Si se implementara esta medida de forma estricta, se desmoronarían de golpe los dimes y diretes entre unos y otros. Sería el baño de realidad definitivo. Si tras cumplir las horas presenciales el trabajo no saliera, los docentes ganarían la batalla de la opinión pública para siempre y demostrarían con datos que su jornada es real, dura y medible. Si, por el contrario, las tardes libres demostraran que el trabajo efectivo no llega a lo estipulado por ley, se acabaría el victimismo de pasillo. Pero para que este experimento de honestidad laboral funcione, la administración tendría que dejar de comportarse como una gestoría low cost y asumir la contrapartida lógica. Me estoy refiriendo a adecuar los centros educativos a la realidad del siglo XXI y a un modelo que permitiera el trabajo real del docente en condiciones.

Pretenden que seamos profesionales de la educación, pero nos obligan a trabajar en condiciones de precariedad de inicios de la revolución industrial. Si el docente debe cumplir su jornada íntegra en el centro, la administración tiene la obligación legal de dotar a cada profesional de un ordenador portátil corporativo y de un espacio de trabajo digno, con conectividad real y mesas individuales, no esa ratonera común que suele ser la sala de profesores, donde conviven el café, las fotocopias y el ruido. Sería de un cinismo insoportable exigir presencialidad mientras el docente tiene que poner de su propio bolsillo el ordenador, la conexión a internet de su casa y la luz nocturna para corregir las deficiencias de un sistema rácano.

El segundo pilar de esta revolución operativa es la gestión del tiempo, hoy secuestrado por la reunionitis más absoluta. Si estamos atrapados en el centro hasta cumplir las 37,5 horas, la administración y los equipos directivos se verían obligados, por pura supervivencia, a gestionar mejor las reuniones, haciéndolas útiles, ejecutivas y con un orden del día que no consista en leer un documento que ya nos han enviado por correo. Se acabarían los claustros eternos de tres horas donde se debate sobre el sexo de los ángeles pedagógicos. El tiempo pasaría a ser un recurso caro y escaso, y la burocracia defensiva caería por su propio peso al no haber tardes libres en casa para engordar los informes que nadie lee.

La otra gran mentira que sostiene el voluntarismo del gremio es la formación continua. Parece que para estar al día hay que regalar muchas tardes en cursos de dudosa utilidad o hacer webinars nocturnos mientras se prepara la cena. No. Si la formación es una obligación laboral, debe encajar obligatoriamente dentro de esas 37,5 horas. Una estructura racional del calendario permitiría, por ejemplo, reservar una semana completa de formación en cada centro educativo a lo largo del año, integrada en el horario laboral presencial, bien planificada y adaptada a las necesidades reales del claustro y de la función docente.

Plantear la jornada presencial estricta e inflexible de 37,5 horas dentro del centro educativo es la propuesta más constructiva y, a la vez, la que más pánico genera. Le da pánico a la administración, porque digitalizar y adecuar las infraestructuras para que miles de profesores tengan un puesto de trabajo real costaría dinero que prefieren gastar en propaganda. Y le da pánico a una parte del profesorado, porque el teletrabajo encubierto y descontrolado de las tardes en casa es el peaje que aceptan pagar a cambio de mantener una flexibilidad horaria que les resulta cómoda.

Dejemos de jugar al escondite. Firmemos la paz laboral basándonos en el reloj del centro. Menos mística de la vocación nocturna, menos demagogia social sobre las vacaciones y más rigor contractual. La profesión se dignifica fichando en la entrada y dejando el ordenador en la taquilla al salir. Todo lo demás es complicidad con la precariedad.

Este que planteo hoy es un debate que en algún momento deberá abrirse. Estamos hablando de un relato educativo que ya dura demasiado y que debemos cerrar de una vez por todas. Un debate que obligaría a hablar de datos en lugar de relatos. Y eso es algo que, a demasiadas personas, cuando hablan de educación, no les gusta porque les jodería su falso argumentario. Y sí, antes de que me lo preguntéis… todo el horario extra de esas 37,5 horas, que incluyen salidas y demás cuestiones debería, o bien abonarse aparte de la nómina, o bien compensarse en horario. Añado, por cierto, que lo de ocho a tres sería adaptable para los docentes de horario de tarde.

Estoy muy cansado de debates estériles en educación. Solucionemos los debates interesados, tomemos medidas radicales  y démosles solución después de ver lo que realmente sucede después de aplicar ciertas cosas.

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Sé perfectamente cuál va a ser la respuesta automática de algunos. Activarán el protocolo de la autojustificación colectiva. Dirán que bastante hacemos con lo que tenemos, que somos las víctimas del engranaje, que la culpa es de las ratios, de la falta de recursos y del desinterés de las familias. Esa es la respuesta fácil. Es el escudo perfecto para evitar la rendición de cuentas. Pero utilizar las carencias del sistema como una carta blanca para legitimar la desidia o la sumisión burocrática no es defender la escuela; es ser cómplice de su demolición.

Para medir la degradación moral del colectivo no hace falta mirar las estadísticas ministeriales; basta con observar lo que se ha roto en las tripas de los propios centros en las últimas huelgas en Cataluña y la Comunidad Valenciana. El ambiente laboral en muchos centros educativos se ha vuelto directamente irrespirable, fracturado por un sectarismo y una bajeza de una minoría, pero muy envalentonada, que harían sonrojar a cualquiera. Nadie se salva en este espectáculo dantesco. Por un lado, tenemos a los piquetes morales, iluminados que decidieron que hacer huelga les otorgaba el derecho divino de amedrentar, señalar y amenazar con el ostracismo a los compañeros que, por los motivos que fuera, han decidido no secundarla. El fascismo de pasillo camuflado de lucha social.

Por el otro lado, la contrapartida es igual de lamentable. Una minoría de esquiroles silenciosos que supuestamente compartían la movilización de boquilla, que han aprovechado el caos de la jornada para no dar clase, cruzarse de brazos en el aula y mirar el móvil mientras los alumnos pierden el día. Actos profesionales nefastos en ambos bandos que han dinamitado puentes de forma irreversible. En muchos centros va a ser imposible recuperar una convivencia mínima de cara a los próximos cursos. Cuando el enemigo ya no está en la conselleria, sino en la mesa de enfrente de la sala de profesores, el sistema ha ganado por goleada. Nos hemos devorado entre nosotros.

A esta miseria moral se le suma una dejadez técnica alarmante. Vivimos instalados en el lamento por la última ley aprobada, pero la cruda realidad es que el profesorado padece un analfabetismo normativo severo. Si los docentes leyéramos más las leyes que nos afectan directamente, estaríamos muchísimo mejor. Así de claro. Conoceríamos al detalle nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones reales (y no aquellas que, por pura inercia o mitología de pasillo, creemos que son obligatorias).

Tener la disciplina de abrir el boletín oficial nos daría las armas necesarias para que, aunque la normativa sea en ocasiones una soberana mierda, no nos colaran ciertos goles ni nos obligaran a creernos ciertas patrañas burocráticas que los equipos directivos o la inspección se sacan de la manga. El miedo al inspector no nace de la ley; nace del desconocimiento de la misma. Al negarnos a estudiar el marco jurídico de nuestro propio oficio, renunciamos a la única defensa legal que tenemos y nos convertimos en siervos voluntarios de cualquier ocurrencia de despacho.

Mientras nos despedazamos por ver quién es más puro, el primer gran error del colectivo sigue ahí. Estoy hablando de la sumisión burocrática voluntaria. Nos quejamos amargamente del papeleo estéril, de las rúbricas infinitas y de los informes defensivos, pero a la hora de la verdad, las salas de profesores se llenan de opositores ejemplares que compiten por ver quién entrega el documento más vistoso y quién cuadra antes las casillas de la aplicación informática de turno. Hemos sustituido el orgullo de dominar una materia por el orgullo de tener la documentación en regla. Al acatar sin rechistar normativas absurdamente complejas por el simple miedo a buscarse problemas, el propio docente ha legitimado la farsa. La burocracia se alimenta de nuestra docilidad; si el papeleo entierra la enseñanza, es porque nosotros sostenemos la pala.

La autocrítica debe ir al hueso de la práctica diaria, por mucho que levante ampollas. Parte del profesorado ha abdicado del rigor intelectual para abrazar con entusiasmo el postureo metodológico más plano. Para evitar el conflicto con unas familias hiperprotectoras o con alumnos adictos a la pantalla, se ha optado por la vía del mínimo esfuerzo. Se han rebajado los niveles, inflado las notas y convertido la clase en una timba de juegos cooperativos donde nadie se frustra pero nadie aprende. Pasar el examen por imperativo estadístico y mirar hacia otro lado para no complicarse la vida con reclamaciones no es empatía; es cobardía laboral y desprecio hacia el futuro de los chavales.

Todos los que pisamos o hemos pisado durante décadas un centro, especialmente si hemos tenido la (mala) suerte de haber vagabundeado por varios, sabemos perfectamente que existen perfiles que arrastran los pies, que entran al aula a cubrir el expediente con apuntes amarillentos de hace tres décadas y cuya incompetencia técnica o desidia cronificada es un secreto a voces en el claustro. El silencio cómplice ante el compañero que no trabaja o que trata el aula como un trámite administrativo es una falta de respeto hacia los miles de docentes que se dejan la salud en la tarima. Defender al colectivo no significa defender al vago; significa exigir que la permanencia en la docencia esté vinculada a un desempeño laboral y mental impecable.

No podemos exigir respeto a la sociedad si nosotros mismos tratamos nuestro oficio como una mera gestoría de aprobados y nuestros centros como campos de batalla tribales. La dignidad de la tarima no se mendiga solo en los despachos de la conselleria; se conquista dentro del centro plantando cara a las ocurrencias pedagógicas, manteniendo el listón del conocimiento alto y desterrando el miedo al conflicto. Si la escuela se está convirtiendo en un parque de atracciones burocrático y cínico, la culpa no es solo del político que firma el decreto. Es hora de asumir nuestra parte de responsabilidad, romper el corporativismo cobarde y recuperar el orgullo de ser docentes, no meros tramitadores de la nada.

Ya sé que, como siempre sucede cuando hablo de temas cuestionando ciertas cosas, que más de uno me va a responder realizando ataques personales o, simplemente, diciendo que ahora no estoy en el aula (aunque haya estado mucho más tiempo en ellas que muchos de los que me lo dicen). Ya estoy curado de ciertas cosas y, al igual que he hecho a lo largo de toda mi vida, he opinado siempre dando la cara, con nombre y apellidos. Jamás me amedrentado ni he dejado que me amedrenten. Jamás me han comprado ni he dejado que me compren. Algo que me ha permitido dormir muy bien (mi insomnio nada tiene que ver con cuestiones profesionales), conocer cómo funcionan las cosas y haber sufrido algunas cosas en mi propia piel que me han hecho mucho más fuerte y sabiendo a quién quiero a mi lado y a quién no. He aprendido a hostias que el tiempo es finito y no hay que malgastarlo.

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Sé que los diagnósticos catastrofistas no gustan. Es comprensible, pero por mucho que se intente camuflar lo que está sucediendo en el sistema educativo, algunos de forma demasiado optimista, quienes viven de cerca lo que está pasando en sus centros educativos saben perfectamente que el día a día de la tarima es insostenible. Estamos ante una auténtica emergencia educativa. Es el resultado lógico de décadas de abandono estructural y de una toma de decisiones erráticas que, en la mayoría de los casos, no han contado con el aval de ninguna evaluación objetiva previa. Se ha legislado de oído, desde el prejuicio ideológico o la ocurrencia de laboratorio, y el precio de ese fracaso lo están pagando los alumnos, repercutiendo, de forma innegable, ante docentes que están al límite. O que, como estamos viendo en la actualidad, han superado ese límite por mucho.

Eso sí. Toca ser realistas. Los milagros no existen en educación. Las medidas estructurales que de verdad transforman un sistema no se ven a corto plazo; requieren tiempo, presupuestos consolidados y un pacto de mínimos que sobreviva a las próximas elecciones al margen de quién se siente en la silla de turno. Cambiar la inercia de un transatlántico averiado exige años de timón firme. Sin embargo, la gravedad de la crisis actual no nos permite el lujo de cruzarnos de brazos a esperar la enésima ley. Estamos obligados a actuar ya. Existen decisiones técnicas y concretas que las administraciones podrían tomar hoy mismo para que, a partir de septiembre del próximo curso, el aprendizaje del alumnado empiece a notar una mejoría real en el aula. Y que repercutiría también en la reducción del malestar docente. No conviene olvidar que tener a los trabajadores contentos en el trabajo hace que sean mucho más productivos. Algo que no es exclusivo del ámbito educativo.

La primera medida pasa por un saneamiento burocrático radical e inmediato. Si queremos que el alumnado aprenda más y mejor en septiembre, la administración debe retirar las garras de la burocracia estéril del lomo del profesorado. Hay que decretar una moratoria urgente de cualquier informe, memoria o elemento digital que no tenga un impacto directo en el aula. Cada hora que un docente pasa rellenando casillas absurdas para cubrir el expediente es una hora que le roba a la preparación de sus clases, a la corrección rigurosa y a la atención individualizada. Menos papeles defensivos y más tiempo para preparar la materia. La excelencia pedagógica requiere calma, no burocracia de gestoría.

La segunda intervención urgente afecta a la organización de los centros. Debemos blindar el aula como espacio de conocimiento. La administración debe limitar drásticamente la proliferación de talleres y días de, charlas estacionales de escaparate y actividades extraescolares absurdas, integradas en el horario lectivo, que fragmentan el ritmo de aprendizaje. Un alumno no puede madurar intelectualmente si su semana parece un festival de eventos en lugar de una secuencia lógica de estudio. Es impepinable volver a la cordura operativa. Toca proteger las horas de matemáticas, de lengua, de ciencia y de historia, amén de las otras asignaturas (no existen las «marías»), de las ocurrencias de la ingeniería social de moqueta mostosa. El rigor se entrena con tiempo y constancia, no con impactos de entretenimiento audiovisual.

Por último, es fundamental recuperar los mecanismos de refuerzo ordinario y la cultura del esfuerzo sin complejos. Si un menor llega a septiembre arrastrando lagunas severas de los cursos anteriores, el sistema debe dotar a los centros de la autonomía técnica necesaria para organizar agrupamientos flexibles y desdobles desde la primera semana, sin esperar a que el trimestre esté perdido. Y sí, eso implica también asumir la contrapartida de la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que impliquen evaluar de forma diagnóstica al alumnado al inicio del curso para saber exactamente de dónde partimos, en lugar de seguir aplicando el aprobado por imperativo estadístico para maquillar el fracaso.

Con este plan de contingencia no pretendo solucionar las carencias que arrastramos desde hace décadas, pero es el único camino para detener la hemorragia de cara al próximo curso. La escuela no se salva con literatura verde ni con promesas de inversión a una década vista; se defiende tomando decisiones valientes hoy para que el próximo septiembre las aulas vuelvan a ser lugares de conocimiento y no sumideros de frustración.

Toca bajar de una puñetera vez a la realidad de la trinchera y escuchar a los profesionales que sostienen el sistema. Es hora de dejar de experimentar con los alumnos y empezar a gestionar las aulas con el rigor técnico que la emergencia educativa exige. Nos va el futuro en ello.

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Mi trayectoria en ese ecosistema se partió en dos mitades exactas. Estuve tres años como técnico, con varias responsabilidades extremas que me cayeron por tener la desgracia de estar donde no tocaba en la pandemia, bajo el gobierno del PSPV y Compromís, y otros tres años bajo la administración del Partido Popular. Seis años que sirven para constatar una verdad anatómica que los hooligans de la política no quieren admitir. Me estoy refiriendo a que cambian las siglas, cambian los nombres de las puertas de los despachos, pero la maquinaria sigue siendo exactamente idéntica. Y cuando digo idéntica, estoy hablando del funcionamiento y de las dificultades, por mucho que se intente, de poder hacer cosas de forma ágil. Bueno, se pueden hacer en situaciones de crisis social, pero ya os prometo yo que no quiero que vuelva otra pandemia para saltarse las normas y agilizar los procesos.

MI primera salida de la zona gris y el retorno a mi plaza de docente no se debieron a cuestiones de rendimiento profesional. Mi trabajo estaba ahí, respaldado por las horas echadas a destajo y la gestión diaria. Como inciso ya os digo que este solo es el avance de un libro en el que escribiré con detalle todo lo que viví, cómo lo viví, las grandes personas que he encontrado en las dos ocasiones y las ganas de hacer cosas de más personas de las que os creeríais. La ruptura real llegó cuando un Alto Cargo del PSPV me dejó claro, con esa frialdad tan propia de la moqueta, que lo que molestaba no era cómo hacía mi trabajo, sino mis posicionamientos pedagógicos públicos. En la zona gris de la gestión no se prioriza eficiencia técnica ni criterio propio; se busca sumisión al relato oficial. Cuando cuestionas el dogma, te conviertes automáticamente en un cuerpo extraño que el sistema necesita expulsar. Y antes de callarme (que fue la oferta para continuar), preferí volver al aula.

Volví al aula y ya pensaba no volver a la zona gris. Se me ofreció hacerlo con el nuevo gobierno. No lo hice. Dije que no y agradezco, como he dicho siempre esa oferta inicial. Sin embargo, por motivos puramente médicos que llevan persiguiéndome desde los veinticuatro años, y una cabeza que necesitaba actividad para desconectar de mi situación, volví hace a mediados de diciembre de 2023. Volví como técnico raso, al igual que hice en la anterior ocasión.

Eso sí, por desgracia, tuve la mala suerte de aceptar un cargo intermedio (no un alto cargo, ni nada que me llevara a tratarme de tú a tú con el President -no conozco personalmente ni al que había, ni al que hay-), a los meses de haberme vuelto ir al lado gris. Gestioné con mi equipo eficazmente una subdirección que, ya os hago spoiler (o destripe), estaba hecha unos zorros y tomé decisiones, en ocasiones no muy políticamente recomendables. Nunca me ha gustado mezclar la política con la educación. Ninguna jornada laboral de infarto en un despacho oficial vale el precio de acabar roto por dentro. Acabé dimitiendo por pura higiene vital y pudiéndolo hacer gracias a no tener carnet de nadie ni deber nada a nadie. Desde aquí doy las gracias a la manipulación de varios medios de comunicación, al nulo contraste de información por parte de muchos políticos y al miedo de otros. Gracias a ellos lo pude hacer. Ya os digo yo que por aquel entonces, estaba hasta los mismísimos de trabajar a destajo en unas condiciones extenuantes, asumiendo una carga mental brutal y viendo cómo mi salud se estaba volviendo a resentir de forma alarmante. Hay gente que les gustan los cargos, hay gente a los que les gustan y lo hacen bien y hay otros a los que les gustan y no saben hacer la «o» con un canuto. Después estoy yo y algunos otros (pocos) a los que no nos gustan nada, a los que endosan ciertas cosas.

La administración educativa es una trituradora de carne humana que vive del voluntarismo de unos pocos y de la docilidad del resto. Seis años en su zona gris, después de casi veinticinco en aulas, con ratios masificadas, centros que se caen a trozos y dotaciones que no se han vuelto a renovar desde que se creo mi asignatura, me han servido para entender que es imprescindible que haya gente muy válida en la zona gris y que la escuela se defiende con el rigor del día a día. Hay mucha gente muy buena en la zona gris de la administración, tanta como en las aulas en porcentaje. Otro tema es cómo se gestiona.

Ahora tengo las cicatrices correspondientes, la cabeza alta y la tranquilidad de saber que mi salud y mi criterio pedagógico dejan de ser institucionales. Bueno, en mi caso nunca lo han sido. Doy las gracias a los que me han permitido conocer esa zona gris. Eso sí, con muchas ganas de ponerme con el libro que tengo pendiente sobre el tema. Un libro que, en este caso, sí que voy a hacer revisar bien por terceros antes de publicarlo.

Disculpad el post de hoy, pero me apetecía escribirlo. Y tiene todo su sentido en el contexto actual, después de cosas de lo que uno se entera y no comprende de ninguna forma. Tampoco quiero olvidarme de dar las gracias a todos los que me han permitido conocer esa zona gris.

Finalmente deciros que a ver si entre hoy y mañana os subo el nuevo capítulo de la remasterización de mi primer libro (enlace), que podéis encontrar el libro original y los otros que he publicado aquí, además de volver a enlazaros el artículo en respuesta a las mentiras que dijeron en los medios sobre el libro que fue el detonante para mi dimisión.

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El uso sistemático de presentaciones en un aula o en una jornada formativa no es un intento de explicar nada. Es, en la mayoría de los casos, un escudo de cobardía pedagógica. Es el escondite perfecto para el ponente o el docente que no se ha preparado la clase, no domina lo que está explicando y necesita un guion luminoso que le vaya recordando qué demonios tiene que decir a continuación. Convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en un pase de diapositivas con viñetas estériles, fuentes de diseño y gráficos de colores es vaciar la transmisión del conocimiento de toda su densidad intelectual. La tarima se ha sustituido por un mando a distancia de pasar pantallas, y el pensamiento crítico ha sido devorado por el impacto visual de baja intensidad.

Estas herramientas nacieron donde tenían que nacer y sirven para lo que sirven. Sirven para presentar productos en sesiones empresariales, vender humo en reuniones de marketing, cuadrar balances financieros ante un consejo de administración que mira el reloj y resumir objetivos trimestrales en veinte minutos de prisa corporativa. Ese es su hábitat natural. Llevar esa dinámica Fordista de cadena de montaje de información empaquetada al ecosistema de la educación es un insulto al sentido común. El aula no es una oficina de Silicon Valley, ni los alumnos son clientes a los que hay que encasquetarles un producto financiero mediante un gráfico circular.

Las presentaciones de diapositivas deberían estar fulminantemente desterradas de cualquier espacio que pretenda llamarse educativo. Hacen un flaco favor al proceso de aprendizaje porque acostumbran al cerebro a una desconexión pasiva. Frente al PowerPoint, el alumno no procesa. Simplemente contempla un desfile de impactos que se evaporan en cuanto se apaga el proyector. Se elimina la magia de la improvisación guiada, el hilo argumental que se construye en directo sobre la pizarra y la necesidad de que el alumno tome apuntes reales estructurando la información en su propia cabeza. El PowerPoint te lo da todo mascado, empaquetado y listo para olvidar en el próximo examen. Es la comida rápida de la pedagogía.

La verdadera docencia se ejerce mirándose a los ojos, midiendo los silencios, modulando la voz y teniendo el valor de sostener una clase únicamente con la palabra, el espacio y, como mucho, un trozo de tiza o un rotulador para fijar las ideas fuerza en la pizarra. Cuando un docente domina su materia de verdad, no necesita veinticinco diapositivas para justificar su presencia en el aula. Le basta con su cabeza y su capacidad para contagiar la fascinación por el conocimiento. Lo otro, lo de ir pasando pantallas mientras se recita lo que el alumno ya puede leer perfectamente por sí mismo, es pura desidia intelectual.

Deberíamos de dejar de camuflar la pereza metodológica bajo el paraguas de la modernización tecnológica. Una clase magistral de verdad es un acto de artesanía intelectual. Un PowerPoint es una plantilla para optimizar el tiempo de los ejecutivos agresivos. Si lo único que ofrece un docente es un documento proyectado que se podría enviar por correo electrónico cinco minutos antes de empezar, sobra el docente, sobra el aula y sobra la clase.

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La política té unes funcions legítimes que ningú discuteix. Decidir el percentatge del Producte Interior Brut que es destina a l’ensenyament públic, fixar el marc general de les lleis educatives, negociar els convenis laborals o dissenyar el mapa escolar d’un territori són tasques netament polítiques. Correspon a l’administració determinar quants instituts cal construir, com es distribueixen els recursos o quins requisits administratius regulen l’accés a la funció pública. Fins aquí, el terreny del gestor. El desastre comença quan la política pretén saltar-se la tanca i dictar com s’ha d’avaluar un text o quina és la seqüència exacta per interioritzar el pensament abstracte.

A partir del moment en què es creua la porta d’un centre, les decisions han de ser exclusivament tècniques, basades en l’experiència avaluada i en el rigor científic de la professió. Triar quina és la millor metodologia per transmetre la sintaxi, decidir si un grup d’alumnes necessita més hores de comprensió lectora o determinar el pes específic que un examen té en l’avaluació final és quelcom purament tècnic. No hi ha res més intrusiu que un personatge de despatx, no sempre amb experiència d’aula, intentant convèncer un claustre que les rúbriques infinites amaguen les carències d’aprenentatge. L’avaluació de la competència d’un alumne és un acte tècnic, no un mecanisme de pacificació estadística per abaixar les xifres del fracàs escolar al servei del govern de torn.

La confusió actual s’evidencia en elements tan bàsics com la gestió de l’aula. Decidir quins materials són adequats per a cada nivell, com es distribueixen els espais per optimitzar l’atenció o quin nivell d’exigència manté la dignitat intel·lectual de la matèria són actes tècnics. Quan la política intervé en aquests aspectes -prohibint la repetició de curs per decret o diluint els continguts durs per fer les matèries més digeribles- no està millorant el sistema; està desautoritzant els seus propis professionals. És l’equivalent a un conseller de sanitat entrant a un quiròfan per triar el tipus de bisturí que ha d’utilitzar el cirurgià.

Aquesta subordinació de la tècnica a la política ha buidat d’autoritat la tarima. Es legisla des de la hipòtesi de papers fets, en bastants casos amb tota la bona intenció, ignorant que l’educació funciona a la trinxera i que un mètode pot ser molt bonic sobre el paper d’una memòria justificativa, però completament inaplicable en un grup complex amb ràtios que voregen la trentena. Per defensar l’escola cal, paradoxalment, defensar-la de les ocurrències dels seus propis gestors.

Cal exigir el retorn de la sobirania pedagògica als centres i als seus docents. La política ha de posar els recursos, netejar les traves burocràtiques i garantir l’equitat en l’accés. Però ha de fer un pas enrere a l’hora de definir com es transmet el coneixement. Mentre continuem confonent el programa d’un partit (sigui el que sigui i tingui la ideologia que tingui) amb el criteri científic de la tarima o el que diuen les evidències més robustes, les reformes seguiran naixent mortes. I l’educació, malauradament, no millorarà.

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La estrategia política es siempre la misma y funciona por temporadas. Queda espectacular ante los medios anunciar a bombo y platillo planes de choque térmicos y partidas presupuestarias históricas para la adaptación de los centros. Se propone uno cada año, habitualmente coincidiendo con las primeras olas de calor. Sin embargo, cuando llega el siguiente verano, la cruda realidad demuestra que los papeles se han quedado en los cajones y las aulas siguen siendo exactamente las mismas saunas de siempre. Las infraestructuras no se solucionan con literatura institucional ni con parches de ventilador; se solucionan con una ejecución presupuestaria real que nunca llega. Y lo peor es que el desastre ya no es solo herencia del patrimonio antiguo; la construcción de los nuevos centros educativos se está haciendo soberanamente como el culo.

Cualquiera pensaría que los colegios e institutos inaugurados en los últimos años aplicarían criterios elementales de eficiencia bioclimática o aislamiento térmico. Al fin y al cabo, estamos en pleno 2026. La realidad es un insulto al sentido común. Las nuevas infraestructuras se proyectan con materiales baratos (aunque a coste de palacio real) y diseños que acumulan el calor como invernaderos industriales. Se entregan tarde, fatal y a medio hacer. Es habitual ver centros recién estrenados que abren sus puertas sin la instalación eléctrica definitiva, con goteras en la primera tormenta de otoño y, por supuesto, con sistemas de ventilación que son pura decoración de fachada. Los nuevos centros públicos se convierten rápidamente en ratoneras térmicas entregadas con prisas, casi siempre coincidiendo con alguna campaña electoral.

Además, ya sabéis que en este tema, siempre sale el demagogo de guardia a recordar que existen otros sectores laborales (talleres, naves industriales o la construcción) donde los trabajadores tampoco tienen climatización y sacan el trabajo adelante. Hay que tener una ceguera intelectual severa para equiparar una fábrica con un centro educativo. Conviene recordarles un detalle anatómico… estamos hablando de escuelas e institutos. Estamos hablando de lugares donde la densidad de población por metro cuadrado es altísima y donde quienes están sentados sufriendo esas temperaturas inhumanas son niños y adolescentes. Menores de edad cuya salud, hidratación y desarrollo cognitivo están bajo la tutela y responsabilidad directa de una administración que es incapaz de garantizarles una temperatura digna para aprender.

La climatización de las aulas no va a llegar porque reformar el desastre acumulado durante décadas da pereza burocrática y edificar lo nuevo con decencia cuesta un dinero que, por desgracia, se gestiona mal y cuando se intenta gestionar bien, hay tanta burocracia que hace que acabe construyéndose tarde y mal.

La escuela pública seguirá siendo un infierno a partir de mayo hasta bien avanzado septiembre debido a una negligencia de gestión heredada y cronificada. Toca asumir que la dignidad térmica de los menores es una prioridad secundaria. Y así va a seguir siendo porque, por desgracia, a nadie se le ha pasado por la cabeza en décadas hacer las cosas bien.

Finalmente, permitidme que comente una cosa que no quiero dejar en el tintero. Hay cosas que no entiendo, ni habiendo estado en la zona gris de la administración. No entiendo que, por ejemplo, destinando muchísimo menos dinero, se construyan edificios con una climatización espectacular en un tiempo muy reducido y que, curiosamente, los centros educativos públicos se estén construyendo tarde y mal. Es que en meses se construye un Mercadona, un Lidl o un Roig Arena, entregándose prácticamente sin incidencias en la construcción… y los costes por metro cuadrado, ya os digo yo que no llegan a un porcentaje de lo que se gasta en entregar infraestructuras educativas. Y no lo entiendo porque estoy convencido de que, al menos en la ACTUALIDAD y con los controles que hay, nadie se forra bajo mano con las infraestructuras educativas.

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Las salas de profesores ya no son espacios de debate intelectual ni de intercambio pedagógico; se han convertido en auténticos hospitales de campaña emocionales donde la ansiedad, el insomnio crónico y la depresión se camuflan bajo el café de primera hora, las bromas cínicas de pasillo y un corporativismo rancio que impide hablar abiertamente de lo que verdaderamente importa. Da pánico mirarse al espejo y admitir que el engranaje sigue girando porque hay miles de personas medicadas para poder cruzar la puerta del aula a las ocho de la mañana. Y no es broma. En mis años de aula he conocido muchísimos compañeros y compañeras que solo conseguían dormir con medicación por culpa del trabajo.

Hay que mirar el desastre de frente y sin paños calientes. La docencia en este país no quema por falta de esa mística barata y tramposa llamada vocación; quema por el desgaste puramente biológico de actuar como pararrayos de una sociedad en descomposición. El diseño actual del sistema obliga al docente a entrar a clase pretendiendo impartir su materia con rigor, para terminar ejerciendo de psicólogo de guardia, asistente social, mediador familiar, contenedor de frustraciones y policía de patio. Todo esto mientras cae una lluvia constante de burocracia estéril, informes defensivos y memorias absurdas dictadas desde despachos oficiales donde hace décadas que no se legisla con sentido ni se sufre la temperatura de un aula ingobernable. Exigir empatía infinita y entusiasmo de manual a un profesional al que la administración trata como a un simple número intercambiable en una hoja de cálculo es una hipocresía que está triturando al personal.

Cualquier empresa con muchos menos trabajadores que los que cuenta el colectivo docente cuenta con un servicio de prevención de riesgos laborales digno de ese nombre, protocolos serios de apoyo psicológico ante el desgaste ocupacional y herramientas para medir la carga mental de sus trabajadores. En educación, la respuesta de las consejerías ante un profesional que ha llegado al límite de sus fuerzas siempre es la misma… más rúbricas de control, más burocracia digital para justificar que se está haciendo algo y la sugerencia implícita de que la presión va incluida en la nómina. El sistema funciona triturando carne de cañón a ritmo industrial. Sabe perfectamente que los centros se mantienen abiertos gracias al sobreesfuerzo invisible de una plantilla que paga la paz social del país con bajas psiquiátricas y cajas de ansiolíticos en la mesita de noche.

Pero mientras los papeles estén firmados, las actas subidas a tiempo y las casillas de la aplicación informática de turno aparezcan en verde, a los gestores educativos les da exactamente igual lo que ocurra por dentro del docente. La administración ha perfeccionado un modelo perverso de irresponsabilidad delegada. Si el alumno fracasa o tiene problemas, la culpa es de la falta de innovación del profesor; si el profesor se rompe debido a la presión, la culpa es de su fragilidad personal y de su supuesta incapacidad para gestionar el estrés. Nunca es responsabilidad de las ratios disparadas, ni de la falta de recursos endémica, ni de la desprotección jurídica total frente a las exigencias de algunas familias.

Pero seamos honestos hasta el final, aunque escueza y levante ampollas en los sectores más acomodados del gremio. Reclamar que la administración deje de mirar hacia otro lado con la salud mental no puede ser una carta blanca para el inmovilismo ni un escudo corporativo para evitar la rendición de cuentas. Si exigimos con toda la legitimidad del mundo que el sistema nos cuide, nos dote de recursos reales y nos proteja, tenemos que asumir la contrapartida lógica. Estoy hablando de la necesidad urgente de una evaluación completa, rigurosa y sin complejos de todo el entramado educativo. Y sí, eso incluye evaluar a los docentes.

No se trata de montar una caza de brujas ni de aumentar el papeleo fiscalizador que ya padecemos, sino de implementar una evaluación real a nivel laboral y, sobre todo, mental. El acceso y la permanencia en la función docente no pueden seguir dependiendo exclusivamente de un examen memorístico aprobado hace décadas y de la acumulación inercial de trienios. Necesitamos mecanismos serios que midan si un profesional sigue capacitado para soportar la presión del aula, si mantiene la solvencia técnica y si su salud psicológica está en condiciones de gestionar un grupo de adolescentes sin que ello suponga su propio y destructivo calvario o el perjuicio de los alumnos. Exigir que se evalúe el desempeño y el estado de salud mental de los claustros no es ir en contra del profesorado; es la única forma de separar el grano de la paja, de dignificar a los miles de profesionales que cumplen con excelencia y de proteger, al mismo tiempo, la salud del propio trabajador antes de que el daño sea irreversible.

El problema de fondo es que se ha instalado una manera de funcionar donde parece que el valor de un docente se mide por su capacidad de sufrimiento. Hemos normalizado que lo normal es llevarse el trabajo a casa los fines de semana, que lo saludable es pasar la noche en vela cuadrando criterios de evaluación ininteligibles y que el compromiso se demuestra vaciando la salud en el altar de la burocracia corporativa. Y no. Eso no es rigor; eso es mala gestión sistémica y complicidad con la precariedad. Convertir la pantalla del ordenador en herramienta de tortura nocturna no mejora el aprendizaje de los chavales; solo asegura que al día siguiente se siente en la tarima un profesional exhausto, irritable y al borde del abismo emocional.

Proteger la escuela de verdad significa, obligatoriamente, proteger la salud mental de quien sostiene la tiza. No hacen falta más días mundiales con eslóganes vacíos ni palmaditas condescendientes en la espalda por parte de los políticos en campaña. Hacen falta recursos duros, servicios de atención psicológica independientes y accesibles dentro de los centros, una poda drástica y salvaje de la intendencia burocrática y un respeto sagrado e inflexible a las 37,5 horas semanales de jornada laboral. La desconexión digital al salir del centro no es un capricho laboral ni una muestra de desinterés; es una medida de primeros auxilios sanitarios para evitar el colapso definitivo de los claustros.

Un docente quemado, apático o medicado para poder aguantar una guardia de patio no es un mal profesional que deba ser fiscalizado con más dureza. Es la consecuencia lógica de un engranaje desalmado que exige milagros diarios a cambio de indiferencia institucional. Toca bajar las revoluciones de la exigencia burocrática, bajarse del pedestal del martirio y recuperar la cordura operativa. Nos va la salud, la vida y la dignidad del oficio en ello.

Me podéis encontrar en X (enlace) o en Facebook (enlace). También me podéis encontrar por Telegram (enlace) o por el canal de WhatsApp (enlace). ¿Por qué os cuento dónde me podéis encontrar? Para hacerme un influencer de esos que invitan a todos los restaurantes, claro está. O, a lo mejor, es simplemente, para que tengáis más a mano por dónde meteros conmigo y no tengáis que buscar mucho.

El viernes escribí un hilo en X (enlace), relacionado con un artículo en este blog (enlace), en el que dentro del mismo se mencionaba una cuestión numérica acerca de la cantidad de exámenes que se dice, especialmente en las redes, para dar cuenta de la importancia que supone la docencia. Lo sé. Supeditar el volumen de correcciones a la calidad profesional o a la mejora educativa tiene mucho de tramposo. Por eso, ante la avalancha de docentes que dicen lo que corrigen pero, especialmente ante los insultos recibidos por algunos porque no saben gestionar sus argumentaciones de otra manera, voy a responder aquí.

El tuit específico del hilo de marras es el siguiente…

Como os he dicho… se ha armado un revuelo monumental en las redes a cuenta de mi último análisis, y la reacción de una parte del gallinero tuitero no ha hecho más que confirmar, punto por punto, el diagnóstico de mi tesis. Al tocar el dogma del sufrimiento y cuestionar las matemáticas creativas de quienes afirman corregir miles exámenes al año, ha saltado la banca del corporativismo más rancio. He recibido desde desgloses febriles de contabilidad analógica hasta el insulto ramplón de quienes, parapetados tras un avatar, me acusan de «no haber pisado un aula en mi vida». Conviene, por tanto, encender la luz, exigir comprensión lectora básica -esa que luego pedimos al alumnado- y recordar cuatro verdades incómodas a quienes confunden la docencia con una competición de poner ladrillos.

Vaya por delante una recomendación higiénica para la jauría digital. Os pido que os leáis el hilo entero antes de empezar a salivar sobre el teclado. Responder como resortes al primer impacto visual sin digerir el argumento completo es el síntoma definitivo de esa devaluación cultural que tanto nos escuece admitir. Quedarse en la literalidad de la cifra es no entender que el problema no es el minutero del reloj, sino la necesidad patológica de exhibir las llagas en la plaza pública para mendigar una validación que el sistema nos niega. E insisto, lo menos importante es el número de exámenes que uno corrija. Y si conviene rectificar y decir que hay docentes que corrigen más de mil exámenes, rectifico. No es relevante. Como si uno revisa cientos de libretas cada semana. No es relevante para lo que pretendía decir.

A los guardianes de la pureza escolar que intentan desacreditarme aludiendo a que ahora mismo ejerzo de «desertor de la tiza» -por segunda vez en tiempos muy limitados (y esta segunda por motivos extraprofesionales) en mis casi treinta años de profesión-, les sugiero que revisen sus fuentes. Que hoy ocupe otras funciones no borra las tres décadas de experiencia acumulada que arrastro a mis espaldas. He gestionado miles de alumnos, he lidiado con la burocracia de todos los colores y me he curtido en aulas verdaderamente complicadas, de esas donde la tiza quema y los eufemismos pedagógicos se disuelven en los primeros cinco minutos. Precisamente porque he estado ahí, sé de lo que hablo. Y precisamente por eso, me resulta ridículo que tipos que acaban de aterrizar en las aulas o docentes de entorno idílico pretendan darme lecciones de lo que significa pisar el barro. Bueno, que lo hagan pero ya os digo yo que no me sienta nada mal porque conozco perfectamente qué he hecho cuando he estado dentro y cuando he estado fuera.

Me resulta desolador ver a profesionales de la enseñanza atrapados en la mentalidad de un peón del siglo XIX, midiendo su valía y su dignidad laboral por el volumen de escombros acumulados. «Yo corrijo más», «yo sufro más», «yo duermo menos». Esa obsesión por demostrar quién es el esclavo más eficiente de la plantación administrativa es de una estrechez mental alarmante. La dignidad de un oficio, el respeto de la sociedad y las mejoras laborales se consiguen negociando convenios, plantando cara a las ratios en las negociaciones y exigiendo recursos duros; no dando pena en internet ni compitiendo por ver quién es el mártir del mes. Se da una imagen lastimosa del colectivo. Y las lágrimas se pueden soltar desde cualquier profesión y lo único que hace este modelo lacrimógeno es generar enemigos. No se trata de generar enemigos. Se trata de sumar afinidades.

Por otra parte, el debate encarnizado sobre el conteo de folios corregidos ha sacado a la luz un problema de enfoque que nadie parece querer asumir. Estoy hablando de la saturación del modelo. El examen tradicional es un instrumento útil, riguroso y perfectamente válido para medir el conocimiento; no se trata en absoluto de demonizarlo ni de comprar las ocurrencias pedagógicas de moda. Lo que resulta insostenible es reducir la evaluación a una cadena de montaje fordista, basando la supuesta calidad de la enseñanza en una montaña industrial de papel corregido a pulso y en la fiscalización obsesiva de las libretas.

Plantear que corregir miles de exámenes de forma masiva es la mejor o la única manera de evaluar el aprendizaje no demuestra rigor; demuestra que hemos colapsado el sentido común. Deberíamos replantearnos seriamente si convertir el examen en una herramienta de estajanovismo es lo que mejor mide cómo lo estamos haciendo en las aulas, o si simplemente estamos ahogando el criterio y el tiempo del profesor en un océano de inercia analógica.

La jornada laboral de un docente en este país está estipulada por ley en 37,5 horas semanales. Todo lo que se decida regalar voluntariamente más allá de esa frontera, ya sea por mala organización, por saturación de un modelo que deberíamos revisar o por puro narcisismo vocacional, es responsabilidad de cada uno, no una medalla que deba colgarse. Dejemos de intentar dar pena a una sociedad que trabaja en la privada en condiciones leoninas. Digamos las necesidades qué tenemos y propongamos mejoras para nuestro colectivo en cuestiones imprescindibles. Sí. También la de los salarios porque no hay negociación que no deba incluirla. En docencia y en cualquier otra profesión.

Este texto, incoherente y no sé si demasiado bronco, es la respuesta unificada a los ofendidos de plantilla y a los matemáticos de la hipérbole. La escuela no se defiende llorando por las esquinas digitales ni jugando a contabilidades de explotación para justificar el sueldo; se defiende con dignidad laboral, exigencia intelectual y realismo operativo.

Si queremos respeto, debemos de dejar de actuar como mártires y empezar a comportarnos como trabajadores cualificados. La tiza se dignifica con la cabeza alta, no con el lamento crónico en el muro de las lamentaciones interactivo.

No es malo denunciar las condiciones laborales. Debe hacerse. Pero, de ahí a lo que estoy viendo en las redes, con proliferación de la denuncia de flechas en el cuerpo de uno y de parrillas donde morir, no lo veo. Lo de San Sebastián y San Lorenzo debería ir por otro lado.

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Hay que tener la honestidad brutal de bajar a estas cuentas del pedestal y decir la verdad desnuda. Sus hipérboles son, simple y llanamente, mentira. La enseñanza no es un sacerdocio, ni una misión mística, ni una ONG. Es un trabajo especializado de alta responsabilidad. El postureo del martirio que satura las redes no es amor al oficio; es una necesidad patológica de recibir palmaditas en la espalda en forma de likes a costa de inventarse una realidad paralela. Cada vez que un docente miente sobre su propia explotación para marcar paquete ético, está insultando la inteligencia de sus compañeros y dinamitando el respeto que la sociedad debería tener por el rigor de la tiza.

Hablo desde la experiencia de los veintimuchos años que llevo ya arrastrando la tiza y dando clase, aunque lo haya combinado con unos pocos en la zona más gris de la administración. Por mis aulas han pasado miles de alumnos; una marea humana de rostros, nombres y trayectorias. Y precisamente por eso, porque sé lo que es la trinchera a largo plazo, me produce un enorme pudor ajeno ver una de las modas recurrentes en las redes sociales. Me estoy refiriendo a colgar el pantallazo de turno con el mensaje rebosante de almíbar que un exalumno supuestamente te ha mandado para darte las gracias por cambiarle la vida.

Seamos serios. Por mucho que se compartan esos mensajes en las redes -y ya sabemos que el algoritmo premia la lágrima fácil, sea el texto inventado o real-, la cruda realidad de la estadística nos dice que esas dedicatorias de película son simples anécdotas. Bonitas, sí, pero anécdotas marginales. Pretender reducir una carrera profesional de décadas al combustible emocional de tres mensajes nostálgicos es desenfocar el oficio. No trabajamos para que nos escriban cartas de agradecimiento ni para alimentar nuestro ego en las pantallas; trabajamos para que esos miles de alumnos salgan al mundo con herramientas duras, criterio y conocimientos, nos den las gracias después o no.

Volviendo a las fábulas numéricas de las redes, hagamos un cálculo rápido de esos que se enseñan en etapas obligatorias para desmontar el burdo invento de los miles de exámenes corregidos. Para alcanzar semejante proeza folclórica, un docente tendría que evaluar decenas de exámenes al día, los trescientos sesenta y cinco días del año, incluyendo domingos, festivos, Nochebuena y los meses de julio y agosto. Es una imposibilidad física y matemática. Al lanzar estas historias ridículas, lo único que se consigue es que el ciudadano de a pie, el albañil, el fontanero o el administrativo que sudan sangre en la empresa privada, se rían en nuestra cara. Estas mentiras nos convierten en una caricatura y devalúan la queja real del profesorado que sí está saturado de trabajo burocrático verídico.

El peligro de tolerar estas narrativas mitómanas es la presión insana e injusta que ejercen sobre el resto del claustro. Se pretende instalar la idea perversa de que el buen docente es aquel que no tiene vida privada, el que destruye su salud mental por el centro y el que compra folios de su bolsillo porque «todo sea por los niños». El heroísmo impostado de unos pocos se convierte en el chantaje moral de todos. El docente que cumple su horario a rajatabla, que imparte su materia con excelencia científica y que apaga el ordenador a las cinco de la tarde para atender a sus propios hijos no es menos comprometido; es, simplemente, un profesional cuerdo y respetuoso con su salud y con su convenio laboral.

Este artículo, aunque sé que es muy controvertido, ha salido de alguien, harto de ver cómo las mentiras del sector nos pegan un tiro en el pie cada día en las redes. Que los apóstoles del sacrificio inventado y los gurús del entusiasmo obligatorio rasguen sus vestiduras en los comentarios; la trinchera real de los centros educativos se defiende con los pies en la tierra, derechos claros y la cabeza fría.

La escuela no necesita cuentistas en el altar de las redes sociales; necesita profesionales competentes que exijan respeto a su labor y a sus horarios. Me gustaría un poco menos de folclore emocional de escaparate y más crudo realismo profesional. El futuro de la educación no se levanta sobre las mentiras de quienes dicen corregir miles de exámenes ni sobre el postureo de los mensajes lacrimógenos, sino sobre la dignidad diaria de quienes enseñan con rigor dentro de su jornada laboral.

Finalmente, y como siempre os digo, ya puede empezar la crítica…

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