El Consejero de Educación aprueba la Orden de RRHH sin atender reivindicaciones clave del profesorado.

La Orden de Recursos Humanos aprobada por la Consejería de Educación vuelve a salir adelante sin incorporar mejoras fundamentales para las condiciones laborales del profesorado y sin revertir recortes que llevamos años denunciando. Una vez más, la Administración ignora propuestas razonables planteadas durante la negociación y mantiene un modelo basado en la precarización y la sobrecarga laboral. Esta negativa a negociar se produce, además, en un contexto de creciente descontento entre el personal docente y de movilización sostenida en distintos territorios, como la huelga indefinida convocada en el País Valencià, donde muchas de las reivindicaciones planteadas coinciden con las que venimos denunciando: falta de recursos, aumento de la carga de trabajo, pérdida de poder adquisitivo y deterioro de las condiciones laborales del profesorado.

Esta decisión llega apenas un mes después de que la Comunidad Autónoma firmara un acuerdo con la enseñanza concertada para garantizar el mantenimiento de líneas educativas incluso en aquellos centros donde se produzca una disminución del alumnado matriculado. Mientras la Consejería de Educación alega las limitaciones en la negociación derivadas de unos presupuestos prorrogados y la imposibilidad de asumir grandes gastos, el acuerdo alcanzado con la concertada incluye compromisos de estabilidad y mantenimiento de la oferta educativa hasta 2030.

• En relación con el profesorado mayor de 55 años, la Consejería continúa negándose a recuperar derechos previos a los recortes. Se mantiene la merma salarial en la reducción de dos horas y tampoco se permite compatibilizarla con otras reducciones. Asimismo, incluye la restricción de que no se pueda agrupar el horario en cuatro días para el profesorado acogido a esta medida.
• La Administración tampoco revierte los recortes al personal interino, para el que todavía se mantiene el recorte de la crisis económica y no se le paga el verano con 165 días trabajados. Del mismo modo, continúa negándose a ampliar la jornada del profesorado interino a tiempo parcial que imparte el Programa de Refuerzo Educativo, obligando a seguir recurriendo al cobro posterior mediante horas extraordinarias.
• En el caso de los EOEP, las maestras continúan sin percibir el complemento por impartir docencia en Secundaria, pese a desempeñar funciones equivalentes a otros docentes que sí lo cobran. Además, sus condiciones horarias siguen sin adaptarse adecuadamente a las 35 horas semanales que establece nuestra contratación a jornada completa.
• La Consejería también rechaza que cualquier especialidad o familia profesional pueda tener departamento propio cuando exista una carga de 34 horas lectivas, como sí sucede con el profesorado de Religión. Tampoco acepta reconocer dos horas complementarias al profesorado que no pertenece a un departamento específico de su especialidad, también manteniendo así una diferencia de trato injustificable con el profesorado de Religión, que sí las posee.
• Otra de las reivindicaciones ignoradas, a pesar del compromiso del Consejero a negociarlo durante la negociación del Acuerdo de Personal Interino, es la reserva de plazas para el profesorado que se encuentra en situación de incapacidad temporal durante el curso. Ni siquiera se garantiza esta reserva cuando se trata de vacantes de plantilla o durante el mes de septiembre, a diferencia de lo que sí ocurre con las adjudicaciones de verano.
• En materia de transporte escolar, no se limita el tiempo que el profesorado debe responsabilizarse de la atención al alumnado usuario del transporte ni se adoptan medidas para reducir los tiempos de espera eliminando dobles expediciones o reforzando rutas.
• En Formación Profesional tampoco se producen avances reales. No se incrementan las horas destinadas a Formación en Empresas y se mantiene únicamente la dotación adicional en la modalidad estándar, ignorando el aumento de carga de trabajo derivado de la implantación de la FP también en el modelo concentrado.
• La Consejería sigue sin dotar de forma adecuada reducciones para las coordinaciones. Ante el aumento de la conflictividad en los centros, se hace necesaria una mayor dotación  a la Coordinación de Convivencia y a la Bienestar, sin que la Consejería se haya mostrado dispuesta a ello.
• En cuanto a horarios, rechazan recuperar la posibilidad de establecer jornadas de 17 horas lectivas, al mismo tiempo que mantienen las 19 horas sin carácter excepcional. Tampoco aceptan comprometerse a realizar actos de adjudicación la primera semana tras cada periodo no lectivo, una cuestión especialmente grave en Semana Santa, cuando la Consejería suele unir también la Semana de Primavera, a pesar de que afecta a una minoría de municipios de la Región.
• Asimismo, continúan sin aumentar las horas lectivas para las tutoras de las aulas de dos años, manteniendo únicamente dos horas pese a la enorme carga organizativa y educativa que asumen.
• Por último, la Administración sigue negándose a avanzar en una regulación real del teletrabajo, pese a las reiteradas propuestas sindicales para adaptar determinadas tareas no lectivas a modalidades telemáticas.

Desde STERM volvemos a denunciar la falta absoluta de voluntad política para mejorar las condiciones laborales del profesorado y reforzar la educación pública. La Consejería mantiene una política de mínimos, rechaza reivindicaciones básicas y consolida medidas que aumentan la precariedad y la sobrecarga en los centros educativos. Mientras continúen ignorando las necesidades reales del profesorado y de la enseñanza pública, no contarán con nuestro apoyo.

FAPA RM Juan González, FEMAE, Sindicato de Estudiantes de Murcia, CCOO, STERM y UGT exigen un plan urgente de infraestructuras y climatización para la enseñanza pública de la Región de Murcia.

La FAPA RM Juan González, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), el Sindicato de Estudiantes de la Región de Murcia y los sindicatos docentes CCOO, STERM Intersindical y UGT denuncian el estado de abandono de la red de centros públicos de la Región de Murcia, una situación que se refleja de forma especialmente grave en la falta de climatización de las aulas y en los riesgos para la salud que provoca el aumento de las temperaturas.

Las organizaciones firmantes alertan de que, año tras año, alumnado, personal docente y de servicios se ven obligados a soportar condiciones térmicas inadecuadas en los centros educativos. Recuerdan que la normativa vigente establece que la temperatura en espacios interiores de trabajo sedentario no debe superar los 27 ºC, umbral a partir del cual puede existir una situación de riesgo de estrés térmico.

En este contexto, consideran que el anuncio realizado por López Miras sobre una partida de 11 millones de euros para el confort térmico, sólo 7 irían destinados a climatización en un plan plurianual sin temporalización, en abstracto y sin un programa de infraestructuras serio, una cortina de humo para tratar de rebajar el malestar existente y ocultar la magnitud real del problema. A juicio de las organizaciones, mientras no exista una planificación pública, rigurosa y consensuada, ese tipo de anuncios no garantizan una solución efectiva para la red pública educativa.

Denuncian además que la falta de una respuesta estructural por parte de la Consejería de Educación y del Gobierno regional está empujando a las comunidades educativas a buscar soluciones particulares. (Como muestra de ello, recuerdan que en algunos centros de la Región el personal y las familias están recurriendo incluso a sorteos y venta de papeletas para poder financiar la instalación de aparatos de aire acondicionado.) Las organizaciones consideran inadmisible que la climatización de los centros públicos dependa del esfuerzo económico y de la iniciativa particular de las familias, cuando se trata de una responsabilidad directa de la administración pública que debe asegurar una planificación equitativa para todos los centros.

Por todo ello, FAPA RM Juan González, FEMAE, Sindicato de Estudiantes de Murcia, CCOO, STERM y UGT exigen a la Consejería de Educación y al Gobierno regional la elaboración urgente de un Plan de Infraestructuras y Climatización, consensuado con todos los agentes de la comunidad educativa, que analice las necesidades de todos los centros de la Región y establezca intervenciones según criterios de prioridad, urgencia y equidad.

La firma del acuerdo en la Mesa de la Enseñanza Concertada de la Región de Murcia supone un paso más en el blindaje de la educación privada-concertada. El pacto firmado por UCOERM —asociación de cooperativas de enseñanza—, Escuelas Católicas, FSIE, UGT y la Consejería de Educación establece el mantenimiento de aulas incluso en un contexto de descenso de la natalidad, acompañado de medidas como la reducción de la ratio en los centros concertados para evitar la supresión de unidades.

En los últimos años, la Región está viviendo un cambio en el modelo demográfico: mientras algunas zonas sufren un descenso de natalidad y algunas unidades y centros corren el riesgo de cerrar sus puertas, otras zonas afrontan una masificación de sus centros públicos. Frente a esta situación, al tiempo que la Consejería de Educación se niega a invertir lo suficiente en ampliar y construir nuevos centros, blinda a la educación concertada en el caso de que haya que cerrar líneas por falta de alumnado.

Aplicar medidas que aseguren el mantenimiento de las unidades y del personal docente contratado en la educación concertada supone una situación de desigualdad inaceptable, especialmente cuando no hay un plan de mantenimiento y crecimiento del sistema público. Esta situación puede desembocar en una ampliación todavía más profunda de la privatización de nuestro sistema educativo, con la amenaza de pérdida de puestos de trabajo en la escuela pública. De esta manera, en lugar de implantar políticas para la reducción progresiva de la educación concertada hasta construir un sistema íntegramente público, la Consejería de Educación, con Víctor Marín a la cabeza, lidera un proceso de privatización que ahonda en la segregación.

Mientras se asegura el empleo en la red concertada, la enseñanza pública se enfrenta año tras año a la pérdida de unidades. A pesar de nuestras reiteradas peticiones, junto con la comunidad educativa, para consolidar la enseñanza pública, la Consejería nunca se ha comprometido a estabilizar plantillas ni a evitar el cierre de unidades en los centros públicos. Parecen olvidar una vez más que la pública es la garante del derecho universal a la educación, de la igualdad de oportunidades y de la laicidad.

Desde STERM llevamos luchando años para que se actualicen las órdenes de cupos y se reduzcan las ratios en la educación pública, para que, en el caso de que un aula deba cerrar sus puertas sea siempre en la concertada y para que haya un plan de escolarización a medio plazo basado en la previsión de la demografía. Sin embargo, nos encontramos siempre que las diferencias de trato son para priorizar intereses privados frente al fortalecimiento del sistema público.

Por ello, hemos solicitado por transparencia a la Consejería de Educación el texto del acuerdo firmado con la concertada a fin de poder emprender todas las medidas legales, tanto administrativas como penales, que sean necesarias.

Ahora más que nunca defendamos una educación pública digna y de calidad.

Uno de los problemas más graves que afronta actualmente la educación pública de la Región son las elevadas ratios que encontramos en todas las etapas, tanto obligatorias como no obligatorias. Estas ratios son herencia de los recortes sufridos tras la crisis económica, puesto que el Gobierno regional no ha terminado de abordar el problema en las reformas sucesivas.

Desde la comunidad educativa llevamos años exigiendo a la Consejería de Educación una reducción de ratios efectiva y la convocatoria de un grupo de trabajo. Aunque Víctor Marín se ha comprometido varias veces, sigue sin abordar el problema, esperando que se solucione solo con la caída de la natalidad. Sin embargo, esto no está ocurriendo, en 2024 la Región fue la comunidad con mayor crecimiento de alumnado matriculado, con una subida del 1,2%, al tiempo que se han cerrado líneas en las zonas con decrecimiento de población.

A este panorama se suma el incremento de alumnado con dificultades de aprendizaje. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, nuestra Región es la segunda comunidad con mayor porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales —un 6,1% del total—, mientras que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se sitúa en el 11,4%. Frente a esta situación y para atender correctamente al alumnado, el Gobierno regional podría dejar a un lado la confrontación política y aceptar los 1.118 millones de euros de financiación adicional ofrecidos por el Ejecutivo estatal. Con parte de ese dinero se podría contratar a personal docente necesario. A día de hoy impartir docencia y cumplir con las labores burocráticas resulta una tarea imposible. No reducir las ratios se convierte en una decisión política que nos obliga a trabajar en peores condiciones y dificulta la atención educativa que el alumnado se merece.

Tareas por hacer a nivel estatal

En la actualidad, el Ministerio de Educación fija unas ratios máximas de alumnado para todo el Estado de 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y FP, y 35 en Bachillerato. Además, la LOMLOE contempla un incremento de hasta un 10% más para atender necesidades inmediatas de escolarización.

En los últimos meses, la presión de la comunidad educativa en el Consejo Escolar y de algunos sindicatos, como el nuestro, ha llevado al Ministerio a elaborar un anteproyecto de Ley. Sin embargo, aunque se propone bajar las ratios máximas y que el alumnado con necesidades educativas especiales vuelva a computar doble, sigue siendo insuficiente. Además, puesto que todavía no hay nada aprobado, el traslado a las aulas está lejos de ser una realidad. La Consejería de Educación de la Región, por su parte, ha aprovechado para evadirse de sus responsabilidades.

Las órdenes de cupos, la clave para bajar las ratios a nivel autonómico

Cada comunidad autónoma tiene la capacidad suficiente para establecer sus propias ratios, siempre que sean inferiores a las marcadas a nivel estatal. Un buen ejemplo de ello es la reducción de ratios en la etapa de Infantil que en la Orden de admisión la ratio se ha limitado a 22 —o 24 por necesidades de escolarización—. Es decir, independientemente de lo establecido a nivel ministerial, la Consejería tiene un amplio margen de acción.

La orden de cupos es la normativa autonómica que establece las ratios en todas las etapas de la educación pública no universitaria. En el caso de Secundaria y Formación Profesional, la orden vigente —que regula la asignación de personal docente — se remonta a 2016. La dotación de personal docente para las etapas de la ESO, Bachillerato y FP se hace mediante el cálculo de distintas variables. Por tanto, al contrario de lo que ocurre en los colegios, donde se dota de un determinado número de docentes en función de las unidades existentes, en los IES y CIFPU el cálculo es un poco más complejo.

Mientras la Consejería mira para otro lado y se niega a asumir su responsabilidad, desde STERM Intersindical hemos trabajado en una propuesta que cubra las necesidades reales de los centros y nos permita trabajar en condiciones adecuadas. Presentamos las variables que deben actualizarse para que las ratios disminuyan y podamos atender mejor a nuestro alumnado.

1. Dotación por alumnado en ESO

La última reforma que se hizo de la orden de cupos en 2016 perjudicó especialmente a los centros más grandes. Desde STERM, proponemos una subida considerable tanto de los periodos lectivos asignados por alumnado matriculado como por alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). Asimismo, el alumnado con dificultades de aprendizaje (DEA) también debe contar a la orden de calcular el cupo, puesto que también requiere en muchos casos de apoyos específicos. Ambos tipos de alumnado deben computar doble a la hora de calcular la ratio.

En lo que se refiere a la dotación de personal docente para apoyar al alumnado con necesidades de compensación educativa, es necesario que se regule que todo alumnado de incorporación tardía suponga un aumento progresivo de horas en el momento inmediato de su incorporación, similar a la dotación establecida para alumnado DEA. Además, en el momento en el que el centro cumpla con los requisitos para establecer un aula de acogida, se dotará de un cupo de 20 periodos lectivos adicionales para su puesta en marcha.

Además, proponemos que los centros que dispongan de un programa de diversificación en 3º y 4ºESO, incorporarán 18h extra por cada curso.

2. Dotación por alumnado en Bachillerato

La orden vigente de dotación docente en Bachillerato resulta insuficiente para sostener una oferta académica diversa que permita al alumnado elegir itinerarios acordes con sus intereses formativos y profesionales. La especialización propia de esta etapa exige grupos reducidos, materias optativas y modalidades diferenciadas.

Las siguientes tablas actualizan la dotación de periodos lectivos considerando el número de modalidades impartidas y las características organizativas de los centros.

Las enseñanzas en régimen vespertino y nocturno cumplen una función esencial de equidad educativa y aprendizaje permanente. Sin embargo, la dotación actual no refleja las particularidades organizativas ni el esfuerzo adicional requerido para atender a este alumnado.

3. Dotación por alumnado en FP

La transformación del modelo de Formación Profesional y la ampliación de los periodos de formación en centros de trabajo han incrementado significativamente las tareas docentes vinculadas a tutoría, coordinación, seguimiento del alumnado y a la relación con el tejido productivo. La normativa actual de cupos no contempla adecuadamente estas funciones ni la actualización de los planes de estudio, por lo que tiene que ser actualizada.

La dotación actual que se da a los centros para la gestión de la FEM es insuficiente, por lo que debe ampliarse en todos los ciclos, en una o dos horas lectivas en función del ciclo.  Asimismo, proponemos que la dotación adicional recogida en la Orden de Recursos Humanos para los ciclos que cursan la modalidad estándar debe ampliarse a todas las modalidades. En cuanto a la asignación de periodos lectivos a cada tutor/a de la FEM, esta debería ampliarse dos horas en todas las casuísticas.

4. Dotación para reducciones de equipo directivo, Orientación, jefatura de departamento y otros

La normativa actual no responde a las exigencias reales de gestión educativa. Desde STERM apostamos por un refuerzo de los equipos directivos para poder hacer frente al aumento de diversidad, conflictividad y burocracia en nuestros centros educativos.

Los departamentos de Orientación desempeñan un papel fundamental en la inclusión educativa, la convivencia escolar, la atención a la diversidad y el acompañamiento del alumnado. El incremento de necesidades socioeducativas exige ampliar la dotación actual.

La actualización propuesta mejora la asignación de periodos lectivos destinados a orientación educativa, garantizando una intervención preventiva y sistemática en los centros.

Además, para poder contar con una persona dedicada a la Orientación en los centros más grandes, los centros de más de 1000 alumnas/os en modalidad presencial verán incrementado su cupo en 18 periodos lectivos, que se dedicarán a la especialidad de Orientación. En los centros de más de 750 alumnas/os, el incremento será de 10 periodos lectivos.

Las jefaturas de departamento son clave en la coordinación pedagógica, el desarrollo curricular y la evaluación del proceso educativo. Para asegurar que tanto las jefaturas como los otros cargos dispongan de una reducción lectiva acorde con las responsabilidades que conlleva, proponemos una dotación específica para jefaturas de departamento y para el resto de cargos (RMI, Riesgos Laborales, Biblioteca, Calidad, Educación para la Salud, Erasmus+, CPR, etc.). Además, la renovación de la normativa deberá contemplar las figuras de responsable del Plan de Igualdad y del Banco de Libros.

Desde STERM Intersindical consideramos una necesidad urgente la revisión de órdenes de cupos de todas las etapas educativas. Por eso, venimos exigiendo a la Consejería desde hace años la reunión de un grupo de negociación que lo aborde.

La situación actual del sistema educativo exige una respuesta inmediata ante varios factores que afectan directamente a la calidad de la enseñanza, como el aumento de alumnado con necesidades educativas, el incremento de la carga burocrática, la necesidad de atender a diferentes ritmos de aprendizaje o el agotamiento del personal docente, como demuestra nuestro último estudio estatal.

En las etapas de Educación Secundaria y Formación Profesional es donde estas dificultades se hacen más evidentes, debido a la mayor diversidad de niveles académicos y de motivación del alumnado. Las ratios elevadas generan dificultades para mantener un clima adecuado de aprendizaje.

Reducir las ratios no es solo una mejora laboral, sino una medida educativa imprescindible para combatir el abandono escolar. No podemos olvidar que la Región continúa liderando el abandono educativo temprano: en 2025 alcanzó el 20,6%, frente al 12,8% del conjunto del Estado. Ante esta situación, no se entiende que la Consejería eluda una vez más su responsabilidad.

Accede aquí a nuestro flyer con toda la información y nuestra propuesta de cupos.

Uno de los problemas más graves que afronta actualmente la educación pública de la Región son las elevadas ratios que encontramos en todas las etapas, tanto obligatorias como no obligatorias. Estas ratios son herencia de los recortes sufridos tras la crisis económica, puesto que el Gobierno regional no ha terminado de abordar el problema en las reformas sucesivas.

Desde la comunidad educativa llevamos años exigiendo a la Consejería de Educación una reducción de ratios efectiva y la convocatoria de un grupo de trabajo. Aunque Víctor Marín se ha comprometido varias veces, sigue sin abordar el problema, esperando que se solucione solo con la caída de la natalidad. Sin embargo, esto no está ocurriendo, en 2024 la Región fue la comunidad con mayor crecimiento de alumnado matriculado, con una subida del 1,2%, al tiempo que se han cerrado líneas en las zonas con decrecimiento de población.

A este panorama se suma el incremento de alumnado con dificultades de aprendizaje. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, nuestra Región es la segunda comunidad con mayor porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales —un 6,1% del total—, mientras que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se sitúa en el 11,4%. Frente a esta situación y para atender correctamente al alumnado, el Gobierno regional podría dejar a un lado la confrontación política y aceptar los 1.118 millones de euros de financiación adicional ofrecidos por el Ejecutivo estatal. Con parte de ese dinero se podría contratar a personal docente necesario. A día de hoy impartir docencia y cumplir con las labores burocráticas resulta una tarea imposible. No reducir las ratios seconvierte en una decisión política que nos obliga a trabajaren peores condiciones y dificulta la atención educativa que el alumnado se merece.

Tareas por hacer a nivel estatal

En la actualidad, el Ministerio de Educación fija unas ratios máximas de alumnado para todo el Estado de 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y FP, y 35 en Bachillerato. Además, la LOMLOE contempla un incremento de hasta un 10% más para atender necesidades inmediatas de escolarización.

En los últimos meses, la presión de la comunidad educativa en el Consejo Escolar y de algunos sindicatos, como el nuestro, ha llevado al Ministerio a elaborar un anteproyecto de Ley. Sin embargo, aunque se propone bajar las ratios máximas y que el alumnado con necesidades educativas especiales vuelva a computar doble, sigue siendo insuficiente. Además, puesto que todavía no hay nada aprobado, el traslado a las aulas está lejos de ser una realidad. La Consejería de Educación de la Región, por su parte, ha aprovechado para evadirse de sus responsabilidades.

Las órdenes de cupos, la clave para bajar las ratios a nivel autonómico

Cada comunidad autónoma tiene la capacidad suficiente para establecer sus propias ratios, siempre que sean inferiores a las marcadas a nivel estatal. Un buen ejemplo de ello es la reducción de ratios en la etapa de Infantil que en la Orden de admisión la ratio se ha limitado a 22 —o 24 por necesidades de escolarización—. Es decir, independientemente de lo establecido a nivel ministerial, la Consejería tiene un amplio margen de acción.

La orden de cupos es la normativa autonómica que establece las ratios en todas las etapas de la educación pública no universitaria. En Infantil y Primaria, la orden vigente —que regula la asignación de personal docente — se remonta a 2012. Dado que esta normativa determina el número de maestras/os en función de las unidades y del alumnado, debería haberse actualizado tras la reducción de la jornada lectiva de 25 a 23 horas. Al no haberse adaptado, la disminución de horas disponibles ha provocado la pérdida de apoyos y desdobles, pese a mantenerse el mismo número de estudiantes. Mientras la Consejería mira para otro lado y se niega a asumir su responsabilidad, desde STERM Intersindical hemos trabajado en una propuesta que cubra las necesidades reales de los centros y nos permita trabajar en condiciones adecuadas.

1. Reducción de las ratios en unidades puras

Son aquellas en las que todo el alumnado pertenece al mismo nivel. La diversidad interna del aula —como ritmos de aprendizaje, contextos socioeconómicos, necesidades específicas, brecha lingüística o cultural— exige una atención cada vez más individualizada.

2. Agrupamientos mixtos

Son aquellos en los que hay alumnado de distintos niveles, una realidad frecuente en zonas rurales y centros de menor tamaño. Sin una reducción significativa de ratio, el profesorado asume una sobrecarga que dificulta la atención individualizada.

3. Puestos de PT y AL

Los puestos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje se establecen en función del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) con adaptaciones significativas. Desde STERM reclamamos que el alumnado con dificultades de aprendizaje (DEA) también compute en el cálculo y que el alumnado NEE compute doble.

4. Compensación educativa

El alumnado en situación de desventaja socioeconómica, cultural o lingüística requiere recursos adicionales para compensar desigualdades de origen. Desde STERM, proponemos que el alumnado de incorporación tardía con necesidades de compensación educativa que se incorpore fuera del periodo de matriculación suponga un aumento progresivo de horas en el momento inmediato de su incorporación. Además, en el momento en el que el centro cumpla con los requisitos para establecer un aula de acogida, se dotará del cupo adicional correspondiente.

5. Dotación horaria para apoyos, refuerzo, recuperación y atención

Los apoyos y refuerzos son herramientas esenciales para atender la diversidad dentro del aula ordinaria. Desde STERM defendemos un aumento de las horas dedicadas a esta tarea para asegurar los apoyos necesarios, no solo en Primaria sino también en Infantil.

6. Reducción horaria por el desempeño de cargos directivos

La reducción horaria por el desempeño de cargos directivos no se ha visto actualizada con la reducción de la jornada lectiva, lo que supone que tengan la misma carga laboral. Desde STERM, además, proponemos que los centros CAEP, CEIPBas y CRA cada miembro del equipo directivo tenga dos horas adicionales de reducción.

7. Dotación en centros de educación especial

Atienden alumnado con necesidades muy específicas y, en muchos casos, de alta complejidad. Incrementar la dotación en estos centros no es una cuestión organizativa, sino una garantía de derechos.

8. Reducción horaria por coordinación

Las coordinaciones son fundamentales para la coherencia pedagógica del centro. Si no existe reducción horaria suficiente, estas tareas se realizan fuera del horario lectivo o de manera superficial.

La actual orden de cupos establece el número de puestos de trabajo en función del tamaño del centro. Aunque la mayoría de estos puestos vienen definidos por especialidades, existe un apartado en el que algunos centros tienen un cupo que pueden distribuir según su criterio. Desde STERM proponemos que el aumento de horas producido por la modificación de cupos se añada a esta bolsa de horas, de forma que se añadan tanto las dos horas perdidas por cada puesto a causa de la reducción de la jornada lectiva como nuestra propuesta de reducción para los equipos directivos y coordinaciones.

En la siguiente tabla, se presenta la distribución general actual y nuestras propuestas de modificación en rojo.

Accede aquí a nuestro flyer con toda la información y nuestra propuesta de cupos.

Con motivo del fin del segundo trimestre, os queremos hacer un resumen de algunos de los acontecimientos más importantes que han ocurrido durante estos meses:

En la mesa sectorial del 17 de marzo, que es el órgano de negociación entre la Consejería de Educación y los sindicatos, se aprobó el nuevo acuerdo del personal interino, que entrará en vigor a partir del próximo curso. Este acuerdo es el que regula aspectos tan importantes como la gestión de listas, el peso de la experiencia docente y oposiciones aprobadas, medidas de protección para la maternidad, discapacidad y mayores de 55 años, así como la gestión de procedimientos de rápida cobertura. Este acuerdo, que estará vigente desde el 1 de septiembre de 2026 hasta 2031, sigue la senda de los dos acuerdos anteriores, de 2016 y 2021. Sin ser perfecto, ha dado transparencia y estabilidad al personal docente. Con respecto a los cambios, destaca la voluntariedad de todos los actos —siempre que no haya problema de cobertura de vacantes en la especialidad— y la reserva de un porcentaje de las vacantes de los actos de adjudicación para las personas con discapacidad. Por su parte, las personas mayores de 55 años que se encuentran en el bloque II podrán pasar al bloque I con 15 años de experiencia, frente a los 20 años de acuerdos anteriores. Estos cambios se irán implementando progresivamente a partir del proceso selectivo de Secundaria y otros cuerpos de 2027.

En la misma mesa sectorial, a propuesta de STERM, se trató un punto sobre la renovación de las órdenes de cupos, que son la normativa que establece las ratios máximas y el número de docentes que trabajan en cada centro educativo. Desde STERM Intersindical explicamos nuestra propuesta y exigimos que se tomaran medidas inmediatas, puesto que la Consejería tiene competencias suficientes para hacer su propia normativa. Independientemente del anteproyecto de Ley que se está negociando a nivel ministerial, gracias a la presión de algunos sindicatos, como STES (confederación de la que STERM forma parte), cada comunidad autónoma tiene la capacidad suficiente para establecer sus propias ratios, siempre que sean inferiores a las marcadas a nivel estatal. Por tanto, insistimos en que la Consejería dispone de margen suficiente para actuar de forma inmediata y mejorar las condiciones en los centros educativos sin esperar a cambios a nivel estatal. En las próximas semanas os comunicaremos con más detalle la propuesta presentada por nuestra organización.

Otro de los puntos que tuvo esta mesa sectorial ordinaria fue la aprobación de la convocatoria de oposiciones de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, es decir, del profesorado que trabaja en el Conservatorio Superior de Música. STERM Intersindical fue el único sindicato que votó en contra, por los mismos motivos que nos opusimos a la convocatoria del cuerpo de Maestras en la mesa sectorial del 22 de diciembre: no se mejoran las causas de exclusión para ser miembro de tribunal —como cuando ambos progenitores son miembros de tribunal o se trata de familias monomarentales o monoparentales—, no mejora las dietas ni las condiciones de los tribunales, ni mejoran el proceso de las adaptaciones sobrevenidas ni el proceso de las reclamaciones. Además, la mejora obtenida en la convocatoria de Maestras de que los criterios de valoración se publiquen con la convocatoria, no ocurrirá con las oposiciones de Catedráticos.

Por otra parte, a propuesta de las organizaciones sindicales y ante la completa falta de información sobre la implantación de 1.º y 2.º de ESO en los colegios, tuvimos una mesa sectorial extraordinaria el 10 de marzo, en la que trasladamos al Consejero las inquietudes de toda la comunidad educativa. La información recibida fue sesgada y poco detallada, puesto que no se detallaron qué especialidades y vacantes serán convocadas para el próximo curso en los nuevos CPEIBas. De hecho, la Directora General de Recursos Humanos indicó que eran cuatro las plazas que dejaban de salir a Concurso de Traslados en los institutos afectados, y por el momento ya somos conscientes de que son seis las afectadas. El malestar del personal docente y de equipos directivos por haber conocido todos los detalles a través de la prensa se lo comunicamos al Consejero tanto en la propia mesa sectorial como previamente en un acto del Consejo Escolar.

Como propuestas para la Junta de Personal, que es el órgano de representación del personal docente ante la Consejería, hablamos sobre la falta de presupuesto para el mantenimiento de los centros públicos —que durante dos años están viendo cómo además se les recorta con respecto a años anteriores como medida de presión para aprobar los presupuestos autonómicos—. También hablamos sobre la necesidad de la elaboración de una guía de lactancia para opositoras, la resolución del caos producido por el sistema de doble autenticación, transparencia en la elaboración del Decreto de Convivencia y de la contratación de mediadoras/es culturales para los centros en los que hay un alto porcentaje de alumnado migrante. También hemos propuesto, tanto en la modificación de las órdenes de cupos como en las resoluciones de la Junta de Personal, que se flexibilizaran los requisitos para abrir nuevas Aulas de Acogida, debido al demostrado éxito en la inclusión con alumnado con desconocimiento del idioma.

Por último, hemos continuado visitando los centros educativos, en esta ocasión en los municipios de Archena, Cieza, Blanca, Abarán, Lorca, Puerto Lumbreras y Fuente Álamo y hemos seguido denunciando las amenazas que acechan a la escuela pública:

• Nos hemos hecho eco de las reclamaciones de los CIFEA, dependientes de la Consejería de Agricultura  y que sufren una falta de recursos estructural y listas de esperas interminables.
• Hemos denunciado la falta de un instituto y un colegio públicos en Lorca para desmasificar los ya existentes.
• Hemos continuado con las protestas para reclamar condiciones dignas y espacios seguros para los EOEP situados en las dependencias del CEIP La Paz de Murcia.
• Hemos señalado la falta de compromiso del gobierno autonómico en mejorar los servicios públicos y la educación pública con la financiación adicional de 1188 millones de euros para la Región.
• Con motivo del periodo de admisión, hemos puesto en evidencia la privatización de las aulas de 2 años, cuya gratuidad se extiende mediante la financiación de centros titularidad privada.
• Hemos exigido transparencia en la creación de vacantes en el Concurso de Traslados y asesorado en las reclamaciones, así como intermediado con la Consejería para la resolución de errores.
• Hemos continuado con los tardeos sindicales, en Cieza y en Lorca, para conocer las realidades de las comarcas y crear redes de resistencia y colaboración entre el personal docente.
• Hemos resuelto dudas por teléfono y correo electrónico a todo el personal docente que lo ha necesitado, así como hemos hecho webinars en abierto sobre Comisiones de Servicio y Nóminas.
• Hemos organizado un curso de referencia sobre nuevos enfoques en la enseñanza de la Historia en formato presencial y hemos repetido el curso sobre Agenda 2030 telemático, debido a la gran demanda que sigue teniendo entre el profesorado.
• Hemos formado a enlaces de centro para dar a conocer nuestro modelo y nuestra propuesta de escuela pública.

En definitiva, seguimos trabajando desde todos los espacios —negociación, propuestas y movilización— para avanzar hacia una escuela pública de mayor calidad, más justa y mejor dotada. Queremos agradecer a toda la afiliación por hacerlo posible y por su tarea diaria en las aulas, fundamental para sostener y defender la educación pública. Dar cuenta de nuestro trabajo con transparencia es, y seguirá siendo, uno de nuestros principales compromisos.

El Gobierno del Estado ha anunciado un nuevo modelo de financiación autonómica que supondría 1.188 millones de euros adicionales para las cuentas de la Región. Sin embargo, el presidente autonómico, Fernando López Miras, se ha apresurado a rechazar esta financiación y a anunciar su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Resulta difícil de entender esta decisión en una comunidad autónoma que presenta tasas de riesgo de pobreza y exclusión social, desempleo y abandono escolar superiores a la media estatal. ¿Cómo puede permitirse el Gobierno regional el lujo de renunciar a más de mil millones de euros anuales únicamente por una estrategia de confrontación política? Todo parece indicar que el Ejecutivo regional o bien está completamente desconectado de la realidad social de la Región, o bien no sabe —o no quiere— explicar en qué emplearía un incremento cercano al 15 % del presupuesto autonómico anual.

El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009, durante el segundo Gobierno de Rodríguez Zapatero. Desde su origen, este modelo ha perjudicado gravemente a nuestra Región. A pesar de incorporar mecanismos de nivelación como la población ajustada o el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, no consigue igualar la financiación por habitante ajustado entre comunidades autónomas. Como consecuencia, la Región recibe de forma sistemática menos recursos que la media estatal para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, consolidando una situación de infrafinanciación estructural que se ha agravado con el paso del tiempo. La revisión de este sistema, que debía haberse hecho cada cinco años, no se hizo ni durante los gobiernos de M. Rajoy ni durante los de Pedro Sánchez, hasta ahora, quince años después.

Es cierto que la nueva propuesta no soluciona completamente el problema de la financiación de la Región Murciana, que seguiría estando por debajo de la media estatal. Sin embargo, sí reduciría de manera significativa la brecha existente. En la actualidad, por cada 100 euros que recibe la media del Estado, la Región recibe 90,6 euros. Tras la reforma, esta cifra aumentaría hasta los 94,9 euros. En términos absolutos, esto supone más de mil millones de euros adicionales cada año.

Por ello, aunque el presidente autonómico tenga razón al reclamar una financiación aún más justa, conviene recordar que este es el único avance real en más de quince años, incluidos los periodos en los que el Partido Popular gobernó con mayoría absoluta en el Estado. Además, resulta contradictorio que el Gobierno regional denuncie constantemente la falta de recursos mientras mantiene los impuestos autonómicos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o Juego más bajos que otras comunidades, renunciando deliberadamente a herramientas fiscales que podrían ayudar a compensar esta desigualdad financiera. Si el problema es la infrafinanciación y saben gestionar, ¿por qué no aprovechan esta oportunidad y lo demuestran?

Ante la posibilidad de que el Gobierno de López Miras no sepa cómo emplear adecuadamente estos recursos, y ante la posible tentación del consejero de Educación, Víctor Marín, de destinarlos una vez más a la financiación de la enseñanza concertada, desde STERM Intersindical proponemos que este incremento presupuestario se utilice para fortalecer los servicios públicos, y para construir un sistema educativo público digno, con mejoras reales en las condiciones laborales del personal docente.

Entendemos que los 1.188 millones de euros adicionales deberían repartirse entre el pago de la deuda —lo que permitiría ahorrar intereses a medio y largo plazo—, la sanidad, la dependencia, los servicios sociales y la educación. Si tenemos en cuenta que en los presupuestos autonómicos de 2025 la Consejería de Educación representa el 22,4 % del total (1 779 millones de euros de un presupuesto global de 7 941 millones), resulta razonable plantear que al menos el 20 % de esta financiación adicional se destine a educación. Esto supondría 237,6 millones de euros anuales. ¿Qué podría hacerse con este dinero? Presupuestos en mano, desde STERM Intersindical le hemos adelantado el trabajo a la Consejería.

1. Reducción de ratios y actualización de la orden de cupos

La actual orden de cupos de Infantil y Primaria está completamente desfasada. A pesar de los compromisos adquiridos hace más de un año, sigue sin revisarse. Esta normativa regula el número de docentes por centro y no ha tenido en cuenta la reducción del horario lectivo de 25 a 23 horas del cuerpo de Maestras, lo que ha supuesto la desaparición de apoyos y desdobles, manteniendo el mismo número de docentes por centro, lo que supone una disponibilidad de menos horas lectivas para el mismo número de alumnado.

Actualizar la orden de cupos tendría un coste aproximado de 37 millones de euros anuales. A ello podrían añadirse 45 millones de euros adicionales para la contratación de 1 000 docentes más, con el objetivo de reducir ratios en todas las etapas, mejorar la atención a la diversidad y adecuar los horarios de los equipos directivos, que no han visto reducida su jornada laboral tras el ajuste de horas lectivas estos últimos años.

2. Renovación, construcción y adecuación térmica de los centros educativos

La inversión actual en infraestructuras educativas es claramente insuficiente. Persisten problemas graves de altas temperaturas, hacinamiento, envejecimiento de edificios, falta de accesibilidad y uso de barracones —o como los llama la Consejería, aulas prefabricadas— en decenas de centros.

La climatización de todos los centros de la Región requeriría un máximo de 60 millones de euros, que podrían ejecutarse en un plan trianual de 20 millones anuales. Además, sería necesario destinar 25 millones de euros al año a la construcción de nuevos centros y a ampliaciones, lo que permitiría resolver los problemas de espacio en un plazo máximo de cuatro años.

3. Reducción de jornada para mayores de 55 años sin merma salarial

El profesorado mayor de 55 años representa entre el 20 % y el 25 % de los claustros. Recuperar la reducción de dos horas lectivas sin pérdida económica supondría 18,5 millones de euros anuales, cifra que podría ampliarse en 2 millones más para añadir una reducción adicional de dos horas para el personal docente mayor de 60 años.

4. Pago del verano al personal interino con 165 días trabajados

Desde los recortes durante la crisis económica no se han recuperado los 165 días mínimos para que el personal interino cobre el verano. El consejero de Educación ha repetido en varias ocasiones en mesa sectorial que le gustaría rebajar los 265 días en el caso de tener disponibilidad económica. Cumplirlo tendría un coste aproximado de 6 millones de euros anuales.

5. Mejora de las retribuciones de los tribunales de oposición

En la actualidad, la Región es de las comunidades que tiene unas peores condiciones para el personal que ejerce en los tribunales de oposición. Sus retribuciones llevan congeladas desde 2006. Si queremos un sistema de acceso digno, también es necesario unas condiciones adecuadas para el personal que desempeña una labor tan importante. Estas cuantías, por tanto deberían aumentar considerablemente, desde los 50€ actuales hasta 110€ para la presidencia, 100€ para la secretaría y 80€ para las personas que ejerzan de vocal. Este aumento conllevaría un coste de 850 000€. Asimismo, la dieta por comida actual es de 15€. Subirla a 20€ costaría alrededor de 110 000€ por convocatoria. Si además, se mantuvieran estas retribuciones, y se redujeran las ratios actuales a la mitad, el aumento del gasto sería en unos 2,2 millones de euros.

 6. Contratación de personal no docente

La falta de ordenanzas, personal administrativo, auxiliares técnicos y personal de limpieza es una constante en los centros educativos. Cubrir adecuadamente estas necesidades tendría un coste estimado de 15 millones de euros anuales.

Si hacemos cuentas, todo esto supondría un coste de alrededor 170,7 millones de euros. Por tanto, seguiría habiendo margen presupuestario para otras tantas mejoras que todavía necesita la educación pública de nuestra Región, entre las que se encuentran:

• Mejorar las retribuciones del personal educativo, así como los pagos por kilometraje, horas extraordinarias de atención hospitalaria y programas de refuerzo y los complementos de comedor escolar.
• Mejorar el transporte escolar y asegurar el desplazamiento del alumnado matriculado en enseñanzas no obligatorias.
• Ampliar y dotar adecuadamente los programas de Formación Profesional y planificar los ciclos según las necesidades reales y no bajo una lógica de inversión mínima para su implantación.
• Aumentar los programas de educación a distancia y en turnos vespertino y nocturno, que son clave para poder atender a personas que abandonaron el sistema educativo a edades tempranas y buscan retomar sus estudios.
• Rebajar las ratios de alumnado por orientador/a y garantizar su presencia en todos los centros educativos.
• Avanzar en la mejora de los permisos que mejore la conciliación y equiparar los permisos de las familias monoparentales.
• Abonar los complementos pendientes a la Inspección de Educación.
• Ampliar las partidas de gastos de funcionamiento de los centros.
• Reforzar la educación compensatoria, las aulas de acogida y la figura de mediadoras culturales.
• Elaborar materiales didácticos para la atención a la diversidad desde la propia Consejería que faciliten la labor docente.
• Fortalecer el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
• Rebajar las tasas de la inscripción a las oposiciones. La Región tiene una de las tasas más altas del Estado.
• Contratar más personal técnico de la Consejería. En la actualidad, el déficit de este personal tiene consecuencias una sobrecarga de trabajo y que no se puedan hacer todos los actos de adjudicación que son necesarios para la cobertura del personal docente.
• Reforzar el servicio informático del CAU y revertir su externalización.
• Revertir el recorte de delegadas sindicales, corrigiendo el agravio comparativo con otros sectores como sanidad o con otros territorios, como Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid.

En una Región que encabeza el abandono escolar en España, con un alarmante 20,58% frente al 12,8% de la media estatal, el gobierno autonómico demuestra una absoluta falta de prioridades. En lugar de abordar uno de los principales problemas estructurales de la Región, opta por la confrontación partidista y por renunciar a 1.188 millones de euros. Esta decisión no solo es profundamente irresponsable, sino que confirma que el Ejecutivo regional está más preocupado por obedecer consignas de su partido en Madrid que por garantizar el derecho a la educación y mejorar la vida de la ciudadanía murciana.

La pregunta, por tanto, no es si la Región de Murcia necesita estos recursos. La pregunta es por qué su Gobierno decide renunciar a ellos.

La Confederación STEs-Intersindical, de la que STERM forma parte, ha realizado un macroestudio estatal sobre las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública, con el objetivo de analizar las causas del creciente malestar docente y del deterioro del sistema educativo. Este estudio se ha elaborado a partir de más de 13 000 encuestas en todo el Estado, de las cuales en torno a 1100 corresponden a docentes de la Región.

Los datos obtenidos confirman lo que llevamos años denunciando desde STERM: la educación pública se sostiene sobre un modelo que sobrecarga al profesorado, quien ha asumido cada vez más tareas y no ha visto su salario actualizado con respecto al IPC.

La burocracia no nos deja hacer nuestra labor, que es enseñar

El 95,80 % del profesorado afirma que la burocracia resta tiempo a la labor docente, tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado. Lejos de simplificar procedimientos, la Consejería sigue trasladando nuevas tareas administrativas a los centros, profundizando en un modelo que ahoga al profesorado. Frente a esta situación, necesitamos urgentemente un acuerdo efectivo sobre la reducción de burocracia, uno de los principales factores que deterioran la calidad educativa y generan un malestar mayor en el profesorado.

Reducción de ratios y actualización de las órdenes de cupos

El 93,70 % del profesorado está en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a la diversidad del alumnado. Desde hace años venimos reclamando a la Consejería la actualización de las órdenes de cupos que regulan las ratios en las distintas etapas educativas. Sin embargo, la respuesta ha sido siempre una cadena de excusas: primero la supuesta falta de presupuestos, que finalmente fueron aprobados; después la ausencia de recursos económicos, a pesar de la intención de renunciar a la quita de deuda y a la financiación adicional; y, finalmente, la espera de decisiones a nivel estatal.

Aunque es cierto que el Ministerio de Educación pretende presentar una propuesta de ratios como límite legal, esta circunstancia no impide que la Consejería actúe de forma inmediata para mejorar la situación actual y adaptar las ratios a las necesidades reales del sistema educativo, en el que cada vez más hay una mayor detección de necesidades educativas. Asimismo, en el cuerpo de Maestras, la reducción del horario lectivo no conllevado un aumento del personal docente, lo que ha supuesto la pérdida de apoyos ordinarios y desdobles. De este modo, si finalmente se aprueba una reducción de ratios a nivel estatal, esta solo afectaría al sistema educativo autonómico en aquellos aspectos en los que suponga una mejora respecto a la normativa vigente.

Sin recursos suficientes y frente a una apuesta clara por la privatización

El 74,89% del profesorado manifiesta no contar con los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad. A esta realidad se suma la falta de un plan serio de infraestructuras educativas y la insuficiente preparación de los centros para hacer frente a las altas temperaturas, con el consiguiente perjuicio para la salud y el bienestar de alumnado y personal docente.

El estudio pone de manifiesto, además, una profunda desconfianza de las docentes hacia las políticas educativas de las distintas administraciones. En la Región, el 80,64% no cree que las administraciones estén apostando realmente por la escuela pública frente a la privatización de la enseñanza. Se favorecen procesos de privatización que no solo conciben la educación como un negocio, sino que actúan como una herramienta segregadora, incrementando las desigualdades sociales y educativas y rompiendo el principio de equidad que debe garantizar el sistema público.

Desvalorización social, aumento de la conflictividad y pérdida de poder adquisitivo

Las consecuencias de este abandono institucional se reflejan también en el clima de trabajo. El 85,21 % del profesorado considera que el clima en las aulas es conflictivo o complicado, y el 82,74 % percibe un aumento de las agresiones verbales o físicas por parte del alumnado, con un incremento significativo también de las agresiones procedentes de las familias. Todo ello se produce sin respaldo institucional: el 82,19 % del profesorado afirma no sentirse apoyado por la Administración. En una Región en la que el riesgo de pobreza y exclusión social es 5 puntos superior respecto a la media estatal —del 30% frente al 25%— y donde el abandono escolar es un 50% superior —20,6% autonómico frente al 13,2% estatal—, son imprescindibles recursos específicos que permitan atender a estas necesidades.

La falta de cuidado hacia el profesorado se extiende igualmente al ámbito salarial y al reconocimiento profesional. El 89,22 % considera que su salario no se ha revalorizado conforme al IPC, y el 84,02 % opina que el salario docente actual no es adecuado. Década y media después de la crisis financiera, arrastramos una pérdida del poder adquisitivo del 20% y seguimos con las pagas extraordinarias recortadas.

Desde STERM denunciamos que esta situación responde a una lógica mercantilista de la educación, entendida como un gasto que hay que recortar y no como una inversión social. Un modelo que exprime al profesorado, incrementa su carga laboral y deteriora su salud, mientras se aplazan sistemáticamente las soluciones estructurales que llevamos años reclamando. La educación pública no puede sostenerse indefinidamente sobre el desgaste de sus profesionales, de los que solo el 60,46 % califica su trabajo como digno. Sin reducción de ratios, sin un acuerdo real contra la burocracia, sin infraestructuras dignas y sin un cambio profundo de modelo, el sistema educativo público se encamina hacia un escenario insostenible, con riesgo real de desmotivación y precarización de la labor docente. No es de extrañar que cada vez sean menos las personas que apuestan por dedicarse a la docencia: la vocación sin unas condiciones adecuadas no es suficiente.

Desde STERM reiteramos nuestra exigencia de medidas inmediatas y compromisos firmes. Seguiremos defendiendo una educación pública de calidad y unas condiciones dignas para todo el personal docente.

El viernes 19 de diciembre tuvo lugar la mesa sectorial en la que se aprobó la convocatoria de oposiciones para el cuerpo de Maestras de 2026. Esta convocatoria incluye algunas de las reivindicaciones que hemos presentado las organizaciones sindicales y la comunidad educativa, pero no supone mejoras significativas en aspectos clave del proceso.

Novedades destacables

Entre las novedades que incluirá la convocatoria de oposición destacan las siguientes:

1. Publicación de los criterios de valoración de todas las pruebas.
2. Realización de los exámenes teóricos y prácticos en papel autocopiable. Esto permitirá que las personas aspirantes se lleven una copia el mismo día del examen.
3. Establecimiento de una comisión de selección de cinco miembros para diseñar el examen práctico de cada especialidad, lo que da garantías de objetividad.
4. Incorporación de los criterios de valoración del funcionariado en prácticas.
5. Descripción del examen práctico por especialidad: duración, opcionalidad de algunos ejercicios y materiales permitidos. En cuanto a la opcionalidad, se concreta de la siguiente manera en cada una de las especialidades:
   • En Educación Infantil y Educación Física, se elegirá un ejercicio entre dos situaciones didácticas.
   • En Inglés, Francés y Música, se podrá elegir entre dos opciones, cada una con dos ejercicios: uno de conocimiento técnico y otro de situación didáctica.
   • En PT y AL, la prueba constará de dos ejercicios (situación didáctica e intervención), con dos opciones a elegir en cada uno.
   • En todas las especialidades, la duración del ejercicio práctico será de 2 horas y media.
6. Las plazas del turno de discapacidad que queden desiertas no pasarán al turno libre, sino que se acumularán para la siguiente convocatoria dentro del propio turno de discapacidad. Solo pasarán al turno libre si vuelven a quedar desiertas por segunda vez. Esta medida se debe aplicar por normativa autonómica.
7. Se permitirá utilizar un único guion para la unidad y la programación, además de seguir pudiendo usar una copia de la programación durante su defensa.

Puede revisarse el borrador de los anexos de la convocatoria que regulan las distintas pruebas por especialidad. Al tratarse de un borrador, pueden sufrir pequeñas modificaciones en la publicación de la convocatoria. En la especialidad de Infantil ya han confirmado que se va a ampliar el tiempo de realización de la prueba práctica a 2 horas y media.

Una convocatoria insuficiente

Pese a estos avances, desde STERM Intersindical consideramos que la convocatoria no supone un cambio transformador y mantiene deficiencias graves que afectan a la equidad, la transparencia y las condiciones del proceso selectivo, aspectos que son competencia directa de la Administración.

1. No se produce ninguna mejora real en el proceso de reclamaciones, puesto que no se garantiza la entrega de la rúbrica pormenorizada en ninguna de las pruebas. Tampoco se incorpora dicha rúbrica a la carpeta ciudadana junto con la copia del examen.
2. No se reduce el mínimo de unidades didácticas, que siguen siendo 12.
3. Se rechaza la grabación de la exposición de la programación y la unidad, lo que impide la transparencia.
4. No se limita el número de aspirantes por tribunal ni se establece un máximo de cinco aspirantes por tribunal y día para las exposiciones.
5. No se garantiza que las presidencias ni los cinco miembros del tribunal sean de la especialidad.
6. No se incluye ninguna aclaración sobre el uso de marcas en los exámenes escritos.
7. No se mejoran las adaptaciones, ni ampliando plazos en las sobrevenidas, ni mejorando la comunicación a las personas solicitantes, ni incorporando adaptaciones para dislexia o disgrafía.
8. No se habilita un plazo de reclamación para las personas declaradas “no aptas” en la adquisición de nuevas especialidades.
9. No se incluyen reuniones periódicas de coordinación entre tribunales para unificar criterios.
10. Se niega el acceso de las organizaciones sindicales a las instrucciones y cronograma facilitados a los tribunales que garantice la transparencia del proceso y condiciones dignas para tribunales y personas opositoras.
11. La convocatoria no garantiza la adecuación de espacios, equipamientos ni climatización, aspectos esenciales para un desarrollo adecuado del proceso.
12. No se crea una comisión específica para la valoración de méritos, manteniendo esta carga en el tribunal y sin que sean personas expertas en el este tipo de procedimiento, lo que puede dar lugar a baremaciones desiguales.
13. No hay mejoras en las condiciones de los tribunales: no se reducen ratios ni se amplían las causas de exención (baja médica, familias monoparentales, ambos progenitores miembros de tribunal, familiares de primer grado con enfermedad grave, etc.). No se fijan criterios claros sobre el pago de alojamiento, parking o dietas.

Por todo ello, y pese a reconocer los avances introducidos, desde STERM Intersindical consideramos que esta convocatoria no corrige problemas estructurales que afectan tanto a las personas aspirantes como a los tribunales.
Por responsabilidad, coherencia y compromiso con la defensa de una educación pública justa y de calidad, hemos votado NO a la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestras 2026.

Seguiremos trabajando y luchando para que futuros procesos selectivos sean realmente objetivos, transparentes y dignos.

MANIFIESTO DE LAS JUNTAS DE PDI Y DE PTGAS Y DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA ANTE EL MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTO EN LA PROPUESTA DE LEY DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EN EL PLAN DE FINANCIACIÓN PLURIANUAL FIRMADO PARA LOS AÑOS 2025-2029

Las Juntas de PDI y de PTGAS y el Comité de Empresa de la Universidad de Murcia, en ejercicio de su responsabilidad institucional y académica, considera necesario manifestar públicamente su profunda preocupación ante tres cuestiones que afectan directamente a la sostenibilidad y calidad de nuestra universidad pública.

1.  Sobre la falta de publicación del Plan de Financiación Plurianual

El 24 de mayo de 2024 se firmó por parte del Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de los rectores de las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena el Plan de Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia. Transcurridos diecisiete meses, este documento no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), no se ha difundido entre la comunidad universitaria ni se ha proporcionado información alguna sobre su estado actual. Esta situación genera una incertidumbre institucional prolongada que dificulta la planificación académica y la gestión responsable de los recursos universitarios.

Consideramos que la transparencia y la estabilidad presupuestaria son elementos esenciales para la capacidad financiera, presupuestaria y de personal de nuestras universidades públicas y el buen funcionamiento de cualquier universidad pública.

El personal docente e investigador y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, que sostiene con su trabajo la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento en la Región, no puede permanecer ajeno ante una situación de incertidumbre institucional que compromete la planificación de recursos humanos, la consolidación de plazas, el mantenimiento de infraestructuras y la calidad del servicio público universitario. Además, la infrafinanciación puede repercutir en un mayor esfuerzo económico del alumnado, lo que va en contra de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Por todo ello, exigimos / pedimos / solicitamos:

1. La difusión pública del texto íntegro del Plan Plurianual de Financiación, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia que deben regir cualquier acuerdo público.
2. La comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de los rectores ante sus respectivas comunidades universitarias, para explicar los plazos, los objetivos y los compromisos financieros reales del Plan Plurianual de Financiación.
3. Revisión inmediata y urgente del Plan de Financiación Plurianual firmado. Y establecimiento de los mecanismos necesarios de seguimiento de su desarrollo y ejecución, que garanticen en todo momento que el Plan responde a las necesidades reales de las universidades públicas de la Región, su personal y su alumnado.
4. El compromiso explicito de la Comunidad Autónoma de asegurar una financiación suficiente, estable y previsible, que permita mantener la calidad del sistema universitario público murciano y su contribución esencial al desarrollo económico, social y científico de la Región de Murcia.

2. Sobre el artículo 29 del borrador de la Ley de Universidades de la Región de Murcia (actualmente en fase de consulta / pendiente de tramitación parlamentaria)

El borrador de la nueva Ley de Universidades de la Región de Murcia introduce en su artículo 29 un principio de «corresponsabilidad», según el cual las universidades públicas deberán procurar “alcanzar, al margen del gasto público, al menos el 30% de su financiación”. Este planteamiento supone, en la práctica, un desplazamiento progresivo de la responsabilidad pública hacia la autofinanciación universitaria, rompiendo el principio básico de que la educación superior pública debe sostenerse principalmente con fondos públicos, como garantía de igualdad de oportunidades, calidad y estabilidad institucional.

Resulta especialmente grave que se pretenda imponer tal objetivo en un contexto en el que, según el presupuesto liquidado de 2024, el gasto en personal representa ya el 67,4% del total. Ello significa que la financiación pública actual apenas cubre las nóminas del personal docente, investigador y de administración y servicios, dejando sin margen real para inversiones, infraestructuras, innovación, becas o mejora de las condiciones laborales. Esta propuesta conduce inevitablemente a una reducción progresiva de la universidad pública.

En consecuencia, la exigencia de autofinanciación hasta el 30% no describe un modelo sostenible, sino una prescripción de infrafinanciación estructural, incompatible con el mantenimiento de una universidad pública de calidad y con el cumplimiento de sus funciones constitucionales de docencia, investigación y transferencia de conocimiento.

El personal docente e investigador y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la Universidad de Murcia rechaza firmemente esta orientación legislativa, que amenaza con agravar la precariedad, reducir la autonomía universitaria real y comprometer la igualdad en el acceso a la educación superior, dejando en el aire la posibilidad de tener que subir las tasas académicas.justificado

Por todo ello, exigimos:

1. La retirada o modificación sustancial del artículo 29 del borrador de la Ley de Universidades de la Región de Murcia, eliminando cualquier referencia a porcentajes obligatorios de autofinanciación.
2. El compromiso explícito de la Comunidad Autónoma que asegure una financiación pública suficiente y estable para las universidades públicas de la Región, conforme a criterios de coste real y planificación plurianual.
3. La apertura de un proceso de diálogo real y efectivo con la comunidad universitaria — representantes del PDI, del PTGAS y del estudiantado— antes de la aprobación definitiva del texto legal.
4. El reconocimiento del papel estratégico de las universidades públicas como pilares del desarrollo económico, social y científico de la Región, cuya sostenibilidad no puede depender de mecanismos de mercado.

Las universidades públicas no son empresas que deban “autofinanciarse”, sino instituciones de servicio público esenciales para el progreso colectivo. Convertir su financiación en un problema de “corresponsabilidad” es, en realidad, una renuncia a la responsabilidad pública que el Gobierno regional debe asumir en materia de educación superior.

3. Sobre la falta de ambición pública y de coherencia con la LOSU

La Junta del PDI, el Comité de Empresa y la Junta del PTGAS de la Universidad de Murcia expresan su profunda preocupación ante la falta de ambición pública y la ausencia de coherencia del proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia con los principios y objetivos establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El Proyecto de Ley no incorpora ningún compromiso con el objetivo del 1% del PIB en gasto universitario, recogido como horizonte de referencia por la LOSU y asumido como estándar mínimo de sostenibilidad del sistema universitario público. Asimismo, carece de metas cuantificadas, mecanismos de evaluación o calendarios de cumplimiento, lo que impide cualquier planificación realista y debilita la rendición de cuentas de las autoridades competentes.

Esta omisión deliberada de objetivos financieros y de responsabilidad pública desconecta la norma regional del marco estatal de los estándares marcados por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y traslada a las universidades la carga de su propia supervivencia, sin una estrategia autonómica clara de impulso al conocimiento, la investigación o la transferencia.

En un momento en que el sistema universitario regional afronta retos críticos de renovación generacional, estabilidad del personal y equidad en el acceso a los estudios superiores, esta falta de visión y compromiso condena a las instituciones públicas a una pérdida progresiva de capacidad de influencia y competitividad tanto en la sociedad como en el tejido productivo de la Región.

No se trata, por tanto, de una ley orientada al futuro, sino de la normalización del estancamiento, que ignora el papel estratégico de las universidades públicas en el desarrollo económico, científico y social de la Región de Murcia.

Por todo ello, reclamamos:

1. La incorporación en la Ley autonómica de un compromiso explícito con la financiación pública suficiente, estableciendo como referencia el 1% del PIB regional y un horizonte temporal verificable para su consecución.
2. La alineación efectiva del texto con los principios de la LOSU, en especial los relativos a suficiencia financiera, planificación plurianual y corresponsabilidad institucional de las administraciones públicas.
3. El reconocimiento del valor estratégico del sistema universitario público y de su papel en la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la transformación productiva de la Región de Murcia.

La Universidad pública necesita una ley que mire hacia adelante, no una norma que consolide la precariedad y la falta de horizonte.

Desde las Juntas del PDI y del PTGAS y el Comité de Empresa de la Universidad de Murcia entendemos que una universidad pública de calidad requiere planificación financiera transparente, compromiso público suficiente y marcos normativos coherentes con su misión social. Por ello:

• Solicitamos la revisión inmediata del Plan de Financiación Plurianual firmado en mayo de 2024; y su posterior publicación en el BORM. O, en su defecto, una explicación pública y motivada de su no revisión y de su no aplicación.
• Exigimos la modificación del modelo de financiación y la retirada o reforma del artículo 29 del borrador de ley, en coherencia con el principio de financiación pública suficiente que debe regir cualquier servicio público esencial.
• Instamos a la inclusión explícita en la Ley del compromiso de alcanzar el 1% del PIB en gasto universitario, con calendario vinculante y mecanismos de evaluación independientes.

La universidad pública no es un gasto discrecional: es una inversión estratégica en conocimiento, cohesión social y desarrollo territorial. Su sostenibilidad no puede depender de la voluntad política de cada legislatura, ni puede ser sacrificada en aras de una presunta eficiencia que, en realidad, es precarización institucional.

JUNTA DEL PDI, COMITÉ DE EMPRESA Y JUNTA DEL PTGAS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA