Desde Intersindical SSPP manifestamos nuestro apoyo a las compañeras y compañeros Técnicos en Cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE) que este miércoles 22 de julio se han concentrado, de forma numerosa, ante la sede de la Función Pública.

La indignación responde a una realidad insólita e inaceptable: un examen selectivo que no mide de ninguna manera los conocimientos ni la capacidad del colectivo, sino el absoluto despropósito en el diseño y los criterios de la prueba.

No toleraremos que se culpe de este resultado histórico a la falta de preparación de unas profesionales que sostienen a diario nuestro sistema sociosanitario.

INTERSINDICAL Servicios Públicos presentó ante la Administración una queja formal el pasado el pasado 17 de julio, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta por parte de la Administración.

En él se solicitaba la anulación del PRIMER EJERCICIO de las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Opción Cuidados Auxiliares de Enfermería, por el sistema de Acceso Libre y la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la realización del mismo a fin de que, tras convocar nuevamente a los aspirantes para su realización, se garantice la realización de las pruebas y el cumplimiento de los principios de igualdad mérito y capacidad en todo el desarrollo del proceso así como la efectividad del mismo para la cobertura de todas las plazas objeto de la convocatoria.

Las temperaturas extremas en nuestra región no son solo una molestia estival, representan un riesgo de salud laboral de primer orden para todo el personal de la Administración Pública. El estrés térmico, la radiación solar y el esfuerzo físico bajo altas temperaturas entrañan un peligro real de lipotimias, agotamiento por calor e incluso golpes de calor de gravedad.

Ante la recurrencia de las olas de calor, desde INTERSINDICAL Servicios Públicos exigimos a la Administración una respuesta preventiva integral que proteja a la plantilla en todos los ámbitos y puestos de trabajo, adaptando las medidas a la naturaleza de cada tarea.

1. Actuaciones prioritarias para el personal al aire libre y en campo

El personal que desarrolla sus funciones a la intemperie (mantenimiento, medio ambiente, brigadas, vigilancia, obras u otros servicios de campo) se encuentra en la primera línea de exposición directa a la radiación solar y al calor extremo.

Exigimos la aplicación inmediata de medidas de choque:

• Reorganización y adaptación de la jornada: Flexibilización de turnos y redistribución de tareas para evitar los trabajos de mayor esfuerzo físico en las horas centrales del día (las de mayor radiación y temperatura).
• Pausas de descanso y espacios de sombra: Establecimiento de descansos frecuentes en zonas de sombra o locales climatizados para permitir la termorregulación del cuerpo.
• Hidratación y equipamiento adecuado: Garantizar el acceso constante a agua fresca en los puntos de trabajo, así como la entrega de ROPA de trabajo ligera, transpirable y de colores claros, complementada con gorras, sombreros y protección solar.
• Aclimatación y vigilancia de la salud: Protocolos específicos de adaptación progresiva para el personal que se incorpora a puestos de alta exposición térmica y un seguimiento de la salud laboral para detectar de forma precoz cualquier síntoma de estrés térmico.

  2. El teletrabajo: medida organizativa clave para el personal de oficina y  gestión

Para el personal cuyas funciones no requieren presencia física, el teletrabajo se consolida como la mejor medida organizativa de prevención y salud laboral frente a las complicaciones del calor extremo:

• Eliminación del riesgo en los desplazamientos evitando que miles de empleadas y empleados públicos tengan que desplazarse en las horas centrales del día, reduciendo la exposición al calor en trayectos y disminuyendo el estrés asociado al tráfico (causa mayoritaria de accidentes de trabajo in itinere).
• Entornos de trabajo térmicamente seguro que permiten desarrollar la jornada en domicilios bien climatizados, evitando el agotamiento físico en sedes o edificios públicos que sufren deficiencias estructurales en sus sistemas de aire acondicionado.
• Ahorro energético e infraestructuras, contribuyendo a la reducción del consumo energético general en las dependencias administrativas durante los meses de temperaturas más extremas.

3. Exigimos retomar la negociación del teletrabajo de forma urgente

Proteger al personal que trabaja en la calle requiere protocolos claros de prevención, y proteger al personal de administración requiere un marco normativo de teletrabajo real. Sin embargo, la Administración mantiene paralizada la negociación.

A pesar de que en octubre de 2024 se constituyó la Comisión Paritaria de Teletrabajo e INTERSINDICAL presentó formalmente sus propuestas, la Administración ha ignorado de forma continuada las peticiones para reactivar la Comisión.

Exigimos retomar las negociaciones tomando como base el marco estatal (hasta un 60% de la jornada en teletrabajo, ampliable al 90% en casos excepcionales) bajo tres pilares irrenunciables:

• Voluntariedad y reversibilidad: Sin merma de derechos ni recortes retributivos.
• Dotación de medios: Equipos informáticos y compensación de gastos a cargo de la Administración.
• Conciliación real: Cobertura prioritaria para el personal con menores de 14 años a cargo, personas con discapacidad o familiares dependientes.

¡SOLUCIONES Y NEGOCIACIÓN YA!

Proteger la vida y la salud del personal público frente al cambio climático exige medidas directas para quienes trabajan al aire libre y el desbloqueo inmediato de la regulación del teletrabajo para los servicios de gestión. Exigimos a la Administración que actúe con responsabilidad y convoque la Comisión Paritaria de Teletrabajo de inmediato.

UNA SOLA EDUCADORA TENDRÁ QUE ATENDER HASTA 20 MENORES

La última convocatoria del llamamiento para el curso escolar de educación infantil supone una decisión administrativa alarmante. Los puestos de educadoras itinerantes, que hasta ahora reforzaban las escuelas infantiles, han sido reubicados en los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) sin aumentar los puestos.

El mecanismo diseñado es totalmente insostenible. Estas 30 plazas de educadoras itinerantes ofertadas se destinarán a cubrir las incidencias y faltas puntuales del personal en las aulas de 2 años de los CEIP. Esto significa que, en el momento en que un centro necesite activar a su educadora itinerante para cubrir una baja en otra aula, su centro de origen perderá esa educadora y la compañera asignada se quedará completamente sola.

Una situación peligrosa: Una sola profesional para 20 niños de dos años. Las consecuencias matemáticas e institucionales de esta medida reflejan una absoluta falta de realismo y de empatía con la primera infancia:

• 30 aulas desprotegidas: El diseño de esta convocatoria asume que, de forma recurrente, 30 aulas de 2 años perderán su dotación de personal de apoyo.
• Ratios inasumibles: Una sola educadora tendrá que hacerse cargo, de manera individual, de hasta 20 niños y niñas de apenas dos años de edad.
• Vulneración de la seguridad: A los dos años, los menores requieren una atención constante en aspectos críticos como la alimentación, la higiene (cambio de pañales) y el control de esfínteres. Dejar a una sola profesional al frente del aula rompe cualquier criterio de seguridad elemental. Si un menor sufre un percance o la propia trabajadora tiene una emergencia, el aula queda en el más absoluto desamparo.

No estamos ante una mejora organizativa, sino ante una estrategia de asfixia presupuestaria. Al utilizar a las educadoras itinerantes como parches móviles para tapar las deficiencias del sistema, la administración suprime de facto 30 puestos de trabajo netos que deberían crearse para cubrir las sustituciones de forma segura, digna y estable.

Es la vieja fórmula de hacer más con menos, un ahorro económico para las arcas públicas a costa de la salud mental de las trabajadoras y del bienestar de las niñas y niños. La conciliación, la atención a la diversidad y el principio de coeducación quedan reducidos a papel mojado. La administración ha ejecutado un recorte que dinamita la calidad educativa y precariza las condiciones laborales del sector.

Desde INTERSINDICAL Servicios Públicos exigimos a la Consejería de Educación la rectificación inmediata de las condiciones de este llamamiento, la devolución de las plazas itinerantes a su función de refuerzo estructural en las Escuelas Infantiles y la estructuralizacion de los puestos de las educadoras en los CEIP.

La educación de 0 a 3 años no es un gasto prescindible; es la base del sistema educativo. Y la Consejería de Educación debe garantizar la seguridad y el derecho a la educación de todas las niñas y niños.

Con la seguridad y el futuro de la infancia no se ahorra.

SE REPITE LA MISMA HISTORIA CON LOS TCAE

DETRÁS DE LAS SIGLAS TCAE HAY PERSONAS, vocación y años de esfuerzo. Por eso, ante un resultado tan demoledor e injusto, la indignación es absoluta.

Que apenas el 0,3% de quienes se presentaron haya logrado aprobar no refleja el nivel de los aspirantes. Refleja un examen fallido, de más de 3.200 opositores, solo diez personas han aprobado, este dato no demuestra que la gente no fuera preparada; demuestra que el diseño de la prueba ha sido un auténtico despropósito. Se ha fallado por completo en el objetivo básico de evaluar la competencia real para trabajar en el IMAS.

Quienes se examinaron se encontraron con una prueba totalmente alejada de su día a día y de sus funciones reales en los centros. Es incomprensible que se termine preguntando por la composición química de sustancias clandestinas, detalles sobre gestación o fórmulas de alimentación para recién nacidos, esas materias no tienen nada que ver con la práctica profesional diaria de las y los TCAE en el IMAS.

El fin de una oposición debe ser medir la capacidad para desempeñar su puesto, nunca buscar el fallo sistemático ni forzar una eliminación masiva, este examen ha roto cualquier principio de proporcionalidad, dejando a miles de interinos y opositores en una situación de total indefensión.

Desde Intersindical SSPP nos negamos a mirar hacia otro lado, creemos necesaria la revisión de oficio inmediata del examen de este Tribunal Seleccionador y de la Dirección General de Función Pública.

La anulación masiva de todas aquellas preguntas que resulten desproporcionadas, ambiguas o que versen sobre materias que no se correspondan con las funciones y competencias reales del puesto de trabajo en los centros del IMAS.

Establecer temarios cerrados y transparentes para futuras convocatorias en todas las categorías.

No podemos permitir que se juegue así con el futuro y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores.

Con el anuncio por parte de la administración de la suspensión de la unión de cabeceras del examen de TCAE, el enfado y crispación de quienes han opositado va en aumento.

Tras la realización el pasado domingo 5 de julio de la primera de las pruebas selectivas para el cuerpo de Técnicos Auxiliares de Enfermería de la CARM para acceder al IMAS, nos trasladan su enfado y frustración, lo que más nos comentan es la indignación ante un examen rebuscado, que apenas contenía preguntas sobre el trabajo real que realizan en los centros, estas deberían versar sobre discapacidad y geriatría principalmente.

El ejercicio realizado se ha convertido en una auténtica «lotería», con preguntas tan rebuscadas como el compuesto de una droga clandestina, a partir de ahora muy conocida por las y los aspirantes.

Cuando un examen no busca medir la competencia profesional, sino provocar el fallo y la eliminación, está castigando el esfuerzo y desmotivando a un colectivo cuyo principal valor es la vocación.

Ahora solo les queda el pataleo e intentar reclamar ante el tribunal.

Cabría cuestionarse si es sensato mantener unos temarios tan abiertos, la responsabilidad  primera es de quienes deben garantizar que los exámenes sean acordes y proporcionados a los puestos y al trabajo que deberán desempeñar o al que ya realiza el personal  interino del IMAS. Esta responsabilidad deberá recaer en la  Administración ya que es ella la que establece las reglas, y si estamos observando que en los exámenes que se están realizando en las últimas fechas se obtienen unos resultados con tan pocos aprobados, deberían preguntarse que está fallando ya que no puede atribuirse a  quienes opositan que lo único que les crea  es indefensión. Eso sí, la recaudación de los miles de euros de las tasas de las distintas oposiciones deben estar llenando las arcas públicas.

Quienes opositan no piden un aprobado regalado, sino exámenes acordes al puesto, respeto a su tiempo, a su dinero y a su vocación.

INTERSINDICAL SERVICIOS PÚBLICOS DENUNCIA LA PRECARIEDAD DEL PERSONAL ATE Y EXIGE SU CONTRATACIÓN DESDE EL INICIO DE SEPTIEMBRE

​Desde Intersindical Servicios Públicos denunciamos con total firmeza la nefasta gestión que hasta ahora, año tras año, ha tenido la Consejería de Educación respecto a la incorporación del personal Auxiliar Técnico Educativo (ATE) a los centros escolares, exigimos de forma inmediata que todo este personal, se incorpore de forma efectiva a sus centros de destino y que sus nombramientos y contratos tengan validez desde el próximo 1 de septiembre.

Esta demanda responde a criterios educativos, organizativos y de pura justicia social, frente a una administración que insiste en tratar a este colectivo como un mero recurso asistencial de usar y tirar que solo activa cuando el alumnado está en las aulas, ignorando deliberadamente que son una pieza fundamental e insustituible en el engranaje de la inclusión del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, cuya presencia desde el primer día es vital para asegurar que los espacios, los protocolos de acogida y las condiciones materiales estén perfectamente adaptados.

Es hora de acabar con la intolerable discriminación que supone retrasar la incorporación de parte de este colectivo, en un flagrante ejercicio de racanería institucional; una práctica que la administración pública debe erradicar de inmediato para dejar de ser la principal promotora de la precariedad y de los contratos basura dentro de sus propias instituciones, abandonando de una vez por todas las políticas de parches económicos a costa de los derechos laborales y de la atención a la diversidad.

Por todo ello, desde Intersindical Servicios Públicos instamos a la Consejería de Educación a que se deje de excusas presupuestarias y dicte las instrucciones oportunas para que los nombramientos, contrataciones y tomas de posesión del personal Auxiliar Técnico Educativo tengan efectos económicos y administrativos obligatoriamente desde el 1 de septiembre, generando así un inicio de curso digno, seguro e inclusivo para toda la comunidad educativa.

Discriminación laboral en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Para el Consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, y Presidente del Consorcio, existen trabajadores de primera y de segunda.

Tras Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2023,  por el que se autorizaba  a todas las entidades públicas integrantes del Sector Público Regional a que establecieran, a partir del 1 de enero de 2024 y previa la correspondiente negociación colectiva con la representación de su personal, la jornada laboral de 35 horas semanales con las adaptaciones que procedieran en función del ámbito de la actividad de cada una de ellas y sin perjuicio de las jornadas especiales existentes, o que en su caso se establecieran, y adecuada a las peculiaridades y regímenes horarios, turnos y dedicación de los diferentes tipos de personal a su servicio, a fecha actual solo ha aplicado dicho acuerdo al personal bombero y cabo, con efectos 2025, con una clara discriminación laboral para el resto del personal del Consorcio, sin causa alguna: Sargentos de parques, personal técnico, personal de taller y almacén y personal administrativo.

Se desconocen las razones por las que todo este personal se considera para el Consejero  de segunda categoría, y se encuentran sin poder beneficiarse de esta medida que ya se aplica a todo el personal funcionario de todas las Administraciones Públicas, entre ellas la Administración Autonómica, en la que se aplica desde 1 de enero de 2024.

Se da el caso de que la mayor parte de este personal, como consecuencia de esta arbitrariedad no solo no disfruta de esta medida, sino que se encuentra realizando una jornada superior a la de cualquier funcionario, sin compensación ni económica ni en descanso, vulnerando el derecho de igualdad de trato y ocasionando perjuicios para la conciliación de la vida laboral y familiar. Y todo ello con la connivencia del Gerente que presta sus servicios en la Unidad Central y conoce dicha situación que se repite día a día.

¿Hasta cuando  tiene que esperar este personal para ser tratado como el resto?

INTERSINDICAL Servicios Públicos ha solicitado una reunión con la Secretaría General de la Consejería de Educación y con la nueva  D.G. de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, para tratar temas de gran importancia para el Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria de los centros docentes públicos no universitarios.

Llevamos desde finales de 2025 esperando una reunión comprometida por el Consejero de Educación. A pesar de las movilizaciones que organizamos con otras OOSS ante la Consejería, la Asamblea Regional o el Palacio de San Esteban, ya estamos a finales de junio y la Administración sigue sin dar señales de vida.

Son muchas las necesidades del personal no docente de Educación. INTERSINDICAL Servicios Públicos denuncia el abandono institucional y el «corporativismo» que invisibiliza a un colectivo de casi 3.000 trabajadoras y trabajadores esenciales para el funcionamiento de los centros educativos públicos.

Pese a que perfiles como administrativas, personal de limpieza, ordenanzas, auxiliares técnicas educativas (ATE), educadoras infantiles, fisioterapeutas o cocineras son motor logístico y esencial de los centros educativos, la Administración «desdeña» su labor bajo normativas de hace más de 20 años. (2001 y 2003)

El personal de Administración y Servicios y el personal de Atención Educativa Complementaria, sigue sufriendo la negligencia por parte de la Consejería de, ni siquiera, tener interlocución con quien poder ,ya no mejorar, sino simplemente corregir las irregularidades que cada día se vive en los centros públicos dependientes de Educación.

No podemos permitir que la burocracia se convierta en un muro infranqueable. Exigimos una ampliación inmediata de las plantillas y la puesta en marcha de canales de comunicación reales y eficientes.

En este sentido hemos solicitado en se cree un grupo de trabajo específico y permanente de Función Pública que esté compuesto por personal de Educación y de Función Pública con capacidad de negociación y las organizaciones sindicales para solucionar este vacío que produce la indefensión del personal.

Queremos hablar del abuso de la temporalidad, con casi el 30% de la plantilla (+ de 900 personas) que tiene contratos temporales, muchos de ellos con jornadas parciales de «subempleo». Exigimos que las 1.000 plazas actuales (entre vacantes y temporales) se consoliden en la Oferta de Empleo Público de 2026.

Es imprescindible que todas las plazas estén en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) definidas claramente: turnicidad, nocturnidad, etc. Es urgente que el personal que quiera una plaza, sea por concurso de méritos, nuevo ingreso o interinidad, sepa con claridad las características de los puestos.

El personal de atención directa al alumnado (ATE, fisios, intérpretes, educadoras…) sigue sin tener acceso pleno a los cursos del CPR que son específicos para el desarrollo de su trabajo, limitando su crecimiento profesional y la calidad del servicio educativo.

La comunidad educativa reclama que todos los contratos escolares comiencen el 1 de septiembre y finalicen el 31 de agosto, garantizando la jornada completa de 35 horas respetando los derechos laborales para poner fin a la inestabilidad de un sector altamente feminizado y castigado por la precariedad.

Es fundamental recalcar y recordar que la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación de la CARM tiene bajo su competencia directa tanto al Personal Docente como al Personal no Docente y de Administración y Servicios

Por esto desde INTERSINDICAL reclamamos, por la vía de urgencia una interlocución válida para poder negociar sobre las condiciones de trabajo y actualizar las funciones de los colectivos que trabajan en la Consejería de Educación y en los Centros Educativos.

​Os informamos del contenido y de los puntos tratados en la reunión mantenida con la nueva Directora General de Función Pública y Diálogo Social de la CARM tras nuestra petición de la semana anterior. La Directora no es nueva, lleva mucho tiempo trabajando en la CARM y confirmamos su preparación y disposición para desencallar la parálisis del último año.

Confirmó que seguirá el mismo equipo directivo que ha seguido hasta ahora con las últimas Directoras Generales, dándole continuidad al trabajo que se está realizando. Lo cierto es que por una parte nos parece bien ya que quienes ostentan esos puestos son personas muy preparadas y de buen trato con nuestro Sindicato; por otro nos deja un regusto al pensar en la paralización de las negociaciones, ya que la Mesa Sectorial, así como cualquier grupo de trabajo derivada de ella no se ha reunido desde 2025. Llevamos 6 meses sin ninguna negociación

Solicitamos, por tanto, primeramente, la reanudación prioritaria de las negociaciones. Nos comunican que habiendo estado paralizado todo por la falta de Presupuestos, a partir de la semana que viene nos mandarán un calendario para empezar a trabajar los asuntos pendientes y como primera reunión convocarán el Observatorio de la Temporalidad, donde poder empezar a trabajar la Oferta de Empleo Público 2026 e información sobre las peticiones de las diferentes Direcciones Generales para la estructuración de plazas de carácter temporal, incluidos los programas propios de la CARM.

Solicitamos, como cada año, el establecimiento del horario de 32,5 h. para los periodos vacacionales. El planteamiento, tristemente, sigue siendo el mismo: desde la implantación de las 35h semanales no se lo plantean. Apelamos a las distintas Administraciones que ya lo contemplan, como la del Estado, pero la negativa es de su competencia. En cambio, cuando hablamos de la implantación del Grupo B, sí que se remiten al Estado, que hasta que no lo regulen para la AGE no harán nada. Continuista vara de medir.

Sobre la Carrera Profesional y su negociación, nos trasladó que la activación de este segundo tramo está supeditada y depende directamente de la aprobación de presupuestos generales de la CCAA. Al igual que con la negociación del Teletrabajo, en el que hemos solicitado establecer el sistema proponiendo 2 días en los meses de verano para evitar desplazamientos con las altas temperaturas, así como para paliar el déficit de espacios físicos, nada.

Aportamos que todos los grupos de trabajo deberían estar ya funcionando, que vamos tarde, que es necesario que trabajemos antes en las medidas para, una vez haya presupuestos que es la escusa oficial para no hacerlo, ya estén los trabajos adelantados e implantarlos lo antes posible.

En relación a esto, tomó nota de nuestra solicitud formal para crear lo antes posible un Grupo de Trabajo específico para el Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria de la Consejería de Educación. Le informamos que no existe ningún foro para tratar los problemas y mejoras del grupo más numeroso de personal empleado público del ámbito de Administración y Servicios, con cerca de 3.000 personas. Hasta ahora ninguna persona que haya pasado por esta Dirección General ha asumido esta tarea urgente. Esperemos que en esto no se sea continuista.

Igualmente hemos solicitado la creación de un grupo de trabajo para personal de atención directa del IMAS, hemos puesto sobre la mesa la urgencia de crear este espacio para negociar de forma estable las condiciones laborales relativas a ratios, horarios, calendarios y las necesidades de personal y de espacios físicos de los centros del IMAS y hablamos de las infraestructuras que están en zonas inundables.

En breve se pondrá sobre la mesa el calendario de oposiciones de 2025 y la planificación de los procesos selectivos pendientes, con el objetivo de definir los pasos a seguir y avanzar con lo que haya quedado rezagado en convocatorias anteriores, confirmando que van a empezar lo antes posible con la promoción interna en sus dos modalidades.

También se analizó la alta dificultad de ciertas oposiciones y la urgencia de flexibilizar la corrección para asegurar que se cubran todas las plazas. De hecho, se mantiene abierta la posibilidad de implantar otro método de calificación.

Hablamos igualmente del edificio del  ISLL que cree que está en obras, pero no sabe mucho más, que se empiece lo antes posible la negociación del III Plan de Igualdad caducado desde 2022, etc.

​Desde INTERSINDICAL hemos hecho entrega formal de este DOCUMENTO ADJUNTO de reivindicaciones a la nueva directora general, manteniendo una postura clara y firme en la defensa de nuestros derechos laborales.

No hay nada muy novedoso, lo cierto es que estas mismas reivindicaciones se le han presentado a las tres anteriores personas que ocuparon este cargo y se lo hicimos saber.  Así que esperamos que asuma estas necesidades de la Función Pública, que no sea continuista en este sentido y trabaje para desbloquear las mejoras pendientes.

​Os mantendremos puntualmente informadas e informados en cuanto se publique el calendario de la próxima semana y arranquen de forma efectiva los grupos de trabajo.

Intersindical Se Mueve

Solicitud a la Consejería de Educación para la contratación de las Educadoras de Educación Infantil desde el 1 de septiembre para el curso 2026/2027, adecuación laboral al currículo de la CARM y reconocimiento de su carácter docente.

Desde Intersindical Servicios Públicos nos dirigimos a esta Consejería para exponer la siguiente situación y realizar una petición formal relativa a las condiciones laborales del personal Técnico Especialista en Educación Infantil y Técnico en Educación Infantil de los centros públicos de la Región.

El Decreto n.º 196/2022, de 3 de noviembre, por el que se establece el currículo de la etapa de Educación Infantil en la CARM, define esta etapa como un ciclo con identidad propia, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral del alumnado a través de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Para dar cumplimiento efectivo a este marco normativo, es indispensable que las Educadoras de Infantil participen plenamente, desde el 1 de septiembre, en el diseño de las programaciones didácticas, la adecuación de los espacios y la planificación del período de adaptación. Retrasar su incorporación hasta el inicio del calendario de actividades lectivas vulnera el carácter globalizador de la etapa establecido por la propia CARM.

Reconocimiento del carácter intrínsecamente docente: Las funciones reales que desempeñan las Educadoras de Infantil en las Escuelas Infantiles y en las aulas de 2 años de los CEIP van mucho más allá de las tareas asistenciales o complementarias. Este personal planifica, evalúa, diseña situaciones de aprendizaje y coordina la acción educativa. Considerarlas «personal no docente» o «de atención educativa complementaria» supone un anacronismo que menosprecia su cualificación profesional. El propio currículo de la CARM exige una práctica reflexiva e innovadora que solo puede ser ejercida si se reconoce su labor dentro del marco y el estatus docente de los centros.

Fin de la discriminación horaria y de calendario: Actualmente, este sector sufre un grave agravio al mantener jornadas semanales obligatorias y calendarios de permanencia en los centros que se extienden hasta el mes de julio, en clara desigualdad con el resto de los profesionales de los centros educativos. El retraso en el alta de sus contratos al inicio de curso perjudica su cotización y sus retribuciones, perpetuando la precariedad en un colectivo altamente feminizado.

Por todo esto, INTERSINDICAL Servicios Públicos solicita:

1. Que la Consejería de Educación modifique los criterios vigentes y proceda a contratar y dar de alta a todo el personal técnico de educación infantil y técnico especialista de educación infantil con efectos de 1 de septiembre, garantizando su presencia en las tareas de coordinación inicial del curso.
2. Que se inicien los trámites normativos y de negociación para reconocer formalmente el carácter docente de las Educadoras de Infantil, adaptando consecuentemente sus jornadas, calendarios y funciones al amparo pedagógico del Decreto 196/2022 de la CARM.
3. Que las plazas de este colectivo se incorporen como estructurales en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para garantizar la estabilidad y la calidad del servicio público.