Belencoso es abogado, alcalde de Almàssera y presidente de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos —EMTRE—, cargos desde los que ha desarrollado una intensa actividad vinculada a la administración pública, la gestión institucional y la toma de decisiones en el ámbito político y administrativo valenciano.

Con esta incorporación, Soriano i Piqueras refuerza su equipo con un perfil que combina formación jurídica, experiencia profesional y conocimiento directo del funcionamiento de las instituciones públicas. Su trayectoria aporta un valor diferencial en asuntos situados en la intersección entre política y derecho, especialmente en procedimientos de derecho público y penal administrativo con elevada exposición institucional.

Emilio José Belencoso es graduado en Derecho por la Universidad Católica de Valencia, cuenta con el Máster de la Abogacía por la misma universidad y con el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia. Asimismo, es especialista en derecho civil, con formación específica en derecho de sucesiones por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

En el ámbito profesional, inició su trayectoria en Salvatierra Abogados y, desde 2022, ejerce como abogado autónomo. Su carrera jurídica se ha desarrollado en paralelo a una destacada trayectoria institucional. Es concejal del Ayuntamiento de Almàssera desde 2011 y alcalde del municipio desde 2023. Asimismo, desde ese mismo año preside EMTRE, forma parte de la Junta de Gobierno de la Entidad Metropolitana para Servicios Hidráulicos —EMSHI— y es vocal del Consejo de Salud del Departamento Valencia-Clínico-Malvarrosa, a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Belencoso trabaja ya junto a Víctor Soriano i Piqueras en procedimientos de especial relevancia pública e institucional. Entre ellos, forma parte de la dirección letrada de la acusación popular en el caso Puig y en el caso Ribó, dos causas que reflejan la especialización de la firma en procedimientos en los que confluyen derecho penal, administración pública y control de la actuación de los responsables públicos.

Desde Soriano i Piqueras subrayan que su incorporación “refuerza la capacidad de la firma para abordar asuntos complejos desde una perspectiva jurídica, institucional y estratégica”. En este sentido, destacan que Belencoso “aporta un conocimiento directo de la administración y de la realidad política valenciana, especialmente valioso en procedimientos donde la dimensión jurídica convive con una importante repercusión pública e institucional”.

La incorporación de Emilio José Belencoso consolida el crecimiento de Soriano i Piqueras en Valencia y refuerza su vocación de prestar asesoramiento jurídico especializado en los ámbitos que constituyen el core business de la firma: el derecho público, el derecho penal administrativo y el derecho penal económico.

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El acto, celebrado en la Sala Ramón y Cajal, reunió a profesionales del ámbito jurídico e institucional en torno a una obra que ofrece una mirada personal y jurídica sobre uno de los procedimientos judiciales con mayor relevancia pública de los últimos años.

Durante la presentación, el autor compartió algunas de las claves del libro, en el que reconstruye desde dentro el desarrollo del procedimiento y reflexiona sobre sus implicaciones jurídicas, institucionales y políticas.

La presentación contó con la participación de Inma Yáñez, abogada of counsel en Soriano i Piqueras, Fernán González, Jefe de Investigación y Tribunales en OkDiario, y Marcos Arbeloa, vicepresidente de la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid, quienes acompañaron al autor en una conversación centrada en la justicia, la responsabilidad institucional y el papel del Derecho en el contexto actual.

Desde Soriano i Piqueras, agradecemos al Ateneo de Madrid su acogida y a todas las personas que asistieron a la presentación de esta obra.

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Durante años, esta práctica se ha aceptado como una solución funcional, un modo de ganar tiempo sin alterar el funcionamiento del servicio. Pero lo que parecía una medida transitoria ha terminado generando desequilibrios económicos que recaen exclusivamente sobre el contratista. Y es precisamente este punto el que el Tribunal Supremo ha decidido abordar con claridad.

La reciente STS 2017/2026, en coherencia con la doctrina del caso Air Liquide, recuerda que la continuidad forzosa no puede convertirse en un mecanismo para exigir al contratista el mismo nivel de servicio con un precio que ya no cubre los gastos reales. Si la Administración quiere seguir prestando, debe asumir también el coste de esa prolongación. No puede exigir calidad de contrato vigente con tarifas de contrato extinguido. No puede interpretar “las mismas condiciones” como “mismos medios, pero no mismo precio”. Y no puede beneficiarse de una prestación esencial sin pagar lo que cuesta mantenerla.

El Supremo califica esta situación como enriquecimiento injusto, y subraya que la continuidad no es un espacio de discrecionalidad económica. Es una situación excepcional que exige preservar el equilibrio económico del contrato extinguido. Si los costes han subido —y en la mayoría de los sectores lo han hecho—, la retribución debe ajustarse. Si la prestación se mantiene, el importe debe reflejar el mercado. Y si la Administración quiere mantener el servicio, debe garantizar su viabilidad.

Este criterio tiene un impacto directo en sectores donde la continuidad se ha convertido casi en una forma de gestión: mantenimiento, limpieza, seguridad, transporte sanitario, servicios sociales, asistencia técnica… Empresas que llevan meses o incluso años prestando servicios sin contrato vigente, absorbiendo incrementos de costes sin posibilidad de revisión. La jurisprudencia abre ahora la puerta a reclamar revisiones económicas, compensaciones y ajustes que hasta hace poco parecían difíciles de sostener.

La cuestión ya no es si debe mantenerse el servicio —porque la continuidad es necesaria—, sino cómo debe hacerse para que no se convierta en un desequilibrio permanente. Y ahí está el verdadero cambio: la Administración puede imponer la continuidad, pero no puede imponerla a cualquier precio. Un recordatorio que reordena un ámbito donde la práctica había sustituido al análisis jurídico y donde, por fin, se empieza a exigir que la continuidad del servicio no se sostenga sobre el sacrificio económico del contratista.

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La Sala descarta la fijeza automática —por ser incompatible con los principios de igualdad, mérito y capacidad—, pero refuerza la protección del empleado público mediante una indemnización obligatoria y con efecto disuasorio, alineada con los estándares europeos. El mensaje es evidente: encadenar contratos temporales no puede seguir siendo una práctica sin coste.

La resolución incorpora además un elemento relevante: cuando se aprecie un uso abusivo de la temporalidad, podrá darse traslado a la Inspección de Trabajo, lo que abre la puerta a sanciones directas a la Administración empleadora. El Tribunal subraya así que la responsabilidad no recae solo en quien reclama, sino también en quien ha mantenido la situación irregular.

El Supremo también delimita un supuesto específico: si una persona superó un proceso selectivo para personal fijo, aunque no obtuviera plaza por falta de vacantes, y posteriormente fue contratada temporalmente de forma abusiva, podrá reconocerse la condición de fijo. En estos casos, el mérito y la capacidad ya fueron acreditados, y la temporalidad posterior revela una necesidad estructural de personal.

En conjunto, la sentencia consolida un marco más exigente: indemnización obligatoria, posible intervención sancionadora y reconocimiento de fijeza en supuestos muy concretos. Una doctrina que obliga a las Administraciones a revisar sus prácticas y que aporta mayor seguridad jurídica a quienes llevan años en situación de temporalidad prolongada.

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