Intercambiador de Moncloa. Museo8bits (Wikimedia Commons)

La Comunidad de Madrid es pionera en muchos de los proyectos de videovigilancia. Ya lo vimos hace tan sólo unas semanas cuando se anunció un sistema contra los incendios forestales. Ahora, miramos hacia los Transportes y, en concreto, al intercambiador situado en Moncloa, donde se ha puesto en marcha, de manera experimental, un innovador sistema de seguridad. El despliegue se materializa en un sistema de vídeo analítico con el que es posible identificar de manera individual a cada persona que aparece en escena, registrar su trayectoria, así como llevar a cabo una clasificación de la misma en función de si lleva o no determinados tipos de objetos. Todo ello con un único objetivo: la prevención en tiempo real de cualquier situación de riesgo para los usuarios.

El propio consejero de Transportes e Infraestructuras, Antonio Beteta, aseguró que  ”es mucho más rápida la localización y la asignación de recursos al problema, que está ya localizado”. El desarrollo forma parte de una  iniciativa de I+D europea, en concreto, del proyecto de innovación europeo HNPS (Heterogeneous Network for European Public Safety), desarrollado por 16 compañías de países como Francia, Luxemburgo, Alemania, Holanda y España. La aportación de la Universidad Politécnica de Madrid, a través de su Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones Visuales de la E.T.S.I. de Telecomunicación ha sido clave.

El despliegue ha sido concebido para cubrir grandes infraestructuras del transporte y el intercambiador de Moncloa podría ser sólo el primero de una larga lista de ‘beneficiados’, que van desde estaciones de tren a grandes aeropuertos, por ejemplo. A grandes rasgos y gracias al nálisis de las imágenes captadas, es posible lanzar una alarma ante la detección de una situación de riesgo potencial como acumulación de personas, riesgos de atraco o abandono de bultos sospechosos.

Paralelamente, la segunda gran ventaja del proyecto es que permite asignar el recurso de seguridad o emegencias más adecuado para la resolución del conflicto. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha hecho especial hincapié en que el proyecto piloto se está realizando con estricto cumplimiento de la legislación vigente, respetando la privacidad de las personas que son captadas por las cámaras.

También le puede interesar:

• Madrid reduce las llamadas a la policía con videovigilancia

En una crisis como la que nos asola, cuidar del canal es esencial. Parece una máxima de Perogrullo, pero lo cierto es que no todos los fabricantes la respetan. No es el caso de D-Link, que tiene claro que “nuestro nuevo programa de canal quiere crear oportunidades de negocio”, tal y como ha asegurado recientemente Luigi Salmoiraghi, director de ventas y canal para el Sur de Europa de D-Link. Y en esa línea se encaminan sus acciones, con las que la compañía ha conseguido que hacer crecer su negocio de videovigilancia casi un 100% de enero a octubre, según los datos de la consultora Context.

Antonio Navarro, director de ventas y marketing de D-Link Iberia, no ha dudado en afirmar que “estos resultados son consecuencia de la buena aceptación de mydlink, una aplicación gratuita para los usuarios de las cámaras IP que permite visualizar la imagen de hasta 4 cámaras desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet”. Un dispositivo que pone al alcance de las pymes más modestas la oportunidad de aprovechar las ventajas de la videovigilancia.

La crisis está haciendo mella en el sector, es un hecho, pero el canal de distribución de la compañía está sabiendo capear el temporal con caídas mínimas, tanto en el distribuidor corporativo como en el dealer tradicional. Y aquí, la videovigilancia IP ha sido uno de los grandes salvavidas, pues sus crecimientos han sido positivos porque, como explica Salmoiraghi, “estamos viviendo la migración del mundo analógico al mundo IP”.

Y de cara a 2012 habrá sorpresas. El director de ventas y canal para el Sur de Europa asegura que el nuevo programa de canal , que arrancará durante el primer trimestre, incluirá “más servicios, más herramientas y sobre todo pensado para el cliente, que se adapte a la realidad del mercado”.

También le puede interesar:

• Seis nuevos miembros en la familia D-Link
• D-Link se vuelca con la videovigilancia
• D-Link y la videovigilancia se echan a la carretera

Greenshed (Wikimedia Commons)

Esta semana hemos sabido que uno de los monumentos más importante que tenemos en España, la Alhambra, se apuntará a la videovigilancia. El proyecto aprobado por la Junta de Andalucía, que cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros, dibuja un sistema con nada menos que 85 videocámaras de última generación, instaladas en los emplazamientos más estratégicos del recinto.

El proyecto,  previsto por el Plan Director del Monumento 2007-2013, no habría podido llevarse a cabo de no ser por la tecnología digital, pues para su ejecución ha sido necesario instalar una red de conexiones realizadas con fibra óptica y WiFi en diversos puntos de la colina de la Sabika. Dicho de otro modo, con la tradicional tecnología analógica CCTV no se habría podido llevar a término, sobre todo considerando el imperativo de respeto por el conjunto arquitectónico. La complejidad del proyecto ha sido tal, que en el desarrollo del proyecto han colaborado hasta doce empresas del sector de la seguridad y la prevención de riesgos laborales.

Las viodecámaras monitorizan las instalaciones las 24 horas del día y tienen un marcado carácter preventivo, tratando de generar información que posibilite anticiparse a problemas como la gran afluencia de turistas o situaciones de emergencia en caso de incendios, terremotos o incluso atentados terroristas. No en vano, hablamos de un patrimonio histórico que es visitado por la friolera de 3 millones de turistas al año. Precisamente con este fin, se ha creado un nuevo centro de control de seguridad, situado en el edificio de Huerta de Fuentepeña, donde dos videograbadores y un videowall de última generación permitirán observar los movimientos de todo el área de la ciudad palatina.

La seguridad de todos estos turistas se verá ahora reforzada, así como el propio servicio de atencíón, pues ayudará a a reducir el número de incidencias por desorientaciones de los visitantes. Además, el sistema de videovigilancia será clave en la lucha contra el vandalismo: el verano pasado, sin ir más lejos, se detuvo a un militar jordano por inscribir su nombre, con un objeto punzante, en una pared de uno de los palacios del recinto.

No es la única medida de seguridad: a la videovigilacia se sumarán tornos de acceso a las zonas restringidas, sistemas de localización a través de tarjetas o etiquetas inalámbricas o lectores PDA. Además, para alcanzar el óptimo funcionamiento de este sistema, el Patronato tiene previsto crear un Comité Asesor formado por representantes de las instituciones que puedan aportar su experiencia, conocimiento y asesoramiento en autoprotección.

L'Hospitalet. (Yearofthedragon Wikimedia Commons)

Interesante análisis el que realizaba en El Economista hace tan sólo unos días el abogado Juan Manuel Borso Di Carminati, del bufete Olleros Abogados, sobre la legislación en materia de videovigilancia. Borso dibujaba cómo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido que ir cubriendo mediante el mecanismo de consultas las lagunas legales que ofrece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo.

Desde Videovigilando ya hemos venido haciendo referencia a este tipo de consultas en ámbitos como el laboral o el escolar, pero es importante remarcar los tres criterios que destacaba el abogado a la hora de regular esta actividad, a saber: la proporcionalidad, la idoneidad y la mínima intervención. A pesar de que Borso realice un análisis muy certero de la realidad legislativa y tenga argumentos de peso para reclamar una regulación por parte de la AEPD semejante a la que la Instrucción 1/2006 prevé para el tratamiento de los datos personales con fines de vigilancia, no debemos llamarnos a engaño: España cuenta con una de las legislación más completa y que más protege los derechos y libertades individuales del ciudadano en materia de videovigilancia.

Conviene recordar este hecho en un momento en el que no son pocas las ciudades que están reforzando sus esquemas de videovigilancia para proteger y gestionar de un modo más adecuado la vida urbana. Es el caso de  L’Hospitalet para la que el conseller de Interior, Felip Puig, ha dado vía libre para la instalación de hasta 32 nuevas videocámaras en nuevas zonas videovigiladas. Y, como prueba de las garantías al ciudadano el hecho de, entre otros exámenes, las cámaras solicitadas por L’Hospitalet han tenido que ser avaladas por la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya, remarcando que han de cumplir una condición: que siempre respeten el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

P.Lameiro (Wikimedia Commons)

Como hemos venido viendo a lo largo de todos estos meses, la videovigilancia tiene muchos campos de actuación. La aplicación de las videocámaras van mucho más allá de la mera seguridad, entendida ésta como combatir el crimen en la ciudad. También es posible aprovechar sus ventajas en la regulación del tráfico, el cumplimiento de las ordenanzas municipales de limpieza, el control de accesos, acciones de marketing en centros comerciales, etc. Y ahora, además, pueden ser decisivas en la guerra contra los incendios forestales.

La Comunidad de Madrid, a través de su consejería de Presidencia y Justicia, acaba de poner en marcha un proyecto de un millón de euros con el que combatirá la lacra de los incendios forestales en un área comprendida entre Robledo de Chavela y San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey y Pelayos de Presa y parte de los Términos de Valdemaqueda, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Las Rozas de Puerto Real. Para ello, ha desplegado un sistema de videovigilancia del terreno forestal, con el que es posible detectar y dar aviso de la aparición de un incendio las 24 horas y los 365 días del año.

El proyecto arranca en suroeste de la región (unas 60.000 hectáreas), que es una de las áreas de mayor valor forestal y ecológico y, al mismo tiempo, de mayor riesgo de incendio forestal. Las videocámaras especiales son capaces de analizar las tonalidades de grises en su imagen para, de este modo, detectar los matices que corresponden al humo surgido de un incendio. Los dispositivos están equipados con un sensor óptico que ofrece una alta resolución, tanto en visión diurna como nocturna, para la captación de humos. La videocámaras pueden realizar barridos de 360º cada pocos minutos y tienen un alcance de 15 kilómetros, pudiendo detectar a esa distancia nubes de humo de aproximadamente 10 metros.

Las videocámaras, instaladas en en el Cerro de la Mira (San Martín de Valdeiglesias), en el cerro de Santa Catalina (Valdemaqueda) y en La Almenara (Robledo de Chavela), se complementan con otra de visión normal con la que desde el centro de control se realiza el seguimiento de la evolución del incendio. Cuando se detecta el incendio, el sistema da aviso al centro de control que está instalado en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en las instalaciones del Teléfono de Emergencia Comunidad de Madrid 112. Arrancado el dispositivo, el puesto de mando avanzado que se desplace al lugar del incendio recibirá en tiempo real las imágenes que emite la cámara.

También le puede interesar:

• Proyecto piloto en Madrid de videovigilancia inteligente
• Madrid reduce las llamadas a la policía con videovigilancia

Una de las ventajas de la videovigilancia IP frente a los tradicionales despliegues analógicos es que permite la grabación en local, gracias a las tarjetas de memoria que pueden insertarse en las propias videocámaras. ¿Para qué es útil esta prestación? En momentos pico de tráfico de red, por ejemplo, ayuda a descongestionar el tráfico IP; o, sencillamente, como una medida más de back-up. Sea como fuere, nos centraremos hoy en los NVR, que permiten la grabación de vídeo en red en formato digital en múltiples soportes: desde discos duros, a pendrives USB, tarjetas SD o sistemas NAS (Network Attached Storage), entre otros.

La gran ventaja de un NVR, que suele combinarse con la grabación local, es el abanico de funcionalidades avanzadas de recuperación y edición de vídeo que ofrece. ¿Cuáles son las diferencias frente a los DVR (Digital Video Record), utilizados en las instalaciones CCTV? Para empezar, al tratarse de una solución digital nativa, el NVR proporciona una mayor eficiencia en el tratamiento y procesado de las señales tanto de vídeo como de audio. Además, bastará una única conexión IP para que las imágenes de todas las videocámaras lleguen al NVR, mientras que con CCTV, cada cámara precisa de una conexión coaxial hasta el DVR.

Paralelamente, con un NVR es posible grabar eventos en función de la detección de fenómenos (movimiento), programar las grabaciones o realizarlas en modo manual. En cuanto a las búsquedas de imágenes, este tipo de dispositivos ahorra significativamente el tiempo necesario para encontrar unas grabaciones determinadas pues busca datos por áreas de vídeo, tipos de eventos, períodos determinados, etc.

Si quiere profundizar en detalles más técnicos, no se pierda el Coleccionable sobre NVR. No le defraudará.

Gracias a la compresión son posibles las soluciones de videovigilancia. Si no fuera por esta técnica, sería imposible transmitir y almacenar las imágenes captadas en alta resolución. Imaginen el ancho de banda necesarios y los terabytes de almancenamiento requeridos para hacer uso de estas imágenes si no estuvieran comprimidas. Sería, sencillamente, inabarcable. Para ilustrarlo, nada mejor que cifras: si un vídeo sin comprimir requeriría de un ancho de banda superior a los 150 Mbps, mediante el estándar de compresión H.264 tan sólo sería necesario 2,5 Mbps… o, incluso, menos. Ese es el potencial de la compresión.

Hemos citado el estándar H.264, de la ITU (International Telecommunications Union), pero hay otros, como MPEG (Moving Pictures Expert Group) o el MJPEG (Motion Joint Photographic Expert Group), de la ISO (International Standars Organization). En todos los casos, será preciso un codec, es decir, un codificador-decodificador. Se trata de un software, hardware o una combinación de ambos, capaz tanto de codificar una señal o información para así encriptarla, transmitirla o almacenarla, como de decodificarla para su visualización o edición.

Para profundizar en aspectos más técnicos, recomendamos la lectura del Coleccionable sobre Compresión de Vídeo, pero como aperitivo os avanzaremos que la compresión puede ser de dos tipos: por un lado, la técnica de fotograma a fotograma, que hace una captura completa de cada imagen, las comprime y las envía secuencialmente formando el ‘stream’. Así funciona el MJPEG, por ejemplo. Por otro lado, la técnica de la compresión de un conjunto de fotogramas (‘key frames’) repartidos a intervalos de tiempo dentro de las escenas capturadas. Este tipo se utiliza para transmitir las imágenes con menor ancho de banda, como es el caso de MPEG o H.264 y, por tanto, muy utilizado en videovigilancia.

Ayuntamiento de Segovia. Txo (Wikimedia Commons)

Lo avanzábamos ayer en nuestro grupo de Videovigilacia IP Profesional de LinkedIn: las crisis ha hecho mella en el Ayuntamiento de Segovia y el proyecto de videovigilancia previsto para el Polígono de Hontoria, de titularidad pública y con 250 empresas ubicadas se ha cancelado. No existen fondos suficientes para hacer frente a la inversión necesaria, a pesar de que sólo en lo que va de año el polígono ha sufrido más de una veintena de robos.

Ante esta situación, no sorprende que la Junta Directiva del Área Empresarial La Estación de Hontoria (AELEH), colectivo integrado por más de 150 negocios, haya expresado su preocupación, puesto que una de sus prioridades pasaba, precisamente, por incrementar la prevención en materia de seguridad en las inmediaciones del Polígono. Las cifras son alarmantes: una media de dos robos al mes, por lo que todo hace pensar que, de aquí a final de año, un 10% de las compañías habrá sido víctima de los ladrones.

El coste del proyecto de videovigilancia asciende a 10.000 euros y los planes pasaban por la instalación de videocámaras en las dos entradas del recinto, para así realizar el control de acceso de vehículos. A pesar de no tratarse de una gran inversión, el concejal de Tráfico, Alfonso Reguera García, asegura que “no hay presupuesto para la adquisición”. ¿La solución propuesta? Que sean los empresarios quienes asuman el coste de las cámaras, si bien su mantenimiento y la vigilancia  sería competencia de la Policía Local.

Ante estas políticas de recorte, nos remitimos a las ventajas que ya describimos hace unas semanas, más aún en un caso como éste, en el que visto el grado de delincuencia, el retorno de la inversión sería cuestión de meses, ni siquiera un año. Para probar tal afirmación, basta ver uno de los últimos robos: el pasado 12 de octubre, unos delincuentes sustrajeron más de 4.000 botellas de alcohol y un furgón, además de destrozar el mobiliario de las instalaciones de Comercial Vicente Velasco. Dos robos como ese y la instalación estaría amortizada. Una pena la visión cortoplacista y, sobre todo, el empleo de la crisis para desentenderse de obligaciones por parte de algunas Administraciones.

También le puede interesar:

• Inversión millonaria en Moscú para videovigilar
• Videovigilancia para los polígonos malagueños
• La videovigilancia como arma electoral

Para resolver las dudas nos remitimos directamente a un escrito aclaratorio del ministerio del Interior y en él encontramos que sí y, de hecho, estas actividades de instalación y mantenimiento de aparatos y dispositivos que integran el sistema de seguridad corresponden necesariamente a empresas de seguridad inscritas como tales en el correspondiente Registro de Empresas de Seguridad. ¿Por qué? Pues, para empezar, el objeto de su instalación es la prevención contra la intrusión, con un claro uso para prevenir la comisión de hechos delictivos.

Y ésta es precisamente la ‘trampa’ esgrimida por la Diputación pero, si es el sistema no es un claro control de acceso y no buscaba la prevención del delito -como parece argumentar-, ¿cuál es su finalidad? No hay lugar para la duda y, por tanto, ha de atender a la normativa de seguridad privada; de otro modo se incurría en delito.

En segundo término -aunque por ello no menos importante, cabría destacar que la activación de los dispositivos sean o no susceptibles de producir intervención policial. ¿Es necesario, en este sentido, que esté conectado a una central de alarmas? En absoluto, y, precisamente por ello, se refuerza elargumento de que la Diputación Provincial de Zaragoza estaría incurriendo en una falta.

Diputación Provincial de Zaragoza. Ecelan (Wikimedia Commons)

El Sector de Seguridad Privada de FES UGT Aragón ha denunciado públicamente que la Diputación Provincial de Zaragoza mantiene un equipo de seguridad ilegal. Según se manifiesta desde el sindicato, “el personal que hace las funciones de seguridad es personal de confianza, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular” y no vigilantes de una empresa de seguridad, tal y como establece la ley.

Entre las funciones que desempeña este “personal de confianza” se encuentra el control de sistema de videovigilancia, así como el control de los accesos. No es la primera vez que sucede algo parecido:  en la Universidad de Zaragoza también se dio el caso de un funcionario que realizaba tareas de seguridad para las que no estaba preparado, hasta que las presiones llevaron a cambiarlo a otro puesto, contratando a personal calificado para la videovigilancia.

La respuesta por parte de la Diputación ha sido que lleva ya un par de meses desarrollando los pliegos de la oferta pública con la que se pretende contratar a nuevo personal para tareas de seguridad. Sin embargo, el tema viene de lejos: al parecer, desde el sindicato no es la primera vez que se advierte del tema, pues ya se produjeron varios intentos para reunirse con miembros del anterior equipo de Gobierno. Además, si nos remontamos al año 2000, ya hubo un informe de la Policía Nacional que advertía de  la falta de personal calificado para administrar el Circuito Cerrado de Televisión.

Asimismo, UGT denuncia que “uno de los grandes problemas que tienen que sufrir los vigilantes de seguridad es que hay empresas que se dedican a vender servicios de seguridad ilegal y como vemos la administración no es muy escrupulosa en el cumplimiento de la ley“.

También le puede interesar:

• Escándalo en la Diputación de Barcelona por cámaras en aseos