Análisis de la Guía de Interpretación y Aplicación del Concepto Cliente del Cliente (UIF, agosto 2026)

En agosto de 2026 la Unidad de Información Financiera (UIF), junto con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el INAES, publicó una guía destinada a un problema que viene generando fricción operativa desde la reforma normativa de 2023: cómo debe gestionar un sujeto obligado el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP) cuando su cliente directo es, a su vez, otro sujeto obligado que administra u opera con fondos de terceros. Es el esquema conocido en la jerga de cumplimiento como “cliente del cliente”. La guía no crea una obligación nueva, remite al inciso c) de los artículos 31 (y sus equivalentes 32 y 33) de las resoluciones UIF vigentes desde 2023, pero sí fija por primera vez de forma unificada, cómo debe interpretarse esa obligación en la práctica. Vale la pena revisar sus puntos centrales porque cambia, en los hechos, qué puede y qué no puede pedir un sujeto obligado a otro.

El problema que la guía busca resolver

El esquema del “cliente del cliente” alcanza dos situaciones distintas que la guía trata bajo un mismo estándar. La primera es la más obvia: un sujeto obligado (por ejemplo, una entidad financiera) que tiene como cliente a otro sujeto obligado (un PSPCP, una ALyC, etc.) que a su vez opera con fondos de terceros. La segunda es más amplia y novedosa: clientes que, sin revestir formalmente la calidad de sujeto obligado, despliegan en el marco de su actividad principal una operatoria de naturaleza similar, reciben, administran, custodian, canalizan, transfieren, liquidan o disponen de fondos de titularidad de terceros. La Resolución UIF N° 199/2024 extendió expresamente esta lógica a entidades financieras y cambiarias respecto de clientes no sujetos obligados con esa característica.

El texto identifica con claridad los dos riesgos que quiere evitar y los pone en el mismo plano de gravedad. Por un lado, la aplicación excesiva o automática del criterio: exigencias de información desproporcionadas, fricción con la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, tensiones en la relación comercial y en el extremo, la exclusión financiera de clientes por evitar el costo de analizarlos caso por caso. Por el otro, el riesgo especular: que la laxitud en la identificación, verificación y monitoreo de este tipo de clientes deje al sujeto obligado expuesto a canalizar fondos ilícitos, perder trazabilidad sobre beneficiarios finales y, eventualmente, enfrentar sanciones administrativas y daño reputacional. La guía se posiciona explícitamente en el medio, alineada con el enfoque basado en riesgo (EBR) del GAFI: ni exclusión automática ni pase libre.

Cuatro principios rectores

Para resolver esa tensión, el documento organiza la debida diligencia sobre el cliente del cliente en cuatro ejes.

El primero es la cooperación entre sujetos obligados. La norma es explícita: cada sujeto obligado responde por el buen uso de los productos y servicios que él mismo ofrece, no por los que su cliente ofrece a terceros ajenos a la relación comercial directa. De ahí que el monitoreo del cliente-sujeto-obligado deba hacerse en un marco de cooperación y no de control unilateral, apoyado en el artículo 21, inciso a) de la Ley 25.246, que habilita el intercambio de información de debida diligencia entre sujetos obligados siempre que medie consentimiento expreso e informado del titular de los datos, y que ese intercambio se limite a lo estrictamente necesario, con criterios de finalidad, proporcionalidad y confidencialidad.

El segundo es el enfoque basado en riesgo. La guía es taxativa en un punto que conviene subrayar porque suele leerse al revés en la práctica: que la normativa mencione a los clientes que operan con fondos de terceros entre los factores que pueden elevar el riesgo no habilita presumir automáticamente el nivel máximo de riesgo para todos ellos. Operar con fondos de terceros debe incorporarse como un factor más dentro del modelo de riesgos, analizado y documentado caso por caso, según el modelo de negocio, los controles del cliente y su nivel de madurez en materia de prevención, hasta asignar un perfil de riesgo bajo, medio o alto, igual que con cualquier otro cliente.

El tercero es la debida diligencia propiamente dicha, previa e inicial. Antes de comenzar la relación comercial y durante su desarrollo, el sujeto obligado debe alcanzar un conocimiento suficiente, real y actualizado del sistema de prevención de LA/FT/FP que aplica su cliente. La guía habilita reuniones con el Oficial de Cumplimiento del cliente y a título ejemplificativo y no taxativo, enumera qué puede solicitarse: manuales de prevención de LA/FT/FP, procedimientos de vinculación con clientes, descripción del sistema de monitoreo, estructura del área de prevención, resultados de la autoevaluación de riesgos, resúmenes ejecutivos de los informes de revisor externo independiente y de auditoría, y notas del Oficial de Cumplimiento sobre el estado de la debida diligencia y el monitoreo de sus propios clientes. Todo esto debe estar documentado, parametrizado según la materialidad de la operatoria y usado como insumo del monitoreo continuo, no como un fin en sí mismo.

El cuarto eje es el monitoreo continuo, activado en particular por inusualidades. La guía habilita requerir documentación identificatoria del cliente del cliente en dos escenarios: como parte de un proceso periódico de revisión, o ante la existencia de inusualidades vinculadas a desvíos en la operatoria. Como ejemplos de esos desvíos —no taxativos— menciona el aumento significativo del monto operado, el incremento exponencial de la cantidad de operaciones, operatorias que no guardan relación con el tipo de clientes del sujeto obligado, contrapartes con operatorias que no encuadran con su perfil, y contrapartes con antecedentes negativos.

Lo que un sujeto obligado no debe hacer

Tan importante como lo que la guía habilita es lo que expresamente delimita como exceso. El sujeto obligado no debe convertir este procedimiento en una supervisión o inspección propia de un organismo de control: no se espera que valide, certifique o emita juicio técnico sobre la suficiencia o efectividad de los sistemas de prevención de otro sujeto obligado, ni que opine sobre la calidad de sus procedimientos de debida diligencia, ni que solicite ajustes en los sistemas preventivos de su cliente. Su rol se limita a comprender y evaluar el riesgo que esa relación le representa a él.

Hay además un límite legal duro que la guía reafirma: el artículo 22 de la Ley 25.246 impone secreto sobre la información suministrada a la UIF y sanciona penalmente su revelación fuera de ese ámbito. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia puede formar parte de un pedido o intercambio entre sujetos obligados la existencia o el contenido de un reporte de operación sospechosa. Y la obtención de información sobre el cliente del cliente debe guardar relación concreta con un proceso de revisión o una inusualidad detectada, no puede usarse para fines distintos de los previstos en la normativa.

Finalmente, la guía cierra el círculo con un estándar de proporcionalidad: si media sospecha de LA/FT/FP, falta de colaboración o reticencia injustificada del cliente, el sujeto obligado debe evaluar si la continuidad de la relación comercial es compatible con sus propias políticas de administración de riesgo. Pero esa decisión debe ser el resultado de un análisis de riesgo, no un automatismo ni una respuesta defensiva genérica frente a toda contraparte que gestione fondos de terceros.

Qué implica en la práctica

Para los equipos de cumplimiento, la guía tiene una lectura operativa concreta:

• Obliga a revisar (o crear, si no existe) un procedimiento específico y documentado para clientes sujetos obligados y clientes que operan con fondos de terceros sin serlo, que defina qué información se solicita, con qué periodicidad y bajo qué disparadores de inusualidad, evitando el pedido reflejo de documentación no vinculada a un proceso concreto.
• Exige que el nivel de riesgo asignado a este tipo de clientes esté fundamentado en un análisis caso por caso, no en una categoría genérica de “alto riesgo por definición”, algo que también importa de cara a una eventual revisión de un revisor externo independiente o de la propia UIF.
• Pone un límite a los pedidos de información: deben ser proporcionales, limitarse a lo necesario para la debida diligencia y el monitoreo y nunca incluir la existencia de un ROS.
• Deja constancia expresa de que el objetivo declarado no es reducir la bancarización o el acceso a servicios financieros de estos actores, sino gestionar su riesgo de forma efectiva y proporcional, en línea con el estándar del GAFI.

Conclusión

La guía no es vinculante en el sentido de una resolución, pero sí fija la expectativa regulatoria de los cuatro organismos que la suscriben, lo que en la práctica la convierte en un parámetro de referencia obligado para cualquier revisión de cumplimiento futura.

Su valor principal está en desactivar dos lecturas erróneas y opuestas que venían conviviendo en el mercado: la que trataba a todo cliente con fondos de terceros como un riesgo automático a excluir y la que ignoraba el punto por completo. Entre ambas, la UIF eligió expresamente el análisis de riesgo documentado.

Introducción

El delito de lavado de activos ha experimentado una transformación estructural durante la última década, potenciada en la era pospandemia. La digitalización acelerada de los sistemas de pago, la proliferación de activos virtuales, la expansión de proveedores de servicios financieros no tradicionales y la disponibilidad de estructuras jurídicas de rápida constitución han configurado un entorno operativo que difiere sustancialmente del observado en etapas previas.

El nuevo escenario no resulta de una evolución incremental, sino una reconfiguración sistémica del delito económico. Las tipologías históricas persisten, pero se integran con infraestructuras tecnológicas que amplifican la velocidad, la opacidad y la capacidad transfronteriza de las organizaciones criminales.

Las nuevas dinámicas que definen los escenarios actuales del delito son:

1. Convergencia entre mecanismos analógicos y digitales

La literatura reciente señala que las tipologías tradicionales, ejemplo empresas de fachada, testaferros, pitufeo, manipulación documental, no han sido desplazadas, sino rearticuladas y potenciadas mediante el uso de infraestructuras digitales. Entre los mecanismos observados se destacan la utilización de cuentas digitales y PSPs como canales de estratificación, la fragmentación de pagos mediante wallets y la transferencia inmediata hacia exchanges offshore, todo esto sostenido en diversos proveedores tecnológicos que presentan estándares heterogéneos de cumplimiento.

2. Gatekeepers y estructuras jurídicas como facilitadores del delito

Gafilat destaca el rol de los denominados gatekeepers (abogados, contadores, escribanos, agentes inmobiliarios) como vehículos en esta etapa actual ya que su propia actividad facilita la constitución de sociedades sin actividad económica real, la manipulación de balances y documentación contable, el ocultamiento de beneficiarios finales mediante estructuras multilayer y el armado de holdings en jurisdicciones con baja transparencia corporativa.

La disponibilidad de vehículos societarios digitales y la reducción de costos de constitución permiten escalar la creación de estructuras opacas, incrementando la complejidad de la supervisión.

3. El Comercio Internacional como mecanismo dominante de transferencia transfronteriza de valor

El Comercio Internacional continúa siendo una de las tipologías más relevantes en América Latina. Las modalidades incluyen subfacturación y sobrefacturación sistemática, triangulación comercial, manipulación de calidad y cantidad de productos, documentación aduanera adulterada ahora potenciadas con la incorporación de activos virtuales como mecanismo auxiliar de pago.

4. Activos virtuales: desintermediación y fragmentación de la trazabilidad

Los activos virtuales introducen una capa adicional de opacidad al sistema financiero. Las organizaciones criminales emplean exchanges no regulados o con estándares laxos, mezcladores y chain hopping para fragmentar trazabilidad y tokens de baja liquidez para mover valor sin ruido.

La ausencia de estándares homogéneos de supervisión y la desalineación entre jurisdicciones generan un entorno con trazabilidad parcial y limitada capacidad de intervención estatal.

5. Redes multilayer y microtransacciones distribuidas

La digitalización masiva de pagos habilita esquemas de transacciones de bajo monto y de alta frecuencia, que combinan cuentas mulas reclutadas digitalmente, wallets temporales, PSPs con presencia multinacional y estructuras operativas de corta duración.

Cuando existen debilidades en onboarding, validación biométrica, monitoreo en tiempo real y controles sobre cuentas nuevas, el ecosistema se vuelve altamente vulnerable a operaciones de estratificación de bajo monto pero alto volumen.

6. La brecha tecnológica: asimetría entre delito y regulación

La velocidad de adopción tecnológica favorece estructuralmente al delito. Mientras los reguladores operan bajo marcos legales rígidos, procesos formales y limitaciones presupuestarias, las organizaciones criminales adoptan nuevas herramientas sin restricciones normativas ni auditorías. Esta asimetría genera una brecha temporal entre la aparición de nuevas tecnologías y su incorporación a los marcos regulatorios, brecha que es sistemáticamente explotada por los actores ilícitos.

Conclusión

El lavado de activos evoluciona hacia un modelo modular, distribuido y tecnológicamente intensivo, donde las tipologías tradicionales se combinan con infraestructuras digitales que multiplican la velocidad y la opacidad del delito.

El desafío central ya no es describir cómo se lava, sino diseñar sistemas regulatorios capaces de anticipar, detectar y desarticular estructuras que cambian más rápido que las normas.

La próxima década estará definida por la capacidad de los Estados y los supervisores para cerrar la brecha tecnológica frente a un delito que opera con agilidad, escala y adaptabilidad crecientes.

El pasado 15 de mayo el Banco Central de la República Argentina publicó la Comunicación “A” 8438, mediante la cual incorpora el Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP) al texto ordenado sobre Cheques y Otros Instrumentos Compensables. La norma rige a partir del 16 de mayo de 2026.

El CEDIP es la versión digital de un plazo fijo tradicional: representa el mismo instrumento pero en formato electrónico, lo que permite que sea transferible, fraccionable y compensable a través del Sistema de Circulación Electrónica (SCE) administrado por COELSA. Una de sus principales ventajas es que el titular puede cobrar los fondos al vencimiento en una entidad distinta a la que captó el depósito.

A continuación, los puntos relevantes según tipo de entidad:

Entidades Financieras: Son las únicas habilitadas para emitir CEDIP, función que se activa cuando captan depósitos a plazo fijo a través de banca por Internet o banca móvil. Deberán registrar la emisión, transmisión y pago en el SCE, y participar en las sesiones de compensación diarias (presentados y rechazados) conforme a los plazos y horarios definidos por las Cámaras Electrónicas de Compensación. Asimismo, deben habilitar a sus clientes la posibilidad de constituir, gestionar y cobrar CEDIP, e informar al SCE la CBU de cobro al momento de la emisión.

Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago (PSPCP): La función de cobro de CEDIP es obligatoria para todos los PSPCP, con independencia de qué entidad haya emitido el instrumento. Deberán contar con los mecanismos necesarios —propios o a través de terceros— para que sus clientes puedan gestionar y cobrar CEDIP desde sus cuentas. Adicionalmente, deberán disponibilizar la transmisión para negociación bursátil y la transmisión en procuración, a favor del agente que efectúe la custodia del CEDIP.

Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) Su principal impacto es operativo: deberán integrarse al circuito de compensación del CEDIP en lo que refiere a los roles que les sean aplicables conforme su actividad, y adaptar sus sistemas para operar con los nuevos códigos de transacción y motivos de rechazo definidos en la norma.

El Banco Central de la República Argentina publicó el pasado viernes, la Comunicación “A” 8434, mediante la cual incorpora un nuevo régimen informativo aplicable a las transferencias inmediatas intraentidades.

La medida alcanza a entidades financieras y a proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP), quienes deberán presentar información mensual al BCRA bajo el régimen R.I.-T.I.I.

¿Qué deberán informar?

Los sujetos alcanzados deberán remitir mensualmente un archivo denominado TRANSFERENCIASINTRA.TXT, con información consolidada sobre las operaciones comprendidas. Entre los datos requeridos se incluyen:

tipo de transferencia;
código de moneda;
participación de un administrador, cuando corresponda;
cantidad total de operaciones;
monto total informado en miles y sin decimales.

El envío se realizará a través del Servicio de Transferencia de archivos MFT, siguiendo el diseño de registro y las validaciones establecidas por el BCRA.

Principales puntos a tener en cuenta:

El nuevo régimen prevé que sólo se informen partidas con operaciones registradas. En caso de que el monto de las mismas sea menor a $1.000 el campo “Monto total” deberá integrarse con importe igual a cero.

En caso de no existir operaciones alcanzadas durante el período, se deberá elegir la opción “OPERA=FALSE” en el archivo “DETALLE.XML” y no deberá grabarse el archivo.

Asimismo, la norma incorpora controles específicos de validación, incluyendo errores de diseño, inconsistencias en códigos de partida o moneda, información duplicada, rectificativas mal informadas y presentaciones fuera de los parámetros admitidos.

Vigencia:

La obligación comenzará a regir para la información correspondiente al período agosto de 2026, con primer vencimiento el 22 de septiembre de 2026.

Impacto esperado:

Esta nueva exigencia implicará que los sujetos alcanzados revisen sus procesos de identificación de transferencias intraentidad, a fin de asegurar que la información remitida al BCRA cumpla con los requisitos técnicos y de validación previstos.

Para las áreas de cumplimiento, operaciones y tecnología, resulta recomendable anticipar los ajustes necesarios en sistemas, circuitos de control y generación de archivos para llegar adecuadamente al primer vencimiento.

El pasado 6 de mayo, el BCRA emitió la Comunicación “A” 8433, dirigida a entidades financieras, operadores de cambio, emisores de tarjetas, proveedores de servicios de pago que ofrecen cuenta de pago y otros proveedores no financieros de crédito.

La misma establece:

1. Nuevas rutas de acceso en el sitio web del BCRA:
Debido al rediseño del sitio oficial, se actualizaron los enlaces desde donde deben descargarse los modelos de carteles y materiales que las entidades están obligadas a exhibir en sus sucursales y canales digitales:

Acceso público: www.bcra.gob.ar/aplicativos/
Acceso exclusivo para entidades financieras: www3.bcra.gob.ar

2. Actualización de enlaces en la Sección 2 — Protección al Usuario:
Se modificaron los links que las entidades deben incluir en sus contratos, resúmenes de cuenta y comunicaciones al cliente, de modo que redirijan correctamente a las nuevas páginas del BCRA donde los usuarios pueden consultar el Régimen de Transparencia y acceder al área de Protección al Usuario.

3. Actualización de textos ordenados:

Se actualizan formalmente dos textos ordenados:

Comunicación por Medios Electrónicos para el Cuidado del Medio Ambiente
Protección de los Usuarios de Servicios Financieros

La UIF modernizó el proceso de inscripción:
1. Ahora la inscripción como sujeto obligado es 100% digital: Toda la documentación de inscripción se presenta en formato PDF por el SRO+. Si hay observaciones, el Sujeto Obligado tiene 15 días hábiles para subsanarlas.
2. Consecuencia del incumplimiento: Si no se subsanan las observaciones en el plazo, se bloquea automáticamente la inscripción en el SRO+, quedando el obligado expuesto a sanciones bajo la Ley N° 25.246.
3. Actualización de datos: Los ya registrados deben mantener actualizados domicilio, teléfono y email dentro de los 5 días hábiles de cualquier cambio. Los reemplazos del Oficial de Cumplimiento también deben comunicarse en ese plazo al correo sujetosobligados@uif.gob.ar.
4. Facultades de la Dirección de Supervisión: Otorga una facultad discrecional a la Dirección de Supervisión al pedido de actualización de la información a los ya inscriptos, no impone una obligación automática.

Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial, el 14 de abril de 2026.

El 30 de abril, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 8432, mediante la cual introduce modificaciones relevantes al régimen de Proveedores de Servicios de Pago (PSP). La norma impacta principalmente sobre los procesos de inscripción, actualización registral, condiciones para operar, obligaciones de información, requisitos aplicables a accionistas y autoridades, y la incorporación formal de la figura de PSPCP como Servicio.

Alcance
La comunicación se encuentra dirigida, entre otros, a:

• Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago.
• Proveedores de Servicios de Pago que cumplen la función de iniciación.
• Aceptadores de pago con transferencia.
• Administradores QR.
• Adquirentes de pagos con tarjeta.
• Agregadores de instrumentos de pago.
• Administradores de esquemas de pago de transferencias electrónicas de fondos.
• Redes de cajeros automáticos y transferencias electrónicas.
• Empresas de cobranza extrabancaria de impuestos y/o servicios.

  En la práctica, la norma resulta especialmente relevante para los PSPCP, y en particular para aquellos que brindan cuentas de pago a través de terceros bajo modelos de prestación “como servicio”.

Principales cambios / incorporaciones:

1. Nuevas restricciones para operar como PSP:
La norma sustituye el punto 1.3 del texto ordenado de PSP y establece con mayor detalle quiénes no podrán operar como PSP.

En particular, no podrán operar como PSP:

Personas jurídicas que no se encuentren regularmente constituidas en el país.
Personas jurídicas extranjeras que no hayan cumplido con los requisitos de la Ley General de Sociedades para ejercer actividad habitual en Argentina.
Personas jurídicas que la CNV reconozca expresamente como mercados, cámaras compensadoras o agentes de cualquier tipo.
También se establecen restricciones para quienes pretendan actuar como accionistas, socios, titulares de derechos de voto (directa o indirectamente) o integrantes de órganos de administración o fiscalización de un PSP.

No podrán ocupar esos lugares, entre otros:

Personas humanas alcanzadas por determinadas inhabilidades previstas en la Ley de Entidades Financieras.
Personas condenadas por ciertos delitos dolosos, incluyendo delitos contra la propiedad, la administración pública, el orden económico y financiero, la fe pública, violación de secretos, asociación ilícita o infracciones al régimen penal cambiario.
Personas humanas o jurídicas incluidas en resoluciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la UIF, en el RePET o designadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Además, el BCRA podrá considerar antecedentes de sanciones aplicadas por la UIF, BCRA, CNV y/o SSN.

2. Incorporación de la figura de “PSPCP como Servicio”:

Uno de los principales cambios es la incorporación expresa de la categoría PSPCP como Servicio.

La norma define esta figura como aquellos PSP que ofrecen cuentas de pago, y eventualmente el servicio de billetera digital interoperable, a clientes de un tercero tomador del servicio. En este esquema, los clientes utilizan las cuentas mediante una interfaz provista por el tercero, integrada tecnológicamente al PSPCP.

Es decir, se regula expresamente el modelo en el cual un PSPCP presta infraestructura de cuentas de pago para que un tercero ofrezca servicios a sus propios usuarios.

3. Nuevos requisitos de inscripción e información ante el BCRA:

La Comunicación incorpora nuevos requisitos dentro del procedimiento de inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago.

A partir de esta modificación, los PSP deberán informar:

El Oficial de Cumplimiento titular y suplente designado ante la UIF.
En el caso de PSPCP, cuál o cuáles serán sus bancos patrocinantes.
Si ofrecerán cuentas de pago, y eventualmente billetera digital interoperable, a través de terceros.
En caso afirmativo, deberán registrar la nómina de los terceros a los que brindarán el servicio.
Para cada uno de esos terceros deberán consignarse determinados datos exigidos por el texto ordenado de PSP, junto con una descripción de los servicios que brindarán.

Un punto central es que el PSPCP como Servicio deberá actualizar la nómina de terceros cada vez que se modifique, y no podrá brindar el servicio a un tercero hasta que este cuente con la habilitación previa del BCRA.
4. Nuevos requisitos sobre accionistas, beneficiarios finales y autoridades:

La comunicación incorpora el punto 2.2.2.12 al texto ordenado de PSP, referido a accionistas y directivos.

Se exige identificar:

Personas humanas que posean como mínimo el 10% del capital y/o de los derechos de voto de la persona jurídica.
Personas humanas que ejerzan el control final, directo o indirecto del PSP.
Integrantes del órgano de administración y/o fiscalización.

Además, estas personas deberán presentar:
Declaración jurada indicando que no se encuentran alcanzadas por inhabilidades legales.
Declaración jurada de que no figuran en resoluciones vinculadas al financiamiento del terrorismo, RePET o listados de Naciones Unidas.
Declaración sobre condenas o sanciones vinculadas a lavado de activos, financiamiento del terrorismo, UIF, BCRA, CNV y/o SSN.
Declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia dentro de los 5 días hábiles anteriores a la presentación.
En caso de personas con domicilio real en el exterior, deberán presentarse certificados equivalentes emitidos por la autoridad competente del país correspondiente.
5. Declaración jurada específica para PSPCP como Servicio:

La norma incorpora una nueva declaración jurada que deberá ser suscripta por el representante legal del PSPCP como Servicio.

Mediante esta declaración, el PSPCP se compromete a:

No brindar el servicio a un tercero hasta que el BCRA haya notificado la habilitación correspondiente.
Informar las bajas a través del Registro.
Además, las declaraciones juradas exigidas deberán ser suscriptas con firma digital, conforme a la Ley 25.506.
6. Prórroga de competencia judicial:

La comunicación incorpora también la obligación de presentar el consentimiento de prórroga de competencia judicial a favor de la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a todos los efectos legales de la relación entre la entidad y el BCRA.

7. Extensión del plazo para inicio de operaciones:

El BCRA extiende de 6 a 12 meses el plazo exigido para el inicio de operaciones de los PSP inscriptos. Este cambio resulta relevante para entidades recientemente inscriptas o en proceso de puesta en marcha, ya que amplía el plazo disponible para comenzar a operar.

8. Nuevas causales y procedimiento de baja del Registro de PSP:

La comunicación sustituye el punto referido al cese de actividades.

La baja podrá producirse:

Por decisión del PSP
El PSP podrá solicitar su baja del Registro, lo que implicará la cancelación de la inscripción, previo aviso al BCRA con una anticipación no inferior a 30 días corridos.
Por decisión del BCRA
El BCRA podrá dar de baja a un PSP, entre otros supuestos, por:
Inactividad durante al menos 180 días corridos consecutivos.
Incumplimiento de regímenes informativos.
Informar “no opera” o no informar operaciones en cantidad o monto.
No registrar transacciones en reportes de administradores de esquemas de transferencias inmediatas, cuando se trate de PSPCP.
Cambios fundamentales en las condiciones necesarias para estar inscripto.
Sanciones impuestas por BCRA, UIF, CNV y/o SSN al PSP, sus accionistas o autoridades.
Cambios en la operatoria respecto de lo informado al momento de inscripción.
9. Requisitos de cumplimiento para PSPCP como Servicio:

La norma establece que los PSPCP como Servicio deberán observar los requisitos de informe de cumplimiento que les resulten aplicables, con profesionales inscriptos en el Registro de Auditores habilitado en la SEFYC.

10. Disposiciones particulares aplicables a PSPCP como Servicio:

La Comunicación incorpora un nuevo punto 4.5 referido específicamente a los PSPCP como Servicio.

Los principales puntos son:
Los clientes del tercero tomador del servicio serán considerados clientes del PSPCP como Servicio, en lo que respecta al uso de las cuentas de pago.
El uso de cuentas de pago por parte de clientes de terceros no libera al PSPCP de cumplir con toda la normativa aplicable a los PSPCP.
Las interfaces de los terceros deberán informar de manera clara y legible la denominación comercial del PSP que provee la cuenta de pago.
Las interfaces, procesos y sistemas de los terceros deberán ajustarse a la normativa del BCRA en materia de:
identificación y conocimiento del cliente;
onboarding digital;
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;
prevención del fraude;
seguridad de la información;
continuidad operativa;
gestión de riesgos tecnológicos y operativos.

Asimismo, el PSPCP como Servicio será responsable de establecer contractualmente estas exigencias con los terceros, verificar su adecuada implementación y asegurar que el modelo de provisión no implique estándares inferiores a los exigidos para la oferta directa de cuentas de pago.

Los contratos celebrados con terceros deberán estar a disposición de la SEFYC.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en la baja de la registración otorgada por el BCRA para actuar como PSPCP.

11. Inclusión de PSP sujetos obligados en normas de PLA/FT del BCRA:

La comunicación establece que los PSP que sean Sujetos Obligados ante la UIF quedarán comprendidos por las disposiciones del texto ordenado del BCRA sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas.

Esto refuerza la exigencia de contar con un sistema de prevención adecuado, en línea con la normativa UIF y con los controles esperados por el BCRA.

Plazos de adecuación:

La norma establece dos plazos relevantes:
10 días hábiles
Los PSP que, a la fecha de publicación de la Comunicación, ya se encuentren ofreciendo cuentas de pago como servicio, deberán informar al BCRA dentro de los 10 días hábiles el listado de terceros a los que prestan el servicio.
La información deberá incluir:
Nombre del tercero.
CUIT.
Descripción de los servicios brindados.
La presentación deberá realizarse a través de la casilla: sdep_vigilancia_estadisticas@bcra.gob.ar
90 días corridos
Los PSP inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago tendrán un plazo de 90 días corridos para adecuarse a las disposiciones de la Comunicación.
Además, la norma aclara que sus disposiciones también aplican a las inscripciones que se encuentren en trámite al momento de su difusión.
Impacto práctico:
En función de los cambios introducidos, resulta recomendable que los PSP revisen:
Si su modelo de negocio encuadra o no como PSPCP como Servicio.
Si brindan servicios a terceros que deban ser informados y habilitados ante el BCRA.
La información registrada ante el BCRA respecto de autoridades, accionistas, beneficiarios finales, Oficial de Cumplimiento y bancos patrocinantes.
La documentación de accionistas, directivos y órganos de administración/fiscalización.
La existencia de declaraciones juradas, certificados de antecedentes penales y declaraciones PEP.
Los contratos celebrados con terceros.
Los controles exigidos a terceros en materia de onboarding, KYC, PLA/FT, fraude, seguridad de la información, continuidad operativa y riesgos tecnológicos.
El cumplimiento de regímenes informativos para evitar riesgos de baja por inactividad o incumplimiento.
La necesidad de adecuar políticas, procedimientos y documentación interna dentro del plazo de 90 días corridos.