Trece personas, entre ellos dos turistas españoles, han muerto este sábado en Perú al estrellarse una avioneta que los llevaba a sobrevolar las famosas Líneas de Nazca, en un accidente donde no hubo ningún superviviente. Entre los fallecidos están los dos tripulantes de la aeronave, de nacionalidad peruana, además de siete italianos integrantes de dos familias y sendas parejas de españoles y alemanes, según la información preliminar reportada por las autoridades peruanas.

El accidente se produjo en torno a las 13:00 hora local a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nazca, después de que la avioneta, de la compañía Aerodiana, hubiese despegado en torno al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha explicado que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

Ha añadido que, de inmediato, el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los bomberos aeronáuticos y la Policía Nacional se movilizaron a la zona y confirmaron que no se registraron supervivientes. La Dirección General y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación han activado de forma automática los protocolos y procedimientos técnicos para esclarecer las causas del accidente.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha dicho a los periodistas que lamenta profundamente el accidente. “El ministro de Transportes y Comunicaciones está realizando la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida”.

Asimismo, la jefa de Estado ha añadido que se está evaluando la clausura temporal del aeropuerto del que partió la avioneta de la empresa Aerodiana. Por su parte, la Fiscalía ha indicado que el fiscal provincial Hugo Umiña se trasladó de inmediato a la zona y dispuso el levantamiento de los cuerpos. En coordinación con el equipo del Instituto de Medicina Legal, se efectuará el traslado de los restos a la morgue para su identificación y posterior entrega a sus familiares.

En tanto, la compañía Aerodiana expresó su profundo pesar por el accidente y extendió sus condolencias y solidaridad a los familiares de los fallecidos, además de acompañar su dolor “con respeto y absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda”.

Este accidente ocurre un día después de que la región Ica sufriera un incremento de velocidad de los famosos vientos Paracas a una intensidad moderada, que fue medida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber pospuesto “un ataque” contra Irán tras solicitárselo este país para poder “alcanzar las bases de un acuerdo”. “Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, ha dicho en su cuenta de Truth Social.

Las embajadas de EEUU en Oriente Medio han instado a sus ciudadanos a considerar abandonar la región debido a la inestable situación en Oriente Medio por los ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

“Atendiendo a esta petición, y en aras del beneficio futuro del MUNDO —así como de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso—, accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO rápidamente. Israel se suma a este compromiso. ¡Manos a la obra y a conseguirlo!”, ha declarado el presidente estadounidense. No ha aclarado en el anuncio de hoy los términos que suponen las bases de este acuerdo, si se trata de una nueva hoja de ruta o la continuación de las negociaciones iniciadas.

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo. Sin embargo, desde entonces se han repetido los ataques cruzados y Trump dio por terminado el marco de entendimiento mientras que Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20 % del comercio mundial de petróleo.

Durante las últimas semanas, la violencia ha aumentado en Oriente Medio con la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra Jordania e Irak y la entrada de Arabia Saudí en el conflicto en un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en Irak.

Marruecos fue el primer país que reconoció la independencia de Estados Unidos en 1777. Esto es algo que Rabat suele recordar para poder legitimar la alianza entre ambos países y revestirla de cierta solemnidad. Una relación que, en sus casi 250 años de historia, se ha intensificado durante las dos presidencias de Donald Trump.

El episodio más conocido, y más citado estos días a raíz de la crisis fronteriza de Ceuta, es cuando en 2020 Marruecos se adhirió a los Acuerdos de Abraham. El reino fue uno de los primeros en sumarse a la ambiciosa campaña del republicano para que los países árabes normalizaran sus relaciones con Israel. A pesar de que la población marroquí siempre ha expresado su solidaridad con la causa palestina, el Gobierno tomó la dirección opuesta para mostrar a Washington que cuenta con un socio fiable en el Norte de África.

Normalizar relaciones con Tel Aviv tampoco era tan incoherente, dadas las aspiraciones de Marruecos de anexionarse el Sáhara Occidental y la campaña de asedio que ejerce contra la población saharaui. Poco después de entrar en los Acuerdos de Abraham, Trump reconoció públicamente la soberanía de Rabat sobre la antigua colonia española.

Este sábado la embajada marroquí en EEUU se encargaba de recordarlo publicando una carta enviada por Trump al rey Mohammed VI con motivo del Eid al-Arsh, el día en que el reino conmemora la coronación del monarca en 1999. La entrada en Ceuta de más de 50.000 personas, según cálculos del Gobierno español, ha coincidido con la fiesta nacional.

En la misiva, Estados Unidos describe la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como una “solución justa y duradera” y descarta cualquier otra vía, que sería “inaceptable”. “He ordenado a mis equipos que avancen el desarrollo económico y social en Marruecos, incluido en el Sáhara Occidental”, añade, y promete continuar con las actuales alianzas, como las de defensa y energía.

El mayor comprador de armamento a EEUU en África

En los últimos cinco años, Marruecos ha impulsado una modernización de su ejército gracias a contratos millonarios de compra de armas a Estados Unidos. Rabat está armándose hasta los dientes en un momento en que las tensiones con la vecina Argelia no han hecho más que aumentar.

El último informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri) muestra que las importaciones marroquíes de armamento pesado han aumentado un 12% entre 2021 y 2025, en comparación con el período 2016 y 2020. Estados Unidos lidera este proceso como el principal proveedor de Marruecos. Entre 2021 y 2025, Washington representó el 60% de las entregas al país.

Actualmente, Marruecos es el mayor comprador de armamento estadounidense en el continente africano, según destaca el Departamento de Estado. Washington tiene unos 8.545 millones de dólares en ventas activas con el gobierno marroquí bajo el sistema de Ventas Militares Extranjeras (FMS). Entre los acuerdos de venta hay 18 lanzadores del Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad M142 (HIMARS), el mismo sistema de defensa empleado por Ucrania para defenderse de los ataques rusos.

Además de las ventas de armamento, Estados Unidos también ha proporcionado ayuda militar a través de otros paquetes. En el ejercicio fiscal de 2018 a 2022, a caballo entre la primera presidencia de Trump y la de Joe Biden, Washington autorizó la exportación permanente de más de 167 millones de dólares en artículos de defensa a Marruecos. Además, desde 2012, Estados Unidos ha proporcionado a Marruecos 135 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero (FMF).

Desde finales de los 90, Marruecos ha sido sede de las maniobras conjuntas AFRICA LION, que agrupan fuerzas estadounidenses y marroquíes con participantes de más de veinte países y la OTAN. Albergar el AFRICA LION le concede a Marruecos una posición estratégica en el flanco sur de la Alianza, según destaca el último informe de la Friedrich Naumann Foundation (FNF). Desde que en octubre del año pasado el Consejo de Seguridad de la ONU apoyó el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara, el país está experimentando un “momentum diplomático” en el que su agenda exterior cada vez se entrelaza más con la de la Casa Blanca, destaca el análisis.

Minerales y gasoductos

Más allá de la posición geoestratégica de Marruecos al otro lado del estrecho como puente entre Europa y África, el país árabe también resulta ser un gigante dormido por lo que respecta a las reservas de minerales críticos. El último informe publicado por la IEA sobre las reservas globales de minerales críticos señala cómo Marruecos tiene el 70% de las reservas mundiales de roca fosfórica, pero que solo extrae y aporta menos del 15% de la demanda global. La roca fosfórica es clave tanto para la producción de fertilizantes como para la producción de las baterías para los coches eléctricos.

Cuando la semana pasada Trump volvió a restaurar sus aranceles universales con una nueva orden ejecutiva que impone un 12,5% de impuestos, la Casa Blanca se cuidó de firmar una excepción para las importaciones marroquíes de este producto. En una entrevista con Maroc Diplomatique, el embajador marroquí en Washington, Youssef Amrani, defendía cómo “el Reino está plenamente integrado en la visión estadounidense sobre la seguridad de las cadenas de suministro estratégicas”.

Recientemente, en una publicación el pasado domingo en Truth Social, Trump agradecía al rey de Marruecos haber bautizado una importante autopista con su nombre, algo que, públicamente, aún no ha sido confirmado por la parte marroquí. En paralelo, ese mismo fin de semana, Bloomberg se hacía eco de cómo Rabat está cortejando el Banco Mundial y el Banco de Exportaciones e Importaciones de EEUU (Exim Bank) para financiar un gaseoducto de 26.000 millones de dólares que discurriría a lo largo de la costa africana.

El gasoducto en cuestión tendría un recorrido de 6.800 kilómetros y prevé conectar los yacimientos de gas en países como Nigeria, Senegal y Mauritania, antes de unirse al gasoducto Magreb-Europa, que une Marruecos con España. En la previsión sobre el mapa, el circuito que seguiría esta obra faraónica pasaría por los territorios del Sáhara Occidental.

La llegada a Ceuta de decenas de miles de personas migrantes ha servido a la ultraderecha global para lanzar una ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas migratorias. En una estrategia compartida, líderes y políticos de distintos países han utilizado las imágenes de la frontera para reforzar un mismo relato, su relato habitual: presentar la migración como una amenaza y reclamar un mayor endurecimiento de las fronteras.

Los mensajes difundidos por dirigentes de la extrema derecha europea y por Donald Trump han recurrido a discursos xenófobos y racistas para aprovechar la crisis fronteriza —que ha dejado al menos 57 personas fallecidas— y alimentar el miedo a la migración.

“Hablar de 'invasión', convertir a todos los migrantes en delincuentes y sembrar el miedo sin pruebas no protege las fronteras: solo alimenta la xenofobia y la polarización. La irresponsabilidad también tiene consecuencias”, dice Anna López, doctora en Ciencia Política y autora de La extrema derecha en Europa, en una publicación en Bluesky.

En medio de las tensiones entre Washington y Madrid el último año y medio, la imagen de miles de marroquíes buscando un futuro mejor se ha convertido en la última baza del presidente de EEUU para atacar a España. “Es terrible. Recordad esa imagen”. Esto es lo que nos va a pasar en los próximos tres años si el bando equivocado llega [al poder]“, dijo el viernes el presidente estadounidense a la cadena Fox. Luego, el Departamento de Estado señaló que la situación en Ceuta ”es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa“.

Trump capitaliza doblemente el episodio de Ceuta para hacer avanzar su agenda y erosionar la imagen del Gobierno de Sánchez. “El presidente Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurrirá si sigue aplicando políticas de extrema izquierda y globalistas, incluida la facilitación de la migración masiva”, dijo a la cadena Fox News la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly. “España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o arriesgarse a su propio declive”.

En 2024, la promesa de endurecer el control fronterizo y combatir la inmigración irregular fue uno de los pilares de la campaña que llevó a Trump de nuevo a la Casa Blanca. Con la guerra de Irán atascada y los estadounidenses ahogados por el aumento del coste de vida, la crisis de Ceuta puede ayudar a Trump a volver a canalizar el malestar social en su favor. La situación también es instrumentalizada para justificar la dura campaña de deportaciones de Trump, marcada por denuncias de abusos y un endurecimiento sin precedentes de las detenciones y deportaciones ejecutadas por ICE.

Si España se ha convertido en un país incómodo para los Estados Unidos de Trump, al otro lado de la valla de Ceuta hay un gran aliado. La relación entre el rey de Marruecos, Mohammed VI, y Washington se ha consolidado durante el segundo mandato del republicano. Durante la primera presidencia de Trump, Rabat fue uno de los primeros países árabes en sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel. A cambio, en 2020, el republicano reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

La campaña de la ultra europea

También la extrema derecha europea aprovechó la ocasión para lanzar, durante toda la jornada del viernes, una campaña en redes sociales en la que, bajo el mismo guion, los líderes ultras reclamaron el cierre a España del espacio Schengen –que permite circular sin control por países europeos—, hablaron de “invasión” y advirtieron de que las personas que llegaron a Ceuta acabarían desplazándose al resto de Europa –decenas de miles regresaron a Marruecos el día después–.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, desmintió que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta “hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros”.

Italia, que la tarde del viernes decidió reintroducir controles en puertos y aeropuertos con España en una medida que implica una suspensión temporal de Schengen (aunque luego ha matizado que los registros serán aleatorios y solo a ciudadanos que no sean europeos), fue uno de los primeros en pronunciarse.

Con todo, ese sábado lideraba junto a Dinamarca y otros 20 países europeos, la petición de una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior. En la misiva se pide tener en cuenta, concretamente, el refuerzo del apoyo de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos.

Ya el jueves se posicionó a favor del cierre del espacio Schengen con España a través de mensajes lanzados tanto por la primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni, como por su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que el viernes provocó que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, convocara al embajador italiano en Madrid, Giuseppe Buccino Grumaldi.

A ese primer anzuelo, se fueron sumando el resto de representantes de la extrema derecha europea. Las primeras adhesiones llegaron desde el norte. El Gobierno finlandés, en el que participan los ultraconservadores, secundó la propuesta italiana, al igual que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, una de las líderes europeas con un posicionamiento más duro contra la inmigración a pesar de pertenecer a la familia socialdemócrata.

El Partido Popular Danés (DF) y los líderes de Demócratas de Suecia (SD), las dos principales fuerzas de ultraderecha en esos países nórdicos, también apoyaron la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen con España.

La francesa, Marine Le Pen, candidata a las elecciones de la próxima primavera, pidió en sus redes que Francia “refuerce sin dilación los controles en sus fronteras” y, como si anunciara una medida de su futuro programa, aseguró que “reservará” la libre circulación Schengen “a los nacionales de la UE”.

La líder de Alternativa para Alemania (AfD), la ultra germana, Alice Weidel, que actualmente encabeza la oposición, publicó una imagen en X en la que se lee “Ceuta invadida” y en la que también deducía que “es probable que el destino de la mayoría de estos migrantes sea Alemania”.

El dirigente del partido neerlandés de extrema derecha PVV, Geert Wilders, que lidera uno de los partidos más grandes del Parlamento neerlandés, ya calificó este jueves la situación en Ceuta de “invasión islámica” y difundió sus habituales mensajes islamófobos y racistas en sus redes: “Deténganlos a todos. Devuélvanlos a todos. No más. No más islam”.

Tras tildar de “los locos de la izquierda liberal” tanto al Gobierno español como al de su país, solicitó el viernes la convocatoria de un debate plenario urgente para abordar la situación en España, sus posibles repercusiones para Países Bajos y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse.

El referente del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, tildó la crisis fronteriza en Ceuta de “batalla por el futuro de nuestra civilización”, ante la cual “es hora de despertar”. En una declaración grabada con imágenes de cientos de marroquíes intentando cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades, alertó –sin pruebas– de que esos jóvenes, “muchos de ellos peligrosos”, pueden acabar en el Reino Unido.

Desde Portugal, el partido ultra Chega, liderado por André Ventura, anunció que presentará en el Parlamento una iniciativa para suspender temporalmente la aplicación del Acuerdo de Schengen y restablecer de inmediato los controles en las fronteras terrestres con España.

Fuera de la UE, Israel se sumó a la ola de críticas contra España y aprovechó la crisis fronteriza para expresar, una vez más, su reproche al Gobierno socialista, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales tras las críticas reiteradas de Pedro Sánchez al genocidio en Gaza. El ministro de Seguridad israelí, el radical Ben Gvir, dedicó al presidente español un mensaje jocoso e irónico y le invitó a “dar refugio a toda la población de Gaza que desee emigrar” en lo que ha descrito como una “excelente oportunidad para contribuir un poco más a la diversidad humana” de España.

Conocido por sus declaraciones incendiarias y su postura supremacista, Ben Gvir “felicitó” a Sánchez por “su profundo compromiso con la acogida de la inmigración”.

En tromba contra la regularización

Una de las críticas más repetidas en la campaña de la extrema derecha europea contra España ha sido al proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por Sánchez para medio millón de personas que están sin papeles en España.

Los líderes ultras relacionaron la oportunidad de la regularización con un supuesto “efecto llamada”. Sin embargo, las personas que han cruzado a Ceuta en las últimas horas no pueden acogerse al procedimiento de regularización, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

El italiano Tajani fue de los primeros en ponerlo sobre la mesa: “Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”.

El mensaje lo replicó luego la extrema derecha francesa. En un mensaje en su cuenta de X, el eurodiputado Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN, el partido de Le Pen), reprochó al Gobierno español que, con esta medida, Sánchez “ha abierto las puertas de Europa a todos los peligros”. “El resultado –añadió Bardella– está ahí : desde hace varios días, miles de migrantes llegan al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, contra la voluntad del pueblo francés”.

El primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, mencionó el “efecto llamada”, junto con el ultra británico Farage, que llamó “amnistía” a la regularización y espetó : “El mensaje de España es claro: entren y se les permitirá quedarse”.

“El drama de Ceuta ya es munición para la extrema derecha europea. Bardella culpa a Sánchez, habla de abrir las puertas de Europa y usa el miedo para pedir más cierres de fronteras. El mismo guion de siempre: convertir una crisis migratoria en oportunidad electoral”, dice Anna López. “La internacional del odio no descansa”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este sábado una carta a los máximos representantes de la Unión Europea en la que ha criticado que varios gobiernos europeos hayan “optado por atacar” a España tras la entrada de decenas de miles de personas migrantes a Ceuta y ha pedido a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE convocar “con urgencia” una videoconferencia extraordinaria de ministros del Interior con el fin de “establecer una respuesta común ante situaciones de esta naturaleza y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores”. Horas más tarde, el primer ministro irlándés, Micheál Martin, ha confirmado que el martes tendrá lugar dicha reunión de los ministros de Interior.

“Me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación por la reciente reacción que algunos gobiernos europeos han mostrado tras el incidente ocurrido en la frontera exterior de la Unión Europea, en Ceuta”, comienza el texto que Sánchez dirige a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y que ejerce funciones de mediación.

En la misiva, el jefe del Ejecutivo español ha defendido la actuación del Gobierno español ante la entrada “irregular e inesperada” de alrededor de 50.000 personas migrantes, que ha logrado “restablecer plenamente” el control de la frontera “en menos de 48 horas”. “Todo ello se ha conseguido en estrecha coordinación con las autoridades marroquíes y con muy escaso apoyo de otros Estados europeos, al tiempo que se ha mantenido la política migratoria eficaz y basada en la solidaridad que España ha aplicado de forma constante en los últimos años”, ha subrayado.

“A pesar de estos hechos incuestionables, la reacción de los gobiernos europeos en las últimas horas ha sido bastante desigual. La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad, y ha ofrecido su ayuda. Sin embargo, otros han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen”, ha criticado.

El pasado jueves, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, planteó el cierre del espacio Schengen con España y sugería que la situación de Ceuta venía aparejada por la regularización de migrantes puesta en marcha por el Gobierno. Posteriormente, los gobiernos de Dinamarca y Finlandia se sumaron a Italia y pidieron que la UE estudie todas las opciones para excluir al Estado español del Tratado de libre comercio. El movimiento provocó que el ministro de Exteriores José Manuel Albares convocase al embajador italiano en señal de protesta.

El viernes, Italia anunció la suspensión temporal del tratado Schengen y reintrodujo los controles en puertos y aeropuertos con España. Roma matizó posteriormente que estos controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la UE. Albares respondió que “la integridad del espacio está absolutamente garantizada” y pidió cesar la “confusión interesada”.

Según defiende Sánchez en la carta, la actitud de estos países, “impulsada por prejuicios, noticias falsas, desconocimiento o intereses políticos”, “no solo es contraria al Derecho de la Unión Europea, al Derecho internacional humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen. También va en contra de los intereses a largo plazo de Europa y del más elemental sentido común, porque Ceuta no forma parte del espacio Schengen, porque ya apenas quedan migrantes irregulares sin ser retornados y porque España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos permeables de la Unión Europea, con un número de entradas irregulares que equivale a la mitad de las registradas, por ejemplo, en Italia en los últimos años (2021-2026)”.

“En el contexto internacional actual, la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora y contraria al Derecho”, sentencia el presidente español. La reunión solicitada al primer ministro de Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, tiene como fin “establecer una respuesta común ante situaciones de esta naturaleza y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, y no únicamente de aquellos que se encuentran en la primera línea de la Unión”, ha concluido.

Puedes leer aquí la carta completa.

Un ataque ruso nocturno contra Kiev ha causado al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, informó este sábado la Administración Militar de la capital ucraniana.

“Nueve personas murieron en la capital como resultado de un ataque enemigo,” escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschkó, que señaló que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.

La Policía, por su parte, afirmó en sus redes sociales que se trató de un ataque combinado con misiles balísticos y drones, que causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo.

Uno de los muertos era un agente de policía que estaba de servicio, agregaron las fuerzas de seguridad, que matizaron que se trata de informaciones preliminares, pues los servicios de emergencia todavía están desplegados atendiendo víctimas.

“Hay equipos de investigación, especialistas de desactivación de explosivos, rescatistas, sanitarios y psicólogos trabajando en los lugares de los impactos y donde cayeron los fragmentos”, dijo la policía.

Por su parte, los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania confirmaron las cifras de víctimas mortales y heridos y detallaron que ya habían rescatado a 105 personas.

Los daños se registraron en los distritos kievitas de Darnitski, Holosiivski, Dniprovski, Pecherski, Sviatoshinski, Solomianski y Shevchenkovski, de acuerdo con la agencia Ukrinform.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 49 años, asumirá la presidencia de Colombia este 7 de agosto con una inédita investidura en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Respaldado por 12,9 millones de votos, pero sin bancada propia en el Congreso. Su mandato arranca en un ambiente de crispación política: el proceso de empalme institucional con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro quedó roto por las peleas entre ambos. Y, aunque los choques con la izquierda estaban previstos, la verdadera sorpresa radica en las fisuras dentro de su propia coalición, evidenciadas en algunos desencuentros con la derecha tradicional del expresidente Álvaro Uribe.

La cronología es la siguiente: dos días después de la segunda vuelta presidencial, incluso antes de que se oficializara el triunfo del radical, el Centro Democrático se declaró “partido de Gobierno” y le entregó a De la Espriella una lista de prioridades legislativas. La colectividad de Álvaro Uribe, con una bancada consolidada de 47 congresistas entre Senado y Cámara, ratificó así una alianza parlamentaria que ya se daba por descontada desde la campaña.

Pero la armonía duró poco. La primera derrota política del presidente electo llegó antes de su investidura. Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, la presidencia del Senado quedó en manos de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y no de Alfredo Deluque (Partido de la U), la ficha respaldada por De la Espriella. Por tradición, el cargo correspondía al uribismo como fuerza mayoritaria de la coalición oficialista. Y aunque el ‘Tigre’ intentó romper esa norma no escrita para imponer a su favorito, el pulso terminó en fracaso.

De hecho, las advertencias de Uribe no se hicieron esperar. Si bien reiteró su apoyo a las iniciativas del nuevo Gobierno que coincidieran con sus principios, también lanzó una pulla con su sello: “Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas laboriosas”. Lejos de retroceder ante el exmandatario, el presidente electo replicó y redobló la apuesta con una frase política: “Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres, pero los tigres no detendrán la marcha por esa tontería”.

La vieja guardia resiste

La fisura en el bloque derechista, sin embargo, no es de momento programática. En seguridad, economía o el desmantelamiento de la obra de Petro, las coincidencias son casi absolutas. La batalla se libra en otro terreno, menos ideológico y más pragmático: una disputa por la hegemonía y el control del poder.

El politólogo Yann Basset lee el conflicto como una grieta generacional en la derecha. En una orilla resiste la corriente tradicional, con Uribe como pilar, a sus 74 años. En la otra, emerge una facción radicalizada, cercana al libertarianismo, que mira a Trump, Bukele o Milei, y que ya no necesita la bendición del expresidente. De la Espriella, al mando del joven movimiento Defensores de la Patria, reclama la jefatura de este nuevo orden. Por eso el nudo se halla en la pugna por el liderazgo entre dos vertientes de una misma familia que se necesitan, pero no siempre hablan el mismo lenguaje.

Salvado el terreno ideológico, la distancia es sobre todo de formas. Camilo Cruz, politólogo de la Universidad del Valle, resume que se trata del choque entre una fuerza institucional y una emergente. El Centro Democrático, añade, opera como una maquinaria hecha al consenso parlamentario: doce años de partido y toda la experiencia del uribismo en un Congreso donde casi todo se negocia mediante pactos, transacciones y clientelismo. De la Espriella, en cambio, irrumpe como un advenedizo que aspira a prescindir, en lo posible, de esa diplomacia y se presenta con un tono que promete confrontación cuando las cosas no fluyan.

Basset añade un factor sociológico. Al volverse un partido tradicional, el Centro Democrático se elitizó, pasó de aquella gran base popular que adoraba a Uribe a comienzos del milenio a convertirse en una fuerza urbana de clase alta. De la Espriella entendió el vacío y recogió a esa parte de la militancia de derecha popular que el uribismo dejó ir.

El conflicto cultural

Discursos, publicaciones en redes y el ajedrez de los ministerios han sido los termómetros habituales para medir el rumbo de la nueva derecha. Sin embargo, la politóloga Laura Wills, de la Universidad de los Andes, sugiere afinar la mirada hacia el terreno cultural. A su juicio, el gabinete de De la Espriella carga una impronta mucho más religiosa y doctrinaria que la del uribismo histórico. De hecho, ya existe una agenda de recortes a conquistas sociales que se consideraban consolidadas —como el derecho al aborto, la educación laica o los asuntos de género—. Es una lectura prudente, pero que asoma un dilema inevitable: descifrar si la retórica del Gobierno entrante marca una ruptura real con el pasado y si la coalición oficialista terminará partida entre la vieja guardia y la nueva extrema derecha.

El retrato se complica al mirar los pilares que llevaron a De la Espriella al poder. Las fuerzas que lo respaldaron son heterogéneas: junto al Movimiento de Salvación Nacional —un claro escudero que, pese a contar con apenas cuatro congresistas, aporta el sello radical de una colectividad familiar de honda cultura católica y férrea defensa del orden— conviven estructuras regionales y barones electorales de corte más moderado. De ahí que los analistas aguarden con paciencia a ver cómo compaginará su retórica extremista con una coalición que, en la práctica, empuja de vez en cuando hacia el pragmatismo.

Ninguno de estos dilemas tiene un final escrito. En una Colombia bajo un sistema presidencialista, con fortines regionales fragmentados, altas cortes diversas, gremios y sindicatos, mover las líneas del poder es una tarea titánica. La primera incógnita apunta a si el presidente electo usará el poder para arrastrar a la derecha tradicional hacia sus tesis radicales. O si la necesidad de coalición moderará su discurso. La segunda duda recae en el uribista Centro Democrático: si optará por endurecerse para evitar ser absorbido o si terminará abrazado al ala fuerte.

Para el analista Gustavo Duncan, de la universidad EAFIT de Medellín, el primer gran reto de De la Espriella no es constitucional, sino aritmético: armar mayorías en el Congreso. Más allá de su promesa de respetar la Constitución de 1991, el verdadero peligro radica en que, ante la falta de apoyo legislativo, el mandatario opte por gobernar a golpe de decreto en materias que exigen reformas de fondo, en la misma línea de Petro. En todo caso, su margen de maniobra es corto.

Entre Fujimori y Bolsonaro

El politólogo Camilo Cruz matiza incluso la etiqueta ideológica y prefiere hablar de “nueva derecha” antes que de “ultra” a la hora de referirse al presidente electo. Para sustentarlo, identifica una combinación de personalismo, negacionismo climático, batalla cultural, religiosidad y descalificación del adversario. Propone, además, una imagen que ilustra el relevo político mejor que cualquier fecha: Uribe se miró siempre en la derecha latinoamericana de su generación (Fujimori o Collor de Mello), mientras que De la Espriella se proyecta en la de la suya (Milei, Bukele y Bolsonaro).

Esta mutación, que hoy amenaza al uribismo histórico, evoca el eclipse de algunas maquinarias tradicionales europeas. En la Italia de 1994, Silvio Berlusconi fundó Forza Italia sobre las ruinas de la Democracia Cristiana, el gigante que gobernó el país durante casi medio siglo. Con esa estrategia absorbió su espacio, heredó sus votantes y asimiló a sus cuadros. Tres décadas después, su partido quedó reducido a socio menor de la ultraderecha de Giorgia Meloni, a la que el propio Berlusconi había abierto la puerta. El reflejo italiano deja una advertencia clara: las fuerzas erigidas alrededor de un solo hombre suelen tener fecha de caducidad.

Ahora De la Espriella asume el poder con toda la arquitectura del Estado a su favor, pero sin músculo propio en el Congreso. Su movimiento, Defensores de la Patria, ya está en fila para convertirse en partido formal: un remedio tardío para una bancada que, de lograrlo, no existiría hasta 2030, cuando su líder entregue el poder. Hasta entonces, el abogado penalista que ganó publicitandose como ajeno al sistema tendrá que negociar y adaptarse al juego de tronos del Congreso que desdeña si quiere sacar adelante su proyecto, la llamada “Patria Milagro”.

La marea humana que ha llenado las calles de Ceuta ha visibilizado una crisis logística –con el reto de atender las necesidades inmediatas de decenas de miles de personas en una ciudad de limitados recursos–; migratoria –ante la necesidad de gestionar su situación administrativa y los muy probables retornos sin salirse del marco legal y sin afectar a sus derechos básicos– y de seguridad –tanto en materia de orden público en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes como de seguridad nacional, especialmente en relación con el control de fronteras–.

Lo primero que nos enseña esta crisis es que, en contra del discurso oficial que maneja el Gobierno español, Marruecos no es un país amigo. Como cualquier otro país del planeta, Marruecos tiene intereses y está decidido a emplear todos los medios a su alcance para defenderlos.

En este caso, el interés de Rabat es cumplir su sueño de integrar a Ceuta, entre otros territorios españoles, bajo su soberanía, y uno de sus principales instrumentos es su propia población, de la que manipula vergonzosamente sus carencias y sus expectativas. Eso explica, una vez descartada la opción militar de un asalto por la fuerza, la activación de una “estrategia en la zona gris”, tal como figura desde hace años en los manuales al uso.

Una estrategia que se traduce en acciones que, individualmente consideradas, quedan por debajo de lo que cabría entender como un casus belli (motivo por el que comienza una guerra), pero que tienen una clara intencionalidad de provocar un cambio radical de la situación de partida, sin tener que recurrir a las armas.

Lo primero que nos enseña esta crisis es que, en contra del discurso oficial que maneja el Gobierno español, Marruecos no es un país amigo

Marruecos lleva años desarrollando esa estrategia –es inevitable recordar la Marcha Verde, en la que movilizó a centenares de miles de civiles marroquíes hacia el Sahara Occidental, calculando (acertadamente) que España no se atrevería a frenarlos con su ejército–.

La crisis también nos muestra que el rey Mohamed VI no tiene reparo alguno en mostrar al mundo la pésima situación en la que viven millones de sus súbditos (más que ciudadanos). La supuesta estabilidad y progreso del país, en los que ha puesto tanto énfasis en su reciente discurso de conmemoración de su acceso al trono, quedan de inmediato cuestionados con esas imágenes de descontrol fronterizo y de unos marroquíes que demuestran con su acción lo poco que ya esperan de sus gobernantes.

Muy negativas tienen que ser sus condiciones de vida para que se arriesguen de ese modo –mientras sigue aumentando el número de quienes han muerto en el intento de llegar a donde creen (infundadamente) que todos sus problemas se van a resolver–.

En esa misma línea, tampoco es creíble la insistencia de distintos responsables gubernamentales españoles en la “plena colaboración” prestada en todo momento por Marruecos para solucionar el problema de lo que, autoengañándose, se quiere hacer pasar por movimientos espontáneos de población próxima a la frontera y de la acción de las mafias locales que trafican con personas.

Nada de estas proporciones ocurre en un país tan autoritario y represor de cualquier tipo de disidencia sin que responda a una decisión política que busca volver a demostrar (como sucedió en 2021) quién tiene, no solo la sartén, sino también el mango en su mano. Y que, una vez desencadenada la crisis, Rabat se apresure a desplegar medios y colaborar con Madrid no es más que una señal adicional del nivel de control sobre una dinámica en la que el régimen marroquí es un consumado experto.

Nada de estas proporciones ocurre en un país tan autoritario y represor de cualquier tipo de disidencia sin que responda a una decisión política que busca volver a demostrar quién tiene no solo la sartén, sino también el mango en su mano

Todo eso muestra, asimismo, el fracaso del esquema ideado por los sucesivos Gobiernos españoles para evitar los sustos que Marruecos nos proporciona regularmente. Ni el pleno alineamiento con la tesis soberanista marroquí respecto al Sahara Occidental, ni las condecoraciones a altos responsables de la seguridad del reino (los mismos que algo tendrán que ver con el espionaje telefónico al que ha sido sometido el propio presidente del Gobierno español), ni el extremo cuidado en no alimentar sus suspicacias (renunciando incluso a que el personal de refuerzo de Frontex esté presente en la zona fronteriza) han servido para evitar la repetición a mayor escala de lo sufrido hace cinco años.

Tampoco parecen haber sido muy útiles los servicios de Inteligencia españoles: a pesar de que en la primera mitad del año la entrada de irregulares había aumentado un 150% respecto al mismo periodo del año anterior, no han sido capaces de detectar lo que se venía preparando.

En definitiva, da igual si esta nueva crisis es la respuesta marroquí a la reciente visita del jefe de gobierno español a Argel o si busca forzar la aceptación española de que la final del Mundial de fútbol se celebre dentro de cuatro años en Casablanca. Lo que deja en claro es tanto la voluntad de Rabat de mantener el rumbo soberanista (más aún al saberse respaldado por Washington y Tel Aviv), como la incapacidad española para neutralizar esa estrategia en la zona gris.

Seguimos atrapados en un esquema que no ha servido para garantizar una relación bilateral mutuamente fructífera y que –como demuestra la reacción inicial de nuestros socios, con Italia y Finlandia en primera línea– tampoco consigue alinear a los Veintisiete –con toda la potencialidad presupuestaria, comercial y diplomática que atesoran– para dejar suficientemente claro quién tiene realmente la sartén en su poder.

Parecía que Elon Musk se había retirado de la primera línea de la política estadounidense después de su dramático divorcio del presidente Donald Trump. Pero ahora planea regresar para la campaña electoral de los comicios de medio mandato del próximo noviembre: el milmillonario estudia reactivar su comité de acción política, llamado America PAC, para rescatar a los republicanos ante unas elecciones que cada vez se complican más para el partido de Trump.

El magnate ha autorizado que esa entidad gaste entre 10 y 120 millones de dólares (aproximadamente, entre 8 y 100 millones de euros) en la campaña de este otoño. Los PAC (siglas en inglés de Comités de Acción Política) son organizaciones que se dedican a recaudar fondos y a hacer campaña por distintos candidatos.

En las elecciones presidenciales de 2024, Musk inyectó más de 290 millones de dólares (más de 250 millones de euros) en la candidatura de Trump para ayudarle a regresar a la Casa Blanca. Según reveló el periódico The Guardian, el programa de captación de votantes de Trump en estados clave estaba siendo gestionado principalmente por America PAC, que a pocas semanas de las presidenciales tenía entre 300 y 400 empleados en cada uno de los siete estados disputados de Estados Unidos.

Ahora, los medios Axios y The New York Times desvelan que el PAC de Musk prevé centrarse en las acciones puerta a puerta, además de aumentar los anuncios online y por correo. La estrategia, según explican los medios, sería movilizar todos aquellos votantes conservadores que no suelen ir a votar en las legislativas.

La aparición de Musk en la contienda electoral tiene una explicación. Hace tiempo que el multimillonario hizo las paces con el presidente, aunque se ha encargado de mantener un perfil bajo. Musk voló junto a Trump a bordo del Air Force One rumbo a China el pasado mes de mayo: el sudafricano descendiendo por las escaleras del avión presidencial ante el recibimiento oficial chino fue la confirmación de que Musk volvía a estar en el círculo íntimo del mandatario.

La vuelta de America PAC en estos momentos agravaría aún más los problemas económicos de los demócratas. A pesar de que las encuestas indican que van con ventaja –ya que la guerra en Irán está causando malestar y no está previsto que termine pronto–, el agujero de unos dos millones de dólares (unos 1,7 millones de euros) que sufre el Comité Nacional Demócrata (DNC) amenaza con comprometer la recta final de la campaña. Especialmente porque, en contraste, el Comité Nacional Republicano (RNC) cuenta con unos 130 millones de dólares en efectivo, según estimaciones de The New York Times.

A pesar de que el descontento de los estadounidenses por el encarecimiento del coste de vida es innegable, una estrategia de campaña agresiva para movilizar las bases conservadoras podría poner en apuros a los demócratas de cara a las próximas votaciones. Por ejemplo, algunos de los escaños clave para que pudieran recuperar el control del Senado estadounidense siguen estando muy disputados, por lo que no está todo perdido para los republicanos.

Además, la diferencia de fuerza económica hace que los demócratas tengan que elegir bien dónde invierten el dinero para asegurar la carrera electoral. No se pueden permitir muchos errores, menos después del escándalo de su candidato en Maine, Graham Platner. Los demócratas estaban casi seguros de poder ganar en ese estado, pero todo se truncó hace unas semanas cuando Platner renunció a raíz de una denuncia de agresión sexual.

A cuatro meses de los comicios, la retirada de Platner ha echado por tierra la campaña en Maine y ha obligado a los demócratas a tener que buscar en tiempo récord a un nuevo candidato que tenga el mismo tirón. La victoria en este estado de la Costa Este era el camino más probable para conseguir la mayoría en el Senado; ahora, esa ruta se ha desviado a Texas, con el candidato demócrata James Talarico.

La presión financiera es tal que incluso el liderazgo de Ken Martin, quien asumió la presidencia del DNC el año pasado, se ha visto cuestionado. Esta misma semana The New York Times revelaba que el equipo de Recursos Humanos del partido demócrata abrió una investigación a Martin después de que lanzara su teléfono contra el escritorio de un asistente.

El DNC arrastra problemas financieros desde que Kamala Harris perdió las presidenciales de 2024. El partido esperaba que, después de la caída de donantes por el batacazo electoral, la perspectiva de las elecciones de medio mandato y el enfado con Trump reactivaran las donaciones. Pero, por el momento, eso no está pasando. Según Notus, que cita los registros de propiedad de Washington, el año pasado el DNC ofreció como garantía su sede física en la capital federal para poder obtener una línea de crédito de 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros) destinada a invertir en las elecciones del próximo noviembre, que serán una prueba de fuego para los demócratas.

Donald Trump ha anunciado en la madrugada de este viernes que su Junta de Paz ha logrado un acuerdo “para el desarme completo de Hamás”. Israel aún no se ha pronunciado oficialmente y el grupo islamista sigue vinculando el avance de esta nueva fase a que Tel Aviv cumpla con su parte de los 20 puntos del plan que Estados Unidos impuso en octubre del año pasado. El presidente estadounidense ha afirmado que “este es un hito importante en la implementación” de ese plan, que lleva meses estancado, y “se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”.

Por su parte, Hamás ha hecho hincapié en un comunicado este viernes que la implementación de la segunda fase del acuerdo de Trump para Gaza depende del “compromiso de la ocupación [Israel] de detener los asesinatos y poner fin a sus ataques”. Además, ha detallado que ha aceptado entregar las “armas pesadas”, pero con varias condiciones, entre las que están “el cese de todas las formas de agresión”, “la retirada de la Franja de Gaza” de las tropas israelíes, “la disolución de las bandas armadas y milicias” apoyadas por Israel y “la reconstrucción” del territorio.

Israel no ha detenido sus ataques contra la Franja a pesar del alto el fuego y ha asesinado a más de 1.200 palestinos desde mediados de octubre pasado. En las últimas semanas, ha incrementado sus agresiones, con ataques aéreos y de drones casi a diario.

El presidente estadounidense ha explicado en un post en Truth Social que se ha llegado al acuerdo gracias al trabajo de mediación realizado por Egipto, Qatar y Turquía, que se han reunido con representantes de Hamás y de la Junta de Paz en El Cairo en las pasadas semanas.

Según la televisión egipcia Al Ghad, vinculada a Hamás, la aplicación de acuerdo se hará en un plazo de 14 días después de que las dos partes lo aprueben formalmente. Por parte de Israel, tiene que hacerlo el Gobierno; por parte de Hamás, la cúpula del grupo islamista.

Los pasos que plantea ahora Trump, sin embargo, no dejan de ser una repetición de lo que aparecía en el plan de 20 puntos de octubre de 2025: “En cuanto el desarme se complete, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina”. Sin la confirmación oficial de Israel, todavía es pronto para afirmar que este acuerdo supone un “monumental avance”, tal como ha dicho el propio Trump.

“Hace un año había una guerra violenta y despiadada, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos, pero aún queda mucho trabajo por hacer”, ha escrito el republicano.

Fuentes israelíes han señalado a Reuters que Tel Aviv no se retirará de la llamada Línea Amarilla de Gaza, antes de que Hamás se haya desarmado y se haya desmilitarizado la Franja. Hasta ahora, el grupo islamista se ha negado a entregar las armas directamente a Israel, aunque ha estado abierto a deshacerse del armamento pesado bajo la supervisión de una entidad palestina elegida en las negociaciones de El Cairo, que se han alargado precisamente por este punto polémico.

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo de alto el fuego

de octubre de 2025

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

NORTE

DE GAZA

Erez Oeste

3,5 km

Erez

BEIT

LAHIA

Ciudad

de Gaza

BEIT

HANUN

3,5 km

2,2 km

1,5 km

BUREIJ

Wadi Gaza

Franja

de Gaza

DEIR AL

BALAH

Paso de

Kissufim

JAN YUNIS

ISRAEL

6,5 km

2,5 km

EGIPTO

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo

de alto el fuego de octubre de 2025

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

Erez

Oeste

Erez

3,5 km

BEIT

LAHIA

BEIT

HANUN

3,5 km

2,2 km

Ciudad

de Gaza

BUREIJ

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Wadi Gaza

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de Gaza

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Kissufim

JAN

YUNIS

6,5 km

ISRAEL

2,5 km

EGIPTO

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Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

Trump ha hecho el anuncio dos días después de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien viajó a Washington esta semana. El encuentro se celebró a puerta cerrada en la Casa Blanca, en un momento en que la relación entre ambos socios está en horas bajas por las divergencias sobre la guerra de Irán. De hecho, el acuerdo llega precisamente en un momento en que el mandatario estadounidense necesita alguna victoria política para ganar algo de oxígeno ante la falta de progresos diplomáticos con Teherán.

Actualmente, la mayoría de la Franja continúa bajo control de las fuerzas israelíes, que han expandido su dominio más allá de la Línea Amarilla y están levantando una gran barrera de tierra para delimitar la amplia zona que ocupan. La línea es la demarcación que se dibujó para la primera fase de la retirada del ejército israelí, después de la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025. Desde entonces, Israel ha ocupado más territorio y ha rechazado retirarse progresivamente, tal y como establecía el plan de Trump, en una segunda fase.

A la espera de que se publique el acuerdo oficial, el plan incluye con una serie de requisitos. Según recoge Al Jazeera, en los próximos 14 días se debe crear un inventario con todas las armas, el cual será supervisado por el Comité Nacional para la Administración de Gaza. Ningún tipo de armamento será transferido a Israel o a otras partes no palestinas. La Fuerza Internacional de Estabilización y la nueva policía palestina –que aún no han sido formadas– se encargarán de supervisar el desarme completo, cuando Israel vaya retirando las tropas según las líneas que prevé el plan de paz. Las fases del desarme quedan completamente condicionadas a la retirada gradual de las fuerzas israelíes.

En una publicación en X, la Junta de Paz asegura que el acuerdo es el resultado de “meses de negociaciones intensas” y remarca que, por primera vez, “Hamás se ha comprometido oficialmente a un plan de acción para entregar todas las armas, el cual será seguido por la retirada de Israel de Gaza”. El organismo, presidido por el propio Trump, asegura que a partir de ahora empieza una fase de transición a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza, al que Israel aún no ha permitido acceder a Gaza.

Trump ha asegurado que “en virtud de este acuerdo, Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su PUEBLO”. Sin embargo, no queda claro cómo va a asumir la gestión de la Franja el comité palestino, que permanece bloqueado en El Cairo. Hamás anunció a principios de julio la entrega del poder a ese comité tecnócrata y la disolución de lo que quedaba de su Ejecutivo en Gaza, donde el movimiento ha gobernado desde 2007 de forma autoritaria, tras expulsar del territorio a los representantes y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina –que gobierna de forma limitada la Cisjordania ocupada por Israel–.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza ha celebrado este viernes “los avances anunciados en la hoja de ruta y el inicio de sus medidas prácticas, considerando esta etapa un punto de inflexión significativo para los residentes de la Franja de Gaza”. Sin embargo, ha destacado en un comunicado que “el principal desafío reside en traducir los entendimientos y acuerdos en logros tangibles que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos” gazatíes.

Con información de EFE

En caso de cruzarse con un lobo durante las vacaciones, las autoridades danesas recomiendan por primera vez a los turistas que “permanezcan quietos y establezcan contacto visual con el animal”. Si este no se aleja por iniciativa propia, la recomendación es “agitar los brazos, aplaudir y gritar” para demostrar autoridad. Las instrucciones también insisten en “no seguir al lobo ni darle nunca la espalda” y, en el caso de que llegue a atacar, “oponer la máxima resistencia, golpear, patear y usar cualquier objeto contundente”.

Estas recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente responden al regreso del lobo al país nórdico tras más de dos siglos de ausencia. Aunque la especie volvió a establecerse hace algo más de una década, en el último año se han multiplicado los avistamientos y encuentros con personas, especialmente en destinos turísticos de la costa del Mar del Norte, en la península de Jutlandia.

Los encuentros entre lobos y personas suelen ser poco frecuentes. Sin embargo, en los municipios de Varde y Øksbøl, donde se han avistado varios ejemplares incluso en zonas urbanas, las autoridades han decidido repartir folletos con recomendaciones disponibles en danés, inglés y alemán entre los visitantes de las casas de verano, los campings y en la oficina de turismo. Las indicaciones incluyen que los niños menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto en los alrededores del pueblo de Oksbøl.

El objetivo no es asustar a nadie, sino que las recomendaciones se han hecho a petición de los comercios locales para informar a los turistas, explicó la segunda teniente de alcalde de Varde, Sandie Eis Ravn: “Si visitan algún lugar y saben que hay un lobo en el bosque cercano, asegúrense de seguir las normas de conducta adecuadas al encontrarse con este animal”, afirmó. “Somos un municipio con muchos turistas y queremos que estén contentos, por eso es importante comunicarse con claridad”, añadió Ravn.

El comportamiento habitual de los lobos es mantenerse alejados de los humanos, pero hay que tener cuidado con aquellos animales que se han acostumbrado a la presencia de personas

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Al igual que en muchos otros territorios en Europa, el retorno del lobo ha creado mucha controversia y genera reacciones encontradas en Dinamarca. Por un lado, están los que creen que su presencia es una buena noticia para la biodiversidad, y, por lo tanto, piensan que el animal debería seguir estando protegido por las directivas de la Unión Europea que garantizan la supervivencia de las especies en peligro de extinción. Por otro lado, sus detractores sostienen que los ataques al ganado son cada vez más frecuentes y reclaman medidas para controlar la población de lobos, que actualmente se estima en unos 49 ejemplares adultos en toda Jutlandia.

Encuentros más frecuentes

Desde que los lobos regresaran a Dinamarca en 2012, no se ha registrado ningún ataque a humanos. Sin embargo, los expertos creen que el aumento de los avistamientos refleja que algunos ejemplares han perdido parte de su cautela natural hacia las personas, un comportamiento que puede producirse cuando los lobos asocian la presencia humana con una fuente de alimento.

El pasado mes de enero, una niña de 14 años fue perseguida muy de cerca por un lobo por las calles nevadas de Oksbøl. A pesar de que entró en pánico, la adolescente lo grabó todo con el móvil y subió el vídeo en las redes sociales. En febrero, una mujer que volvía a casa por la noche en la localidad de Blåvand quedó conmocionada cuando un lobo se le acercó a menos de un metro de distancia. En abril, un matrimonio fue perseguido por un grupo de lobos hasta que el hombre disparó tres veces al aire para asustar a una manada de seis ejemplares.

El biólogo y profesor de Ecología de la Universidad de Aarhus, Peter Sunde, ha estudiado todos estos encuentros ocurridos a partir de los relatos de los testigos y de las imágenes captadas durante los incidentes: “El comportamiento habitual de los lobos es mantenerse alejado de los humanos, pero aquellos animales que se han acostumbrado a la presencia de personas son con los que debemos tener más cuidado”, señala a elDiario.es.

Hay espacio natural para que los ejemplares de lobos se dupliquen o tripliquen, pero este crecimiento dependerá de las decisiones políticas

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Según el investigador, el retorno del lobo en Dinamarca responde a dos factores: por un lado, “la protección legal de la especie” y, por otro, “la abundancia de presas como ciervos o animales de granja”. Por ello, considera que su expansión “no puede atribuirse únicamente a la recuperación de los bosques y los ecosistemas”.

En el año 2023, Sunde, junto con el Centro Nacional del Medio Ambiente y la Energía, hizo una proyección del aumento de la población de lobos en Dinamarca en los próximos años. Llegó a la conclusión de que “hay espacio natural para que los ejemplares de lobos se dupliquen o tripliquen, pero este crecimiento dependerá de las decisiones políticas”, afirma.

Actualmente, el lobo es un animal protegido en Dinamarca, como en el resto de la UE, pero la ley permite disparar a un ejemplar si se detecta que es problemático y las autoridades dan el permiso. Según la legislación, un lobo problemático es aquel animal que no se acobarda frente a las personas, vaga por zonas urbanas, ataca al ganado protegido por vallas o representa un peligro para la seguridad humana.

Cómo convivir con los lobos

Los lobos también se colaron en el debate político en la campaña de las pasadas elecciones generales, cuando candidatos de varias formaciones reclamaron flexibilizar la ley para permitir abatir a determinados ejemplares. Cuatro diputados de la formación ultraderechista Partido Popular Danés fueron más allá y compartieron una publicación en Facebook que instaba a la gente a “disparar al lobo”, por la que fueron denunciados.

Según el investigador Peter Sunde, la discusión sobre la presencia del lobo trasciende los aspectos ecológicos, ya que “el lobo se ha convertido en un símbolo de un debate social más amplio sobre los valores y el territorio, por lo que la cuestión se ha vuelto muy acalorada”.

La coexistencia tiene que ver con los límites de tolerancia, la prevención y la preparación para afrontar problemas que nunca se podrán evitar por completo

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Para el criador de ovejas y empresario, Jørgen Blazejewicz, los ataques de lobos se han vuelto un problema muy recurrente en su granja de Holstebro. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, los lobos atacaron el año pasado un total de 1.200 reses en 239 ataques registrados.

La granja de Blazejewicz ha invertido en los últimos años en reforzar las vallas que protegen el ganado y en electrificarlas. De lo contrario, “hubiéramos perdido más animales”, cuenta el dueño a elDiario.es. Las indemnizaciones y la ayuda económica que recibe tras cada ataque “son útiles, pero no cubren todas las pérdidas”, según el ganadero.

Por ello, defiende que se apliquen más medidas de control de la población de lobos: “Podríamos regular su presencia hasta un nivel menor que signifique que permanezcan en los grandes espacios naturales, pero ahora se les ve en los pueblos pequeños, en los jardines y por todas partes”. “Más allá de la granja”, añade, “también tengo hijos pequeños y perros, por lo que me hace muy poca gracia saber que hay un lobo correteando por aquí”.

Para Peter Sunde, la convivencia entre humanos y lobos es posible, pero requiere tolerancia y una gestión que se adapte a las circunstancias locales: “La coexistencia tiene que ver con los límites de tolerancia, la prevención y la preparación para afrontar problemas que nunca se podrán evitar completamente, como los ataques al ganado”, explica. “Pero también puede haber hábitats urbanos donde podemos impedir que el lobo viva tan cerca”, concluye.

Las autoridades polacas han informado este jueves de que un objeto no identificado que violó su espacio aéreo ha causado un cráter de unos 10 metros de diámetro al impactar en su territorio, tras una noche de ataques rusos contra Ucrania, que no es la primera vez que alcanzan Polonia.

El objeto se estrelló este jueves en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublin (este), donde ha dejado un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de distancia de la población más cercana, según el Ejército polaco.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas (DORSZ) ha informado en un comunicado de que “a las 3.40 horas (1.40 GMT), se detectó en el espacio aéreo polaco un objeto no identificado que se movía en dirección oeste”. “Para su reconocimiento e intercepción, se dirigió un caza F-16 de servicio a la zona”, ha agregado el DORSZ, pero “antes de realizar una identificación inequívoca, el objeto desapareció de las indicaciones de los sistemas radiolocalizadores”.

La zona del impacto ha sido acordonada por la policía.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha calificado de “incidente grave” el impacto en territorio polaco de un misil que “probablamente” son de los que Rusia emplea en su guerra contra Ucrania, según ha dicho en una rueda de prensa en Lublin. “Se ha producido una violación del espacio aéreo polaco. Se trata de un incidente grave. Muy probablemente era un misil balístico ruso CH-101”, ha detallado.

Tusk ha suspendido su agenda y se ha desplazado de urgencia a la región de Lublin, según su oficina, donde tiene previsto reunirse con un gabinete de coordinación integrado por el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y con altos mandos militares para analizar los restos hallados y evaluar la amenaza.

Según el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, el objetivo que violó el espacio aéreo polaco es un misil de crucero Kh-101 disparado por Rusia. Unos 70 misiles y 280 drones han sido lanzados por Rusia durante el ataque contra Ucrania.

Este suceso recuerda al grave incidente del año pasado en el que se registraron incursiones de drones rusos en espacio aéreo polaco. Entonces, al menos 23 aparatos cruzaron la frontera, lo que obligó a activar cazas aliados y cerrar temporalmente aeropuertos estratégicos como el de Varsovia-Chopin ante lo que se consideró una agresión directa a la soberanía de la OTAN.

Las autoridades de la prefectura japonesa de Kumamoto elevaron este jueves a 34 las víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón el pasado martes, mientras continúan las labores de rescate de posibles supervivientes.

A pesar de este nuevo balance de las autoridades locales, el portavoz del Gobierno central, Minoru Kihara, mantuvo en 30 el número de fallecidos en una rueda de prensa prácticamente simultánea, apoyándose en la información proporcionada por la Policía.

Más de 48 horas después del temblor, las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes continúan, en medio de cortes de agua y electricidad, y los pronósticos de altas temperaturas en la región. En este contexto, el Ministerio de Defensa informó de que anoche se iniciaron las labores de búsqueda con perros.

Kihara, ha afirmado en una rueda de prensa horas antes que “la Policía, los Bomberos y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate” en unas labores que se han convertido “cada vez más” en “una carrera contra el tiempo”.

Asimismo, Kihara ha confirmado que en el centro comercial operado por Aeon Mall (Kashima) que registró una explosión instantes después del seísmo se contabilizaron cinco fallecimientos, al igual que en la fábrica papelera Nippon Paper Industries (Yatsushiro), donde el terremoto derribó una gran chimenea.

Durante esta jornada, unas 10.000 personas seguían evacuadas en unos 400 centros, donde el Gobierno local y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) están colaborando en la instalación de unidades de aire acondicionado.

En las operaciones de rescate en el centro comercial de Kashima hay 370 efectivos de Bomberos, 190 de la Policía y 170 del Ejército, mientras que en la fábrica de Yatsushiro cuentan con 280 bomberos, 70 policías y 30 militares.

El terremoto se registró a las 16:27 hora local del martes, y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta de tsunami.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de siete niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, causando importantes daños materiales, que incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto.

Desde entonces, se registraron centenares de réplicas, incluido un seísmo de magnitud 5,8 en la noche del miércoles, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles que llevó a cabo una nueva oleada de ataques contra decenas de objetivos militares en Irán, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

Los bombardeos alcanzaron objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades navales, detallaron las fuerzas armadas en su cuenta oficial de X.

Según el CENTCOM, los ataques tuvieron como objetivo reducir las amenazas de Irán y sus grupos aliados contra las fuerzas estadounidenses, la navegación comercial y los países vecinos del Golfo.

La ofensiva se produjo un día después de que fuerzas de la IRGC lanzaran varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el mando militar estadounidense. Más de 50.000 soldados de Estados Unidos permanecen desplegados en la región, según el CENTCOM.

Horas antes del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, había adelantado que responderían con fuerza a los ataques sorpresivos de Irán en Jordania durante la noche del martes.

Los ataques entre Washington y Teherán se reactivaron esta semana, pese a que Trump había adelantado que suspendería el fuego debido a nuevos acercamientos con la República Islámica en busca de alcanzar un nuevo acuerdo de paz, mientras el conflicto se acerca a cumplir cinco meses.

Uno de los países que ha sido golpeado repetidamente en las pasadas tres semanas, desde el colapso del acuerdo entre EEUU e Irán, es Kuwait. Una persona murió este jueves en un ataque atribuido a Irán contra una empresa china situada en el norte del país del golfo Pérsico, según informó el Ministerio de Defensa.

“La atroz agresión iraní tuvo como objetivo un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país, causando la muerte de un trabajador y daños materiales significativos al inmueble”, dijo el portavoz de Defensa, Saud al Atwan, en un comunicado. Sin embargo, no precisó si se trata de un ataque con drones o misiles ni tampoco el nombre de la empresa china.

Jordania acusa a Irán de lanzar misiles a su territorio

El Ejército de Jordania anunció este jueves que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados contra su territorio y acusó a Irán de este ataque. “A primera hora del jueves, cinco misiles provenientes de Irán que atacaron los territorios del Reino fueron detectados, interceptados y derribados según los planes defensivos preparados con este propósito”, apuntaron en un comunicado las Fuerzas Armadas de Jordania. El texto asegura que la ofensiva “fracasó” y no ha provocado víctimas.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha anunciado que destruyó tres cazas F-35 de estadounidenses en un ataque a una base aérea jordana. En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar, ha asegurado que el ataque con misiles balísticos tuvo como blanco “la plataforma de despliegue y el hangar de mantenimiento de los cazas F-35 estadounidenses en la base aérea de Al-Azraq”.

“Como resultado, tres aviones F-35 fueron destruidos por completo y otros tres sufrieron daños considerables”, mientras que “murieron varios oficiales y personal técnico y de mantenimiento enemigos”, ha asegurado, pero ni EEUU ni Jordania lo han confirmado, de momento.

Ahora que su innecesaria guerra en Irán no va demasiado bien, la Administración Trump ha abierto una guerra virtual contra la Corte Penal Internacional (CPI). Con una argumentación plagada de falacias, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió a mediados de julio “desmantelar” el tribunal al que considera una amenaza para la soberanía de Estados Unidos. El verdadero objetivo del Gobierno estadounidense es garantizar la impunidad de los que cometen crímenes de guerra, también cuando son cometidos en territorio de países miembros de la CPI.

En una columna de opinión publicada en The Wall Street Journal y en un vídeo que difundió por la red social X, Rubio imagina una distopía en la que oficiales estadounidenses, como policías o guardias fronterizos, son “llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países aleatorios de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y encarcelados a miles de millas de Estados Unidos”.

Pura ficción. La CPI no tiene jurisdicción para juzgar los delitos cometidos en Estados Unidos. Eso solo sería posible si Donald Trump empezara a desplegar en el extranjero a esos agentes de Policía o de la Guardia fronteriza.

El Gobierno de EEUU tampoco puede alegar que nunca dio su consentimiento a las leyes que aplica la CPI: son leyes que vienen de tratados como la Convención sobre el Genocidio o los Convenios y Protocolos de Ginebra, ratificados por Estados Unidos e incorporados a sus manuales militares. ¿De verdad es antiestadounidense prohibir el genocidio?

Rubio se queja de que su Gobierno no puede “controlar” el derecho internacional, pero lo cierto es que nadie debería poder hacerlo. La ley está pensada para que las personas la obedezcan, no para ser controlada por las personas. “No necesito el derecho internacional”, ha asegurado Trump, pero ningún líder decente debería aceptar esa premisa.

Detrás de la retórica

Irónicamente, Rubio arremetía contra el derecho internacional a la vez que lo invocaba hablando de la ilegalidad cometida por Irán al cobrar tasas a las embarcaciones que pasan por el estrecho de Ormuz (aunque el propio Trump amenazó con hacer lo mismo, antes de desdecirse). Un buen ejemplo de lo que piensa la Administración Trump sobre el derecho internacional: cuando conviene, utilizarlo como un arma; si se aplica contra EEUU, ignorarlo.

Según Rubio, la CPI está “manejada” por “gobiernos hostiles del Tercer Mundo, unidos por su enemistad hacia EEUU”. Toda una sorpresa para la práctica totalidad de los Gobiernos europeos que figuran entre los 125 miembros del tribunal de La Haya. Son los gobiernos más abusivos los que tratan de no adherirse a la CPI porque eso significaría exponer a sus nacionales a ser perseguidos y juzgados. Las atrocidades que esos gobiernos cometan dentro de sus propios países solo pueden ser investigadas con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, donde EEUU tiene derecho de veto.

Lo que quiere Trump es impunidad para cometer crímenes de guerra en cualquier parte del mundo

Detrás de toda esta retórica, la verdadera objeción de la Administración Trump es el principio de jurisdicción territorial que faculta a la CPI para juzgar crímenes de guerra, entre otras atrocidades a gran escala, cometidas por un ciudadano de un país no miembro del tribunal internacional en el territorio de un miembro de la misma (ese sería el caso de crímenes cometidos por EEUU en otro país que sí forma parte de la CPI). Lo que quiere Trump es impunidad para cometer crímenes de guerra en cualquier parte del mundo.

Rubio habló sin parar sobre la forma en que la CPI representa una amenaza a la soberanía estadounidense, como si la Administración Trump tuviera el derecho soberano de cometer crímenes de guerra. Pero, ¿qué pasa entonces con la soberanía de las naciones que se adhirieron a la CPI para protegerse de los crímenes cometidos en su territorio? Al parecer, reconocer el derecho soberano de esas naciones es incompatible con la visión del mundo que tiene Trump, según la cual la ley se impone por la fuerza.

Trump no es el primero en mantener esa idea de la soberanía selectiva. Cuando la CPI se fundó en 1998, el Gobierno del entonces presidente Bill Clinton votó contra la jurisdicción territorial, perdiendo por una mayoría abrumadora: 120 votos a favor y siete en contra. EEUU cambió de opinión en marzo de 2023, cuando la CPI imputó al presidente ruso, Vladímir Putin, por el secuestro de niños ucranianos. De repente, al Gobierno estadounidense le encantaba el principio de la jurisdicción territorial.

El presidente Joe Biden consideró las acusaciones “justificadas” y el senador Lindsey Graham, de gran influencia en temas de política exterior, aplaudió la medida. El representante de Carolina del Sur por el Partido Republicano, fallecido recientemente, incluso se movió para lograr que el Senado aprobara una resolución unánime de apoyo a la CPI.

El idilio duró poco. En noviembre de 2024, cuando la CPI imputó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, entró en juego la “excepción israelí” al derecho internacional y Joe Biden se indignó. La CPI estaba aplicando el principio de jurisdicción territorial: Israel no se había adherido al tribunal, pero Palestina sí y los crímenes israelíes se habían cometido en territorio palestino, en Gaza. Dos meses después, Trump regresaba a la presidencia de EEUU y sancionaba a varios jueces y fiscales de la CPI.

Salvo en la mente de autoridades estadounidenses que quieren actuar por encima de la ley, la jurisdicción territorial no tiene nada de extraordinario. Si asesinara a alguien en las calles de París, Tokio o Sao Paulo, el Gobierno de EEUU difícilmente podría oponerse a que las autoridades francesas, japonesas o brasileñas me procesaran. ¿Por qué sería inaceptable que esos países remitieran el caso a la CPI, en lugar de acusarme ellos mismos, si yo cometiera crímenes de guerra en su territorio?

Un principio clave

Más allá de Putin y de Netanyahu –quien ha apoyado la campaña de Rubio contra la CPI–, el principio de la jurisdicción territorial es clave para hacer justicia en algunas de las peores atrocidades del mundo actual. Es necesaria para enjuiciar a las autoridades de Ruanda (un país que no es miembro de la CPI) por las atrocidades a gran escala que su milicia M23 ha cometido en la vecina República Democrática del Congo (que sí es miembro). Es esencial para juzgar a funcionarios de Emiratos Árabes Unidos (tampoco es miembro de la CPI) por enviar armas y mercenarios a las genocidas Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, donde la CPI tiene jurisdicción en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero lo que más preocupa a las autoridades de la Administración Trump es que la jurisdicción territorial se utilice en su contra. La CPI podría enjuiciar a los que autorizan ejecuciones sumarias de personas en embarcaciones sospechosas de traficar con drogas, cuando alguno de esos posibles crímenes contra la humanidad tenga lugar en aguas territoriales de Venezuela o de Colombia, dos países miembros de la Corte.

Rubio promete una carga frontal contra la CPI, con nuevas sanciones a su personal y presiones a los Gobiernos que cooperan con el tribunal internacional

La CPI también podría procesar a los funcionarios del Gobierno de Trump –y de Biden– por complicidad en el genocidio de Gaza al seguir entregando armas y asistencia militar a Israel mientras se producían los hechos. Y Trump podría ser procesado por obstrucción a la justicia (en virtud del artículo 70 del Estatuto de Roma que rige la CPI) por sancionar a funcionarios de la CPI en represalia por el trabajo que desempeñan en el caso contra las autoridades israelíes. Una posibilidad que subrayé en mi anterior columna sobre el tema, citada por Rubio en su artículo de The Wall Street Journal.

Rubio promete una carga frontal contra la CPI, con nuevas sanciones a su personal y presiones a los Gobiernos que cooperan con el tribunal internacional. Su plan es poner al descubierto “los riesgos que implica para los estadounidenses”. Es poco probable que convenza a nadie. El verdadero riesgo es un posible juicio a las autoridades de la Administración Trump por crímenes de guerra cometidos en países miembros de la CPI. ¡Dios no lo quiera!

Texto traducido por Francisco de Zárate y editado por la redacción de elDiario.es.

Venezuela abrirá el 1 de agosto un nuevo proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, el octavo desde que el chavismo llegó al poder hace 27 años. Esta vez no hay facilitador —en el anterior, previo a las cuestionadas presidenciales de 2024, medió Noruega— y es Estados Unidos quien fija los negociadores, la agenda y los plazos.

La mesa llega en el peor momento y por decisión ajena. El 3 de enero, un bombardeo estadounidense dejó más de 100 muertos y terminó con el secuestro de Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington controla los resortes del Gobierno y, sobre todo, la producción petrolera. El 24 de junio, un doble terremoto añadió más de 5.500 muertos y casi 18.000 personas sin hogar. Fue Estados Unidos, y no ningún actor venezolano, quien propuso volver a la mesa mientras las cuadrillas aún buscaban supervivientes entre los escombros.

La delegación opositora la preside Dinorah Figuera, una médica cirujana del partido opositor Primero Justicia, exiliada en Madrid. Dirige desde enero de 2023 la Asamblea Nacional de 2015, el Parlamento que la oposición ganó con holgura aquel año y que el chavismo fue vaciando de poderes. Esa asamblea sostuvo en 2019 el “gobierno interino” de Juan Guaidó, reconocido en su día por medio centenar de países, España incluida; cuando la propia oposición liquidó aquel experimento, Figuera lo relevó. Hoy dirige un cuerpo sin territorio ni poder real dentro de Venezuela, pero que Occidente aún reconoce como el último Parlamento legítimamente electo. Ese reconocimiento es su única baza: le da la representación legal de los activos venezolanos en el exterior —la petrolera Citgo, el oro depositado en el Banco de Inglaterra—, un patrimonio congelado por los litigios que la Asamblea custodia, pero que no puede gastar a su antojo.

Que Washington la escogiera sorprendió, porque Figuera no representa a la mayoría opositora. En Venezuela hay al menos tres oposiciones: la más votada, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática en torno a María Corina Machado —que ganó las primarias de 2023, fue inhabilitada y llevó al diplomático Edmundo González como candidato en 2024, y que el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz—; la institucional de la Asamblea de 2015; y la de los moderados que han negociado con el chavismo o concurrido a las urnas, como Un Nuevo Tiempo o Avanzada Progresista. Estados Unidos eligió la segunda y apartó a las otras dos.

El secretario de Estado, Marco Rubio —a quien el New York Times ha llamado el “virrey” de facto del país latinoamericano—, justifica la elección de la contraparte opositora: las autoridades de 2015, argumenta, llegaron al poder tras “la última elección democrática del país”. Pero el mandato de este cuerpo caducó en 2021. Ante el malestar de los excluidos, Figuera aseguró en X que se convocaría a todos y que Machado tendrá un papel importante. El propio Rubio, preguntado por un periodista, admitió que la premio Nobel podría sentarse a la mesa, aunque lo dejó en condicional: “Podría”. Un miembro de la delegación del chavismo también asegura a elDiario.es: “Vamos a hablar con toda la oposición, no solo con la AN-2015”, y niega que haya imposición en la agenda por parte de Estados Unidos.

El politólogo Ángel Álvarez lo describe sin rodeos: el proceso no está propiciado, sino “impuesto por Estados Unidos”, que “decide cuándo, dónde, quiénes y sobre qué”. Lo compara con Vietnam del Sur durante la guerra, cuando “eran los militares y los políticos estadounidenses quienes decidían lo que aquel terrible y corrupto gobierno hacía en su territorio”. Lo permite la debilidad opositora, “que facilita que se impongan decisiones sin prácticamente ninguna resistencia”, y también la del Gobierno, “bajo la espada de Damocles”: desde el 3 de enero, dice, quedó claro que Washington “está dispuesto a usar la violencia extrema para castigar a quienes no le obedezcan”.

La elección de la Asamblea de 2015 tampoco es casual. El respaldo de Machado “es muy alto en las encuestas”, pero “no tiene un arnés jurídico”, porque nació de unas primarias sin valor legal; la Asamblea, en cambio, “tiene ese barniz de legalidad”. Washington escoge así “a alguien que puedas controlar más directamente”, pero con “una credibilidad mínima a nivel internacional”.

Una mesa demasiado “estrecha”

¿Para qué quiere Estados Unidos este diálogo? Álvarez lo atribuye a los inversores. Washington busca “un cierto nivel mínimo de apertura política para dar la impresión de que se avanza” hacia la liberalización, y lo que de verdad interesa a quien quiere invertir es “un orden jurídico que proteja sus inversiones”. De ahí que los magistrados del Tribunal Supremo encabecen la agenda, por delante del salario o la reconstrucción: “Si el Supremo tiene varios sectores políticos representados, es más fácil para un actor externo y poderoso incidir en sus decisiones”. El desenlace que anticipa es cosmético: un “refrescamiento de cara”, algunos magistrados “aparentemente más neutrales” y quizá un Consejo Nacional Electoral algo más plural, pero con el oficialismo aún al mando.

El calendario refuerza esa cautela. El politólogo cree que a Estados Unidos “no le conviene un cambio abrupto de gobierno, mucho menos antes de 2028”, así que el proceso “se puede prolongar”: el Gobierno de Rodríguez “puede aguantar perfectamente dos años”, y la cita electoral podría estirarse hasta 2030, cuando tocaría constitucionalmente la celebración de las presidenciales.

Los actores que quedan fuera insisten en que la mesa se amplíe. El diputado Ángel Medina, de Unión y Cambio, dice a elDiario.es que mantiene conversaciones “con la Plataforma Unitaria y con otros actores políticos, como Enrique Márquez o Alberto Galíndez”. Todos, reconoce, están “esperando a ver hacia dónde va esto”, pero fuera de la negociación formal. Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y candidato presidencial en 2024, salió de la cárcel en enero tras meses como preso político y fue invitado de honor de Trump en su discurso del Estado de la Unión. Pero ni siquiera eso le ha dado un sitio en la mesa. Galíndez es el único gobernador opositor del país, en el estado de Cojedes.

¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana? Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela

Luis Augusto Romero — Miembro del partido opositor Avanzada Progresista

Lo que reclaman es una agenda menos estrecha. Medina advierte de que el salario, la inflación, el dinero para la reconstrucción y los servicios públicos no están en la mesa, y que “la agenda legislativa que se aprobó en enero se quedó corta” tras el terremoto y “tiene que transformarse de raíz”. Desde Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero suma la libertad de los presos políticos y la suerte de los damnificados “que padecen en los campamentos temporales sin soluciones dignas”, y recuerda a elDiario.es que la mejora económica prometida tras el 3 de enero “simplemente no ha ocurrido”.

Romero apunta al fondo del asunto: “¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana?”. Según cifras de economistas, dice, Washington no transfiere la totalidad de esos ingresos. “Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela”. Mientras Figuera y Rodríguez discuten magistrados, Estados Unidos administra los recursos que pagarían la reconstrucción.

El diálogo que arranca el 1 de agosto es, en el fondo, el que le sirve a Washington: una apertura institucional acotada que tranquilice a los inversores sin ceder poder. Y para quien lo imaginaba como antesala de unas elecciones, Trump ya avisó: Venezuela “no está preparada para una elección”.

Las miradas no se despegan del estrecho de Ormuz, el principal punto de fricción actualmente entre Estados Unidos e Irán, y un problema inexistente antes del inicio de la guerra conjunta de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en febrero. Una nueva ofensiva diplomática se ha desarrollado en medio de la relativa calma de los últimos días en las aguas de la angosta vía estratégica: según informan diversos medios, se están explorando propuestas para calmar los ánimos, desatascar la cuestión del estrecho y allanar el camino a nuevas conversaciones.

Irán y Omán, que comparten las aguas territoriales del estrecho de Ormuz, han mantenido conversaciones los últimos días que los representantes de Teherán han calificado como “productivas”. “Se lograron avances”, dijo el fin de semana el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Bagaei.

¿Qué se sabe sobre lo que se está hablando entre los bastidores diplomáticos? Según el Wall Street Journal, representantes omaníes han ofrecido la creación de un consorcio regional de Ormuz que se encargaría de supervisar la seguridad marítima, las operaciones de búsqueda y rescate y otras formas de cooperación, según informaron fuentes familiarizadas. La propuesta, de acuerdo con el mismo medio, incluye una financiación voluntaria por parte de los países de la región y de los sectores naviero y petrolero.

Reuters, entretanto, ha revelado que Omán ha presentado a Irán un plan que incluye el cobro de tasas voluntarias por su uso mediante un mecanismo regional. Un diplomático occidental consultado por la agencia lo compara con un impuesto voluntario sobre las emisiones de carbono para los vuelos, en el que cualquiera que compre un billete de avión puede optar por marcar una casilla si desea pagar para compensar sus emisiones.

El borrador, según Reuters, cuenta con el respaldo de los países del Golfo, que a su vez se reunieron este martes por videoconferencia para seguir avanzando y alcanzar un acuerdo “práctico” que preserve los “derechos soberanos de todos” aquellos que comparten aguas con el estrecho de Ormuz. Según la parte omaní, los participantes “intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de la fase actual, las últimas novedades sobre las negociaciones en curso y los esfuerzos que se están realizando para avanzar hacia acuerdos prácticos”. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, también habló de la seguridad de Ormuz en llamadas telefónicas separadas con sus homólogos saudí y omaní.

Según escribe Richard Meade, de la revista especializada en comercio internacional Lloyd's List, el borrador de propuesta respaldada por Omán es el indicio más claro hasta la fecha de que Teherán, los Estados de la región y Washington “podrían estar acercándose a una solución diplomática”.

Irán, que cerró el estrecho como represalia a los ataques de EEUU e Israel y lo ha convertido en su principal palanca de influencia en la guerra, ha insistido en todo momento públicamente en mantener el control de esta ruta estratégica y en su intención de cobrar tasas a los buques por una serie de servicios no especificados. Washington ha defendido volver al statu quo anterior a su ofensiva, cuando los buques podían transitar libremente sin pagar.

El estrecho de Malaca, ¿un modelo?

El plan de Omán sería similar al que existe en el estrecho de Malaca, según Reuters. Replicar este modelo es una idea que está sonando cada vez con más fuerza al calor de la última ronda de conversaciones. El medio estadounidense Axios también se hizo eco de una propuesta que toma elementos del marco de cooperación en vigor en esta ruta marítima, una de las arterias centrales de la economía mundial.

El estrecho de Malaca se sitúa en Asia y une el mar de Andamán (en el océano Índico) con el mar de China Meridional (en el océano Pacífico). Tiene una extensión de aproximadamente 900 kilómetros de largo y está ubicado entre la isla indonesia de Sumatra y la península malaya, con Singapur en su entrada sur.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calcula que esta ruta representa cerca del 21% del comercio marítimo mundial, lo que incluye los envíos de petróleo y gas desde Oriente Medio y África hacia países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur. Según la misma fuente, se calcula que cerca de un tercio del comercio mundial de petróleo transportado por vía marítima transitó por el estrecho de Malaca en el primer semestre de 2025, lo que lo convirtió en el “punto de estrangulamiento petrolero” más transitado del mundo, incluso por delante del estrecho de Ormuz.

“Es la ruta marítima más corta y eficiente que une el océano Índico con el Pacífico, lo que lo convierte en indispensable para el comercio entre Oriente Medio, Europa y Asia Oriental. Pero su importancia no es solo geográfica, sino que también tiene que ver con la magnitud”, dice a elDiario.es Azifah Astrina, profesora del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Gadjah Mada, en Indonesia. “Hoy en día, por el estrecho circulan alrededor de 23 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa aproximadamente el 29% del comercio mundial de petróleo por vía marítima. En volumen, esa cifra supera la cantidad transportada a través del estrecho de Ormuz. Lo que hace que Malaca sea especialmente importante es que no es solo un corredor energético. Conecta directamente con el mar de China Meridional, por el que pasa aproximadamente un tercio del comercio marítimo mundial”.

Contribuciones voluntarias

¿Y cuál es el modelo que se plantea replicar? En el estrecho, Indonesia, Malasia y Singapur piden a los barcos que paguen contribuciones voluntarias para financiar servicios. Estos países, que establecieron un marco tripartito en 1971 para coordinar la gestión del Estrecho de Malaca –también colaboran con Tailandia en materia de seguridad–, reciben contribuciones financieras voluntarias a través de un fondo establecido en el marco del Mecanismo de Cooperación para los Estrechos de Malaca y Singapur, destinado al mantenimiento de ayudas a la navegación como boyas, balizas y faros, informa Bloomberg, que identifica a Japón, China, India, Corea del Sur, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos entre las naciones contribuyentes.

Azifah Astrina hace hincapié en que no se trata de un peaje ni de una tasa de tránsito obligatoria. “Los buques conservan su derecho de paso en tránsito por el estrecho sin que se les cobre nada”, explica a elDiario.es. “En cambio, las compañías navieras, las organizaciones del sector y otras partes interesadas pueden realizar contribuciones voluntarias al Fondo de Ayudas a la Navegación. El dinero se destina exclusivamente a financiar proyectos que mejoren la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente (es decir, el mantenimiento de las ayudas a la navegación, la mejora de los sistemas de tráfico marítimo, el apoyo a las operaciones de búsqueda y salvamento y la respuesta a la contaminación marina”.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que los Estados ribereños de los estrechos no pueden exigir el pago simplemente por el permiso de paso. No obstante, pueden imponer tasas limitadas por servicios específicos. Irán no es signatario del tratado (tampoco EEUU), pero este se considera ampliamente derecho marítimo internacional.

En este sentido, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha explicado que en la actualidad se está hablando “de todo tipo de mecanismos existentes, en los que los países puedan colaborar para apoyarse mutuamente en la gestión adecuada” del tránsito de buques a través de un estrecho. Y ha puesto como ejemplo, precisamente, el de Malaca. “Ha resultado muy eficaz a la hora de reunir a todas las partes y a los interesados para mejorar la seguridad y el uso del estrecho. Así que contamos con experiencias de las que podemos aprender. Y, por supuesto, adaptarlas según sea pertinente a una zona como el estrecho de Ormuz”, ha dicho, antes de reiterar que cualquier mecanismo que se use como ejemplo es porque “cumple con todas las normas internacionales”.

¿Es replicable?

La comparación entre los estrechos de Malaca y Ormuz es imperfecta. Para la experta de la Universidad Gadjah Mada, en principio, el modelo del estrecho asiático ofrece “un marco atractivo, ya que permite a los Estados usuarios y al sector del transporte marítimo contribuir a la financiación de la seguridad marítima sin comprometer la soberanía de los Estados ribereños”. “Precisamente por eso se está debatiendo ahora como posible modelo para Ormuz”, agrega.

Sin embargo, no cree que sea “muy factible” en las condiciones actuales. El mecanismo bajo el que los países operan desde 2007 “se creó en una época en la que los Estados ribereños estaban dispuestos a cooperar en cuestiones prácticas comunes, como la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente”. “Hoy en día, el estrecho de Ormuz se enfrenta a un entorno político y de seguridad muy diferente. Las tensiones regionales son extremadamente elevadas e Irán está directamente implicado en un conflicto armado en curso, lo que dificulta mucho más la cooperación sostenida”, dice Astrina.

Sin un entorno de seguridad estable y una confianza suficiente entre los Estados ribereños y el sector privado, considero que replicar el modelo de Malaca en el estrecho de Ormuz sería extremadamente difícil

Azifah Astrina — Profesora del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Gadjah Mada, en Indonesia

Según ejemplifica, el mecanismo de Malaca está diseñado para financiar proyectos rutinarios de seguridad marítima como el mantenimiento de faros y ayudas a la navegación, la mejora de los sistemas de tráfico marítimo y navegación, la eliminación de peligros, el refuerzo de las capacidades de búsqueda y rescate, y el apoyo a la respuesta ante la contaminación y la protección del medio ambiente. “Se trata de inversiones cooperativas a largo plazo, no de medidas de seguridad, especialmente en lo que respecta a cómo se espera que funcionen en el estrecho de Ormuz”, apuntala.

La otra dificultad que menciona es la financiación. “En Ormuz, donde el transporte marítimo comercial se enfrenta a riesgos de seguridad mucho mayores, no está claro si los actores privados, o incluso las aseguradoras, estarían dispuestos a respaldar un mecanismo de este tipo mientras el riesgo de una escalada militar siga siendo elevado”. “Sin un entorno de seguridad estable y una confianza suficiente entre los Estados ribereños y el sector privado, considero que replicar el modelo de Malaca en el estrecho de Ormuz sería extremadamente difícil”, señala.

En resumidas cuentas, según su análisis, el mecanismo de Malaca tuvo éxito “no solo gracias a la cooperación” entre los países ribereños, sino también porque “recibió un fuerte apoyo político y financiero de los principales Estados usuarios, en particular Japón, y del sector naviero”. “Es mucho menos seguro que pueda surgir una coalición similar en el actual entorno geopolítico en torno al estrecho de Ormuz”, concluye.

Ormuz, en el centro de la escalada

Ormuz se ha convertido en un gran escollo en el diálogo entre Washington y Teherán, con discrepancias sobre las rutas que deben seguir los buques que atraviesan el estrecho. Omán enfureció a las autoridades iraníes al establecer un corredor marítimo, respaldado por Washington, que bordeaba su costa. Teherán reanudó entonces, a principios de julio, los ataques contra los barcos que transitaban por el estrecho, lo que a su vez provocó que EEUU lanzara múltiples bombardeos contra objetivos iraníes, durante más de 13 noches consecutivas, a los que el país persa también respondió con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos en varios países de Oriente Medio. La espiral de tensión se profundizó cuando Trump ordenó reimponer el bloqueo naval contra los buques que pasan hacia o desde puertos del país persa, aderezándolo con una serie de amenazas y ocurrencias, como la de pagar los daños a barcos con activos iraníes congelados.

La escalada, que pareció detenerse en los últimos días después de que Trump ordenara suspender los ataques, ha hecho trizas el memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio, que había traído un breve respiro a la región y había reabierto parcialmente el estrecho de Ormuz. Este acuerdo de alto el fuego provisional otorgó específicamente a Omán un papel en el esbozo de los pactos para el estrecho: establecía que Irán entablaría un diálogo con este país vecino “para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho, en consulta con otros estados del Golfo y de conformidad con el derecho internacional”.

Por el momento, el país persa no da muestras públicas de renunciar a su principal medio de presión. El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, ha afirmado en una entrevista televisada que han debatido con Omán la creación de una ruta marítima temporal a través de Ormuz para sustituir a las rutas actuales del norte y del sur, según recogió este martes la agencia Tasnim. Gharibabadi ha asegurado que Omán propuso un acuerdo en el que la mitad de la ruta quedaría bajo control iraní y la otra mitad bajo control omaní. Teherán aparentemente lo rechazó y presentó como contrapropuesta que toda la ruta de entrada esté bajo control iraní, junto con parte de la ruta de salida. Solo entonces, ha dicho el viceministro, se pasaría a la siguiente fase de las negociaciones.

“Esto es muy significativo. Irán no está pidiendo simplemente participar en la gestión de Ormuz. Busca un control predominante sobre el acceso al Golfo, asegurándose de que los buques que entren en la vía navegable pasen por una ruta sujeta a la autoridad iraní”, dice en X el analista Babak Vahdad. A su juicio, el país persa cuestiona “la legitimidad de cualquier ruta que opere independientemente” de su consentimiento. “En otras palabras, Irán está intentando convertir la reapertura de Ormuz en una nueva arquitectura de seguridad, potencialmente permanente, en la que ningún buque pueda entrar en el Golfo sin pasar por la supervisión iraní”, concluye.

El Gobierno egipcio ha confirmado este jueves que el incendio que se produjo ayer a bordo de un buque de regasificación y otro de almacenamiento, cuando estaban en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea del país árabe, fue provocado por un dron. De momento, se desconoce su origen ni nadie ha reivindicado el supuesto ataque, que sería el primero contra suelo egipcio en el marco del conflicto que dio comienzo el 28 de febrero con los bombardeos ilegales de EEUU e Israel contra Irán.

“Tras controlar el incendio que afectó a dos buques en el puerto de Damieta el 29 de julio de 2026 y después de que las autoridades competentes realizaran las investigaciones iniciales sobre el incidente, se confirmó que fue causado por un dron”, ha dicho este jueves el Consejo de Ministros egipcio en un escueto comunicado.

El Gobierno ha agregado que “nadie se ha atribuido la responsabilidad del incidente y las autoridades competentes continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional de Egipto”.

El miércoles, las autoridades informaron del incendio pero no especificaron la causa del fuego, mientras que la agencia de noticias Reuters reveló que un dron había atacado unas de las dos embarcaciones afectadas, supuestamente estadounidenses.

Una fuente de seguridad egipcia dijo el miércoles a la Agencia EFE bajo condición de anonimato que el incendio fue provocado “por un dron de origen y afiliación desconocido” que tuvo como objetivo “un tanque de almacenamiento estadounidense en el puerto de Damieta”.

En un comunicado, el Ministerio de Petróleo egipcio informó ayer que los equipos de emergencia y de respuesta rápida “trataron la situación de inmediato” y el incidente no causó muertos ni heridos. Sin embargo, no señaló las causas del incidente e instó a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a “obtener la información a través de los comunicados oficiales” y no especular.

La compañía de seguridad marítima Ambrey fue la primera que lanzó la voz de alarma el miércoles, afirmando que un buque de almacenamiento de Estados Unidos fue golpeado por un dron, sin especificar el origen del aparato.

En Egipto, las autoridades militares prohíben el empleo de drones para cualquier fin y vigilan especialmente las infraestructuras consideradas estratégicas y esenciales, como puertos y aeropuertos. Los grupúsculos armados suníes que operan en el país árabe llevan mucho tiempo sin atentar contra instalaciones energéticas, que fueron blanco de ataques en los años posteriores a la revolución egipcia de 2011, especialmente el gasoducto que atravesaba la península del Sinaí. En Egipto no hay grupos armados chiíes ni proiraníes.

La fuente citada por EFE descartó que el dron fuera lanzado por Israel, Irán o los rebeldes hutíes del Yemen, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio. Los rebeldes hutíes chiíes, que desde 2023 han atacado barcos que navegaban en el Mar Rojo, se han desvinculado este jueves del ataque en Damieta. “Los rumores sobre un ataque yemení a un barco en el puerto de Damieta son falsos”, ha dicho una fuente anónima del Ministerio de Exteriores controlado por los hutíes en declaraciones a la agencia de noticias yemení Saba.

La cadena de televisión Al Jazeera citó el miércoles a la empresa Inchcape, que ofrece servicios portuarios, según la cual la explosión tuvo lugar “en la terminal de Gas Natural Licuado durante las operaciones de descarga” de este hidrocarburo. “Los buques involucrados han sido trasladados de forma segura fuera del área portuaria”, indicó la compañía en un comunicado, agregando que “se espera que las operaciones portuarias se reanuden durante la noche en otros muelles y terminales”.

La terminal de Damieta es una de las más importantes del país para la importación y exportación de gas natural licuado (que Egipto produce pero también importa) y donde operan empresas extranjeras.

Con información de EFE

El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes por amplia mayoría la creación de la denominada Oficina de Recuperación de Activos (NVVH), una iniciativa destinada a recuperar fondos presuntamente malversados durante el anterior Gobierno, liderado por el ultranacionalista Viktor Orbán.

El proyecto del gobernante partido Tisza, del primer ministro conservador Péter Magyar, en el poder desde mayo, ha recibido 143 votos a favor y 46 votos en contra, mientras que diez diputados no han votado, ha informado el portal de noticias 444.hu.

Al tratarse de una ley de rango constitucional, su aprobación requería una mayoría de dos tercios.

Tras su aplastante victoria en las elecciones legislativas del pasado 12 de abril, Tisza cuenta con 141 de los 199 escaños en el Parlamento unicameral.

Los seis parlamentarios del partido extremista de derechas Mi Hazánk han apoyado la creación de la oficina, mientras que 46 de los 52 diputados del partido Fidesz, liderado por el propio Orbán, han votado en contra del proyecto.

La NVVH fue una de las principales promesas de campaña electoral de Tisza, que acusa al anterior gobierno, en el poder entre 2010 y 2026, de haber malversado fondos públicos por valor de miles de millones de euros, sobre todo en favor de oligarcas cercanos a Orbán.

Según Magyar, la principal función de la nueva oficina será detectar los abusos cometidos contra bienes públicos, investigar casos de corrupción y facilitar la recuperación de activos, además de ofrecer apoyo legal para recuperar bienes públicos adquiridos de forma ilícita.

El Fidesz, por su parte, critica duramente la creación de la NVVH al calificarla como una “versión moderna” de la policía secreta ÁVH que existió en la época comunista del país.

La oficina contará con un presidente y cuatro vicepresidentes, designados por la comisión parlamentaria de asuntos constitucionales. Los cinco cargos serán elegidos por el Parlamento por un mandato único de seis años con mayoría de dos tercios de la cámara.

Si, a partir de sus investigaciones, la oficina determina que existe sospecha de delito, la NVHH podrá iniciar un proceso penal, en cuyo caso la oficina tiene las facultades de un fiscal.

Desde su llegada al poder en mayo, el Gobierno de Magyar trata de reducir la influencia y los poderes de altos cargos nombrados por el Fidesz, incluyendo el expresidente del país, Tamás Sulyok, a quien forzaron a dimitir y cuyo mandato acabó el 20 de julio.

Nuevo juez del Constitucional

El lunes, el Parlamento húngaro eligió por primera vez un nuevo juez del Tribunal Constitucional –compuesto por 15 magistrados– gracias a la mayoría de dos tercios de Magyar, en medio de críticas de organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

El catedrático Pal Sonnevend fue elegido con 138 votos a favor y seis en contra entre los 199 diputados de la Cámara, mientras que el Fidesz boicoteó la sesión.

El nuevo juez reemplaza a Csaba Hende, considerado un estrecho colaborador de Orbán.

No obstante, AI Hungría criticó la “prisa sorprendente” con la que se llevó a cabo la elección del nuevo juez, apenas dos días después de ser presentado como posible candidato para el cargo. Según la organización , Magyar está aplicando “los mismos procedimientos” utilizados por Orbán: “Una decisión tomada por un solo partido, sin consultas técnicas ni políticas”.

Estados Unidos y Arabia Saudí han ejecutado este martes ataques contra posiciones de grupos alineados con Irán en el este de Irak. El Comando Central de EEUU (CENTCOM) asegura que la acción se ha producido en respuesta a más de 30 ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas.

Las Fuerzas de Movilización Popular de Irak (FMP) dicen que el número de víctimas de los ataques de EEUU y Arabia Saudí asciende a 20 muertos y 32 heridos. Las FMP, integradas principalmente por milicias chiíes, aseguran que el ataque se ha producido contra “varias” de sus sedes oficiales en “diferentes partes de Irak”, sin detallar. Según la agencia Associated Press, seis asesores iraníes han fallecido en el bombardeo, aunque no queda claro si están incluidos en el saldo total de víctimas mortales.

Los ataques han destruido varios centros logísticos y de armamento, según el CENTCOM, que advierte a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados que cesen los ataques para evitar una nueva respuesta militar estadounidense.

Las FMP, formadas en 2014 por un decreto gubernamental para combatir y detener el avance del Estado Islámico (EI) en Irak, están reconocidas legalmente por el Parlamento iraquí como parte del aparato de seguridad del Estado y que rinde cuentas al primer ministro del país. Esta amalgama de formaciones armadas de diferente signo –entre las que está Kataib Hizbulá, designado grupo terrorista por EEUU– han lanzado numerosos ataques desde el inicio de la guerra, especialmente contra Kuwait, aunque en los últimos días han tenido como objetivo Arabia Saudí, lo que ha provocado la respuesta de Riad. El CENTCOM ha señalado que entre febrero y abril se registraron más de 600 intentos de ataques de milicias proiraníes contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en Irak.

La Presidencia de Irak ha condenado el ataque de este miércoles y lo ha calificado de “flagrante violación de la soberanía” del país. En un comunicado ha expresado su “rechazo al uso del territorio iraquí como punto de partida o escenario para atacar a países vecinos o saldar cuentas regionales e internacionales”, una postura que defendido el Estado iraquí desde hace años, en medio de las turbulencias regionales, sobre todo, de las tensiones entre Irán y EEUU.

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ha ordenado este miércoles la convocatoria de una reunión de emergencia de su consejo de seguridad, en la primera reacción gubernamental tras el ataque conjunto de Arabia Saudí y Estados Unidos. “El primer ministro ordena la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional ante la evolución de la situación de seguridad y los ataques aéreos perpetrados esta mañana contra el país. Tras la reunión, se emitirá un comunicado detallado sobre los acontecimientos y las decisiones adoptadas”, indica la agencia oficial de noticias iraquí, INA, sin dar más detalles.

Al Zaidi visitó este mes EEUU para explicar a la Administración estadounidense sus planes de establecer una asociación estratégica entre los dos países, así como de desmantelar las milicias proiraníes. Antes de su viaje, varios grupos chiíes armados, incluidos algunos integrantes de las FMP, anunciaron su adhesión al plan, que fija como fecha límite para la entrega de las armas al Estado iraquí finales del próximo mes de septiembre.

Arabia Saudí ha advertido este miércoles que seguirá respondiendo a cualquier ataque desde Irak como parte de su derecho a la legítima defensa, si su territorio o instalaciones siguen siendo blanco de agresiones de milicias iraquíes aliadas de Irán. “El Reino (de Arabia Saudí) afirma que no busca una escalada, pero que responderá a cualquier agresión en su contra”, afirma el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado, con el que confirmaba y justificaba los bombardeos conjuntos efectuados en las últimas horas por fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudí contra posiciones de milicias iraquíes proiraníes.

Por su parte, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, han condenado el ataque y han respaldado el “derecho legítimo” de Irak a responder. “En un nuevo ataque y una flagrante violación del derecho internacional, el régimen saudí ha llevado a cabo un ataque contra territorio iraquí”, ha afirmado el Ministerio de Exteriores hutí en un comunicado.

Además, el ministerio ha acusado a Riad de actuar en nombre de Israel, al declarar que “el régimen saudí cree que, a través de su alianza con los sionistas, eludirá el castigo por sus crímenes en toda la región”.

El nuevo ataque estadounidense se produce luego de que asegurara haber frustrado un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el primer lanzamiento de este tipo desde que el presidente Donald Trump afirmó que Washington y Teherán estaban negociando.

Nuevos ataques en Jordania

Este miércoles, el Ejército jordano ha anunciado que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados desde Irán, sin detallar si se han registrado daños humanos o materiales en el país árabe, el más alejado del golfo Pérsico. La Guardia Revolucionaria ha reivindicado el ataque contra una base aérea con presencia estadounidense en Jordania y ha afirmado que era en “respuesta a las acciones agresivas del ejército estadounidense” contra Teherán.

Desde la reanudación de los ataques cruzados con EEUU hace unas tres semanas, Irán ha atacado repetidamente Jordania.

En respuesta a los ataques, el presidente Donald Trump ha prometido una reacción contundente: “Les vamos a dar una paliza”, ha dicho a Fox News este miércoles. “Les vamos a dar duro. Van a recibir una paliza”, ha añadido.

Trump ha asegurado que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo minutos para responder al ataque sorpresa y que derribaron los misiles antes de que alcanzaran sus objetivos.

El presidente también ha dicho que los ataques conjuntos entre Estados Unidos y Arabia Saudita contra las milicias chiítas respaldadas por Irán en Irak durante la noche fueron coordinados con el gobierno iraquí y ha calificado a las milicias como un “cáncer para el mundo”.