El yaguareté (Panthera onca) no es solo un animal imponente; es el tercer felino más grande del mundo (después del tigre y el león) y funciona como un “termómetro” de la naturaleza. Los expertos lo llaman especie “paraguas”: esto significa que, al protegerlo a él y a su hábitat, indirectamente se conserva al resto de la flora y fauna de la zona. Además, como depredador tope, regula las poblaciones de otros animales y mantiene el equilibrio ecológico.

Una situación crítica: números que alarman

Si bien a nivel continental la especie figura como “Casi amenazada”, en la Argentina el panorama es mucho más grave: el yaguareté está en peligro crítico de extinción.

Históricamente, este animal habitaba desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte del país. Sin embargo, la actividad humana redujo su territorio drásticamente. Hoy, la Fundación Vida Silvestre estima que quedan alrededor de 250 yaguaretés en toda la Argentina, divididos en tres grandes áreas:

La densidad de población es muy baja y, al estar fragmentados, el riesgo de que desaparezcan localmente es muy alto. De hecho, en países como Uruguay y El Salvador, la especie ya se extinguió.

Las amenazas y el rol de la sociedad

¿Por qué retrocedió tanto el “tigre” (como le dicen en el campo)? Las causas principales son claras:

A pesar de esto, el yaguareté sigue siendo un símbolo de identidad nacional. Fue declarado Monumento Natural Nacional y, según una encuesta reciente de Ágora Consultores para Vida Silvestre, 8 de cada 10 argentinos consideran que su rol en el ecosistema es muy importante. Casi el 100% de los encuestados coincidió en que su extinción sería un hecho “muy grave”.

Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, afirmó al respecto: “El yaguareté es parte de nuestra identidad natural (…) Conservarlo no es solo una responsabilidad ambiental: es un compromiso con nuestras raíces y con el país que queremos dejar para las próximas generaciones“.

Características del “verdadero rey” de la selva

Para quienes no lo vieron nunca, el yaguareté impresiona por su robustez y su cabeza grande. Posee la mordida más poderosa de todos los felinos.

Tamaño: Los machos pueden medir hasta 2,50 metros y pesar 140 kg.

Pelaje: Su patrón de manchas en forma de rosetas es único en cada individuo, funcionando igual que nuestras huellas digitales.

Reproducción: Las hembras crían solas a sus cachorros (entre una y tres crías) tras una gestación de unos 100 días.

Acciones para salvarlo

La conservación de esta especie no conoce fronteras. Vida Silvestre trabaja de forma coordinada con oficinas de Bolivia, Brasil y Paraguay para asegurar la conectividad ecológica. El objetivo es que los animales puedan desplazarse, alimentarse y reproducirse sin quedar aislados.

Además, las acciones incluyen el monitoreo con nuevas tecnologías, el fomento del cumplimiento de las leyes de bosques y la educación ambiental en las comunidades locales para que la convivencia con el felino sea segura y posible.

Escuchá el episodio de nuestro podcast Raíz sobre experiencias de conservación del yaguareté en este enlace.

Qué es el gatuzo y por qué está en riesgo

El gatuzo es una especie de tiburón endémica del Océano Atlántico Sudoccidental. Esto significa que habita únicamente en esa región; si desaparece de allí, se extinguiría globalmente. De acuerdo con datos de WCS Argentina, su población se redujo más del 90 % en los últimos 40 años. Se trata de una especie con baja fecundidad y reproducción tardía: las hembras comienzan a parir a los ocho años, y pueden tener entre 1 y 16 crías por año.

Esas características la hacen especialmente vulnerable frente a la presión de la pesca no sostenible, tanto comercial como recreativa. Además, muchas veces se comercializa en pescaderías bajo el nombre de “palo rosado”, lo que dificulta su reconocimiento por parte de los consumidores.

Según el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el gatuzo es el tiburón más explotado comercialmente en el país.

Queremos alertar a los consumidores que el gatuzo es uno de los tiburones que habita el Mar Argentino y que está en peligro de extinción”, enfatiza Juan Martín Cuevas, coordinador de conservación de rayas y tiburones de WCS Argentina.

Una estrategia para salvar tiburones y rayas

WCS desarrolló en 2021 una estrategia global de diez años para proteger tiburones y rayas en diez regiones del mundo. Una de las zonas prioritarias identificadas es el Océano Atlántico Sudoccidental, donde habita el gatuzo.

Es necesario investigar e implementar métodos de pesca alternativos, selectivos, eficientes y sostenibles para disminuir la presión pesquera dirigida a especies endémicas amenazadas; mientras tanto se necesita una moratoria, es decir, que se deje de pescar por un tiempo determinado para que la especie se pueda recuperar”, agrega Cuevas.

Por qué conservar tiburones es clave para el ecosistema marino

Los tiburones son los primeros vertebrados marinos amenazados a escala global. Su rol como predadores tope —es decir, ubicados en la cima de la cadena alimentaria— es esencial para mantener el equilibrio ecológico. La desaparición de estos animales altera los ecosistemas y perjudica a las comunidades que dependen del mar.

Actualmente, las poblaciones de tiburones están en declive, amenazadas por la pérdida de hábitat, el cambio climático y sobre todo por la sobrepesca. Durante décadas, se los ha capturado para su uso en productos como sopa de aleta, carne, aceite y otros derivados.

En el Mar Argentino hay registradas 55 especies de tiburones. WCS Argentina, en colaboración con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, participó en la evaluación de 35 especies de peces cartilaginosos. De ellas, 20 fueron clasificadas en alguna categoría de amenaza, y 15 son endémicas de la región, como el gatuzo.

“Durante Semana Santa, época en la que aumenta el consumo de pescado en Argentina, alentamos a la comunidad a ser aliada en la conservación de los tiburones, a informarse consultando en la pescadería qué especies está comercializando, y no comprar ni consumir especies en peligro, como el gatuzo”, refuerza Cuevas.

Bajo el intenso sol de un día de finales de febrero, que apenas a las nueve de la mañana ya se sentía sumamente abrasador -incluso para quienes viven en el oriente guatemalteco-, Angélica Méndez, de 19 años, contó con orgullo que desde hace dos años es la encargada de registrar datos climáticos en la parcela de su papá.

Las mediciones que efectúa son de precipitación y humedad y las realiza con ayuda de un pluviómetro y un hidrómetro. La lectura de la precipitación la hace todos los días de la época lluviosa a las 7 en punto de la mañana. Tiene que ser a esa hora exacta porque más tarde el agua recolectada se habría evaporado, explicó.

En cuanto a la humedad, la mide insertando el hidrómetro en tres puntos distintos de la parcela. Los datos que obtiene de ambas mediciones los anota en un cuaderno y le sirven a su papá, Carlos Méndez, para saber si es un momento propicio para sembrar o regar y comparar las condiciones del suelo en fechas anteriores. Angélica dijo sentirse contenta de efectuar esta tarea para contribuir a que su familia tenga una buena cosecha.

Don Carlos afirmó que contar con datos confiables de la humedad de su terreno lo ayuda a “lograr” sus cultivos y obtener productos para el autoconsumo y para comercializar entre sus vecinos. Por eso, siembra más que todo maíz y frijol, hortalizas como el rábano y plantas aromáticas como el cilantro. “Siembro lo que sea de más alimento para mi familia”, aseguró el agricultor, quien además de haber empezado recientemente a cultivar una variedad mejorada de frijol negro, plantó en puntos estratégicos de su parcela hileras de yuca y piña, las cuales actúan como barreras vivas que retienen el agua y evitan deslizamientos de tierra.

Don Carlos y Ángélica también cuentan con un sistema de captación de lluvia, otro de riego, un embalse de peces y usa abono orgánico que producen en su abonera. Todas estas prácticas y tecnologías agrícolas que emplea la familia Méndez es lo que se conoce como Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC).

A su vez, al sitio donde se practica la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima se le conoce como Territorio Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) y este se define como “un laboratorio vivo, en el que a través de un enfoque integral y participativo se genera evidencia científica sobre los beneficios de la agricultura climáticamente inteligente, con el fin de entender qué soluciones son más apropiadas, para quiénes, en dónde y bajo qué condiciones o contexto específico”, indica el documento Monitoreo de Prácticas y Tecnologías Implementadas en 2017 en el TeSAC Olopa, Guatemala, elaborado por el Programa de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

De la implementación de estas buenas prácticas agrícolas en las parcelas se espera que las familias agricultoras logren al menos dos de estos objetivos: aumentar y estabilizar su productividad/ingresos y seguridad alimentaria; mejorar su capacidad adaptativa frente a los impactos negativos del cambio y la variabilidad climática; y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la agricultura.

En la actualidad este enfoque de territorios sostenibles adaptados al clima se implementa en tres países de América Latina: Colombia (TeSAC Cauca), Guatemala (TeSAC Olopa) y Honduras (TeSAC Santa Rita).

¿Por qué priorizar el género?

“El género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”. Y su igualdad implica: “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todas las mujeres y hombres”, señala la Guía para la Inclusión de Género en las iniciativas ASAC. Mediación para Extensionistas, elaborada por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA).

Respecto de este tema, en el recién lanzado Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Guatemala (PAGcc-Guatemala) se cita a la agricultura como sector productivo prioritario del país y se indica que en el mismo, muchas de las actividades que las mujeres realizan son catalogadas como de pequeña escala, principalmente para el autoconsumo, dedicadas a la venta de los excedentes para generar ingresos y contribuir a la alimentación de ellas y sus familias. Añade que las mujeres, como Angélica, desempeñan un papel crucial en la alimentación familiar y la recolección de recursos, pero con frecuencia sus conocimientos y perspectivas son ignoradas.

Es debido a esos distintos roles, responsabilidades, normas sociales y derechos de hombres y mujeres productores, que el cambio climático los afecta de manera diferenciada. “A pesar de que en el ámbito rural de América Latina y el Caribe, el rol femenino en la agricultura es fundamental, este se encuentra invisibilizado, porque además de no estar remunerado, cuantificado y cualificado, lo efectúan como una tarea normal y adicional”, indicó la bióloga Osana Bonilla-Findji, Oficial Científica del CCAFS, durante una entrevista sobre este tema concedida al podcast Voces Climáticas.

Bonilla-Findji es una de las autoras del estudio y también coordinadora del proyecto Generando evidencia sobre la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) con perspectiva de género para informar políticas en Centroamérica, que se realizó entre 2018 y 2020 en Guatemala y Honduras.

Este proyecto apoyó el escalamiento de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima con perspectiva de género como mecanismo para aumentar la resiliencia y mejorar los medios de vida de los hogares vulnerables a los impactos del cambio climático. La iniciativa la lideró el CIAT y la Alianza Biodiversity International con apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, de Canadá.

Las prácticas agrícolas sostenibles reditúan más frutos 

Jesús David Martínez Salgado, ingeniero agrónomo con maestría en ciencias agrícolas, explicó que además de en Colombia, la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima la están impulsando en el corredor seco centroamericano.

En esta zona altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, con largos períodos de sequía, seguidos de lluvias intensas, los medios de vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones locales resultan afectados, por lo que un 80 por ciento de los pequeños productores del lugar vive en pobreza y muchas veces se ven obligados a migrar, indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Plan de Acción de Género (PAG-cc) coincide con la FAO al indicar que la pérdida de cosechas y la degradación de la tierra en regiones donde las personas que se dedican a la agricultura de subsistencia se ven impactadas por la aridez de la tierra o por inundaciones, han dado lugar a altos niveles de migración de hombres al extranjero, lo que ha dejado a muchas mujeres a cargo del hogar y las actividades agrícolas para garantizar su sustento diario e incluso la seguridad alimentaria y nutricional de sus aldeas.

Para enfrentar tales situaciones e impulsar una agricultura competitiva, inclusiva y sostenible en Guatemala se propone la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, la cual responde a la implementación de la Estrategia Agricultura Sostenible Adaptada al Clima para la Región SICA 2018-2030 (EASAC) que, a su vez, integra el principio de igualdad y equidad de género, el enfoque intergeneracional y la inclusión social, señala el Plan de Acción de Género.

Por eso, con apoyo de socios locales, entre ellos, la Asociación Regional Campesina Chortí (ASORECH), los investigadores del Centro Internacional de Agricultura Tropical se acercaron a las comunidades del municipio de Olopa, Chiquimula, en Guatemala, donde deseaban promover los Territorios Sostenibles y la práctica de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima.

Luego de seleccionar las poblaciones, indicó Martínez, procedieron a identificar los roles que hombres y mujeres están cumpliendo en ellas; se informaron sobre si las mujeres tienen oportunidad de administrar recursos económicos, qué tanto aportan al sistema productivo y, por supuesto, preguntaron cuáles son los riesgos climáticos a los que están expuestas, si las personas los consideran como los más importantes y cómo los están afrontando.

Conforme fueron estableciéndose los territorios sostenibles adaptados al clima, los investigadores empezaron a llevar a cabo otros proyectos, entre ellos, el que lideró Bonilla-Findji para generar datos sobre cómo las diferencias de género están asociadas al acceso e implementación de prácticas de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima en Centroamérica.

El desarrollo del proyecto quedó registrado en la guía práctica Paso a paso para la inclusión de género en iniciativas de agricultura sostenible adaptada al clima para Guatemala. Y algunos de sus resultados destacan que los socios estratégicos locales, como ASORECH, mejoraron sus capacidades para identificar, diseñar, planificar, aplicar y supervisar intervenciones de la agricultura sostenible sensibles al género; así como su comprensión de las percepciones de las personas agricultoras sobre los impactos de estas prácticas y su capacidad para escalarlas.

Dignos ejemplos a seguir

Entre los productores que participaron en las capacitaciones para conocer estas prácticas en sus comunidades está don Carlos Méndez. Él junto con su hija Angélica comparten su experiencia y conocimiento sobre estas buenas prácticas agrícolas, tanto con sus vecinos en la comunidad La Rinconada, como con personas de otras localidades del oriente guatemalteco. Por ejemplo, ambos reciben en su parcela a estudiantes de ingeniería agronómica y ambiental del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes, como parte de su aprendizaje visitan e interactúan con las familias agricultoras.

Amalia Maribel Súchite Ramos y su mamá, Urpina Ramos, de la comunidad Los Súchite, siempre en Olopa, son otras de las mujeres capacitadas en la práctica de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima.

Durante la visita a su vivienda, con una amplia sonrisa en el rostro, la señora Amalia mostró el huerto bajo techo que cuatro de sus siete hijos sembraron este 2024 con rábanos y cilantro. “Para que también sepan producir sus alimentos y cuando tengan ganas de comerlos, ellos mismos vengan a cosecharlos”, dijo sonriente.

“La inclusión de género y su estudio es transversal de todas las iniciativas que impulsa el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Siempre tomamos en cuenta a mujeres y a la juventud. Buscamos que la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima y la implementación de los territorios sostenibles sean prácticas comprendidas y ejecutadas no solo por quienes en un momento determinado trabajan en el campo, sino también por jóvenes e incluso la niñez, para que el aprendizaje y sus impactos positivos sean transmitidos de generación en generación”, explicó Daniela Arce Gómez, comunicadora del centro de investigación.

Luego de enseñar el huerto de sus pequeños, doña Amalia comentó que, mientras su esposo migra a la Costa Sur del país para trabajar como jornalero, ella se encarga de atender su casa, a sus hijos y su patio, como se le denomina al área alrededor de la vivienda en la que las familias rurales también acostumbran sembrar hortalizas.

Ella también ha construido una abonera y canales o zanjas a cielo abierto (acequias) por donde transita el agua con la que riega sus cultivos. Además, tiene un estanque donde cría tilapias y un sistema de captación de lluvia que luego usa para sus quehaceres domésticos y para regar sus plantas comestibles.

Urpina Ramos, madre de Amalia, quien estuvo atenta a la conversación sostenida con su hija, añadió que cuando se entera de las capacitaciones agrícolas, ella también acude. Luego le relata a su esposo qué les enseñaron y ponen en práctica lo aprendido. Contó que fabricaron su propia abonera y, con entusiasmo, la mostró y aceptó ser fotografiada.

Los bosques amazónicos conservan el 20% del agua dulce del planeta. Solo el lado peruano contiene más del 97% del agua disponible en el país, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En un ranking de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Perú es la octava nación del mundo con más disposición del líquido elemento. Sin embargo, la situación es crítica: 7 de cada 10 personas en la Amazonía ―e incluso 9 de cada 10 en algunas regiones― carecen de acceso a servicios de agua y saneamiento, según un estudio de World Vision.

El cambio climático o crisis climática va jugando su rol, impactando en la calidad de vida de los pueblos amazónicos. Haciendo que el río se desborde más de lo habitual en época de crecida y se seque más de la cuenta el resto del tiempo. En este año, se está viviendo una sequía hidrológica en la Amazonía que aisla a poblaciones en Perú y que en Brasil afectó a más de 600.000 personas solo en el estado de Amazonas. Año tras año, la situación de Belén y gran parte de los pueblos amazónicos se va complicando en varios frentes. Eso sin contar la contaminación proveniente de la minería ilegal, la tala y las industrias extractivas.

“Es la máxima ironía, las familias que viven en la cuenca de la masa de agua más importante de la Tierra no tienen acceso a agua limpia, los niños y las niñas mueren de enfermedades infecciosas prevenibles y muchos se enfrentan al hambre”, afirmó Joao Diniz, miembro del consejo directivo de World Vision América Latina y el Caribe.

Urbanismo amazónico

En el año 2012 un incendio destruyó unas 200 casas en el barrio de Belén. Ese trágico suceso hizo que el gobierno empiece a buscar mejores alternativas para asentar a esta población. Es así que en 2016, trasladaron a alrededor de 2600 personas a la Nueva Ciudad de Belén, a unos 12 kilómetros de distancia. No sufrirían más por los vaivenes de un río afectado por el cambio climático y tampoco por los deshechos que flotaban en las puertas de sus casas.

La creación de la Nueva Ciudad de Belén hizo que el Ministerio de Vivienda de Perú lanzara unas convocatorias para realizar proyectos urbanísticos que ayuden a sus pobladores.

“Nos interesaba mucho abordar la arquitectura y el urbanismo desde el lado medioambiental, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático en la Amazonía”, dijo la arquitecta Belén Desmaison, que, al ver la convocatoria del gobierno, organizó al equipo que se embarcaría en un viaje lleno de retos. Le llamaron Proyecto Ciudades Auto Sostenibles Amazónicas (CASA) – PUCP. Es así que con el apoyo del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC), de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y University College London (UCL) se aventuraron en esta idea.

De 2018 a 2019, CASA brindó recomendaciones para la mejora del proceso de reasentamiento para el barrio de Belén. El alcance del proyecto era un nuevo asentamiento de 2.500 casas para 16.000 personas. Además de planificar la construcción, CASA analizó las posibilidades de mantenimiento y adaptación a los cambios medioambientales y sociales.

“La Amazonía es muy cambiante. Los ríos se mueven, cambian de cauce, sube y baja el caudal. En los últimos años las sequías han sido más persistentes. Tenemos que pensar en un todo”, comentó Desmaison, actual coordinadora de CASA, que espera que estos proyectos puedan ser aceptados por las autoridades, ya que “ellos son los que tienen que llevar todo lo que estamos trabajando en la academia, a la realidad”.

Una realidad que impacta. No solo es el cambio climático, la correcta disposición de la basura o las sequías, sino también las actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos, que “contaminan y cada vez las personas de la Amazonía tienen agua de menos calidad”, declaró Kleber Espinoza, también coordinador de CASA.

Luego de realizar el plan de reasentamiento en la Nueva Ciudad de Belén, iniciaron una segunda fase (2018-2021). Crearon un prototipo: celosía bioclimática expandible. Esta construcción almacenaría el agua de lluvia y estaría integrada a una cocina ecológica.

“En lugar de tener tanques [de agua] elevados, todo se almacena en tubos de plástico y tiene su propia energía [paneles solares], que no está conectada a la red eléctrica. También tiene un baño seco. Es una casa bien equipada y económica”, dijo Eliazar Ruiz, responsable del mantenimiento de esta vivienda piloto y poblador de la Ciudad de Nueva Belén.

De la misma forma, cuenta con parrilla solar que usa la radiación solar para cocer los alimentos. Una cocina mejorada que reduce la contaminación y los problemas respiratorios gracias a su diseño y uso de los restos de la madera para cocinar y así evitar la tala de los bosques. También se ha preocupado por el diseño de las ventanas, que le brindan una mejor circulación de aire. Y finalmente, siguen prototipando losetas resistentes hechas con distintos barros amazónicos.

En el tiempo desarrollando CASA, han ganado importantes reconocimientos en Asia, Europa y Latinoamérica. Sin embargo, el reto, como Desmaison y Espinoza constantemente repiten, es que los gobiernos locales puedan desarrollarlos donde más se necesite.

Más que un río

A lo largo de las últimas décadas se han realizado innumerables proyectos financiados o desarrollados por diversas instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF y ONGs que, así como el Proyecto CASA, buscaban mejorar la calidad de vida a las personas en la Amazonía peruana.

“Se ha avanzado con diversas iniciativas privadas para darle mayor acceso de agua a la población pero todavía la brecha es muy grande”, dijo Sandra Ríos, directora de la oficina de Iquitos de Wildlife Conservation Society (WCS), que afirma también que la solución tiene que ir más allá de instalar cocinas, baños y cañerías.

“Hay una conexión con el agua, con sus seres espirituales”, sostiene Verónica Shibuya, funcionaria del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). A eso, Ríos añade que el componente cultural es vital para lograr el éxito de los proyectos en Amazonía: “A la gente le gusta consumir el agua del río, de las quebradas, y es complicado ir contra sus costumbres. Reunirse en estos lugares es parte de sus vidas, donde pueden conversar, pescar, bañarse, pasar el tiempo juntos”.

Sin embargo, Ríos espera que la sequía actual sea la oportunidad para promover un mejor uso del agua en las comunidades. “Tenemos que adaptarnos. A pesar de que digan que sabe distinto o tengan propiedades curativas, tenemos que promover un mejor uso del agua”, cuenta mientras recuerda su niñez en la comunidad. “Cuando éramos niños decían que bañarse con agua de la lluvia hacía doler los huesos y sucedía, de verdad te dolía. También las mamás no querían lavar ropa con agua de lluvia, porque el detergente no hacía espuma con ella, y lavar se hacía eterno”.

Soluciones sostenibles para el agua en la Amazonía

Con la idea de trascender, los investigadores de CASA siguen realizando estudios y prototipos que ayuden a cerrar las brechas en la Amazonía. Y como recomienda Ríos, “hay que trabajar fuertemente con las personas”.

Mientras que la celosía bioclimática expandible sigue esperando en la Nueva Ciudad de Belén que las autoridades se decidan a replicarla, CASA se está embarcando en un nuevo proyecto: una plataforma itinerante autosostenible de tratamiento de agua.

“Es una balsa pequeña que pueda viajar por los ríos de la selva y que trate el agua para que las poblaciones ribereñas puedan usarla. Recién estamos en etapa de exploración de alternativas. Queremos trabajar con la población para introducir conocimiento local sobre el manejo y gestión del agua”, dice Espinoza con mucha esperanza.

Ante ello, su colega Desmaison añade que el futuro de esta fase del proyecto, como de todo CASA en sí, “dependerá de la voluntad política para materializarlo. Tenemos que estar abiertos a escuchar y aprender. Hay que entender la historia, cómo han ido creciendo las poblaciones en la Amazonía. Si no nos detenemos en esto, ningún proyecto tendrá éxito”.

*Este artículo fue elaborado con el apoyo de Voces Climáticas, una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, LatinClima, el Centro Científico Tropical (CCT), Claves 21, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) y Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA).

América Latina ha sido reconocida por su dinamismo económico ―la capacidad de una economía para adaptarse a circunstancias cambiantes― aunque esto también se ha asociado a la generación de una compleja gama de externalidades negativas. Esto ha dado lugar a importantes efectos colaterales como la elevada contaminación atmosférica, la contaminación del suelo y de los recursos hídricos, y las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

Este deterioro de las condiciones ambientales y/o climáticas representa un severo obstáculo para el desarrollo a largo plazo. En algunos casos, los impactos del cambio climático son no lineales y aparecen como irreversibles, afectando de forma más severa a los países más pobres y con mayores temperaturas. El creciente deterioro del medioambiente está produciendo efectos relevantes y generalizados sobre el conjunto de la economía, que afectan de múltiples maneras al bienestar social y erosionan los cimientos del dinamismo económico.

Con este telón de fondo, en el transcurso de las próximas décadas los países de América Latina deberán construir un nuevo estilo de desarrollo ambientalmente sustentable y que aporte un sólido dinamismo económico. La magnitud de estos retos requiere una nueva estrategia de desarrollo a largo plazo y una amplia movilización de recursos que permita financiar los cambios estructurales requeridos de forma consistente con el desafío del cambio climático.

Por ejemplo, el actual estilo de desarrollo está asociado a importantes emisiones de gases de efecto invernadero y donde el actual proceso de mitigación de estas emisiones es claramente insuficiente. De este modo, mantener las actuales pautas de producción y consumo es incompatible con la construcción de una economía carbono neutral en 2050-2070. Ello es necesario para cumplir con la meta del Acuerdo de París que se ha propuesto estabilizar el aumento de la temperatura global entre 1,5°C y 2°C durante este siglo.

Las simulaciones de escenarios prospectivos muestran que, para atender los desafíos de la transición climática, se requieren tasas promedio anual de mejora de la eficiencia energética y de descarbonización muy superiores a las que se han venido registrando en la región. Los ejercicios de simulación ilustran, asimismo, que si se retrasara hasta el año 2030 el proceso de mitigación, se requerirán esfuerzos mucho mayores en el futuro que resultarían poco creíbles y serían más costosos en términos económicos.

Previsiblemente, los impactos físicos del cambio climático ocasionarán un aumento del déficit fiscal en América Latina, consecuencia de un aumento del gasto necesario para atender las emergencias climáticas y la reducción de los ingresos consecuencia de la caída de la actividad económica. Esto debilita la salud económica y puede llevar, en algunos países, a un aumento insostenible de la deuda pública.

Las estimaciones disponibles indican que, dependiendo de cada país, los proyectos de inversión en infraestructuras requeridos para apoyar la transición climática en América Latina y el Caribe implican movilizar recursos por un monto promedio anual del orden de los 5% del PIB. Estas inversiones, que en sí mismas pueden representar un impulso para el magro crecimiento económico que están mostrando las economías de la región en la post-pandemia, implicarán un aumento del gasto público que será imposible de concretar sin que se produzcan cambios de envergadura en la política fiscal y sin que puedan movilizarse mayores montos de financiamiento.

La transición climática implicará, además, terminar con la producción y el consumo de combustibles fósiles. Esto supondría una reducción significativa de los ingresos fiscales en varios países de la región como Brasil, Ecuador, Bolivia, México, Guyana y Trinidad y Tobago, entre otros.

Las finanzas públicas deberán prepararse, por tanto, para procesar un aumento del gasto y una reducción de los ingresos fiscales, preservando equilibrios fiscales y aprovechando más intensamente las oportunidades que ofrecen los nuevos instrumentos financieros temáticos (verdes, sostenibles y de género).

En este escenario, la instrumentación de una nueva política fiscal y de gestión de la deuda pública aparece como un prerrequisito del éxito de la convergencia hacia una economía carbono neutral y resiliente al clima. De hecho, la apropiada administración de los riesgos de esta transición climática aparece como condición necesaria para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París y para que puedan procesarse las transformaciones en las actuales formas de producción y en los patrones de consumo, que se encuentran en el origen del cambio climático.

Difícilmente puedan afrontarse los retos planteados sin que se produzcan cambios significativos en la orientación de la política fiscal y sin que los objetivos de un desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo pasen a ocupar un lugar de privilegio en la gestión de la deuda pública. Por ejemplo, y a pesar de la reducida respuesta de las demandas de bienes y servicios intensivos en emisiones ante variaciones de los precios, la imposición de un precio al carbono podría contribuir a la transición climática y generaría recursos fiscales adicionales que podrían aplicarse para lograr un segundo dividendo en términos de una mejor distribución del ingreso y apoyar a grupos especialmente vulnerables.

Para avanzar en esta dirección se requiere un cambio de paradigma, que armonice la necesaria sostenibilidad de la deuda pública y la preservación de la estabilidad macroeconómica con la sostenibilidad ambiental y social. De lo contrario, las presiones fiscales y el creciente endeudamiento limitarán la capacidad de los gobiernos para apoyar la transición climática y los países de la región no podrán aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la construcción de una economía socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible.

Este artículo incorpora los resultados del proyecto de investigación “Promoting a pandemic recovery: Evidence to support managing the growing debt crisis”, realizado por la Red Sudamericana de Economía Aplicada (Red Sur), con el apoyo del International Development Research Centre (IDRC-Canadá).

Cuando se le pregunta a Guadalupe Coascota a qué se dedica, la primera actividad que enlista con su particular forma de contestar, entre risas, es la agricultura, luego cita al baile. A sus 64 años se siente con mucha energía. Ella irradia felicidad. Su entusiasmo emerge de la tierra, como el brote verde de las semillas de maíz, fréjol y habas que coloca en el huerto que tiene a cargo desde hace más de un año.

“Cambió mucho mi vida, ahora soy más organizada, porque las plantas no esperan. Hay que cuidarlas. Si le diera el cronograma que llevo, usted se asusta. Me encanta. A mi huerto lo estoy poniendo más bonito”, comenta Guadalupe, quien desde ese tiempo incluye a sus plantas en las oraciones, para que haya buen tiempo y no caigan las granizadas.

Más que una responsabilidad, el cuidado del huerto le ha cambiado para bien la perspectiva de vida a la sexagenaria, al igual que a decenas de vecinos del barrio La Lucha de Los Pobres, pese a que este lugar de Quito arrastre necesidades desde hace décadas y que contrasta con la opulencia de otras zonas de la misma ciudad.

El barrio se originó como una invasión en los años 80, en su mayoría, de foráneos de la capital ecuatoriana. Una de esas ciudades que presentan significativas desigualdades en su población, como lo reseña la organización de la sociedad civil Quito Cómo Vamos, ente que detalla en un informe de 2022 que el 56,1 % de la población (2,8 millones de habitantes al 2021) es vulnerable por su nivel de ingreso o que el 19 % se encuentra en situación de pobreza, es decir tiene menos de $ 2,8 al día.

Eso condiciona el desarrollo en varios ámbitos de la vida para esos sectores de la sociedad, como la alimentación y, por ende, la salud, que se siente con mayor fuerza en momentos de crisis sociales o climáticas. Así lo cuentan especialistas.

ALIMENTOS DE CALIDAD

“En Quito hay zonas donde hay excedentes, donde hay muchísimo alimento y donde la gente está bien de salud. Y también hay zonas donde hay lo que nosotros le llamamos desiertos alimentarios, es decir, hay tiendas de barrio o lugares donde comprar comida, pero casi toda la comida que hay en esas zonas no es fresca ni saludable porque es procesada o ultra procesada, con cargas de azúcar, sal y grasas saturadas”, refiere Myriam Paredes, doctora en Sociología Rural, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Ella es parte del equipo que impulsa el proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas alimentarios alternativos (SAA), mediante iniciativas locales en entornos informales de América Latina y el Caribe.

Es un proyecto que tiene capítulos en varios países, como Cuba, Colombia y Chile, liderado por un grupo de universidades de la región y de la Universidad de Montreal, con fondos del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés) de Canadá, para entender, entre otras cosas, las formas de aprovisionamiento y el tipo de alimentación de comunidades en zonas deprimidas.

“No se refiere solo a tener comida y calmar el hambre, sino tener alimentos de calidad que realmente a la gente no le enfermen y le permitan a la gente estar saludable”, añade Paredes. En pocas palabras, en el corto plazo se sacia el hambre, pero a largo plazo se están desarrollando condiciones poco saludables, como la obesidad y el sobrepeso que abren el camino a enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, advierte la especialista.

La difícil situación económica, el desconocimiento de alternativas, la falta de apoyo para fortalecer prácticas ancestrales alimentarias y el avance de la industria de alimentos procesados con campañas publicitarias permanentes han incidido en que el modelo tradicional de consumo se imponga en la mayoría de las comunidades, concluye la experta.

Su compañera, Sara Latorre, doctora en Ciencias Ambientales, de FLACSO, quien también dirige el proyecto, explica que en la primera fase se hizo un diagnóstico de la comunidad de estudio, unas diez manzanas del barrio, en su mayoría organizadas por directivas.

“Entendimos cómo estaban configuradas (comunidades o directivas), para entender la dinámica e iniciativas que ya existían. Una vez que nos presentamos y la socialización, se empezó a generar los micro proyectos para apoyar algo que estaba en marcha o algo que los moradores aún no lo habían puesto en marcha”, detalla Latorre.

CONOCIMIENTOS ENTRE GENERACIONES

El equipo de académicos implementó un micro proyecto para formar a promotoras de alimentación saludable, por lo que se hicieron alianzas con cocineros profesionales para rescatar la identidad alimentaria de los habitantes con base en alimentos saludables y para elaborar un recetario; un segundo micro proyecto tuvo que ver con la recuperación de una quebrada desde el foco ambiental para que sea un predio de árboles frutales.

Otra de las iniciativas, en cambio, involucró a jóvenes de la comunidad para que sean quienes difundan en redes sociales los beneficios de una buena alimentación. El último micro proyecto, que está en marcha, es el de los huertos.

“Lo que hemos hecho en los micro proyectos es vincular a estudiantes de FLACSO. Los proyectos se ejecutan, pero también tienen investigación, que son las tesis de maestrías. El joven que está apoyando en los huertos del programa 60 y PiQuito (de carácter municipal para ayudar a adultos mayores), como tiene conocimiento en huertos, es el propio técnico que les capacita o apoya en capacitaciones”, agrega Latorre.

Uno de los ejes del proyecto tiene que ver con el traspaso del conocimiento a las generaciones más recientes, para reducir la brecha de saberes y evitar que se desconozca lo básico, el planteamiento del problema, sus consecuencias y posibles soluciones.

“Formulamos algo innovador con el programa audiovisual Comunicación y Buen Comer, para conectar con los jóvenes a través de la comunicación. Se los capacitó sobre cómo hablar a una audiencia y otros conocimientos, para activar y conectar a los jóvenes, a cargo de Eliana y Marcelo. Se hicieron talleres con jóvenes del barrio”, explica Vanessa Guerrero, de 26 años, en el 2022 una estudiante que por cuestiones académicas conoció a las investigadoras del proyecto. Ahora, ella es socióloga de profesión y asistente de las expertas, que trabaja en su propia comunidad, ya que ella vive en La Lucha de Los Pobres; una coincidencia de la que disfruta.

El apego a la tierra y a la agricultura en el barrio es notorio. Solo en dos de las diez manzanas de estudio hay unos 33 huertos familiares, y junto a esas manzanas están 56 huertos comunitarios que funcionan en terrenos municipales. Muchos de esos huertos ya eran parte del diario vivir de habitantes de esas manzanas desde el 2019, que se están potenciando con el conocimiento técnico.

Según la doctora Myriam Paredes, los cultivos de hortalizas, leguminosas, frutas, hierbas medicinales o especias fueron de gran ayuda para muchas familias en tiempos de pandemia y en las paralizaciones que mantuvieron al país en vilo en los últimos cuatro años.

Las chacras a escala, urbanas, por así decirlo, ocupan terrazas, jardines, patios, terrenos que estaban sin uso o basurales que fueron transformados. En el suelo pueden tener superficies de entre 20 y 90 metros cuadrados.

LECCIONES DE PANDEMIA

“Cuando llegó el Covid, las directivas sabían quiénes eran los vecinos que no tenían qué comer y se organizaron ollas comunitarias (se prepara comida con alimentos que donan los miembros de las comunidades). Había vecinos que son bien viejitos, que sus hijos habían migrado a otros países, que había que atenderlos. La organización es un aspecto central para poder resolver el problema alimentario, a nivel comunitario”, destaca Paredes.

Así también, relatan las investigadoras, entre la comunidad se buscaban semillas para ofrecerlas a quienes no tenían.

Pese a la buena voluntad hay escenarios que se pueden salir de las manos de la comunidad, como los efectos del cambio climático, que percibe la misma comunidad, tras una encuesta realizada a unas 90 personas -cuya tercera parte tiene un huerto-: los tiempos de sequía y lluvia han variado, a tal punto que son impredecibles.

“Muchas veces tienen granizadas muy fuertes. El tema del agua, en el verano, las personas que tienen huertos grandes sí tienen un problema, es decir, las ciudades van a tener que volverse resilientes”, enfatiza Sara Latorre.

Parte de esa resiliencia que identificaron en La Lucha de Los Pobres es el reciclaje de agua para el riego de los huertos, con captación de agua lluvia y reutilización de aguas grises producto del lavado de platos.

Además del valor alimentario, las académicas también destacan los efectos positivos que han notado en la salud mental y física, sobre todo, de los adultos mayores que, a manera de terapia, disfrutan del cuidado de sus plantas, al aire libre. Al igual que el beneficio económico que han registrado en casos de estudio.

“La comida en la pandemia se puso cara, pero las familias con huertos sí tenían comida. Hasta una ramita de cilantro costaba $ 0,25 en el mercado. Y como hay personas que viven con el dinero de la jubilación. Eso es poquito para una familia de cuatro personas. A veces no tienen ni los $ 0,25. Ellos también han percibido el beneficio económico”, recuerda Paredes.

En los casi cuatro años, el proyecto como tal ha recibido fondos que ascienden a unos 100 mil dólares canadienses, además de una contraparte de la FLACSO, según Latorre. En menos de un año culminará el proyecto, cuya fase final comprende levantar información sobre el tipo de negocios relacionados con comida que funcionan en el sector de estudio y cómo eso influye en los sistemas alimentarios de las familias. También se hará una suerte de radiografía del barrio y cómo han influido los micro proyectos.

Las investigadoras tienen una mirada más ambiciosa, pues esperan que este tipo de estudios y micro proyectos puedan alegrar la vida de otros barrios como transformó la rutina de Guadalupe Coascota.

Este artículo fue elaborado con el apoyo de Voces Climáticas, una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, LatinClima, el Centro Científico Tropical (CCT), Claves21, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) y Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA).

Net-zero (también conocido como cero neto, neutralidad de carbono o carbono neutral) se refiere al equilibrio entre la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera y la cantidad que es compensada, eliminada o absorbida. Alcanzar este estado de equilibrio implica un considerable desafío que requiere acciones específicas.

Net-zero implica igualar las emisiones liberadas con aquellas que pueden ser absorbidas, eliminadas o compensadas. Las acciones para lograrlo son diversas e incluyen el aumento de energías renovables, la preservación de bosques o la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles, entre otras estrategias complementarias. El término net-zero está estrechamente relacionado con otros conceptos, como mitigación y descarbonización.

Para ello, la guía “Bosques y Energía – Net-zero en Argentina” aborda el rol de dos sectores clave para la transición a net-zero y aporta conceptos introductorios para periodistas, como la captura de carbono de los bosques y la descarbonización de la energía. Además, la guía da consejos para periodistas e ideas de posibles artículos.

Accedé a la guía “Bosques y Energía – Net-zero en Argentina” en este enlace. 

La industria y el comercio de la ciudad ―sus fábricas producen cosméticos, artículos de construcción, papelería y alimentos― han generado elevados ingresos. Sin embargo, en todo Yumbo, cuatro de cada 10 personas viven en pobreza.

Y, según Oswaldo López Bernal, profesor de arquitectura de la Universidad del Valle, investigadores han descubierto que la contaminación generada por las fábricas eleva la temperatura de Yumbo unos cinco grados, en promedio, por encima de la de los otros barrios de Cali, ubicados a tan solo unos minutos de distancia, al sur.

Estas paradojas han exigido mucha imaginación y perseverancia a los habitantes de Yumbo preocupados por el ambiente. En medio de esta preocupante situación, donde la pobreza se une a la contaminación y al abandono, las personas en Yumbo han empezado a buscar alternativas teniendo en cuenta un factor determinante: el cambio climático. Reforestación, huertas urbanas, colectores de agua en parques públicos, son algunas iniciativas que han empezado a mover a esta población.

Reforestando realidad

Panorama es un barrio marginal del norte de Yumbo. Hasta finales de la década de 1990, aún no había sido reconocido en los planes oficiales de ordenamiento territorial, señala Miguel Ledesma, residente local. Esto significaba que no disponía de servicios básicos como suministro eléctrico, agua potable y alcantarillado.

Ledesma puso remedio a esta situación con un grupo de vecinos, llevando los servicios públicos a la comunidad antes de que lo consiguiera la administración local, y fundó la Junta de Acción Comuna.

“Luego (de lograrlo), nos enfocamos en convertirnos en una fundación ambiental”, recuerda Ledesma. Le pusieron de nombre Fundación Ambiental Compromiso Yumbeño (Facy), una organización protectora de la naturaleza en el barrio Panorama. Facy refleja la convicción de Ledesma de que es esencial tomar más medidas para afrontar el cambio climático y sus consecuencias para su ciudad.

El principal proyecto que tiene Facy, es la reforestación del cerro de La Estancia, una parte fundamental de esa populosa comuna de Yumbo, donde se han levantado centenares de casas. Y, poco a poco, en este agreste lugar en medio de fábricas, empezó a crecer un bosque para todos los vecinos.

Crearon un sendero verde, una franja de 500 metros de longitud que se ha conservado como una zona de protección. Lugareños le han contado a Diálogo Chino que esta zona pronto adquirió importancia para la comunidad por ser una de las pocas zonas de vegetación que quedaban en el barrio.

Sin embargo, meses después, cuando continuaban plantando árboles en La Estancia, esta fue invadida por decenas de familias empobrecidas. Derribaron parte de la vegetación reforestada y ocuparon las tierras. “Dañaron todo lo que habíamos logrado. Uno que otro árbol que llegaba al cauce se salvó, pero por lo demás, prácticamente todo quedó afectado”, dice Ledesma.

Luego de esta invasión, Facy tomó la decisión de cambiar su enfoque hacia la horticultura, potenciando el conocimiento campesino que muchas de las familias ya poseían e intentando un nuevo camino.

Durante este proceso, Facy obtuvo recursos de la Secretaría de Planeación Municipal, empresas de la Alianza Empresarial de Yumbo y Juntas de Acción Comunal en áreas circundantes al proyecto, lo que mejoró significativamente la implementación de las actividades.

También contaron con la colaboración de actores internacionales como el proyecto Adapto (Adaptación al Cambio Climático en Asentamientos Informales), que busca la creación de condiciones de crecimiento y la transferencia de estrategias informales de adaptación en ciudades pequeñas y medianas para su integración en las políticas públicas.

Según Adapto e investigadores de la Universidad del Valle, la realidad del barrio Panorama es la realidad de América Latina, una región que tiene un marcado déficit de infraestructuras urbanas preparadas para hacer frente a los impactos del cambio climático.

Y este vacío afecta de manera más severa a las comunidades que residen en asentamientos informales. La falta de sistemas de saneamiento y drenaje pluvial, acceso al agua potable, gestión de residuos, suministro de energía y transporte adecuado se refleja en la vida cotidiana.

Ante este abandono, las personas en esta zona del país han desarrollado mecanismos para combatir el cambio climático y así mejorar la calidad de vida de ellos y de las futuras generaciones.

Soluciones creativas en Yumbo

Al oeste de Panorama se encuentra el barrio de Las Américas. Aquí, varios grupos se han unido para tratar de hacer frente a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias.

Con el apoyo del Laboratorio de Intervención Urbana ―un grupo de profesores investigadores de la Universidad del Valle que trabajan en procesos comunitarios relacionados con el cambio climático― residentes y líderes locales idearon dos mecanismos de drenaje: el Sistema de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) de bajo costo y un sistema de filtración, basado en un colector de aguas pluviales.

Finalizados en 2021, ambos tienen como objetivo reducir el riesgo de inundaciones y suministrar agua a los nuevos huertos comunitarios.

Para el Colector de Aguas de Lluvia tuvieron que ser muy creativos. Construyeron gradas en los alrededores de la cancha de fútbol que servirían para filtrar y almacenar agua de la lluvia.

“La solución consistió en un sistema urbano de drenaje a través de gradas filtrantes y un sistema de recolección de aguas que, cuando comienza a llover, convierte las gradas en un filtro que retiene el agua”, explica el explica el profesor López, que también es miembro del Laboratorio de Intervención Urbana.

Esta infraestructura de aguas pluviales se instaló bajo tierra y se pavimentó, rodeando el campo de fútbol, y además funcionó como un sendero peatonal que mejoró la calidad del espacio público.

Este enfoque de infraestructura ecológica y económica permite que las aguas pluviales se retengan y se filtren gradualmente en el suelo, en lugar de sobrecargar la capacidad del suelo y el sistema de alcantarillado para la absorción y gestión del agua.

El equipo logró obtener una patente de invención y espera que en el futuro se pueda replicar en zonas con condiciones similares.

Sembrando conciencia

Viviana Marín, una mujer de 40 años que estudia enfermería, vive en el barrio Panorama desde los nueve años. Forma parte de la iniciativa de Huertos Comunitarios, que también respalda la reforestación del cerro La Estancia.

Esta iniciativa busca combatir la inseguridad alimentaria y concienciar a la comunidad sobre la importancia de la conservación del medioambiente a través de sesiones de formación y la creación de huertos domésticos.

También aprenden sobre sistemas de compostaje y gestión de residuos, y tienen el objetivo de fomentar la autonomía alimentaria y promover alimentos con valor cultural. Viviana ha sembrado repollos, cilantro, zanahoria, hierbas medicinales y aromáticas. Dice que ella sabía cómo hacerlo porque su papá es un campesino del Cauca, quien le enseñó las bases, y en el proyecto, mejoró la técnica.

Pero quizás el logro más importante es mejorar la calidad de vida de las familias que participan. “No nos digamos mentiras, el sueldo que uno tiene, realmente no nos alcanza. El huerto nos ayuda a sobrellevar el tema”, cuenta.

Del huerto de Viviana también han salido plantas para el sendero que cuida Ledesma en el cerro de la Estancia. Este trabajo conjunto la ha llevado a desarrollar una fuerte conciencia ambiental en Yumbo. “¿Cómo sería nuestra vida sin todos estos árboles? Tendríamos pura contaminación”, concluye.

Felipe Cárdenas, director del Observatorio Iberoamericano de Sociopolítica Cultura y Ambiente y docente de la Universidad de la Sábana, cree que lo ambiental y la lucha contra el cambio climático tienen que ser vistos como una realidad de las comunidades, y algo que les interesa mitigar.

Cárdenas añade que no son los académicos los que marcan el rumbo, sino que gran parte del conocimiento ambiental se construye con la reflexión de los saberes de la población, ya sean campesinos, indígenas o ancestrales.

“El tema ambiental en Colombia y América Latina ha ido generando toda una estructura epistemológica que proviene de la base”, dice. “Hay todo un universo mental y una estructura por descubrir y potenciar”, concluye.

Este artículo ha sido elaborado con el apoyo de Voces Climáticas, una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, LatinClima, el Centro Científico Tropical (CCT), Claves 21, la Red de Conocimiento sobre Clima y Desarrollo, y la Fundación Futuro Latinoamericano.

De aquella historia solo queda la simpatía heredada de las comunidades aborígenes y el término Carahatas, con el que los Siboneyes reconocían su hábitat; el mismo que quedó para nombrar a este pedazo de tierra que se resiste más allá del tiempo y la memoria.

Me acompañan en el viaje especialistas de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), quienes conocen del trabajo comunitario desarrollado en la comunidad, objetivo de mi encuentro con este pueblo de poco más de 700 habitantes.

El viaje termina justo en la Estación Biológica, perteneciente a la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, encargada del trabajo de preservación y fomento de los valores naturales que posee la zona, concretamente del Refugio de Fauna “Las Picúas-Cayo Cristo”. Es de las pocas instituciones que se asientan en el sitio. El lugar tiene como especie símbolo el flamenco rosado (Phoenicopterus ruber ruber).

Desde allí se aprecia la majestuosidad que alcanza el bosque de mangle, muy recuperado de la afectación que sufrió debido a los últimos huracanes. Gerardo Caro López, director de la Estación, señala que con la participación de la comunidad han logrado recuperar gran parte de esta barrera natural. “El trabajo con los pobladores ha sido fundamental para la siembra de diferentes especies de mangle. Para la próxima temporada, vamos a estar más resguardados, el mangle resiste mucho”, señala.

Para esto colocan diversos materiales pétreos, que son más fuertes que la madera, ejercen resistencia frente al empuje del mar y evitan el arrastre del terreno. Son como rompeolas que se ubican a una altura promedio con el nivel que alcanza la marea alta, según afirma el especialista.

Adaptarse de forma distinta

Por doquier se observan pequeñas embarcaciones y artes de pesca. Un moreno de piel curtida por el sol camina por un pequeño muelle elevado sobre pilotes, que facilita llegar hasta las embarcaciones desde tierra.

Se llama Roberto, según me cuenta Gerardo. Él mismo construyó ese acceso, ya que el anterior lo destruyó el mar. Este tiene mayor altura, permite el paso de las olas y cuenta con materiales más resistentes.

“Aquí hemos aprendido la lección. ¡Ahora sí no se lo lleva! Imagínese que hemos tenido que inventar y adaptarnos”, señala este vecino del lugar mientras se dispone a encender los motores de la nave. Y es que la existencia de los carahateños ha estado marcada por esos derroteros. Obligados por la realidad, buscan su propia solución, pero ahora de una manera diferente. Son asesorados por personas con mayor experiencia, por expertos locales y en el marco de estudios científicos sobre vulnerabilidades y riesgos, que proponen numerosos proyectos en implementación.

Le pregunto si se va de pesca con ese viento tan fuerte que golpea. “Esto no es viento para lo que vivimos con el último huracán. El mar está en calma, además hay que comer, y con la pesca de hoy se resuelve algo”, afirma.

Roberto deja escapar la felicidad de llevar en la sangre la herencia de su familia porque en Carahatas ser pescador es identidad. Ha sido el empleo por tradición y casi el único desde tiempos inmemoriales para los hombres. Las mujeres han sido relegadas a las labores del hogar y a trabajos no remunerados en lo fundamental.

Por eso no es casual que el primer café de la mañana lo ofrezca Tania Cruz Alberto. Su pequeño tamaño y voz cálida y temerosa no revelan la responsabilidad de guiar desde 1991 uno de los proyectos de educación ambiental de mayor trascendencia: el Festival Marino Costero.

Tania comenta que el festival surgió como una necesidad de los propios pobladores. En sus inicios, fue asumido únicamente como una fiesta popular “tal vez por la forma en que lo preparamos, similar a un carnaval, pero eso mismo lo aprovechamos para ir introduciendo las ideas y contenidos sobre la importancia de proteger el medio ambiente en un entorno tan vulnerable como el nuestro y del cual depende el sustento económico y la vida en general de la comunidad”, afirma.

El olor a café convidó a Mercedes Goya Hernández, cuyo rostro no esconde la satisfacción de participar en este evento de educación ambiental. Señala que las mujeres son protagonistas en la organización del Festival. “Nos da visibilidad, nosotras lo organizamos todo, preparamos a los niños, a sus padres, diseñamos las actividades”.

El papel de la educación

Educar, no imponer, ha sido clave. Con esas intervenciones se busca la participación y el respeto por las características culturales de este pueblo pesquero.

Carahatas es un testimonio vivo del avance inexorable del mar tierra adentro pero también de un proceso social de resiliencia muy interesante. La comunidad exhibe sus debilidades acumuladas en el tiempo, los huracanes y malas decisiones. Pero también muestra los caminos de tierra y canales que permiten la evacuación de las aguas hacia la costa.

Las nuevas construcciones no son un obstáculo. Para su construcción se tuvieron en cuenta algunas pendientes y la ruta que han dejado las aguas cuando evacúan luego de inundaciones. Definitivamente, son el resultado de lecciones aprendidas.

Octavio Pérez, quien se encuentra al frente del Consejo Popular Lutgardita-Carahatas, señala que quedan pocas viviendas levantadas con elementos poco resistentes. Hace unos años eran reparadas con lo que quedaba y sin asesoría alguna en espera de que el próximo huracán volviera a deshacer horas de trabajo bajo el sol.

Ahora, según señala Octavio, las fachadas se construyen utilizando materiales resistentes al salitre, sobre todo en su parte inferior. Fuertes pernos anclan cubiertas, puertas y ventanas. Los pisos se han elevado para enfrentar las inundaciones y el resguardo de las pertenencias. También, la altura de las paredes interiores ha cambiado; estas, incluyendo closets y baños, son llevadas hasta el techo para aportar fortaleza. Y para la protección y refugio de los animales domésticos y las artes de pesca, se construyen facilidades auxiliares.

Las estrecheces económicas ralentizan la autogestión para la recuperación de las viviendas, pero no menoscaban el deseo de levantar lo que el viento se llevó, ahora con diferentes materiales que aportan mayor seguridad y empleando herramientas especializadas que hacen más fácil el trabajo y son compartidas por los lugareños. Son nuevas prácticas que antes no existían.

Enfrentar juntos

Joaquín Alonso Freyre, líder de la línea universitaria Gobernabilidad, Participación Popular y Desarrollo Sostenible del Centro de Estudios Comunitarios de la UCLV señala que se ha trabajado el tema de la resiliencia ambiental desde la perspectiva del desarrollo comunitario. “Para nosotros, la comunidad no es un lugar, es un tipo de relación donde la gente se encuentra, donde hace causa común para aprontar su vida cotidiana y pensamos que en la medida en que la gente va desarrollando esa habilidad de encontrarse, esa manera de juntarse para afrontar los retos cotidianos, pues también está preparada para afrontar aquellos relativos a la naturaleza, al cambio climático, porque, si no se junta para aquello, tampoco se junta para esto. Entonces, trabajar lo comunitario es trabajar esa relación, el encuentro, es laborar para que la gente se haga cargo de sus problemáticas”.

Le pregunto a Benancio Artiles, un poblador que ya peina canas y ha vivido en Carahatas toda su vida, por qué no se ha ido. “Nos han querido sacar de aquí, pero qué va, no ha resultado. Hay personas que sí se han ido, pero no todos. Yo estuve un tiempo afuera pero no me fue bien. Ahora no me quiero ir. ¿De qué vivo sino de la pesca? Esto es lo mío”, dice.

Aún en medio de la “recuperación”, los impactos del cambio climático están a la vista de todos, aunque ni ellos mismos lo aprecien motivados por la voraz cotidianidad. Las viviendas ubicadas en la primera línea de costa ya no tienen patio, el mar se las ha tragado. Tierra adentro, la intrusión salina afecta las tierras cultivables y las sequías son cada vez más recurrentes y extensas en el tiempo.

A todo eso se suma la carencia y dificultades con el manejo, la disponibilidad y calidad del agua, así como el deterioro de la condición higiénico-sanitaria. Las evidencias científicas aseguran que una parte de la comunidad quedará parcialmente bajo las aguas para 2050, mientras el avance del mar la hará desaparecer para 2100.

“Es por eso que no debe ejecutarse un plan de reconstrucción que no esté diseñado, en la medida en que eso sea posible, para evitar que tragedias como las vividas vuelvan a repetirse, pero deben ser reasentamientos positivos y que las personas acepten. La experiencia hasta hoy no ha sido buena”, señala Georgina Castro Acevedo, del Centro de Estudios Comunitarios (UCLV).

Participación activa

Por su parte, Joaquín destaca que cuando se habla de trabajo comunitario va encaminado a que las personas se junten. “Es un desarrollo de la capacidad de encuentro, una manera de construir un nuevo tipo de relación en la familia, en la escuela y en el trabajo; es decir, incluye todos los vínculos de vida aprender a afrontarlos desde la simetría del vínculo, la horizontalidad en la relación de trato”, afirma.

En este complejo proceso desempeña un rol fundamental la comunicación para la toma de conciencia, la participación activa de los ciudadanos en la solución de los problemas medioambientales (desde lo local a lo nacional), así como las políticas de los sectores de la economía, la ciencia, la educación y la cultura.

Recorrer la comunidad no lleva mucho tiempo. Junto con Gerardo, Tania, Mercedes y los profesores Georgina y Joaquín hemos podido conocer una comunidad muy singular edificada con las manos de sus pobladores a sabiendas de los peligros que acechan.

Para Georgina, “basar la gestión en la ciencia, la tecnología y la innovación es incorporar a las personas, generando participación, intercambiando con los protagonistas sobre lo que se está haciendo y nutriéndose de las personas, porque ellas son las que viven la realidad y pueden aportar elementos que enriquecen el trabajo”.

Ha sido una mañana fructífera. Al mediodía el sol abraza. Emprendo el retorno, ahora con más certezas sobre la “recuperación” paulatina de una comunidad costera que se reinventa para existir más allá de sus tradiciones pesqueras, de lo cual depende la vida de sus pobladores.

No puedo evitar experimentar sentimientos encontrados porque, a todas luces, las medidas de resiliencia comunitaria no evitan que se dé el impacto de un nuevo evento meteorológico extremo ni la elevación de los niveles del mar. Sin embargo, sí constituyen ejemplos prácticos, concretos, tangibles, del trabajo encaminado a minimizar los efectos del cambio climático. Es una historia que escriben todos los pobladores de Carahatas.

Este artículo fue elaborado con el apoyo de Voces Climáticas, una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, LatinClima, el Centro Científico Tropical (CCT), Claves 21, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) y Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA).

En estos 40 años se han afrontado tres grandes crisis que llevaron a cambiar la denominación de la moneda reiteradas veces, en cada cambio a quitarle varios ceros y a la continua devaluación de nuestra moneda nacional. Nuestro país ha logrado recuperarse de estas crisis, y esa recuperación ha sido sobre la base de su biocapacidad, de su naturaleza y de sus recursos naturales. No obstante, a pesar de la capacidad de recuperación económica, nuestra naturaleza se degrada y perdemos esta capacidad de respuesta que nos ha permitido superar cada crisis.

Los procesos de desertificación patagónica avanzan, promovidos por el sobrepastoreo e incrementados por el cambio climático. La capacidad productiva de la principal zona agrícola en la región pampeana disminuye, porque tomamos de la tierra más de lo que reponemos. Nuestro mar es sometido a sobrepesca por falta de regulaciones y controles, mientras que los bosques nativos desaparecen a un ritmo de doscientas mil hectáreas por año (siendo tres cuartas partes de esa deforestación de carácter ilegal); los peces en nuestros ríos disminuyen de tamaño y abundancia, y presentan altos índices de contaminación química. La conversión de ambientes naturales, sin una adecuada planificación territorial, fragmenta y aísla especies vulnerables y amenazadas.

Durante años muchas organizaciones ambientalistas luchamos para demostrar la compatibilidad entre la producción y la conservación. Pero al hacer un balance nos encontramos con que, más allá de ejemplos puntuales y dignos de reconocer, la degradación ambiental ha avanzado, el nivel de producción ha aumentado y el país y la sociedad se han empobrecido.

La Fundación Vida Silvestre Argentina trabajó durante años, junto a diversas organizaciones, para que nuestro país contase con un Ministerio de Ambiente que participara de la misma mesa con carteras como Producción, Industria, Agricultura Ganadería y Pesca, Energía, Transporte, Salud, Educación Desarrollo Social, y construyera una política de estado tendiente al desarrollo sustentable que articulara su implementación, bajo un claro liderazgo presidencial. A pesar de haberse logrado la estructura orgánica, nuestra sociedad también falló en lograr el objetivo para el cual fue concebida.

No es mi función analizar la multiplicidad de factores que pueden habernos llevado a estos fracasos recurrentes, pero sí proponer alternativas para que el nuevo modelo de desarrollo sea realmente sustentable, es decir que realmente sea desarrollo, no solo una transferencia de recursos asociada a pasivos ambientales y sociales.

Nuestra Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de soberanía nacional, pero de jurisdicción provincial. El gobierno nacional tiene la obligación de definir los estándares mínimos sobre los que las provincias deben legislar y gestionar sus recursos, además la mayor jerarquía ambiental nacional es autoridad de aplicación de una multiplicidad de leyes nacionales y tratados internacionales.

La nueva administración nacional definió una fuerte reducción de la estructura ministerial y, por el vínculo con las provincias, no resulta ilógico que ambiente haya sido incluido en el Ministerio del Interior. Sí sorprende la agrupación de turismo, ambiente y deportes en una misma secretaría y la disminución del rango de ministerio a subsecretaría para los temas ambientales.

Del análisis del decreto presidencial de reasignación de funciones, se desprende que diversos temas ambientales serán incorporados transversalmente en diversas carteras. La Secretaría de Bioeconomía, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Capital Humano, seguramente tendrán que destinar equipos propios a la temática ambiental y articular desde luego con la Subsecretaría de Ambiente.

Al asumir la nueva administración nacional, se asignó una representante de la Cancillería con gran experiencia y reconocimiento en las negociaciones climáticas, Marcia Levaggi, para asumir el liderazgo de la delegación argentina en los últimos días de la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos. Vida Silvestre pudo mantener una reunión bilateral, donde se nos indicó el compromiso de Argentina con la continuidad en el Acuerdo de París y los compromisos asociados, sin duda un paso importante para ir comprendiendo el sentido que la nueva administración nacional ha decidido imprimir a su gestión.

Con gran parte de nuestros compatriotas por debajo de la línea de la pobreza o de la indigencia, con un alto nivel de endeudamiento, con una enorme oferta de pesos y con escasas reservas en nuestro Banco Central, afrontamos un futuro cercano sumamente desafiante. No obstante, hoy más que nunca, debemos entender que el desarrollo a costa del ambiente y de las personas no es desarrollo.

Argentina puede y debe utilizar su capacidad y conocimiento para posicionarse en un mercado internacional cada vez más ávido de productos de origen sustentable, con baja huella de carbono y de impacto ambiental y social positivo. Más allá de las estructuras, necesitamos funcionarios que estén a la altura de tamaño desafío. La Fundación Vida Silvestre Argentina estará allí para acompañar los procesos que sean necesarios, y también para advertir los abordajes que considere equivocados para lograr el verdadero desarrollo de nuestro país.

Manuel Jaramillo es el director general de Fundación Vida Silvestre, organización ecologista que representa al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Argentina. Artículo publicado originalmente en Diálogo Chino.