de una persona natural o jurídica no es suficiente para determinar la solvencia económica y/o técnica, pues, existen casos conocidos que debemos tener presente para cautelar el uso de los recursos públicos. Pues, existen precedentes a nivel nacional que evidencian corrupción por mal uso y manejo de los recursos públicos, y tienen formas y modalidades diferentes como: a) sobrevaloración de las obras, b) deficiente calidad de trabajo, c) mala calidad de materiales, d) obras superfluas e improvisadas sin calidad técnica, etc. De esta manera alzan los costos y crecen las utilidades.

¿Cómo cautelar los recursos públicos?
Creemos que deben mejorarse las normas y procedimientos de Organismo de Supervisión y Contrataciones del Estado – OSCE, haciéndolas ágiles, eficaces y oportunas. Pero al propio tiempo, la Contraloría General de la República y SUNAT deben ejercer control y fiscalización real a las instituciones y contratistas, verificando la gestión y el patrimonio empresarial, costo-beneficio, calidad de trabajo, y cumplimiento con los impuestos.
Es preciso poner freno al dispendio económico frente a obras efímeras sin planificación, orientadas a satisfacer objetivos políticos evidentes al identificarlos con el color partidario, logos, excesiva publicidad resaltando a la autoridad, y nombres de éste hasta en los vehículos recolectores de basura que resulta siendo una huachafería.

FONAVI: DEVOLUCION O ESPERANZA FRUSTRADA

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Thu, 24 May 2012 01:51:00 +0000

Miles de trabajadores aportamos al FONAVI durante el período de vigencia entre el 30 de junio de 1979 al 31 de agosto de 1998, sin alcanzar ningún beneficio. Jamás accedimos a préstamo de materiales, dinero en efectivo, y menos a una vivienda, de tal suerte que nuestros aportes configuran una forma de confiscación. Por eso el pueblo impulsó el referendum aprobado por la inmensa mayoría que dio origen a la Ley Nº 29625 “Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo”, publicada en El Peruano el 08 de diciembre de 2010, y con notorio retraso el 13 de enero de 2012 se publicó el Decreto Supremo Nº 006-2012-EF “Reglamento de la Ley 29625 Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo”. Así quedó formalizado el proceso de devolución de dichos fondos por muchos años esperado.

A partir del 21 de mayo 2012 se inició el registro vía internet para cuyo efecto se habilitó la página web de la Secretaría Técnica del FONAVI en la siguiente dirección electrónica:

http://wwe.educacionenred.com/?i=http://www.fonavi-st.gob.pe

El portal colapsó el primer día, y siguen las fallas a la fecha de escribir la nota; pero lo más trascendente no son las deficiencias técnicas del sistema, sino la ausencia de buen criterio para cumplir la Ley 29625 con eficiencia y eficacia, de tal forma que parecería que asistimos a un nuevo ardid para dilatar y burlar la ley vulnerando el legítimo derecho de los FONAVISTAS.

De un somero análisis al tema FONAVI, se colige abismal desequilibrio entre los deberes y derechos de la persona, lo cual evidencia flagrante violación de normas que rigen la seguridad jurídica y estado de derecho que caracterizan a la democracia. Veamos: La Constitución Política consagra; “Artículo 1º.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. El marco legal consagra entre otros; el derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación; a trabajar libremente, a la propiedad y a la herencia, a la legítima defensa, etc. Pero a la hora de la verdad las cosas son diferentes prevaleciendo la ley del más fuerte orientada a burlarse de derechos reconocidos mediante actos dilatorios y confusos que solo pretenderían mitigar las expectativas de los trabajadores. En efecto, de acuerdo al programa que difunden los medios de comunicación, parece imposible que en el presente año 2012 se haga efectiva la devolución que dispone la Ley 29625 de acuerdo con el artículo 7º, pues en esta etapa de registro solo pide el DNI y código verificador, más no así la historia laboral, domicilio, correo electrónico, teléfono, etc. para verificar el derecho al Certificado de Devoluciones de Aportaciones y Derechos del Fonavista.

Mientras esto ocurre con el FONAVI, el mismo Estado (Municipalidad) que por mandato constitucional es unitario, acosa y ejecuta acciones coactivas contra los jubilados dizque por retraso al pago de arbitrios por seguridad ciudadana, que dígase de paso no existe y otros, mostrando abuso de poder y del derecho al contravenir normas y principios que amparan derechos humanos como los salarios; siendo procedente la compensación prescrita en el artículo 7º de la Ley 29625. Es decir; si una persona adeuda arbitrios a la Municipalidad (Estado) por el importe de S/. 1,000.00, y el Estado adeuda al trabajador un estimado de S/. 30,000.00 por concepto de FONAVI y/o cualquier concepto por salarios y beneficios sociales, debería operar de oficio la compensación, quedando en suspenso la acción coactiva por obvias razones: ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina?

Por último, las fallas del sistema al caerse la página web evidencian falta de pericia: Así mismo, el registro elemental con el DNI sólo identifica a la persona; pero no determina la historia laboral que para estos fines es objeto fundamental para generar el derecho a la devolución. Siendo así, se vislumbra un proceso burocrático, tedioso, y dilatorio, que no se condice con los principios de la administración moderna y científica sustentada por la tecnología de punta.

RICARDO GIESECKE: "NO SOY ANTIMINERO"

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Sun, 04 Mar 2012 15:23:00 +0000

NOTA DE REDACCION:

CONGA

Sugerimos leer con detenimiento la entrevista total publicada en El Comercio que aparece colgada en la siguiente dirección electrónica:

http://elcomercio.pe/politica/1382669/noticia-ricardo-giesecke-no-soy-antiminero-me-opongo-al-abuso

Desde este espacio expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Cajamarca, invocando a las partes en conflicto, en especial a las autoridades del gobierno, para encontrar una solución justa y equitativa. Es decir, apostamos por que los recursos naturales sirvan primero para impulsar el desarrollo del pueblo peruano y erradicar la pobreza. Pues, hasta la actualidad nos preciamos de ser ricos en recursos minerales; pero irónicamente, las zonas mineras siguen siendo las más pobres del Perú. Esa es la desigualdad que debemos terminar con la inclusión social; el resto es puro cuento

LA OLIGARQUIA MINERA: Por Javier Diez Canseco

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Wed, 29 Feb 2012 22:39:00 +0000

NOTA DE REDACCION: Por considerar de interés público para todos los peruanos, inserto el artículo titulado <La Oligarquía Minera> cuya autoría corresponde a don Javier Diez Canseco, y aparece publicada en la siguiente dirección electrónica que sugiero revisar:

http://www.alainet.org/active/53033&lang=es

EL CONTENIDO INVITA A MEDITAR

LOS ABUSO DEL REGIMEN - CAS

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Sat, 07 Jan 2012 00:50:00 +0000

NOTA DE REDACCION: La siguiente es la opinión del autor del Blog, respecto a la pregunta de actualidad que formula el prestigioso Diario GESTION, especializado en Economía y Finanzas. ......................................................................................................................................... ¿Cree que se eliminará el régimen CAS del sector público?
11:00 La pregunta del día: envíenos sus comentarios. Serán publicados el lunes en el diario.
Si desea responder a la pregunta, escríbanos a esta dirección: gestion2@diariogestion.com.pe. También puede hacerlo a través de los comentarios de nuestra página web.
Seleccionaremos dos de las opiniones para ser publicadas mañana en la edición impresa de Gestión. Deje su nombre y apellido.
GESTIÓN – 6/11/2012 =================================================================== OPINION: Mantener este modelo de locación de servicios CAS es indignante y abusivo para el trabajador, y atentatorio contra los derechos humanos. Corresponde al gobierno en el marco de la GRAN TRANSFORMACION que promete, eliminar de forma total, definitiva e inmediata este sistema corrupto. Pues, resulta inadmisible que en el siglo XXI existan Estados que eluden el pago de derechos sociales a sus trabajadores como el derecho a vacaciones, gratificaciones, CTS, etc. pese a que en algunos casos tienen diez o 15 años laborando en situaciones precarias que lindan con proscritos sistemas de explotación virreinal. Pero eso no es extraño, el Estado opera como ente tramposo, pues existen casos que ni siquiera acata Fallos y Sentencias Judiciales con autoridad de cosa juzgada cuando AMPARAN derechos laborales del trabajador, y para graficar lo dicho preciso el siguiente Expediente: ACCION DE AMPARO en EJECUCION desde 1991 hasta la actualidad, acumulando MAS DE VEINTE AÑOS EN EJECUCION DE SENTENCIA. La entidad obligada es el Gobierno Regional de Ancash, y el Fallo ORDENA EL PAGO DE HABERES INSOLUTOS. El Expediente Nº: 00009-1991-0-0201-JM-CI-01 está colgado en el portal web del Poder Judicial que pueden ver haciendo clic en la siguiente dirección: http://cej.pj.gob.pe/cej/fileAction.do?fil=1991000090201142&inc=0&tipo=c&sisej=null&methodToCall=execute Es decir, el gobierno se burla de la Constitución, Artículo 139º inciso 2). Lo cual significa que no existe Estado de Derecho ni seguridad jurídica para el trabajador. SIN JUSTICIA NO HAY DEMOCRACIA.

MINERIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Thu, 22 Dec 2011 00:32:00 +0000

El proyecto minero Conga despierta hoy la inquietud mediática y política de la población, de tal forma que fluyen los más insólitos comentarios, incluso surgen nobeles expertos cada cual con su propia verdad algunas veces graciosa. Entre tanto, los hechos alteran la paz laboral y tranquilidad de la población por los conflictos sociales conocidos. En esa razón como aporte a la comprensión del problema resumo algunos impactos positivos y negativos que genera la explotación minera. No son los únicos, pero permiten una somera idea racional a partir de la realidad concreta que cualquier persona puede verificar de manera directa, sin subterfugios ni intermediarios.

Impactos positivos: Fortalezas La minería es la actividad económica esencial para la economía nacional, y constituye el principal soporte del presupuesto nacional con significativos pero insuficientes aportes en materia tributaria. El Perú es país minero por excelencia, y desde el punto de vista objetivo no deberían existir poblaciones en extrema pobreza en zonas mineras. Esta paradoja debe ser corregida.

La rentabilidad de la industria minera a cielo abierto es enorme, y se sustenta en la abundancia de recursos minerales que existen en minas polimetálicas de fácil manejo y bajos costos de operación. A ello suma la normatividad generosa al inversionista para adquirir acciones y derechos mineros; así como la seguridad jurídica y tributaria de sus operaciones consagrada en el Título III, Del Régimen Económico de la Constitución Política. Por esa razón el empresario se siente protegido con un marco legal favorable, descuidando su responsabilidad social con las comunidades y pueblos en zonas de influencia minera que terminan siendo focos de potenciales conflictos. Lo propio ocurre con el Estado, pues, desde la década del noventa las mineras pagaron a las comunidades campesinas US$ 200 hectárea por los derechos superficiales de las tierras, equivalente a US$ 0.02 el metro cuadrado, desplazando a los campesinos de su lugar ancestral. Deberíamos imaginar qué pasaría si en zonas residenciales de Lima se detectaran yacimientos mineros a fin de ver si los propietarios aceptarían el mismo trato por las acciones y derechos de sus bienes.
La coyuntura de altos precios en el mercado internacional genera astronómico incremento en la rentabilidad sin mérito propio del empresario. Vale decir, las utilidades crecen sin esfuerzo alguno del inversionista. El resultado se conoce como - sobre utilidades o sobre ganancias - pese a ello las comunidades campesinas nunca son resarcidas por el pago vil de US$ 0.02 el m2 por sus tierras, pasando de pequeños productores de auto consumo a contribuyentes y consumidores sin empleo. Esa es la responsabilidad social que debemos cautelar en armonía con la Constitución que dice: “Artículo 1º.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Debemos ser coherentes con la inclusión social.
La explotación a tajo abierto permite rebajar costos de operación por altos volúmenes de mineral que se extraen con tecnología de punta desplazando la mano de obra. El ratio de remoción del material se estima entre 90 mil a 400 mil TM día, mientras una mina tradicional o de túnel tiene un ratio estimado de mil a mil quinientas TM día. Aquí radica la diferencia esencial para evaluar los impactos negativos y positivos frente al costo-beneficio.
El oro es símbolo de riqueza y el precio internacional superó US$ 1,900 onza en el presente año. Lagunas Norte, Pierina, Yanacocha, y otras son buenas referencias. El Informe de Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. es ilustrativa http://www.equilibrium.com.pe/Barrick.pdf

Impactos Negativos: Debilidades

La minería es una actividad industrial contaminante del medio ambiente. No podría existir minería absolutamente sana. Surge entonces la necesidad de cautelar y corregir las exigencias normativas dentro de la ley a partir de la Constitución. Pues, desde la remoción de rocas y uso de explosivos hay contaminación por los gases y polvo que dicho material genera. A mayor volumen de materiales removidos mayor será la contaminación por razones obvias de relación directa con los materiales utilizados. No es igual remover mil TM día en una mina de túnel tradicional, que remover 100 mil o 400 mil TM día a más en una mina de tajo abierto. El uso de explosivos es proporcional al volumen del material removido, y por ende la contaminación se incrementa por este factor. A mayor volumen de remoción de materiales y tratamiento del mineral en planta concentradora y/o lixiviación, más será el riesgo de contaminación y pasivos ambientales que debemos proteger a partir de la minería responsable mediante normas precisas.
Los reactivos químicos que usa la minería según tipo del mineral que explota, desde sulfatos, xantatos, cianuro, mercurio, y otros de acuerdo con la literatura especializada, son tóxicos y dañinos para la salud. En Perú existen precedentes que muestran secuelas de contaminación minera en zonas como: La Oroya, Cerro de Pasco, Ancash, Puno, Huancavelica, Choropampa, Cajamarca, Lima, etc. De igual forma y por contraste estas zonas son generalmente poblaciones en situación de pobreza, mostrando ausencia de responsabilidad social del Estado y Empresa.
La contaminación de lagunas, ríos, humedales, y suelos es real. Existen precedentes que los trabajadores mineros conocemos por observación directa -in situ- cuyos resultados dañan el medio ambiente pese a que en algunos casos cumplen normas vigentes en forma relativa. Si bien las medidas preventivas se orientan al cuidado del medio ambiente, no son suficientes para garantizar la inocuidad. El marco legal debería prever el costo - beneficio, de tal forma que los daños se compensen o resarzan en forma justa, equitativa, e incondicional.
La compensación por derechos superficiales de las tierras constituye el más grande atropello de los campesinos. Esta realidad se refleja con el pago vil por las tierras comunales en sendos testimonios de Escrituras Públicas de compra venta, y son causa de conflictos sociales por lo que el gobierno de inclusión social tiene el deber de corregir con buen criterio, justicia y equidad, a partir de normas claras y transparentes que considere accionistas a los dueños de las tierras desterrando la iniquidad. Es preciso terminar con la desigualdad y abuso del derecho.
La minería es una actividad extractiva primaria. No existe una política para impulsar la industria y el desarrollo sostenido dando valor agregado al metal, de tal forma que importamos desde alfileres, agujas, tornillos, y toda clase de baratijas.
Los tributos que paga la minería no son equitativos frente a enormes utilidades que obtienen los inversionistas y los pasivos ambientales que dejan. Esta desigualdad no permite erradicar la pobreza como se verifica en la realidad misma de centros mineros en: Cerro de Pasco, La Oroya, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Ancash, La Libertad, Lima, etc. Surge entonces la necesidad de variar la tributación y el marco normativo de la responsabilidad social a partir de la constitución.

Corresponde al Estado cumplir su rol en fiel observancia del Artículo 1º de la Constitución: ¿Quiénes se benefician con los recursos mineros? ¿Por qué los peruanos no salimos de la pobreza con tanto oro y otros metales que producimos? ¿Para qué existen más de 120 universidades en el Perú con cientos de filiales?

CASO: CIRO CASTILLO ROJO

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Wed, 02 Nov 2011 00:58:00 +0000

CAÑON DEL COLCA: ZONA AGRESTE En la siguiente dirección amigo lector, podrá observar videos interesantes referidos al caso. Fuente: http://www.youtube.com

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Mon, 10 Oct 2011 17:20:00 +0000

MINERIA

VIDEO: MINERIA EN CAJAMARCA

“LA RIQUEZA SE VA – LA POBREZA SE QUEDA”

Ese es el nombre del video que podrás ver y analizar haciendo CLIC en la siguiente Dirección electrónica, que dejamos a tu consideración.

Tu mismo saca las conclusiones

INCLUSION SOCIAL

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Tue, 26 Jul 2011 02:34:00 +0000

OLLANTA: DEBE FRENAR ABUSOS DE COBRANZAS COACTIVAS

Faltan tres días para que el nuevo gobernante asuma funciones luego de jurar el cargo el 28 de julio de 2011, y el pueblo espera jubiloso ese momento para alcanzar justicia por muchos años postergada. En efecto, el 5 de junio 2011 elegimos a OLLANTA HUMALA TASSO como Presidente de la República para el periodo de 2011 al 2016, y corresponde a éste designar a sus Ministros. Pero ocurre que surgen voces pretendiendo direccionar las atribuciones del Presidente exigiendo cuotas de poder, incluso algunos como Toledo que no ganó las elecciones, generó un conflicto al interior de su partido Perú Posible.

Por su parte Ollanta Humala ha ratificado que cumplirá su Plan de Gobierno con inclusión social, privilegiando a los pobres. Eso significa que los que ganan más deben pagar más como las mineras, gas, petróleo, etc. que obtienen enormes utilidades de los recursos naturales no renovables que explotan en condiciones ventajosas. Es preciso corregir esta desigualdad en aras de la justicia social. Lo propio ocurre con las universidades que gozan de inafectación a todo impuesto directo o indirecto de acuerdo con el artículo 19º de la Constitución. Esta dispensa debe ser eliminada en universidades privadas porque algunas no cumplen su rol social con educación de calidad. Por el contrario varias adolecen de deficiencias en equipamiento, infraestructura, y calidad docente. Parecen privilegiar rentabilidad en función de la demanda cuyos hechos se reflejan por la cantidad de alumnos que albergan. Existe cantidad, pero hace falta calidad.

En cambio las familias pobres del pueblo que sobreviven con una comida al día, sin empleo, y sin pensión, o teniendo pensiones viles que no cubren la canasta familiar, son objeto de amenazas coactivas y embargos con extracción de bienes para satisfacer el voraz apetito municipal y del SATT como ocurre en Trujillo. Estos actos violentan normas del TUO de la Ley de Procedimiento Coactivo, Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, y la Jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional – TC, Expediente Nº 0015-2005-PI/TC de obligatorio cumplimiento acorde con el Fallo que declaró INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad seguida por el ex alcalde de Lima, don Luis Castañeda Lossio. Al respecto, para precisar el Fallo el TC emitió la Nota de Prensa Nº 008-2006-OII/TC publicada el 21 de enero de 2006 que dice: “TC RATIFICA LEY QUE FRENA ABUSOS DE COBRANZAS COACTIVAS” y “ordenó imperativamente a los municipios y demás entidades de la administración pública, ESPERAR la finalización de los fallos judiciales para efectuar sus cobranzas..”. Esta norma no se cumple.

En principio, los arbitrios son tasas no tributarias, y deben calcularse en función del costo real del servicio y no con el valor del autoavaluo de acuerdo a lo prescrito en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, artículo 69º que dice: “Las tasas por servicios públicos o arbitrios se calcularán dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del COSTO EFECTIVO del servicio a prestar”. Al respecto el Tribunal Constitucional, “Guardián de la Constitución. Defensor de los Derechos Fundamentales. Intérprete Supremo del Orden Jurídico”, consagra sendas jurisprudencias vinculantes que tienen fuerza de Ley, de modo que tienen calidad de cosa juzgada y son de obligatorio cumplimiento en todos sus términos estando las autoridades municipales obligadas a respetar el espíritu y su contenido y cumplir bajo responsabilidad, las reglas vinculantes establecidas. En este caso la Municipalidad Provincial de Trujillo y SATT violentan normas del TC tales como; Exp. Nº 0053-2004-AI/TC, y Exp. Nº 0041-2004-AI/TC. Estos procesos fueron seguidos por la Defensoría del Pueblo para proteger a los ciudadanos víctimas de atropellos, y debería ser esta entidad la principal interesada en velar por su cabal acatamiento; pese a ello sus representantes en Trujillo no estarían supervisando a la Municipalidad y SATT de tal forma que persiste el abuso de cobranzas coactivas ilegales sin esperar la finalización de los fallos judiciales firmes. Desde ese punto de vista dicha entidad estaría omisa a las atribuciones que le confiere el artículo 162º de la Constitución.

Frente a esta realidad de desacato a la Ley, que solo incrementa los conflictos sociales, invoco al señor Presidente OLLANTA HUMALA TASSO disponer medidas correctivas conforme a sus atribuciones del artículo 118º de la Constitución a partir del 28 de julio 2011, cautelando el derecho fundamental al debido proceso de los más pobres víctimas del flagrante atropello municipal. Así mismo, solicitamos exonerar a los pensionistas, jubilados y sin pensión (pensión 65) de estos arbitrios y tasas, de igual forma que lo hace la Municipalidad Provincial de Trujillo con sus servidores activos y cesantes con Ordenanza Municipal Nº 005-2011-MPT y otras. Todos somos iguales ante la Ley. Nadie debe ser discriminado. (Art. 2º, inciso 2 de la constitución)

PROPUESTA MINERA

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Wed, 13 Jul 2011 02:36:00 +0000

PROPUESTA MINERA

PERFIL

Las ideas están sujetas a desarrollo

PRESENTACION:

El presente trabajo es un aporte somero de ideas y estrategias para la política minera que debería implementar el nuevo gobierno con el objeto de ampliar la base piramidal de beneficiarios como resultado de la explotación y manejo de los recursos mineros no renovables. En efecto, hasta la actualidad el pueblo no siente un real y positivo beneficio para salir de la pobreza, solo conoce el mito del “chorreo” que no llega. En ese sentido la propuesta sugiere la reforma, modificación, reajuste, cambio, o afinamiento del marco jurídico vigente, sin cuyos instrumentos poco o nada podrá variar respecto a la situación de injusticia y exclusión social que se busca revertir.

Este marco jurídico debe promover el desarrollo sostenido de la población a fin de permitir gradualmente liberarnos de la dependencia que vivimos. Hoy siendo país minero por excelencia importamos desde alfileres, clips, tachuelas, patas de cabra, etc. cuyo hecho evidencia el grado de postración del país que no debe continuar. Para dicho efecto es necesario impulsar el proceso manufacturero e industrial con tecnología de punta dando valor agregado a una parte de las materias primas que exportamos incrementando así al propio tiempo oportunidades de empleo para los peruanos, no debemos olvidar que tenemos un estimado de 120 universidades con cientos de filiales en todo el Perú. ¿Quién da empleo a dichos profesionales? Pues, en la actualidad solo un pequeño grupo de accionistas privilegiados crecen por la enorme rentabilidad de la actividad minera marginando de modo egoísta e injusto a millones de peruanos que somos parte del Estado; pero no participamos del crecimiento real ni mucho menos del desarrollo. Al contrario, somos víctimas por la contaminación del medio ambiente y las secuelas de pasivos ambientales, como es el caso de La Oroya, Choropampa y otros.

La propuesta apunta de modo ineludible a la inclusión social de los compatriotas sin distinción de ninguna clase. Es preciso ponderar el costo - beneficio de la actividad haciéndola equitativa y desterrando la iniquidad. En principio es necesario conocer la magnitud del problema para entender la propuesta, y por eso partimos identificando los problemas y debilidades relevantes de la minería para señalar luego las fortalezas que atraen a cualquier inversionista del mundo, menos al Estado peruano por el discutido rol subsidiario que es necesario revisar y corregir.

La minería moderna a tajo o cielo abierto que opera en el Perú, no constituye como creen algunos fuente de empleo masivo por la tecnología de punta que usa desplazando la mano del hombre; en cambio es más agresiva contra la naturaleza que la minería tradicional de túnel o socavón, debido a la enorme cantidad de materiales que debe remover en función de su capacidad operativa o de planta. Ejemplo, una mina tradicional mediana emplea un promedio de mil a mil quinientos trabajadores directos para una capacidad de planta estimada entre mil a dos mil TM/día; en cambio la minería moderna (caso Antamina) posee un ratio de remoción de material promedio de 430,000 toneladas diarias, operando las 24 horas del día y los 365 días del año, en turnos de 12 horas; esa es la monumental diferencia que todos los compatriotas debemos conocer. Sin embargo para dicho trabajo enorme que lo convierte en una de las diez primeras minas a escala mundial en cuanto a volumen de operación, la compañía cuenta con un estimado de 1,850 colaboradores directos. Esta relación hombre - naturaleza merece especial y profundo análisis para valorar el costo-beneficio dentro de los fines de inclusión social.

El problema minero es altamente complejo, requiere conocimiento y experiencia además de inversión, por lo que he considerado pertinente ilustrar la propuesta con un resumen de operaciones en la empresa más importante del Perú: Compañía Minera Antamina S.A. De esa forma los que deseen profundizar el conocimiento del tema no solo deberían estudiar casuística, sino conocer “in situ” la realidad minera y sus secuelas en todo el Perú. Entonces comprenderán las causas y razones de los conflictos sociales que debemos resolver, pero que no se aprecian desde un confortable escritorio, en efecto, hasta la actualidad zonas mineras por excelencia – generadoras de inmensas riquezas - como Huancavelica, Cerro de Pasco, La Oroya, Puno, etc. No son precisamente polos de desarrollo, sino por contraste son una afrenta para la sociedad y el Estado. Muchos niños mueren de frío y viven en condiciones infrahumanas como lo evidencian los medios de comunicación social, y esa delicada situación no debe continuar. Los recursos naturales que generan enormes utilidades deben coadyuvar de forma real para resolver esta grave injusticia, y en ese sentido estoy seguro que los inversionistas no podrían sustraerse a la enorme responsabilidad social que les toca. Es cuestión de dialogar.

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

1. Contaminación ambiental.- La observación “in situ” en diversos centros mineros del Perú evidencian graves secuelas de contaminación por efecto de la explotación minera en general. El sector minero industrial es considerado el más contaminante de las aguas superficiales y subterráneas por las cargas de metales pesado como; plomo, cobre, zinc, plata, cadmio, molibdeno, arsénico, manganeso, etc.

El conjunto de las actividades mineras y metalúrgicas descargan billones de metros cúbicos de aguas contaminadas, y éstas obviamente se descargan en zonas aledañas a los centros de operación, cabeceras de lagunas en algunos casos, y lechos del río en otros como se evidencia con la realidad vigente en distintas zonas del país. Pero ocurre que estos materiales acumulados conocidos como relaves o pasivos ambientales en cualquier momento se deslizan por efecto de movimientos sísmicos y/o crecida del caudal del río afectando las aguas que son el soporte de la biodiversidad.

Existen lagunas que han sido desaguadas para fines mineros, otras fueron contaminadas con el arrojo de desechos tóxicos. Lo propio ocurre con los ríos de diversos puntos del país. Esta situación afecta a la población del campo que vive de los frutos de la tierra, y sin tener conocimiento técnico o científico de la materia observa que sus tierras no producen y/o baja la calidad del suelo por lo que debe usar fertilizantes, pesticidas, etc. que alzan el costo de producción frente a los precios deprimidos del mercado que no cubren dichos costos. Por eso protestan sin ser comprendidos. Pues los campesinos no tienen sueldo del estado, y muchas veces éste está de espaldas a su realidad y los reprime.

A partir de la década del 90 el sector minero ha mejorado como podrán apreciar en el Anexo – caso Antamina – no obstante, pese a la tremenda inversión y tecnología de punta utilizada, no podría garantizarse al 100 % la no contaminación, siempre hay riesgo que tomar, pero asumiendo las responsabilidades ambientales que debe cautelar el estado.

Este punto es vital no solo para las comunidades campesinas de las zonas de influencia minera directa, sino de la población en su conjunto. Así por ejemplo deberíamos conocer los Trujillanos de donde se alimenta la planta de SEDALIB y si este líquido elemento está libre de contaminación minera.

Actualmente existen restos o depósitos conocidos como < relaveras > en situación de abandono constituyendo focos de contaminación y de riesgo para la salud y la biodiversidad. La contaminación afecta los suelos, ríos, lagunas, agravando la situación de pobreza de la población campesina que se ve forzada a migrar a zonas urbanas, abandonando las tierras, de tal forma que luego de pequeños productores de auto consumo, pasan a ser consumidores dependientes del mercado (MALL); pero sin empleo y sin salario.

2. La concesión minera.- El otorgamiento de una concesión minera adjudica derechos al titular; luego empieza el calvario de los campesinos. Nuestros compatriotas que vivieron por años en esas tierras desde sus ancestros deben abandonar sus precarias viviendas con escasos bienes para abrir paso a la industria minera. Esa es la ley – la ley del embudo – o del más fuerte y poderoso.

¿Cómo se accede a una concesión?

Las normas señalan el procedimiento y como referencia cito que en la década del 80 el costo por hectárea de un denuncio minero se hacía a precios viles, de tal forma que muchas personas denunciaban áreas que no necesariamente explotaron. Como su nombre lo indica basta con tener una “mina” para sentirse feliz. Pero a partir de la década del 90 las cosas cambiaron con la Constitución de 1993, y surgen proyectos con tecnología de punta que comprende la explotación de tajo o cielo abierto. Se conoce que las acciones y derechos de la concesión del yacimiento de oro Pierina en Ancash, fue transferida en la Bolsa de Valores de Toronto - Canadá por la astronómica suma de US$ 790 millones, antes de iniciar operaciones.

· Distinto es el caso de los derechos superficiales de las tierras.- En general en la década del 90 las mineras pagaron a las comunidades campesinas el precio vil de doscientos dólares la hectárea (US$ 200), equivalente a US$ 0.02 el m2. Todo eso dentro del marco legal. Así consta en sendas escrituras públicas de transferencia a las que me remito en caso necesario.

· Existe pues, disparidad entre el negocio de las acciones y derechos de la concesión, con los derechos reales de la superficie que por años están en posesión de las comunidades campesinas. Es decir, en los hechos reales y concretos los campesinos sólo tienen derecho a irrisorios pagos; en cambio los concesionarios – un papel burocrático – tiene valor incalculable, por cuya indignante realidad es prioritario corregir la normatividad vigente.

· La población afectada por la minería - al perder sus tierras - migra del campo a la ciudad asumiendo nuevos costos sociales por efecto del consumismo que le impone nueva forma de vida dependiente del mercado. Pues, en el campo vive de sus actividades agropecuarias; siembra diversos productos para consumo propio, cría animales, y realiza actividades de artesanía, ganadería, piscicultura, etc. para solventar la canasta familiar que depende de su propia actividad, paliada en parte con escaso apoyo social del gobierno. Pero la migración modifica drásticamente la forma de vida del campesino, dependiendo estrictamente del mercado y/o del “mall” para lo cual requiere de un salario mínimo vital. Esta nueva realidad sitúa al migrante como potencial miembro de grupos sociales en conflicto por obvias razones.

3. Desafíos de la naturaleza.- La naturaleza es agreste y surgen grandes desafíos para el hombre minero. No hay nada imposible para la minería, algunas veces hay que desaguar una laguna o simplemente bajar el nivel del espejo de agua, perforar el cerro, remover millones de toneladas de material estéril; pero al final siempre habrá resultados positivos. En las minas tradicionales el trabajador vive en el campamento minero ubicado algunas veces sobre los 4,000 m.s.n.m. No se queja por las inclemencias del clima, la incomodidad de los servicios, las privaciones propias la geografía, siendo ejemplo de dignidad y coraje. Los centros mineros fundaron pueblos en algunos casos pese las severas condiciones del clima.

La minería moderna en cambio desplaza al personal fuera del centro de operaciones, permitiendo así mejor calidad de vida.

Imagenes: Mina Raura

4. Contratos de Estabilidad.-Los contratos-ley consagrados en el artículo 62º de la Constitución Política otorgan estabilidad jurídica y tributaria a las empresas sometidas a esta modalidad durante el periodo de vigencia que generalmente es de 15 años. Eso significa que el régimen tributario aplicable a las operaciones mineras se mantendrá invariable durante todo el periodo, y deben someterse al régimen tributario existente a la fecha de suscripción del contrato.

Una situación de esta naturaleza es complicada, y está amparada por la constitución de 1993, concretamente me refiero al artículo 62º, Título III – Del Régimen Económico. Comprende además el rol subsidiario del estado, artículo 60º del citado cuerpo constitucional. Siendo así, surge la necesidad de revisar y corregir esta situación por cualquiera de las vías que se estimen pertinentes; pero entre tanto eso no ocurra, estaremos sujetos a este marco legal que a todas luces resulta inconveniente para los intereses del pueblo. Precisamente de aquí podrían salir los recursos para financiar los programas sociales como pensión 65 y otros.

· Subsidiaridad del Estado.- En forma real el Estado está proscrito de la actividad empresarial por imperio del artículo 60º de la Constitución, de tal suerte que estamos frente a una traba difícil de remontar si no existe firme decisión política para dicho efecto. Es curiosa esta norma, máxime cuando vemos que otros países como Chile, Colombia, y Brasil por ejemplo tienen sólidas empresas estatales que generan grandes utilidades para satisfacer los problemas, veamos:

CHILE: es dueño de CODELCO, la mina de COBRE más gran del mundo y, también, de las dos únicas refinerías de petróleo, vía la estatal ENAP.

COLOMBIA: Es dueña de ECOPETROL la más importante productora de petróleo.

BRASIL: Es dueña de PETROBRAS y ELECTROBRAS

Pero aquí con el rol subsidiario del estado, Petroperú y Electroperú están condenados a la muerte según la Constitución de 1993. Y si esto no ha ocurrido es porque la privatización perdió fuerza política desde 1996 y, sobre todo, por el Arequipazo de 2002. Pero la privatización sigue vigente y pende como espada de Damocles.

· ¿Qué ocurriría en el hipotético caso que el Perú igual que Chile, fuera dueño de la Mina Yanacocha, Laguna Norte, o Antamina?

Simplemente estaríamos nadando en dinero, veamos: La producción de oro al 31-12-2010 totalizó 164.0 millones de gramos estimado en 5’655,172 onzas. Y la producción de oro al 31-12-2009 totalizó 182.0 millones de gramos, estimado en 6’275,862 onzas. El precio internacional de la onza supera los US$ 1,500.00 la onza. Esa es la cuestión.

5. La Minería Informal.- La informalidad en general es negativa en toda actividad económica por lo siguiente:

· Porque elude obligaciones sociales y tributarias

· El trabajo empírico agrava la contaminación del medio ambiente

· Los trabajadores cumplen su labor generalmente sin implementos de protección y seguridad siendo pasibles de daños por accidentes

· Siendo informales carecen de autorización legal para manipular explosivos y reactivos químicos

· Eluden el control y fiscalización al uso de reactivos y explosivos

Pese a lo indicado la minería informal existe, y seguirá perdurando por mucho tiempo entre tanto no se den las condiciones adecuadas, y eso es responsabilidad del estado.

6. Los Recursos Mineros No son Renovables.- Las minas no son renovables, sólo se explotan una vez, y si no las utilizamos racionalmente hoy para los fines de desarrollo con inclusión social, mañana será tarde cuando las empresas agoten las reservas probadas y probables que existen.

Es conveniente y necesario que el Estado vele por que estos recursos sirvan para resolver los álgidos problemas de la población en situación de pobreza. En efecto, es evidente que recrudece la TBC y eso indica pobreza y nunca crecimiento o desarrollo. Así mismo, la TV muestra los graves problemas de los compatriotas de Puno y Huancavelica que mueren de frío, siendo dichas zonas fuentes de enormes cantidades de recursos mineros.

FORTALEZAS

1. Reservas probadas y probables.- El Perú es país minero por excelencia y a lo largo y ancho del territorio existen yacimientos minerales ricos en oro, plata, cobre, plomo, zinc, molibdeno, etc. Esta realidad incentiva la inversión de cualquier empresa del mundo.

2. Alta rentabilidad,- La rentabilidad crece por la coyuntura del mercado internacional. Los precios de los minerales sobrepasaron las expectativas de los inversionistas. Como referencias citamos los precios siguientes: (*)

El ORO supera hoy los US$ 1,500 por onza,

La PLATA está en US$ 33.77 por onza,

El COBRE alcanza US$ 9,514 por tonelada

(*) Fuente: Diario Gestión, viernes 08 julio 2011

3. Paz Laboral.- Existe relativa paz laboral y mano de obra barata por efecto de la desocupación. No obstante surgen también algunos conflictos sociales eventuales.

Lingotes de Oro

CONCLUSION

La normatividad legal vigente ampara a las empresas mineras sujetas a contratos-ley con régimen de estabilidad jurídica y tributaria de acuerdo con la Constitución Política de 1993, Título III – Del Régimen Económico.

RECOMENDACIÓN

Cualquier cambio de política minera sugiere necesariamente la modificación, reforma, reajuste, innovación, o afinamiento del marco jurídico constitucional, sin los cuales poco o nada podrá variar respecto a la situación de injusticia y exclusión social que se busca revertir. Esa sería la fuente real más consistente para financiar los programas sociales como: Pensión 65 y otros.

Fecha, 11 de julio de 2011

CESAR VASQUEZ BAZAN - PERU: POLITICA Y ECONOMIA

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Tue, 12 Jul 2011 13:39:00 +0000

Nota de Redacción: Por considerar de interés público y en aras de la transparencia y pluralidad de ideas y opiniones, les invito a visitar el Blog del Ex Ministro de Economía y Finanzas - Dr. César Vásquez Bazán en la siguiente dirección electrónica: http://cavb.blogspot.com/

noreply@blogger.com (Víctor Omar Mendoza Rodríguez) — Fri, 03 Jun 2011 21:38:00 +0000

Opinión Publicada en el Diario Perú 21 On Line: Martes, 31 de mayo 2011

¿Después del debate presidencial, confía usted en el plan económico de Ollanta Humala?

Por Víctor Omar Mendoza Rodríguez el 31 de Mayo 2011 a las 09:38 AM

OPINION: El mejor plan de gobierno para el pueblo es el de GANA PERU que lidera OLLANTA HUMALA y merece plena y total confianza y respaldo del pueblo por lo siguiente:

El tema es simple y parte por la defensa frontal de los recursos naturales No Renovables como los minerales, gas, petróleo.
Los recursos naturales se concesionan a precios viles. Esto se conoce como entreguismo.

Por derechos superficiales de tierras a comunidades campesinas pagan US$ 0.02 por m2, que es igual a US$ 200 la hectárea. En cambio en zonas residenciales de Lima pagan más de US$ 2,500 el m2, que es igual a US$ 25´000,000 millones de dólares la hectárea. A esto llaman democracia, justicia social, y estado de derecho. Al que protesta le dicen chavista.
El costo de explotación del oro se estima en US$ 139 onza, y el precio de venta internacional supera los US$ 1,530 la onza. Esa diferencia es conocida como SOBRE GANANCIA.
Algo similar ocurre con el Gas y petróleo. Y en Camisea el pueblo cocina con leña.
Una concesión minera tiene reservas probadas y probables del orden de 12 a 15 millones de onzas de oro. El Perú crece en números como el PBI; pero esa riqueza no es de los peruanos. Seguimos más pobres y cada día comemos menos. Saque usted mismo sus conclusiones.

CONCLUSION:

OLLANTA HUMALA

“O”.