El Acuerdo de la Mesa General del 11 de mayo de 2023 determinó que el personal de Administración y Servicios debía quedar encuadrado en el segundo tramo de la carrera profesional a lo largo del año 2024.

Dado que el primer tramo se inició en 2019, en 2024 correspondía el encuadramiento automático y el percibo de las retribuciones asociadas a dicho segundo tramo para todo el personal que cumpliera los requisitos de antigüedad y formación. El hecho de que la evaluación del desempeño no estuviera desarrollada a diciembre de 2023 es una omisión exclusivamente imputable a la Administración, por lo que no puede penalizar al personal.

Por tanto, se entiende que la Disposición Transitoria Tercera del borrador presentado el 3 de noviembre de 2026, relativa al acceso al segundo tramo, debe contemplar el encuadramiento de oficio de quienes hubieran consolidado este derecho en 2024. Al no haberse desarrollado aún la citada evaluación, la Administración debe proceder al encuadramiento de oficio con efectos retroactivos a enero de 2024, tal y como emana del Acuerdo de mayo de 2023.

En consecuencia, resulta imprescindible modificar la redacción de dicha disposición transitoria para reconocer explícitamente tanto el derecho al cobro desde enero de 2024 como el inicio del cómputo de los cinco años de carencia necesarios para el acceso al tercer tramo desde esa misma fecha. Igualmente deberá reflejar de oficio a quienes cumpliesen los requisitos los años 2025, 2026 y hasta la implantación el 1 de abril de 2027.

Aportaciones completas al borrador del Acuerdo

Borrador del Acuerdo por el que se establece el sistema de la carrera profesional horizontal y evaluación del desempeño del personal al servicio de la Administración pública de la CARM.

Desde Intersindical Servicios Públicos no vamos a callar más ante lo que consideramos una agresión sin precedentes a los derechos laborales de las empleadas y empleados públicos de esta Región. Manifestamos nuestra más absoluta indignación y rabia ante el inmovilismo, el silencio y el desprecio sistemático que la Dirección General de Función Pública de la CARM ejerce contra el personal de la administración autonómica.

Es una total y absoluta vergüenza que, desde noviembre de 2025, Función Pública mantenga bloqueada la Mesa Sectorial de Administración Pública. Un año entero de parálisis. Doce meses en los que la administración regional ha amordazado la negociación colectiva de forma unilateral y tratando a las organizaciones sindicales como meros elementos decorativos.

Esta parálisis institucional no es incompetencia; es una estrategia deliberada e intolerable para eludir el control sindical y hurtar el debate de los graves problemas que desangran a nuestras Consejerías y  centros de trabajo.

Otro ejemplo: estos días de este dañino boicot a la negociación es el grave perjuicio que están ocasionando al personal al negarse a modificar las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) antes de la convocatoria de los concursos de méritos, de forma que no salen todas las plazas de mayor nivel cubiertas de forma provisional.

Al mantener congeladas las RPT y no convocar la Mesa Sectorial para actualizarlas, Función Pública está condenando al personal a concursar sobre una estructura restringida. Están impidiendo la estabilización real, bloqueando la movilidad justa y hurtando plazas que deberían salir a concurso, frustrando el derecho legítimo de las trabajadoras y trabajadores a la promoción profesional y a la conciliación de su vida familiar. Es una cacicada que encadena al personal a puestos mal catalogados y que dinamita las expectativas de futuro de muchas personas.

La Mesa Sectorial no es una concesión graciosa del gobierno de turno, es un derecho conquistado. No se puede llenar la boca con la palabra «modernización» mientras se pisotean los derechos de quienes sostienen los servicios públicos y se ningunea a sus representantes legítimos.

Desde Intersindical Servicios Públicos exigimos la convocatoria INMEDIATA de la Mesa Sectorial para tratar, entre otros muchos puntos pendientes, la actualización inmediata de las RPT y la paralización de cualquier atropello que lesione el derecho a una carrera profesional digna y transparente.

¡Basta ya de pisotear al personal de la CARM!

¡Modificación de las RPT y Mesa Sectorial YA!

ESCRITO REGISTRADO A LA CONSEJERA DE HACIENDA Y A LA DIRECTORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

La Función Pública nos ha convocado a la Comisión Técnica de Carrera Profesional y Evaluación del Desempeño el martes 3 de noviembre para la elaboración de la propuesta de bases del sistema de carrera profesional horizontal y del sistema de evaluación del desempeño del personal de administración y servicios, para su elevación a la Mesa Sectorial de Administración y Servicios.

Esta reunión lleva retraso de 3 años. Si, tres años desde que firmaron el último Acuerdo de Mesa General de mayo de 2023, en el que se contemplaba el encuadramiento en el tramo II y cuyos efectos económicos serían desde el 1 de enero de 2024.

Desde Intersindical hemos denunciado reiteradamente esta demora y exigido la puesta en marcha de todos los tramos de la carrera profesional, tal y como ya la tienen en el SMS y todas las demás Comunidades Autónomas. Siempre vamos por la cola en derechos.

La carrera no puede depender del ámbito o Comunidad en el que trabajes ni convertirse en un derecho a medias.

Intersindical presentó un documento en el año 2009 de desarrollo de la evaluación del desempeño para la carrera profesional participado por toda su afiliación. Un documento riguroso en el momento en el que se negociaba la carrera en todos los territorios del Estado.

A día de hoy, viernes 30 de octubre de 2026 en la que hemos recibido la primera convocatoria de la Comisión, la Administración no nos ha facilitado ningún borrador sobre el que trabajar. ¿Pretenden que empecemos de cero otra vez? ¿Volvemos a 2009, 17 años después?

Nos parece un despropósito la falta de documentación que debe regir la buena fe en la negociación si la Administración pretende cumplir los Acuerdos de la Mesa General que se celebró ayer o a lo mejor, pretenden seguir incumpliendo Acuerdos como el de mayo de 2023.

Vienen elecciones, esperemos que los anuncios no se los lleve el viento de nuevo.

¡Las trabajadoras y trabajadores de los Servicios Públicos también tenemos motivos para hacer la huelga!

El personal de la administración no puede seguir sosteniendo la situación laboral a costa de sus derechos.

Estamos al pie del cañón, atendiendo directamente a la ciudadanía, sacando a delante a centros y servicios, asumiendo cargas de trabajo cada vez mayores y resolviendo muchas veces con pocos medios y menos personal las necesidades de la administración. Somos imprescindibles para que los servicios públicos de la CARM funcionen, pero para ello se nos tiene que reconocer ese papel.

¡Es momento de que nuestra voz también se escuche!

TENEMOS MOTIVOS PARA HACER LA HUELGA

¡Es primordial que se reconozca nuestro esfuerzo!

Hay que luchar frente a la precariedad y no seguir normalizando la falta de personal, la sobrecarga de trabajo, todo ello sin aumento de recursos.

Se tiene que frenar el empobrecimiento, por unos salarios que se correspondan con las funciones y la responsabilidad y el trabajo que desempeñamos y unas pensiones dignas.

Hay que recuperar el poder adquisitivo y que haya un reparto justo de la riqueza.

La clase trabajadora se merece una vida digna y por eso llamamos a la participación activa en la huelga. Porque el encarecimiento de la vida, la crisis de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos son problemas colectivos que requieren una respuesta colectiva.

¿Y SI NO NOS MOVILIZAMOS?

Si pensamos que una huelga no va a cambiar nada y dejamos que sean otros los que decidan por nosotras estaremos renunciando a una de las pocas herramientas colectivas que tenemos para defender nuestros derechos.

Las mejoras laborales se consiguen reivindicándonos. Se trata de defender unas condiciones laborales que permitan trabajar con dignidad, sin sobrecargas y con el reconocimiento que merecemos.

¡¡¡¡Es una lucha colectiva!!!! que se nos vea, se nos escuche y se nos tenga en cuenta. SUMATE A LOS PIQUETES INFORMATIVOS.

Pregúntanos en serviciospublicos@intersindicalrm.org

López Miras utiliza las cuentas de correo del personal funcionario para enviar propaganda política del gobierno.

Desde hace algún tiempo, el personal funcionario y laboral de la CARM está recibiendo en su buzón de correo corporativo el llamado BOLETÍN INFORMATIVO CARM. La primera vez que lo recibes te preguntas dónde te has apuntado sin querer, para recibir esto. 

Ya estamos bastante al día de lo que se hace en la CARM, bueno, de lo que se cuenta que hace. En este boletín, se recoge lo que el Gobierno quiere que sepamos en formato de notas de prensa, bien ilustrado todo con bonitas fotos donde se pone de manifiesto en qué deciden invertir el presupuesto y lo que conviene contar. Vamos, SU realidad.

Sin embargo, sabemos lo que NO hacen. Nos gustaría que nos contaran cómo solucionan algunos problemas muy graves que tenemos en esta región:

Si hablamos de pobreza, más del 91% de los municipios de esta Región son pobres, según los recientes datos publicados por el INE. Somos los primeros a nivel nacional en pobreza infantil., el 45,6 % de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza, casi el doble de la media en España (28,4%).

Los Salarios Regionales son los terceros peores salarios de España, una precariedad que se replica en la propia Administración regional. Trabajar para la CARM ya no es sinónimo de estabilidad ni garantiza alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. Prácticas como encadenar contratos parciales de 20 o 25 horas durante 10 u 11 meses —dejando desprotegidas las vacaciones— o el impacto económico de las itinerancias obligatorias abocan a gran parte de la plantilla a no llegar ni a primeros de mes. 

Las condiciones en los centros del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) sufren graves carencias estructurales y de personal. La cronificada falta de personal y la preocupante falta de espacio físico, se agrava en varios centros e instalaciones de El Palmar que se ubican en zonas con riesgo de inundación. Esta situación no solo provoca que los accesos se colapsen y los usuarios vulnerables queden aislados cada vez que llueve de manera intensa, sino que además impide acometer ampliaciones o edificar nuevas instalaciones debido a las normativas de seguridad, lo que ha llevado a la pérdida de fondos europeos destinados a la modernización y accesibilidad de estos centros, desviándose a la creación de un nuevo centro privatizando su gestión. 

En educación, somos otra vez los primeros en abandono escolar. Los bajos índices de comprensión lectora del alumnado, ponen de manifiesto el fracaso de la digitalización en las aulas.

Estos son solo algunos de los problemas que no solo no se solucionan, sino que se acentúan con los años. Muchos años donde se hace palpable la incapacidad de resolver y de mejorar la vida de las personas que habitan esta región.

Pero si lees este boletín ufff, es un mundo ideal.

Nos parece muy grave el uso de las herramientas corporativas de la administración regional para comunicación de los “logros” del Gobierno, que le sirve para mejorar su imagen, gratis.

Por tanto, le pedimos al gobierno regional que deje de contarnos cuentos vía email directo y se dedique a solucionar problemas, distribuyendo debidamente el presupuesto regional y asumiendo su responsabilidad, aunque sea por una vez.

RAZONES PARA LA HUELGA GENERAL DEL 11 DE NOVIEMBRE

Como sector transversal y soporte de todos los servicios públicos estos son algunos de los motivos específicos de las movilizaciones para el personal empleado público de la CARM

 Actualización y dignificación salarial (Especialmente en las escalas bajas). El personal auxiliar, administrativo, auxiliares de enfermería y de servicios auxiliares (limpieza, conserjería, mantenimiento…) representa uno de los tramos con las retribuciones más bajas dentro del empleo público. La precariedad de los contratos inferiores a las 35 horas, impide alcanzar el salario mínimo. La inflación y el encarecimiento de la vivienda absorben por completo estos sueldos y exigimos un pacto de rentas con alzas salariales reales que compensen la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

 Estabilización de plantillas y freno a la temporalidad. El sector de administración y servicios arrastra históricamente altos índices de interinidad. Reclamamos la agilización de los procesos selectivos y la convocatoria de Ofertas de Empleo Público (OEP) anuales. Hay que consolidar los puestos de trabajo de programas en estructurales y evitar que tareas esenciales de gestión, cuidados o mantenimiento dependan de contratos temporales o bolsas de empleo precarias.

 Excesiva carga de trabajo por falta de personal. Las plantillas están saturadas. Denunciamos la falta de personal y la sobrecarga que merma la calidad del servicio a la ciudadanía y deteriora la salud laboral y mental del personal (estrés, ansiedad).

 Reducción de la jornada laboral y conciliación. Exigencia generalizada de aplicar una reducción de la jornada laboral en todas las administraciones, permitiendo pactar fórmulas de teletrabajo regulado y flexible que mejoren la conciliación familiar y disminuyan los costes de desplazamiento diarios para el personal, ayudando también a la sostenibilidad medioambiental tan necesaria en esta Región.

 Blindaje ante la externalización de servicios y conciertos privados. Luchamos contra la creciente tendencia a la privatización y externalización de los servicios públicos. Exigimos que estos servicios se gestionen de forma directa por la administración para garantizar condiciones sociolaborales dignas y estabilidad, evitando la subcontratación con empresas privadas que aplican convenios a la baja.

Reclamamos el cobro íntegro de las pagas extraordinarias en cuantías equiparables al resto de las mensualidades ordinarias y la recuperación efectiva del poder adquisitivo frente al encarecimiento del nivel de vida en la Región de Murcia.

EL 11 DE NOVIEMBRE RECLAMAMOS SALARIO Y CASA PARA VIVIR CON DIGNIDAD

EL GRAN NEGOCIO DE LO PRIVADO CON DINERO PÚBLICO.

Se están utilizando más de 5 millones de euros de fondos públicos y europeos (Next Generation) para levantar un nuevo centro público que, en la práctica, va a ser de gestión privada. Estos fondos europeos, inicialmente estaban destinados a acabar con las nefastas condiciones de los centros públicos, especialmente para reformar los Centros ya existentes en la CARM.

Nuestros políticos regionales presumen de una inversión millonaria, financiada íntegramente por la Unión Europea, y se omite deliberadamente el modelo de gestión privada. La construcción corre a cuenta de las arcas públicas para que, posteriormente, la gestión diaria recaiga en empresas privadas o concesionarias que buscan la rentabilidad económica en un sector donde lo único prioritario debería ser la dignidad humana.

Resulta contradictorio abanderar un discurso de «atención personalizada, integradora y centrada en el bienestar» cuando se mercantilizan derechos fundamentales. La gestión privada de servicios sociales esenciales para personas con discapacidad suele traducirse en la reducción de costes laborales, precarización de las plantillas de profesionales (Educadoras, enfermeras, médicas, fisioterapeutas, TCAES, ATES….) y, como consecuencia directa, una merma en la calidad de la atención a las y  los usuarios.

Mientras, la realidad de la inmensa mayoría de los centros públicos de discapacidad en la Región de Murcia cuenta una historia radicalmente distinta: abandono, saturación y precariedad crónica.

En la gestión privada o concertada el objetivo principal es el lucro frente al bienestar y la gestión pública, por contra en los servicios sociales públicos, el objetivo exclusivo es la atención integral, el bienestar y la dignidad de la persona, cada euro del presupuesto se destina a mantener el servicio, mejorar las instalaciones o ampliar las prestaciones, ya que no existe la necesidad de generar un margen de beneficio económico. Cuando un recurso enfocado en personas vulnerables se convierte en objeto de negocio, la balanza suele desequilibrarse en detrimento de las y los usuarios.

Este gobierno autonómico invierte millones de euros en recortar la capacidad de lo público mientras inaugura un gran centro destinados a la gestión privada, el impacto en el día a día es demoledor:

• Edificios abandonados a su suerte: Mientras se presume de ladrillo nuevo con fondos europeos, los centros públicos que ya existen acumulan décadas de falta de inversión en mantenimiento. Centros como los del complejo de El Palmar que se inundan cada vez que llueve

• Instalaciones obsoletas, barreras arquitectónicas que se parchean tarde y mal, climatización deficiente y una falta absoluta de modernización que convierte el día a día en una prueba de supervivencia tanto para los usuarios como para el personal.

• El recorte continuo de personal: Menos plazas de personal significan plantillas bajo mínimos que tienen que multiplicarse para cubrir turnos imposibles. Esto se traduce en una sobrecarga física y mental brutal para los profesionales, que terminan quemados (burnout) y a veces de baja.

Y el resultado directo para las personas con discapacidad es una atención impersonal, basada meramente en la «supervivencia» y la asistencia básica, eliminando cualquier atisbo de terapia real, estimulación o autonomía personal.

​De esta manera, se debilita el servicio público hasta que colapsa, las familias desesperan ante la falta de recursos y, de este modo, se allana el terreno para que la sociedad vea la entrada de empresas privadas como la única «salida» o posible solución, cuando en realidad es el negocio privado.

En INTERSINDICAL apostamos ahora y siempre por los centros públicos, de dinero público y gestión pública.

Llamamiento urgente para la ampliación de la plantilla de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) en el C.P.E.E. Pérez Urruti

Queremos denunciar públicamente la situación insostenible que estamos viviendo en el C.P.E.E. Pérez Urruti tras años de peticiones reiteradas para lograr el aumento de la dotación de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), sin haber recibido hasta la fecha respuesta ni solución alguna por parte de la Administración.

​En la Educación Especial, la figura del ATE constituye un recurso vital para garantizar una educación inclusiva, digna y de calidad. Entre sus funciones indispensables destacan:

• ​Apoyo en las actividades básicas de la vida diaria: higiene personal, alimentación, desplazamientos y control postural.
• ​Supervisión y acompañamiento continuo: en entradas, salidas, recreos, comedor y transporte escolar.
• ​Desarrollo de autonomía: colaboración activa en programas de autonomía personal y social.
• ​Atención individualizada y seguridad: acompañamiento continuo al alumnado con grandes necesidades de apoyo y/o conductas complejas, garantizando su integridad y participación plena en igualdad de condiciones.

​Una situación límite en nuestro centro.
​Durante este curso, la situación en las aulas se ha vuelto francamente desbordante. Ha aumentado de forma notable el volumen de alumnado con graves necesidades asistenciales y sanitarias, problemas complejos de movilidad (usuarios de silla de ruedas que precisan traslados y cuidados continuos) y severas alteraciones de conducta.

​La falta de recursos humanos adecuados ha provocado:

• ​Situaciones de extrema sobrecarga y agotamiento laboral en el personal.
• ​Agresiones y riesgos de seguridad tanto para los trabajadores como para el propio alumnado.
• ​Retrasos en la atención asistencial y en sesiones clave como las de Fisioterapia, al ser imposible llegar a tiempo para atender todas las demandas.
• ​Dificultad para garantizar intervenciones individualizadas y una adecuada cobertura de las necesidades básicas.
  ​Esta carencia de personal pone en riesgo la seguridad, el bienestar y la dignidad de la comunidad educativa, imposibilitando ofrecer la atención de calidad a la que el alumnado tiene derecho.
  ​
  ​Exigimos que la Administración educativa asuma de manera inmediata su responsabilidad y adopte las siguientes medidas urgentes:
• ​Ampliación inmediata de la plantilla de ATE, adaptándola a la realidad, complejidad y necesidades asistenciales y de movilidad del centro.
• ​Reducir el número de alumnado por ATE y definir la ratio alumando-ATE, alineándolas con criterios de seguridad y atención individualizada real.
• ​Respuesta formal y compromiso concreto, con plazos definidos para solventar la falta de recursos de forma permanente.
  

Hacemos un llamamiento a la opinión pública y a las familias del alumnado para visibilizar esta problemática. En caso de que la Administración continúe sin atender estas justificadas reivindicaciones, valoraremos y adoptaremos todas las medidas de movilización necesarias dentro del marco legal para defender una educación pública, inclusiva y digna, así como unas condiciones de trabajo seguras para todo el personal.

La Función Pública nos ha convocado el jueves 1 de octubre de 2026 a una reunión de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo (RPT), con el único punto de la estructuralización de puestos de trabajo en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa de 20 de noviembre de 2025, revisados determinados nombramientos realizados por programas de carácter temporal.

Por segunda vez la Dirección General de función Pública malinterpreta su propio Acuerdo publicado en 20 de febrero de 2026 que dice: …”se revisarán los nombramientos correspondientes a la ejecución de programas de carácter temporal y acumulación de tareas, con el objetivo de analizar aquellos que responden a necesidades estructurales para proceder a la creación de los correspondientes puestos de trabajo, incidiendo de manera especial en aquellos destinados en centros educativos. Una vez determinados y creados procederá, en su caso, a la inclusión en la Oferta de Empleo Público….”

En esta convocatoria se nos presentan unos puestos sin que previamente se haya realizado la revisión y análisis de los puestos que son considerados estructurales y los argumentos de porque se priorizan estos puestos y además ninguno de ellos son puestos destinados en centros educativos.

Desde INTERSINDICAL Servicios Públicos siempre estaremos a favor de la estructuralización de puestos de programas pero consideramos que antes de proponer puestos concretos hay que realizar la revisión y análisis de todos los que son puestos estructurales junto a las Organizaciones Sindicales y acordar los criterios para la elección de los puestos a estructurar.

Y sobre todo instamos a la Función Pública que cumpla los Acuerdos firmados y publicados en el BORM.

Como esto no ha sucedido en esta ocasión y directamente se nos han enviado los puestos sin ningún estudio previo de ellos, Intersindical no ha apoyado.

• Se crean: 2 plazas de Inspección Veterinaria, cuya necesidad justifican para no paralizar la cadena de producción de una empresa privada murciana de jamones y fiambres muy famosa.
• Se crean 5 plazas de las 15 pedidas en la D.G. del Mar Menor porque acaban los programas, algunos ya acabados: 1 de Administrativa/o, 3 de Veterinaria y 1 de Biología, aunque tengan una de biología sin cubrir desde hace más de 2 años.
• Se crean 3 plazas de Asesor/a Jurídico/a en Empresa, con específicos superiores a 25.000€.

Las plazas aprobadas en esta Comisión, además de las ya aprobadas en las Mesas y Comisiones anteriores se publicarán en el BORM en función de la capacidad presupuestaría de cada Secretaría General.

Una vez acabada la Comisión, la Subdirectora de la Función Pública nos ha informado del Calendario orientativo de los procesos selectivos que están en curso. ADJUNTO.

Algunas aclaraciones:

• Si tienen tribunal formado, el examen será antes de final de año o como mucho en enero del 2027 y se publicará a lo largo del mes de octubre.
• Todas las convocatorias que se publiquen posteriormente a octubre, pasarán a 2027.
• Las notas definitivas del 1 ejercicio de Auxiliar Administrativo se publicarán, mañana, 2 de octubre.
• De Administrativo, el tribunal está analizando todas las reclamaciones presentadas al primer ejercicio.

UNIÓN DE CABECERAS.

Durante el mes de septiembre se han saltado el Acto Público de unión de cabeceras en algunas oposiciones. Han pedido disculpas por no haberlo hecho, pues están valorando regular específicamente la normativa que les obliga a este acto de transparencia, lo que los ha llevado a confusión. Consideran que ha sido una incidencia.

Animamos a todas las personas afectadas a que presenten reclamación contra la vulneración de esta parte de los procesos selectivos que es obligatoria.

Se han comprometido a hacer las instrucciones para definir el acto de Unión de cabeceras que publicarán en FUPULEX y en la página de Empleo Público. Cuando esté publicadas las compartiremos

Desde INTERSINDICAL exigimos que se cumplan los Acuerdos firmados y se respeten los procedimientos y la negociación colectiva.

LA PACIENCIA DEL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO HA LLEGADO A SU FIN.

Asistimos a una parálisis sistemática de la Función Pública regional provocada por la falta de voluntad política de un Gobierno autonómico que prefiere el desmantelamiento silencioso antes que la inversión en lo público.

Desde INTERSINDICAL Servicios Públicos denunciamos que la pasividad de la Dirección General de Función Pública no solo pisotea los derechos laborales de la plantilla, sino que deteriora gravemente la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

La realidad en las Consejerías y Organismos Autónomos ya no es de saturación; es de colapso inminente debido al bloqueo permanente.  

La farsa de la Oferta de Empleo Público y la destrucción de empleo: Las Ofertas de Empleo Público (OEP) se gestionan a cuentagotas y de forma tardía, seguimos esperando desde JULIO la segunda reunión para establecer la OEP 2026. La tónica habitual sigue siendo la destrucción implícita de empleo público, camuflada bajo tasas de reposición ridículas que no cubren las jubilaciones. En lugar de consolidar plazas estructurales, la CARM perpetúa tasas de temporalidad intolerables. Exigimos convocatorias ágiles, transparentes y masivas que pongan fin al abuso de la interinidad y garanticen la estabilidad de las plantillas. El INCUMPLIMIENTO ES ALARMANTE: estructurar plazas sin estudio, sin negociación, sin valoración… todo a salto de mata porque se acaban los programas. ¡Qué nefasta gestión de lo público!

La alarmante falta de personal estructural: la falta generalizada de personal en la CARM ya es endémica. Mientras las necesidades de la población murciana aumentan, los departamentos se vacían. La sobrecarga de trabajo es insostenible: se acumulan expedientes sin tramitar en dependencia, educación, sanidad y administración general, así como la atención directa, obligando al personal restante a asumir el trabajo de dos y tres personas. No faltan recursos financieros; falta voluntad para contratar.

El secuestro de la Carrera Profesional: la carrera profesional horizontal sigue siendo una promesa rota o un laberinto burocrático diseñado para denegar derechos. Este sistema, que debería reconocer el desempeño, la formación y la trayectoria del personal, se utiliza como moneda de cambio o se paraliza presupuestariamente a pesar de los anuncios del Presidente de la Comunidad. Exigimos el reconocimiento inmediato, universal y justamente retribuido de la carrera profesional para todos los sectores de la administración autonómica, sin exclusiones ni discriminaciones.

El Teletrabajo: el castigo presentista: el teletrabajo en la CARM ha sufrido un retroceso incomprensible. Tras demostrarse su viabilidad histórica desde el proyecto piloto de 2015 y la generalización en la pandemia del 2020. La Administración ha involucionado hacia el presentismo más rancio. Sufrimos un trabajo precario debido a la falta de inversión tecnológica, sistemas informáticos obsoletos y trabas burocráticas que fuerzan desplazamientos innecesarios. Exigimos que el teletrabajo se regule y aplique de forma efectiva de acuerdo al EBEP, entendiéndolo como una modalidad organizativa moderna, ecológica y que favorece la conciliación, y no como una concesión arbitraria.

¡MOVILIZACIÓN FRENTE AL INMOVILISMO!

Desde INTERSINDICAL Servicios Públicos denunciamos que la pasividad de la Dirección General de Función Pública no solo pisotea los derechos laborales de la plantilla, sino que deteriora gravemente la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

¡BASTA YA DE PARALIZACIÓN!

¡BASTA YA DE ATAJOS INTERESADOS!