Estudi Juridic

Los empresarios: Indignados contra Hacienda

Gal.la Sanchez — Wed, 25 Jan 2012 10:05:00 GMT

A finales de este año se ultimará el sistema de notificaciones de Hacienda exclusivamente por internet, proceso que se inició en enero de este año y, según el cual, las empresas deben descargarse las notificaciones de actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior en un buzón de Internet, al cual acceden mediante una firma digital, en el plazo de diez días, a partir de los cuales empiezan a correr los plazos para interponer recursos y alegaciones.

Este sistema de notificación telemática sustituye al tradicional sistema de notificación por correo ordinario, según el cual, eran necesarios dos avisos en diferentes días y franjas horarias.

Si bien es cierto que la AEAT debe notificar a los sujetos obligados su inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada, mediante notificación tradicional (no electrónica), no es menos cierto que son muchas las empresas que están recibiendo notificaciones electrónicas sin ser conscientes de ello.

Este proceso de implementación de las notificaciones de la Agencia Tributaria por vía electrónica ha provocado que, por primera vez, el pasado mes de septiembre, se unieran siete organizaciones empresariales y profesionales de Cataluña , para denunciar lo que ellos consideran una situación insostenible, como es el aumento incesante de las obligaciones formales de las empresas ante las Administraciones Públicas. Consideran que el nuevo sistema de notificación electrónica es injusto por cuanto que trata por igual a empresas con muy distintas en cuanto a dimensiones económicas y recursos, generando cargas administrativas adicionales y desiguales para los empresarios. Según el nuevo sistema, todas las empresas están obligadas a consultar por internet las comunicaciones de Hacienda, aunque muchas de ellas no dispongan todavía de medios telemáticos y, así, se pueden encontrar con que han recibido un acto administrativo sin saberlo.

Los profesionales y las asociaciones empresariales reclaman la adopción de las siguientes medidas:

1. Modificar la normativa para adaptarla a la capacidad económica y técnica de las empresas, para que se reconozca que el nuevo sistema sea de carácter voluntario y optativo para las pymes.

2. Garantizar el principio de irretroactividad, según el cual sólo puedan emitirse electrónicamente las notificaciones generadas a partir del momento de la inclusión de la empresa en el nuevo sistema.

3. Garantizar la recepción de las comunicaciones a través de un correo electrónico normalizado.

4. Establecer dos días al mes para el envío de las notificaciones a los contribuyentes, para que estos no tengan que acceder al buzón de Hacienda todos los días. En la actualidad, la AEAT puede enviar las notas cualquier día, incluso festivos.

5. Ampliar el periodo de respuesta del contribuyente a un mes (en lugar de los actuales diez días), ya que en épocas como Semana Santa o Navidad algunas empresas cierran y no pueden responder la notificación a tiempo.

6. Facilitar a los asesores de las empresas el sistema de acceso a las notificaciones de sus clientes.

7. Establecer 30 días al año, a elección de cada contribuyente, considerados de vacaciones, durante los cuales no le puedan ser practicadas notificaciones. Esta medida ha sido recogida en el Real Decreto 1615/2011, publicada en el BOE del día 26 de noviembre, y entró en vigor el pasado día 27 de noviembre.

Si bien es cierto que el Gobierno ha acogido positivamente estas medidas, no es menos cierto que, de momento (y salvando la última medida (nº 7), que ha sido recogida en el RD 1615/2011), nada ha cambiado y que, mientras tanto, miles de empresas reciben cada día notificaciones electrónicas, algunas sin ni tan siquiera saberlo….

Es triste que lo que la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos establecía como un derecho, se haya convertido en una obligación que se ha establecido mirando la comodidad de la Administración y no la del contribuyente. Y es que en este nuestro país somos las empresas las que trabajamos para el sistema, en vez de ser el Estado quien sirva a los contribuyentes…

Derecho de separación del socio por no repartir dividendos

Cristina de Canals — Tue, 03 Jan 2012 11:52:00 GMT

Desde el pasado 2 de octubre de 2011 está en vigor la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital (Ley 25/2011 de 1 de agosto) y, como ya anunciamos en nuestro post “Reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el nacimiento de Venus” (http://www.estudi-juridic.com/BlogdeEstudiJurídic/tabid/41/articleType/ArticleView/articleId/88/language/es-ES/Reforma-de-la-Ley-de-Sociedades-de-Capital-y-el-nacimiento-de-Venus.aspx), el art. 348 bis de esta norma concede a los socios de ciertas compañías mercantiles un revolucionario derecho, inexistente hasta el momento, que les permite separarse de la sociedad si ésta no acuerda el reparto de dividendos.

Ahora que ya ha finalizado el año y muchas empresas están cerrando el ejercicio 2011, es fundamental prever los conflictos que, a raíz de este nuevo derecho de separación, puedan aparecer en la Junta que la sociedad celebrará en 2012 para aprobar los resultados del ejercicio anterior y decidir si reparte dividendos y el importe de los mismos. Por eso, hay que conocer bien en qué consiste este derecho de separación por falta de distribución de dividendos, lean:

¿Quién tiene ese derecho? Cualquier socio de una Sociedad Limitada o Anónima no cotizada.
¿Desde cuándo puede ejercitar el derecho? A partir del quinto ejercicio social desde la constitución de la sociedad.
¿Qué tiene que pasar para que nazca el derecho? El socio tiene que haber votado a favor de la distribución de dividendos y, a pesar de ello, la Junta no acuerda el reparto del dividendo mínimo establecido por la ley.
¿Cuál es ese dividendo mínimo que se debe repartir? Un tercio de los beneficios propios de explotación obtenidos durante el ejercicio anterior.
¿Qué plazo tiene el socio para separarse? Un mes desde la celebración de la Junta.
¿Qué implica este derecho? Este nuevo derecho de separación por no reparto de dividendos supone que el socio puede salir de la sociedad recuperando el valor de su inversión, de forma que la sociedad se verá obligada a pagarle el precio de sus acciones o participaciones.

Este precio se puede determinar por acuerdo entre las partes (es decir, la sociedad hace una oferta que el socio acepta) o bien, si no hay acuerdo, mediante el criterio de “valor razonable”, que no es otra cosa que valorar la empresa por parte de un auditor independiente designado por el Registro Mercantil, quien determinará cuánto vale la participación del socio saliente. Este valor no admitirá discusión, si bien los tribunales en ocasiones han admitido su revisión por vía de impugnación.

Como regla general, la sociedad no tiene obligación de comprar las acciones o participaciones de un socio que quiere abandonarla. Esta obligación solamente se produce cuando se da alguna de las causas de separación del socio, que están tasadas por ley y que son éstas: 1) sustitución o modificación del objeto social; 2) prórroga o reactivación de la sociedad; 3) creación, modificación o extinción de la obligación de realizar prestaciones accesorias; 4) traslado de domicilio al extranjero y 5) -sólo para las SL- por cambio del régimen de transmisión de las participaciones.

Ahora hay que añadir a esta lista el derecho de separación por falta de distribución de dividendos. Con este nuevo derecho de separación, el escenario cambia radicalmente: hasta ahora la Junta decidía con plena libertad cómo distribuir los resultados del ejercicio y si no se repartían dividendos porque se prefería reinvertir los beneficios en la propia empresa, el socio minoritario no tenía más remedio que acatar la decisión de la mayoría. Con el nuevo art. 348 bis el socio minoritario pone a la sociedad en la encrucijada de decidir si distribuye como dividendos al menos un tercio de su beneficio de explotación, o paga al socio disidente el valor de su participación en la empresa.

Además de las consecuencias económicas, este derecho tiene implicaciones importantes para las empresas: las cláusulas de los Estatutos que prevean una distribución de dividendos inferior al tercio mínimo establecido en la ley quedan sin efecto, lo mismo sucede con los Pactos de Socios y los Protocolos Familiares en que se prime la reinversión de beneficios sobre el reparto de dividendos. Asimismo, tendrán que cerciorarse que dicho reparto de dividendos no colisiona con compromisos previamente adquiridos (el caso más corriente es el de algunos contratos de financiación de bancos o business angels que, de alguna forma, limitan la facultad de la sociedad para repartir dividendos).

Precisamente ahora que las empresas aplican la filosofía “hormiguita” y guardan sus beneficios para sobrevivir en esta travesía del desierto que es la crisis, no nos parece el mejor momento para lanzar una norma de este tipo, pero así son las cosas. Por eso, aún a riesgo de ser pesados, debemos insistirles acerca de la magnitud de esta novedad, calificada por prestigiosos juristas como “la más importante de las últimas décadas”. Las empresas que caigan en el error de hacer caso omiso y actuar como siempre, sin tener la precaución de estudiar cómo puede afectarle este nuevo derecho de separación del socio, pueden verse obligadas a tener que pagar al socio el valor de su participación, lo cual puede resultar financieramente insostenible para muchas sociedades.

Será fundamental, pues, ser previsores y analizar la casuística propia de su empresa, revisar la redacción de sus estatutos, sus pactos entre socios y los protocolos familiares para alinearlos con el texto de la nueva ley y diseñar, además, una estrategia para enfocar la Junta de aprobación de resultados a celebrar en 2012 y en la que alguno de sus socios minoritarios puede acudir con la lección bien aprendida… más vale prevenir que curar!

Ley de medidas de agilización procesal y reforma de la ley concursal

Gal.la Sanchez — Thu, 22 Dec 2011 13:22:00 GMT

Ley de medidas de agilización procesal:

El pasado 10 de octubre fue aprobada la Ley 37/2011, de Medidas de Agilización Procesal, publicada en el BOE en fecha 11/10/2011, y que entró en vigor el pasado mes de noviembre.

El objetivo de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo. Ello se pretende, ya sea optimizando procedimientos, suprimiendo trámites procesales innecesarios o sustituyéndolos por otros más breves, o bien limitando las instancias judiciales.

Vamos a ver brevemente cuáles son los cambios más significativos en los ámbitos contencioso-administrativo y civil:

a) Ámbito contencioso administrativo:

- Procedimiento abreviado:

Supresión de vista: Se introduce la posibilidad de suprimir la vista en los procedimientos abreviados, si lo solicita el demandante en los supuestos en que no pida el recibimiento a prueba, siempre que la Administración demandada no se oponga. De este modo queda el asunto visto para sentencia tras la contestación de la demanda, sin necesidad de esperar -en algunos casos más de dos años- hasta que se celebre la vista.

Aumento de la cuantía: Se eleva a 30.000 € la cuantía de los asuntos que se resolverán por los trámites del procedimiento abreviado (hasta ahora era de 13.000 €).

- En los recursos, también aumentan las cuantías: Se introducen modificaciones importantes en materia de recursos, en cuanto a la elevación del límite cuantitativo para acceder al recurso de apelación (de 18.000 € a 30.000 €) y al de casación (de 150.000 € a 600.000 €, en el recurso de casación ordinario; y de 18.000 € a 30.000 € en el recurso de casación para la unificación de doctrina).

- Se modifica la regulación de las denominadas medidas cautelarísimas, recogiendo las verdaderas posibilidades que en la actualidad se están llevando a cabo por los órganos judiciales.

- Las costas, como en los juicios civiles: En relación a las costas procesales, se equiparan a la jurisdicción civil, en el sentido de imponer las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones -con la posibilidad de que el tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición- y, en los supuestos de estimación o desestimación parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad –salvo que el tribunal las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

Habrá que ver qué consecuencias prácticas tendrán estas medidas y si con ello se agilizan los procedimientos en el ámbito contencioso-administrativo. En nuestra modesta opinión, hasta que los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa no condenen en costas a la Administración, dichos órganos judiciales seguirán colapsados. Veremos si el cambio en la regulación de la condena en costas supone en la práctica algún cambio al respecto.

b) Ámbito civil:

- Desahucio “Express”: Se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago (también denominado desahucio express en algunos foros). Esto significa que, en principio, el procedimiento promete ser más breve, ya que, presentada la demanda de desahucio, el Juzgado requerirá al inquilino moroso para que, en el plazo de 10 días, desaloje el inmueble, pague lo que adeuda o se oponga a la reclamación, notificándole la fecha prevista del juicio y del lanzamiento. Si se opone, se celebrará la vista del juicio (aquí no parece que hayamos ganado nada respecto de la normativa anterior). Pero, si no hace nada (ni desaloja, ni paga ni se opone), aquí viene la gran novedad: se procederá al inmediato lanzamiento (desalojo forzoso) sin necesidad de notificarle nada posteriormente y evitando celebrar vista.

- Monitorio sin límite de cuantía: Se suprime el límite cuantitativo del procedimiento monitorio, equiparándolo al proceso monitorio europeo, con el fin de evitar limitaciones de acceso a este procedimiento, que se ha convertido con mucho en la forma más frecuente de iniciar las reclamaciones judiciales de cantidad.

- En el verbal no se puede apelar siempre: Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de cuantía cuando ésta no supere los 3.000 €.

Es pronto todavía para hacer una valoración de dichas medidas. En cualquier caso, bien podemos asegurarles que darán de qué hablar y que seguiremos comentando en próximos posts.

Modificaciones a la ley concursal:

El próximo día uno de enero entrará en vigor una modificación considerable de la ley concursal que, entre otras:

Reduce el tiempo y coste de los concursos con liquidación;
Modifica su articulado para potenciar, aún más, la continuidad empresarial (mejora la regulación de los planes de refinanciación, favorece la concesión de créditos con posterioridad al concurso, etc);
Aumenta la protección de los trabajadores de la concursada, y
Profesionaliza aún más la Administración concursal.

En opinión de este despacho, había muchas más reformas que realizar (como la del concurso de la persona física: ver nuestro post de 10 de junio pasado: ¿Y si el que no puede pagar no es empresario?), pero estamos en el buen camino para que el concurso de acreedores no sea únicamente la extremaunción de los concursados.

Medidas anti-crisis para las empresas

Gal.la Sanchez — Mon, 17 Oct 2011 10:44:00 GMT

Hace unos días tuve el placer de conocer a Josep González, Presidente de PIMEC (Pequeña y Mediana Empresa de Catalunya), a través de una charla que dio en el Colegio de Abogados de Barcelona, sobre cómo sostener el tejido empresarial.

En esta interesante exposición, destacó que tres son los problemas acuciantes a los que se están enfrentando las empresas: (i) la disminución en las ventas, (ii) el aumento de la morosidad, y (iii) la falta de financiación. En opinión del Presidente de PIMEC, de estos tres problemas, el más grave es el tercero por lo que –dice- “hay que pensar en clave de financiación”, y aconseja adoptar las siguientes medidas:

1. Llevar un control minucioso de la tesorería de la empresa (algo que –nos consta- muchas empresas no hacen…).

2. Buscar la financiación en un pull de recursos: Hasta ahora, cuando la empresa necesitaba financiarse acudía a su banco de confianza y pedía una póliza, que le era concedida sin demasiados problemas. Innecesario decirles que esto ya no es así. Ahora toca agudizar el ingenio y, además de pedir financiación a las entidades con las que solemos trabajar (les aconsejamos que operen siempre con más de un banco), hay que estudiar otras opciones:

entidades públicas financieras (créditos ICO, ICF, etc);

créditos participativos (públicos o privados);

aportaciones de socios. Si los socios retiran dividendos cuando la empresa va bien, deberían hacer aportaciones de capital cuando la empresa va mal… Desde el 3/12/2010, y como ya les decíamos en nuestro post de 08/02/2011,(http://www.estudi-juridic.com/BlogdeEstudiJurídic/tabid/41/articleType/ArticleView/articleId/24/language/es-ES/Resaca-legislativa-post-navidena-Una-de-cal-y-otra-de-arena.aspx) las ampliaciones de capital están exentas de pago del 1% de ITP-operaciones societarias.

Inversores capitalistas (Business angels). Si bien el empresario catalán es, por lo general, muy reacio a dar entrada a extraños en la empresa, es importante hacer un par de reflexiones: (i) los business angels entran en el accionariado por un tiempo determinado, regulándose su salida desde el principio, y (ii) más vale tener un pequeño porcentaje de una empresa saneada que el 100% de una empresa quebrada.

Mercado bursátil. Es una opción bastante alejada de la PIME actual, pero nunca se sabe…

3. Fusiones estratégicas y joint ventures: piense si mediante alianzas estratégicas con otras empresas españolas o extranjeras (incluso aquéllas que son competencia suya) pueden obtener ventajas competitivas, acceder a mercados hasta entonces inaccesibles, reducir costes, y, en definitiva, crear mutuas sinergias que beneficien a su empresa.

4. Exportaciones/comercio on-line: La venta de productos o servicios a otros países no afectados por la crisis pueden ser nuestra tabla de salvación. Las coaliciones estratégicas o joint ventures con empresas del país pueden sernos de gran ayuda. También puede serlo Internet: a través del comercio electrónico podemos vender a todo el mundo con un solo “click”. Los gobiernos y las cámaras de comercio están dando ayudas y subvenciones tanto para el comercio electrónico como para las ventas en el extranjero. El potencial de crecimiento a través de las exportaciones es enorme y no está suficientemente explotado.

Es hora de agudizar el ingenio… Lo que para unos es una crisis, para otros es una oportunidad de crecimiento.

En todas las opciones previstas es fundamental estar bien asesorado: el comercio electrónico tiene una amplia regulación que debe ser cumplimentada; es fundamental saber qué ley será la aplicable en caso de una venta en el extranjero y qué pros y contras nos reporta dicha legislación; ¿cómo conviene instrumentar un acuerdo de colaboración o joint venture con otra empresa?; ¿cómo asegurarnos la salida de un inversor capitalista? ¿qué tipo de control queremos que tenga sobre nuestra empresa?; ¿cómo acometer una fusión? (qué coste nos supone, podemos acogernos a ventajas fiscales); si los socios aportamos capital a la empresa, ¿qué cantidad y de qué forma debe acometerse?, ¿qué sucede si no aporto?… Nosotros podemos ayudarles a resolver todas estas dudas. Estamos, como siempre, a su disposición.

Reforma de la Ley de Sociedades de Capital y el nacimiento de Venus

Cristina de Canals — Fri, 09 Sep 2011 11:42:00 GMT

Hace sólo un añito, el 3 de julio de 2010, levantóse el todopoderoso Legislador con ganas de hacer limpieza en la faz del Derecho Societario. Desde su celestial trono exterminó, mediante retahíla de terremoto, glaciación y meteorito, algunos antidiluvianos dinosaurios del derecho mercantil: Ley de Sociedades Anónimas, de Limitadas, Título Décimo de la Ley del Mercado de Valores y la Sección que el Código de Comercio dedicaba a la Sociedad Comanditaria por Acciones. Creóse, tras tamaño cataclismo, una nueva especie: la Ley de Sociedades de Capital, que unificó tanta diversidad de normas de sociedades en una sola. Pero no podía el Legislador limitarse a hacer una nueva ley con vetustos retales de otras, como si fuera un Dr. Frankenstein de pacotilla, sino que, mediante el Real Decreto-Ley 13/2010, la dotó de algunos cambios de contenido con los que la nueva criatura debía de evolucionar, imparable, hacia la modernización del Derecho Societario (vid estos cambios iniciales en nuestro post http://www.estudi-juridic.com/BlogdeEstudiJurídic/tabid/41/articleType/ArticleView/articleId/24/language/es-ES/Resaca-legislativa-post-navidena-Una-de-cal-y-otra-de-arena.aspx).

Apenas transcurrió un año con sus días y sus noches cuando, el 1 de agosto de 2011, percatóse el Legislador de lo limitado de su engendro, que aún no colmaba sus ansias de desarrollo triunfal y sublime armonía jurídica. Como costilla de Adán, creó, a partir de aquél, la Ley 25/2011 de Reforma de la Ley de Sociedades de Capital, en la que, esta vez sí, implantó sin rubor cambios mayúsculos.

Ante los constantes e imprevisibles designios del Legislador, acuden hoy a nosotros, presa del desasosiego, esos simples mortales que son los empresarios, para consultar cómo afecta tal vorágine de cambios a su sociedad. Vamos, pues, a transmutarnos en sacerdotisas vestales para interpretar el sagrado oráculo, pero mejor nos dejamos de épica y vamos al grano. Pretende la Ley alcanzar 3 objetivos: Reducir costes, eliminar diferencias entre SA y SL e incorporar la Directiva 2007/36/CE sobre sociedades cotizadas, y para ello implanta diversas medidas, entre las cuales destacamos las siguientes:

Se unifica la convocatoria de la Junta General y del Consejo de Administración, que funcionará igual para SL y SA, permitiéndose utilizar la página web de la sociedad como instrumento de convocatoria para ahorrar costes en anuncios de BORME y periódicos.

Ciertas operaciones y acuerdos de modificación de los estatutos sociales de SA ya no tendrán que anunciarse en periódicos, si se publican en la página web de la empresa.

Como ven, se confía mucho en la web corporativa como instrumento para la publicidad de los actos societarios, por eso se refuerzan las formalidades para crearla (requiere acuerdo de Junta) y para suprimirla o trasladarla (se exige acuerdo del órgano de administración).

Se reducen costes para depositar cuentas anuales: Ya no hay que legitimar notarialmente las firmas de los administradores, y ya no se publicará en el BORME el listado de las sociedades que han depositado sus cuentas.
Se suprime la obligación de vender los inmuebles en subasta cuando liquidemos una SA.

Ya no se obliga a las SA a fijar en sus Estatutos un solo sistema de administración, ahora se permite establecer dos o más modalidades –igual que en la SL- de forma que la Junta podrá optar sucesivamente por el que prefiera sin tener que modificar los Estatutos cada vez, con el consiguiente ahorro que ello supone.

Se introduce un nuevo derecho del socio a separarse de la sociedad por falta de distribución de dividendos.

Se implantan también otras medidas de carácter técnico que no vamos a explicar para no aburrirles, si bien quedamos a su disposición para aclarar sus dudas y analizar si conviene modificar los Estatutos de su sociedad para aprovechar las ventajas de la nueva ley.

Así, como en su día emergió la Venus de Botticelli de una concha, empujada por el aire de dioses alados bajo una lluvia de flores, pretende esta Reforma alzarse majestuosa en el hasta ahora disperso Derecho de Sociedades y dotarlo de armonía y unidad … Vamos a ver si ya es la definitiva o el Legislador debe estrujarse más la sesera creativa para dar otra vuelta de tuerca a la evolución de la especie.

"Vacatio Blogis"

Cristina de Canals — Mon, 01 Aug 2011 10:54:00 GMT

“VACATIO BLOGIS”

Queridos lectores y suscriptores,

Para los abogados, y seguramente también para muchos de Udes., el mundo se acaba dos veces al año: en Navidad y en Julio. Cada año creemos que no vamos a sobrevivir a esta dual hecatombe, pero aquí estamos para contarlo.

Sí, hay vida tras el mes de Julio … se llama VACACIONES y ya las tenemos aquí. Por eso vamos a dar también un descanso a nuestro Blog y también a Udes: en Agosto les vamos a dejar que hagan pasatiempos en la playa y que lean novelas de crímenes de previsible final, edulcorados relatos de Barbara Cartland o incluso las apasionantes crónicas de la prensa deportiva sobre los torneos de verano.

Eso sí, recuperen fuerzas que en Septiembre volvemos con más posts para informarles sobre temas jurídicos de interés para la empresa.

Felices vacaciones y disfruten, que se lo han ganado!!!

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, los impagos de las administraciones públicas y las maneras de hacer las cosas

Marta Lagarda — Wed, 20 Jul 2011 10:30:00 GMT

Lento como un caracol, el Gobierno empieza a su ritmo y, con el acierto habitual, a dar un terroncito de azúcar a los sufridores de la crisis, esto es, a la ciudadanía de a pie y a las empresas. Esos sufridores a los que se supone que representan y para los que trabajan, con la paradoja que estos son los únicos que sufren las consecuencias de su pésima gestión.

Tanto los más como los menos -pero todos ellos- indignados con esos personajes que se pelean como críos mimados en el patio del colegio -sean del partido que sean- sufren en sus carnes o en las de sus allegados, conocidos y saludados, unos impagos escandalosos de las administraciones que se pasan por el forro la normativa de plazos de pago. ¿Quién está pagando aquí la mala gestión de quién?

A los otros sufridores les toca vivir la subasta de su vivienda a precio de la casa de Playmobil, con el consiguiente embargo, encima, de su congelado sueldo.

Una vez la situación es ya insostenible y tanto las empresas como los trabajadores son incapaces de defenderse ante los continuos abusos de los todopoderosos Administración Pública y Bancos, el Gobierno decide tirarles a estos últimos una piedrecita al cristal y poner cara de valiente.

Para acabar con los continuos y abusivos impagos de la Administración Local, el ICO instrumentará una línea financiera (nuestros clientes preguntan cuándo va a ser eso? para que las Entidades Locales den cumplimiento a sus obligaciones comerciales, previa instrucción de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (¿cuándo dice que va a ser?). O sea, que los Ayuntamientos paguen, de una vez, sus deudas a las pobres empresas que contrataron con ellos sin garantía de pago, eso sí, cuando la comisión de la comisión de la delegación se reúna, decida, escriba, lo pase a la comisión de la delegación….. Porque perdón si me meto donde no me llaman pero ¿sería mucho pedir que los bancos abrieran ni que fuera un poco el grifo para las empresas cuando son ellos los otros grandes culpables de la situación actual? ¿Esas empresas que llevan 20 años en el mercado no merecen ni que sea una pizca de confianza?

Por otra parte, y para intentar paliar el otro gran problema de las ejecuciones hipotecarias, se han establecido también ciertas medidas. Aunque, por desgracia, la gran mayoría de la población ya sabe cómo funciona, lo explico. Como en este país o tenías una vivienda en propiedad o no eras nadie, el pobre ciudadano (en adelante EPC) se dirigía a su banco (en adelante “la cosa nostra”) donde el director (el capofamiglia), con gran amabilidad, le invitaba a sentarse y le ofrecía un préstamo hipotecario con unas grandes condiciones y con un sobrante por si querían reformarla, comprarse un coche o lo que fuera necesario. La famiglia è la famiglia….

Todo va bien hasta que EPC no puede devolver el préstamo (la crisis ¿les suena?). El Capofamiglia empieza a llamar por teléfono a EPC, primero amable, y cada vez menos. Le recuerda que a la famiglia esto no se le hace y que, aunque él no quiere, si siguen los impagos, lo tendrá que trasladar a il Consigliere, que ya no será tan amable.

Il consoigliere manda una carta al EPC y le da quince días para ponerse al día. O
eso o deberán acudir al Don, -y eso usted no lo quiere, ¿verdad? EPC llama suplicante a il consigliere, le explica la situación, le pide un año de paciencia para recuperarse, incluso le ofrece el piso a cambio de la deuda…. Pero Il consigliere no escucha, -yo te dejé el dinero y quiero que me lo devuelvas ya.

Y EPC, que no paga porque no puede, y que como ha leído el post de Estudi Juridic del pasado 10 de junio “¿Y si el que no puede pagar no es empresario?” (http://www.estudi-juridic.com/BlogdeEstudiJur%C3%ADdic/tabid/41/articleType/ArticleView/articleId/12/language/es-ES/Y-si-el-que-no-puede-pagar-no-es-empresario.aspx) ya sabe que el concurso de acreedores de persona física no le sacará del problema, se sienta en su sofá y espera, todo es cuestión de tiempo. La cosa nostra no perdona. El Don da la orden impasible, inexorable. EPC recibe una demanda. EPC tiene fecha para la subasta de su casa. Y llega el día.

Una vez subastada la casa a un precio irrisorio y adquirida, la mayoría de las veces, por unos personajes llamados subasteros, la cosa nostra aún puede embargar el salario, pensiones y otros emolumentos que perciba EPC hasta llegar a cubrir el importe que le prestó. A la familia esto no se le hace….

Y aquí es donde a partir del Real Decreto Ley 8/2001, de 1 de julio, cambia un poco la historia. Hasta ahora la parte del salario inembargable mensualmente por la cosa nostra tras la subasta era el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es de 641,40 € para el año 2011. A partir de ahí, todo lo que excediera de ese SMI era embargable en un 30% (hasta 1.282,80 €), en un 50% (hasta 1.923,90 €) y así sucesivamente.

Pues bien, a partir de ayer, la cosa nostra no podrá embargar a EPC sino a partir del 150% del SMI (962,10 €), si vive solo, e incrementándose la parte inembargable un 30% adicional, por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos superiores a dicho SMI.

Además, según la nueva norma, el precio de la subasta del piso no podrá ser nunca inferior al 60% del valor de la tasación (tasación que, por cierto, hizo la cosa nostra, la misma que no se quiere quedar el piso porque no vale lo que dijo a EPC que valía).

La piedra en el cristal rebota. Un pequeño pico queda ahí. El Don lo mira y sigue con lo suyo.

Como decía Robert de Niro en “Casino”, “hay tres maneras de hacer las cosas: bien, mal y como las hago yo”.

Junta General y Cuentas anuales: ¿La misma canción de cada verano?

Cristina de Canals — Tue, 28 Jun 2011 09:58:00 GMT

“Cuando calienta el sol, allí en la playa”…empiezan los síntomas del verano: operación bikini con overbooking en el gimnasio y rugir de estómagos, guerra del aire acondicionado en oficinas y despachos y, por supuesto, la canción del verano, puntual a su cita con la canícula.

Pero antes de disfrutar de “La Barbacoa” y “El Chiringuito” la inmensa mayoría de las empresas españolas –las que cierran ejercicio a 31 de diciembre- suelen [...]

¿Y si el que no puede pagar no es empresario?

Marta Lagarda — Fri, 10 Jun 2011 11:37:00 GMT

Desde hace ya unos tres años recibo muchas llamadas preguntándome si el que no es empresario puede presentar concurso de acreedores (la quiebra de toda la vida). Normalmente lo que ganan al mes no les llega -por la crisis (¿les suena?)- para pagar la hipoteca, la tarjeta Visa, el descubierto en la cuenta corriente y los diez plazos que le quedan de la televisión de plasma adquirida en unos grandes almacenes justo antes del mundial. [...]

¡Sufre deudor, devuélveme mi IVA!

Cristina de Canals — Mon, 23 May 2011 08:45:00 GMT

Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor … Así se lamenta el empresario de hoy, y no es porque ella se fuera con un niño pijo con un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo, sino por razones más crematísticas: las facturas impagadas.

Llega un día en que Ud. ya no se cree más excusas, el otrora buen pagador pasa a moroso recalcitrante y ¿qué es lo que quiere Ud.? que él pague, no sólo la factura, sino por lo mal que lo está pasando Ud. por su culpa. Quemarle su jersey, destrozarle el coche o llenarle el cuello de polvos pica-pica son métodos que nunca vamos a recomendarle porque contradicen nuestro fair play y el que presuponemos a nuestros clientes. Preferimos explicarle un sistema con el que podrá, al menos, recuperar el IVA de las facturas impagadas.

Los pasos a seguir para recuperar el IVA de las facturas emitidas y no cobradas están previstos en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, y son los siguientes:

1º.- Reclamación al deudor por vía judicial o notarial

La reclamación judicial se realizará a través del procedimiento que corresponda según la cuantía de la deuda reclamada y del medio de pago convenido: ordinario, verbal, cambiario y monitorio. Destacables son las ventajas de éste último, pues puede usarse para reclamar deudas de hasta 250.000 € mediante un sencillo escrito de “petición” para el cual no se necesita abogado ni procurador (en el trámite posterior, según sea la reacción del deudor sí los va a necesitar, ¿acaso creía que se libraría de nosotros tan fácilmente?).
Para el requerimiento notarial basta con ir a la Notaria y efectuar un “acta de manifestaciones” plasmando los datos del deudor y adjuntando los documentos que acreditan la deuda. El Notario requerirá de pago al deudor en su domicilio.

Sabemos que Ud. lo pasa fatal cuando por el parque le ve pasar, que él le quitó lo que más quería y que Ud. quiere vengase de ese m….. moroso. Pero antes debe tener en cuenta si vale la pena incurrir en el coste de la reclamación judicial o notarial en función del IVA que quiera recuperar. Haga números, no vaya a ser que le salga más caro el relleno que el pavo.

2º.- Factura rectificativa

Transcurrido cierto plazo desde la fecha de la factura, cuando uno ya ha perdido la esperanza de que el cliente volverá conmigo, volverá algún día a pagar la deuda, debe Ud. expedir y enviar al destinatario una nueva factura donde se rectifique la cuota que se repercutió en la impagada.

El plazo es de 6 meses si es Ud. empresario o profesional y su volumen de operaciones no superó los 6.010.121,04 € durante el año natural inmediato anterior En el resto de casos es de 1 año. Esta es la regla general, que varía en algunos casos como el concurso de acreedores o si se ha pactado el pago fraccionado.

3º.- Comunicación a la Administración Tributaria

En el plazo de un mes desde la fecha de emisión de la factura rectificativa tiene que comunicar a su Delegación de Hacienda que se ha modificado la base imponible a la baja, aportando copia de las facturas rectificativas y de la reclamación judicial o notarial que Ud. instó.

Una vez practicada la reducción de la base imponible, no va a tener que modificarla de nuevo al alza si consigue cobrar total o parcialmente la deuda. Pero no todo el monte es orégano y hay casos en que Hacienda no admite esta rebaja de base imponible:

Si los créditos están garantizados, afianzados o asegurados (pues ya tiene Ud. quien le pague en defecto del deudor).
Si son créditos entre personas o entidades vinculadas (porque Ud. se lo guisa y Ud. se lo come, no cuelan los casos “Juan Palomo”).
Si el deudor está ubicado en el extranjero (porque la AEAT no está para irlo a buscar allende nuestra fronteras), Canarias, Ceuta o Melilla (porque allí no tienen IVA, no vamos a recuperar lo que no se ha devengado, elemental querido Watson).

Tenga presente también que si hay “reconciliación” -es decir, desiste Ud. de la reclamación judicial o llega a un acuerdo de cobro tras ésta o tras el requerimiento notarial- deberá modificar nuevamente la base imponible al alza emitiendo otra factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo.

4- Incluir la factura rectificativa en la próxima liquidación de IVA

Con ello Ud. recuperará de forma efectiva el importe del IVA que en su día soportó, el cliente moroso pasará a deber directamente ese IVA a Hacienda y Ud. podrá por fin gritar a pleno pulmón: “No te reirás nunca más de mí, lo siento nene vas a morir … Sufre deudor, devuélveme mi IVA!”

Supresión del Recurso Cameral...¿La tentación vive arriba?

Cristina de Canals — Mon, 02 May 2011 09:10:00 GMT

En nuestro post de 8/2/2011 titulado “Resaca Legislativa post-navideña, una de cal y otra de arena” les hablábamos del Real Decreto-Ley 13/2010, que regulaba diversas medidas liberalizadoras para fomentar la inversión. Entre ellas establecía que ser miembro de una Cámara de Comercio, Industria y Navegación, hasta entonces obligatorio, pasaba a ser voluntario. Por tanto, dejaba también de ser obligatorio el pago del “Recurso Cameral Permanente”, un impuesto que sirve para financiar a las Cámaras de Comercio y que todas las empresas y profesionales deben pagar en función de sus beneficios.

Ante tal fabulosa perspectiva, a muchos empresarios les pasó como a Tom Ewell al ver revolotear las faldas de su despampanante vecinita Marilyn Monroe en “La tentación vive arriba”. En especial a las miles de pymes a quienes les sale del alma tener que pagar esta tasa cuando no se sienten representadas por las Cámaras de Comercio ni utilizan sus servicios, porque ni exportan, ni se dedican a la innovación y tecnología, ni entra en sus planes la internacionalización.

Pero la sonrisa se convirtió en rictus y la “ola” se les quedó a medio hacer cuando, ya en 2011, empezaron a recibir notificaciones en que la Cámara les llamaba de nuevo a “pasar por caja”… vaya, que el aire del conducto de ventilación levantó tanto la falda que vieron que la idolatrada norma tenía celulitis!!!

Y es que a las leyes siempre hay que levantarles bien las faldas, para ver si debajo se esconde algún regalito de dudoso gusto, pues una cosa es lo que dice el Artículo 4 del Real Decreto-Ley (afiliación voluntaria, ya no hay que pagar si no se quiere … todo estupendo) y otra, la Disposición Transitoria 1ª, que establece un periodo de adaptación, tan mal redactado que tuvo que ser la Dirección General de Tributos quien lo interpretara en un informe del pasado 7/03/2011:

Año 2011: todas las empresas están obligadas a pagar el recurso cameral correspondiente al ejercicio 2009 y el IAE del ejercicio 2010, sea cual sea su cifra de negocio.

Año 2012: sólo las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocio sea igual o superior a 10 millones de Euros estarán obligadas al pago del recurso cameral correspondiente al ejercicio 2010.

Año 2013: desaparecerá -por fin- el recurso cameral para todas las empresas.

Así que durante un tiempo nuestros esforzados empresarios, profesionales y autónomos tendrán que seguir imaginando que pronto dejarán de pagar el recurso cameral.

Mientras tanto pueden usar la frase del protagonista de la película, cuando soñaba que Marilyn le haría caso algún día: “Hay tipos con los pies planos, otros tienen caspa, yo tengo imaginación”.

El "Dev", otra obligación para vehículos de empresa: Atención amigo conductor

Cristina de Canals — Tue, 19 Apr 2011 10:01:00 GMT

… la senda es peligrosa”. En efecto, lo es, pero ya no sólo por los riesgos que entraña la conducción veloz y temeraria, sino también por salir al asfalto sin haber cumplimentado las cargas formales que la normativa impone a quienes tienen coche, moto o similar. La última de ellas, la “DEV” (Dirección Electrónica Vial): una dirección de correo electrónico que actúa como “domicilio virtual” único en el cual el suscriptor recibirá las notificaciones y comunicaciones oficiales de tráfico que le envíe la DGT (entre ellas las MULTAS).

Pese a que entró en vigor el pasado 25 de noviembre de 2010, la inmensa mayoría de empresas no sabe que el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (“Ley de Seguridad Vial” para los amigos) les obliga a obtener una DEV. Otros, que dicen conocer la obligación, confiesan no cumplirla porque les parece complicadísimo. No se preocupen, que venimos al rescate de unos y otros.

Deben tramitar su DEV todas las empresas y personas jurídicas que sean titulares de vehículos –es decir, que los tengan matriculados a su nombre- por haberlos adquirido mediante compra o leasing, aunque solamente estén parcialmente afectos a su actividad.

¿Y el renting? La Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre obliga a las empresas de renting a comunicar a la DGT la DEV de sus arrendatarios. Eso significa que las empresas que utilicen el renting para contratar vehículos de empresa deben, a su vez, comunicar su correspondiente DEV a la empresa arrendadora. Si bien para los contratos que ya están en vigor no es obligatoria la comunicación del DEV, es imprescindible obtener esta dirección virtual si se pretende continuar utilizando el renting en el futuro, pues será requisito indispensable para formalizar el contrato.

A través de la página de la DGT (www.dgt.es) se puede tramitar la DEV, pero tenga en cuenta que es necesario que su empresa tenga certificado digital, para cuya obtención puede consultar la web www.fnmt.es.

Una vez confirmado el alta, su correo electrónico será la vía de comunicación entre su empresa, la DGT y las demás administraciones para temas de Tráfico. Cuando la empresa sea sancionada por infracciones de tráfico cometidas por su flota de vehículos y en caso de requerimiento para identificación del conductor, las notificaciones se remitirán al correo electrónico designado como DEV.

La Ley de Seguridad Vial obliga a las empresas a tener la DEV desde el 25/11/2010 y contravenir esta obligación se considera infracción leve, que se sanciona con multa de hasta 100 €. Pero lo más divertido es que los Ayuntamientos con competencia en materia de tráfico tienen de plazo hasta mayo de 2012 para instalar este sistema, de modo que se obliga a las empresas a que pasen inmediatamente por el aro de las notificaciones telemáticas, cuando el ente sancionador tiene 2 años de bula para adaptarse!!! Así pues, no se extrañe si su empresa, aunque tenga activada su DEV, sigue recibiendo por correo postal las multas y demás notificaciones que le manden los Ayuntamientos “rezagados”.

A partir de mayo de 2012 solamente se podrá notificar a través de DEV y si su empresa no la ha tramitado, no la tiene operativa o no es posible notificarle por cualquier razón, no se ocurra ir a mirar en los Boletines Oficiales de la provincia, que esto ya está “demodé”. La notificación se practicará en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) -que también es virtual y está en la web de la DGT (www.dgt.es)- y si Ud. no se entera, el procedimiento seguirá su curso, con los intereses de demora y recargos correspondientes.

Así pues, “precaución, amigo conductor, tu enemigo es la velocidad” y desde mayo de 2010 –aunque no lo sepas- también la burocracia virtual. No permita que le pillen “in fraganti” y tramite ya la DEV de su empresa si no quiere enterarse de las multas cuando le embarguen las cuentas del banco.

La caída de Nueva Rumasa

Marta Lagarda — Wed, 06 Apr 2011 09:26:00 GMT

Estos días las noticias y los foros de derecho concursal no paran de informar acerca del concurso de acreedores de Nueva Rumasa (o Nueva RUINASA como he visto en alguna parte). A toro pasado muchos son los listillos que se jactan con un “ya te lo decía yo”, pero ninguna institución previno a los miles de ciudadanos que se dejaron llevar por unos jugosos intereses, mientras los bancos no les daban ni los buenos días.

En unos tiempos en los que triunfa la ciencia del neuromárqueting donde -en palabras de una profana en la materia- ante según que estímulos (visuales, auditivos, etc.), se busca que al consumidor se le desactive la parte del cerebro de toma de decisiones racional y sea sustituida en milésimas de segundo por un “¡¡lo quiero ya!!”, los avispados publicistas de Nueva Rumasa acertaron de lleno en sus anuncios en los diversos medios.

Frases como “una sólida oportunidad de inversión”, “inversión RENTABLE y SEGURA”, o “rentabilidad GARANTIZADA” pusieron los dientes largos a todos aquellos que, a pesar de la crisis, habían reunido algunos ahorros, desactivándoseles al instante las alarmas que debían haber saltado, entre otras, por el batacazo de la antigua Ruinasa, por las (presuntas) ganas que les tienen todavía a los Ruiz Mateos algunos mandamases de la banca, por los excesivos intereses prometidos (un minuto de silencio para el fórum Filatélico y el Sr. Madoff entre otros) y activándoseles el ¡¡un 10 por ciento!!

Y ya son 12 las empresas de Ruiz Mateos (o, como algunos le llaman, Ruin Mateos) que se encuentran en concurso de acreedores. La cosa no pinta muy bien. De momento, todos aquellos afectados deben comunicar y justificar su crédito a los Juzgados donde se conocen cada uno de los concursos en los que estén afectados y ya se verá. Es todavía temprano para ver por dónde irán los tiros. Si las concursadas conseguirán un acuerdo con sus acreedores para poder continuar con su actividad o si asistiremos a la caída del segundo imperio “Ruinasiano”. Está por ver también el resultado del alud de querellas criminales que parece que recibirán.

Ojalá llegue el día en que los acreedores puedan plantarse ante el Sr. Ruiz Mateos al grito de “Ave Ruizma, los que van a cobrar te saludan!”, pero por ahora se avecina una dura batalla en el circo judicial … “Alea jacta est!”

Entrega de piso al banco para saldar hipoteca, ¿Podemos pasarle el muerto?

Cristina de Canals — Tue, 15 Mar 2011 09:13:00 GMT

Últimamente bajan revueltas las aguas jurisprudenciales en cuanto a ejecuciones hipotecarias se refiere… sí, ese procedimiento en que el banco te demanda porque no puedes pagarle a tiempo las cuotas del préstamo y embarga implacable cuantos bienes -tuyos y de tus avalistas- encuentra a su paso para resarcirse. Es la pesadilla que atormenta a los empresarios del sector inmobiliario y de la promoción, a ellos les dedicamos este post.

Palidecen nuestros clientes del gremio cuando les explicamos que no basta con ir al banco y entregar las llaves de la promoción para librarse de la deuda. Y es que esto no es Estados Unidos, donde existe Disneylandia y un sistema hipotecario en que deudor puede entregar el inmueble al acreedor y las deudas ocasionadas por el préstamo se cancelan, como si un hada madrina posara su varita mágica sobre la hipoteca y la hiciera desaparecer por siempre jamás.

Aquí la magia se limita a conejos que salen de chisteras pero no ha llegado aún a los estrados: si el deudor no paga ve ejecutados los inmuebles hipotecados, que se subastan; pero además, si lo obtenido con la subasta es insuficiente para saldar la deuda, el banco podrá perseguir indefinidamente todos los bienes presentes y futuros del deudor y de sus avalistas, hasta que logre cobrar todas las cantidades pendientes.

Pero frente a esta apabullante teoría, hasta ahora imperante y por nadie discutida, han empezado a alzarse voces discordantes que la consideran abusiva (p.e. sentencias de la Sección Segunda y Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, Auto del Juzgado de 1ª Instancia 44 de Barcelona). Con un ejemplo fácil, les cuento en qué consisten:

Situémonos algunos años atrás, cuando atábamos los perros con longanizas: promotor pide a banco 600.000 € y firman una la escritura de préstamo hipotecario sobre un inmueble que se tasa a efectos de subasta en 800.000 €, tasación que el banco, obviamente acepta.

Años después, los perros ya están raquíticos, la crisis arrecia, y el promotor no puede pagar y le faltan aún 300.000 € para liquidar. El banco interpone un juicio hipotecario y se los reclama.

El procedimiento hipotecario sigue su curso y el inmueble sale a subasta. Como el horno no está para bollos, no hay postores, así que el bien se adjudica al banco por el 50% de su valor de tasación: 400.000 € (valor de “remate”). Maldita la gracia le hace al banco, pues se carga con otro inmueble más en su stock y no recibe ni un euro de los 300.000 € que reclamó al promotor. Por eso pide al juez que la ejecución continúe y no cese de embargar bienes del promotor hasta cobrar el último céntimo.

Un juez “de la vieja escuela” hubiera aplicado la teoría tradicional y aceptado la petición del banco. Pero, ¡topó con un juez “antisistema”!: se desestima la pretensión de seguir ejecutando porque, si el banco aceptó en su día una tasación a efectos de subasta que valoró el inmueble en 800.000 €, no vale decir ahora, cuando se hace la subasta y él mismo se lo queda, que en verdad vale menos (400.000 €) y que quiere cobrar los 200.000 € que el promotor aún le debe. ¡Ni hablar! Dicen estas sentencias que el banco ha visto cobrado su crédito mediante la adjudicación de la finca y, aunque se le adjudique por la cifra ficticia de “remate” (400.000 €), en el patrimonio del banco el bien no entra por ese valor, sino por el real de mercado que son los 800.000 € de la tasación que el propio banco aceptó por si algún día había que subastarlo. Por tanto, el banco, al quedarse el inmueble, se ha cobrado de sobras los 300.000 € que el promotor le debía.

Parece que se hizo la luz (o más bien la lucecita, pero la brecha ya está abierta). Que cunda el ejemplo de los “magistrados antisistema” y se impida que los bancos chupen hasta la última gota de sangre de quien en su día fue su “distinguido cliente”, más aún cuando la crisis la sufrimos todos, en gran parte por su culpa … Que siga la revolución, porque una gota junto a otra hace oleaje y éste mares y océanos!!

Feria Abogacía Febrero 2011

Marta Lagarda — Mon, 21 Feb 2011 09:31:00 GMT

Los pasados 2, 3 y 4 de febrero, la plana mayor de Estudi Juridic participamos en la “Primera Fira de l’Advocacia Europea i de l’Arc Mediterrani” donde despachos de abogados de distintos Países debatimos sobre asuntos jurídicos, asistimos a conferencias y compartimos experiencias.

Los temas estrella fueron las vicisitudes de los despachos de abogados con clientes en diferentes países, el abogado 2.0 y la relación amor-odio con las redes sociales profesionales y un sinfín de temas que nos interesan a los abogados del Siglo XXI que, además, también somos empresarios del Siglo XXI.

Pudimos también relacionarnos con nuestros homólogos de otros fueros, compartimos experiencias, tanto legales como empresariales y, cómo no, nos echamos unas risas de alguna que otra anécdota de algún cliente “despistao” (no, de usted no, de otros). En efecto, los abogados también tenemos anécdotas y contamos chistes de “nuestras cosas”. ¡Y nos reímos una barbaridad! Supongo, claro, que cuando uno comparte profesión, hace que los que estén en el mundillo se partan de la risa con el chistecito y el resto piensen (vaya fricky! ¿Y qué gracia tiene esto?). Así que, para evitar adjetivos de este tipo, guardaremos los chistes para mejor ocasión.

Retomando el hilo de la Fira de l’Advocacia, que me pierdo, fue una experiencia muy enriquecedora en todos los aspectos. Pudimos practicar todas estas actividades tan de moda (sobretodo si se escriben en inglés) como el “speed networking” (donde el tema consiste en intercambiar tarjetas a destajo, intentando, en dos minutos i en el idioma que se preste con cada interlocutor, hacerle ver al abogado que tienes delante y que trabaja en no se qué país que tú y solo tú, eres el despacho con el que ne-ce-si-ta colaborar si sus clientes son empresas y tienen asuntos en España) o el “sms zone” (que consiste en mandar un sms tipo anuncio de la sección de contactos, para contactar con despachos de abogados con los que tengas interés en colaborar).

Queremos desde estas líneas felicitar al Colegio de Abogados de Barcelona por la tarea de organizar tan interesante evento. Pasando por alto que se les olvidó avisarnos que un par de despachos daneses y alemanes vendrían a visitarnos el viernes a primera hora de la mañana y que el subidón de adrenalina fue de órdago, debemos reconocer que la experiencia fue un éxito y que crecimos un poco más como abogadas, empresarias y, valga la redundancia, como abogadas de empresas.

Resaca legislativa post-navideña: Una de cal y otra de arena

Gal.la Sanchez — Tue, 08 Feb 2011 09:50:00 GMT

Ahora que las fiestas navideñas pertenecen a un pasado que nos parece lejano y que hemos vuelto a la normalidad, es momento de hacer balance de lo que nos han traído los Reyes. Y una no puede más que sentir una gran desazón.

LA CARA:

Por un lado, y como ya comentábamos en nuestro último post de 23/12/2010, tenemos las “medidas anticrisis” del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, destacando las siguientes:

De naturaleza tributaria: tanto en el Impuesto sobre sociedades (ampliando el umbral del régimen especial de las entidades de reducida dimensión; aumentando el importe hasta el cual la base imponible se grava al tipo reducido del 25%; y dando más libertad de amortización para inversiones nuevas del activo fijo afectas a actividades económicas), como en el ITP-AJD (quedando exentas las operaciones dirigidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas).

Eliminando el recurso cameral permanente o pago, obligatorio hasta la fecha, a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

Agilizando la constitución de sociedades (o eso dicen) para que los trámites de constitución de una S.L. pueda hacerse “en un plazo máximo de uno o cinco días” (si no lo veo, no me lo creo…). Y en este punto me remito a nuestro post anterior de 23/12/2010.

Reducción de obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos (que no en el BORME, que ese dinero va para el Estado y no está el horno para bollos…). Así, por ejemplo, se prevé la publicación de anuncios en la página web de la Sociedad en sustitución de un diario. Hagan números porque probablemente les salga a cuenta crear una página web.

LA CRUZ (y qué cruz!!):

La otra cara de la moneda, la tiene la nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde el pasado 23 de diciembre entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal, que introduce como novedad los supuestos en que las personas jurídicas (léanse, las empresas) serán penalmente responsables. Obviamente la empresa no podrá ir a prisión, pero sí que podrá ser multada, inhabilitada, intervenida o, incluso, disuelta.

La empresa, como ente, será responsable por los delitos cometidos tanto por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho, como por quienes están sometidos a la autoridad de los administradores cuando no se haya ejercido sobre ellos el debido control, siempre que actúen en nombre o por cuenta de la empresa y en provecho de ésta, y que el delito se cometa en el ejercicio de las actividades sociales. En otras palabras, ahora las empresas podrán ser condenadas tanto por un defectuoso management de los riesgos que derivan de su actividad, como por una falta de dominio de la organización e incumplimiento de los deberes de vigilancia. Es el nuevo status de EMPRESA-POLICIA. La verdad es que el empresario va pareciéndose cada día más a un hombre orquesta…

Es importante remarcar que esta responsabilidad penal a la empresa será exigible con independencia de la responsabilidad penal concreta que corresponda a las personas físicas que hayan cometido el delito o a los administradores que no hayan ejercido el debido control, y que será exigible a la empresa aún en los casos en los que no pueda individualizarse la persona concreta responsable o no se pueda dirigir procesamiento contra ella. El peligro puede surgir si al centrar la mirada en las empresas, los individuos que las manejan se vayan de rositas…

Sirva este post como una mera aproximación de lo que se nos avecina, que, seguro, dará mucho que hablar y sobre lo que trataremos en próximos post.

Qué quieren que les diga, yo, si lo llego a saber, hubiese pedido “muerte”.

Medidas para fomentar el empleo y la inversión (Si lo sé, pido carbón!)

Marta Lagarda — Thu, 23 Dec 2010 10:50:00 GMT

Con un poco de antelación a los regalos de Navidad, el pasado día 3 de diciembre entró en vigor el “Real Decreto Ley 13/2010 de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo” que, traducido al lenguaje común de los mortales, significaría algo así como “que parezca que hacemos algo para paliar la crisis y, si es con “moderneces”, mejor”

Este Real Decreto Ley (RDL) introduce, entre otras, una serie de medidas relativas a la constitución de sociedades por vía electrónica y otras modificaciones relativas al ITP/AJD y a los gastos de constitución y capitalización de las sociedades mercantiles.

Efectivamente, desde el pasado 3 de diciembre están exentas del pago de ITP/AJD la constitución de sociedades mercantiles, los aumentos de capital, las aportaciones de socios que no supongan aumento de capital (p.e. aportaciones directas de los socios para compensar pérdidas) o el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.

Ante la inutilidad del gobierno para controlar el alto índice de paro con medidas eficaces, su brillante reflexión es: “que los desempleados creen empresas y así éstos crearán el empleo, que a mi no me sale” (listos, eh?). Para incentivar dicha creación de empresas, las sociedades con un capital social inferior a 30.000 euros y cuyos socios sean todos personas físicas estarán también exentos del pago de las tasas por la publicación de la inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Por otra parte, el Real Decreto-Ley ha fijado unos precios de “outlet” para la Notaría y Registro Mercantil cuando se constituyan sociedades por vía telemática. Notarios y registradores cabe decir que están encantados con las medidas.

La idea, en general y así a bote pronto, no parece mala. Lástima que estos nuevos emprendedores, para poner en funcionamiento la sociedad necesiten una inversión de un dinero que no tienen y además, el entorno tampoco es muy halagüeño: los bancos no les concederán liquidez, cobrarán de las administraciones públicas a 300 días (si cobran), cualquier día se quedarán enganchados en los concursos de acreedores de sus clientes sin recuperar un euro y que al final, cuando tengan que cerrar la sociedad, les costará lo que tienen y lo que no. Y mientras tanto, a crear empleo! Si no fuera por eso, la idea estaría muy, pero que muy bien… lástima!

Algo realmente novedoso de este RDL es que abre la posibilidad de sustituir la publicidad de determinadas operaciones societarias que hasta ahora debía hacerse en un diario de gran circulación de la provincia, por un anuncio en la página web de la sociedad. Y estaba yo bastante contenta, la verdad, pensando que al menos en algo empezábamos a avanzar (anuncios en web, trámites telemáticos…) cuando me he topado con la triste realidad de este, nuestro país. En la web del CIRCE (MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO) consta textualmente:

“Desde la Dirección General de Política de la Pyme actualmente se está trabajando junto con cada una de las administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas en la adaptación del sistema de tramitación telemática a estas nuevas medidas, mientras se finalizan las tareas de adaptación de la aplicación se ruega disculpen las molestias ocasionadas”.
Traduzco: “El Real Decreto nos ha quedado monísimo, pero de aquí a que funcione va un buen rato. Confiamos que con el pack que nos hemos comprado “aprenda informática en 48 horas” esto acabará funcionando. De momento la culpa es de las Comunidades Autónomas”.

… Y me he acordado de un chiste que ilustra el nivel de competencia tecnológica que sufriremos:

Encargado: No logro encontrar el simbolito para abrir el Word.

Técnico de Servicio: Mire en el escritorio... ¿qué tiene ahí?

Encargado: Muchos papeles y mi bolso.

En fin, que en vez de traernos las soluciones que tanto ansiábamos, nos han dejado un regalito de navidad que antes de usarlo ya no funciona … Otra vez, pedimos carbón.

Que pasen FELICES FIESTAS y hasta el año que viene!!!!!!

Efectos prácticos de la ley de medidas contra la morosidad... otro invento del TBO.

Cristina de Canals — Thu, 18 Nov 2010 11:03:00 GMT

Los del TBO eran inventos estrafalarios y a veces sumamente complejos, que tenían una finalidad banal o directamente inútil. Por eso, el profesor Franz de Copenhague se habría enorgullecido en presentar, junto al “Dispositivo para hacer vino con zapatos viejos”, a los “Melones cuadrados” o al “Arilugio anti-pelos en la sopa” … la más absurda idea de los últimos tiempos: la “Ley 15/2010 de lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales”.

Al publicarse esta Ley se proclamó a los cuatro vientos que con ella se protegía a los proveedores frente a las grandes empresas y Administraciones Públicas, lo que se pretendía lograr mediante la nulidad de los pactos que amplíen los términos de pago más allá de los plazos máximos fijados por la norma.

Si bien el “Procedimiento para descargar mercancías con jirafa” podía ser utilísimo sobre el papel, no tuvo en cuenta el Profesor Franz de Copenhague que aquí las jirafas no abundan y por eso falló el invento. Lo mismo le pasó al legislador con la cláusula de nulidad, pues olvidó salir a la calle a conocer la realidad del tráfico mercantil: en el mundo real el modelo de negocio de muchas empresas (en especial las grandes y las multinacionales) se basa en plazos de pago que superan de largo, tanto los que la Ley fija como definitivos (60 días), como los previstos para los períodos transitorios (85 y 75 días para los años 2011 y 2012, respectivamente). Pero lo que clama al cielo es que el legislador ni siquiera se molestara en conocer como las gastan en su propia casa, pues el campeón de la morosidad en España es la Administración Pública: su promedio de pago real es de 200 días y la Ley pretende que pague ahora en 55 e ir recortando este plazo hasta que acabe pagando en 30 en 2013 … hay que haber visto muchas películas de Disney para creer que esta norma será el hada madrina que transformará, por arte de birlibirloque, al cliente sapo-abusón en diligente y puntualísimo pagador príncipe.

Lo que sucede en la práctica es que los proveedores que pretenden trabajar para dichas empresas y Administraciones se ven obligados a acatar los dilatados plazos de pago que éstas les imponen como si fueran lentejas (“o las tomas o las dejas”). Ello se debe a que el flamante invento de la nulidad prevista en la Ley es tan útil como “El sombrero-jaula” o “Los huevos con cáscara de cristal” creados por el Profesor Franz de Copenhague. La Ley define cualquier pacto que amplíe los plazos de pago más allá de los máximos legales como cláusula abusiva. Eso significa que el pacto sólo será nulo si la cláusula se considera abusiva para el acreedor –y, sinceramente, es más fácil que nos toque el Gordo de Navidad- porque:

El acreedor tendrá que instar un procedimiento judicial –con sus costes inherentes- y demostrar el abuso ante un Juez, quien decidirá si el pacto es nulo o no.

¿Qué proveedor, una vez aceptadas las condiciones de pago, iniciará acciones judiciales para solicitar la nulidad de los vencimientos de pago acordados? Y si lo hace, ¿no interpretará el Juez que eso es ir contra sus propios actos?

¿Entenderá el Juez que ese pacto es realmente un abuso o considerará que son reglas de libre mercado?

El único atisbo de practicidad que nos brinda esta Ley es que, si tras todo este periplo el Juez falla a favor del acreedor, éste tendrá derecho a exigir los intereses que establece la Ley en vez de los que pactó con su cliente… valoren Udes. si les sale a cuenta utilizar este fabuloso invento para matar moscas a cañonazos.

El concurso de acreedores y la UCI

Marta Lagarda — Thu, 04 Nov 2010 11:16:00 GMT

Hace ya años que observo que los empresarios con SUS PYMES esperan a estar en la UCI para asesorarse sobre que hacer con su empresa, que no puede satisfacer sus deudas.

La cosa empieza en el último año, año y medio. Una vez empiezan a tener las primeras molestias (deudas por pagar y algún que otro impagado) meten mano a SU cuenta corriente y lo inyectan en SU empresa. “-Ya se arreglará”. Una vez ese dinero se ha esfumado sin el resultado esperado (es que estamos en crisis, ¿saben?), ya empiezan a sentirse peor; esas molestias no cesan y parece que van en aumento. Acuden al calcetín y lo vacían en las arcas de SU compañía. Una agujero tapado por aquí y otro por allá y vuevlen a estar en las mismas. “-Vaya, no me encuentro bien”. Se van a SU banco (donde siempre lo han arreglado todo con SU amigo, el director) y vaya por donde, les piden garantías para ese préstamo que les sacará de la situación. Ahora ya se encuentran realmente mal y se van a la farmacia y compran todo lo que les ha dicho la vecina del tercero. Ellos, seguros de que SU empresa saldrá de esta, garantizan el préstamo con sus bienes, los de su esposa, los de su hija, los de su suegra… …

Y los impagados siguen y no pueden pagar el préstamo. Y su amigo del alma (aquel director de SU oficina) parece que no lo era tanto y les comenta que lo siente mucho pero que ha hablado “con los de arriba” y que si no pagan el próximo vencimiento les ejecutarán.

Ah, y ahí si, ahí buscan al abogado. O al mago. O al semidiós que les encontrará una solución milagrosa para salvar SU empresa.

Y cada vez que estoy en la misma situación un déjà vu me embarga. Demasiados empresarios que entran por la puerta de Estudi Jurídic entran en la UCI y claro, la enfermedad ya está muy avanzada y poco se podrá hacer. Alguno, muy pocos, sobrevivirán. Del resto, solo podremos certificar su defunción.

Y es que una ya no pide que cuando esos empresarios tengan alguna pequeña molestia vayan al médico, pero cuando la molestia es constante y se está enfermo, hay que acudir al médico, que él sí que sabe lo que hay que hacer y no automedicarse compulsivamente hasta quedar a las puertas de la muerte y en el último aliento pensar –“quizás debería ir a ver a un abogado”.

Nueva incorporación a EJ

Cristina de Canals — Mon, 25 Oct 2010 11:50:00 GMT

Apreciados lectores y suscriptores,

Con su permiso, hoy no les vamos a hablar de leyes ni les vamos a dar consejos jurídicos. No obstante, sí les traemos novedades que, en esta ocasión, nos atañen directamente.

Algunos de Udes. ya saben de qué se trata, pero como la semana pasada, justo cuando íbamos a publicar esta entrada, Zapatero comunicó el cambio de Ministros, decidimos posponer nuestro anuncio, para no restarle protagonismo.

Y es que queremos comunicarles la incorporación a nuestro equipo de MARTA LAGARDA RUIZ, abogada especialista en concurso de acreedores, insolvencias y reestructuraciones empresariales, quien se ha unido recientemente a nuestro equipo. Con esta incorporación complementamos nuestros servicios para ofrecer soluciones eficaces, ya sea para empresas que atraviesan dificultades, o bien para aquéllas que necesitan diseñar e implementar un cambio estratégico para adaptarse con éxito al entorno económico actual.

Estamos seguros de que esta alianza supondrá una mejora cualitativa, con la que pretendemos seguir siendo merecedores de la confianza que nuestros clientes nos vienen brindando desde hace ya 15 años.

Pronto tendrán ocasión de leer los posts de Marta Lagarda en este Blog, que seguro serán de gran interés y de los que podrán extraer consejos útiles para la acertada dirección de su negocio.

Marta, bienvenida a EJ y bienvenida al Blog!

Reforma del código penal: "Crimen y castigo" para la empresa

Cristina de Canals — Tue, 12 Oct 2010 11:54:00 GMT

En "Crimen y Castigo", Dostoievski cuenta el drama psicológico de Raskolnikov, un estudiante que apenas tiene para sobrevivir, al sentirse acosado por el comisario Razumikhin, que le persigue por el asesinato de una vieja usurera despiadada. Si han leído la novela, sabrán que el título se refiere al crimen que comete Raskolnikov y a su castigo interno y personal basado en su lucha interior, pues comete el asesinato creyendo que posee suficiente fuerza mental como para soportarlo, pero la paranoia y la culpa le devoran durante más de 500 páginas. Sólo en el epílogo su castigo es formal, cuando finalmente confiesa y es deportado a Siberia.

Si Raskolnikov hubiera sido una empresa en vez de un simple mortal, otro gallo le hubiera cantado, porque la sociedad como tal ningún remordimiento habría sufrido y, desde luego, Siberia no ha habría visto ni en pintura. Ello se debe al principio "societas delinquere non potest", según el cual las personas jurídicas no pueden cometer delitos, ergo no se las puede condenar. Pero esta impunidad va a terminar muy pronto.

Así es, el próximo 23 de diciembre de 2010 entrará en vigor la Ley Orgánica 5/2010 de Reforma del Código Penal. El artículo 31 bis prevé que las personas jurídicas respondan penalmente por los delitos que cometan no sólo sus administradores y directivos, sino también cualquier persona que esté sometida a la autoridad de éstos. Se pretende con ello combatir de manera más eficaz el fraude y la corrupción en las organizaciones. Reescribamos pues, en base a esto, la novela de Dostoievski:

EL CULPABLE: además de la persona física que cometa en sí el delito, existirá también culpa de Raskolnikov, S.L., que será responsable incluso cuando la concreta persona física autora del ilícito no se haya podido identificar, haya fallecido o haya huido de la justicia.

El CRIMEN de Raskolnikov, S.L. ya no será dar muerte a ancianas avaras, su "target" delictivo se centrará en los delitos de estafa, cohecho, cohecho privado, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, contra el medio ambiente, urbanísticos o contra los derechos de los trabajadores.

Y EL CASTIGO abarca desde las multas hasta la disolución de la empresa, la suspensión de sus actividades hasta 5 años, la clausura de sus locales y establecimientos, su intervención judicial mediante el nombramiento de un administrador externo, la prohibición para contratar con la Administración, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. … vaya, una deportación a Siberia en versión corporativa.

El protagonista de Dostoievski acabó confesando su crimen, por eso su condena fue más llevadera y no murió en Siberia, sólo expió allí su culpa. Lo mismo puede pasarle a Raskolnikov S.L., pues no todo iba a ser fatalidad: a fin de evitar o mitigar tan seria responsabilidad penal, el artículo 31 bis contempla diferentes actuaciones que la empresa y sus representantes pueden llevar a cabo y que pueden actuar como EXIMENTES O ATENUANTES: la confesión, la colaboración en la investigación, la reparación del daño … y la más destacable: la implantación de un PROTOCOLO DE CONTROL INTERNO para asegurar que existen sistemas destinados a prevenir la comisión de delitos y a atenuar su impacto si se producen.

Una vez que haya entrado en vigor el nuevo Código Penal, será vital para mitigar la responsabilidad de las empresas el poder demostrar que han implantado, voluntariamente, un sistema de autorregulación para poner en acción sus valores éticos, atajar conductas indeseadas de sus directivos y empleados, establecer controles en sus procesos de negocio y, además, comprobar mediante auditorías independientes su eficacia y efectividad.

Debemos insistirles en que no se queden parados ante una situación de tanto riesgo, no caigan en el error de pensar que su empresa estará por siempre libre de pecado (tampoco Raskolnikov pensaba en matar a la vieja y acabó en Siberia). Sean previsores y hagan los deberes: diseñen e instauren su propio PROTOCOLO DE CONTROL para poder demostrar, llegado el caso, que su empresa ha hecho todo lo posible para evitar que en el seno de su organización exista "Crimen y Castigo".

Sobrevivir a la huelga del 29-S

Marta Lagarda — Mon, 27 Sep 2010 09:39:00 GMT

Que el miércoles hay convocada una huelga general es un hecho irrefutable, el seguimiento que va a tener es una incógnita y las dudas que asaltan al empresario sobre cómo actuar en estas situaciones tan excepcionales pueden ser una auténtica penitencia.

Para que consigan salir airosos del desafío y evitar que la huelga general sea un foco de polémica, roces y problemas en su empresa, vamos a intentar aclarar a continuación algunos puntos clave:

¿Dónde se regula el derecho de huelga? La Constitución recoge el derecho fundamental a la huelga pero se remite a la ley para que lo desarrolle. Lo curioso es que, en los 31 años de democracia, nadie ha osado promulgar dicha ley, así que a día de hoy no existe una "Ley de Huelga". Así que, ni cortos ni perezosos, estamos utilizando una ley franquista para que regule un derecho constitucional … ¿qué les parece? Para suavizar tamaña chapuza, el Tribunal Constitucional ha ido interpretando con los años esta ley de yugo y flechas para tunearla democráticamente.

¿Quién "hace" la huelga? El TC considera que la huelga es un derecho individual que se ejerce colectivamente. O sea, que cada quien decide si quiere secundarla, pero siempre necesitará el apoyo de alguien más porque la huelga de un solo trabajador no es una huelga, sino un incumplimiento de contrato.

¿Quién la "convoca"? Como se trata de un derecho individual, se permiten las huelgas declaradas sin mediación de los sindicatos ("huelgas salvajes", en el argot). No obstante, los sindicatos tienen siempre la prerrogativa de declarar, convocar y desarrollar la huelga, como ocurre con la prevista para el miércoles.

¿Hay que comunicar a la empresa que se hará huelga? Los trabajadores que secunden la huelga no están obligados a comunicarlo a la empresa con antelación, así que si nadie le ha dicho nada aún no significa que no vayan a secundarla, tal vez prefieren que lo descubra Ud. solito el mismo día de autos.

Si Ud. necesita saber con qué efectivos contará, puede preguntar a sus empleados si van a hacer huelga. Tenga presente que estas pesquisas nunca deben ser con ánimo de coaccionar, sino que Ud. sólo puede usar las respuestas (si se las dan) para ver si es necesario sustituir a los trabajadores huelguistas por otros, para que aquéllos que no quieran hacer la huelga puedan trabajar normalmente.

Pero cuidado, porque no podrá usar trabajadores externos para cubrir las vacantes por huelga (eso sería fomentar el “esquirolaje”) Así que tendrá Ud. que echar mano de la plantilla disponible, como cuando al Barça se le lesiona Messi. Lo que no puede hacer es sustituir a un delantero por un defensa, porque sólo se permite recurrir a trabajadores internos que sean de la misma categoría laboral que los huelguistas.

¿Se puede prohibir la entrada a los huelguistas? No se puede, a no ser que pretendan entrar por medios ilícitos o supone un peligro para personas y bienes. Así lo dice el TC, para quien el derecho de reunión es aún más fundamental que el de huelga, con lo cual debe Ud. permitir la entrada pacífica.

¿Cuál es la función de los piquetes? Los piquetes pueden informar y hacer publicidad de la huelga e incluso recoger fondos, pero sin coacción. El piquete de huelga, en la medida en la que se limite a persuadir por medios pacíficos -sin violencias, coacciones o amenazas- de la bondad de la huelga, forma parte del contenido esencial del derecho de huelga.

Dice el TC que el derecho al trabajo tiene que respetarse, al igual que se respeta el derecho a huelga. Por tanto, si los piquetes informativos bloquean el acceso al centro o impiden que otros trabajadores acudan a su puesto de trabajo, debe Ud. ponerlo en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad.

¿Se puede sancionar al huelguista? No. La huelga legal no puede dar lugar a ningún tipo de sanción contra el trabajador, salvo las derivadas de conductas individuales ilícitas.

¿Cómo afecta la huelga a la nómina? Depende de Ud: si la empresa cierra el día de la huelga, todos los trabajadores (tanto los que iban a secundarla como los que no) tienen derecho a su salario normal. Pero si no cierra, entonces el empresario puede (si bien no está obligado a ello) descontar el salario correspondiente a los días de huelga, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y pueden ver también disminuidas sus vacaciones en proporción al tiempo que dure la huelga.

¿Y a las cotizaciones? Durante el tiempo que dure la huelga, el trabajador permanece en situación de 'alta especial', sin obligación de cotizar ni por su parte ni por parte del empresario, y sin derecho a prestaciones de desempleo ni a prestaciones económicas por incapacidad temporal. Ud. deberá comunicar a la Seguridad Social, durante los 6 días posteriores a la huelga, los trabajadores que han participado para que se recoja su situación de “alta especial”.

¿Se pueden poner 'enfermos' el día de la huelga?
No cuela. Dado que el día de la huelga no existe cobertura por incapacidad temporal, el trabajador estará en situación de “alta especial” durante ese periodo y no cotizará por esa contingencia. Por tanto, tanto da si el trabajador que se pone enfermo secunda o no el paro, porque se le considera en huelga hasta que termine el conflicto y una vez terminado sí podrá cobrar por incapacidad temporal.

Esperemos que estos consejos les sirvan para aclarar conceptos y les ayuden a decidir correctamente en caso que el miércoles 29-S deban lidiar con alguna situación complicada. Suerte!

Black or white o las nueves medidas de prevención del blanqueo de capitales

Cristina de Canals — Fri, 10 Sep 2010 12:11:00 GMT

Con ocasión del 1r aniversario de la muerte de Michael Jackson, el Consejo General del Notariado quiso celebrar tan señalada efeméride, de forma que todos los Notarios de España rinden, desde el pasado mes de julio, sentido y constante homenaje al Rey del Pop. Llovieron las ideas: ataviar al fedatario con chaqueta de cuero roja estilo Beat It, que las baldosas de la notaría se iluminaran a su paso como en Billie Jean o enfundarse la mano de firmar en un guante de lentejuelas, como alegoría de la altísima cotización del autógrafo de ambos personajes.

Pero para no menoscabar la dignidad propia del cargo, se ha optado finalmente por una vía más sutil: en cualquier transacción de bienes o derechos, los notarios irán en pos del Smooth Criminal y deberán hacer pesquisas para averiguar si el capital implicado en ella es Black or White. Para ello y como desarrollo del art. 4 de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales, el Consejo General del Notariado exige a los notarios que obtengan información sobre los titulares reales de las sociedades y demás personas jurídicas que otorgan la escritura.

El titular real de una sociedad es siempre la persona física que ostente más del 25% del capital. Y para evitar que nos pasemos de listillos colocando una sociedad interpuesta como titular de dicho porcentaje, el Notario debe preguntar si hay alguna persona física que posea dicho porcentaje, tanto en la empresa otorgante como en la intermedia. Decía Oscar Wilde que “las preguntas no son indiscretas, sino las respuestas que se dan”, así que las consecuencias serán distintas según lo que Ud. conteste:

a) Si responde que ninguna persona física es titular del 25% de la sociedad, el Notario dejará constancia y, como no hay sospecha de blanqueo (it’s white!), aquí paz y después gloria. Por cierto, cuidadito con las mentirijillas, que es un delito de falsedad en documento público!

b) Si responde que no tiene la más remota idea de si existe tal persona física, o bien dice que sí existe pero no la identifica, se va a marchar Ud. a casita de vacío, porque el Notario no autorizará la escritura (it’s black!).

c) Si responde que existe una persona física titular del 25% de la sociedad, debe identificarla con nombre, apellidos, nacionalidad y nº de documento de identidad y además …

Si no hay situación “de riesgo”, también it’s white!: el Notario recogerá sus manifestaciones, o incluso puede Ud. llevarle el documento ya preparado y el Notario lo incorporará a la escritura.

Si hay situación “de riesgo” (paraíso fiscal, vinculación familiar, laboral o societaria “sospechosa”, el dinero proviene de terceros que no firman, etc …), entonces hay duda sobre si it’s black or white. Por eso deberá Ud. llevar copia del documento de identidad de dicha persona física y si no lo aporta, el Notario se negará a autorizar la escritura.

Con toda esta parafernalia se pretende evitar que los blanqueadores de capital se escondan impunemente bajo redes societarias y, a su vez, tener bien identificadas las operaciones en que presumiblemente pueda manejarse dinero negro. Ya podrían haber hecho una coreografía de Thriller como todo el mundo y no someternos al tercer grado cuando vamos a la notaría!

Ley de medidas de lucha contra la morosidad: El encierro del moroso.

Cristina de Canals — Tue, 20 Jul 2010 11:17:00 GMT

El pasado 7 de julio, además de ser San Fermín, entró en vigor la Ley 15/2010, de Medidas de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales. Esta norma modifica la Ley 24/2004 -de escasos resultados- e intenta ser el Chupinazo que frene el creciente aumento de impagos y retrasos en el abono de las facturas vencidas, que tanto está afectando a la liquidez de pequeñas y medianas empresas. Así, se pretende que para cobrar las facturas, nos resulte más eficaz aplicar esta ley que disfrazarnos de mozo de San Fermín y perseguir al moroso por las callejuelas, con pañuelo rojo al cuello y periódico en ristre. Veamos lo más destacado:

a) La Ley se aplica a los pagos derivados de operaciones comerciales entre empresas, entre empresas y Administración, y también entre el contratista principal y sus proveedores y subcontratistas. Pero sepa que esta ley no es aplicable si Ud. vende a consumidores finales, a quienes tendrá que seguir acosando por la vía judicial o por la del Cobrador del Frac.

b) Para pagar cualquier día es bueno, porque los plazos de pago se cuentan por días naturales, aunque sean festivos. Es más, si pactamos con nuestros clientes o proveedores que no contaremos los periodos vacacionales a efectos de pago, ese pacto es nulo!

c) El plazo máximo para pagar las facturas es de 60 días para el común de los mortales y este plazo no se puede ampliar por acuerdo entre partes. Por tanto: se acabaron los pagos a 90 y 120 días, aunque se mantienen los plazos inferiores, pues la norma no nos permite pactar para aumentar el plazo de 60 días pero sí para reducirlo. Para la Administración, el plazo límite de pago se reduce a 30 días.

Ninguno de los dos plazos será efectivo hasta 1 de enero de 2013, mientras tanto los plazos se irán reduciendo progresivamente, según un calendario que es diferente para la Administración y para la empresa privada. Por ahora, quédense con la idea que actualmente el plazo máximo de pago para las empresas es de 85 días hasta el 31/12/2011, y el de la Administración es de 55 días hasta el 31/12/2010.

d) El plazo máximo para enviar la factura a los clientes es de 30 días desde que prestemos el servicio o reciban la mercancía. ¿Y qué pasa si la mandamos más tarde?, ¿justifica eso la negativa al pago? … pues, como la ley no dice nada al respecto, no nos deja más opción que pelearnos si el morosillo se aferra a esta excusa y que sean Sus Señorías quienes diriman el conflicto (¡qué medida más útil ésta, que en vez de evitar los juzgados, los propicia!).

e) Cuando el deudor se retrase en el pago, le podremos exigir los costes de cobro con un máximo del 15% de la deuda o, si ésta no supera los 30.000 €, el límite de costes que podemos reclamar es el monto de la propia deuda.

f) Son nulas las cláusulas abusivas que perjudiquen al acreedor y se entiende que lo son, aquéllas que sirvan para que el deudor se “financie” a expensas del acreedor y todo lo que suponga alterar los plazos o intereses legales sin razones objetivas.

g) Cambios en las Cuentas Anuales: a partir del ejercicio 2010, se deben mencionar expresamente en la Memoria los plazos de pago a los proveedores.

No será un “encierro” fácil, pero confiemos que con esta reforma consigamos conducir hacia el redil a las embravecidas hordas de morosos que últimamente nos embisten y nos cosen a cornadas, como desbocada manada de toros y cabestros.

Nueva ley de sociedades de capital

Gal.la Sanchez — Tue, 06 Jul 2010 11:40:00 GMT

Ahora que habíamos aprendido a decir “pinícula” le llaman “flin”… Éste bien podría ser el título de este post. Nótese, sin embargo, que hemos optado por un título mucho más tradicional.

Y es que este fin de semana se ha publicado en el BOE el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), por el que se unifica en un único texto legal toda la normativa reguladora de Sociedades Anónimas (S.A.) –inclusive las que cotizan en Bolsa-, Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.L), y Sociedades Comanditarias por Acciones, y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2010.

Este nuevo texto legal responde al imperativo legal que introdujo la reforma de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, y con una triple finalidad: regularizar, aclarar y armonizar los plurales textos legales hasta ahora en vigor. Así, pues, esta nueva normativa no se limita a agrupar todas las leyes existentes, sino que también trata de poner fin a la insuficiente coordinación de los distintos tipos sociales, así como a las imperfecciones y lagunas existentes. Además, se sientan las bases del derecho de sociedades español que, al encontrarse en un texto único, permitirá apreciar sus virtudes y posibles contradicciones en un momento en el que desde la Unión Europea se están tramitando normas que tendrán un impacto notable en nuestros tipos sociales, como es el próximo Reglamento de la Sociedad Privada Europea.

La nota de humor de la Exposición de Motivos aparece en el apartado V cuando se recalca que este texto refundido “nace con decidida voluntad de provisionalidad” porque en un futuro próximo aparecerá un Código de las Sociedades Mercantiles o incluso un nuevo Código Mercantil!! Teniendo en cuenta que el actual es de 1885 sí que es ambiciosa la reforma, sí…

Es pronto todavía para hacer una valoración de dicha nueva normativa que, dicho sea de paso, es de gran importancia, ya que la gran mayoría de sociedades constituidas y operantes en nuestro país son limitadas o anónimas. En cualquier caso, bien podemos asegurarles que dará de qué hablar y que seguiremos comentando en próximos posts