Escritoras que abren camino, nombres que no deben borrarse

El Día de las Escritoras no es solo una fecha para llenar bibliotecas, escuelas e instituciones de nombres de mujeres. Es, sobre todo, una oportunidad para recordar que la literatura escrita por mujeres ha tenido que luchar durante siglos contra el olvido, la invisibilización y la voluntad de dejarla fuera del relato cultural.

Este año, esta conmemoración tiene un significado especial. En 2026 se cumplen cien años de la fundación del Lyceum Club Femenino, creado en Madrid en 1926 como un espacio de cultura, debate, amistad y libertad para las mujeres. Aquella experiencia permitió que muchas mujeres pudieran encontrarse, leer, escribir, pensar y participar en la vida cultural e intelectual de su tiempo. Cien años después, su legado sigue interpelándonos.

El lema de este año, «Lyceum Club Femenino: las amigas como forma de libertad», pone en valor una idea que todavía conserva toda su fuerza: las mujeres que se ayudan, que comparten conocimientos, que crean redes y que se dan voz unas a otras pueden transformar la sociedad. El Lyceum fue, en este sentido, mucho más que una asociación cultural: fue un espacio de emancipación.

Y precisamente por eso, este centenario debería hacernos mirar también hacia nuestro presente.

Porque mientras recuperamos la memoria de aquellas mujeres que abrieron caminos hace cien años, en el País Valenciano asistimos a una situación que nos obliga a preguntarnos qué significa realmente preservar la memoria de nuestras escritoras.

Hablamos de Isabel-Clara Simó.

La escritora de Alcoy fue profesora de instituto, periodista, directora de Canigó y autora de una obra literaria extraordinariamente extensa. Escribió novela, cuentos, ensayo, artículos y literatura infantil, y fue una de las autoras más leídas en las aulas valencianas. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Sant Jordi, la Creu de Sant Jordi, la Medalla de Oro y el título de Hija Predilecta de Alcoy, la Medalla de Honor de la Xarxa Vives de Universidades y el Premio de Honor de las Letras Catalanas.

Por eso resulta especialmente significativo que este año, cuando celebramos el centenario del Lyceum Club Femenino y reivindicamos la necesidad de recuperar las voces de las mujeres, se haya planteado retirar su nombre del IES Isabel-Clara Simó de l’Alcúdia de Crespins.

Un instituto no es solo un edificio. El nombre que lleva también educa. Ofrece referentes. Explica a los jóvenes qué personas consideramos dignas de ser recordadas. Cuando ponemos el nombre de una escritora en un centro educativo, estamos diciendo a las nuevas generaciones que la cultura, la literatura, el pensamiento y la lengua también se han construido con las voces de las mujeres.

Y cuando ese nombre desaparece, algo de nuestra memoria colectiva también se debilita.

No se trata de convertir a las escritoras en estatuas intocables ni de negar la posibilidad de revisar los homenajes públicos. Se trata de preguntarnos cuáles son los criterios que utilizamos y, sobre todo, qué transmitimos cuando retiramos el nombre de una autora reconocida, profesora y referente de la literatura valenciana contemporánea de un espacio dedicado precisamente a la educación.

Isabel-Clara Simó no necesita que nadie le regale un lugar en la historia de la literatura. Se lo ha ganado con su obra.

Lo que sí necesitamos nosotros es que su obra siga presente. Que sus novelas se sigan leyendo. Que sus artículos sean conocidos. Que su compromiso con la lengua y la cultura forme parte de la memoria de las nuevas generaciones. Y que los centros educativos sean lugares donde nuestros jóvenes puedan descubrir a mujeres que escribieron, pensaron y lucharon para abrir caminos.

Eso es, al fin y al cabo, lo que nos recuerda el Lyceum Club Femenino cien años después.

Aquellas mujeres sabían que juntas eran más fuertes. Sabían que compartir cultura era una forma de libertad. Sabían que crear espacios para las mujeres significaba también crear futuro.

Por eso, este Día de las Escritoras debería ser también un día para preguntarnos qué nombres queremos conservar y qué voces queremos transmitir.

Cien años después del Lyceum, todavía necesitamos dar visibilidad a las escritoras.

Todavía necesitamos recordarlas.

Y, sobre todo, todavía necesitamos que sus nombres sigan abriendo puertas.

Porque borrar el nombre de una escritora de un instituto no borra su obra, pero sí nos priva de una oportunidad para explicarla y transmitirla.

Y la mejor manera de honrar a las mujeres del Lyceum, a las escritoras que nos han precedido y también a Isabel-Clara Simó es muy sencilla: leerlas, estudiarlas, citarlas, llevarlas a las aulas y dejar que sus palabras sigan hablando.

Que cien años después, sus voces no sean silenciadas.

Que sigan escribiendo —y viviendo— en nuestra memoria.

DECLARACIÓN POR EL RECONOCIMIENTO VITAL Y LA VISIBILIDAD DE LA MENOPAUSIA

Por una vida plena en todas nuestras edades

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical nos dirigimos a la sociedad, a los sistemas de salud y a las instituciones públicas para exigir una transformación radical en la forma en que entendemos, acompañamos y valoramos la vida de las mujeres.

Durante generaciones, una mirada patriarcal y reduccionista ha encasillado el valor social de la mujer en un intervalo injustamente estrecho: la juventud y la capacidad reproductiva. Bajo esta lógica, todo lo que ocurre antes se ha tratado como una mera preparación, y todo lo que viene después, como un declive invisible e inevitable. Esta visión no solo distorsiona nuestra identidad, degradándonos como seres humanos a un valor meramente de crianza sino que restringe nuestro derecho a un desarrollo personal continuo, digno y gozoso a lo largo de toda la existencia.

En este marco de justicia e igualdad, la invisibilidad de la menopausia no es un hecho fortuito: es la consecuencia directa del patriarcado machista.

La menopausia ha sido arrastrada al terreno del tabú, la vergüenza y el silencio precisamente porque señala el fin de la etapa fértil. Tratarla como un proceso secreto o una dolencia estigmatizada despoja a las mujeres de su autonomía y atenta directamente contra su calidad de vida. Por eso, alzar la voz por la visibilidad de la menopausia no es solo una conversación sobre salud: es un imperativo feminista, de derechos humanos y de justicia social.

Frente al silencio y la marginación de la madurez femenina, manifestamos y exigimos:

• El valor intrínseco de cada etapa vital: Exigimos el reconocimiento de la infancia, la juventud, la adultez, la transición hormonal y la vejez como fases plenamente valiosas por sí mismas. Las mujeres no existimos en función de nuestra fertilidad ni de los cánones de belleza juveniles; nuestra identidad se expande con los años, sumando experiencia, capacidad de liderazgo y soberanía sobre nuestros cuerpos.
• Derecho a la salud integral con perspectiva de género: Reclamamos una atención médica que supere el sesgo centrado casi exclusivamente en la maternidad. Exigimos investigación, diagnóstico y tratamientos de calidad para la salud hormonal, cardiovascular, ósea, mental y sexual en todas las fases de la vida, garantizando que el acompañamiento durante la menopausia sea un derecho accesible y no un privilegio.
• Entornos laborales y sociales libres de discriminación: Exigimos adecuar las dinámicas de trabajo y comunitarias a las necesidades de cada momento vital. Es indispensable erradicar la discriminación por edad y género que frena las carreras profesionales e invisibiliza el talento, la voz y la aportación de las mujeres maduras.
• Desmantelar la vergüenza y habitar el bienestar: Reivindicamos el derecho a nombrar nuestros procesos corporales sin tapujos. La menopausia no representa el fin de la vitalidad, de la sexualidad ni del proyecto vital, sino una transición natural que debe vivirse con dignidad, libertad y plenitud.

Poner en valor cada ciclo de nuestra vida es defender el derecho a envejecer sin perder derechos, espacio ni relevancia. Convencidas de que lo personal es político, llamamos a romper el estigma, desmantelar el silencio y situar la salud y el bienestar integral de la mujer en el centro de la agenda social y política con medidas que ayuden a visibilizar y normalizar cualquiera de las etapas vitales de las mujeres.

Ni invisibles, ni en silencio: por el valor de todas nuestras edades y una menopausia plena, informada y con derechos.

15 de octubre de 2026 – Día Internacional de las Mujeres Rurales

El mundo rural no se sostiene únicamente sobre la tierra que se cultiva, los paisajes que se conservan o los recursos que se explotan. El mundo rural se sostiene, fundamentalmente, sobre las personas que lo habitamos, lo trabajamos y lo cuidamos. Y en esa tarea, las mujeres hemos desempeñado históricamente un papel imprescindible, demasiadas veces invisibilizado e infravalorado.

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, reivindicamos que las mujeres no solo hamos contribuido al desarrollo de nuestros pueblos, sino que hemos sido y seguimos siendo protagonistas fundamentales de su riqueza, su cohesión social y su futuro.

Durante generaciones, las mujeres hemos trabajado la tierra, recogido las cosechas, cuidado el ganado, sostenido pequeños negocios y mantenido vivas las economías familiares. Al mismo tiempo, hemos asumido gran parte de los cuidados de la infancia, las personas mayores y dependientes. Un trabajo imprescindible para la sociedad que, demasiadas veces, no figuraba en ninguna nómina ni generaba derechos laborales o independencia económica.

Esta desigualdad tiene una historia que no podemos olvidar. En el campo español, durante buena parte del siglo XX, las mujeres hemos percibido jornales inferiores a los de los hombres. Aunque la igualdad retributiva obtuvo reconocimiento legal en 1970 y quedó recogida en el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras de 1980, la discriminación real se prolongó durante décadas.

Aquellas mujeres no trabajaban menos, ni sus manos producían menos riqueza. Lo que valía menos era su trabajo a los ojos de una sociedad profundamente desigual.

Y aquella injusticia todavía tiene consecuencias. Según datos del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2024, las mujeres representan aproximadamente el 32 por ciento de las personas titulares de explotaciones agrarias en nuestro país. Aunque siempre hemos trabajado el campo, continuamos encontrando obstáculos para acceder a la propiedad, a los recursos productivos y a los espacios de decisión.

Pero hablar del futuro de nuestros pueblos es también hablar de servicios públicos. La despoblación no se combate únicamente con discursos sobre las bondades de vivir en un pueblo. Se combate garantizando escuelas públicas, centros de salud, escuelas infantiles de cero a tres años, atención a la dependencia, transporte público, vivienda y oportunidades laborales. Cada servicio que desaparece supone una dificultad añadida para las mujeres, sobre quienes nos recae mayoritariamente las responsabilidades de los cuidados.

La conectividad constituye otro desafío fundamental. El acceso a internet de calidad y a una cobertura móvil suficiente resulta imprescindible para estudiar, teletrabajar, emprender y acceder a servicios. Pero estar conectadas también significa poder desplazarse, disponer de transporte público y no depender de un vehículo privado para acudir al trabajo, a una consulta médica o a una actividad formativa.

La igualdad territorial también es igualdad de género. El código postal no puede determinar los derechos ni las oportunidades de las mujeres.

Desde nuestra la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, exigimos políticas públicas que sitúen a las mujeres en el centro del desarrollo rural: empleo digno, igualdad salarial, reconocimiento del trabajo agrario, apoyo al emprendimiento femenino, acceso a la tierra, corresponsabilidad en los cuidados y participación real en los espacios de decisión. Reclamamos, además, recursos suficientes para combatir las violencias machistas, especialmente en aquellos territorios donde las distancias y la falta de servicios especializados dificultan el acceso a la protección y la atención.

Defendemos una educación pública de calidad como garantía de igualdad y arraigo, porque cerrar una escuela rural no supone únicamente perder un servicio educativo: significa debilitar las posibilidades de futuro de todo un pueblo.

Este 15 de octubre no queremos limitarnos a rendir homenaje a las mujeres rurales. Queremos exigir que nuestro trabajo deje de ser invisible y que nuestra aportación a la riqueza de nuestros territorios se traduzca en derechos, autonomía económica y oportunidades.

Nuestros pueblos no necesitan mujeres obligadas a resistir. Necesitan mujeres libres para decidir quedarse, marcharse o regresar. Mujeres con derechos, con empleo, con autonomía y con voz propia.

Porque defender a las mujeres rurales es defender la vida de nuestros pueblos. Y defender nuestros pueblos exige garantizar los derechos de las mujeres.

SIN MUJERES NO MUNDO RURAL, SIN DERECHOS NO HAY FUTURO.

Organización de Mujeres de la Intersindical RM
15 de octubre de 2026

Cada 19 de junio conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Una fecha que nos interpela como sociedad y que nos obliga a mirar de frente una de las expresiones más crueles e invisibilizadas de la violencia patriarcal: el uso de la violencia sexual como arma de guerra.

Las violaciones, la esclavitud sexual, los matrimonios forzados, los embarazos impuestos o la trata de mujeres y niñas en contextos de conflicto han sido considerados durante demasiado tiempo efectos colaterales inevitables de la guerra. Pero no lo son. Son estrategias deliberadas de dominación, terror y control. Forman parte de una lógica patriarcal que convierte los cuerpos de las mujeres en territorios de conquista y humillación.

La Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 19 de junio de 2008, representó un paso importante al reconocer que la violencia sexual en los conflictos constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, casi dos décadas después, la realidad sigue siendo devastadora.

Desde Palestina hasta Sudán, desde la República Democrática del Congo hasta Ucrania, pasando por tantos otros conflictos olvidados por los grandes focos mediáticos, miles de mujeres y niñas continúan sufriendo agresiones sexuales que buscan destruir no solo sus vidas, sino también sus comunidades. Las guerras siguen teniendo rostro de mujer. Un rostro marcado por el desplazamiento forzoso, la pobreza, la pérdida de seres queridos y la violencia sexual.

Pero esta realidad no es ajena a nuestras sociedades. La violencia sexual que se manifiesta de forma extrema en los conflictos armados forma parte de un mismo sistema de desigualdad que sostiene las agresiones sexuales, la explotación sexual, la prostitución y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres en tiempos de paz. Las guerras no crean el patriarcado; el patriarcado encuentra en las guerras las condiciones idóneas para desplegarse con toda su brutalidad.

Por ello, hablar de violencia sexual en los conflictos exige una perspectiva feminista. No basta con condenar los crímenes cuando se producen. Es necesario cuestionar las estructuras de poder que los hacen posibles. Hay que denunciar los discursos militaristas que presentan la guerra como una herramienta legítima de resolución de conflictos mientras ignoran su impacto diferencial sobre las mujeres. Y es imprescindible reivindicar el papel fundamental de las mujeres en la construcción de la paz.

Las mujeres no somos solo víctimas. En todo el mundo, las organizaciones feministas y las defensoras de los derechos humanos sostienen redes de apoyo, documentan crímenes, exigen justicia y lideran procesos de reconstrucción social. A pesar de ello, siguen estando infrarrepresentadas en las mesas de negociación y en los espacios donde se decide el futuro de sus pueblos.

Desde La Organización de Mujeres de la Intersindical Región Murciana exigimos una paz feminista. Una paz que no sea simplemente la ausencia de armas, sino la presencia de derechos, de igualdad y de justicia social. Una paz que sitúe la vida en el centro y que reconozca que no habrá seguridad real mientras las mujeres continúen siendo objeto de violencia y dominación.

Porque los cuerpos de las mujeres no son campos de batalla.

Porque la paz será feminista o no será.

A fecha de mayo de 2026, el mundo enfrenta una alta inestabilidad con más de 130 conflictos armados activos, destacando el genocidio en Gaza como punto crítico. Otros conflictos relevantes incluyen Ucrania, Sudán, la inestabilidad en el Sahel y tensiones en el mar Rojo.

En contextos bélicos asociado a desplazamientos forzosos y crisis humanitaria, se produce un colapso del sistema sanitario y de la protección social en que mujeres y niñas se enfrentan a diario a formas específicas de violencia. Este es el caso de las mujeres iranís, sudanesas y palestinas, donde la situación de apartheid y genocidio comporta un sufrimiento continuado y sistemático.

Sin embargo, aún en las situaciones más extremas, las mujeres no sólo son víctimas, pues la resiliencia sigue escribiéndose en femenino: reconstruyendo el tejido social, y sosteniendo a familias y comunidades, a la vez que defienden sus derechos, como activistas, trabajadoras humanitarias, profesionales de la información, sanitarias, docentes.

En Irán las mujeres luchan contra el apartheid de género y la exigencia de libertades civiles, en Palestina y Sudán se subraya su papel crucial en la supervivencia económica y social frente a conflictos devastadores. A través del activismo y la educación, estas mujeres lideran movimientos de resistencia y transformación política en sus respectivas regiones, moviéndose en la dualidad entre el sufrimiento extremo provocado por la violencia estatal y la capacidad inquebrantable de las mujeres para reconstruir el tejido social. A continuación se detalla la situación en algunas de las regiones actualmente inmersas en sangrientas conflagraciones:

IRÁN:

En Irán, las mujeres viven bajo lo que los expertos denominan un «apartheid de género», caracterizado por una discriminación estructural legalizada que las considera inferiores en cuestiones de divorcio, custodia o herencia.

A esta situación se suma una represión brutal y violencia de estado que incluye tortura, violencia sexual, detenciones y castigos por el incumplimiento del uso obligatorio del velo (hiyab), agravada además por la reciente escalada militar niciada el 28 de febrero de 2026, a raíz de la cual las fuerzas de seguridad han intensificado la represión contra mujeres que desafían las normas, reportándose más de 496 mujeres muertas y 4,000 heridas hasta abril de 2026.

Se estima que hasta 1.6 millones de mujeres y niñas han sido desplazadas internamente en Irán debido a las operaciones militares. El desplazamiento aumenta exponencialmente el riesgo de violencia de género, explotación y abuso.

A pesar de la represión letal, las mujeres iraníes desde el movimiento «Mujer, Vida, Libertad»son el rostro principal y el núcleo de la movilización política y social, desafiando abiertamente al régimen de los ayatolás y exigiendo democracia en las calles y pagando con sus propias vidas.

SUDÁN:

En el marco de la guerra iniciada en Sudán en 2023, las mujeres y niñas sudanesas viven entre la violencia atroz y el empoderamiento. Son el blanco de una violencia física y sexual sistemática (como violaciones y esclavitud sexual), utilizada por facciones armadas como táctica para aterrorizar y controlar a la población.

Además, conforman más de la mitad de los 12 millones de personas desplazadas en el país. Sin embargo, ante el vacío del Estado, han asumido un liderazgo vital creando redes de ayuda humanitaria llamadas «salas de respuesta», proveyendo alimento, refugio y apoyo a sus comunidades.

La guerra ha destruido los medios de vida, forzando a las mujeres a asumir roles económicos intensos en medio de la inseguridad alimentaria y trabajos de alto riesgo Muchas mujeres arriesgan sus vidas para cultivar, conseguir leña o buscar agua para sus familias, a menudo enfrentando ataques mientras realizan estas tareas cotidianas.

Aunque son el motor de la supervivencia civil y arriesgan sus vidas a diario para conseguir recursos básicos, han sido sistemáticamente excluidas de las negociaciones de paz formales.

En resumen, las mujeres en Sudán están atrapadas entre ser el objetivo principal de la violencia destructiva de la guerra y la fuerza principal que sostiene la vida y la resistencia comunitaria.

PALESTINA:

Ante el genocidio que sufre su pueblo encontramos a la mujer palestina: entre la resiliencia, la resistencia y la lucha por la autodeterminación.

Desde principios del siglo XX (con hitos como el Congreso de Mujeres Árabes de 1929 y la huelga de 1936), el feminismo palestino ha priorizado la lucha anticolonial y la supervivencia nacional por encima de las reivindicaciones estrictamente de género. Sucesos como la Nakba de 1948 y las Intifadas consolidaron a la mujer como el pilar económico y emocional frente a las agresiones del sionismo.

Aunque a partir de los años 80 se crearon espacios de empoderamiento y educación con el apoyo de la UNRWA, el ascenso del gobierno de Hamas y la creciente influencia de corrientes conservadoras impusieron leyes basadas en la sharía, limitando fuertemente las libertades de las mujeres.

La ofensiva iniciada en octubre de 2023 ha provocado la destrucción casi total del tejido socioeconómico, forzando al desplazamiento del 75% de la población. Dos años y medio después, bajo un «falso alto el fuego» y sin acceso de ayuda de organismos internacionales, la población vive en modo de supervivencia perpetuo.

El impacto en la salud de la mujer está siendo devastador pues enfrenta violencias y penurias específicas y extremas. La falta de productos de higiene menstrual y el hacinamiento han duplicado las infecciones cutáneas. El colapso del sistema sanitario las obliga a someterse a cesáreas sin anestesia, triplicando el riesgo de muerte en el parto.

Además, sufren un grave trauma de salud mental (un miedo y estrés que «nunca cesa») al cargar en solitario con la responsabilidad de la supervivencia de sus familias y bebés.

En Cisjordania, muros y puntos de control (la «arquitectura del apartheid») impiden la vida normal y el acceso a la salud y educación. A esto se suma el uso de la violencia de género, sexual y digital como castigo colectivo y arma de guerra, todo ello enmarcado en una lucha diaria, que transita entre la defensa de la vida en condiciones extremas y la reivindicación de sus derechos. Siendo la mujer el motor de esperanza y supervivencia de toda la comunidad.

A pesar de vivir en condiciones límite, la sociedad palestina mantiene una tasa de alfabetización superior al 95%. Las mujeres actúan como las principales transmisoras de la cultura (musical, pictórica y oral) y defienden firmemente la educación como su mayor forma de resistencia positiva.

En definitiva, en los tres contextos, las mujeres logran trascender su vulnerabilidad para convertirse en agentes indispensables de cambio, activismo y defensa de los Derechos Humanos de sus respectivos países, algo que ponemos en valor desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical en el día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.

La visibilidad lésbica sigue siendo una asignatura pendiente en una sociedad que presume de derechos mientras mantiene intactas muchas de las estructuras que nos silencian. Y si esto es evidente en el ámbito social, aún lo es más en el mundo del trabajo.

Desde una perspectiva sindicalista, la invisibilidad de las lesbianas no es casual: es funcional. El sistema productivo se sostiene sobre desigualdades estructurales que atraviesan el género, la clase y también la orientación sexual. Las mujeres lesbianas sufrimos una doble opresión: por ser mujeres en un mercado laboral precarizado y por no encajar en la norma heterosexual que sigue marcando las relaciones sociales, laborales e institucionales.

¿Cuántas trabajadoras no se atreven a hablar de su vida personal en el trabajo? ¿Cuántas tienen que esquivar preguntas, ocultar parejas o soportar comentarios disfrazados de humor? La lesbofobia no siempre se presenta de manera explícita; a menudo es sutil, cotidiana, estructural. Está en las promociones que no llegan, en los silencios incómodos, en la falta de referentes, en el miedo a perder el puesto de trabajo.

Ante esto, el sindicalismo no puede ser neutral. O está al lado de la diversidad y la justicia social, o se convierte en cómplice del sistema que dice combatir. Incorporar la realidad de las mujeres lesbianas en la agenda sindical no es una cuestión accesoria, es una exigencia de coherencia. Es necesario negociar protocolos contra la discriminación, impulsar planes de igualdad que incluyan la diversidad afectivosexual, garantizar espacios de trabajo seguros y libres de LGTBIfobia, y sobre todo, dar voz a las trabajadoras que históricamente han sido silenciadas.

Pero también hay que ir más allá de las medidas formales. La transformación real pasa por cuestionar el modelo laboral que precariza nuestras vidas. Las mujeres lesbianas, como tantas otras, sostenemos la vida en condiciones cada vez más duras: contratos temporales, salarios bajos, jornadas interminables y una conciliación que sigue siendo una ficción. La lucha por la visibilidad no puede desligarse de la lucha por unas condiciones de vida dignas.

Reivindicarnos visibles es también reivindicarnos organizadas. Es construir espacios colectivos donde compartir experiencias, tejer redes y generar poder. Es entender que nuestra realidad no es una cuestión individual, sino política. Y que solo desde la acción colectiva podremos transformarla.

Este 26 de abril no queremos solo ser visibles. Queremos ser escuchadas, respetadas y con derechos reales. En las calles y en los centros de trabajo. Porque sin las mujeres lesbianas, no hay ni feminismo completo ni sindicalismo transformador.

Desde el àrea LGBTQIA+ y la Organización de Mujeres de Intersindical Región Murciana lo tenemos claro: no dejaremos nunca a ninguna trabajadora atrás, sea cual sea su orientación sexual. La defensa de los derechos laborales solo es real si es inclusiva, si reconoce todas las realidades y si combate cualquier forma de discriminación. Porque la igualdad no admite excepciones, y la dignidad tampoco.

La visibilidad no es un gesto. Es una herramienta de lucha.

Cada 25 de abril se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, una fecha que trasciende lo simbólico para situar en el centro un reto clave de nuestro tiempo: garantizar que las niñas no solo accedan al entorno digital, sino que participen activamente en su construcción.

En un contexto global marcado por una aceleración tecnológica sin precedentes —inteligencia artificial, automatización, digitalización de la vida cotidiana—, la desigualdad en el acceso y participación en las TIC no es una cuestión menor. Es una cuestión de justicia social, de equidad y de futuro.

Uno de los pilares de esta conmemoración es el fomento de vocaciones tecnológicas. A día de hoy, las niñas siguen estando infrarrepresentadas en estudios vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esta realidad no responde a una falta de capacidad, sino a condicionantes sociales, culturales y educativos que siguen operando desde edades tempranas. Romper con estos estereotipos exige una intervención decidida desde el sistema educativo, visibilizando referentes femeninos, diversificando los modelos de éxito y generando experiencias de aprendizaje que conecten a las niñas con la tecnología desde una perspectiva cercana y significativa.

Pero no basta con el acceso. Este día también pone el acento en el empoderamiento y el liderazgo. Es imprescindible que las niñas no sean únicamente usuarias de tecnología, sino también creadoras, diseñadoras y líderes en el ámbito digital. La presencia de mujeres en espacios de decisión tecnológica sigue siendo limitada, y esta ausencia tiene consecuencias directas en el tipo de herramientas, plataformas y entornos digitales que se desarrollan. Incorporar la mirada de las mujeres no es solo una cuestión de representación: es una garantía de diversidad, de innovación y de justicia.

La propia evolución de esta efeméride, a través de sus temas anuales, evidencia la complejidad del reto. Cuestiones como el acceso, la seguridad en línea o el liderazgo reflejan que la brecha digital de género no se limita al uso de dispositivos, sino que abarca aspectos más profundos: desde la confianza en el entorno digital hasta la protección frente a riesgos específicos que afectan especialmente a niñas y jóvenes. Garantizar un uso seguro, crítico y responsable de la tecnología es, por tanto, una tarea educativa ineludible.

A nivel internacional, se desarrollan múltiples iniciativas —talleres, programas formativos, experiencias tecnológicas— orientadas a despertar vocaciones y reducir esta brecha. Sin embargo, estas acciones deben ir acompañadas de políticas públicas estructurales que aseguren su continuidad y su impacto real. No podemos depender de acciones aisladas o voluntaristas para abordar un problema que es sistémico.

Desde la Intersindical defendemos que el sistema educativo debe asumir un papel protagonista en este proceso. Esto implica dotar a los centros de recursos, formación específica para el profesorado y un enfoque coeducativo real que atraviese todas las áreas y etapas. La tecnología no puede enseñarse al margen de la igualdad, ni la igualdad puede abordarse sin tener en cuenta el papel central de la tecnología en nuestras vidas.

Garantizar una educación pública, equitativa y de calidad es clave para que todas las niñas, independientemente de su contexto, puedan desarrollar sus competencias digitales y acceder a oportunidades en este ámbito.

Reducir la brecha de género en el entorno digital no es solo una cuestión de números. Es garantizar que las niñas y las mujeres puedan utilizar la tecnología de manera segura, crítica y productiva, que puedan decidir sobre ella y que tengan un papel activo en su evolución.

Este 25 de abril, desde Intersindical Región Murciana, reafirmamos nuestro compromiso con una educación que impulse vocaciones tecnológicas, que promueva el liderazgo femenino y que contribuya a construir un entorno digital más justo e igualitario.

Porque el futuro digital no puede construirse sin ellas.
Y porque la igualdad también se juega en el terreno de la tecnología.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 1988 el 30 de marzo como el día internacional de las trabajadoras del hogar. Esta fecha conmemorativa busca visibilizar, revalorizar y reivindicar los derechos laborales del sector doméstico, que enfrenta altos niveles de precariedad, invisibilidad y riesgo de abusos.

Datos INE. Periodo 2025T4

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, en España trabajan aproximadamente 550.000 personas en el empleo doméstico. De ellas, unas 370.000 están dadas de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar. Esto implica que entre un 30 % y un 35 % del empleo doméstico está en situación irregular.

El sector está muy feminizado (95-97 % mujeres), la mayoría tiene más de 45 años (60 %) y aproximadamente un tercio son trabajadoras extranjeras. Además, es un sector con alta informalidad y salarios por debajo de la media.

En cuanto a la ocupación, los datos exactos varían según la fuente (EPA, Seguridad Social o estimaciones sindicales), porque mucho trabajo doméstico no está declarado. Aproximadamente, las empleadas del hogar afiliadas representan entre el 1,8 % y el 2 % del total de afiliación en España. Esto implica que la mayor parte del empleo doméstico se realiza sin cotización o en economía sumergida.

Por tanto, y teniendo en cuenta la tasa de paro femenina actual en alrededor del 12,5 %, este sector se relaciona mucho con el paro femenino, porque muchas mujeres entran en el servicio doméstico cuando tienen dificultades para acceder a otros empleos.

Avances

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en 2011 por primera vez un convenio (189) en el que se recogían los derechos básicos de este tipo de empleadas en materia derecho a conocer los términos de empleo, acceso a prestaciones, incluida la cobertura por maternidad, la  limitación de horas de trabajo, medidas contra el acoso, violencia y abusos, y descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas y pago de horas extras.

En España, tras su ratificación en 2022, se han equiparado derechos, eliminando el despido por «desistimiento» y permitiendo el acceso a la prestación por desempleo. Se ha impulsado la necesidad de adecuar la legislación interna para mejorar la prevención de riesgos laborales y la protección ante el despido.

Igualmente, en España, en los últimos años, se han producido diversos adelantos en materia laboral, el último a través del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

Este Real Decreto recoge entre algunas de sus medidas más importantes: la prestación por desempleo a las empleadas del hogar, derecho a una indemnización por desempleo, cuya cuantía debe ser equivalente al salario correspondiente a doce días por año de servicio, con el límite de seis mensualidades o el preaviso en caso de extinción del contrato, como mínimo, de veinte días desde que se le comunique a la persona trabajadora, entre otras circunstancias.

Asimismo, el Real Decreto 893/2024, que entró en vigor el 12 de septiembre de 2024 exige evaluar riesgos laborales en el servicio del hogar familiar. Esta medida supone un paso importante hacia la equiparación de derechos con otros sectores, históricamente negados en el trabajo doméstico.

Sin embargo, su aplicación también evidencia que este avance es, en parte, más formal que efectivo. La implementación recae en empleadores particulares (familias), lo que introduce un problema clave: la dificultad de trasladar obligaciones empresariales a un entorno privado. Esto genera tensiones entre el cumplimiento legal y la capacidad real de los hogares para asumir estas responsabilidades, tanto por desconocimiento como por falta de recursos.

A día de hoy, aún no se han desarrollado elementos clave como formación específica, protocolos contra el acoso o guías técnicas. Esto sugiere que la política está incompleta, lo que limita su impacto real en la mejora de las condiciones laborales.

Esto implica que una parte importante de las trabajadoras queda fuera de cualquier protección, por lo que la medida, aunque positiva, no alcanza a quienes más lo necesitan.

La igualdad no se decreta: se garantiza

El problema ya no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad para hacerlas cumplir. Sin acción real, la dignidad de las empleadas del hogar seguirá siendo una deuda pendiente. El empleo doméstico sigue siendo uno de los ejemplos más claros de desigualdad de género estructural en el mercado laboral. Aunque en los últimos años se han reconocido derechos largamente negados, la realidad demuestra que estos avances son, en gran medida, insuficientes mientras la mayoría de las trabajadoras continúe en la economía sumergida.

No basta con legislar cuando cerca del 80 % del sector permanece fuera del sistema. Hablar de equiparación de derechos resulta una ficción. La falta de control efectivo, la dificultad de aplicar la normativa en los hogares y la ausencia de medidas prácticas convierten muchos de estos logros en declaraciones formales sin impacto real.

Además, el carácter profundamente feminizado y precarizado del sector evidencia que no estamos solo ante un problema laboral, sino ante una cuestión de justicia social y de género. El trabajo doméstico sigue infravalorado porque lo realizan mayoritariamente mujeres, muchas de ellas migrantes, en condiciones de escasa protección.

Por todo ello, es urgente pasar del reconocimiento simbólico a la acción real: aflorar el empleo oculto, reforzar la inspección, facilitar el cumplimiento a las familias empleadoras y dignificar social y económicamente este trabajo esencial. Sin voluntad política y medidas efectivas, la igualdad seguirá siendo una promesa incumplida.

2026 ARRANCA CON UNA PREOCUPANTE ESCALADA DE CRÍMENES MACHISTAS Y VIOLENCIA VICARIA

A fecha de marzo de 2026, se han confirmado al menos 14 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Solo en los primeros diez días de enero, tres mujeres ya habían perdido la vida. La violencia machista ha dejado ya a diez niñas y niños huérfanos en este periodo.

El arranque de 2026 se sitúa como el peor desde que hay registros en violencia vicaria. Hasta el 23 de marzo, tres menores han sido asesinados por sus padres, igualando ya la cifra total de todo el año 2025 en apenas tres meses.

En 2026 se ha registrado un fuerte incremento de asesinatos de mujeres que ya habían denunciado previamente, alcanzando hasta un 63% de fallos en el sistema de protección en ciertos periodos evaluados.

A finales de 2025, el Sistema VioGén gestionaba más de 103.000 casos activos, con cerca de mil mujeres en riesgo alto o extremo.

Estos crímenes no son hechos aislados, sino un problema estructural que requiere de prevención, educación y sensibilización constante.

El auge de los discursos de extrema derecha y el negacionismo institucional están actuando como un catalizador que debilita la protección de las víctimas. Los discursos que ridiculizan el feminismo generan un entorno de desconfianza que frena a las mujeres a la hora de pedir ayuda 

Pasemos a la ofensiva: No solo hay dolor, hay una exigencia colectiva de soluciones que vayan más allá de los minutos de silencio. Exigimos que los fondos y recursos no dependan del color político del gobierno de turno, evitando que la entrada de la extrema derecha en las instituciones suponga el cierre de centros de acogida, la eliminación de concejalías de igualdad o la parálisis de los Planes de Igualdad.

Hay que Reformar urgentemente la Evaluación de Riesgo (VioGén). Ante el alto porcentaje de mujeres asesinadas que ya habían denunciado, exigimos que la valoración del riesgo no sea un frío cuestionario informático, sino que incluya una escucha activa y peritajes psicológicos profundos. Que cualquier indicio de violencia machista suspenda automáticamente el régimen de visitas, aplicando de forma estricta el principio de que «un maltratador nunca es un buen padre»

Exigimos la implantación de la educación en igualdad en todas las etapas escolares. Además, combatir la manosfera (comunidades digitales que promueven el odio a la mujer) mediante campañas de alfabetización digital y pensamiento crítico.

Acabar con la justicia patriarcal que aún emite sentencias basadas en estereotipos. Formación obligatoria y continua para jueces, policías, personal sanitario y trabajadores sociales para que detecten las señales de violencia machista y vicaria  y actúen en consecuencia antes de que sea tarde.

Exigimos entornos seguros donde las mujeres puedan denunciar o alertar sin miedo, rompiendo el aislamiento que los agresores imponen a las mujeres.

Este repunte no es un fenómeno aislado ni una estadística inevitable; es el síntoma de una sociedad que no puede permitirse el negacionismo ni la indiferencia. Cada cifra tiene un nombre, una historia y un entorno que hoy exige justicia.

No basta con el lamento tras la tragedia. La verdadera respuesta está en el blindaje democrático de nuestros derechos: en las aulas, en los juzgados y en cada conversación donde se intente normalizar el odio. Es hora de pasar de la resistencia a la acción colectiva para asegurar que las instituciones protejan a quienes prometieron cuidar. Porque cuando el silencio se rompe, la impunidad se acaba. 

NI UNA MENOS, NI UN PASO ATRÁS.

El Patronato de Protección a la Mujer fue una herramienta del Estado durante la dictadura franquista para controlar la vida de miles de jóvenes que no encajaban en el modelo social impuesto. Bajo el pretexto de la “protección”, muchas fueron encerradas, sometidas a explotación laboral y humilladas por ejercer su autonomía o por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Lejos de proteger, este sistema funcionó como un mecanismo de represión moral e institucional sostenido por la colaboración entre el Estado y órdenes religiosas vinculadas a la Iglesia Católica. No fueron hechos aislados, sino una política estructural de control sobre sus vidas, sus decisiones y sus cuerpos.

Por eso hoy es imprescindible expresar, de forma clara y colectiva, un profundo agradecimiento a todas aquellas mujeres que soportaron el Patronato. Gracias por su resistencia, por su dignidad frente a la humillación, por haber sobrevivido al silencio impuesto y por mantener viva una memoria que durante demasiado tiempo fue ignorada. Su valentía no solo forma parte de su historia personal: es parte de la historia democrática de nuestro país.

Reconocer lo que vivieron no es solo un acto de memoria, es un acto de justicia. Su testimonio nos obliga a seguir reclamando verdad, responsabilidad y reparación frente a una violencia institucional que nunca debió existir. Su memoria es hoy una referencia ética imprescindible para construir una sociedad más justa, más libre y más consciente.

Vuestra valentía es nuestra historia y vuestra memoria es nuestra libertad.