El magnate tecnológico Elon Musk declaró la madrugada de este martes en el juicio contra OpenAI que fue engañado, al afirmar que no habría invertido en la fundación de la compañía de haber sabido que abandonaría su misión sin fines de lucro y en favor de la humanidad. “Podría haberla iniciado como una empresa con fines de lucro, pero decidí no hacerlo. Elegí convertirla en algo para el beneficio de toda la humanidad”, ha afirmado Musk según información citada por la cadena CNBC.

Musk, considerado el hombre más rico del mundo, fue el primero en testificar en el juicio que arrancço este lunes en un tribunal federal en Oakland (California) y podría definir el futuro de la creadora de ChatGPT. El magnate sostiene que fue engañado por los cofundadores de OpenAi Sam Altman y Greg Brockman para financiar la fundación de OpenAI bajo la promesa de que la tecnología mantendría la mayoría de su estructura como una empresa sin ánimo de lucro.

En su testimonio, el fundador de Tesla y SpaceX ha destcado que no habría aportado sus recursos, de más de 40 millones de dólares, si la intención de la empresa hubiera sido obtener beneficios económicos. También se atribuyó el papel fundamental que tuvo en el comienzo de OpenAI, que espera salir a la bolsa a finales de año, al concebir la idea, el nombre y reclutar a personas clave.

Además, el magnate ha expuesto al jurado sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial y los riesgos que observó, tras una conversación en 2015 con uno de los fundadores de Google. Su testimonio continuará este miércoles.

OpenAI dice que Musk busca torpedearla

OpenAI ha calificado la demanda como un intento infundado y motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial. La defensa de la compañía aprovechará el juicio para interrogar a Musk bajo juramento sobre su supuesta intención de socavar la labor de la organización tras haber intentado controlarla en el pasado.

OpenAi fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores buscaban avances en la inteligencia artificial (IA). Pero en 2017 la relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos retrasos de lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

En 2019, la tecnológica pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado. El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores en EEUU para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración de beneficio limitado. Musk ha pedido al tribunal que revierta la aprobación para que OpenAI mantenga la mayoría de su estructura sin ánimo de lucro, además de una compensación económica y el despido de Altman.

“En estado de colapso”. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así describe su propia situación Irán, que pide a Washington que abra el estrecho de Ormuz “lo antes posible”. En Teherán desconfían de Trump. El periódico británico The Guardian ha hablado con varios ciudadanos y ciudadanas iraníes sobre cómo la guerra está cambiando su opinión sobre el régimen y el futuro del país. “A Trump le da igual que sea la República Islámica o cualquier otra alternativa: él persigue sus propios intereses. No está pensando en nosotros”, dice Amir. Puedes leer aquí más testimonios. Mientras, el grano conecta la guerra de Ucrania con Israel: Kiev acusa a Tel Aviv de comprar cereal “robado” del Donbás. En Europa, el canciller alemán, Friedrich Merz, ocupa en las últimas semanas un lugar desestabilizador de las instituciones de la UE, con críticas a la burocracia europea y con posiciones en política exterior contrarias a las adoptadas por las instituciones comunitarias.

Los líderes de algunos países europeos se sentían más tranquilos desde que Viktor Orbán perdió las elecciones en Hungría y dejaba de ser el disruptor de las políticas de la Unión Europea. Aunque se hacían cábalas sobre quién podría ser el sucesor, pocos pensaban que el canciller alemán, Friedrich Merz, pudiera ocupar un lugar destacado como desestabilizador de las instituciones de la UE. Los problemas económicos de Alemania, incapaz de emprender una recuperación sólida, junto a una coalición de Gobierno a punto de estallar está llevando a Merz a dar traspiés con continuos cambios de posiciones en política exterior que son contrarias a la postura de Bruselas y a culpar al papel de la UE de la crisis que ahoga a Alemania.

Merz había calificado a 2026 como un “año de crecimiento” pero la guerra de Irán ha cambiado completamente el panorama para la economía alemana. El Bundesbank ha señalado que el debilitamiento de la actividad en Alemania supondrá un crecimiento “moderado” en el primer trimestre del año, que los analistas sitúan en un 0,2%. El Ejecutivo alemán ya ha anunciado una rebaja a la mitad de las previsiones anuales por el impacto de la guerra con un PIB que solo alcanzará un incremento del 0,5% en 2026.

A la vez, la coalición de Gobierno alemán entre conservadores y socialdemócratas vive en uno de sus peores momentos con choques continuos sobre las reformas que tiene que abordar el país para solventar la crisis económica. Merz llegó a asegurar que el Estado del bienestar en Alemania era “insostenible”. Este martes, la agencia alemana DPA publicó que el Ejecutivo de coalición había acordado recortes en gastos sanitarios y pensiones que supondrán un ahorro de 19.300 millones de euros en las cuentas públicas del próximo año.

Culpar a la burocracia europea

La imagen de Merz se está hundiendo en las encuestas políticas. Ya es el político peor valorado de todo el espectro de partidos alemanes. Al igual que hizo el ultranacionalista Viktor Orbán en su campaña electoral señalando a la UE como el origen de todos los problemas de Hungría, los conservadores alemanes han encontrado en la burocracia de la UE al culpable de los males de Alemania.

Así durante la reunión de los grupos parlamentarios de los partidos Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU), que se ha celebrado este lunes y martes, en la que participaron Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se puso sobre la mesa un documento donde se propone un cambio drástico del funcionamiento de la UE para reducir su control, limitar los poderes de la Comisión y rebajar lo máximo posible la burocracia que suponga una carga regulatoria que “perjudica” a las empresas alemanas, según publicó Politico.

Entre algunas de las medidas que se proponen está la creación de un nuevo organismo de control por encima de la Comisión Europea que tendría “derecho de veto sobre cualquier nueva legislación”. Esta propuesta va precisamente en contra de los últimos planteamientos de las instituciones europeas. Como primera lección tras la derrota de Orbán, Von der Leyen planteó “avanzar hacia la votación por mayoría cualificada en política exterior. Es una forma importante de evitar bloqueos sistemáticos”.

También se aboga por que las instituciones de la UE asuman un rol “más restrictivo de sus competencias”, que incluya recortes de empleados y reducción de su actividad, además de un fuerte impulso desregulatorio, con la eliminación de normas y relajación de las exigencias, especialmente en el ámbito medioambiental.

Bajo el eufemismo de “simplificación”, la UE ya ha iniciado un camino para flexibilizar las exigencias de todo tipo a las empresas europeas y reducir la carga burocrática. La respuesta de Bruselas a través del comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, ha sido desplazar la pelota al otro campo al recordar que son los países de la UE los que “crean barreras, aumenta los costes y fragmenta el mercado único” cada vez que añaden requisitos legales a las normas comunitarias.

En conclusión, Merz trata de rebajar el poder de la UE en un momento en el que los pasos que se están dando en Bruselas van en dirección contraria: fortalecer la Unión para convertirla en un bloque soberano con capacidad de respuesta ante los retos que plantea la política de bloques que han emprendido Estados Unidos y China.

Una política exterior confusa y lejos de la UE

Por otro lado, Merz ha respondido con una serie de cambios drásticos en sus posiciones de política exterior, que están causando sorpresa en los pasillos de las instituciones europeas. Mientras a principios de marzo, el canciller alemán anunciaba su respaldo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, con una penosa actuación en el Despacho Oval de la Casa Blanca y abandonando a sus aliados, esta semana aseguraba que EEUU “estaba siendo humillada por el liderazgo iraní”, en un cambio de registro que solo se explica ante las consecuencias que admitió el propio Merz: el conflicto “le está costando a Alemania mucho dinero de los contribuyentes y mucha fortaleza económica”.

No ha sido el único cambio. Sin acordar con el resto de los países europeos una posición conjunta alrededor de las sanciones de la UE contra Irán, Merz propuso la opción de rebajar las sanciones económicas contra el régimen iraní como acicate para que llegase a un acuerdo en las negociaciones de paz con EEUU. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del mismo partido que Merz, tuvo que salir al quite y aclarar que “es demasiado pronto para levantar las sanciones” a Irán mencionando que 27.000 personas habían muerto en la represión del régimen iraní contra las protestas antigubernamentales.

Y para rematar la aciaga semana de canciller, Merz no tuvo otra ocurrencia que decir que Ucrania tendrá que aceptar la pérdida de algunos territorios como parte de un futuro acuerdo de paz con Rusia. Esta postura, que recuerda a la posición de Trump en su negociación con Vladímir Putin, ha causado desconcierto en la UE, que siempre ha mantenido una postura férrea sobre que no se puede conseguir una paz justa con la concesión de territorios tras una invasión.

Menos transición verde y fusiones, depende

En otros aspectos, el canciller alemán también está atacando las bases de las políticas que está trazando la UE. Por un lado, Merz se ha posicionado claramente contra la transición verde advirtiendo que “no debe poner en peligro la base industrial”. Aunque reconoció “la gravedad del cambio climático” no puede llevar a “una transformación que conduzca a la desindustrialización, ya que no encontrará aceptación entre la población. Y, en última instancia, obstaculizará la innovación”, durante una reunión en Berlín sobre el cambio climático.

Lo que realmente Berlín busca es cambiar el sistema de comercio de emisiones de la UE y que permita a las empresas contaminar más a más bajo coste, con el eufemismo de “mantener la competitividad” y adoptar “un enfoque más realista” en sectores con más dificultades para descarbonizarse, como el acero o el cemento.

En otro ámbito donde el Gobierno de Merz está poniendo obstáculos es en la creación de campeones europeos. Aunque en la práctica se define como un defensor del libre mercado y reconoció que Europa necesita bancos más grandes y transfronterizos, como han pedido reiteradamente la UE y el Banco Central Europeo, Merz se ha opuesto abiertamente a la operación que lanzó el italiano UniCredit para comprar Commerzbank, que calificó como “hostil”, con el argumento de que “no cualquier tipo de adquisición es bienvenida en Alemania”.

Imputado por cuatro números dibujados con conchas en una playa. Es lo que ha conseguido la Administración Trump con el ex director del FBI Jamews Comey. Comey ha sido imputado este martes en una investigación por una foto en redes sociales de conchas marinas dispuestas en una playa que, según las autoridades, constituía una amenaza contra el presidente de EEUU, Donald Trump, según ha adelantado CNN.

Se trata del segundo caso penal que el Departamento de Justicia ha presentado contra una de las personas más perseguidas por Trump. Comey afirmó que la disposición de las conchas, en la que se leía '86 47', era un mensaje político, no una incitación a la violencia. Comey es uno de los múltiples adversarios del presidente republicano que han sido objeto de escrutinio por parte del Departamento de Justicia durante el último año, en un momento en que el fiscal general en funciones, Todd Blanche, pretende colocarse como la persona adecuada para ocupar el cargo de forma permanente que ha quedado vacante tras el cese de Pam Bondi.

Comey fue interrogado por el Servicio Secreto en mayo después de que funcionarios de la administración Trump afirmaran que estaba promoviendo el asesinato de Trump, el 47º presidente, informa AP.

Comey borró la publicación poco después de publicarla, escribiendo: “No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia”. Y añadió: “Me opongo a cualquier tipo de violencia, así que eliminé la publicación”.

Merriam-Webster, el diccionario utilizado por The Associated Press, dice que 86 es argot y significa “echar”, “deshacerse de”. Señala: “Entre los significados más recientes adoptados se encuentra una extensión lógica de los anteriores, con el significado de 'matar'. No incluimos este significado, debido a su relativa novedad y escasa frecuencia de uso”.

Trump, en una entrevista con Fox News Channel en mayo, acusó a Comey de saber “exactamente lo que eso significaba”.

“Un niño sabe lo que eso significaba”, dijo Trump: “Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significaba, eso significaba asesinato. Y lo dice alto y claro”.

El hecho de que el Departamento de Justicia haya iniciado un nuevo caso contra el exdirector del FBI meses después de que se desestimara una acusación independiente y sin relación con este asunto probablemente provocará que la defensa alegue que la Administración Trump está haciendo todo lo posible por atacar a Comey, quien había supervisado los primeros meses de una investigación sobre si la campaña del presidente republicano en 2016 se había coordinado con Rusia para influir en el resultado de las elecciones de ese año.

El exdirector del FBI fue acusado en septiembre de mentir y obstruir al Congreso en relación con el testimonio que prestó en 2020 sobre si había autorizado que se facilitara a un periodista información privilegiada sobre una investigación. Él negó haber cometido ningún delito, y el caso fue posteriormente desestimado después de que un juez concluyera que el fiscal que presentó la acusación había sido nombrado ilegalmente.

Comey era director del FBI cuando Trump asumió el cargo en 2017, tras haber sido nombrado por el entonces presidente Barack Obama, demócrata, y haber ocupado anteriormente un alto cargo en el Departamento de Justicia durante la administración republicana del presidente George W. Bush.

Trump despidió a Comey en mayo de 2017 en medio de una investigación del FBI sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump. Esa investigación, de la que más tarde se hizo cargo el fiscal especial Robert Mueller, concluiría finalmente que, si bien Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y el equipo de Trump agradeció la ayuda, no había pruebas suficientes para demostrar una colaboración delictiva.

El Departamento de Justicia también está llevando a cabo una investigación penal sobre el exdirector de la CIA John Brennan, otra figura clave en la investigación sobre Rusia —una de las principales quejas de Trump por la que él y sus seguidores llevan mucho tiempo buscando represalias—.

Un día, Donald y Melania Trump ponen el grito en el cielo contra el cómico Jimmy Kimmel por un monólogo y exigen su despido. Al día siguiente, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ordena impugnar las licencias de las emisoras de la cadena, lo que daría lugar a una batalla legal con Disney, la empresa matriz de ABC.

La FCC ha ordenado una revisión de “la renovación anticipada de todas las licencias de las emisoras de televisión de Disney/ABC, confirmando así una información adelantada por Semafor.

Los titulares de las licencias de las emisoras gozan de una amplia protección legal, pero las órdenes de renovación anticipada suponen una escalada extraordinaria por parte de la Administración Trump.

En septiembre pasado, el órgano regulador ya amenazó a ABC por un monólogo de Kimmel. El presidente de la FCC, Brendan Carr, había amenazado con tomar medidas contra ABC después del monólogo de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel o la FCC tendrá trabajo por hacer”.

En aquellos días, el presidente de EEUU amagaba con retirar las licencias de emisión a las grandes televisiones por tener una línea editorial poco trumpista: “Esto también debería discutirse en cuanto a las licencias. Cuando tienes una cadena, tienes programas nocturnos y lo único que hacen es atacar a Trump.... Si miras, no han tenido un comentarista conservador en años. Lo único que hacen es atacar, no pueden hacer eso, son una rama del Partido Demócrata. Leí en alguna parte que las cadenas estaban en mi contra en un 97%, y aun así gané fácilmente las elecciones. Solo me dan mala publicidad o mala prensa. Y están operando con una licencia. Creo que tal vez deberían revocarles la licencia. Dependerá de Brendan Carr, es excepcional, es un patriota, ama a nuestro país y es un tipo duro. Así que ya veremos”.

Disney no ha hecho ningún comentario sobre la publicación de Trump del lunes por la tarde en Truth Social, en la que culpa a Kimmel del tiroteo del sábado fuera de la cena de corresponsales de la Casa Blanca y afirma que “debería ser despedido inmediatamente”.

Pero Disney ha demostrado su apoyo a Kimmel al mantener la emisión de su programa el lunes por la noche, después de haberlo suspendido brevemente en otoño pasado en medio de la presión gubernamental contra ABC por el monólogo sobre Charlie Kirk.

En su monólogo del lunes por la noche, Kimmel dijo que su comentario de la semana pasada, que ha suscitado críticas de la Casa Blanca tras el tiroteo —sobre que la primera dama Melania Trump parecía una “viuda en espera”—, era una broma “sobre el hecho de que Trump tiene casi 80 años y ella es más joven que yo”.

La FCC, así, está provocando un conflicto con la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, que sería violada con una medida de represalia del Gobierno por emitir el programa de Kimmel y resistirse a la presión de Trump.

Esto se debe a que las licencias de Disney en cuestión —que abarcan ocho emisoras propiedad de ABC y operadas por ella en ciudades como Nueva York y Chicago— no deben renovarse hasta dentro de varios años.

Pero el presidente de la FCC, Brendan Carr, señaló el mes pasado que podría dar este paso: “La Ley de Comunicaciones autoriza a la FCC a solicitar la renovación anticipada de las licencias”.

La orden de la FCC contra Disney aboca a un largo proceso, lo que daría a las emisoras de ABC múltiples oportunidades para contrarrestar la presión de la Administración Trump. Pero las emisoras tienen que estar dispuestas a defenderse, lo que cuesta tiempo y dinero.

Según la CNN, la FCC alegará que la revisión de la licencia se deriva de una investigación en curso sobre las prácticas de DEI de Disney, y no de la controversia de Kimmel.

La FCC también envió una “carta de investigación” a ABC sobre su programa de entrevistas diurno The View a principios de este año, lo que indicaba una investigación sobre si se habían violado las normas de “igualdad de tiempo”. Los comentarios progresistas en The View han alimentado durante mucho tiempo las quejas conservadoras sobre el sesgo de los medios.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha sobrevivido otro día de testimonios y críticas por el proceso para nombrar a Peter Mandelson, el exembajador británico en el Reino Unido que él mismo despidió en septiembre por su relación con Jeffrey Epstein. Pero también tuvo que escuchar las quejas de los diputados de su propio partido en la Cámara de los Comunes a pocos días de unas elecciones que se esperan adversas para los laboristas.

La mayoría de los parlamentarios votaron este martes en contra de investigar a Starmer por supuestamente haber engañado al Parlamento sobre los pasos para examinar a Mandelson antes de su nombramiento. Después de despedirlo, en septiembre de 2025, el primer ministro dijo que se habían seguido los filtros habituales, según “el debido proceso”. Este mes, The Guardian desveló que Mandelson no había pasado uno de los pasos durante el análisis de riesgos de seguridad, en particular por el trabajo de su consultora para China, pero el primer ministro no fue informado. Starmer forzó la dimisión del funcionario responsable del proceso, pero él y otros funcionarios se han quejado de sentir la presión por las prisas para nombrar a Mandelson. 

El Parlamento derrotó por 335 a 223 votos la petición del Partido Conservador de que la comisión de estándares parlamentarios investigue a Starmer para determinar si su afirmación en la Cámara de los Comunes en septiembre era falsa y, en el caso de serlo, si engañó a sabiendas. El primer ministro también dijo después que su Gobierno no había ejercido “ningún tipo de presión” en el proceso de verificación del historial de Mandelson.

Pero, durante el intenso debate de más de cinco horas, varios diputados laboristas, entre ellos algunos habitualmente críticos con Starmer, pidieron que el primer ministro se sometiera al escrutinio extra sobre sus afirmaciones. De los 403 diputados laboristas, sólo 15 colegas de partido acabaron votando contra el primer ministro y otra cincuentena se abstuvieron o estaban ausentes, pero las voces de los más críticos se escucharon en el Parlamento, e iban más allá del caso concreto a debate.

Emma Lewell, diputada laborista, se quejó de que el partido estuviera pidiendo que sus miembros respetaran la disciplina de voto en este caso. “Juega a favor del relato dañino de que hay algo que ocultar y colegas buenos y decentes serán acusados de ser cómplices de encubrimiento”, dijo Lewell, diputada laborista del grupo socialista dentro del partido y quien acusó al Gobierno de su partido de estar “desconectado de la realidad y de la opinión pública”. 

Brian William Leishman, otro laborista del ala izquierda del partido, pidió a Starmer que “deje de poner a los diputados laboristas en situaciones embarazosas”.  Nadia Whittome, laborista crítica de Nottingham, sugirió que Starmer acudiera a la comisión de estándares de manera voluntaria.

Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador, criticó a los laboristas que votaron contra su petición y los llamó “rebaño” por seguir las instrucciones del partido.

Elecciones del 7 de mayo

Otros críticos con Starmer en su partido le defendieron esta vez. Anas Sarwar, líder de los laboristas en Escocia y que hace unas semanas pidió la dimisión de Starmer, anunció que él y otros diputados de Escocia votarían en contra de la petición de investigación porque era “un montaje político” del Partido Nacionalista Escocés, su principal rival en las elecciones al Parlamento escocés el 7 de mayo, el Partido Conservador y otros en la oposición. 

Las encuestas ya predicen una de las mayores debacles del Partido Laborista en décadas por todo el país en las elecciones municipales, los comicios al Parlamento de Gales, donde los laboristas están ahora en el poder, y el Parlamento de Escocia.

Starmer, ya tan impopular como sus predecesores conservadores, había recuperado algo de apoyo por su resistencia frente a Donald Trump en la guerra de Irán, pero esta nueva polémica sobre el nombramiento de Mandelson lo está volviendo a tocar. 

La sustancia de lo que se debatía este martes era la afirmación de Starmer, que como todos los miembros del Gobierno está sujeto al código ético ministerial que obliga a proporcionar información verdadera y cuidadosa al Parlamento, y a corregir inmediatamente cualquier error. 

Según las reglas de la Cámara de los Comunes, los diputados no pueden acusarse unos a otros de mentir. El proceso para aclarar si alguien ha engañado al Parlamento es a través de la investigación de la comisión de estándares parlamentarios a la que proponía el Partido Conservador de llevar a Starmer. 

La mayoría de los británicos están a favor de que el Parlamento investigue si Starmer hizo una declaración engañosa, entre ellos casi la mitad de votantes que se identifican como laboristas, según una encuesta publicada este martes por YouGov.

¿Presión?

En todo caso, continúa la investigación sobre el nombramiento de Mandelson en la comisión de Exteriores del Parlamento, que este martes tuvo una sesión de más de cuatro horas con dos entrevistas a fondo.

Unas horas antes del voto en el Parlamento, testificó en esa comisión Morgan McSweeney, el ex jefe de gabinete de Starmer y quien dimitió por haber sido el principal defensor del nombramiento de Mandelson como embajador. McSweeney dijo este martes que cometió “un error grave de juicio” al aconsejar al primer ministro que nombrara a Mandelson, un veterano del Partido Laborista y antiguo comisario europeo de Comercio que pensó podía ayudar a lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos.

McSweeney dijo que esto sucedió porque el Brexit dejó fuera de juego al Reino Unido y pensó que un acuerdo comercial con Estados Unidos era una forma de recuperarse. También aseguró que si Kamala Harris, la candidata demócrata, hubiera ganado las elecciones presidenciales de 2024, probablemente no habría aconsejado el nombramiento de alguien como Mandelson, conocido como “el príncipe de las tinieblas” por su supuesta capacidad de maniobrar en la sombra.

El antiguo jefe de gabinete de Starmer aseguró que Mandelson le mintió sobre la intensidad de su relación con Epstein. El ex embajador está siendo investigado ahora por la policía británica por supuestamente haber mandado información confidencial del Gobierno británico a Epstein.

Philip Barton, antiguo secretario del Ministerio de Exteriores, testificó en la misma comisión de Exteriores antes que él que había sentido la presión para completar cuanto antes el proceso del nombramiento de Mandelson. El Gobierno, según él, estaba “poco interesado” en los detalles y sobre todo quería que Mandelson llegara a Washington como tarde el 20 de enero de 2025, para la toma de posesión de Trump. Mandelson no ocupó su cargo hasta el 10 de febrero.

La ocupación rusa del este de Ucrania tiene una derivada económica contra la que Kiev lleva peleando desde el inicio de la guerra: el aprovechamiento de la amplia producción de cereal de la región del Donbás, que Rusia emplea para financiar el esfuerzo bélico. Rusia coloca la materia prima en el mercado tratando de ocultar su origen, y ha encontrado en Israel un destino para las exportaciones de cereales. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, protestó públicamente el martes porque entiende que Israel hace la vista gorda. Israel alega que no le consta irregularidad alguna.

“Las autoridades israelíes no pueden no ser conscientes de qué barcos llegan a sus puertos y qué mercancías traen”, lanzó el mandatario en X, después de la publicación de un reportaje en el medio israelí Haaretz en el que se detallan las estratagemas rusas para sacar ilegalmente los cereales de los territorios ocupados del este. Ucrania, que en el año anterior al inicio de la guerra exportó cereales por valor de 11.500 millones de euros, calcula que Rusia se ha hecho con 15 millones de toneladas de grano desde el inicio de la guerra.

La información de Haaretz documenta una práctica reiterada: los barcos rusos desconectan sus sistemas de localización al aproximarse a Ucrania para cargar y no los vuelven a conectar hasta después de trasladar la carga en medio del mar a graneros flotantes u a otros barcos, a su vez también ilocalizables durante las maniobras. Valiéndose de los datos de seguimiento disponibles e imágenes de satélite, el diario atestiguó dos casos in fraganti: desde los puertos en zona ucrania ocupada, pasando por el trasbordo en el mar, a la llegada a puertos de Israel. Pero también alberga sospechas de varios casos más, en una maniobra que parece habitual desde 2023.

Haaretz obtuvo también documentos del Gobierno ruso, entre los que figuraba una lista de 120 cargamentos de grano ucraniano que salieron a través de dos puertos de Crimea (ocupada por Rusia desde 2014): Kerch y Sebastopol. Entre noviembre de 2022 y junio de 2023, la mayoría de los cargamentos se dirigieron a Siria y Egipto, otros a Turquía, Libia, Arabia Saudí y Túnez, y 31 de ellos —90.000 toneladas en total— estaban destinados a Israel.

La información del periódico israelí resulta especialmente punzante para Ucrania porque señala que había un nuevo barco dispuesto a desembarcar en el puerto de Haifa el pasado domingo, apenas un mes después de que Kiev avisase a Tel Aviv de que un buque iba camino de un puerto israelí cargado con grano de los “territorios temporalmente ocupados”. Esto suscitó una protesta pública de Ucrania. “Es preocupante que pese a la información facilitada y a los contactos entre las partes se permitiese al buque descargar en el puerto de Haifa”, censuró el ministerio de Exteriores en un comunicado.

El nuevo episodio documentado por Haaretz provocó una respuesta más agria. El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, anunció el lunes en X que había llamado a consultas al embajador israelí. “Las relaciones amistosas entre Ucrania e Israel tienen el potencial de beneficiar a ambos países, y el comercio ilegal de Rusia con el grano ucraniano robado no debería socavarlas. Es difícil entender la falta de respuesta adecuada de Israel a la legítima solicitud de Ucrania respecto al buque anterior que entregó mercancías robadas a Haifa. Ahora que otro buque de este tipo ha llegado a Haifa, una vez más advertimos a Israel contra aceptar el grano robado y dañar nuestras relaciones”, escribió.

La respuesta israelí se produjo por el mismo medio. El ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar —cuyo primer ministro no puede viajar por buena parte de Europa por el riesgo de que lo detengan y entreguen al Tribunal Penal Internacional— escribió que en Israel “impera el Estado de derecho” y que no había pruebas de las acusaciones, pese al exhaustivo trabajo de Haaretz. “Ni siquiera presentó una solicitud de asistencia legal antes de recurrir a los medios y las redes sociales”, se quejó. El mensaje de Zelenski, insatisfecho con la respuesta, llegó al día siguiente. Anunció sanciones para las empresas e individuos implicados.

Consecuencias en Oriente Medio

El mensaje de Zelenski hacía una mención velada: “Trabajamos sinceramente por mejorar la seguridad, especialmente en la región de Oriente Medio. Esperamos que las autoridades israelíes respeten a Ucrania y eviten emprender acciones que socaven las relaciones bilaterales”. Zelenski aseguró en marzo, durante una reunión con Emmanuel Macron, que había enviado “equipos de expertos” a “tres países” de la región para ayudarles a operar drones interceptores con los que derribar a los modelos Shahed con los que Irán ha atacado numerosos objetivos en la región en respuesta a los bombardeos de EEUU e Israel. “Sin nuestros pilotos, personal militar y software especializado, nada de esto funciona”, advirtió entonces.

Sa'aar se refirió de nuevo al asunto en una rueda de prensa el martes. “Rechazamos este tipo de diplomacia de Twitter”, protestó. Aseguró que el último barco sospechoso “no ha entrado a puerto y todavía tiene que enviar su documentación”, e insistió en que no hay pruebas de las acusaciones ucranias. Si Zelenski se refirió a la asistencia militar ucraniana, el ministro israelí dijo sentirse “un poco sorprendido” de la reacción habida cuenta del “apoyo en foros internacionales”, la ayuda humanitaria y los generadores eléctricos facilitados a Ucrania.

Historial de comercio ilícito

Pese a los lamentos de Sa'ar, Israel no guarda mala relación con Rusia, de donde procede en torno a un 15% de la población israelí. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se jactaba en diciembre, en ese sentido, de su “relación personal” con Vladímir Putin, y de cómo ese trato “de muchos años” había beneficiado a los “intereses vitales de Israel”.

Ambos países comparten experiencia, desde la invasión de Ucrania, con el comercio desde territorios ocupados. En materia agrícola, la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones insiste desde hace años en que Israel exporta dátiles obtenidos en asentamientos ilegales de Cisjordania y que los etiqueta como israelíes o provenientes del valle del Jordán.

El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables.

El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo, al que ha tenido acceso EFE y fechado el pasado 24 de abril.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

España se opondrá y litigará

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a EFE que, sin perjuicio de la actuación que pueda emprender el Ministerio de Justicia neerlandés con relación al embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes, España se opondrá y litigará, defendiendo los intereses nacionales del país, como sucede habitualmente.

Los inversores extranjeros en materia de energías renovables denunciaron a España en cortes de arbitraje internacional por la reforma normativa del anterior Gobierno del PP en el año 2013, añade la misma fuente.

En total, reclamaban un total de 10.635 millones de euros, pero España ya ha conseguido reducir ese importe en un 85% y sigue litigando en distintas instancias nacionales e internacionales, explican desde Transición Ecológica.

El documento de los abogados neerlandeses indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización, de ahí que se haya autorizado el embargo preventivo del inmueble.

El laudo ejecutado corresponde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota.

El inmueble, situado en el centro histórico de Utrecht, tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros.

Fuentes cercanas a los fondos acreedores destacan que el edificio no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido.

En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026, indica la misma fuente.

En total, España debe 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias

“En estado de colapso”. Según el presidente de EEUU, Donald Trump, Teherán ha comunicado que se encuentra en “estado de colapso”.

“Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible”, asegura el presidente de EEUU en un post en Truth Social, “mientras tratan de resolver su situación de liderazgo (¡algo que creo que serán capaces de hacer!)”.

El mensaje de Trump llega después de haberse frustrado la negociación prevista para el pasado fin de semana en Pakistán. A Trump se le sigue atascando la salida de la guerra en Irán, y el pasado sábado canceló el viaje a Islamabad anunciado de sus dos negociadores, Steven Witkoff y Jared Kushner, al conocerse la marcha del ministro de Exteriores iraní, Abás Aragchi. Teherán nunca confirmó que se produciría una reunión con la delegación estadounidense en la capital paquistaní, y el ministro Aragchi, después de pasar 24 horas en Islamabad donde dejó a los mediadores una última propuesta negociadora, partió para Omán y Rusia.

El presidente de EEUU aseguró el sábado que habían sido convocados para principios de esta semana, pero, de momento, no se han comunicado reuniones en persona: “Cuando dicen que la reunión está programada para el martes [por hoy], yo digo que el martes queda muy lejos. Y es mucho viaje, no queremos hacer eso. No se iban a reunir con el líder del país, se iban a reunir con otras personas. Y dije: no vamos a viajar tanto. Lleva demasiado tiempo. Es demasiado caro. Soy una persona muy consciente de los costes”.

Según Trump, los líderes iraníes “están peleándose entre ellos, hay una lucha interna tremenda, se están peleando por el liderazgo, porque hemos eliminado a dos niveles de líderes. Pero no hay razón para esperar dos días. Hacer que la gente viaje durante 16, 17 horas. No lo haremos así, pueden llamarme. Tenemos todas las cartas. Nos dieron un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, en cuanto cancelé el viaje, en menos de diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor. Hablamos de que no tendrán armas nucleares, Irán no puede tener armas nucleares”.

La cancelación del viaje y la ausencia de negociaciones es la última señal de que Irán y Estados Unidos están lejos de alcanzar un acuerdo y que Trump está lejos de una salida para poner fin a la guerra.

En relación con el paso bloqueado, este martes se ha sabido que un petrolero de la refinería japonesa Idemitsu Kosan ha cruzado el estrecho de Ormuz. Se trata del primer barco vinculado a Japón que cruza desde el inicio de la guerra.

El petrolero, el Idemitsu Maru, navegaba con bandera de Panamá y carga dos millones de barriles de petróleo. El barco llevaba bloqueado en Arabia Saudí desde finales de febrero, y que haya podido cruzar el estrecho es una señal de los movimientos diplomáticos de Tokio con Teherán y Washington.

Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este martes que abandona la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP y OPEP+) a partir del 1 de mayo, en mitad de las perturbaciones derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a refinerías en la región.

En un comunicado remitido por el medio oficial emiratí, Wam, los EAU aseguran que la decisión es “consecuencia de una revisión exhaustiva de la política de producción de los EAU y de su capacidad actual y futura”, y se basa en su “interés nacional y en nuestro compromiso de contribuir de manera efectiva a satisfacer las necesidades apremiantes del mercado”.

Según el texto, la decisión “refleja la visión estratégica y económica a largo plazo” del país y “la evolución de su perfil energético, incluida la inversión acelerada en la producción energética nacional, y refuerza su compromiso de desempeñar un papel responsable, fiable y con visión de futuro en los mercados energéticos mundiales”.

La OPEP, reconocida por la ONU desde 1962 y formada hasta ahora por 12 países, concentra entre sus miembros el 80% de las reservas de petróleo del mundo y el 43% de la producción.

Beran A., acusado de planear un atentado contra uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena hace casi dos años, se ha declarado culpable al inicio de su juicio, según recoge la agencia Associated Press.

El juicio contra dos jóvenes de 21 años por planear un atentado terrorista en un concierto de Swift ha comenzado este martes en Austria, entre grandes medidas de seguridad y con cargos que pueden suponer hasta 20 años de prisión.

Los dos acusados han ocultado sus rostros al ingresar esposados a la sala donde este martes ha comenzado –en la ciudad de Wiener Neustadt, a unos 50 kilómetros de Viena– el juicio por el atentado frustrado contra un concierto de Swift en el estadio Ernst Happel de Viena.

La Fiscalía acusa a Beran A. y Arda K. de formar parte de una célula vinculada a la organización terrorista Estado Islámico (EI) y de planear un ataque para el 9 de agosto de 2024 en el estadio vienés, al que iban a asistir decenas de miles de personas para ver a la superestrella del pop.

El principal acusado, Beran A., fue detenido dos días antes del concierto gracias a una advertencia procedente de servicios de inteligencia extranjeros.

Este último acusado obtuvo en internet instrucciones para fabricar una bomba con metralla, recibió formación sobre explosivos de otros miembros del EI y llegó a producir una pequeña cantidad de material, además de difundir propaganda del grupo y tratar de conseguir armas y una granada en el mercado ilegal.

La detención ocasionó la cancelación de los tres conciertos de la artista estadounidense en Viena, a los que iban a asistir unas 200.000 personas.

Ambos acusados afrontan múltiples cargos de terrorismo y de intento de asesinato, delitos que, en caso de condena, podrían suponer hasta 20 años de cárcel.

Planes para otros atentados

La fiscalía sostiene también que los acusados actuaban de forma coordinada con un tercer implicado, Hasan E., actualmente encarcelado en Arabia Saudí, con quien habrían planeado atentados ya desde finales de 2023 en nombre del EI. Entre ellos figura un plan para perpetrar ataques simultáneos el 11 de marzo de 2024 en La Meca, Estambul y Dubái contra fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el escrito de acusación, mientras los dos imputados regresaron sin ejecutar sus atentados de Estambul y Dubai, Hasan E. atacó con un cuchillo a un agente de seguridad frente a la Gran Mezquita de La Meca, hiriendo además a otras cuatro personas antes de ser reducido.

Los procesados en Austria están acusados de haber alentado sus intenciones terroristas mediante contactos telefónicos previos al ataque en La Meca.

El juicio, del que se prevé que tenga cuatro vistas y concluya este mismo mes de mayo, se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, con controles de seguridad reforzados y una gran presencia de agentes policiales.

Tras convertirse en pionera en la regulación del uso de redes sociales por parte de menores de edad, Australia vuelve a dar un paso adelante en otro de los debates más complejos de la sociedad digital: la financiación de los medios de comunicación en una era en la que los sistemas de inteligencia artificial de las grandes plataformas pueden resumir las noticias a los usuarios y reducir las visitas a sus páginas web.

El Gobierno australiano, dirigido por el laborista Anthony Albanese apoyado en mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, ha presentado este martes un nuevo modelo para corregir esta situación. Su plan es obligar a corporaciones como Google, Meta o TikTok a compensar económicamente a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos informativos a través de acuerdos entre las respectivas empresas. Si se niegan a negociar, el proyecto prevé la creación de un impuesto del 2,25% sobre los ingresos generados por cada plataforma en el país.

Este mecanismo está diseñado para, ha explicado el Ejecutivo de Albanese, para impedir que los gigantes tecnológicos opten simplemente por eliminar los contenidos informativos de su oferta de servicios. Esto es lo que ocurrió en 2021, durante el anterior intento australiano de que estas multinacionales retribuyan a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos. Entonces, plataformas como Facebook eliminaron cualquier rastro de noticias de sus plataformas, suprimiendo también páginas y grupos que compartían estos contenidos, como las de sindicatos, de ONGs, de víctimas de violencia de género, meteorológicas, de aviso de incendios o incluso los perfiles oficiales de las administraciones australianas.

En España ocurrió algo similar tras la aprobación del llamado canon AEDE, cuando Google decidió retirar Google News de España en vez de retribuir a los medios de comunicación por el uso de sus noticias.

“Es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo”, ha declarado la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, en declaraciones recogidas por EFE. El Gobierno espera que el modelo genere hasta 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) anuales para el sector periodístico.

La normativa se aplicará a empresas con una presencia “significativa” en el mercado de redes sociales y buscadores en Australia. El Ejecutivo ha definido este estatus como aquellas plataformas con una facturación anual superior a los 250 millones de dólares australianos, con al menos cinco millones de usuarios en el caso de las redes sociales y diez millones para motores de búsqueda.

Impuesto a repartir entre los medios

La estructura de la ley busca incentivar el pago directo a los medios, no la recaudación fiscal, recalca el Gobierno australiano.

Por ello, las tecnológicas podrán aplicar descuentos sobre el impuesto total mediante la firma de acuerdos comerciales con los medios. Para fomentar la pluralidad, el borrador establece multiplicadores del 170% para pactos con medios pequeños o medianos y del 150% para grandes grupos editoriales. La norma incluye un límite preventivo por el cual ninguna plataforma podrá cubrir más del 25% de su obligación tributaria mediante un único acuerdo, lo que persigue que la financiación se reparta entre al menos cuatro grupos de comunicación diferentes.

En caso de no satisfacer estos requisitos, el gravamen del 2,25% de sus ingresos en el país sería recaudada por el Gobierno y repartida entre los medios de comunicación. Fuentes cercanas al proyecto explican a elDiario.es que una de las fórmulas que maneja el equipo de Albanese es prorratear la cuantía entre los medios del país en función de los periodistas que tengan contratados a tiempo completo.

El proyecto se ha abierto este martes a un período de consultas que permanecerá abierto hasta el 18 de mayo. “Los grandes portales digitales tienen un papel importante que desempeñar a la hora de facilitar el acceso a las noticias a todos los australianos y, como socios en la innovación, nos gustaría que colaboraran con los medios de comunicación en acuerdos comerciales que beneficien a ambas partes”, ha recalcado el ministro de Hacienda, Daniel Mulino.

Rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI

Google

elDiario.es ha consultado a varias de las empresas que se verán afectadas por la nueva ley. “Durante 20 años, Google se ha asociado con las redacciones a través de productos y programas. Seguimos siendo la única empresa tecnológica en Australia con acuerdos comerciales que apoyan a más de 90 empresas de noticias y 226 medios de comunicación, abarcando cabeceras nacionales, regionales e independientes”, ha contestado una portavoz de Google.

“Si bien actualmente estamos revisando el proyecto de ley, hemos sido claros: rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI, a pesar del gran cambio en la forma en que la gente consume noticias”, protesta.

En España, donde los medios de comunicación también han abierto este debate con las plataformas, multinacionales como Google ya se han mostrado dispuestas a llegar a este tipo de acuerdos remuneración para que su inteligencia artificial pueda usar los contenidos publicados de los medios.

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que abandonará la OPEP y la OPEP+ el 1 de mayo, en un mitad de la crisis económica y de suministro derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz y de los ataques a refinerías en la región. Mientras, EEUU e Irán siguen sin cerrar un acuerdo. Trump no está satisfecho con la última propuesta de Irán para resolver la guerra, según informa una fuente estadounidense a Reuters. Esta oferta de Teherán pospondría el debate sobre su programa nuclear hasta que termine la guerra y se resuelvan las disputas sobre el transporte marítimo en el Golfo. En Líbano ya son al menos 2.521 personas asesinadas por los ataques de Israel desde el 2 de marzo. Desde de el domingo han muerto otras 12 personas, pese al alto el fuego. Mientras, en EEUU, la cena de corresponsales no recibió la clasificación de máxima seguridad, pese a la presencia de decenas de altos cargos. El tiroteo, que obligó a evacuar a Donald Trump, pone en la diana las políticas de seguridad de la Casa Blanca. El atacante ya ha sido acusado formalmente de tres delitos: entre ellos, “intento de asesinato del presidente”. Hoy, en el podcast, hacemos un ejercicio teórico, nos planteamos un escenario político y legal extremo… ¿Qué pasaría si matan al presidente de los Estados Unidos?

El endurecimiento de las sanciones y el bloqueo contra Cuba por parte de EEUU desde 2017, durante la primera presidencia de Donald Trump, es clave en el gran aumento de la mortalidad infantil en la isla. Así lo constata un nuevo informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR), elaborado por los investigadores Alex Main, Joe Sammut, Mark Weisbrot y Guillaume Long.

Desde la primera administración Trump, las muertes infantiles han aumentado en un 148% entre 2018 y 2025. El informe calcula que, de haberse mantenido la tasa en niveles previos, aproximadamente 1.800 bebés menos habrían fallecido durante este período: “Durante ese periodo, las medidas coercitivas, económicas y unilaterales de Estados Unidos contra Cuba fueron endurecidas de manera sustancial por el presidente Trump y luego permanecieron vigentes casi en su totalidad durante el mandato del presidente Biden antes de que fueran reforzadas nuevamente durante el segundo gobierno de Trump. Si la tasa de mortalidad infantil de Cuba hubiera permanecido estable durante los últimos ocho años, no se habría producido la muerte de aproximadamente 1.800 bebés”.

El informe no abarca 2026, cuando la vuelta de tuerca de Trump se ha traducido en un bloqueo energético que mantiene a la isla prácticamente sin suministro de petróleo.

“La política de Trump de ‘máxima presión’ sobre Cuba ha matado a muchos bebés, y aunque aún no tenemos los datos correspondientes a los últimos meses, es muy probable que más bebés estén muriendo ahora, y a una tasa aún más alta que la del año pasado, como resultado del actual bloqueo estadounidense a los combustibles destinados a Cuba”, explica Alex Main, director de Política Internacional del CEPR y uno de los autores del informe: “La pregunta es cuántos bebés más tendrán que morir antes de que el asedio económico actual contra Cuba termine”. 

Según el informe, “debido a los efectos del bloqueo energético estadounidense, es muy probable que la tasa de mortalidad infantil en Cuba haya aumentado significativamente desde diciembre de 2025, cuando había alcanzado 9,9 por 1.000 nacimientos vivos. Otros indicadores sanitarios clave, tales como la expectativa de vida y la mortalidad materna, también se han probablemente deteriorado desde el comienzo del año”.

El informe indica que históricamente la tasa de mortalidad infantil en Cuba ha estado “entre las más bajas de América Latina y menor a la de Estados Unidos,” pero que “desde 2018, la de Cuba ha aumentado de una tasa anual de 4 por cada 1.000 nacidos vivos a 9,9 en 2025”.

La presión de Trump sobre Cuba, afirma el estudio, ha incluido restricciones que han generado una contracción sustancial de un sector clave, como es el turismo; han limitado severamente la exportación de artículos a Cuba, incluyendo medicinas esenciales y equipos médicos; han cortado el acceso de Cuba a los mercados financieros internacionales al colocar al país nuevamente en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo; han frenado remesas; han presionado a países para que pongan fin a sus acuerdos de cooperación médica con Cuba y han impuesto un bloqueo reciente a los combustibles que impide al petróleo venezolano llegar a la isla. 

El Senado de EEUU se dispone a votar una resolución de poderes de guerra (War Powers Resolution) impulsada por los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego para impedir cualquier acción militar de las fuerzas armadas de EEUU contra Cuba sin autorización previa del Congreso. 

“La resolución argumenta que el bloqueo actual constituye una participación militar en hostilidades, lo cual es ilegal según la Constitución estadounidense porque no ha sido autorizada por el Congreso”, afirma Mark Weisbrot, codirector del CEPR: “El castigo colectivo a civiles está prohibido por el Cuarto Convenio de Ginebra cuando hay un conflicto armado, y puede ser juzgado como un crimen de guerra. Este concepto parece aplicable ahora con el actual bloqueo naval que involucra a las fuerzas armadas estadounidenses”.

“El bloqueo ha tenido un efecto particularmente grave en la infraestructura médica y asistencial, ya que los frecuentes apagones interrumpen el uso de equipos clave para el tratamiento de pacientes, incluyendo incubadoras para bebés prematuros y ventiladores que ayudan a recién nacidos enfermos a respirar”, explica Guillaume Long, investigador principal del CEPR y autor del informe.

La ofensiva lanzada este pasado fin de semana en Mali por una coalición inédita de rebeldes tuaregs y grupos yihadistas ha sacudido los cimientos del régimen militar que gobierna en el país desde 2021. La caída de posiciones clave, la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, y la evidente coordinación insurgente sin precedentes dibuja un escenario de inestabilidad en un país azotado por la violencia.

¿Qué ha pasado en Mali?

En la madrugada del sábado 25 de abril, Mali fue escenario de una ofensiva coordinada a escala nacional. El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (también conocido como JNIM), afiliado a Al Qaeda, y el Frente de Liberación del Azawad (FLA), un movimiento secesionista del norte del país africano, lanzaron ataques simultáneos contra múltiples objetivos.

Las acciones de ambos grupos se extendieron desde el norte hasta el sur del país, pasando por Kidal, Gao, Mopti, Sévaré y Kati —esta última a apenas 15 kilómetros de la capital del país, Bamako— y afectando a infraestructuras estratégicas como bases militares y aeropuertos. El ataque sobre el aeropuerto de la capital provocó su cierre temporal, mientras que, en Kati, sede del Ministerio de Defensa, se registraron combates intensos.

Según varios analistas, el carácter simultáneo y planificado de la ofensiva convierte al ataque en el más grave desde la rebelión tuareg de 2012. En este caso, los insurgentes han combinado tácticas convencionales e irregulares, desde armas ligeras y artillería hasta coches bomba y drones, en una operación que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ejército maliense y de sus aliados rusos, según analiza el Soufan Center.

¿Por qué es tan importante la caída de Kidal, en el norte?

Kidal no solo es una ciudad al norte de un país africano como Mali, sino también un símbolo histórico de la disputa entre el Estado maliense y los movimientos tuaregs que reclaman la independencia del Azawad. Fue un bastión rebelde durante más de una década hasta que, en noviembre de 2023, el Ejército de Mali, con apoyo de mercenarios rusos, logró recuperarla.

En su momento, dicha victoria fue presentada por la junta militar como un punto de inflexión en la “reconquista” del territorio. Sin embargo, la ofensiva del sábado ha revertido ese símbolo en cuestión de horas y, según imágenes difundidas en redes sociales pendientes de verificación, el FLA asegura haber tomado el control total de la ciudad.

Las primeras informaciones apuntaban a una resistencia limitada por parte de fuerzas malienses y de la milicia rusa Africa Corps, atrincheradas en la antigua base de la misión de la ONU en el norte de Mali, la MINUSMA. Tras combates y negociaciones, los efectivos rusos acabaron retirándose escoltados por los propios rebeldes.

¿Quiénes están detrás de los ataques y por qué sorprende su alianza?

La ofensiva ha sido reivindicada por dos actores, el JNIM y el FLA, con distintas trayectorias, pero con arraigos históricos entrelazados. El primero es la principal filial de Al Qaeda en el Sahel, mientras que el segundo agrupa a facciones tuaregs y árabes que reclaman la independencia del Azawad.

Aunque ya habían coincidido en terreno, especialmente en 2012, la cooperación pública y ordenada entre ambos supone un salto cualitativo en el devenir de la guerra al norte del país. En sus comunicados, tanto el JNIM como el FLA reconocen la participación conjunta en los ataques y se muestran abiertos a coordinar estrategias para que fomenten “una transformación real que sirvan a los intereses de la religión, el país y su gente”.

Esta alianza tiene implicaciones destacables. Por un lado, refuerza la capacidad operativa de ambos actores, combinando conocimiento del terreno, redes locales y experiencia insurgente y, por otro lado, complica la lectura internacional del conflicto. Un movimiento secesionista con apoyos externos, cuyos vínculos con Ucrania se han señalado en reiteradas ocasiones, se asocia con una organización terrorista.

¿Qué significa la muerte del ministro de Defensa?

El ataque alcanzó también el corazón del poder. Sadio Camara, ministro de Defensa y figura clave de la junta militar, murió en un atentado con coche bomba contra su residencia en Kati, a las afueras de Bamako. Según varias fuentes, el ataque, atribuido al JNIM, fue perpetrado por un suicida que empotró el vehículo cargado de explosivos contra el complejo, provocando una explosión.

Sadio Camara no era un simple ministro o actor secundario; por el contrario, era considerado el arquitecto de la estrategia militar del régimen. Camara había consolidado su influencia dentro del aparato de seguridad y promovido el giro geopolítico hacia Rusia tras la ruptura con Francia. Bajo su liderazgo se impulsó la salida de la operación Barkhane y la entrada de mercenarios del Grupo Wagner, posteriormente sustituidos por los Africa Corps.

Además, Camara lideraba la reciente operación ‘Dougoukoloko’ o ‘Reconquista del territorio’, destinada a reforzar el control estatal en zonas clave como Kidal o Tombuctú. Su muerte abre incógnitas sobre el transcurso de dicha estrategia y debilita la cohesión interna de la junta, donde mantenía un equilibrio complejo con el presidente de Mali, Assimi Goïta.

¿Qué papel desempeñan Rusia y la comunidad internacional?

Tras años de presencia militar francesa sin resultados concluyentes en materia de antiterrorismo, la junta maliense optó por estrechar lazos y fomentar sinergias de cooperación militar con Moscú, con los mercenarios rusos como protagonistas.

Sin embargo, su desempeño ha sido cuestionado. La incapacidad para proteger a figuras como Camara y la retirada de Kidal suponen un revés para Moscú. Todo ello sumado a las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han recaído reiteradamente sobre las fuerzas rusas y a la ausencia de mejoras sustanciales de seguridad.

La región del Sahel, y concretamente el Sahel Central (Mali, Burkina Faso y Níger), se ha consolidado en los últimos años como el principal foco del terrorismo yihadista mundial, con la presencia no solo del JNIM, sino también de filiales del Estado Islámico activas en el resto de los países de la región africana.

¿Está realmente en peligro la junta militar?

La ofensiva ha abierto un escenario de incertidumbre y debate. Algunos analistas consideran que la coordinación y alcance de los ataques podría poner en riesgo la supervivencia de la junta, mientras que otros aseguran que el objetivo de los insurgentes no es necesariamente tomar el poder, sino forzar una negociación o debilitar al Estado.

Por ahora, el Gobierno insiste en que la situación está “bajo control”, ha impuesto toques de queda y llama a la calma. Aun así, lo que sí parece claro es que Mali entra en una nueva fase del conflicto y la historia del terrorismo en el país y la región.

Rusia, el país cuyo líder comunista suplica a Vladímir Putin que no se repita una revolución como la de 1917 y cuyo principal partido socialdemócrata pide el voto para el actual presidente, quiere erigirse en faro de la izquierda global.

Este lunes se ha celebrado en Moscú el foro inaugural de Sovintern, una red de más de 100 formaciones socialistas de 70 países distintos, de Europa, África, Asia y América. En común, su rechazo al “imperialismo de Donald Trump” y a “la guerra de la OTAN contra Rusia” en Ucrania.

La iniciativa tiene lugar una semana después de que la Internacional Socialista, con Pedro Sánchez al frente, y otras organizaciones celebraran en Barcelona un encuentro del progresismo mundial en pleno auge de la extrema derecha. Sovintern cuenta con el beneplácito del Kremlin y pretende poner de manifiesto que la socialdemocracia occidental ya no representa el verdadero socialismo, sino que sirve a los intereses militaristas de Estados Unidos.

Para Putin, es la ocasión perfecta para situar a Rusia, una vez más, como referencia de un mundo multipolar y para hurgar en las divisiones de la izquierda europea. Además, le permite esgrimir que, ante las acusaciones de falta de libertades, democracia y pluralismo, decenas de políticos progresistas de todo el planeta han debatido libremente a escasos metros de la Plaza Roja.

Una URSS 2.0

Los organizadores no han perdido la oportunidad de explotar el potencial simbólico de la Unión Soviética. La sesión plenaria ha discurrido en la Sala de las Columnas de la Casa de los Sindicatos, un palacio clásico de finales del siglo XVIII, al lado de la Duma. Fue la sede de las capillas ardientes de todos los líderes de la URSS, desde Lenin a Gorbachov, además de albergar la interminable partida de ajedrez entre Garri Kaspárov y Anatoli Kárpov entre 1984 y 1985.

Inevitablemente, el término “Sovintern” busca evocar la “Komintern” (la Internacional Comunista), mientras que su tipografía neoconstructivista recuerda al cartelismo posrevolucionario. “No se trata de recrear el pasado soviético”, ha declarado Serguéi Mirónov, máximo dirigente de Una Rusia Justa (URJ), el partido ruso que ha impulsado esta red. “El socialismo 2.0 incorporará los mejores éxitos soviéticos y globales, pero dentro de las nuevas realidades del siglo XXI”, ha añadido.

Mirónov no ha asistido al acto, sino que se ha dirigido a los participantes a través de un vídeo. Putin, por su parte, ha enviado un comunicado deseando el éxito del proyecto y subrayando la importancia de defender “la justicia social, el desarrollo soberano y los valores espirituales y morales tradicionales”.

Socialdemocracia al servicio de Putin

La relación entre Putin y Mirónov se entiende solo en el contexto único del sistema político ruso. Ambos se conocen desde la década de los 90, cuando coincidieron en la política local de San Petersburgo. Y, a pesar de liderar partidos ideológicamente enfrentados, en teoría, Mirónov siempre le ha sido leal y nunca lo ha desafiado.

De hecho, Una Rusia Justa fue auspiciado por el Kremlin hace 20 años. Vladislav Súrkov, entonces subjefe de la Administración Presidencial (y el personaje en que se basa El mago del Kremlin), invitó a varias formaciones a unirse para aglutinar el voto socialdemócrata en lo que debía constituir la alternativa bipartidista a Rusia Unida, la coalición de Putin.

Desde entonces, Mirónov y su partido han ejercido el rol de oposición sistémica, para legitimar el pluralismo político, discutiendo políticas concretas, pero sin cuestionar nunca la presidencia de Putin ni, en los últimos cuatro años, la guerra de Ucrania. Es más, Mirónov solo disputó la presidencia a Putin en 2004 y 2012, e incluso en aquellas ocasiones su candidatura sirvió al Kremlin como válvula de escape en un contexto de malestar social.

En el resto de elecciones, URJ ha respaldado el candidato de Rusia Unida. Durante la última campaña, en 2024, Mirónov dijo: “El país necesita un líder fuerte y experimentado, y Putin es capaz de resolver los problemas políticos más complejos”.

La ruptura con la Internacional Socialista

Hasta 2022, Una Rusia Justa era miembro de la Internacional Socialista, la organización que agrupa a los principales partidos socialdemócratas del mundo y que actualmente preside Pedro Sánchez. Sin embargo, cuando Putin ordenó la invasión de Ucrania, la formación rusa fue expulsada del movimiento por “apoyar el uso ilegítimo de la fuerza militar” e “ignorar la acción internacional a favor de la paz, el diálogo y el entendimiento”.

URJ criticó la condena de la Internacional Socialista a la guerra calcando los argumentos de Putin para justificar la agresión: la protección de la población de Donetsk y Lugansk, y la desmilitarización y la “desnazificación” de Ucrania.

Desde entonces, Mirónov y sus diputados han cerrado filas todavía más con el presidente ruso y su invasión, a la vez que han aumentado la retórica antioccidental.

Contra la OTAN

La guerra en Ucrania ha sido objeto de debate durante el foro y varios de los delegados visitarán en los próximos días el Donbás ocupado por el ejército ruso. Una Rusia Justa ha promovido el relato de que “la operación militar especial”, el eufemismo del Kremlin para la invasión, es “una lucha contra el imperialismo” de Trump, según ha apuntado el diputado Nikolai Novichkov.

Algunos de los participantes internacionales del encuentro, como el gallego-argentino Lois Pérez Leira, secretario ejecutivo de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos y que fue candidato a la alcaldía de Vigo en 2011 por Nova Esquerda Socialista, se mostraban contundentes: “Apoyamos la guerra de Rusia contra el fascismo en Ucrania”.

Todas las leyes deben necesariamente contribuir a mejorar la vida de las familias con hijos

Aleksander Babakov — Portavoz de Una Rusia Justa

Otros apostaban por una conferencia de paz europea, si bien señalaban la responsabilidad de la OTAN en el conflicto. “No le vemos ningún sentido a la guerra de la OTAN contra Rusia”, aseguraba a elDiario.es Carlos Martínez, presidente de Soberanía y Trabajo. Este partido fundado en Madrid en 2004 es uno de los representantes españoles en Sovintern, aunque sus líderes no han podido viajar a Moscú.

Desde Reino Unido, el Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña expresaba su “comprensión y empatía con las necesidades de seguridad de Rusia”. En declaraciones a elDiario.es, su responsable de Organización Nacional, Peter Higgins, insiste: “La OTAN es la manifestación del imperialismo en el mundo y la principal amenaza para la paz”.

Choque de discursos

El líder de esta formación es el polémico George Galloway, exdiputado en el Parlamento británico y que ahora afirma haberse exiliado en Moscú: “Estamos aquí porque no estamos seguros prácticamente en ningún otro sitio. Antes los disidentes huían del oeste al este; ahora es al revés”. Higgins añade que su prioridad es construir un “frente rojo” para “coordinar el antiimperialismo ahora que el imperialismo americano vuelve al ataque”.

En este sentido, Pérez Leira ve Sovintern como un ariete “contra el neofascismo emergente y el liberalismo decadente” que represente “la voz colectiva de los oprimidos” y “la libertad de los pueblos”.

Este discurso anticapitalista contrasta con el que ha pronunciado el portavoz de Una Rusia Justa en el plenario, Aleksander Babakov. A diferencia de los eslóganes clásicos de la izquierda altermundista, el político ruso ha lanzado proclamas mucho menos incendiarias, con formulaciones vacías, apelando a posiciones socialdemócratas o socialconservadoras.

Babakov ha parafraseado a Putin al sostener que “las personas deben ser el objetivo del desarrollo económico”, que “todo debe estar subordinado a metas y objetivos que reflejen la vida humana” y que “todas las leyes deben necesariamente contribuir a mejorar la vida de las familias con hijos”.

Izquierda ‘antiwoke’

Este conservadurismo en lo que respecta al modelo de familia es característico del partido de Mirónov, que apoya las leyes del Kremlin contra el movimiento LGTBI, considerado extremista en Rusia. 

En la presentación del foro, el diputado Novichkov criticaba que “la Internacional Socialista se ha convertido en una agrupación de fans de los 20 géneros, de la propaganda sin niños y otras tonterías en contra de la familia tradicional”.

Ante estas declaraciones, el representante de Soberanía y Trabajo asegura no tener “absolutamente nada” contra el colectivo LGTBI y niega la idea de “familia tradicional”, pero sí dice oponerse al “transgenerismo”. “El wokismo ha sido el principal enemigo del socialismo. El wokismo tiene un efecto muy negativo: el crecimiento de la extrema derecha. El wokismo ha echado a la gente joven de España en manos de la ultraderecha”, dice Martínez.

El Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña prefiere no polemizar con Una Rusia Justa. “Si permitimos que las políticas de identidad nos dividan no iremos a ninguna parte”, explica Higgins, que concluye: “Los valores tradicionales de la clase trabajadora y los valores de la familia no son de ninguna manera contradictorios con un programa económico radical”.

¿Una operación del Kremlin?

Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo de Sovintern es que no se convierta en “una colección de foros, congresos y conferencias”, sino que se transforme en un sistema de coordinación y comunicación constante. Su gran esperanza es la inteligencia artificial, el esperanto del siglo XXI, con la que aspiran a conectar a los miembros de la red “prácticamente sin traductores”.

Sin embargo, uno de los temores de algunos de los asistentes es que Rusia, por medio de los organizadores, vacíe de contenido la plataforma y se ocupe solo de la foto, para demostrar al mundo que no está aislada.

Esto preocupaba, por ejemplo, a los participantes de la izquierda confederal española presentes en la Casa de los Sindicatos, que rechazan la posibilidad de ser utilizados por el Kremlin. Desde Soberanía y Trabajo también se oponen a esta hipótesis: “A nosotros no nos interesa apoyar ninguna operación del Kremlin. A nosotros lo que nos interesa es apoyar a la clase trabajadora española”.

No sería la primera vez que Rusia intenta posicionarse como un centro alternativo al orden liderado por Estados Unidos y Europa, ya sea creando su propia versión de Eurovisión, o su alternativa a la Internacional Socialista.

El Kremlin tiende a valerse de actores insatisfechos con el rumbo de Occidente para consolidar las fuerzas de izquierda globales bajo su influencia política, con el propósito último de socavar la unidad de la Unión Europea, difundir narrativas antioccidentales y justificar la agresión contra Ucrania.

La Casa Blanca insiste en que la seguridad no falló el sábado pasado. Pero nada más ocurrir el ataque en el hotel de la cena de corresponsales, en la que estaba presente el presidente de EEUU, el propio Donald Trump publicó en sus redes sociales que el incidente demostraba la necesidad del salón de gala que está construyendo en la Casa Blanca sin supervisión alguna.

“Este suceso nunca habría ocurrido si se hubiera contado con el salón de máxima seguridad militar que se está construyendo actualmente en la Casa Blanca”, dijo el presidente de EEUU después del ataque frustrado de Cole Thomas Allen en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, este sábado por la noche en el hotel Washington Hilton.

En la misma línea, los senadores republicanos Lindsey Graham, que preside la Comisión de Presupuestos, y Katie Britt, de Alabama, que dirige una comisión de asignaciones que supervisa la financiación de la seguridad nacional, están presionando para que se apruebe rápidamente el proyecto, que actualmente se financia con donaciones privadas.

Este lunes, tanto el fiscal general interino, Todd Blanche, como el director del FBI, Kash Patel, han defendido el despliegue de seguridad. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, va a convocar esta semana una reunión para revisar las medidas de protección del presidente de EEUU, según informó la Casa Blanca.

La fuente afirma que Trump y su equipo consideraban que el Servicio Secreto había realizado un trabajo excelente, pero que Wiles celebraría una reunión en la que también participaría el Departamento de Seguridad Nacional para estudiar opciones de seguridad adicionales para los grandes actos previstos en los próximos meses, como la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense.

Cuando tantos altos cargos se reúnen en un mismo lugar para actos oficiales, como una toma de posesión o el discurso sobre el estado de la Unión, el secretario de Seguridad Nacional suele encargar al Servicio Secreto la coordinación de toda la seguridad mediante una designación formal conocida como “Evento Nacional de Seguridad Especial”.

Sin embargo, no hubo tal designación el sábado por la noche en un acto al que también asistieron miles de periodistas y otros miembros del Gobierno, según publica The Washington Post.

El congresista Mike Lawler, republicano por Nueva York, señaló lo que describió como “problemas de seguridad evidentes”, y en una publicación en X, Lawler señaló que no se exigía identificación con fotografía ni existía una lista verificada de asistentes, y mencionó la ausencia de detectores de metales a la entrada del salón de la cena. Lawler pidió una revisión “completa y exhaustiva” de lo ocurrido, centrándose en cómo el agresor se desplazó desde su habitación de hotel hasta lo que describió como una zona segura con múltiples armas de fuego.

El senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, que asistió a la cena, también expresó su preocupación por el propio recinto. “Estábamos allí, en primera fila”, dijo Fetterman: “Ese recinto no se construyó para albergar un evento con la línea de sucesión del Gobierno de EEUU”.

Del mismo modo, Kari Lake, una referente trumpista que asistió al acto, se hizo eco de las críticas a las medidas de seguridad. “Yo estaba allí. La seguridad en el evento fue pésima”, escribió Lake en X. “Fue el acto al que he tenido acceso más fácilmente en el que estaba presente el presidente. Era tan mala que lo comentamos en nuestra mesa antes de que se oyeran los disparos”.

Uno de los principales referntes MAGA, Jack Posbiec, publicaba en X: “Una terrible grieta de seguridad en la cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, un fracaso indescriptible. Nadie debería poder acercarse con un arma al presidente, al Gabinete ni a un evento de tal relevancia como este. Los intentos de asesinato se repiten una y otra vez”.

El acusado, Cole Tomas Allen, de 31 años, escribió una declaración en la que afirmaba que quería atacar a miembros de la Administración Trump y se burlaba de lo que calificaba de laxitud en la seguridad del hotel. Según el texto, agentes iraníes podrían haber introducido fácilmente armas más peligrosas en el recinto.

“Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia, entré con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza”, escribió: “La seguridad del evento está toda fuera, centrada en los manifestantes y en los que llegan en ese momento, porque al parecer nadie pensó en lo que pasaría si alguien se registrara el día anterior. Este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo realmente competente. Es como si, si fuera un agente iraní, en lugar de un ciudadano estadounidense, hubiera podido traer aquí una maldita Ma Deuce [ametralladora] y nadie se hubiera dado cuenta de nada. Es realmente una locura”.

Según Blanche, “las fuerzas de seguridad no fallaron. Hicieron exactamente lo que se les había enseñado. No fue un accidente. Fue el resultado, como ahora sabemos, de una preparación minuciosa, pero los hombres y mujeres que nos protegieron aquella noche eran profesionales bien formados y tenían un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho”.

Lo que sí que es cierto es que está habiendo mucho debate en los medios estadounidenses sobre la capacidad de Allen para llegar por unas escaleras hasta el lugar donde se encontraban reunidas miles de personas, entre ellas el presidente, el vicepresidente y otros miembros del gabinete.

Y lo que argumenta el fiscal general es que había cientos de agentes federales entre el sospechoso y el presidente, y que fue detenido en un piso diferente al del salón en el que se celebraba la cena, que estaba en un piso más bajo.

Según las investigaciones, el sospechoso corre a toda velocidad para saltarse el control de seguridad y, entonces, los agentes oyen un disparo, que impacta en un agente con chaleco antibalas, y es ese mismo agente quien saca su arma de servicio y dispara contra el sospechoso. Allen no fue alcanzado, pero parece que en ese momento fue cuando cayó al suelo y fue arrestado.

Este lunes se ha producido la vista de cargos para Allen, y la Fiscalía le está acusando de intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, transporte de un arma de fuego y munición en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave; y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

Reconstrucción de los hechos

En la declaración jurada del FBI registrada este lunes ante el tribunal, se relata que en torno al 6 de abril de 2026, Allen realizó una reserva en el hotel Washington Hilton para tres noches, del 24 al 26 de abril de 2026; que alrededor del 21 de abril, viajó en tren desde su domicilio, cerca de Los Ángeles (California), hasta Chicago (Illinois). Allen llegó a Chicago alrededor del 23 de abril de 2026, y ese mismo día subió a un tren en Chicago, Illinois, que llegó a Washington, D.C. el 24 de abril de 2026, aproximadamente a la 1:00 pm.

Unas horas más tarde, el 24 de abril de 2026, Allen se registró en una habitación del hotel Washington Hilton, situado en el 1919 de Connecticut Avenue, NW, aproximadamente a las 3:00 pm. Allen pasó allí la noche, explica la declaración jurada.

La cena, el 25 de abril, estaba programada para ser retransmitida por la televisión a partir de las 8:00 pm. Trump llegó a la cena aproximadamente a las 8:00 pm, acompañado por la primera dama, Melania Trump. La cena se celebraba en un salón de gala situado en la planta Concourse del hotel Washington Hilton.

Aproximadamente a las 8:40 pm, relata la declaración del FBI, Allen se acercó a un control de seguridad en la planta Terrace del hotel que conducía al lugar de la cena y pasó corriendo por el detector de metales con un arma larga en la mano. “Al hacerlo, el personal del Servicio Secreto de los Estados Unidos asignado al control de seguridad oyó un fuerte disparo”, dice el texto: “El agente V.G. del Servicio Secreto de los Estados Unidos recibió un disparo en el pecho; el agente V.G. llevaba puesto un chaleco antibalas en ese momento. Desenfundó su arma de servicio y disparó varias veces contra Allen, quien cayó al suelo y sufrió heridas leves, pero no resultó herido de bala. Posteriormente, Allen fue detenido”.

En el momento de su detención, Allen llevaba consigo una escopeta del calibre 12 y una pistola Rock Island Armory 1911 del calibre 38, según la declaración jurada: “Como parte de esta investigación, las fuerzas policiales revisaron los registros de transacciones de armas de fuego procedentes de California y de bases de datos federales, que mostraron que, alrededor del 17 de agosto de 2025, Allen compró una escopeta del calibre 12 a un comerciante de armas de fuego en una ciudad de California, y que, alrededor del 6 de octubre de 2023, Allen compró una pistola semiautomática del calibre .38 a un comerciante de armas de fuego en otra ciudad de California.

“Según los números de serie que figuran en los registros de la base de datos, estas dos armas de fuego son las mismas que Allen poseía y/o disparó en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026”, según el documento del FBI.

Allen fue trasladado al Hospital de la Universidad de Howard por heridas leves y, desde entonces, ha quedado bajo custodia.

Poco antes de las 20:40 horas del 25 de abril, Allen envió un correo electrónico a miembros de su familia y a un antiguo empleador explicando las acciones que estaba a punto de llevar a cabo. El correo electrónico, del que las fuerzas policiales han obtenido una copia de uno de los destinatarios, decía: “Ojalá hubiera podido decir algo antes, pero hacerlo habría impedido que todo esto fuera posible. Mis más sinceras disculpas por todos los problemas que he causado. (envío programado)-Cole”.

Adjunto al correo había un archivo .txt titulado “Disculpa y explicación”, que decía: “¡Hola a todos! Puede que hoy haya dado una sorpresa a mucha gente. Permítanme comenzar pidiendo disculpas a todos aquellos cuya confianza he traicionado. Pido disculpas a mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para 'Most Wanted'. Pido perdón a mis colegas y alumnos por decir que tenía una emergencia personal (para cuando alguien lea esto, probablemente SÍ necesite ir a urgencias, pero difícilmente puedo decir que no sea una situación autoinfligida). Pido perdón a todas las personas con las que viajé, a todos los trabajadores que llevaron mi equipaje y a todas las demás personas no involucradas en el hotel a las que puse en peligro simplemente por estar cerca. Pido perdón a todas las personas que sufrieron abusos o fueron asesinadas antes de esto, a todas aquellas que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto, y a todas las que puedan seguir sufriendo después, independientemente de mi éxito o mi fracaso”.

Allen continúa. “No espero perdón, pero si hubiera visto alguna otra forma de acercarme tanto, la habría aprovechado. Una vez más, mis sinceras disculpas. Pasando a por qué hice todo esto: soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes se refleja en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. (Bueno, para ser completamente honesto, hace mucho que ya no estaba dispuesto, pero esta es la primera oportunidad real que he tenido de hacer algo al respecto). Ya que estoy hablando de esto, también repasaré mis reglas de combate previstas (probablemente en un formato terrible, pero no soy militar, así que qué le vamos a hacer). Funcionarios de la Administración (sin incluir al Sr. Patel): son objetivos, priorizados de mayor a menor rango. Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser neutralizados de forma no letal si es posible (es decir, espero que lleven chalecos antibalas porque un disparo en el centro del cuerpo con escopetas deja fuera de combate a la gente que no. Seguridad del hotel: no son objetivos si es posible (es decir, a menos que me disparen); policía del Capitolio: igual que la seguridad del hotel; Guardia Nacional: igual que la seguridad del hotel; empleados del hotel: no son objetivos en absoluto; huéspedes: no son objetivos en absoluto. Para minimizar las bajas, también usaré perdigones en lugar de balas (menor penetración a través de las paredes). Aun así, atravesaría a casi todo el mundo aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente *eligió* asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y, por lo tanto, son cómplices), pero realmente espero que no se llegue a eso”.

Allen firmó su correo electrónico como “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”. Allen utilizó el apodo cold force en varias cuentas suyas online, afirma el FBI.

La Casa Blanca culpa a la izquierda

A medida que pasan las horas, la Casa Blanca y Donald Trump aprietan las tuercas para culpar a la oposición política y mediática del ataque frustrado en la cena de corresponsales del sábado, en Washington DC.

“Según las propias palabras del presidente, debemos renovar nuestro compromiso como país, moderar la retórica y unirnos en torno a lo que hace grande a nuestro país”, ha arrancado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: “Eso es cierto para todos los que trabajamos en esta Casa Blanca, pero también lo es para todos aquellos que tienen voz y una plataforma en todo el país, ya sea en televisión o como presentadores de podcasts. Y cuando hay personas con trastornos mentales en todo el país que escuchan esta retórica enloquecida sobre el presidente día tras día, eso les inspira a hacer locuras. Y, por desgracia, no se trata solo de los medios de comunicación. Es todo el Partido Demócrata el que ha trasladado a los votantes de todo el país la idea de que Donald Trump supone una amenaza existencial para la democracia, que es un fascista y que lo comparan con Hitler”.

Según Leavitt, “son declaraciones despreciables que el pueblo estadounidense lleva años consumiendo, y muchas personas con trastornos mentales se ven llevadas a creer que esas palabras son verdad y, a continuación, se sienten inspiradas a actuar en consecuencia. Tengo toda una serie de ejemplos que podemos compartir, páginas y páginas de declaraciones de importantes cargos electos del Partido Demócrata, como el congresista Hakeem Jeffries, quien este mismo mes de abril dijo que estamos en una era de máxima guerra en todas partes y en todo momento. El gobernador Josh Shapiro [Pensilvania] dijo que deben rodar cabezas dentro de la administración. El senador Alex Padilla dijo que la gente está, y cito, 'muriendo a causa del miedo y el terror provocados por la administración Trump'. La senadora Elizabeth Warren dijo que el presidente Trump está haciendo que el país parezca, y cito, 'un Estado fascista'. El senador Adam Schiff afirmó que el presidente Trump está siguiendo el manual de un dictador. [...] Podría seguir y seguir, pero, de nuevo, cuando hay personas en puestos de poder que dicen cosas como estas todos los días durante años, se está incitando a la violencia por parte de personas que ya padecen enfermedades mentales, y eso es lo que hemos visto contra este presidente durante demasiado tiempo”.

Pero no sólo eso, Trump ya está criminalizando el discurso de los demócratas cuando le han preguntado este domingo en el programa 60 minutos de CBS por la violencia política en EEUU: “Si echamos la vista atrás 20 años, 40 años, 100 años, 200 años, 500 años, siempre ha existido. Se asesina a gente. Hay gente que resulta herida. Hay gente que sale malparada. Y no estoy seguro de que ahora haya más de lo que había antes. Sí creo que el discurso de odio de los demócratas es, en cambio, mucho más... es muy peligroso. De verdad creo que es muy peligroso para el país”.

El sospechoso del ataque en la cena de corresponsales es acusado de “intento de asesinato del presidente” de EEUU, Donald Trump. Así, Cole Tomas Allen está acusado de tres delitos: intento de asesinato del presidente –que tiene una pena de cadena perpetua–, transporte de un arma de fuego y munición con la intención de cometer un delito grave, y disparo de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Cole Tomas Allen, de 31 años, ha comparecido este lunes ante el tribunal para su primera vista tras el asalto del sábado en el Washington Hilton de la capital de EEUU.

Jocelyn Ballantine, fiscal federal, ha afirmado que Allen “intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump”. Tezira Abe, la abogada designada para defender a Allen, señaló que su cliente “no tiene antecedentes penales ni condenas previas”. La próxima vista de Allen está prevista para el jueves por la mañana, informa The Washington Post.

Allen irrumpió en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca armado con pistolas y cuchillos causando un incidente que provocó disparos, la evacuación urgente de Trump del escenario y que los invitados se lanzaran al suelo para protegerse debajo de las mesas.

Las autoridades afirman que un agente que llevaba un chaleco antibalas recibió un disparo en el chaleco, pero se espera que se recupere.

Allen, de Torrance (California), está representado por abogados de la oficina del defensor federal y se sentó junto a ellos en el tribunal vestido con un uniforme carcelario azul. No se declaró culpable ni inocente.

Los fiscales no han revelado el motivo, pero en un mensaje que, según las autoridades, fue enviado por Allen a sus familiares minutos antes del ataque, Allen se refería a sí mismo como un “asesino federal amistoso”, hacía repetidas referencias al presidente republicano sin nombrarlo y aludía a quejas sobre una serie de medidas del Gobierno de Trump.

Los investigadores están analizando esos escritos, junto con una serie de publicaciones en redes sociales y entrevistas con familiares, como algunas de las pruebas más claras de la mentalidad del sospechoso y sus posibles motivos.

Se cree que Allen, de 31 años, viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel donde se celebraba la cena de gala con su habitual estricta seguridad, según declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Allen es un tutor con un alto nivel de formación y desarrollador aficionado de videojuegos. Un perfil en redes sociales de un hombre con el mismo nombre y una foto que parece coincidir con la del sospechoso muestra que trabajó a tiempo parcial durante los últimos seis años en una empresa que ofrece servicios de asesoramiento para la admisión y preparación de exámenes a futuros estudiantes universitarios.

A medida que pasan las horas, la Casa Blanca y Donald Trump aprietan las tuercas para culpar a la oposición política y mediática del ataque frustrado en la cena de corresponsales del sábado, en Washington DC.

“Según las propias palabras del presidente, debemos renovar nuestro compromiso como país, moderar la retórica y unirnos en torno a lo que hace grande a nuestro país”, ha arrancado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: “Eso es cierto para todos los que trabajamos en esta Casa Blanca, pero también lo es para todos aquellos que tienen voz y una plataforma en todo el país, ya sea en televisión o como presentadores de podcasts. Y cuando hay personas con trastornos mentales en todo el país que escuchan esta retórica enloquecida sobre el presidente día tras día, eso les inspira a hacer locuras. Y, por desgracia, no se trata solo de los medios de comunicación. Es todo el Partido Demócrata el que ha trasladado a los votantes de todo el país la idea de que Donald Trump supone una amenaza existencial para la democracia, que es un fascista y que lo comparan con Hitler”.

Según Leavitt, “son declaraciones despreciables que el pueblo estadounidense lleva años consumiendo, y muchas personas con trastornos mentales se ven llevadas a creer que esas palabras son verdad y, a continuación, se sienten inspiradas a actuar en consecuencia. Tengo toda una serie de ejemplos que podemos compartir, páginas y páginas de declaraciones de importantes cargos electos del Partido Demócrata, como el congresista Hakeem Jeffries, quien este mismo mes de abril dijo que estamos en una era de máxima guerra en todas partes y en todo momento. El gobernador Josh Shapiro [Pensilvania] dijo que deben rodar cabezas dentro de la administración. El senador Alex Padilla dijo que la gente está, y cito, 'muriendo a causa del miedo y el terror provocados por la administración Trump'. La senadora Elizabeth Warren dijo que el presidente Trump está haciendo que el país parezca, y cito, 'un Estado fascista'. El senador Adam Schiff afirmó que el presidente Trump está siguiendo el manual de un dictador. [...] Podría seguir y seguir, pero, de nuevo, cuando hay personas en puestos de poder que dicen cosas como estas todos los días durante años, se está incitando a la violencia por parte de personas que ya padecen enfermedades mentales, y eso es lo que hemos visto contra este presidente durante demasiado tiempo”.

Leavitt ha afirmado que “nadie en los últimos años ha sido blanco de más balas y más violencia que el presidente Trump. Esta violencia política tiene su origen en una demonización sistemática de él y de sus seguidores por parte de los comentaristas; sí, por parte de los representantes electos del Partido Demócrata e incluso de algunos medios de comunicación. Esta retórica odiosa, constante y violenta dirigida contra el presidente Trump día tras día durante 11 años ha contribuido a legitimar esta violencia y a llevarnos a este momento sombrío”.

Según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, “aquellos que constantemente etiquetan y difaman falsamente al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia, y lo comparan con Hitler para ganar puntos políticos, están alimentando este tipo de violencia. El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que lo apoyan y trabajan para él ha provocado que muchas personas resulten heridas y mueran, y casi lo vuelve a hacer este fin de semana. Cuando leáis el manifiesto de este tirador, preguntáos: en qué se diferencia la retórica de este casi asesino de lo que leen en las redes sociales y escuchan en diversos foros cada día. La respuesta, si sois sinceros con vosotros mismos, es que no hay ninguna diferencia. Gran parte del manifiesto del potencial asesino es indistinguible de las palabras que escuchamos a diario de tantos”.

Leavitt se ha referido, también, a la polémica en relación a un chiste de Jimmy Kimmel: “Como señaló esta mañana la primera dama de Estados Unidos, apenas dos días antes del tiroteo, el presentador del programa nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, llamó de forma repugnante a la primera dama Melania Trump 'viuda en potencia', sugiriendo que, en su sano juicio, una esposa estaría radiante ante el posible asesinato de su amado marido”.

Las autoridades chinas han anunciado este lunes un veto al acuerdo por el cual el gigante tecnológico estadounidense Meta iba a adquirir la plataforma china de inteligencia artificial (IA) Manus por 2.000 millones de dólares (unos 1.703 millones de euros).

En un escueto comunicado publicado en su página web, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforman (CNDR, principal órgano de planificación económica del país asiático) indica que ha “prohibido la inversión extranjera” en Manus y que “ha reclamado a las partes involucradas” que cancelen la operación. El acuerdo, anunciado a finales de diciembre, había supuesto un caso poco habitual en el que una firma estadounidense adquiría una tecnológica china pese a la guerra comercial que libran ambas potencias desde 2018.

La decisión ha sido divulgada hoy por el departamento encargado de investigar la seguridad de las inversiones extranjeras, el cual se ha limitada a indicar que se toma “con arreglo a las leyes y normativas” del país, sin ofrecer más detalles.

A principios de enero, Pekín anunció que “evaluaría e investigaría” el encaje de la operación en el marco legal que rige los controles a la venta al extranjero de tecnología y de la inversión exterior. “Las empresas que lleven a cabo inversiones en el exterior, exporten tecnología, transfieran datos o acuerden fusiones y adquisiciones transfronterizas deben cumplir con las leyes chinas y seguir los procedimientos legales”, indicó entonces el portavoz del Ministerio de Comercio, He Yadong.

Salida hacia Singapur

Las pesquisas chinas contra Manus vinieron a cuenta de la mudanza de la empresa a Singapur y la posterior venta de la plataforma al grupo tecnológico estadounidense, propietario de Facebook, Instagram o WhatsApp, todos ellos prohibidos en territorio chino. China empleó investigaciones similares para frustrar la venta forzada de TikTok durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021).

Según los expertos, la salida de Manus de China se produjo a raíz de las restricciones estadounidenses a la inversión en tecnológicas del país asiático, en un intento de alejarse de las redes de los reguladores de ambos países, enzarzados en un toma y daca de limitaciones y represalias desde el inicio de la guerra comercial. De hecho, ese cambio de sede se llevó a cabo tras una ronda de financiación liderada por la estadounidense Benchmark, una firma de capital riesgo especializada en startups.

En los últimos años, varias empresas chinas en busca de expansión global (por ejemplo, Shein) han apostado por llevarse su sede a Singapur para tratar de reducir los riesgos geopolíticos de seguir operando desde el gigante asiático, algo que también ha atraído el escrutinio de Pekín, que teme que se convierta precisamente en una forma de escapar de la supervisión de sus organismos reguladores.

Tras la explosión de DeepSeek, Manus fue una de las plataformas chinas del sector que más atención atrajeron tras lanzar en marzo del año pasado una versión preliminar (accesible solo por invitación) de su asistente, presentado como un agente de IA de uso general, capaz de acometer tareas con menos órdenes que otros 'chatbots'. 

Irán ha enviado este lunes a EEUU una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, pero posponiendo las conversaciones nucleares. Mientras, persiste el bloqueo en el estrecho: una batalla de bloqueos que puede prolongarse en el tiempo y complicar aún más las consecuencias económicas de la guerra. En Estados Unidos, Donald Trump trata de utilizar en su favor el intento de atentado que sufrió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca y se ha enfrentado a una periodista que le leyó parte del manifiesto supuestamente escrito por el sospechoso, en el que llamaba al presidente “violador, pedófilo y traidor”. Llega en un momento en que su popularidad cae a mínimos y no encuentra una salida al atasco en la guerra en Irán, que comenzó junto a Israel.

En este contexto bélico, España ha aumentado un 50% en un año su gasto en Defensa, hasta los 40.200 millones de dólares. Es la mayor subida en el gasto entre los 15 países con mayor presupuesto militar del mundo. En Japón, la juventud se manifiesta para proteger su Constitución pacifista: “Dejad de hacerle la pelota a EEUU”.