El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha rechazado la agresión verbal ejercida el pasado sábado en la ciudad autónoma por un hombre sobre una odontóloga musulmana y ha criticado que el PSOE utilice ese hecho para dividir.

El político ha sostenido que “todos los ceutíes son y se sienten españoles, recen como recen y se llamen como se llamen”, según recoge El Faro de Ceuta. Por ello, ha señalado que debe protegerse la convivencia en su territorio, que comparten personas de diferentes religiones, culturas y nacionalidades, algo que enriquece a Ceuta, de acuerdo al periódico local.

Asimismo, Vivas ha vuelto a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber abandonado al territorio y ha criticado al PSOE por vincular ese incidente con el discurso que mantiene el Partido Popular, formación a la que pertenece el presidente, y lo ha calificado de “manipulación deliberada”. También ha inquirido sobre qué parte de los mensajes del PP puede interpretarse como una llamada al enfrentamiento y sobre si el Partido Socialista intenta dividir y enfrentar a los ciudadanos mediante este suceso con fines electorales. 

Como relató en exclusiva elDiario.es, el pasado sábado una mujer explicó que, solo por haber mirado el cartel donde aparecía Abdellah Mustafa, candidato local del Frente Amplio, un hombre empezó de pronto a gritarle numerosos comentarios cargados de racismo contra ella y contra otra mujer con hijab que la empezó a defender. “Trabaja, que cobras el Ingreso Mínimo Vital”, la increpó. “Si cobra más que usted, señor”, le espetó una de sus amigas.

El hombre que gritó a las mujeres se disculpa: “Me equivoqué, mi actitud no fue la correcta”

El hombre que profirió gritos contra las dos mujeres se ha disculpado en una carta al director en el periódico El Pueblo de Ceuta.

“Quisiera reconocer que me equivoqué y que mi actitud no fue la correcta. El pasado viernes tuve un altercado en la Gran Vía. Sufrí [sic] una serie de insultos que me sacaron de mis casillas, no supe contar hasta diez y respirar profundo”, expresa el ciudadano.

“Lo que hice me avergüenza y quisiera pedir perdón a las chicas con las que tuve la discusión y a todos aquellos que se han podido molestar o sentirse ofendidos por las palabras que dije. Sé que mi actitud no fue la correcta y que ello no aporta nada a la buena convivencia que debemos tener. Quiero indicar que tengo muchos amigos musulmanes, muy buenos amigos, ellos me conocen y me aprecian”, añade, para concluir de nuevo con sus disculpas.

La Policía Nacional ha desalojado este domingo una parte del campamento de migrantes en el Puerto de Ceuta con el objetivo de comenzar a desmantelar algunos de los centros provisionales levantados por el Gobierno para alojar y filiar a las personas llegadas en la entrada masiva de finales de julio. Cientos de marroquíes han sido trasladados de las tiendas del campamento al CATE, desde donde decenas de ellos han sido retornados a Marruecos.

Aunque desde el Ministerio del Interior se asegura que se ha aplicado la fórmula del retorno “voluntario”, las circunstancias del traslado apuntan a que muchos de los retornos han sido forzados. elDiario.es ha podido observar que algunos migrantes desalojados, después de una parada en las instalaciones policiales del CATE, han sido acompañados por la Policía Nacional agarrados del brazo hacia la puerta de la valla localizada en la zona de seguridad de la frontera, un paso no habilitado.

La ministra Elma Saiz había anunciado el inicio del desmantelamiento de algunos centros de acogida temporales creados en Ceuta para filiar a los migrantes, en su defensa de que la ciudad autónoma se acerca a “la normalidad”. El tiempo corre antes de las elecciones del 29 de noviembre, y el Ejecutivo ha acelerado la retirada de algunos campos mientras aún hay cientos de personas en las calles de la ciudad y algunos migrantes denuncian ser expulsados de los campamentos antes de culminar el proceso de asilo.

“El Gobierno trabaja en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintas operaciones en la ciudad de Ceuta para recuperar la total normalidad cuanto antes”, afirman fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta. “Dentro de las previsiones del Gobierno para desmantelar recursos temporales, hoy se ha desarrollado un primer operativo desalojando por completo las 50 carpas de la AECID ubicadas en muelle de Poniente, donde se procederá a la limpieza y el desmantelamiento de las mismas”.

Según el Ejecutivo, no es un operativo puntual. “El proceso, que hoy se ha desarrollado con éxito, continuará con próximos traslado de personas migrantes que se encuentran en dispositivos temporales, con el objetivo de optimizar las plazas disponibles en otros emplazamientos”, han añadido las mismas fuentes.

Los migrantes acogidos en las carpas desalojadas se han despertado con las luces de las sirenas de los furgones de antidisturbios que han rodeado esta zona del campamento. “Tenemos problemas en nuestro campamento. Enviaron a los más jóvenes y a los mayores a Marruecos”, ha denunciado Annas, un joven marroquí alojado en las carpas grandes del campo, la zona que por el momento no ha sido desmantelada. Según cuenta otro hombre acogido allí, varias personas han sido derivadas del área pequeña de carpas a la zona más grande, con capacidad para la acogida de unas mil personas. Ni Interior ni Delegación del Gobierno aportan cifras oficiales sobre el número de personas alojadas actualmente en este espacio, ni de la cifra de migrantes retornados a Marruecos en el operativo. Tampoco aclara si las personas que han regresado a su país aún contaban con un proceso de asilo pendiente de respuesta o recurso.

El campamento creado en el puerto de la ciudad es uno de los que más quejas generó por parte de los vecinos ceutíes, debido a que advertían de que su ubicación conllevaba posibles riesgos de seguridad por su ubicación portuaria, no es casualidad que el Ejecutivo haya empezado por aquí.

Las terrazas estaban llenas pasadas las ocho de la tarde de este viernes en el centro de Ceuta cuando Maryam (nombre ficticio) caminaba con unas amigas nada más salir de trabajar. La mujer ceutí, musulmana, iba a cruzar la calle a la altura de la Gran Vía cuando un cartel luminoso llamó su atención. En él aparecía la imagen de Abdellah Mustafa, reconocido líder vecinal en una de las barriadas de la periferia ceutí, quien recientemente ha dado el paso de ser candidato independiente del Frente Amplio para el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La mujer dice que simplemente miró la pantalla, y eso bastó para que un hombre, desatado, empezase a gritar numerosos comentarios cargados de racismo contra ella y contra otra mujer con hijab que la empezó a defender. 

“Le vais a votar para seguir viviendo de nuestros impuestos. Promarroquí, eres una promarroquí”, le empezó a chillar en pleno centro de la ciudad a la joven que, desconcertada desde la otra acera, le respondía que ella era ceutí como él. También trató de decirle que no era “promarroquí”. Pero el hombre no dejaba de repetir ataques de corte racista contra la mujer, la única que llevaba hijab del grupo de amigas. “Trabaja, que cobras el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, le decía.

“Yo no defiendo a Marruecos y soy española. ¿Le enseño mi DNI? Me va a hacer enseñarle mi DNI?”, respondió Maryam, mientras sus amigas le afeaban sus comentarios, algunas con risa nerviosa ante el espectáculo generado por el señor en la vía pública. “Si cobra más que usted, señor”, le espetó una de sus amigas. El hombre señalaba la pantalla situada en la Gran Vía de Ceuta cada vez que aparecía el rostro del candidato del Frente Amplio, Abdella Mustafa, presidente de la asociación de vecinos de la barriada de Sidi Embarek. El joven, musulmán, gestionó un campamento improvisado para acoger a cientos de mujeres durante más de dos meses.

Cuando la imagen de Mustafa regresaba a la pantalla de publicidad, el agresor se enfadaba y aumentaba la intensidad de los ataques a Maryam. El líder vecinal, de 26 años, irá como independiente dentro de la coalición de Senado de Progreso de las formaciones de izquierdas, después de que el PSOE aceptase retirar a su candidato.

“Coge el carro [de la limpieza]”

elDiario.es presenció la agresión unos minutos después de su inicio y, ya avanzados los hechos, comenzó a grabar la escena. En el momento en que el agresor observó el móvil grabando, caminó hacia la periodista y comenzó a amenazarla con violencia, cruzando la calle, intentando agarrar el móvil y hasta encararse de manera agresiva a centímetros de la reportera que firma esta información. Varios vecinos ceutíes comenzaron a increparle para evitar una posible agresión física.

Cuando varios vecinos le separaron ante su actitud violenta, pidió que este medio le grabase. “¿Ya estás grabando? ¡Iros a la mierda!”, espetó el hombre, a lo que varias mujeres le respondieron. “¡Miserable!”, le dijo una de ellas. Tras ello, el hombre se acercó de nuevo con agresividad hacia otra ceutí musulmana que había intervenido para defender a la agredida. El señor señaló un carro de la limpieza que se encontraba cerca de ellas y le gritó: “Mira, coge el carro. Trabaja. Que estáis cobrando el Ingreso Mínimo Vital”, afirmó el hombre hacia las mujeres que llevaban pañuelo, relacionando de forma racista el hecho de que fueran musulmanas con el cobro de ayudas. 

“Caballero, yo no cobro el Ingreso Mínimo Vital. Yo acabo de salir de trabajar”, le decía Maryam, vecina de El Príncipe, que trabaja como odontóloga. “Ya le gustaría cobrar lo que ella cobra”, comentaba después una amiga. El agresor, acompañado por un vecino que trataba de tranquilizarlo, acabó cruzando de nuevo al otro lado de la calle Gran Vía y permitió a las mujeres continuar con su tarde.

“Yo no llegué ni a decir nada. Solo me quedé mirando el cartel, el de Abdellah, porque me llamó la atención. Y se puso loco”, comentaba la odontóloga mientras, arropada por sus amigas, se alejaba del lugar de los hechos tratando de volver a retomar lo que estaba haciendo cuando el hombre ceutí empezó a acosarla en plena calle. Mientras se alejaba un poco más para recuperar la calma antes de emprender la vuelta a su barrio, la mujer rompió a llorar. Sus acompañantes trataban de animarla mientras le caían las lágrimas después de varios minutos de tensión que la obligaron a gritar para defenderse en pleno centro de Ceuta.

“Acababa de salir de trabajar hace un rato y me dice que cobro el ingreso mínimo vital”, repetía la mujer, aún sin comprender lo sucedido. “No tienes por qué justificarte y explicar si trabajas o no. Es un racista”, le respondió una vecina de la barriada de Los Rosales, que la acompañó para consolarla. “Ahora, después de todo lo que ha pasado, se está quitando la máscara mucha gente en Ceuta. Y están sacando todo su racismo”, añadió. Su percepción es compartida por muchos ceutíes musulmanes con los que ha hablado elDiario.es.

Los ataques contra Adellah Mustafa

El paso adelante de Adellah Mustafa, cocinero de profesión, ha ilusionado a un sector progresista de la ciudad y a los ciudadanos musulmanes de la periferia, con la esperanza de robar un escaño en la Cámara Alta a la derecha ceutí, que suele arrasar en los comicios de la ciudad. Irá como independiente dentro de la coalición conjunta de Senado de Progreso de las formaciones de izquierdas, la primera vez que eso sucede en Cámara Alta y una colección de primeras veces también para él. Pero también ha enraizado en los ceutíes más conservadores, en un momento en que los episodios de racismo han aumentado en una ciudad donde hay un 50% de población musulmana, lo que también apunta a cada vez una mayor brecha social entre musulmanes y cristianos.

La decisión de Mustafa ha incrementado los ataques contra el líder vecinal en la ciudad, especialmente por parte de la extrema derecha. El portavoz local de Vox, Juan Sergio Redondo, tildó de “impresentable” al presidente de la asociación de vecinos de Sidi Embarek, acusándole de “promarroquí” por haber dado atención humanitaria a cientos de mujeres -incluidas embarazadas- y niños, cuando el Gobierno tardó más de dos meses en habilitar un campamento oficial para ellas. Su actuación voluntaria evitó que durmiesen y deambulasen en la calle durante semanas, con el consiguiente riesgo de abusos sexuales dada su extrema vulnerabilidad.

Por su parte, el candidato independiente defiende su gestión social y humanitaria, y destaca el peso que ha tenido la periferia de Ceuta en la respuesta a la crisis migratoria. Reconoce que ha sido duro y Ceuta no puede responder sola a la llegada de más de 70.000 personas, pero con un enfoque humanitario que huye del odio cada vez más presente en los discursos de las áreas más adineradas de la ciudad, como el centro, donde vive una mayor proporción de cristianos. Mustafa sostiene que su salto a la política busca frenar los discursos de la ultraderecha y dar voz a las barriadas y a los colectivos más abandonados institucionalmente en la ciudad autónoma.

El despliegue policial sorprendía hasta en Ceuta. El centro de la ciudad atardeció con varias calles cortadas por decenas de furgones de antidisturbios. Algunos vecinos, sorprendidos, preguntaban si debían preocuparse por algún suceso. Muchos se enteraron entonces: el agitador ultra Vito Quiles visitaba Ceuta. El dispositivo parecía anunciar una afluencia masiva, pero resultó ser un fiasco: apenas unas decenas de asistentes para un centenar de uniformados repartidos en un dispositivo de seguridad que en la práctica impedía el acceso a personas racializadas o de ideología de izquierdas ante la convocatoria de una contramanifestación antifascista. 

El acto no empezó a la hora marcada. Los organizadores retrasaron su inicio y, desde las puertas del Parador, miraban el exterior con la esperanza de la llegada de más seguidores del ultraderechista, pero esto es Ceuta y la visita no cuajó. El agitador aguardó en el interior del hotel durante más de media hora a la espera de una masa de personas que nunca apareció. Quiles acabó saliendo del hotel, micrófono en mano, pero su discursó no superó los 10 minutos. Tras su breve intervención, dio la palabra al influencer Juan Ruiz, un joven ceutí conocido por sus vídeos de corte xenófobo en los asentamientos de migrantes de la ciudad durante la crisis migratoria, que ha sido apoyado por distintos grupos ultras como Revuelta.  

El agitador deslizó que el dispositivo policial, que controlaba la entrada de personas por todos los accesos de la Plaza de África, estaba detrás de la baja asistencia a su acto. Sin embargo, el operativo restringía el acceso a la zona de quienes “parecían” estar en contra de las ideas de Quiles, ante la difusión de una convocatoria de una concentración antifascista en contra de la presencia del ultra en Ceuta. 

En la práctica, se tradujo en el bloqueo a la entrada de personas que parecían racializadas o de ascendencia árabe, que generó críticas, pero no entre los escasos seguidores del agitador, quienes sí lograron acercarse. El filtro para decidir permitir el acceso era la presencia de símbolos considerados de ideología de izquierda o la “estética”. Pero esa “estética” también negó la entrada a personas musulmanas, como han denunciado varias vecinas ceutíes. 

“Tengo unas amigas musulmanas que intentaron ir porque no querían que viniese a vomitar su odio a Ceuta y no las dejaron pasar. No dejaban pasar a todo el que parecía moro”, ha dicho una joven ceutí a elDiario.es. “Todas estas personas que son racializadas y musulmanas les ha impedido la Policía pasar”, ha denunciado la activista Hanan Alcalde en un vídeo publicado en su Instagram. “Tienes que ser blanco y cristiano”, ha añadido la influencer, que ha incluido el testimonio de una mujer musulmana que aseguraba no haber podido acceder a la plaza. “No entiendo por qué en otras ciudades se permite el derecho de poder expresarse la ciudadanía y a nosotros no. El centro también es nuestra ciudad, es Ceuta”, se ha quejado esta señora. 

En la convocatoria de su acto Quiles decía “defender España y a los ceutíes”. En una ciudad con la mitad de la población musulmana, la visita del ultra, cuyo discurso suele atacar a quienes profesan esa religión o quienes cuentan con ascendencia magrebí, no suele generar un rechazo evidente. En agosto, el agitador fue expulsado por vecinos ceutíes de una de las manifestaciones celebradas en la ciudad tras la crisis migratoria. El influencer los llamó “radicales islamistas”. 

Ante las críticas que recibe por parte de la población ceutí, en los diez minutos de acto, Quiles ha defendido no tener “ningún problema con ninguna religión” sino que solo iba en contra de “los invasores”. “No tenemos ningún problema con los ceutíes, con la gente de Ceuta, sea cristiano, musulmán, católico, de otra religión, rece como rece”, ha afirmado. 

Sin embargo, unas horas después, el ultra subió un extraño vídeo en una lancha, con una litrona en la mano, en el que decía escapar de los “marroquíes de Ceuta” a los que acusó de organizarse para supuestamente querer atacarle en el ferry, lo que le habría empujado a cruzar el estrecho en lancha privada, algo que no coincide con ninguna información oficial ni con el ambiente de la ciudad tras la finalización de su breve discurso. Aunque unas decenas de personas intentaron mostrar su rechazo a la presencia del agitador y no lo lograron, la ciudad retomó la tranquilidad tras el fracaso del evento y no se produjeron disturbios.

Carmen esperó en los alrededores del acto hasta el final. Su estética despistaba, y eso era precisamente lo que buscaba. Gabardina beige, camisa de rayas, bandera ceutí y española a su espalda. “Me he vestido así para poder entrar”, decía entre risas. Su honestidad con sus valores, sin embargo, impidió engañar a los agentes que decidían quién entraba y quién no. “Me han preguntado por mi ideología, no sé por qué tengo que responder a esa pregunta. Pero me preguntaron si apoyaba a Vito Quiles y he dicho la verdad, no podía decir que sí, así que no me han dejado pasar”, decía la joven, vecina del centro de la ciudad autónoma. También portaba un cartel que pedía que ningún agitador sembrase el odio en su localidad y solicitaba la convivencia frente al racismo. “Me han dicho que esta pancarta ataca, ¿dónde lo ven?”, se preguntaba la integradora social.

“Yo soy ceutí y defiendo Ceuta, pero no con los lemas o las palabras que generan odio y rompen la convivencia”, concluye la joven ceutí. Cuando los agentes levantaron el cordón de seguridad, se sorprendió: “¿Ya ha acabado? ¿Solo eran esos?”, reaccionó ante la rapidez del acto que no fue tal y sobre el número de asistentes. Para quitarse la espina, quiso volver a entrar en la plaza pública a la que no le habían permitido el acceso. Aún más vacía, pero con un pequeño grupo de seguidores de Quiles presente, intentó dejar a la vista el cartel que algunos miraban de reojo como si incluyese un mensaje radical: retomar la convivencia y rechazar el odio en Ceuta.

La petición de España ha tenido efecto. La Comisión Europea mantiene a España entre los estados miembros “bajo presión migratoria” debido a “la situación migratoria general y, en particular, el incidente ocurrido en Ceuta”. Nuestro país se mantiene en el grupo de países, junto a Grecia, Italia y Chipre, que podrán acceder a la reserva de solidaridad, aunque Bruselas advierte de que “siempre que sigan aplicando las normas de responsabilidad”. Hubo dudas de que España estuviera en este grupo pese a la crisis migratoria de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, ha presentado este viernes el informe sobre el segundo ciclo anual de gestión de la migración en el que se refleja “una reducción sustancial de la inmigración irregular, una mayor cooperación entre los Estados miembros y unas asociaciones eficaces con terceros países”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mandó una carta al comisario europeo de Migraciones en la que le planteaba su “preocupación” ante la posibilidad de que España no fuese considerada dentro del grupo de “Estados sujetos a presión migratoria” con lo que no serían “beneficiarios de la solidaridad”.

En la anterior evaluación, en noviembre de 2025, España junto a Italia, Grecia y Chipre fueron considerados “bajo gran presión migratoria”, lo que permite activar el mecanismo para reubicar a los migrantes en otros estados de la UE o recibir mayores contribuciones financieras para políticas migratorias, según se recoge en el Pacto de Migración y Asilo. “Todos hemos sido testigos y hemos constatado la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, de la presión migratoria extraordinaria sufrida por España”, argumentó el ministro en su carta.

Aunque Brunner ha admitido que el informe de Migraciones se refiere al periodo entre julio de 2025 y junio de 2026, con lo que la crisis migratoria de Ceuta no estaría en el tiempo analizado, pero que “España es, por supuesto, uno de los cuatro Estados miembros que se encuentran bajo presión migratoria, y ya lo estuvo el año pasado”

“Para que se hagan una idea, este año España ha concentrado alrededor del 20% de todos los cruces irregulares de las fronteras de la Unión Europea. Además, ha sido el tercer Estado miembro en número de llegadas tras operaciones de búsqueda y rescate en el mar, especialmente en las islas Canarias, pero también en Baleares. Y sí, también en Ceuta. La situación en Ceuta se ha tenido en cuenta en nuestra evaluación”, ha comentado Brunner.

Aviso de responsabilidad

Pero el comisario ha mandado un mensaje de advertencia ante la necesidad de responsabilidad de los países bajo presión migratoria que se puede leer como un aviso a España por las políticas que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente la última regularización masiva de inmigrantes, que ha provocado la oposición de varios países de la UE como Dinamarca, Italia o Polonia.

“Los Estados miembros que se enfrentan a una situación de presión migratoria significativa pueden contar siempre con la solidaridad y el apoyo de los demás. Corresponde a los Estados miembros que contribuyen decidir cómo quieren hacerlo, ya sea mediante aportaciones financieras, otro tipo de contribuciones, compensaciones de responsabilidad o reubicaciones. Al mismo tiempo, para beneficiarse de esa solidaridad, los Estados miembros deben cumplir siempre con sus responsabilidades. Y ese es precisamente el principio fundamental del Pacto: responsabilidad y solidaridad deben ir siempre de la mano”, ha señalado Brunner.

Llamada de atención a Italia

Sin embargo, ha sido Italia, uno de los estados más críticos con la política migratoria con España, la que se ha llevado una llamada de atención, ya que “aunque Italia ha avanzado en la aplicación de las normas de responsabilidad, todavía debe progresar más, una cuestión que será objeto de un estrecho seguimiento”.

En líneas generales, Brunner ha destacado que la situación migratoria en la UE “ha seguido mejorando de manera significativa”. Entre los datos que ha desgranado están que los cruces irregulares de las fronteras se han reducido a más de la mitad en los últimos dos años, con un nuevo descenso de más de un tercio durante el primer semestre de este año. También han disminuido considerablemente los movimientos no autorizados (-22% en 2025) y las solicitudes de asilo (-19% en 2025), mientras que la tasa de retorno en el conjunto de la UE ha aumentado hasta superar el 30%.

Las agresiones de militares a personas migrantes que duermen en las calles de Ceuta no cesaron tras las denuncias publicadas por elDiario.es ni Amnistía Internacional. Tampoco el Gobierno ha rendido cuentas sobre los avances de las supuestas actuaciones para acabar con estas prácticas, pese a que el Ministerio de Defensa anunció la apertura de una investigación hace más de un mes. Tras una nueva visita al terreno, la ONG ha documentado 18 nuevos episodios de palizas y malos tratos perpetrados supuestamente por soldados en servicio en la ciudad autónoma después de que el Gobierno anunciara la apertura de una investigación.

Este medio también ha recogido testimonios de nuevas agresiones a manos de los soldados durante el mes posterior de la revelación de las primeras denuncias por parte de elDiario.es. Sin embargo, varias fuentes apuntan a una posible reducción de este tipo de abusos por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas durante la última semana, debido a la disminución de la presencia militar en las calles ceutíes, sustituida por un mayor rol en las redadas migratorias por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que sí cuentan con funciones de seguridad ciudadana a diferencia de los militares, que solo cuentan con capacidad legal para realizar labores de vigilancia.

Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional relatan agresiones con porras, puñetazos, patadas y descargas eléctricas mientras dormían en la vía pública. El nuevo informe, apoyado en testimonios, documentación gráfica y audiovisual y partes médicos, sigue describiendo “un patrón de violencia” que se produce principalmente durante la noche. Según los relatos recogidos, los militares despiertan a las personas migrantes “a golpes” en los lugares donde duermen, en ocasiones cuando se encuentran indefensas y sin posibilidad de huir. Las lesiones documentadas incluyen “fracturas en extremidades y órbitas oculares, contusiones, hematomas, heridas erosivas y brechas en la cabeza compatibles con golpes de porra”.

La organización denuncia que la persistencia de estas agresiones evidencia que el anuncio de Defensa no ha servido para detener los abusos. “Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes”, advierte Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. La entidad considera que los hechos reflejan “la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”.

También recuerda la gravedad del contenido de los audios revelados por elDiario.es, en los que varios militares comentaban entre risas algunas de las palizas perpetradas contra los migrantes en Ceuta. Este medio no ha recibido ninguna comunicación por parte del juzgado ni la Fiscalía de Ceuta para entregar los audios originales.

Amnistía Internacional afirma que, tras dirigirse a la Fiscalía de Ceuta y al Ministerio de Defensa, “no tiene constancia de militares concretos investigados por torturas y malos tratos, ni tampoco de que hayan sido apartados del servicio ni de que se haya dado la debida protección contra represalias a víctimas o testigos de violaciones de derechos humanos”. La violencia por parte de militares ha continuado según la investigación de la ONG, que coincide con la información recabada por elDiario.es, pero entre los abusos documentados antes al 30 de septiembre se encontraban los casos más graves. La organización “lamenta desconocer la respuesta de las autoridades hasta el momento ante un crimen de derecho internacional como la tortura” y añade que “de haberse dado, no ha impedido la comisión de nuevos actos de violencia contra personas migrantes en Ceuta”.

La organización destaca que algunos de los migrantes entrevistados han reconocido a los militares que presuntamente les agredieron en ocasiones anteriores. Según sus testimonios, los mismos efectivos continuarían en sus puestos y habrían llegado a amenazarles para evitar que denuncien lo sucedido. “Hemos hablado con personas migrantes que no logran dormir en toda la noche por miedo a que los militares les despierten a porrazos, puñetazos y patadas”, explica Beltrán.

Uno de los episodios más recientes documentados por Amnistía Internacional ocurrió sobre las tres de la madrugada del 24 de octubre. R., padre de tres hijos, dormía en la carretera de Sidi Embarek cuando, según su relato, un militar le aplicó varias descargas con un dispositivo taser directamente en el pecho. Aturdido por la descarga, intentó levantarse para escapar, pero tropezó con las mantas y cayó de bruces. “Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital”, contó a la organización. Cuando recuperó el conocimiento se marchó andando y decidió no contar lo sucedido a su familia por miedo a preocuparla.

También en octubre, el tunecino M., de 40 años, asegura que fue golpeado mientras dormía en la playa Benítez junto a otros tres jóvenes marroquíes. Según explicó, cuatro soldados le propinaron puñetazos en la cara hasta provocarle un hematoma que le impidió ver por uno de los ojos durante dos semanas. El hombre afirmó que no era la primera vez que sufría abusos. En un episodio anterior, relató, un soldado rajó su tienda de campaña y le sustrajeron el teléfono móvil, la documentación, 50 euros y otras pertenencias.

Otro de los testimonios recogidos corresponde a H., de 27 años, que asegura que el 5 de octubre un grupo de entre seis y ocho militares le condujo a un callejón sin salida en los alrededores de un supermercado Mercadona. Allí, cuando comprobaron que nadie les observaba, comenzaron a golpearle con porras, patadas y puñetazos y le rociaron con espray pimienta en los ojos y la cara. Recibió parte de los golpes cuando ya estaba en el suelo, según recoge la organización. Tras la agresión fue atendido por miembros de una ONG y trasladado al hospital. “Desde entonces siento temor y procuro no estar cerca de ellos”, relata.

Menores migrantes, también entre las víctimas

La investigación presta especial atención a la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en las calles de Ceuta. Amnistía Internacional estima que todavía hay al menos 500 menores durmiendo a la intemperie, más de tres meses después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. La cifra convive con los 3.626 menores que, según datos del Gobierno de la ciudad recogidos por la organización, ya han sido registrados y sacados de las calles.

Los menores entrevistados relatan golpes mientras dormían, amenazas, humillaciones y la destrucción o sustracción de sus teléfonos y documentación. Uno de los casos es el de Z., de 17 años, que asegura haber sido agredido en dos ocasiones, los días 18 y 23 de octubre. Durante el primer episodio, mientras dormía entre coches en la zona de Los Rosales. “Varios militares aparecieron por detrás y le golpearon en la cabeza con una porra”, indica la ONG. Consiguió escapar, pero acabó cubierto de sangre y tuvo que acudir al hospital, donde recibió diez puntos de sutura, según recoge su parte médico.

Cinco días después, según su testimonio, volvió a ser golpeado con una porra, esta vez en las piernas, mientras trataba de huir. M., de 15 años, también denuncia haber sufrido agresiones. Cuenta que a comienzos de septiembre un militar le dio un rodillazo en la boca y trató de romperle una pierna golpeándola en sentido contrario al movimiento de la articulación. También asegura que le rompieron el teléfono móvil, el único medio que tiene para comunicarse con su madre. “Cuando les pregunté por qué me lo rompían dijeron que me callara o me rompían a mí también”, relata.

Cuatro episodios “de especial gravedad”

Además de las nuevas agresiones, Amnistía Internacional ha documentado otros diez casos de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes anteriores al 30 de septiembre, fecha en la que publicó su primera investigación sobre la violencia contra personas migrantes en Ceuta. Cuatro de estos episodios son considerados “especialmente graves” por la organización y siguen un patrón similar: la detención de las víctimas, su traslado en vehículos militares a lugares apartados, la inmovilización de sus manos con bridas y posteriores agresiones físicas y humillaciones. Este patrón también ha sido documentado por elDiario.es: entre ellos destaca el caso de Mohamed, uno de los que ha sido denunciado ante la Policía Nacional.

Uno de los casos es el de A., que fue trasladado junto a otro migrante a una zona boscosa. Ambos denuncian haber sido amordazados, maniatados y transportados en el maletero de un vehículo militar. Una vez allí, los ataron a un árbol y, según su testimonio, les propinaron una paliza con porras y puñetazos. Cuando los soltaron, dicen, todavía llevaban las bridas en los brazos. La entidad también ha recogido testimonios sobre posibles malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que considera que deben ser investigados.

En el pasillo exterior que hay a la entrada del Centro San Antonio, donde la Fundación Cardjn aloja a personas migrantes en Ceuta, pasan la tarde sentados Mouhamed y Mounder Maboute. El primero, padre del segundo, le hace carantoñas, le coge su pequeña mano agarrotada. Mounder, con una severa parálisis cerebral, sonríe. Lo vuelve a hacer cuando una chica trans también alojada en el espacio que gestiona la Fundación pasa a su lado y contonea el pelo. El niño solo tiene tres años y ya es hermano mayor de una bebé, Laian, que nació en Ceuta hace apenas unas semanas con graves complicaciones en los riñones y también problemas óseos en las caderas, por lo que permanece postrada en el aula de informática del centro de acogida donde la familia espera una respuesta a su solicitud de asilo y un lugar donde vivir en mejores condiciones.

Con ayuda de una joven que habla inglés y árabe, Mouhamed Maboute atiende a elDiario.es. Al rato se incorpora a la charla su esposa, Fatna El Bidi, jovencísima madre de tan solo 21 años que llega de ser atendida en el Hospital Universitario de la localidad.

Naturales de Larache, acudían con el pequeño Mounder a un médico en la ciudad marroquí de Mequínez. La gravedad de los problemas del niño les llevaron a tomar una decisión drástica. Debían cruzar a Ceuta: “Antes no nos lo habíamos planteado. Estábamos yendo al médico con el niño y seguíamos su tratamiento, pero llegó un momento en que en Marruecos ”se había acabado su medicación“ y él necesita tomarla todos los días. ”La única opción que nos quedaba era venir a España, solo así podría salvarlo. Si no, iba a morir“, cuenta con crudeza Mouhamed.

En su caso, que entraran el día 30 de julio —cuando a Ceuta llegaron decenas de miles de personas desde Marruecos— fue mera coincidencia y necesidad. La operación no era sencilla, Fatna estaba embarazada y Mounder no puede caminar, mucho menos nadar. Ella se lanzó al mar, detrás fue él, con el pequeño en brazos “envuelto en un plástico”. Tuvo que llevarlo por el agua sobre su cabeza, sorteando el espigón del Tarajal: “Confiamos en dios y no nos quedaba otra alternativa. Llegábamos vivos o moríamos en el intento”, insisten.

Agradecen además que la Guardia Civil les socorriese cuando estaban cerca de tocar tierra. “Nos ayudaron. Cuando abrieron el plástico y vieron el estado del pequeño, se quedaron sorprendidos”, recuerdan. A Mounder se lo llevaron al hospital y sus padres deambularon por el centro de la localidad. Ya con el niño de regreso junto a ellos tuvieron que dormir en la calle, comiendo de lo que les daba la gente, y cuando les sacaron de la zona más céntrica, acudieron a “un espacio boscoso”. Pronto se corrió la voz de que había un campamento para mujeres en Sidi Embarek, organizado por los propios vecinos.

Allí estuvieron durante tres días, recibiendo ropa y alimento de donaciones, hasta que finalmente, a través de Cáritas, fueron llevados al espacio de San Antonio, donde usan como dormitorio el aula de informática. La gestora del espacio, Nayat Abdeselam, alerta de la situación de colapso de un centro que normalmente tiene 16 plazas y que ahora mismo acoge a más de 50 personas y ha llegado a superar el centenar en los últimos meses.

“Hemos tenido que dejar de dar los cursos de formación que hacíamos y usar las aulas como habitaciones”, detalla. El perfil de los usuarios ha ido evolucionando desde el pasado 30 de julio hasta esta misma semana, cuando se cumplen tres meses del aluvión de entradas a la localidad. “En un principio hemos ido atendiendo a quien iba apareciendo, sobre todo jóvenes, algunos menores de edad y otros mayores, entre 14 y 30 años”. De ese primer perfil, la asistencia pasó a centrarse poco a poco en personas especialmente vulnerables: “Comenzaron a llegar personas del colectivo LGTBI a través de Andalucía y Ceuta Acoge. Poco a poco se ha ido corriendo la voz y han llegado más. Vieron que había mucha necesidad porque esta gente estaba sufriendo acoso y agresiones en la calle”, agrega la responsable del centro.

Ella pone el acento en los casos vulnerables. Uno de los más extremos es el de la familia de Mouhamed y Fatna, que ya llevan en San Antonio más de dos meses. Allí pueden contar con un espacio donde estar junto al pequeño Mounder que, además, dispone de su medicación diariamente. Justo el motivo que llevo a la familia a arriesgarlo todo para cruzar a España.

Sin embargo, al dar a luz de nuevo Fatna —hace apenas unas semanas—, surgió un nuevo inconveniente. “Cuando nació, nos dijeron que la bebé tenía un problema en el riñón y otro en las caderas. La llevaron a Cádiz para hacerle otras pruebas y después volvió aquí”, explica su padre. La niña, desde entonces, no ha podido salir del aula de informática, dado su precario estado de salud.

A pesar de las pruebas que le hicieron a la recién nacida en la localidad gaditana, no surgieron soluciones a sus problemas de salud: “Tras unos días, les dijeron que no podían hacer más por ellas y que tenían que acudir a una asociación para que las ayudara a regresar a Ceuta”, abunda Mouhamed.

Sin una solución habitacional en la que puedan vivir solos y atender a los pequeños, justo lo que reclama para ellos la representante de Cardjn, Nayat Abdeselam, ambos pasan los días en San Antonio cuidando a los bebés mientras esperan a que la petición de asilo salga resuelta de forma favorable. “Durante la entrevista nos dijeron que teníamos muchas posibilidades por nuestra situación, por lo que le ocurre a mi hijo. Nos daban un 95% de opciones”, celebran, asumiendo que el futuro vital de sus hijos solo pasa por permanecer en España y que reciban atención médica adecuada.

La esperanza aparece también en la conversación con Adeselam. Ella cuenta que los usuarios tienen “miedo a ser devueltos sin procedimiento”, algo que está sucediendo, según denuncian diversas ONG. Por el momento, en el caso de las personas del colectivo LGTBI, “los asilos están saliendo favorables”, confirma la mujer, que cifra en seis los expedientes ya resueltos. Ellos mismos, desde San Antonio, han llevado a las personas migrantes al Centro de Atención Temporal (CATE) a que sean filiadas e inicien los trámites. En el caso de los menores, los han ido trasladando a espacios de la Ciudad Autónoma, responsable de su tutela, “según han ido abriendo emplazamientos”.

Los ánimos, entre los más jóvenes, permanecen altos. “Esperan ansiosos a entrar a un centro, saben que al final del túnel hay luz”. Sin embargo, las cosas están más difíciles para los adultos. “Hemos tenido algunos que se han ido voluntariamente a Marruecos porque sabían que no tenían opciones”, resume Adbeselam, que ha llevado a una abogada al centro para que explique todos los pormenores a las personas migrantes que, como la familia de Mouhamed y Fatna, aguardan entre enormes dificultades a que se presente ante ellos un futuro más prometedor.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mandado una carta al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le plantea su “preocupación” ante la posibilidad de que España no sea considerada por la Comisión Europea dentro del grupo de “Estados sujetos a presión migratoria” con lo que no serían “beneficiarios de la solidaridad”. En la anterior evaluación, en noviembre de 2025, España junto a Italia, Grecia y Chipre fueron considerados “bajo gran presión migratoria”, lo que permite activar el mecanismo para reubicar a los migrantes en otros estados de la UE o recibir mayores contribuciones financieras para políticas migratorias, según se recoge en el Pacto de Migración y Asilo. “Todos hemos sido testigos y hemos constatado la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, de la presión migratoria extraordinaria sufrida por España”, argumenta el ministro en su carta.

Marlaska apunta a que esta decisión de la Comisión Europea sería “doblemente errónea”, ya que “penaliza los esfuerzos realizados por España, en cooperación con los socios africanos, en materia de prevención de la migración irregular, que se reflejan en un descenso de las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) durante el periodo de referencia” y, por otro lado, “no tiene debidamente cuenta la dimensión cualitativa de los graves sucesos acontecidos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de este año”, cuando 80.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España en una de las mayores crisis migratoria.

El Gobierno de España mantiene su “profunda discrepancia” por la posición de la Comisión ya que, “de no ser considerado en situación de presión migratoria, España sería el único país que cambiaría de categoría en este ciclo, quedando excluido de la solidaridad, en un año en el que han acontecido sucesos tan graves como los de Ceuta. En este contexto, es importante destacar que aún no se han materializado las contribuciones financieras en beneficio de España, correspondientes a la solidaridad del año 2026”.

Además de recordar la crisis migratoria del pasado verano, el ministro también hace alusión como “prueba de ese carácter estructural de la presión migratoria que afecta a las rutas de inmigración irregular hacia España, las 2.500 llegadas irregulares a Canarias registradas en las dos últimas semanas, que representan un 22% de las que se han producido a las islas en 2026 (11.470)”.

Marlaska puntualiza que si el próximo informe no tiene en cuenta “la excepcionalidad de la situación de Ceuta, y que, en consecuencia, no conlleve aparejada la decisión de considerar a España en situación de presión migratoria, no cumpliría con su función de ser una herramienta útil y eficaz para la gestión de la migración en la Unión”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el pasado marzo que la Comisión Europea había aprobado la quinta modificación presupuestaria para España del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para el periodo 2021-2027. La Comisión aprobó un presupuesto extra de 244 millones para España, alcanzando un acumulado de 812 millones desde el inicio del programa. A esta cantidad se suman además los 82 millones de euros que España ha recibido en este periodo a través del mecanismo temático del Fondo FAMI, dedicado a prioridades estratégicas y necesidades urgentes.

Además de estas cantidades, España recibió 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia para contribuir a gestionar la situación en Ceuta, tras las entradas ilegales masivas por la frontera del 30 y 31 de julio. De hecho, Marlaska alega esta ayuda como prueba de la presión migratoria a la que se enfrenta España. “Negar que España se encontró bajo presión migratoria es negar una evidencia. Pone en cuestión todas las reacciones por porte de la UE y de los Estados miembros durante estos meses, así como las medidas anunciadas por la Comisión Europea, como consecuencia de dichos incidentes”, subraya el ministro.

A juicio del ministro del Interior, la decisión de la Comisión provocaría “un dilema” sobre “cómo evitar que Estados miembros que consiguen, de un año a otro, mejorar sus cifras en la lucha contra la Inmigración irregular, vean cómo esos logros se traducen en que no se tenga en cuenta el efecto acumulado y estructural de la presión migratoria que afrontan”.

“Comprensión de la situación migratoria alejada de la realidad”

“Después de años de esfuerzo y de largas negociaciones por alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, no podemos permitirnos que la credibilidad del Pacto se vea comprometido por una comprensión de la situación migratoria alejada de la realidad y de los desafíos a los que nos enfrentamos, hoy y ahora, los Estados miembros”, insiste el ministro en su carta al comisario de Migraciones.

La regularización de inmigrantes irregulares que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez más la crisis de Ceuta ha colocado a España como un país incómodo para un grupo de Estados miembros de la UE cuyos Ejecutivos han abrazado las políticas más duras contra la inmigración. En el último Consejo Europeo, España, con el respaldo de Portugal, Luxemburgo y Francia, logró bloquear el intento de Dinamarca, Polonia e Italia para que se incluyera en la resolución del Consejo que se eviten medidas que puedan producir un efecto llamada, en clara alusión al proceso de regularización que llevó a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, y que la Comisión Europea tenga más capacidad de coordinar las políticas migratorias que pongan en marcha los miembros de la UE.

Habían pasado apenas unas horas desde que el recuento electoral confirmara la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, cuando las redes sociales del Institute for Remigration publicaron un vídeo en el que un hombre de origen pakistaní aseguraba que, de ganar la extrema derecha, dejaría Magdeburg, la capital, para irse a otro territorio alemán. “Llamamos a esto 'remigración federal'”, aseguraba el tuit.

Y explicaba el siguiente paso: “Cuando AfD escale este efecto, el estado federado podría convertirse en un ejemplo y un faro de esperanza para el resto de Alemania”.

Sajonia-Anhalt es una de las regiones menos pobladas de Alemania. Solo dos de sus ciudades superan los 200.000 habitantes, y en total suman poco más de dos millones de personas. Tampoco sus cifras de migrantes son relevantes: rondan el 9%, por debajo de la media nacional de Alemania (15%) y lejos de la de los estados federados occidentales, donde fácilmente puede ser el doble.

Pero más allá de su tamaño o su peso político, la posibilidad de gobernar en Sajonia-Anhalt le regala a AfD algo más preciado: un laboratorio en el que aplicar sus radicales propuestas supremacistas, en las que no se trata de controlar los flujos migratorios, sino de 'limpiar' la sociedad de todos los elementos que no consideren auténticamente alemanes.

Porque la remigración que defienden forma parte de un movimiento más amplio, con un peso creciente en la extrema derecha europea, y que se basa en la teoría del Gran Reemplazo. Esta tesis conspiranoica sostiene que hay un plan para sustituir a la población blanca y católica por otra migrante (sobre todo musulmana), y borrar así la esencia y las raíces europeas.

Para evitarlo, no solo proponen impedir la concesión de nuevos permisos o asilos, sino revisar la situación de los que ya están viviendo en el territorio, e incluso “incentivar” su regreso a los países de origen, aun cuando se trate de segundas o terceras generaciones. Remigración es un eufemismo para deportaciones masivas. Uno que se vende mejor en redes y causa menos rechazo.

El escaparate

“Sajonia-Anhalt podría convertirse en un modelo de remigración. Como un laboratorio político en el que se haga visible qué posibilidades posee realmente un solo estado federado”, señala otra publicación del Institute for Remigration. “A ello se suma el 'efecto escaparate': Un gobierno estatal exitoso podría demostrar prácticamente que una política migratoria alternativa dentro del orden estatal existente es en realidad posible. Eso sería relevante no solo para Alemania, sino para toda Europa”, añade.

AfD es uno de los partidos con importante representación parlamentaria que están metidos de lleno en la defensa de un plan europeo de remigración. Varios de sus representantes participaron del último Remmigration Summit en Portugal. El otro gran partido político presente era español: Vox.

Rocío de Meer, portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox se subió en octubre al escenario en Foz da Figueira para defender la expulsión de los migrantes “que utilicen los servicios sociales, porque están colapsados”.

También lo hizo la diputada y portavoz de AfD en el Parlamento Regional de Brandeburgo, Lena Kotré, asegurando que su partido se encargaría de sacar del país a todos los que no tuvieran derecho a estar en él.

¿Y cómo se decide quién tiene derecho? Bueno, el Institute for Remmigration ha elaborado un documento de medio centenar de páginas en el que explica punto por punto cómo poner en funcionamiento el laboratorio de Sajonia-Anhalt.

El plan

Como primer paso, sugiere crear una Oficina de Remigración que coordine y centralice la “aclaración de identidades”, la obtención de pasaportes y la “ejecución de expulsiones”. Además, como medida urgente propone evaluar y suspender cualquier fondo o programa de integración “que desincentive el retorno”. A cambio, se financiarían programas para preparar a los menores nacidos en Alemania para “reinsertarse en sus países de origen”. Esto es, en el país de sus antepasados. Por ejemplo, estudiarían el idioma o la geografía de esos lugares en los que vivieron sus padres, sus abuelos e incluso sus bisabuelos, para después ser expulsados.

A ello se suman las medidas de “presión de asimilación” mediante la Leitkultur (cultura de referencia), con las que se busca primar las tradiciones locales y “regular estrictamente” el uso de (otros) símbolos religiosos en el espacio público. Y una exhaustiva clasificación de los barrios según sus características sociales, que justifiquen medidas como “presencia policial masiva”, lucha contra la “economía informal” o que se priorice la asignación de viviendas de alquiler a personas “empleadas o con formación académica”.

No solo propone no conceder nuevos permisos o asilos, sino “revisar” y “fiscalizar” aquellos ya otorgados. El programa de AfD para Sajonia-Anhalt coincide en algunos puntos de manera casi textual con el documento publicado en agosto por el Institute for Remigration.

El origen y el futuro

La relación de AfD con los promotores de la remigración es muy estrecha. En la primera presentación del ideólogo del plan, el austriaco Martin Sellner, que se realizó en secreto en un hotel de Potsdam, Alemania, en 2023, había varios políticos del partido. Uno de los más destacados era Ulrich Siegmund, líder del grupo parlamentario en Sajonia-Anhalt y el gran triunfador de estas elecciones.

Las encuestas de opinión aseguran que la cuestión de la inmigración tuvo un papel secundario en las decisiones de voto el pasado domingo. Los análisis señalaban que las agresivas campañas contra los refugiados y los inmigrantes que son seña de identidad de AfD no parecen haber resultado decisivas en las elecciones, sino que pesaron más temas como la seguridad social, la paz en Europa o la política económica.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica sus ideas identitarias y su plan de discriminación institucional. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, aunque residan legalmente o incluso hayan nacido en el país

Sin embargo, este triunfo le da la posibilidad a AfD de meterse de lleno en su faceta de supremacismo blanco. “Nosotros somos más guapos, más listos y tenemos mejores ideas”, llegó a decir uno de los oradores del Remigration Summit 2026. “Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró Lena Kotré, que encabeza las encuestas para las próximas elecciones en Brandemburgo. De Meer, la representante de Vox, defendió que “España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana”, y que “recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica estas ideas identitarias y su plan de discriminación institucional por razones étnicas, culturales y religiosas. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, incluso cuando residan legalmente o hayan nacido en el país: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”, defienden. Y quieren que toda Europa les escuche.

Merz acusa a AfD de querer una “limpieza étnica”

Este miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, han librado un duelo en la Cámara Baja del Parlamento. En unos de los momentos más tensos del intercambio, el canciller ha acusado a AfD de querer poner en marcha una “limpieza étnica” en el país con su propuesta de “remigración” para expulsar a inmigrantes y demandantes de asilo de Alemania.

“El término 'remigración' no es más que un sinónimo de 'limpieza étnica' basada en el origen y el color de piel”, ha afirmado Merz, antes de recordar la importancia del los trabajadores inmigrantes en la economía germana. “Uno de cada seis trabajadores del sector artesanal tiene pasaporte extranjero. Si aquellos que trabajan en Alemania tuvieran que abandonar el país por la 'remigración', el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionar, ningún hospital del país podría funcionar”, ha expuesto el canciller.

El Gobierno laborista confirmó este lunes que endurecerá los requisitos para obtener de residencia permanente para los trabajadores extranjeros que están legalmente en el Reino Unido. Las reglas, más suaves que la propuesta inicial de hace un año, se aplicarán de manera retroactiva también a quienes lleven años legalmente en el país y que ahora tendrán que esperar una década y cumplir más obligaciones para obtener un permiso de residencia indefinido. 

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció como concesión que miles de empleados en el sector sanitario podrán conservar su estatus actual, con más facilidades para obtener el permiso, y redujo de 15 a 10 los años de espera respecto a su primer plan presentado el año pasado. Las reglas para los ciudadanos de la UE no cambiarán en cumplimiento del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión.

En los últimos cinco años, el Ministerio del Interior ha aprobado visados para 200.000 trabajadores sanitarios y especializados en cuidados, la mayoría durante los gobiernos conservadores. Ahora tienen que esperar cinco años para ser residentes permanentes y pueden llevar a sus familiares directos al Reino Unido. 

Mahmood presentó sus planes más duros el año pasado como ministra del anterior Gobierno laborista, del primer ministro Keir Starmer. Después de una consulta pública que ha recogido también las críticas de sindicatos, empresarios y organizaciones antirracistas, Mahmood ha suavizado sus planes, pero sigue añadiendo requisitos al permiso de residencia permanente.

“La residencia no tiene que ser automática, hay que ganársela”, dijo Mahmood este lunes en el Parlamento.

Así se establecen nuevos criterios más allá del tiempo transcurrido en el país, como hablar inglés “en un estándar alto”, haber cotizado durante al menos tres años, trabajar en sanidad o educación o, en algunos casos, cobrar más de 50.000 libras al año (59.000 euros). Quienes más cobran, por encima de las 125.000 libras (149.000 euros), podrán, en cambio, obtener la residencia permanente en solo tres años. El estándar para la mayoría será de 10 años en lugar de cinco.

Estos cambios se aplicarán a quienes no hubieran empezado el papeleo para solicitar la residencia permanente antes de mayo de 2025, cuando se publicaron las primeras propuestas. El Gobierno asegura a la BBC que, según el plan inicial de hace un año, casi 800.000 personas habrían tenido que esperar más para su permiso de residencia. Ahora serán unas 517.000 por las excepciones sobre todo para los trabajadores sanitarios.

Quienes lleguen como refugiados al Reino Unido tendrán que esperar 20 años para pedir el permiso de residencia permanente salvo circunstancias especiales. Quienes hayan entrado sin documentación y hayan logrado regularizar después su situación para quedarse en el país, tendrán que esperar 30.

La residencia permanente ofrece la posibilidad de vivir, estudiar y trabajar sin las restricciones habituales de un visado, y también facilita el acceso a la educación gratuita, prestaciones de desempleo y ayudas sociales, como la vivienda pública. Según la ministra, se trata de reformar el sistema para que sea “justo”.

Críticas a Mahmood

Algunos de los actuales miembros del Gobierno han criticado los planes de Mahmood en los últimos meses. La ministra de Energía, Miatta Fahnbulleh, dijo este septiembre que los planes de Interior habrían sido “difíciles” para su propia familia. Sus padres huyeron de Liberia al Reino Unido en los años 80. Los progenitores de la ministra Mahmood también son migrantes, en su caso de Pakistán.  

Sectores clave para el país como la sanidad, los cuidados y transporte siguen adoleciendo de falta de trabajadores, agudizada desde la salida del Reino Unido de la UE en 2020. Entretanto, el Servicio Público de Salud ha reclutado a trabajadores de fuera de Europa, pero siguen siendo insuficientes.

Mientras tanto, la migración neta, la diferencia entre las personas que llegan al país y las que se van, sigue cayendo. Los datos oficiales indican que fueron unas 171.000 personas en 2025, cerca de la mitad que el año anterior. El número de solicitantes de asilo fue de unas 93.000 personas entre marzo de 2025 y marzo de 2026, un 12% menos que en el mismo periodo del año anterior, pero el doble que antes de 2020.

Según las estimaciones del Instituto de Investigación de Políticas Públicas, un centro de estudios y organización sin ánimo de lucro de inclinación progresista, la contribución fiscal neta de los trabajadores migrantes en el Reino Unido que se espera obtengan el permiso de residencia permanente con sus familiares de aquí a 2030 ronda los 137.000 millones de euros.

“Huecos en la economía”

El primer ministro, Andy Burnham, dice ahora que hay que considerar que la migración legal compensa “huecos en la economía” por la falta de trabajadores. 

El laborista defiende ahora reabrir el debate de la libre circulación de personas con la Unión Europea que, cree, servía mejor a su país cuando los europeos entraban sin barreras y se quedaban menos tiempo para trabajar de camareros o transportistas, en algunos casos mientras aprendían inglés. “La migración y la migración ilegal han cambiado mucho con el Brexit y tenemos que ser sinceros sobre esto”, dijo. 

La versión más suave de las propuestas iniciales del Gobierno no ha aplacado las críticas de ningún lado. El Partido Conservador, que se ha ido más a la derecha por la influencia de Reform, el partido de ultraderecha, acusó a Mahmood de rendirse a la izquierda de su partido. Pero los críticos de estas políticas restrictivas con los trabajadores que han entrado al país de manera legal siguiendo todos los requisitos también atacaron el nuevo plan.

“Ahora van a aplicar una versión de la política que ya no tiene ningún sentido ni económico ni político porque creo que se han dado cuenta de que intentar copiar a Reform es una estrategia perdedora”, dice Jonathan Portes, economista experto en inmigración del King’s College de Londres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Gobierno trabaja para que las plazas temporales habilitadas tras la crisis migratoria en Ceuta se vayan desmontando, algo que esperan “tan pronto como sea posible”. Durante su intervención este lunes en Barcelona en el foro World in Progress (WIP) de Prisa, Saiz ha afirmado que desmontar estas plazas extraordinarias “será una señal muy importante” de que vuelve la normalidad en Ceuta meses después de la entrada masiva de migrantes.

Saiz ha reivindicado que, tras la crisis, se pasó de 500 plazas de acogida temporal a las más de 7.500 actuales, que se irán desmontando porque gran parte de los expedientes de retorno ya no deben concluirse, porque muchos de ellos ya han vuelto a Marruecos.

“Hay una importante cifra de retornos a Marruecos de en torno a 13.000 personas. Esos son expedientes que ya no tienen que concluirse porque se han producido esos retornos”, y ha destacado la colaboración con las entidades sociales que han gestionado estos centros de acogida.

La portavoz del Ejecutivo ha defendido la respuesta del Gobierno en Ceuta ante los que querían una respuesta desde el odio: “El gobierno de España, la respuesta que ha dado desde el primer momento, la ha dado desde algo tan elemental como la legalidad, por supuesto, pero también la humanidad”

Cuando el pasado 18 de octubre Mohammed (nombre ficticio) subió al autobús después del desalojo de las naves del Tarajal, pensó que podría acceder a un centro de menores. Sin embargo, el chico de 17 años terminó de nuevo en la calle, esta vez sin su tienda de campaña ni las mantas con las que se protegía del frío. Diez días después ha conseguido entrar en un recurso de acogida. No todos los menores desalojados han tenido la misma suerte. 

Vivía en las naves del Tarajal desde finales de septiembre. Fue uno de los jóvenes que se trasladaron a este punto de Ceuta tras el desalojo de la playa de Benítez y en búsqueda de un lugar más seguro. Aunque entró a Ceuta el pasado 30 de julio acompañado de otros amigos de su misma edad, todos han vuelto a Marruecos. “La vida es cada vez más difícil”, contaba a este medio la semana pasada.

“Pensábamos que nos iban a registrar en la comisaría para entrar en el centro de menores. A algunos sí que los han registrado, a otros no”, explicaba. Mohammed dejó allí su tienda de campaña, las mantas que le refugiaban del frío y la ropa de abrigo. Tras el operativo de la Policía Nacional y de limpieza, se quedó sin esas pertenencias. Varios días después de aquel desalojo, lo único que lo cobijaba de la lluvia, el frío y el viento era una sudadera negra con capucha que no se quitaba ni siquiera cuando había algunos rayos de sol. 

Mohammed llevaba cuatro noches durmiendo en los alrededores de la Jefatura de Policía, en la Dirección General de la Policía en Ceuta. Primero, en la acera de enfrente del lugar donde, durante las últimas semanas, se ha filiado a muchos de los menores que actualmente se encuentran en recursos de acogida. La noche siguiente, algo más abajo, y, la tercera noche, en la propia playa de la Ribera. A todos estos días de incertidumbre los han acompañado las lluvias y el frío. “El primer día me mojé la ropa y ha tardado mucho en secar. Por las noches hace mucho viento y frío. Cada vez es más difícil dormir”, insistía. 

El 20 de octubre, Mohammed y el resto de los menores que pernoctaban en las puertas de uno de los comercios del centro de Ceuta fueron obligados a abandonar el lugar. Agentes de la Policía Nacional los trasladaron inicialmente a una calle cercana, pero las quejas de varios vecinos provocaron nuevos enfrentamientos y un segundo desalojo hacia un espacio más alejado de la comisaría. Durante este último desplazamiento se produjeron varias cargas policiales. Mohammed fue uno de los afectados.

“No tenemos donde dormir, nos pegan”

Ese mismo día acudió al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta acompañado por un profesional de Médicos del Mundo. Según recoge el informe médico al que ha tenido acceso elDiario.es, el menor manifestó que “ha sido agredido por la Policía Nacional dándole con una porra en la frente”. Mohammed, además, señaló que llevaba varios días con fiebre. El hospital emitió también un parte judicial, consultado por este medio, en el que figura “agresión” y se recoge que los hechos habrían ocurrido en la puerta de la policía. Mohammed recibió el alta médica esa misma noche y volvió a dormir en la calle, sin un refugio seguro. “Nadie nos quiere aquí. No tenemos donde dormir, nos pegan, no nos dejan entrar en los centros. ¿Qué hacemos?”, se preguntaba. 

Ayoub (nombre ficticio), otro de los menores de 17 años que estaba con Mohammed durante el desalojo el pasado 18 de octubre, también tuvo que acudir al Hospital Universitario de Ceuta. Según el parte judicial, al que también ha tenido acceso elDiario.es, se hace referencia a “una agresión con violencia afuera de la policía”. Ayoub también volvió a la calle. Un día después, sujetaba el papel del parte y, en la parte de atrás, dejaba ver un cartel que ponía: ‘Soy menor’. Aquella mañana seguía en los alrededores de la comisaría. “¿Por qué los mayores entraron en las carpas, allí en el Puerto, y nosotros no? Somos menores”, insistía. 

Tras los desplazamientos policiales del 20 de octubre, durante los cuales Mohammed y Ayoub denunciaron agresiones que los llevaron a recibir atención hospitalaria, ambos jóvenes, junto con otros integrantes del grupo, terminaron desplazándose a una zona todavía más alejada de la comisaría. “Nos hemos bajado aquí, a la playa, porque no quieren que estemos cerca de las calles. Vamos a dormir aquí esta noche y mañana lo volveremos a intentar”, contaba Bashir (nombre ficticio), uno de ellos, desde la playa de la Ribera. 

Tengo una cama y un lugar caliente donde dormir. Las noches son cada vez más fría. Ahora voy a descansar

Mohammed — 17 años

Esa noche, el viento de poniente sopló durante horas y se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Los jóvenes, de entre 16 y 17 años, intentaban protegerse del frío envueltos en algunas mantas que les habían proporcionado las organizaciones que trabajan en Ceuta. Otros aseguran haber caminado hasta las barriadas de El Príncipe o Los Rosales para recoger provisiones. 

A la mañana siguiente, Brahim (nombre ficticio) temblaba. Su rostro, marcado por las ojeras de una noche en vela, parecía consumido por el cansancio. Los primeros rayos de sol de la mañana del miércoles no eran todavía suficientes para calentar su cuerpo. Brahim tiene 16 años, a punto de cumplir los 17, y se enroscaba en un edredón de felpa mientras avanzaba por la parte inferior del paseo marítimo de la playa de la Ribera. Antes de llegar a comisaría, guardó el edredón en una bolsa de plástico y se sentó en el suelo, apoyado sobre la pared, mirando al sol. Seguía tiritando.

A lo largo de la mañana, los jóvenes que unos días antes fueron desalojados del Tarajal, retomaban los cánticos y vítores que lideraban también los grupos de menores en la playa del Trampolín. “Queremos centro de menores”, gritaban. Delante, un grupo de policías vigilaba la zona. “Centro de menores, centro de menores”, insistían. Algunos de ellos, junto a un cartel que reclamaba sus derechos, participaban en una pequeña y breve manifestación por el paseo del Revellín. 

Antes de la protesta, la Policía Nacional insistía a los jóvenes con un “aquí no podéis estar, hoy no vais a poder entrar”. Uno de ellos, cansado de dormir varias noches por la zona y tras haber perdido todas sus pertenencias, denunció: “¿Otra vez? Nos decís mañana y mañana nunca hay nada. Mañana, mañana y mañana”.

“Os olvidasteis de nosotros”

Diez días después del desalojo de las naves del Tarajal, Mohammed consiguió acceder a un recurso de acogida. El pasado lunes 26 de octubre, tras esperar mañana y noche junto a los grupos de menores que entraban a filiarse, pudo ser registrado. Ahora duerme bajo un techo metalizado en uno de los centros que hay dentro de las propias naves del Tarajal, cerca de donde estaba su asentamiento improvisado. “Tengo una cama y un lugar caliente donde dormir. Las noches son cada vez más frías”, explica a este medio. “Ahora voy a descansar”, añade.

Ayoub no ha tenido la misma suerte. Continúa en una calle que es cada noche más fría. Igual que Hamza (nombre ficticio), otro menor marroquí de 17 años, que también sigue durmiendo a la intemperie. Ahora teme que los nuevos operativos policiales en barrios como Los Rosales, El Príncipe y otros puntos de Ceuta, terminen por devolverle a Marruecos. En los últimos días, la Policía Nacional ha desplegado dispositivos para localizar a personas que aún no han sido filiadas y trasladarlas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Amin (nombre ficticio), otro adolescente que también había vivido en la calle consiguió acceder a un centro de acogida la tarde del martes 27 de octubre. Antes había creado una cuenta de Instagram, para visibilizar las condiciones en las que seguían viviendo sus amigos. “Os olvidasteis de nosotros”, dice. Aunque él ya está acogido, explica que continuará visitando a sus compañeros que siguen frente a la comisaría o en otros puntos de la ciudad, documentando su situación y publicando vídeos para que no caiga en el olvido. 

Preguntado por elDiario.es sobre la situación de los menores que permanecen en las calles tras los desalojos del Tarajal, el Ministerio del Interior asegura que los chavales no vuelven a la calle una vez filiados. Siempre se les deriva a la ciudad autónoma o a recursos de acogida. Sin embargo, esta respuesta no aborda la situación de los jóvenes que todavía no han completado el procedimiento de filiación y que, pese a haber sido trasladados a dependencias policiales, no han accedido a ellas y han terminado nuevamente a la intemperie. 

Sobre la falta de atención a estos menores, Interior atribuye la responsabilidad de su protección a la Ciudad Autónoma. Según explican, durante los desalojos realizados en zonas como El Trampolín, Benítez o El Guano “siempre ha habido una comunicación necesaria y precisa” con la administración ceutí para que pudiera hacerse cargo de los menores localizados. El departamento sostiene, además, que el Gobierno central ha asumido labores de atención que no le correspondían ante la falta de respuesta de la Ciudad Autónoma. 

Sin embargo, Interior no ha aclarado si antes de ejecutar los desalojos se comprueba que existen suficientes plazas de acogida ni por qué los menores que todavía no han sido filiados terminan nuevamente en la calle, sin un lugar en el que refugiarse. 

La crisis migratoria de Ceuta y el giro político en Europa para endurecer las medidas contra la inmigración han llevado a la Comisión Europea a reforzar el papel de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con el objetivo de darle más protagonismo para expulsar a inmigrantes y consolidar la iniciativa de los centros de deportación en terceros países. Bruselas quiere ampliar este cuerpo hasta los 30.000 agentes e implantar una fuerza de reacción rápida con 17.000 agentes para intervenir en situaciones de crisis, como la ocurrida en la ciudad española los días 30 y 31 de julio. La iniciativa más polémica es que se otorgaría a estos agentes mayor capacidad operativa para organizar y ejecutar operaciones de retorno en terceros países, es decir, podrían trasladar a otros países a los emigrantes que han sido enviados a los centros de deportación que se pretende implantar en países no europeos.

“Frontex desempeñará un papel más importante en el ámbito de retornos. Debemos ser muy claros al respecto. Creo que nuestra política migratoria en su conjunto solo será creíble si la aplicamos efectivamente. Proponemos convertir a Frontex en el actor central de la UE en materia de retornos. Frontex será responsable de prestar apoyo en todas las fases del proceso, de principio a fin: desde la planificación estratégica hasta la realización de retornos más eficientes”, ha comentado el comisario de Migraciones, Magnus Brunner.

Para lograr este objetivo se va a crear el Centro de Coordinación de Retornos. Este es uno de los elementos clave para “convertir a Frontex en el brazo operativo de la UE” en materia de expulsiones de inmigrantes. “Permitirá a la Agencia coordinar y organizar de forma proactiva los retornos en toda la UE”, atendiendo siempre a las necesidades de los Estados miembros en lo que respecta a estas operaciones“, según informa la Comisión.

Los Estados miembros se verán obligados a informar cada año a Frontex, antes del 1 de noviembre, de su planificación indicativa en materia de expulsiones y de las necesidades de asistencia por parte de la Agencia. La idea es conseguir “maximizar la eficiencia” de expulsiones y que no haya países que se relajen en sus políticas contra la inmigración irregular con el argumento de “favorecer una aplicación coherente del sistema europeo común de retornos”.

Hasta ahora Frontex prestaba asistencia técnica a terceros países, principalmente mediante formación y desarrollo de capacidades. La propuesta de Bruselas permitiría que Frontex también organice y ejecute retornos, no solo desde estados miembros de la Unión Europea, sino también desde países no pertenecientes a la UE hacia otros países no pertenecientes a la UE. La UE ha aprobado la creación de este tipo de centros de deportación en terceros países, aunque cuenta con numerosas dudas legales y hay países como España que se han opuesto a su creación.

La Comisión admite que esta nueva competencia obligaría a adoptar un acuerdo específico a escala europea, aunque con la presión política por la inmigración que recorre Europa hay pocas dudas en las instituciones europeas de que saldrá adelante.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen ha pretendido dar una pátina política a la decisión de fortalecer a Frontex como organismo para las expulsiones de emigrantes. “Debemos dejar claro que la base de todo lo que tenemos en la Unión Europea son la libertad y la democracia. Necesitamos una protección más sólida de las fronteras. Recuerden lo que ocurría hace diez años, cuando hablábamos de la extrema derecha y de su auge. No teníamos normas, ni un sistema, ni control sobre lo que estaba sucediendo. La situación estaba sometiendo a una enorme presión a todo el sistema y a los sistemas de seguridad y eso alimentaba a la extrema derecha. Por eso queremos recuperar el control. Por primera vez tenemos un enfoque europeo común, ningún Estado miembro puede hacer frente por sí solo al problema de la migración irregular”.

Por su parte, Brunner ha subrayado que “el marco de protección de los derechos fundamentales de Frontex es uno de los más sólidos de todas las agencias de la UE y seguirá siéndolo tras esta revisión”.

Fuerza de Reacción Rápida

Respecto a la nueva Fuerza de Reacción Rápida, la idea es que Frontex pueda prestar apoyo de inmediato —por ejemplo, en un plazo de 24 horas— cuando un Estado miembro solicite su despliegue. Estos agentes “estarán preparados de forma permanente y podrán desplegarse con poca antelación para responder a necesidades operativas urgentes e imprevistas en las fronteras exteriores de la UE, así como en terceros países en los que Frontex lleve a cabo operaciones”.

Según la Comisión, la Fuerza de Reacción Rápida se desplegará por decisión del director ejecutivo de Frontex, previa solicitud de un Estado miembro, “durante un periodo limitado de un máximo de un mes”, aunque si la situación de crisis se prolonga, “podrá activarse una operación conjunta o una intervención fronteriza rápida”.

30.000 agentes y duplicar su presupuesto

Este nuevo papel de Frontex exige un fuerte incremento de plantilla. Actualmente, cuenta con casi 3.000 empleados en el Cuerpo Permanente, aunque ya estaba planificado que alcanzará los 10.000 agentes a finales de 2027.

Con las nuevas atribuciones, la Comisión duplicará gradualmente la plantilla propia de Frontex hasta alcanzar los 6.000 efectivos y se creará una nueva Reserva Europea de Fronteras y Retornos, que contará con 17.000 agentes. A estos efectivos se sumarán, como tercer componente, los 7.000 agentes destinados por los Estados miembros a la agencia.

Frontex tiene asignado actualmente un presupuesto de casi 6.000 millones de euros para el periodo correspondiente a 2021-2027. Con el incremento de personal y objetivos para el próximo presupuesto plurianual del periodo 2028-2034, el presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se duplica hasta los 11.800 millones de euros.

También vigilará las redes sociales

Ante los “recientes intentos de desestabilizar las fronteras exteriores”, la UE también va a darle al servicio europeo de fronteras competencias en la vigilancia del entorno digital. En este sentido, se va a crear un nuevo Centro de Vigilancia y Respuesta en Línea.

Así, Frontex tendrá competencias jurídicas para actuar cuando detecte contenidos ilegales. Para ello, podrá enviar notificaciones a las plataformas y, si la autoridad nacional competente la designa como tal, actuar como alertador fiable (trusted flagger) en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). También podrá solicitar a las autoridades competentes de un Estado miembro que ordenen a una plataforma facilitar información o actuar contra contenidos ilegales.

La Audiencia Nacional acordó el lunes que Yaseen, un ciudadano yemení al que España había denegado la protección internacional, permaneciera en territorio español mientras se resolvía el recurso presentado contra esa decisión. Sin embargo, ese mismo día fue devuelto a Marruecos junto con otro compatriota cuya solicitud de asilo también había sido rechazada, tras un operativo de la Policía Nacional en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

El Ministerio del Interior ahora sostiene que la devolución se produjo antes de conocer la resolución judicial y anuncia que permitirá su regreso a España para cumplirla. 

La devolución se produjo cuando Yaseen ya había recurrido judicialmente la denegación de su solicitud de asilo. La abogada de la Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández Vicens, había presentado un recurso ante la Audiencia Nacional y solicitado una medida cautelarísima para suspender su retorno. En un auto del 26 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo apreció la especial urgencia del caso y acordó otorgar la medida solicitada, consistente en “permanecer en territorio español hasta que se resuelva el presente recurso”, evitando así la ejecución de su devolución. 

La resolución no suponía el reconocimiento del derecho de asilo, sino una medida para garantizar su permanencia en España mientras se examinaba el recurso contra la decisión del Ministerio del Interior. El tribunal recordaba, además, la obligación de respetar el principio de no devolución, que protege a las personas frente al retorno a territorios donde puedan sufrir persecución o daños graves. Preguntado por elDiario.es, Interior sostiene que “la devolución fue por la mañana y la resolución llegó por la tarde”.

Además, Interior asegura que contactará con la representación legal de Yaseen para comunicarle que puede presentarse en el puesto fronterizo y que se le permitirá entrar en España. Si la abogada no consigue contactar con él, el Ministerio solicitará a la Embajada de España en Marruecos, a través de la Agregaduría de Interior, que realice las gestiones necesarias para localizarlo. 

“No sé adónde ir”

Yaseen terminó el mismo lunes en Marruecos, donde todavía permanece. Horas después de la expulsión, desde la provincia de Youssoufia, contactó con elDiario.es para denunciar las circunstancias en las que había sido trasladado. “Ahora estoy aquí sin refugio y no sé a dónde ir”, explica. Según su testimonio, ambos ciudadanos yemeníes fueron conducidos por la fuerza hasta la frontera, donde asegura que los sacaron esposados “por detrás de la valla española”. Asegura que, una vez en territorio marroquí, fueron trasladados en autobús por las autoridades del país vecino. “Todas nuestras pertenencias se quedaron allí, en el CETI”, denuncia. 

El ciudadano yemení asegura también que los agentes españoles rompieron los documentos que llevaba consigo relacionados con su solicitud de asilo. Según explica, ocurrió cuando intentaba advertirles sobre su situación: “Cuando dijimos que tenemos abogada, nos agarraron y nos pegaron con fuerza. Luego les di los papeles que demuestran mi situación con el asilo y rompieron el expediente”, relata en conversación con este periódico. Interior rechaza que se produjeran estas situaciones. 

Seis días antes de su devolución, Yaseen ya había relatado a este medio las dificultades que había atravesado para llegar a España y los motivos por los que temía regresar a Marruecos. Llegó al país vecino en 2025, procedente de Omán y con un visado. Permaneció siete meses en Castillejos, la localidad marroquí fronteriza con Ceuta, desde donde intentó cruzar hacia territorio español hasta en ocho ocasiones, todas ellas frustradas por la gendarmería marroquí.

Su familia continúa en Yemen, donde, según explica, sigue expuesta a los peligros del conflicto. Sin embargo, tampoco consideraba que Marruecos fuera una alternativa segura. “Marruecos no es un país seguro, en absoluto”, denunciaban Yaseen, Mahmood y otros solicitantes yemeníes durante las conversaciones mantenidas con elDiario.es antes de que se ejecutara la devolución de Yaseen. 

Durante su estancia en el país vecino, los entrevistados aseguran haber sufrido situaciones de precariedad, racismo y agresiones policiales. Algunos también cuentan que intentaron solicitar protección internacional, pero encontraron dificultades para acceder al procedimiento. “Vuelve a tu país”, recuerda uno de ellos que le dijeron durante su paso por territorio marroquí. 

Los solicitantes, tanto aquellos que todavía esperan una resolución como los que han recibido una denegación (y en el caso de Yaseen, una deportación), cuestionan que las autoridades españolas hayan dado más importancia a su estancia previa en Marruecos que a los motivos que los llevaron a abandonar Yemen. “Durante el procedimiento nos dijeron que nos olvidáramos de la situación en Yemen [a pesar de que son nacionales yemeníes] y que, aunque saben que no es un país seguro, tenemos que hacer el procedimiento en Marruecos”, explicaba Yaseen.

“Han cambiado toda la historia”

Otro de los principales reproches de los yemeníes se refiere a las entrevistas realizadas durante el procedimiento de asilo. Varios denuncian que los intérpretes hablaban dariya, el dialecto de árabe utilizado en Marruecos, y que no siempre comprendían correctamente el árabe estándar utilizado por los solicitantes. “Han traducido cosas que no son reales. Han cambiado toda la historia”, denunciaba Yaseen durante una entrevista con este medio. 

Otro solicitante asegura que en la transcripción de su entrevista quedó recogido un recorrido migratorio según el cual había viajado caminando desde Yemen hasta Egipto, algo que considera “logísticamente imposible”. Los entrevistados temen que estos problemas de interpretación hayan condicionado la valoración de sus solicitudes de protección internacional, al no reflejar correctamente sus experiencias, motivos de huida y circunstancias en el país de origen. Al conocer la noticia sobre la expulsión de Yaseen y otros compañeros a Marruecos, Bashir, también de origen yemení, y que todavía permanece en el CETI, no puede contener su nerviosismo. “Estamos atrapados”, asegura. 

Hui de Yemen después de que los hutíes emitieran una orden para perseguirme y encarcelarme bajo la acusación de negarme a ser reclutado por ellos

Mahmood — solicitante de asilo

Las denegaciones de las solicitudes de asilo afectan a varios ciudadanos yemeníes que llegaron a Ceuta a finales de julio. Entre ellos se encuentra Mahmood, quien descubrió el pasado 9 de octubre a través del Boletín Oficial del Estado que España le había denegado el asilo. “No tengo ningún documento, nos enteramos a través de la página web. Mi número de expediente aparecía rechazado”, explicaba a este medio. 

Mahmood llegó a la ciudad autónoma el 29 de julio, antes de los días del cruce masivo, después de atravesar Sudán (a donde voló hace unos años desde Yemen), Libia, Argelia, Mauritania y Marruecos. Originario de la gobernación yemení de Ibb, asegura que abandonó su país por las amenazas de los hutíes. “Hui de Yemen después de que los hutíes emitieran una orden para perseguirme y encarcelarme bajo la acusación de negarme a ser reclutado por ellos”, cuenta. Su oposición, añade, no se limitó a rechazar su incorporación a las milicias: “Aconsejé a la gente que no se alistara forzosamente y a salir de las zonas controladas por los rebeldes hutíes”. 

El trayecto hasta alcanzar territorio español estuvo marcado por las dificultades del camino en sí. “Cuando entré en Argelia pasé los días más difíciles de mi vida. Estuve a punto de morir”, recuerda. En Marruecos permaneció un mes y veinte días, durante parte de los cuales asegura que dormía cada noche en un lugar diferente. 

Su paso por Marruecos, sin embargo, se convirtió, según su testimonio, en uno de los argumentos utilizados por las autoridades españolas para justificar la denegación del asilo. “Dijeron que había dos razones. La primera es que la gobernación yemení de Ibb, de cuyas zonas rurales provengo, es segura. La segunda razón que dieron fue que antes estábamos en Marruecos, que también es un país seguro”, explica. 

Las denegaciones también han suscitado objeciones jurídicas. La abogada Patricia Fernández Vicens, que ha examinado varios de los expedientes, cuestiona el tratamiento de Marruecos como país seguro para los solicitantes y la valoración de los riesgos que afrontaría si fueran devueltos. La letrada advierte de la necesidad de distinguir entre un país de origen seguro y un tercer país seguro, dos conceptos diferentes en la normativa europea de asilo. 

La devolución de Yaseen se produce en un contexto en el que distintas organizaciones sociales, como Elín, han denunciado durante las últimas semanas entregas a Marruecos de personas procedentes de países en conflicto, como Sudán, y han alertado de posibles restricciones en el acceso a la protección internacional. 

Aunque Interior anuncia ahora que permitirá su entrada para cumplir la resolución judicial, no ha concretado cómo se facilitará el desplazamiento de Yaseen hasta el puesto fronterizo ni cuándo podrá regresar a Ceuta. 

“Si dejo de contestar, es que estoy en manos de la policía”. El mensaje lo ha enviado este lunes Ibrahim (nombre ficticio), un joven senegalés que permanece en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Su solicitud de asilo fue rechazada y teme que, en cualquier momento, los agentes entren en el centro para llevárselo. “Anoche volvieron a llamar nuestros nombres y creo que nos van a devolver a Marruecos. Yo no puedo volver a Marruecos, no es seguro para mí”, relata a este medio.

La Policía Nacional ha desplegado durante la mañana de este lunes, 26 de octubre, un operativo dentro y en los alrededores del CETI para localizar a personas migrantes susceptibles de ser devueltas a Marruecos, principalmente aquellas cuyas solicitudes de protección internacional han sido denegadas. El dispositivo ha contado con agentes de las unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), además de varios autobuses destinados al traslado de los interceptados hasta la frontera del Tarajal. La presencia policial ha levantado el nerviosismo de las personas que todavía estaban dentro del CETI acompañados de gritos de “¡Marruecos, no!”.

Según Europa Press, el operativo contemplaba inicialmente la salida forzosa de unas 70 personas del centro, aunque finalmente solamente alrededor de una docena han sido trasladadas a la frontera con Marruecos, sin informaciones todavía sobre su paradero.

La Oficina de Asilo confunde el concepto de Marruecos como país seguro con el de tercer país seguro. La Unión Europea ha designado Marruecos un país seguro para sus nacionales, pero no para el resto de las nacionalidades

Patricia Fernández — abogada

Por otro lado, y según la información recabada por este medio, entre las personas sacadas este lunes del CETI también había solicitantes de asilo que habían presentado recursos contra las resoluciones desfavorables y que todavía esperaban una respuesta. Su traslado, como denuncian organizaciones como la asociación Elin, plantea interrogantes sobre las garantías jurídicas aplicadas durante el operativo y sobre la posibilidad de que algunas devoluciones se hayan ejecutado sin que se haya resuelto su situación judicial.

En términos generales y respecto a la gestión general de las solicitudes de asilo en Ceuta, la abogada Patricia Fernández Vicens denuncia “una rebaja de las garantías en el triaje y en el estudio de las solicitudes de asilo” que, según sostiene, impide valorar adecuadamente cada caso. “La Policía Nacional está deteniendo a solicitantes de asilo que tienen derecho de permanencia, bien porque todavía no han formalizado su solicitud o porque están pendiente de una decisión sobre medidas cautelares”, advierte.

La letrada también alerta de que, en algunas resoluciones, “la Oficina de Asilo confunde el concepto de Marruecos como país seguro con el de tercer país seguro. La Unión Europea ha designado Marruecos un país seguro para sus nacionales, pero no para el resto de las nacionalidades”.

La aceleración de los expedientes anunciada por Interior

Diez días antes del operativo, el pasado 16 de octubre, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, había anunciado que el Gobierno estaba preparado para “intensificar la formalización y resolución tanto de los expedientes de devolución como de las solicitudes de protección internacional”. El ministro explicó entonces que la entrada en funcionamiento del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional y la activación de nuevos módulos policiales permitirían “incoar y formalizar hasta 100 expedientes diarios tanto de devolución como de protección internacional”.

Marlaska también adelantó las consecuencias que tendría esta aceleración administrativa: “Estoy convencido de que en las próximas semanas también se van a incrementar sustancialmente las resoluciones de los expedientes de protección internacional y la devolución de aquellos cuya pretensión haya sido desestimada”.

El despliegue policial de este lunes en el CETI se produce en el contexto de esa intensificación de los procedimientos, anunciada por Interior diez días antes. Sin embargo, organizaciones como Elín insisten en que lugares como el CETI son “un centro de acogida en el que no se deben de realizar estos procedimientos”, en referencia al propio despliegue.

Citas adelantadas y miedo a las denegaciones

La aceleración de los procedimientos también está afectando a quienes todavía no han formalizado sus solicitudes de protección internacional. Fuentes policiales confirman que se ha acelerado la tramitación de las peticiones de asilo, tras el refuerzo del Ministerio del Interior a esta área durante las últimas semanas. Ese impulso ha provocado que la Policía Nacional haya adelantado muchas de las citas programadas.

Hamza (nombre ficticio) tenía su cita de asilo prevista para principios de diciembre. “Me han dicho en el centro que todo se va a adelantar, ahora quieren correr. Y tengo la entrevista en los próximos días”, decía el hombre, temeroso de que fuese una “trampa” y supusiese su retorno a Marruecos antes de la formalización de su petición de protección.

Mi solicitud de asilo también ha sido rechazada, como la de otros tantos senegaleses. Nuestros abogados dicen que van a presentar recursos, pero hay abogados que ni siquiera nos responden. Si Marruecos acepta recibir subsaharianos, el siguiente seré yo

Abdoulaye

Lo mismo le ocurrió a Khalid. El joven marroquí cuenta temeroso la razón que le empuja a pedir asilo: “Soy homosexual”, dijo a este medio, casi sin atreverse a formular las palabras, con miedo a que alguien le escuchase. Está acogido en un centro que carece de atención especializada al colectivo LGTBI, pese al riesgo de violencia que sufren estas personas en Marruecos.

Él estaba tranquilo porque tenía su cita para mediados de noviembre y estaba en busca de una abogada especializada que pudiese acompañarle el día de la formalización de la solicitud. Pero en Ceuta todo parece improvisado, y de repente el personal del centro de acogida le anunció que se la adelantaban: “Ahora dicen que tengo que hacerlo ya. Están denegando a todo el mundo. Yo tengo razones y tengo mucho miedo”, reconoce.

“El siguiente seré yo”

“Mi solicitud de asilo también ha sido rechazada, como la de otros tantos senegaleses. Nuestros abogados dicen que van a presentar recursos, pero hay abogados que ni siquiera nos responden”, explica Abdoulaye (nombre ficticio), que esta mañana temía ser interceptado por la Policía en el CETI. “Si Marruecos acepta recibir subsaharianos, el siguiente seré yo y algunos de mis compatriotas”, añade.

Entre otros residentes del CETI que también temen las consecuencias se encuentra Khaled (nombre ficticio) que llegó a Ceuta a finales de julio y que todavía espera la resolución de su solicitud de protección internacional. Esta mañana, mientras observaba lo que ocurría en el CETI, se preguntaba “¿qué puedo hacer para evitar que me trasladen? Necesito el asilo. No puedo volver a Marruecos, tampoco a Yemen”.

El miedo se ha extendido entre todos los que llevan casi tres meses en Ceuta sin noticias ni respuestas. Otro joven senegalés describe el deterioro de las condiciones emocionales de los residentes del CETI ante la incertidumbre sobre su futuro: “Aquí estamos todos estresados. Ya no comemos bien ni dormimos por las noches por nuestra situación. Es realmente lamentable”, explica.

Un grupo de 16 solicitantes de asilo de distintas nacionalidades (Senegal, Costa de Marfil, Togo, Níger y Yemen, entre ellas) fue trasladado este viernes por la Policía Nacional desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta a la frontera del Tarajal para proceder a su expulsión a un país que no es el suyo, Marruecos, tras el rechazo de sus peticiones de protección internacional. Estas personas, sin embargo, continúan atrapadas en el otro lado de la aduana tres días después, sin que las autoridades alauíes permitan su entrada en el país: “Marruecos no nos acepta y la Guardia Civil no nos quiere ver”, dice uno de los senegaleses, bloqueados en la frontera. Fuentes de Interior confirman la expulsión y rechazan que se encuentren en “zona de nadie” sino que defienden que están en “territorio marroquí”, desentendiéndose por el momento del estado en que han quedado los migrantes tras su entrega a los gendarmes alauíes.

“Seguimos en las mismas condiciones. Estamos sufriendo aquí, no conseguimos comer con normalidad. Nos han dejado a un lado sin hacer nada por nosotros”, denuncia Mamadou (nombre fictio) desde la frontera del Tarajal, en el lado marroquí, en un audio enviado al líder de la comunidad senegalesa en Ceuta.

Los hechos han sido denunciados ante el Defensor del Pueblo por parte de la ONG Coordinadora de Barrios en una queja a la que ha tenido acceso elDiario.es. Según el escrito, el viernes 23 de octubre de 2026, hacia las 10:00 horas, agentes de la Policía Nacional acudieron al CETI de Ceuta y se llevaron a varias personas, entre ellas ocho nacionales de Senegal, dos de Costa de Marfil y personas de Togo, Guinea, Níger y otras nacionalidades. A las 18:20 horas de ese mismo día, según el testimonio, las personas seguían en dependencias policiales. Mantenían contacto con sus compatriotas hasta que los agentes les retiraron los teléfonos móviles, detalla.

A partir de ese momento la comunidad perdió el contacto con ellas, pero “uno de los afectados, conservó un teléfono móvil que logró ocultar”. Desde él se comunicó mediante mensajes de audio con el representante de la comunidad senegalesa de Ceuta, a los que ha tenido acceso elDiario.es. Según sus testimonios, tras ser conducidos a dependencias policiales en la ciudad autónoma, “se realizaron trámites, se les tomaron las huellas dactilares y se les ingresó en calabozos”. Durante la noche fueron subidos a vehículos policiales y trasladados hasta la frontera del Tarajal. Allí, incluye la queja, “fueron dejados a unos doscientos metros de la frontera, cerca del mar” en referencia a la puerta ubicada en la valla ceutí, un paso no habilitado.

Posteriormente, detallan, “mostraron a la policía marroquí los documentos que se les habían expedido en España y la acreditación de su estancia en el centro”. Sin embargo, “la policía marroquí no los admitió”, pero al otro lado de la frontera “la policía española tampoco los readmitió”.

Mientras las personas de distintas nacionalidades a la marroquí se quedaron bloqueadas en la aduana, las personas procedentes del país vecino que formaban parte del mismo grupo “fueron recogidas por la policía marroquí”. Agotados tras tres días abandonados en el lado marroquí de la frontera, los senegaleses piden auxilio. “Cuando nos recogieron, nos llevaron a la Policía de Ceuta, hicieron los trámites, nos tomaron las huellas y nos metieron en los calabozos. Por la noche nos subieron a un vehículo en dirección a la frontera. Desde entonces estamos aquí”, relata Mamadou en uno de los mensajes de voz intercambiados con el lider de la comunidad senegalesa en Ceuta, quien ha facilitado a elDiario.es los audios de sus conversaciones con el joven.

Los jóvenes se encuentran en la zona de control marroquí de la aduana, en un área utilizada habitualmente para recibir a las personas que entraron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que ahora regresan a Marruecos, desde donde son trasladadas en autobuses hacia el sur del país. Según el testimonio de uno de los afectados, Mamadou, las autoridades marroquíes no les permiten abandonar el lugar ni desplazarse libremente por el territorio. Este domingo, dos días después del traslado, el joven ha confirmado que siguen allí.

Pese a que Interior asegura que ya había cumplido el plazo para la presentación de los recursos de su denegación de asilo, algunos de ellos denuncian que sí habían presentado recursos contra estas decisiones, según afirma el responsable de la comunidad senegalesa en Ceuta en conversaciones con elDiario.es. En el caso de N.S., la denegación se produjo el 30 de septiembre y el 7 de octubre se interpuso un recurso, según su tetsimonio. El viernes 23 de octubre, más de tres semanas después de recibir la resolución, fue trasladado a la frontera con Marruecos.

Antes de estos hechos, los ocho habían estado alojados en el campamento de Loma Margarita, desde donde fueron trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La mayoría ingresó en el centro a principios de octubre, mientras que al menos uno de ellos llegó el jueves 22 de octubre. A primera hora de la mañana siguiente, el viernes 23, la Policía los despertó y, ese mismo día, los ocho fueron conducidos a dependencias policiales con sus pertenencias.

Una vez en Marruecos, los jóvenes fueron conducidos a una zona próxima a la costa, junto al paso fronterizo del Tarajal. Sin embargo, el procedimiento fue diferente para los ciudadanos subsaharianos que también habían sido trasladados desde Ceuta. Según, Mamadou los agentes marroquíes les preguntaron por qué se encontraban allí con sus documentos y les indicaron que permanecieran a un lado. Mientras tanto, se hacían cargo de los ciudadanos marroquíes que continuaban llegando desde territorio español para su posterior traslado en autobuses.

“Los marroquíes no quisieron recibirnos. Les enseñamos nuestros papeles, los documentos que habíamos recibido en España, pero no quisieron saber nada. No quieren aceptarnos, y los españoles tampoco”, explica el senegalés desde la frontera.

La documentación a la que se refiere incluye las tarjetas identificativas que utilizaban para acceder al campamento de Loma Margarita, donde habían permanecido alojados durante buena parte de su estancia en Ceuta, así como los resguardos de presentación de sus solicitudes de protección internacional. En el grupo de personas trasladadas también hay dos ciudadanos de Costa de Marfil, uno de Togo, uno de Yemen y otro de Níger. Durante el procedimiento, los agentes marroquíes habrían confiscado algunos de los teléfonos móviles.

A primera hora de la mañana, una decena de furgones de la Guardia Civil ha rodeado el edificio donde viven los miembro de la organización No Name Kitchen en Ceuta y la nave donde tienen su base los activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo. Los agentes desplegados han entrado a la fuerza con orden judicial a ambas residencias para registrarlas y los voluntarios han sido “tumbados en el suelo y maniatados” mientras revisaban la vivienda, según una de las organizaciones. Aunque en el registro no se ha producido ninguna detención, horas después han sido detenidos a dos activistas, un hombre y una mujer, en Ceuta y Valencia respectivamente, según confirman fuentes del Instituto Armado en la Ciudad Autónoma. Se les acusa de incitación a la violencia y desórdenes públicos.

“De las actuaciones practicadas hasta el momento resultan indicios que permiten inferir, con el grado de probabilidad exigible en esta fase inicial de la investigación, que en las naves objeto de la solicitud se puden estar desarrollando actividades relacionadas con la tenencia y distribución de instrumentos peligrosos y, eventualmente, sustancias estupefacientes”, sostiene la orden del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fuentes del Instituto Armado confirman el operativo iniciado esta mañana contra estos dos colectivos que, además de repartir comida y realizar curas a migrantes heridos en la ciudad, realizan una función de vigilancia de posibles abusos de las fuerzas de seguridad contra las personas marroquíes que malviven en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio. La operación ha consistido en el registro de las sedes de ambos colectivos, ubicados en la zona de la Almadraba y las naves del Tarajal. Los miembros desplegados de la Policía Judicial buscaban a unos activistas concretos que finalmente no han sido localizados. Supuestamente se les atribuye haber “incitado” a migrantes a actuar de manera “violenta” contra miembros de las fuerzas de seguridad, algo que las ONG niegan.

La ONG No Name Kitchen ha denunciado supuestas “irregularidades” en el procedimiento de registro y considera que el operativo es un “paso más” en una “campaña de criminalización” contra la organización, una de las que más denuncia de manera pública abusos cometidos contra los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad. “Agentes de la Guardia Civil han entrado en el espacio de No Name Kitchen en Ceuta derribando la puerta, sin llamar, y sin ninguna comunicación previa. Los miembros del equipo han sido tumbados en el suelo y maniatados. Son personas voluntarias y defensoras de derechos humanos que realizan labores humanitarias básicas: distribuir comida, curar heridas y ofrecer acompañamiento legal a personas en situación de vulnerabilidad”, han explicado en un comunicado.

“Este registro no es un hecho aislado. Durante los últimos dos meses, la organización ha sufrido difamaciones y bulos sobre un supuesto reparto de sprays de gas pimienta y explosivos. Son acusaciones sin ningún fundamento que ya han quedado sobradamente desmentidas. Hace aproximadamente un mes, además, una patrulla del Ejército bloqueó el acceso a nuestro edificio”, recuerda la organización.

En el auto, el juez señala que un testigo asegura que una persona le entregó supuestamente un cuchillo y otros que alegan que les dieron “aerosoles de pimienta y armas blancas”, lo cual niega la organización.

Los supuestos sprays de gas pimienta que no encuentran

La investigación está en parte relacionada con la supuesta entrega de sprays de gas pimienta a migrantes, algo que no ha sido confirmado y que desde No Name Kitchen califican de “bulo”. Lo que sí quedó grabado es el reparto de este producto por parte del colectivo de corte ultraderechista Revuelta entre mujeres ceutíes el pasado 2 de septiembre.

En el operativo de desalojo de los asentamientos de distintos barrios de la ciudad autónoma desarrollado el domingo pasado, un migrante utilizó un spray de gas pimienta en el autobús custodiado por la Policía Nacional que trasladaba a decenas de marroquíes a la frontera para su supuesto “retorno voluntario”. Aunque la investigación sobre la supuesta incitación a la violencia por parte de las ONG se inició en agosto, fuentes de la Guardia Civil confirman que este último hecho ha acelerado el operativo desarrollado este jueves.

Fuentes policiales dijeron entonces que investigarían a “quienes” habían entregado supuestamente el spray pimienta al migrante, dando por hecho que esa persona no lo había podido conseguir por sus propios medios, como lo hacen muchos vecinos ceutíes que han comprado este tipo de material en una tienda de productos de pesca de la ciudad autónoma. Es habitual encontrar a ciudadanos de Ceuta que portan sprays pimienta en su día a día debido a su percepción de inseguridad tras la crisis migratoria. Los muestran con naturalidad e incluso, algunas de estas personas se los han entregado a sus hijas menores durante sus primeros días de instituto. Este producto, por tanto, se puede conseguir en la ciudad autónoma.

Según No Name Kitchen, “el registro ha presentado graves fallos de procedimiento. No se han explicado los motivos ni los indicios que lo justificaban. No se designaron testigos reconocidos por la organización. Tampoco se entregó un acta del registro ni un inventario firmado de los objetos, incluyendo teléfonos y ordenadores, confiscados. ”No se ha encontrado ningún arma, explosivo ni spray de gas pimienta, porque la organización nunca ha tenido ninguno de estos objetos. En ningún caso se ha dado alojamiento a personas en situación administrativa irregular. Hacerlo no sería ilegal, pero nuestro espacio no tiene capacidad para acoger a nadie sin discriminar a otras personas que también lo necesitan“, resume la organización.

El pasado 15 de septiembre, elDiario.es publicó una de esas informaciones que debería despertar la indignación ciudadana y provocar unas cuantas llamadas entre las altas esferas. En ella, decenas de personas migrantes denunciaban palizas propinadas por militares en Ceuta. Firmado por Gabriela Sánchez, jefa de Desalambre del periódico y especialista en migraciones y derechos humanos, el artículo daba cuenta de diversos episodios en los que, según una veintena de testimonios, distintos grupos de militares golpeaban y humillaban a personas migrantes llegadas a la ciudad con el único objetivo de buscar un futuro mejor.

Fue, a la vez, la culminación a 15 días de investigación y el pistoletazo de salida a unas denuncias que han encontrado eco en organizaciones como Amnistía Internacional pero que, por el momento, ha recibido por parte del Gobierno una respuesta menos que tibia. El pasado lunes, sin ir más lejos, David de la Encina, delegado del Gobierno en Ceuta, emitió un vídeo en el que agradecía el trabajo a las Fuerzas Armadas y decía estar “muy tranquilo y muy seguro” del mismo. Para ese momento, el Gobierno ya sabía que algunas de estas palizas denunciadas obran ya en poder de los tribunales.

Para repasar cómo fueron los acontecimientos, qué se sabe, qué está en duda y qué no se sabe de unas informaciones que pueden cambiar el punto de vista de más de uno sobre quiénes son los agresores y los agredidos en Ceuta, la propia Sánchez ha hablado este miércoles con las socias y socios de elDiario.es en la redacción del periódico en Madrid. La charla, que ha estado moderada por Javier Biosca, jefe de Internacional del periódico, ha servido, en primer lugar, para que la periodista arroje una conclusión: “Se está haciendo la vista gorda. Ceuta son 18 kilómetros cuadrados. Las informaciones que hemos publicado están ahí, y sigue ocurriendo. Si esto se investigara con las mismas ganas que están investigando la entrada de migrantes, a lo mejor ya habría gente imputada y habrían frenado. De momento, que nosotros sepamos, no ha habido una sanción disciplinaria para que pare. Nos llega que continúa”. 

La de Sánchez es algo más que una opinión autorizada. La periodista se trasladó a Ceuta el pasado 1 de septiembre. Ya desde ese primer momento, le llegaron informaciones de que podía haber militares agrediendo a migrantes. Sin embargo, tal y como ha explicado, confirmarlo no era sencillo: podía tratarse de un hecho muy aislado o, simplemente, de acciones más o menos coordinadas de grupos de extrema derecha que visten con ropa militar. Con el paso de los días, sin embargo, la sospecha fue creciendo: “Vi a un niño pequeño diciendo a un militar que, cuando les veía, temblaba, y vi a otro militar contestándole que no, que a los niños no”. No pasó mucho antes de que le llegara la denuncia de migrantes que, según sus propios relatos, fueron obligados a raparse el pelo bajo la amenaza de que, si no lo hacían, serían expulsados de la ciudad: “Era una humillación. Me recordó a métodos del nazismo. Era una tortura. Ahí me di cuenta de que no era cosa de un día”.

Con los días, los episodios se acumularon: un traductor al que hubo que acompañar al hospital con la cara ensangrentada por una paliza y, finalmente, un grupo de legionarios que salieron en coche oficial después de golpear repetidamente en una casa abandonada a otro grupo migrantes: “Ahí mismo nos explicaron cómo había sido. Había menores”.

El silencio del Gobierno

“Ese fue el momento en el que supimos que lo teníamos. Habían pasado 15 días desde las primeras sospechas. Luego, chocamos con el silencio de Defensa hasta que llegaron ayer las palabras del delegado de Gobierno”, ha explicado Biosca. Y eso que no han faltado intentos precisamente por parte del periódico de recoger el punto de vista del Ejecutivo, quien es el responsable último de lo que está pasando en Ceuta: “Hay una falta de transparencia total. No nos han contestado ni una sola vez. Me da pena la conversación con la compañera de prensa porque estoy hablando yo sola. Nos dijeron que no nos iban a responder, aunque yo cumplo con mi obligación y les pregunto siempre antes de publicar. En un principio, Moncloa trasladó la preocupación por los hechos, que iban a investigar. Pero pasaron las semanas y no. Mandamos los vídeos. Volvimos a preguntar y siguen con lo mismo”, ha comentado Sánchez.

Detrás de un silencio tan atronador, una sospecha: como a mediados de septiembre solo lo había sacado elDiario.es, el Gobierno intentó dejarlo correr, que el tiempo hiciera lo suyo para que se olvidara en el trajín informativo diario. La estrategia, sin embargo, no funcionó. Tirando del hilo que elDiario.es tenía ya bien cogido y aprovechando parte de la investigación de Sánchez, Amnistía Internacional hizo sus propias pesquisas sobre el terreno. Su conclusión, emitida en un informe el pasado 30 de septiembre, fue clara: ha habido tortura y trato degradante contra los migrantes en Ceuta por parte de militares. La información coincidía con la de elDiario.es. Detrás de Amnistía llegaron muchos más medios. Ya no había forma de ocultarlo. Aún así, cuenta Sánchez, el Gobierno por ahora está abordando la cuestión arrastrando los pies: “No están siendo proactivos, simplemente han pasado informes. No nos han pedido todo el material que tenemos que no se puede publicar pero a partir del cual podrían investigar”.

¿Quiénes están detrás de las palizas? Por los relatos de las víctimas, Sánchez ha identificado a diversos grupos, entre los que figuran algunos de los cuerpos más reconocibles: legionarios y regulares: “Son los que tenemos más constatados, pero tiene trampa, porque también son los más identificables. Los regulares, por ejemplo, llevan una gorra roja. Hay víctimas que solo te pueden decir que iban de verde, y entonces es imposible especificar más. Y también es verdad que no son todos. Tenemos testimonios de militares que han llevado personas al hospital y que están en contra. Es muy difícil hablar con ellos, pero ves su cara o te deslizan que saben que es algo ilegal”. 

“¿Llamar a una ambulancia? Viva España”

Las denuncias de estas agresiones se están dando en una ciudad, Ceuta, que vive días de ambiente irrespirable. La propia periodista ha sido también víctima de ello: “Tras una manifestación, me acerqué a hablar con personas migrantes a las que habían insultado y empezaron a gritarnos que ojalá nos violen. Lo grabé porque creí que podía evidenciar el odio y el racismo que se está dando, que es el más puro y duro. Hay que decir que la persona con la que estaba hablando, además, era inglés”. Este odio, relata Sánchez, alcanza incluso a los más pequeños: “He notado silencios y miradas. Una señora me acusó de ‘ser de esas que los ayuda’ cuando me vio hablando con un menor cerca de una comisaría. Otro día pedí a un militar que llamara a una ambulancia porque a una persona migrante le estaba dando un ataque de asma y me contestó: ‘Viva España’. La deshumanización es tal que la gente no ve niños donde hay niños. Este es el contexto de esta agresiones”.

La situación se complica cuando se considera que Ceuta es una ciudad militarizada. La labor de las Fuerzas Armadas, ha ahondado Sánchez, está clara. Al menos, ha reflexionado la experta en migraciones, lo está sobre el papel: “La labor de los militares es quedarse parados. Tienen que evitar situaciones de inseguridad. Pero están haciendo eso y están haciendo otras muchas cosas según las denuncias, audios y vídeos que hemos publicado”.

Lejos de detenerse, piensa Sánchez, da la impresión de que los episodios se reproducen: “Pensé que pararía, pero nos han llegado actuaciones de hace apenas unos días. Me tiene muy descolocada, y hay muchas preguntas que habrá que resolver acerca de si hay órdenes genéricas de no hacer cómoda la estancia a los migrantes. Los militares ya deberían saber qué pueden hacer y qué no. No tienen funciones para nada de esto. Lo que hemos documentado es que lo hacen porque sí. Cuando veo que sigue, aumenta más mi preocupación. ¿Nadie les ha dicho que frenen? Hay muchas preguntas que resolver para saber por qué existe esta impunidad”.

Varios migrantes, algunos aparentemente menores, dormían en las calles de la barriada ceutí del Mixto, junto a las Murallas Meriníes, cuando cinco militares se acercan y les exigen que se vayan de allí. En un momento en que han sido desalojados todos los asentamientos improvisados y los migrantes que continúan en situación de calle sin plaza de acogida ya no saben dónde pasar la noche, la mayoría de migrantes, somnolientos, empiezan a recoger las mantas. Uno de ellos no reacciona con la agilidad exigida y es abofeteado en tres ocasiones por dos de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

La escena ha quedado reflejada en un vídeo difundido por vecinos ceutíes, que recoge una nueva agresión de militares a un migrante. En concreto, las imágenes muestran varias bofetadas propinadas con fuerza por parte de dos soldados a un chaval marroquí aparentemente menor que dormía junto a otros compañeros cerca de las Murallas Meriníes, en la barriada ceutí del Mixto.

Los tortazos captados por la grabación se producen en el marco de una intervención de una patrulla perteneciente al Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Según uno de los vecinos que ha difundido el vídeo, los hechos se produjeron durante la noche del lunes al martes. En la actuación, cinco soldados despertaron a varios migrantes, a los que exigen que recojan sus cosas y abandonen la zona. Uno de los uniformados empieza a elevar el tono contra uno de los migrantes que permanece en el suelo, en el lugar donde dormía, se desconoce si por rebeldía o porque aún estaba dormido.

“¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así!”

“Háblame, háblame. ¿No me oyes? ¿No me oyes?”, dice uno de los militares hacia el suelo, donde se encuentra el chaval. Le habla en dariya, el dialecto marroquí. “¿Me está hablando a mí?”, reacciona el chico. “¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo? ¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?”, responde uno de los soldados.

Uno de los militares que habla dariya se dirige a él con cada vez más agresividad debido, según las palabras del uniformado, la supuesta pasividad del chaval. “¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo”, le dice el soldado. El chico se empieza a levantar, pero el uniformado acaba agrediendo al joven por la supuesta manera en la que le miraba: “Mira, no me mires así, con esa mirada. ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así! ¡No me mires!”, le grita antes de soltar la primera bofetada. “Me voy a cagar en tu madre”, añade en dariya.

Después del primer tortazo, el militar vuelve a exigir al chaval que “no le mire” antes de pegarle de nuevo. “No te he hecho nada”, dice el chaval marroquí. “¡Venga, sígueme! ¡Venga, sígueme! ¡Sígueme! No tenéis sangre en las venas, sois unos desganados”, espeta el efectivo de los Regulares. Mientras insisten al migrante en que “si no sabe el árabe” o si “no entiende” al militar que acaba de abofetearle, el agredido insiste: “No he hecho nada, no he hecho nada. No me toques”.

“¡Venga, toma por culo de aquí!”, grita el uniformado, que vuelve a abofetearle. “¡Venga, toma por culo ¡Levántate! ¡Venga, sal de aquí! ¡No me mires! ¡No me mires!”.

Mientras el migrante golpeado ya se aleja del lugar donde se encuentran los solados, el militar continúa: “¡No me mires! ¡Y todavía sigues haciéndote el chulo, ¡Venga, sal de aquí!”, añade al tiempo que el migrante salta un vallado para alejarse de efectivo de las Fuerzas Armadas. “¡No entiendes la libertad, solo entiendes el hogra [humillación, represión]”.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Como parte de este trabajo, este medio también ha verificado y publicados varios vídeos que confirman parte de la violencia que describen las personas entrevistadas.

Previamente, elDiario.es publicó los testimonios de más de una veintena de migrantes, acompañadas de fotos e informes médicos, así como varios casos de menores rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento.

La semana pasada, este medio también reveló una serie de audios en los que puede se escuchar cómo un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones. El Ministerio de Defensa ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía esta investigación.

La abogada Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, explica que en Ceuta se ha utilizado el hambre, la falta de acogida y la violencia contra las personas migrantes como instrumentos de disuasión. Fernández advierte de que la externalización de las fronteras ha permitido a otros Estados utilizar los movimientos migratorios como herramienta de presión política y denuncia la vulneración de derechos fundamentales.

Tras documentar testimonios de agresiones y torturas, la abogada señala la militarización de las calles en Ceuta, la desprotección de miles de menores y las devoluciones a Marruecos por pasos no habilitados. Hablamos con ella en el podcast 'Donde callan las armas' del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas y en elDiario.es.

¿De qué manera las políticas migratorias europeas y españolas son leídas y entendidas por países a los que se cede soberanía para gestionar fronteras y políticas migratorias?

La actual política de externalización de fronteras, que ha sido fomentada por la Unión Europea y asumida por los distintos gobiernos en España, es utilizada por parte de los países que están llamados a gestionar nuestra frontera. Se ha dado la llave de nuestra casa a un vecino o a una vecina, que es quien ahora mismo tiene la responsabilidad y la encomienda de hacerlo a través de una serie de fondos de difícil seguimiento y de escasa transparencia.

Por lo tanto, tenemos un déficit democrático porque no podemos monitorear adecuadamente los fondos, pero también tenemos un déficit de soberanía porque, en realidad, algo que debería ser responsabilidad única del Estado español o de los Estados europeos, si pensamos en el marco de las fronteras europeas, se lo estamos transfiriendo a un tercero.

¿Qué hacen estos terceros, esos países?

En el marco de las relaciones bilaterales con el Estado español o con la Unión Europea, lo utilizan para su propio beneficio. Lo hemos visto muy recientemente con las declaraciones del rey de Marruecos en la apertura del año legislativo en la asamblea de Marruecos: esto forma parte de su propio ejercicio de soberanía.

Cuando esto se hace, además, no sobre una frontera cualquiera, sino sobre la frontera hispano-marroquí –donde hay territorios en disputa y en litigio– la actual política de externalización de fronteras constituye una grieta de seguridad que, lógicamente, es aprovechada por los Estados del sur global en sus relaciones con Europa. No olvidemos que Marruecos no ha cesado en reclamar soberanía sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre parte de las aguas jurisdiccionales canarias.

Con Ceuta hemos normalizado el Ejército en las calles, con soldados de infantería y vehículos blindados

En este marco hemos visto cómo se han dado casos de malos tratos y agresiones muy graves por parte de militares a personas migrantes. Usted misma ha estado muchas veces en Ceuta y Melilla.

Hay una consecuencia muy visible, que parece que no tiene trascendencia, pero que la tendrá en el futuro: se ha normalizado el Ejército en las calles. A las puertas de un comercio o de un supermercado de barrio en Ceuta no hay un vigilante de seguridad, ni un agente de la Policía Local, ni de la Policía Nacional, sino dos soldados de infantería con un vehículo blindado en la puerta.

Ese marco ahonda en la idea de la invasión y penetra de una manera muy importante en el imaginario colectivo de la sociedad ceutí. Se perpetúa un daño real que ha sufrido la sociedad ceutí, que ha vivido con miedo toda esta situación. En ningún caso el Ejército puede tener labores de seguridad ciudadana: no lo permite nuestra legislación ni, desde luego, la Constitución; pero es que además, otra de las variables que nos encontramos es que se otorga una responsabilidad a una institución del Estado que no ha sido formada para ello.

El Ejército no actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad, y tiene material de combate. Esto ha llevado a un incremento de la conflictividad y de las vulneraciones de derechos humanos, si atendemos al testimonio de las víctimas, que nos hablan de agresiones muy graves y muy severas, de una manera muy notoria contra las personas que han llegado recientemente a la ciudad de Ceuta. Hemos visto lesiones gravísimas y hemos visto testimonios que no nos hablan de una mera agresión, sino de torturas, porque se les castiga por el hecho de haber accedido a territorio europeo o a territorio español.

Se ha otorgado al Ejército una responsabilidad para la que no ha sido formado. No actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad y tiene material de combate. Esto ha aumentado la conflictividad y las vulneraciones de derechos humanos.

Hay fotografías, pruebas gráficas y testimonios que, sin embargo, por el hecho de tratarse de personas migrantes, han pasado demasiado desapercibidos en algunos ámbitos. También hay otra cuestión: ¿Por qué desde el primer día no se aplicaron medidas para acoger a menores y construir espacios adecuados para todas las personas migrantes que llegaron?

Hemos visto imágenes que nos podrían recordar al campo de Argelès-sur-Mer. Hemos visto una playa con gente literalmente abandonada. Esto ha sido una estrategia de disuasión. En este conflicto que hemos vivido en la ciudad de Ceuta, en esta grave crisis de los derechos humanos, hemos visto cómo se ha jugado con el hambre como un arma.

Se han dado menos de 4.000 comidas diarias cuando teníamos aproximadamente 14.000 o 15.000 personas en situación de dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo diario que establece el Manual Esfera, un manual de estándares mínimos de atención en situaciones de crisis humanitaria. Ni siquiera se cumplía con el mínimo de calorías. Se ha jugado con la falta de atención para desesperar a la gente. Hemos visto gente pasando hambre, gente muy desesperada, porque la pretensión era la disuasión.

Hace años que venimos denunciando, a otros niveles, que los programas de acogida a personas migrantes forman parte también de la política migratoria del Estado y que se utilizan como manera de disuadir y de cortar rutas. Cuando la población siria empieza a llegar a Ceuta y Melilla en 2015 —no olvidemos que en el primer trimestre de ese año llegaron más personas sirias por Melilla que por la frontera este de Europa—, se dejaba a la gente hacinada en Melilla. No se le permitía transitar hacia el territorio europeo, hacia la península. Era una manera de cortar la ruta, de que les dijeran a sus vecinos o a sus compatriotas: «Por aquí no vengáis, que se pasa muy mal».

Esto se viene utilizando sistemáticamente. Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usa el hambre como estrategia de guerra y la violencia física como estrategia de guerra, en esta dialéctica de la guerra que se establece. Se ha utilizado para evitar la atención. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Se han dado menos de 4.000 comidas al día cuando teníamos 14.000 personas en dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo que establece el Manual Esfera. Hemos visto gente pasando hambre; la pretensión era la disuasión.

¿Cuál es la situación ahora?

A fecha de hoy, transcurridos más de 76 días desde las primeras entradas, tenemos 2.000 niños y niñas de entre 16 y 17 años que no han sido acogidos y que no esperan serlo. Ya han acudido a todos los dispositivos, han hecho colas, se han presentado y, sencillamente, hemos decidido que, como eran prioritarios los niños un poco más pequeños, los de 16 y 17 pueden esperar. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para personas adultas y se sacaban a los niños y a las niñas. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para hombres y se dejaban fuera a las mujeres.

Se han alterado todas las lógicas de la intervención social y de la intervención humanitaria. Parecía que había una lógica que forma parte del imaginario de cualquier crisis: las mujeres y los niños primero. Esa lógica se ha roto en Ceuta. ¿Cuál era el planteamiento? No vamos a acoger, no vamos a acompañar, no vamos a garantizar derechos; vamos a agotar a las personas para que regresen voluntariamente. Cuando han visto que esto no ha ocurrido es cuando se han inventado estos retornos voluntarios.

Esa gente que está volviendo, ¿de qué manera lo está haciendo?

Hay gente que se acerca tranquilamente por la carretera del Tarajal y llega a la zona de la playa. Allí hay una puerta que da acceso a la parte trasera de las dependencias de aduanas, donde hay una escalerita que baja a la playa del Tarajal, a la zona de seguridad. Por allí caminan hasta la valla, no al puesto fronterizo. En la valla hay una puerta de servicio para gestionarla, y la gente cruza esa puerta, que ahora mismo permanece abierta.

Esa gente retorna de modo voluntario, en el sentido de que nadie la ha llevado hasta la frontera y ha decidido regresar porque no se han cumplido sus expectativas, porque está agotada. Luego tenemos muchas personas, demasiadas, que son trasladadas. Una sola ya era mucho, pero estamos viendo contingentes de personas que llegan en coches policiales o, últimamente, en autobuses.

Los desalojados de las playas del Trampolín, del Guano y de Benítez han llegado hasta allí. Vemos cómo los autobuses paran en el puesto fronterizo, pero no se les devuelve por él: se les introduce en su interior y se les saca por otra puerta a un paso que hay en el polígono industrial del Tarajal. Se abre otra puerta de la valla y se les entrega a las autoridades marroquíes, o se les deja transitar hacia donde están las personas marroquíes.

Estamos viendo personas desalojadas de las playas que son trasladadas en coches de policía o en autobuses hasta el puesto fronterizo marroquí y se les devuelve por la puerta de atrás, custodiadas por policías. Eso no es un retorno voluntario.

Van custodiadas por policías...

Esas personas acuden custodiadas: hemos visto a dos policías nacionales delante, tres detrás y un coche policial. Eso no es un retorno voluntario. Sobre todo, queremos llamar la atención por el hecho de que no se está haciendo por el puesto fronterizo: no es un tránsito regular de fronteras bajo custodia. Cuando una persona es expulsada de España o regresa a su país voluntariamente porque tiene un permiso de residencia en España y transita hacia Marruecos o hacia Argelia, lo hace siempre por un puesto fronterizo. Entonces España sabe quién entra y quién sale.

Lo que no podemos hacer es abrir la puerta de atrás para echar a las personas, ni siquiera para consentir que se vayan voluntariamente, si es que tal cosa fuera real, porque esto es hacernos trampas al solitario. No podemos penalizar a la gente porque cruza la frontera irregularmente y luego nosotros —me refiero al Estado español— habilitar un paso fronterizo irregular. Esto lo hacemos única y exclusivamente porque, entre otras muchas causas, en el origen de esta crisis está que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta.

Esta es una de las muchas causas de la crisis. Llevamos años gestionando la frontera por la puerta de atrás, gestionando la frontera de facto, y estamos solucionando la crisis con la misma medicina que nos ha causado la infección. Por lo tanto, esto es un cierre en falso de la crisis.

Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usan el hambre y la violencia física como estrategia de guerra. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Desde la Coordinadora de Barrios ustedes han señalado que la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta tiene también razones geopolíticas, pero que eso, evidentemente, no despoja de derechos a las personas migrantes ni las convierte en proyectiles o armas, como algunos han dicho.

Tenemos que ser conscientes de que, tanto cuando hablamos de crisis geopolíticas como cuando hablamos de mafias, las víctimas de esta historia son las personas migrantes, las personas en movilidad. De una crisis se sale siempre con más derechos y con más Estado de derecho. Esa es la receta para una crisis de estas características. Pero, al haber atropellado los derechos de las personas migrantes, las estamos tratando exactamente de la misma manera que las ha tratado Marruecos o como las tratan las mafias: como pura mercancía. Por lo tanto, si queremos acabar con las mafias que se aprovechan de las personas y con esos tránsitos irregulares de personas utilizados por los Estados con sus intereses geopolíticos, lo que tenemos que hacer es dotar de derechos a estas personas y protegerlas.

No podemos olvidarnos de que, entre las personas que han cruzado, hay aproximadamente 5.000 en necesidad de protección internacional, y estas 5.000 personas no tienen hoy por hoy garantizado el acceso a la protección internacional en España. Por lo tanto, un Gobierno que se erige en baluarte del multilateralismo ha cometido atropellos contra el sistema internacional de derechos humanos como no los habíamos visto en mucho tiempo.

Después de conocerse que el juzgado de Ceuta ha admitido a trámite varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones por parte de militares, el Gobierno, a través de su delegado en Ceuta, ha publicado un vídeo para apoyar a los soldados desplegados en la ciudad autónoma. El representante ceutí del Ejecutivo, David de la Encina, ha visitado este martes la sede de la Comandancia General para transmitir “el reconocimiento del valor, entrega y dedicación” de los efectivos de las Fuerzas Armadas de la guarnición ceutí. “Gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional”, ha recalcado.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha mantenido un encuentro con el Comandante General en Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrer Frente, en el que afirma haber transmitido “el apoyo del Gobierno” a las Fuerzas Armadas. Tras su visita, David de la Encina ha difundido un vídeo para enviar un mensaje de reconocimiento a todos los militares con base en la ciudad. “En este lugar tan emblemático de Ceuta y para mí tan importante, he venido a testimoniar el apoyo del Gobierno de España y mío humano hacia las Fuerzas Armadas”, ha expresado.

“Gracias por los siglos de dedicación a la seguridad de España y gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional nuestras fuerzas armadas”, ha indicado. “Estamos muy tranquilos y muy seguros por contar con unos profesionales de la vocación, de la profesionalidad y de la entrega de los miembros de la guarnición de la Comandancia General de Ceuta”, ha añadido de la Encina, tras las múltiples denuncias registradas en los juzgados por migrantes que aseguran ser víctimas de palizas por parte de militares en la ciudad autónoma. https://www.eldiario.es/desalambre/juzgados-ceuta-investigan-denuncias-agresiones-militares_1_13598445.html

Su mensaje de apoyo también llega días después de la publicación en elDiario.es de varios audios en los que militares comentan entre risas supuestas agresiones y posibles torturas a las personas que permanecen en las calles ceutíes tras la entrada masiva de finales de julio. En el vídeo, el delegado no ha realizado mención alguna a las denuncias, únicamente se limita a mostrar su apoyo a los uniformados con base en el enclave español.

Varias denuncias en los juzgados

La Justicia de Ceuta está investigando casos de palizas de militares a migrantes a través de distintas vías. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según ha confimado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a elDiario.es. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

“Sin guantes mola más”

En los audios, al menos tres miembros de las Fuerzas Armadas comentan algunas de sus actuaciones en Ceuta, describiendo supuestas agresiones propinadas a los migrantes: “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo.

Los soldados admiten en las grabaciones haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla.  “El man no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho ‘póngase detrás del vehículo’ y se ha puesto así…”, dice uno de los uniformados, cuyo relato de los hechos es completado por uno de sus compañeros: “Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él… Y ¡pam!”, añade, enfatizando el golpe que había pillado desprevenido a uno de los migrantes, según sus propias palabras recogidas en la grabación. 

Decenas de migrantes llevan meses denunciando agresiones, palizas y tratos vejatorios por parte de uniformados en Ceuta. Además de sus testimonios, varios vídeos confirman parte de estos abusos. Este domingo, elDiario.es publicó una reconstrucción de una de las grabaciones difundidas en redes sociales, a través de entrevistas con los migrantes que aseguran haber resultado heridos en la intervención militar.

La Comandancia de Ceuta a la que el Gobierno ha expresado su apoyo está formada por el Grupo de Regulares de Ceuta número 54, el Tercio Duque de Alba º de La Legión, el Regimiento de Caballería Montesa número 3, el Regimiento Mixto de Artillería número 30, el Regimiento de Ingenieros número 7, la Unidad Logística número 23 y el Batallón de Cuartel General General.

Además de la guarnición de Ceuta, varios regimientos con base en otros puntos del país han sido movilizados a la ciudad autónoma tras la situación de interés de seguridad nacional declarada tras la llegada irregular de cerca de 80.000 personas por la frontera del Tarajal.

La indignación crece entre los partidos locales de Ceuta tras conocer, a través de elDiario.es, los audios en los que militares se jactan de las palizas y vejaciones a migrantes personas. Tanto Ceuta Ya! como el MDyC han reclamado que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que las grabaciones se han puesto a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía. Las dos formaciones, que cuentan con representación en la Asamblea de Ceuta y no tienen escaños en el Congreso de los Diputados, mantienen una posición crítica con el discurso del Gobierno local, que ha calificado de “invasión” la entrada y permanencia de personas extranjeras en la ciudad.

El MDyC considera que la información publicada es “realmente preocupante” y advierte de la gravedad que tendrían los hechos si se confirman. Ceuta Ya!, por su parte, sostiene que los audios no pueden entenderse al margen del clima de hostilidad hacia las personas migrantes que, a su juicio, se ha extendido en la ciudad durante las últimas semanas. Ambas formaciones reclaman que se esclarezca lo ocurrido y que se actúe ante cualquier posible vulneración de derechos.

Denuncias desde septiembre

La publicación de los audios del 15 de octubre llega después de varias semanas de informaciones sobre agresiones a personas migrantes que permanecen en Ceuta tras las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio. elDiario.es publicó el 15 de septiembre los testimonios de una veintena de migrantes que denunciaban palizas, robos y vejaciones atribuidas a determinados grupos de militares, con relatos que también afectaban a menores de edad. Los testimonios recogidos describen golpes, amenazas y prácticas humillantes, entre ellas obligar a algunos jóvenes a raparse el pelo. El 17 de septiembre, otra publicación reunió relatos de más personas que aseguraban haber sufrido estos episodios. La investigación avanzó el 25 de septiembre con la difusión de vídeos en los que se observaba a militares persiguiendo y golpeando a migrantes.

Cinco días después, el 30 de septiembre, el Ministerio de Defensa comunicó que había remitido a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias documentadas por Amnistía Internacional y que había encargado una investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuales. La organización había recogido 22 testimonios directos sobre presuntas palizas, acoso, humillaciones y sustracción de pertenencias.

El 3 de octubre, elDiario.es publicó otra información según la cual las agresiones denunciadas habían continuado después de que Defensa conociera las primeras acusaciones. Este medio detalló nuevos testimonios de personas migrantes que señalaban a militares como responsables de golpes y otros abusos.

La publicación de los audios el 15 de octubre vino a ahondar en las revelaciones previas. En las grabaciones, varios militares que se encontraban de servicio en Ceuta conversaban sobre agresiones a migrantes y se jactaban de los golpes. Ese mismo día, Defensa anunció que enviaría los audios a la Justicia y que investigaría los hechos.

Ceuta Ya! denuncia un clima de violencia contra los migrantes

Ceuta Ya! , formación más activa de la oposición local liderada por Mohamed Mustafa, considera que las grabaciones conocidas este jueves forman parte de una situación de hostilidad hacia las personas migrantes que lleva tiempo denunciando. La formación sostiene que “el clima de violencia, legitimado por discursos políticos y medios de comunicación, no es ninguna novedad” y advierte de que quienes han sufrido las consecuencias más graves han sido los propios migrantes.

El partido asocia las denuncias de agresiones con otros episodios ocurridos durante las últimas semanas. Entre ellos, menciona la quema de campamentos, los obstáculos al acceso de ayuda humanitaria y las agresiones a representantes públicos, periodistas y personas racializadas. También recuerda que, tal y como denunció en el último Pleno, hubo cargos del Gobierno de Juan Vivas que defendieron en redes sociales dar “dos hostias en la cara” a quienes proporcionaban comida a los migrantes.

La formación critica asimismo las peticiones para impedir que se graben las actuaciones de militares y agentes de las fuerzas de seguridad. A su juicio, esas iniciativas supondrían conceder una “carta blanca” para actuar sin controles, en lugar de proteger legítimamente el trabajo de los uniformados. Ceuta Ya! sostiene que la grabación de las intervenciones constituye una cuestión relevante para conocer lo ocurrido y esclarecer posibles abusos.

El partido considera que en Ceuta se han producido actuaciones “cuando menos desproporcionadas” por parte de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Por ello, cuestiona que la difusión de los audios haya provocado sorpresa y plantea que algunas actuaciones podrían haberse desarrollado al margen de las directrices del Ministerio de Defensa.

“Es muy probable que en nuestra ciudad se haya estado actuando de manera autónoma”, argumenta la formación, que reclama al Ministerio que investigue los hechos y depure las responsabilidades individuales que correspondan, con independencia de las actuaciones judiciales que se pongan en marcha.

El MDyC pide esclarecer los hechos y depurar responsabilidades

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), uno de los principales apoyos durante la legislatura para el Gobierno del PP, también ha expresado su preocupación por las grabaciones. La formación considera que, si se confirma lo que recogen los audios, podrían haberse producido actuaciones “desproporcionadas y muy graves” por parte de algunos militares contra personas migrantes.

El partido pide denunciar públicamente cualquier posible agresión y advierte de que estos hechos no solo afectan a la integridad de las víctimas, sino que también perjudican la imagen de la labor que el Ejército desarrolla en Ceuta desde las entradas masivas del 30 y 31 de julio.

“Si se comprueba que es cierto, podríamos estar ante unas actuaciones desproporcionadas y muy graves”, señala el MDyC, que recuerda que el Ministerio de Defensa ya ha anunciado que investigará lo ocurrido. La formación reclama que los hechos se esclarezcan y que se adopten las medidas correspondientes si se confirman las denuncias.

El MDyC también recuerda que el respeto a la dignidad de las personas migrantes ha sido una de sus reivindicaciones desde el inicio de la crisis. En este sentido, alude a las palabras del rey Felipe VI durante su visita a Ceuta, cuando defendió que estas personas debían recibir un trato digno y humano.

La formación localista apunta, además, que el pasado 27 de agosto solicitó la convocatoria de una Junta de Portavoces para promover un llamamiento institucional a la calma y condenar cualquier tipo de agresión.

La Justicia de Ceuta ya investiga, a través de distintas vías, casos de palizas de militares a migrantes. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Los hechos denunciados se remontan a los últimos dos meses y medio, desde la entrada de decenas de miles de personas migrantes a la localidad procedentes de Marruecos. elDiario.es a través de varias informaciones y diversas ONG, incluyendo a Amnistía Internacional a través de un amplio informe, habían alertado de agresiones a las personas que sobreviven en las calles de la localidad desde finales de julio.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia presentada por Amnistía Internacional a raíz de un informe en el que desvela numerosos casos de presuntas torturas a personas que llegaron a la localidad hace dos meses y medio. “La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a raíz de esa denuncia. No me consta que se hayan remitido vídeos ni otros informes relacionados con estos hechos. Todo ello, sin perjuicio de que algún juzgado haya podido incoar diligencias o actuaciones” por otro lado, revela el Ministerio Fiscal.

Dos vías y más denuncias pendientes de admisión

Se trata de dos frentes separados en el esclarecimiento de los hechos. Por uno, la acción individual de los titulares de cada uno de los juzgados en los que hay denuncias relacionadas con situaciones de esta índole, que, a no ser que finalmente unifiquen la investigación como una causa conjunta, resolverán individualmente cada uno de los sucesos. Por otro lado, quedan las pesquisas de la Fiscalía, a las que deberá aportar información el Ministerio de Defensa y en la que también se incluirán los audios revelados por elDiario.es en los que varios militares aparecen jactándose de agresiones a personas migrantes.

Más allá de las denuncias que ya investigan los juzgados, aún está pendiente la decisión sobre la admisión a trámite de varias denuncias a las que ha tenido acceso elDiario.es, por lo que la cifra de causas abiertas puede aumentar en las próximas semanas.

Una de ellas es la de Mohamed, publicada por elDiario.es el pasado 1 de octubre. Aunque aún no ha sido admitida a trámite, la Policía Nacional sí ha dado traslado del caso al juzgado, según confirma su abogada a elDiario.es.  El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Según la denuncia, el hombre marroquí dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Junto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envió los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. “También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo”, señala el parte.

Cerca de una veintena de partes de lesiones de migrantes que aseguraron haber sido agredidos por efectivos de las Fuerzas Armadas han llegado al juzgado ceutí que investiga el caso de posibles torturas por parte de militares, según ha adelantado El País y ha confirmado a elDiario.es del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad. Las mismas fuentes oficiales recuerdan que el envío de los informes médicos a las autoridades judiciales es obligatorio por ley cuando un paciente asegura haber sido agredido, por lo que ya habían sido remitidos a la Justicia en el momento en que ocurrieron los hechos.

Aunque por el momento el Ingesa no ha especificado el número exacto de pacientes sobre los que ha remitido información, sí confirma que existen alrededor de una veintena de comunicaciones sobre casos en los que las personas migrantes llegadas a Ceuta durante los últimos días de julio han denunciado ser víctimas de agresiones por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. El Ingesa habla de “cerca de una veintena”, pero los testimonios recopilados por elDiario.es apuntan a que son más los migrantes que han acudido al servicio de Ugerncias del Hospital de Ceuta tras alegar sufrir una paliza por parte de militares españoles.

Estas fuentes también hacen hincapié en que no es el Hospital de Ceuta, a través del Ingesa, quién asocia las lesiones con torturas por parte de militares, sino que el parte recoge lo que el afectado le dice al médico. “Los médicos refieren el parte y envían copia según lo que le haya dicho el paciente”, insiste el representante del organismo consultado por este medio. Posteriormente, “es la justicia quién debe dictaminar”, agrega la fuente.

Sin embargo, varios testimonios de pacientes que denuncian haber sido víctimas de palizas por parte de soldados en Ceuta han asegurado a elDiario.es que, pese a que hayan trasladado al personal sanitario haber sido agredidos específicamente por militares, el certificado médico no siempre lo recogía. Este medio ha accedido a varios partes médicos de migrantes que no incluyen que la víctima refiera haber sido golpeado por militares, sino que únicamente incluye que se trata de una “agresión”, pese a que afirman haber insistido en ello al personal médico, lo que puede deberse a una falta de voluntad o a razones ligada a la barrera idiomática.

Una denuncia presentada ante la Policía por un migrante víctima de una supuesta agresión por parte de militares españoles recoge que un sanitario del Hospital de Ceuta le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según el documento registrado en comisaría, publicada por elDiario.es el 1 de octubre.

Otros migrantes que han acudido a Urgencias tras sufrir este tipo de prácticas reconocen haber tenido miedo por la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en la puerta del centro médico o por recibir cualquier tipo de represalias a su salida.

La información facilitada por el Ingesa viene a confirmar que el juzgado que investiga las presuntas torturas ya cuenta no solo con el informe de Amnistía Internacional, sino con documentos médicos que evidencian lesiones sufridas por las personas migrantes que permanecen en Ceuta y que aseguran haber sido víctimas de ataques por parte de soldados.

Ayman tiene 16 años y lleva todo el día esperando frente a la comisaria del centro de Ceuta. No es la primera vez que intenta acceder a estas dependencias policiales. El joven asegura que lo ha hecho, al menos, en tres ocasiones, pero ninguna ha terminado como esperaba. “Me han dicho que no cogen más huellas, que ya están llenos los centros”, explica. Mientras aguarda una nueva oportunidad, uno de sus amigos le enseña unos vídeos del operativo de limpieza que se está desplegando en las naves del Tarajal. Allí, hasta esta mañana, guardaba la poca ropa que le quedaba y un lugar en el que resguardarse durante las noches. Ahora, según cuenta a este medio, no tiene ninguna de las dos cosas. “No sé qué hacer, no sé dónde voy a dormir”, reconoce. 

El adolescente, natural de la localidad marroquí de Assilah, cuenta que ya ha tenido que dormir en la calle en otras ocasiones en Marruecos. “Estoy acostumbrado”, reconoce, aunque insiste en que su situación en Ceuta es ahora mucho más difícil. A su alrededor hay otros jóvenes que también esperan poder acceder a los trámites de filiación, pero Ayman decide alejarse del grupo. Piensa que, si se presenta solo, quizás tenga más probabilidades de ser atendido. “Somos muchos, hay muchos menores que estamos en la calle”, explica. Cuando se le pregunta dónde pasará la noche, no sabe qué responder. Es el quién termina haciendo las preguntas. “¿Dónde es más seguro?”, plantea. Después, ante la falta de alternativa, añade: “Buscaré algún sitio tranquilo”. 

Ayman es uno de los menores marroquíes que, tras el operativo desplegado el pasado domingo por la Policía Nacional en los asentamientos informales de Ceuta (tanto en las naves del Tarajal como en otros puntos de la ciudad como el barrio de Rosales o Regulares), se ha quedado en la calle sin una alternativa de acogida. Todos han sido trasladados en autobuses hasta las dependencias policiales con la expectativa de iniciar los trámites de filiación que les permitirían acceder al sistema de protección de menores. Sin embargo, según relatan a elDiario.es varios de los afectados, no han llegado a ser filiados porque no aceptaban a más personas y han tenido que regresar al mismo lugar del que habían sido desalojados horas antes. 

Ahmed mira como avanzan las excavadoras y el operativo de limpieza en la parte superior de las naves del Tarajal que, para cuando el joven ha vuelto al lugar, ya habían retirado las tiendas de campaña, las mantas y las pertenencias que formaban el asentamiento donde muchos llevaban más de dos meses durmiendo. “Toda mi ropa estaba ahí [dice mientras señala uno de los costados de la explanada] y ahora solo tengo esto [insiste mientras señala la ropa que lleva puesta]”. Unos pantalones cortos, unas chanclas medio rotas y una sudadera. Nada más.

Islam, de 17 años, creyó que el autobús le llevaría a un centro de acogida. Llevaba semanas durmiendo en las naves y, al ver llegar los vehículos, pensó que la Policía iba a identificar a los menores para facilitar su entrada en el sistema de acogida. Pero, cuando llegó a las dependencias policiales, asegura que le negaron el acceso. “Han pasado muchos de los chicos que venían con nosotros en el bus, o que dormían también en las naves del Tarajal”, explica a este medio. Cuando ha llegado su turno le han dicho: “Ya está. No vamos a coger más huellas”. Mientras tanto, Haitam, también de 17 años, y la persona con la que compartía tienda de campaña, sí que ha entrado en el recurso. “No entiendo nada”, insiste. 

De regreso al Tarajal, Islam contempla cómo las máquinas retiran lo que hasta unas horas antes era su refugio. “¿A dónde voy a ir ahora? Nos hemos quedado en la calle”, repite. A su alrededor, otros jóvenes se hacen la misma pregunta. Entre ellos está Mohammed, de 17 años, que tampoco ha conseguido iniciar la filiación, según cuenta. El grupo emprende el camino cuesta arriba hacia la barriada del Príncipe. Dicen que intentarán dormir allí, aunque ninguna sabe todavía en qué lugar ni cómo se resguardarán del frío de las noches. 

Ayoub, también de 17 años, recuerda la alegría que sintió al subir al autobús. “Pensaba que iba a entrar, pero no”, explica. En el bolsillo conserva uno de los carteles identificativos como menor preparados por organizaciones en el terreno para este tipo de operativos y, junto a él, una copia de su acta de nacimiento. Es de Castillejos y ha perdido las mantas con las que se protegía por las noches. Ahora están, según relata, entre los montones de restos que la excavadora lanza sobre uno de los camiones. “Me he quedado sin nada y ahora hace más frío por la noche”, insiste. 

Durante la jornada del domingo, las tormentas han dejado abundantes lluvias sobre Ceuta. Ayoub mira al cielo y pregunta si va a volver a llover. Pide que alguien consulte la previsión meteorológica en su teléfono. Para el joven, la posibilidad de pasar otra noche a la intemperie se ha convertido en una preocupación más. 

También Haytham se ha quedado sin un lugar al que regresar. Dormía en la parte inferior de las naves del Tarajal, cerca de una familia con un bebé recién nacido, al que había ayudado a cuidar desde su nacimiento. “Nos llevaron a la comisaría, pero no han aceptado la foto que tengo en el móvil de mi documento nacional de identidad”, revela. Ahora, y con el objetivo de encontrar una solución para entrar en un recurso de acogida, explica que le va a pedir a un familiar que intente hacerle llegar la copia original a través de la frontera. Hasta entonces, sigue sin saber dónde pasará la noche. “Me da miedo la noche. He vuelto aquí pensando que podíamos recoger alguna de nuestras ropas, pero no”, lamenta mientras observa cómo avanza la limpieza.

El desalojo de las naves del Tarajal forma parte de un amplio dispositivo desplegado este pasado domingo en distintos puntos de Ceuta, con más de 350 agentes de la Policía Nacional. Los policías agruparon a las personas migrantes y las condujo en autobuses hasta la comisaria para iniciar la filiación. Sin embargo, los menores entrevistados por este medio aseguran que regresaron sin ser filiados y sin una plaza de acogida. Al término de la jornada, no solo continuaban en la calle, sino que también había desaparecido el lugar en el que llevaban meses durmiendo. Ahora vuelven a buscar otra noche llena de preguntas, sin respuestas y, esta vez, en un lugar nuevo, sin la certeza de que no vuelva a ocurrir lo mismo.  

Eran las 9:20 de la mañana cuando el operativo policial, integrado por más de 350 agentes de la Policía Nacional, llegaba a las naves del Tarajal. Unas horas antes, un grupo de jóvenes, entre ellos menores de edad, se desperezaba mientras salía de sus tiendas de campaña. Hamza tiene 16 años y sujeta con fuerza su cartilla de nacimiento, un papel verde que muestra a todo aquel que le pide que se identifique. También a la Policía, a la que vuelve a enseñársela después de que los agentes comiencen a agrupar a los jóvenes marroquíes para subirlos a los autobuses.

El operativo, desplegado desde primera hora de este domingo en diferentes puntos de Ceuta, ha comenzado con disturbios en la zona elevada de las naves del Tarajal, donde centenares de personas esperaban sentadas frente al despliegue policial. Muchas de ellas llegaron a este punto en las últimas semanas, tras los desalojos de la playa Benítez y, especialmente, de la playa del Trampolín. Tras los disturbios, la Policía ha organizado a los jóvenes en diferentes grupos y han ido subiendo progresivamente, en tandas de entre 20 y 30 personas, a los distintos autobuses.

La intervención en las naves del Tarajal forma parte de un dispositivo más amplio de la Policía Nacional, que ha actuado en varios puntos de la ciudad para desalojar los asentamientos de migrantes más numerosos, algunos de ellos situados en barriadas. Según la información facilitada por el cuerpo policial, en el operativo han participado más de 350 funcionarios, en su mayoría integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

Además de las naves del Tarajal, los agentes se han desplegado en Poblado Regulares, el barrio de Los Rosales, la parte baja de la barriada del Príncipe (con acceso al polígono del Tarajal) y la explanada próxima al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

En Los Rosales, una vecina contaba a este medio a primera hora de la mañana que alrededor de 30 furgones avanzaban por la zona, mientras decenas de policías recorrían las calles en busca de quienes todavía dormían a la intemperie. Algunos han sido trasladados a pie hasta las naves del Tarajal. Otros, en cambio, han sido conducidos en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan las gestiones policiales correspondientes.

Según la Policía Nacional, las personas migrantes son trasladadas al CATE para realizar las gestiones policiales oportunas. Sin embargo, en el desalojo de la playa del Trampolín, en Ceuta, varias personas migrantes denunciaron a elDiario.es que fueron engañadas sobre el destino de los autobuses y devueltas a Marruecos de manera forzosa, sin posibilidad de decidir sobre su retorno. Algunos aseguraron, además, que manifestaron su intención de solicitar protección internacional, pero los agentes les dijeron que no podían quedarse en Ceuta. Estos testimonios contradicen la versión oficial de que los retornos se produjeron y se producen de forma voluntaria.

En las naves del Tarajal, una vez desalojada la parte superior, la Policía ha continuado el operativo en la zona inferior. Allí, un grupo de agentes ha avanzado entre las carpas y las tiendas de campaña en busca de quienes todavía permanecían en su interior. Durante el desalojo, los jóvenes han salido escoltados por agentes de la Policía Nacional y han sido trasladados posteriormente a los autobuses que aguardaban en la rampa de acceso a la zona. Otros han huido de los agentes y se han refugiado en las zonas más elevadas, mientras la tormenta avanzaba y la lluvia dificultaba las labores de desalojo en este punto de la ciudad.

En las naves del Tarajal y en la explanada próxima al CETI, la Policía Nacional ha trabajado con el Área de Inclusión de la Ciudad Autónoma para atender a las familias vulnerables que se encontraban en estos asentamientos. El dispositivo también ha contado con la colaboración de la Policía Local en materia de tráfico y seguridad vial.

Alrededor de las 11:30, las excavadoras y los equipos de limpieza han comenzado a levantar los distintos asentamientos y a retirar los restos de más de dos meses de ocupación informal.

El vídeo corre por redes sociales desde el 17 de agosto. Una decena de militares irrumpe en un descampado donde hay dos vehículos aparcados. Una parte de los uniformados se abalanza sobre uno de ellos, desde donde varios migrantes salen a toda velocidad mientras intentan esquivar los porrazos. En su huida, un chico cae por un empinado terraplén cuando los soldados continúan ensañándose a golpes con dos marroquíes agachados en el suelo ya fuera del coche. Se escuchan chillidos. La escena obliga a reaccionar a algunos vecinos y los efectivos empiezan a dispersarse. Tras ellos, un joven queda tirado en el suelo. 

Más de un mes de los hechos, Aiman (nombre ficticio) observa el vídeo y señala al chico delgado que huye despavorido del vehículo hasta desplomarse terraplén abajo. “Soy yo”, dice con timidez y cierto miedo. Enseña la zona posterior de su oreja y su codo, donde dos cicatrices le recuerdan cada día lo ocurrido aquella mañana de agosto en la que varios militares le despertaron a palos tras abrir la puerta del coche donde dormía junto a otros cuatro jóvenes marroquíes. Es menor de edad. Su acta de nacimiento recoge que tiene 17 años. 

A través de su testimonio, el de otros dos migrantes heridos durante la actuación militar y varios vecinos que asistieron a los heridos, elDiario.es reconstruye lo ocurrido en el vídeo difundido inicialmente por el colectivo Border Resistance y publicado por este medio el 27 de septiembre.  Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana en un descampado de la barriada ceutí de Los Rosales —aunque en un inicio las primeras informaciones los ubicaban en El Príncipe—, ubicado cerca de edificios de viviendas. Aiman estaba acostado en el asiento trasero; Ibrahim descansaba en el maletero, encajonado junto a otro chaval. En los asientos delanteros reposaban otros dos compañeros. 

“Estábamos durmiendo dentro del coche. [Los militares] abrieron la puerta y empezaron a golpearnos dentro del coche. Algunos huyeron y otros se quedaron”, explica el menor. Él no escuchó la puerta abrirse, cuenta; se despertó con los golpes de las defensas y entre gritos de los militares. “Estaba dormido y no entendía qué pasaba. Imagínate que susto despertarte así”, continúa Aiman, con la ayuda de un traductor. “Algunos huyeron y otros se quedaron”. Recibió el primer porrazo en el interior del vehículo y, justo después, logró escapar, relata.

Es el chico alto y delgado que sale en primer lugar, por la puerta trasera del lado derecho del coche, y corre hacia la cuesta del descampado. Tan adormecido y aterrado estaba, dice, que no sabía por donde pisaba. No vio el terraplén, y se precipitó desde una distancia considerable. Aiman fue a parar sobre una maraña de residuos, maderas y cristales rotos.

“Ahí fue donde me corté”, añade antes de colocarse de perfil y doblar una de sus orejas, detrás de la que se esconde la primera cicatriz. También levanta y enseña el codo, donde se encuentra el segundo tajo. “Me tuvieron que dar muchos puntos”. 

“Me golpearon en el maletero”

Mientras Aiman se precipitaba por el terraplén, Ibrahim aparece por primera vez en el vídeo. Es el chico que, sin camiseta, sale disparado desde la puerta trasera del vehículo. “Primero, me pegaron dos veces en la cabeza dentro del coche, cuando estaba en el maletero [desde los asientos traseros]. Luego, me sacaron”, dice el joven, de 19 años. “Los gritos que se oyen en el vídeo son míos”.

Las imágenes muestran a Ibrahim saliendo en una especie de propulsión de la parte trasera del coche, desde donde cae del suelo. La manera en la que lo hace apunta a que fue empujado desde el interior del vehículo. El chico se desploma, de rodillas, junto al muro granate. A su alrededor se arremolinan unos cuatro soldados y comienzan a golpear hacia donde se encuentra él y otro chaval, de camiseta negra, al que también sacaron del vehículo.

No les golpean una sola vez: les apalean de manera reiterada. Cuando Ibrahim sale del coche, permanece en el suelo hasta que logra escabullirse de los uniformados que le rodean. Durante esos segundos, se producen al menos nueve porrazos, repartidos por varios efectivos. Solo uno de los militares les golpea hasta seis ocasiones.

“Después de golpearnos en el coche, nos sacaron. En ese momento aparezco en el vídeo, mientras seguían pegándonos…”, confirma Ibrahim, que ya se había visto en las imágenes, difundidas un mes antes por redes sociales, antes del encuentro con elDiario.es. El vídeo muestra el momento en que logra zafarse de los militares, apoyándose en el muro antes de descender la misma ladera por la que se cayó Aiman.

Su compañero, al que sacaron del maletero justo después, trata de seguirle, como aparece en las imágenes. Pero varios militares se ceban con él y le propinan más golpes. Tras el último porrazo, cae al suelo, junto al muro granate. Increpados por varios vecinos, impactados por la intensidad de la paliza, los soldados comienzan a retirarse. El chico de camiseta negra sigue tirado, casi inmóvil, pero los militares abandonan el lugar sin prestarle asistencia y sin llamar a una ambulancia, según los testimonios recabados.

Los migrantes agredidos destacan que uno de los uniformados que les golpeó “llevaba barba”, “no hablaba dariya” (el dialecto marroquí, que suelen hablar los ceutíes musulmanes) y “tenía un tatuaje en el cuello”.

Doloridos por los golpes y aún impactados por lo ocurrido, Ibrahim y Aiman fueron al hospital por su cuenta, junto a otros de los heridos. “Fui al hospital, pero allí no nos hicieron nada”, dice el chico que estaba en el maletero. Según su relato, tenía contusiones en distintas partes de su cuerpo, que permaneció días amoratado e inflamado. “Después no pude hacer nada. Estaba muy dolorido, pero no podía hacer nada. Me quedé en la calle y algunos vecinos me ayudaron”, señala resignado. Los moratones ya han desaparecido. “El brazo me sigue doliendo, sobre todo cuando hace mal tiempo”, lamenta.

Ensangrentado por los cortes de su oreja y su brazo, Aiman cuenta que sí recibió varios puntos en las heridas. No cuenta con parte médico porque, asegura, el personal se negó a entregárselo, se queja.

Aunque Mohamed no aparece en el vídeo, asegura que también estuvo presente durante los hechos. A él, dice, los militares le agredieron antes de empezar con quienes descansaban en el vehículo. “Dormía fuera, en el descampado, y me pegaron mucho en la cabeza”, afirma el joven. Todos son amigos y, desde entonces, tratan de ayudarse. Aún viven en la calle y temen ser retornados a Marruecos en uno de los operativos que el Gobierno prepara en los barrios de Ceuta, después de finalizar la fase de desalojos de los asentamientos de las playas. Amnistía Internacional alerta del riesgo de que sean retornados víctimas de las palizas de militares, cuando este tipo de actuaciones han sido judicializadas tras el envío de su informe a la Justicia. Muchos de los migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones o tratos vejatorios en Ceuta, como Aiman, Ibrahim y Mohamed, no se atreven a denunciar por miedo, por lo que la organización pide la aplicación de mayores garantías.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Este medio no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Defensa, pese a las insistentes preguntas trasladadas a su departamento de prensa. La primera información se publicó el pasado 15 de septiembre, recogiendo dos decenas de testimonios de personas marroquíes que aseguraban haber sufrido agresiones o vejaciones por parte de soldados desplegados en Ceuta. Posteriormente, este medio publicó varios casos de menores migrantes rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. El 25 de septiembre, llegaron los vídeos que confirmaban este tipo de actuaciones.

Este jueves, elDiario.es publicó audios en los que al menos tres militares resumían entre risas de sus palizas a migrantes en Ceuta. “Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele”, decían en una conversación en la que comentaban prácticas que, según Amnistía Internacional, podrían constituir un delito de torturas o tratos degradantes.

No obstante, pese a contar con la información, Defensa no la trasladó las denuncias a la Justicia hasta el pasado 30 de septiembre, después de que Amnistía Internacional publicase un informe que recogía parte de las denuncias publicadas por elDiario.es. En este tiempo, este medio sí recibió respuesta de fuentes de La Moncloa que mostraron su “preocupación” por los hechos denunciados y se comprometieron a abrir una investigación interna sobre la que de momento no han aportado información al respecto. Durante ese tiempo, ha continuado aumentando el número de testimonios que denuncian haber sufrido este tipo de prácticas por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma.

Los detenidos viajaban esposados a bordo del avión de deportación estadounidense y nadie les decía adónde los llevaban. Cuentan que los agentes que los custodiaban se burlaban de ellos cuando preguntaban. Los 18 migrantes no descubrieron su destino hasta que las pantallas de los asientos mostraron por fin un mapa. Su destino era la República Centroafricana, un país del que pocos de ellos habían oído hablar.

Nika, una iraní de 32 años, recuerda cómo las esposas se le clavaban en las muñecas. Suplicó a los agentes que se las aflojaran, pero no lo hicieron. Otros pasajeros lo pasaron peor. Ella cuenta que a algunos hombres los inmovilizaron con correas negras y amarillas que les envolvían el cuerpo, como si estuvieran momificados, después de que se resistieran a subir al avión.

Nika, que había huido de Irán 18 meses antes después de protestar contra el régimen, había imaginado Estados Unidos como un refugio. Cuando se marchó, Irán ya era uno de los países más represivos del mundo, y desde entonces la situación no había hecho más que empeorar: este año, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a miles de manifestantes y, después, la Administración Trump lanzó una guerra contra el país.

Tras más de un año recluida en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, Nika —nombre ficticio que The Guardian utiliza para proteger a su familia en Irán— obtuvo protección legal y quedó en libertad por orden judicial. Menos de dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a detenerla. Días más tarde, viajaba en un avión rumbo a un destino situado a más de 11.000 kilómetros al este.

“Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país”, ha explicado a The Guardian: “África me es completamente desconocida”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a la República Centroafricana por motivos de seguridad. Nika pasa la mayor parte del tiempo recluida por miedo, sin atreverse a salir de su pequeña habitación. Espera una respuesta a la pregunta de la que depende su vida: ¿la devolverán a Irán, donde el régimen podría matarla?

Deportaciones a otros países

Nika es una de las más de 25.000 personas deportadas por la Administración Trump a países que no son los suyos. De ellas, unas 20.000 han sido trasladadas en autobús a México, según un recuento de Refugees International y Human Rights First. A estas se suman más de 5.000 personas enviadas en avión a países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que no tienen ningún vínculo. A menudo, desde esos países las devuelven a sus lugares de origen, pese a que jueces de inmigración estadounidenses han determinado que su vida o su libertad corrían peligro si regresan.

Los abogados de derechos humanos consideran que estos acuerdos de deportación a terceros países forman parte de una “demostración de fuerza” con la que Estados Unidos busca disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar en el país. Personas de Perú y Colombia han sido enviadas a la República Democrática del Congo. El 20 de agosto, cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar del avión en Liberia y acabaron siendo enviados a Guinea Ecuatorial.

La investigación

Para reconstruir con el mayor detalle posible una política aplicada en gran medida a puerta cerrada, The Guardian se unió a otros 23 medios en el Proyecto Deportación, una investigación conjunta coordinada por Forbidden Stories, una red internacional de periodismo de investigación con sede en París. El consorcio entrevistó a más de 100 personas afectadas por los esfuerzos de Estados Unidos para acabar con la llegada de migrantes sin autorización y examinó documentos sobre los acuerdos alcanzados por la Administración Trump con gobiernos de todo el mundo.

La investigación ha rastreado más de 100 vuelos que han trasladado a migrantes y solicitantes de asilo a 28 países distintos. La cifra real probablemente sea mayor: la investigación solo contabiliza los vuelos que el consorcio ha podido verificar de forma independiente.

También se ha podido constatar que el ritmo de los vuelos se acelera. Tras una primera oleada al principio del segundo mandato de Trump, las deportaciones volvieron a dispararse en agosto: según Human Rights First, se registró un máximo de 16 vuelos con destino a 13 países distintos de los de origen de las personas deportadas.

La batalla legal

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos dictaminó en septiembre que las deportaciones a terceros países son ilegales porque vulneran el derecho al debido proceso: las personas afectadas no reciben la notificación con tiempo suficiente para recurrir la decisión de enviarlas a otro país. Pero el Gobierno recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo permitió unos días después la reanudación de estos vuelos mientras analiza el fondo del asunto.

Un portavoz del Departamento de Estado afirma que aplicar las políticas migratorias de la Administración Trump es una “prioridad máxima” y asegura: “Mantenemos firme nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. Y añade: “El Gobierno estadounidense utilizará todos los medios legales para expulsar a quienes no tengan derecho a permanecer en nuestro país”.

La Administración Trump sostiene que las personas a las que deporta son delincuentes. Sin embargo, documentos obtenidos por The Washington Post para esta investigación muestran que la mayoría de los 35 países que han firmado acuerdos con Estados Unidos se niegan a aceptar a personas con antecedentes por delitos violentos.

Entre las personas obligadas a subir a esos aviones hay quienes han pasado casi toda su vida en Estados Unidos, madres y padres detenidos mientras llevaban a sus hijos al colegio y personas adultas que cuidaban de sus padres mayores.

Muchas habían demostrado ante un juez de inmigración que corrían peligro si regresaban a su país de origen, por lo que se había prohibido deportarlas. A Nika se le concedió la “suspensión de la expulsión”; una protección para quienes pueden sufrir daños graves en su país, pero no reúnen los requisitos para obtener asilo. El 28 de mayo quedó en libertad tras pasar por un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Podía buscar trabajo, trabajar y permanecer en el país.

El golpe de efecto

La abogada de Nika, Sahar Jalili, también es iraní y estudió en Teherán, como su clienta. Asumió el caso mientras estaba embarazada y a menudo trabajaba hasta quedar exhausta. “Podría haberme pasado a mí”, dice sobre lo que le ocurrió a Nika.

Al revisar el expediente, Jalili se quedó consternada al descubrir que el ICE había decidido enviar a Nika a Bangui, la capital de la República Centroafricana, apenas ocho días antes de que un juez ordenara su puesta en libertad. La familia de su tío le había preparado una habitación en Los Ángeles. Nika tardó dos días en llegar a la ciudad y pasó una semana con ellos, recuperándose tras 18 meses de infierno.

Según Jalili, la nueva detención de Nika el 8 de junio, durante una cita que los agentes del ICE habían presentado como un trámite rutinario, fue un acto de crueldad gratuita. Nika cuenta que ya había terminado la cita y se había marchado cuando un agente llamó a su tío y le pidió que la llevara de vuelta para recoger unos documentos.

Esta vez le hicieron otras preguntas. Según cuenta Jalili, un hombre tomó las huellas dactilares a su clienta y la fotografió. “Después volvió acompañado de una agente del ICE y le dijeron que levantara las manos por encima de la cabeza”. Jalili relata que detuvieron a Nika, la esposaron y la llevaron al sótano. Nika cuenta que se sentía aturdida cuando la sacaron del centro de detención aquella noche. Al pasar por una de las protestas contra el ICE que ya eran habituales en Los Ángeles, los manifestantes golpearon con las palmas los laterales de la furgoneta en la que viajaba.

Para Jalili, los dos días anteriores ya habían sido una vorágine, ya que ella y otros abogados intentaron por todos los medios evitar que otras dos mujeres iraníes fueran subidas al mismo avión con destino a Bangui. Los abogados lograron sacar a las otras dos mujeres del avión, pero no a Nika. La única diferencia entre ellas era que Nika fue detenida en último lugar, por lo que, para cuando una red de abogados especializados en inmigración se enteró de su caso, ya no quedaba tiempo suficiente antes de que despegara el vuelo.

Jalili cuenta que suplicó a todos los agentes del ICE: “Dadme dos días. Solo dos días”. “Me dijeron que habían respetado la orden del juez de ponerla en libertad. Pero nunca habían prometido no enviarla a un tercer país”, recuerda.

La enfermera

Cuando Rabbiatu Kuyateh, de 58 años, supo que Ghana, el país al que la habían enviado, iba a deportarla a Sierra Leona, donde había pasado su infancia, el miedo la paralizó. Hizo falta que varias personas la forzaran a subir a la furgoneta que la esperaba.

De hecho, un vídeo captó el momento, el pasado noviembre, en el que la arrastraban, descalza y angustiada, tirándole del pelo. Todavía recuerda el golpe que se dio en la cabeza contra los escalones de piedra mientras suplicaba que no la devolvieran a Sierra Leona. “No pienso ir”, gritaba.

Kuyateh es enfermera. Tras huir de Sierra Leona, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos junto a sus padres. Durante la pandemia atendió a pacientes con coronavirus y, en los años posteriores, cuidó a adultos y niños con discapacidad.

Kuyateh cuenta que le costó mucho construir la vida que tenía en Estados Unidos. Crio sola a su hijo, Mohamed, y juntos compraron una casa. Cuando Trump ganó las elecciones de 2024, sus padres ya eran muy mayores y necesitaban ayuda: cada día pasaba a ver cómo estaban antes de ir a trabajar y volvía al terminar su turno para ayudarles a prepararse para dormir.

Con el objetivo de acelerar la expulsión de personas como Kuyateh, la Administración Trump ha reformado precisamente aquellas instituciones que en su día se crearon para proteger a los migrantes que huían de la persecución.

Lugares de “tránsito”

“Esta es la manera en que la Administración Trump intenta socavar el derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas”, dice Alma David, una de las principales abogadas de inmigración que sigue de cerca esta política. “Estados Unidos sabe que no puede deportarlas legalmente a sus países de origen, pero sí puede enviarlas a un tercer país que actúa como lugar de tránsito”.

Al frente de esta política está Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y quien no ha ocultado su deseo de poner fin a la mayor parte de la migración hacia Estados Unidos. En entrevistas con The Washington Post para el Proyecto Deportación, altos cargos estadounidenses en activo y jubilados explican que Miller impulsó nombramientos clave en el Departamento de Estado. Esos nombramientos le han permitido anteponer sus objetivos a otras prioridades de la política exterior estadounidense.

Entre las personas nombradas figura Christian Ehrhardt, funcionario de carrera del Departamento de Estado y director de la recién creada Oficina de Remigración. El nombre de esta oficina incorpora un término adoptado por la extrema derecha para referirse a la expulsión forzosa de migrantes de minorías étnicas. Tras recorrer África en varias misiones diplomáticas, Ehrhardt ha contribuido a cerrar al menos 13 acuerdos para deportar personas a terceros países del continente.

Acuerdos con países africanos

Los documentos internos examinados por The Washington Post muestran que la Administración Trump se ha comprometido a aportar al menos 410 millones de dólares (unos 357 millones de euros) para cerrar acuerdos de deportación con 35 países, casi un tercio de ellos africanos.

Según esos documentos, Estados Unidos reservó 30 millones de dólares (unos 26 millones de euros) para apoyar las operaciones de la ONU en Camerún a cambio de que el país aceptara a 1.000 migrantes. Hasta ahora, solo le ha enviado 44. A la República Democrática del Congo le prometió 75 millones de dólares (unos 65 millones de euros) para las operaciones de la ONU a cambio de acoger a 2.000 migrantes. Solo ha recibido a 15 y los vuelos a Kinsasa están suspendidos por un brote de ébola.

Los acuerdos varían de un país a otro. Unos pocos países, entre ellos Esuatini, han aceptado acoger a personas con antecedentes de delitos violentos. Sin embargo, muchos han declarado que no acogerán a nadie con antecedentes de violencia u otros tipos de delitos graves. El Departamento de Estado no ha respondido a las preguntas sobre los detalles de estos acuerdos.

Ghana solo acepta a personas procedentes de África Occidental. La República Centroafricana, en cambio, no estableció restricciones por nacionalidad: entre los pasajeros del avión de Nika había personas de Afganistán, Irak y Kirguistán. La mayoría no tenía ningún vínculo con África, cuenta Nika. 

El 1 de julio de 2025, Mohamed acompañó a su madre, Kuyateh, a una cita rutinaria con el ICE a la que debía acudir por su situación migratoria. Recuerda que ella estaba inquieta: temía que las esposas que un agente llevaba en el cinturón fueran para ella. “No creo”, le dijo Mohamed. Pero cuando llamaron a Kuyateh para que entrara en una sala de interrogatorios, a él le pidieron que esperara fuera.

“Fue la última vez que la vi”, cuenta.

Durante los cuatro meses que Kuyateh pasó detenida por el ICE, Mohamed habló con ella a menudo. Pero aquel día de noviembre no había sabido nada de su madre cuando, según cuenta, lo llamó otra persona detenida para decirle que la habían trasladado a Texas. No entendía por qué la llevaban a Texas. Dos días después, Kuyateh le llamó llorando. Estaba en Ghana, a punto de ser enviada a Sierra Leona.

El vídeo en el que se ve cómo arrastran a Kuyateh hasta un autobús para deportarla de Ghana pareció enfurecer a las autoridades del país cuando se difundió en las redes sociales, según Malick, el senegalés también deportado de Estados Unidos que lo grabó y que The Guardian identifica con un seudónimo para protegerlo. “Se enfadaron”, cuenta Malick. “Vinieron por la noche con dos camiones llenos de soldados”.

Malick cuenta que los soldados llevaron al grupo a un campamento militar apartado, donde la electricidad fallaba y apenas tenían contacto con el exterior. El Gobierno de Ghana no ha respondido a las preguntas de The Guardian.

Una mujer trasladada al campamento cuenta que temía tanto lo que pudiera ocurrirle si la devolvían a Senegal, su país de origen, que intentó suicidarse bebiendo lejía. La atendieron en un hospital, pero aun así la deportaron a Senegal. “Bebí lejía porque quería morir”, explica. “Querían obligarme a regresar a mi país”.

Malaria

En el vuelo de Nika, el 11 de junio, la pantalla del avión mostraba Ghana como primer destino, así que los pasajeros pensaron que se quedarían en ese país. Pero la escala en Accra fue breve. Los 18 pasajeros aterrizaron después en Bangui a las 21.45, según los registros de seguimiento del vuelo. Los agentes que los custodiaban les quitaron las esposas, pero no bajaron del avión.

Durante varias horas, el grupo no encontró a nadie que hablara inglés. “Nos indicaban con gestos que subiéramos a un autobús y nos hicieron subir. Después nos llevaron a vacunarnos, pero yo no sabía qué iban a inyectarme”, cuenta Nika. La vacuna era contra la fiebre amarilla.

La alojaron en una habitación de un edificio de viviendas y le dijeron que podía quedarse tres meses. Nika no podía imaginarse regresando a Irán.

Organizaciones iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirman que no han podido averiguar qué ha sido de cientos de compatriotas deportados a Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país. Una demanda reciente contra el ICE sostiene que la Administración Trump compartió los expedientes de solicitantes de asilo iraníes con el régimen del que habían huido, lo que agrava el peligro para quienes son deportados.

Cuando un dolor de cabeza empezó a nublarle la mente, Nika pensó que tenía migraña. Sentía náuseas y le dolía todo el cuerpo. Los mosquitos la habían picado tantas veces que parecía tener la piel llena de moratones, cuenta. Un informe médico consultado por The Guardian confirmó que tenía malaria. “Ni siquiera sabía qué era”, explica Nika por teléfono.

Desde Los Ángeles, Jalili esperaba con angustia noticias de Nika. Su clienta recibía inyecciones cada 12 horas para eliminar los parásitos de la sangre. Las malas noticias continuaron incluso después de que Nika se recuperara lo suficiente para volver a su alojamiento. Jalili descubrió consternada que la habían deportado de Estados Unidos sin pasaporte. Nika no tenía documentos de identidad ni visado y, cuando iba al hospital o al mercado, los policías aprovechaban que carecía de papeles para amenazarla.

El Gobierno de la República Centroafricana no ha respondido a las preguntas sobre esta situación.

Según Nika, la segunda vez que la detuvieron, el agente de policía simuló con gestos que le ponía las esposas. El mensaje, según ella, era: “Puedo detenerte, a menos que nos pagues”.

Apoyo de la ONU

Mientras la Administración Trump acelera las deportaciones a terceros países, la República Centroafricana figura entre los 13 países receptores donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU, presta apoyo a las personas deportadas. A su llegada, les proporciona comida, alojamiento y atención psicológica.

La Administración Trump ha anunciado fuertes recortes de la financiación destinada a las agencias de la ONU, pero parece hacer excepciones cuando los fondos sirven para sostener este programa de deportaciones.

En marzo de 2025, el Departamento de Estado explicó el criterio que seguiría: la financiación humanitaria se utilizaría para “reducir la inmigración masiva e ilegal, por ejemplo, financiando el retorno voluntario de personas en situación irregular, incentivando a los gobiernos para que apliquen acuerdos de tercer país seguro y reforzando la capacidad de otros países para gestionar la migración”.

Según una base de datos federal sobre el gasto público, más del 60 % de los fondos concedidos por Estados Unidos a la OIM durante el segundo mandato de Trump se han destinado a programas en países que reciben a personas deportadas. En la República Centroafricana, la asignación fue de 85 millones de dólares (unos 74 millones de euros). Según la misma base de datos, la mayor aportación estadounidense a la OIM en ese país durante el mandato de Biden fue de 14 millones de dólares (unos 12 millones de euros).

Nika afirma que la han tratado bien. “El personal hace todo lo que puede”, dice. El alojamiento es seguro y le facilitan transporte cuando lo necesita. “Pero esto no es vivir. Respiro, sigo viva, pero no puedo salir de casa sin que me lleve un conductor de la agencia. No encuentro trabajo. No hablo el idioma”.

La OIM se ha enfrentado al riesgo de que su participación en el programa se perciba de forma negativa. Una evaluación interna de riesgos de un programa de apoyo a ciudadanos de terceros países enviados desde Estados Unidos a un país africano, a la que ha tenido acceso The Guardian, advierte de que podría llevar a que la agencia fuera “percibida como cómplice”.

En un comunicado, un portavoz de la OIM explica que estas evaluaciones sirven para determinar si los países receptores pueden comprometerse a proteger a los migrantes. Y añade: “Somos plenamente conscientes de que los Estados utilizan la ayuda financiera para promover sus prioridades nacionales. Sin embargo, nuestras decisiones de aceptar financiación, prestar asistencia tras la llegada o apoyar el retorno voluntario asistido se rigen por el mandato y los principios de la OIM. Dependen de una sola pregunta: ¿mejorará nuestra intervención la vida de los migrantes afectados? En estos casos, estamos firmemente convencidos de que sí”.

A muchas personas del ámbito de los derechos humanos les incomoda que la ONU esté facilitando el proceso a los gobiernos que aceptan cooperar con la administración Trump.

“Resulta muy chocante que la OIM sea la organización encargada de estas personas”, afirma Alma David. “No son migrantes en el sentido habitual de la palabra. No eligieron migrar. En la práctica, fueron secuestradas”.

Una vida en las sombras

Quienes han sido devueltos desde terceros países a sus países de origen describen una vida en la clandestinidad. Kuyateh abandonó Sierra Leona pocos días después de que la deportaran. The Guardian no revela dónde se encuentra. “No duermo por las noches”, cuenta. “A veces me despierto y me quedo sentada pensando: ”¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué he acabado aquí?“.

Llama a su familia todos los días. A veces, cuenta, se siente demasiado triste como para activar la videollamada y ver sus caras. Es capaz de hablar con su madre sin llorar, explica, pero cada vez que habla con su padre, se echa a llorar. Piensa a menudo en ellos y cuenta el dolor que siente. No está segura de qué le da más miedo: la idea de morir sola en un país extranjero o saber que sus padres podrían morir y no estar a su lado.

Terror al volver a Ghana

Annan, un hombre gay que huyó de Ghana después de que miembros de su familia revelaran su orientación sexual y lo persiguieran, explica que se sintió aterrorizado al volver a aterrizar en Accra. Se había negado a desembarcar durante su primera deportación de Estados Unidos a Sierra Leona y tuvieron que sacarlo a la fuerza del avión. Explica que suplicó a las autoridades que no lo devolvieran, pero ignoraron sus peticiones. 

En un comunicado, el Gobierno de Sierra Leona asegura que otorga la máxima importancia a “sus obligaciones internacionales”, pero sostiene que corresponde a Estados Unidos responder por las medidas de protección migratoria concedidas por sus tribunales.

También afirma que, hasta la fecha, ninguna de las personas trasladadas a Sierra Leona en virtud del acuerdo sobre nacionales de terceros países (TCNA) ha solicitado permanecer en Sierra Leona ni ha pedido que no se la envíe al país de su elección, dentro o fuera de África Occidental.

La madre de Annan había gastado sus ahorros para pagar la huida de su hijo a Estados Unidos. Quedó desolada cuando él la llamó para decirle que había regresado. “Mi madre sabía que no podía protegerme”, cuenta Annan.

Annan ha compartido imágenes del lugar donde vivía: un edificio abandonado, sin electricidad ni agua corriente, en un país vecino. Ha explicado que durante el día permanecía escondido y, al anochecer, caminaba casi una hora para conseguir comida. Dormía sobre una manta extendida en el suelo, aunque apenas lograba conciliar el sueño por miedo a contraer alguna enfermedad transmitida por los insectos que se arrastraban o zumbaban a su alrededor. La soledad le resultaba insoportable.

En las últimas semanas, alguien le había enviado un mensaje de texto de forma anónima, diciéndole que su supervivencia, como hombre gay, no sería tolerada. El mensaje le hizo sentir desesperanza: podía huir, pero no podría esconderse para siempre.

Agotamiento

En Los Ángeles, Jalili está recibiendo más llamadas sobre clientes que van a ser embarcados en vuelos de deportación. En junio, a una mujer iraní de 30 años con un trastorno sanguíneo que la debilitaba tanto que necesitaba un andador le comunicaron que sería enviada a Esuatini, en el sur de África.

La abogada cuenta que otra clienta está superada por las circunstancias: “Cada semana le proponen un nuevo país”.

Los abogados especializados en inmigración afirman que, aunque su trabajo siempre ha sido difícil, los intentos de obstaculizar a quienes se oponen a la campaña de la Administración Trump para acabar con cualquier forma de migración irregular tienen una magnitud sin precedentes.

Cuando detienen a uno de sus clientes, los abogados apenas encuentran vías para denunciar abusos y exigir responsabilidades. Entre las instancias que han dejado de funcionar figura la oficina del defensor independiente de las personas detenidas por motivos migratorios, encargada de investigar abusos y conductas indebidas.

En los tribunales, los abogados pueden encontrarse con jueces hostiles a su causa, ya que Trump ha destituido a algunos magistrados por considerarlos insuficientemente leales a su política de deportaciones. Además, el coste de presentar una demanda ha aumentado considerablemente a raíz de una ley aprobada por el Congreso en julio del año pasado.

Incomunicación del ICE

Jalili, como muchos otros abogados, dedicó buena parte del primer mandato de Trump a recurrir ante los tribunales la política de separación de niños y niñas de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. En vísperas de las últimas elecciones presidenciales, ante la posibilidad de que la situación empeorara si Trump volvía a ganar, decidió abrir su propio despacho.

A menudo la despertaban de noche las llamadas de familiares desesperados de personas que acababan de ser detenidas por el ICE.

Uno de los mayores obstáculos es conseguir comunicarse con los agentes del ICE, explica Erica Reilly, abogada de inmigración en la ciudad de Washington.

“Envías todos esos correos electrónicos a los agentes de deportación y les dices algo así como: ”Hola, solo quiero hacer un seguimiento del correo que te envié la semana pasada, y la semana anterior, y la anterior a esa, y la anterior a esa, al que no has respondido“, explica: ”Y ellos saben que no tienen por qué darte ninguna explicación porque no hay rendición de cuentas“.

Explica que lo peor es la sensación de impotencia. Con el tiempo, ha llegado a la conclusión de que la crueldad y las trabas para acceder a los agentes forman parte de una estrategia.

“Creo que el Gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para que suficientes personas piensen: ”Quedarme da demasiado miedo. No sé qué va a pasar y puede ser peor. Mejor me voy por mi cuenta“.

Reilly explica que, para sobrellevar cada jornada, ha tenido que aprender a valorar los pequeños avances: “Que un agente encargado de las deportaciones te devuelva la llamada no debería considerarse una victoria, pero, en estas circunstancias, lo es”.

Jalili cuenta que procura centrarse en las batallas que puede ganar. Cuando supo que el avión en el que viajaba Nika había despegado rumbo a Bangui, se dejó caer al suelo, llamó a su madre y rompió a llorar. “En una situación así, no basta con decirse que hice todo lo que pude”.

Nika había perdido la vida que conocía en Irán. Estados Unidos apenas le ofreció algo mejor. Jalili enumera todo lo que su clienta ha tenido que soportar:

“Diecisiete meses detenida. Diez días de libertad por orden de un juez federal. Que la separaran de su tío, la metieran en un coche y después en un avión, encadenada. Veinticuatro horas sentada durante el vuelo. Ha tenido que sentir una soledad inmensa”.

Información adicional de Alice Speri

Traducción de Emma Reverter

The Deportation Project ha sido coordinado por Forbidden Stories. Han participado estos medios y equipos de investigación:

Estados Unidos y Reino Unido: The Guardian, The Washington Post, FRONTLINE y Human Rights Center Investigations Lab, de la Universidad de California en Berkeley. 

Europa: France 24, Radio France Internationale (RFI), La Croix, Paper Trail Media, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF y Der Standard. 

América Latina: Divergentes, Revista Factum, Plaza Pública, Contracorriente y Proceso. 

África y otros equipos: Inhlase, The Fourth Estate, Opinion-info.cd, Number One Citizen Daily, CCIJ y Evident Media.