Intersindical Región Murciana condena las declaraciones del diputado de Vox Antonio Martínez Nieto

Intersindical Región Murciana manifiesta su más firme repulsa y condena ante las declaraciones realizadas por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, en las que vincula de manera irresponsable y sin ningún rigor realidades tan diversas como las drogas, la inmigración, el denominado «terror climático», el movimiento okupa o el Ingreso Mínimo Vital con una supuesta estrategia ideológica destinada a socavar valores fundamentales de nuestra sociedad. A través de este discurso se pretende señalar y culpabilizar a determinados colectivos y realidades sociales de los problemas que afectan a nuestra sociedad, convirtiéndolos en chivos expiatorios sobre los que proyectar el malestar y las incertidumbres colectivas. Lejos de aportar soluciones, este tipo de planteamientos simplifican problemas complejos, alimentan prejuicios y fomentan la estigmatización de personas y colectivos vulnerables.

Especialmente preocupantes son sus afirmaciones sobre las personas trans y la denominada «ideología de género», a la que llega a calificar como el producto más cruel de una supuesta «factoría comunista». Del mismo modo, resulta intolerable que cuestione la consideración de las personas trans como sujetos de derechos humanos o que presente el reconocimiento de su dignidad y de sus derechos como una forma de adoctrinamiento social.

Las vidas trans existen. También existen las infancias y adolescencias trans. Negar esta realidad no hará que desaparezcan, pero sí contribuirá a aumentar el sufrimiento de quienes la viven y a perpetuar una violencia estructural que, en demasiadas ocasiones, permanece silenciada o invisibilizada. Los discursos que cuestionan la existencia, la legitimidad o los derechos de las personas trans tienen consecuencias reales en la vida cotidiana de quienes sufren discriminación, acoso y exclusión.

Resulta especialmente grave que este tipo de mensajes se lancen desde una tribuna institucional y contribuyan a legitimar prejuicios y estigmas contra colectivos vulnerables. La diversidad afectivo-sexual y de género no constituye una amenaza para nadie; lo que sí supone una amenaza para la convivencia democrática es la difusión de discursos que señalan, deshumanizan o presentan como peligrosas a determinadas personas por el mero hecho de existir.

Desde Intersindical Región Murciana consideramos que estas actitudes evidencian la necesidad de reforzar la protección de nuestro alumnado frente a los discursos de odio. En particular, el alumnado trans necesita que las administraciones educativas, y en concreto la Consejería de Educación, desarrollen y apliquen de manera efectiva una normativa específica que garantice el respeto a sus derechos y la protección de sus realidades en los centros educativos. Por ello, exigimos el pleno cumplimiento de la Ley Trans, así como el desarrollo de protocolos específicos de acompañamiento, atención y protección en el ámbito educativo, tal y como STERM Intersindical e Intersindical RM viene defendiendo de manera continuada.

Resulta especialmente grave que estas declaraciones se hayan producido en el marco del debate de una moción destinada precisamente a defender la necesidad de un protocolo específico para el alumnado trans. Dicho protocolo fue llevado ante la Consejería de Educación tras un amplio proceso de trabajo conjunto en el que participaron STERM Intersindical, Chrysallis y colectivos LGTBI+ de toda la Región de Murcia, con el objetivo de garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos con la diversidad. Frente a los discursos que cuestionan la existencia y los derechos de las personas trans, este trabajo colectivo responde a una necesidad real de protección, acompañamiento y reconocimiento de un alumnado que merece ver garantizados plenamente sus derechos en el ámbito educativo.

La escuela debe ser un espacio seguro, inclusivo y libre de cualquier forma de discriminación. Como organización sindical comprometida con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la educación pública, seguiremos trabajando para que todos los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse plenamente en entornos de respeto, libertad y convivencia democrática. Frente a quienes promueven el miedo, la exclusión y el señalamiento de colectivos vulnerables, reafirmamos nuestro compromiso con una educación basada en los valores de la igualdad, la diversidad, la justicia social y el respeto a la dignidad de todas las personas.

MÁS PREVENCIÓN Y MENOS PRIVATIZACIÓN

La Intersindical Región Murciana manifiesta su rechazo absoluto a la campaña de criminalización que la patronal está lanzando contra la clase trabajadora.

La ofensiva patronal contra las bajas médicas no es un hecho aislado, sino una expresión más de la ofensiva del capital contra los derechos conquistados por la clase trabajadora. Mientras quienes producen toda la riqueza social son señalados y culpabilizados, los grandes grupos empresariales continúan incrementando sus beneficios gracias a la explotación de la fuerza de trabajo y a la degradación constante de las condiciones laborales.

Bajo el concepto sesgado de «absentismo», intentan camuflar una realidad sangrienta: la precariedad extrema, la falta de prevención de riesgos y el desmantelamiento programado de nuestra sanidad pública.

Estar enferma o enfermo es un derecho protegido, no un fraude laboral. A continuación, desmontamos las mentiras del capital en la Región de Murcia.

LAS GRIETAS DEL SISTEMA LABORAL MURCIANO

La falacia de los costes supone señalar que las bajas médicas cuestan millones de euros diarios en la Región ocultando que el 3,4% de las bajas duran menos de tres días y no suponen coste alguno para las empresas.

Mortalidad e inseguridad mientras hablan de «absentismo», la realidad en las empresas es trágica, con un incremento alarmante del 76% en la mortalidad laboral en el último año.

El aumento de bajas se debe al empeoramiento crónico de las condiciones de trabajo, la alta temporalidad, los ritmos extenuantes y el consecuente disparo de los problemas de salud mental.

La patronal pretende presentar las bajas laborales como un problema económico, pero oculta deliberadamente que la verdadera causa reside en un modelo productivo basado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Jornadas interminables, salarios insuficientes, plantillas reducidas al mínimo y ritmos de producción cada vez más agresivos son las verdaderas causas del deterioro físico y psicológico de la clase trabajadora.

Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales no son fruto de la casualidad ni de la mala suerte. Son la consecuencia directa de un sistema económico que sitúa la obtención del máximo beneficio capitalista por encima de la vida, la salud y la seguridad de quienes trabajan.

El colapso del Servicio Murciano de Salud y el progresivo desmantelamiento de los recursos públicos de prevención y salud laboral, evidenciado por el deterioro de las instalaciones y la merma de la capacidad operativa del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), son una muestra más de la dejadez de la administración regional y de su falta de compromiso con la salud de la clase trabajadora.

NO A LAS MUTUAS: LA SALUD NO ES UN NEGOCIO DE LA PATRONAL

Exigir que las mutuas gestionen las altas y bajas médicas busca arrebatar las competencias de los profesionales del Servicio Murciano de Salud para entregárselas a entidades controladas por los propios empresarios.

La transferencia de competencias sanitarias hacia las mutuas forma parte de un proceso más amplio de privatización y mercantilización de la salud impulsado por quienes consideran los derechos sociales una fuente de negocio. Allí donde avanza la lógica del mercado retroceden los derechos de la mayoría trabajadora.

Las mutuas no buscan curar; su único objetivo es acelerar el retorno al puesto de trabajo, obligando a las plantillas a reincorporarse sin estar plenamente recuperadas.

Los comités de seguimiento y grupos de control que fiscalizan la incapacidad temporal solo sirven para amedrentar a quienes sufren dolencias físicas o psicológicas.

EXIGIMOS SOLUCIONES REALES, NO PERSECUCIÓN

Hay que reforzar la atención primaria en la sanidad pública murciana para garantizar diagnósticos y tratamientos rápidos, sin derivar recursos al sector privado, es decir, inversión real en el SMS.

Sanciones contundentes a las empresas que incumplan la normativa básica de prevención y de seguridad laboral y salud laboral.

Aumentar las plantillas y adecuar los puestos de trabajo a la realidad de las mismas y así atajar las causas del agotamiento psicológico (burnout) y las lesiones musculoesqueléticas, entre otras.

La defensa de la salud laboral forma parte inseparable de la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Frente a quienes pretenden enfrentar a la sociedad con las personas enfermas o lesionadas, reivindicamos la solidaridad obrera, la organización sindical y la movilización colectiva como herramientas fundamentales para defender nuestros derechos.

¡Ningún recorte a nuestros derechos de salud!

¡Fuera las mutuas de nuestras bajas médicas!

¡La salud de la clase trabajadora no se vende, se defiende!

Mientras el mundo conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, en la Región la realidad sigue marcada por la degradación ambiental y la falta de planificación.

🚨 Principales problemas:

1️⃣ Contaminación del aire
Murcia figura entre las ciudades más contaminadas de España por NO₂. Lorca registra elevados niveles de PM10, Cartagena sufre episodios preocupantes de ozono y partículas finas, y municipios como Molina de Segura y Alcantarilla superan los futuros límites europeos.

2️⃣ Mar Menor y contaminación del subsuelo
La laguna continúa amenazada por los nitratos agrícolas, los residuos mineros y la expansión de las macro granjas porcinas. La contaminación por amoniaco y la vulnerabilidad de los acuíferos siguen aumentando.

3️⃣ Parques Naturales sin gestión efectiva
La ausencia de planes de ordenación mantiene espacios protegidos expuestos a usos inadecuados y a la presión urbanística.

4️⃣ Energías renovables sin planificación
La expansión desordenada de instalaciones fotovoltaicas está generando impactos sobre paisajes, biodiversidad y suelos agrícolas.

💬 Conclusión
Sin una estrategia que priorice la salud pública y la protección de los ecosistemas, el 5 de junio seguirá siendo una jornada de reivindicación más que de celebración.

🌿 Exigimos hechos, no propaganda verde.

INFARTOS, PRECARIEDAD Y EL ISSL EN RUINAS: LAS GRIETAS DEL SISTEMA LABORAL MURCIANO

La proliferación en los últimos años de contratos precarios, con salarios bajos, con condiciones inseguras, peligrosas, penosas, y en los que las trabajadoras y trabajadores tienen escasa capacidad para hacer oír su voz respecto a las condiciones de salud y seguridad, sumado a un entorno de desprotección de los derechos del personal en cuanto a la prevención de riesgos laborales y en el que las instituciones no se han dotado de los medios necesarios para intervenir en la mejora de las condiciones de trabajo que afectan a la salud y la seguridad, producen un aumento del sufrimiento y un empeoramiento de la salud y calidad de vida de todas aquellas personas que se encuentran en esta situación.

Mientras las cifras generales de accidentes parecen dar un respiro, la realidad bajo la superficie es letal: 37 familias murcianas se rompieron en 2025. ¿Hasta cuándo permitiremos que el trabajo nos cueste la vida?

La Región de Murcia se enfrenta a una paradoja sangrienta. Los datos oficiales nos dicen que los accidentes laborales «bajaron» un 3%, situándose en 18.424 incidentes. Pero esa estadística es un espejismo que oculta una tragedia creciente: la mortalidad laboral se ha disparado. En 2025, la cifra de trabajadores que no regresaron a casa escaló hasta 37 personas fallecidas, lo que representa un aumento brutal del 76% respecto al año anterior.

INTERSINDICAL ya hemos denunciado que el cierre de infraestructuras clave, como el Instituto de Seguridad Laboral (ISSL) por «peligro grave e inminente» en sus propias instalaciones, es el reflejo perfecto del abandono de la prevención en nuestra región. No se puede proteger a las trabajadoras y a los  trabajadores desde un sistema que no cuida ni sus propios recursos técnicos.

Ya no solo nos matan los andamios o la maquinaria. La presión laboral están matando de forma silenciosa: los infartos e ictus ya son la primera causa de muerte en jornada, igualando a los traumas físicos tradicionales.

Hemos alertado de un aumento alarmante en las bajas por salud mental, una epidemia invisibilizada por las mutuas.

No podemos aceptar que el sector servicios acumule más de 8.000 accidentes como si fuera un peaje inevitable. La prevención no es un gasto, es un derecho fundamental que se está vulnerando sistemáticamente en Murcia. Exigimos que la salud laboral deje de ser una nota al pie en los presupuestos regionales y se convierta en una prioridad real de inspección y sanción.

En Intersindical tenemos el convencimiento de que el fin último en cuanto a Salud Laboral y Prevención de Riesgos en el Trabajo debe ser asegurar a las personas el disfrute del máximo nivel posible de bienestar físico, mental y social, no limitándose solo a la ausencia de enfermedades, es decir, es necesario caminar hacia una cultura preventiva que elimine los riesgos, en lugar de provocar la lucha por la indemnización tras los daños producidos.

PORQUE NINGÚN BENEFICIO VALE MÁS QUE UNA VIDA. BASTA YA DE ACCIDENTES LABORALES.

Vivimos una ofensiva global contra la clase trabajadora. El capitalismo en crisis responde con más precariedad, más autoritarismo, más control y más guerra. Mientras una minoría concentra la riqueza y el poder, la mayoría social ve deteriorarse sus condiciones de vida, sus derechos y su futuro.

La guerra se ha normalizado como herramienta política y económica. El genocidio del pueblo palestino, la prolongación de la guerra en Ucrania, la injustificada guerra en Irán, los bombardeos en el Líbano, el olvidado drama de Sudán, la amenaza inminente a Cuba, entre otros, y el aumento de los conflictos por el control de recursos muestran un mundo gobernado por la violencia y los intereses de las grandes potencias.

El incremento del gasto militar se hace a costa de la sanidad, la educación, las pensiones y los derechos sociales. Frente a la guerra y el militarismo, defendemos la paz, la vida y la cooperación entre los pueblos.

La Unión Europea, subordinada a Estados Unidos e Israel, avanza hacia la militarización y el recorte de derechos.

España, a pesar del posicionamiento del gobierno contra las guerras, sigue con acuerdos comerciales con los genocidas y sufre la crisis que provocan los conflictos armados. El modelo productivo precarizado, sufre desindustrialización, crisis de la vivienda, dependencia energética y tecnológica y un aumento del coste de la vida que golpea con especial dureza a la clase trabajadora.

Las mejoras parciales logradas en los últimos años son insuficientes. Los salarios siguen sin garantizar una vida digna, la jornada laboral no se reduce, las pensiones se ven amenazadas, la precariedad se extiende y la brecha de género persiste. La vivienda se ha convertido en un negocio que expulsa a miles de personas de sus barrios, mientras los servicios públicos se deterioran.

A este empobrecimiento se suma la represión. La Ley Mordaza sigue vigente, se criminaliza la protesta y se persigue la acción sindical. Compañeras y compañeros continúan represaliados por defender derechos que son de todas y todos.

Frente a este escenario, no cabe la resignación. Solo la organización y la movilización pueden frenar esta deriva autoritaria y construir una alternativa. Defendemos salarios dignos, reducción de la jornada laboral, pensiones públicas, vivienda como derecho, servicios públicos fuertes y libertades democráticas. Defendemos la paz frente a la guerra y la vida frente al negocio.

Llamamos a la clase trabajadora, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a movilizarse, a ocupar las calles y a organizarse colectivamente. Porque nuestros derechos defienden y se conquistan.

#Nuestros derechos no se negocian

#Frente a la guerra y la precariedad, organización y lucha

#Sin derechos no hay democracia

#Servicios públicos fuertes para una vida digna

Es una ingenuidad ignorar que la exigencia de la OTAN de disparar el gasto militar al 5% era para traer la paz, la operación de Venezuela ya demostró que el imperialismo no iba a detenerse por el derecho internacional, primero se quedan el petróleo venezolano y ahora hacen que suba el precio con la guerra en Oriente Próximo.

Intersindical Murciana se ha opuesto en todo momento a destinar los recursos económicos a la guerra, los presupuestos deben destinarse al bienestar común: las prestaciones sociales y los servicios públicos, las pensiones y unas infraestructuras modernas, bien cuidadas y respetuosas con el medio ambiente.

Pero el motivo principal es que las armas no son ni un bien de consumo ni un bien de producción. Son destrucción en estado puro, destrucción de vidas, de infraestructuras civiles y de la cultura de paz. Un desastre que necesita poco tiempo para destruir y mucho para recuperarse de lo que puede recuperarse. Vida sólo tenemos una y en las guerras se pierden muchas.

Pedimos, una vez más, la salida de España de la OTAN y que EEUU abandone las bases militares. El peligro de Donald Trump hace aún más acuciante esta reivindicación. El envío de la fragata española a Chipre no deja de ser una respuesta como las muchas que pueden darse por un ataque a un país de la OTAN que ha sido provocado por una agresión militar contraria al derecho internacional.

Nuestra oposición a la guerra de Irán no debe entenderse como un apoyo al régimen de los ayatolás, al igual que ocurrió primero en Afganistán y después en Irak, Irán no se democratizará a base de bombas, tampoco se democratizará con las mentiras de siempre. En Irak fueron las armas de destrucción masiva, ahora es la amenaza nuclear, una amenaza que la Agencia Internacional de la Energía Atómica ya ha descartado. Ni con la doble moral, ¿se defienden los derechos humanos en Irán, pero no en Palestina?

¿Con qué autoridad moral le podremos decir a Rusia que respete las Repúblicas Bálticas o a China que respete Taiwán? La guerra no es la solución de nada. Suele ser el origen de todos los males. En nuestro país hace noventa años que lo sabemos sobradamente.

¿Puede el Gobierno regional permitirse renunciar a más de mil millones de euros de financiación adicional?

El Gobierno del Estado ha anunciado un nuevo modelo de financiación autonómica que supondría 1.188 millones de euros adicionales para las cuentas de la Región. Sin embargo, el presidente autonómico, Fernando López Miras, se ha apresurado a rechazar esta financiación y a anunciar su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Resulta difícil de entender esta decisión en una comunidad autónoma que presenta tasas de riesgo de pobreza y exclusión social, desempleo o abandono escolar superiores a la media estatal. ¿Cómo puede permitirse el Gobierno regional el lujo de renunciar a más de mil millones de euros anuales únicamente por una estrategia de confrontación política? Todo parece indicar que el Ejecutivo regional o bien está completamente desconectado de la realidad social de la Región, o bien no sabe —o no quiere— explicar en qué emplearía un incremento cercano al 15 % del presupuesto autonómico anual.

El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009, durante el segundo Gobierno de Rodríguez Zapatero. Desde su origen, este modelo ha perjudicado gravemente a nuestra Región. A pesar de incorporar mecanismos de nivelación como la población ajustada o el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, no consigue igualar la financiación por habitante ajustado entre comunidades autónomas. Como consecuencia, la Región recibe de forma sistemática menos recursos que la media estatal para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, consolidando una situación de infrafinanciación estructural que se ha agravado con el paso del tiempo. La revisión de este sistema, que debía haberse hecho cada cinco años, no se hizo ni durante los gobiernos de M. Rajoy ni durante los de Pedro Sánchez, hasta ahora, quince años después.

Es cierto que la nueva propuesta no soluciona completamente el problema de la financiación de la Región Murciana, que seguiría estando por debajo de la media estatal. Sin embargo, sí reduciría de manera significativa la brecha existente. En la actualidad, por cada 100 euros que recibe la media del Estado, la Región recibe 90,6 euros. Tras la reforma, esta cifra aumentaría hasta los 94,9 euros. En términos absolutos, esto supone más de mil millones de euros adicionales cada año.

Por ello, aunque el presidente autonómico tenga razón al reclamar una financiación aún más justa, conviene recordar que este es el único avance real en más de quince años, incluidos los periodos en los que el Partido Popular gobernó con mayoría absoluta en el Estado. Además, resulta contradictorio que el Gobierno regional denuncie constantemente la falta de recursos mientras mantiene los impuestos autonómicos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o Juego más bajos que otras comunidades, renunciando deliberadamente a herramientas fiscales que podrían ayudar a compensar esta desigualdad financiera. Si el problema es la infrafinanciación y saben gestionar, ¿por qué no aprovechan esta oportunidad y lo demuestran?

Ante la posibilidad de que el Gobierno de López Miras no sepa cómo emplear adecuadamente estos recursos, y ante la posible tentación del consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, de destinarlos una vez más a la financiación de la concertación de políticas públicas, desde Intersindical Región Murciana, proponemos que este incremento presupuestario se utilice para fortalecer los servicios públicos, con mejoras reales en las condiciones laborales del personal que en ellos trabajan.

Entendemos que los 1.188 millones de euros adicionales deberían repartirse entre el pago de la deuda —lo que permitiría ahorrar intereses a medio y largo plazo— y se podrían financiar mejoras sustanciales en las políticas públicas regionales.

Aunque si finalmente se aprueba la quita de deuda de 3800 millones, quizá el apartado de amortización de deuda podría reducirse significativamente y se podrían aumentar algunas de las partidas como la sanidad, la dependencia, los servicios sociales, la educación o la vivienda.

El sistema de financiación autonómica no es optativo. Si se aprueba por ley estatal, se aplica automáticamente. Una comunidad no puede decir “no quiero mi parte”. Le hacemos propuestas a López Miras:

De los 1.188 M€ anuales, una propuesta razonable sería dedicar a amortización de deuda unos 250–300 M€ / año que equivale aprox. al 20–25%, para reducir la dependencia del FLA y liberar gasto futuro en intereses, además de ganar más margen presupuestario.

Y el resto, unos 900 millones, a política activas:

• 328 M€ al refuerzo de la Atención Primaria, para reducir listas de espera y reforzar la salud mental pública y accesible.
• 200 M€ para poner fin a las listas de espera en dependencia y mejorar la calidad del empleo asistencial y de cuidados, además de reforzar los servicios sociales regionales.
• 180 M€ para construir entre 2.000 y 2.500 viviendas públicas/año que podrían dedicarse al alquiler social, la rehabilitación energética, etc.
• 240 M€ para bajar las ratios y contratar más profesorado y personal no docente de modo más estable en la enseñanza pública. Además, se podrían multiplicar las plazas públicas en FP y ofrecer un 0-3 años completo y gratuito para toda la población.
• 50 M€ se podrían dedicar a la desnitrificación agrícola y la restauración del Mar Menor.
• 90 M€ a la reducción de la pobreza infantil y para crear una renta autonómica complementaria que ayude a reducir la pobreza estructural (tasa AROPE) y mejor la inclusión social.

Desde la Confederación Intersindical, organización de trabajadoras y trabajadores del Estado español, alzamos nuestra voz para condenar enérgicamente los ataques promovidas por el gobierno de Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela.

Rechazamos esta nueva agresión imperialista, que forma parte de una larga estrategia de injerencias, bloqueos, violencia y mecanismos de desestabilización contra pueblos que, como el venezolano, deciden soberanamente su propio destino. Denunciamos el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos de América. Un acto de profunda gravedad que forma parte de las políticas imperialistas que buscan someter a los pueblos, saquear sus recursos y decidir su destino desde fuera. Venezuela tiene derecho a la soberanía popular, sin bloqueos, sin amenazas y sin agresiones

Las y los trabajadores del mundo sabemos, por experiencia histórica, que las guerras, las sanciones y las intervenciones militares nunca las pagan los poderosos, sino los pueblos: quienes viven de su trabajo, quienes luchan día a día por el pan, la salud, la educación y la dignidad son los que terminan pagando por los intereses imperialistas que motivan las guerras. Cada ataque contra un país soberano es también un ataque contra la propia clase trabajadora internacional.

Desde la Confederación Intersindical, defendemos la paz como una conquista de los pueblos y no como un discurso vacío. No hay justicia social sin paz, ni paz verdadera sin respeto a la soberanía de las naciones.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con su gobierno legítimo, que resiste con dignidad frente a las presiones externas, las agresiones militares y los secuestros políticos. Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad y hacemos un llamamiento a la movilización de la clase obrera internacional frente a la guerra, el imperialismo, por la paz y la soberanía popular.

¡No a la guerra! ¡No a las agresiones imperialistas!

EL ACUERDO SALARIAL PARA EL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO FÍA AL PRÓXIMO GOBIERNO ESTATAL SU CUMPLIMIENTO.

El desfase entre salarios e inflación se ha convertido en una losa para todo el personal empleado público. El Gobierno no ha abordado este problema con responsabilidad y sí con medidas que apenas alivian la situación.

La pérdida de poder adquisitivo suma desde los recortes del 2010 un 38%. Desde entonces solamente se ha experimentado un 14,4% de aumento, es evidente que con el 11,5% previsto para 2028 en este Acuerdo de 2025 no sólo no aumenta, sino que no recupera la deuda que tiene con el personal.

La negociación de un nuevo acuerdo salarial debería permitir recuperar de manera urgente la pérdida acumulada, para después establecer un mecanismo estable vinculado al IPC. Nada de esto aparece en el Acuerdo firmado en 2025.

Seguimos perdiendo poder adquisitivo.

Nos parece especialmente grave por parte de las OOSS firmantes que fíen el cumplimiento de este Acuerdo a cuatro años y a un nuevo gobierno que saldrá de las urnas en 2027, en caso de que el gobierno actual aguante.

Conocemos las encuestas donde la ultraderecha crece en intención de voto y conocemos cómo gobiernan cuando están en el poder, mucho de esto sabemos en esta Región. Los incumplimientos y el ataque a los Sindicatos, especialmente a los de clase, el deterioro continuado de los servicios públicos para su privatización, el caciquismo con el que se gestionan los recursos humanos en la CARM. 

Esto es lo que nos espera si finalmente llegan al poder, no es nuevo, quienes los sufrimos, demandamos y denunciamos continuamente estos desmanes en las CCAA donde gobiernan, sabemos que no cumplirán ni este ni ningún Acuerdo. Más al contrario seguirán en su estela de criminalizar subidas salariales al personal empleado público con más ahínco, aunque muchos de estos sueldos no lleguen ni al salario mínimo profesional.

En el Comité Coordinador de Seguridad y Salud se ha hecho entrega de las memorias de actuaciones de los Servicios de prevención de riesgos laborales correspondientes al año 2024 del IMAS, SMS y Personal no docente de la Consejería de Educación.

En resumen en todas ellas lo más significativo es el aumento de agresiones al personal de atención directa en los tres ámbitos así como el elevado número de bajas psicológicas y de salud mental del personal docente.

En todos los Comités se deduce la falta de personal de prevención que lleva un altísimo grado de trabajo que supone estrés y excesiva carga de trabajo.

Uno de los problemas encontrados es que a pesar del incremento del número de evaluaciones de riesgos que se han realizado y las medidas preventivas propuestas en ellos, no conocemos las intervenciones de las distintas Consejerías. Por tanto, hemos solicitado que en todos los Comités de Seguridad y Salud se informe sobre las actuaciones realizadas también, con las  aportaciones y ruegos que hacemos las Organizaciones Sindicales en los mismos.

Hemos pedido información sobre las actuaciones cometidas de este Comité con el Ayuntamiento de Murcia en relación al Plan de Movilidad Vial Segura y se informa que ya han tenido una primera reunión en la que presentaron propuestas y tendrán otra antes de final de año para concretarlas.

Sobre los protocolos de Acoso Laboral, que ya está prácticamente terminado, se aprobará junto con el protocolo de Acoso Sexual y por razón de sexo que se trabajará a lo largo de 2026. Solicitamos que empiecen los trabajos lo antes posible.

Pedimos que se imparta formación inicial en prevención al personal de nueva incorporación, sea personal interino o funcionario.

En ruegos y preguntas estas han sido algunas de nuestras propuestas.

IMAS:

• Solicitamos que se coloquen carteles en los centros de trabajo con la dirección sira.carm.es, para que el personal sepa cómo y dónde hacer el parte de agresiones. Que se establezca una persona de apoyo en los centros para informar.
• Volvemos a reiterar la necesidad de incrementar personal de Atención Directa en todos los centros.
• Complemento específico, pedimos que se aumente para el personal que trabaja en la atención a personas usuarias con alteraciones de conducta debido a los riesgos físicos y psicosociales que diariamente soportan las personas que trabajan en estos centros.
• Reiteramos el error en la notificación de vacunación de COVID en el CPD de Churra, para que se subsane de una vez por todas.
• Solicitamos como medida de Seguridad la renovación del material en los Centros y la revisión de espacios.

EDUCACIÓN:

• Traslado del edificio de los Equipos de Orientación Murcia 1 y 2. Nuevamente reiteramos la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento. Siguen sin ejecutarse muchas de las recomendaciones recogidas en el último informe realizado por el Servicio de Prevención.
• Que se mande un recordatorio a los Centros Educativos de que los exámenes de Salud de PREVEMUR también son para el personal no docente.
• Creación de un Comité específico para el personal no docente de Educación. Separado del docente puesto que hay cerca de 3.000 personas, siendo el grupo más numeroso del ámbito de Administración y Servicios. Incrementando para ello el personal de los Servicios de prevención.
• Preocupadas por el elevado número de bajas psicológicas y carga mental de personal docente se solicita se aumente el personal de Psicología.

SMS:

• Se solicita que desde el SPL instar a las y los coordinadores de los Centros de Salud a modificar las agendas en los meses de verano para que toda la atención a domicilio (salvo Urgencias) se realice en las primeras horas de la mañana, dado que tienen que desplazarse por sus propios medios a las casas de las y los pacientes, salir después de las 12 es un riesgo para la Salud.

INTERSINDICAL ha solicitado que se tengan en cuenta los siguientes temas para la formación específica:

• Salud mental
• Salud emocional
• Básicos de prevención en Educación para cuerpos específicos.
• Prevención ante las agresiones físicas en CPD y Residencias, impartiéndolos en los mismos centros.
• Habilidades comunicativas para los puestos de atención al público, no solo en Registros sino en el conjunto de los centros de trabajo, por ejemplo en la ATRM o en oficinas del SEF.

Desde INTERSINDICAL Región Murciana volvemos a exigir que se aumente las plantillas de todos los centros de trabajo de la CARM, como una de las más necesarias medidas preventivas para la Salud Laboral.

Murcia, 17 de octubre de 2025.

Intersindical Región Murciana.