Cultura Errante Blog

Cafetaleros denuncian control corporativo y exigen precios justos

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 11 Apr 2026 11:07:00 -0600

En el marco de la conmemoración de Emiliano Zapata, organizaciones cafetaleras de Veracruz colocan sobre la mesa una denuncia que no puede ser ignorada: el mercado del café en México está capturado por dinámicas especulativas y decisiones externas que precarizan la vida campesina y debilitan la soberanía productiva.

El pronunciamiento, dirigido a productores, población en general, medios y gobiernos, advierte que las transformaciones recientes en la cafeticultura global no son neutrales. Señalan que empresas transnacionales han consolidado su control sobre la comercialización del café, desplazando a quienes lo producen y fijando condiciones que responden a intereses financieros, no a realidades territoriales.

El eje del problema es claro: el precio del café que reciben las y los productores sigue atado a la Bolsa de Nueva York. Un referente dominado por la especulación, las tensiones geopolíticas y políticas comerciales de países como Estados Unidos. En ese esquema, el café deja de ser un producto agrícola con valor social y cultural, y se convierte en activo financiero sujeto a apuestas de mercado. El resultado es inestabilidad, ingresos insuficientes y una producción nacional estancada desde hace más de cuatro décadas.

Frente a este escenario, las organizaciones plantean una exigencia central: romper con la dependencia de precios internacionales y construir un sistema de referencia nacional que garantice ingresos dignos. Proponen que el precio de compra al productor se base en el valor real del café tostado y molido en México, junto con estudios de costos de comercialización que impidan abusos.

El documento también alerta sobre el impacto de las importaciones de café robusta de menor calidad, principalmente desde Vietnam y Brasil. Este café, más barato, compite de forma desigual con el arábiga mexicano y termina desplazándolo en el mercado interno. Denuncian además prácticas de simulación en la industria, donde productos comercializados como café incorporan mezclas con insumos de baja calidad, afectando tanto a productores como a consumidores.

Ante ello, demandan medidas concretas: establecer aranceles a las importaciones de robusta, frenar la venta de productos adulterados, impedir la reexportación fraudulenta de café y fortalecer el consumo de café nacional de calidad, incluyendo esquemas orgánicos y de comercio justo.

Otro punto clave es el reconocimiento a los sistemas de cultivo bajo sombra. Las organizaciones subrayan que este modelo no solo produce café, sino que sostiene biodiversidad, captura carbono y protege suelos y agua. En ese sentido, exigen apoyos económicos directos por hectárea para quienes mantienen estos sistemas, así como la creación de un fondo nacional financiado con recursos fiscales y aportaciones del propio consumo.

El posicionamiento incluye un llamado a reactivar instancias de coordinación institucional en el sector cafetalero, con el objetivo de atender de manera integral las demandas históricas de las comunidades productoras.

Más allá de las medidas técnicas, el fondo del conflicto es político y territorial. Lo que está en juego no es solo el precio del café, sino la posibilidad de sostener formas de vida campesina frente a un modelo extractivo que prioriza la rentabilidad sobre la dignidad.

El mensaje es contundente: sin cambios estructurales en las políticas cafetaleras, el campo seguirá expulsando a quienes lo sostienen. En contraste, las organizaciones proponen una ruta basada en justicia económica, arraigo comunitario y defensa del territorio.

Desde Cultura Errante, este pronunciamiento se entiende como parte de una lucha más amplia. La defensa del café no es solo una demanda sectorial, es también una defensa de una identidad, del medioambiente, del agua y de las comunidades que resisten desde lo cotidiano. En esa resistencia, el legado de Zapata sigue siendo de lucha y dignidad.

Los desaparecidos en México: memoria, verdad y una deuda que sigue abierta

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 7 Apr 2026 09:47:00 -0600

En una reciente conversación entre el periodista Sergio Aguayo, el poeta y activista Javier Sicilia se abordó uno de los temas más dolorosos del país: la crisis de las desapariciones forzadas. El diálogo, motivado por el reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, deja una idea clara desde el inicio: México sigue sin enfrentar de fondo este problema.

Uno de los puntos centrales es la actitud del gobierno. Sicilia señala que, sin importar el partido en el poder, ha existido una constante: la tendencia a minimizar o negar la gravedad de las desapariciones. Esto ha ocurrido en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En lugar de asumir responsabilidades, muchas veces se responde cuestionando a organismos internacionales o restando importancia a sus informes.

Frente a esta postura oficial, las víctimas han tomado un papel fundamental. Sicilia habló desde su propia experiencia, tras el asesinato de su hijo, que lo llevó a impulsar el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Su mensaje es contundente: han sido las familias quienes han sacado a la luz la verdadera dimensión de la tragedia. A través de marchas, denuncias y organización colectiva, han logrado visibilizar lo que durante mucho tiempo se quiso ignorar.

También hubo una crítica directa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Según Sicilia, esta institución no ha estado a la altura de su responsabilidad. En lugar de apoyar a las víctimas, sus posicionamientos han contribuido a diluir el problema, dificultando que se haga justicia y que se reconozca el sufrimiento de miles de familias.

En este contexto, destaca la labor de las madres buscadoras. Mujeres que, ante la falta de respuestas del Estado, salen a buscar a sus hijos en campos, desiertos y fosas clandestinas. Su trabajo representa una forma de resistencia civil, pero también una denuncia silenciosa: si ellas buscan, es porque las autoridades no lo están haciendo como deberían.

Hacia el final, Sicilia lanza un mensaje a las nuevas generaciones. Les pide no soltar esta causa, no dejar que el tema desaparezca de la conversación pública. Insiste en la necesidad de una verdadera justicia, que no se negocie ni se posponga. Para él, las desapariciones no son un asunto del pasado, sino una deuda del Estado que sigue vigente.

La conversación deja una reflexión importante: mientras no se reconozca plenamente el problema y no se ponga a las víctimas en el centro, será difícil avanzar. Recordar a los desaparecidos no es solo un acto de memoria, sino una exigencia de verdad y justicia que México aún tiene pendiente.

Te invitamos a ver la conferencia:

La papa se va. El daño a las comunidades permanece.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Mar 2026 19:50:00 -0600

La temporada de papa está llegando a su fin, por lo menos en los municipios de Coatepec y Tlalnelhuayocan. Las plantas han sido “quemadas”, los surcos vaciados y la tierra queda removida. Como cada año, las parcelas vuelven a mostrar las huellas de un modelo agrícola que desgasta los suelos, daña la salud de las personas y avanza con rapidez en malas prácticas, pero demasiado lento cuando llega la hora de asumir sus impactos.

En estos meses se aplicaron fertilizantes químicos, herbicidas y pesticidas en parcelas que, en muchos casos, se encuentran donde antes había bosque de niebla, cerca de manantiales, arroyos, núcleos poblacionales, escuelas y casas. Cada año la escena se repite: envases abandonados en los caminos, residuos en los terrenos y una preocupación creciente entre quienes habitamos esta región y dependemos del bosque de niebla y del agua que provee.

Al cerrar la temporada, el balance es claro: las discusiones públicas van y vienen, pero las medidas concretas no. Mientras la siembra avanza con rapidez, la construcción de acuerdos, normas y mecanismos de vigilancia sigue prácticamente detenida.

No queremos señalar a quienes trabajan la tierra. Muchas familias dependen de este cultivo para sostener su vida. El problema es más profundo. Tiene que ver con la ausencia de políticas locales claras, con la falta de acompañamiento técnico para transitar hacia otras prácticas agrícolas y con la débil capacidad institucional para proteger el bosque, el agua y los ecosistemas.

Termina otra temporada y la pregunta vuelve a surgir: ¿qué hemos aprendido de todo esto? Al parecer, poco. Cada año repetimos el mismo ciclo: siembra, uso intensivo de agroquímicos, preocupación comunitaria y ausencia de decisiones regulatorias por parte de las autoridades.

Esta actividad agrícola, basada en el monocultivo, además de agotar los suelos, afectar la salud y dañar el medio ambiente, resulta agotadora para quienes luchamos por la regulación de los agroquímicos utilizados en este cultivo. Hasta ahora el problema no se está resolviendo, solo se está posponiendo. Diputados y ayuntamientos vuelven a proponer más mesas de trabajo. El ayuntamiento de Coatepec, en lo específico, propone “otro foro” sobre la papa. Mientras tanto, el monocultivo, los problemas de salud y la devastación del bosque de niebla avanzan. Quienes se dedican a esta actividad actúan: siembran, fumigan y cosechan; no crean foros ni mesas de trabajo.

El territorio habla con claridad. Los manantiales, el bosque de niebla y las comunidades que habitamos alrededor de éste necesitamos algo más que soluciones que llegarán —tal vez— en un largo plazo. Necesitamos acciones urgentes, responsabilidad compartida y, sobre todo, decisiones que pongan en el centro de todo el cuidado del bosque de niebla, del agua y de toda la vida que depende de éstos, porque no debemos olvidar que nosotros, nosotras también formamos parte de ella.

Jaime Velasco Meunier

Café barato importado afecta el precio del café mexicano

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 20 Jan 2026 10:20:00 -0600

El café mexicano enfrenta una nueva amenaza. No viene del clima ni de la tierra. Viene de las políticas comerciales y de la falta de voluntad para proteger a quienes producen.

En los últimos meses, las importaciones de café Robusta de menor calidad se han disparado. Vietnam reporta un aumento superior al mil por ciento. Brasil reconoce crecimientos de al menos cuatrocientos por ciento. Este café, más barato y de menor calidad, está entrando al país mientras desplaza al café nacional y presiona los precios a la baja.

El impacto no es abstracto. En regiones productoras de Veracruz, como Huatusco, el precio del café cereza cayó en pocas semanas de más de veintidós pesos a menos de dieciocho. Para miles de familias cafetaleras, esa diferencia es la línea entre sostener la cosecha o endeudarse para sobrevivir.

La situación se agrava por decisiones institucionales. La Secretaría de Economía ha permitido que café Robusta importado en verde pueda exportarse como si fuera café mexicano, incluso sin ser transformado en el país. Esto abre la puerta a mezclas con café arábigo nacional y a una simulación de origen que daña al sector productor y al prestigio del café mexicano en el mercado internacional.

Mientras tanto, las grandes empresas compradoras aumentan sus castigos y costos de comercialización, a pesar de que en México se consume más café del que se exporta y los gastos logísticos son menores. En otros países productores, como Colombia u Honduras, estos costos son significativamente más bajos. Aquí, nadie explica por qué se cobra más.

La aprobación de la nueva Ley del Café y la creación de la Comisión de Precios en Veracruz no han frenado la caída de los precios. La distancia entre los acuerdos institucionales y la realidad del campo es evidente. Por eso, organizaciones cafetaleras exigen que esta comisión se reúna de inmediato y esclarezca qué está ocurriendo y a quién benefician las decisiones actuales.

El fondo del problema es político y ético. ¿Quién define el valor del café? ¿La Bolsa y la especulación, o el trabajo de quienes lo producen y el precio que paga la sociedad por consumirlo? Defender precios justos no es una consigna vacía. Es una demanda de vida digna, de justicia económica y de respeto a los territorios cafetaleros.

El café no es solo una mercancía. Es trabajo colectivo, identidad y sustento. Permitir su desplazamiento en nombre del libre comercio es una forma más de despojo silencioso.

Piden abrir paso terrestre para ayuda urgente a Gaza

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 6 Jan 2026 17:14:00 -0600

Una coalición internacional de organizaciones humanitarias solicitó formalmente al gobierno de Egipto autorización para el tránsito de un convoy terrestre de ayuda humanitaria con destino a Gaza, en un contexto marcado por el agravamiento de la crisis humanitaria y el recrudecimiento del asedio que mantiene a la población civil sin acceso suficiente a alimentos, medicinas y refugio.

La petición fue presentada por la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional que articula esfuerzos civiles para asistir a la población palestina. El llamado se produce en pleno invierno, cuando las bajas temperaturas profundizan el sufrimiento de miles de familias desplazadas y sin infraestructura básica. La escasez de suministros esenciales no es resultado de una catástrofe natural, sino de restricciones sostenidas al ingreso de ayuda humanitaria.

De acuerdo con el comunicado, el cruce de Rafah, una vía clave para el acceso humanitario, continúa cerrado de manera efectiva para el flujo constante y suficiente de ayuda, a pesar de compromisos previos que contemplaban su reapertura. Esta situación ha sido reiteradamente señalada por agencias de Naciones Unidas y organizaciones de socorro, que advierten sobre el riesgo inminente de más muertes evitables si no se levantan las restricciones.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la solicitud subraya que facilitar asistencia humanitaria rápida y sin obstáculos no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación jurídica bajo el derecho internacional humanitario. Las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia refuerzan este deber para los Estados y las partes involucradas, especialmente cuando la población civil enfrenta condiciones de supervivencia extremas.

El convoy propuesto busca ingresar a Egipto por la frontera con Libia, atravesar el territorio egipcio bajo coordinación con las autoridades competentes y llegar a Rafah con alimentos, medicamentos, mantas y otros insumos básicos. La coalición afirma su disposición a cumplir con todos los requisitos legales, de seguridad y logística, y recalca el carácter estrictamente humanitario y no violento de la misión.

imagen: Global Sumud Flotilla

Representantes de la Global Sumud Flotilla señalaron que, aunque se prepara una misión marítima internacional para los próximos meses, las condiciones actuales del mar impiden una salida inmediata por esa vía. Las necesidades en Gaza, insisten, no pueden esperar. Cada día de bloqueo profundiza una crisis que golpea con mayor fuerza a niñas, niños, personas mayores y mujeres, quienes cargan de manera desproporcionada con las consecuencias del asedio.

La decisión que tome Egipto tendrá un impacto directo en la vida de miles de personas. Abrir un corredor humanitario no implica tomar partido político, sino asumir una responsabilidad ética y legal frente a una población civil atrapada en una emergencia prolongada. En un escenario donde la ayuda se criminaliza y la supervivencia se vuelve incierta, permitir el paso de este convoy significaría colocar la vida y la dignidad humana por encima de la lógica del castigo colectivo .

La disputa por el espacio público: una expresión de la lucha de clases

noreply@blogger.com (Cultura Errante) — Wed, 3 Dec 2025 21:28:00 -0600

Hace unos días, manifestantes que ocuparon la calle de Enríquez fueron desalojados por la fuerza pública con el argumento de que impedían la circulación y limitaban el derecho al libre tránsito de otras personas.

Ésto no es un episodio aislado. Responde a una lógica sostenida por años: cuando la ciudadanía exige derechos, el Estado suele responder con empujones, golpes y amenazas. En cambio, cuando se trata de actos oficiales o ceremonias religiosas, las mismas calles pueden cerrarse sin cuestionamientos ni dispositivos represivos.

Hoy ocurrió de nuevo. Para el informe de la gobernadora se bloquearon Enríquez y otras vialidades del centro. No hubo reclamos del aparato estatal, ni advertencias, ni operativos para disolver el bloqueo. Lo mismo sucede cada vez que la catedral organiza actos masivos. Todo se permite si el evento proviene de quienes concentran poder político, institucional o simbólico.

La pregunta surge sola: por qué quienes exigen el respeto a sus derechos enfrentan siempre el pretexto del “orden vial” mientras que los actos del poder no solo se permiten, sino que se facilitan. Este doble rasero demuestra que el espacio público no es neutral. Está atravesado por relaciones de clase, por jerarquías que distinguen entre quienes pueden ocupar la calle sin consecuencias y quienes son criminalizados apenas la pisan con una consigna en la mano.

El uso de la fuerza pública poco tiene que ver con un procedimiento, es político. La policía actúa según prioridades marcadas por quienes gobiernan, y esas prioridades suelen proteger los intereses de las élites sociales, religiosas y/o políticas antes que los derechos colectivos. También pesan los sesgos de género y territorialidad: no es lo mismo protestar desde un barrio obrero, una comunidad indígena o un colectivo feminista que hacerlo desde una posición cercana al poder.

En una sociedad que se dice democrática, la voz popular debería tener mayor relevancia que los caprichos de la clase gobernante. Ninguna funcionaria o funcionario es soberano absoluto del territorio. Su mandato representa una responsabilidad pública, no un título nobiliario.

Interpelar estos dobles criterios es un acto de memoria colectiva. La pregunta sigue abierta y necesaria: ¿a quién protege realmente el aparato estatal y quién queda expuesto cuando reclama justicia? Pensar estas desigualdades es un paso para fortalecer la organización comunitaria, la solidaridad de clase y la defensa del derecho a la protesta como pilar de cualquier proyecto social basado en la dignidad.

El bosque de niebla en grave peligro de extinción

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 16 Nov 2025 11:00:00 -0600

El bosque de niebla proporciona numerosos servicios ambientales al paisaje y a los asentamientos humanos, destacando los servicios hidrológicos, incluyendo ser una fuente de agua durante todo el año, la mitigación de inundaciones y sequías, la prevención de la erosión del suelo y de catástrofes como deslizamientos de tierra y derrumbes. Guadalupe Williams.

El bosque de niebla es uno de los ecosistemas en mayor peligro de extinción y, al mismo tiempo, uno de los más indispensables para la vida de los seres humanos, la biodiversidad y el equilibrio climático. Según el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, incluido en el informe Estado que guarda el sector forestal en México 2023 de la Comisión Nacional Forestal, el bosque mesófilo de montaña cubre actualmente alrededor de 1.79 millones de hectáreas en el país, esto significa que este tipo de bosque cubre el 1% del territorio nacional aproximadamente, lo que muestra lo reducido que es, aunque concentra una enorme diversidad de especies.

Veracruz concentra gran parte de lo que sobrevive, pero su deterioro avanza con rapidez. En la zona de Coatepec y Tlalnelhuayocan, académicos, organizaciones de la sociedad civil y activistas calculan que en la última década se ha perdido al menos un quince por ciento de su cobertura, principalmente por el avance de monocultivos y la expansión urbana.

La relevancia de este ecosistema se entiende en primer lugar por su función hídrica. Los árboles, bromelias, musgos y helechos captan la humedad de la niebla y la transforman en escurrimientos que alimentan ríos y manantiales. De ahí se abastecen ciudades como Xalapa y Coatepec, que dependen directamente de las cuencas reguladas por este bosque. Sin esta cobertura vegetal, los arroyos se vuelven más estacionales y la disponibilidad de agua se reduce de manera drástica. "Incluso en la época de sequía, los bosques de niebla proveen un gran aporte de agua a la hidrología local y regional, aumentando el flujo de agua durante la temporada seca y previniendo inundaciones en tierras bajas durante la temporada de lluvias" menciona Guadalupe Williams en El bosque de niebla del centro de Veracruz: ecología, historia y destino en tiempos de fragmentación y cambio climático.

Además del agua, el bosque de niebla cumple un papel central en la regulación climática y en la conservación de suelos. La cobertura vegetal evita deslaves, retiene nutrientes y protege la fertilidad de la tierra. Su pérdida no solo significa erosión, sino también el incremento de riesgos para las comunidades asentadas en las laderas de la montaña. En términos de biodiversidad, la situación es aún más crítica: aunque ocupa una extensión reducida, este tipo de bosque alberga una diversidad equiparable a la de las selvas tropicales. Aves, anfibios y plantas endémicas dependen de su permanencia.

A pesar de esta importancia, la presión sobre el bosque continúa. En Coatepec y Tlalnelhuayocan, la sustitución del bosque por monocultivos de papa se ha convertido en una de las principales amenazas. Estos cultivos requieren desmontes intensivos y uso de agroquímicos, lo que degrada el suelo en pocos años y genera contaminación en ríos y mantos acuíferos. El problema, sin embargo, no se reduce a la papa. En distintas zonas, la caña, el café cultivado bajo sol y los fraccionamientos urbanos avanzan sobre áreas que deberían destinarse a la conservación.

Frente a este escenario, investigadores y organizaciones comunitarias coinciden en que no basta con prohibir la tala: es necesario ofrecer alternativas económicas viables para quienes hoy dependen de actividades agrícolas poco sostenibles. Una de esas opciones es el café bajo sombra, que combina la producción de granos con la conservación de árboles nativos. Diversos estudios demuestran que este sistema conserva hasta un setenta por ciento de la biodiversidad del bosque y permite obtener un producto de alto valor en el mercado, especialmente en nichos de comercio justo y orgánico.

Otra alternativa es la agroforestería diversificada, que combina frutales, maderables y cultivos básicos en un mismo espacio, evitando la degradación del suelo y generando ingresos en distintos momentos del año. En la región ya existen experiencias exitosas de cooperativas que producen aguacate criollo, cítricos y miel sin recurrir a prácticas destructivas.

El turismo de naturaleza es otra vía que se ha explorado con relativo éxito. Senderismo, recorridos interpretativos y programas de educación ambiental generan recursos y empleo para comunidades locales, al tiempo que fomentan la valoración del bosque. Aunque no sustituye completamente a la agricultura, sí ofrece un ingreso adicional que contribuye a reducir la presión sobre el ecosistema. A ello se suman esquemas de pago por servicios ambientales implementados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que consisten en transferencias económicas a quienes conservan sus predios en lugar de desmontarlos.

Los retos, sin embargo, son significativos. La vigilancia institucional es débil y los incentivos a la agricultura intensiva persisten. En 2024, la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz registró quince casos de tala ilegal en Coatepec y Tlalnelhuayocan, de los cuales solo tres derivaron en sanciones. La falta de aplicación del ordenamiento ecológico regional abre la puerta a que continúe el cambio de uso de suelo.

La participación local es fundamental para garantizar resultados duraderos, pues no se trata solo de plantar árboles, sino de fortalecer la relación entre la comunidad y el bosque.

El bosque de niebla no es un simple paisaje, es quien nos garantiza agua, clima estable, suelos fértiles y biodiversidad. Su destrucción compromete no solo a los ecosistemas, sino también a la economía y la vida de millones de personas. El dilema que enfrentan municipios como Coatepec y Tlalnelhuayocan no es menor: continuar con un modelo agrícola que agota el territorio en pocas décadas o transitar hacia prácticas sostenibles que hagan del bosque una fuente permanente de vida y de ingresos. La decisión, como coinciden investigadores y habitantes, no es técnica, sino política.

Productores exigen precio justo y aprobación de la Ley del Café

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 6 Nov 2025 17:27:21 -0600

La Comisión de Seguimiento de Precios del Café de Veracruz denunció hoy el bajo precio que reciben los productores por su cosecha y exigió al Congreso federal aprobar sin más demoras la Ley del Café, frenada desde hace meses en la Cámara de Diputados.

Durante una conferencia de prensa en Xalapa, representantes del sector cafetalero señalaron que, pese al aumento internacional del precio del café verde provocado por los aranceles impuestos por Estados Unidos y las afectaciones climáticas en Brasil y Vietnam, las y los productores veracruzanos continúan recibiendo apenas entre 16 y 17 pesos por kilogramo, cuando el valor real debería rondar los 25 pesos.

“La diferencia se la quedan los intermediarios y las grandes comercializadoras, mientras en el campo la gente sigue trabajando por debajo del costo de producción”, afirmó la Comisión, que llamó a las autoridades estatales y federales a intervenir para frenar el abuso comercial.

La comisión también denunció que la Ley del Café —impulsada por organizaciones y cooperativas para establecer precios de referencia y mecanismos de regulación del mercado— permanece bloqueada en la Cámara de Diputados, presuntamente por presión de grupos vinculados al senador Ricardo Monreal y a la Secretaría de Economía.

“La parálisis legislativa favorece a las transnacionales que lucran con nuestro trabajo”, señalaron los productores, quienes advirtieron que continuarán con acciones de organización y protesta hasta que la ley sea discutida y aprobada.

Veracruz, primer productor de café del país, concentra miles de familias cuya economía depende directamente del grano. En palabras de la Comisión, “sin precio justo, no hay café ni futuro para las comunidades que lo cultivan”.

Puedes ver más imágenes de la conferencia en nuestra página de Facebook

¿Nos estamos acostumbrando a vivir entre basura?

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 5 Nov 2025 09:16:00 -0600

Bajé las escalinatas del Paseo de Los Lagos. Era cerca del mediodía. Aunque el sol brillaba intensamente, no hacía calor; soplaba un aire ligero y frío. Llamaron mi atención unas palomas que se movían sin descanso, casi de forma coordinada; me acerqué para tomarles unas fotos. De pronto, una de ellas —posada sobre un letrero que decía “Humedales flotantes”— me atrapó por completo. Me detuve ahí un rato, tomándole varias fotos. A poca distancia, una pareja lucía muy entretenida.

También era notoria la presencia de varios trabajadores del área de Servicios Generales del ayuntamiento. Un par realizaban tareas dentro del lago, subían y bajaban por unas escaleras de aluminio; otros vaciaban contenedores, y uno más pasaba una escoba metálica de jardinería por la superficie del agua, tratando de sacar una bolsa de nylon pequeña que la corriente desplazaba lentamente.

Mientras fotografiaba otra paloma —esta vez posada sobre un letrero del puente que lleva al muelle flotante—, uno de los trabajadores se acercó y me preguntó si era de algún medio. Le respondí que sí, que colaboraba con Cultura Errante. Sonrió y me dijo: “Pues mire, aquí estamos desde temprano, todos los días, limpiando”. Enseguida noté que tenía ganas de platicar.

Me contó que en el primer lago encuentran de todo: llantas, juguetes, botellas vacías. Uno de los principales problemas, dijo, son los desechos de los perros. “Algunos dueños traen su bolsita para recoger las heces, pero a veces, en lugar de llevárselas, la avientan al lago. Hemos sacado muchísimas”, me explicó. “Me ayudo de una red a la que le adapté un tubo largo —así puedo alcanzar más lejos—”, añadió.

Sacó su celular y me mostró fotos recientes: basura flotando, peces muertos, bolsas plásticas enredadas entre las plantas. “Mucha gente compra las bolsitas con alimento para los peces, les dan de comer y luego tiran también la bolsita al agua. Los peces, al confundirlas con comida, mueren por intentar tragarlas”, comentó con resignación.

Minutos después llegaron algunos de sus compañeros. Me mostraron los tambos llenos hasta el tope. “Aunque estén así, la gente sigue metiendo más basura”, dijo uno de ellos. Entre los residuos sobresalía el unicel, que debería estar prohibido por su impacto ambiental —o creo que lo está, pero a nadie le importa— y que continúa circulando con total normalidad.

El problema no se limita a los desechos plásticos —me dijo otro señor que, con una pala, levantaba la basura alrededor de los contenedores—: también hay basura orgánica revuelta, sin separación, pese a que los botes están divididos. Una mujer que paseaba a su perro intervino: “Harían falta más botes de basura; hay muy pocos para tanta gente”. Tenía razón, aunque quizá no se trate solo de un problema de infraestructura, sino de cultura.

Como consumidores, podríamos exigir que los vendedores eviten empaques contaminantes o, mejor aún, llevar nuestros propios recipientes, como en las asambleas comunitarias donde cada quien porta su plato, su vaso y su cuchara. Suena poco práctico, pero es cuestión de irnos acostumbrando. Me quedé pensando que soluciones puede haber muchas, pero todas requieren la participación de todas y de todos. Eso sí, me parece que lo verdaderamente insostenible es que nos acostumbremos a vivir entre basura.

Te invitamos a ver las fotografías en nuestra página de Facebook.

17 de octubre: la marcha en contra de la indiferencia

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 18 Oct 2025 21:36:00 -0600

Entre consignas y cuidado colectivo, las y los estudiantes respondieron al abandono institucional.

Llegué a Xalapa esa mañana, apurado, quería llegar a tiempo a la marcha. Mis expectativas eran muchas. Caminé de prisa por la calle Ignacio de la Llave, pensando en si la cantidad de estudiantes que se sumarían al movimiento podría reflejar el verdadero tamaño del descontento —Por un instante imaginé un contingente pequeño y a la cúpula universitaria riéndose de los estudiantes y de su poco poder de convocatoria—. En verdad deseaba que llegara un gran número de jóvenes y que fuera una movilización masiva. Eso enviaría un mensaje claro a las autoridades universitarias: una reafirmación de organización y fuerza colectiva de una comunidad estudiantil que, desde hace meses, atraviesa un clima de desconfianza y descontento frente a las decisiones de sus autoridades.

La marcha tenía dos objetivos principales. Por un lado, buscaba visibilizar la tragedia ocurrida en la zona norte de Veracruz tras las recientes inundaciones, donde varios familiares y compañeros de las y los estudiantes se vieron afectados. En distintos pronunciamientos previos se había señalado la falta de prevención y la negligencia tanto de las autoridades universitarias como de los gobiernos estatal y municipales, cuya respuesta tardía y descoordinada agravó las consecuencias del desastre. Por otro lado, la movilización expresaba el rechazo a la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez y denunciaba el proceder poco ético y faccioso de la junta de gobierno, que extendió su gestión sin garantizar un proceso transparente ni participativo. En ambos casos, el mensaje de fondo era el mismo: la exigencia de responsabilidad institucional y el reclamo de una universidad pública verdaderamente democrática, con rendición de cuentas y sensibilidad social.

Conforme me iba acercando al Teatro del Estado, observé los primeros grupos de estudiantes que de a poco se iban acomodando en la explanada. Algunos afinaban sus consignas, otros daban los últimos toques a las pancartas escritas a mano con frases que combinaban el enojo con la esperanza. Se notaba un esfuerzo serio de organización. Había brigadas de orden y seguridad, responsables de comunicación interna y una estudiante que recorría el contingente en bicicleta llevando y trayendo información. La convocatoria, que en un inicio había despertado dudas, rebasó toda expectativa. La explanada frente al Teatro del Estado se llenó con contingentes de distintas facultades: derecho, psicología, antropología, medicina, etc. La diversidad era evidente y, con ella, la conciencia de que las causas eran compartidas.

Al iniciar el recorrido, la banda integrada por alumnos de JazzUV dio las primeras notas. En coro, las voces lanzaron un primer cuestionamiento: “¿A dónde van los desaparecidos?”. Entonces el melodión se unió a los metales y al cencerro: la música como arte, como gesto político, como lenguaje de unidad. A su paso, las consignas cobraron fuerza. Varias alumnas encabezaban los distintos contingentes, organizando, cuidando y orientando el avance con una fortaleza y claridad que hicieron tragarse sus prejuicios a quienes todavía ponen en duda el liderazgo de las mujeres en los movimientos sociales.

La marcha avanzó en orden, con breves pausas para descansar, sin que se registraran incidentes. Unidades de tránsito y personal de limpia pública —en su mayoría mujeres— acompañaron discretamente la retaguardia. Por los flancos, integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos caminaron durante toda la jornada, atentas, atentos ante cualquier provocación o intento de obstaculizar el derecho a la libre organización y manifestación. Su intervención no fue necesaria: la disciplina colectiva sostuvo el día.

A la altura del parque Bicentenario surgió el rumor de que un grupo de choque aguardaba más adelante. Durante algunos minutos la tensión se hizo visible, pero el contingente decidió continuar. No hubo confrontaciones. Al llegar al Palacio de Gobierno, las y los estudiantes detuvieron la marcha para emitir consignas dirigidas al gobierno estatal, recordando su omisión frente a las afectaciones por las lluvias y denunciando la falta de respuesta institucional. Después, reanudaron el recorrido hacia rectoría, donde ya se tenían planeadas diversas actividades.

El calor pero sobre todo el cansancio se hacían notar, de pronto una gran bulla se escuchaba cerca del muro de piedra que da la bienvenida a rectoría: ¡una estudiante se desvaneció! El equipo de paramédicos, conformado por alumnos de medicina, la atendió de inmediato, demostrando una organización que desmentía cualquier intento de reducir la movilización a un acto improvisado. Tras unos minutos, la joven fue trasladada en una ambulancia para continuar su atención médica. El gesto pareció encender nuevamente los ánimos. Las y los estudiantes retomaron las consignas con una energía renovada que resonaba entre los edificios.

Las y los representantes de distintas facultades comentaban los posicionamientos acordados en asambleas previas. Hablaron de la falta de transparencia en las decisiones institucionales, de la ausencia de protocolos reales frente a las contingencias ambientales, de la precarización de los servicios en las facultades, y del divorcio cada vez más profundo entre las autoridades y la base estudiantil. En cada intervención pude percibir una mezcla de indignación y lucidez política: la convicción de que la universidad pública no puede seguir administrado como un patrimonio privado ni como un espacio ajeno a la realidad social que la rodea.

Un grupo de estudiantes decidió subir a los edificios administrativos. En todo momento se escucharon llamados al orden, a no caer en provocaciones y a cubrirse el rostro, pues desde los distintos edificios les estaban fotografiando y grabando en video. El temor no era infundado: apenas unos cuantos días atrás, varios estudiantes denunciaron haber recibido llamadas de extorsión, intimidación y amenazas. Por cierto, a nadie sorprendió la negativa de la rectoría al diálogo. La respuesta generó abucheos y las consignas volvieron a dirigirse contra el rector: “¡UV de luto por un rector corrupto!”.

Entonces, una estudiante tomó la palabra para recordar que el movimiento no buscaba la confrontación, sino el reconocimiento y la interlocución. “Queremos una universidad abierta, no una universidad muda”, dijo, y su voz fue seguida por un aplauso que condensó el sentido de toda la jornada.

Pasadas las dos de la tarde, los contingentes comenzaron a dispersarse. Algunos regresaron caminando a sus facultades para continuar el paro, otros se quedaron unos minutos más conversando, haciendo recuento de lo logrado y de lo que aún faltaba. En los rostros de las y los estudiantes se veía el cansancio pero también una certeza compartida: la de haber recuperado, aunque fuera por unas horas, el pulso colectivo de una comunidad que se niega a ser espectadora de su propio destino.

Esa tarde, no solo exigieron respuestas, también mostraron que la organización y la conciencia siguen vivas dentro de la universidad. Frente a la indiferencia institucional, su presencia en las calles fue una afirmación de dignidad y de pertenencia. Una advertencia poderosa para quienes aún creen que la juventud universitaria ha perdido la capacidad de incomodar al poder.

Lo ocurrido el viernes 17 de octubre de 2025 en las calles de Xalapa fue profundamente conmovedor. Me sentí orgulloso de haber sido testigo de esa manifestación y, en cierta forma, parte de ella. Aunque sé que, para muchas y muchos de esos jóvenes, pertenezco más al mundo que los ha decepcionado que al que intentan construir, estoy de acuerdo y lo acepto. Ellas y ellos están en el momento de la lucha y las y los de generaciones anteriores, cargamos con la responsabilidad de haberles dejado un país descompuesto, una universidad distante y un futuro que todavía intentan recomponer. Esa marcha no fue solo suya, también fue un llamado a quienes alguna vez creímos que bastaba con observar.

Ellas, ellos nos recuerdan que mirar sin actuar también es una forma de rendirse.

Te invitamos a que veas fotos de la marcha en nuestra página de Facebook.

Falta de apoyo y acceso complican la ayuda en Poza Rica, Veracruz

noreply@blogger.com (Cultura Errante) — Fri, 17 Oct 2025 11:20:00 -0600

Falta de apoyo y acceso complican la ayuda en Poza Rica, Veracruz

Fidel, originario de la comunidad de Naranjos, Veracruz viajó junto con varios compañeros a la ciudad de Poza Rica para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cazones. Llegaron con disposición total: entregar donativos, limpiar, retirar escombros o realizar cualquier tarea necesaria. La magnitud del daño es enorme y las necesidades, urgentes.

Según su testimonio, las colonias México, Lázaro Cárdenas y Gaviotas presentan graves afectaciones. Aunque comienza a llegar ayuda, muchas zonas siguen incomunicadas por el difícil acceso, el lodo y los restos que aún cubren las calles.

"Las familias lo perdieron todo”, relata. En sectores como el de la central de autobuses, el acceso es completamente imposible. Los habitantes piden agua, alimentos preparados y productos de limpieza. Por ahora, rechazan recibir ropa: no porque no la necesiten, sino porque no tienen dónde guardarla; muchas personas perdieron sus casas derribadas por la corriente, muchas están en condiciones inhabitables.

Fidel, al igual que otros voluntarios, continúa brindando ayuda directa pese a la falta de recursos y coordinación. En el terreno, advierten que faltan manos y la presencia institucional es limitada para atender la emergencia que golpeó con fuerza a Poza Rica y a varias comunidades de la región.

Puedes ver más imágenes en la página de Facebook de Cultura Errante.

Comerciantes denuncian agresiones en Coatepec

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 17 Oct 2025 10:52:00 -0600

Comerciantes antorchistas denuncian agresiones del Frente Popular Revolucionario y señalan a funcionarios municipales por hostigamiento.

Crece el conflicto político por el control del mercado Miguel Rebolledo en Coatepec

Comerciantes adheridos al Movimiento Antorchista denunciaron haber sido agredidos por integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) en el mercado Miguel Rebolledo, en Coatepec, Veracruz.

De acuerdo con los testimonios, tras los hechos las mujeres agredidas fueron apresadas por la policía. A consecuencia de este acto, compañeras y compañeros se manifestaron para exigir su liberación. “Pedimos al presidente municipal Raymundo Andrade Rivera que detenga el hostigamiento contra todos los comerciantes del mercado, sean o no de nuestra organización”, señaló Cristian González, representante del grupo.

También se informó que la señora Maribel García, integrante del grupo Frente Revolucionario Popular, cuenta con diversos antecedentes en la Fiscalía General del Estado por otros presuntos actos de agresión.

Los comerciantes aseguraron tener en regla sus permisos y pagos ante la Tesorería Municipal, pero denunciaron que desde hace meses enfrentan hostigamiento por parte del FPR sin que el Ayuntamiento intervenga. Las detenidas mencionaron que durante su retención, el regidor quinto, Edson Tejeda Corona, y el director de Comercio, Juan Carlos Cortés Vega, acudieron al lugar para ellas firmaran un documento en el que se comprometían a no volver a ocupar sus espacios de trabajo en las inmediaciones del mercado. Las mujeres se negaron a hacerlo.

El conflicto entre el FPR y los comerciantes antorchistas expone una disputa por el control político y económico de los espacios públicos. Los mercados, más que centros de abasto, se han vuelto territorios de poder donde las alianzas y acuerdos opacos entre grupos y autoridades pesan más que el derecho de las personas trabajadoras a ejercer su actividad.

Mientras el gobierno municipal mantiene una postura ambigua y rehúye su responsabilidad, la confrontación entre organizaciones se convierte en una herramienta de control social. En el fondo, la pugna por el mercado Miguel Rebolledo revela cómo las estructuras del poder local siguen reproduciendo viejas prácticas de dominación política a costa del sustento de quienes viven de su trabajo.

Filtración de datos pone en riesgo a estudiantes de Artes de la UV

noreply@blogger.com (Cultura Errante) — Sun, 5 Oct 2025 10:29:00 -0600

Una lista con nombres y números telefónicos de estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana fue robada o filtrada sin autorización, exponiendo a decenas de jóvenes a llamadas intimidatorias y de extorsión.

Otras denuncias describen situaciones más agresivas: individuos que se presentan como policías y afirman haber detenido a un estudiante en posesión de múltiples celulares y computadoras, lo acusan de realizar “promoción” de grupos delictivos y exigen a las y los estudiantes que rindan declaraciones para deslindarse. También se han registrado llamadas de personas que se identifican como integrantes de un grupo criminal.

La filtración de esta base de datos constituye una grave violación a la privacidad y representa un riesgo directo para la seguridad e integridad de la comunidad universitaria. Hasta ahora se desconoce cómo se obtuvo la información de las y los estudiantes, y si las autoridades universitarias o estatales han iniciado investigaciones o denuncias para esclarecer el hecho y proteger a las y los estudiantes afectados.

En los últimos días, varios estudiantes han denunciado que recibieron llamadas de personas que se presentan como agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes conociendo sus nombres, les preguntan si los números que utilizaron para hacer reportes a la policía son personales y exigen confirmar esa información.

Listen to "Filtración de datos expone a estudiantes de Artes de la UV" on Spreaker.

México prohíbe 35 plaguicidas altamente tóxicos: un paso histórico, aunque insuficiente

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 5 Sep 2025 10:51:00 -0600

El gobierno mexicano decretó el pasado 3 de septiembre de 2025 la prohibición total de 35 plaguicidas por sus graves impactos en la salud y el medio ambiente. El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, marca un hecho histórico: desde 1991 no se emitía una medida de este tipo, y en aquella ocasión la lista incluía apenas 21 ingredientes activos.
La disposición establece la prohibición del uso, producción, comercialización e importación de estas sustancias. Aunque algunas ya estaban restringidas en años anteriores, el decreto unifica y amplía la prohibición, dejando claro que a partir de ahora su manejo está fuera de la ley en todo el país.

Lista de los 35 plaguicidas prohibidos en México

A continuación se presenta la tabla con la información oficial de los 35 compuestos, sus principales usos y su estatus anterior en el país.

Toca la imagen para ampliarla

Información adicional sobre algunos compuestos

Detalles específicos sobre algunos de estos plaguicidas, que ayudan a entender el porqué de su prohibición:

2,4-DB: Es un herbicida sistémico selectivo de la familia fenoxi, utilizado para controlar malas hierbas de hoja ancha en cultivos como alfalfa, maní y soja. Su metabolito activo es el 2,4-D. Es moderadamente tóxico para los peces y presenta riesgos de toxicidad para perros y gatos en exposiciones prolongadas .
Aldicarb: Un insecticida, acaricida y nematicida extremadamente tóxico (clase I de toxicidad). Es conocido por su alto riesgo de envenenamiento para humanos y fauna silvestre. Su prohibición en muchos países es anterior a este decreto .
Carbofurano: Un insecticida, acaricida y nematicida de amplio espectro, también altamente tóxico. Estaba prohibido en Canadá y Europa, y su uso se asociaba con envenenamientos de aves y otros animales .
Clordano: Un insecticida organoclorado persistente (POP) que se acumula en el medio ambiente y en las cadenas tróficas. Su uso estaba muy restringido a nivel internacional por el Convenio de Estocolmo .
DDT: Quizás el insecticida más famoso y emblemático. Es un contaminante orgánico persistente (POP) prohibido a nivel mundial para uso agrícola desde hace décadas debido a su alta persistencia, bioacumulación y toxicidad. Sin embargo, algunos países aún lo utilizan para el control de malaria bajo estrictas condiciones, pero México lo incluye en esta prohibición total .

Por qué fueron prohibidos

Los plaguicidas incluidos en la lista se caracterizan por su alta toxicidad y persistencia en el ambiente. Ejemplos emblemáticos son el DDT, prohibido globalmente desde hace décadas pero aún presente en suelos y cadenas tróficas; el Endosulfan, vinculado a daños neurológicos y endocrinos; o el Carbofurano, conocido por provocar envenenamientos masivos de aves.

Otros, como el Aldicarb, representaban un riesgo letal para agricultores y comunidades rurales por su toxicidad aguda. La evidencia científica acumulada en torno a estas sustancias fue determinante para su inclusión en la lista negra.

Impactos ambientales y sociales

Uno de los argumentos clave para la prohibición es la protección de la apicultura. Al menos 20 de los plaguicidas vetados están directamente relacionados con la muerte masiva de abejas, un fenómeno que amenaza la polinización y, con ello, la seguridad alimentaria.

La medida responde también a las demandas históricas de organizaciones campesinas, académicas y colectivos socioambientales, que durante décadas han denunciado los efectos de los agrotóxicos en la salud de comunidades rurales, en especial en niñas, niños y personas trabajadoras del campo.

Críticas y limitaciones

A pesar de la trascendencia de la medida, expertos y organizaciones como la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) advierten que el decreto es “un avance tímido” frente al poder de la industria agroquímica.

El análisis muestra que el 57% de los plaguicidas prohibidos ya no se importaban en años recientes, lo que reduce el impacto económico real para las empresas. Además, quedaron fuera los plaguicidas más usados y peligrosos, como el glifosato, el paraquat y los insecticidas neonicotinoides (imidacloprid, clotianidina, tiametoxam), ampliamente señalados como responsables de la desaparición de abejas y de riesgos graves para la salud humana.

En lugar de prohibirse, 12 sustancias de alta peligrosidad se sometieron a un esquema de “venta controlada”, medida que especialistas califican de ineficaz en un país donde la regulación en el campo es débil y difícil de aplicar.

Un proceso negociado con la industria

Diversas voces critican la falta de transparencia en la elaboración de la lista. El hecho de que se hayan prohibido sustancias de bajo impacto comercial, dejando fuera las más rentables para las empresas, ha sido interpretado como resultado de un proceso de negociación con la propia industria agroquímica.

Esto plantea la duda de si el decreto responde más a la presión social y política que a una estrategia sólida de protección de la salud pública y de la biodiversidad.

Lo que viene

El gobierno anunció que en 2026 y 2027 se publicarán dos nuevas listas con sustancias adicionales, en un proceso gradual de eliminación de plaguicidas altamente peligrosos. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la transición hacia una agricultura sin agrotóxicos no puede esperar y debe acompañarse de políticas públicas que fortalezcan la agroecología y la soberanía alimentaria.

La prohibición es un paso adelante, pero aún insuficiente frente al reto de construir un modelo agrícola justo, sano y sustentable. En medio de la resistencia de la industria, el mensaje es claro: antes que las ganancias corporativas están los derechos de la naturaleza y de los seres humanos.

El bosque de niebla, un ecosistema en resistencia

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 4 Sep 2025 11:40:00 -0600

En el centro de Veracruz se libra una disputa silenciosa que toca directamente a la salud pública, al medio ambiente y al futuro de la región. En los municipios de Coatepec y Tlalnelhuayocan, el avance del monocultivo de la papa ha traído consigo una práctica que preocupa cada vez más a comunidades, organizaciones y especialistas: el uso indiscriminado de agrotóxicos.

La problemática no se limita a la contaminación de las parcelas o terrenos donde se siembra el tubérculo, también existe un impacto inmediato sobre las y los agricultores. El riesgo es mucho mayor. Diversas personas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el manantial conocido como “Ojo de Agua”, fuente de abastecimiento para la comunidad de Zoncuantla (formada por seis colonias), podría estar siendo contaminado por los químicos utilizados en los cultivos. La presencia de envases de pesticidas abandonados en las inmediaciones y la falta de medidas de control alimentan la sospecha de una crisis ambiental en gestación.

Frente a esta situación, ciudadanas y ciudadanos organizaron la campaña “Veracruz Verde, Saludable y Libre de Agrotóxicos”, la cual ha reunido más de tres mil firmas digitales a través de la plataforma Change.org (https://www.change.org/sinagrotoxicos) y centenares más de manera presencial en plazas, calles y comunidades de la región. Estas firmas acompañan una denuncia ciudadana que fue entregada recientemente a la gobernadora Rocío Nahle García, con el objetivo de exigir acciones firmes para detener el uso de sustancias que atentan contra derechos humanos básicos: el acceso a la salud, al agua limpia, a un medio ambiente sano y a una alimentación segura.

El documento entregado denuncia además una práctica que agrava el problema: la tala del bosque de niebla para abrir espacio a los monocultivos. Este ecosistema, uno de los más importantes de México por su biodiversidad y sus funciones ambientales, actúa como una esponja natural que capta humedad de la neblina y la convierte en agua que alimenta manantiales y ríos. Su destrucción pone en riesgo el equilibrio hídrico de la región y aumenta la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Especialistas en salud pública y ecología han advertido reiteradamente que los agrotóxicos usados en el cultivo de papa y otras hortalizas no solo afectan a quienes los aplican en el campo. Los químicos pueden filtrarse en los mantos freáticos, llegar a ríos y manantiales y acumularse en los alimentos, con consecuencias graves que incluyen afectaciones neurológicas, cáncer, problemas reproductivos y daños al sistema inmunológico.

La campaña ciudadana plantea la urgencia de aplicar el principio precautorio, establecido en el derecho internacional ambiental, que obliga a las autoridades a actuar de manera preventiva cuando existe riesgo de daño grave o irreversible, incluso si no hay certeza científica absoluta. En este caso, la magnitud del riesgo para el agua y la salud pública debería ser suficiente para que el Estado intervenga.

La respuesta de las autoridades municipales de Coatepec y Tlalnelhuayocan ha sido, hasta ahora, insuficiente. Pese a las denuncias y solicitudes de diálogo, las comunidades señalan que prevalece una actitud de desatención y negligencia. Ante ello, la entrega de la denuncia a la titular del Ejecutivo estatal busca elevar el nivel de exigencia y colocar el tema en la agenda pública.

El movimiento Veracruz Verde y Saludable no se limita a una acción legal. Representa un esfuerzo comunitario por defender bienes comunes que trascienden fronteras municipales. El agua que nace en los bosques de niebla de Coatepec y Tlalnelhuayocan abastece a buena parte de la población de Xalapa, por lo que el impacto del uso de agrotóxicos no es un asunto local, sino regional.

Las más de tres mil firmas entregadas reflejan una preocupación compartida por miles de personas que reconocen que el derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano no son negociables. La campaña sigue abierta porque la problemática no se ha resuelto y porque la presión social es una herramienta indispensable para frenar prácticas que ponen en riesgo la vida.

La exigencia ciudadana es clara: detener la expansión de los monocultivos que depredan el bosque de niebla, prohibir el uso de agrotóxicos de alto riesgo y garantizar el acceso al agua limpia como un derecho humano fundamental. La respuesta de las autoridades definirá no solo la salud de las comunidades rurales, sino la seguridad hídrica y ambiental de toda la región central de Veracruz.

Contra abusos y cafés chatarra: la defensa del grano veracruzano

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 27 Aug 2025 21:56:00 -0600

El aroma del café veracruzano no puede ocultar la amargura que viven quienes lo producen. La Comisión de Seguimiento de Precios del Café de Veracruz convocó a conferencia de prensa el jueves 28 de agosto, a las 10:30 horas en el café La Parroquia de Xalapa, para denunciar los abusos que golpean al sector y exigir respuestas al gobierno federal.

La primera demanda se dirige al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y a la Cámara de Diputados: resolver de inmediato las cuatro observaciones pendientes al proyecto de Ley del Café, que por omisión legislativa no fue aprobado en sesiones pasadas. La parálisis política ha dejado sin herramientas legales a un sector clave en la vida económica y cultural de Veracruz.

El segundo punto apunta a la necesidad de que la Secretaría de Economía investigue y sancione a las compañías que castigaron de manera injusta los precios del café cereza durante la cosecha pasada, precarizando aún más a los pequeños productores. Con la transferencia de facultades de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica, la dependencia federal tiene la obligación de frenar los abusos comerciales.

Finalmente, la Comisión alertó sobre el incremento de las importaciones de café Robusta de baja calidad, que desplazan y compiten deslealmente con el café mexicano. Este grano de menor precio se mezcla con otros productos y aditivos, convirtiéndose en cafés de ínfima calidad —mal llamados “cafés”— que deterioran el mercado y engañan al consumidor.

La voz de los cafetaleros es clara: defender el café veracruzano no es solo proteger una bebida emblemática, sino garantizar el sustento de miles de familias, cuidar la economía regional y salvaguardar la calidad de lo que llega a las mesas.

Denuncia nuevamente criminalización por defender el agua

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 27 Aug 2025 21:43:00 -0600

El activista Renato Romero volvió a denunciar hostigamiento y criminalización por parte de autoridades estatales de Puebla, a raíz de sus críticas contra la gestión del agua y el saqueo de los recursos hídricos en la región.

Romero aseguró: “De nuevo me criminalizan solo por criticar las políticas de todos los gobiernos, por denunciar las injusticias contra los pueblos y por evidenciar el saqueo del agua”. Señaló directamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la que calificó como “el cártel del agua”, acusandola de haber entregado concesiones a empresas privadas mientras niega el acceso a comunidades campesinas.

El activista recordó que el pasado 1 de julio fue detenido de manera arbitraria y violenta por un operativo de alrededor de 80 agentes de investigación, desplegados en diez puntos distintos. Pasó dos días en prisión, hasta que su liberación se dio —según afirma— por la presión de redes sociales y medios de comunicación que denunciaron su encarcelamiento.

Renato Romero acusó al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de mantener una política autoritaria y represiva: “Confirmo mi denuncia cuando el 30 de mayo ordenó tomar militarmente al pueblo de Xoxtla con Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías estatales y municipales, solo para acallar al pueblo que exige que dejen de saquear los cuatro mil millones de litros de agua”.

El activista también señaló que ha sido citado por la Fiscalía estatal este jueves en Ocotepec, derivado de una denuncia interpuesta por la empresa Concesiones Integrales —conocida como Aguas de Puebla—, a la que acusa de despojar a las comunidades del vital líquido.

El trasfondo: agua en manos privadas

Desde 2014, con la privatización del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, Concesiones Integrales asumió el control del abasto y cobro del recurso hídrico en la capital y municipios aledaños. Diversas organizaciones sociales y académicas han documentado que la empresa ha priorizado el negocio sobre el derecho humano al agua, con tarifas elevadas, cortes indiscriminados y omisiones en el mantenimiento de la infraestructura.

El conflicto se ha agravado en comunidades como San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Coronango, donde habitantes acusan despojo de pozos comunitarios, contaminación de fuentes y la entrega de concesiones a parques industriales y desarrollos inmobiliarios.

Frente a este escenario, colectivos y defensores como Romero sostienen que la disputa por el agua en Puebla es parte de un modelo de saqueo más amplio, donde el Estado facilita el acceso al recurso a empresas privadas mientras restringe a campesinos y poblaciones rurales.

Romero concluye con un mensaje de resistencia: “No me rindo, no me vendo, no traiciono. A lo único que le temo es a la indiferencia de mi pueblo”.

Ojos de mujer volando: 30 años de mirar con alas en los ojos

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 22 Aug 2025 10:07:00 -0600

Treinta años mirando el mundo a través de un visor. Así resume Patricia Aridjis su trayectoria, un camino donde la fotografía dejó de ser un oficio para convertirse en destino. “Siento que tengo alas en los ojos; mirar me da libertad”, escribe. La cámara no fue solo un instrumento, sino una extensión de su cuerpo, una manera de estar en el mundo.

Ojos de mujer volando: 30 años de mirar con alas en los ojos

El paso del tiempo le dejó huellas físicas —la columna maltrecha tras cargar equipo pesado durante décadas— pero también un caudal de memorias y testimonios. Cada imagen tomada, cada disparo, es un registro de la vida, del dolor y de la esperanza. No se trata únicamente de observar, sino de reaccionar. Ante un país que duele, Aridjis ha encontrado en la fotografía la única forma posible de respuesta.

Su mirada no rehúye la dureza de la realidad. La acompaña, la confronta y la transforma en imágenes que conmueven. En esta retrospectiva, titulada “Ojos de mujer volando”, la fotógrafa presenta un homenaje profundo a las mujeres que han atravesado su trayectoria personal y artística.

Se trata de mujeres que buscan a sus desaparecidos, escarbando con sus propias manos la tierra removida con la esperanza de encontrar los restos de sus familiares. Mujeres que en lugar de arrullar a un hijo sostienen un rifle, dispuestas a defender los derechos de los pueblos indígenas. Mujeres que incomodan con sus cuerpos voluminosos a una sociedad que impone la apariencia por encima de cualquier otro valor. Mujeres presas, mujeres rotas, mujeres que crían y sostienen vidas ajenas mientras las propias quedan suspendidas.

En cada una de estas miradas, Aridjis se reconoce. “De esta manera, me miro a mí misma, me reflejo en otras mujeres, me conecto con el dolor ajeno y con el propio”, afirma. La exposición no es solo un recuento de imágenes, es también un espejo colectivo donde confluyen la vida personal de la autora y la historia de tantas mujeres que resisten.

La fotografía, dice, no se elige: ella decide tomarte. A Patricia Aridjis la tomó hace más de tres décadas y no la ha soltado. Desde entonces, su trabajo ha sido un vaivén constante entre lo íntimo y lo social, entre la belleza y la denuncia.

Foro ciudadano en Coatepec revela crisis hídrica y ambiental

noreply@blogger.com (Cultura Errante) — Wed, 20 Aug 2025 09:55:00 -0600

Foro ciudadano en Coatepec revela crisis hídrica y ambiental: comunidades exigen coordinación y autonomía

El foro ciudadano realizado en el municipio de Coatepec, Ver. nos mostró una realidad la cual ya no podemos evadir: la región está sumergida en una crisis hídrica y ambiental que pone en riesgo la salud, el territorio y la vida comunitaria. Colectivos, asociaciones civiles y habitantes coincidieron en que el agua debe ser el eje central de la política pública en la nueva administración, pero también un espacio de autogestión y defensa desde las comunidades.

Lejos de ser un simple diagnóstico, las voces reunidas hicieron un llamado urgente a que las autoridades de los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad con seriedad y a que la ciudadanía fortalezca su autonomía frente a decisiones que históricamente han priorizado intereses económicos por encima del bienestar colectivo.

Contaminación, abandono institucional y conflictos

La gestión del agua en Coatepec y municipios vecinos –Las Vigas, Acajete, Xico y Xalapa– se encuentra marcada por la descoordinación y el desinterés oficial. La falta de claridad incluso en la nomenclatura de los ríos dificulta comprender la magnitud de la contaminación que recorre toda la cuenca de La Antigua.

Los datos de monitoreo ciudadano son contundentes: ríos como el Pintor, Pixquiac y Sordo se degradan conforme avanzan por zonas urbanas. Se estima que más de la mitad de la materia fecal del municipio proviene de Coatepec y comunidades cercanas como Tuzamapan, sin que las plantas de tratamiento cumplan con su función. El resultado: aguas negras que terminan en la cuenca baja, generando litigios y conflictos sociales.

Las comunidades usuarias del servicio de CMAS Coatepec exigieron medidas inmediatas:

Auditoría al organismo operador.
Reestructuración que garantice representación comunitaria.
Planes de mantenimiento e infraestructura.
Monitoreo participativo y tarifas justas.
Captación de lluvia y construcción de una planta potabilizadora para zonas históricamente marginadas del servicio.

Bosque de niebla bajo asedio: deforestación y agrotóxicos

El bosque de niebla, vital para la recarga de agua y la biodiversidad, ha perdido un 40% de su superficie en apenas tres décadas. Hoy solo queda un 1.5% en estado primario dentro del municipio. La expansión agropecuaria y urbana avanza sobre un ecosistema único.

El cultivo de papa, que creció 300% desde 2003, utiliza al menos 18 agrotóxicos, diez altamente peligrosos y dos prohibidos por el Convenio de Estocolmo. En comunidades aledañas se han reportado problemas de salud relacionados con esta actividad, mientras que las normas ambientales se incumplen abiertamente: escuelas obligadas a cerrar por la cercanía de cultivos tóxicos son ejemplo de ello.

La ciudadanía propuso crear un reglamento ambiental municipal, aplicar procesos de biorremediación y garantizar que en el área ambiental del ayuntamiento haya personal capacitado y con sensibilidad medioambiental.

Basura y residuos: un sistema colapsado

Coatepec produce 95 toneladas de basura diarias y el ayuntamiento solo logra recolectar tres cuartas partes. El servicio funciona con apenas tres camiones, la estación de transferencia opera sin control ambiental y los lixiviados contaminan agua y suelo.

La falta de un plan integral genera tiraderos clandestinos y cobros excesivos a comunidades. Frente a este escenario, se plantearon propuestas: reglamento actualizado con enfoque de economía circular, planta de reciclaje, ampliación del compostaje y saneamiento de sitios ilegales. El caso de Orizaba fue citado como ejemplo de gestión moderna y participativa.

Guardianes del territorio: resistencias comunitarias

En espacios como el Cerro de las Culebras y la comunidad de La Laguna, colectivos ciudadanos han resistido invasiones, tala y abandono institucional. Desde 2002, el fideicomiso Fidecoagua ha sostenido la conservación de más de 100 hectáreas de bosque de niebla con pagos simbólicos frente a la presión de cultivos como la papa.

El contraste entre los esfuerzos comunitarios y la falta de respaldo oficial revela un patrón: la defensa del territorio recae principalmente en la organización ciudadana, mientras los gobiernos miran hacia otro lado.

Retos para las nuevas autoridades: del discurso a la acción

El foro dejó en claro que la participación ciudadana no puede ser simulada. Los sistemas comunitarios de agua, presentes desde los años 80, demandan respeto a su autonomía y reconocimiento legal como sujetos de derecho público. Solo así podrán acceder a recursos y fortalecer su papel en la gestión del agua.

Las nuevas autoridades municipales enfrentarán desafíos mayúsculos:

Frenar la expansión de monocultivos tóxicos.
Garantizar agua limpia y tarifas justas.
Atender un sistema de basura desbordado.
Proteger al bosque de niebla de intereses privados.

Es su deber escuchar y reconocer la autonomía en temas como la gestión de recursos naturales como el agua que los pueblos han cuidado durante generaciones; así como muchos otros temas en los que el Estado los ha dejado a su suerte.

La pregunta es si el próximo ayuntamiento será capaz de construir un proyecto colectivo con la ciudadanía, o si continuará administrando la crisis mientras la naturaleza y las comunidades pagan el costo.

Irma no murió de un infarto: la violencia y la impunidad la mataron

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 29 Jul 2025 18:48:00 -0600

El 18 de julio de 2025, Irma Hernández Cruz maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, Veracruz fue secuestrada por negarse a pagar extorsión a un grupo criminal. Durante días, su familia y colegas taxistas exigieron su regreso con vida. Seis días después, su cuerpo fue hallado en un paraje rural entre Álamo y Cerro Azul.

La autopsia reveló lesiones internas en el corazón y determinó “infarto” como causa de muerte. Sin embargo, este diagnóstico ha generado indignación social: sin secuestro, sin amenazas, sin la violencia ejercida contra ella, ese infarto nunca habría ocurrido. La muerte de Irma es consecuencia directa del crimen organizado y de la impunidad que lo permite.

Un mensaje impuesto por el terror

Antes de ser asesinada, Irma fue obligada a grabar un video en el que, visiblemente atemorizada, advertía a otros taxistas que pagaran la cuota exigida por el grupo delictivo. “Con la Mafia Veracruzana no se juega o terminarán como yo”, decía el mensaje. Sus últimas palabras son testimonio del poder que estas bandas ejercen sobre trabajadores y comerciantes en la región, donde la extorsión se ha normalizado como “costo” de ganarse la vida.

La respuesta oficial: minimizar el crimen

   Lejos de reconocer el carácter violento y delictivo del caso, la gobernadora Rocío Nahle ha insistido públicamente: “les guste o no, la maestra murió de un infarto”. La funcionaria acusa a la prensa de generar un “escándalo” en torno al tema.
   Con esta postura, el gobierno estatal desvía la atención del problema central: la captura del territorio por grupos criminales y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia.
   Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, aunque la causa médica sea un infarto, el caso debe considerarse homicidio dada la violencia previa. Sin embargo, las palabras no han venido acompañadas de acciones claras para erradicar el cobro de piso que desde hace años somete al transporte público y a la economía popular en Veracruz.

Entre la extorsión y la impunidad

El asesinato de Irma no es un hecho aislado. En diversas regiones del estado, transportistas y pequeños comerciantes enfrentan amenazas, secuestros y asesinatos por negarse a pagar extorsión. Pese a las detenciones anunciadas, la percepción comunitaria es clara: los pactos entre crimen y autoridades siguen intocados.
Este clima de miedo obliga a miles de personas a elegir entre pagar, huir o arriesgar la vida. La violencia no solo cobra víctimas directas: erosiona la confianza social, destruye medios de vida y convierte al trabajo honesto en actividad de alto riesgo.

Falta de sensibilidad y justicia pendiente

Resulta indignante que un gobierno que se autodenomina “humanista” elija reducir la muerte de Irma a un dato médico. Al omitir el secuestro, el sometimiento y la amenaza que sufrió, el discurso oficial niega la raíz del problema y agravia a las víctimas.
La sensibilidad que se espera de una administración que prometió transformar la vida pública parece desvanecerse cuando la realidad incomoda la narrativa triunfalista.

Memoria y acción comunitaria

Irma fue maestra, trabajadora del volante, madre, mujer de pueblo. Su muerte interpela a todas y todos: ¿cuánto más vamos a normalizar que grupos criminales decidan quién trabaja y quién vive? ¿Hasta cuándo el Estado seguirá evadiendo su responsabilidad?
La justicia no llegará con declaraciones ni eufemismos. Se necesita:

Reconocer la naturaleza del crimen y tratarlo como homicidio.
Desmantelar las redes de extorsión que operan a plena vista.
Acompañar y proteger a las familias que enfrentan amenazas.
Fortalecer la organización comunitaria para romper el miedo y recuperar el territorio.

Nombrar la verdad no es un escándalo, es un acto de memoria y dignidad. La maestra Irma merece justicia, Veracruz merece vivir sin miedo.

Plaguicidas prohibidos en otros países siguen autorizados en México

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Jul 2025 09:57:00 -0600

Plaguicidas altamente peligrosos, prohibidos en otros países, siguen autorizados en México: un estudio revela la magnitud del riesgo y la omisión estatal

Un informe elaborado por especialistas en toxicología revela que México mantiene autorizados más de 200 plaguicidas altamente peligrosos, muchos de los cuales han sido prohibidos en otros países por su impacto letal sobre la salud humana y los ecosistemas.

El pasado 15 de junio de 2025 se dio a conocer la publicación Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos autorizados en México y Prohibidos en otros Países 2025. El estudio fue realizado por el Dr. Fernando Bejarano González, coordinador de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), en colaboración con las doctoras Aurora Elizabeth Rojas García y Yael Yvette Bernal Hernández, investigadoras de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y miembros de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.

El análisis se llevó a cabo en la Ciudad de México con base en fuentes oficiales, bases de datos internacionales y metodologías reconocidas por organismos como la FAO, la OMS, la Unión Europea y PAN Internacional. El objetivo fue identificar y clasificar los ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) que continúan autorizados en el país a pesar de su alta toxicidad comprobada.

Los resultados son contundentes: en México están autorizados 210 plaguicidas altamente peligrosos, de los cuales 171 están prohibidos en otros países. Además, 67 presentan toxicidad aguda muy alta, 45 son probables o posibles cancerígenos según la EPA de Estados Unidos, 42 afectan la reproducción humana y 46 son alteradores endocrinos, es decir, interfieren en el sistema hormonal.

Pero el daño no termina en la salud humana. La investigación identifica 79 plaguicidas altamente tóxicos para las abejas, 17 para organismos acuáticos y 14 que son altamente persistentes en agua, suelo y sedimentos, lo que agrava su impacto ambiental.

Pese a esta evidencia, las autoridades mexicanas —particularmente COFEPRIS, SADER y SEMARNAT— han incumplido con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), especialmente la recomendación 82/2018, que exige la prohibición progresiva de estos compuestos y la adopción de medidas interinstitucionales con enfoque de derechos humanos.

Según el Dr. Bejarano, muchos de estos plaguicidas obtuvieron permisos con vigencia indefinida y no existe un registro público accesible que permita saber con certeza dónde, cuándo y cuánto se usan. Aun así, las investigaciones de campo documentan su presencia en todo el país, desde pequeñas parcelas campesinas hasta grandes monocultivos. No es un problema marginal ni aislado, sino un modelo agroindustrial sostenido por políticas públicas cómplices.

Las investigadoras Aurora Rojas y Yael Bernal señalaron como casos prioritarios de prohibición al insecticida clorpirifos, un neurotóxico infantil ya vetado por el Convenio de Estocolmo; al glifosato, con efectos cancerígenos; y a los insecticidas fipronil, imidacloprid y tiametoxam, responsables de la muerte masiva de abejas en el país. Su uso persiste incluso en campañas de salud pública, como las nebulizaciones del CENAPRECE para el control de mosquitos, sin considerar el daño acumulativo en zonas urbanas y rurales.

Más allá del catálogo técnico, el informe subraya que esta permisividad representa una grave violación a los derechos humanos de comunidades campesinas, pueblos indígenas, infancias, personas gestantes y jornaleras agrícolas. Es una forma de violencia estructural que envenena silenciosamente los cuerpos y los territorios.

Ante esta situación, el informe recomienda:

La elaboración urgente de una política nacional de prohibición progresiva de PAP con enfoque de derechos humanos.
La actualización del Reglamento de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas.
La creación de un sistema nacional de vigilancia y acceso público a la información sobre el uso de estos compuestos.
El fortalecimiento de políticas de transición agroecológica con base en la soberanía alimentaria y la justicia ambiental.

Características principales de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México

Toxicidad aguda muy alta: 67 plaguicidas pueden causar la muerte por inhalación o contacto.

Probables y posibles cancerígenos: 45 sustancias han sido clasificadas por la EPA de EE.UU. como cancerígenos probables o posibles.

Tóxicos para la reproducción humana: 42 sustancias afectan la fertilidad o el desarrollo fetal.

Alteradores hormonales: 46 compuestos están catalogados por la Unión Europea y Japón como disruptores endócrinos.

Daño ambiental: 79 plaguicidas son muy tóxicos para las abejas; 17 para organismos acuáticos; 14 son altamente persistentes en suelo, agua o sedimentos.

Desde Cultura Errante consideramos que esta investigación es de alta relevancia para la salud pública en México, y representa una herramienta fundamental para exigir a las autoridades la creación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que garanticen el derecho a la salud, a un medioambiente sano y a una vida libre de sustancias tóxicas. Debe Debe ser un llamado a la acción social, comunitaria y territorial.

Por eso seguimos apoyando la campaña Veracruz Verde y Saludable… y libre de agrotóxicos, una iniciativa ciudadana que busca prohibir el uso de plaguicidas peligrosos a nivel municipal, comenzando por la región de Coatepec y Tlalnelhuayocan, una zona biodiversa gravemente afectada por el monocultivo de la papa.

Necesitamos territorios vivos, no zonas de sacrificio. Firma, comparte y defiende el derecho colectivo a una vida sin veneno.

Más información:

📄 Informe completo: www.rapam.org

🔗 Campaña ciudadana: Veracruz verde y saludable

Represión, criminalización y tortura: el destino de muchas y muchos defensores del medioambiente

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 2 Jul 2025 22:07:00 -0600

Informe desde el Territorio | Cultura Errante

Detención de Renato revela patrón de criminalización en Puebla

Renato Romero Camacho, campesino y referente del movimiento en defensa del agua en la Cuenca Libres-Oriental, fue detenido la mañana del 1 de julio en Puebla. La Fiscalía estatal lo acusa de “daño en propiedad ajena y despojo agravado”. La detención ocurrió mientras se dirigía a una asamblea comunitaria en Nealtican. Horas después, organizaciones sociales y familiares denunciaron incomunicación, maltratos físicos y restricciones a su defensa legal.

Romero es una de las voces más visibles contra el despojo del agua en Puebla y Veracruz. Su activismo lo ha llevado a confrontar a grandes empresas extractivas como Granjas Carroll y Concesiones Integrales de Puebla, así como a cuestionar abiertamente leyes restrictivas como la llamada “Ley Mordaza”. Hoy se encuentra en prisión preventiva en Cholula, en medio de un proceso plagado de irregularidades.

La acusación: ¿justicia o represalia?

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el activista habría participado en un acto violento el pasado 28 de mayo en San Miguel Xoxtla, donde —junto a una treintena de personas— presuntamente lanzó piedras contra maquinaria de una empresa que instalaba tuberías para el suministro de agua. Se le acusa de invadir el predio y causar daños materiales. La denuncia fue presentada por Concesiones Integrales, empresa responsable de “Agua de Puebla para Todos”, con respaldo del sistema operador municipal SOAPAP.

Sin embargo, familiares y defensores aseguran que Romero no se encontraba en el sitio ese día. Recordemos que una estrategia similar se utilizó en contra de 12 cafeticultores acusados de ocasionar un incendio en la empresa AMSA el 26 de mayo de 2023 en Ixhuatlán del café pero varios de éstos no estaban en el sitio del incidente (ni siquiera estaban en dicha comunidad).

Desde el primer momento de su detención, se documentaron graves anomalías. Familiares reportaron que estuvo incomunicado por más de 12 horas en el Complejo de Seguridad C5 y que el acceso a su abogado fue limitado y tardío. La audiencia inicial, prevista a las 9:00 de la mañana, comenzó una hora después. A la familia solo se le permitió un acceso breve, durante el cual constataron que Romero había sido golpeado y torturado.

El abogado no recibió los documentos del caso con la debida anticipación. A pesar de haberle sido entregada una carpeta de más de 400 páginas poco antes de la audiencia, el juzgado le negó el aplazamiento. Además, el proceso se vio afectado por retrasos provocados por otras audiencias previas, lo que ha sido interpretado como una táctica dilatoria para desgastar a los acompañantes del detenido.

La tensión emocional se intensifica para los familiares, quienes enfrentan decisiones difíciles: asistir a una rueda de prensa convocada para el día siguiente o mantenerse en alerta permanente frente al incierto curso del proceso legal.

Una lucha que incomoda

Desde hace años, Renato Romero ha encabezado la resistencia contra concesiones de agua en territorios campesinos. En San Miguel Xoxtla y Nealtican, ha impulsado asambleas, cabildos abiertos y movilizaciones para frenar convenios que, bajo argumentos de “desarrollo”, permiten la extracción masiva de agua para uso industrial y residencial urbano.

También ha sido un crítico abierto de la transnacional Granjas Carroll, señalada por contaminación de acuíferos y afectaciones al medio ambiente. En 2024, participó en el bloqueo pacífico a sus instalaciones en Totalco, Veracruz, donde fue reprimido junto a otros campesinos. Ese conflicto dejó un saldo mortal: dos personas asesinadas en San José del Limón tras un operativo policial.

Romero, además, cuenta con medidas de protección del Mecanismo Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos. A pesar de ello, fue detenido sin que se activaran los protocolos correspondientes, lo que refuerza las sospechas de motivación política en su aprehensión.

Criminalización a la carta

El caso de Renato no es aislado. En Puebla, diversas organizaciones han advertido sobre un patrón sistemático de criminalización a líderes comunitarios. La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), el Consejo Tiyat Tlali y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) exigen su liberación inmediata. Denuncian que el Estado está utilizando el aparato judicial para frenar la organización comunitaria y proteger intereses empresariales.

“La detención de Renato no es un acto de justicia, es una advertencia para quienes luchan”, señaló un pronunciamiento conjunto. La audiencia inicial se ha postergado en varias ocasiones y la familia teme por su integridad física. Quienes lo han visto de cerca han confirmado signos de violencia física.

Silencio institucional

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se deslindó del caso. Afirmó que se trata de “un asunto entre particulares”, pese a que las autoridades estatales han obstaculizado el acceso a la justicia. La Secretaría de Gobernación local respaldó esa postura. Mientras tanto, la defensa confirmó que existen al menos dos órdenes de aprehensión más contra otros integrantes del movimiento.

Frente a la Casa de Justicia de Cholula, organizaciones preparan una rueda de prensa y un mitin para exigir la liberación de Romero. La audiencia clave —en la que se determinará si será vinculado a proceso— estaba programada para la tarde del 2 de julio, pero también podría enfrentar nuevos retrasos.

Una defensa del agua, desde la cárcel

Lo que está en juego no es solo la libertad de un activista, sino el derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos. La detención de Romero exhibe la vulnerabilidad de quienes se organizan por la vida, y la forma en que las instituciones se colocan del lado de los intereses empresariales.

Desde Cultura Errante, exigimos su liberación inmediata y garantías para la integridad de todas las personas defensoras del territorio.

Cultura Errante. Justicia y resistencia en movimiento.

www.culturaerrante.com

Síguenos para más reportes desde el territorio.

Violencia y ecocidio en Eloxochitlán

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 27 Jun 2025 18:39:00 -0600

La reciente Primera Misión de Observación Civil en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ha puesto al descubierto un entramado de violencia estructural, criminalización y devastación ambiental que afecta a una comunidad mazateca organizada en defensa de su autonomía y territorio. El informe preliminar, elaborado tras tres días de trabajo en terreno, confirma un patrón de violaciones a derechos humanos que incluye desplazamiento forzado, detención arbitraria, hostigamiento sistemático y daños irreversibles al ecosistema local, en un contexto donde las autoridades estatales y federales han brillado por su inacción.

La misión, integrada por 35 observadores entre antropólogas, abogadas, jornalistas y defensoras de derechos humanos, documentó testimonios de 30 personas de la comunidad, incluyendo exprisioneras políticas, familiares de detenidos y autoridades tradicionales. Las entrevistas revelaron un clima de terror: más de 200 órdenes de aprehensión pesan sobre 56 personas, la mayoría líderes comunitarios, bajo acusaciones que las propias fuentes califican de "fabricadas" y vinculadas a su resistencia contra la extracción de material pétreo en el río Xangá Nda Ge. Este último, según el comunicado, ha sido "devastado por la ambición caciquil", con daños ecológicos que ya han sido parcialmente documentados mediante análisis de agua.

La violencia en Eloxochitlán no es neutral: afecta de manera diferenciada a mujeres, jóvenes, niñas y personas adultas mayores. El comunicado menciona que entre las 56 personas criminalizadas hay defensoras como Maribel Betanzos Fuentes, profesora de la Sección XXII de la CNTE, quien enfrenta cinco órdenes de captura. Su caso ilustra cómo las mujeres que encabezan luchas comunitarias son blanco de represalias que buscan desarticular no solo su labor, sino el tejido social que cohesionan.

Expertas en derechos humanos han alertado que la criminalización de defensoras en contextos indígenas suele combinarse con estereotipos de género que las retratan como "perturbadoras del orden" o "manipuladoras", exacerbando la violencia institucional en su contra. En Eloxochitlán, el hostigamiento incluye asedio psicológico y físico, desplazamiento forzado y privación de libertad, tácticas que buscan deslegitimar su voz en un espacio donde la organización comunitaria ha sido clave para resistir megaproyectos extractivistas.

La misión también evidencia la colusión entre poderes fácticos y autoridades. Las "falta al debido proceso" y las "detenciones arbitrarias" denunciadas ocurren en un contexto donde, según el documento, hay una "omisión y dilación de autoridades mexicanas de los tres niveles del Estado" para detener la violencia. Esto se traduce en un Estado que no solo no protege, sino que normaliza la persecución contra quienes defienden el territorio, un derecho reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

El ecocidio en el río Xangá Nda Ge, por su parte, no es un daño colateral, sino un objetivo: la extracción de material pétreo, según las investigaciones iniciales, ha alterado el ecosistema y la vida de las comunidades que dependen del agua. La falta de estudios de impacto ambiental y la complicidad de dependencias locales en la autorización de estas actividades son señaladas como parte del entramado que perpetúa el conflicto.

Ante la gravedad de los hallazgos, la misión ha anunciado una Segunda Misión de Observación para noviembre de 2025, mientras un grupo de observadores permanece en la comunidad para evitar nuevas detenciones. Maribel Betanzos Fuentes, una de las criminalizadas, será apresentada ante el juzgado de Huautla de Jiménez el 24 de junio, en un proceso que busca su libertad.

¿Hasta qué punto la criminalización de defensoras indígenas en México es una estrategia para desarticular la resistencia territorial, especialmente cuando se trata de mujeres?

¿Cómo deben actuar las autoridades ambientales y de procuración de justicia para detener el ecocidio en ríos como el Xangá Nda Ge, cuando sus acciones (u omisiones) perpetúan la violencia?

La falta de respuestas claras hasta ahora no solo agudiza el riesgo para las comunidades, sino que desafía la narrativa de un Estado que presume defender los derechos humanos y el medio ambiente en foros internacionales. La próxima misión, dicen los organizadores, será clave para "fortalecer la denuncia internacional", una señal de que la confianza en las instituciones nacionales se ha agotado.

¿Qué otros mecanismos de protección podrían activarse para comunidades como Eloxochitlán? ¿Es suficiente la documentación de violaciones o se requiere una presión política mayor para detener la violencia sistemática?

¿Qué es el arte y qué tipo de arte hay?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 23 Jun 2025 20:26:00 -0600

Si estás pensando en estudiar arte, esta guía te orientará para comenzar tu camino creativo con claridad y sentido crítico.

¿Qué es el arte?

El arte es una forma de expresión humana que comunica emociones, ideas, historias y críticas a través de distintos lenguajes: visual, sonoro, corporal o escrito. Puede conmover, incomodar, provocar o inspirar cambios profundos.

No hay una única manera de hacer arte. Por eso, existen diversas formas de estudiarlo, practicarlo y habitarlo.

Tipos de arte: formas de creación, crítica y resistencia

1. Artes visuales

Se ven. Se contemplan.
Incluyen dibujo, pintura, escultura, fotografía, grabado, arte digital e instalación.

2. Artes escénicas

Se viven en escena.
Teatro, danza, performance, circo contemporáneo y ópera.

3. Música

Se escucha y se siente.
Desde la interpretación instrumental hasta la composición, el canto, el arte sonoro y la música experimental.

4. Literatura

Se lee, se escribe, se imagina.
Poesía, narrativa, dramaturgia, ensayo. La palabra también es imagen y ritmo.

5. Arquitectura y diseño

Se construye y se habita.
Creatividad funcional, pensamiento espacial y sensibilidad estética.

6. Arte contemporáneo

Es crítica. Es concepto.
No siempre se ve, pero se siente. Mezcla técnicas, discursos y posturas: arte político, arte relacional, bioarte, arte ecológico.

7. Arte digital

Se crea con tecnología.
NFTs, ilustración 3D, videoarte, net art. Campo en crecimiento, con potencial y tensiones.

8. Arte urbano

Se hace en la calle, con el pueblo.
Murales, grafiti, intervenciones públicas, arte activista. Una manera de ocupar el espacio con voz propia.

¿Dónde estudiar arte?

Escuelas de arte

Tradicionales o experimentales, con enfoques técnicos y críticos.

Facultades universitarias

Carreras en artes visuales, música, teatro, diseño, literatura o gestión cultural.

Talleres independientes

Espacios libres de formación, muchas veces comprometidos con lo social.

La escuela de la vida

Sí, también se aprende creando, colaborando, fallando y volviendo a intentar.

¿Qué se necesita para estudiar arte?

Curiosidad constante.
Tiempo y disciplina.
Capacidad de observar, escuchar y sentir.
Espíritu crítico.
Valentía para defender lo que creas.
Técnicas… y el coraje para romperlas.

¿Para qué sirve el arte hoy?

Para comunicar lo que no cabe en las palabras.
Para resistir, sanar, denunciar.
Para imaginar futuros posibles.
Para conectar con otras personas.
Para defender causas, territorios, memorias.

El arte también es herramienta política. En contextos de violencia, desigualdad y despojo, crear puede ser un acto de rebeldía.

¿Qué arte quieres hacer tú?

Esta guía es solo el inicio. Cada camino artístico es distinto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo la decisión de comenzar.

El resto se aprende en la marcha, en la práctica, en la vida misma.

Cultura Errante acompaña las luchas, la creatividad y la conciencia.

Porque narrar, imaginar y crear también es resistir.

La Crisis de Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas en México

noreply@blogger.com (Cultura Errante) — Wed, 18 Jun 2025 18:04:00 -0600

Coatepec, Ver. 18 de junio de 2025

Pese a los avances legislativos y la multiplicación de instituciones, México continúa sumido en una crisis de desapariciones forzadas que, lejos de menguar, se agrava año con año. Dos informes recientes —uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)— dan cuenta de una realidad devastadora: la desaparición de personas es ya un fenómeno sistemático, profundamente enraizado en las fallas estructurales del Estado y marcado por la impunidad.

Cifras incongruentes, registros fragmentados

Uno de los problemas más alarmantes sigue siendo la falta de certeza sobre el número real de personas desaparecidas. Mientras la CNDH denunciaba en 2016 inconsistencias en sus propias cifras —reportando primero 57,861 casos acumulados y luego solo 32,236 tras una depuración—, el IMDHD documenta un crecimiento sostenido en los últimos años, con 128,064 personas desaparecidas hasta 2025, lo que representa un incremento del 28% respecto a 2022.

Las cifras oficiales contrastan con las realidades que reportan organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. La diferencia en el número de fosas clandestinas localizadas es solo un ejemplo: mientras las fiscalías reconocían 855 fosas entre 2007 y 2016, el análisis hemerográfico de la CNDH identificó 1,143 fosas y 3,230 cadáveres en ese mismo periodo. Esta disparidad evidencia una ausencia de un registro nacional confiable, sistematizado y público.

Estados críticos y zonas de emergencia

Los informes coinciden en señalar a Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León como las entidades con mayor número de desapariciones. En conjunto, concentran el 44.3% de los casos a nivel nacional, lo que refleja no solo su gravedad, sino también la continuidad de los patrones de violencia en estas regiones.

El informe del IMDHD subraya el alarmante crecimiento en Tabasco, con un incremento del 87% en desapariciones solo en 2025, seguido por estados como Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Chiapas y Quintana Roo. En contraste, Yucatán fue la única entidad que reportó una ligera disminución (-5%).
Mujeres, niñas y adolescentes: un blanco creciente

La desaparición de mujeres y niñas muestra un patrón igualmente preocupante. Según el IMDHD, los 32 estados de la república reportaron aumentos, con nueve entidades superando el 20%. El rango de edad más afectado es el de 15 a 19 años, lo que confirma la vulnerabilidad específica de las adolescentes ante este fenómeno.

El Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Tabasco agrupan casi la mitad de los casos femeninos. La omisión institucional ante estos datos solo refuerza la percepción de un Estado incapaz —o reacio— a garantizar el derecho a la vida, seguridad y libertad de las mujeres.

Fallas institucionales y simulación estructural

Ambos informes coinciden en un diagnóstico crítico: la respuesta del Estado mexicano ha sido insuficiente, fragmentada y deficiente. Pese a la existencia de 76 leyes estatales y 124 instituciones creadas desde 2018, persisten fallas graves de coordinación, planeación y recursos, lo que limita cualquier posibilidad real de justicia o verdad.

La CNDH documentó omisiones sistemáticas en la labor ministerial: peritajes tardíos, omisión de testigos clave, negligencia en denuncias contra autoridades y demoras en la obtención de muestras genéticas. En más del 70% de los expedientes revisados, las autoridades no aplicaron los mínimos estándares internacionales de investigación.

Por su parte, el IMDHD advierte que las desapariciones cumplen criterios de crímenes de lesa humanidad al ser generalizadas y organizadas, conforme al Estatuto de Roma. Se trata de una acusación seria que coloca la responsabilidad del Estado mexicano en el centro del debate internacional sobre derechos humanos.
Víctimas sin justicia, familiares sin respuestas.

Las consecuencias de esta crisis se reflejan en las decenas de miles de cuerpos no identificados (más de 70,000 según el IMDHD), el rezago del Registro Nacional de Víctimas, y el subejercicio de recursos del Fondo de Ayuda y Reparación Integral. El abandono de los familiares es sistemático: sin apoyo psicológico, sin atención médica y con escasa o nula información sobre el paradero de sus seres queridos.
El informe de la CNDH revela que solo 13 de las 32 entidades respondieron de manera completa a sus solicitudes de información. La Ciudad de México se negó incluso a entregar datos, alegando razones de confidencialidad. Esta opacidad institucional perpetúa la impunidad.

Hacia una respuesta real: verdad, memoria y justicia

Ambos organismos recomiendan la creación y fortalecimiento de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la profesionalización de los servidores públicos encargados de las investigaciones, la creación de programas estatales para localizar fosas comunes, y el fortalecimiento de sistemas de identificación como el AFIS y los bancos de ADN

Más allá de las recomendaciones técnicas, el fondo del problema sigue siendo político. Se necesita una voluntad estatal clara y sostenida, así como una política nacional transversal que coloque a las víctimas en el centro, y no como un dato más en las estadísticas de la ignominia.

El horror de las desapariciones en México no es nuevo, pero su persistencia y crecimiento exigen una reacción firme de la sociedad y del Estado. Nombrar a las víctimas, buscarles, exigir justicia y romper el pacto de silencio son actos fundamentales para recuperar el sentido más básico de humanidad.

Fuentes Consultadas:

Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Versión Estadística RNPDNO - Dashboard CNB. Disponible en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406.pdf.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Resumen del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025. Disponible en: https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/informe-nacional-de-personas-desaparecidas-2025/