La Ciudad Autónoma de Ceuta ha registrado este fin de semana más de 200 intentos de entrada de migrantes a nado, mientras que cuatro cadáveres han sido localizados en las costas y se ha denunciado al menos una veintena de desaparecidos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, entre el sábado y el domingo se han registrado continuos intentos de entrada, principalmente durante la madrugada, de dos centenares de personas, la mayoría marroquíes y argelinos. Estos migrantes se han lanzado al mar desde las costas marroquíes de Castillejos y en menor medida de Beliones para llegar a Ceuta de forma irregular.

Más de 200 intentos de entrada se han contabilizado en estas dos jornadas, que se han traducido en la entrada en la ciudad de más de 100 migrantes, ya que el resto han sido contenidos por la Gendarmería marroquí.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tiene sus 512 plazas cubiertas, lo que ha provocado que más de un centenar de migrantes estén a las puertas del recinto a la espera de poder acceder a su interior.

Mientras tanto, la Guardia Civil localizó el sábado el cuerpo sin vida de un migrante y este domingo ha hallado otros tres más en el mar, lo que eleva a 27 el número de migrantes que han sido localizados sin vida este año en el litoral ceutí.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por EFE han asegurado que este incremento se asocia con la sentencia del Tribunal Supremo que no permite la devolución de los migrantes que entran a nado.

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) ha solicitado este domingo en un comunicado una “reforma urgente” de la Ley de Extranjería.

Cada día, cerca de nueve aviones despegan de El Dorado de Bogotá rumbo a Madrid. En los mostradores, las filas suelen ser interminables: un hervidero de abrazos, niños que corren y amigos que estiran el tiempo para retrasar el adiós. Cambian los rostros y las edades, pero el equipaje es similar. En el volumen de las maletas se adivina quién viaja por unos días y quién, tal vez, cierra un ciclo.

Durante 2025, el registro de salidas hacia España alcanzó la cifra récord de 812.473 viajeros colombianos, consolidándose como el segundo destino más frecuente por detrás de Estados Unidos. Este tránsito, que sitúa a la península en el epicentro migratorio del país, es el rastro visible de un flujo constante que hoy explica, en parte, por qué esta comunidad encabeza el número de peticiones de regularización ante el Gobierno de Pedro Sánchez, con casi el 26% de las solicitudes.

Esta hilera de historias humanas, sin embargo, esconde una paradoja. No siempre fue así. El punto de ruptura llegó con la postpandemia de COVID: ante el vacío económico interno y un Washington que cerraba sus puertas, España se convirtió en la salida de emergencia. En 2022, el saldo entre los colombianos que partían y quienes regresaban alcanzó un récord histórico de casi medio millón de personas. Tres años después, en 2025, esas salidas netas se redujeron con fuerza hasta las 136.000. Todo indica que la intensidad del éxodo general ha comenzado a ceder.

Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana, lleva años rastreando esos datos. Su diagnóstico apunta a una diferencia geográfica y legal: mientras que en Norteamérica la exigencia de visado y el blindaje fronterizo de Donald Trump transforman cada intento en una apuesta de alto riesgo, el pasaporte colombiano permite ingresar a la Unión Europea sin visado durante 90 días. Se trata de una ventana de entrada que termina siendo la antesala para echar raíces. “Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia”, resume el analista y académico. Esa distinción desarma la paradoja de las cifras: aunque el éxodo general disminuye, quien elige el territorio español para buscarse la vida tiende a quedarse.

Las estadísticas aeroportuarias, además, tienen más de un punto ciego: registran el punto de partida de los viajeros, pero no de dónde vienen ni por qué. Ese es el territorio de Luis Carlos Rodríguez, coordinador del Área de Migraciones Forzadas y Refugio de CODHES, una organización que lleva décadas documentando el desplazamiento forzado en Colombia. Él sostiene que en la misma fila conviven dos países que casi no se cruzan. El primero, mayoritario, brota de las ciudades y del centro andino: gente quizás acorralada por las deudas, la informalidad laboral o la falta de futuro. El segundo, más silencioso, huye de zonas como el suroccidente —del departamento Cauca, del Valle, de la costa del Pacífico—, de comunidades expulsadas por la precariedad y la violencia.

“El cuidado es el principal imán”

Rodríguez conoce, a grandes rasgos, la bitácora del viaje. Sabe que pocos cruzan el Atlántico en un solo impulso. El destierro suele empezar cerca: un pueblo vecino, una capital ajena, una frontera inmediata como Ecuador, Panamá o Perú. Allí intentan rearmar los pedazos de una vida rota, pero la tregua suele ser corta. “Muchas veces llega hasta allá el actor violento que los persigue y entonces buscan huir aún más lejos”, dice. España aparece al final del laberinto. Y en todo este trasegar son frecuentes las historias de líderes sociales, defensores del medio ambiente o de los derechos de las minorías. “Los que no terminan asesinados terminan teniendo que salir”, concluye.

La travesía, además, tiene rostro de mujer: más de la mitad de los colombianos que se instalaron en España durante la gran ola de 2023 pertenecen al género femenino. A las más jóvenes se suman mayores de 50 años, madres y abuelas que cruzaron el océano para encontrarse con los suyos. Casi todas desembarcan en el mismo puerto laboral. “El cuidado es el principal imán para esta migración”, explica Restrepo. Su labor es sostener los hogares, atender a los niños o acompañar a los ancianos de una sociedad que envejece a ritmo acelerado.

Rodríguez le da una vuelta a esta lectura. Lo que para Europa es un alivio, afirma, para Colombia es un vaciamiento poblacional. “España cubre con ellas un capital humano que su propia demografía ya no puede renovar”, advierte. La otra cara de la moneda se queda en el lugar de origen: hijos que crecen a través de la pantalla del móvil, padres que envejecen en la distancia y remesas que sostienen hogares incompletos en un país que exporta afecto y cuidado.

Más repliegue

El Parlamento Europeo incluyó a Colombia en su lista oficial de países de origen seguro, pero la propia Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) describe un escenario opuesto: un país con un conflicto armado interno que no da tregua, con guerrillas y bandas criminales que se disputan territorios mediante la extorsión y el desplazamiento forzado.

El objetivo de estos cambios es permitir que las peticiones de protección internacional se examinen en un procedimiento acelerado. Pero, ya antes de este movimiento de la UE, los colombianos solían ser la nacionalidad a la que más se les negaba el asilo en España: la tasa de denegación para solicitantes de este país ronda el 85%, convirtiéndose en uno de los colectivos más afectados por el rechazo de expedientes, según CEAR.

Buena parte de la migración a Estados Unidos tiene un carácter temporal, mientras que el destino español tiende a ser de permanencia

Jorge Restrepo — Economista de la Universidad Javeriana

Muchos de los colombianos que se han acogido al proceso extraordinario para obtener los papeles habían pedido anteriormente protección internacional a su llegada a España al ser una vía rápida para lograr la residencia mientras se estudia la petición, sin embargo, la reforma del reglamento de extranjería del Gobierno de Pedro Sánchez añadió trabas a la regularización de quienes ven denegada su petición de refugio. De hecho, Colombia era una de las nacionalidades que más solicitaban protección internacional en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, las solicitudes se han desplomado drásticamente, con caídas de más del 60%, debido a la reforma del reglamento y el elevado número de rechazos.

La abogada Laura Pedraza, especialista en movilidad humana y migración, advierte de que la caída no significa que la gente haya dejado de partir, sino que el sistema los está empujando a la invisibilidad. Ante procesos de asilo cada vez más exigentes en materia probatoria, algunas personas desisten y optan por la vía ordinaria de extranjería para conseguir papeles rápido. Esto plantea, a su juicio, un riesgo real: quienes no logran acreditar formalmente su situación de riesgo pueden terminar accediendo a figuras migratorias que no reflejan plenamente su necesidad de protección internacional.

La experta enmarca este fenómeno en un repliegue político global, hacia legislaciones más restrictivas, que está desmontando, pieza a pieza, las garantías internacionales: devolver a quien huye para salvar su vida es, dice, tan injustificable como contraproducente. Es la misma certeza que Rodríguez resume sin atenuantes desde Bogotá: casi nadie abandona su país por capricho. Detrás de la mayoría de trámites, conviven o el exilio forzado por las armas o el viaje empujado por la asfixia económica. Realidades humanas que, ajenas a los decretos de Bruselas, volverán a llenar sin falta las filas de facturación del aeropuerto El Dorado.

El Tribunal Constitucional (TC) alemán ha dado este viernes la razón a una demanda de una mujer afgana y sus dos hijos menores de edad y ha fallado que el Gobierno del canciller Friedrich Merz no debió rescindir su acogida en Alemania bajo un programa voluntario del Ejecutivo anterior que fue eliminado al acceder al cargo el líder conservador.

Según ha explicado en un comunicado el TC, los demandantes ya habían sido informados en 2021 de que se les concedería asilo en el país europeo en base a un programa de acogida humanitaria, por lo que habían viajado a Pakistán para solicitar visados en la embajada alemana.

Sin embargo, en 2025 el nuevo Gobierno canceló los programas de acogida voluntarios y declaró que las correspondientes decisiones administrativas eran inválidas, lo que afectó por lo menos a unos 640 ciudadanos afganos, cuyas solicitudes de visado fueron rechazadas.

Los demandantes acudieron a la Justicia alemana, pero un tribunal administrativo germano consideró que el Gobierno había tomado legítimamente una decisión de carácter político al revertir la acogida, una interpretación que ha sido ahora rechazada por el TC.

En su fallo, el Constitucional ha señalado que el Poder Ejecutivo cuenta con margen de maniobra en cuestiones como la acogida voluntaria de extranjeros, pero no puede actuar de forma arbitraria, sino ajustándose a ciertas reglas.

En el caso de los demandantes, la rescisión de una acogida ya aprobada hubiera debido producirse de manera individual, teniendo en cuenta la situación personal de cada afectado.

Ahora, el Tribunal Administrativo Superior de Berlín tendrá que examinar de nuevo el caso y decidir también sobre la obligación del Estado alemán de seguir apoyando financieramente a los demandantes durante su estancia en Pakistán hasta que su situación se resuelva de forma definitiva.

“El Gobierno no puede rescindir de forma genérica sus promesas de protección frente a afganos y afganas en situación de riesgo. Es una buena noticia para los derechos fundamentales, pero no es suficiente”, ha comentado Mareile Dedekind, jurista de una de las ONGs que han apoyado a los demandantes.

Según la organización, están pendientes de sentencia otras 30 demandas constitucionales de personas en situaciones similares.

La Conferecia Sectorial de Inmigración ha quedado suspendida por falta de cuórum tras el desplante de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La reunión, destinada a abordar cuestiones como el balance del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, el nuevo plan de integración y la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, solo ha contado con la representación de seis autonomías: la Comunidad Foral de Navarra, Euskadi, Catalunya, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha.

Tras la frustrada convocatoria, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado ante los medios la cancelación del encuentro y ha agradecido “el ejercicio de lealtad institucional y proactividad” de las comunidades asistentes, con cuyos representantes mantendrá reuniones individuales a lo largo de la jornada.

En su intervención, Saiz ha recordado que a esta cita estaban convocados, por primera vez, consejeros autonómicos que asumieron las competencias de políticas migratorias tras los pactos entre el PP y Vox en diversos territorios. En este sentido, ha cuestionado si el plante masivo responde a directrices impuestas desde la sede nacional o a la presión de la extrema derecha: “No sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox en esta cuestión”, ha enfatizado.

La ministra.ha arremetido contra la postura del PP, acusándola de derivar hacia posiciones extremistas. “Esto es lo que el Partido Popular tiene para España: la nada, la ausencia y la espantada. El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema”, ha afirmado la ministra.

La titular de Migraciones ha lamentado que el plantón del PP impida debatir asuntos que “afectan al mercado laboral y al bienestar social” de los territorios. Como ejemplo de los datos que se iban a exponer, Saiz ha señalado el impacto en la Comunidad de Madrid, donde “hay más de 50.000 personas que ya están cotizando y que vienen precisamente del importantísimo proceso de regularización extraordinaria”.La ministra ha confirmado que “casi el 70%” de los expedientes de regularización extraordinaria se encuentran ya en fase de tramitación.

Hace unas semanas, José (nombre ficticio) celebraba la firma de su primer contrato de trabajo en España. Después de casi un año en situación irregular, encadenando empleos inestables y abusivos en el sector de la construcción, el hombre había logrado un puesto con todos sus derechos reconocidos gracias al permiso provisional ligado a la regularización extraordinaria. Ahora, los retrasos en la tramitación de las solicitudes y la tardanza en el envío de instrucciones escritas por parte del Gobierno han hecho peligrar su empleo, así como el de otras personas en su situación, ante una interpretación sobre la validez de esta autorización de trabajo que varios abogados y el Ejecutivo consideran “errónea”.

“La empresa me ha avisado de que, si no recibo respuesta de mi solicitud, mi permiso de trabajo dejaría de estar activo y tendrían que interrumpir el contrato”, explica con preocupación. No es el único, ONG y abogados han alertado de los primeros despidos, la pérdida de oportunidades laborales o la imposibilidad de registrarse como demandante de empleo debido a esta misma interpretación y la falta de respuesta durante meses por parte del Ejecutivo.

“Este tema me tiene muy abatido, espero que se aclare, porque no es nuestra culpa que tarde en llegar tanto la respuesta”, decía el hombre, que buscó por distintos medios si había algún tipo de instrucción oficial por parte del Ejecutivo. No encontró nada al respecto, hasta este jueves. Para tratar de frenar este efecto, el Gobierno ha enviado a la comisión sectorial tripartita de inmigración, entidades colaboradoras, sindicatos, abogados y al SEPE un escrito oficial informativo donde aclara que el permiso provisional de residencia y trabajo ligado a la admisión a trámite de la regularización es válido hasta la resolución de la solicitud y que, en caso de no recibir respuesta en los tres meses de plazo establecidos, no se entenderá como desestimada de manera automática.

El origen del problema procede de la ambigüedad de la redacción de la normativa y del documento que confirma la autorización de residencia provisional a cada solicitante. El real decreto que regula la regularización garantiza un permiso de residencia y trabajo durante el tiempo en que se estudie la solicitud, que la norma sitúa en un plazo de tres meses desde el registro de la petición. Sin embargo, el Ejecutivo no está cumpliendo con sus propios plazos y, superados esos tres meses, cientos de miles de migrantes se topan con dudas acerca de la validez de dicha autorización entre empresas e instituciones.

José registró su petición de regularización extraordinaria el 29 de abril, pero hasta mediados de junio no recibió el permiso de trabajo provisional que conlleva la admisión a trámite de la petición. El próximo 29 de julio, por tanto, el Gobierno debería haber resuelto de forma definitiva su expediente, pero el retraso acumulado hace sospechar que no recibirá la resolución definitiva para entonces. Llegado este punto, sus empleadores, como los de otras personas en esta misma situación, le han preguntado sobre la respuesta de su solicitud y le han trasladado que, de no tenerla antes de la semana que viene, entienden que su autorización caduca y, por tanto, sería despedido.

Alessia es otra de las afectadas. Hace algo más de un mes, fue contratada para trabajar en un centro de mayores. “Desde el principio me dijeron que, cuando pasasen los tres meses, si no recibía una respuesta favorable no podría seguir trabajando”, explica la mujer latinoamericana, que hasta ahora había trabajado por horas en el sector de limpieza. Tras un mes cotizando, sus días de alta en la Seguridad Social se verán interrumpidos. “Al final, solo trabajaré hasta la próxima semana, porque dudo que salga la resolución estos días”, lamentaba este miércoles en conversación con elDiario.es.

Lo que dice la norma

La norma que regula la regularización extraordinaria no establece un plazo de vigencia de tres meses para el permiso provisional de trabajo, como están interpretando muchas empresas y gestorías. “Una vez admitida a trámite la solicitud presentada [...] y hasta que se resuelva el procedimiento, se autorizará, de forma provisional, a las personas solicitantes a residir y, en caso de que se encuentre en edad laboral, a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad”, recoge el Real Decreto. El plazo es, por tanto, hasta que se resuelva la solicitud.

El problema es que la normativa, así como el escrito que recoge la concesión del permiso de trabajo, destaca la posibilidad de que, ante la falta de respuesta durante ese plazo, se pueda entender por desestimada la solicitud de regularización.

Por un lado, el documento detalla que “la denegación de la solicitud [de regularización] supondrá la automática pérdida de vigencia de la autorización para trabajar”. Por otro, el escrito añade que “el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses. Transcurrido el mencionado plazo, la solicitud podrá entenderse desestimada”. Y esta última frase es la que está generando dudas en muchas empresas, al dar por hecho que la falta de respuesta significa de manera automática una negativa, cuando no es así, según el Gobierno y los abogados especialistas consultados.

El escrito oficial enviado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a distintas entidades implicadas explica el criterio oficial de aplicación de la normativa en relación con los permisos provisionales ligados a la regularización. El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, “disponen, expresamente, que desde la comunicación de inicio de la tramitación del procedimiento y hasta su resolución, la persona solicitante quedará habilitada provisionalmente para residir y trabajar en España”.

En caso de no ser resuelta, el Gobierno descarta que en estos casos aplique el silencio negativo como están interpretando muchos empleadores: “El silencio administrativo negativo opera exclusivamente como una ficción legal establecida en beneficio de la persona interesada para permitirle acceder a las vías de recurso procedentes frente a la falta de resolución administrativa, pero no equivale a una resolución denegatoria expresa ni produce por sí mismo todos los efectos materiales que la normativa anuda a la denegación de la solicitud. Por esta razón, la jurisprudencia ha venido señalando reiteradamente que el silencio negativo constituye una mera ficción procesal derivada del incumplimiento por la Administración de su obligación de resolver y que no exime a esta de dictar resolución expresa”.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, también ha afirmado en varias ocasiones ante la prensa que “todas las solicitudes serán respondidas, sea de forma negativa o positiva” y, por lo tanto, la Administración se ha comprometido a no aplicar el silencio negativo en la regularización.

Abogados confirman la validez del permiso

En esta línea, varios abogados expertos en Extranjería sostienen que la normativa garantiza la validez del permiso de residencia provisional hasta que el solicitante reciba la concesión o denegación de la petición. “Lo que dice el permiso es que ‘podrá entenderse desestimada’, lo que jurídicamente tiene una significación distinta ‘se entenderá’”, explica Felipe Garoña, letrado especializado, a elDiario.es. Ese ‘podrá entenderse’, añade, “quiere decir que es el interesado quien tiene la potestad de aplicar el efecto del silencio administrativo a efectos de interponer un recurso, pues la obligación de resolver de la Administración viene impuesta en la Ley de Procedimiento Administrativo ineludiblemente”.

Ante las preguntas recibidas por los trabajadores y sus empleadores, el despacho de Garoña está aconsejando “mantener los efectos de la admisión provisional hasta la resolución definitiva” porque “ las empresas están obligadas a cumplir el contrato no siendo esto causa de extinción de la relación laboral”.

En esta línea, el abogado Pau Ventura ha publicado un post en su conocida cuenta de Instagram sobre asuntos de extranjería. “El permiso provisional no caduca a los tres meses. Se está extendiendo entre muchas empresas una interpretación equivocada que está provocando problemas reales de contratación y despidos. Los tres meses no son la duración del permiso de trabajo, sino el plazo que tiene la Administración para intentar el expediente”, añadía.

“Miles de afectados”, según ONG

“Las empresas tienen miedo de las inspecciones de trabajo y que les multen por tener personas sin permiso activo, pero el permiso está activo hasta que la resolución de concesión o denegación llegue”, sostiene Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), una de las ONG colaboradoras del proceso de regularización y parte del movimiento impulsor de la medida.

Ante la confusión de las empresas, el Gobierno no ha emitido ninguna nota informativa oficial que disminuya los miedos de las empresas. “Han tardado mucho las instrucciones”, añade Espínola, quien asegura que son “miles” las personas afectadas. Mientras algunos ya estaban contratados, otros se encuentran con la negativa de sus empleadores a ser dados de alta en la seguridad social por esa incertidumbre ligada al permiso.

La activista destaca esos otros efectos más allá de los despidos de quienes ya estaban contratados. Muchos migrantes con su petición admitida a trámite han perdido oportunidades laborales o han tenido que retrasar su registro como demandantes de empleo por esta confusión ligada a la validez de los permisos provisionales. “Quienes presentaron los primeros días del proceso, para julio ya dejaría de estar válido según esa interpretación. Pero le acaba de salir la admisión a trámite, por lo cual no le quieren a muchos no les quieren dar el alta o apuntarles como solicitantes de empleo”, añade.

El ejército israelí lleva meses construyendo una barrera de arena de varios metros de altura en la parte de Gaza que controla, siguiendo el recorrido de la denominada Línea Amarilla, que fue trazada cuando las tropas se retiraron tras el alto el fuego con Hamás de octubre de 2025, pero que Israel ha ido expandiendo desde entonces hasta ocupar más del 60% de la Franja palestina.

Imágenes por satélite de la compañía Planet Labs muestran un muro de arena de varios kilómetros de largo, en distintos puntos de la Franja, que separan las áreas orientales, ocupadas por las tropas israelíes, de las áreas occidentales, aún controladas por el grupo palestino Hamás, donde se hacinan unos 2 millones de palestinos.

Según la agencia de noticias Associated Press, en los pasados meses han sido construidos 23 kilómetros de barrera, que pasan por aquellas zonas que fueron tomadas por las fuerzas israelíes y completamente destruidas, antes con los bombardeos masivos sobre Gaza y después con maquinaria pesada. En algunas imágenes se puede apreciar que la barrera se levanta en zonas deshabitadas, donde sólo hay escombros o infraestructuras inutilizadas.

El Ejército israelí ha confirmado a Associated Press que ha construido la barrera en el área de la Línea Amarilla, que las propias tropas han ido ampliando desde octubre de 2025. Fue la línea de repliegue cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza y fue trazada por el plan de 20 puntos impuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra. Ese plan preveía la retirada israelí en una segunda fase, que nunca se ha llegado a aplicar, y la Administración estadounidense no ha presionado a Tel Aviv para que retire sus tropas o para que no siga ampliando sus dominios.

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo de alto el fuego

de octubre de 2025

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

NORTE

DE GAZA

Erez Oeste

3,5 km

Erez

BEIT

LAHIA

Ciudad

de Gaza

BEIT

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BUREIJ

Wadi Gaza

Franja

de Gaza

DEIR AL

BALAH

Paso de

Kissufim

JAN YUNIS

ISRAEL

6,5 km

2,5 km

EGIPTO

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo

de alto el fuego de octubre de 2025

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

Erez

Oeste

Erez

3,5 km

BEIT

LAHIA

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HANUN

3,5 km

2,2 km

Ciudad

de Gaza

BUREIJ

1,5 km

Wadi Gaza

DEIR AL

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Franja

de Gaza

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Kissufim

JAN

YUNIS

6,5 km

ISRAEL

2,5 km

EGIPTO

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

Junto a la barrera de arena, el Ejército también ha creado una “zona de seguridad”, equipada con recursos tecnológicos y de espionaje, según ha dicho a Associated Press. Asimismo, ha señalado que la barrera busca evitar “infiltraciones” de milicianos de Hamás y “proteger las tropas israelíes y las comunidades” cercanas a la valla fronteriza de Gaza –que fueron asaltadas por la milicia palestina el 7 de octubre de 2023, en un ataque que dejó unos 1.200 muertos y desencadenó la brutal ofensiva israelí contra la Franja que duraría dos años–.

Por su parte, la Agencia EFE también ha confirmado la construcción de la barrera de arena en el sur de Gaza. De acuerdo con varios testigos consultados por EFE, tiene entre 10 y 15 metros de alto y va desde la costa, en la zona de Mawasi, hacia el este, paralela a la Línea Amarilla que en esa parte corta la Franja horizontalmente. “Por motivos de seguridad operativa, no proporcionaremos más detalles sobre los componentes del despliegue, el trazado de la barrera ni su extensión”, ha declarado el Ejército israelí a EFE.

Los habitantes de los campamentos de desplazados de Mawasi han relatado a EFE que las tropas israelíes les han disparado durante la construcción de la barrera, que se prolonga desde hace unas semanas en esa zona sureña. Los disparos acabaron con la vida de un niño de 9 años, Moataz, mientras estaba con su madre en su carpa. El tío de Moataz, Mahmud al Maghari, enseñó a la agencia de noticias los agujeros de los disparos que atravesaron el techo de plástico de la tienda y alcanzaron al niño en el corazón.

Según Al Maghari, los disparos se repetían diariamente durante la construcción de la barrera y causaban heridos a diario entre las familias que residen en uno de los muchos campamentos levantados para acoger a los muchos gazatíes que han perdido sus casas en la intensa campaña de bombardeos israelí que concluyó en octubre de 2025 y causó más de 70.000 muertos, incluidos más de 20.000 menores de edad.

Desde entonces, la violencia ha continuado con menor intensidad y más de 1.100 palestinos han sido asesinados por ataques israelíes, muchos de ellos en las cercanías de la Línea Amarilla. Los ataques aéreos contra supuestos milicianos de Hamás se han intensificado en las pasadas semanas y, en muchas ocasiones, las víctimas han sido civiles, incluidos niños.

Mientras el ejército hebreo expande su ocupación de la Franja y recrudece su campaña militar, los colonos israelíes buscan volver a establecer asentamientos ilegales en Gaza, que Tel Aviv decidió desmantelar en 2005. Cientos de activistas ultranacionalistas y del movimiento colono marcharon el domingo hasta la valla fronteriza del territorio palestino, con el apoyo de ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu, incluido el ultrarradical Itamar Ben Gvir, y sin que las fuerzas de seguridad intervinieran.

La policía se ha enfrentado a los manifestantes durante una protesta en la ciudad italiana de Bolonia, tras la muerte de un hombre de origen marroquí que pedía ayuda mientras era inmovilizado por agentes.

Activistas en defensa de los derechos humanos y los partidos de la oposición italiana han exigido respuestas urgentes sobre la muerte, el domingo, de Abderrahim Fakir, de 42 años, que vivía en Italia desde que tenía cinco años y regentaba una pequeña empresa de mudanzas y limpieza.

Un vídeo difundido ampliamente en los medios italianos muestra a Fakir, quien, según se informa, padecía problemas cardíacos y asma, gritando repetidamente “aiuto, aiuto, basta (ayuda, ayuda, basta)” mientras dos agentes se sientan sobre él y los paramédicos observan la escena.

Según muestra el vídeo, después de que dejara de moverse, se ve a los agentes atándole los tobillos y, solo más tarde, comprobando sus signos vitales junto con los paramédicos. La fiscalía ha abierto una investigación y ha solicitado las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

“Si alguien está agitado, hay que calmarlo”

“No se puede morir así”, ha dicho la hermana de Fakir, Khadija, al periódico Corriere della Sera. “La policía tiene que protegernos. Si alguien está agitado, hay que calmarlo… no matarlo como a un perro”.

Los medios de comunicación italianos informan de que la policía acudió al lugar de los hechos, en el barrio nororiental de Pilastro, poco después del mediodía del domingo, tras recibir una llamada de vecinos preocupados por el comportamiento errático y agresivo de Fakir.

Según se ha informado, los agentes llamaron a los servicios de emergencia poco después de llegar e intentaron calmar a Fakir antes de utilizar espray de pimienta y sujetarlo mientras intentaban esposarlo. Explicaron al personal de la ambulancia que estaba “sufriendo un episodio psiquiátrico”.

Durante las protestas de la noche del lunes, se lanzaron petardos cerca de los edificios policiales y la policía reaccionó utilizando gas lacrimógeno y cañones de agua. Un grupo de manifestantes también se sentó en una plaza sosteniendo una fotografía de Fakir, según informa la agencia de noticias Ansa.

Comparaciones con el asesinato de George Floyd

En Italia, el caso se ha comparado con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos hace seis años, y también ha suscitado comparaciones con las tácticas empleadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo el mandato de Donald Trump.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha declarado a la televisión pública: “Quien haga comentarios insultantes contra la policía demuestra que no confía en nuestras fuerzas del orden ni en nuestro sistema judicial [y] debería informarse de lo que ocurrió”. Tommaso Foti, ministro de Asuntos Europeos, también ha afirmado: “Los cánticos de 'policía asesina' y 'todo el mundo os odia que se escucharon durante una manifestación en Bolonia… son vergonzosos”.

El vice primer ministro de extrema derecha, Matteo Salvini, también ha defendido a la policía, mientras que Galeazzo Bignami, jefe del partido Fratelli d'italia de la primera ministra Giorgia Meloni en la Cámara Baja del Parlamento, ha elogiado la “conducta profesional” de los agentes.

Ilaria Cucchi, una senadora cuyo hermano murió bajo custodia en 2009, ha declarado a la Agencia France-Presse que le repugna la “solidaridad y el agradecimiento” expresados hacia la policía tras un “acto tan inhumano”.

Cucchi, miembro del partido de la oposición Alianza de los Verdes y la Izquierda (AVS), critica a Meloni y a su Gobierno de coalición, afirmando que sus “políticas impregnadas de odio y racismo” han fomentado un clima de violencia.

Francesco Boccia, líder del Partido Democrático (PD), de centroizquierda, en el Senado, ha declarado al diario La Repubblica: “Si la derecha quiere importar el modelo del ICE, este no es el país adecuado para ello. Tenemos anticuerpos democráticos”.

Barbara Spinelli, abogada, ha explicado a la agencia Ansa que conoció a Fakir el año pasado, cuando este solicitó la renovación de su permiso de residencia. Según ella, era “una persona muy amable, educada y respetuosa” que se encontraba en Italia de forma legal, pero que temía ser expulsado.

“Le dije: 'Estamos en Italia, un país democrático. Aquí la policía respeta las normas”, explicó. “No sé cómo voy a poder volver a decirle a alguien que no tiene por qué tener miedo”.

Un agente detiene a un joven en mitad de la calle. Cuando este le pregunta el motivo, el policía responde: “Pues porque eres negro, por qué te voy a parar”. La escena, recogida en el libro La frontera del azar (Editorial JANDE), condensa la realidad del perfilamiento racial en España: una práctica policial denunciada por organismos de derechos humanos que convierte los rasgos y el color de la piel en un motivo de sospecha. Su autor, el periodista y Youssef Ouled, analiza en primera persona cómo este tipo de controles policiales no son un hecho aislado, sino el reflejo del racismo estructural que, entre otros sesgos, asocia la blancura a la nacionalidad. Ese racismo que está detrás del polémico artículo de Mariano Rajoy sobre la selección francesa pero que, recuerda el autor, va mucho más allá de comentarios anecdóticos.

A través de las páginas del libro, Ouled recorre el impacto de estas paradas cotidianas, capaces de condicionar desde el gesto de correr para no perder un autobús, explica, hasta la renuncia a participar en una manifestación por miedo a ser identificado. La obra de denuncia aterriza en un momento de balance político, tras una regularización extraordinaria impulsada por la sociedad civil, para señalar las costuras de unas leyes de extranjería y una segregación residencial cuyas bases siguen intactas, reitera el también activista antirracista. Entre la crónica del activismo que hace una década reclamó su propio espacio y la reparación íntima de unas cartas finales a su padre y a su hija, la entrevista traza la radiografía de un país donde el DNI, para muchos de sus ciudadanos, sigue siendo “una pertenencia puramente nominal”, recalca entre sus páginas.

El libro gira sobre el perfilamiento racial en todas sus expresiones. Empecemos por explicar el concepto. ¿Qué es perfilamiento racial?

El perfilamiento racial es una forma de actuar que yo circunscribo mucho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero es también una lógica que trasciende a la policía. Por un lado, se refiere a aquellas actuaciones policiales cuya motivación no tiene que ver con lo que tú has hecho como persona, sino con una sospecha que recae única y exclusivamente sobre tu condición racial. La policía interviene, te para en la calle, no para impedir que cometas un delito, sino que te identifica o te cachea por la lectura racial que hace el agente de turno sobre ti.

Dentro de esta lógica, cualquier persona que no sea blanca es sospechosa hasta que le demuestre lo contrario a un agente. Hablamos de unas actuaciones que está ampliamente documentado, investigado, denunciado y señalado ya no solo por las organizaciones antirracistas, sino por todos los organismos nacionales e internacionales, como el Defensor del Pueblo, las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.

La perfilación racial que yo denuncio es la que está más vinculada por el impacto que tiene a nivel policial, pero se desarrolla más allá, incluso en las administraciones públicas, a nivel burocrático, en el hospital o en cualquier otro sitio.

Arranca el libro contando en primera persona hasta qué punto afectan las paradas policiales por perfil racial. ¿Qué impactos tienen?

Cuando formaba parte de colectivos antirracistas, teníamos casos de personas que eran paradas dos o tres veces al día. Puede parecer absurdo, pero impacta hasta el punto de que, si estás viendo que se va air el autobús, no corres para intentar llegar porque sabes que ver correr a una persona racializada puede ser problemático. Tenemos un familiar que salió corriendo y se le lanzó encima un policía porque le vieron y dijeron “si está corriendo será por algo”.

En cada parada se producen varias vulneraciones de derechos. Esos agentes ya parten de la vulneración de la presunción de inocencia, porque ya consideran que tú eres sospechoso de algo y que tienes que demostrar que no lo eres. Hay una vulneración de la libre circulación. También de tu dignidad e integridad, porque es muy humillante. Te paran delante de todo el mundo, solo te paran a ti, te cachean, te dicen que te quites los zapatos. Te criminalizan. Y eso tiene uno de los efectos más demoledores, pues la gente suele asociar a la policía con esa autoridad que interviene ante problemas de inseguridad. Entonces, si la policía siempre está actuando con las mismas personas (está documentado que hay una sobrerrepresentación de las personas racializadas en las actuaciones policiales de este tipo), al final la sociedad está aprendiendo que las personas no blancas están asociadas con la inseguridad. La policía está educando a la sociedad en que sus vecinos y sus vecinas que no son blancas son un riesgo y por eso hay que controlarlas.

También genera una especie de disciplinamiento en la sociedad en las personas racializadas. Es decir, como paran siempre a los que son como yo, cuando estamos participando en cualquier evento público, me pienso dos veces a la hora de reivindicar mis derechos en la vía pública o de protestar ante algo que ocurra, porque sé que soy más visible para determinados cuerpos de seguridad. Tiene un efecto de desmovilización social de las personas que no son blancas.

Hay una frase del libro que dice mucho. En un momento en que reconoce el privilegio que conlleva tener un DNI español, matiza: “Sin embargo, es una pertenencia nominal, porque a diario me recuerdan que tan español no soy”.

Sí, y ello conecta con el impacto que estas actuaciones policiales tienen en la identidad de las personas racializadas. Me acuerdo del caso de una madre que su hijo. Ella es española, su marido senegalés y su hijo es un chico negro. Ella cuenta cómo su hijo siempre se ha sentido español. Hasta que un día le paró un policía y, cuando él preguntó por qué le paraban, el policía respondió: “Porque eres negro, por qué te voy a parar”. Entonces, se produce un choque enorme: tú te sientes español, tu DNI dice que eres español, formas parte de este país, tienes integrada la cultura... Y, de repente, un agente te para porque tú no pareces español, entonces ahí tomas conciencia de tu negritud, de la racialidad.

Y nos damos cuenta de que nuestra pertenencia es nominal. Y esto conecta con el debate generado por el artículo de Rajoy [en el que habló de la selección de Francia “sin franceses”, asumiendo que quienes por tener ciertos rasgos no son franceses]. Los medios lo destacan como si fuese algo nuevo que a las personas no blancas no nos vean como españolas. No le quiero quitar peso, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 que avala que el color de piel es un indicador de la pertenencia a este país. Rajoy tampoco va muy desencaminado sobre algo que para nosotros es una cotidianidad: en este país por no ser blanco sufres racismo porque no se te considera español.

Entonces ¿le sorprende que genere tanta reacción el comentario de Rajoy cuando, como dice, constantemente, se dan situaciones en las que se duda de la españolidad de las personas españolas racializadas y eso no genera tanta indignación?

Viniendo para aquí, por ejemplo, una señora en el tren se ha agarrado el bolso cuando me he sentado. Y he pensado: joder, otra vez. Es constante. Obviamente, llama la atención porque Rajoy es quien es, es un expresidente del Gobierno, pero lo que dice él no solo lo dice él. Forma parte de la conversación pública. Quizá de manera más exacerbada, porque la ultraderecha se está cargando algunos límites, pero lo que ha dicho Rajoy es algo que se escucha constantemente y las propias instituciones nos lo están recordando. El problema no es que lo diga Rajoy. El problema es que lo que dice Rajoy tiene sentido, porque estamos rodeados de dispositivos policiales que no son para españoles blancos, sino para personas que no parecen españolas porque no son blancas. Entonces, sí, nos llama mucho la atención y nos indigna mucho. Pero es la cotidianidad y es la realidad que vivimos cada día.

Me sorprende la excesiva importancia que le prestamos a determinados pronunciamientos racistas y a otros, no. Me parece grave lo que ha dicho Rajoy, pero cuando ese racismo es institucional, se omite. Y esto también tiene que ver con cómo se entiende el racismo en este país, como algo más moral y no estructural. Cuando hay una vinculación directa en la forma en la que el racismo conforma nuestro ideario y en la forma en cómo las leyes le dan sentido a ese pensamiento racial. Desde esa comprensión limitada del racismo que tenemos en los medios de comunicación, a nivel educativo, cultural, pues claro, nos llama más la atención que lo diga Rajoy.

En el libro se hace una pregunta: “¿En los últimos dos gobiernos progresistas ha mejorado la calidad de vida de las personas migrantes y racializadas?”. ¿Cuál es la respuesta?

La respuesta es que no. Más allá de la regularización, que es un logro de la sociedad civil y del movimiento antirracista. ¿realmente han mejorado las condiciones materiales de las personas racializadas? ¿Se han reducido las paradas por perfilación racial que se denuncian a diario? No. Ni siquiera se reconoce que exista la perfilación racial. No ha habido un debate serio acerca del racismo policial en España. Mientras eso no pase, no van a mejorar las condiciones de vida de las personas racializadas en este país.

Lo vemos en las actuaciones policiales, pero también en la segregación residencial o educativa. La OCDE lleva años señalando como en España hay una sobrerrepresentación de guetos educativos, es decir, coles a los que los padres y las madres no llevan a sus hijos porque hay muchos moros, porque hay muchos gitanos, porque hay muchos negros. ¿En qué ha mejorado la situación en ese sentido? En absolutamente nada. No se reconoce el racismo como un problema político. Se reconoce el racismo como un problema moral, como el que tiene Rajoy. Y de ahí deriva todo lo demás.

¿Qué papel juega la regularización extraordinaria en ese balance?

Hay que tener en cuenta que el proceso de regularización extraordinaria sale adelante a pesar de los partidos políticos, a pesar de todos ellos, porque es una demanda legítima que nace en el año 2020, y se aprueba en 2026, en un momento donde parecía que el Gobierno se iba a resquebrajar y se producen determinadas concesiones. Y la regularización extraordinaria acaba siendo una medida maravillosa.

En una rueda de prensa, Pedro Sánchez se preguntó que quién se puede oponer a que las personas tengan derechos. Entonces, el presidente del Gobierno reconoce que tenemos un sistema que deja a las personas absolutamente desprotegidas. Que tenemos una ley de extranjería que deja a personas sin derechos y que lo soluciona con un parche. Cuando ese parche pase, ¿va a seguir generando la misma situación de indefensión y desprotección? Lo limitamos a algo puntual, ha servido para regularizar a más de un millón de personas, pero después va a seguir produciendo irregularidad administrativa, explotación y abusos policiales.

Tampoco les fue del todo fácil a las personas racializadas liderar el movimiento antirracista hace unos diez años, cuando aún era mayoritariamente blanco en España, explica en el libro. ¿Qué ocurrió?

Yo militaba en un espacio mayoritariamente ocupado por personas blancas, especialmente en las capas de poder más altas. Entonces, se empieza a producir un cuestionamiento de la forma en la que se viene luchando contra el racismo. Muchas personas racializadas queríamos cambiar el enfoque desde esa lectura del racismo como una cuestión más moral y plantear que si el racismo es un problema estructural.

Por un lado, estaba el punto de vista de las personas que viven y padecen el racismo. Por otro lado estaba la forma en la que tradicionalmente se había luchando contra él. Las personas blancas podían permitirse hacer activismo, mientras que nuestra forma de hacer antirracismo es por necesidad porque nos va en la piel. Nuestra prioridad, por ejemplo, era que el sujeto político del antirracismo son las personas racializadas. Igual que en el feminismo lo son las mujeres. Pues algo así era difícil de entender en 2015 o 2016.

En un país que cada vez es más diverso, donde las poblaciones migrantes se van asentando y van ganando derechos y van luchando por el territorio en el que viven, acaban aportando una forma de entender y ver la lucha que no puede aportar quien no lo padece y quien no lo vive. Esto al principio generó división en muchos movimientos sociales, especialmente aquellos que tenían que ver con el racismo. Creo que se consiguió porque en ese momento, por ejemplo, hablar de racismo institucional y de personas racializadas estaba muy cuestionado y ahora está mucho más asumido.

El libro acaba con una serie de cartas personales a su padre y a su hija. Sobre su padre, traslada algo que comparten muchos españoles hijos de migrantes: le pide perdón por, algunas veces, sentir vergüenza, por rechazar esas raíces para intentar encajar. ¿De dónde cree que viene?

Tiene que ver con esa idea de la integración que trata de decirnos que, si queremos formar parte, tienes que asemejarse [a la sociedad donde vives]. Y eso implica dejar de hablar tu idioma de origen, dejar de tener una fe diferente a la que se tiene aquí, dejar de vestir de determinada forma…

Cuando eres un crío, vas a primaria, asocias todo eso diferente de lo que te dicen que debes despojarte con tus padres. Porque no hablan como el resto, no se comportan como el resto, no visten como el resto. A mí me generaba mucha vergüenza porque mi ideal era ser blanco. Es el ideal que se nos enseña: ser blancos y rechazar aquello que es nuestro. Para poder identificar eso, hay que tomar conciencia y es un proceso.

Y ahí entra también la carta con la que termina el ensayo, destinada a su hija. ¿Qué conversaciones o enseñanzas se intentan trasladar en una familia racializada, en las que no suelen ponerse el foco en una blanca al no sufrir el racismo?

La clave ahora, que tiene cinco años, consiste en normalizar la diversidad y desnormalizar el racismo. Normalizar que hay personas que vienen de diferentes lugares, que juega con chavales de otros orígenes, de otras condiciones raciales… Crear un apego a la diversidad y un reconocimiento a de donde viene, precisamente para luchar contra esa vergüenza histórica que llevamos internamente y hacerla sentirse orgullosa por lo que es. Y para que, poco a poco, entienda el mundo que se va a encontrar. Para que, cuando llegue ese momento en el que se tope con el racismo, sepa cómo confrontarlo.

La ONU estimó este jueves que unas 500 personas, la mayoría pertenecientes a la perseguida minoría musulmana rohinyá, podrían haber muerto frente a las costas de Birmania en los últimos días, tras el naufragio de dos embarcaciones.

Los dos barcos partieron del estado de Arakán, en el oeste del país, a finales de junio, transportando principalmente pasajeros rohinyá, algunos de los cuales habían viajado desde campos de refugiados de Cox's Bazar, en la vecina Bangladés, según un comunicado conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La primera embarcación, con unas 250 personas a bordo, perdió el contacto poco después de zarpar, mientras que la segunda, que transportaba a unos 280 refugiados, se hundió frente a las costas del estado de Irawadi, en el suroeste de Birmania.

A falta de confirmación oficial sobre el número de víctimas y las circunstancias de ambos naufragios, ACNUR y OIM alertaron del posible alcance de una tragedia que “pone de relieve el impacto devastador del conflicto prolongado” que sufre Birmania.

Ambos viajes se realizaron fuera de la temporada de navegación habitual, cuando las condiciones marítimas suelen ser más peligrosas.

Las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en toda la región han incrementado aún más los riesgos asociados a este tipo de travesías marítimas, señaló Naciones Unidas.

Más de 6.500 rohinyás emprendieron desplazamientos por mar y cerca de 900 fueron declarados muertos o desaparecidos en 2025, lo que equivale a uno de cada siete y convierte a ese año en el más mortífero desde que existen registros, según ACNUR.

La persecución contra esta comunidad ha forzado el desplazamiento de más de 1,3 millones de personas hacia Bangladés, un éxodo que los ha convertido en la mayor población apátrida del mundo.

Un país en guerra desde 2021

La mayoría huyó tras la ofensiva militar de 2017, el episodio más devastador para esta comunidad, cuando el Ejército birmano atacó, incendió y bombardeó sus aldeas, en una campaña de violencia sistemática que fue investigada por equipos de Naciones Unidas y reunió evidencias sobre crímenes contra la humanidad y genocidio.

En el campamento de refugiados bangladesí Cox's Bazar, el más grande del planeta, la inseguridad y la falta de servicios básicos, incluida la educación, ha empeorado con el tiempo, lo que empuja a sus habitantes a intentar llegar a destinos como Indonesia o Malasia, ambos países de mayoría musulmana.

Miles de rohinyás todavía permanecen en el estado de Arakán, de donde son originarios, pese al deterioro de la seguridad desde el golpe de Estado de 2021, que acabó con 10 años de transición democrática y sumió al país en una espiral de ostracismo internacional y violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que se vive desde hace décadas.

La “prioridad nacional” de PP y Vox ha empezado a golpear las políticas de cooperación al desarrollo. Los acuerdos autonómicos entre ambas formaciones en Extremadura, Andalucía y Castilla y León allanan el camino hacia la reducción de las partidas destinadas a ayuda exterior y, en algunos casos, se han traducido en anuncios de drásticos recortes. El Gobierno extremeño, por ejemplo, ha limitado a un 0,03% del presupuesto, mientras que el de Castilla y León ha anunciado este lunes que limitará “al mínimo exigido por ley” su dotación.

“No sé si podemos hablar de recorte. Han eliminado totalmente el presupuesto de la Ley extremeña de cooperación y solidaridad internacional. Tenemos que hablar de la desaparición de la cooperación”, denuncian desde la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) en una conversación con elDiario.es.

Fuentes de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura defienden su decisión. Según explican a elDiario.es, el consenso previo en torno a la cooperación “no puede presentarse como un mandato inmutable”. Según detallan, Vox concurrió a las elecciones autonómicas con un programa que incluía la eliminación del “gasto público e ideológico” en cooperación internacional. “El 17% de los extremeños respaldó esa propuesta en las urnas”, señalan desde la Consejería, que defiende una “reordenación de prioridades” para dirigir los recursos públicos a servicios sociales, familias, menores y extremeños en situación de mayor vulnerabilidad.

Este lunes, el nuevo gobierno de coalición PP-Vox de Castilla y León ha confirmado su intención de aprobar un duro golpe a la cooperación autonómica. La Conserjería de Ayudas Sociales, dirigida por el partido de extrema derecha, ha anunciado que dejará la cooperación internacional al desarrollo en “el mínimo legal exigido” y orientará la prioridad de estos fondos hacia aquellos países que “colaboren” con Castilla y León “en la repatriación y retorno de menores en situación irregular”. Sin embargo, los Gobiernos regionales no tienen competencia en materia de repatriación de inmigrantes.

En Andalucía, el acuerdo de gobierno menciona expresamente las ayudas destinadas a cooperación internacional dentro de las subvenciones que se pretenden reducir progresivamente “hasta su eliminación” si no contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. La presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Patricia Sánchez sostiene que la medida 144 del pacto PP-Vox supone “un ataque directo” porque no plantea evaluar ni mejorar la cooperación, sino avanzar en su eliminación.

La ofensiva no se limita a Andalucía y Extremadura. En Aragón, el presupuesto autonómico de cooperación ha caído casi un 77% desde 2024, hasta 1,44 millones de euros, apenas el 0,02% del presupuesto regional y su nivel más bajo en 25 años. Además, el Ejecutivo también ha ordenado la retirada de unos 30.000 euros anuales a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, con 18 años de trayectoria. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) considera que la decisión “pone freno a la solidaridad” y vulnera los derechos humanos.

‘Prioridad nacional’

Los acuerdos entre ambos partidos políticos están atravesados por el concepto de la ‘prioridad nacional’. Remedios Tierno, presidenta de Amnistía Internacional en Extremadura, considera que las medidas defendidas en torno a ella pueden constituir una violación de derechos humanos y de obligaciones internacionales del Estado. En concreto, Remedios señala tres riesgos: “La discriminación directa o indirecta en el acceso a derechos; la adopción de medidas regresivas en derechos económicos, sociales y culturales; y la vulneración del interés superior del menor, especialmente en el caso de la infancia migrante no acompañada”.

“Las palabras son importantes”, advierte Remedios. A su juicio, normalizar conceptos como ‘prioridad nacional’ en lugar de priorizar el incremento de recursos para derechos sociales de todas las personas ahonda en la estigmatización de la población vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia.

Por su parte, la Consejería extremeña defiende que la cooperación internacional y la acción exterior deben corresponder “principalmente al Estado, no a las comunidades autónomas”. Según apuntan, los gobiernos autonómicos deben centrar sus presupuestos en las competencias que tienen atribuidas y en las necesidades directas de sus ciudadanos. Según la Consejería, bajo el “paraguas genérico de los derechos humanos” se financien, según su criterio, programas de contenido ideológico que no aportan un beneficio “real ni medible” más allá del sostenimiento de determinadas organizaciones.

Extremadura: una agencia sin política

En Extremadura el golpe ha sido especialmente abrupto. Desde la Coordinadora Extremeña aseguran que no se trata de una reducción gradual, sino de un “desmantelamiento” de la política pública de cooperación. Según alertan, el dinero que permanece en los presupuestos no alcanza para sostener convocatorias ni programas, sino apenas para mantener una mínima estructura administrativa.

La CONGDEX advertía que el recorte afectaría a programas de salud, educación, protección de la infancia y ayuda humanitaria en contextos de vulnerabilidad extrema. La Consejería, sin embargo, niega que la mayor parte de los fondos estuvieran destinados exclusivamente a esos sectores. “Muchas partidas financiaban proyectos de claro componente ideológico”, afirman. Desde esa premisa, el Gobierno autonómico sostiene que tiene el deber de revisar ese gasto y destinar los recursos a “las necesidades reales de Extremadura”.

La falta de interlocución es otra de las principales quejas del sector de las ONG. La Coordinadora extremeña explica que ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios, incluido el PP, pero que no ha logrado reunirse con el Gobierno autonómico ni con la presidenta María Guardiola, pese a haberlo solicitado “por activa y por pasiva”. La entidad reclama conocer el plan de trabajo y qué ocurrirá con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). La directora de esta agencia, Isabel Belloso, presentó su dimisión tras conocer la reducción del presupuesto de 11 a 2 millones de euros llevando a la integración de la AEXCID en una estructura más reducida dentro de la Junta.

Por su parte, la Junta asegura en conversaciones con elDiario.es que la Agencia Extremeña de Cooperación seguirá existiendo, aunque “dentro de una estructura administrativa más ajustada y coherente con las prioridades del Gobierno”. Lo que no continuará, según la Consejería, es “un modelo sobredimensionado, con convocatorias mantenidas por inercia y orientadas en muchos casos a financiar proyectos ideológicos”.

Andalucía: de 47 a 20 millones para cooperación

En Andalucía, la preocupación se concentra en la medida 144 del acuerdo entre PP y Vox. La CAONGD denuncia que el pacto señala específicamente a las ayudas de cooperación internacional al desarrollo para reducirlas progresivamente hasta su eliminación si no se considera que contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. Para la Coordinadora, esa formulación instala una falsa disyuntiva, “como si la justicia social dentro de Andalucía compitiera con la solidaridad internacional”.

La cooperación andaluza, recuerdan las organizaciones, no es una actividad accesoria. Está recogida en el Estatuto de Autonomía, en la Ley Andaluza de Cooperación, en planes directores y en una arquitectura institucional construida durante décadas, incluida la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tras la composición y el anuncio por parte de Juanma Moreno del nuevo Gobierno de Andalucía, queda pendiente por concretar el nivel de viceconsejerías y secretarías generales. Una decisión que sí podría afectar al futuro de la propia Agencia Andaluza.

Aun así, el futuro no es prometedor ya que los datos muestran un retroceso sostenido. Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2018 a 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del presupuesto autonómico, según la CAONGD. La directora de la Coordinadora subraya que esa caída se ha producido mientras el presupuesto general de la Junta crecía año tras año, lo que descarta, a su juicio, que el problema sea la falta de recursos: “No hablamos de una imposibilidad económica, sino de prioridades”, sostiene.

El contexto estatal tampoco ayuda. Según el informe de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo sobre cooperación autonómica, la media de los presupuestos destinados por las comunidades autónomas a la cooperación en 2025 se situó en el 0,12%, equivalente a 8,5 euros por habitante al año y muy lejos del 0,7% comprometido. Aunque 2025 fue el año con mayor presupuesto autonómico global destinado a cooperación (334,4 millones frente a los 325,7 millones en 2024), el crecimiento fue desigual. En el ámbito local, el 75% de los ayuntamientos y diputaciones analizados destinaban en 2024 menos del 0,7% a Ayuda Oficial al Desarrollo.

Proyectos a medio hacer

El impacto de estos recortes no se mide solo en partidas presupuestarias. Rafael Cantero, presidente de CIC Batá, una organización con sede en Córdoba, pero con impacto nacional e internacional, explica que la reducción de fondos de cooperación de la Junta de Andalucía ha dejado paralizados compromisos con organizaciones de Mozambique, Bolivia y otros países.

La cooperación, explica Cantero, no funciona como una intervención puntual que empieza y termina en varios meses. “Los proyectos se planifican durante años, se construyen con organizaciones locales y dependen de relaciones de confianza. Cuando la financiación se corta de golpe, se reduce el impacto de procesos ya iniciado y se quiebran compromisos con organizaciones que contaban con nuestra ayuda”, insiste el presidente de CIC Batá.

Cantero también advierte sobre la pérdida de calidad de la cooperación. “Andalucía tiene una agencia técnicamente preparada, con personal formado y capacidad institucional, pero cada vez con menos fondos. La paradoja es tener una estructura pública especializada mientras se debilita la política que esta estructura debe ejecutar”, insiste.

El rol de la cooperación autonómica

La cooperación descentralizada es una de las señas de identidad del modelo español de ayuda al desarrollo. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones han sostenido durante años proyectos que, en muchos casos, llegan donde la cooperación estatal no llega. En Extremadura, las organizaciones recuerdan que la comunidad también fue históricamente receptora de ayudas europeas y de solidaridad interterritorial.

El informe del Sector de las ONGD 2025 de la Coordinadora muestra la dimensión del trabajo. En 2025, las organizaciones estuvieron presentes en 100 países y desarrollaron 4.322 proyectos que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de casi 59 millones de personas. El documento también recuerda que las organizaciones no solo trabajan fuera de España, sino también en educación para la transformación y justicia global dentro del país.

Dice Taina Tervonen (Finlandia, 1973) que no cubriría asuntos migratorios si no existieran personas como los cinco entrevistados de su último libro. Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras (Errata Naturae) es un ejercicio de escucha que formula grandes preguntas para las que pocas veces hay respuesta. ¿Qué se le puede decir a un padre que busca a su hija tras meses desaparecida cuando iba en una embarcación que naufragó en el Mediterráneo? ¿Por qué ese padre solo puede preguntar por su hija a una persona anónima que atiende el teléfono en sus ratos libres? ¿Por qué hay cientos de naufragios de migrantes de los que no se sabe nada? ¿Por qué es de más ayuda para los migrantes la cuenta de Facebook de una jubilada francesa que cualquier institución pública europea? ¿Cuántos detalles desconocemos sobre lo que implica el proceso migratorio y por qué llegamos a saber solo algunas cosas?

Esos son los interrogantes que la periodista franco-finlandesa aborda en su último trabajo, un libro cuyos protagonistas son ciudadanos anónimos, comunes y corrientes, que un día decidieron hacer algo que nadie les había pedido: alertar sobre vidas de migrantes en riesgo y apoyar la búsqueda de desaparecidos en Europa.

¿Quiénes son los vigías y por qué ha decidido dedicar un libro a su historia?

Es un libro particular si lo comparamos con mis otros libros. Suelo escribir sobre mis incertidumbres al observar la realidad. Sin embargo, en Los vigías fue al contrario. Empieza y acaba con una de las cinco vigías con las que hablo, Marie Consnay. Ella me contactó para informarme de que tanto ella como otros vigías anónimos, habían seguido en directo varios naufragios de migrantes en muy pocos días con una elevadísima cantidad de fallecidos o desaparecidos. La cobertura de la cuestión migratoria es difícil hoy en día.

Tanto en Finlandia, donde he trabajado durante 25 años sobre temas migratorios, como en Francia, fue muy difícil, imposible, escribir sobre esto. Así que se me ocurrió otra manera de contar esta historia: a través de un libro que luego también se ha convertido en un podcast y que ahora estamos plasmando en una película. Los cinco protagonistas, al principio, tenían sus reservas, querían mantener el anonimato. No querían ser protagonistas de la historia. Pero finalmente esta manera nos ha permitido conocer los problemas que atraviesan los pasajeros, los migrantes, a través de sus voces.

Usted lleva décadas informando sobre las migraciones desde todos sus ángulos, ¿se siente identificada con ellos?

Identificada no, porque mi trabajo es muy diferente al suyo. Durante mi colaboración con estas cinco personas hubo momentos en los que me sentí implicada y no del todo cómoda. Por ejemplo, ellos me daban información sobre embarcaciones a la deriva y en problemas, me daban el teléfono de la Marina Real Marroquí para que les preguntara, porque siempre tardan mucho en acudir a un rescate. Hay una línea que separa el trabajo de los periodistas con la labor de los activistas. Es cierto que esa frontera puede ser más o menos permeable.

Puede suceder, y sucede de hecho, que haya familias que me pidan información o contactos en países que conozco bien para que ellos puedan averiguar algo. En esos casos dejo que la información circule, me parece algo natural, no es activismo. Por ejemplo, un contacto que conocí en Senegal cuando realizaba una cobertura me pidió información para una familia que quería confirmar si su hijo estaba en una cárcel española después de viajar en cayuco. Yo puedo decir a quién preguntar, facilitar contactos y eso puede ayudarles a averiguar lo que quieren. Pero mi trabajo no es encontrar a ese hijo perdido, que, en cambio, sí es parte de la labor de algunos de los vigías de mi libro.

El trabajo periodístico y de personas que trabajan en ONG y asociaciones ha sido y es muy importante para que las cosas no vayan todavía a peor. Tenemos que abrir una ventana a un universo paralelo y oculto, hacernos preguntas que quizás no nos estamos haciendo.

Si echa la vista atrás, desde que empezó a contar historias del proceso migratorio y de cómo Europa trata de blindarse cada vez con más violencia, ¿cree que su trabajo ha servido para que la sociedad sepa lo que hacen sus gobernantes en las fronteras y exijan cambios?

No ha servido. Al menos, en Finlandia y Francia, no. El trabajo de los periodistas no ha servido para que haya un cambio en las políticas. De hecho, se han vuelto más restrictivas, más estrictas, más violentas en toda Europa. No obstante, como periodista, considero fundamental abordar estas cuestiones. La migración es una de las grandes preguntas abiertas para las sociedades occidentales y africanas. Es que estos temas tampoco se suelen cubrir en los países de origen.

El trabajo periodístico y de personas que trabajan en ONG y asociaciones ha sido y es muy importante para que las cosas no vayan todavía a peor. Más allá de las políticas migratorias que se apliquen, es vital un trabajo periodístico que busque historias que los lectores no irían a buscar de manera natural. Tenemos que abrir una ventana a un universo paralelo y oculto, hacernos preguntas que quizás no nos estamos haciendo. Este tipo de trabajo no se limita a una información puntual, sino que conlleva una investigación y un trabajo de reporterismo que son cada vez más importantes ahora, cuando los medios de comunicación cada vez dedican menos recursos en tiempo o dinero a este tipo de investigaciones.

La publicación del libro ha coincidido con el contexto internacional de mayor desprecio hacia los derechos humanos por parte de los líderes mundiales. Si ya era difícil que los medios se interesaran por el drama migratorio de personas africanas, ¿cree que se están contando los flujos migratorios africanos?

El problema con los medios de comunicación es que están completamente ahogados en la información del día a día. Con las cosas que dice Trump ya tienen suficiente trabajo. En mi experiencia como periodista independiente, mis compañeros que sí que están en una redacción a diario no tienen tiempo para cubrir historias sobre migraciones porque para ellos hay cosas más urgentes. No obstante, el público sí tiene interés. Cuando presenté este libro en Francia hubo muchas personas que se acercaron a mí para decirme que estaban implicadas de alguna manera en ayudar a personas migrantes y, si no lo estaban, lo que querían es saber más. Hay dos realidades diferentes: los medios y el público. Creo que si queremos hablar de migraciones hoy en día, quizás los periodistas no debamos pasar por los medios de comunicación.

De todas las duras historias que se tratan en el libro, ¿hay alguna que le haya marcado más, que le parezca aún más difícil de asimilar?

Es difícil elegir. Esa misma pregunta se la he hecho yo a los vigías del libro. Pero en realidad hubo una que me afectó, me hizo pensar mucho. Fue una conversación en directo, por teléfono, que yo presencié entre Hervé, uno de los vigías, y un hombre que estaba buscando a su hija y a su mujer embarazada, desaparecidas en el trayecto migratorio. Yo he trabajado mucho el tema de las personas desaparecidas, el concepto “desaparecido” en sí mimo, cuando cubrí los efectos de la guerra en Bosnia. Los desaparecidos causan en quien los está buscando mucho dolor y mucho sufrimiento. Este hombre decía en la misma frase que su mujer y su hija estaban vivas y también que estaban muertas. Decía: “No tengo pruebas, por lo tanto, están vivas”. Y, a continuación, decía frases como “no sé cómo voy a poder vivir sin ellas”.

Cuando hay una desaparición, cuando no hay cuerpo, es muy normal que tengamos que contarnos dos historias a la vez a nosotros mismos. A la vez esta persona está viva, a la vez esta persona está muerta. Contarnos estas historias nos puede volver locos. Nosotros le escuchábamos, sabíamos que no había mucho que pudiéramos hacer salvo acompañarle, el camino lo tendría que hacer solo, no se sabe durante cuánto tiempo. Solo puedes desear que ese hombre encuentre algo de paz al final del camino.

Sobre los desaparecidos, las facilidades y el esfuerzo de los países europeos para lograr la identificación son prácticamente nulos. Llega a afirmar que es una clara muestra de que las vidas no blancas valen mucho menos para la sociedad europea.

Es evidente y es necesario decirlo. Las políticas europeas son racistas y, lamentablemente, la situación política actual no creo que cambie pronto. Las desapariciones y las identificaciones son temas a los que le he dedicado mucho tiempo. Empecé cuando apareció el cadáver de Aylan Kurdi. Mejor dicho, cuando apareció aquella famosa foto. Me extrañó que detrás de esa imagen hubiera un nombre, porque normalmente no ocurre. Pero en este caso, era un niño blanco, vestido como un niño occidental que va a la playa, no tenía grandes signos de ahogamiento, que suele ser muy desagradable y no se quiere publicar en prensa. Para mí esta foto simboliza el racismo de las políticas. Se mostró esa foto solo porque ese niño se parecía a los nuestros. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido negro? ¿La foto se hubiera publicado? ¿La reacción habría sido la misma?

Entre 2016 y 2020 he visitado España, Grecia e Italia, puntos donde suelen llegar los cuerpos. He visto cómo guardacostas, policías y médicos forenses se implicaban en estas labores de identificación de manera personal, no porque tuvieran que hacerlo, no era su responsabilidad. Estas iniciativas nos dan esperanza. Pero a nivel institucional no hay ninguna estructura para estas labores, no hay coordinación entre países, no hay un lugar al que las familias puedan ir a preguntar por sus seres queridos desaparecidos. Creo que debería existir a nivel europeo una estructura similar para esta labor como ya existe por ejemplo con los centros para pedir asilo. Pero muchas veces el problema no es solo identificar, sino encontrar los cuerpos. Muchos nunca aparecen.

Las redadas del ICE contra migrantes en EEUU han acaparado toda la atención en Europa en los últimos meses, sin embargo, historias aún más violentas pasan a diario en las fronteras europeas fruto de nuestras políticas migratorias. ¿Por qué unas interesan, incluso indignan a la sociedad, y otras parece que lo hacen menos? Pienso, por ejemplo, en la tragedia de Melilla en 2022.

Siempre es mucho más fácil indignarse por algo que sucede en otro lugar, que no nos afecta directamente y de los que no somos responsables. Pero las políticas y prácticas europeas sí son nuestra responsabilidad. En el caso de Melilla, se puso en práctica la mirada racista europea. De esos hechos tuvimos imágenes, vídeos terroríficos, pero las víctimas eran negras.

Yo crecí en Senegal, en clase estaba rodeada de alumnos negros y en la materia e Historia estudiábamos la esclavitud y el colonialismo. Mi manera de crecer ha sido diferente, por ejemplo, a la de mis hijos que se han criado en París. Y ves cómo el racismo está muy presente en la educación. Por ejemplo, sobre violencia policial, los padres de los compañeros de clase de mi hijo que son racializados tienen que explicarles a sus hijos cómo deben comportarse ante la policía para que no les pase nada. Es una conversación que yo no he tenido que tener con mis hijos, porque ellos no corren el riesgo de sufrir esa violencia. Por lo tanto, esta opresión que sufren las personas negras en Europa es consecuencia directa del colonialismo y la esclavitud.

Yo crecí en Senegal, en clase estaba rodeada de alumnos negros y en la materia e Historia estudiábamos la esclavitud y el colonialismo. Mi manera de crecer ha sido diferente, por ejemplo, a la de mis hijos que se han criado en París. Los padres de los compañeros de clase de mi hijo que son racializados tienen que explicarles a sus hijos cómo deben comportarse ante la policía para que no les pase nada. Es algo que yo no he tenido que hacer.

¿Cómo es vivir en directo el naufragio de una embarcación que intenta llegar a Europa? ¿Cómo afecta psicológicamente y a la hora de elaborar el trabajo periodístico?

Yo no me considero una vigía, no he querido serlo para escribir este libro, aunque haya tenido que asistir a estas escenas habituales para ellos. Son momentos muy duros, por supuesto, afectan emocionalmente. Como periodista, necesito que haya una distancia entre lo que yo estoy contando y yo misma. Cuando doy talleres a estudiantes de periodismo, siempre digo que es fundamental que nuestra emoción no nos ciegue, que no sea la prioridad de nuestro mensaje, que debemos trasmitir las emociones de los demás. Hay temas que no he querido cubrir porque tenía miedo de que me afectaran demasiado.

Gracias al trabajo de estos vigías hemos podido saber el alto grado de responsabilidad de las autoridades europeas en grandes tragedias con decenas de fallecidos. Sin embargo, las condenas judiciales son muy escasas. ¿Por qué?

En el naufragio de Pilos, en aguas de Grecia, sí que ha habido una amplia investigación que ha terminado con condenas y juicios incluso contra guardacostas griegos. Es algo positivo, pero el problema es que esas condenas luego no se traducen en cambios de políticas. Hace ya tiempo que el control de fronteras tiene prioridad sobre los derechos humanos, y las leyes en Europa siguen ese rumbo. Lógicamente, eso va a dificultar cualquier condena, porque la justicia no dicta las políticas que se ponen en marcha, sino al contrario, las políticas, como el nuevo acuerdo europeo de migración y asilo, hacen legal lo que antes no lo era.

¿Se atreve a aventurar cómo será la situación migratoria en Europa en los próximos años?

La tendencia general va hacia situaciones más violentas contra los migrantes, a leyes más estrictas y que delegan esa violencia en actores de fuera de la UE, como la apertura de centros de detención y deportación en países exteriores. Hay focos de esperanza, como la regularización de migrantes en España. Pero también quiero destacar otras realidades en las que se implican ciudadanos anónimos, discretamente, sin hacer ruido en los medios de comunicación, pero haciendo cosas parecidas a las de los vigías de mi libro, sin ser parte de asociaciones u ONG. Gente que acogen a personas en sus casas, que ayudan a adolescentes sin papeles que están en problemas, gente que ayuda, que se resiste a la deriva actual. Quizás eso luego no se traduzca en políticas concretas, pero si solo pensara en lo que se está haciendo a nivel político, está claro que no querría seguir cubriendo estos temas, me deprimiría.

Una eurodiputada sueca, Abir Al Sahlani, ha presentado una denuncia policial acusando a otro eurodiputado por discurso de odio racista, tras ser blanco de ataques en redes sociales por su condena a los cánticos antiinmigración en el Parlamento Europeo del pasado mes de junio.

La denuncia fue presentada la semana pasada ante la Policía sueca y se refiere a lo sucedido en la Eurocámara a mediados de junio, cuando algunos eurodiputados de derecha corearon “¡Que los manden de vuelta!”, tras la votación del reglamento que abre la puerta a más deportaciones en toda la UE (y a la creación de los controvertidos centros en terceros países).

Poco después, Abir Al Sahlani, eurodiputada sueca de origen iraquí del liberal Partido de Centro, habló en el hemiciclo y acusó a los “fascistas de la extrema derecha” de haber caído muy bajo con ese tipo de cánticos. “Nunca me había sentido tan insegura en este Parlamento”, declaró ante la Cámara. “Los gritos de la extrema derecha no iban dirigidos contra un oponente político, decían 'que los manden de vuelta' [a sus países]. Se trata de gente común que no ha cometido otro 'delito' sino buscar una vida mejor en Europa”, dijo.

Sus comentarios se difundieron ampliamente en redes sociales y dos parlamentarios de partidos derechistas y populistas atacaron a Al Sahlani en internet. “Llora más”, escribió el finlandés Sebastian Tynkkynen, en respuesta a un vídeo de Al Sahlani hablando en la Eurocámara. Por su parte, el eurodiputado danés Kristoffer Storm afirmó que ella también “debe irse a su casa”.

El miércoles pasado, Al Sahlani dijo haber presentado una denuncia acusando a Storm de emplear lenguaje racista y discurso de odio en contra ella. La eurodiputada agregó que sólo ha denunciado al danés, porque la policía sueca no estaba segura respecto al tratamiento de los comentarios de Tynkkynen en las redes sociales.

Este enfrentamiento deja entrever las profundas divisiones que existen en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados de extrema derecha y populistas de derecha ocupan ahora cerca de una cuarta parte de los escaños —un récord para la Cámara—, mientras que las personas de minorías étnicas siguen estando drásticamente infrarrepresentadas.

“Siento tristeza por la democracia europea”

Días después de ser blanco de ataques en internet, Al Sahlani declaró a The Guardian que aún no sabía qué pensar al respecto: “No sé si estoy decepcionada o triste”. “Siento tristeza por la democracia europea. ¿En serio, este es el nivel de nuestros políticos? Pero también decepción porque, vamos, son mis colegas”, lamentó.

Los comentarios de los legisladores de derecha provocaron una oleada de apoyo a Al Sahlani en internet, salpicada de algunas amenazas de violación y muerte contra la eurodiputada. Su grupo parlamentario, Renew Europe, la respaldó. “El racismo no tiene cabida en nuestras instituciones y quienes lo propagan deben afrontar las consecuencias de sus actos”, declaró Valérie Hayer, líder del grupo, en las redes sociales en respuesta al comentario de Storm.

En una carta enviada poco después, Hayer instó a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a tomar medidas disciplinarias contra Storm y Tynkkynen. “Me preocupa especialmente que un miembro de mi grupo, la eurodiputada Al Sahlani, esté siendo blanco de ataques y amenazas en las redes sociales por parte de otros miembros”, escribió Hayer. “Una respuesta clara y contundente enviaría un mensaje importante: la intimidación, el acoso y las conductas que menoscaban nuestra institución no tienen cabida en el Parlamento Europeo”.

En un comunicado, la oficina de Metsola calificó los incidentes de “lamentables” y añadió que no se toleraría ninguna acción que atentara contra el respeto a los eurodiputados ni contra la dignidad de la institución que dirige. Los servicios del Parlamento están investigando lo sucedido, agregó.

El lunes, Metsola se dirigió al Parlamento y declaró que los cánticos agresivos, las burlas, las acusaciones y la grabación en vídeo de los europarlamentarios que tuvieron lugar eran inaceptables. “Hay un límite y ese límite se cruzó en la última sesión plenaria”, afirmó, añadiendo que su oficina “tomaría las medidas oportunas para garantizar que las escenas que presenciamos el mes pasado” no se repitieran jamás.

Al Sahlani comentó que, al principio, dudó en pronunciarse tras los cánticos. “En esa sala no somos muchos con mi color de piel”, dijo. “Dudé durante mucho tiempo. ¿Debía asumir la responsabilidad? ¿Qué me gritarían entonces?”, se preguntó.

Finalmente, dejó de lado sus preocupaciones al considerar el contexto general. “Atacaron a personas que no tienen poder. Y eso debería asustar a cualquiera en Europa, porque si se empieza a atacar a los más vulnerables, se abre una puerta hacia algo mucho, mucho peor”, concluyó Al Sahlani.

La situación se está agravando debido a aquellos en el centroderecha que están “dando alas a los fascistas”, añadió, citando como ejemplo la legislación sobre deportaciones que había desencadenado los cánticos.

“Eligieron el contenido más inhumano e indigno”

La legislación, que Amnistía Internacional ha calificado de “absurda, cruel y discriminatoria” y que ha sido criticada por más de una docena de expertos de la ONU, se aprobó después de que gran parte de la centroderecha optara por aliarse con la extrema derecha en lugar de colaborar con los partidos proeuropeos y prodemocráticos en el parlamento.

“Podríamos haber tenido una legislación mejor”, declaró Al Sahlani. “Pero eligieron el contenido más inhumano e indigno para ese tipo de legislación y la aprobaron”.

Tynkkynen refutó por correo electrónico las acusaciones de Hayer de que había amenazado o hecho comentarios racistas contra Al-Sahlani, calificándolas de “falsas acusaciones”. Afirmó que planeaba presentar una denuncia por estas acusaciones, pero no dio más detalles, limitándose a decir que “la forma de la denuncia aún está en estudio”.

Storm declaró por correo electrónico que sus comentarios “no pretendían ser racistas ni pueden calificarse razonablemente como tales”.

Poco después del incidente, explicó su punto de vista al medio de comunicación Politico: “La frase 'vete a casa' pretendía indicar que, si la decisión democrática y las reacciones a la misma le resultaban tan angustiantes, habría sido mejor que abandonara la cámara y se tomara un tiempo para reflexionar, en lugar de acusar a una gran mayoría de opositores políticos de hacerla sentir insegura”. Al Sahlani restó importancia a la explicación. “La gente es más inteligente que eso”, afirmó.

Una ligera capa de polvo cubre la camiseta de Guillermo. Acaba de terminar su quinto día en la obra donde ha empezado a trabajar y sonríe al señalar la prenda azul marino: “Ya me han dado el uniforme”. Se sorprende porque, meses atrás, su anterior jefe le había descontado un día de sueldo a cambio de entregarle un lote de ropa de trabajo. Con toda la tarde por delante, camina en busca de una cafetería en pleno centro de Madrid. Hace muy poco, sin papeles y sin contrato, podía trabajar unas once horas al día por 800 euros al mes, sin seguro médico, en uno de los sectores con más accidentes laborales de España.

Entre una y otra vida, entre unas condiciones y otras, hay un trámite que ya ha empezado a transformar la vida de miles de ciudadanos extranjeros: la regularización extraordinaria. La admisión a trámite de la solicitud le otorgó lo que, desde su llegada, le pedía cada una de las empresas que le ofrecían un empleo como electricista de obra, dados sus 20 años de experiencia en El Salvador: un permiso de trabajo. Días después de obtenerlo y enviar su currículum por una plataforma online de búsqueda de empleo, empezó a sonar su teléfono. A la semana, Guillermo firmó su primer contrato de trabajo en España: “Hace unas semanas me arrastraba y me explotaban; ahora hasta puedo escoger”.

El salvadoreño es uno de los miles de solicitantes de la regularización que, tras meses de empleos inestables y clandestinos, ha conseguido su primer trabajo con contrato en España. En las últimas semanas también han dejado la economía sumergida Germán, hondureño, y Alessia, peruana, quienes engrosarán la listas de nuevos afiliados en el mes de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la concesión de permisos de trabajo provisionales ligados a la regularización ya está empezando a tener un impacto positivo en el mercado laboral. Aunque todavía es pronto, y algunas empresas están mostrando reticencias a contratar a los solicitantes antes de la respuesta definitiva, ya se están dando de alta los primeros nuevos afiliados del proceso.

[Vídeo de Adrián Torrano]

Los datos oficiales aún no son concluyentes. Según el Ministerio de Inclusión, 159.097 personas con su petición tramitada están dadas de alta a fecha del 30 de junio en la Seguridad Social, pero matizan que la mayoría de ellas ya trabajaban de alta antes del proceso como demandantes de protección internacional. El Ejecutivo no ha dado aún la cifra de los trabajadores afiliados gracias al procedimiento extraordinario, pero el dato de nuevos cotizantes extranjeros en el mes de mayo puede dar una idea: cerca de 86.000 personas extranjeras se afiliaron por primera vez a la Seguridad Social.

“Ahora, gracias a Dios, nuestra vida está cambiando”, resume Guillermo, que llegó a España junto a su esposa Emma en noviembre del año pasado. “Quién nos iba a decir a nosotros que, cinco meses después de llegar, iba a salir una regularización extraordinaria”, reflexiona Guillermo. Sabe que, de no haber sido aprobada la medida, la familia no podría haber optado a un permiso de residencia hasta pasar como mínimo dos años sin papeles en el país, asumiendo cualquier empleo precario para sobrevivir.

Más que un trabajo: los cambios

El 18 de junio, recibió el justificante de admisión a trámite de su petición de regularización, lo que conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo. El 19, tras preguntar en varias oficinas, él y su mujer consiguieron por sus propios medios sus números de la Seguridad Social, sin esperar a recibirlos por correo postal. Una semana después firmó su primer contrato en España. El 1 de julio ya estaba dado de alta en el trabajo. “Soy electricista profesional, pero antes tenía que quedarme con trabajos donde no tenía derechos y no podía escoger. Ahora, me han salido muchas ofertas de trabajo y hasta soy yo el que escoge la mejor. Ahora ya siento que tengo los mismos derechos que otra persona gracias a la regularización”, resume el salvadoreño.

El electricista relata algunas de las condiciones que han mejorado. “Ahora la admisión me ha dado el permiso de trabajo. Me ha ayudado porque me han dado un contrato indefinido de 40 horas”, explica Guillermo, quien recalca los beneficios de abandonar la economía sumergida. “Eso me ayuda porque ahora tengo Seguridad Social, antes no la tenía. Si me pasaba un accidente, lo primero que hacía el jefe era: ¡sáquenlo de la obra!”, cuenta el profesional, especialista en instalación de electricidad de alta tensión, lo que aumenta el riesgo de su empleo.

Ahora lo dice entre risas, pero Guillermo escuchó a su jefe exigir entre gritos que se llevasen a un compañero que, también en situación irregular, acababa de sufrir un impacto en la cabeza tras precipitarse desde una escalera de obra. “Sacadlo. Sacadlo de aquí y, si os preguntan, decid que se cayó en la calle”, recuerda el salvadoreño las palabras de uno de sus anteriores patrones. El electricista escuchó el berrido cuando trataba de darle los primeros auxilios al empleado accidentado. Ambos trabajaban desde hacía meses en la empresa, dedicada al sector de la construcción, pero no tenían los mismos derechos que el resto. Sin papeles, sin contrato, sin seguro sanitario por accidente laboral, obedecieron.

No les dejó pedir una ambulancia, cuenta. “Me dijo que pidiese un Uber y luego nos lo pagaba. Hasta ahora estoy esperando que me lo pague. Le envié varias veces el recibo. Nunca me dio el dinero”, dice moviendo la cabeza con indignación. “Cuántas cosas he aguantado…”.

También tiene más tiempo. “Antes trabajaba de ocho de la mañana a seis y media o siete de la noche. De lunes a sábado. Ahora no, hasta eso cambió. En horario de verano, de siete a tres de la tarde. Y, en horario normal, de ocho a cuatro, trabajando ocho horas normales”, describe. “Me da más tiempo para estar con la familia, hacer mis vueltas, estudiar…”.

Del total de solicitantes de la regularización afiliados, la mayoría cuenta con un contrato indefinido como el que ha firmado el salvadoreño. Este tipo de contrato es el que también ha confirmado la nueva vinculación laboral de Germán, otro migrante en trámite que se ha dado de alta por primera vez en la Seguridad Social gracias al permiso provisional de la regularización extraordinaria. “Me han contratado en una empresa de cocina, como técnico en mantenimiento e instalaciones”, anuncia el hondureño a elDiario.es. “Desde que me salió el documento, dos días después me contrataron. Me tuve que mover muy rápido para conseguir el número de la Seguridad Social. Fue un gran esfuerzo, pero todo salió de maravilla”, celebra el joven, que empezó a trabajar hace tres semanas.

Alessia (nombre fictio), peruana, trabajaba de forma esporádica en el sector de la limpieza. Hace unas semanas también firmó su primer contrato de trabajo, en este caso temporal, para ocupar un puesto como recepcionista en una residencia de mayores. “Me da más tranquilidad, tanto económica como emocionalmente. Es un gran avance para mí”, resume la mujer, de 26 años

Rebeca Lerer (São Paulo, 49 años) se ha convertido en una experta en juntar puntos que otros prefieren ignorar. Para esta activista que pasó once años en Greenpeace persiguiendo madereros y ganaderos en la Amazonía, el narcotráfico era un destino lógico como objeto de estudio: las mafias migraron hacia el único producto que no deja rastro desde el aire. “Empecé a hacer cuentas y dije: esto es más que el oro. Nadie compra oro todas las semanas, pero la gente que usa cocaína, sí”, dice a elDiario.es en un portuñol veloz. De esta forma desgrana una maquinaria financiera que mueve seis mil millones de dólares anuales mediante un consumo en ascenso que fortalece al crimen local. La magnitud del mercado coincide con el último Informe Mundial de Drogas de la ONU: la producción global de cocaína se ha más que cuadruplicado en una década, superando las 4.000 toneladas. “Ese es el resultado a pesar de la represión. Es una locura”.

Lerer llega al Festival Futuro Coca, que celebra su cuarta edición este 11 y 12 de julio en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en el centro de Bogotá. Se trata de un encuentro que nació en 2023 con un propósito claro: separar la coca de la cocaína, dos conceptos que el mundo lleva medio siglo confundiendo. Allí, comunidades indígenas y campesinas dialogarán con cocineros, científicos y artistas para visibilizar el potencial oculto de la hoja de coca. Una oportunidad para demostrar que, de sus catorce alcaloides, la cocaína es solo el más famoso.

La brasileña llega con una misión más cruda: mostrar la cadena desde el otro lado de la Amazonía. Brasil no cultiva la hoja, pero refina, consume y exporta su alcaloide más rentable. “La gente en mi país ni siquiera sabe que la cocaína viene de una hoja, de una planta sudamericana nativa”, resume. Para ella, la conversación con Colombia es urgente. Tras más de medio siglo de fracasos en la lucha antinarcóticos, sostiene que es hora de sacar el debate del cajón exclusivo de la policía y la salud pública para situarlo en tres áreas seminales: el uso de la tierra, la violencia y el impacto ambiental. De hecho, la ONU reconoce desde hace unos años que el enfoque represivo solo ha expandido los mercados criminales y distorsionado la economía regional. Es una guerra opaca y sin auditorías, donde las cuentas casi nunca cierran porque los datos son fragmentarios.

“No hay cómo competir”

Ante el vacío en los registros oficiales, Lerer asumió el rol de contable de esta economía sumergida. Del empeño nació 'Selva en polvo' (Floresta em Pó), el informe que coordinó a finales de 2025 junto a la Coalición Internacional por la Reforma de las Políticas de Drogas y la Justicia Ambiental y organizaciones brasileñas como Iniciativa Negra. Con su equipo descubrió que Brasil carecía de un mapa de los laboratorios donde se refina la mercancía que inunda el mercado internacional. Para lograrlo, auditaron cinco años de operaciones policiales, siguiendo el rastro de los químicos y envíos hasta destapar 550 centros de procesamiento de cocaína. La realidad, sin embargo, es mucho más opaca: la policía brasileña solo roza el 20% del negocio. “La proyección real nos sitúa cerca de los 5.000 laboratorios”, apostilla.

Los cargamentos que zarpan desde los puertos brasileños rumbo a Europa, además, son más puros que la mercancía que ingresa por sus fronteras desde los países andinos o Paraguay. Ese salto de calidad, respaldado por datos de la Policía Federal, desmantela el tópico de Brasil como mero trampolín logístico: en su interior opera una red de laboratorios clandestinos que purifica el polvo para la exportación o lo rebaja para el menudeo doméstico. Entre el cultivo de origen y el contenedor atlántico, existe una industria en plena expansión.

El informe 'Selva en polvo' le puso precio a toda esta maquinaria: unos 6.000 millones de dólares anuales solo en la etapa de refinación de la coca. Para dimensionar el tamaño del monstruo, Lerer recurre a una comparación demoledora: el Fondo Amazonía —el mayor instrumento financiero global contra la deforestación— tardó años en reunir grandes donaciones de Noruega o Alemania: “Sólo los laboratorios generan en doce meses cinco veces más dinero que todo lo que el Gobierno brasileño logró recaudar. No hay cómo competir. Vamos a perder”, zanja.

Bajo el paradigma de la guerra, alcanzar la deforestación cero en la Amazonia es, simplemente, imposible

De esta brutal asimetría nace el resto de su radiografía: en la selva, el dinero de la cocaína funciona como un fondo de capital de riesgo para las economías ilegales. Sus ganancias financian la minería ilegal de oro, el acaparamiento de tierras y el armamento pesado que sostiene los conflictos territoriales en Brasil o Colombia. Por eso, Lerer subraya que la política antidroga y la ambiental son dos caras de la misma moneda: “Bajo el paradigma de la guerra, alcanzar la deforestación cero en la Amazonia es, simplemente, imposible”.

Las cifras confirman un diagnóstico aterrador. Un estudio publicado en junio por la ONG paulista Fórum Brasileiro de Segurança Pública calcula que el valor del polvo blanco decomisado en la región en 2024 equivale a 704 millones de dólares, una cifra superior a la de todo el oro exportado por ese territorio. Las autoridades advierten, sin embargo, que la droga interceptada es solo la punta del iceberg: si la policía bloquea apenas el 10% del flujo real, el narcotráfico se convierte automáticamente en el segundo motor económico de la selva, situado solo por detrás de la soja. Lo que hasta ahora era una hipótesis deja de serlo: los movimientos que los radares no detectan ya están redibujando la geografía política y financiera del gran pulmón del planeta.

Absolver la hoja

Frente al fracaso prohibicionista, Lerer resalta un movimiento de resistencia que busca dignificar el origen de todo: el campo. Quienes siembran la coca en el campo reciben migajas de una industria cuyos beneficios millonarios se concentran en las fases de refinamiento y exportación. Es decir, en los eslabones del mundo criminal. A cambio de ese margen mínimo, el agricultor ha cargado con la peor parte del conflicto en forma de persecución militar, fumigaciones con herbicidas tóxicos y exclusión o estigmatización social.

La activista brasileña denuncia que la discusión pública suele concentrarse en torno al consumo, ignorando las dinámicas de producción “donde ocurren la mayoría de los abusos y ecocidios”. Para ella, cualquier intento serio de reconciliar a las comunidades cocaleras con sus territorios debe empezar por despejar el estigma de la planta y garantizar la protección y derechos de quienes la cultivan. El enfoque del festival bogotano apuesta, precisamente, por ese enfoque a pesar de que el verdadero reto de la política global se libra en despachos más alejados: la ONU en Viena, sede de la Comisión Estupefacientes.

Si quitamos la criminalización de la planta, empezamos por el principio

Los análisis clínicos del organismo determinaron que el consumo tradicional de la hoja de coca en las comunidades andinas no entraña riesgos para la salud ni tiene capacidad adictiva. Aunque esta reciente evaluación técnica de la Organización Mundial para la Salud (OMS) ofreció un respaldo científico a países reformistas como Colombia o Bolivia, el dogma político se impuso al criterio médico. El organismo dictaminó que la planta debe seguir en el mismo escalafón punitivo que la heroína, argumentando no el peligro del cultivo en sí, sino su capacidad de transformación en cocaína. Con las cartas marcadas de antemano, la maquinaria diplomática del prohibicionismo, liderado por Estados Unidos, levantó un muro burocrático que impidió que la reforma llegara a votación el pasado marzo en la cumbre de Viena.

El desenlace se había fraguado meses antes, durante los debates de la Comisión de Estupefacientes de octubre de 2025. Allí, Washington agitó el fantasma de las concesiones al “narcoterrorismo”, Francia alegó riesgos sanitarios y Perú dio la sorpresa al alinearse con el discurso oficial, alertando de un “incentivo perverso” para las redes ilegales. “Fue la oportunidad perdida más reciente”, crítica Lerer. Para la investigadora, la resistencia a sacar la planta de la lista negra es un error de cálculo geopolítico: la reforma buscaba desmontar la base del edificio criminal sin alterar la prohibición sobre la cocaína procesada. “Si quitamos la criminalización de la planta, empezamos por el principio”.

El espejo de Bolsonaro

El plan de Abelardo de la Espriella de reactivar la aspersión aérea con herbicidas, prohibida por el Constitucional, replica una fórmula conocida por Rebeca Lerer. “Ese modelo migró a la Amazonía brasileña con el Gobierno de Bolsonaro, muy parecido al estilo del futuro presidente colombiano”, compara la activista. El balance de aquellos años en Brasil arrojó los mismos indicadores que hoy generan alerta en Bogotá: criminalización indígena, aumento de homicidios, daños por agrotóxicos y corrupción policial. Una ofensiva militar que, según la experta, fracasó rotundamente en detener la deforestación y el crimen organizado, logrando únicamente que el negocio cambiara de manos.

La promesa del nuevo Gobierno colombiano choca contra un muro pragmático. “Lo que viene después no es desarrollo comunitario ni agricultura familiar, sino ganadería o minería”, señala Lerer. En el mapa de la Amazonía, el bosque devastado por la coca no se regenera: muta de mercancía. Presionados por el mercado, los sembrados huyen hacia los últimos reductos vírgenes, invadiendo parques nacionales y tierras indígenas. La experta recuerda, además, que la aspersión aérea, lejos de ser un remedio, es un negocio: Monsanto facturó decenas de miles de dólares por vuelo en los años dorados del glifosato.

El marco de esta historia lo termina de fijar Washington. La Administración Trump incluyó este año a las dos mayores organizaciones criminales brasileñas, el PCC y el Comando Vermelho, en su lista de terroristas internacionales. Y los bombardeos estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Pacífico han elevado la temperatura en toda la región. “Eso nos deja muy vulnerables a intervenciones, a sanciones económicas y a injerencia en elecciones”, advierte Lerer.

A la experta le quedan pocas ilusiones y no se molesta en disimularlo. En seis meses, Brasil irá a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro como principales candidatos y el crimen organizado como eje de campaña. Frente al estruendo de los bombardeos, ella opone algo de frialdad. “Hay que tener coraje y dar este debate con evidencias, con datos, con historia”, defiende. Justo después, deja caer un silencio corto. El primero en casi una hora de entrevista: “La situación es muy difícil. Estoy preocupada”.

Varias sombras parecen chapotear en alta mar. En el oscuro horizonte de la noche ceutí se distinguen algunas cabezas que se desplazan desde la costa marroquí hacia la ciudad española, rodeando uno de los espigones que separan Marruecos de Ceuta. En la orilla, un dispositivo policial los espera, mientras varias lanchas rastrean las aguas. Cuando los migrantes se acercan, los agentes los detienen y los trasladan hasta la frontera, donde se les pierde el rastro.

Esta escena se repite con frecuencia en la frontera del Tarajal durante muchas madrugadas en Ceuta. La Guardia Civil y la Policía realizaban estas devoluciones sin ocultarlas, tanto de día como de noche. Según reconocían los agentes y la Delegación del Gobierno local, la orden consistía en expulsar a todas las personas interceptadas, salvo aquellas que aparentaban ser menores. Era una práctica sistemática. Hasta esta semana, cuando una sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado su ilegalidad y ha empujado a las fuerzas de seguridad a dejar de aplicarla.

La resolución del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han dado la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta. El denunciante fue apoyado jurídicamente por las organizaciones Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya habían fallado a favor del demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Las dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar la vía excepcional recogida en la Ley de Extranjería (a través de la normativa de Seguridad Ciudadana). El Supremo ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

Fuentes oficiales del Instituto Armado en Ceuta aseguran que, tras la sentencia del Supremo, los agentes de la frontera han dejado de realizar estas devoluciones a la espera de recibir órdenes por parte del Ministerio del Interior. “Siempre se ha aplicado el convenio [bilateral con Marruecos]. Ahora mismo, tal como está, no se puede devolver; el Supremo ha dicho claramente que no podemos hacerlo. Hasta que no haya una modificación de la ley orgánica tendremos que aceptarlo, darles sus derechos y aplicar la ley”, apostilla la misma fuente.

Las ONG alertaban desde hace años del carácter ilegal de las devoluciones en caliente. En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy intentó regular los retornos automáticos en Ceuta y Melilla, a través de una disposición adicional incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Dicha norma, también muy cuestionada por juristas y organizaciones sociales, decía permitir la entrega inmediata a Marruecos de migrantes que entrasen irregularmente en las ciudades autónomas a través del salto de las vallas fronterizas, es decir, por vía terrestre.

La medida fue tachada de ilegal en un primer momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, una segunda sentencia aceptó el recurso con el que el Gobierno de Pedro Sánchez defendió estas prácticas y Estrasburgo acabó avalando este tipo de retornos por tierra en Ceuta y Melilla.

Aunque la disposición adicional de la Seguridad Ciudadana no mencionaba que las devoluciones en caliente (llamadas 'rechazos en frontera' en la normativa) pudiesen ejecutarse sobre los migrantes que llegan vía marítima, la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil defendían otro tipo de interpretación. La orden era clara: los agentes fronterizos no solo debían retornar a quienes saltaban las alambradas, también a las personas que las rodeaban a nado. En distintos picos de llegadas a la ciudad, elDiario.es preguntó por la base legal de estas prácticas sistemáticas y la Delegación del Ejecutivo se amparaba en la figura del “rechazo en frontera”.

Bajo esa interpretación que rechaza la Justicia, las patrulleras del Instituto Armado recogían del agua a nadadores procedentes de las costas marroquíes -tanto en zona entre vallas como en aguas claramente ceutíes- y, subidos en el barco con bandera española, les trasladaban a la playa donde eran conducidos a la frontera para ser entregados a Marruecos. La decisión del Supremo acaba con esta forma de proceder o, al menos, con los intentos de disfrazarla de legalidad.

La Delegación del Gobierno también defendía las devoluciones marítimas a través de un acuerdo de retorno de Marruecos que, sin embargo, exige la identificación previa y solo afecta a personas marroquíes. Se trata un pacto similar al utilizado por Ejecutivo central y el local para justificar la expulsión de menores practicada en agosto de 2021, defendida por Interior, por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta.

Desde entonces, los agentes de Ceuta dejaron de devolver en caliente a menores a plena luz del día. A su vez, las autoridades dejaron de justificarlas: solo aplicarían estas prácticas, decían, para retornar a los adultos. En la práctica, sin embargo, la falta de procedimiento complica conocer la edad o los riesgos que supone la devolución de los jóvenes cuya minoría de edad no es evidente. Sin un procedimiento, si no hay una identificación personalizada, no se puede garantizar que no haya adolescentes de menos de 18 años entre los retornados más jóvenes.

Supuestamente, la Delegación del Gobierno solía asegurar que solo se devolvían a los marroquíes, pero el caso resuelto por el Supremo (de un argelino) evidencia que no siempre es así.

Ahora qué

La resolución del Alto Tribunal obliga ahora a tramitar estas entradas mediante el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería, con todas las garantías administrativas asociadas. Eso supone que las personas interceptadas en el mar ya no pueden ser entregadas directamente a Marruecos sin expediente, asistencia letrada y posibilidad de solicitar protección internacional.

La decisión ha despertado la inquietud entre algunos agentes encargados del control fronterizo marítimo en Ceuta , contactados por elDiario.es. Fuentes oficiales de la Guardia Civil explican que, por el momento, han frenado estas actuaciones y se encuentran a la espera de las indicaciones que lleguen desde la Dirección General. “Ahora mismo están los superiores hablando con Madrid, no sabemos cómo nos va a afectar, estamos a la espera de que nos digan qué tenemos que hacer”, traslada una fuente oficial consultada por elDiario.es.

Omar (nombre ficticio) es una de las decenas de miles de personas devueltas en caliente tras llegar a nado a Ceuta. En julio de 2024, el marroquí se lanzó al mar desde la costa marroquí de Castillejos, pero una patrullera de la Guardia Civil lo interceptó mientras nadaba y, tras dejarlo en la frontera, los agentes lo devolvieron a Marruecos, según explicó el hombre a elDiario.es. Un año antes, la Guardia Civil le frenó a su llegada a tierra y, una vez en el otro lado de la frontera, las autoridades marroquíes le subieron en un autobús con más jóvenes que, como él, lo habían intentado y habían fracasado. Lo mandaron a Casablanca cuando él llevaba años viviendo en el norte de Marruecos.

En agosto de 2024, Omar logró nadar de nuevo hasta la ciudad española. Se lanzó al mar a las seis de la mañana y salió del agua en torno a las 13 horas. El recorrido fue mayor y el riesgo también. El marroquí trató de adentrarse todo lo posible en alta mar para evitar la detección por parte de los agentes españoles. “Nadé hacia alta mar, lejos, muy para arriba porque ahí no hay radares y es más difícil que nos detecten. Desde ahí nadé en dirección a Ceuta. Y, cuando parecía que había menos control, fui bajando hacia la costa”, dijo entonces. Cuando salió del mar, la playa ya estaba llena de bañistas. Omar se hizo pasar por un ceutí más pasando la mañana en la playa y, gracias a la ayuda de un taxista que se apiadó de él, logró alejarse de la zona fronteriza para evitar el tipo de devolusciones que ahora el Supremo ha prohibido.

Las ONG Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han celebrado la sentencia. En una nota, recogida por Efe, las tres entidades sociales sostienen que la postura del Alto Tribunal coincide con la interpretación jurídica que han defendido durante todo el proceso respecto a que a los migrantes que tratan de alcanzar la costa española a nado no pueden ser objeto del rechazo en frontera, sino que “su situación debe tramitarse mediante un procedimiento de devolución con todas las garantías legales”.

“Solo podemos hacer de taxistas”

Entre los agentes consultados creen que el cese de las devoluciones en caliente puede generar un aumento de los intentos de entrada a nado por Ceuta, que suelen aumentar cada verano. “En cuanto se enteren en Marruecos tenemos barcas llenas aquí. El único freno que hay es que la Marina marroquí los pare allí. Solo podemos hacer de taxistas, cogerlos en el mar y llevarlos a la orilla”, se queja un guardia civil consultado por elDiario.es bajo condición de anonimato.

Algunos agentes fronterizos consultados por este medio defienden la modificación de la normativa para extender el rechazo en frontera también a las entradas por mar. “La línea de contención habría que hacerla extensiva al mar. Habrá que modificar la disposición adicional décima de la ley y hacerla aplicable a entradas por tierra, mar y aire”, opina un miembro del Instituto Armado en la ciudad autónoma.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la cual interpreta que la Ley de Extranjeria no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habían dado la razon al demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Esas dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar el extremo recogido en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El Supremo rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

El demandante alegaba en su recurso que se le había devuelto por la vía de los hechos al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

La Sala interpreta la Disposición adicional décima de la citada ley y sienta jurisprudencia. Los jueces tienen en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los “elementos de contención fronterizos” para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El fondo del asunto trataba de determinar si en el mar se podía aplicar la alusión de la ley a “los elementos de contención fronterizos”, tales como las vallas terrestres. El Supremo concluye que no será así. “No cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”, recoge el fallo del alto tribunal

La citada Disposición de la Ley no podrá extenderse a todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

En todo caso, el Supremo advierte de que si el Estado establece en el futuro “elementos de contencion en el mar para proteger la línea fronteriza” entonces sea de aplicación la citada disposición adicional de la ley.

Los hombres de mi tribu [familia extensa] arrojaron a mi familiar Kawthar Bashar al-Husayjawi, una niña de 15 años, a una fosa y cubrieron su cuerpo con un poco de tierra. Horas antes la habían matado de 10 disparos y le habían destrozado la cabeza con un hacha. Después salieron a la calle para bailar y celebrar su muerte con otra gente.

Kawthar vivía en al-Nahrawan, un distrito al sureste de Bagdad. Sus padres la habían sacado de la escuela y, a los 13 años, la obligaron a casarse con un hombre alcohólico mucho mayor que ella.

Durante un año sufrió violencia y maltrato, y finalmente huyó y regresó con sus padres. Su familia la encerró en casa y la presionó sin descanso para que regresara con su marido y maltratador. Ella amenazó con quitarse la vida y, finalmente, se divorció legalmente en el juzgado a finales de 2025.

Poco después, su primo salió de prisión y pidió la mano de Kawthar a los padres. Ella se negó: todo el mundo sabía que el pretendiente estaba metido en el tráfico de drogas y alcohol. Su familia hizo caso omiso y dio consentimiento al matrimonio porque, según sus costumbres, “la palabra de un hombre no puede ser cuestionada por una mujer”. Ni su madre ni las demás mujeres de la familia pudieron apoyarla en su negativa.

A principios de mayo, a medida que se acercaba el día de la boda y lo que ella creía que sería una nueva etapa de violaciones y violencia, Kawthar huyó. Se le había negado la oportunidad de ir a la escuela o de aprender a ganarse la vida, por lo que se marchó sin nada, salvo su ropa y un velo.

¿Le dijeron cuál iba a ser su destino? ¿Cuáles fueron sus últimas súplicas? ¿Gritó con la esperanza de despertar sus conciencias? ¿O se preguntó cómo era posible que su propio padre pudiera hacerle algo así a su hija?

Un vecino la vio huir y la secuestró durante tres días y, según ella, la sometió a cosas terribles que no reveló. Aunque aseguró a su familia que no se había fugado con él por voluntad propia —e incluso después de que las cámaras de vigilancia parecieran respaldar su versión de que la habían arrastrado a la fuerza—, se negaron a creerla.

El padre, el tío y el prometido de Kawthar la interrogaron sobre lo ocurrido durante aquellos tres días antes de llevarla a una zona despoblada en las afueras de Bagdad. He intentado imaginar qué sentía en aquel coche, rodeada por tres hombres de una familia que debería haber sido su refugio y protección.

¿Le dijeron cuál iba a ser su destino? ¿Cuáles fueron sus últimas súplicas? ¿Gritó con la esperanza de despertar sus conciencias? ¿O se preguntó cómo era posible que su propio padre pudiera hacerle algo así a su hija?

En las redes sociales vi su rostro infantil, la última vez que llevó el uniforme del colegio. Una foto antigua que no muestra enteramente sus hermosos rasgos. Pronto se difundieron vídeos de miembros de la tribu bailando alegremente tras el asesinato. No vi a ningún familiar llorar su muerte. Al contrario, los hombres celebraban.

Me enteré de la noticia una tarde cualquiera. Estaba en casa y mi padre me contó su desaparición y asesinato. Si hubiera oído esta historia de un desconocido, en una publicación de Instagram, probablemente no la habría creído. ¿Cómo puede una persona llevar toda esta maldad en su corazón e infligírsela a su hija? Pero le pasó aquí a una chica que conocía y con la que una vez coincidí.

Intenté mantener la calma y pensé que al menos la policía los castigaría por su acto. En cambio, al parecer, un agente pidió un soborno para declarar que había sido secuestrada y no asesinada. Los hombres trasladaron el cuerpo de Kawthar más de una vez por miedo. Un cuerpo atravesado por diez balas, y sin mortaja ni lavado ritual, pasando de un agujero a otro. Cuando los vivos son despojados de su humanidad, ¿qué santidad queda para los muertos?

Lo que más me aterra es lo fácil que se ha vuelto asesinar en Irak para los hombres. Ya no temen a la ley ni al Estado, porque ven corrupción por todas partes

Al final, esto es lo que me empujó a hablar. Yo y otras mujeres de la familia (sin coordinarnos, ya que nos sentíamos incapaces de confiar en nadie) empezamos a enviar su nombre y su foto, así como las imágenes de sus asesinos, a páginas y plataformas de los medios de comunicación con la esperanza de que se hiciera justicia con esta niña y se permitiera que al menos la enterrasen con dignidad. Temía que el caso quedara tapado como ha pasado cientos de veces en situaciones en las que mujeres y niñas mueren por únicamente intentar sobrevivir.

Lo que más me aterra es lo fácil que se ha vuelto asesinar en Irak para los hombres. Ya no temen a la ley ni al Estado, porque ven corrupción por todas partes. Todo el mundo ha encubierto lo que pasó. Al parecer, un abogado se hará cargo del caso, se localizará el cadáver y su hermano se entregará como único autor para que el caso se cierre como un asesinato “por honor”.

Aunque la legislación iraquí no menciona directamente la expresión “asesinato por honor”, existen atenuantes que contemplan el delito de homicidio motivado por el honor. Quien mate a su esposa o a una pariente cercana tras descubrirla en un acto de adulterio será castigado con una pena de prisión de hasta tres años. En muchos casos, el crimen no se considera un asesinato premeditado, sino más bien un incidente familiar que se sale de control.

Las nuevas leyes iraquíes que permiten que niñas de tan solo nueve años contraigan matrimonio me parecen aterradoras, porque una menor apartada de la escuela y empujada a un matrimonio infantil se vuelve más vulnerable y menos capaz de protegerse o de resistir la violencia a la que está expuesta. Kawthar ni siquiera había alcanzado la edad mínima para entender el mundo que la rodeaba, y, sin embargo, todos la trataban como a una mujer que debía ser sometida, vigilada y castigada.

Este artículo se ha elaborado en colaboración con Jummar Media

Traducción de Emma Reverter

Con un ejemplar de la Constitución en una mano y un gorrito infantil como el de Liam Conejo Ramos (un niño de 5 años detenido junto a su padre por el ICE de Trump) en la otra, la diputada Ouidad Bakkali cantaba junto a otros colegas el Bella Ciao en el Parlamento italiano frente a un grupo de neofascistas que buscar convertir la idea ultraderechista de la remigración en ley nacional.

La escena se produjo en enero de este año, cuando los promotores de una iniciativa popular a favor de la remigración intentaron presentar su propuesta en una rueda de prensa en el Parlamento, pero se encontraron con el boicot de Bakkali, del Partido Democrático (PD), y otros colegas de centroizquierda que ocuparon la sala para cantar la canción antifascista e impedir la celebración del acto. “Es una propuesta racista con una visión etnonacionalista y fascista de la sociedad”, dice a elDiario.es la diputada, que fue suspendida cinco días de sus funciones por esta acción.

Los ultraderechistas que están detrás de ello actúan con ambigüedad calculada, advierte Bakkali. “Su discurso cambia según el público. Ante los suyos, hablan de la remigración de no asimilados, incluido los descendientes de migrantes, pero en televisión hablan solo de seguridad y de deportar a migrantes ilegales”, explica.

El pasado 13 de junio, los ultras volvieron a hacer una demostración de fuerza. Una marcha al estilo propio del neofascismo juntó a unas 4.000 personas en Roma. “Italia, nación, remigración” fue uno de los cánticos coreados, junto a saludos fascistas o consignas a favor del duce Benito Mussolini. La manifestación no fue masiva, pero sí grande para los estándares de la galaxia extraparlamentaria ultra. “Fue una de sus marchas de mayor peso de los últimos años”, asegura a elDiario.es Paolo Berizzi, periodista del diario La Repubblica especializado en ultraderecha.

Para muchos, la movilización muestra el crecimiento de su grupo organizador, el Comité Remigración y Reconquista, con capacidad de marcar agenda e interpelar más allá de las calles. Los movimientos que lo integran, entre ellos CasaPound, Rete dei Patrioti (Red de los Patriotas) o Veneto Front Skinheads, han trascendido en la esfera pública este año con la proposición de ley por iniciativa popular para fomentar la remigración. Aseguran que ya han obtenido más de 150.000 firmas. La propuesta busca introducir más medidas para expulsar a migrantes irregulares, así como la deportación obligatoria de extranjeros que cometan delitos, incluida la revocación de la ciudadanía para los naturalizados. Ahora, la iniciativa está pendiente de debate legislativo en la Cámara de Diputados.

Racismo y amenazas viralizadas

“Me preocupa ver cómo se ha normalizado el lenguaje racista y antimigrante. Se dicen cosas contra la población extranjera que nunca antes se habrían dicho, todo ello en un país con más de cinco millones de trabajadores extranjeros que produjeron el 8,5% del PIB el año pasado”, agrega esta diputada de 40 años, nacida en la ciudad marroquí de Agadir, pero que vive desde los dos años en Italia.

De hecho, Bakkali sufrió en su propia piel esta creciente escalada del discurso del odio cuando el 13 de junio participó en una gran contramanifestación antifascista para oponerse a la marcha por la remigración en Roma. La diputada colgó en redes una foto suya ante la pancarta con el lema de la protesta, Fuck Remigration (Que le jodan a la remigración), una publicación que se viralizó entre las cuentas de la galaxia ultra. Tras ello, recibió más de 13.700 mensajes con insultos racistas y tono intimidatorio que incluyeron incluso amenazas de muerte.

“Fosa común para ti y tu familia”, “sabemos dónde vives” o “a casa, gitana”. Estos fueron algunos de los mensajes contra la diputada, como denunció en un pleno parlamentario. Ya en el pasado había recibido comentarios racistas, “pero nunca a escala tan masiva, con tal nivel de violencia y amenazas”, asegura. Según alega, esto muestra cómo las redes amplifican el discurso ultraderechista también en Italia, ante lo que deben tomarse restricciones y medidas de control de las plataformas para que asuman su “responsabilidad social”.

Vannacci altera el bloque derechista

Esta atmósfera se ve alimentada por la irrupción de Roberto Vannacci, exgeneral y eurodiputado, que en febrero abandonó el partido Liga de Matteo Salvini para fundar Futuro Nazionale. Esta formación, enfocada en la imagen de líder fuerte y carismático que Vannacci busca mostrar, sube en los sondeos y podría obtener un 6% de votos en las elecciones, una cifra con la que incluso podría superar a la Liga. Esto amenaza con cambiar la correlación de fuerzas del bloque derechista. Las encuestas señalan que Meloni no tendría asegurada la mayoría para formar coalición, ante lo que Vannacci podría ser un actor clave, si quiere mantenerse en el poder.

“Difícilmente se puede construir algo con alguien que claramente sólo quiere destruir”, declaró esta semana Meloni en una entrevista televisiva con Rete 4 cuando le preguntaron si contemplaría una alianza con el militar. “No me parece que haya mucha diferencia entre él y el resto de partidos de oposición. Vota como la izquierda y habla contra nosotros todo el día”, agregó. Pero el exgeneral copa cada vez más titulares en los medios.

Se dicen cosas contra la población extranjera que nunca antes se habrían dicho, todo ello en un país con más de cinco millones de trabajadores extranjeros que produjeron el 8,5% del PIB el año pasado

Ouidad Bakkali — Diputada del Partido Demócrata

La primera ministra se ha labrado en los últimos años una posición firme como líder de ultraderecha que a su vez coopera con la Unión Europea y secunda la línea de la OTAN. Vannacci, por contra, ha logrado hacerse un espacio criticando el modelo de política exterior o el apoyo italiano a Ucrania. También muestra simpatías por Vladímir Putin y defiende posiciones euroescépticas, aunque él mismo saltó al ámbito institucional como eurodiputado de la Liga, cargo que no ha abandonado pese a irse del partido.

Los expertos prevén que su discurso de línea dura y su defensa a ultranza de la expulsión de migrantes condicione también la campaña electoral, aunque este militar retirado con dejes neofascistas y discurso homófobo proclame casi lo mismo en materia migratoria que Meloni o Salvini. Lo hace con menos filtros, aboga por vías más contundentes e incorpora ideas clave del compendio remigratorio, como la deportación de personas “no asimiladas”, o la revocación de la ciudadanía a quienes cometan “delitos graves”.

La remigración, un neologismo en Italia

Vannacci alega que la coalición de Meloni y Salvini no tomó medidas suficientes para frenar en seco la llegada de migrantes. Estos años, el Ejecutivo hizo políticas contra la migración como el bloqueo de buques de ONG de rescate en el Mediterráneo, un proyecto de ley para impedir la navegación de barcos con migrantes o la apertura de centros de detención para migrantes en Albania, aunque el exgeneral pide ir más allá y usa la bandera de la remigración para dar más empaque y proyección a sus posturas, según los expertos.

Cornelli y Berizzi coinciden en que este concepto no es más que una continuidad del modelo antimigratorio de las ultraderechas clásicas, pero buscando otras palabras para impulsarlo de nuevo. El término se incluyó en 2025 como neologismo en Treccani, el diccionario de referencia de la lengua italiana. Esto mostró que su uso se extendía en Italia, pese a llegar más tarde que a otros países de Europa.

En Italia se empezó a hablar de remigración en 2025, y “los primeros en hacerlo fueron miembros de partidos del gobierno”, recuerda Berizzi. La propaganda remigracionista acabó monopolizada por la derecha neofascista, pero hay “una conexión ideológica entre neofascismo y derecha gubernamental”. El discurso antimigración del Ejecutivo fue antesala para los relatos que ahora promueven las expulsiones a gran escala, opina el periodista.

Este marco ideológico fue acuñado por el ultra austríaco Martin Sellner. “El fenómeno de la remigración gana fuerza en toda Europa y EEUU, por eso también alcanzó Italia. Se ha convertido en un verdadero estandarte político que empuja a la derecha cada vez más a la derecha”, cuenta a elDiario.es Roberto Cornelli, profesor de Criminología y Política Pública de la Universidad de los Estudios de Milán.

Según alega, esta tendencia es solo un paso más tras dos décadas de medidas y leyes que criminalizan a los migrantes. “La remigración pone un nombre mucho más crudo y duro a una política que ya iba en esta dirección”, primero con el Gobierno de Silvio Berlusconi, a inicios de los 2000, y reforzada estos años por Meloni con “la reducción de la acogida, el cierre de fronteras y puertos o la criminalización de los rescates en el mar”, señala el docente.

“Italia para los italianos”

“No nos avergüenza decirlo: Italia para los italianos”, dijo Vannacci el 13 de junio en la asamblea constituyente de Futuro Nazionale en Roma, donde participaron más de 1.500 delegados. El partido asegura que ya tiene más de 100.000 afiliados y ahora avanza en su estructuración. Ocho diputados —en su mayoría exmiembros de la Liga, pero también de Fratelli d’Italia y Forza Italia— se pasaron al lado de Vannacci, y su perfil como bloque propio se percibe ya en el parlamento, donde la tensión con opositores como Bakkali es palpable.

Vannacci evita tapujos. En una reciente entrevista para el canal La7 defendió un modelo de deportación basado “en el traslado forzoso”. También aboga por construir muchos más centros de internamiento para acelerar las expulsiones. “Deben ser deportados todos aquellos sin motivo ni derecho de estar entre nosotros. El 80% de estas personas deberían ser remigradas. Son clandestinos, ilegales”, aseguró.

Este mes también afirmó, recalcando su visión reaccionaria, que “el feminicidio no existe”. En su opinión, “es un homicidio como todos los demás”. Por otro lado, en un país envejecido como Italia, con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y con necesidad de mano de obra para trabajos esenciales, Vannacci aboga por reducir la cantidad de residentes extranjeros a un máximo del 4% de población, por debajo del 9,4% actual. Aun así, no ve contradictorio que su esposa, con la que tiene dos hijas, no sea de origen italiano, sino rumano.

“Me preocupa la velocidad con la que fenómenos como el de Vannacci ganan popularidad y consenso”, lamenta Bakkali, que pide que las fuerzas de centroizquierda italianas vayan juntas a comicios. “Un frente unido es la única opción para dar a los italianos una esperanza alternativa”, concluye la diputada, que insta a seguir luchando y a fomentar la inclusión como antídoto ante el racismo y la remigración de la extrema derecha.

El 4 de julio, en el extremo más meridional de Europa, el papa León XIV se detiene ante dos menores que representan dos formas distintas de esperanza. Una nació en Lampedusa, hija de migrantes marfileños. El otro llegó desde Ghana en una patera, abrazado al cuerpo sin vida de su madre. Ambos recibieron la bendición del pontífice durante su visita pastoral a la isla, convertidos en símbolos de la vida que resisten en la frontera más letal del Mediterráneo.

En su encuentro con el Papa, Leo le ha entregado una nota de su puño y letra en la que le cuenta a León XIV su historia y además le ha regalado un balón muy especial para él. “Querido Papa, estoy muy emocionado de encontrarte. Hace 10 años empezó mi historia aquí en Lampedusa. Estaba solo y había perdido todo, sobre todo a mi madre. Me dicen que he dejado de llorar cuando me dieron un balón de papel, desde aquel día aquel balón permanece en mi corazón y no he dejado de jugar. Espero que esta pelota que te regalo ahora pueda llegar a otro niño que lo haga igual de feliz que a mí”, ha escrito en la nota.

Leo llegó a Lampedusa con apenas 18 meses de vida en 2016. Con él, no llegó nada que permitiera reconstruir su historia al otro lado del Mediterráneo, sólo el cuerpo sin vida de su madre, que le sirvió de salvavidas durante la travesía.

Su historia comenzó a reescribirse cuando un matrimonio de Palermo decidió darle un nuevo hogar. María Elena, su madre adoptiva, recuerda aquellos primeros meses de adaptación con una mezcla de ternura y desgarro. “Los primeros meses fueron muy difíciles. Leo no conseguía dormirse”, recuerda. Fue un proceso lento, marcado por las huellas invisibles de un pasado que, pese a su corta edad, seguía presente. “Lloraba hasta el punto de desmayarse. Cuando eres un bebé, tu puerto seguro es tu madre: su olor, su calor, su voz. Cuando todo eso desaparece de un día para otro, acostumbrarse es muy complicado”, cuenta.

Había otros gestos que hablaban de una memoria que el niño aún no podía expresar con palabras. Después de cada comida, recogía los restos que quedaban en el plato, los envolvía cuidadosamente en una servilleta y los escondía. “A nosotros se nos rompía el corazón al verlo. Sentíamos que no confiaba en que nunca le faltaría comida. Pero tampoco queríamos juzgar ese comportamiento. Sabíamos que era una respuesta a todo lo que había vivido”, relata. María Elena cree que aquel gesto podía ser también una imitación de su madre biológica en Ghana, una forma de reproducir hábitos aprendidos antes del viaje. Con el tiempo, cuando empezó a sentirse seguro en su nuevo hogar, dejó de hacerlo.

“Siempre hemos querido que Leo mantuviera un vínculo con sus orígenes”, explica María Elena. Por eso, desde que Leo era pequeño, ella y su marido procuraron que creciera en un entorno donde la diversidad formase parte de la vida cotidiana. Eligieron para él un colegio internacional, convencidos de que una educación abierta a distintas culturas podía ayudarle a construir su identidad sin renunciar a ninguna de sus raíces. Aun así, el color de su piel hizo que empezara a hacerse preguntas difíciles en su infancia: “¿Por qué soy diferente a mis compañeros?”, “¿Por qué casi todos los negros que veo trabajan en el campo o limpiando las calles?”.

“Nosotros queríamos que creciera sabiendo que vale lo mismo que cualquier otro niño”, explica María Elena, “pero tampoco le podíamos esconder la realidad”. Tarde o temprano iba a encontrarse con los prejuicios y con una sociedad que, muchas veces, sigue asociando el color de la piel a posiciones sociales. Por eso nunca le ocultaron que había nacido en Ghana, que había llegado a Europa en patera y que había sido adoptado. Querían que conociera su pasado para que pudiera construir su futuro sin vergüenza de sus orígenes. “También queríamos que entendiera que puede soñar como cualquier otro niño italiano”, dice su madre. Leo ya tiene claro cuál es su sueño: ser futbolista.

Ahora Leo se asoma a una nueva etapa: la adolescencia. Con ella han llegado también nuevas preguntas y una mayor conciencia sobre su propia historia. “Su sentido de la justicia está cada vez más presente”, explica María Elena. Leo empieza a comprender lo que vivió y la injusticia que marcó el comienzo de su vida. Cada año, la familia regresa a Lampedusa. Es un viaje ya convertido en ritual. Acuden al muelle Favaloro, el mismo donde desembarcan las personas rescatadas en el Mediterráneo. Allí arrojan un ramo de flores al mar y rezan una oración en memoria de la madre biológica de Leo. Después permanecen unos días en la isla antes de regresar a Palermo.

Su historia nace en Lampedusa con Pietro Bartolo

Durante años, Lampedusa ha sido una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas que huyen de la guerra, la persecución, la pobreza o la ausencia de futuro. Sus playas, conocidas durante décadas por el turismo, se transformaron en escenario de una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas.

Leo llegó a Lampedusa en patera en 2016 y fue el único superviviente de aquella travesía. De ese viaje apenas se sabe nada. Nadie puede reconstruir cuántas horas o cuántos días pasó a la deriva en una embarcación precaria, sin apenas agua ni alimentos, expuesto al sol, al frío y al miedo constante de que el Mediterráneo engullera su embarcación. Su historia permanece llena de incógnitas. Lo poco que ha sobrevivido al olvido está escrito en su propio cuerpo.

Cuando María Elena lo conoció, descubrió en su piel varias cicatrices circulares provocadas, según explica, por quemaduras de colillas de tabaco. “Eran marcas de una violencia que nadie debería sufrir, y menos un niño”, recuerda. Es imposible saber con certeza dónde se las hicieron. Pudo ser en su país de origen, durante el trayecto migratorio o en alguno de los lugares por los que pasó antes de embarcar rumbo a Europa.

Al llegar a tierra europea fue atendido por Pietro Bartolo, el médico que durante décadas recibió a miles de personas migrantes en Lampedusa. Su nombre quedó asociado a la respuesta humanitaria en la isla y a la atención de quienes alcanzaban la costa después de travesías extremas. Bartolo no sólo examinaba cuerpos agotados por el viaje; también escuchaba historias marcadas por la violencia, las pérdidas familiares y el exilio.

Pietro Bartolo asegura que detrás de cada desembarco hay una biografía irrepetible. No son cifras ni estadísticas. Son personas. Niños que han perdido a sus padres durante la travesía. Madres que han visto morir a sus hijos en el mar. Jóvenes que abandonaron su hogar sin saber si algún día volverían a verlo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha documentado 1.410 muertes o desapariciones en el Mediterráneo en lo que va de 2026, entre ellos 28 niños. Desde 2014, año en el que se empezaron a registrar estos datos de manera oficial, el organismo estima que 35.070 personas han desaparecido en esta ruta.

Todos llegan a Europa con la esperanza de encontrar una vida digna, pero, como suele advertir el médico italiano, el desembarco no marca el final del sufrimiento, sino el comienzo de un nuevo desafío. Tras sobrevivir al mar, muchos deben enfrentarse a la incertidumbre sobre su futuro, a largos procesos administrativos, a la separación de sus seres queridos y, en ocasiones, al rechazo o indiferencia europea.

Según el Ministerio del Interior de Italia, 14.464 migrantes han llegado al país por vía marítima en lo que va de 2026. Más de la mitad de esos desembarcos se produjeron en Lampedusa, de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Sin embargo, esta cifra representa una caída significativa frente a las 30.598 llegadas registradas en el mismo período de 2025.

Hoy Leo crece junto al mar que casi acaba con su vida. Tiene una familia, un hogar y un futuro. Leo empieza a ser adolescente, juega al fútbol y progresa en las categorías inferiores del Palermo, el club de su ciudad. Habla siciliano y tiene un gran sentido del humor. Quienes lo conocen destacan su talento sobre el terreno de juego, entre ellos Pietro Bartolo, que no oculta el cariño que siente por el niño al que atendió hace una década. “Leo es el nuevo Maradona”, comenta el médico con una sonrisa y mucha convicción.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

Pasan los días de la emergencia –este sábado ya es el décimo–, pero en las calles de Venezuela la gente no deja de preguntarse quién ha sobrevivido y quién no a la tragedia que azota el país caribeño tras los dos terremotos que dejaron –al menos y por ahora–, según cifras del Gobierno, 2.645 personas muertas y más de 12.666 heridos. La esperanza de encontrar sobrevivientes se ha ido diluyendo y el país afronta el tercero de los siete días de duelo nacional decretados por el Gobierno mientras los rescatistas siguen recuperando cuerpos.

“La situación sigue siendo crítica. La mayoría de las organizaciones siguen tratando de salvar vidas porque hay miles de familias de las que todavía no se sabe nada”, dice a elDiario.es y desde el terreno Claudia González, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONG World Vision, que trabaja en el país desde antes de los terremotos.

La organización, una de las ocho integrantes del Comité de Emergencias Español, ha entregado agua, alimentos precocinados, refugio y protección a la infancia, y ha levantado una campaña para recaudar fondos para la crisis. Hasta ahora ha atendido hasta ahora a más de medio centenar de niños, niñas y adolescentes.

En las últimas horas, el rescate con vida de Hernán Gil, vigilante de un edificio que quedó atrapado durante ocho días en su garita de uno de los edificios derrumbados de Catia La Mar, ha puesto el foco internacional sobre el centenar de rescatistas que culminó con éxito una delicada operación de salvamento que se prolongó durante casi 72 horas. Este viernes, otro grupo de rescatistas ha desplegado una operación con drones y perros para salvar a Fabio, un niño de 9 años que permanece desde hace nueve días bajo un edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas, 30 kilómetros al norte de Caracas.

“Hemos pasado una primera etapa de búsqueda y rescate de gente atrapada”, dice desde Brasil a elDiario.es el responsable médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Venezuela, Carlos Arias. Aunque hay que seguir buscando –“siempre hay milagros” y aún puede quedar algún herido con acceso a agua o aire–, la prioridad ahora es “el saneamiento, la gestión de cadáveres, la atención a los desplazados, evitar epidemias y la salud mental”.

Para Rafael Mattar, coordinador de la emergencia de Venezuela por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que lidera la respuesta en materia de protección y albergues, “en esta segunda etapa lo principal es identificar las necesidades de la población, tener un censo de las personas afectadas y, en paralelo, comenzar a diseñar una estrategia de largo plazo”.

La gestión de desplazados, una prioridad

El impacto del terremoto se hace más visible con el paso de los días, con miles de personas aún sin hogar, hospitales al límite y comunidades enteras desplazadas, en un país que ya estaba en crisis desde mucho antes del desastre. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha advertido que la situación humanitaria en las zonas afectadas “se ha deteriorado rápidamente”.

El Gobierno cifra sobre las 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras ACNUR, que también recauda fondos, ha documentado 16.000 ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir: muchas siguen durmiendo en las calles o espacios públicos, mientras otras se alojan con familiares o en refugios temporales como iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas.

“En esta primera etapa, la prioridad ha sido brindar un lugar seguro donde las familias puedan acceder a campamentos temporales y servicios esenciales mientras avanzan las evaluaciones y las acciones de recuperación”, señala a elDiario.es la jefa en Venezuela de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Lía Poggio. Según ella, muchas personas desplazadas provienen de los municipios más afectados del estado La Guaira y permanecerán en estos espacios mientras se determina cuándo podrán regresar a sus comunidades o acceder a un alojamiento de mayor duración.

Hay mucha buena voluntad y eso vale mucho, pero en eventos de esta magnitud lo complicado es coordinar toda la ayuda

Rafael Mattar — Coordinador de ACNUR de la emergencia en Venezuela

“La gestión de los desplazados es una prioridad a corto plazo, señala Arias. Hay mucha gente que ha perdido sus casas, que necesitará un tiempo antes de volver, y será necesario habilitar alojamientos provisionales que eviten el hacinamiento y reduzcan el riesgo de enfermedades y epidemias”.

Acnur, que tiene presencia en Venezuela desde hace 35 años, ha levantado varios albergues temporales donde la población desplazada puede ir a refugiarse y recibe alimentos, ayuda psicosocial y atención en salud. “Es una asistencia un poco más estructurada, bajo la sombra –dice Mattar–, en espacios que han sido habilitados para su permanencia transitoria”.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para quienes hayan perdido sus hogares.

“Venezuela ya era un país con recursos muy limitados porque no estaba ampliamente financiado por la comunidad internacional, aunque su población sí tenía necesidades graves”, dice a elDiario.es la portavoz del Comité de Emergencias Español, Eloisa Molina.

El sistema de salud, que ya enfrentaba dificultades antes de los sismos, ha quedado muy perjudicado, con 35 hospitales y cientos de centros de salud dañados, según MSF. La ONG ha apoyado, hasta ahora, ocho hospitales con kits para atender a unos 4.000 heridos.

“Los venezolanos han dejado atrás su propia emergencia para apoyar a quienes lo necesitaban”, dice Claudia González. “Ha sido una situación que nos ha unido como país, pero que también nos sume en una crisis mucho más profunda que antes del 24 de julio”.

“La ayuda se está organizando mejor”

El despliegue de 3.000 rescatistas procedentes de una treintena de países ha permitido salvar con vida, en los últimos seis días de operaciones, a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. En total, casi 6.500 personas han sido recuperadas, según cifras del gobierno venezolano. Sin embargo, en algunos momentos de la emergencia la coordinación entre los equipos derivó en un complejo caos logístico.

“Hay muy buena voluntad y eso vale mucho, pero en eventos de esta magnitud lo complicado es coordinar todo esto y evitar que haya esfuerzos duplicados”, dice Mattar.

Médicos Sin Fronteras, presente en Venezuela desde 2015 y una de las primeras organizaciones en responder a la emergencia, se desplazó desde el primer momento a La Guaira. “No había nadie cuando llegamos”, dice Arias. “Al día siguiente, empezaron a llegar más actores y el fin de semana ya había muchas organizaciones intentando entrar en La Guaira; tardamos cinco horas en poder acceder”.

En los últimos días, dice Molina, la ayuda “se está organizando mucho mejor, con un control más exhaustivo de quién está entrando, cómo se va a apoyar y la coordinación entre las distintas organizaciones”.

Cifras discordantes

Un interrogante que desde el inicio de la crisis no ha logrado despejarse es la discordancia entre los números publicados por el Gobierno de Delcy Rodríguez y las estimaciones de víctimas fatales y personas desaparecidas. La cifra de fallecidos por el momento está muy alejada de la proyección inicial del Servicio Geológico de Estados Unidos, que estimó un mínimo de 10.000 muertos.

Por su parte, la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) calculó que los desaparecidos se acercarían a los 50.000, una cifra validada por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Se desconoce, además, cuántos de los desaparecidos habrían conseguido contactar con la familia, pero están bien, y cuántos de ellos están muertos.

Reconstruir Venezuela nos va a costar mucho y necesitaremos el apoyo de la comunidad internacional

Claudia González — gerente Relaciones Interinstitucionales de la ONG World Vision

Los responsables de las organizaciones consultadas, que trabajan en coordinación con el gobierno venezolano, coinciden en que esclarecer las cifras de fallecidos ahora es complejo y toman como base para sus labores los datos oficiales.

“El organismo público no puede certificar una muerte hasta haber finalizado todo proceso [de identificación] y todavía están removiendo cuerpos; en las próximas horas podremos tener una dimensión un poco más clara de la tragedia, que estimamos va a ser mucho más grande de lo que se ha mencionado”, dice Claudia González.

Según Carlos Arias, el cómputo lento de fallecidos es normal porque “depende de la capacidad de los países, la experiencia y la gestión de datos”.

“Mucha ayuda durante mucho tiempo”

El futuro, que por ahora sigue muy incierto, apunta a un escenario de reconstrucción “largo”, coinciden los cooperantes.

“Las necesidades van a seguir: habrá miles de heridos crónicos que requerirán rehabilitación; los problemas de salud mental también van a ser crónicos y urge la reconstrucción del sistema de salud que ha quedado muy dañado y costará mucho dinero”, apunta Carlos Arias. “Venezuela va a necesitar mucha ayuda durante mucho tiempo”.

No hay una cifra concreta del costo de la reconstrucción del país caribeño, pero serán miles de millones de dólares. “Reconstruir Venezuela nos va a costar mucho y necesitaremos el apoyo de la comunidad internacional”, dice Claudia González, que espera que la “reactivación petrolera” ayude en este camino.

“La idea –dice Eloisa Molina– es intentar recaudar lo máximo posible para fortalecer los proyectos locales y acoger dentro de estos a personas que hasta la fecha no los necesitaban, pero que ahora han quedado sin absolutamente nada”.

Para la portavoz y directora de Comunicación de World Vision también habrá que apoyar a los sistemas de vacunación y el regreso de la infancia a la escuela lo antes posible.

“La experiencia nos dice que los niños y niñas que durante un periodo prolongado no pueden volver al colegio, ya no vuelven a incorporarse al sistema educativo”.

De estos diez días de fatiga, tensión y angustia, Rafael Mattar rescata la anécdota de una señora que, apenas vio al equipo de Acnur en acción, se le acercó y le dijo que no sabía que “eso existía”. “No sabía que nosotros existíamos”. Sorprendida por cómo “tanta gente podía estar ayudando en una calamidad como esta”, le abrazó y le dio un beso. “Me conmovió profundamente, la verdad. Eso vale oro”.

Acababa de anochecer en Madrid, apenas habían pasado cinco días de la puesta en marcha de la regularización extraordinaria, cuando Brayan preguntó quién era el último de la fila. Una larga hilera de un centenar de personas rodeaba uno de los edificios de servicios sociales municipales de la capital, en una imagen que se repetía en distintos puntos de la ciudad y del resto de España. Como muchos entonces, el joven pasó la noche a la intemperie para conseguir, ya al mediodía del día siguiente, uno de los documentos necesarios para presentar su petición.

Más de dos meses después, Brayan ha recibido lo que tanto esperaba: “Ya tengo número de NIE. Me llegó el permiso de trabajo. Y ya tengo el número de la Seguridad Social”. El joven paisa, de 25 años, había recabado por fin los documentos necesarios para despegar y salir de la clandestinidad. Su caso representa el perfil mayoritario que está detrás de los casi 1,2 millones de expedientes, según el balance anunciado por el Ministerio de Migraciones este jueves.

Hombre, colombiano, de entre 25 y 34 años, que vivía en España de manera irregular desde la expiración de su visado de turista. Un joven, en edad de trabajar, pero que no ha podido hacerlo dado de alta en la Seguridad Social por su situación irregular. Y que ha pedido la regularización en la provincia de Madrid a través de un abogado privado, pero que se ha apoyado en las organizaciones colaboradoras para reunir la documentación necesaria para montar el expediente.

Los datos oficiales concluyen que la mayoría de solicitudes de la regularización extraordinaria provienen de hombres, un 57%. Las mujeres, por su parte, representan el 43% del total de las peticiones. La diferencia por género, sin embargo, es menor entre las peticiones realizadas por demandantes de protección internacional que en las de las personas que se encuentran en situación irregular y debían justificar vínculos laborales, familiares o una situación de vulnerabilidad, según el balance de Inclusión. En el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años “la distribución es paritaria, sin diferencias por tipo de autorización”, añade el documento.

Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez tienen, como Brayan, menos de 34 años. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, ha resaltado la importancia de la concentración de las personas regularizadas en esa franja de edad debido al efecto positivo que puede tener la concesión de sus permisos de residencia en el mercado laboral, en un momento en que la extrema derecha y el PP ponen el acento en el supuesto impacto del proceso extraordinario en los servicios públicos.

Más de un 11% son menores de 15 años

Una vez tramitadas todas las solicitudes, puede sacar de la irregularidad a más de 130.000 menores de 15 años, pues ese tramo de edad (de 0 a 14) representa un 11,1% de las peticiones, según el balance provisional presentado este jueves. Uno de esos niños regularizados será la bebé de Valeria. La mujer, de origen ecuatoriano, vivía de manera irregular desde hace dos años. Su pequeña, que no llega al año, nació en España pero tampoco tiene papeles. “Llevaba soñando varios días con esta cita. He tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, decía entre risas a las puertas de Correos el día que registró su expediente, que incluía la petición automática de su hija.

También podrá beneficiar a la niña de Nora, una mujer peruana que hasta ahora trabaja como empleada doméstica por horas en una casa a las afueras de Madrid. Su precariedad ligada a la irregularidad, cuenta, la llevó a vivir en albergues para personas sin hogar, por lo que los servicios sociales la empujaron a ceder parte de la tutela de su hija mientras no encontraba un lugar digno donde vivir. Tiempo después, con un empleo temporal, pudo empezar a pagar una habitación para ambas. La posible concesión de la regularización, cuenta, le podría dar la estabilidad que necesita para cuidar a la pequeña y a sí misma.

¿De dónde vienen?

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos. Una nacionalidad destaca sobre todas las demás: la colombiana, con casi el 26% de peticiones. A continuación, la marroquí se coloca como la única nacionalidad norteafricana cuyas solicitudes superan el 10% (con un 13,4%). De Venezuela procede un 11,7% de las peticiones; y de Perú, el 8,8%, según los datos oficiales.

Les sigue Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%) y Argelia (3,4%). Senegal, con solo un 2,9% de los expedientes, es el único país subsahariano que aparece en el listado de las diez nacionalidades más presentes en el proceso extraordinario. Por último, destacan Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3), entre otras procedencias que conforman el 20% restante de las demandas de regularización.

¿Dónde trabajan los que ya tienen permiso?

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las cotizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per se que esos ciudadanos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad (pero con otro tipo de autorización). El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues sus equipos matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se encuadran en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quienes han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los sectores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

Estos datos no hablan de dónde trabajaban las personas en situación irregular o los solicitantes de asilo antes de ser admitida su petición, sino de dónde se han dando de alta tras recibir el permiso provisional ligado a la regularización.

La distribución territorial de las solicitudes refleja una fuerte concentración en las grandes ciudades, que suelen generar la mayor atracción migratoria. Cataluña encabeza el proceso con 257.602 peticiones registradas, seguida por la Comunidad de Madrid, con 202.424, y la Comunitat Valenciana, con 167.286. Muy cerca se sitúa Andalucía, que acumula 161.557 solicitudes. Estas cuatro comunidades concentran por sí solas más de la mitad de todas las demandas de regularización, en línea con su peso demográfico y su papel como principales destinos laborales.

En Andalucía, más allá del volumen global, sobresalen provincias como Huelva y Cádiz, donde el proceso ha recaído en mayor medida en las organizaciones sociales, que han canalizado una parte significativa de las solicitudes, según matizó la secretaría de Estado de Migraciones. Ese peso destacado de las entidades colaboradoras desliza la existencia de situaciones de mayor vulnerabilidad y menor acceso a otras vías de tramitación, en lugares con una fuerte presencia de temporeros agrícolas sin papeles.

A cierta distancia aparecen otros territorios con cifras también significativas, aunque más moderadas. Castilla-La Mancha supera las 52.000 solicitudes, mientras que Euskadi roza las 50.000 y la Región de Murcia se sitúa en torno a las 45.000. Castilla y León (casi 40.000) y Galicia (38.747) completan el siguiente bloque, seguidas de Canarias y Baleares, ambas por encima de las 30.000 peticiones.

En el extremo inferior se encuentran comunidades como Navarra, Asturias o Extremadura, con volúmenes mucho menores, y los casos de Ceuta y Melilla, donde el proceso ha tenido un alcance muy limitado. En conjunto, el mapa dibuja una regularización claramente urbana y ligada a los grandes mercados de trabajo, pero con presencia en todo el territorio.

Cómo y por qué la han solicitado

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidas por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), las entidades colaboradoras (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Aunque no destaque su representación en el balance oficial, que por ahora solo incluye la labor de subir el expediente a la plataforma habitual para los trámites de extranjería, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela incidió durante la presentación de los datos en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales han apoyado durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a quienes se han acogido a la medida extraordinaria.

El camino de Brayan hacia la regularización también está marcado por esa aportación menos visible de las organizaciones sociales colaboradoras, que se han deslomado para sacar adelante el procedimiento sin contraprestación económica específica para este fin. El colombiano, tras guardar fila toda la madrugada en aquellos primeros días de plazo, había salido de la oficina municipal con el alivio de haber cumplido su objetivo. Pero los días pasaban y el Ayuntamiento no daba noticias sobre su informe de vulnerabilidad por el que había pasado la noche en vela.

La impotencia llevó al joven a probar suerte en Altius, una de las ONG registradas para apoyar a los solicitantes. “Ese mismo día ya tenía una cita y el certificado”, contó entonces a elDiario.es. Sin esperas, colas ni madrugadas a la intemperie. La organización no subió su expediente, pero su rápida intervención hizo posible que hoy Brayan haya empezado a buscar trabajo como un ciudadano más.

Ya hay cifras de la regularización extraordinaria de migrantes. El plazo del procedimiento ha cerrado con más de 1.174.978 solicitudes presentadas, un alcance que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y marca un máximo histórico en comparación con procesos similares impulsados anteriormente en España, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De las más de un millón de peticiones, el Ejecutivo ha admitido a trámite por ahora 609.737 expedientes, lo que supone que al menos ese número de personas cuenta con un permiso de residencia provisional hasta obtener la resolución definitiva. De ellas, 11.000 ciudadanos han recibido ya una respuesta favorable de manera definitiva.

La cifra total de solicitudes ayuda a dimensionar una realidad invisible y difícil de cuantificar: la de cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en el país de forma irregular, muchas de ellas incluso sin acceso al padrón. Una población que, ahora, podrá salir de la clandestinidad, acceder a sus derechos y aportar como cualquier ciudadano, tras la puesta en marcha de una medida impulsada durante más de seis años desde la calle, a través del movimiento Regularización Ya, liderado por personas migrantes y racializadas. El balance definitivo de expedientes, que no alcanza los 1,2 millones, no coincide con las cifras publicadas por varios medios en la última semana, que aseguraban que el procedimiento había superado los 1,3 millones de demandas.

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos, como adelantó elDiario.es hace dos semanas y confirman ahora el balance oficial aportado por el Ministerio tras el cierre de las ventanillas. El dato ratifica que la mayor parte de quienes han solicitado la regularización no han tenido que atravesar una frontera de manera irregular, sino que han entrado en España en avión. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose con un 27% de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje, le sigue la marroquí, con un 13,4%; la venezolana, que representa el 11,7% de las solicitudes; y la peruana, con el 8,8%, según los datos oficiales a los que ha accedido elDiario.es. El Ministerio de Inclusión ha programado una convocatoria de prensa esta mañana para detallar el balance oficial del procedimiento.

“La cifra pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestros país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”, ha declarado la ministra Elma Saiz, en un vídeo difundido este jueves. “Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos orgullosos”, ha añadido la titular de Inclusión.

¿Quiénes la han pedido?

La medida ha tenido un peso especial para los niños y adolescentes. Según el balance inicial del Ministerio, las peticiones ligadas a quienes tienen entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, lo que puede explicarse con las facilidades que este proceso ha dado específicamente a los menores de edad, a través de la concesión automática en la mismo expediente de sus progenitores.

Sobre el perfil de los solicitantes, los hombres han presentado más solicitudes que las mujeres, aunque en porcentajes próximos. Ellos representan un 57% de las peticiones mientras que ellas, el 43%. Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años, unos datos que han sido enfatizados por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, para explicar cómo puede impactar la regularización en el mercado laboral y en la aportación de los empleados extranjeros a las arcas públicas.

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per sé que esos ciudadnos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad. El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha recalcado 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se enmarcan en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quines han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

En el primer semestre de 2026, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se ha convertido en “uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España”, recuerdan desde el Ministerio. Según Álvarez, el ritmo de aumento “se ha ido acelerando” desde finales del mes de abril, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Catalunya y Madrid concentran más solicitudes

En función del lugar donde han sido recibidas, las autonomías que han recogido un mayor número de expedientes son Catalunya, donde se han presentado más de 257.000 peticiones; y la Comunidad de Madrid, con 202.000. También destacan las cifras de los tramites presentados en las ventanillas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que encaja con las regiones con más población nacida en el extranjera.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado el papel que ha tenido en todo el proceso todos los actores del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, ha señalado. Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Cancela ha hecho hincapie en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

El número de solicitudes registradas no suele coincidir con el de las personas que finalmente serán regularizadas. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo, ya superadas, estimaban la recepción de 750.000 peticiones, de las que calculaban aceptar unas 500.000, teniendo en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos. Fuentes gubernamentales han asegurado a elDiario.es que todas las personas que han registrado una solicitud recibirán una respuesta, negativa o positiva, por lo que descartan que el silencio administrativo se interprete como una denegación.

Por ahora, casi el 52% de las solicitudes han sido admitidas a trámite, aunque el Gobierno continúa estudiando los expedientes a un ritmo que todavía no ha cumplido con el plazo de 15 días anunciado. Con la causa abierta por PP y Vox en el Tribunal Supremo, y ante una mínima —aunque poco probable— posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo ha asegurado que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes han solicitado la regularización.

Las principales nacionalidades se ajustan a las recogidas por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años, cuyos estudios incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros del padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, por delante de Marruecos. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Entre las más de 608.000 personas cuya solicitud ha sido admitida a trámite está Missael. Tras abandonar Perú, el joven viajó a España con visado de turista, como suele ocurrir con la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Una vez expirado su permiso, se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que le permitió contar con una autorización temporal mientras se estudiaba su caso. Hace casi más de medio año, la denegación de su petición de protección internacional le empujó de nuevo a la clandestinidad.

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, explicó a elDiario.es hace un mes.

Desde entonces, trabaja por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público, mientras continúa con sus estudios de Formación Profesional. Cuatro días después de recibir la autorización provisional ligada a la admisión a trámite, consiguió un empleo en el que cotizar. Durante el tiempo en que no tenía papeles, reconoce, no dejó de trabajar, aunque lo hacía de forma irregular, en empleos más precarios y menos estables. Ahora está dado de alta en la Seguridad Social y ha recuperado sus derechos como ciudadano. Antes no existía; ahora ha salido de la invisibilidad.

En la ciudad sudafricana de Durban, la tensión se palpaba en el ambiente. Los comercios habían echado la verja y el silencio, poco común en la calle, era generalizado. Varios miles de manifestantes ataviados con trajes zulúes marcharon por la localidad costera. Blandiendo palos y porras, gritaban “Abahambe!” (“¡Que se vayan!”, en isizulu, la lengua más hablada del país), una frase que se ha convertido en el grito de guerra de las protestas contra la inmigración.

Sudáfrica contuvo la respiración este martes mientras se desarrollaban nuevas protestas masivas en todo el país, tras una campaña de varias semanas contra los extranjeros que ha dejado al menos cuatro muertos y decenas de miles de personas huyendo en busca de seguridad.

Los grupos activistas que están detrás de las protestas pusieron un plazo arbitrario a las personas sin papeles hasta el 30 de junio para abandonar el país, y muchos temen que el ultimátum degenere en violencia.

“Ahora no tengo plan, solo volver a casa”

En los días previos a la fecha límite, miles de personas huyeron de sus hogares presas del miedo y durmieron a la intemperie en las aceras, en campos abiertos y en campamentos improvisados, con la esperanza de ser repatriadas a sus países de origen. Varios gobiernos africanos fletaron autobuses o aviones para traer de vuelta a sus ciudadanos y hasta la fecha más de 25.000 personas han sido repatriadas, según la policía

En la ciudad de Pietermaritzburg, a 80 kilómetros de Durban, donde un ciudadano de Malaui de 29 años fue asesinado por una multitud tras una protesta el 19 de junio, cientos de familias acamparon durante días frente a un edificio abandonado.

Sobre un jardín cubierto de maleza, una cola serpenteaba en vísperas de las protestas del día 30. Madres y niños agotados se sentaban alrededor de hogueras, mientras la gente subía sus pertenencias, apretujadas en bolsas, a los autobuses que se dirigían a la frontera norte de Sudáfrica. Las autoridades se daban prisa por deportar al mayor número posible de gente.

Jackson Makungwa estaba en una de esas colas con dos maletas pequeñas: todo lo que podía llevarse tras 10 años construyendo una vida en Sudáfrica. Este hombre de 29 años, originario de Malaui, pensaba que Sudáfrica era un “país de esperanza”, pero llevaba dos años sin poder renovar el permiso de trabajo, según explicó. “No es que quiera estar en el país de forma ilegal, pero el sistema no me permite estar legalmente”, lamentaba, entre suspiros.

Makungwa se resistió durante semanas a las crecientes súplicas de su madre para que se marchara. Acabó cediendo después de que siete hombres agrediesen a un amigo de Malaui. “Dijeron que la fecha límite es el día 30, así que me atacarán si me quedo”, explicó. Mostró una foto de su hijo en el teléfono, fruto de su relación con una madre sudafricana. No consiguió a tiempo los documentos de viaje para el bebé. “Me veo obligado a dejarlo atrás. Hoy cumple dos meses”, relató.

La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración

Philile Ntuli — Comisión Sudafricana de Derechos Humanos

Un poco más adelante, en un campamento improvisado montado por familias procedentes de Zimbabue, a Lydia Mpingashato acababan de comunicarle que la han despedido de su trabajo de limpiadora. Los niños corrían mientras las mujeres cocinaban en fuegos al aire libre. Muchos —incluidas personas con papeles— afirmaban que los propietarios los habían desahuciado por temor a represalias por alquilar a migrantes.

Mpingashato esperaba un taxi compartido en el barrio donde llevaba 17 años viviendo cuando un hombre la amenazó. “Me dijo que me quemaría la casa y mataría a mi familia”, contó. “Ahora no tengo plan; solo volver a casa para estar a salvo”, detalló. Su hijo, de 17 años, también se vio obligado a huir de lo que para él ha sido el único hogar que ha conocido, y dejar atrás a muchos amigos sudafricanos. “Cuando vio el campamento, me dijo: 'En realidad, nunca nos quisieron”.

“Pasaremos a la acción”

Muchos sudafricanos culpan a los migrantes de otras partes del continente de la elevada tasa de paro y los altos niveles de delincuencia del país. “La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración”, afirma Philile Ntuli, de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos.

El país, que acoge a unos 2,4 millones de extranjeros (con y sin papeles) según los datos del censo de 2022, tiene un largo historial de violencia contra las personas migrantes. Los disturbios xenófobos de 2008 se cobraron 62 vidas y provocaron el desplazamiento de más de 150.000 personas. Otra ola de ataques en 2015 dejó al menos cinco muertos.

En respuesta a las últimas tensiones, el Gobierno ha tratado de calmar la ira intensificando su campaña contra la inmigración indocumentada. La policía afirma que ha detenido a más de 50.000 migrantes sin papeles desde enero. El lunes por la noche, el presidente Cyril Ramaphosa se reunió con algunos de los líderes de las protestas y advirtió a los sudafricanos de que no deben tomarse la justicia por su mano.

A medida que comenzaban las marchas por todo el país, se observaba un fuerte despliegue de seguridad en previsión de los posibles disturbios. En Durban, los helicópteros sobrevolaban la zona mientras la policía y los guardias de seguridad privados vigilaban desde vehículos blindados. Los organizadores instaron a los manifestantes a mantener la calma y evitar los saqueos, pero algunos participantes lanzaron amenazas apenas veladas sobre lo que ocurriría tras la “fecha límite”.

A medida que la multitud pasaba junto a bloques de pisos en ruinas, algunos manifestantes señalaban a las familias que observaban desde las ventanas, gritándoles que abandonaran el país y haciendo gestos de degüello. “Puedo oler a los extranjeros”, dijo un hombre que llevaba un escudo.

“Hemos sido amables. Mañana no lo seremos. Pasaremos a la acción”, afirmó Nkosi Ndlovu, un pastor de 48 años que acusa a los migrantes de vender drogas a los jóvenes locales, incluida su cuñada.

En las afueras de la marcha, Mfundo Zulu, de 40 años, dice que los migrantes quitan el trabajo a los sudafricanos al aceptar salarios más bajos. “Esos son nuestros hijos, nuestra juventud está muerta”, aseguraba, señalando a un campamento de personas sin hogar. Dado que miles de personas habían huido del país en las últimas semanas, asegura que de repente hay muchos trabajos disponibles. “Ahora la vida será mejor”, añadía su amiga. “No los odiamos, pero se han quedado más tiempo del permitido”.

“Vivimos como si ya estuviéramos muertos”

Mukandjwa Shomri, del Southern Africa Refugee Organisations Forum (Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional), cree que el Gobierno de Sudáfrica “no está haciendo lo suficiente” para exigir responsabilidades a los perpetradores de la violencia xenófoba. “Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles”, explica. “Nos atacan en las calles, en la comunidad y en la administración pública”.

“La esperanza que muchos teníamos como refugiados cuando llegamos al país —que Sudáfrica defiende los derechos humanos, un país reconocido internacionalmente como un Estado democrático— ya no existe”, afirma.

Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles

Mukandjwa Shomri — Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional

Hablando por teléfono desde un refugio, Leon dice temer lo que pudiera pasar tras el 30 de junio. Este solicitante de asilo de la República Democrática del Congo, que lleva en Sudáfrica desde 2014, se vio obligado a pasar a la clandestinidad después de que atacaran su tienda el 19 de junio. Pide que solo se le identifique por el nombre de pila.

“Hasta la policía nos dice abiertamente que están hartos de nosotros, que debemos abandonar el país”, afirma con voz temblorosa. El acoso ya era algo habitual desde hacía años, “pero ahora tienen la oportunidad de hacerlo abiertamente”, añade. “A partir del 30 de junio, la situación será aún peor”, se teme.

Algunos días, Leon se arrepiente de haber buscado refugio en Sudáfrica, un país en el que pensaba que encontraría paz. “Vivimos como si ya estuviéramos muertos”, compara, y advierte: “Nos lo esperamos todo”.

La Comisión Europea no ha querido este martes hacer comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo de preguntar al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. La Comisión ya contestó en enero que la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades, aunque varios países han recriminado a España la regularización por las posibles consecuencias que puede tener para sus países en caso de movimientos dentro de la UE.

Esta recriminación se hizo evidente en el pasado Consejo Europeo, cuando varios líderes europeos reprocharon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la regularización extraordinaria de migrantes en España podría tener un posible impacto en el resto de socios. Los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones.

Este martes, un portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a decir ante las preguntas de los periodistas sobre las providencias del Supremo que “está todavía en los tribunales españoles. No hay más comentarios al respecto”. Sin embargo, el pasado enero, el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, al ser preguntado por la iniciativa del Ejecutivo español explicó que “es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”.

Entonces tanto el PP como la formación ultraderechista Vox anunciaron que llevarían ante las instituciones europeas la medida para intentar frenarla. Entonces el comisario europeo competente en Inmigración dejó claro que el Gobierno español estaba haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para soluciones este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, argumentó Brunner.

Posteriormente, ante la presión de varios países y de las formaciones de derechas y ultraderecha en el Parlamento Europeo, el comisario europeo respondió a una pregunta del PP europeo en la que insistía en que “sin perjuicio del reparto de competencias definido por el ordenamiento jurídico de la Unión en relación con las políticas y las decisiones individuales de regularización del estatuto de los ciudadanos de terceros países en situación irregular”, es decir, que el proceso de regularización es competencia del Estado español, Brunner añadía que “las decisiones de los Estados miembro, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembro y para la Unión en su conjunto”.

En este sentido, Brunner hizo una interpretación propia de la normativa europea al señalar que “un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse. Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia”. Lo cual no significa que la medida española sea ilegal, sino que el comisario europeo está solicitando que un permiso de residencia en un país no permita moverse por el espacio Schengen.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el planteamiento del comisario europeo. El TJUE sentenció a principio de junio que tener un permiso de residencia en un país de la UE no excluye que se le pueda conceder en otro país de la UE, pero además dictamina que hay que tener en cuenta aspectos como la unidad familiar a la hora de la concesión de estos permisos y que no se debería expulsar a una persona de un país sin tener en cuenta estos condicionantes.

El mismo día que Pedro Sánchez ha hecho gala de su política migratoria acompañado de ocho ministros, con la regularización como bandera y el anuncio del nuevo plan de integración, se ha conocido un nuevo paso del Tribunal Supremo sobre los recursos en contra del procedimiento extraordinario del que ya depende más de un millón de personas. Los magistrados han preguntado a las partes si consideran procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno colisiona con las directivas europeas. El Ejecutivo, sin embargo, ha lanzado un mensaje “de tranquilidad” a todos los solicitantes, confiando en que la medida cumple con la normativa europea.

“La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, responden fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de la medida de la que dependen ya más de un millón de peticiones.

Según explican las mismas fuentes, el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio. En este sentido, el departamento dirigido por Elma Saiz está trabajando con la Abogacía del Estado “para aclarar las cuestiones planteadas”. Una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva esta cuestión al TJUE para que opine sobre si la regularización puede ir en contra de las directivas comunitarias, especialmente de aquellas ligadas al nuevo pacto migratorio europeo. Desde el Gobierno aseguran que la normativa que rige la regularización está en consonancia con la legislación comunitaria.

En caso de que los magistrados decidan elevar la cuestión al tribunal comunitario, el Ministerio considera que la actuación “serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión”. “Recordamos que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en el territorio español”, añaden.

Más allá de mostrar su confianza en la seguridad jurídica del real decreto de la regularización, fuentes del Gobierno recuerdan los prolongados plazos que suele conllevar este tipo de cuestiones prejudiciales, que precederían a la decisión de los jueces encargados del asunto, todos conservadores. El Ejecutivo confía en que, decida lo que decida sobre el fondo del asunto, la resolución llegará cuando todas las solicitudes hayan sido admitidas a trámite y, por tanto, el derecho efectivo a la residencia, aunque sea temporal, ya esté reconocido en los casos que cumplan los requisitos. Las fuentes gubernamentales sostienen que revocar ese derecho sería prácticamente imposible.

En dos providencias que responden a recursos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre determinados aspectos del Real Decreto 316/2026, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha dado cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de que el TJUE interprete si puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea. Y da este paso antes de resolver sobre las cautelares que ambas comunidades solicitaban en sendos recursos.

El procedimiento

El Tribunal Supremo ha acordado preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas.

A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Los magistrados entendían que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaban así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso, ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid.

Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox, pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

La decisión de este martes de valorar si se eleva el asunto al TJUE la adopta una sección conformada por solo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014, siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón.

En cambio, la resolución previa del Supremo de no aceptar la paralización cautelar que solicitaba, entre otros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue adoptada por esa misma sección, pero conformada por hasta siete magistrados. Ya entonces, Román y Olea emitieron un voto particular en el que señalaban la conveniencia de que se elevara una cuestión prejudicial, para lo que se debía suspender, de facto, la regularización extraordinaria. Pero fueron minoría y no tuvieron el apoyo de Lesmes en esa ocasión. Fuentes del Supremo consultadas por elDiario.es indican que, ahora, solo han participado tres porque se trataba de una providencia y no de una resolución, informan Javier Lillo y Alberto Pozas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una dotación anual de 500 millones de euros para un plan de integración que busca “garantizar el cumplimiento de los derechos y los deberes” de las personas migrantes en España, mientras la Administración continúa analizando más de un millón de solicitudes de regularización. “La regularización es un éxito de gestión migratoria, un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas. Y el plan de integración convierte ese primer paso en un proyecto de vida”, ha resumido el jefe del Ejecutivo en un discurso en el que ha defendido el proceso extraordinario “por moralidad e inteligencia”.

El plan de integración, anunciado por Pedro Sánchez hace más de un año, ha visto la luz el mismo día en que finaliza el plazo para la presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria. Se trata de un gesto que pretende subrayar la importancia de acompañar el proceso con medidas concretas destinadas a asegurar la inclusión de los recién llegados, a través de pilares como la formación, el refuerzo de los servicios públicos o la inversión en programas formativos en los sectores con mayor demanda de mano de obra, según ha explicado el jefe del Ejecutivo.

Para detallar el alcance del plan, fuentes del Gobierno inciden en que la regularización extraordinaria debe entenderse como un paso previo dentro de un proceso más amplio de inclusión social y laboral. Sostienen que el objetivo del Ejecutivo es que las personas que ya residen en España puedan desarrollar un “proyecto de vida” en condiciones de estabilidad jurídica, acceso al empleo y plenos derechos, evitando situaciones de invisibilidad o vulnerabilidad.

Desde el Ejecutivo insisten en que el plan no está dirigido exclusivamente a la población migrante, sino al conjunto de la sociedad. Explican que muchas de las medidas previstas afectan directamente a los servicios públicos y a las administraciones territoriales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en ámbitos como la educación, la sanidad o el acceso a la vivienda, donde identifican tensiones vinculadas a la exclusión social más que al volumen de llegadas.

El plan aborda los posibles desafíos ligados a los procesos migratorios a través, principalmente, de la lucha contra la exclusión, el apoyo en el aprendizaje de idiomas y los programas de inclusión comunitaria, según fuentes del Gobierno. “El proceso de regularización, con más de un millón de solicitudes presentadas, demuestra que detrás de cada petición hay una persona que quiere formar parte [de la sociedad] con todos los derechos y deberes. Los retos vienen de la exclusión. La exclusión no favorece a nadie, no da prioridad nacional a nadie; hace la vida más difícil tanto a quien llega como a quien acoge”, ha afirmado Sánchez en la inauguración del acto.

La hoja de ruta contará con “cuatro grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos”. El Gobierno aclara que el diseño del plan incluye una coordinación interministerial y una planificación progresiva hasta 2030, con medidas presupuestadas y evaluables. La ejecución se realizará de forma escalonada, priorizando aquellas actuaciones vinculadas al empleo y a los servicios públicos durante los primeros años de despliegue.

El primer eje se centra en la “integración” y en la activación de más vías de migración ordenada y regular. Según Sánchez, “esto exige pensar en dos cuestiones: cómo llega la gente a nuestro país y cómo vive con nosotros”. En este sentido, el Gobierno plantea abrir más vías legales y ordenadas para facilitar la integración desde el primer día.

“Es importante empezar antes de cruzar la frontera”, ha añadido el presidente. Con este objetivo, el Gobierno se compromete a poner en marcha una agencia estatal de movilidad humana, que reunirá funciones y recursos hoy dispersos para ofrecer una gestión más eficaz, manteniendo los procedimientos actuales y las medidas ligadas al control fronterizo. No obstante, fuentes gubernamentales matizan que la creación de dicha agencia requerirá la aprobación de una norma con respaldo parlamentario, por lo que su impulso en esta legislatura no parece probable.

El segundo eje sitúa el empleo como la principal herramienta de inclusión. “No hay integración plena sin autonomía”, ha señalado. Con este objetivo, el Gobierno activará una oferta extraordinaria de Formación Profesional, especialmente en los sectores con mayor necesidad de mano de obra, con una dotación superior a 150 millones de euros.

El tercer eje aborda la integración como un “compromiso recíproco”. En este ámbito, Sánchez ha subrayado que la sociedad española tiene la responsabilidad de garantizar los valores y el marco legislativo, así como de asegurar la igualdad de trato y combatir la discriminación. Al mismo tiempo, ha añadido, quienes llegan deben respetar las leyes, aprender las lenguas cooficiales y compartir los valores comunes. “Deben formar parte de esa comunidad”, ha insistido.

“En España esas reglas son claras: valores democráticos, derechos LGTBI, aconfesionalidad del Estado, respeto al diferente. No son condiciones para unos ni privilegios para otros; son las reglas de todos”, ha añadido. Para ello, el Gobierno reforzará los recursos de las administraciones implicadas en la inclusión, como los ayuntamientos. El plan incluye una dotación de 30 millones de euros destinada a reforzar el aprendizaje de los idiomas oficiales y los programas de integración comunitaria para mejorar la convivencia en barrios y ciudades. El objetivo, según Sánchez, es avanzar en la inclusión trabajando tanto con las personas migrantes como con la sociedad de acogida.

“Vamos a reforzar la lucha contra lo que cada vez es más común: los discursos de odio, mejorando el apoyo a las víctimas”, ha señalado el presidente.

Por último, el cuarto eje se orienta a garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades. El plan contempla eliminar las barreras culturales, sociales y económicas para asegurar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos. El Ejecutivo destinará 200 millones de euros a reforzar estos servicios, impulsar el éxito educativo y combatir la segregación escolar.

“Sabemos que persisten desafíos importantes”, ha asegurado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en el cierre del evento. “Necesitamos respuestas serenas, políticas públicas basadas en la evidencia y la convicción de que una sociedad cohesionada nunca se construye levantando muros entre vecinos, sino tendiendo puentes entre personas”, ha concluido.

Empresas, sindicatos y solicitantes

Al discurso de Sánchez le ha seguido la celebración de varias mesas redondas en las que los agentes sociales, ONG y solicitantes de la regularización extraordinaria han aportado su visión sobre el procedimiento y los retos surgidos a partir de ahora, tras el cierre del registro de peticiones. En la primera conversación, centrada en el ámbito laboral, han compartido el diagnóstico de la necesidad de mano de obra en distintos sectores, aunque con matices en el enfoque. Desde CEOE, Antonio Garamendi ha puesto el acento en la regularización administrativa y en la existencia de vacantes en la economía española, mientras que CEPYME ha advertido de que la falta de personal afecta especialmente a las pequeñas y microempresas. Desde el ámbito sindical, CCOO y UGT han defendido la aportación de la población migrante, reclamando “políticas de gestión ordenada” que eviten la explotación laboral, garanticen derechos y refuercen los servicios públicos.

Desde el ámbito social, Diego Fernández Maldonado, responsable de Incidencias sobre Migraciones de Cáritas, ha definido el procedimiento como un “hito histórico”. Ha subrayado que la regularización supone el inicio de un recorrido más largo en el que aún quedan retos por resolver, y en el que será clave el acompañamiento a quienes acaban de obtener la documentación. “Tiene que haber una respuesta comunitaria en el acompañamiento de estas personas, no se trata solo de conseguir la regularidad, hay que acompañar a estas personas”, ha apuntado.

La mirada personal la ha aportado la propia voz de los solicitantes. Jenny Carlota Garay, peruana, ha relatado en primera persona el esfuerzo de dejar atrás a la familia y sostener trabajos durante años en situación irregular. “Ser migrante no es fácil, significa alejarse de la familia, aceptar trabajos duros y demostrar cada día que hemos venido a aportar”, ha explicado, reivindicando la migración como una historia de esfuerzo y contribución a la sociedad de acogida.

Después de dos meses y medio de colas, dudas, trabas burocráticas inesperadas y celebraciones por cada petición registrada, este martes a medianoche finaliza el plazo de presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes. La primera etapa del procedimiento concluirá con las previsiones iniciales superadas, pues la cifra supera ya el millón de solicitudes presentadas, frente a las 750.000 que el Gobierno calculaba recibir -de las que estimaba aceptar 500.000-, un desfase que se explica con la habitual dificultad de calcular la cantidad de personas que viven en España de manera irregular. 

Las imágenes de grandes filas de personas para realizar los trámites necesarios para pedir la regularización fueron disipándose tras las dos primeras semanas de plazo. Eran muchos los que no querían esperar para ponerse en marcha ante la posibilidad de que cualquier imprevisto pudiese dejarles fuera de un procedimiento que supone el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Transcurridos dos meses y medio del inicio del plazo, sin embargo, las peticiones no han dejado de presentarse y algunos de los colectivos que integran el movimiento Regularización YA han montado un dispositivo hasta este martes a las 23:59 horas, conscientes de que aún hay personas que no han podido registrar su petición por diversos obstáculos con los que se han topado por el camino. 

“Vamos a utilizar cada minuto porque dos meses y medio no ha sido suficiente”, dice Victoria Columba, portavoz del Colectivo Regularización YA, presente en Catalunya. “A eso se suma que la exigencia del informe de vulnerabilidad nos ha hecho perder un mes de los dos meses y medio de plazo, porque mucha gente tardó mucho tiempo en cumplir este trámite, y los problemas con la legalización de los antecedentes penales o las directrices confusas por parte de la Administración.. ”, describe. La plataforma registró en el Congreso de los Diputados hace un mes una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la ampliación del plazo de registro de peticiones, ante las trabas detectadas hasta entonces. También exigían la paralización de los vuelos de deportación, y la posibilidad de faciliatar la regularización a los extranjeros encerrados en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Sin embargo, sus demandas no fueron atendidas, la maquinaria de retorno nunca se paralizó y el plazo finalizará este martes a medianoche, como estaba previsto.

La exigencia del informe de vulnerabilidad y la dificultad para conseguirlo en algunas comunidades autónomas, los problemas con la legalización de los antecedentes penales u otros certificados necesarios por la escasez de recursos de algunos consulados españoles, la falta de respuesta de las autoridades de determinados países de origen y los intentos de boicoteo por parte de las administraciones lideradas por el PP y la extrema derecha -con un intento de paralización frustrada en los tribunales- han marcado el procedimiento, pero no han podido con él. “Celebramos que miles de personas que podrían haberse regularizad de otro modo, van a poder hacerlo”, dice ^la portavoz del colectivo. “Pero nos da rabia quien va a quedar excluido”.

El bloqueo de algunos consulados españoles

Muchos de los casos que han acabado presentando su solicitud a última hora (si es que lo logran) reflejan las principales complicaciones del proceso y los grupos de personas más afectadas por ellos. Juanjo Castillo, abogado en Valencia, cuenta que tiene pendiente de subir a la plataforma Mercurio nueve expedientes. “Todos son de argelinos”, comenta el letrado. La explicación esconde una de las trabas: los ciudadanos procedentes de los países que no han firmado el Convenio de la Haya necesitan realizar un trámite extra para que los certificados emitidos por las autoridades de su lugar de origen sean válidos. Dicha gestión depende de los consulados españoles, que no están dando respuestas con la agilidad que exigen los plazos de la regularización extraordinaria. 

En el caso de Argelia, el acuerdo de la apostilla entrará en vigor el 9 de julio. Por eso abogados y ONG han esperado a presentar estos casos hasta el último momento, con la intención de que, una vez que el pacto sea activado, dé tiempo a solicitar otra vez el certificado de antecedentes a las autoridades argelinas sin necesidad de ser apostillado, pues confían que esa estrategia sea más eficaz que aguardar a la respuesta del consulado español o el Ministerio de Exteriores, que aún no han aportado ninguna solución. “Los de los argelinos los he dejado para el último momento. Incluímos una declaración responsable de haber solicitado los antecedentes y la legalización en el consulado. Y esperemos que podamos añadir el trámite posteriormente”, explica el letrado. 

Además de Argelia, Cuba, Sudán, Libia, Haití o China son algunos de los Estados cuyos nacionales están encontrando problemas para lograr la legalización del certificado de penales. La falta de recursos suficientes por parte del Ministerio de Exteriores ha generado un tapón que está afectando especialmente a los ciudadanos argelinos y cubanos, al ser las nacionalidades más numerosas entre las afectadas por esta situación. 

Quienes han podido permitirse el pago de un abogado privado o están siendo acompañadas por una ONG implicada han encontrado algunas estrategias, como la explicada por Castillo, para esquivar este obstáculo. Pero el movimiento de Regularización YA advierte de que “mucha gente” ha podido quedarse en el camino, pues sospechan que algunos han desistido al no lograr cumplir con el trámite y desconocer cómo hacerlo. “Muchas personas de Argelia han intentado de todas las maneras legalizar sus antecedentes y ya lo dan por perdido. Nosotras vamos a presentarlas igual, con una declaración responsable. Pero tememos que las vayan a rechazar”, lamenta Victoria Columba, portavoz del movimiento impulsor de la medida. 

Internas sin permiso para hacer los trámites

Miriam es una de las personas que tampoco pudo presentar su petición hasta este fin de semana. Este viernes acudió a la sede de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), en Madrid, para conseguir el certificado de vulnerabilidad exigido para las personas sin papeles que no pueden probar una vinculación laboral. Al día siguiente, el sábado, tenía cita en el mismo lugar para subir su expediente. Si apuró el plazo, cuenta, no fue por dejadez ni despiste. Fue por un horario laboral que impide la implicación que exige tantas gestiones burocráticas y la negativa de sus empleadores a concederle un permiso, explica. Miriam, como muchas mujeres migrantes en situación irregular, trabaja como interna cuidando a una pareja de ancianos en una vivienda de Madrid. “Ha coincidido que uno de ellos se puso muy enfermo, y no podía dejarles. No podía ni tomar los descansos que me correspondían en el fin de semana”, explicaba la mujer latinoamericana mientras esperaba a ser atendida. 

Llegó a España hace tres años y no ha podido solicitar una tarjeta de residencia hasta ahora. Para conseguirlo antes de la regularización extraordinaria, necesitaba un precontrato de trabajo que los distintos empleadores para los que ha trabajado irregularmente no le han querido facilitar, asegura. Su petición, de ser aceptada, incluye también a su pequeña. “Menos mal que puedo presentarla aquí en fin de semana. Ojalá pueda encontrar un trabajo con condiciones dignas si consigo los papeles”, dijo la mujer. 

Ahora qué

Pese a las distintas trabas, el colectivo impulsor de la medida celebra los logros conseguidos. “Hemos conseguido un hito histórico en democracia española. Forzamos a hacer una regularización en medio del desequilibrio que tiene para gobernar el PSOE, entre acusaciones, corrupción, falta de presupuesto etc. Muchos colectivos pequeños hemos estado a la altura, emitiendo los certificados de vulenerabilidad que no emitían los servicios sociales, nos hemos personado en contra de la medida cautelar por la que PP y Vox pedían tumbar el procedimiento... Pero no han podido hacerlo y cientos de miles de personas van a regularizarse”, defiende la portavoz de Regularización YA.

Una vez que finalice el plazo de registro de solicitudes, la Administración tiene tres meses desde la admisión a trámite de cada petición para estudiarlas a fondo. Cuando los beneficiarios reciban la respuesta positiva definitiva, estos deberán pedir la Tarjeta de identificación de Extranjero (TIE), un trámite que corre el riesgo de convertirse en un nuevo cuello de botella del procedimiento. La gestión, que depende de la Policía Nacional, requiere de una cita en comisaría para realizar la toma de huellas necesaria para emitir el documento acreditativo. Sin embargo, conseguir una cita de extranjería se convirtió desde hace años en una tarea casi imposible, debido entre otras razones a las redes que se lucran de la venta de citas en el mercado clandestino.

Este lunes, el sindicato Comisiones Obreras ha reclamado al Gobierno que refuerce los recursos de la Policía Nacional para afrontar el siguiente paso del proceso extraordinario de regularización. Según afirmó, este trámite ya está generando “problemas”. Este paso, que depende del Ministerio del Interior, es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculo. Algunos colectivos del movimiento Regularización YA asumen que va a ser la siguiente batalla: “Después de subir expedientes, vendrá la odisea para conseguir citas de huellas. Se les va a juntar muchísima gente, porque además hay un retraso enorme en las admisiones a trámite de las peticiones”, advierte Columba.

Pero ese será la batalla de mañana. Este martes, el colectivo Regularización YA en Catalunya y otras tantas ONG colaboradoras y abogados de extranjería estarán centrados en subir cada expediente que sea necesario hasta las 23:59 horas. “Nuestro temor es toda la gente que se ha quedado fuera. Por todas las trabas que ha habido, entendemos que todavía queda gente que no ha podido presentar su petición. Mañana estaremos pendientes, intentando hacer todo lo posible, pero sabemos que no será suficiente”, concluye la portavoz del movimiento impulsor.