Solbes no cede en el pulso con Montilla

A cinco días del plazo fijado por el Estatuto de Cataluña (9 de agosto), el acuerdo sobre las bases del nuevo modelo de financiación autonómica está muy lejos. Y es que las posiciones de la Generalitat y del Gobierno central sobre el alcance de la solidaridad entre comunidades, el principal caballo de batalla, siguen siendo muy distantes.

Frente al argumento del presidente catalán, José Montilla, de que los preceptos del Estatuto catalán obligan también al Gobierno, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, esgrime la necesidad de aplicar la Constitución, como norma suprema.

"La Constitución, que también está en vigor y hay que aplicarla, dice que corresponde al Estado garantizar la financiación para todas las comunidades de las competencias transferidas", explicó Solbes en una entrevista exclusiva concedida a EL PAÍS el pasado miércoles. "Debemos buscar una fórmula que nos permita, respetando que la compensación de servicios básicos [del Estatuto catalán] se cumpla, que también se cumpla nuestra obligación constitucional, es así de simple", agregó el vicepresidente.

Simple, pero muy difícil, a tenor de cómo se han desarrollado las negociaciones hasta ahora. La Generalitat catalana quiere que los fondos para compensar la desigualdad de ingresos entre las comunidades y para garantizar así un mismo nivel de prestación de servicios se limiten a sanidad, educación y servicios sociales.

Igual para todos

Según sus cálculos, la redistribución se aplicaría así al 75% de los recursos del sistema como máximo. Un planteamiento que rechazaron el pasado viernes las seis comunidades autónomas del llamado Frente del Noroeste (Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Aragón y Extremadura), reunidas en Asturias.

La posición del Gobierno sobre la solidaridad del sistema es mucho más amplia. En la propuesta que presentó hace dos semanas, el Ministerio de Economía señalaba que el nuevo sistema garantizará, como demanda el Estatuto catalán, los recursos para que la prestación de la sanidad, educación y los servicios sociales "sea igual para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia".

Pero la propuesta del Gobierno incluye también una garantía de que habrá "recursos suficientes" para la prestación de todas las competencias transferidas. Es decir, no excluye de la redistribución de recursos otros servicios básicos; entre los que Solbes ha citado, como ejemplo, la competencia de justicia.

"Pensamos que eso no puede dejar de financiarse", abunda el vicepresidente, en referencia a otros servicios básicos. "En algunos casos, como Cataluña, con una base fiscal amplia, se podría pensar que esas competencias [transferidas] se pueden financiar con sus propios ingresos", añadió, "pero no necesariamente en todas sucede igual y no podemos dejar de prestar esos servicios fundamentales en otras comunidades autónomas".

El Gobierno sí está dispuesto a ampliar la participación de las comunidades en la recaudación del IRPF (del 33% al 50%), IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (40% al 58%), como se recoge en el Estatuto catalán.

Ese aumento de ingresos tributarios de las comunidades llevará a Cataluña a sumarse a las dos únicas autonomías (Madrid y Baleares) que ahora no necesitan del fondo estatal de solidaridad para cubrir sus necesidades financieras y aportan el excedente a la financiación del resto.

Con su propuesta de limitar los mecanismos de solidaridad, Cataluña busca revertir una de las consecuencias del actual sistema de financiación autonómica. Comunidades como Extremadura o Cantabria, con ingresos tributarios muy por debajo de sus necesidades, obtienen, tras la aplicación del fondo estatal de solidaridad, más recursos por habitante que otras como Baleares, Madrid o Cataluña, con más ingresos fiscales.

El Gobierno cree justa esta reivindicación, pero alega que no puede satisfacerla de manera inmediata y que dependen de las disponibilidades presupuestarias (muy ajustadas por la crisis) para compensar a las comunidades más dinámicas.

Lo que no cree justificado Solbes es la estimación de recursos adicionales para las comunidades que ha hecho Cataluña. La Generalitat mantiene que el Gobierno debe aportar, al menos, 12.700 millones de euros más (en 2006 se repartieron 110.000 millones) para compensar el desequilibrio entre la Administración central y autonómica en los últimos años. Según las cifras de la Generalitat, en 1999 las comunidades gestionaban el 55% de los ingresos públicos y ahora sólo el 49%, mientras el Gobierno pasó del 45% al 51%.

"Discrepo en lo que Cataluña llama desequilibrio vertical. Según nuestras cifras no es correcto que los fondos disponibles de las comunidades hayan sido inferiores a los del Estado en los últimos años", replica Solbes. "Se da más bien una situación totalmente distinta, publicaremos en su momento los cuadros", anuncia el vicepresidente, que rehúsa adelantar su estimación de cuántos recursos adicionales habrá. "De cifras no voy a hablar".

En todo caso, el nuevo sistema requerirá más recursos, ya que se actualizarán las cifras de población (hasta ahora se ha utilizado el padrón de 1999). El Gobierno también se ha comprometido a compensar a las comunidades por el gasto de estos últimos años por prestar servicios a esa población no reconocida.

La propuesta de Economía consagra la población como principal factor en el reparto de fondos (como piden Cataluña, Madrid o Valencia), pero Solbes se resiste a considerar la inmigración como una variable adicional, lo que también exigen dichas comunidades. "La inmigración debe incorporarse básicamente como población", alega el vicepresidente, que se muestra abierto a considerar "coeficientes correctores" en algún gasto específico, como la educación.

"Son temas perfectamente discutibles", agrega Solbes, que tampoco se opone a discutir la posibilidad de dar más peso en el reparto de fondos al envejecimiento de la población o su dispersión geográfica, como exigen Galicia, Castilla y León o Asturias. "Si hay acuerdo entre las comunidades sobre una distribución distinta no tenemos ningún problema, pero es un tema muy complicado", advierte.

Las comunidades del Frente del Noroeste abogan porque el peso del factor demográfico se reduzca a un máximo del 80%, algo que no aceptan Madrid, Cataluña o Valencia. "Si no hay acuerdo, creemos que lo mejor es aplicar la fórmula que se pactó en 2001", concluye Solbes. Una fórmula en la que el 90% del dinero se distribuye en función de la población.