Los reclamos fueron encabezados por Roger Núñez Borda, presidente del barrio Laguna Temporal, quien cuestionó las decisiones de la autoridad municipal y de la Gerencia de Desarrollo Económico, además, pidió que los trabajos del proyecto PIAA se realicen respetando cada etapa y sin acelerar la ejecución.

El dirigente explicó que la obra comprende excavaciones, instalación de tuberías y conexiones, por ello, consideró que estos trabajos necesitan tiempo y control, “nosotros como vecinos nos preocupa la ejecución de este trabajo, que tenga que hacerse bien”, señaló, ante el temor de una posible mala ejecución.

Los vecinos también cuestionaron que la Feria de la Integración Andina continúe realizándose en el sector, pese a pedidos anteriores para cambiar su ubicación, según señalaron, la actividad no les deja beneficios ni mejoras para el barrio, mientras genera preocupación por la presencia de personas, carpas y problemas de limpieza.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron al alcalde y a las gerencias municipales trasladar la feria a otro espacio, incluso mencionaron la avenida Andrés Avelino como una alternativa, con el objetivo de permitir que la obra del PIAA avance sin interrupciones y concluya en buenas condiciones.

Los moradores también expresaron su preocupación por los efectos que deja la feria en el barrio, entre ellos la delincuencia y la falta de servicios adecuados, por ello, insistieron en que existen otros lugares donde podría realizarse la actividad y pidieron que las autoridades tomen en cuenta su pedido.

El dirigente explicó que el proyecto se arrastra desde el año 2023, sin avances concretos, y que la población ya se cansó de tantas promesas incumplidas por sucesivas gestiones regionales.

«Ya nos hemos cansado de tantas promesas incumplidas», declaró Chayo Ticona ante representantes del Gobierno Regional, quienes se comprometieron a evaluar el pedido, sin embargo, este proyecto pasaría para la siguiente gestión.

Un cruce que separa a dos pueblos desde hace décadas

El proyecto se ejecutará por obras por impuestos, aunque la empresa encargada aún no está definida, y el proceso continúa en etapa de evaluación hasta noviembre próximo, lo cual no convence a la población de Pilcuyo.

Pilcuyo e Ilave permanecen separados pese a la cercanía, y los pobladores deben dar una vuelta de entre 25 y 30 kilómetros, o cruzar en botes y balsas improvisadas, perjudicando así el desarrollo para ambas localidades.

En época de sequía, los comuneros cruzan caminando y descalzos por el lecho del lago, mientras que en época de crecida el paso se vuelve imposible para las familias, por ello exigen acelerar el proyecto.

Con el puente construido, el cruce se reduciría de una hora y media o dos horas de viaje a solo cinco o diez minutos entre ambos distritos, por ello la población de Pilcuyo espera que la actual gestión encamine el proyecto para que sea ejecutado en el menor tiempo posible.

Gustavo Vilca, presidente de la Federación de Comerciantes del mercado Las Mercedes, señaló que la obra debía comenzar a mediados de julio, aunque el compromiso inicial del alcalde era iniciar los trabajos en abril, por ello, pidió que la ejecución directa del municipio no quede abandonada.

Vilca explicó que las calles abiertas generan dificultades para comerciantes, transportistas y población, además, señaló que actualmente se registra congestión vehicular en sectores como el óvalo y la salida Cusco, donde el tránsito se vuelve complicado por los trabajos que se realizan.

El dirigente también cuestionó que varias obras se ejecuten cerca de la salida de la actual gestión municipal, mientras tanto, otro representante del mercado indicó que los trabajos avanzan lentamente y recordó que el ingeniero responsable fue cambiado recientemente, lo que habría permitido retomar el avance de la obra.

Según los dirigentes, la obra tiene un plazo proyectado de tres meses, equivalente a 90 días, sin embargo, expresaron su preocupación por que podría quedar inconclusa y afectar a los comerciantes durante la temporada de lluvias, cuando el terreno podría convertirse en barro y dificultar sus actividades.

Los representantes también señalaron problemas con el comercio ambulatorio en los alrededores del mercado, especialmente en la avenida Sol, y pidieron una mejor coordinación entre la Gerencia de Comercialización, la Policía Municipal y los órganos encargados de controlar esta actividad, además, advirtieron que la obra podría perjudicar las actividades por el aniversario del mercado.

Macedo explicó que la política del ministro busca priorizar la atención en el nivel primario y preventivo, mediante la digitalización de procedimientos en el sector salud, lo que la región saluda como un avance necesario.

«No considero que haya sido directamente a que se limiten este tipo de inversiones, como es nuestro hospital Manuel Núñez Butrón», señaló el funcionario, remarcando la diferencia de niveles de atención en el sistema de salud.

Nivel especializado y comparación con otras regiones

El gerente sostuvo que existen brechas por cerrar en el nivel especializado, considerando que la población adulta mayor será la más numerosa en los próximos 15 a 20 años, lo que según el gerente exige las políticas públicas.

El hospital tendrá una cartera de servicios de nivel 3 – I en un 60%, lo que evitaría que los pacientes sean referidos a ciudades como Arequipa y Lima para recibir atención especializada de mayor complejidad.

Macedo citó como referencia al hospital Goyoneche de Arequipa y al Antonio Lorena del Cusco, construidos bajo la misma modalidad de asociación con el gobierno francés, y que ya brindan un servicio de tipo mixto a la población.

Convenio con Francia continúa sin alteraciones

El funcionario indicó que la comunicación con el Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, unidad ejecutora del proyecto, es constante, y que la dirección de dicha entidad se mantiene sin cambios pese al nuevo gobierno.

«Tenemos la decimosegunda adenda en ejecución entre el gobierno peruano y el gobierno francés, entonces no hay ninguna alteración», afirmó Maceo, descartando cualquier modificación al convenio vigente.

El gerente concluyó que el anuncio ministerial apunta a reforzar la infraestructura del primer nivel de atención en el futuro, sin que ello implique un cambio en la ejecución del hospital regional de Puno.

Una vivienda multifamiliar concentra a más de seis familias, quienes aseguran que la inundación empezó hace más de una semana, además, señalaron que presentaron un primer escrito el 3 de agosto ante Seda Juliaca para pedir el desatoro del buzón principal ubicado en el óvalo Salida a Cusco.

“Hay un olor nauseabundo, podemos observar acá ese excremento, esta situación nos ocasiona graves riesgos a nuestra salud”, expresó uno de los vecinos, quien explicó que en el lugar viven niños, ancianos y mascotas, mientras las aguas también ingresaron a una de las habitaciones.

Los vecinos indicaron que el agua servida llegó a una altura de entre 10 y 15 centímetros, por ello colocaron tablas, piedras y otros elementos para poder caminar, además, señalaron que el nivel baja durante la noche, pero vuelve a subir durante el día.

El problema también afecta a un restaurante y una pollería de la cuadra, cuyos negocios dejaron de funcionar debido a la presencia de aguas servidas, ante esta situación, los vecinos acudieron personalmente a Seda Juliaca y afirmaron que recibieron el compromiso de una intervención.

Los afectados pidieron que Seda Juliaca desatore el buzón y mejore sus canales de comunicación virtual, además, cuestionaron que el mantenimiento de los buzones se realice principalmente después de los reclamos, mientras las familias continúan expuestas a residuos fecales y malos olores.

La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito realizó un operativo a farmacias de la ciudad de Puno, junto con miembros de la Policía Nacional del Perú y personal de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID), y hallaron en la farmacia de la sentenciada productos médicos y sanitarios vencidos y con fecha de vencimiento adulterada.

Entre los productos incautados se encontraron test de embarazo cuya fecha de expiración había sido alterada en el año, cambiando 2023 por 2028, y también se halló una variedad de productos sanitarios almacenados para su comercialización con fecha vencida, por lo que se comunicó a la Fiscalía Penal de turno para que actúe conforme a sus atribuciones.

Los productos médicos y sanitarios no se encontraban en el área correspondiente a productos expirados, sino que estaban almacenados dentro del establecimiento que se encarga de la venta al público, lo que demostraba que la farmacéutica los mantenía a la vista de los clientes para su comercialización.

El Juzgado encontró a Ether A.R. autora del delito contra la salud pública en su modalidad de contaminación y propagación, en su forma de comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado, en agravio del Estado peruano representado por el procurador público del Ministerio de Salud.

La sentencia de cuatro años de pena privativa de libertad se impuso luego de la actuación de los medios probatorios en juicio oral, y marca un precedente en la lucha contra la venta de productos médicos y sanitarios vencidos o adulterados en farmacias de la ciudad de Puno.

Los delincuentes ingresaron a una cantera distante de la residencia de obra, redujeron a los vigilantes portando armas y sustrajeron partes de dos maquinarias, entre ellas una excavadora y accesorios diversos.

El gobernador Hancco Soncco declaró: «lamentablemente ahí las dos personas que estaban custodiando han sido sometidas por personas que portaban ya armas», y descartó un autor robo en la obra.

Antecedentes de inseguridad en obras regionales de Puno

El Gobierno Regional de Puno registra un patrón repetido: en 2025, delincuentes sustrajeron equipos en otras zonas remitiendo la misma modalidad en donde también amarraron al cuidante de la obra, según el gobernador.

El gobernador confirmo que, del total de pérdidas, un vehículo pertenecía a la empresa contratista y otro a la Gerencia Regional Agaria, este último sin cobertura de seguro, por lo que la entidad regional asumiría directamente la reposición.

Los vigilantes agredidos, contratados bajo la costumbre local de que pobladores cuiden las obras, quedaron expuestos ante delincuentes armados, sin personal de seguridad especializado que los respaldara durante el ataque.

Medidas anunciadas y contexto administrativo paralelo

El Gobierno Regional dispuso la denuncia correspondiente el mismo día del hecho, mientras las diligencias buscan esclarecer la sustracción y determinar responsabilidades dentro de la obra, adelantó el gobernador.

Hancco Soncco anunció que las obras alejadas contratarán personal armado de manera preventiva, pues «ya no es la primera vez que nos pasa», recordando el precedente en el 2025.

Comparación de riesgos y proyecciones para las obras viales

A diferencia de las demas sustracciones, donde solo se reportó robo, Arapa-Achaya concentra dos denuncias simultáneas, evidenciando debilidades de control tanto en seguridad física como en gestión administrativa de la obra.

La dispersión geográfica de las obras regionales, sumada a la falta de seguros en maquinaria propia de la Gerencia Regional Agraria, lo cual incrementa la vulnerabilidad económica ante nuevos ataques armados similares.

Las investigaciones fiscales por el robo y la reposición de equipos definirán responsabilidades, mientras el Gobierno Regional evalúa contratar seguridad armada permanente en las obras viales más alejadas.

Según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, esta obra tiene un presupuesto de 6 216 874 soles para este año, sin embargo, de esa cantidad solamente han gastado 2 207 112 soles, lo que muestra un avance financiero muy bajo para una vía que conecta Achaya y Arapa.

La obra vial se ejecuta con el Fondo de Compensación Regional FONCOR y actualmente está en ejecución física, y en el sistema de seguimiento de inversiones del MEF se pueden visualizar algunos contratos de servicio para la ejecución de la obra con varias empresas.

Entre los contratos figuran M y M Contratistas e Inversiones por 318 183 soles, Consorcio Huáscar por 242 000 soles, Contratas Generales Antares Perú por 286 000 soles y Grifo Servicentro Nueva Delhi por 911 988 soles, según el registro del Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabe indicar que un acto delictivo sucedió en el sector Iscayapi del distrito de Arapa, donde delincuentes armados se habrían apoderado de autopartes y accesorios de maquinarias pesadas que prestaban servicios a la obra del asfaltado de la carretera Arapa–Achaya, y de manera extraoficial se sabe que fueron tres maquinarias afectadas, dos excavadoras y un cargador frontal, todas de marca Caterpillar.

Asimismo, se denunció que el residente de obras estaría involucrado en un conflicto de intereses al alquilar a la obra una unidad vehicular que pertenecería a un familiar cercano, caso que el gobernador Richard Hancco dijo que tomará en cuenta para las investigaciones correspondientes en esta obra que ejecuta el Gobierno Regional de Puno.

El director regional de Salud Puno, médico cirujano Oscar Coaquira Arias, dispuso en el artículo segundo de la resolución la designación del médico cirujano Juan Carlos Espinoza Mamani en el cargo de Director Ejecutivo de Salud de las Personas de la DIRESA Puno.

El cargo corresponde al CAP-P N.° 0192, nivel F-4, clasificado como cargo de confianza, y la designación tiene vigencia a partir del 10 de agosto de 2026 hasta que la autoridad administrativa competente lo determine, además el nuevo director también cumplirá funciones del SAMU Puno.

La resolución dispone la notificación a los interesados y la publicación del documento en la página web institucional de la DIRESA Puno, en cumplimiento de los procedimientos administrativos que exige la normativa vigente para este tipo de designaciones en el sector salud.

Con esta designación, la Dirección Regional de Salud de Puno reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la gestión en salud para brindar una atención de calidad a toda la población de la región, especialmente en los servicios de salud de las personas.

Juan Carlos Espinoza Mamani asume así uno de los cargos ejecutivos más importantes de la DIRESA Puno, donde tendrá a su cargo la gestión de los servicios de salud dirigidos a la población puneña, en coordinación con las diferentes redes y microredes de salud de la región.

Según la información recogida en el lugar, los presuntos delincuentes aprovecharon que los propietarios no estaban en la vivienda para violentar la chapa de la puerta principal, además, rompieron una pequeña ventana del primer nivel y otra del segundo piso para intentar ingresar a las habitaciones.

Sin embargo, el sistema de alarma de una cámara de videovigilancia se habría activado y alertado a los vecinos, situación que aparentemente frustró el robo, ante ello, los sujetos habrían intentado evitar ser registrados y una de las cámaras terminó dañada durante su huida.

Tras abandonar el inmueble, los presuntos delincuentes habrían realizado varios disparos al aire antes de escapar con rumbo desconocido a bordo de una camioneta blanca, mientras vecinos y familiares señalaron que los sujetos habrían sustraído una mochila, aunque todavía no se conoce qué contenía.

Agentes de Serenazgo Municipal llegaron al jirón Huallata tras recibir la alerta y encontraron aproximadamente cinco casquillos de bala en las inmediaciones, posteriormente, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y recoger evidencias.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables, mientras los vecinos permanecen preocupados por este nuevo episodio de inseguridad registrado en la urbanización Central Volante de Juliaca.

Yana Pari señaló que desde antes de las elecciones sabían que, si ganaba el fujimorismo, Fuerza Popular iba a actuar como opositor y antilaboralista, como ya lo hizo en el período anterior, y que por eso a nivel nacional están en coordinación para que el ministro no lleve la demanda al Tribunal Constitucional.

El dirigente indicó que en las últimas movilizaciones los trabajadores mencionaron que el Ejecutivo y el Congreso habían asumido el compromiso de pagar el 100% de la gratificación, pero que al final esto se convirtió en una burla, porque solo programaron la gradualidad en el pago, con un manejo que atribuye a los fujimoristas.

Germán Washington Yana Pari afirmó que están en contra de esta actitud del Poder Ejecutivo y del ministro de Economía y Finanzas, y precisó que ya interpusieron una demanda al Tribunal Constitucional para que se cumpla el 100% de la gratificación, sin gradualidad, porque consideran que esto atenta contra la dignidad del trabajador.

El secretario general de la Federación Regional de Trabajadores CAS Puno indicó que están en coordinación con todas las confederaciones y sindicatos del país, a través de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores CAS, y que ya están viendo qué acciones de lucha tomarán de manera inmediata, porque ven que muchos trabajadores a nivel nacional resultarían perjudicados si no se implementa esta norma.

El dirigente lanzó un mensaje al gobierno y recordó que el presidente de la República tiene un sueldo de 35 000 soles, que los diputados y senadores reciben 15 000 soles solo por la instalación y 25 000 soles de sueldo, además de bonos en el Congreso, mientras muchos trabajadores CAS ganan un sueldo mínimo de 1 130 soles y trabajan 8 horas diarias, 48 horas semanales, descuidando incluso a sus hijos, por lo que pidió conciencia al Ejecutivo frente a esta desigualdad.

El operativo se realizó aproximadamente a las 6:30 de la mañana del domingo 9 de agosto, luego de que la ambulancia de placa EQE-944 dejara al paciente en el Hospital Regional de Ayacucho, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.

Agentes del Grupo Terna intervinieron el vehículo y encontraron inicialmente paquetes tipo “ladrillo” y equipos telefónicos. Durante el registro, los efectivos localizaron en el sistema de aire acondicionado los 69 paquetes con una marca de delfín.

Por este hecho fueron intervenidos Rubén Sáenz Vega (38), conductor de la ambulancia, y Jhonas León Gutiérrez (40), enfermero, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La unidad habría partido del Hospital San Juan de Dios de Kimbiri, en la provincia cusqueña de La Convención. La investigación busca determinar la procedencia de la droga y establecer si existen otras personas involucradas en el presunto traslado ilícito.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huamanga, que realiza diligencias como el peritaje del vehículo y el análisis de la sustancia incautada.

Salud Cusco anuncia proceso administrativo

Tras conocerse el caso, la Red de Servicios de Salud Cusco Vraem y el hospital de Kimbiri rechazaron el presunto uso indebido de una ambulancia destinada al traslado de pacientes.

A través de un comunicado, informaron que colaborarán con la Policía y el Ministerio Público y entregarán la información requerida para esclarecer los hechos. Asimismo, anunciaron el inicio de un proceso administrativo disciplinario contra los involucrados, sin perjuicio de las investigaciones penales.

La institución señaló que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones.

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Sin embargo, dos alcaldes de Junín recurrieron a un mecanismo que les permitiría volver a competir por sus municipios sin inscribirse inicialmente como candidatos a alcalde.

Se trata de Benito Stany Aguilar Rojas, alcalde de San Jerónimo de Tunán, y Artemio Lapa Pérez, alcalde de Vizcatán del Ene, quienes fueron inscritos como candidatos a primeros regidores en las listas de sus respectivas organizaciones políticas, mientras otras personas encabezaban las candidaturas a la alcaldía.

La maniobra

La estrategia siguió el mismo patrón en ambos distritos. Primero, las organizaciones políticas inscribieron sus listas con un candidato distinto para la alcaldía y con el alcalde en funciones como primer regidor.

Después, una vez admitidas las listas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), los candidatos a alcalde presentaron su renuncia voluntaria e irrevocable, dejando a los candidatos a primer regidor con las posibilidades de regresar al cargo de alcalde. 

En San Jerónimo de Tunán, la lista de Batalla Perú fue admitida con Edmundo Flavio Veliz Sánchez como candidato a alcalde y Benito Stany Aguilar Rojas como primer regidor. Posteriormente, Veliz Sánchez renunció y el JEE de Huancayo aceptó esa dimisión.

En Vizcatán del Ene ocurrió una secuencia similar. Moisés Lapa Pérez renunció a la candidatura a la alcaldía y el JEE de Chanchamayo aceptó esa renuncia, manteniendo vigente la inscripción de la lista de Somos Perú donde el alcalde Artemio Lapa Pérez figura como primer regidor.

En caso de que sus listas ganaran las elecciones, entonces asumirían la alcaldía, incumpliendo la Constitución que impide la reelección. 

Lo que dice la Constitución

La prohibición de reelección inmediata fue incorporada mediante la Ley de Reforma Constitucional N.° 30305, que modificó el artículo 194 de la Constitución para impedir que un alcalde permanezca de manera consecutiva en el cargo.

El texto constitucional señala expresamente:

«Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones», indica el tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución Política modificada.

Aunque los alcaldes no se inscribieron inicialmente como candidatos al mismo cargo, la renuncia de quienes encabezaban las listas abre la posibilidad de que vuelvan a disputar la alcaldía, puesto que al postular como primeros regidores encabezan las listas y de ganar, pueden asumir el cargo de alcalde en reemplazo de su candidato renunciante.

Un fenómeno nacional

El caso de Junín no es aislado.

El colectivo Aklla, en su informe ¿Reelección encubierta? Elecciones Regionales y Municipales 2026: identificó 51 casos con este mismo mecanismo en distintas regiones del país. De ellos, 25 candidaturas ya tienen renuncias aceptadas por los Jurados Electorales Especiales y 26 estaban pendientes al momento del estudio. Junín aparece con dos casos: San Jerónimo de Tunán y Vizcatán del Ene.

Entre los expedientes incluidos en el informe figura el del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuyo caso puso este mecanismo en el centro del debate nacional.

¿Vacío legal o fraude?

Los casos revisados en Junín muestran que el procedimiento seguido en ambos distritos cumple una misma secuencia: el alcalde en funciones se inscribe como primer regidor, otra persona encabeza la lista para la alcaldía y, posteriormente, ese candidato renuncia con la aceptación del Jurado Electoral Especial.

En tanto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, sostiene que el organismo solo aplica la legislación vigente y que cualquier cambio corresponde al Congreso.

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Ante la emergencia, la Compañía de Bomberos Cajamarca N.° 59 desplegó las unidades Rescate I, Rescate II y Cisterna, con personal especializado que viene trabajando para controlar y combatir las llamas.

Por su parte, la Red Integrada de Salud (RIS) Cajamarca declaró en alerta a sus brigadas y mantiene un monitoreo permanente a través del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED). El personal de salud se encuentra preparado para atender a las personas que participan en las labores de control del incendio y evaluar posibles afectaciones ocasionadas por la exposición al humo.

Es por eso que las brigadas de salud han priorizado la atención de niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades respiratorias, debido a que presentan mayor riesgo frente a la contaminación generada por el incendio. Asimismo, se coordinan acciones con autoridades locales e instituciones de respuesta, además de garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos para atender una eventual emergencia sanitaria.

Finalmente, la RIS Cajamarca recomendó a la población evitar la exposición directa al humo, utilizar protección respiratoria cuando sea posible, mantenerse hidratada y seguir las indicaciones de las autoridades.

Con información de Agencia de Noticias Andina

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“Cuando el fuego ya avanzó, las opciones para controlarlo son mucho más limitadas. Por eso, la diferencia está en prevenir, fortalecer las capacidades locales y actuar antes de que el incendio se vuelva incontrolable. Eso significa presupuesto para prevención, brigadas capacitadas y sistemas de alerta que funcionen antes de julio, no solo durante o exclusivamente de manera reactiva”, sostuvo Erick Chuquitapa, economista de REDES. 

¿Por qué persisten las quemas agrícolas? 

En muchas comunidades rurales de nuestra región, el fuego forma parte de la preparación de los terrenos antes de una nueva campaña agrícola. Investigaciones realizadas en las comunidades de Apachaco y Vilcabamba muestran que se trata de una práctica de bajo costo, vinculada a la organización del trabajo y a conocimientos transmitidos por generaciones. Sin embargo, una práctica que en apariencia resulta cotidiana puede convertirse en el punto de partida de incendios de gran magnitud. De hecho, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la quema de residuos agrícolas representa el 35,8% de las causas identificadas de incendios forestales, mientras que la quema de pastizales explica otro 6,2%. 

“El principal desafío consiste en reducir la dependencia del uso del fuego mediante la implementación de alternativas de manejo agrícola que se adapten a las condiciones del campo y fortalezcan la prevención antes del inicio de la temporada seca. Para ello, es necesario ampliar el acceso de los agricultores a tecnologías, asistencia técnica y mecanismos de financiamiento que permitan reemplazar las quemas sin comprometer la productividad”, señaló Chuquitapa. 

La prevención empieza en el territorio 

En 2025, las 15 compañías de bomberos del Cusco fueron implementadas con equipos de protección y herramientas y, además, se adquirieron vehículos de intervención forestal. Pese a estos avances, la especialización para incendios forestales, el equipamiento y la cobertura en zonas alejadas continúan siendo brechas que requieren atención sostenida. De hecho, un diagnóstico del proyecto Amazonía+ identifica la falta de personal con preparación específica para combatir incendios forestales como una de las principales brechas que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) debe superar con urgencia. Sin embargo, apagar los incendios no es tarea exclusiva de los bomberos. Los gobiernos locales son el primer nivel de atención en sus jurisdicciones y deben trabajar con el Gobierno Regional, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Serfor, las brigadas comunales y las compañías de bomberos. Esta articulación es necesaria para identificar zonas críticas, capacitar a la población, mantener operativos los sistemas de alerta y movilizar recursos con rapidez cuando se reporta un foco de fuego. 

“La temporada seca volverá cada año; eso ya lo sabemos. Lo que debe cambiar es nuestra preparación: destinar recursos a la prevención, acercar alternativas productivas a los agricultores y fortalecer a las brigadas y entidades de primera respuesta. Prevenir siempre cuesta menos que enfrentar un incendio fuera de control”, concluyó Chuquitapa.

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En Trujillo, la advertencia no es una especulación. La propia Municipalidad Provincial ha identificado 41 casonas consideradas de alto riesgo, entre ellas algunos templos, luego de evaluaciones realizadas junto con la Dirección Desconcentrada de Cultura. Se trata de inmuebles antiguos que, en algunos casos, permanecen abandonados, presentan deterioro estructural o han tenido que ser apuntalados con soportes provisionales. Ante un movimiento telúrico severo, algunas de estas edificaciones podrían colapsar y convertir calles altamente transitadas en zonas de peligro.

Centro histórico: una trampa mortal

El dato más preocupante es la dimensión del posible desastre. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo estima que entre el 60 % y 70 % del Centro Histórico podría resultar afectado por un sismo de gran magnitud, debido principalmente a la antigüedad de las edificaciones y a la ausencia de reforzamientos estructurales en muchas de ellas. El antecedente reciente de viviendas de adobe que colapsaron durante un sismo de magnitud 5,1 demuestra que la vulnerabilidad de las construcciones antiguas no es una amenaza teórica.

El problema, además, tiene una complejidad que trasciende a la Municipalidad. Muchas de las casonas son propiedades privadas y sus propietarios no realizan trabajos de mantenimiento o reforzamiento. A esto se suma que cualquier intervención en inmuebles patrimoniales debe respetar las características arquitectónicas originales y contar con autorización de Cultura. La falta de incentivos para recuperar estas edificaciones termina alimentando un círculo peligroso: conservar el patrimonio sin intervenirlo adecuadamente puede terminar poniendo en riesgo precisamente aquello que se pretende preservar.

El Centro Histórico de Trujillo no puede esperar a que ocurra un terremoto para comprobar lo que hoy ya advierten los especialistas. Sus casonas son parte de la identidad de la ciudad y un atractivo para miles de visitantes, pero algunas también representan un riesgo para quienes viven, trabajan o transitan diariamente por sus calles. La prevención exige identificar, señalizar, intervenir y, cuando corresponda, restringir el acceso a los inmuebles más peligrosos. No se trata de esperar con miedo al próximo terremoto, sino de evitar que una amenaza conocida termine convertida en una tragedia anunciada.

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