El GRAN HERMANO DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO

El panel cerámico de las naves de la calle Guala y el precio del silencio municipal

2026-11-10T13:47:59.553+01:00

Buenos días,

Proteger el patrimonio cultural valenciano no debería convertirse en una agotadora carrera de obstáculos contra la propia Administración, que tiene la obligación legal y constitucional de conservarlo. Sin embargo, el expediente del panel cerámico, situado en la puerta de entrada de la antigua Fábrica de Hilados, Trenzados y Tejidos de Yute de Pilar Casanova, en la calle Guala, ilustra a la perfección el modus operandi de la opacidad municipal: una petición rigurosamente documentada que queda atrapada en un bucle de traslados interdepartamentales, respuestas extemporáneas, evasivas y promesas de futuro bajo el cómodo tiempo verbal indeterminado e impreciso del "se tramitará".

El pasado 6 de noviembre de 2026, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana realizó una contundente resolución que respalda punto por punto el núcleo de nuestra reclamación: el Ayuntamiento de Valencia debe dictar y notificar una resolución motivada que conteste formalmente a todas y cada una de las cuestiones planteadas por nuestra asociación, adoptando de inmediato las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad y conservación del panel cerámico.

Esta resolución del órgano de garantía llega tras una larga maratón administrativa iniciada en febrero, reactivada mediante escrito de impulso en agosto, formalizada como queja ante el Síndic en septiembre y rematada con alegaciones en contra de los informes evasivos de la delegación de Urbanismo. Todo este despliegue no es burocracia vacía: es el ingente trabajo que hemos tenido que asumir para obligar al consistorio valenciano a cumplir con exigencias tan básicas como responder a la ciudadanía y proteger nuestro patrimonio. Cuestiones que sigue sin cumplir, motu proprio.

El resultado es un triunfo incontestable en la fiscalización de la labor pública, pero no nos permite bajar la guardia. El Síndic no aprueba directamente la modificación del Catálogo urbanístico ni acude a la calle Guala a colocar un cristal protector sobre el panel cerámico. El Síndic señala las faltas de la Administración y le exige corregirlas. Ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Valencia, que debe demostrar con hechos, resoluciones notificadas y cautelas verificables que la tutela del patrimonio cultural no vuelve a ser aplazada en el cajón de los expedientes olvidados.

El 2 de febrero de 2026, nuestra asociación presentó por RGE la solicitud formal para la catalogación e incoación como Bien de Relevancia Local (BRL) del panel cerámico con la inscripción «FÁBRICA DE HILADOS TRENZADOS Y TEJIDOS DE YUTE. AÑO 1935», ubicado en el dintel del acceso principal a las naves de la calle Guala (distrito de Saïdia, barrio de Sagunto).

No se trataba de una petición arbitraria. El panel, compuesto por 63 piezas cerámicas cuadradas sepultadas bajo capas de pintura plástica, reúne valores históricos, etnológicos e industriales evidentes. Además, encaja de forma indiscutible en el ámbito protector de la Disposición Adicional Quinta, apartado 1.f) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que otorga ex lege la consideración de Bienes de Relevancia Local a los paneles cerámicos exteriores anteriores a 1940.

En los primeros días de marzo, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico actuó con notable diligencia. La Sección de Arqueología elaboró el expediente y emitió los días 4 y 5 de marzo de 2026 un INFORME TÉCNICO FAVORABLE. En él se confirmaba el valor patrimonial del bien, la procedencia de tramitar su inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos por parte del Servicio de Planeamiento (al ser un instrumento de naturaleza urbanística) y, sobre todo, la necesidad imperativa de establecer cautelas específicas de conservación e integración ante eventuales proyectos o licencias en el inmueble.

El 10 de marzo de 2026, Patrimonio Histórico remitió copia formal del informe y del expediente al Servicio de Planeamiento. A partir de ese preciso instante, la tramitación entró en un limbo de silencio e inactividad.

Pasaron las semanas y los meses sin que el Servicio de Planeamiento diera señal alguna de vida. Ni se notifico la recepción del expediente (incumpliendo el art. 21.4 de la Ley 39/2015), ni se asignó una codificación urbanística visible en la Carpeta Ciudadana, ni se procedió a la incoación del expediente.

Ante esta parálisis, el 3 de agosto de 2026 registramos un contundente escrito de impulso administrativo. En él exigíamos formalmente:

- Tenernos por personados en el expediente urbanístico.

- Impulsar de oficio la incoación del instrumento de protección.

- Notificar la referencia del expediente interno asignado por Planeamiento, la identidad de la autoridad e instructor responsable (art. 53.1.b LPACAP) y copia de los actos dictados.

- Adoptar de forma inmediata las cautelas urbanísticas preventivas señaladas por Arqueología para blindar el panel ante eventuales licencias de obra.

- Conceder un apercibimiento de 30 días hábiles previo a acudir al Síndic de Greuges y a la vía Contencioso-Administrativa.

Resulta inadmisible que una asociación ciudadana tenga que redactar reiterados escritos y requerimientos legales para conocer el estado de tramitación de un expediente que la Administración está obligada a impulsar de oficio por celeridad (art. 71.1 LPACAP). La transparencia municipal no consiste en vender portales web de datos abiertos; se demuestra respondiendo a las peticiones concretas y notificando a los interesados, cosa que sigue sin hacer en demasiadas ocasiones.

Fieles al apercibimiento realizado y ante la persistencia del silencio municipal, el 17 de septiembre de 2026 formalizamos la Queja nº2604661 ante el Síndic de Greuges, invocando la vulneración del Derecho a una Buena Administración y a la Tutela Administrativa Efectiva sin Indefensión (arts. 9.3 y 103 CE, art. 9 Estatut d'Autonomia y arts. 21 y 48 Ley 39/2015).

La intervención del Síndic desatascó de inmediato la maquinaria burocrática consistorial: la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones solicitó informe urgente a Planeamiento el 22 de septiembre, redactándose este el 24 de septiembre de 2026.

El informe de Planeamiento aportó, por fin, las claves de la codificación interna que se nos habían ocultado durante seis meses:

- Expediente 3001-2022-335: Relativo al panel cerámico religioso (Ntra. Sra. de la Cabeza), en fase final de aprobación.

- Expediente 3001-2022-22: Relativo al Catálogo general de Rótulos Comerciales, al que anunciaban haber acumulado la propuesta del panel de la fábrica de yute para tramitarlo «de manera conjunta».

Sin embargo, ese informe no era más que una evasiva para salvar el trámite ante el Síndic:

- Sin resolución motivada a la parte interesada: El escrito era una mera comunicación interna entre departamentos, sin notificarse formalmente ningún acuerdo de incoación o acumulación en nuestra Carpeta Ciudadana.

- Sin cautelas preventivas: Planeamiento no dedicó ni una sola línea a explicar qué medidas se habían adoptado para evitar que una licencia en las naves destruyera o dañara el panel mientras el macro-expediente de 2022 sigue su lenta tramitación.

Por ello, el 30 de septiembre de 2026 presentamos alegaciones de réplica ante el Síndic de Greuges, exigiendo no archivar las actuaciones hasta que el Ayuntamiento no acreditara notificaciones formales y cautelas de protección reales.

La resolución del Síndic de Greuges emitida el 6 de noviembre de 2026 no deja margen a la ambigüedad y desmonta punto por punto la estrategia del «se tramitará» municipal.

El Alto Comisionado de las Cortes Valencianas constata explícitamente que:

«No consta que se haya adoptado alguna medida de protección del panel cerámico de la fábrica de la calle Guatla hasta que sea declarado como bien de relevancia local».

Y, en consecuencia, formula una RECOMENDACIÓN oficial al Ayuntamiento de Valencia dividida en dos pilares fundamentales:

1. Vertiente Procedimental (Derecho de los Ciudadanos): Que se dicte y notifique a la entidad promovente una resolución motivada que conteste formalmente a todas las cuestiones planteadas en los escritos de febrero y agosto de 2026 (personación, identificación de instructor y expediente, copia de actuaciones y cautelas). No bastan respuestas genéricas entre dependencias; la asociación solicitante tiene derecho a una resolución en forma.

2. Vertiente Material (Protección Cautelar del Patrimonio): Que se adopten de manera inmediata «las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la protección» del panel cerámico como Bien de Relevancia Local durante la tramitación del instrumento urbanístico.

Este caso pone sobre la mesa el incalculable coste que la mala administración impone a la sociedad civil. Las entidades dedicadas a la defensa del patrimonio cultural no somos oficinas ni empresas dedicadas al peritaje o seguimiento administrativo de los expedientes municipales. Nuestra labor es localizar, estudiar, divulgar y proponer la conservación de la memoria histórica de nuestro patrimonio cultural. Cuando la Administración nos obliga a consumir recursos y energías en una cadena ininterrumpida de escritos, requerimientos y quejas solo para lograr que se cumpla la ley, algo falla gravemente en el sistema institucional.

El plazo para que el Ayuntamiento de Valencia responda al Síndic de Greuges si acepta o rechaza la recomendación es de un mes. Advertimos desde ya que una mera declaración de intenciones o la firma de un documento diciendo «que se acepta» no será suficiente. Exigimos hechos comprobables:

- La notificación en forma en la Carpeta Ciudadana del escrito de resolución motivada.

- La inscripción efectiva de las cautelas urbanísticas en las fichas del inmueble para que ningún técnico o departamento pueda otorgar licencias que afecten al panel sin informe patrimonial previo.

- El impulso definitivo de la modificación del Catálogo de Protección (Expte. 3001-2022-22).

El panel cerámico de 1935 de la calle Guala es un testigo de la memoria obrera e industrial del barrio de Sagunto y de la Saïdia que merece respeto y tutela efectiva. Desde nuestra asociación continuaremos vigilantes para que la Administración pase, de una vez por todas, de las promesas de futuro a la protección en presente. Sin más excusas, ni dilaciones.

Un saludo...

Las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

El Síndic de Greuges desnuda la inactividad de la Conselleria de Cultura en la Estación del Norte

2026-11-09T18:09:55.806+01:00

Buenas tardes,

Hay respuestas administrativas que explican una actuación. Otras justifican una decisión. Y algunas, pese a ocupar varias páginas de estéril y absurda jerga burocrática, están redactadas con la única finalidad de esquivar las preguntas esenciales que planteamos en nuestras denuncias.

La contestación que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades remitió al Síndic de Greuges sobre la Estación del Norte de Valencia, tras nuestra denuncia, pertenece de una forma escandalosa a este último grupo: identifica al propietario del inmueble, insiste en las obligaciones del Estado y reconoce formalmente tener competencias autonómicas de protección, pero no acredita absolutamente nada sobre lo que ha hecho para ejercerlas después de todos estos meses.

La reciente resolución del Síndic de Greuges permite situar el debate en el terreno que desde nuestra asociación venimos reclamando. La cuestión jamás ha sido quién limpia los andenes, quién gestiona los contratos de los locales o quién mantiene las vías ferroviarias. La cuestión era y es: ¿qué ha hecho la Administración cultural valenciana ante una denuncia formal por la evidente degradación y contaminación visual de un Bien de Interés Cultural (BIC)? Y la respuesta del Síndic es demoledora: no consta actuación alguna. En otras palabras: no se ha hecho nada.

La resolución del Síndic de Greuges no se limita a reproducir nuestras alegaciones. Formula dos apreciaciones propias, rotundas y verificables tras la investigación realizada:

«No consta que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, en contestación a la denuncia presentada con fecha 17/4/2026, haya realizado alguna actuación, visita o inspección al inmueble para comprobar la degradación, invasión y contaminación visual» del BIC Estación del Norte.

«Tampoco consta que la Conselleria, en cumplimiento de su competencia de tutela patrimonial, haya dirigido alguna comunicación o requerimiento a la Administración estatal para que, como propietario, cumpla con sus obligaciones legales».

No son valoraciones de nuestra asociación incorporadas como antecedentes. Son las conclusiones objetivas de la investigación del órgano de control tras nuestras alegaciones.

Ese «no consta» revela una realidad incontestable: si Cultura de verdad hubiera enviado inspectores, levantado actas o requerido a ADIF, lo habría aportado inmediatamente para defenderse ante el Defensor del Pueblo Valenciano. Si no lo hizo cuando se le dio trámite de informe, incluso habiendo pedido y obtenido una ampliación de plazo, es porque jamás movió un solo papel para comprobar sobre el terreno la agresión al monumento.

La estrategia defensiva de la Dirección General de Patrimonio Cultural se ha apoyado en pervertir un dato obvio que nadie le discutía: la titularidad estatal de la estación. Hablar de ADIF para tapar la falta de tutela propia. En su informe al Síndic, Cultura repite que el Estado es el propietario y el responsable directo de la conservación y gestión material del inmueble.

Pero en nuestras alegaciones del 6 de octubre ya dejamos en evidencia esa falacia. Nadie ha pedido a la Generalitat que se encargue del mantenimiento en los andenes o sustituya a RENFE en la explotación de los trenes. Lo que exigimos es el ejercicio estricto de la potestad de tutela y policía patrimonial.

La propia Conselleria admite en su escrito que le corresponden las «funciones de tutela y protección patrimonial». Y ahí aflora su contradicción más flagrante: reconoce la función tutelar, pero no acredita haberla ejercido. Se deshace en explicaciones sobre lo que debería hacer el Estado, pero oculta qué ha hecho ella como garante del Patrimonio Cultural Valenciano. Y lo que ha hecho ha sido NADA.

Es más: si Cultura estaba tan convencida de que la solución dependía única y exclusivamente de la Administración estatal, ¿por qué no le envió ni un sólo requerimiento formal exigiéndole el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 4/1998 (LPCV)? Usar al propietario para "pasar la pelota" sin haberle dirigido ni una sola carta de apercibimiento demuestra que la titularidad estatal no es el punto de partida de una actuación coordinada, sino una mera excusa de mal pagador para desplazar el problema.

El 17 de abril de 2026 presentamos una denuncia rigurosa pormenorizada, que ha sido tratada con el rodillo del desgaste. Y si pretendían desgastarnos después de tantos años, es que poco nos conocen desde la Conselleria.

Nuestra denuncia no era una sugerencia decorativa. Denunciamos la ocupación del perímetro del monumento y sus andenes por terrazas, puestos de comida, veladores, vallas publicitarias y mobiliario auxiliar que destrozan la contemplación del edificio modernista. Denunciamos cómo se está vulnerando el artículo 38 de la LPCV (prohibición de contaminación visual) y cómo el Plan Especial de Protección (PEP) y el Convenio de 2003 se están usando como patente de corso para primar 82.666 m² de aprovechamiento comercial sobre la integridad del BIC.

La Dirección General de Patrimonio Cultural abrió el expediente 2026-0206-V «para el análisis de los hechos». Sin embargo, abrir un expediente no es proteger un monumento. Tener un número de registro administrativo solo demuestra que el papel entró por registro; no demuestra que se haya investigado el problema.

Tratar nuestra denuncia mediante la muletilla del "procedimiento iniciado de oficio" e inocular la amenaza del "archivo por caducidad" a los tres meses es una maniobra clara para desincentivar el ejercicio de la Acción Pública (Art. 5.3 y 9.1 de la LPCV). Pretenden someternos a una carrera de desgaste: denuncia, escrito de incoación, alegaciones, queja al Síndic y nuevas alegaciones, sin que entretanto ningún técnico pise la estación, y lo único que consiguen es exponer las vergüenzas de la propia administración y de sus máximos responsables.

Y aunque la Conselleria respondió al Síndic tarde, como siempre (envió su informe el 5 de octubre), esa respuesta formal ha supuesto un silencio material absoluto sobre el fondo patrimonial. No dijeron si las terrazas son compatibles o ilegales, si fueron examinadas, si tienen autorización de Cultura o si procede su retirada.

El Síndic de Greuges ha zanjado este juego de manos. En su recomendación, pide de forma inequívoca a la Conselleria que:

Realice, en contestación a la denuncia y conforme a su competencia de tutela patrimonial, las actuaciones necesarias para lograr que el Estado adopte las medidas oportunas para evitar la degradación, invasión y contaminación visual del BIC Estación del Norte.

La Conselleria dispone ahora del plazo de un mes para comunicar si acepta estas consideraciones y, lo más importante, qué medidas concretas va a adoptar.

Ya no le servirá redactar otro tratado sobre la titularidad de ADIF o sobre quién posee el suelo. El marco competencial está claro y el Síndic le recuerda el artículo 46 de la Constitución: la conservación del patrimonio obliga a los poderes públicos cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

El patrimonio histórico no se protege con cláusulas de estilo, ni echando balones fuera de manera imprudente y negligente. Exige hechos: visitas de inspección, actas, requerimientos de retirada de terrazas ilegales y expedientes de restablecimiento de la legalidad. Desde nuestra asociación estaremos vigilantes para exigir que este requerimiento del Síndic no vuelva a terminar en el cajón de la inactividad administrativa.

Un saludo...

Los Docks y las respuestas que el Ayuntamiento sigue sin dar: el Síndic reclama que se aclare su protección patrimonial

2026-10-23T17:31:49.106+02:00

Buenas tardes,

hoy volvemos a escribir sobre los Docks Comerciales del Puerto de Valencia, una de nuestras joyas industriales. Y lo hacemos con una resolución del Síndic de Greuges que pone por escrito lo que desde nuestra asociación veníamos denunciando: remitir informes anteriores y repetir que un edificio está protegido no equivale a responder a las preguntas concretas que plantea la ciudadanía. Y el Ayuntamiento de Valencia sigue suspendiendo en materia de transparencia y participación ciudadana.

La resolución, firmada el 23 de octubre de 2026, dentro del expediente de queja nº2604178, concluye que no consta que el Ayuntamiento de Valencia haya dictado y notificado la resolución motivada que debía contestar a nuestro escrito del 12 de agosto. Además, señala que el informe municipal tampoco responde expresamente a las cuestiones esenciales que reiteramos en nuestras alegaciones.

No estamos, por tanto, ante una simple discrepancia entre nuestra asociación y el consistorio. Estamos ante una insuficiencia de la respuesta municipal constatada por la institución encargada de supervisar la actuación de nuestras administraciones públicas.

Y conviene explicar qué significa, qué sigue pendiente y por qué no vamos a aceptar que la protección de los Docks se despache con otro intercambio de documentos que deje las mismas preguntas sin contestar. Las huellas están ahí y el propio Ayuntamiento reconoce que deben conservarse.

Para entender este asunto debemos volver a las fachadas de los Docks, un edificio construido entre 1917 y 1919 que conserva impactos de metralla de la Guerra Civil.

No hablamos de una interpretación caprichosa de nuestra asociación. La propia respuesta municipal reproduce el criterio del Servicio de Patrimonio Histórico sobre esas huellas:

“En relación a las huellas de metralla existentes en las fachadas del edificio, testimonio de los más de 400 bombardeos que sufrió la ciudad durante la guerra civil, se considera que se deberían preservar y no modificar su estado en cualquier actuación que se lleve a cabo en el edificio”.

El Ayuntamiento (Servicio de Patrimonio Histórico) reconoce, por tanto, su existencia, su valor testimonial y la necesidad de preservarlas. También señala que cualquier intervención sobre el edificio debe ser previamente dictaminada por la Comisión Municipal de Patrimonio.

Hasta aquí, los antecedentes municipales. Pero nuestra pregunta no terminaba ahí. Lo que solicitamos fue que el Ayuntamiento se pronunciara expresamente sobre la aplicación de la disposición adicional quinta, apartado 3, de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: si esos vestigios de la Guerra Civil, presentes en un inmueble anterior a 1940, determinan su reconocimiento legal como Bien de Relevancia Local.

Esa es la cuestión que sigue sin respuesta expresa, según concluye el propio Síndic. No pedíamos un favor: pedíamos que se aplicara y explicara la ley. Y la diferencia es importante.

No solicitamos simplemente que al Ayuntamiento le pareciera oportuno mejorar la protección del edificio. Planteamos la aplicación de un régimen legal específico y pedimos que se explicara cómo debía trasladarse al expediente.

La legislación valenciana contempla el reconocimiento legal de determinadas categorías de bienes inmuebles de relevancia local por su naturaleza patrimonial. Por eso, cuando se invoca uno de esos supuestos, la Administración debe analizarlo y responder: no basta con reconducir el asunto a una valoración genérica sobre la conveniencia de aumentar la protección urbanística.

Sin embargo, el informe municipal explica que se encargó un estudio para analizar si procedía “la elevación” de la protección parcial a BRL y que ese trabajo concluyó que no era necesario modificar la ficha.

¿Responde eso a la pregunta que formulamos? El Síndic considera que no se ha contestado expresamente a la cuestión planteada.

Y ese es el centro del problema: no es lo mismo decidir si se desea aumentar una protección que determinar si resulta aplicable una protección prevista legalmente. El Síndic había pedido una resolución, no una recopilación de antecedentes, que es lo que ha vuelto a enviar nuestro consistorio, que es lo que suele hacer cuando no sabe o no quiere contestar.

El 24 de agosto de 2026, al admitir nuestra queja, el Síndic requirió al Ayuntamiento una copia de la resolución motivada que contestara “a todas y cada una” de las cuestiones del escrito presentado el 12 de agosto. La respuesta municipal llegó a la institución el 28 de septiembre. Incorporaba informes y referencias a actuaciones anteriores, pero no acreditó lo que se había solicitado.

La conclusión del Síndic merece leerse despacio:

“No consta que el Ayuntamiento de València haya dictado y notificado resolución motivada, con indicación de los recursos correspondientes […] a pesar de haber sido expresamente requerida dicha resolución”.

No se trata de una cuestión decorativa. Una resolución permite conocer qué órgano decide, qué acuerda, por qué lo acuerda y cómo podemos discutir esa decisión.

Los informes pueden servir de fundamento. Pero su mera existencia no demuestra que nuestra solicitud haya sido resuelta.

La ciudadanía no tiene por qué reconstruir una decisión administrativa buscando entre documentos de distintas fechas y servicios, mientras sigue sin saber qué se ha decidido sobre la cuestión principal.

El Servicio de Planeamiento sostuvo que los informes anteriores ya respondían a las cuestiones planteadas y añadió:

“No se entra de nuevo a analizar dichas cuestiones”.

Pues bien: después de examinar esa contestación y nuestras alegaciones, el Síndic concluye que las preguntas esenciales siguen sin respuesta expresa.

Esto no significa que cualquier remisión a un informe anterior sea inválida. No lo hemos planteado así en nuestra réplica. El problema es que la remisión utilizada no ha permitido acreditar una contestación suficiente al asunto concreto.

La antigüedad de un documento no es, por sí sola, el defecto. El defecto es que se utilice como respuesta sin resolver lo que se está preguntando.

Y aquí se preguntaba por un reconocimiento legal, por un posible procedimiento de exceptuación, por sus garantías técnicas y por la intervención de Cultura.

¿Qué procedimiento se ha seguido realmente? Esta es otra de las preguntas pendientes.

Nuestra asociación cuestionó si el Ayuntamiento podía dar por terminada la discusión sobre el BRL apoyándose en el dictamen individual encargado al arquitecto José María Lozano Velasco, presidente del CVC que fue contratado a título particular, sin acreditar las garantías invocadas respecto del procedimiento de exceptuación.

El Síndic incorpora a sus conclusiones la falta de acreditación de tres extremos: la tramitación de ese procedimiento, la intervención de un equipo técnico pluridisciplinar y la emisión del informe favorable de la conselleria competente en cultura. También los incluye en su recomendación final.

Seamos precisos: la resolución no declara definitivamente que todas esas garantías se hayan incumplido. Lo que establece es que no se han acreditado y que la respuesta municipal no despeja la cuestión.

Pero esa diferencia no resta importancia al problema. Al contrario: obliga al Ayuntamiento a documentar su actuación. Si considera que el procedimiento invocado no resulta aplicable, debe explicar por qué. Si sostiene que ha cumplido las garantías pertinentes, debe identificar los trámites y aportar los documentos. Lo que no sirve es presentar la existencia de un estudio como respuesta automática a cualquier objeción sobre el procedimiento.

Conviene insistir en algo que dejamos claro en nuestras alegaciones: se trata de conocer qué función se ha atribuido a este dictamen encargado directamente a este arquitecto, cuál fue el objeto del encargo y cómo se ha utilizado para fundamentar la posición municipal.

Una cosa es disponer de informes procedentes de distintas disciplinas. Otra es acreditar que se ha seguido el cauce técnico y administrativo exigible para adoptar una determinada decisión patrimonial.

La resolución no anula el dictamen ni ordena contratar otro. Sí impide considerar suficientemente contestada la objeción sobre la intervención de un equipo pluridisciplinar y sobre las restantes garantías planteadas. El Ayuntamiento tendrá que explicar el expediente, no limitarse a defender que el expediente contiene papeles.

La respuesta municipal cita una consulta a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Según el fragmento reproducido, correspondía al Ayuntamiento justificar y formular la propuesta mediante el documento urbanístico pertinente, incluyendo entorno de protección y normativa.

Sin embargo, el Síndic mantiene como pendiente la acreditación del informe favorable de la conselleria. Por tanto, la consulta previa citada no ha servido para dar por respondida nuestra pregunta sobre la intervención autonómica.

¿Qué documentación conoció Cultura? ¿Sobre qué propuesta se pronunció? ¿Qué relación tiene aquel informe con el estudio de 2026 y con la decisión municipal de no modificar la ficha? Son preguntas que necesitan documentos y explicaciones, no suposiciones. Y de momento no nos las han facilitado.

La contestación municipal contiene, además, una contradicción llamativa.

Planeamiento afirma que el edificio dispone de protección parcial. Patrimonio Histórico y Artístico describe la conclusión del dictamen de 2026 como el mantenimiento de protección ambiental. El Síndic incorpora expresamente esta “contradicción objetiva” a sus conclusiones y a la recomendación.

¿Qué protección está vigente? ¿Por qué el dictamen habla de mantener otra distinta? ¿Qué ficha y qué normativa se han utilizado?

No estamos afirmando que se haya aprobado una rebaja efectiva de protección. Estamos señalando que la discrepancia sigue sin aclararse. Y no es aceptable que una Administración invoque la protección parcial para tranquilizar a la ciudadanía mientras utiliza un estudio cuya conclusión se presenta con una categoría diferente y menor, sin explicar esa diferencia.

Llegados a este punto, podemos hablar con fundamento de deficiencias procedimentales en la respuesta municipal.

No consta la resolución requerida. El informe no contesta expresamente a las cuestiones esenciales. Y siguen sin acreditarse extremos relevantes del procedimiento patrimonial discutido. Ese es el resultado de la investigación del Síndic.

La fuerza del documento está en lo que realmente dice: el Ayuntamiento no ha demostrado que nuestra petición esté debidamente resuelta y debe corregir esa situación. Ahora toca resolver, explicar y notificar, sin más excusas y dilaciones.

La recomendación es concreta: dictar y notificar una resolución motivada, contestar todas las cuestiones e indicar los recursos pertinentes. El Ayuntamiento debe informar al Síndic, en un máximo de un mes, si acepta las consideraciones y qué medidas adoptará; si no las acepta, debe justificarlo.

Desde nuestra asociación examinaremos la respuesta cuando se produzca. No bastará con anunciar que se acepta si después las preguntas permanecen intactas. Los Docks y sus fachadas merecen algo más que una protección invocada de forma genérica. Merecen un régimen claro, un procedimiento verificable y garantías de conservación.

Seguiremos defendiendo la memoria material de Valencia, con documentos, con alegaciones y con la exigencia de que cada Administración explique y justifique sus decisiones. Porque las huellas de nuestra historia no pueden quedar atrapadas entre un “ya está informado” y un “no se entra de nuevo a analizar”.

Un saludo...

La muralla andalusí de la calle Salinas: trece años de ruina declarada, promesas incumplidas y un Ayuntamiento que no sabe de quién es su propio BIC

2026-10-16T16:38:38.722+02:00

Buenas tardes,

hoy volvemos a denunciar uno de los episodios más graves, persistentes y vergonzosos de abandono institucional que ha sufrido el patrimonio histórico de Valencia en los últimos años.

Hablamos de la muralla andalusí y la torre del siglo XI integradas en el inmueble situado en la calle Salinas nº 5, en pleno barrio del Carmen. Una parte de la Valencia islámica medieval, integrado en el Bien de Interés Cultural de la Muralla Árabe de Valencia, levantado durante el periodo del emir Abd al-Aziz ibn Ámir, entre 1021 y 1061.

Y hablamos de un bien que lleva trece años declarado en situación legal de ruina, mientras el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana se han dedicado a emitir informes, cruzarse comunicaciones, aceptar recomendaciones, archivar expedientes y discutir internamente sobre quién debe ocuparse de salvarlo. Y la respuesta, hasta ahora, ha sido siempre la misma: nada.

Para entender la gravedad del asunto hay que viajar hasta 2007, antes incluso de la aparición de nuestra asociación. Y es que el 12 de noviembre de 2007, mediante la Resolución nº U-6327, el Ayuntamiento de Valencia declaró la amenaza de ruina inminente del inmueble de la calle Salinas nº 5. Es decir, hace casi dos décadas la administración municipal ya tenía constancia oficial de que aquel edificio presentaba un riesgo grave. Pero el riesgo no se detuvo ahí.

El 27 de junio de 2013, mediante la Resolución nº U-454, el Ayuntamiento declaró la situación legal de ruina del inmueble. Un año después, el 29 de octubre de 2014, mediante la Resolución nº U-695, se adjudicó el aseguramiento del inmueble. Y en ese momento ya estabamos denunciándolo desde nuestra asociación.

Desde entonces han pasado más de una década. Y la pregunta que cualquier valenciano debería hacerse es sencilla: ¿dónde están las obras?

Porque no hablamos de una ruina descubierta ayer. No hablamos de un imprevisto. No hablamos de un daño repentino y sobrevenido. Hablamos de una situación conocida, documentada y denunciada durante años por nuestra asociación, con cuatro recomendaciones del Síndic (en camino una quinta) y ninguna solución.

Ante la pasividad institucional, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana tuvo que intervenir en varias ocasiones. Sus resoluciones se sucedieron en 2014, 2016, 2020 y 2023.

En la resolución de 28 de abril de 2023, el Síndic volvió a requerir a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y al Ayuntamiento de Valencia que adoptaran medidas para mejorar la conservación y puesta en valor de la muralla árabe del siglo XI.

Y en todo este tiempo han pasado por la ciudad tres alcaldías y tres equipos de gobierno diferentes. Y el resultado es el mismo: abandono absoluto.

Este expediente no puede atribuirse a un solo gobierno municipal. La muralla ha atravesado varias alcaldías y varios equipos de gobierno, y en ninguno se ha producido la actuación decisiva que exigía el bien. Y para aquellos a los que les preocupa más las siglas de su partido político de turno (por afiliación, afinidad, voto, etc.) que el patrimonio cutural valenciano y que sólo alzan la voz, señalan, critican o denuncian en función de quién gobierna, lamentamos informarles que esto no va sólo de siglas. Todos y cada uno de los actores implicados son CULPABLES y RESPONSABLES del estado en el que se encuentra este BIC. No se salva ninguno y de ningún partido por el que ha pasado el expediente de la calle Salinas nº5. Ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico.

Durante el mandato de Rita Barberá, del Partido Popular, alcaldesa de Valencia entre 1991 y junio de 2015, se produjeron la declaración de amenaza de ruina en 2007, la declaración de ruina en 2013 y la adjudicación del aseguramiento en 2014.

Durante los gobiernos de Joan Ribó, de Compromís en coalición con el PSPV-PSOE y con València en Comú, entre 2015 y 2023, se emitieron nuevas recomendaciones del Síndic, se mantuvo el deterioro y, según los informes municipales ahora conocidos, el Ayuntamiento de Valencia adquirió la titularidad del inmueble en 2021 sin que el Servicio de Disciplina Urbanística fuera debidamente informado.

Y desde junio de 2023 gobierna María José Catalá, del Partido Popular, en coalición con VOX. Su equipo ha recibido la reapertura de la queja, ha solicitado una ampliación de plazo para aclarar competencias y, tras esa ampliación, ha aportado informes que siguen sin designar con claridad un responsable único ni acreditar una intervención material reciente sobre el BIC.

No se trata de cargar toda la responsabilidad sobre una sola persona, partido político o equipo de gobierno. Se trata de algo más grave: el problema ha sobrevivido a los cambios de gobierno y se ha cronificado en el tiempo. Ha atravesado el PP, Compromís (PSPV-PSOE + València en Comú) y de nuevo el PP (+VOX). Y en ningún caso se ha convertido en una prioridad real. Se han usado todo tipo de excusas para no actuar y seguir dilatándolo en el tiempo. Por lo tanto, la responsabilidad es completamente compartida.

Hasta ahora, una de las excusas recurrentes era la existencia de un propietario privado al que había que exigir el cumplimiento del deber de conservación. Pero esa coartada ha caído por tierra.

Los informes municipales reconocen que el inmueble fue expropiado y que pasó a ser de titularidad municipal, con alta en el Inventario Municipal de Bienes en 2021. Posteriormente, el 2 de julio de 2025, se dictó una Resolución de Alcaldía por la que se causó alta en el inventario municipal. Esto cambia absolutamente el escenario jurídico.

El artículo 18.1 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, impone a propietarios y poseedores de bienes incluidos en el Inventario General la obligación de conservarlos y mantener la integridad de su valor cultural. Y el artículo 46 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, cualquiera que sea su titularidad.

Traducido al lenguaje llano: si el Ayuntamiento es el propietario, el Ayuntamiento es el responsable. Ya no puede alegar que el problema es la pasividad de un particular. Ya no puede escudarse en la existencia de un tercero. Ya no puede decir que espera a que el propietario actúe. El propietario es el Ayuntamiento. Y el bien sigue en ruina. Pero hay más. Y es todavía peor.

El Servicio de Disciplina Urbanística ha reconocido que mantuvo abierto el expediente de ruina hasta 2024 porque ningún servicio municipal le comunicó que el Ayuntamiento había adquirido el inmueble en 2021. Pensad en lo que esto significa.

Durante años, el Ayuntamiento mantuvo un procedimiento de ruina frente a los antiguos propietarios privados cuando el verdadero propietario era ya el propio Consistorio. No fue un error de un día. Fue una falta de comunicación interna que se prolongó durante años.

En 2024, el Servicio de Disciplina archivó el expediente y lo trasladó al Servicio de Patrimonio, adjuntando el último informe técnico disponible: uno de 2021.

La consecuencia es escalofriante: entre 2021 y 2026 no consta una inspección técnica integral y actualizada del estado del edificio, la torre y los tramos de muralla. Cinco años sin un diagnóstico oficial actualizado sobre una estructura declarada en ruina en 2013.

¿Cómo se protege un Bien de Interés Cultural sin inspeccionarlo? ¿Cómo se planifica una restauración sin conocer su estado real? ¿Cómo se garantiza la seguridad de un monumento medieval si el último informe técnico disponible tiene cinco años? La respuesta municipal parece ser: con informes, prórrogas y promesas incumplidas.

Ante la nueva queja nº 2603965, el Ayuntamiento solicitó una ampliación de plazo para determinar qué servicio era competente. Alegó la existencia de una controversia entre el Servicio de Disciplina Urbanística, el Servicio de Patrimonio y el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico.

Hasta aquí, podría parecer razonable. Un Ayuntamiento complejo necesita ordenar sus competencias. Pero lo ha ocurrido después es simplemente inaceptable.

El Servicio de Disciplina sostiene que la gestión correspondía al Servicio de Patrimonio y propuso que el bien se adscribiera al Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico. El Servicio de Patrimonio, sin embargo, consideró que no procedía esa adscripción respecto del edificio y anunció un encargo urgente de aseguramiento. Y el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, precisamente el que el propio Servicio de Disciplina consideraba más adecuado para proteger un BIC, no aportó un informe específico en los documentos transcritos.

Resultado: tras pedir más tiempo para aclarar competencias, el Ayuntamiento ha presentado una documentación que confirma que el problema sigue ahí.

Y tal y como no nos cansamos de repetir, un Ayuntamiento no es una suma de concejalías enfrentadas, ni un reino de Taifas independiente. Tiene personalidad jurídica única. Sus conflictos internos no pueden oponerse a la ciudadanía ni utilizarse para suspender obligaciones legales. La Ley 40/2015 recoge expresamente que cada Administración actúa con personalidad jurídica única. Utilizar el desorden interno para justificar la inacción externa es, sencillamente, una forma sofisticada de no hacer nada.

El Servicio de Patrimonio ha anunciado un encargo urgente para el aseguramiento del edificio, en el marco de un acuerdo marco para obras urgentes en inmuebles municipales. Se ha mencionado a la contratista CADERSA. ¿Es una buena noticia? Podría serlo. ¿Es suficiente? Rotundamente, no.

Porque nadie ha aclarado si ese aseguramiento incluye la torre y los tramos de muralla islámica, o si se limita al edificio residencial protegido. Y aquí está el peligro.

La torre y el lienzo de muralla no son elementos accesorios de una finca municipal cualquiera. Forman parte de la unidad patrimonial que justifica la protección del BIC. No pueden tratarse como un resto arqueológico secundario, ni el edificio como un inmueble ordinario, para eludir el régimen de intervención que corresponde a un bien de interés cultural.

Los artículos 35 y 36 de la Ley 4/1998 exigen que las intervenciones en bienes declarados de interés cultural cuenten con la autorización de la Conselleria competente y que los Ayuntamientos no otorguen licencias o actos equivalentes sin acreditar dicha autorización cuando sea preceptiva.

Si el “aseguramiento” afecta a la muralla o a la torre, debe aclararse si se ha solicitado informe o autorización de la Conselleria. Si no las afecta, debe demostrarse técnicamente.

Porque un BIC del siglo XI no se salva con un parche de mantenimiento urbano. Se salva con diagnóstico técnico, proyecto especializado, autorización patrimonial, presupuesto y ejecución real.

Y todavía queda una pregunta más incómoda: ¿Sabe la Conselleria que el bien es municipal?

En el anterior expediente de queja (año 2023), la Conselleria trató el bien como de titularidad privada. Pero si el Ayuntamiento de Valencia se convirtió en propietario en 2021, ¿fue informada la Generalitat? ¿Actualizó su posición? ¿Ha dirigido sus requerimientos al titular correcto?

Si no fue informada, la falta de comunicación municipal es gravísima. Si fue informada y siguió tratando el bien como privado, la descoordinación interadministrativa es aún más preocupante.

En cualquiera de los dos supuestos, el resultado es el mismo: una Administración autonómica con competencia en patrimonio cultural y un Ayuntamiento propietario del inmueble han convivido durante años sin un mecanismo claro de coordinación sobre un BIC en riesgo. Y esto no es una anécdota burocrática. Es un grave fallo estructural.

Desde el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural hemos registrado solicitudes de acceso a la información pública y ambiental ante el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria competente en materia de cultura.

No pedimos favores. Pedimos documentos.

Exigimos:

1. El expediente completo de expropiación y el alta municipal de 2021.

2. El informe técnico de 2021 y la acreditación de si se han realizado inspecciones posteriores.

3. El expediente completo del anunciado encargo urgente de aseguramiento.

4. La aclaración expresa de si dicho encargo incluye la torre y los tramos de muralla.

5. La identificación del servicio y responsable municipal que asume la conservación.

6. Las comunicaciones con la Conselleria sobre la titularidad municipal y el estado del BIC.

7. El proyecto de consolidación o restauración, el calendario y el crédito presupuestario.

8. La autorización o informe de la Conselleria, si la intervención afecta al BIC.

Si no existe inspección reciente, que lo digan. Si no existe proyecto, que lo digan. Si no existe presupuesto, que lo digan. Si no existe responsable, que lo digan. Pero que no nos vuelvan a contar que todo está “en tramitación”, “en estudio” o “pendiente de coordinación”. Basta de mareos y de tomaduras de pelo.

La muralla andalusí de la calle Salinas no es un problema de una concejalía, ni de un expediente, ni de una legislatura. Es el resultado de trece años de ruina declarada, cuatro recomendaciones del Síndic, cambios de titularidad, archivos tardíos, informes desactualizados y disputas internas sobre competencias.

Los gobiernos de Rita Barberá, Joan Ribó y María José Catalá, con sus respectivos apoyos, han tenido, en distintos momentos, la responsabilidad política de evitar esta situación. La Generalitat, con sus sucesivos equipos de Cultura, ha tenido la responsabilidad de velar por un BIC de primer orden. Y ninguna de las dos administraciones puede alegar hoy que desconocía el problema.

La pregunta ya no es si la muralla necesita intervención. La pregunta es por qué, después de tantas declaraciones, recomendaciones y compromisos, sigue sin haber una actuación clara, técnica, financiada y ejecutada.

La muralla andalusí no puede seguir siendo rehén de la inercia administrativa. Un BIC del siglo XI no puede depender de que tres servicios municipales decidan, años después de la ruina declarada, quién debe ocuparse de salvarlo.

Seguiremos denunciando cada atropello y exigiendo el cumplimiento íntegro de la Ley. Os mantendremos informados del devenir de este expediente.

Un saludo...

El Síndic vuelve a exigir al Ayuntamiento de Valencia que proteja el Molí dels Frares y su pintura mural del siglo XVII

2026-10-15T20:45:38.488+02:00

Buenas tardes,

Hoy volvemos a denunciar un nuevo episodio de inacción municipal frente a uno de los bienes patrimoniales más singulares (y más olvidados) del barrio de Campanar: el Molí dels Frares, también conocido como Molí de Santo Domingo.

No hablamos de un edificio cualquiera. Se trata de un Bien de Relevancia Local (BRL), catalogado como Espacio Etnológico de Interés Local, que conserva en su interior una pintura mural anónima del siglo XVII dedicada a la Batalla de Salses de 1640. Una obra de cinco metros de ancho por 1,30 metros de alto que constituye un testimonio histórico y artístico excepcional, vinculado a las campañas de Felipe IV en el Rosellón.

Pues bien, a pesar de que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ya recomendó en 2021 inspeccionar el inmueble y, de forma expresa, su pintura mural, el Ayuntamiento de Valencia ha reconocido que sus técnicos de Patrimonio no han podido acceder al interior del edificio para comprobar su estado real. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo.

La historia comienza el 2 de enero de 2021, cuando nuestra asociación presentó ante el Síndic de Greuges la queja número 2100013, denunciando el grave abandono, el riesgo de deterioro y la amenaza que pesaba sobre el Molí dels Frares y sobre su pintura mural.

El 30 de abril de 2021, el Síndic dictó una resolución de recomendaciones. En aquel momento se constató que la última visita técnica al inmueble se había realizado el 25 de noviembre de 2019 y que no constaban actuaciones municipales posteriores. Más grave todavía: el informe municipal remitido entonces no hacía ninguna referencia a la pintura mural situada en el interior del edificio.

Por ello, el Síndic recomendó realizar una visita de inspección técnica urgente, tanto del inmueble como de la pintura mural del siglo XVII, y adoptar las medidas legales oportunas para garantizar el deber de conservación del BRL.

El 28 de mayo de 2021, el Ayuntamiento comunicó formalmente al Síndic la aceptación expresa de aquella recomendación. Los servicios de Patrimonio Histórico y Artístico y de Disciplina Urbanística se comprometieron a realizar una visita de inspección técnica conjunta. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Que, más de cinco años después, seguimos sin conocer el estado real del interior del molino ni de su mural.

Ante esa situación, el 5 de agosto de 2026 presentamos una nueva queja, la número 2603959, para exigir el cumplimiento efectivo de la resolución de 30 de abril de 2021.

El Síndic admitió la queja a trámite el 11 de agosto de 2026 y requirió al Ayuntamiento que remitiera, en el plazo máximo de un mes, un detalle de las medidas adoptadas en cumplimiento de aquella resolución.

El informe municipal fue registrado el 14 de septiembre de 2026. Y su contenido confirma, una vez más, el patrón que venimos denunciando desde hace años: actuaciones parciales, inspecciones incompletas y una protección patrimonial que se queda en la fachada.

El Servicio de Disciplina Urbanística informó de que se realizó una nueva visita al inmueble para comprobar si habían aparecido nuevas patologías constructivas.

Según la documentación incorporada a la resolución, la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación se refiere a una visita realizada el 8 de junio de 2021, en la que se habría observado que el edificio no presentaba daños relevantes que requirieran medidas precautorias y que el estado de conservación exterior era similar al de informes anteriores.

Posteriormente, se realizó otra visita el 19 de enero de 2022, con informe técnico de 16 de febrero de 2022. De nuevo, el documento municipal se refiere a una inspección exterior y concluye que no se apreciaban daños relevantes. El procedimiento se archivó el 20 de diciembre de 2022.

La cuestión central es evidente: esas visitas se centraron exclusivamente en el exterior del edificio. No equivalen a la inspección interior del inmueble ni al examen de la pintura mural que el Síndic había recomendado expresamente en 2021. Inspeccionar una fachada no es inspeccionar un mural.

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico fue más explícito. En relación con el estado de conservación de la pintura mural, reconoció que la falta de acceso había impedido, a la fecha de elaboración de su informe, que los técnicos municipales entraran en el edificio protegido.

El servicio alegó que se trata de una propiedad privada a la que no se puede acceder sin la previa autorización del propietario o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial. Al mismo tiempo, anunció que se iban a realizar las actuaciones oportunas para obtener el acceso legítimo al inmueble, con el fin de inspeccionarlo y constatar su estado.

Ese reconocimiento es decisivo. El Ayuntamiento de Valencia admite que no ha podido comprobar directamente el estado interior del bien ni el de la pintura mural. Pero la recomendación de 2021 exigía precisamente eso: comprobar la realidad actual del estado de conservación del inmueble y de la pintura y, a partir de ahí, adoptar las medidas necesarias.

Sabemos perfectamente que el acceso a un inmueble cerrado debe respetar las garantías legales correspondientes. Nadie está proponiendo vulnerar la propiedad privada ni saltarse el procedimiento. Pero tampoco podemos aceptar que la titularidad privada se convierta, año tras año, en una excusa definitiva para dejar sin examinar un bien catalogado. La propiedad privada no es una exención de protección y no cierra la puerta a la Administración, poe más que algunos políticos irresponsables hayan repetido, cual mantra, en sus redes sociales.

La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, impone a propietarios y poseedores obligaciones de custodia y conservación, y encomienda a las administraciones públicas la protección de los valores del patrimonio cultural. Cuando resulte necesario acceder a un inmueble, la Administración deberá obtener el consentimiento del titular o, en su defecto, tramitar la autorización judicial procedente.

En este sentido, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, remite a su artículo 100 para los supuestos en que las inspecciones requieran entrar en el domicilio o en otros lugares cuyo acceso exija el consentimiento de su titular.

La crítica no consiste, por tanto, en negar la necesidad de respetar la propiedad privada. El problema es otro: la titularidad privada no puede convertirse en una coartada perpetua para no actuar frente a un bien protegido cuya conservación es una obligación legal.

El informe municipal también sostuvo que, aunque el Ayuntamiento de Valencia ejerce la disciplina urbanística y la catalogación del inmueble como BRL, la tutela general y la alta inspección del patrimonio histórico y cultural corresponden a la Conselleria competente en materia de cultura de la Generalitat Valenciana.

La distribución competencial es real. Pero no elimina la responsabilidad municipal. El Ayuntamiento es quien ha catalogado el bien, quien ejerce la disciplina urbanística y quien aceptó en 2021 la recomendación de realizar una inspección técnica conjunta. La existencia de una competencia autonómica de tutela general no permite convertir la actuación local en una mera remisión a otra administración. Si existe un riesgo para un bien protegido, la coordinación entre administraciones no puede sustituir a la adopción de medidas concretas.

En nuestras alegaciones, presentadas el 17 de septiembre de 2026, solicitamos al Síndic que requiriera al Ayuntamiento documentación completa, fechada y verificable sobre las actuaciones practicadas desde diciembre de 2022: los requerimientos dirigidos a la propiedad, las gestiones para obtener el acceso, la eventual solicitud de autorización judicial, las comunicaciones con la Conselleria competente y las medidas cautelares o de conservación valoradas o adoptadas. Porque proteger el patrimonio no consiste en decir que “se está trabajando en ello”. Consiste en acreditar qué se ha hecho, cuándo y con qué resultado.

El informe municipal también abordó la relación entre la administración y nuestra asociación. Sostuvo que el artículo 4 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga a las entidades locales una potestad de autoorganización que les permite estructurar recursos, calendarizar inspecciones y priorizar expedientes.

También afirmó que respeta y promueve la participación ciudadana y la acción pública en materia de patrimonio, pero sostuvo que las constantes y reiteradas peticiones del titular de la queja no pueden condicionar, interferir o dirigir el funcionamiento ordinario de los servicios técnicos.

Nos parece una argumentación que confunde dos planos completamente distintos.

La acción pública en materia de patrimonio cultural no consiste en pedir un favor administrativo ni en dirigir los servicios técnicos municipales. Consiste en la legitimación reconocida legalmente para exigir el cumplimiento de las obligaciones de protección del patrimonio cultural.

La Ley 4/1998 reconoce a todas las personas físicas y jurídicas legitimación para exigir el cumplimiento de la ley ante las administraciones públicas valencianas. Eso no significa que la ciudadanía pueda imponer calendarios, recursos o decisiones técnicas concretas. Significa, sí, que puede reclamar que la Administración cumpla sus deberes legales de conservación y protección. Y es lo que estamos haciendo desde el año 2011-2012, aunque a algunos les pese. No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo que se aplique la ley.

La resolución del Síndic, firmada el 13 de octubre de 2026, reproduce el informe municipal y nuestras alegaciones. En sus conclusiones, reconoce que el Ayuntamiento ha detallado algunas de las actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de 2021, pero concluye que todavía quedan actuaciones pendientes de ejecución.

Por ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento que, en cumplimiento de la resolución de 30 de abril de 2021, adopte todas las medidas necesarias para mantener en buen estado de conservación el Molí dels Frares o de Santo Domingo, así como la pintura mural anónima del siglo XVII sobre la Batalla de Salses. La institución ha constatado que la inspección y las medidas de conservación recomendadas en 2021 siguen incompletas.

El Molí dels Frares no es un expediente administrativo más. Es un inmueble catalogado que alberga una pintura mural del siglo XVII vinculada a un episodio histórico relevante para la memoria de Valencia y de la Comunitat Valenciana.

Su protección exige comprobar directamente su estado, evaluar los riesgos reales y adoptar, si procede, las medidas técnicas y jurídicas necesarias.

La resolución del Síndic no cierra el caso: lo reabre institucionalmente. Recuerda al Ayuntamiento que una recomendación aceptada en 2021 no se cumple con visitas exteriores ni con el archivo de un procedimiento, sino con la comprobación efectiva del bien y con las medidas de conservación que esa comprobación exija.

La próxima respuesta municipal determinará si el Consistorio convierte aquella recomendación en actuaciones verificables o si mantiene una posición que ha dejado durante años sin examinar el interior de un bien protegido y sin conocer el estado real de una obra singular del siglo XVII.

Un saludo...

Fotografía de Hispania Nostra

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural y de Hispania Nostra (mural de la batalla de Salses), no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

Doce años de abandono y siete tirones de orejas del Síndic: las Alquerías de la calle Olba siguen esperando protección real

2026-10-02T16:48:39.462+02:00

Buenas tardes,

Hoy volvemos a denunciar uno de los ejemplos más vergonzosos, prolongados y desesperantes de desidia institucional contra el patrimonio cultural valenciano. Hablamos de las alquerías de la calle Olba, un conjunto rural de enorme valor histórico situado en Marxalenes y catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL), que lleva más de doce años de abandonado a su suerte entre coches aparcados junto a sus muros, pintadas delictivas, suciedad, falta de cerramiento y promesas municipales que, una vez más, siguen siendo papel mojado hasta que volvemos a denunciar.

No estamos hablando de una ruina perdida en mitad de la huerta ni de un edificio sin protección o desconocido para la administración. Estamos hablando de un inmueble oficialmente catalogado, integrante de la memoria agraria e histórica de Marxalenes, sobre el que el Ayuntamiento ha recibido durante años advertencias, escritos, solicitudes, denuncias ciudadanas, notas de prensa y hasta siete pronunciamientos del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Y, aun así, las alquerías de Olba han seguido expuestas a los mismos riesgos que denunciábamos hace más de una década.

La última resolución del Síndic, dictada el pasado 23 de septiembre de 2026, dentro del expediente de queja n.º 2603821, vuelve a poner negro sobre blanco una realidad que desde nuestra asociación llevamos años denunciando: el Ayuntamiento de Valencia no ha ejecutado de forma real y efectiva las medidas de protección que aceptó formalmente ante la Sindicatura. Y no lo ha hecho (parcialmente) hasta que hemos activado de nuevo la denuncia.

Para comprender la gravedad de esta situación hay que echar la vista atrás. Las alquerías de la calle Olba no han llegado a este estado por un accidente puntual, ni por una incidencia imprevista, ni por una catástrofe natural imposible de evitar. Han llegado a esta situación por la inacción sostenida de una administración pública que ha sido advertida reiteradamente y que, pese a conocer el problema, ha permitido que el deterioro se cronifique.

El Síndic de Greuges recuerda una larga relación de resoluciones, recomendaciones y actuaciones vinculadas a este conjunto patrimonial: 31 de julio de 2015, 15 de julio de 2016, 17 de enero de 2018, 31 de julio de 2019, 10 de septiembre de 2021, 10 de abril de 2025 y, ahora, la nueva resolución de 23 de septiembre de 2026.

Son más de doce años de advertencias institucionales. Doce años en los que han cambiado responsables políticos, concejalías, prioridades presupuestarias y discursos públicos, dorándoles la píldora a vecinos y asociaciones. Y durante años las alquerías de Olba han visto cómo los vehículos se aproximan a sus fachadas, cómo las pintadas se acumulan sobre sus paramentos y cómo la burocracia municipal convierte una cuestión elemental de conservación preventiva en un laberinto interminable de informes, traslados de competencia y largas, innecesarias e injustificadas esperas.

Desde nuestra asociación llevamos años insistiendo en algo muy sencillo: un Bien de Relevancia Local no puede ser tratado como un solar residual, como una pared de fondo para aparcar vehículos o como un soporte sobre el que cualquiera pueda pintar con total impunidad.

En mayo de 2025, tras una resolución anterior del Síndic de Greuges, el Ayuntamiento de Valencia comunicó formalmente que aceptaba los requerimientos formulados. En ese momento, el consistorio asumió tres compromisos básicos que, por su sencillez y urgencia, deberían haberse materializado en cuestión de semanas, no de años:

1. Control del tráfico y del estacionamiento. Se debía coordinar la actuación de Policía Local y Movilidad para impedir que los vehículos continuaran estacionando pegados a las fachadas del inmueble.

2. Vallado protector. Se anunciaba la instalación de un cerramiento perimetral acompañado de cartelería identificativa que recordara la condición de Bien de Relevancia Local del conjunto.

3. Limpieza especializada de grafitis. Se asumía la necesidad de intervenir en las pintadas existentes bajo la supervisión del Servicio de Patrimonio Histórico, evitando soluciones inadecuadas sobre materiales tradicionales.

A la vista de aquellos compromisos, la Sindicatura archivó provisionalmente la queja. Una decisión comprensible si se parte de la buena fe institucional y de la confianza en que una administración que acepta una recomendación va a cumplirla. Sería lo esperable. Pero ¿qué ocurrió después? Absolutamente nada relevante.

Catorce meses más tarde, en julio de 2026, la situación continuaba siendo desoladora. No se habían instalado las vallas anunciadas. No existía una señalización eficaz que impidiera el estacionamiento. Los vehículos seguían aproximándose a los muros, algunos aparentemente abandonados, acumulando suciedad y aumentando el riesgo sobre el inmueble. Las pintadas seguían visibles, especialmente en las zonas más altas de las fachadas, y el conjunto continuaba sin una protección física mínima.

Ante este incumplimiento manifiesto, solicitamos la reapertura urgente del expediente. Porque instalar un cerramiento provisional, colocar señales de prohibición de estacionamiento o impedir que los coches se peguen a una fachada histórica no exige proyectos faraónicos, licitaciones imposibles ni presupuestos millonarios. Exige voluntad política, coordinación administrativa y respeto por la ley.

Tras la reapertura de la queja, el Servicio de Arquitectura municipal emitió, el 26 de agosto de 2026, un informe en el que anunciaba que durante la primera quincena de septiembre se colocarían vallas para limitar el acceso rodado y el estacionamiento de vehículos a menos de un metro de las fachadas.

Esa era la solución planteada por el Ayuntamiento para proteger un inmueble histórico construido con materiales tradicionales, con paramentos de tapia, morteros antiguos, ladrillo y elementos de madera, después de años de advertencias, episodios de vandalismo y un incendio real producido en sus inmediaciones.

Desde nuestra asociación impugnamos inmediatamente esta propuesta. Porque establecer una franja de resguardo de apenas un metro no es proteger. Es colocar una línea imaginaria insuficiente para seguir diciendo que se ha hecho algo.

Un vehículo situado a un metro de una fachada histórica continúa representando un peligro evidente. Puede golpear el muro durante una maniobra, provocar vibraciones continuadas, emitir gases contaminantes, generar acumulación de residuos y, lo más grave, constituir un foco de incendio a una distancia absolutamente incompatible con la seguridad de un edificio vulnerable.

Nuestra reivindicación ha sido clara: el perímetro de seguridad debe establecerse, como mínimo, a tres metros de los paramentos.

No se trata de un capricho ni de una exigencia estética. Se trata de aplicar criterios elementales de conservación preventiva y sentido común.

Prevención efectiva frente al fuego. Las Alquerías de Olba ya sufrieron un incendio vinculado a la presencia de vehículos en sus inmediaciones. No hablamos, por tanto, de un supuesto hipotético. Mantener automóviles pegados a muros tradicionales supone asumir un riesgo que ya se ha demostrado real.

Protección de la integridad material. La distancia evita golpes, roces, maniobras imprudentes y deterioros provocados por vibraciones, emisiones y acumulación de contaminantes sobre materiales constructivos históricos.

Respeto al entorno patrimonial. Un conjunto protegido no puede convertirse en el parapeto de un aparcamiento improvisado. Las fachadas de un BRL no están para que los coches aparquen contra ellas ni para que los paramentos históricos queden ocultos entre vehículos, basura y abandono.

El propio Síndic ha recogido esta cuestión en su resolución y ha instado al Ayuntamiento a revisar el perímetro previsto para que el cerramiento sea realmente útil y protector.

El informe municipal también reconoce que se realizaron limpiezas parciales a pie de calle durante la primavera de 2025. Sin embargo, el Ayuntamiento justificó no intervenir en las zonas altas de las fachadas alegando la irregularidad del terreno y la imposibilidad de instalar andamios en el solar. Una explicación que, a estas alturas, resulta difícil de aceptar.

¿Desde cuándo la falta de andamios significa que no existen medios para trabajar en altura? ¿Es que el Ayuntamiento de Valencia desconoce la existencia de plataformas elevadoras móviles de personal, camiones cesta o brazos articulados, medios utilizados diariamente para intervenir en fachadas, alumbrado, arbolado, mantenimiento urbano y edificios de todo tipo?

Por ello, hemos expuesto que la inexistencia o inviabilidad de un andamio no es una excusa técnica válida para abandonar la limpieza de una fachada protegida. Existen medios mecánicos alternativos que permiten acceder a las partes elevadas sin necesidad de apoyar una estructura sobre el terreno irregular del solar.

Pero el problema no es solo llegar a la pintada. El verdadero problema es cómo se actúa una vez se llega a ella. Cubrir grafitis con brochazos de pintura plástica no es restaurar. Es parchear. Y, cuando se hace sobre morteros tradicionales, tapia, ladrillo histórico o fábricas antiguas, puede ocasionar daños añadidos de enorme gravedad.

Las pinturas sintéticas e impermeables alteran la transpirabilidad de los muros, retienen la humedad en el interior de los paramentos y modifican de forma irreversible la lectura estética del edificio. Además, su futura eliminación suele exigir procedimientos más agresivos y costosos, con el consiguiente riesgo de afectar a la superficie original.

Un Bien de Relevancia Local no puede limpiarse como una pared de hormigón contemporánea. La retirada de pintadas debe realizarse mediante técnicas de restauración adecuadas, pruebas previas y dirección profesional especializada: hidro-limpieza controlada a baja presión, geles específicos u otros tratamientos compatibles con el soporte histórico.

El propio Servicio de Limpieza municipal ha reconocido que no dispone de competencia técnica específica en materia de patrimonio. Y si no la tiene, la conclusión debería ser obvia: la actuación debe ser dirigida por el Servicio de Patrimonio Histórico y ejecutada por especialistas en conservación-restauración, no abandonada indefinidamente ni resuelta con soluciones de brocha gorda.

Otro de los aspectos más preocupantes del expediente es el silencio municipal sobre las actuaciones impulsadas frente a los daños causados por las pintadas. A pesar de los requerimientos del Síndic, el Ayuntamiento no ha acreditado de forma fehaciente si ha presentado denuncias ante Policía Local, Policía Nacional, Fiscalía o los órganos judiciales competentes.Y esta cuestión no es menor.

Las pintadas reiteradas sobre un inmueble protegido no pueden reducirse automáticamente a una simple infracción de ordenanza. Cuando el daño recae sobre un bien integrante del patrimonio cultural y obliga a una intervención especializada para recuperar sus valores materiales y estéticos, pueden existir indicios de un delito contra el patrimonio histórico previsto en el artículo 323 del Código Penal.

La Sentencia 273/2022 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido especialmente relevante al recordar que el daño patrimonial no se mide únicamente por el coste de aplicar una capa de pintura. Debe atenderse al valor del bien afectado, a la necesidad de restauración especializada, a la alteración producida sobre los materiales originales y al perjuicio causado al patrimonio cultural.

Por ello, desde nuestra asociación hemos recordado también el deber previsto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las autoridades y funcionarios públicos que conozcan la posible comisión de un delito público tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.

El Ayuntamiento no puede limitarse a contemplar cómo un inmueble protegido es objeto de pintadas, daños y degradación continuada, para después cargar el coste de su restauración al presupuesto público y, por tanto, a los impuestos de todos los valencianos.

Si existen responsables identificables, deben investigarse los hechos y exigirse, en su caso, la correspondiente responsabilidad civil. Porque cada euro destinado a reparar los actos delictivos contra el patrimonio que no se persiguen es un euro que se resta de otros proyectos de conservación necesarios para la ciudad.

La resolución del Síndic de Greuges de 23 de septiembre de 2026 no deja lugar a interpretaciones interesadas. La institución concluye que el Ayuntamiento de Valencia no ha realizado todas las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento real y efectivo de las recomendaciones anteriores.

Ahora el consistorio dispone de un plazo máximo de un mes para comunicar si acepta la recomendación y, sobre todo, qué medidas concretas va a adoptar.

No queremos más informes que se remiten de una concejalía a otra. No queremos nuevos expedientes archivados provisionalmente para que, meses después, todo siga igual. No queremos titulares institucionales, promesas vagas, ni notas de prensa con promesas vacías que sirven únicamente para intentar embaucar a los vecinos.

Queremos actuaciones materiales, verificables y suficientes. Queremos un cerramiento real que mantenga los vehículos a una distancia mínima de tres metros de las fachadas. Queremos señalización clara y eficaz que impida el estacionamiento junto a los muros. Queremos una limpieza especializada de las pintadas, también en altura, ejecutada por profesionales de la restauración patrimonial. Y queremos saber si se han interpuesto las denuncias correspondientes por los daños causados a este Bien de Relevancia Local.

Las Alquerías de la calle Olba son una pieza insustituible de la Valencia huertana, de la memoria agrícola de Marxalenes y del patrimonio histórico de todos los valencianos. No vamos a permitir que sigan siendo una víctima más de la burocracia, la descoordinación y la dejadez institucional. Seguiremos vigilantes. Seguiremos reclamando. Y seguiremos utilizando todas las vías administrativas y legales a nuestro alcance hasta que las palabras se conviertan, por fin, en protección real y en la recuperación y puesta en valor del conjunto rural.

Un saludo…

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

El Síndic de Greuges desmonta la parálisis del Ayuntamiento de Valencia en la Alquería de Tallarrós: la burocracia circular no es protección patrimonial

2026-09-19T12:17:29.496+02:00

Buenos días,

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, mediante Resolución de Consideraciones firmada el pasado 17 de septiembre de 2026 en el expediente nº 2604025 (reapertura del nº 2400478), ha propinado un contundente varapalo jurídico e institucional (otro más) a la nefasta y pésima gestión del Ayuntamiento de Valencia respecto a la Alquería de Tallarrós (Bien de Relevancia Local, sita en la calle Assagador de la Torre nº 2).

La resolución de la Sindicatura asume plenamente la tesis formulada por nuestra asociación, concluyendo de forma tajante que la acumulación de folios, recursos y trámites de papel no constituye protección del patrimonio si no se traduce en medidas reales sobre el monumento. El Ayuntamiento confunde deliberadamente la «tramitación burocrática circular» con el «cumplimiento del deber de conservación».

En este detallado informe explicamos, punto por punto y con las fechas del propio expediente en la mano, cómo la administración municipal utiliza la vía burocrática para dar vueltas en círculo, marear la perdiz y postergar sine die la ejecución subsidiaria del inmueble mientras este se desmorona en el más absoluto de los abandonos.

La alquería de Tallarrós es una joya de la arquitectura rural de la huerta valenciana, protegida por el ordenamiento jurídico con la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL) e incluida formalmente desde el 6 de abril de 2022 en la Lista Roja del Patrimonio de la fundación Hispania Nostra, tras nuestra petición, debido a su alarmante estado de degradación.

A pesar de su alto valor patrimonial, el inmueble lleva más de dos décadas sufriendo la falta de mantenimiento por parte de sus propietarios privados y el desinterés de la administración municipal que sigue sin ejercer su función in vigilando y sin realizar inspecciones periódicas, motu proprio. No fue la actuación de oficio del Ayuntamiento de Valencia (prácticamente inexistente), sino la denuncia y la presión continuada de nuestra asociación, la que forzó en 2021 los primeros movimientos administrativos:

28 de abril de 2021 (Resolución nº GL-2218): Declaración formal de amenaza de ruina inminente.

26 de mayo de 2021 (Resolución nº GL-2978): Adopción de medidas precautorias urgentes (instalación de puntales metálicos, andamios y cubiertas de chapa ondulada) mediante ejecución subsidiaria a costa de la propiedad.

Desde la colocación de esos apeos provisionales en mayo de 2021, que tenían un carácter meramente cautelar y por unos meses, el Ayuntamiento no ha logrado ejecutar ni una sola obra de rehabilitación integral en el inmueble. En julio de 2026, las inspecciones sobre el terreno constataron que la alquería continúa apuntalada de forma precaria, con los elementos de protección desvencijados y oxidados, y en un riesgo latente de colapso estructural.

Ante las denuncias de inactividad presentadas por nuestra entidad ante el Síndic de Greuges, el Servicio de Disciplina Urbanística (Sección Ruinas) del Ayuntamiento de Valencia emitió un informe con fecha 26 de agosto de 2026, en el que afirmaban literalmente que "no ha existido tal inactividad dado que... este servicio ha continuado ininterrumpidamente con la tramitación del procedimiento".

Sin embargo, al someter el expediente a un análisis cronológico riguroso, la supuesta «tramitación ininterrumpida» se desmorona de forma aplastante. El propio informe municipal revela la existencia de cuatro grandes bloques de parálisis y tiempos muertos:

1. Un año entero para resolver un recurso (Mayo 2023 - Mayo 2024): El 22 de mayo de 2023 se declaró la ruina legal (Res. GL-3461). La propiedad recurrió en reposición. El Ayuntamiento tardó 12 meses en resolver el recurso (estimándolo el 23/05/2024 y anulando su propia resolución por defectos formales). El artículo 124.2 de la Ley 39/2015 (LPACAP) fija el plazo máximo para resolver este recurso en un mes. Un año de protección del patrimonio tirado a la basura por mala praxis procedimental municipal.

2. Nueve meses para reiniciar el expediente (Mayo 2024 - Febrero 2025): Tras anular la ruina por sus propios errores, la Sección de Ruinas tardó 9 meses en emitir una nueva resolución declarando la situación legal de ruina (Res. GC-236 de 14/02/2025). Nueve meses para redactar un documento que ya tenían hecho.

3. Ocho meses de parálisis tras la firmeza del acto (Junio 2025 - Febrero 2026): El 25 de junio de 2025, el Ayuntamiento desestimó los recursos de la propiedad, quedando la orden de rehabilitación firme y plenamente ejecutoria (art. 98 LPACAP). A pesar de tener la obligación legal de actuar de inmediato, la administración estuvo 8 meses paralizada sin mover un solo papel, hasta que el 19/02/2026 envió una simple audiencia previa para imponer la primera multa coercitiva.

4. Seis meses congelados por maniobras de la propiedad (Marzo 2026 - Agosto 2026): En marzo de 2026, ante la amenaza de la primera multa, los propietarios aportaron un escrito comunicando el inicio de retirada de enseres y la solicitud de permisos para catas arqueológicas ante la Conselleria de Cultura, pidiendo paralizar las sanciones. El Ayuntamiento congeló el expediente durante medio año sin dictar resolución motivada de suspensión ni avanzar en el procedimiento.

En nuestras alegaciones de 31 de agosto de 2026 presentadas ante el Síndic de Greuges, desmontamos jurídicamente las falacias sobre las que el Consistorio pretende asentar su inacción:

Excusa 1: "Estamos tramitando las alegaciones y permisos de arqueología de la propiedad"

La realidad jurídica: El propio informe municipal del 26 de agosto de 2026 contenía la confesión que liquidaba su propia defensa. El Ayuntamiento admitía textualmente:

"Dado que a día de la fecha no consta la solicitud de licencia municipal de obras de intervención..."

Pedir permisos de arqueología a Conselleria o retirar escombros son meros actos preparatorios y maniobras dilatorias de la propiedad privada. Lo que el Ayuntamiento exigió en la resolución de ruina de febrero de 2025 era la solicitud formal de la Licencia Municipal de Obras de Intervención para la reparación integral. Al no constar dicha solicitud, la orden estaba incumplida de forma flagrante. Aceptar de facto la suspensión de las sanciones amparándose en estos parches supuso asumir las tácticas de la propiedad en claro perjuicio del BRL.

Excusa 2: "Hay que agotar el procedimiento de las hasta 10 multas coercitivas"

La realidad jurídica: Esta es una de las tácticas más perversas utilizadas por la administración municipal. Escudarse en la posibilidad de imponer "hasta diez multas coercitivas" (art. 103 LPACAP) para dilatar la intervención durante lustros.

El enunciado "hasta diez multas coercitivas" representa un límite o cota cuantitativa máxima para el ejercicio de la potestad sancionadora/coercitiva, y bajo ningún concepto un requisito procedimental obligatorio, una condición suspensiva ni una condición previa de procedibilidad que impida a la Administración acudir directamente a la ejecución subsidiaria o a la expropiación. Habiéndose demostrado la ineficacia de los apercibimientos, el Ayuntamiento está legalmente facultado e imperativamente obligado a decretar la ejecución subsidiaria (art. 101 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y art. 102 LPACAP) de forma inmediata.

Además, el cinismo de la excusa es total: a fecha de agosto de 2026, tras más de cinco años de expedientes, el Ayuntamiento de Valencia no ha impuesto, notificado ni cobrado NI UNA SOLA MULTA COERCITIVA a los propietarios de la Alquería de Tallarrós.

Excusa 3: "Vamos a girar una visita de inspección"

La realidad jurídica: En el último párrafo de su informe, el Servicio de Disciplina Urbanística anunciaba que los técnicos iban a "girar visita de inspección con objeto de comprobar el estado actual del inmueble".

Esa visita no se programó por iniciativa propia ni por un protocolo de seguimiento del BRL. Se anunció exclusivamente como reacción al requerimiento de información enviado por el Síndic de Greuges tras la reapertura de la queja promovida por nuestra asociación. Es el ejemplo perfecto de una administración puramente reactiva, que sólo se mueve cuando una institución fiscalizadora la acorrala, vulnerando los principios constitucionales de eficacia, celeridad y buena administración (arts. 9.3 y 103 CE; art. 71 LPACAP).

Ante la contundencia de las pruebas cronológicas y los argumentos jurídicos que presentamos, el Síndic de Greuges, ha dictado una Resolución de Consideraciones que invalida toda la argumentación municipal.

En el apartado 2. Conclusiones de la Investigación, el Síndic dictamina de forma clara e inapelable:

"El Ayuntamiento de Valencia no ha realizado ninguna medida efectiva en cumplimiento de la Resolución de consideraciones de fecha 7/3/2024...". Más claro, agua.

"La referida entidad local ha realizado distintas actuaciones administrativas formales, sin que las mismas hayan tenido ninguna trascendencia real en mejorar el deficiente estado de conservación de la Alquería de Tallarrós, bien de relevancia local.". Una administración inefectiva. Refleja a la perfección a una administración que funciona administrativamente (hace trámites), pero cuyos actos no producen ningún resultado práctico ni operativo sobre el monumento.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Valenciano ha ratificado lo que venimos denunciando desde hace años: los trámites sobre el papel no salvan el patrimonio si las paredes se siguen cayendo y en su resolución ha dictado:

"RECOMENDAMOS que, en cumplimiento de las anteriores Resoluciones de consideraciones de fechas 3/6/2021 y 7/3/2024, se adopten MEDIDAS REALES Y EFECTIVAS para evitar el progresivo deterioro y mejorar el estado de conservación de la Alquería de Tallarrós."

Desde el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural exigimos formalmente al Ayuntamiento de Valencia que abandone la trinchera de la burocracia defensiva y adopte de inmediato las siguientes decisiones:

Incoación de la EJECUCIÓN SUBSIDIARIA (Art. 101 LPCV): La redacción directa por parte de los servicios técnicos municipales del Proyecto de Consolidad de Rehabilitación Integral, la consignación presupuestaria de los fondos y la ejecución de las obras a costa de la propiedad morosa.

Denegación de la suspensión de sanciones e imposición efectiva de multas coercitivas: La resolución motivada rechazando las peticiones de congelación de la propiedad y el cobro en vía ejecutiva de las multas pendientes.

Apertura de Expediente Sancionador por Infracción Patrimonial (Arts. 97 y 98 LPCV): La sanción a los titulares del BRL por la comisión de una infracción grave/muy grave derivada del abandono continuado del inmueble.

Dictamen de Seguridad de los Apeos (2026): La realización e informe público sobre el estado de fatiga y resistencia de los puntales y andamios provisionales colocados en 2021, garantizando que no existe riesgo de derrumbe inminente.

El patrimonio cultural valenciano no se protege con expedientes en blanco ni con parches burocráticos. La alquería de Tallarrós necesita obras reales y las necesita ya. Desde nuestra asociación seguiremos vigilantes, paso a paso, hasta ver restaurado y recuperado este Bien de Relevancia Local.

Un saludo...

El Ayuntamiento de Valencia reconoce que vendió el proyecto del traslado del Faro del Puerto a la prensa sin expediente, sin informes técnicos y sin permisos de Cultura

2026-09-18T12:40:31.827+02:00

Buenos días,

El pasado 15 de julio de 2026, el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) escenificaron ante la opinión pública y los medios de comunicación un grandilocuente acuerdo institucional. El histórico Faro del Puerto, joya de la ingeniería industrial de principios del siglo XX, sería desmontado de su emplazamiento actual y reubicado con honores en el corazón de La Marina, justo frente al emblemático edificio Veles e Vents. La noticia fue recibida con titulares halagüeños sobre el "rescate", la "puesta en valor" y la "devolución a la ciudadanía" del patrimonio marítimo local.

Sin embargo, detrás de la foto oficial, el titular de portada y la nota de prensa de la APV, no había absolutamente nada. Ni un proyecto técnico de ingeniería, ni un estudio de impacto sobre la estructura, ni un informe de compatibilidad urbanística y patrimonial con su entorno de protección, ni la preceptiva y obligatoria autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana.

Desde nuestra asociación pedimos, vía transparencia, toda la documentación y ha quedado demostrado que el gobierno municipal vendió a la ciudadanía una operación urbanística y patrimonial fantasma. El Ayuntamiento ha terminado confesando por escrito que, en el preciso instante del anuncio mediático, no constaba en las dependencias municipales un sólo documento técnico de los que solicitamos.

Nuestra petición era tan clara como transparente: requeríamos el estado de la tramitación del expediente de catalogación BRL del bien y copia íntegra de los proyectos técnicos de desmontaje, estudios de emplazamiento, informes de compatibilidad patrimonial y autorizaciones autonómicas de Cultura.

La respuesta municipal fue desplegando, paso a paso, el clásico manual de la opacidad administrativa:

El silencio y la respuesta parcial (30 de julio de 2026): Mediante la Resolución CC-1492, la Alcaldía dictó una "estimación parcial" de la solicitud. Nos facilitó los datos básicos sobre el estado del expediente del Bien de Relevancia Local (BRL), pero guardó un absoluto y total silencio sobre la documentación técnica del traslado. Y esto ya era más que sospechoso.

La admisión de la falta de papeles (31 de julio de 2026): Tras exigir desde el Círculo la inmediata subsanación del expediente por incongruencia omisiva (artículo 88 de la Ley 39/2015), la Jefa del Servicio de Sociedad de la Información admitió, formalmente, que la resolución se emitió dejando «pendiente la resolución del resto de los puntos [...] de los que actualmente estamos recabando la información que sea de competencia de esta administración».

La confesión definitiva (con fecha 16 de septiembre de 2026 y entregada hoy, 18 de septiembre): Acorralado por la tramitación de la queja admitida a trámite por el Síndic de Greuges (al que todavía no han respondido), el Concejal Delegado de Transparencia firmó la Resolución CC-1606. En ella, el Consistorio adjunta el dictamen interno de la Sección de Arqueología, el cual desmantela e invalida, punto por punto, las afirmaciones vendidas a los medios.

El informe emitido por la Sección de Arqueología (dependiente del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de València), e incorporado como documento oficial en la Resolución CC-1606, constituye una enmienda demoledora a la actuación política:

Punto 3: El supuesto "Acuerdo Formal" entre Administraciones

Lo vendido a la prensa: Un acuerdo institucional firme y articulado en el Órgano Interadministrativo de La Marina entre el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria.

La realidad escrita por los técnicos municipales: «En esta Sección no consta ni se tiene conocimiento del acuerdo del Órgano interadministrativo de cooperación y de gestión de la Marina [...] por el que se dispusiera el traslado del antiguo Faro del Puerto de València a una nueva ubicación».

Punto 4: El Proyecto Técnico de Desmontaje y Traslado

Lo vendido a la prensa: Una rigurosa y estudiada operación de ingeniería para trasladar la estructura frente al edificio Veles e Vents.

La realidad escrita por los técnicos municipales: «No consta en esta Sección la existencia del Proyecto Técnico de Desmontaje y Traslado del citado Faro del Puerto».

Punto 5: La compatibilidad patrimonial con la protección BRL

Lo vendido a la prensa: La idoneidad técnica del emplazamiento y la protección del monumento.

La realidad escrita por los técnicos municipales: «A la fecha de emisión del presente informe, no ha sido solicitado a esta Sección informe alguno sobre la compatibilidad del traslado del antiguo Faro del Puerto, desconociéndose, en consecuencia, el contenido del proyecto al que se hace referencia».

Punto 6: La autorización de la Generalitat Valenciana

Lo vendido a la prensa: Una actuación conforme a la normativa patrimonial y legal.

La realidad escrita por los técnicos municipales: «No consta en esta Sección la autorización de la Conselleria competente para proceder al mencionado desmontaje y traslado».

Al verse retratado por sus propios servicios técnicos, el Ayuntamiento de Valencia intenta justificarse en el Fundamento Quinto de la Resolución CC-1606 alegando que, dado que las noticias provenían de reuniones con la Autoridad Portuaria de València (APV), «es posible que la información obre en poder de la misma».

Esta argumentación no sólo demuestra una improvisación sonrojante en la gestión pública, sino que supone una vulneración manifiesta del procedimiento legal de acceso a la información pública.

El Ayuntamiento de Valencia vulneró el procedimiento legalmente establecido al no derivar la solicitud de información a la Autoridad Portuaria de València. Bajo el amparo del artículo 19.1 de la Ley 19/2013 de Transparencia (LTAIBG) y del artículo 33.1 de la Ley 1/2022 de la Generalitat, si la información no obraba en su poder pero conocía la competencia de la APV, el Consistorio estaba obligado por ley a remitir la solicitud a la Autoridad Portuaria a la mayor brevedad posible e informar de ello de inmediato a la parte interesada.

Al retener el expediente durante dos meses, contestando con resoluciones incompletas y eufemismos ambiguos ("recabando la información que sea de competencia municipal"), el Consistorio no sólo privó a la ciudadanía de su derecho al control democrático, sino que incumplió de forma flagrante los deberes impuestos por las leyes de transparencia autonómica y estatal.

Pero la pregunta clave sigue en el aire: ¿Cómo se puede anunciar a la opinión pública el traslado de un elemento histórico sin solicitar un solo informe previo a los técnicos de Patrimonio de tu propio Ayuntamiento?

En un intento por amortiguar el impacto, el Ayuntamiento adjuntó a la notificación un informe anterior redactado por la Sección de Arqueología en septiembre de 2022. Sin embargo, la lectura atenta de ese documento no hace más que agravar la responsabilidad política. Ese dictamen (que los responsables municipales tenían en su poder cuando posaron para los medios) desaconseja moverlo y alerta de los enormes riesgos estructurales del Faro.

Estructura hidráulica y mampostería: Diseñado en 1890 por el ingeniero Luis Dicenta y construido entre 1905 y 1909, el faro fue modificado en 1928 por Federico G. de Membrillera, quien revistió su tubo central metálico con un imponente paramento de mampostería hidráulica de sección ochavada.

Desmontaje inviable "piedra a piedra": Los arqueólogos municipales señalan taxativamente que, si bien mover un edificio es factible cuando es de sillería regular, la técnica de desmontaje «es de difícil aplicación en muros de mampostería».

Riesgo cierto de deterioro: «Cualquier desplazamiento de estructuras de ingeniería/arquitectura implica su deterioro, cuando no la pérdida de parte de los componentes de la fábrica original».

Los antecedentes de la APV (Estudio INTEMAC): El informe de Arqueología revela que en junio de 2021 la empresa INTEMAC realizó un estudio de viabilidad para la APV en el que concluyó que el traslado era «no viable», llegando a proponer la demolición completa del faro histórico y la construcción de una réplica de hormigón armado revestida con la piedra recuperada.

Es decir, lo que se ha estado vendiendo mediáticamente como una "restauración" esconde el riesgo real de acabar en la destrucción del monumento original para sustituirlo por un falso histórico de hormigón frente a La Marina.

El Faro del Puerto no es un trasto viejo y tirado en un muelle; es un elemento inmerso en un expediente formal de protección como Bien de Relevancia Local (BRL-MIL) con el número E-03001-2022-000287-00, después de que nuestra asociación lo pidiera formalmente. La propuesta de ficha aprobada por la propia Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento delimita un entorno de protección obligatorio de 50 metros a la redonda sobre su ubicación original.

Por Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, cualquier obra, traslado o afección en ese perímetro o sobre la estructura exige un proyecto técnico riguroso y la autorización previa de la Conselleria de Cultura.

Sin embargo, la tramitación técnica sufre un bloqueo injustificable:

La parálisis de la Generalitat: El 23 de febrero de 2024, el Ayuntamiento remitió la ficha BRL aprobada a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Desde esa fecha, la Generalitat mantiene el expediente congelado sin emitir el informe sectorial.

La dejadez municipal: El Ayuntamiento de Valencia tardó dos años y tres meses (hasta el 13 de mayo de 2026) en enviar una simple nota de reiteración a la Conselleria para pedir que resolvieran el trámite.

El anuncio sin papeles: Aprovechando este limbo administrativo, el Consistorio y la APV intentaron imponer una política de "hechos consumados": acordar el traslado ante los periodistas antes de que el BRL esté definitivamente aprobado y blindado por la ley.

Desde nuestra asociación no vamos a permitir que la improvisación y la propaganda política sustituyan al rigor técnico y a la legalidad vigente.

Con las pruebas documentales que hemos obtenido, donde el propio Ayuntamiento admite que no hay proyectos, ni informes de compatibilidad, ni permisos de Cultura, hemos ampliado nuestra denuncia ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana e interpondremos la correspondiente Reclamación ante el Consell de Transparència i Bon Govern.

Exigimos de manera inmediata:

1. La paralización cautelar de cualquier acuerdo, trámite o actuación de traslado sobre el Faro Histórico del Puerto en tanto no se resuelva definitivamente su catalogación BRL.

2. El cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia, forzando al Ayuntamiento y a la APV a hacer públicos los informes técnicos existentes (incluyendo los estudios de INTEMAC y TYPSA).

3. El respeto absoluto a los informes de la Sección de Arqueología, priorizando la conservación in situ y evitando intervenciones irreversibles que pongan en peligro la integridad física del monumento, si la misma no queda garantizada al 100%.

El patrimonio histórico de València no se gestiona con notas de prensa oportunistas ni con fotos para el periódico; se protege con expedientes rigurosos, transparencia, ciencia y respeto a la ley. Desde nuestra asociación seguiremos firmes, papel a papel y expediente a expediente, defendiendo la memoria de nuestra ciudad.

Un saludo...

Fotografía cedida por Roberto Tortosa de "La Valencia Insólita"

Logro en la calle Vidal: el Ayuntamiento retira la señal que tapaba la inscripción romana

2026-09-02T20:38:35.160+02:00

Buenas tardes,

El trabajo constante y la fiscalización ciudadana del patrimonio urbano vuelven a dar sus frutos en las calles del centro histórico de Valencia. El pasado 13 de julio de 2026, nuestra asociación presentó una formal denuncia y la solicitud de restauración de la legalidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Valencia. El motivo no era otro que la desafortunada instalación de un poste metálico de señalización vertical de "Calle Peatonal" colocado justo delante, solapado y pegado a la hornacina que custodia la singular inscripción epigráfica romana de la calle Vidal, en su esquina con la calle del Marqués de Dos Aguas.

Hoy hemos podido constatar una excelente noticia: la señal de tráfico ha sido retirada de la fachada protegida y reubicada en el pilar opuesto de la calle. Se ha restituido así la visión directa de la pieza arqueológica, eliminando el grave impacto de contaminación visual que la mutilaba desde hacía meses.

Es un pequeño pero fundamental logro que demuestra que la acción pública y el recurso al ordenamiento jurídico son herramientas imprescindibles para velar por nuestra historia. Sin embargo, la batalla por este Bien de Relevancia Local (BRL) no ha terminado. Desde nuestra entidad queremos analizar en detalle esta actuación, explicar el fundamento legal que la ha hecho posible y recordar al Consistorio todas las asignaturas pendientes que aún le restan para dignificar por completo este elemento de la Valentia romana.

La pieza encastrada en el paramento exterior del edificio de la calle Vidal no es un adorno cualquiera ni un sillar anónimo. Se trata de un testimonio epigráfico de época romana de incalculable valor histórico, arqueológico y cultural para el municipio de Valencia. Un vestigio pétreo que ha sobrevivido al paso de los siglos, a reformas urbanas y a remodelaciones arquitectónicas, quedando integrado en la trama viva de Ciutat Vella.

El planeamiento urbanístico municipal la dotó del máximo reconocimiento y salvaguarda a nivel local, tras nuestra petición expresa, estando catalogada y protegida bajo el estatuto jurídico de Bien de Relevancia Local (BRL) dentro del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, aprobado definitivamente en el año 2020.

A pesar de contar con este blindaje normativo, entre los años 2023 y 2024 operarios municipales o de empresas adjudicatarias de servicios urbanos instalaron un poste rígido con la cartelería informativa de "Carrer de vianants / Calle peatonal". La colocación se realizó sin el más mínimo criterio de sensibilidad patrimonial ni respeto por la escena urbana tradicional.

Esta instalación constituía un supuesto flagrante de contaminación visual e invasión del entorno de protección del BRL, anulando el área de respeto que todo bien catalogado exige por ley. Una muestra más de cómo la señalética de tráfico y el mobiliario urbano, cuando se colocan de forma indisciplinada, se convierten en agentes agresores del propio patrimonio que la administración tiene el deber de custodiar.

Ante esta agresión a la contemplación de nuestro pasado, realizamos la pertinente denuncia administrativa fundamentada en la normativa autonómica y local vigente:

Legitimación y Acción Pública (Art. 5.3 LPCV): Invocamos la acción pública que otorga la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, la cual legitima a cualquier ciudadano y entidad a exigir el cumplimiento de la ley para defender el patrimonio cultural.

Competencia Municipal Obligatoria (Art. 25.2.a LRBRL y Art. 4.2 LPCV): Recordamos al Ayuntamiento que la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico no es una opción o un mero gesto de buena voluntad, sino una competencia propia y obligatoria marcada por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que impone la obligación de adoptar medidas cautelares para evitar cualquier "deterioro, pérdida o perturbación".

Prohibición de Elementos Impropios (Art. 39 LPCV y PEP Ciutat Vella): La Ley 4/1998 prohíbe de forma taxativa la colocación de rótulos, carteles y "elementos impropios" en fachadas que menoscaben o impidan la adecuada apreciación o contemplación de los bienes. Asimismo, las Normas Urbanísticas del PEP de Ciutat Vella (Título VIII, artículos 7.52 a 7.54) prohíben el adosamiento o colocación de infraestructuras que generen impacto visual negativo sobre elementos singulares y monumentales.

Supremacía de la Normativa de Patrimonio sobre la de Tráfico: Sostuvimos que las competencias de señalización vial están estrictamente supeditadas a la legislación sectorial de patrimonio. Mover una señal unos metros a un espacio neutro de la vía satisface plenamente la función reguladora del tráfico sin sacrificar la integridad visual del resto arqueológico.

La rápida reacción municipal al trasladar la señal vertical al pilar del edificio enfrente de la calle Vidal confirma la validez de nuestros argumentos. Como puede apreciarse en las fotografías que acompañan a este artículo, el poste se encuentra ahora fijado sobre un elemento arquitectónico neutro que no tapa ninguna hornacina ni restringe la contemplación de restos históricos. La hornacina romana vuelve a quedar libre de obstáculos frontales directos.

Agradecemos la diligencia de los técnicos y operarios que han ejecutado la retirada de la señal, demostrando que cuando la ciudadanía señala con rigor legal los errores de la administración, la rectificación es posible.

Sin embargo, queremos dejar muy claro que la reubicación de la señal es solo el primer paso de los seis puntos solicitados en nuestro escrito del 13 de julio. La mera retirada del poste soluciona la contaminación visual, pero deja intactos los problemas de conservación física y la absoluta falta de difusión que sufre este valioso epígrafe romano.

En el punto TERCERO de nuestro escrito registrado, advertíamos formalmente sobre la indefensión en la que se encuentra la pieza. A diferencia de otros elementos arqueológicos del centro de la ciudad, esta inscripción carece de cualquier medida de protección física activa.

Al estar situada a escasa altura en la vía pública, la piedra padece directamente los efectos de la humedad, la contaminación atmosférica derivada del entorno urbano y el riesgo constante de agresiones vandálicas. De hecho, el poste que acaba de ser retirado se encontraba severamente vandalizado con adhesivos y pegatinas urbanas a pocos centímetros de la epigrafía romana.

Por ello, nuestra asociación exigió y sigue exigiendo lo siguiente:

"Que, en estricto cumplimiento del deber de conservación y custodia establecido en el artículo 5.1 de la LPCV, y ante el evidente riesgo de degradación por la proximidad de elementos ya vandalizados con adhesivos urbanos, este Ayuntamiento evalúe técnicamente e impulse la instalación sobre la hornacina de la inscripción romana de la calle Vidal de un elemento protector transparente de metacrilato o vidrio de seguridad antivandálico, garantizando su integridad física futura sin alterar su visibilidad."

No podemos esperar a que la piedra sufra un grafiti irreversible o la colocación de un adhesivo sobre las propias letras latinas para actuar. La prevención y la conservación preventiva son la base de una buena gestión del patrimonio.

El punto CUARTO de nuestra solicitud aborda una carencia histórica de este BRL: su absoluta invisibilidad para el ciudadano de a pie y el visitante. Salvo para historiadores, arqueólogos o vecinos muy observadores, la piedra de la calle Vidal pasa completamente desapercibida. Carece de cualquier cartel, cartela o panel divulgativo que explique qué es, de qué siglo data o qué dice su texto latino.

En los fundamentos de derecho de nuestra denuncia invocamos los principios constitucionales de igualdad, interdicción de la arbitrariedad y buena administración (Arts. 9.3 de la CE y 3.1 de la Ley 40/2015), exigiendo que elementos de idéntica relevancia dentro del mismo Conjunto Histórico reciban un tratamiento digno equivalente.

Tomamos como estándar objetivo de dignidad patrimonial en la escena urbana la inscripción romana conservada en los muros del Palacio Arzobispal en la calle Barchilla (Carrer de la Barxilla). En dicho enclave, el epígrafe cuenta con una cuidada y discreta placa metálica anexa que ofrece a los transeúntes la transcripción paleográfica del texto en latín y su correspondiente traducción.

Por ello, solicitamos también al Consistorio:

"Que, en cumplimiento del deber de difusión del patrimonio cultural que pesa sobre esta Corporación Local, y adoptando el estándar didáctico y el modelo formal existente en la inscripción de la calle Barchilla, este Ayuntamiento proceda (bien de forma directa o, si fuera necesario, en oportuna coordinación con la propiedad del inmueble) a la colocación de una pequeña placa informativa anexa que recoja la transcripción literal del texto en latín de la inscripción de la calle Vidal y su debida traducción, asegurando su puesta en valor de cara a los ciudadanos y visitantes."

Valencia no puede permitir que existan inscripciones "de primera" con herramientas de difusión y puesta en valor, e inscripciones "de segunda" abandonadas al anonimato en esquinas secundarias del centro histórico.

Por último, en los puntos QUINTO y SEXTO del documento formalizado por el Círculo por la Defensa del Patrimonio, recordamos al Consistorio la estricta aplicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común:

Exigimos ser mantenidos informados puntualmente de cada resolución, informe técnico de los arqueólogos municipales y paso administrativo que se derive de este expediente en nuestra condición de entidad interesada.

La retirada de la señal vertical es una victoria de la perseverancia y del trabajo riguroso. Demuestra que la denuncia documentada y amparada en la ley es el camino para corregir los excesos y despistes urbanísticos que afectan a nuestra memoria colectiva.

Desde nuestra asociación valoramos positivamente este primer paso del Ayuntamiento de Valencia, pero reiteramos que no daremos por cerrado el expediente hasta que la inscripción romana de la calle Vidal cuente con su pantalla protectora transparente y su placa explicativa con la traducción del texto latino, alcanzando el mismo nivel de dignidad que luce la epigrafía de la calle Barchilla.

Seguiremos a pie de calle, vigilantes e informando a la ciudadanía de cada avance. Porque proteger el patrimonio no es sólo mirar al pasado, sino dignificar el espacio público que compartimos en el presente.

Un saludo...

La Torre Campanario de San Bartolomé: Historia, olvido y la confesión oficial del Ayuntamiento de Valencia sobre el "campanario huérfano"

2026-08-28T10:54:53.955+02:00

Buenos días,

En la confluencia entre la calle Serranos con la plaza de Manises, encastrada de forma casi inverosímil en el entramado de un edificio residencial de viviendas construido a mediados del siglo XX, emerge hacia el cielo una esbelta estructura de piedra de sillería y de ladrillo: la Torre Campanario de la desaparecida parroquía de San Bartolomé.

Para muchos transeúntes y visitantes se trata de una curiosidad arquitectónica más; para los amantes de la historia y el patrimonio cultural valenciano es la "torre huérfana", una joya del barroco valenciano que es la única superviviente del derribo de uno de los templos más antiguos e históricos de Valencia. A pesar estar catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL), la torre ha permanecido durante décadas envuelta en un denso halo de misterio: sin acceso público, con una propiedad jurídica confusa y con un estado de conservación interior absolutamente desconocido por la ciudadanía.

Ante esta situación de evidente desamparo, nuestra asociación solicitó información, vía transparencia, para arrojar luz sobre el estado real del bien. La respuesta oficial obtenida por parte del Ayuntamiento de Valencia no sólo ha desvelado la surrealista intrahistoria de su propiedad, sino que ha certificado una grave realidad: la administración municipal confiesa no haber realizado nunca una sola inspección sobre el interior del monumento ni poseer un solo informe o fotografía sobre su estado estructural.

El trágico destino del monumento se fraguó a mediados del siglo XX, envuelto en una narrativa oficial que conviene desmitificar por completo. Frente a la extendida leyenda urbana que asocia la desaparición del templo a una destrucción total e irreversible a causa de los incendios de la Guerra Civil, los informes históricos emitidos por el propio párroco tras la contienda demostraron que la estructura de la iglesia no estaba gravemente afectada y podía mantenerse perfectamente en pie. La verdadera razón de su demolición fue puramente económica: obviando las férreas protestas de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Arzobispado optó por vender los codiciados terrenos céntricos al Ayuntamiento con el objetivo de financiar las costosas obras del Seminario de Moncada.

De este modo, el derribo del templo se ejecutó implacablemente a partir de 1944 para reconvertir el suelo histórico en manzanas edificables de uso residencial y comercial. En medio de aquella operación inmobiliaria, el esbelto campanario se salvó milagrosamente de la piqueta gracias a la tenaz presión de los académicos de la época, aunque pagando un alto precio: la pérdida de su remate superior original. Hoy en día, despojada de su corona y de su iglesia, la torre sobrevive encastrada de forma inverosímil entre edificios de viviendas, catalogada con el estatus legal de Bien de Relevancia Local con Protección Integral, esperando que la ciudad repare el expolio de su propia memoria.

Para entender las obligaciones que las instituciones tienen sobre este monumento, es fundamental analizar su encaje dentro de la legislación sobre patrimonio cultural. La Torre Campanario de San Bartolomé está reconocida oficialmente como Bien de Relevancia Local (BRL), integrado en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Valencia (con la categoría de Monumento de Interés Local y Referencia Catastral 5731301YJ2753B0001EH).

La figura del Bien de Relevancia Local está regulada expresamente por la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV). Esta ley autonómica otorga a los BRL un régimen de protección jurídica equiparable en muchos aspectos al de los Bienes de Interés Cultural (BIC), imponiendo mandatos imperativos a las administraciones públicas:

Deber de Conservación y Mantenimiento (Art. 18 LPCV): Los propietarios o poseedores de bienes protegidos están obligados por ley a mantenerlos, conservarlos y protegerlos para garantizar su integridad y evitar su pérdida o deterioro.

Competencia de Tutela Municipal (Art. 4.1 LPCV): La ley atribuye a los ayuntamientos la obligación ineludible de velar activamente por la integridad del patrimonio cultural situado en su término municipal, otorgándoles potestades para dictar órdenes de ejecución o realizar intervenciones subsidiarias urgentes.

Derecho y Deber de Inspección (Art. 22 LPCV): La Administración Pública tiene la potestad explícita de inspeccionar en cualquier momento el estado de los bienes protegidos.

Con el objetivo de fiscalizar la actuación municipal y exigir transparencia real, desde nuestra asociación presentamos una solicitud formal de acceso a la información pública ante la Sección de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Valencia. Se solicitó la certificación de la propiedad legal del bien, copia de los informes técnicos e imágenes del interior de la torre, así como el historial de las inspecciones de patrimonio realizadas en los últimos diez años.

La respuesta municipal, notificada mediante la Resolución de Alcaldía de 27 de agosto de 2026 acompañada del Informe del Servicio de Patrimonio, ha sacado a la luz dos realidades administrativas de trascendencia histórica:

1. La rocambolesca titularidad: Una donación que jamás se aprobó

Durante décadas ha existido el mito urbano de que la torre era de propiedad municipal. El informe oficial de la Sección de Inventario y Derechos Reales desmiente este punto de forma categórica: la Torre de San Bartolomé no consta como propiedad del Ayuntamiento de Valencia.

El documento desvela un antecedente surrealista: el 25 de diciembre de 1953, la Comisión Permanente del Ayuntamiento redactó un Dictamen en el que se recogía que la empresa Inmobiliaria Vasco-Levantina S.A. (constructora de la finca colindante) cedía gratuitamente la torre al Consistorio con la condición de que se habilitara un acceso público directo desde la calle. Sin embargo, aquel Dictamen nunca llegó a ser aprobado por el Ayuntamiento Pleno (órgano competente para la adquisición de bienes).

Al no formalizarse la donación ni ejecutarse el acceso desde la calle, la transmisión del dominio jamás se produjo. En consecuencia, al inscribirse la obra nueva del edificio (Plaza de Manises nº 3, Finca Registral 901), la torre de 30,25 m² quedó descrita e integrada dentro de la propiedad privada de la propia comunidad de propietarios del edificio residencial.

2. Cero inspecciones: El Ayuntamiento admite que desconoce el estado interior

Aún más grave que la cuestión dominical es la absoluta falta de control técnico sobre el monumento. Ante la petición de la asociación para acceder a los informes de conservación y al registro fotográfico del interior de la torre, el Servicio de Disciplina Urbanística (Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación) emitió una respuesta contundente e impactante:

"Consultado el programa informático municipal (PIAE) se comprueba que no existe expediente abierto ni antecedentes en este Servicio de Disciplina Urbanística referente a la Torre Campanario de San Bartolomé."

El Ayuntamiento de Valencia ha firmado y certificado de forma oficial una auténtica confesión de inactividad: la administración no posee ni un solo informe técnico, ni una sola acta de inspección, ni un solo registro fotográfico sobre el estado de conservación interior, la estabilidad estructural o la presencia de humedades y patologías en esta torre barroca.

Esta certificación oficial de inacción administrativa ha proporcionado a la asociación la prueba documental definitiva para que realicemos un requerimiento formal ante el Servicio de Patrimonio Histórico y el Servicio de Disciplina Urbanística, articulado sobre los siguientes resortes legales:

Ejercicio de la Acción Pública (Art. 9 LPCV): El artículo 9 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, es una herramienta jurídica que otorga legitimación a cualquier ciudadano o entidad para exigir ante la administración el cumplimiento estricto de las leyes de protección del patrimonio.

Exigencia de Acceso e Inspección Obligatoria (Art. 22 LPCV): Ante la excusa recurrente de que el bien se encuentra atrapado en una propiedad privada, recordamos que el artículo 22 de la LPCV obliga legalmente a los propietarios privados a permitir la entrada de los inspectores de la Administración. Si la comunidad de vecinos se negara, el Ayuntamiento está legalmente obligado a solicitar de inmediato una autorización judicial de entrada en domicilio.

Condición de Parte Interesada y Entrega de Informes (Art. 53.1.a LPACAP): Para evitar rodeos administrativos o tener que volver a solicitar datos por la vía de Transparencia, nos hemos personado como parte interesada en el procedimiento al amparo de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Esto obliga al Ayuntamiento a notificar y entregar de forma directa e inmediata a la asociación copia íntegra de todos los informes técnicos, dictámenes estructurales y reportajes fotográficos del interior que se elaboren durante la inspección.

Órdenes de Ejecución o Restauración Subsidiaria (Arts. 18, 19 y 21 LPCV): Nuestro escrito exige que, una vez evaluadas las patologías del campanario, se emita una Orden de Ejecución dirigida a los propietarios privados para acometer la consolidación del monumento o, en su caso, se incoe un expediente municipal para la restauración integral de la torre bajo la fórmula de ejecución subsidiaria o mediante un convenio de puesta en valor pública.

La Torre Campanario de San Bartolomé no puede continuar siendo un fantasma de piedra olvidado dentro de una estructura oculta tras la pared de un edificio de viviendas. La conservación de nuestra memoria colectiva no es un capricho estético; es una obligación legal, moral y cultural que compromete tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Valencia ya no puede alegar ignorancia: dispone ahora sobre la mesa de un requerimiento jurídico claro e incontestable que le exige cruzar el umbral de la torre, evaluar sus entrañas y garantizar la supervivencia de este campanario histórico para las futuras generaciones.

Esperamos que en los próximos meses el Ayuntamiento de Valencia mueva ficha y deje de una vez de poner excusas para dilatar actuaciones que deberían ser realizadas motu proprio.

Un saludo...

El Síndic de Greuges tumba el "peloteo" y las excusas del Ayuntamiento de Valencia por el expolio de la placa de los Bomberos en la Plaza de la Virgen

2026-08-26T08:29:41.700+02:00

Buenos días,

Un nuevo y contundente varapalo de la Sindicatura de Greuges ha desenmascarado cuatro años de absoluta inacción, opacidad y el intento del Servicio de Patrimonio Histórico de retorcer la Ley de Transparencia para tapar su desidia administrativa.

En el mes de julio ya publicamos una entrada en que hablámos de la placa conmemorativa del 150 aniversario del Cuerpo Municipal de Bomberos de Valencia, situada en el número 6 de esta emblemática plaza, que de la noche a la mañana fue arrancada sin que nadie se percatara de ello.

Este elemento ornamental y de reconocimiento público fue instalado por el propio consistorio el 8 de marzo de 2007. Su ubicación no era caprichosa: rendía tributo histórico al emplazamiento donde se constituyó la primera Brigada de Bomberos Zapadores de la ciudad decimonónica. Un buen día, la placa de piedra simplemente desapareció, dejando tras de sí una cicatriz y el más absoluto silencio institucional.

Esta semana el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha dictado una Resolución de Consideraciones fulminante, con fecha 21 de agosto de 2026, acorralando al Ayuntamiento de Valencia y desmontando de manera categórica las insólitas excusas esgrimidas por sus técnicos para justificar cuatro años de provada y total inactividad.

Para comprender la gravedad del escenario actual, es imprescindible desglosar cronológicamente un expediente que plasma a la perfección las peores patologías de la burocracia local. Todo comenzó el 25 de marzo de 2022, cuando registramos una solicitud formal exigiendo explicaciones sobre la desaparición de la insignia conmemorativa y demandando su inmediata restitución. Ante la callada por respuesta, nos vimos obligados a acudir al Síndic de Greuges (expediente de queja n.º 202202383).

En el marco de aquella primera investigación, el 5 de agosto de 2022, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico emitió un informe alegando que “se está a la espera de un informe de licencias urbanísticas que pudiese indicar si ha habido alguna intervención sobre la fachada del inmueble”. El 21 de septiembre de 2022, el Síndic dictó una resolución rotunda en la que recomendaba al Ayuntamiento facilitar de inmediato la información pendiente, mantener informado al promotor sobre las gestiones para recolocar la placa y, en su caso, depurar las posibles responsabilidades.

Apenas unos días después, el 30 de septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Valencia ACEPTÓ formalmente las recomendaciones del Síndic. En términos jurídicos, el consistorio asumió una obligación de hacer. Lo que vino después fue el vacío más absoluto. Durante casi cuatro años, la administración local guardó un silencio sepulcral. Ni se remitió el informe de Licencias Urbanísticas, ni se iniciaron labores de inspección en la fachada, ni se contactó con esta asociación. La placa continuaba en paradero desconocido y la impunidad de su retirada parecía sellada por el olvido institucional.

Habiendo constatado que la aceptación de las recomendaciones por parte del Ayuntamiento de Valencia fue un burdo movimiento estético para cerrar el expediente sin mover un solo dedo, el 8 de julio de 2026 registramos formalmente ante el Síndic una nueva queja solicitando la reapertura del expediente. En nuestro escrito pusimos de manifiesto la flagrante indefensión y la opacidad sistemática a la que se nos estaba sometiendo, exigiendo que se fiscalizara de verdad qué había ocurrido en esos cuatro años de parálisis.

Admitida la reapertura a trámite con una celeridad encomiable por parte de la Sindicatura, se le otorgó al Ayuntamiento el plazo legal de un mes para justificar las medidas adoptadas. La respuesta municipal tuvo entrada en la institución del defensor del pueblo el 10 de agosto de 2026. Y lejos de encontrarnos ante un ejercicio de asunción de responsabilidades o un plan de acción para la restitución del bien demanial, topamos con un informe que constituye un auténtico monumento a la evasiva y al fraude conceptual.

El informe remitido por el consistorio, vuelve a incidir en la táctica de sacudirse las pulgas institucionales. En su texto, reiteran textualmente lo que ya dijeron en 2022:

“El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico no colocó dicho elemento ornamental y conmemorativo... Y llegados a este punto sólo cabe tras traslado al Servicio que encargó la colocación de la placa...”

Es decir, en cuatro años, el Servicio de Patrimonio Histórico no ha sido capaz de cruzar un pasillo municipal o de enviar un correo interno automatizado al servicio homólogo para coordinar la investigación. Pero el verdadero despropósito jurídico del informe llega cuando los técnicos pretenden redefinir el marco de la legislación de transparencia para amparar su propia desidia. Afirman textualmente:

“Tal y como se ha indicado anteriormente, PRIMERO, no nos encontramos ante un derecho de información pública en tanto no aparezca documentada la información que sustentan las actuaciones realizadas. No obstante, se acepta la recomendación (...) SEGUNDO.- Se acepta la recomendación indicada a modo de recordatorio en el caso de encontrarnos ante un trámite de información pública, que no ha sido el caso por los motivos expuestos en el presente informe.”

Para rematar el desastre de gestión, los técnicos concluyen con una confesión palmaria de inactividad: “Este Servicio se reitera en lo ya indicado en su momento sin que tenga constancia de nueva actuación relativa a este asunto”. Cuatro años resumidos en un indolente "no sabemos nada y nada hemos hecho".

Es inadmisible que un servicio municipal intente eximirse alegando que "ellos no colocaron la placa". De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 7/1985 (LRBRL), el Municipio de Valencia goza de una personalidad jurídica única e indivisible. Frente al ciudadano y ante el Síndic de Greuges, quien responde es el Ayuntamiento de Valencia en su conjunto, no una concejalía aislada. Fragmentar la responsabilidad para crear un bucle de "peloteo" interdepartamental viola flagrantemente el principio de coordinación y eficiencia consagrado en el artículo 3.1 de la Ley 40/2015 (LRJSP).

Sostener que no existe derecho de acceso a la información pública porque "no aparece documentada la información" constituye una aberración jurídica y una trampa conceptual intolerable. Conforme al artículo 13 de la Ley 19/2013 y al artículo 20 de la Ley 1/2022 de la Generalitat Valenciana, los contenidos y la inactividad de los expedientes SÍ son información pública.

Saber si consta o no consta una licencia urbanística en un edificio protegido de Ciutat Vella es información pública obligatoria. Si la respuesta es que "no hay documento porque el Ayuntamiento no ha inspeccionado", la obligación legal es certificar formalmente dicha inexistencia de expediente (lo que constata una infracción urbanística evidente de la propiedad). Pretender que la ausencia de actuación exime de la transparencia generaría una paradoja ilegal idónea para la corrupción: bastaría con que un Ayuntamiento decidiera no investigar un hecho para decretar que los ciudadanos pierden el derecho a preguntar sobre él.

El Ayuntamiento afirmó tramposamente que "aceptaba" las recomendaciones del Síndic en 2022, pero en su informe de 2026 pretendió añadir la salvedad de que no se aplicaban al caso concreto por no ser un trámite de información pública. Esta maniobra constituye una aceptación ficticia o condicionada, una figura radicalmente prohibida en el ordenamiento administrativo que vulnera de forma flagrante la doctrina de los actos propios (venire contra factum proprium non valet) y el principio de buena fe.

Al reconocer por escrito que no tienen constancia de ninguna nueva actuación desde 2022, los técnicos firmaron una confesión expresa de pasividad omisiva. El Ayuntamiento ha incumplido de manera flagrante el artículo 103 de la Constitución Española (deber de eficacia) y los artículos 41 y 55 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), los cuales imponen a los municipios la obligación inexcusable de investigar, defender y recuperar de oficio los bienes de propiedad pública que hayan sido ilegalmente retirados por particulares.

La contundencia y solidez de nuestros argumentos jurídicos han sido plenamente validadas por el alto comisionado de las Corts Valencianes. El 21 de agosto de 2026, apenas diez días después de nuestras alegaciones, llegó la Resolución de Consideraciones a la Administración en la que tumba sin paliativos la estrategia de distracción del Ayuntamiento de Valencia.

En el apartado de Conclusiones de la investigación, el veredicto del Síndic es demoledor y no deja margen a la interpretación:

“No consta que el Ayuntamiento de Valencia haya realizado alguna actuación en cumplimiento de la Resolución de consideraciones de fecha 21/9/2022 (...). La referida entidad local, en el informe municipal que tuvo entrada en esta institución con fecha 10/8/2026, no ha detallado ninguna sola actuación efectuada para recolocar la placa y, en su caso, depurar las posibles responsabilidades.”

Es decir, el defensor del pueblo valenciano deja constancia oficial e institucional de que el Ayuntamiento de Valencia ha faltado a la verdad, ha ignorado sus resoluciones previas y ha mantenido los brazos cruzados durante cuatro largos años frente al expolio de un bien de titularidad pública en un entorno protegido.

Por todo ello, el Síndic de Greuges eleva un ultimátum formal y emite la siguiente RECOMENDACIÓN imperativa al consistorio:

“RECOMENDAMOS que, en cumplimiento de la anterior Resolución de consideraciones de fecha 21/9/2022, se efectúen todas las actuaciones que sean necesarias para recolocar la placa y, en su caso, depurar las posibles responsabilidades.”

De acuerdo con la legislación que regula la institución del Síndic, el Ayuntamiento de Valencia se encuentra ahora formalmente obligado a remitir, en el plazo máximo e improrrogable de un mes, un informe detallado en el que manifieste de manera explícita si acepta la resolución y, de ser así, qué medidas concretas, técnicas y cronológicas va a adoptar para ejecutar la recolocación de la placa de los bomberos y la depuración de responsabilidades.

El 'caso de la placa de los Bomberos' ha dejado de ser la simple pérdida de una insignia conmemorativa para transformarse en una enmienda a la totalidad contra la opacidad, el peloteo burocrático y el desprecio hacia la legalidad urbanística que impera en los pasillos del consistorio.

Arrancar elementos de una fachada catalogada en el entorno protegido del Plan Especial (PEP) de Ciutat Vella y de un Bien de Interés Cultural (BIC) como la Plaza de la Virgen es un hecho de una gravedad indiscutible. Que la administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley reaccione con desidia, silencio y argucias técnicas para no investigar a los responsables es, si cabe, un síntoma mucho más preocupante.

Desde nuestra asociación no vamos a tolerar que este requerimiento del Síndic de Greuges vuelva a ser archivado en un cajón. Exigimos que la Alcaldía-Presidencia, haciendo uso de sus facultades superiores de dirección, coordine de forma inmediata a los servicios de Licencias Urbanísticas, Disciplina e Inspección, y al propio Cuerpo de Bomberos para proceder a la restitución material de la placa, o a la realización de una réplica exacta a costa del infractor, de forma inminente.

La memoria histórica y el patrimonio mueble de Valencia pertenecen a la ciudadanía, no al arbitrio o la pereza de sus gobernantes. Seguiremos paseando, observando, denunciando y, sobre todo, exigiendo con la ley en la mano que se respete la dignidad de nuestro patrimonio y de nuestra historia.

Un saludo...

El Síndic de Greuges fulmina las excusas del Ayuntamiento de Valencia sobre la Alquería dels Moros tras nuestra denuncia de "fraude de ley" y casi 13 años de parálisis.

2026-08-25T11:20:55.294+02:00

Buenos días,

Queremos hacer pública la demoledora Resolución de Consideraciones emitida ayer, 24 de agosto de 2026, por el Síndic de Greuges (Expediente de queja nº2603139, acumulado a los anteriores nº2201431, 1716336, 1317992, 1400126, 1410487 y 1511928). En este dictamen, la institución que vela por los derechos de la ciudadanía desmonta de manera absoluta los argumentos y las excusas defensivas, los parches de última hora y el recurso a la "falta de presupuesto" del Ayuntamiento de Valencia respecto a la zona privada del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Alquería dels Moros.

El 19 de junio de 2026, nuestra asociación se vio en la obligación de reabrir nuevamente las actuaciones ante el Alto Comisionado. Denunciamos formalmente que, tras haber transcurrido casi cuatro años desde que el consistorio notificara la "aceptación integral" de las recomendaciones de septiembre de 2022 (las quintas emitidas desde 2014), la corporación local había incurrido en un auténtico fraude de ley administrativo.

Aquel compromiso no fue más que un subterfugio formal para forzar el archivo de las actuaciones ante la Sindicatura. Durante este tiempo, la zona privada del conjunto (los edificios A, B y D, Casas nº 2, 3 y 4, junto a su huerto histórico o Hortus Conclusus) ha permanecido en una situación de abandono, parálisis y degradación idéntica o manifiestamente agravada.

El Síndic de Greuges, tras recabar los informes de los distintos departamentos municipales entre el 23 de julio y el 10 de agosto de 2026, nos ha dado íntegramente la razón, concluyendo que las actuaciones del Ayuntamiento son del todo "insuficientes para lograr el cumplimiento real y efectivo" de las recomendaciones emitidas.

El núcleo jurídico más contundente de la resolución radica en la destrucción doctrinal del pretexto económico esgrimido de forma recurrente por la administración municipal. El consistorio justificaba su falta de intervención en la expropiación o en la ejecución subsidiaria aduciendo la ausencia de partida presupuestaria.

Y el Síndic ha contestado con una firmeza impecable, dejando claro que no es una deficiencia estructural: aunque la escasez de recursos puede condicionar temporalmente las actuaciones, esa limitación no puede convertirse en una "deficiencia estructural que imposibilite, de forma indefinida, la adecuada protección de dicho patrimonio".

Vaciamiento de la Constitución: La falta o cortedad de partidas presupuestarias no sirve para vaciar de contenido la clara obligación constitucional del artículo 46 de la Constitución Española y de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV), reduciendo la protección del patrimonio a "una mera declaración programática sin alcance real y efectivo".

Obligación pública: El patrimonio cultural es una seña de identidad del pueblo valenciano y un legado de inapreciable valor cuya conservación corresponde garantizar a los poderes públicos, en este caso al Ayuntamiento de Valencia, con independencia de cuál sea la titularidad jurídica de los inmuebles.

El análisis detallado de los propios informes remitidos por el Ayuntamiento demuestra que la maquinaria municipal sólo redactó oficios y requerimientos a toda prisa cuando recibió la notificación de reapertura del expediente por parte del Síndic. Un "maquillaje procedimental" desmontado paso a paso:

- Edificio A (Casa nº 2, ref. cat. 2002000YJ27E001DY): Declarado en ruina inminente en 2018 y en ruina legal en septiembre de 2020. El Ayuntamiento solicitó a la Oficina Técnica una inspección el 11 de diciembre de 2025. Dicha solicitud estuvo congelada durante más de 7 meses y medio. Casualmente, la Oficina Técnica emitió su informe el 24 de julio de 2026, el mismo día en que el Síndic reactivó la queja. Sólo tras esa fiscalización se procedió, el 31 de julio, a pedir presupuestos para revisar las medidas precautorias.

- Edificio B (Alquería dels Moros 2B, ref. cat. 002002100YJ27E001XY): La Orden de Ejecución para reparar las fachadas y los muros de carga (por 19.910,58 €) se dictó el 18 de octubre de 2017. Transcurridos casi 9 años de inactividad de la propiedad, el Ayuntamiento no reaccionó hasta el 6 de agosto de 2026 (día en que cerraban el informe para el Síndic) notificando el apercibimiento de una primera multa coercitiva residual de 1.991,05 €. Además, se permitió que el inmueble permaneciera 4 años sin certificado de seguridad (caducado desde julio de 2022), pidiéndolo a toda prisa en esa misma fecha de agosto de 2026.

- Edificio D (ref. cat. 002002400YJ27E0001EY): Tras desestimar los tribunales el recurso de la propiedad en febrero de 2024 y denegarse la licencia de obras en septiembre de 2025 (confirmado en mayo de 2026), el Ayuntamiento, en lugar de asumir la ejecución subsidiaria de las obras de consolidación, volvió a ganar tiempo concediendo el 31 de julio de 2026 un trámite de audiencia previa para una segunda multa coercitiva.

En nuestra réplica denunciamos que el Ayuntamiento pretendió responder al Síndic de forma troceada, sirviéndose únicamente del departamento de Disciplina Urbanística para evitar pronunciarse sobre las obligaciones del conjunto del municipio. La resolución del defensor pone de manifiesto la falta de coordinación y la inacción de las distintas áreas:

Servicio de Gestión Urbanística: Admite que no ha previsto partida alguna para la Expropiación Forzosa del Edificio A (prevista en el artículo 21 de la LPCV para inmuebles BIC en peligro o sin propiedad conocida), limitándose a señalar que "solicitará" su inclusión en el presupuesto de 2027.

Servicio de Proyectos Urbanos: Se lava las manos aduciendo que únicamente tiene encargo sobre la parte municipal (Casa del Senyor y Alquería de la Torre), alegando falta de competencia para dotar crédito presupuestario o intervenir en las parcelas colindantes.

Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos: Inspeccionó el Hortus Conclusus el 2 de julio de 2026, comprobando que la parcela se halla llena de suciedad, maleza e insalubridad. Sin embargo, reduce su papel a abrir un expediente ordinario al propietario, ignorando que la maleza inflamable supone un riesgo crítico de incendio sobre la estructura de madera de la rehabilitada Casa del Senyor.

Servicio de Movilidad: Justificó la retirada de los bolardos en la calle Emili Camps i Gallego afirmando que "no constaban en su inventario" y argumentando que en mayo de 2024 instaló señales R-102 de calle peatonal. Ante la evidencia de que los vehículos siguen pasando a centímetros de los muros agrietados de los Edificios A, B y D sometiéndolos a vibraciones mecánicas continuas, el servicio se ha visto obligado a anunciar que tramitará la reposición de los bolardos.

Por todo lo expuesto, el Síndic de Greuges ha cerrado el expediente requiriendo formalmente al Ayuntamiento de Valencia:

Recomendación explícita: Exige que, en cumplimiento de las cinco recomendaciones dictadas desde 2014 y dado el dilatado periodo de 13 años transcurrido, "se adopten, de forma real y efectiva, todas las medidas que sean necesarias para lograr la rehabilitación y puesta en valor de todos los bienes públicos y privados que forman parte del Bien de Interés Cultural Alquería del Moro".

Concede al consistorio el plazo legal de un mes para que remita un informe manifestando si acepta la consideración. En caso afirmativo, deberá detallar las medidas concretas y presupuestadas que ejecutará; en caso negativo, deberá justificarlo motivadamente.

Es inadmisible que una institución pública tenga que ser fiscalizada de forma continuada durante casi trece años para que firme oficios a última hora. Las fechas no mienten: el consistorio sólo reacciona cuando el Síndic le requiere y cuando nuestra asociación saca a la luz la parálisis.

El "comodín" de que no hay presupuesto ha quedado destruido por el máximo órgano consultivo de la Comunitat Valenciana. La expropiación forzosa de la Casa nº 2, la ejecución subsidiaria sobre los Edificios B y D, la limpieza urgente del Hortus Conclusus y la proección de la calle mediante bolardos no son peticiones caprichosas: son mandatos legales de imperativo cumplimiento.

Desde nuestr asociación estaremos vigilantes durante este mes de plazo. No vamos a permitir más "aceptaciones formales" que acaben en un cajón. Si el Ayuntamiento de Valencia insiste en la inacción, utilizaremos todas las herramientas procedimentales y la vía contencioso-administrativa por inactividad material para asegurar la salvaguarda de este monumento único de nuestra huerta.

Un saludo...

Las contradicciones y los informes acorralan al Ayuntamiento de Valencia en el caso de la Alquería de Volante

2026-08-24T20:07:23.843+02:00

Buenas tardes,

Desde nuestra asociación llevamos quince años recorriendo cada rincón de nuestro término municipal, pateando la huerta, documentando el abandono sistemático de nuestros bienes catalogados y acudiendo a las instituciones públicas para exigir el cumplimiento estricto de la ley. No trabajamos con sensacionalismos, ni con invenciones en función de quién gobierne (le pese a quién le pese, o le moleste a quién le moleste): nuestra única herramienta de trabajo es el rigor técnico, la inspección sobre el terreno y los propios expedientes administrativos que tramitamos vía Registro General de Entrada.

Y hoy queremos compartir un caso sangrante de cinismo institucional, manipulación del relato y contradicciones oficiales que retrata a la perfección cómo operan las administraciones públicas cuando creen que nadie las vigila.

Nos referimos a la agonía provocada de la Alquería de Volante (situada en la Entrada Casa Gallineta o Senda dels Lladres nº 21-23), un elemento clave de la arquitectura rural de nuestra huerta, protegido por el Plan General de Ordenación Urbana con Nivel 2 de protección (Ficha del Catálogo 332 del Distrito 10) e inscrito dentro del Área de Vigilancia Arqueológica AVA-77.

El cotejo de la documentación oficial que obra en nuestro poder, especialmente dos expedientes municipales emitidos entre abril y julio de 2026, deja en evidencia un cambio de criterio de 180 grados por parte del Ayuntamiento de Valencia, motivado únicamente por el pánico a las responsabilidades penales tras la apertura de Diligencias de Investigación en la Fiscalía Provincial.

Para entender la gravedad del asunto, es necesario recordar de qué inmueble estamos hablando. La Alquería de Volante era una edificación tradicional constituida originalmente por una nave rectangular con dos crujías longitudinales y tres plantas (planta baja, piso y cambra). Su sistema constructivo respondía a la arquitectura tradicional valenciana: muros de carga de fábrica mixta de ladrillo macizo y mampostería, forjados de vigas de madera y cubierta a dos aguas con teja curva.

Aunque la finca figura en el inventario municipal como propiedad pública del Ayuntamiento de Valencia desde el 9 de mayo de 1979 (Código de Inventario 1.E5.10.0017, adquirida mediante escritura pública de donación), la posesión material fue cedida a ADIF el 13 de junio de 2007 mediante un Acta Previa a la Ocupación relacionada con las obras del acceso ferroviario de alta velocidad (Nudo Sur).

Desde 2007, ni ADIF como poseedor material ni el Ayuntamiento como propietario registral movieron un sólo dedo para consolidar el edificio. Esta omisión consciente del deber de conservación culminó en el pavoroso incendio del 23 de enero de 2024, que provocó el colapso definitivo de la cubierta y de la cumbrera. Ya en febrero de 2024, la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación (OTCCE) decretó formalmente la Amenaza de Ruina Inminente. Sin embargo, la corporación municipal decidió meter la resolución en un cajón y dejar que la intemperie destruyera los restos.

Ante el evidente abandono del inmueble, desde nuestra asociación reabrimos la queja nº 2600806 ante el Síndic de Greuges, exigiendo que se dictaran órdenes de ejecución urgentes, se valorase la reconstrucción del bien bajo el régimen de catalogación del artículo 189.7 de la LOTUP y se abriera un expediente informativo para depurar responsabilidades administrativas.

La respuesta del Ayuntamiento de Valencia, emitida el 22 de abril de 2026 por el Jefe del Servicio de Patrimonio (Expediente E-00911-2026-000387-00), fue una muestra magistral de soberbia burocrática y desprotección patrimonial:

Tildaron la salvación del bien como algo disparatado: El informe municipal afirmó textualmente que "una eventual reconstrucción carecería, en principio, de funcionalidad pública real y podría resultar manifiestamente antieconómica y desproporcionada".

Descalificaron nuestras denuncias: Manifestaron que no procedía abrir ningún expediente informativo ni depurar responsabilidades, acusando a nuestra asociación de verter "afirmaciones apriorísticas o acusaciones no acreditadas".

Se lavaron las manos con la propiedad y la posesión: Argumentaron que la presencia de ADIF y la integración del suelo en el ámbito ferroviario generaban "severas dificultades materiales y competenciales", excusando la inactividad municipal en una supuesta falta de control sobre la parcela.

En definitiva, en abril de 2026, para los responsables del Servicio de Patrimonio, el Ayuntamiento no tenía obligación alguna de actuar, exigir la consolidación de la alquería a ADIF era «imposible» y gastar dinero público o exigir responsabilidades era «antieconómico».

Lo que el Consistorio no esperaba era que las denuncias presentadas por nuestra entidad ante la Fiscalía Provincial de Valencia fructificaran en la apertura de las Diligencias de Investigación Penal nº 270/26MA.

Cuando el Fiscal instructor dirigió un oficio formal exigiendo explicaciones al Ayuntamiento sobre el estado del bien catalogado y el expediente de ruina, el discurso burocrático de la "imposibilidad" y la "desproporción" se desmoronó de la noche a la mañana. El miedo a una eventual imputación penal por prevaricación omisiva (artículo 404 del Código Penal) o por delito contra el patrimonio histórico por omisión del deber de conservación (artículo 321 del Código Penal) provocó la movilización inmediata de los técnicos municipales.

El 10 de julio de 2026, el Cuarto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Giner Corell, firmó la Resolución Municipal E-05301-2026-000307-00. Al leer detenidamente este documento oficiales, descubrimos que el Ayuntamiento desmentía, una por una, todas las evasivas que le había presentado al Síndic de Greuges apenas 80 días antes.

El Hecho Primero de esta resolución confiesa abiertamente cuál fue la verdadera causa de la repentina diligencia municipal:

"A resultas de la solicitud de informe formulada por la Fiscalía Provincial de Valencia, Sección Diligencias de Investigación, en el marco de las Diligencias de Investigación Penal nº 270/26MA, respecto de la Alquería de Volante... se emite informe técnico por la Sección Técnica de Patrimonio II, de fecha 16 de junio de 2026..."

Resulta esclarecedor comprobar cómo cambia la diligencia de nuestros gobernantes cuando no es el ciudadano ni el Defensor del Pueblo quien pide cuentas, sino un Fiscal.

Para que ningún representante político ni técnico municipal pueda acusar a esta asociación de faltar a la verdad, presentamos a continuación unanálisis comparativo basado en los dos expedientes oficiales firmados por la propia administración local:

Informe al Síndic de Greuges (22/04/2026) VS Resolución Municipal (10/07/2026)

I. Viabilidad de actuar:

- Informe al Síndic de Greuges: afirma que cualquier medida de estabilización o intervención es "manifiestamente antieconómica y desproporcionada".

- Resolución Municipal: ordena a ADIF la ejecución imperativa de once medidas precautorias urgentes en un plazo de 15 días.

II. Obligación de Intervención:

- Informe al Síndic de Greuges: se exime de responsabilidad sosteniendo que la posesión es de ADIF y existen "dificultades competenciales".

- Resolución Municipal: invoca los Arts. 189 y 203 de la TRLOTUP e impone la Ejecución Subsidiaria Municipal a costa de ADIF si no cumple (Punto 5º).

III. Ocultación de Residuos Tóxicos:

- Informe al Síndic de Greuges: omite toda mención a la presencia de materiales peligrosos para la salud pública o el medio ambiente.

- Resolución Municipal: certifica la presencia de fibrocemento/amianto disgregado y calcinado, exigiendo la activación del Real Decreto 396/2006.

IV. Valoración de las Denuncias:

- Informe al Síndic de Greuges: califica las solicitudes del Círculo como "acusaciones no acreditadas y apriorísticas".

- Resolución Municipal: apercibe a ADIF con denunciarla ante el Juzgado de Instrucción por un previsible Delito de Riesgo del Código Penal (Punto 7º).

V. Consecuencias de la Inacción:

- Informe al Síndic de Greuges: justifica la situación del inmueble como algo "antiguo" e insiste en la irrelevancia del paso del tiempo.

- Resolución Municipal: constata que por el abandono entre febrero de 2024 y junio de 2026 colapsaron las fachadas este y oeste y el muro central interior.

Uno de los hallazgos más alarmantes expuestos en la Resolución de 10 de julio de 2026 es el relativo a la salud pública. Mientras en abril el Servicio de Patrimonio nos tildaba de alarmistas, el informe técnico de junio de 2026 confirmó que los cuerpos anexos de la alquería presentan "restos de elementos de fibrocemento disgregado (canales, bajantes, depósito, placas, etc.)".

Al haber sufrido un incendio virulento en enero de 2024, el fibrocemento (compuesto de amianto y cemento) ha quedado expuesto a altas temperaturas y al desmoronamiento mecánico. Cuando el amianto se calcina o se fractura, libera fibras microscópicas al aire que resultan altamente carcinógenas. Durante más de dos años, el Ayuntamiento de Valencia ha permitido que estos residuos tóxicos permanezcan al aire libre en pleno corazón de la huerta, omitiendo las disposiciones mínimas de seguridad aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto reguladas en el Real Decreto 396/2006.

La lectura de los informes revela otra triste certeza: la Alquería de Volante ha sufrido un deterioro provocado por la inacción consciente de las propias administraciones públicas.

En febrero de 2024, tras el incendio, la OTCCE certificó que el edificio conservaba en pie sus cuatro muros perimetrales en sus tres alturas (planta baja, piso y cambra). Cuando los técnicos regresaron en junio de 2026, forzados por la Fiscalía, constataron que el abandono prolongado provocó nuevos derrumbes masivos: hoy en día únicamente se conserva la fachada sur. La fachada este, la fachada oeste y el muro central interior con su arco histórico se han venido abajo paulatinamente durante los últimos dos años.

Esto demuestra que no estamos ante un deterioro inevitable de la naturaleza, sino ante la pérdida irreversible de patrimonio histórico valenciano causada por el incumplimiento reiterado del deber de conservación que la LOTUP impone a las administraciones públicas.

En el Punto 7º de la Resolución de julio de 2026, el Ayuntamiento apercibe a ADIF advirtiéndole de que, si no actúa, denunciará los hechos ante el Juzgado de Instrucción por un delito de riesgo establecido en el Código Penal.

Esta amenaza a ADIF constituye una trampa dialéctica y una autoinculpación en toda regla:

Si la inacción sobre la alquería representa un delito de riesgo para la seguridad pública, el Ayuntamiento de Valencia es tan responsable como ADIF, por ser el propietario registral desde 1979 y por no haber dictado las órdenes de ejecución ni la ejecución subsidiaria tras el incendio de febrero de 2024.

El plazo de 15 días concedido a ADIF finalizó a finales de julio de 2026. A día de hoy, los restos siguen sin apuntalar, la zona no cuenta con el vallado adecuado y los escombros con amianto continúan sin retirarse. Sin embargo, el Consistorio no ha ejecutado subsidariamente las obras ni ha presentado denuncia alguna en el juzgado. Todo ha sido una maniobra de distracción para maquillar el expediente ante la Fiscalía.

Desde nuestras asociación no vamos a permitir que este escándalo quede impune. Vamos a exigir la personación de las autoridades correspondientes para que se abra causa penal por presunta prevaricación omisiva y delitos contra el patrimonio histórico contra aquellos cargos técnicos y políticos que permitieron la destrucción de la Alquería de Volante.

La huerta y su patrimonio no son un estorbo ni una carga antieconómica: son la identidad de nuestro pueblo. Seguiremos defendiendo cada piedra, cada alquería y cada monumento, con la ley en la mano y la verdad por delante.

Un saludo...

Denunciamos ante la Conselleria de Cultura el uso del BIC de la muralla de Xàtiva como trastienda ferial

2026-08-21T13:40:15.915+02:00

Desde la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural volvemos a alzar la voz y a actuar con la máxima contundencia jurídica ante lo que consideramos una agresión continuada, intolerable e impune contra el patrimonio histórico valenciano. Año tras año, y coincidiendo con la celebración de la Fira de Xàtiva, el Ayuntamiento de la localidad convierte el entorno monumental y la fábrica medieval de sus Murallas (declaradas Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento) en un mero trastero ferial para el soporte de infraestructuras efímeras.

Ante la persistente pasividad municipal y el habitual silencio complaciente de la administración autonómica, nuestra entidad ha registrado ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana un escrito de denuncia y requerimiento formal de restablecimiento de la legalidad, para evitar cualquier intento de archivo silencioso, dilación o ninguneo del derecho de la acción pública de la ciudadanía a exigir la protección efectiva de sus monumentos.

La situación que venimos documentando y denunciando públicamente no es un hecho aislado ni una negligencia puntual. Se trata de un modus operandi consolidado que se repite, al menos, desde el año 2019 y que ha vuelto a reproducirse con absoluta impunidad en las sucesivas ediciones feriales de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Las inspecciones visuales y el amplio dossier fotográfico recabado por nuestra asociación demuestran una ocupación ilícita y sistemática del área de protección de la muralla:

- Módulos sanitarios portátiles (WC químicos) adosados a la piedra: Casetas y contenedores de aseos públicos colocados pegados directamente al lienzo medieval o a escasos centímetros de su base. Esta práctica genera un riesgo grave e inaceptable de filtraciones de vertidos químicos, eflorescencias salinas y humedades en la mampostería histórica, además de anular por completo la contemplación del bien.

- Casetas de hostelería, barras de bar y venta ambulante: estructuras comerciales efímeras (puestos de comida rápida, terrazas y mostradores de bebidas) apoyadas y adheridas a las murallas, utilizando el monumento como pared trasera o trastienda ferial.

- Cableados y tendidos eléctricos provisorios: mangueras eléctricas e instalaciones temporales de iluminación tensadas, grapadas o colgadas directamente desde la sillería o discurriendo en contacto directo con el paramento del BIC, con el consiguiente riesgo de choque eléctrico, cortocircuito e incipiente riesgo de incendio.

- Acumulación de mobiliario, contenedores y cerramientos: apilamiento indiscriminado de sillas de aluminio, mesas, barriles de cerveza, contenedores de basura, vallas de obra y lonas de ocultación (rafias y cañizos) anclados o apoyados en el propio monumento histórico.

- Anulación total del entorno de protección: eliminación de la franja perimetral de seguridad y contemplación visual que por ley debe permanecer expedita y libre de ocupaciones.

El tratamiento que el consistorio de Xàtiva otorga a sus murallas medievales durante la Fira no se puede analizar de forma aislada. Es el síntoma de una problemática mucho más profunda y alarmante. Xàtiva, una ciudad con un legado histórico envidiable y declarada Conjunto Histórico-Artístico, atraviesa una severa crisis de gestión y tutela patrimonial.

No es casualidad que la capital de La Costera ostente el triste récord de figurar en la Lista Roja de Hispania Nostra con cerca de una docena de bienes culturales sumidos en el abandono, la ruina o el riesgo inminente de degradación irreversible. Entre los elementos incluidos o alertados en este listado de la vergüenza figuran inmuebles y espacios de incalculable valor.

Resulta profundamente contradictorio que, mientras el Ayuntamiento invierte considerables recursos públicos en campañas de promoción turística, permita y promueva activamente la degradación de un monumento de la categoría BIC como la muralla, utilizándolo como bastidor de baños portátiles y barra de bar. La promoción del patrimonio no puede ser una mera cáscara propagandística; exige, ante todo, respeto, conservación y cumplimiento estricto de la legalidad.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, las actuaciones permitidas u organizadas por el Ayuntamiento de Xàtiva contravienen de forma flagrante la normativa sectorial vigente:

Falta de Autorización Preceptiva y Nulidad de Licencias (Art. 35 de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano - LPCV): Cualquier obra, instalación, actividad o cambio de uso en un BIC o su entorno requiere la autorización previa, explícita y favorable de la Conselleria de Cultura. El consistorio no puede "legalizar" la invasión del monumento mediante simples decretos municipales o permisos festivos. Cualquier licencia otorgada sin el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio es nula de pleno derecho (Art. 47.1.e Ley 39/2015).

Infracción de la prohibición de contaminación visual (Art. 38 LPCV y Art. 19 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español): La ley prohíbe taxativamente la colocación de cables, anuncios, adosamientos y elementos aparentes sobre monumentos declarados BIC y sus entornos. La normativa no establece distinciones ni excepciones para eventos temporales o festivos: la perturbación es ilegal tanto si dura un día como un año.

Incumplimiento del deber de conservación y custodia (Arts. 33 y 39 LPCV): Las entidades locales tienen la obligación legal de conservar y tutelar el patrimonio de su término municipal, preservando su entorno de protección libre de ocupaciones que degraden su dignidad y apreciación cultural.

Nuestro blindaje jurídico ante la Conselleria de Cultura

Quienes nos siguen desde hace años saben de sobra que la Conselleria de Cultura recurre de forma sistemática a tretas administrativas para desestimar o congelar las denuncias ciudadanas. Su maniobra habitual consiste en no notificar la correcta recpeción de las denuncias (no le dan un número de expte.), denegar la condición de interesado a los denunciantes, etc. para dilatar plazos o dejar caducar los expedientes mediante el silencio administrativo, respondiendo única y exclusivamente tras la intervención del Síndic de Greuges.

Para neutralizar de raíz estas prácticas de mala fe administrativa, hemos solicitado:

Ejercicio formal de la Acción Pública (Art. 9.1 LPCV): Invocamos la legitimación universal que la ley otorga a todas las personas físicas y jurídicas para exigir el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. La Acción Pública no es un simple "aviso", sino un derecho a obtener una respuesta sobre el fondo.

Exigencia de confirmación en 10 días (Art. 21.4 LPACAP): Requerimos a la Conselleria para que en el plazo de 10 días comunique la recepción del escrito, la fecha de registro y el número de expediente asignado.

Límite infranqueable de 3 meses para resolver: Invocamos la doctrina vinculante del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (Resolución de Recomendaciones de 13/10/2025, Exp. 2502770), que recuerda el deber legal e inexcusable de la administración de dictar resolución expresa en el plazo máximo de 3 meses, prohibiendo el archivo silencioso o la caducidad en expedientes de protección de BIC.

Exclusividad de notificaciones telemáticas (Art. 41.1 LPACAP): Inhabilitamos formalmente el uso de la vía postal en papel, obligando a la administración a notificar por vía electrónica para evitar dilaciones indebidas.

En el escrito registrado ante la Dirección General de Patrimonio Cultural hemos solicitado formalmente:

1. El reconocimiento explícito de nuestra condición de parte interesada de pleno derecho.

2. La orden inmediata de inspección técnica por parte de los servicios de Patrimonio para evaluar las afecciones materiales y la contaminación visual sobre la muralla de Xàtiva.

3. La adopción de medidas cautelares y órdenes directas al Ayuntamiento de Xàtiva para la retirada inminente de cualquier elemento adosado y la delimitación de un perímetro libre de ocupación en futuras ediciones.

4. La apertura de expediente sancionador contra los responsables de las infracciones graves cometidas sobre un BIC.

La identificación nominal de las autoridades o técnicos que hayan autorizado estas ocupaciones sin la previa autorización autonómica.

Nuestra asociación no va a permitir que se siga tratando el patrimonio de todos como un decorado desechable. Guardamos la reserva de nuestras mejores acciones jurídicas, sin descartar acudir a las instancias judiciales o dar traslado de los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico si se constata una inobservancia deliberada del deber de tutela.

El reloj administrativo ya está corriendo. Desde nuestra asociación seguiremos informando puntualmente de cada paso en este expediente. La defensa del patrimonio histórico no se promete: se ejerce y por Registro General de Entrada.

Un saludo...

2019

2022

2024

2025

2026

Las imágenes han sido facilitadas por l'Associació veïnal Casc Antic Digne i Viu (Xàtiva) a Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

La ruina de la alquería de Burgos: el Síndic de Greuges destapa la desidia y el "falso cumplimiento" del Ayuntamiento de Valencia

2026-08-15T13:29:47.252+02:00

Buenos días,

En l'Horta de Vera, concretamente al Camino de Meliana nº5, desafiando al tiempo y al olvido, se levanta, o mejor dicho, se desmorona, la alquería de Burgos (también conocida como alquería de Bissarra). Un bellísimo exponente de nuestra arquitectura rural vernácula, catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL).

Lamentablemente, este rincón que ha sobrevivido a riadas, guerras y a la voracidad urbanística de las últimas décadas, está a punto de desaparecer. Y lo peor no es el paso del tiempo; lo peor es la asfixia burocrática, la alarmante desidia y el cinismo institucional de quienes tienen la obligación legal y moral de protegerlo: nuestro propio Ayuntamiento, experto en dejar caer nuestro patrimonio cultural.

El pasado 14 de agosto de 2026, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana emitió una resolución que va más allá de un simple papel administrativo más. Es un acta de señalamiento formal con todas las letras. El Síndic ha respaldado al 100% nuestras denuncias y alegaciones. Y el veredicto es demoledor: el Ayuntamiento de Valencia no ha ejecutado ni una sola medida efectiva en tres años (desde el cierre del anterior expte.) para salvar la alquería e incurrió en un "falso cumplimiento" estético de las recomendaciones del Defensor del Pueblo para forzar el archivo de las quejas.

Como bien recoge el Síndic en su dictamen: "Ha quedado acreditado que el Ayuntamiento de Valencia no ha desarrollado ninguna actuación efectiva (...). El estado de conservación de la Alquería de Burgos no ha mejorado lo más mínimo. Al contrario, sigue empeorando cada día".

Además, pegados directamente contra los muros históricos de mampostería y tapial, se encuentran cinco contenedores de basura urbana (gris, marrón, azul y amarillo).

Hagamos memoria: en septiembre de 2023, ante nuestra denuncia, la Concejalía de Transparencia de Valencia mandó un escrito oficial al Síndic asegurando con total solemnidad que "aceptaba" la recomendación de analizar y reubicar esos contenedores. Fue una bonita foto de cara a la galería que sirvió para archivar el expediente de aquel año. Tres años después, el Ayuntamiento no ha movido un sólo contenedor. Siguen ahí, apoyados impunemente contra el monumento.

Cualquiera que entienda mínimamente de arquitectura tradicional sabe que esto es una temeridad destructiva por dos razones gravísimas:

Humedades y líquidos residuales: Los líquidos orgánicos que inevitablemente se filtran de las basuras penetran en la base del muro, pudriendo los morteros de cal ancestrales y destruyendo el tapial por capilaridad ascendente.

Riesgo crítico de incendio: La estructura interior de la alquería es un esqueleto de vigas de madera centenarias y entramados de cañizo completamente secos. Un contenedor quemado, en un acto de vandalismo tan habitual en nuestras calles, prendería fuego a la alquería entera en cuestión de minutos, reduciendo a cenizas siglos de historia. Y debido a su ubicación, no daría tiempo a actuar y extingirlo antes de que destruyese todo el bien.

El Síndic de Greuges ha afeado severamente este comportamiento al consistorio, resaltando que la mampostería sigue desprotegida ante este castigo diario. Y por si fuera poco, en su último informe de defensa enviado este pasado julio de 2026, el Ayuntamiento optó por el camino de la avestruz: ni una sola palabra sobre los contenedores, silenciando el problema ante el Defensor del Pueblo en un burdo intento de ocultación.

Y si nos adentramos en los despachos de la administración, la gestión de este BRL pasa de la desidia al absurdo. La alquería de Burgos cuenta con una declaración de Amenaza de Ruina Inminente desde septiembre de 2016 y se encuentra en Situación Legal de Ruina desde diciembre de 2018 (Resolución nº SM-5988). Pues bien, desde el año 2020, hace ya seis interminables años, se está tramitando en las oficinas municipales el expediente de Licencia de Rehabilitación Integral nº 03501/2020/003105.

¿Cómo es posible que una licencia para salvar un monumento catalogado lleve seis años metida en un cajón, dando vueltas en bucle? La respuesta del Servicio de Licencias Urbanísticas al Síndic parece un mal chiste: argumentan fríamente que el expediente "se encuentra pendiente de resolver las cuestiones planteadas en el informe del Servicio del Ciclo Integral del Agua y pendiente de recibir el informe favorable de la Conselleria de Paisaje".

Es una auténtica vergüenza que se tolere semejante parálisis burocrática mientras las techumbres de esta alquería se hunden. El artículo 71 de la Ley 39/2015 obliga a la administración al impulso de oficio de los procedimientos. No se puede permitir que la propiedad utilice la eterna tramitación de "papeles" y proyectos básicos como un escudo de impunidad para cruzarse de brazos mientras el edificio se cae a pedazos.

Pero el dato más aterrador y escandaloso que ha salido a la luz en este cruce de informes es la absoluta falta de control técnico y preventivo por parte del Ayuntamiento:

El propio consistorio ha tenido que reconocer por escrito que el último certificado técnico de seguridad que aportó la propiedad databa del 30 de junio de 2025. Es decir, el Ayuntamiento ha permitido que un BRL en ruinas pasara más de un año entero sin ningún tipo de aval ni revisión técnica obligatoria.

Lo más grave ocurre el 25 de marzo de 2026, cuando la propiedad comunica oficialmente al Ayuntamiento que los temporales de viento de febrero habían provocado el aflojamiento y desplazamiento del apuntalamiento en una zona de 15 m² de la cubierta del inmueble. Los propios dueños avisaron de que el sostén del tejado había fallado.

¿Cuál fue la reacción de urgencia del consistorio ante un riesgo evidente de derrumbe? Ninguna. Se sentaron a esperar. Dejaron pasar abril, mayo y junio enteros sin enviar inspectores ni mover un sólo dedo. Esperaron exactamente hasta el 2 de julio de 2026 (más de tres meses y medio) para redactar un simple e inútil requerimiento en papel.

Cualquier valenciano que ame nuestras alquerías sabe perfectamente lo que significa dejar un tejado histórico desestabilizado y sin soporte durante meses bajo las lluvias y tormentas. Es, llanamente, firmar su sentencia de muerte arquitectónica.

Paseando y repasando la historia de nuestro patrimonio destruido, es imposible no sentir escalofríos al ver que el Ayuntamiento repite con la alquería de Burgos exactamente el mismo guión que provocó la trágica pérdida de la alquería de Volante. En aquel caso, también se sucedieron los requerimientos estériles de papel, las prórrogas infinitas y los informes cruzados entre departamentos mientras las paredes se agrietaban. ¿El desenlace? El colapso definitivo, la ruina total y la desaparición de un pedazo insustituible de nuestra historia rural.

Llegados a este punto de ruina inminente, las excusas de que "Disciplina Urbanística sólo vigila la seguridad" o de que "Licencias está esperando informes" ya no se sostienen. El Artículo 189 de la LOTUP exige de forma taxativa mantener los monumentos en condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, no encadenados a apuntalamientos provisionales eternos.

Y cuando un propietario privado demuestra durante años que es incapaz de mantener su propiedad o que especula con los tiempos, la ley le otorga al Ayuntamiento una herramienta directa y obligatoria: la EJECUCIÓN SUBSIDIARIA (Art. 192 de la LOTUP). El consistorio tiene la potestad legal de entrar de oficio en el inmueble con las contratas municipales, consolidar las techumbres que amenazan desplome de forma inmediata, limpiar el entorno y pasarle posteriormente la factura de los trabajos a los propietarios.

La administración pública es UNA, con una única personalidad jurídica (Art. 103 CE y Ley 40/2015) y no un Reino de Taifas, tal y como están actuando desde hace décadas. No vale fragmentar los expedientes en mil ventanillas para eludir la culpa. Es hora de actuar de forma coordinada y urgente.

El Síndic ha concedido al Ayuntamiento de Valencia un plazo máximo e improrrogable de UN MES para que responda si acepta las consideraciones y precise qué "medidas reales y efectivas" va a adoptar para salvar de una vez por todas la Alquería de Burgos y quitar los contenedores de su fachada.

Si el consistorio vuelve a responder con largas, retórica vacía o mareando la perdiz entre concejalías, el Síndic podrá declararlo formalmente como Administración Hostil y Entorpecedora (Art. 41 de la Ley 2/2021), exponiendo su vergüenza en el informe anual ante Les Corts Valencianes.

Nuestras alquerías no necesitan más burocracia de despacho, cartas certificadas que nadie cumple ni parches estéticos. Necesitan operarios consolidando las vigas, camiones retirando los contenedores de basura de los muros y voluntad política real para defender lo que es de todos. Esperamos que la alquería de Burgos tenga un final feliz y no se convierta en una ficha más de nuestro catálogo de tesoros perdidos.

Un saludo...

El misterio de la placa de los bomberos en la Plaza de la Virgen: cuatro años de peloteo burocrático, desidia municipal y desprecio al patrimonio de Valencia

2026-07-08T14:19:29.324+02:00

Buenas tardes,

hoy volvemos a denunciar un nuevo y flagrante caso de desidia institucional, opacidad administrativa y desprecio absoluto por el patrimonio mueble de todos los valencianos.

Hablamos de la misteriosa desaparición de la placa conmemorativa del 150 aniversario de la fundación del Cuerpo Municipal de Bomberos de Valencia, instalada formalmente por el propio consistorio el 8 de marzo de 2007 en la fachada del inmueble número 6 de la citada plaza. Un bien de titularidad pública que un buen día, sin fecha conocida, se "esfumó" de la vista de todos y que, tras cuatro largos años de denuncias, el Ayuntamiento de Valencia sigue manteniendo en el limbo del olvido y el silencio administrativo. Estamos en 2026, y el peloteo burocrático interno continúa mientras la impunidad campa a sus anchas en pleno centro histórico.

Para ponernos en antecedentes, debemos viajar al año 1857. En aquel momento se institucionalizó un servicio esencial para la seguridad y la supervivencia de la ciudad, que hasta la fecha era privado y dependía de las mutuas de seguro: nuestro cuerpo de bomberos municipal. En marzo de 2007, con motivo de sus 150 años de abnegado servicio público, el Ayuntamiento de Valencia consideró de justicia rendirles homenaje colocando una placa conmemorativa en la fachada de la Plaza de la Virgen n.º 6, un enclave emblemático del emplazamiento de la primera Brigada de Bomberos Zapadores.

Sin embargo, tras unas obras de intervención o por decisión unilateral de la propiedad del edificio, cuestión que el Ayuntamiento sigue sin explicar o dice desconocer, la placa fue retirada de la fachada. Al percatarnos de esta intolerable mutilación de la memoria urbana de Valencia, en el año 2022, desde nuestra asociación lo denunciamos e iniciamos la correspondiente batalla administrativa.

Y ante la callada por respuesta de los servicios municipales, decidimos acudir al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, abriéndose el expediente de queja nº 2202383. Lo que parecía un trámite sencillo para que un Ayuntamiento ágil repusiera un bien de su propiedad se ha convertido en una auténtica radiografía de las patologías burocráticas que asfixian a nuestra administración local.

El 21 de septiembre de 2022, el Síndic de Greuges dictó una resolución contundente llena de consideraciones legales hacia el Ayuntamiento de Valencia. En ella, la institución autonómica emitió dos pronunciamientos taxativos:

"RECOMENDAMOS que (...) se facilite al autor de la queja la información pública que se encuentra pendiente, manteniéndole informado sobre las actuaciones municipales que se realicen para recolocar la placa y, en su caso, depurar las posibles responsabilidades."

"RECORDAMOS EL DEBER LEGAL de contestar motivadamente las solicitudes de acceso a la información pública en el plazo máximo de un mes."

Pocos días después, el 30 de septiembre de 2022, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento emitió un informe formal en el que ACEPTÓ formalmente las recomendaciones del Síndic. En el lenguaje de la administración, esto significa que asumieron la obligación jurídica y el compromiso ante la ciudadanía de investigar el paradero del objeto, facilitar la documentación a nuestra asociación y reponer la placa.

¿Qué ha pasado desde entonces? Absolutamente nada. Las palabras se las llevó el viento, y los compromisos institucionales terminaron sepultados bajo toneladas de pasividad y desgana municipal, como viene siendo la tónica habitual desde hace décadas.

El nudo gordiano de este despropósito reside en una argucia administrativa utilizada hasta la saciedad por los técnicos locales: el conflicto competencial interno. En un informe fechado el 5 de agosto de 2022, el Servicio de Patrimonio Histórico dejó por escrito la siguiente perla:

"Se está a la espera de un informe de licencias urbanísticas que pudiese indicar si ha habido alguna intervención sobre la fachada del inmueble, cuestión que se informará tan pronto se reciba el escrito indicado".

Han pasado casi cuatro años desde que se redactaron esas líneas. Cuatro años en los que un simple folio que debe cruzar los pasillos municipales desde el Servicio de Licencias Urbanísticas hasta el de Patrimonio Histórico parece haber quedado atrapado en una dimensión desconocida (The Twilight Zone). A fecha actual, ese informe jamás nos ha sido remitido, ni consta que se haya incorporado de manera efectiva al expediente. No se nos ha comunicado nada. La opacidad es total; la indefensión del ciudadano que defiende su patrimonio, absoluta.

Frente a esta lamentable estrategia de dilación, desde nuestra asociación recordamos al consistorio que el Ayuntamiento de Valencia no es una constelación de reinos de taifas independientes. De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), el Municipio goza de personalidad jurídica única y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Ante el administrado, el Ayuntamiento es un todo indivisible. Utilizar el silencio o el retraso crónico de un departamento (Licencias) para justificar el incumplimiento de las obligaciones de otro (Patrimonio) constituye una intolerable quiebra del artículo 6.1 de la misma LRBRL y del artículo 3.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que obligan a toda Administración a actuar bajo los principios de eficacia, eficiencia y estricta coordinación. Algo que, lamentablemente, rara vez ocurre.

Llegados a este punto, conviene analizar la gravedad de la desaparición de la placa desde una perspectiva jurídica estricta. Sabemos perfectamente que la placa data del año 2007. No tiene, por tanto, un valor histórico intrínseco de carácter multisecular, ni está catalogada individualmente como Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, restarle importancia por este motivo es un gravísimo error de bulto en el que caen los técnicos negligentes.

El edificio donde se ubicaba la placa ostenta, con total seguridad, un Nivel 2 de protección parcial/estructural en el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella. Además, la Plaza de la Virgen forma parte de un Conjunto Histórico catalogado como BIC. Cualquier alteración física de esa fachada sin la preceptiva licencia urbanística, como lo es arrancar un elemento conmemorativo fijado a la sillería o paramento exterior, rompe de forma drástica la legalidad urbanística de un entorno monumental protegido.

La placa es, a todos los efectos, un bien de naturaleza demanial o patrimonial de titularidad municipal. El Ayuntamiento no puede encogerse de hombros ante su desaparición. El artículo 4.1.d) de la LRBRL otorga de forma nítida a los municipios la «potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes», complementado por el artículo 5 del mismo texto legal, que consagra su plena capacidad para «reivindicar» toda clase de pertenencias demaniales.

A mayor abundamiento, los artículos 4, 41 y 44 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) imponen a las entidades locales la obligación inexcusable de defender activamente su patrimonio frente a las retenciones indebidas de los particulares. Si el propietario del inmueble retiró la placa por su cuenta y riesgo, el Ayuntamiento tiene el deber de incoar un expediente sancionador y forzar la restauración inmediata del paramento.

Si el propietario o un tercero (cuestión que desconocemos porque no se nos ha informado al respecto) desatornilló o arrancó la placa de la fachada con el fin de destruirla, guardarla, quedársela para lucrarse con el material, podríamos estar ante figuras delictivas de indudable gravedad:

- Un posible Delito de Daños Agravado (Art. 263.2.4º del Código Penal) al tratarse de daños causados en bienes de uso público o comunal.

- Un Posible Delito de Hurto Agravado (Art. 235.1.1º del Código Penal), castigado con penas de uno a tres años de prisión, al recaer sobre bienes de indudable utilidad pública y comunitaria.

- Un posible Delito contra el Patrimonio Histórico (Art. 323 del Código Penal), si la remoción violenta del soporte afectó o dañó los elementos arquitectónicos de la fachada del inmueble catalogado en el PEP de Ciutat Vella.

¿Está el Ayuntamiento encubriendo con su pasividad un posible ilícito penal contra sus propios bienes demaniales? Esa es la gran pregunta que sigue en el aire debido a la flagrante retención de la información pública.

Y como ya os imagináis, la inactividad municipal que viola el principio de eficacia del artículo 103 de la Constitución Española merece una respuesta contundente. Por ello, os anunciamos que hemos registrado formalmente ante el Síndic de Greuges un exhaustivo documento solicitando la REAPERTURA INMEDIATA del expediente de queja n.º 2202383.

En este nuevo escrito, formulamos una batería de peticiones coercitivas para evitar que las concejalías sigan escurriendo el bulto:

Plazo perentorio de 30 días: Exigimos al Síndic que conmine al Ayuntamiento de Valencia (Servicio de Licencias Urbanísticas) a remitir de una vez por todas el informe técnico comprometido desde agosto de 2022.

Obligación de instalar una réplica material: Si el Ayuntamiento manifiesta desconocer el paradero de la placa original o asume su pérdida, solicitamos que se le obligue a costear de forma subsidiaria, con cargo a los presupuestos municipales, la fundición e instalación de una réplica exacta de la placa del 150 aniversario de los bomberos en la fachada de la Plaza de la Virgen n.º 6. El extravío por desidia no extingue la obligación de restituir el daño.

Depuración de responsabilidades e inclusión como administración obstructora: Solicitamos que se identifique y sancione al propietario o tercero infractor, repitiendo contra él todos los costes, y que se depuren las responsabilidades disciplinarias internas de los técnicos municipales que han permitido este limbo de cuatro años. En caso de persistir en el silencio, pedimos que el Ayuntamiento de Valencia sea incluido de forma destacada en el Informe Anual ante las Corts Valencianes como "Administración obstructora y no colaboradora".

La memoria de Valencia también se defiende a pie de calle, manteniendo intactos los testimonios históricos que rinden honores a quienes construyeron nuestra sociedad, como el Cuerpo de Bomberos.

No vamos a permitir que un rincón tan importante para el urbanismo valenciano como la Plaza de la Virgen sea objeto de impunidad, desidia y silencios cómplices. Seguiremos paseando por Valencia, pero siempre con los ojos bien abiertos, denunciando cada atropello y exigiendo el cumplimiento íntegro de la Ley. Os mantendremos informados del devenir de esta reapertura.

Un saludo...

Atentado reiterado contra La Ceramo: el Ayuntamiento de Valencia vuelve a tapar con pintura plástica los grafitis delictivos

2026-06-25T18:41:19.365+02:00

Buenas tardes,

La Ceramo de Benicalap (BRL), una joya arquitectónica neomudéjar del siglo XIX que constituye uno de los testimonios más desgarradores y flagrantes del abandono institucional del patrimonio industrial valenciano, vuelve a ser protagonista de un nuevo y dantesco episodio de agresión técnica y estética.

Y lo verdaderamente alarmante de esta situación es que los daños no proceden de un pintamonas provisto de un espray y que se dedica a pintarrajear nuestro patrimonio cultural. La mano que empuña el rodillo responsable de semejante barbaridad pertenece, una vez más, a la propia administración pública.

Esta misma semana hemos sido testigos de una nueva, chapucera y masiva intervención sobre los paramentos exteriores de este edificio protegido, cubriendo con parches de una densa pintura plástica de color rosáceo y pardo los grafitis de la fachada principal recayente a la Avenida de Burjassot, 142, y de la fachada lateral que linda con el Carrer del Poeta Serrano Clavero.

Y no es la primera vez que pasa. Estamos ante una reincidencia contumaz. El consistorio valenciano ha vuelto a recurrir a una "chapuza", del más puro estilo "Pepe Gotera y Otilio", totalmente intolerable y degradante, vulnerando de forma directa las normativas específicas de conservación y desobedeciendo de manera flagrante los tirones de orejas que en el pasado le propinó el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana tras las denuncias y recursos interpuestos por nuestro colectivo en 2024.

Para comprender la extrema gravedad de lo que acaba de suceder, resulta imprescindible echar la vista atrás y activar la memoria documental. En julio de 2024, a través de las páginas de este mismo blog, publicamos una extensa crónica titulada “Falta de transparencia del Ayuntamiento de Valencia sobre el estado del proyecto de rehabilitación y las intervenciones de limpieza en La Ceramo”. En aquel momento, pusimos de manifiesto las enormes trabas burocráticas y el muro de silencio que la administración local levantó frente a las solicitudes de información pública que registramos.

La cronología de aquel despropósito se inició formalmente el 7 de marzo de 2024. En esa fecha, ante las sospechas fundadas de que se estaban realizando tratamientos inadecuados en los muros del edificio, se presentó una meticulosa solicitud de acceso a la información vía transparencia. Se exigían dos cuestiones fundamentales: por un lado, conocer el estado real de la redacción del proyecto técnico de rehabilitación del inmueble y, por el otro, el desglose pormenorizado con fechas, contratas y áreas municipales de todas las intervenciones ejecutadas desde 2022 para cubrir grafitis con capas de pintura plástica.

La respuesta inicial del Ayuntamiento de Valencia fue un auténtico ejercicio de escapismo y disimulo. Tras agotar los plazos legales, notificaron una resolución parcial que despachaba la cuestión de las brigadas de pintura con una frase lapidaria que rozaba el insulto al ciudadano: “Se está recabando actualmente”. Ante este descarado intento de ocultar la realidad y dilatar el procedimiento, desde Círculo por la Defensa del Patrimonio no nos quedamos de brazos cruzados y elevamos una queja formal ante el Síndic de Greuges.

Fue la presión directa del Defensor del Pueblo valenciano la que obligó finalmente a las dependencias municipales a mover ficha, sacando a la luz contradicciones vergonzosas.

Acorralado por el dictamen del Síndic de Greuges, el Ayuntamiento de Valencia se vio forzado a dictar una resolución definitiva el 31 de julio de 2024, visada por el concejal del área. Aquel informe municipal, lejos de exculpar a la administración, se convirtió en una prueba documental irrefutable de su deficiente gestión. En dicho texto, el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos admitió que la contrata municipal había aplicado pintura plástica de color gris sobre una superficie de 10 metros cuadrados en la fachada trasera del edificio, recayente a la calle José Grollo, en febrero de 2022.

Sin embargo, el párrafo verdaderamente crucial e histórico de aquella resolución oficial fue el siguiente:

“Cabe indicar al respecto, que desde este Servicio siempre se ha dado la orden a la contrata municipal de no realizar ningún tipo de actuación sobre este tipo de bienes protegidos por lo que actualmente no se está realizando ningún tipo de intervención.”

El propio Ayuntamiento reconocía así, por escrito, de forma interna y con sello oficial, que el empleo de pinturas plásticas sobre los paramentos de un Bien de Relevancia Local constituía una aberración prohibida, confirmando la existencia de una directriz expresa para que ninguna brigada o contrata ordinaria de limpieza tocase jamás los muros de La Ceramo. Con esa declaración, los responsables políticos pretendieron cerrar la crisis, asegurar que el problema estaba resuelto y convencer al Síndic de que no se repetiría semejante desastre.

Hoy, en junio de 2026, esa respuesta para cubrir el expediente se ha convertido en papel mojado. Las órdenes internas que el Servicio de Limpieza presumía haber impartido han terminado en la trituradora de la incompetencia. Las brigadas de la pintura plástica y de la brocha gorda han regresado con total impunidad a los muros de Benicalap.

Para comprender el calado del daño perpetrado, es necesario abandonar por un momento la perspectiva burocrática y analizar el impacto arquitectónico real. La Ceramo no es un edificio contemporáneo revestido de hormigón moderno; sus paramentos exteriores principales exhiben un delicado lienzo de ladrillo caravista tradicional y morteros antiguos de cal. Estos materiales históricos poseen una característica física fundamental: son altamente porosos y necesitan "respirar" de forma natural para garantizar la evaporación de las humedades del subsuelo y de las lluvias.

Cuando un operario municipal aplica una pintura plástica de naturaleza sintética e impermeable directamente sobre el ladrillo caravista, lo que está haciendo en términos técnicos es sellar por completo los poros de la fachada. Al quedar la humedad cautiva en el interior de la estructura, desprovista de cualquier vía de transpiración, los ciclos estacionales de frío y calor provocan un fenómeno catastrófico conocido como exfoliación. El agua atrapada genera presiones internas brutales que terminan por cuartear la arcilla, haciendo que la pátina exterior y los relieves ornamentales históricos del ladrillo se fracturen y se desprendan de manera irreversible.

A ello se suma la pesadilla de su posterior restauración. Eliminar una capa de pintura plástica (y en este caso ya debe haber almenos seis capas diferentes) fuertemente adherida a un soporte cerámico poroso exige el empleo de tratamientos químicos sumamente agresivos o sistemas abrasivos mecánicos que desgastan y erosionan la superficie original del monumento de forma definitiva. Lo que el Ayuntamiento etiqueta alegremente como "labores ordinarias de borrado de pintadas" es, a la luz de los criterios científicos de la restauración patrimonial, una auténtica agresión física que acelera la degradación y la ruina del BRL.

La reiteración de estos hechos sitúa al consistorio valenciano en un escenario legal sumamente complejo. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico penal, pintar con materiales nocivos el ladrillo caravista de un inmueble protegido con conocimiento de su valor arquitectónico trasciende la mera negligencia administrativa y abre la puerta a la exigencia de responsabilidades penales.

El artículo 323 del Código Penal español prevé penas de prisión de seis meses a tres años para aquellos que causen daños de forma directa en bienes de valor histórico, artístico o cultural, con independencia de su grado de declaración formal. En el ámbito judicial, el concepto de "daño" no se limita exclusivamente al derribo o demolición de una estructura; incluye explícitamente aquellas alteraciones que comprometen la integridad material del soporte de forma irreversible o perjudicial, tal y como acontece con la aplicación de resinas sintéticas sobre paramentos históricos.

Incluso en el supuesto de que los responsables municipales intentaran ampararse bajo la excusa de una supuesta "buena fe" destinada a adecentar el entorno urbano, el artículo 324 del mismo código castiga penalmente los daños patrimoniales causados por imprudencia grave. Habiendo reconocido oficialmente el Ayuntamiento en el expediente de 2024 la prohibición de estas intervenciones, el hecho de que en 2026 sus servicios técnicos o empresas concesionarias hayan vuelto a desenfundar los rodillos plásticos denota una omisión absoluta de los deberes mínimos de cuidado y control, lo que encaja con precisión en el tipo penal de la imprudencia grave.

De forma complementaria, la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano tipifica como infracción administrativa muy grave la ejecución de cualquier tipo de obra o intervención en un Bien de Relevancia Local que carezca de la preceptiva y previa autorización de los servicios técnicos de patrimonio de la Conselleria o del propio municipio, acarreando sanciones económicas de hasta 150.000 euros.

Ante la flagrante burla a las resoluciones del Síndic de Greuges, desde nuestra asociación no vamos a tolerar que este nuevo atropello quede sepultado bajo el manto de la ambigüedad administrativa o el clásico reparto de culpas entre concejalías.

Por este motivo, se ha procedido a registrar una nueva solicitud de acceso a la información pública. A diferencia del proceso de 2024, donde intentaron escudarse alegando que la información se encontraba "en curso de elaboración" o poseía carácter "auxiliar" bajo el amparo del artículo 18 de la LTAIBG, la nueva petición exige la entrega inmediata de actos firmes, concluidos y obligatorios.

La solicitud reclama de manera unívoca la aportación de las Órdenes de Trabajo y Partes de Servicio físicos que dispusieron el repintado de las fachadas entre marzo y junio de 2026, la identificación inequívoca del área municipal que autorizó el gasto, los datos de la empresa contratista o brigada que ejecutó materialmente los brochazos y la copia exacta de las facturas y certificaciones de obra imputadas al presupuesto público.

Asimismo, la petición sitúa al consistorio frente a un callejón sin salida: exige la copia del informe técnico del Servicio de Patrimonio Histórico que avaló el empleo de esa pintura plástica sobre la fachada neomudéjar. Y dudamos mucho que ningún técnico cualificado firmara jamás semejante despropósito. Sería muy grave y no dudaríamos en acudir de nuevo ante la Fiscalía Provincial de Valencia para denunciar estos hechos.

La alarmante situación de La Ceramo es el reflejo de un modelo de gestión patrimonial que sufre de una preocupante asimetría y de soberbia. Mientras el centro histórico de la ciudad concentra las inversiones millonarias y los desvelos de los equipos de gobierno para lucir impecable en las postales turísticas, el legado industrial e histórico de los barrios de la periferia, como Benicalap, se ve abocado sistemáticamente al olvido, a las promesas electorales incumplidas y a los tratamientos de mantenimiento más rudimentarios, chapuceros y perjudiciales para el patrimonio.

Los monumentos de Valencia no son meros contenedores urbanos que puedan parchearse con la pintura plástica más barata del mercado para ocultar la dejadez ante el vandalismo gráfico. Un Bien de Relevancia Local merece el máximo respeto, rigor científico y una gestión pulcra que se ajuste a los principios elementales de la conservación.

Desde nuestra asociación continuaremos vigilando de cerca cada rincón de nuestra historia material, utilizando todas las herramientas legales y ciudadanas a nuestro alcance para que los responsables de estas agresiones institucionales dejen de esconderse tras la burocracia y asuman, de una vez por todas, las consecuencias de sus actos.

Valencia y su memoria histórica, cultural y patrimonial merecen mucho más que un rodillo y unos políticos, técnicos, jefes de servicio y funcionarios, incompetentes e irresponsables.

Un saludo...

Visitando la recién reabierta Casa del Senyor de l'alqueria dels Moros

2026-06-24T12:05:15.702+02:00

Buenos días,

Si echáis la vista atrás y revisáis la hemeroteca de nuestro blog, recordaréis que llevábamos tiempo pidiendo la reapertura y regularización de las visitas de la Casa del Senyor, joya de la arquitectura rural valenciana que forma parte de l'alquería dels Moros (BIC). Una inversión millonaria de dinero público que permanecía inaccesible, privándonos a los amantes del patrimonio cultural valenciano de nuestro derecho a conocerla por dentro. Por eso motivo lo denunciamos donde tocaba, por RGE, exigiendo que se cumpliera la LPCV 4/1998.

Pues bien, ayer pudimos volver a visitar la Casa del Senyor. Y no lo hicimos solos. Tuvimos la suerte de compartir esta esperadísima visita de inspección y disfrute con dos compañeros de viaje excepcionales: Vicente M. Bellvís, director del diario digital Noticias Ciudadanas, quien tanto ha empujado desde los medios para que esta reapertura sea una realidad, haciéndose eco de nuestras denuncias.

Antes de empezar a detallaros las maravillas artísticas que esconden estos muros, queremos detener el paso para hacer un agradecimiento con mayúsculas. Una alquería vacía, por muy gótica que sea, no es más que piedra y argamasa. Quienes de verdad le dan vida son las personas. Y ayer, nosotros tuvimos la inmensa fortuna de ser recibidos por Ana, la funcionaria municipal encargada de custodiar, enseñar y explicar el edificio.

A veces somos muy duros con y exigentes con las administraciones públicas, y con razón, pero cuando nos encontramos con servidores públicos de la talla de Ana, hay que quitarse el sombrero. Nos abrió las puertas y nos guió por el edificio, compartiendo la historia, los detalles y su experiencia. Desde este blog, Ana, te damos las gracias públicamente. Ojalá todo el patrimonio valenciano estuviera en unas manos tan profesionales y humanas como las tuyas.

Al cruzar el portón de madera, lo primero que te sorprende es el cambio drástico de atmósfera. Dentro, reina un silencio fresco, denso, cargado de siglos. La planta baja de la Casa del Señor nos habla de la Valencia agrícola, de aquella explotación bajomedieval donde se centralizaba la producción de las tierras circundantes que todavía rodean las alquerías.

Los arqueólogos e historiadores han hecho un trabajo encomiable durante la rehabilitación, dejando a la vista testigos en los muros que nos permiten leer las diferentes fases constructivas de esta casa noble de los siglos XIV y XV, que esconde pinturas y grafitis históricos en sus muros.

Subir la escalinata de piedra hacia la planta noble es, sencillamente, cambiar de dimensión. Si abajo se respiraba trabajo y huerta, arriba se respira poder, estatus y refinamiento estético. Es aquí donde los antiguos señores de la alquería pasaban sus jornadas de descanso y recibían a las visitas ilustres de la capital.

La bóvedas de revoltones con sus vigas de madera, los restos de policronía, los pavimentos cerámicos, la andana para la cría del cuc de seda, etc. Caminar sobre esos azulejos con sus característicos motivos y colores (azules, blancos, ocres), te conecta de una manera mágica con los pies de quienes habitaron este espacio hace quinientos años. Las estancias principales están inundadas por una luz bellísima que se filtra a través de las ventanas geminadas de estilo gótico, desde las cuales, antiguamente, los señores controlaban visualmente sus campos de cultivo (hoy parque de Benicalap).

Mientras paseábamos ayer por las estancias junto a Vicente M. Bellvís compartíamos una misma reflexión: esta apertura es una victoria de la ciudadanía concienciada. Si este blog, si Noticias Ciudadanas, si desde la asociación no hubiéramos alzado la voz ante el Síndic de Greuges, este edificio seguira cerrado sine die.

Por eso, el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestro patrimonio no es solo aplaudir su reapertura desde el sofá; es llenarlo de visitas. Las administraciones públicas se mueven por estadísticas: si ven que la Casa del Senyor de l'alquería dels Moros recibe un goteo constante de ciudadanos interesados, se verán obligadas a mantener el espacio impecable, a dotarlo de más presupuesto, a programar actividades culturales y a garantizar que nunca más se vuelva a echar el cerrojo por comodidad burocrática.

Tenéis que ir. Tenéis que llevar a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestros amigos del barrio. Es una lección de historia valenciana viva que complementa a la perfección cualquier paseo dominical por el Parque de Benicalap.

Para que os sea facilísimo organizar vuestra visita, aquí os dejamos los datos prácticos que nos han facilitado durante nuestro recorrido de ayer:

✉️ Para solicitar tu visita guiada: El Ayuntamiento de València gestiona las citas a través del Servicio de Agricultura. Solo tenéis que escribir un correo electrónico solicitando día y hora a:

👉 serviciodeagricultura@valencia.es

💻 Web oficial con información útil: Si queréis consultar la localización exacta, la historia detallada del complejo o los datos de contacto en la ficha municipal de Infociudad, podéis acceder directamente a través de este enlace oficial:

👉 Ficha de la Alquería dels Moros - Ayuntamiento de València

No os lo penséis más. Ayer nosotros cumplimos nuestro objetivo de ver abierta, nuevamente, la Casa del Senyor. Ahora os toca a vosotros cruzar esa puerta, disfrutar de la sabiduría de guías como Ana y presumir de la inmensa riqueza histórica que atesora nuestra ciudad y el barrio de Benicalap.

Un saludo...

Las Atarazanas se caen por "ladrillos de mala calidad" y el Ayuntamiento de Valencia alega que no es urgente

2026-06-20T19:12:19.906+02:00

Buenas tardes,

El muro lateral de las Atarazanas del Grao, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), recayente a la Plaza del Tribunal de las Aguas, se está desmoronando a pedazos. El ladrillo caravista se deshace, las humedades avanzan sin freno y la piedra enferma ante la mirada indiferente del consistorio a pesar de nuestras reiteradas denuncias.

La gravedad de la situación no es una exageración de nustra asociación. Ha quedado confirmada de forma oficial e institucional tras la última resolución de consideraciones, emitida el pasado 19 de junio de 2026, por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. El análisis minucioso de este expediente saca a la luz el vergonzoso modus operandi del Ayuntamiento de Valencia a la hora de gestionar nuestro patrimonio cultural.

El lienzo del muro exterior sur, el que recae de forma directa sobre la Plaza del Tribunal de las Aguas, presenta desde hace años unas patologías sumamente graves. No estamos hablando de una simple capa de suciedad superficial. Las fotografías actuales presentadas en el expediente del Síndic revelan un cuadro clínico alarmante: humedades severas por capilaridad, meteorización generalizada de los paramentos, pérdida absoluta del mortero de unión original y, lo más preocupante, el desprendimiento y la rotura geométrica progresiva del ladrillo caravista del muro. El monumento se está "pelando" vivo ante nuestros ojos por la falta de un mantenimiento elemental y preventivo.

Lo que verdaderamente enciende los ánimos de cualquier ciudadano concienciado es comprobar que este desmoronamiento no es un accidente imprevisto. El Ayuntamiento de Valencia sabe perfectamente lo que estaba ocurriendo desde hace años. A través de nuestras denuncias podemos reconstruir una línea de tiempo que evidencia cómo la maquinaria municipal estira los plazos para no hacer absolutamente nada.

Los antecedentes lejanos (2020-2021): El Síndic de Greuges ya tuvo que abrir expedientes de queja en los años 2020 (nº2001506) y 2021 (nº2103050) ante la proliferación de grafitis delictivos y el vergonzoso estacionamiento indebido de vehículos pesados pegados a las fachadas de este monumento protegido.

El primer reconocimiento oficial (4 de febrero de 2022): Hace más de cuatro años, el propio Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento reconoció formalmente por escrito que «en la fachada Sur se observa una ligera degradación del mortero en las juntas de ladrillo caravista», asegurando solemnemente que se procedería a «dar traslado a la Oficina Técnica». Decidió considerar que era "ligera" para restarle importancia y no actuart. Una frase que, como veremos, es el inicio del agujero negro burocrático.

Quince meses de silencio absoluto (Mayo de 2023): Ante la inactividad municipal, presentamos alegaciones urgentes el 18 de mayo de 2023. ¿Qué respondió el Consistorio? Emitió un informe idéntico en su espíritu dilatorio afirmando que «se da traslado a los Servicios Técnicos Municipales para que evalúen el estado del inmueble». Es decir, quince meses después, la solución volvía a ser "dar traslado" para "evaluar" lo que ya estaba evaluado. Absurdo.

La trampa de la aceptación institucional (Junio de 2023): El 6 de junio de 2023, el Síndic dictó una resolución exigiendo reparar y rehabilitar el muro. El Ayuntamiento, buscando salvar los muebles y calmar las aguas políticas, aprobó un decreto de la Primera Teniente de Alcalde el 23 de junio de 2023 donde ACEPTÓ de manera formal e inequívoca las recomendaciones del Alto Comisionado. Con esta firma, el Ayuntamiento cerró el expediente en falso, prometiendo unas obras que, evidentemente, jamás llegaron.

A fecha de hoy, en pleno año 2026, han transcurrido 35 meses enteros (casi tres años) desde aquella falsa promesa, y el Ayuntamiento de Valencia no ha ejecutado ni una sola obra material, ni ha redactado, licitado o presupuestado proyecto alguno para consolidar la pared de la Plaza del Tribunal de las Aguas.

Ante este clamoroso incumplimiento, nuestra asociación solicitó la reapertura del expediente. La contestación del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de València, plasmada en el informe del 10 de junio de 2026, es un monumento al descaro administrativo que merece ser analizado detalladamente. El Ayuntamiento utiliza tres estrategias argumentativas que el propio Síndic ha terminado por tumbar:

1. La cortina de humo de los servicios mínimos

Para justificarse, el informe municipal alega que «a lo largo de estos años se ha actuado sobre este edificio mediante retiradas de grafitis, obras de reparación de humedades, tratamiento antipalomas y otras actuaciones necesarias de conservación».

Esto vendría a ser una auténtica falacia de distracción, ya que el asunto ÚNICO de la reapertura del expte. era el muro. Nada más. Además, limpiar una pintada o poner pinchos para que no se posen las palomas son labores cotidianas de mantenimiento urbano básico que se deberían llevar a cabo sin que hubiera queja o denunciar. Equiparar la retirada de un grafiti con una restauración científica de un muro de ladrillo que se está disgregando es un insulto a la inteligencia de los valencianos y un burdo intento de maquillar una parálisis gestora alarmante.

2. Una asombrosa confesión de culpa: el ladrillo es "de mala calidad"

El texto redactado por los propios técnicos municipales contiene una declaración que roza el surrealismo técnico. El informe reconoce literalmente que:

«El mortero existente y la mala calidad de los ladrillos cerámicos son los que han generado los puntos más débiles en el lienzo del muro recayente a la Plaza del Tribunal de las Aguas, provocando las patologías indicadas...»

El Ayuntamiento confiesa de manera oficial que el monumento está construido o reparado estructuralmente con materiales deficientes que provocan su degradación acelerada. Pero lo verdaderamente escandaloso viene inmediatamente después, cuando afirman que, como la patología «no responde a un tema estructural ni a una actuación urgente», los trabajos quedan relegados «a la espera de la necesaria disponibilidad presupuestaria».

Cualquier estudiante de arquitectura sabe que si tienes un muro histórico con ladrillos de mala calidad expuestos a la meteorización y a la humedad capilar marina, el daño avanza de forma geométrica. Sostener que no hay urgencia y que hay que esperar a que el muro sufra un colapso estructural irreversible o un desplome completo para intervenir es una absoluta aberración técnica y una violación flagrante de los principios más elementales de la conservación preventiva arquitectónica y más aún de un BIC.

3. La falacia presupuestaria frente a las cuentas millonarias

La tercera gran excusa del consistorio es escudarse en «lo limitado del presupuesto asignado». Esta falacia es muy fácil de desmontar, aportando un dato incontestable: el Ayuntamiento de Valencia maneja actualmente un presupuesto consolidado que supera los 1.415 millones de euros.

Alegar que "no hay dinero en caja" para consolidar el muro exterior de un Bien de Interés Cultural protegido por las leyes patrimoniales autonómicas, mientras se financian con alegría gastos superfluos, campañas publicitarias o partidas discrecionales, constituye una desviación de poder moral y una vulneración consciente de la normativa. El artículo 18 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano establece que el deber de conservación de un BIC es una obligación legal imperativa y reglada (un deber de resultado), no una opción voluntaria supeditada a si al concejal o al servicio municipal de turno "le sobra o no dinero" en su presupuesto ordinario.

Hartos de que el Ayuntamiento intente reiniciar constantemente el bucle burocrático respondiendo en pleno 2026 que «procederá a contactar con empresas especializadas (...) con el objeto de contratar un proyecto» (exactamente la misma cantinela que empleaban en 2023), el Síndic de Greuges ha dicho basta.

En las Conclusiones de la investigación el veredicto del Síndic es inapelable y tumba la endeble y lamentable defensa municipal:

«El Ayuntamiento de Valencia no ha realizado ninguna actuación en cumplimiento de la anterior Resolución de consideraciones de fecha 6/6/2023».

El Síndic afea de forma contundente que la entidad local reconozca formalmente el daño del muro y la necesidad de intervenir, pero prolongue la espoliación pasiva del edificio al negarse en redondo a establecer fechas: «no se sabe cuándo se ejecutarán dichas obras, ya que no se ha adoptado ningún compromiso temporal para ello».

Por ello, en las "Consideraciones a la Administración", la Sindicatura ha elevado un requerimiento taxativo exigiendo que se ejecuten, «lo antes posible», las obras de consolidación y reparación del lienzo sur. Y lo que es más importante: le recuerda al Ayuntamiento de València que tiene el plazo máximo e improrrogable de UN MES para enviar un informe oficial en el que detalle si acepta la resolución y qué medidas concretas, con plazos y partidas económicas reales, va a adoptar para que los andamios entren de una vez por todas en las Atarazanas.

Este recorrido por la desidia administrativa termina con una advertencia sumamente seria. Hemos dejado muy claro en el expediente que el tiempo de las buenas palabras y las cartas de recomendación ha llegado a su fin. Si el lienzo de la Plaza del Tribunal de las Aguas sufre un desprendimiento mayor o un daño irreversible por culpa de esos "ladrillos de mala calidad" que el propio Consistorio confiesa ignorar, la vía civil y penal se activará de inmediato.

La entidad ciudadana ha advertido formalmente que interpondrá una denuncia directa ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, utilizando todo el historial de este expediente como la prueba documental irrefutable de que las autoridades locales eran plenamente conscientes del peligro y decidieron omitir su deber legal de conservación (artículos 323 y 404 del Código Penal), con excusas contrarias a la legislación vigente.

Y este aviso no es un farol. Nuestra paciencia se ha agotado. En las oficinas de la concejalía de Patrimonio resuena con fuerza el nombre de la Alquería de Volante, un valioso inmueble local que actualmente se encuentra bajo una investigación penal formal por parte de la Fiscalía debido, precisamente, al abandono institucional crónico, la falta de mantenimiento y la firma de informes dilatorios idénticos al que hoy sufre el muro de las Atarazanas del Grao. Los técnicos y responsables políticos que firman estos documentos deben saber que la laxitud burocrática ante la ruina del patrimonio común puede terminar acarreando inhabilitaciones y responsabilidades penales muy serias.

Las Atarazanas del Grao sobrevivieron a todo tipo de usos inadecuados y cambios drásticos, pero hoy corren el riesgo de sucumbir ante el peor enemigo de la historia: la dejadez de una administración que prefiere esconderse tras un laberinto de ventanillas y expedientes mal titulados antes que destinar una mínima fracción de sus 1.415 millones de euros a salvar un muro que se desmorona a pedazos.

Las Atarazanas no son ni propiedad exclusiva, ni un juguete del Ayuntamiento de Valencia; son el testimonio de nuestros antepasados y el legado de nuestros hijos. Esperamos que el Ayuntamiento despierte de su letargo burocrático e intervenga de forma urgente en esta joya del gótico civil valenciano. El tiempo apremia.

Un saludo...

La Conselleria de Cultura vuelve a tropezar con el Síndic de Greuges: el vergonzoso 'modus operandi' del silencio y la falta de transparencia

2026-06-19T17:11:49.007+02:00

Buenas tardes,

Hoy queremos mostramos los entresijos de una batalla administrativa, que venimos librando desde nuestra asociación, contra una administración reincidente: la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades (y en especial, su Dirección General de Patrimonio Cultural).

El pasado 18 de junio de 2026, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana firmó una resolución demoledora. Un auténtico "hostión" jurídico e institucional directo a la línea de flotación de una Conselleria que se ha acostumbrado a tratarnos a los ciudadanos y a las asociaciones civiles con desprecio, soberbia y arrogancia, aplicando el silencio administrativo por enésima vez. En este artículo vamos a mostraros el vergonzoso modus operandi de esta administración y cómo el Síndic les ha sacado los colores públicamente, tumbando de manera fulminante unas "justificaciones" que rozan el insulto a la inteligencia del ciudadano.

1. El origen del conflicto:

Para que entendáis bien la historia, tenemos que activar nuestra máquina del tiempo particular y situarnos en la cronología de los hechos. El edificio de los Docks Comerciales del Puerto de Valencia es una pieza clave de nuestro patrimonio industrial. Llevamos años exigiendo su correcta protección y catalogación. Por ello, haciendo uso de las herramientas legales que nos da nuestro estado de derecho, el pasado 5 de marzo de 2026, nuestra asociación presentó una solicitud formal por registro electrónico.

En ese escrito solicitábamos algo tan sencillo, tan legítimo y tan público como lo siguiente:

«Acceso y copia íntegra, testimoniada, documental y completa del informe patrimonial de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de fecha 1 de marzo de 2024, relativo a la petición de catalogación como Bien de Relevancia Local del edificio "Docks Comerciales del Puerto de Valencia"».

Un informe técnico de 2024. Dos años guardado en un cajón. Pedíamos una copia para saber qué criterios técnicos se estaban manejando respecto al futuro de este emblemático edificio. No estábamos pidiendo ningún secreto de estado que pusiera en peligro al país; estábamos pidiendo información pública protegida por la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

¿Cuál fue la respuesta inicial de la Conselleria? El vacío más absoluto. El silencio más sepulcral. Una vez más, la administración autonómica decidió aplicar su táctica favorita frente a los ciudadanos y asociaciones que les resultamos molestos e incómodos: meter la cabeza bajo el ala y esperar a que nos cansemos. Y ya sabéis, responsables de la Conselleria que nos leéis habitualmente, que ni nos vamos a cansar, ni vamos a cesar en nuestras legítimas peticiones.

2. El 'Modus Operandi' de la opacidad: despreciando los derechos ciudadanos

Los que nos seguís desde hace tiempo sabéis perfectamente que esto no es un hecho aislado. Estamos ante una práctica sistemática, cronificada y, a nuestro juicio, claramente mal intencionada. La Conselleria de Cultura opera bajo un patrón de conducta que se repite de forma casi matemática en cada una de nuestras solicitudes, quejas y denuncias. Consiste en lo siguiente:

Primer paso: Omitir el acuse de recibo. La ley estipula que la Administración tiene la obligación de comunicar al ciudadano, en el plazo máximo de 10 días, que ha recibido su escrito, indicando quién lo tramita y qué plazos hay para resolver. La Conselleria jamás lo hace. Nos deja a ciegas, sin saber si el papel ha entrado en la mesa de un técnico o se ha perdido en el limbo digital.

Segundo paso: Agotar el plazo legal mediante el silencio. Dejan pasar el mes completo que otorga la legislación de transparencia para responder sin mover un solo dedo. De esta forma, obligan a que opere el silencio administrativo negativo.

Tercer paso: Forzar al ciudadano a acudir al Síndic de Greuges. Como el ciudadano no tiene la documentación, se ve obligado a perder su tiempo redactando quejas ante el Defensor del Pueblo.

Cuarto paso: Entregar los papeles "in extremis" y pretender que aquí no ha pasado nada. Cuando el Síndic les abre un expediente de investigación y les exige responsabilidades, se asustan, buscan a toda prisa el documento en el ordenador, lo cuelgan en la Carpeta Ciudadana del afectado y le dicen al Síndic: "Oiga, que ya se lo hemos dado, cierre usted el caso".

Es un comportamiento profundamente insolidario, tramposo y desleal con la ciudadanía. Nos tratan como a ciudadanos de segunda o de tercerto. Saben perfectamente que, de cada diez ciudadanos que reciben la callada por respuesta, nueve abandonarán por puro agotamiento psicológico y burocrático. Y con el único que llega hasta el final (en este caso, nuestra asociación), cumplen tarde, mal y a arrastras, únicamente porque ven las orejas al lobo de la Sindicatura. Si no acudimos al Síndic de Greuges, a fecha de hoy todavía estaríamos esperando sentados el informe de los Docks.

3. La vergonzosa excusa de la Conselleria: «Tenemos mucho trabajo»

Cuando el Síndic de Greuges admitió nuestra queja a trámite el 20 de abril de 2026, les dio el preceptivo mes de plazo para enviar un informe detallado y razonado sobre los hechos, exigiéndoles específicamente que explicaran por qué no habían enviado el acuse de recibo en 10 días. ¿Y qué hizo la Conselleria? Volver a pedir una prórroga de tiempo el 19 de mayo alegando "sobrecarga de gestión de expedientes". Al final, el 9 de junio de 2026, registraron su contestación formal, firmada por el Subsecretario del departamento.

Las justificaciones que aporta la Conselleria son de una desvergüenza técnica colosal. Citamos textualmente su primera conclusión:

«Primera.- La solicitud de información no fue tramitada en los plazos indicados en la legislación en materia de transparencia por una acumulación de tareas en la unidad administrativa encargada de la tramitación de la misma».

Su defensa ante una vulneración de los derechos de los ciudadanos es decir que tienen "acumulación de tareas". Desde el punto de vista del Derecho Administrativo más elemental, esto es una aberración jurídica. Las deficiencias organizativas, la falta de personal, las bajas sin cubrir o la mala gestión del tiempo de los funcionarios son problemas internos y estructurales de la propia Generalitat Valenciana. Bajo ningún concepto estas contingencias internas pueden ser oponibles al ciudadano, ni constituyen una causa de fuerza mayor que los exima de cumplir las leyes que ellos mismos aprueban en Les Corts.

Imaginaros por un momento que cualquiera de vosotros va a pagar el Impuesto de Sucesiones, el IVA o el IRPF fuera de plazo, y cuando Hacienda os vaya a sancionar, presentáis un escrito diciendo: "Oigan, es que no he pagado a tiempo porque tengo acumulación de tareas en mi casa, estoy desbordado con la compra, poniendo la lavadora y haciendo la comida". ¿Qué os diría la Agencia Tributaria? Se reiría en vuestra cara y os aplicaría el recargo correspondiente. Pues bien, la Conselleria de Cultura pretende tener una patente de corso para incumplir los plazos legales alegando exactamente lo mismo.

Y para rematar la jugada, añaden en su segundo punto que, como ya han soltado los papeles en mi carpeta ciudadana, la queja carece de objeto. Es decir: cometemos la ilegalidad, te hacemos perder tres meses, te damos la información de mala gana porque nos obliga el Síndic, y encima tenemos la soberbia de dar el asunto por zanjado con una sonrisa de suficiencia.

4. El "hostión" del Síndic de Greuges: desmontando la falacia institucional

Afortunadamente, el Síndic de Greuges no se ha dejado engañar por este burdo truco de trileros de despacho. En la resolución definitiva del expediente el Síndic le asesta un varapalo monumental e incontestable a los responsables de la Conselleria.

La frase con la que arranca sus conclusiones de investigación debería enmarcarse y colgarse en la entrada de todas las consellerias de la Comunitat Valenciana y resto de administraciones públicas:

«La “acumulación de tareas” no puede convertirse en una excusa para incumplir las obligaciones legales. Los ciudadanos no tienen ninguna culpa de ello y tienen derecho a una buena administración que respete los plazos legales».

Un golpe directo al mentón de la arrogancia burocrática. El Síndic les recuerda que el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de Transparencia y el artículo 34.1 de la Ley 1/2022 de la Comunitat Valenciana obligan a resolver estas peticiones en el plazo estricto de un mes. Y añade un argumento vital que desmonta la táctica de retrasar la información hasta que ya no sirva para nada: «Es muy importante respetar este plazo, ya que, de lo contrario, la información pública solicitada puede perder interés o utilidad. No cabe, por tanto, retrasar la contestación permitiendo el paso de varios meses sin responder nada al solicitante de información».

En temas de patrimonio, este retraso intencionado es letal. Si una asociación pide un informe patrimonial sobre un edificio cuya protección definitiva está pendiente, como es el caso de los Docks, y la administración oculta los papeles durante meses y meses utilizando el silencio administrativo, para cuando el ciudadano consigue la documentación gracias al Síndic, el edificio ya puede haber sido reformado de forma irreversible o desprotegido en un plan urbanístico aprobado con nocturnidad y alevosía. La opacidad administrativa es, en muchas ocasiones, la alfombra roja sobre la que se ejecuta la destrucción de nuestra historia urbana.

5. El silencio cómplice: la ocultación del acuse de recibo

Hay un detalle técnico en la resolución del Síndic que demuestra hasta qué punto la Conselleria podría estar actuando de mala fe o, al menos, con una preocupante falta de rigor. El Síndic les había pedido expresamente que detallaran los motivos por los cuales omitieron emitir el acuse de recibo de los 10 días. ¿Sabeis qué respondieron en su informe del 5 de junio? Nada. Absolutamente nada. Ignoraron por completo la pregunta del defensor del pueblo, demostrando una resistencia contumaz a someterse al control de las instituciones de la Generalitat.

El Síndic, que se sabe la ley al dedillo, les saca los colores recordándoles el artículo 21.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Esta ley exige que se envíe esa comunicación de 10 días para que el ciudadano sepa con exactitud matemática qué día ha recibido la solicitud el órgano competente, porque es a partir de ese instante cuando empiezan a contar los plazos para que opere el silencio administrativo.

Al ocultar el acuse de recibo, la Conselleria no comete un simple despiste de oficina; lo que hace es sumergir al ciudadano en la más absoluta oscuridad jurídica. Si no sabes cuándo han recibido formalmente tu papel, no puedes calcular cuándo termina el mes para responder, ni cuándo puedes dar por desestimada tu petición por silencio para poder defenderte. Es una estrategia sibilina para desactivar el reloj del ciudadano y blindar la impunidad del gobernante.

6. Exigimos nombres, apellidos y responsabilidades: basta de impunidad

Ante este panorama desolador, desde nuestra asociación lo tenemos muy claro. Ya no nos bastan las meras "Recomendaciones" o los "Recordatorios del Deber Legal" que el Síndic emite de manera impecable en su resolución. La Ley 39/2015, en su artículo 53.1.b, recoge de forma taxativa el derecho del ciudadano a «identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos».

¿Por qué la Conselleria se niega sistemáticamente a darnos los nombres de los técnicos y responsables políticos encargados de nuestros escritos? Porque la opacidad es el escudo de los negligentes. Queremos saber quién mete nuestras solicitudes en un cajón. Queremos nombres y apellidos porque esta vulneración sistemática y presuntamente intencionada de las leyes de transparencia debe tener consecuencias disciplinarias e incluso penales, al amparo del artículo 502.2 del Código Penal por obstrucción flagrante a las funciones de control del Síndic de Greuges.

La "acumulación de tareas" es la excusa de los mediocres y de los malos gestores. Si una unidad administrativa está desbordada, que contraten más personal, que optimicen los recursos o que reestructuren los departamentos; pero que no utilicen su propia ineficacia como un mazo para ningunear los derechos constitucionales de los valencianos.

La próxima vez que paséis frente a los Docks Comerciales del Puerto de Valencia recordad que para conocer la verdad sobre su protección patrimonial hemos tenido que arrastrar a una Conselleria entera ante el defensor del pueblo. La transparencia no es un regalo o un favor que nos hace el político de turno desde su poltrona; es un derecho conquistado que tenemos que defender con uñas y dientes cada día en la ventanilla del registro.

Nosotros no nos vamos a callar. Por muchos silencios administrativos que nos apliquen, por muchas trabas que nos pongan, seguiremos paseando, seguiremos vigilando y, sobre todo, seguiremos denunciando. Porque el patrimonio es de todos, y la administración está para servirnos, no para ocultarse de nosotros.

Un saludo...

El Síndic de Greuges saca los colores al Ayuntamiento: ocho años de promesas rotas y mentiras burocráticas que desprotegen el patrimonio en Fallas

2026-06-17T16:55:09.553+02:00

Buenas tardes,

Ayer nos llegaron las séptimas recomendaciones del Síndic de Greuges, dirigidas al Ayuntamiento de Valencia por lo que ha vuelto a suceder durante las Fallas de 2026. El documento es un auténtico bofetón sin paliativos a la desfachatez, la soberbia y la inacción crónica del Ayuntamiento de Valencia durante las fiestas. El defensor del pueblo valenciano ha dictado un veredicto definitivo que viene a refrendar, punto por punto, lo que nuestra asociación lleva denunciando a voz en grito: que el Consistorio sufre una patología administrativa sistémica y que utiliza la mentira, el escapismo burocrático e incluso planos de años anteriores para tapar su absoluta dejación de funciones. Así que hoy vamos a desvestir la hipocresía municipal y a poner nombres y apellidos a un escándalo institucional que ya no se puede ocultar bajo el manto de la fiesta.

Lo que el Síndic ha destapado en este expediente no es un desliz de este año. Es la constatación de una burla continuada a la ciudadanía. En las páginas del informe del Síndic se detalla una cronología del cinismo que da auténtica vergüenza ajena. La primera vez que acudimos al defensor del pueblo por los atropellos contra nuestros Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Relevancia Local (BRL) en Fallas fue el 22 de marzo de 2018. Hace más de ocho años.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha perfeccionado un modus operandi más falso que una moneda de tres euros: cuando les llega la reprimenda del Síndic, agachan la cabeza, firman la "aceptación formal" de las recomendaciones, se hacen la foto políticamente correcta y prometen que el año que viene el Bando Fallero será un escudo infranqueable. Pero cuando llega el siguiente marzo, vuelven a dejar Ciutat Vella a los pies de los caballos. Podéis comprobar la vergonzosa lista de expedientes acumulados que el propio Síndicsaca a relucir en sus conclusiones:

- Fallas 2018 (Queja 1800742): Recomendación emitida el 13/06/2018. El Ayuntamiento dice que sí a todo.

- Fallas 2019 (Queja 1900950): Los mismos abusos. Nueva resolución el 02/07/2019. El Ayuntamiento vuelve a decir que sí.

- Fallas 2022 (Queja 2200950): Tras la pandemia, volvemos a las andadas. Resolución el 30/06/2022. Otra aceptación de cara a la galería.

- Fallas 2023 (Queja 2300995), 2024 (Queja 2401197) y 2025 (Queja 2501208): Tres años más de resoluciones calcadas donde el Consistorio jura enmendarse y al final, sigue el mismo camino que en años anteriores.

Y llegamos a las Fallas de 2026. ¿Y qué nos encontramos? Que las "promesas de mejora" de 2025 eran una burda mentira. Ante la reincidencia dolosa, el Síndic se ha visto obligado a reabrir el expediente y sentenciar de forma inapelable que, a pesar de sus firmas solemnes, “el Ayuntamiento de Valencia sigue sin adoptar medidas efectivas para garantizar el respeto de las distancias de protección previstas legalmente”. Basta ya de intentar tomarnos el pelo.

En mayo de 2026, el Servicio de Fiestas y Tradiciones, bajo la firma de su Jefa de Servicio, remitió un informe al Síndic intentando desacreditar nuestras denuncias fácticas. Un documento plagado de evasivas que da muestras de una alarmante incompetencia técnica o, peor aún, de una presunta e intencionada mala fe institucional. Pero en nuestra réplica del 3 de junio los desarmamos por completo. Vamos a dar un paseo por los seis puntos clave de este año para que veáis cómo se intentaron escaquear y cómo los hemos acorralado.

1. La Real Basílica de la Virgen y el "milagro" de la ceguera municipal

Es uno de los episodios más sangrantes. Denunciamos que en las Fallas de 2026 se volvió a adosar una inmensa estructura metálica temporal directamente contra la fachada de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados (BIC), omitiendo por completo los neoprenos, almohadillados y protectores que evitan que el hierro triture por rozamiento o vibración la sillería histórica. Recordamos en nuestra queja que en el zócalo hay seis inscripciones romanas de los siglos II y III d.C. que sufrieron el depósito indiscriminado de objetos.

¿Qué respondió el Ayuntamiento? De risa: afirmaron textualmente que este Servicio “no sabe a ciencia cierta a qué estructura metálica hace referencia el Sr. Guardeño”. Hay que tener la cara de cemento armado para decir esto. En nuestro dossier adjuntamos fotografías nítidas en las que se podía ver perfectamente. Que un departamento municipal alegue ignorancia ante pruebas gráficas incontestables integradas en el expediente es una dejación de funciones y un insulto a la inteligencia del ciudadano. Además, intentaron desviar la atención diciendo que la Comisión de Patrimonio avala el anclaje de los tapices tradicionales. No intenten tomarnos por tontos: no denunciamos el tapiz litúrgico, denunciamos el armazón metálico desnudo de las Fallas de 2026 que vuestro servicio dejó montar sin medidas de seguridad, provocando una regresión intolerable respecto a los protocolos que ya dábamos por consolidados hace una década.

2. Regreso al futuro en La Beneficència: el truco de los planos viejos

Este punto es el ejemplo perfecto de cómo opera el "cartonaje burocrático" municipal. Denunciamos que la carpa de la Falla Marqués de Caro-Doctor Chiarri se plantó pegada materialmente a la fachada del Museu de Prehistòria i de les Cultures (La Beneficència), un BIC protegido por el artículo 38.e de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV).

El Ayuntamiento sacó pecho en su informe alegando que, según las comprobaciones de la Policía Local y los datos virtuales de su "Geoportal", la carpa cumplía las distancias, adjuntando un plano técnico para demostrarlo. Pero claro, en nuestra asociación nos leemos hasta la última línea de los anexos. ¿Y qué descubrimos? Que el plano técnico que el Ayuntamiento aportaba para justificar la legalidad de las Fallas de 2026 correspondía a un proyecto redactado en junio de 2021 y con secciones de febrero de 2025, firmado por un ingeniero.

El Consistorio pretendió desmentir una infracción física cometida sobre el suelo en 2026 oponiendo un plano de papel archivado del año anterior. Con este fallo instrumental, el Ayuntamiento confiesa implícitamente que concede las licencias en masa desde los despachos y que carece de un servicio de inspección contemporáneo capaz de pisar el asfalto para verificar si lo que los falleros montan coincide con la realidad de la calle. El Geoportal es una herramienta virtual e informativa, señores, pero no sustituye la potestad de comprobar físicamente la vía pública. Y las fotos que enviamos no dejan lugar a dudas.

3. Plaza del Mercado y la Lonja de la Seda: "Vaya usted a medir con la cinta"

Lo ocurrido en el entorno de la Lonja de la Seda (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y el Mercat Central roza el surrealismo jurídico. Denunciamos la instalación de puestos de venta ambulante, chiringuitos de "tardeo" y vallas publicitarias estridendtes que superaban con creces los 3 metros de altura máxima permitida por el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, destrozando la armonía paisajística de nuestros monumentos más insignes.

La respuesta escrita del Ayuntamiento no tiene desperdicio: afirman que si la asociación constató que los puestos superaban los 3 metros, “se debería haber efectuado la denuncia pertinente para que la policía local hubiera acudido in situ a efectuar la medición”.

¿Pero de verdad no se les cae la cara de vergüenza? Están pretendiendo trasladar el deber in vigilando, que es una competencia exclusiva, obligatoria e irrenunciable de la Administración según el artículo 12 de la Ley 40/2015, sobre los hombros de los vecinos y de las asociaciones culturales. Acaso tendremos que ir en mitad de la noche festiva, entre aglomeraciones, provistos de una cinta métrica o un medidor láser para llamar a la Policía Local porque los técnicos de Urbanismo y Fiestas no hacen su trabajo.

Mientras tanto, la doble vara de medir del Consistorio es indignante: al pequeño comercio local permanente de Ciutat Vella se le somete a una persecución punitiva implacable durante todo el año, multándoles por el milímetro de un letrero o el color de una lona aplicando a rajatabla el PEP. Sin embargo, al llegar la semana fallera la Administración suspende de facto la legalidad urbanística y permite la estética poligonera e industrial de puestos mercantilistas que destrozan el paisaje histórico. Un agravio comparativo intolerable.

4. Plaza Ciudad de Brujas: la impunidad mercantilista y el Palacio de los Eixarchs

Siguiendo nuestro paseo por la desvergüenza, llegamos a la Plaza Ciudad de Brujas. El Ayuntamiento prohibió eventos similares en la Plaza del Mercat y del Doctor Collado alegando la necesaria protección monumental, pero en Ciudad de Brujas, rodeada por dos BIC como el Mercat Central y los Santos Juanes, autorizó un tardeo-verbena de explotación mercantilista salvaje.

El resultado: macrobotellones, montañas de basura y las calles colindantes (Vieja de la Paja, Llutxent o el jardín de Parcent) convertidas en auténticos inodoros públicos sobre los muros y las sillerías históricas. Y para rematar el despropósito, permitieron montar un escenario adosado al Palacio de los Eixarchs (Bien de Relevancia Local) y atornillar un cuadro de enganche eléctrico (caja de luz) directamente sobre la fachada protegida, tapizándolo además con lonas publicitarias y trastos. ¿La respuesta del Servicio de Fiestas? "Hemos enviado las fotos (estas si que las han visto, pero las de la Basílica no, claro) al Servicio de Procedimiento Sancionador". Se limitan a actuar como una ventanilla de reenvío de papeles para diluir su responsabilidad, olvidando el Principio de Unidad de la Administración.

5. Monumentos bajo el fuego y letrinas toleradas

Para los daños físicos irreversibles (quemaduras y paramentos calcinados) en las columnas de los jardines del Antiguo Hospital General (BIC), el Ayuntamiento dice que "es cosa de incivismo ciudadano y competencia de la Policía Local". Miren, el uso de fuegos artificiales y petardos indiscriminados en ese espacio protegido contraviene las normas mínimas de custodia. Estos actos tienen la consideración de delitos contra el patrimonio histórico bajo el artículo 323 del Código Penal, y la pasividad municipal los convierte en cooperadores necesarios por una reincidente culpa in vigilando. Se conoce el problema desde hace años, pero no se actúa.

Nuestra asociación ha tenido que recordarles a nuestro consistorio una lección básica de Derecho Constitucional y Administrativo que parecen haber olvidado en los despachos de la plaza del Ayuntamiento: el Bando de Fallas se encuentra supeditado al Principio de Jerarquía Normativa (Art. 9.3 de la Constitución Española). Un bando o una autorización provisional jamás puede eximir del cumplimiento de leyes de rango superior como la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano o el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella. Incluir un párrafo tipo en las licencias recordando la ley no sirve de nada si luego renuncias a vigilar su cumplimiento en el suelo.

Harto de este juego de trileros en el que el departamento gestor de la fiesta tira balones fuera y fragmenta las competencias para que no se vea el bosque, el Síndic de Greuges ha dicho "basta" y ha emitido una Recomendación contundente y un ultimátum inapelable: exige al Ayuntamiento de Valencia que adopte medidas reales, efectivas y tangibles de vigilancia y control para prevenir y sancionar estos comportamientos de cara al futuro inmediato.

"... en cumplimiento de las Resoluciones de consideraciones emitidas por esta institución con fechas 13/6/2018, 2/7/2019, 30/6/2022, 17/5/2023, 29/4/2024 y 9/5/2025, y a la vista los reiterados incumplimientos que se siguen produciendo todos los años desde las Fallas de 2018, respecto a la colocación de distintos elementos y la realización de actividades sin respetar la distancia de protección de los inmuebles que integran el patrimonio cultural valenciano, se adopten medidas más efectivas y reales de vigilancia y control para prevenir y, en su caso, sancionar dichos comportamientos".

La ley del Síndic es clara: el Ayuntamiento dispone ahora de un plazo máximo e improrrogable de un mes para remitir un informe donde manifieste si acepta o no estas consideraciones. Si las acepta, tendrá que detallar qué medidas físicas va a implantar (como el vallado efectivo de los perímetros BIC del Hospital General, la prohibición de carpas adosadas a fachadas monumentales y la presencia policial activa). Y si no las acepta, tendrá que justificarse públicamente ante toda la ciudadanía y las Cortes Valencianas.

Al Ayuntamiento se le ha acabado el tiempo de esconderse detrás de planos antiguos, ceguera crónica y las respuestas evasivas. Las Fallas son una fiesta maravillosa y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero sólo tienen sentido si se respeta y dignifica el escenario monumental que las acoge y a los vecinos que habitan los barrios. No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de nuestro patrimonio cultural y nuestra historia.

Un saludo...

La alquería de Serra en la UVI: El demoledor informe que acorrala al Ayuntamiento de Valencia

2026-06-16T18:36:12.947+02:00

Buenas tardes,

Como bien sabéis a través de las constantes denuncias que realizamos desde la asociación, la alquería de Serra (BRL) lleva trece años sumido en un bucle de expedientes amontonados y pasividad administrativa. Sin embargo, la reciente publicación de la décima recomendación del Síndic de Greuges ha provocado un movimiento sísmico en los despachos del consistorio. El Ayuntamiento de Valencia se ha visto obligado a emitir un informe técnico trascendental, fechado el 10 de junio de 2026 por el Servicio de Disciplina Urbanística que por fin desvela de manera oficial el lamentable y pésimo estado en el que se encuentra el interior del monumento.

Y para entender la importancia de lo que los técnicos municipales acaban de plasmar sobre el papel, es obligatorio hacer memoria. La queja que ha motivado este documento (la número 2601340, que supuso la reapertura de un expediente del año 2024) ha llevado al Síndic de Greuges, harto de comprobar cómo las denuncias formuladas desde aquella lejana víspera de Navidad del 24 de diciembre de 2013 caían en saco roto, a emitir un claro y contundente recordatorio al Ayuntamiento, afeando que se hubieran ignorado sistemáticamente sus nueve recomendaciones anteriores dictadas entre los años 2015 y 2024.

Acorralados por esta décima resolución del defensor del pueblo y el temor de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia, como ha ocurrido con la alquería de Volante, los técnicos de la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación organizaron una visita de inspección de urgencia el pasado 25 de mayo de 2026, acudiendo al inmueble con el respaldo de los representantes de la propiedad, operarios de la contrata municipal de obras CADERSA y varias patrullas de la Policía Local, dado que la alquería se encuentra ilegalmente ocupada. Tras una mediación con los agentes, los okupas permitieron voluntariamente el acceso de los inspectores, dando pie al informe técnico del 9 de junio de 2026 que nos ha llegado.

Cuando los técnicos municipales lograron cruzar por fin el umbral de la edificación principal de la alquería, se toparon con un escenario desolador que confirma, palabra por palabra, las denuncias que venimos haciendo desde hace más de una década. El informe describe una auténtica boca de lobo: el edificio carece por completo de luz artificial, obligando a realizar la inspección en la penumbra.

Y en medio de esa oscuridad, los técnicos constataron una realidad alarmante. Se intuyó el pésimo y deficiente estado de conservación del forjado de una de las crujías estructurales, compuesto por viguetas de madera tradicionales y revoltón cerámico, que da forma al techo de la planta baja.

Lo más grave de la inspección es la gran confesión que realiza el propio Ayuntamiento de Valencia: esa crujía dañada se encuentra sostenida de manera provisional mediante una "solución precaria y con bastante antigüedad" de apuntalamiento puntual, sin determinar los años que lleva eso allí.

Esta revelación es estremecedora: el consistorio certifica ahora que el esqueleto de este BRL lleva años manteniéndose en pie de milagro gracias a unos puntales viejos y provisionales que nadie se había preocupado de supervisar o sustituir por una consolidación real. Y esto es grave.

El avance de la ruina es de tal calibre que la inspección tuvo que detenerse por motivos de seguridad. El informe admite abiertamente que, debido al mal estado de la escalera de acceso al primer piso, a la nula iluminación y al "aspecto inseguro" del mencionado forjado, los técnicos no pudieron acceder a la planta superior para analizar su composición con claridad. La planta noble del edificio es hoy una zona prohibida por riesgo inminente de derrumbe. Desde la distancia, sólo alcanzaron a observar un entramado intermedio de madera sobre el que se apoya un cañizo viejo del que apenas quedan visibles unos pocos restos del yeso que originalmente lo revestía por la parte inferior.

Esta falta de seguridad provocó un inevitable efecto dominó: al no poder pisar el primer piso, los técnicos tampoco pudieron analizar minuciosamente el estado del forjado de madera de la cubierta exterior. El informe reconoce con resignación que el tejado se encuentra a una altura considerable y que únicamente pudo vislumbrarse algún tramo suelto "a través de los huecos y boquetes del cañizo intermedio". Una preocupante manera de evaluar un monumento: adivinar el estado del tejado mirando de reojo a través de los agujeros de un techo que se cae a pedazos.

Si el interior de la edificación principal estremece, el entorno exterior ratifica la pérdida paulatina de los elementos que configuran este Espacio Etnológico de Interés Local. Las fachadas de la alquería se observan aparentemente estables, pero aparecen completamente llenas de pintadas y grafitis delictivos, afectando tanto al bloque principal como a la edificación anexa contigua a la entrada, a la cual tampoco se pudo acceder.

El punto más dramático del exterior se localiza en el patio trasero, el antiguo corazón agrícola de la finca. El informe técnico corrobora de manera oficial lo que ya sabíamos: el muro de cerramiento histórico se ha desmoronado en un tramo considerable junto al camino lateral derecho. Para camuflar este derrumbe, se constata que en el interior se ha levantado de manera muy rudimentaria un cierre paralelo formado por paneles de chapa con pilares de hormigón, una solución que agrede visualmente al monumento.

El resto del patio trasero es descrito en el informe como una auténtica selva impenetrable:

- Se encuentra totalmente repleto de una densa vegetación perimetral que tapa los posibles restos de construcciones históricas que debieron existir en su día asociadas a la alquería.

- Está colmatado por una ingente cantidad de basuras, escombros y enseres abandonados.

- Presenta una cobertura inestable que coincide con la salida de la alquería hacia el patio, de construcción muy posterior, cuyos elementos se encuentran actualmente a medio desmontar.

A pesar de la gravedad de los daños descritos, este informe del 10 de junio de 2026 representa un triunfo histórico para la defensa del patrimonio valenciano, ya que introduce tres consecuencias jurídicas y administrativas de un valor incalculable que desarmar las excusas que el Ayuntamiento de Valencia lleva años utilizando para dar por atendidas nuestras quejas y denuncias:

1. El desalojo forzoso por motivos de seguridad

Hasta la fecha, la presencia de ocupantes ilegales servía como el escudo burocrático perfecto para dilatar cualquier intervención. Sin embargo, al certificar los técnicos que los forjados son inestables, el consistorio introduce una observación determinante: por estrictos motivos de seguridad, "se considera imprescindible evitar la permanencia de éstas personas en el mismo durante las obras". Al existir un riesgo real para las vidas humanas, la administración está facultada (y obligada) a decretar el desalojo inmediato por la vía de la urgencia urbanística que marca el artículo 189 de la LOTUP. Y esto ya lo hizo en la casas de titularidad privada que forman parte de la alquería dels Moros, cuando en agosto de 2018 se vino abajo la casa nº2.

2. No se admiten parches cosméticos

El informe recuerda que la ficha de protección del inmueble (EPA_SUR_14.02 del Catálogo Estructural) exige obligatoriamente la redacción de un Proyecto de Restauración y un estudio arqueológico para cualquier intervención definitiva. Por ello, aclara que las medidas urgentes dictadas ahora son exclusivamente precautorias de seguridad, impidiendo que la propiedad pretenda cerrar el expediente de mala fe colocando un simple parche de cemento.

3. La cuenta atrás de la Ejecución Subsidiaria

El Servicio de Disciplina Urbanística acepta formalmente la recomendación del Síndic y otorga un plazo estimado de 2 meses a la propiedad para ejecutar de forma obligatoria un paquete de medidas de seguridad urgentes,.

Las actuaciones que se exigen de inmediato son muy claras:

1. Desbroce del terreno para acceder perimetralmente al muro del patio trasero y analizar su estado.

2. Apuntalamiento urgente de los elementos inestables de los cuerpos protegidos, especialmente en la planta baja.

3. Demolición de la construcción inestable exterior por ser de época muy posterior al conjunto histórico.

4. Retirada de enseres y basuras acumuladas en el patio de acceso y en el patio interior.

5. Retirada de la malla deteriorada y de la valla metálica adosada al tramo del muro colapsado.

6. Protección exterior del muro dañado mediante un cerramiento metálico o, si está demolido del todo, mediante un muro provisional de bloques de hormigón.

7. Revisión del cerramiento de paneles de chapa del patio interior.

8. Colocación de lámina geotextil de protección y afianzamiento con mortero endurecedor en los puntos donde el muro haya perdido su coronación.

9. Desmontaje y custodia de los materiales del cobertizo situado sobre la salida al patio.

10. Reposición de elementos deteriorados del tejado y retirada de añadidos sueltos.

11. Instalación de bastidores con tela metálica tipo gallinero en el interior de todos los huecos de las fachadas para evitar el vandalismo.

El documento concluye con una advertencia vinculante: si la propiedad no ejecuta voluntariamente estas obras en el plazo establecido de 60 días, el Ayuntamiento de Valencia procederá de forma inmediata a la ejecución subsidiaria, encargando los trabajos a las empresas contratistas municipales (CADERSA) bajo presupuesto institucional.

La publicación de este informe demuestra que la constancia de la sociedad civil y las denuncias incansables dan sus frutos, obligando a la administración a asumir sus responsabilidades. El "Récord de la Vergüenza" de las diez recomendaciones del Síndic de Greuges ha puesto por fin un temporizador real sobre la mesa del equipo de gobierno local.

El plazo de dos meses ha comenzado a correr tras la firma del documento el 10 de junio de 2026, lo que sitúa la fecha límite a mediados de agosto de este mismo año. Desde aquí os animamos a permanecer muy atentos y a vigilar de cerca el destino de este rincón tan querido de nuestra huerta. Si al vencer el plazo las obras de consolidación no han comenzado de manera subsidiaria por parte del consistorio, la siguiente parada de este viaje ya no serán las cartas de queja administrativa, sino una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Valencia por un presunto delito de prevaricación por omisión en la custodia de nuestra historia, tal y como ha quedado patente tras trece años de denuncias y diez recomendaciones. No se tendrían que llegar a estos extremos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural valenciano.

Un saludo...

Denunciamos el absoluto abandono de la prensa de 1918 de la Aceitera Casanova

2026-06-13T09:56:38.019+02:00

Buenos días,

Esta misma semana volvimos a pasar por la pequeña placeta peatonal situada en la parte posterior de la fachada de la antigua Aceitera Casanova, con frente recayente a la transitada Avenida del Puerto, número 193.

Allí, expuesta a la intemperie, a los pintamonas con sus tags y garabatos y a la más absoluta de las desidias institucionales, sobrevive a duras penas la antigua prensa de aceite de 1918. Una colosal pieza de ingeniería industrial de la fundición de hierro de Peregrín Bort que, en lugar de ser tratada como el hito cultural e histórico que es, ha sido degradada a la categoría de mobiliario urbano proscrito.

Desde nuestra asociación, hartos de promesas vacías, de buenas palabras y de expedientes que acaban perdidos en el laberinto de la burocracia municipal, hemos registrado un escrito de denuncia formal y solicitud de actuación urgente dirigido directamente a la Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, a la Concejalía de Limpieza Urbana y a la propia Alcaldía-Presidencia del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia.

Pero esta vez no se trata de una simple queja ciudadana. Se trata de un documento elaborado para desactivar el deporte favorito de los departamentos municipales: "pasarse la pelota" unos a otros para evitar intervenir. En este artículo os vamos a contar toda la verdad sobre el estado de esta joya industrial, los detalles técnicos del recurso legal que hemos interpuesto y los plazos improrrogables a los que hemos sometido al consistorio bajo la advertencia formal de acudir al Síndic de Greuges, o de tomar incluso otras acciones legales contra el Ayuntamiento de Valencia.

Para entender la profunda herida que este abandono inflige a la memoria colectiva de Valencia, es de justicia hacer memoria. Debemos remontarnos al año 2001. En aquel momento, los herederos de la familia Casanova realizaron un gesto de extraordinaria generosidad y civismo: donaron de manera completamente altruista al Ayuntamiento de Valencia la prensa hidráulica original de 1918 que había formado parte de las entrañas de su fábrica aceitera que hoy ocupa un supermercado, una viviendas y un párquing. El objetivo de esta donación era claro y vinculante: conservar la pieza in situ para recordar y homenajear la intensa actividad industrial, comercial y obrera que dio vida al edificio y a todo el sector de la Avenida del Puerto durante el siglo XX.

El Ayuntamiento aceptó la donación, instaló la prensa en la placeta trasera y se hizo la foto de rigor. Pero una vez que los flashes se apagaron, la prensa se marchó y las medallas políticas fueron colgadas, el monumento entró en una espiral de desatención crónica.

De hecho, en este mismo blog, ya en el lejano julio del año 2013, os mostrábamos la preocupante falta de mantenimiento que empezaba a sufrir la estructura. Han pasado trece años desde aquella publicación y la inacción municipal ha cronificado la degradación. No podemos decir que no estuvieran avisados. Nuestra asociación ha documentado y denunciado este vertedero visual de forma reiterada a lo largo del tiempo, con alertas públicas muy sonadas en nuestras redes sociales durante los años 2021, 2024 y 2025. Sin embargo, la respuesta del consistorio siempre ha sido el silencio o la inercia. Hoy, en pleno año 2026, la prensa ya no aguanta más.

Tras realizar una minuciosa inspección visual sobre el terreno esta misma semana, el panorama que nos hemos encontrado es desolador. La prensa muestra daños que van mucho más allá de la suciedad superficial; estamos ante alteraciones físico-químicas que ponen en peligro real la integridad del metal.

A continuación, desglosamos las principales patologías detectadas, las cuales han quedado plenamente incorporadas y referenciadas en el expediente administrativo que hemos remitido al Ayuntamiento:

1. Corrosión activa y descamación del hierro de fundición

El hierro de fundición es un soporte noble pero extremadamente sensible a la desprotección. Al eliminarse de forma natural o por desgaste las capas de imprimación y la pintura protectora original, el metal queda expuesto al oxígeno y a la humedad ambiental (especialmente alta en una ciudad marítima como Valencia). Esto ha desatado un proceso de oxidación generalizada. El travesaño superior de la prensa padece una descamación severa. El óxido está devorando la superficie, provocando la pérdida de sección material y amenazando la estabilidad a largo plazo de los monumentales pernos que estructuran la máquina.

2. Colonización por grafitis y tintas químicas agresivas

La totalidad de la superficie de la prensa hidráulica se ha convertido en un pizarra libre para el incivismo ante la absoluta falta de vigilancia y limpieza regular. No encontramos aquí arte urbano, sino meras pintadas vandálicas y tags superpuestos. La base inferior de la estructura, donde se asienta el monumento, presenta una agresión polícroma tremenda con sprays de color verde y amarillo fosforescente. Por su parte, el fuste cilíndrico central y las columnas de soporte lateral están completamente cubiertos de firmas realizadas con rotuladores permanentes y aerosoles negros, una realidad de degradación estética insostenible.

3. La anulación de la memoria: el desprecio a la placa conmemorativa

Para rematar el despropósito, la placa metálica de bronce que dota de sentido histórico, didáctico y jurídico a la donación del monumento se encuentra completamente sucia, oscurecida y rodeada de las citadas pintadas. Un elemento concebido para explicar al ciudadano qué hace esa prensa allí y quiénes fueron los Casanova está hoy anulado, invisibilizado por capas de desinterés municipal.

Cualquier entidad que trabaje en la defensa del patrimonio sabe perfectamente cómo se las gastan los servicios internos de los ayuntamientos. Si denuncias el mal estado de la prensa ante el Servicio de Limpieza, te dirán que al ser un elemento histórico debes acudir a Patrimonio Histórico. Si vas a Patrimonio, te responderán que ellos solo dictan las directrices pero que el mantenimiento ordinario del espacio público es de Limpieza o de la Junta de Distrito correspondiente, tal y como nos ha pasado durante tres años con el antiguo depósito de Gas Lebon. Mientras tanto, el tiempo pasa, los expedientes se archivan por "falta de competencia" y el bien se sigue deteriorando.

Para acabar con este bucle infinito, el escrito de denuncia se fundamenta en un marco normativo de obligado cumplimiento que elimina cualquier posibilidad de parálisis:

El escudo del Artículo 14.1 de la Ley 40/2015 (Régimen Jurídico del Sector Público): Este artículo establece de manera imperativa que si un órgano administrativo recibe un escrito y se estima incompetente para resolverlo, está obligado a remitir directamente y de oficio las actuaciones al órgano que considere competente de su misma Administración, teniendo además que notificar esta circunstancia al interesado. Se acabó el truco de archivar la denuncia; están obligados por ley a coordinarse internamente y esperamos que lo hagan de buenas a primera.

El deber del Artículo 4 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano: Recordamos al Ayuntamiento que las corporaciones locales tienen la obligación legal explícita de velar por la integridad, conservación y salvaguarda de todos los bienes de valor histórico, artístico e industrial de su término municipal. La desatención prolongada de un bien municipal es una flagrante dejación de funciones.

La Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana: Que obliga al propio consistorio a actuar de manera subsidiaria e inmediata ante los daños estéticos (pintadas) causados en elementos situados dentro del dominio público.

Nuestra denuncia no es un ruego benévolo; es una exigencia fundamentada que activa los plazos estrictos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. En el cuerpo del escrito remitido hemos introducido dos requerimientos con fechas de caducidad muy claras:

Plazo de 10 días hábiles: Exigimos que, en cumplimiento de los principios de transparencia y buena administración, el Ayuntamiento nos comunique de forma expresa el número de expediente asignado, el acuse de recibo y el servicio técnico que asume la competencia del caso. Una cuestión que suele obviar cuando no le interesa contestar.

Plazo máximo de 3 meses: Basándonos en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, la administración tiene un máximo de tres meses para dictar una resolución expresa y notificarnos las medidas materiales que va a adoptar para restaurar la prensa.

¿Y si el Ayuntamiento opta por el silencio administrativo? Ahí es donde hemos dejado muy claro que, si transcurren estos tres meses sin recibir respuesta o sin que se inicien los trabajos sobre el terreno, nuestra asociación interpondrá de manera inmediata una queja formal ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (amparándonos en la Ley 2/2021 de la Generalitat) por dilación indebida y desatención de las obligaciones del patrimonio. La apertura de una investigación por parte del Síndic forzaría al consistorio a dar explicaciones públicas, un escenario más de descrédito institucional que volvería a poner en entredicho la capacidad del actual equipo de gobierno municipal.

En los puntos del SOLICITA de nuestra denuncia hemos dejado claro que no admitiremos que un operario municipal acuda con una brocha gorda y pintura gris a tapar las pintadas, destrozando aún más la pátina del hierro de 1918. Exigimos una intervención urgente, integral y científica:

Limpieza técnica no abrasiva para la eliminación controlada de los grafitis mediante métodos químicos o mecánicos respetuosos que no desgasten las marcas de fundición originales de la prensa.

Tratamiento químico de pasivación del óxido profundo para detener la corrosión interna que sufre el travesaño superior.

Aplicación de imprimación antioxidante y acabado final anti-graffiti, un barniz especial hidrófugo que impedirá que las futuras pintadas agarren en el poroso hierro, permitiendo limpiarlas en el futuro de forma rápida y económica solo con agua caliente a presión.

Inclusión del monumento en los inventarios y circuitos ordinarios de mantenimiento y limpieza del mobiliario histórico-artístico de Valencia.

Parece que para las instituciones públicas sólo merece inversión y cuidado aquel patrimonio monumental, eclesiástico o señorial que sale en las postales turísticas de la ciudad. Sin embargo, el patrimonio industrial, el que habla del trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos, del crecimiento de los barrios obreros como el Ayora, Marítim o el Grao y de la Valencia que se modernizó a golpe de fábrica, siempre es tratado como un patrimonio de tercera clase, un estorbo de metal que se deja oxidar en las esquinas.

Desde nuestra asociación no vamos a tolerar que se ningunee la memoria de la Aceitera Casanova ni la generosidad de la familia que confió en este Ayuntamiento. Las cartas están sobre la mesa, las leyes invocadas y los plazos corriendo. Os mantendremos puntualmente informados de cada paso administrativo que dé este expediente.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

El Síndic de Greuges tumba las vergonzosas excusas de la Conselleria y del Ayuntamiento de Xàtiva sobre el Castillo y el Solar de la Antigua Ciudad

2026-06-11T08:39:04.203+02:00

Buenos días,

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana acaba de emitir una Resolución de Consideraciones clara y contundente y que vuelve a validar nuestras alegaciones y peticiones en nuestra lucha por salvar el Castillo de Xàtiva y el Solar de la Antigua Ciudad.

Llevamos desde el 29 de diciembre de 2014, hace casi doce años, denunciando cómo el Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria de Cultura permiten auténticas barbaridades en este doble Bien de Interés Cultural (BIC). Pues bien, el Síndic, harto de falsas promesas y argumentos jurídicamente absurdos, ha emitido las cuartas recomendaciones.

Hace unos meses volvimos a la carga con la reapertura del expediente (Queja nº 2601252) aportando un dossier fotográfico inapelable, del cual se hizo eco el diario Noticias Ciudadanas. La respuesta de la Conselleria y del Ayuntamiento ante los requerimientos del Síndic ha sido un festival de tirar balones fuera, arrogancia burocrática y desprecio hacia nuestro trabajo y excusas baratas que os resumimos aquí:

El Ayuntamiento de Xàtiva intentó deslumbrar al Síndic sacando pecho con que han recibido 2.001.722,00 € de Fondos Europeos Next Generation para un plan turístico y que acaban de licitar un contrato de mantenimiento de 109.000 € anuales. Pero, ¿qué pasa con la antena-repetidor ilegal instalada en pleno corazón del monumento histórico? Pues, ni cortos, ni perezosos, se justificaron diciendo que la culpa era de la pandemia del COVID-19, porque la población en el diseminado de Bixquert creció mucho y tenían que garantizarles la señal de televisión. Prometen que, como ya hay una antena externa operativa, ahora sí que la van a quitar. Y llevan diciendo lo mismo desde hace años.

La Conselleria de Cultura optó por una estrategia mucho más ruin. En su informe, llegó a tachar nuestras denuncias como una "opinión parcial, interesada y subjetiva" de nuestra asociación. Nos soltaron en la cara que si considerábamos ilegal la antena, deberíamos haber ido a los tribunales ordinarios, ergo a pagar los gastos de un juicio por una legalidad permitida por una administración pública. Y lo peor de todo: guardaron un silencio absoluto ante nuestra exigencia de que la Inspección de Patrimonio fuera a levantar acta de los desperfectos, escondiéndose detrás de que "ya se ha licitado la redacción de un Plan Director". Cinco años para licitar un Plan Director desde las últimas recomendaciones de 2021.

¿De verdad dicen que nuestras denuncias son "opiniones subjetivas"? Aquí se pueden comprobar los hechos objetivos y perfectamente verificables que el Ayuntamiento y la Conselleria se niegan a inspeccionar sobre el terreno:

1. Lápidas históricas de los años 50 destruidas: Las valiosísimas inscripciones conmemorativas de mármol diseñadas por Carlos Sarthou y Gregorio Molina están partidas en pedazos y tiradas por los suelos en la puerta de Aníbal del Castell Menor, perdiéndose fragmentos cada día por falta de custodia.

2. Cañones-papelera: Las piezas de artillería histórica de bronce están llenas de basuras y residuos sólidos de los turistas ante la total ausencia de limpieza, acelerando la corrosión del metal.

3. Aljibes putrefactos: El sistema hidráulico del Aljibe Superior da auténtico asco, convertido en un estanque de aguas negras, lodo y algas, mientras el Aljibe Árabe está sepultado por la maleza salvaje.

4. Atentados arquitectónicos: Parches crónicos de ladrillo caravista y ladrillo hueco moderno pegados con cemento gris en lienzos andalusíes y medievales, provocando daños químicos en la piedra original.

5. Mangueras y cables de alta tensión colgando por las murallas e introducidos a la fuerza por los mechinales históricos del recinto.

6. Pintadas y grafitis delictivos por los muros de todo el castell, que llevan años sin ser retirados.

7. Antenas y repetidores ilegales permitidos por la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de Xàtiva.

Afortunadamente, el Síndic de Greuges ha puesto las cosas en su sitio con una contundencia impecable. Ha dejado claro que ya está bien de tomarle el pelo a la institución y a la ciudadanía. Tras recordarles que la conservación del patrimonio es una obligación constitucional (Art. 46 CE), les ha soltado un hachazo monumental:

Lo decimos muy alto porque el Síndic lo deja por escrito: muchas de las medidas de protección urgentes que necesita el Castillo de Xàtiva NO requieren importantes cantidades de dinero.

¿Cuánto cuesta recoger los trozos de las lápidas rotas de Sarthou y meterlos en un almacén municipal antes de que los roben? ¿Cuánto cuesta vaciar la basura de los cañones de bronce? ¿Cuánto cuesta mandar a un operario a limpiar el agua podrida del aljibe? Es un problema de dejación de funciones, de pereza política y de una preocupante falta de sensibilidad hacia nuestra historia y hacia nuestro patrimonio.

Por todo ello, el Síndic ha RECOMENDADO formalmente al Ayuntamiento de Xàtiva y a la Conselleria de Cultura que se dejen de excusas, se coordinen de una vez por todas y establezcan un calendario de ejecución real y efectivo para cumplir todo lo que han estado incumpliendo desde 2015, 2017 y 2021.

Y, por ley, tienen exactamente UN MES de plazo máximo para responder si aceptan o no estas recomendaciones y qué medidas concretas van a tomar. Desde el Círculo por la Defensa del Patrimonio os garantizamos que vamos a estar contando los días. No vamos a permitir que vuelvan a maquillar su desidia con falsas promesas.

La denuncia y la presión ciudadana es la única herramienta capaz de hacer reaccionar a una administración indolente que se muestra arrogante y prepotente hacia la acción pública de las entidades patrimonialistas.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

El esperpéntico sinfín del depósito de Gas Lebon de Valencia

2026-06-09T16:21:01.424+02:00

Buenas tardes,

Nuestros lectores saben de sobra que el patrimonio industrial de nuestra ciudad es uno de los terrenos donde la desidia y el abandono institucional campa más a sus anchas. No les interesa, porque no da votos ni titulares en los medios de comunicación. Aunque en este caso sí que los da, pero profundamente negativos.

Hoy os traemos una actualización de la retirada de pintadas del antiguo depósito de Gas Lebon (BRL), con una parte positiva al comprobar que las cosas se mueven tras años de denuncia, pero también de profunda indignación ante el kafkiano funcionamiento de la maquinaria municipal.

Tras años de lucha, de fotos denunciando las pintadas delictivas y de escritos incansables desde nuestra asociación, hemos recibido el último informe oficial remitido al Síndic de Greuges, con los posicionamientos de los distintos servicios municipales implicados.

A continuación, queremos desgranar lo que está pasando porque lo que dice este informe no tiene desperdicio. Es un ejemplo de manual de cómo la burocracia puede llegar a ahogar la lógica más elemental.

Empecemos por lo positivo, porque también nos gusta reconocer cuando se da un paso en la dirección correcta. Si pasáis estos días junto al depósito, notaréis un cambio importante. El informe oficial de fecha de 4 de junio de 2026 nos ha confirmado lo que ya veníamos observando sobre el terreno: las tareas de limpieza han comenzado y lo hemos comprobado in situ.

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico constató en una visita de inspección que el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos ha iniciado por fin el decapado de los grafitis. No estamos hablando de un simple manguerazo de agua a presión que pueda dañar el metal, sino de una operación seria utilizando productos diluyentes específicos que han sido previamente convenidos y autorizados por los técnicos de Patrimonio Histórico. Además, el compromiso del Ayuntamiento es que, una vez concluya este laborioso proceso de limpieza profunda, se aplicará una capa protectora con pintura antigrafitis para intentar blindar la superficie metálica.

Hasta aquí, las buenas noticias. El problema surge cuando pasamos de la limpieza puramente reactiva a las medidas de prevención a medio y largo plazo. Como os podéis imaginar, limpiar el depósito es una solución efímera si dejamos la estructura totalmente desprotegida a pie de calle. En pocas semanas, los delincuentes pintamonas volverán a hacer de las suyas y el dinero invertido en el decapado se habrá ido directamente por el sumidero.

Para evitar esto, el Síndic de Greuges exigió tres cosas fundamentales en sus recomendaciones: un cronograma de limpieza, un proyecto técnico de vallado perimetral y un plan de mantenimiento estructural y regular contra la oxidación que corroe el hierro del depósito. Y aquí es donde la administración local saca a relucir su peor cara: la de los compartimentos estancos y la elusión de responsabilidades.

Este sería el desfile de excusas varias ofrecidas por los diferentes servicios del Ayuntamiento de Valencia:

- El Servicio de Limpieza se lava las manos con respecto al vallado y la oxidación. Argumenta que el actual contrato de limpieza de grafitis (el famoso Lote 4) se adjudicó a una empresa que no dispone de los medios materiales ni humanos para estos cometidos patrimoniales. Además, advierte que poner una valla permanente podría suponer "añadir elementos impropios" al BRL, algo que tendría que autorizar Patrimonio Histórico.

- El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico se apresura a contestar que a ellos tampoco les corresponde mover un solo dedo para el vallado ni para la instalación de cámaras de videovigilancia. Textualmente afirman que "esta recomendación debe ser atendida directamente por el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, así como por el Servicio de Servicios Centrales Técnicos". Tampoco consideran que sea su competencia el diseño de ese Plan de Actuación Único que tanto reclamamos.

- El Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos termina de cerrar el círculo del despropósito. En su contestación al informe, afirma sin pestañear que el vallado del perímetro del antiguo depósito de Gas Lebon "no es competencia suya", escudándose en que la estructura "no forma parte del objeto del contrato de mantenimiento de edificios municipales". Y, para terminar de pasarse la patata caliente, sugieren que la competencia podría ser del Servicio de Patrimonio Histórico o del Servicio de Patrimonio.

Es verdaderamente dantesco. Llevamos con este expediente dando tumbos desde las quejas de 2023 y 2025. ¿Cómo es posible que, a fecha de hoy, en pleno junio de 2026, los técnicos municipales de una de las capitales más importantes de España sigan discutiendo entre ellos sobre a quién le toca poner una valla para proteger un monumento protegido?

Al ver que ningún servicio quería asumir la responsabilidad del vallado, de las cámaras de seguridad ni del crucial plan contra la oxidación, la Oficina de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones ha tenido que tomar una decisión que retrata perfectamente la parálisis procedimental que sufrimos.

A la vista de este festival de informes cruzados donde todo el mundo rechaza la competencia, la Oficina ha decidido acudir a una especie de "árbitro" interno. Así, con fecha de 1 de junio de 2026, ha solicitado formalmente a la Secretaría General de la Administración Municipal que proceda a determinar qué Servicio o Servicios resultan competentes de una vez por todas. Para ello, han tenido que desempolvar una atribución conferida por la Junta de Gobierno Local en una sesión celebrada... ¡el 27 de junio de 2014!

Como impulsores de estas quejas, considera absurdo que para instalar una valla protectora en torno a un Bien de Relevancia Local que se limpia con dinero público tengamos que abrir un proceso de resolución de controversias competenciales ante la Secretaría General. Esta forma de actuar es un insulto al sentido común y al principio de eficacia que debe regir a cualquier administración pública.

No queremos que este expediente se alargue otros 8 meses o un año mientras los papeles viajan de despacho en despacho para decidir quién se encarga de la vall. La oxidación no entiende de competencias, ni de pliegos de condiciones contractuales, ni de acuerdos de 2014. El óxido avanza cada día, bajo la lluvia y la humedad, debilitando una estructura de hierro que es insustituible.

Desde nuestra asociación hemos exigido que no se acepte este conflicto de competencias interno como una excusa para dilatar los plazos. Para los ciudadanos, el Ayuntamiento es una entidad única; sus problemas de organización interna y sus contratos de mantenimiento sectoriales no nos incumben ni pueden utilizarse para desproteger nuestro patrimonio cultural.

Hemos solicitado que sea la propia Alcaldía la que tome las riendas de forma unificada mediante un decreto de urgencia. Es hora de coordinar de verdad, de dejarse de informes de perfil y de blindar el Depósito de Gas Lebon antes de que las nuevas pintadas vuelvan a sepultar el metal decapado.

Os mantendremos puntualmente informados de la resolución de una queja que lleva enquistada demasiados años por la desidia municipal. El patrimonio cultural no es de los negociados ni de los servicios municipales: es de todos los valencianos.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.