Desde que se anunció la regularización extraordinaria, Partido Popular y Vox han insistido en lanzar el mensaje de que la medida dará los papeles a personas delincuentes, algo que choca con los requisitos de la norma que lo regula. Si en un primer momento aseguraban que el Gobierno no exigiría la carencia de antecedentes penales, algo que es falso. Luego, se aferraron a una supuesta falta de revisión de los antecedentes policiales, que tampoco era tal. En los últimos días, una instrucción dirigida a instituciones penitenciarias ha vuelto a activar el relato que conecta la regularización con la delincuencia. Sin embargo, las exigencias establecidas en la norma, y en la propia Ley de Extranjería, establece varios filtros para impedir que esto suceda.

“No tiene que pasar un filtro, sino tres. Y la experiencia en extranjería nos dice que, incluso en los puntos que dejan un margen a la interpretación de los funcionarios, estos suelen aplicarlo de manera restrictiva”, sostiene Patricia Fernández Vicens, abogada experta en inmigración. “Es un escrutinio muy severo”, añade.

1) No tener antecedentes en España

El primero de esos filtros son los antecedentes penales en España, uno de los pilares del procedimiento, una exigencia iineludible blindada por la Ley Orgánica de Extranjería. La norma exige carecer de condenas firmes por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico español. “Con antecedentes penales es un rechazo asegurado. No hay vuelta de hoja. Aunque sea algo menor y haya un arraigo fuerte, no es aceptada. Y esto siempre ha sido así en la normativa española”, sostiene Vicens.

La norma sí permite optar a la regularización si estos antecendentes han sido cancelados previamente, lo que implica haber cumplido la pena, haber dejado pasar los plazos legales sin reincidir y, por último, haber realizado el trámite de solicitar su suspensión. No basta, por tanto, con no estar en prisión: cualquier condena que siga vigente en los registros puede bloquear la solicitud.

La comprobación no depende de una declaración o documento presentado por la persona interesada. El solicitante en este caso no tiene que presentar nada, sino que la Administración consulta de oficio el Registro Central de Penados y cruza la información con otras bases de datos judiciales y policiales, según el real decreto de la regularización. Este cruce automatizado permite detectar antecedentes aunque no se hayan aportado o aunque exista algún error en la documentación presentada. No se limita a delitos graves: infracciones penales de menor entidad también suponen una negativa asegurada.

En la práctica, se trata de una criba inicial que deja fuera a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia española, pero también a quienes no han completado los trámites necesarios para cancelar sus antecedentes. Y suspenderlo puede ser un trámite farragoso que también implica conocer y gestionar un procedimiento administrativo adicional que no siempre resulta sencillo.

2) Certificado de antecedentes otros países

El segundo filtro, cuenta a su vez con una doble o incluso una triple comprobación. La legislación de Extranjería, como la norma de la regularización, lleva el control más allá de España y pone el foco en el país de origen. Para acceder a la regularización, es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades de esos países, debidamente legalizado o apostillado y, cuando corresponde, traducido. Sobre el papel, es un requisito estándar en extranjería. En la práctica, se convierte con frecuencia en uno de los principales obstáculos del proceso debido a la dificultad que conlleva obtener este documento, especialmente en determinados países.

Hacerse con el certificado de carencia de antecedentes penales implicar largos plazos, costes elevados y una burocracia compleja. En algunos casos, las personas solicitantes solo pueden tramitarlo presencialmente en su país, algo imposible para quienes no tienen documentos, lo que les obliga a recurrir a intermediarios o gestiones consulares que se alargan durante meses. A ello se suman las dificultades propias de algunos países: administraciones poco digitalizadas, registros incompletos o sistemas atravesados por prácticas arbitrarias.

No solo es suficiente probar que no tienen historial delictivo en su país de origen. En caso de que el interesado haya vivido en otros países, también tendrá que pedir el certificado en estos Estados, en concreto allí donde haya vivido en los últimos cinco años. “Estamos viendo casos de gente a la que le está costando mucho obtener estos documentos en terceros países, donde quizá no han vivido mucho tiempo”, sostiene Edith Espínola, miembro de la organización Servicio Doméstico Activo, una de las entidades colaboradores del proceso de regularización extraordinaria, con capacidad para registrar solicitudes.

La Administración española, más allá de aceptar el certificado presentado, puede contrastar la información, solicitar verificaciones adicionales o incluso recabar datos complementarios si existen dudas sobre la veracidad del documento, recuerda Diego Boza, letrado de extranjería en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También se tiene en cuenta la equivalencia de los delitos: “Solo se valoran aquellos que también suponen un delito en España”, aclara Boza.

3) Informe de antecedentes policiales

El tercer filtro, y uno de los más controvertidos, es el de los antecedentes policiales, es decir, los registros que recogen detenciones o investigaciones, aunque no hayan terminado en sentencia. “Tener antecedentes policiales significa que te han detenido, y eso da un margen demasiado amplio”, resume el abogado de extranjería y penalista en la APDHA. Esos registros alimentan un informe policial para analizar si esta persona puede suponer un “peligro para el orden público, la seguridad o la salud pública” y, según los criterios policiales, decidirá si se trata de un perfil “favorable o desfavorable”. Posteriormente, ese documento será utilizado por la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), para vtomar la decisión de cada caso. Es este punto en el que el PP observa una supuesta grieta, pero la experiencia sostiene que este punto suele resolverse de forma restrictiva.

En la práctica, defienden ambos expertos, en los procedimientos habituales de extranjería, ese informe suele convertirse en un obstáculo determinante. “En general, esto significa que la persona para ser regularizada no puede tener ninguna detención”, señala Fernández Vicens, aunque el real decreto matiza que la mera existencia de antecedentes policiales no implica automáticamente una denegación. La experiencia, sin embargo, apunta a lo contrario: “Con antecedentes policiales no te dan ni residencia temporal por arraigo, ni temporal ni a veces incluso las renovaciones de una tarjeta ya concedida”, detalla la abogada, quien recuerda la experiencia de las decenas de casos denegados por esta razón.

Fernández Vicens menciona uno reciente: “Tengo un caso de un chico que fue detenido por conducir sin carnet, porque en ese momento no lo llevaba encima, pero lo tenía. Finalmente, fue absuelto. Aunque se había demostrado que no había cometido ese delito, los atancentes policiales se quedaron y su permiso de residencia fue rechazado”. Numerosas detenciones, aunque no derivenb en condena —como una identificación errónea o una sospecha que quedó en nada—, pueden acabar pesando en la decisión final, concluyen ambos expertos. A través de este informe policial, la administración puede detectar patrones de conducta como “una tendencia delictiva”, es decir, la reiteración en determinados delitos.

Para los letrados, la resolución negativa de la residencia en casos de personas sin una condena firme puede suponer una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. “Ese que tanto defienden el PP cuando uno de sus miembros está siendo investigado”, apunta Fernández Vicens. “Rodrigo Rato, por ejemplo, tiene antecedentes policiales pero no penales”, ejemplifica Boza.

La instrucción en las cárceles

La polémica más reciente surge a raíz de una instrucción interna remitida a centros penitenciarios para dar a conocer la normativa de la regularización entre la población reclusa extranjera, y permitir a estos que puedan registrar una solicitud como cualquier ciudadano, lo que ha sido interpretado por PP y VOX como una vía para facilitar la regularización de personas condenadas, pero no es así. Pueden pedirla, otra cosa será que esta sea aceptada, pues deberán cumplir los mismos requisitos.

“La instrucción no es más que una comunicación para informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”, aclaran fuentes del Ministerio del Interior.

Desde Partido Popular y Vox, dirigentes y portavoces han vinculado esta instrucción con la idea de que el Gobierno pretende “dar papeles a delincuentes”, reforzando un mensaje que ya venían sosteniendo desde el anuncio de la medida. En el supuesto de que una persona privada de libertad iniciara una solicitud de regularización, el procedimiento seguiría sometido a los mismos tres filtros de antecedentes —en España, en el país de origen y en el ámbito policial—, que condicionan de forma decisiva el acceso a la autorización de residencia.

Solo en escenarios concretos, como el de personas en prisión preventiva que finalmente resulten absueltas y hayan limpiado de su expediente el antecedente policial en el momento del estudio de su solicitud, podría optar a regularizarse si cumplen el resto de requisitos, apunta el abogado Diego Boza, quien lanza el debate de fondo sobre el alcance del uso de los antecedentes policiales y su peso en las decisiones administrativas: “También hay que preguntarse si tiene sentido reiterar la residencia a alguien con este tipo de antecedentes, si por ejempolo ha podido cometer robos menores reiterados, cuando el hecho de no tener papeles, aumenta la exclusión y suele generar un mayor riesgo de este tipo de conductas que, en caso de estar regularizado, podrían terminar porque accedería a más medios de vida”, indica.

Una manta de borrego las abriga a las dos, tumbadas de espaldas, muy juntas y cómplices, frente a la verja cerrada de una oficina de los servicios sociales municipales de Madrid. Sobrepasa la medianoche y la escena parece extraída de cualquier momento de intimidad hogareño entre madre e hija, pero sucede sobre una colcha extendida en el suelo, a la intemperie, donde pasarán toda la noche para intentar conseguir un informe de vulnerabilidad, uno de los documentos exigidos a los migrantes sin papeles para optar a la regularización extraordinaria.

Son las segundas de una fila que, ocho horas antes de la apertura de puertas de la oficina municipal, supera las 80 personas. Pero la mayoría ni siquiera acaba de llegar. Para conseguir ese puesto, Hilary, de 18 años, y su madre guardan su turno desde las seis de la mañana de este martes, por lo que pasarán en total más de 24 horas hasta conseguir el papel. “Esta mañana llegamos a las 6 de la mañana, fue entrando la gente y, cuando dejaron de dar más informes, nos quedamos aquí, justo en la puerta”, explica delante de la verja.

“Esta oficina abrió sobre las 8:30 horas y a las 11 ya no han dejado entrar a más personas. En un caso así deberían tener más tiempo para que no se acumule tanta gente”, considera Hilary. Con 18 años recién cumplidos, señala una de las posibles causas que explican que cientos de personas se vean empujadas cada noche para conseguir un trámite necesario para la regularización: la falta de recursos suficientes para responder al aumento de la demanda durante los dos meses que durará la tramitación de la medida.

El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. Se trata de un requisito exigible solo a los migrantes sin papeles que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Además de Madrid, se han registrado filas similares en las oficinas municipales de distintos puntos del país, como Zaragoza, Valencia, Murcia u Hospitalet de Llobregat, entre otros. Además de los servicios sociales municipales, más de 400 organizaciones pueden validar estos documentos. Mientras los primeros días muchas aún no estaban organizadas, cada vez son más las que emiten cientos de certificados cada día.

Mientras el Gobierno acusa al Ayuntamiento de Madrid de boicotear la medida, el Consistorio madrileño critica que el Ejecutivo central no se coordinó con los ayuntamientos antes de introducir este requisito que en parte depende de ellos. “Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras la entrada en vigor de la regularización extraordinaria. Días después, el Consistorio empezó a atender a los migrantes que requerían dicho trámite sin cita previa en una decena de oficinas de la ciudad. Las colas no tardaron en formarse.

Historias de una cola

La espera por el trámite ha empujado a Hilary a saltarse las clases de la Formación Profesional (FP) de Estética. Cada día, la joven acude a las aulas de su FP sin la seguridad de recibir el título: “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, dice, mientras sus compañeros de fila, unos chicos bangladesíes, preparan la bicicleta para que uno de ellos vaya un momento a casa para traer algo para cenar. Sobre su espalda, Delowar se coloca la típica mochila cuadrada naranja de una de las principales cadenas de delivery, donde suele trabajar de forma puntual a través de la cuenta de un amigo con papeles, un empleo habitual para muchas personas en situación irregular. 

Delowar, vestido con un moderno y colorido jersey de cuadros, sonríe entusiasmado al describir lo mucho que le gusta España en comparación con el país europeo en el que ha vivido el último año. Antes de llegar a Madrid, vivía con permiso de residencia en Finlandia y trabajaba en una empresa de electrónica, el ámbito donde ahora le gustaría, si logra la tarjeta de residencia, encontrar un empleo.

“Me fui de Finlandia por razones médicas relacionadas con el tiempo allí. Tengo algunos problemas de salud y el médico me recomendó que me venía muy mal vivir en un lugar tan frío”, explica en perfecto inglés el bangladesí, de 33 años. “Tenía dos opciones: volver a mi país o probar suerte en otro. Un compañero en la empresa finlandesa era español, era el que mejor me caía allí y me contaba cosas de su país… Decidí intentarlo aquí”, detalla el chico. Durante los primeros cuatro meses pudo vivir sin trabajar gracias a sus ahorros pero después empezó a trabajar de manera irregular en empleos puntuales, principalmente en el reparto de comida a domicilio. 

“Llegué a las 6 de la madrugada y los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”.

Según la Consejería de Servicios Sociales de Madrid, el Ayuntamiento ha pasado de 1.500 peticiones diarias en los centros de servicios sociales a 5.500. “Llegamos de madrugada pero los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”, explica Jaqueline, resignada y casi sin quejarse. El colapso del sistema de citas y el hecho de que las personas sin papeles carecen de la clave pin que exige el trámite electrónico, complica que puedan hacer el trámite con cita previa. “Es imposible, no hay citas hasta mediados de mayo”, dice una señora.

El Gobierno pide “paciencia” y asegura que habrá tiempo para poder registrar las solicitudes, recordando que el plazo finaliza el 30 de junio. Pero hay más fichas en el tablero. Otros de los documentos exigidos, que algunos tienen preparados desde hace semanas, tienen fecha de caducidad. “Mi certificado de antecedentes penales expira en mayo, no puedo esperar a mayo”, continúa la mujer.

Confusión

Unos metros más allá Nora, también peruana, bebe café sentada sobre un sofá rosa infantil apoyado en la barandilla que separa la acera de la carretera. En uno de sus paseos para estirar las piernas, lo encontró junto a los contenedores y se lo llevó para pasar la noche de espera algo más cómoda. Lleva horas en la fila para conseguir un documento que, sin embargo, en su caso no necesita para pedir la regularización.

La mujer, trabajadora doméstica por horas en una casa de las afueras de Madrid, vive con su hija en una pequeña habitación. Tiene menores a su cargo y puede demostrar que vive con ellos, lo que le exime de presentar el certificado de vulnerabilidad, pero su abogada le ha asegurado que necesita ese documento por el que va a pasar la noche a la intemperie. Cuando este medio le enseña la información oficial que confirma que no tiene que presentarlo, muestra incomprensión: “¿Y por qué ella no sabe eso si le hemos pagado 300 euros por cada miembro de la familia?”. 

No decide irse a casa. “Ya que estoy aquí, ya me quedo. Me da miedo que me falte algo y si la abogada lo dice… ”, justifica la peruana. “He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”, defiende la mujer. La dificultad para obtener trabajo en situación irregular le ha empujado a vivir durante meses en albergues para personas sin hogar y en las salas en hospitales, cuenta.

“En servicios sociales me dijeron que si no conseguía un lugar donde vivir me iban a quitar a mi hija. Y yo decía: Pero si he venido a España para conseguir una mejor vida para ella, ¿cómo me la van a quitar?”, reflexiona Nora. La señora, hasta estabilizar su situación, dejó a su hija en un recurso temporal para menores de los servicios sociales, asegura, hasta que encontró un empleo estable a jornada parcial. “Ahora ya puedo pagarme una habitación para las dos y, por la tarde, estoy con mi niña”, añade, antes de recostarse en el pequeño sofá para descansar unas horas, cuando el frío de la madrugada empieza a meterse en el cuerpo.

“He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”

Autoorganización de las filas

En la pequeña comunidad surgida después de horas de espera, un rato en la fila es suficiente para identificar alguno de los roles tomados por quienes la integran. A Idaquele la llaman “la jefa”. Todo aquel que quiere añadirse en la cola, se acerca a esta señora peruana proclamada líder de la jornada. La mujer, después de confirmar que efectivamente “los nuevos” vienen para quedarse, anota un número en sus mano

“Alguien tenía que hacerlo. Si no se organiza un poco esto es un desastre”, dice Idaquele, junto a dos mujeres paraguayas con las que ya comparte bromas tras horas de espera. Todas comentan la picaresca de alguno de los compañeros de fila, a los que ya tienen fichados, que ya ha intentado colar a algunas personas en varios momentos del día.

La mujer peruana, que aparenta ser más seria de lo que es, camina con el ceño fruncido por la fila cuando alguien parece intentar colocarse en un lugar que no le corresponde. Todos cuentan indignados el intento de una mujer de introducir a 15 personas a las que decía estar guardando el sitio. “No es justo que se vayan a dormir y luego aparezcan diciendo que tienen un número apuntado en la mano. Porque los que estamos aquí pasando sueño nos podemos quedar fuera por una única persona”, dice Emma, salvadoreña, mientras come una ensalada sentada en una silla. Junto a su marido se ríen con Brayan, colombiano, y German, hondureño, con quienes han acabado juntándose durante la espera. Cada vez que hay un conato de tensión en la fila, o que alguien intenta colarse, se lo toman con humor pese a su preocupación.

El marido de Emma no ha dejado de trabajar en la construcción en el año y medio que lleva en España. “Trabajo... pero sin papeles”, dice en susurros, como si se avergonzase, cuando todas las personas de esa fila no tienen más remedio que trabajar en b para sobrevivir. “Por eso estamos aquí, para obtener los papeles, trabajar con contrato y cotizar”.

No entiende la exigencia de última hora del informe de vulnerabilidad. “¿Por qué el Gobierno decidió meter ese certificado? Teníamos todos los documentos preparados, lo fuimos haciendo con tiempo. Y, ahora, esta sorpesa nos tiene aquí en la calle esperando”, se queja el salvadoreño. El requisito, incluido a última hora por el Gobierno, es la fórmula que recoge la norma para justificar la vulnerabilidad que conlleva no tener papeles. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, pero el Consejo de Estado recomendó una mayor concreción para probar ese supuesto.

Pasa un coche de policía por la calle colindante a la larga fila de personas sin papeles. Cuando sucede, una voz se escucha en algún lugar determinado de la fila: “Ahora vienen y nos llevan a todos a extranjería”. El comentario genera algunas risas, pero cada vez que un vehículo policial se acerca, la mayoría se mantiene pendiente hasta que desaparece.

Pasadas las 8 de la mañana, la tensión aumenta. “Se han vuelto a intentar saltar la fila varias personas, pero se ha puesto orden”, cuenta Emma, que no deja de tomarse con humor la situación con sus compañeros. Temían no lograr conseguir el documento pese a la noche en vela, pero lo consiguieron. A las 12 horas, Germán envía una foto desde el interior de los Servicios Sociales. Ojerosos pero sonrientes, posan ante la cámara para retratar un paso más hacia la regularización. “Uno se encuentra grandes personas en el camino”, reflexiona el hondureño.

Son las 20 horas y ya hay cola frente algunas oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos de España. Salvo excepciones, cada una de las personas que aguarda su turno tiene tres palabras en mente: “Informe de vulnerabilidad”. El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales municipales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. El Gobierno defendió que el trámite iba a ser rápido y no iba a tener complicación, pero se ha convertido en el principal escollo del procedimiento y en un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo central y las administraciones gobernadas por el PP. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este martes a los ayuntamientos del PP de “boicotear” la regularización, a través de supuestas trabas a la tramitación de estos informes, debido a las “instrucciones racistas de Alberto Núñez Feijóo”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha asegurado que hay “ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes. Saiz ha citado las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aseguró el pasado jueves que su consistorio “no va a colaborar” con la regularización. 

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el regidor de la capital el día en que entró en vigor la medida. Declaraciones similares, que señalan, al menos de apariencia, la intención de algunas administraciones del PP de no cooperar con la regularización, a través de la imposición de trabas a la tramitación de los documentos emitidos por los servicios sociales municipales -como el informe de vulnerabilidad- que los migrantes necesitan presentar para cumplir con los requisitos de la medida del Gobierno. 

El llamado “informe de vulnerabilidad”, es un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar cómo la situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias en la vida del solicitante de la regularización. Se trata de un requisito incluido a última hora por el Gobierno, que no estaba recogido en los primeros borradores de la medida, que solo deben cumplir los migrantes sin papeles (no los solicitantes de asilo) que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Quienes no cumplan uno de estos dos supuestos deben probar su condición de vulnerabilidad. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, por lo que la intención inicial era no obligar a presentar ningún documento añadido para justificar esa precariedad. Sin embargo, el Consejo de Estado recomendó probar la vulnerabilidad de algún modo, por lo que finalmente se añadió como requisito el certificado por el que ahora cada madrugada esperan cientos de migrantes en largas colas frente a distintas oficinas municipales y a las entidades sociales que pueden emitirlo en España (este es el listado actualizado).

“Boicot” de algunos ayuntamientos

En Zaragoza, el equipo de Gobierno de Natalia Chueca ordenó restringir todos los trámites relacionados con el proceso de regularización de inmigrantes a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Al obligar que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado de vulnerabilidad, y otro tipo de documentación, a una fila única del Ayuntamiento, forzaba a miles de personas a soportar largas filas desde la madrugada. El Consistorio solo permitía a estas personas a esperar en el exterior de las instalaciones municipales, pese a contar con espacio para ello en su interior, un gesto que el Grupo Municipal de Zaragoza en Común ha interpretado como un intento de “escenificar” el “supuesto caos”, informa Esther L. Chamorro. 

Pese a estas directrices, algunos funcionarios de las juntas de distrito se han plantado contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con la emisión de los documentos ligados a la medida del Gobierno. 

En Palma, varios funcionarios han denunciado órdenes del Ayuntamiento -dirigido por el PP con Vox como respaldo en los plenos- para impedir la movilización de personal de refuerzo en los servicios sociales municipales para atender el aumento de demanda por las peticiones de documentación ligadas a la regularización, informa Pablo Sierra del Sol. 

“Es flagrante que utilicen personas para una batalla política”, recriminaron los empleados públicos en un comunicado. Así, pese a las filas larguísimas formadas cada mañana frente a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), estas personas eran atendidas por los mismos funcionarios de siempre debido a “instrucciones políticas”, siempre según la denuncia de los empleados públicos. 

Mientras algunos de sus ayuntamientos lanzan órdenes para impedir el refuerzo de estas ventanillas para entregar los trámites requeridos, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado el “caos generado” en los servicios sociales municipales. Según anunció este lunes, su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos del país en los que gobierna (más de 8.000) para exigir que se paralice el proceso de regularización extraordinaria. 

“Falta de instrucciones” del Gobierno

Sin embargo, las directrices y declaraciones de los ediles del PP en contra de la medida no son las únicas razones que explican las colas formadas para realizar dicho trámite, ni la gran dificultad a la que se están enfrentando miles de migrantes para conseguirlo. Durante los primeros días de la entrada en vigor de la regularización, cuando cientos de personas ya se acercaban a los servicios sociales a preguntar por el nuevo “informe de vulnerabilidad”, funcionarios de distintas oficinas de servicios sociales municipales, como Madrid o Barcelona, reconocían no haber recibido directrices del Gobierno central sobre cómo era necesario validar dichos documentos. 

“Parece un documento sencillo, pero no sabemos quién lo tiene que sellar o firmar”, decía a elDiario.es una emplada pública de una de las oficinas de Madrid. Desde el día anterior a la aprobación de la iniciativa habían esuchado de forma reiterada una misma pregunta que, según aseguraban, no sabían responder pues el real decreto de la regularización no especifica ciertos detalles técnicos que, defendían algunos trabajadores sociales, son necesarios para emitir este tipo de documentos. Antes de las declaraciones de Almeida, sus empleados públicos intentaron buscar una vía para ir registrando las peticiones de este documento, mientras aclaraban cómo emitirlos. Sus testimonios señalaban cierta descoordinación inicial por parte del Gobierno central, así como la falta de comunicación previa para poder ir organizándose. “Aprueban una norma, sale en los medios, dicen que lo tenemos que sacar nosotros y nadie nos avisa antes ni nos explica el procedimiento”, se quejaba una funcionaria. 

El Consejo de Trabajadores Sociales de Madrid ha emitido un comunicado en el que solicita al Gobierno la necesidad de consensuar “criterios técnicos, claros y homogéneos” para acreditar la vulnerabilidad a través del formulario creado por el Gobierno. “En relación con la exigencia de acreditar una situación de vulnerabilidad en determinados supuestos, el Colegio considera necesario reivindicar un uso riguroso y técnico del concepto de vulnerabilidad, evitando su aplicación genérica o simplificada”, indica. “No obstante, el Real Decreto no define de forma suficientemente precisa qué perfiles profesionales deben asumir esta función en las distintas administraciones y entidades implicadas, lo que puede generar desigualdades en la valoración y en el acceso al procedimiento, comprometiendo las garantías técnicas necesarias”. 

Por su parte, a nivel estatal, el Colegio General de Trabajo Social ha manifestado su “preocupación por el impacto organizativo que este proceso puede generar en los servicios sociales, ya sometidos a una elevada carga de trabajo”. También ha alertado “del riesgo de que se instrumentalice la intervención social reduciéndose a la mera emisión de certificaciones, desvirtuando la función propia del Trabajo Social como disciplina de acompañamiento, análisis y garantía de derechos”. 

A las preguntas de elDiario.es sobre qué instrucciones envió el Ministerio a los ayuntamientos y comunidades autónomas involucradas en la regularización, el departamento dirigido por Elma Saiz reconoce que estas comunicaciones han empezado este lunes, días después de la entrada en vigor de la medida, cuando ya se habían formado largas colas frente a las entidades municipales. “Desde el Ministerio se ha convocado a las administraciones locales, a través de la FEMP, para un encuentro que tendrá lugar próximamente”, sostienen fuentes de Inclusión. “La intención es promover la colaboración e instar a que, dentro de la propia autonomía de las entidades locales, se facilite información y se ayude en todo lo posible a las personas que acudan a formalizar el trámite”, añaden. 

La ministra ha recordado este martes en la rueda de prensa de Consejo de Ministros que el certificado de vulnerabilidad puede ser acuñado también por alguna de las 224 entidades colaboradoras. En algunas de sus sedes también se están formando largas colas para conseguir dicho documento. En los primeros días, muchas de las ONG registradas en este proceso empezaron a emitir este tipo de documentos únicamente a las personas que ya atendían anteriormente, pero otras tantas ya han abierto el trámite al resto de personas. De hecho, muchas ONG, incluso de escasos recursos, están emitiendo decenas de informes cada día. “Vemos como las pequeñas entidades sociales vuelven a llegar adonde no llega el Estado”, dicen desde el movimiento Regularizacíón YA.

El miedo

Más allá de la posible falta de organización inicial o las declaraciones que tratan de torpedear los trámites de la regularización, otras de las razones que explican las largas colas de personas, que incluso duermen delante de las sedes de ONG y ayuntamientos que emiten estos documentos es la propia necesidad de tener registrada la petición cuanto antes. El plazo finaliza el 30 de junio pero muchos migrantes aún se enfrentan al miedo diario de ser detenidos en un control policial y retornados por su situación administrativa irregular, dado que los vuelos de repatriación no han sido frenados. El registro de la solicitud, sin embargo, sí conlleva la suspensión (al menos temporal hasta la resolución) de cualquier procedimiento de expulsión. Muchos temen también, que cualquier imprevisto de última hora, pudiese dejarles fuera de la medida si retrasan el trámite.

Prefieren pasar una noche a la intemperie o esperar horas y horas bajo el sol a perder esta oportunidad de ver reconocidos sus derechos en un procedimiento más agil y sencillo de lo habitual. “Nos pueden agarrar en cualquier momento. Tengo miedo hasta de ir a buscar trabajo, pero tengo que hacerlo igualmente”, dice un hombre peruano que aún no ha logrado el certificado de vulnerabilidad, el último trámite que le queda para poder entregar toda la documentación a su abogado y recibir la salvaguardia de su permanencia en España. “Cuando tenga lo registre, sentiré paz”, añade.

El Gobierno ha acusado este martes al Partido Popular de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo hagan las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo ha asegurado que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

“El PP está solo y desdibujado en su boicot”, ha añadido Saiz, que ha matizado, no obstante, que “el procedimiento está perfectamente regulado”. Como ejemplo ha puesto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “que ha verbalizado que no va a colaborar con la regularización”. “¡Qué incoherencia!”, ha espetado, haciendo alusión al hecho de que el gobierno municipal madrileño presuma de acoger a miles de personas latinoamericanas. “Por encima de todo están la sociedad civil, la Iglesia católica, las entidades sociales y miles de ciudadanos que tienen ilusión”.

Saiz ha añadido que el de esta semana se están dando “los primeros días de un procedimiento enorme, muy garantista y muy trabajado”. “Quiero compartir mi empatía con las personas que están con un comportamiento ejemplar aguantando las colas”, ha dicho, además de lanzar su “agradecimiento a los funcionarios” y “también a los ayuntamientos que están colaborando, poniendo recursos, con garantía de servicio público”.

Este mismo martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había reprochado a las administraciones controladas por el PP, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo “lo posible y lo imposible” por “boicotear” el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central. “Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo”, ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Martín ha explicado que los migrantes que quieran acogerse a la regularización deben demostrar un “proyecto laboral” o utilizar la vía familiar para quienes “tengan una familia o un proyecto familiar que pueda acreditar”. Al margen de estas dos posibilidades, el delegado ha recordado que existe la tercera vía que es la de la vulnerabilidad, para la cual las personas migrantes deben descargarse un modelo en la página web del Ministerio de Inclusión que tanto las entidades sociales como los servicios municipales de los Ayuntamientos pueden sellar.

En Gaza, la población civil sigue atrapada en un genocidio. En Ucrania, los bombardeos continúan golpeando infraestructuras esenciales. En Sudán, se han cumplido tres años de guerra y de la mayor crisis humanitaria del mundo. En Irán, la violenta represión sobre las protestas en enero de 2026 podría ser la más letal en décadas. Y, en EEUU, las políticas migratorias y la presión sobre organismos internacionales han encendido las alarmas sobre el retroceso democrático. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) constata que en distintas partes del mundo se repite un mismo patrón: se ha producido un deterioro de los derechos humanos.

El trabajo analiza la situación de 144 países y concluye que el mundo atraviesa uno de los momentos más críticos desde la creación del sistema internacional de derechos humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización sostiene que ya no se trata de un deterioro progresivo, sino de un “ataque directo a los cimientos del sistema internacional basado en normas”.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, fue aún más contundente durante la presentación del informe: “La humanidad misma se encuentra bajo ataque”. Según explicó, el mundo ha entrado en una nueva fase en la que ya no se trata de advertencias, sino de una realidad consolidada: “Ya no estamos ante un colapso inminente, estamos dando cuenta de su llegada”.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, apunta que “vivimos un momento crítico para la humanidad”, marcado por la actuación de lo que define como “gobiernos depredadores” que buscan “control, impunidad y beneficios económicos” mediante violencias de derechos humanos.

Más guerra, impunidad y complicidad

El informe recién publicado por Amnistía Internacional documenta un aumento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones graves, en un contexto en el que los mecanismos de rendición de cuentas pierden eficacia. Entre los ejemplos más señalados, tanto en el informe como en la rueda de prensa de presentación del trabajo, figuran el genocidio contra la población palestina en Gaza, los ataques en Ucrania o la violencia extrema en Myanmar y Sudán.

Callamard describió este escenario como el resultado de un cambio de paradigma. “Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral”, apuntó, en referencia a Estados que vulneran sistemáticamente el derecho internacional.

Beltrán señala directamente a varias potencias: “EEUU, Rusia, Israel y, en cierta manera, China o Myanmar cometen violaciones de derechos humanos para imponer su dominio”. Según explica, estas dinámicas pasan por “declarar guerras ilegales, violar el derecho internacional e intentar dejarnos sin las normas que nos han regido durante los últimos 80 años”.

Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral

Agnès Callamard — Secretaria general de Amnistía Internacional

El informe sitúa en ese contexto a líderes como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu, a los que Callamard acusó de buscar “el dominio político y económico mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”.

El documento no solo pone el foco en los responsables directos de las violaciones, sino también en la actitud del resto de gobiernos cómplices. Según Amnistía Internacional, muchos Estados han optado por políticas de apaciguamiento, evitando confrontar a las potencias implicadas. “La mayoría de los gobiernos han optado por apaciguar a estos depredadores”, denunció Callamard, que criticó especialmente el papel de los países europeos. En la misma línea, Beltrán es tajante e incide en que “la mayoría de los gobiernos siguen políticas de apaciguamiento que echan más leña al fuego”.

Esta dinámica, advierte AI, tiene consecuencias directas sobre la población y la sociedad civil organizada. “Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo”, apunta Beltrán.  

Represión, control y crisis climática

El deterioro de los derechos humanos no se limita únicamente a los escenarios de guerra. A escala nacional, el informe describe un aumento global de prácticas autoritarias a través de, por ejemplo, una mayor represión en las protestas en Irán, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, la criminalización de la disidencia en Egipto y la India y la vigilancia digital y censura en países como Serbia y Kenia.

Callamard alertó de que este modelo está consolidando un nuevo orden y “un mundo donde la guerra y el asesinato de civiles se han normalizado como herramientas de gobierno”. En esa lógica, añadió, la sociedad civil pasa a ser tratada como un enemigo y la disidencia se silencia mientras “se criminaliza la solidaridad y se convierte la ley en un arma”.

Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo

Esteban Beltrán — Director de Amnistía Internacional en España

En muchos países, estas medidas se han traducido en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. La tecnología, según AI, está desempeñando un papel creciente en este proceso, al facilitar nuevas formas de control social.

Además, el informe vincula este deterioro con factores estructurales como la crisis climática y los recortes en la ayuda internacional a través del fin de la asistencia de USAID, la agencia humanitaria estadounidense. El mundo se encamina hacia un aumento de hasta tres grados en la temperatura global, lo que, según el informe, agravará problemas como la inseguridad alimentaria o los desplazamientos forzados.

La guerra con Irán y la figura de Trump

Uno de los ejemplos más claros de esta deriva es la escalada en torno a Irán. Según Amnistía, el conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de EEUU e Israel en violación de la Carta de Naciones Unidas, al que siguieron represalias iraníes. Durante la presentación del informe, la responsable de la ONG advirtió de que esta dinámica ha desencadenado una espiral de violencia con consecuencias globales.

“El conflicto [en Oriente Medio] está poniendo en peligro la vida y la salud de millones de personas en toda la región”, señaló Callamard, que alertó de que sus efectos pueden extenderse más allá de la región, afectando al acceso a energía, alimentos o atención sanitaria en todo el mundo.

Además, la población iraní sufre una doble presión, por un lado, los ataques externos y, por otro lado, la represión interna. “Los iraníes son blanco de las bombas al tiempo que se enfrentan a una represión mortal por parte de su propio gobierno”, denuncia la secretaria general de la organización.

El informe también señala al papel de EEUU y, en particular, de Donald Trump, en el debilitamiento del sistema internacional. Callamard denunció que EEUU ha impuesto sanciones contra jueces y fiscales internacionales “por el simple hecho de estar haciendo su trabajo”, en referencia a las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Estas medidas, según Amnistía, forman parte de un intento más amplio de convertir la justicia internacional en un campo de batalla y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.

Espacios de resistencia y elogio a España

Pese al diagnóstico, el informe también recoge señales de resistencia. Callamard subrayó que “hay otra historia”, concretamente, la de millones de personas que se han movilizado, y se movilizan, en todo el mundo para defender los derechos humanos.

Desde protestas masivas contra la guerra en Gaza hasta acciones de trabajadores portuarios en países como España, Grecia o Marruecos para bloquear el envío de armas con destino a Israel, pasando por movilizaciones en defensa de derechos civiles como las que se dieron ante la prohibición de la Fiesta del Orgullo en Budapest para defender los derechos LGTBI. Beltrán también apunta que “la buena noticia es que hay una sociedad civil que se rebela, que lucha”.

En este sentido, Callamard destacó el papel de algunos Estados que han tratado de abrir grietas en la inacción general como, por ejemplo, España, al que definió como un país que, en los últimos años, ha hablado “alto y claro” sobre la importancia de la rendición de cuentas y ha evitado, a su juicio, el doble rasero que está erosionando el sistema internacional.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

Un sobre. De esos que durante años han significado esperas y renovaciones, pero que ahora puede significar estabilidad. Un sobre que Sandy lleva guardando en la maleta cada vez que debía mudarse de una vivienda a otra donde trabajar como interna en el cuidado de ancianos. Un sobre donde, dice, guardaba todo lo que llevaba su nombre “por lo que pudiese pasar”. Tras recibir la llamada de su abogado, el mismo día de la publicación del real decreto en el BOE, metió la carpeta bajo el brazo y entregó más pruebas de las que se le exigía como solicitante de asilo. El jueves, horas después de la entrada en vigor de la norma, Sandy se convirtió en una de las primeras personas en registrar la petición de la regularización extraordinaria que tanto esperaba.

La carpeta que la acompaña no es nueva. Lleva tiempo creciendo a base de documentos que han ido marcando etapas: empadronamientos, citas, partes médicos, justificantes de trabajo. “Tenía todo muy preparadico. Al final guardé más cosas de las que necesitaba”, dice entre risas la mujer, con la tranquilidad de haberse quitado de la cabeza el trámite que la tenía pendiente desde que empezó a escuchar de la posibilidad de la medida en las noticias.

La regularización extraordinaria ha empezado a desplegarse sin mucho ruido en la calle, pero a buen ritmo. Durante las primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión recibió 13.500 solicitudes telemáticas por el sistema Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería, según el primer balance oficial. Por ahora, solo está habilitada la presentación de peticiones online, pero a partir de el lunes 20 de abril el proceso se abrirá a las oficinas presenciales habilitadas. Entre ellas, hay personas con nombres propios, que acumulan meses o años en la irregularidad o a la espera de una solicitud de asilo que no llega, con la constante incertidumbre de recibir la negativa y perderlo construido en años de vida en España.

Entre ellas, está Sandy, una trabajadora del hogar, atrapada en el bucle de los abusos y la precariadad durante años. También otros casos, descritos a elDiario.es a través de su abogado, Felipe Garroña, que ejemplifica la diversidad de los perfiles que esconden los expedientes que ya ha podido registrar de forma telemática. Habla de una temporera marroquí que, tras varias campañas viniendo a Huelva para recoger la fresa a través de los programas circulares, acabó quedándose en el país de forma irregular. O un vendedor ambulante que, tras meses vendiendo productos en las playas de Andalucía, ha solicitado la regularización con su compromiso de hacerse autónomo para oficilizar su actividad económica y empezar a cotizar.

Sandy no está en situación irregular, pero lleva casi cinco años viviendo como solicitante de asilo, a la espera de la respuesta de su solicitud. Llegó a España en 2021 y su itinerario administrativo ha sido el de tantas personas atrapadas en el limbo de la protección internacional: noches haciendo cola en comisaría, meses de espera entre entrevistas, y la llamada “tarjeta roja” como única vía de supervivencia mientras su expediente avanzaba lentamente. “Seguíamos con las ayudas de Cáritas, sobrevivimos con eso”, resume. “Nos tocó pasar muchas necesidades, penurias”.

Años de precariedad

Su trayectoria laboral en España ha estado marcada por esa misma precariedad. Durante estos años ha trabajado como interna en domicilios particulares, en ocasiones con contrato y en otras en la economía sumergida, encadenando cuidados de personas mayores en condiciones muy distintas. “Me pagaban una miseria”, recuerda sobre su primer empleo, en el que trabajaba de forma interna de domingo a domingo. En ese primer hogar, cuenta, llegó a sufrir situaciones de violencia verbal y física por parte de uno de los miembros de la familia.

La salida de aquel trabajo no supuso el final de la precariedad, sino el inicio de una cadena de empleos domésticos en los que se repetían patrones de sobrecarga, falta de descanso y dependencia total del hogar en el que trabajaba. En algunos casos, con contrato; en otros, sin él. “Me cansé de tanta cosa”, resume. “No hay más que hacer”.

La historia de Sandy es también la de una vulnerabilidad estructural en el trabajo doméstico, donde la frontera entre empleo y disponibilidad permanente se difumina con frecuencia. A lo largo de su relato aparecen jornadas extendidas, tareas acumuladas y dificultades para reclamar derechos básicos. “No podía salir”, explica sobre uno de sus empleos más recientes, en el que incluso la movilidad estaba condicionada por sistemas de alarma en la vivienda.

El desgaste acumulado terminó derivando en una baja médica y en un despido que ella considera injustificado. A partir de ahí, comenzó un proceso de reclamación laboral con apoyo de asesoría y denuncia ante la Inspección de Trabajo. “Me han querido tumbar mi dinero que he trabajado”, dice. “He trabajado con creces”.

La regularización llega ahora en ese punto de inflexión. Sandy ha presentado su solicitud con la documentación que ha ido acumulando durante años: empadronamientos, informes médicos, pruebas de residencia y trabajo. Lo describe como un proceso casi de archivo personal de su vida en España. “Tengo guardado desde que llegué todo lo que va a mi nombre”, explica.

Para ella, la medida supone algo más que un trámite administrativo. Es, sobre todo, la posibilidad de salir de un circuito de dependencia laboral en el que cree que ha podido influir el hecho de solo contar con un documento temporal, la tarjeta roja de los solicitantes de asilo, que cree que puede estar restándole oportunidadades en el mercado laboral. “Con la regularización uno puede exigir más sus derechos como ser humano”, resume, aunque cree que el racismo también forma parte de su experiencia en España. La mujer añade una idea que atraviesa todo su relato: la sensación de haber vivido durante años en una especie de suspensión vital: “Es como estar en una cárcel”.

Según explica el Minsterio en un comunicado, todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados, como en el caso de Sandy, y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido “por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes”, según los primeros datos.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que registró 20 expedientes el primer día: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade.

Se trata del documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo o no puedan acreditar haber tenido una relación laboral anteriormente. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en el obstáculo de los migrantes sin papeles que no pueden presentar su expediente de otro modo. Por eso, explican varios letrados contactados, están empezando a presentar los casos que no requieren de dicho papel: como los solicitantes de asilo o aquellos que pueden probar una vinculación laboral previa o futura; o aquellos que vivien con sus hijos menores o personas dependientes.

Ahora, con la solicitud ya presentada, Sandy piensa por primera vez en la posibilidad de algo que hasta hace poco quedaba fuera de cualquier plan: poder viajar. Volver a ver a su familia en Colombia sin el miedo a no poder regresar, sin la incertidumbre administrativa que durante años ha condicionado cada decisión. “Tengo cuatro años y medio que no puedo ir”, decía. “Ni cuando murió mi hermana. Sufrí todo ese dolor en la distancia. Ahora sé que, si le pasa algo a mis seres queridos, podrá ir a despedirme y eso me da mucha tranquilidad”, concluye, a la espera de la resolución de su solicitud.

Había mucha gente esperando la regularización extraordinaria y los datos lo demuestran. Durante las primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión ha recibido 13.500 solicitudes telemáticas por el sistema Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería. Por ahora, solo está habilitada la presentación de peticiones online, pero a partir de el lunes 20 de abril el proceso se abrirá a las oficinas presenciales habilitadas.

Según explica el Minsterio en un comunicado, todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados (abogados, graduados sociales y gestores administrativos) y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido “por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes”.

Inclusión recuerda que el requisito de cita previa es “imprescindible para la atención presencial”, que comenzará el 20 de abril. Según sus datos, en las primeras 24 horas se formalizaron y confirmaron 19.633 citas, presentadas a través de Cl@ve, del teléfono 060 y del formulario de la web en las primeras horas del procedimiento, sostiene el comunicado.

Si se realiza a través de Cl@ve, el beneficiario podrá elegir entre las oficinas más cercanas a él. Si en cambio, la petición se realiza vía telefónica o por formulario, “se le asignará automáticamente la más cercana en base a sus preferencias de datos y su código postal”, añade la información oficial. Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Cada una de esas oficinas tienen un horario establecido, que puede comprobarse aquí.

Los datos confirman que la plataforma funciona con normalidad, aunque en los primeros días los obstáculos se están encontrando en relación a uno de los requisitos exigidos en algunos casos (no en todos): el informe de vulnerabilidad, aquel documento que deben presentar quienes no acrediten una vinculación laboral anterior o futura o quienes no cumplan los requisitos de la vía familiar. Este formulario, muy sencillo, debe de ser validado por los servicios sociales municpales o autonómicos o por alguna de las entidades colaboradoras de extranjería, cuyo listado oficial está colgado en la página web del Ministerio.

En las primeras horas, no está siendo fácil conseguir dicho trámite en algunas localidades. Varios abogados de extranjería confirman que solo han presentado aquellos casos que no requieren este documento, dado que muchos de sus clientes no lo han conseguido por el momento. En el caso de los servicios sociales, algunos trabajadores o Ayuntamientos cuestionan una supuesta falta de información y coordinación previa por parte del Ministerio, lo que está retrasando su emisión porque aseguran carecer de instrucciones claras. Por su parte, aunque hay un largo listado de ONG que pueden llevar a cabo este trámite, algunas están colapsadas, por lo que han empezado a atender solo los casos de las personas a las que ya atendían previamente, aunque aseguran que posteriormente continuarán con el resto.

El Ministerio pide “paciencia” en estos primeros días hasta que se engrase la maquinaria y todos los actores implicados en el proceso estén organizados, aunque no responde ante las criticas ante la supuesta falta de coordinación y la falta de información trasladada previamenta a los servicios sociales y las entidades colaboradores.

A través de los cristales de una oficina de Correos de Madrid se vislumbra una escena distinta a la habitual. Mientras varias personas esperan su turno con paquetes en sus manos, Valeria le pide a su abuela que entretenga a su bebé mientras entrega a una funcionaria fotocopias del pasaporte, billetes de avión y certificados de antecedentes penales. Otro empleado se acerca al asiento donde ya se acumulan varias familias de migrantes, la mayoría mujeres con niños pequeños, para comprobar que llevan todos los documentos requeridos antes de que les llegue su turno. Este lunes ha sido el primer día de atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria y las ventanillas habilitadas en Correos han arrancado esta nueva labor con algún que otro retraso, pero con normalidad, en distintos puntos del país. 

Valeria sale de la oficina dos horas después de la hora de su cita previa para registrar la petición de regularización para ella y su bebé, pero no le importa el retraso. Ella, de origen colombiano, vivía en Madrid de forma irregular desde hace dos años. Su niña, nacida en España, no llega al año y tampoco tiene el permiso de residencia. Pero ahora sujeta en sus manos el documento que confirma el envío de la solicitud que, si nada falla, les concederá la ansiada autorización. “Llevaba soñando varios días con esta cita. Literalmente. Hoy he soñado que estaba aquí plantada. Y he tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, dice entre risas, para describir su alivio tras zanjar el trámite que la perseguía desde hace tiempo.

La escena de alegría, que se entrelaza con la actividad rutinaria de Correos sin grandes filas ni colapso, contrasta con la frustración de los cientos de migrantes que un día más han esperado varias horas de colas frente a las oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Cartagena, para conseguir recopilar toda la documentación exigida. La situación de colapso también se ha repetido en las sedes de algunas de las ONG colaboradoras en el procedimiento de regularización. El principal escollo, el trámite que ha creado un cuello de botella en parte del procedimiento, es el llamado “informe de vulnerabilidad”, un requisito añadido en el último momento en el real decreto, que debe presentar un grupo concreto de personas sin papeles: aquellos que no tengan hijos a cargo o quienes no puedan justificar una vinculación laboral anterior o futura. 

Mientras cientos de personas aguardaban horas para conseguir este papel, después incluso de hacer noche frente a los espacios habilitados para validar los informes de vulnerabilidad, las oficinas de Correos y Seguridad Social de todas las provincias han comenzado a recibir este lunes con cita previa los primeros expedientes de migrantes y solicitantes de asilo que ya tenían todo preparado.

Algunas entidades que se dedican a acompañar a migrantes en este proceso consideran que, además del sistema de cita previa obligatoria que ordena el proceso, la tranquilidad que ha reinado en las oficinas de Correos también puede explicarse por el propio atasco en el sellado del nuevo informe: “Muchas de las personas que solicitaron la cita previa no se han llegado a presentar porque todavía no tenían el certificado de vulnerabilidad”, sostienen. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión asegura que la agilidad en los espacios habilitados para el registro presencial de la solicitud se debe únicamente a la activación de múltiples espacios para este fin y a la organización de las citas.

Como Valeria vive con una menor a cargo, no ha tenido que presentar el requisito que está entorpeciendo el procedimiento de los que sí. Con toda la documentación preparada, a ella el real decreto no le dio sorpresas de última hora y ha podido presentar por su cuenta la petición el primer día de atención presencial. Si todo va como espera, la ecuatoriana recibirá en 15 días la admisión a trámite de su solicitud. La mera admisión conllevará, además de la suspensión de cualquier posibilidad de retorno a su país, un permiso que ya la habilita para trabajar.

“Así solo puedo trabajar irregular, sin cotizar. Sin papeles, abusan más. Soy enfermera y ahora podré empezar a homologar mi título, que son dos años más”, celebra la mujer, de 26 años, ya pensando en el siguiente paso burocrático. A su lado, su abuela, asiente detrás del carrito de su bisnieta. Ella ya tuvo que pasar por lo mismo, aunque un proceso distinto y más sencillo entonces, casi tres décadas atrás, cuando llegó a España sin papeles. 

“Tardas más en enviar paquetes”

En Barcelona, tampoco se han registrado colas en prácticamente ninguna de las oficinas habilitadas de Correos ni Seguridad Social en las que se estaban dando citas previas para tramitar la regularización. “No he tenido que esperar nada de nada”, se ha sorprendido Karen. Tenía vez a las 8:30 y ha venido antes “por si acaso”. Pero no le ha hecho falta. El vestíbulo de la oficina acogía a muy poca gente. “Tardas más para enviar paquetes”, compara esta mujer ecuatoriana de 53 años.

Ella también tiene todos los documentos a mano, incluso el certificado de antecedentes penales, que había necesitado para un trámite anterior, así que ha podido realizar la solicitud sin complicaciones. Donde sí ha habido colas y rostros preocupados ha sido en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona, las encargadas de expedir los certificados de vulnerabilidad que, en algunos casos, son necesarios para regularizarse. 

Las oficinas de la Seguridad Social en Valencia atienden a una veintena de personas cada hora. La gente acude con los documentos ya cumplimentados, siguiendo la explicación de la web, comentan algunos empleados públicos. Es el caso de A. Mujica, un joven venezolano, de 23 años, que lleva siete meses en España. Es barbero y quiere iniciar su propio negocio en cuanto tenga los permisos para trabajar, por ello ha acudido con la declaración jurada que manifiesta su voluntad -que también exime de presentar el informe de vulnerabilidad“. ”Mi gestora me pidió la cita y gracias a Dios ha ido bien“, dice el hombre.

La Oficina de Extranjería de la Región de Murcia, ubicada en la pedanía murciana de El Puntal, es el punto clave para la gestión de trámites migratorios. Allí se encuentran María y Onofre [nombres ficticios], quienes viven en España desde hace cuatro y tres años, respectivamente. “No ha sido fácil”, reconoce Onofre, procedente de Guinea Ecuatorial. “Te ves limitado en casi todo, si quieres trabajar tiene que ser en negro. Pero no nos gusta, queremos cotizar”, añade María.

Ambos han llegado a una oficina prácticamente vacía, en contraste con las largas colas a las que están acostumbrados. Esta sede de Extranjería siempre está a rebosar, con colas que se extienden a lo largo de la jornada: “Hoy ha sido más ágil, se han abierto muchos puntos. Esto es una ayuda para todos, para los solicitantes y para el gobierno. Si hoy ha sido tan rápido, ¿por qué no se ha hecho antes?”, se plantea José [nombre ficticio], otro solicitante. Vino a España hace diez años desde Nicaragua, buscando una vida mejor: “He trabajado en el campo, en negro. Muy poca gente quiere trabajar allí y necesitan mucha mano de obra”, señala. “Debería haber más regularizaciones para que haya menos trabajo en negro”.

Roberto sale de una oficina de Correos de Sevilla tras casi media hora de espera: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”. Lleva desde enero atento a la regularización extraordinaria después de que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos. Un hito que cambió sus perspectivas, ya que, de repente, ha acortado el proceso de petición de asilo por razones humanitarias de casi dos años a apenas unos meses. El venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico. Al ser solcitante de asilo, no necesita el informe de vulnerabilidad que está trayendo por el camino de la amargura a quienes se lo exigen. Aterrizó en Sevilla tras intentar crear una nueva vida en Colombia y Santiago de Chile. La regularización le aportará, dice, una estabilidad en España que hasta ahora no había encontrado desde su salida de Venezuela.

Luisa sale un momento de la oficina de Correos de Madrid donde espera su turno para llamar a su madre y pedirle que recoja a la niña de la escuela infantil. La mujer peruana tenía cita previa, pero ha tenido que interrumpirla para imprimir un documento que le faltaba, por lo que teme que el proceso se retrase. “Me da miedo que al volver ya no puedan atenderme”, dice la mujer. Pero no fue así. Aunque el funcionario en un principio no sabía indicarle cuál era el papel que debía presentar, finalmente entre los dos lo averiguaron: “No son expertos en extranjería y, cuando intentaban ayudarme, se les veía un poco perdidos. Me han dicho ellos mismos que les han puesto a atendernos sin la formación suficiente”, se queja.

Después, el mismo empleado ha empezado a adelantarse a ese tipo de situaciones y comenzó a comprobar con antelación la documentación de las solicitantes que esperaban su turno, para que pudiesen aprovechar el tiempo en caso de que les faltase algún papel. “Se nota que es el primer día, pero los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y tienen muy buena actitud. Al ver que lo que ha pasado con mis papeles, han intentado remediarlo con el resto”, dice la peruana, quien acude a solicitar los papeles para su hija de dos años. Ella no ha podido optar a la regularización, dado que había pedido un permiso residencia por la vía habitual y debe esperar la respuesta de esa solicitud. “Tampoco tiene sentido que la vía telemática solo se pueda presentar con un certificado digital: si no tenemos papeles, la mayoría no podremos hacerlo”, añade.

Colapso por el informe de vulnerabilidad

En Barcelona, Mohammed, un pakistaní de 26 años, se ha levantado muy temprano para llegar antes de las 5:30 horas de la mañana a una OAC a por ese documento. Y ya había gente esperando. Cuando han abierto, le han dicho que no quedaban citas disponibles y que no habría ninguna hasta el lunes que viene. Este joven sabe que cumple todos los requisitos, pero está preocupado por no poder llegar a juntar todos los documentos a tiempo.

Lleva desde 2019 en España y, aunque llegó con un permiso de deportista como jugador de hockey, perdió los papeles cuando tuvo que dejar de jugar para conseguir un trabajo. Desde entonces, ha ido encadenando empleos en la construcción y en tiendas de amigos de familiares suyos, que son quienes también le realquilan una habitación. Ahora, les ha pedido que le hagan un contrato de alquiler. Si lo presenta, podría presentar su petición sin el informe de vulnerabilidad que ahora parece inalcanzable para muchos. “Aunque sea momentáneo, incluso yo pagaría los impuestos. Pero no quieren ayudarme”, se lamenta Mohamed.

En Cartagena, a pocos metros de la tranquila oficina de Correos, algo más de un centenar de personas aguardan su turno en la sede de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un funcionario municipal les recibe en la entrada para explicar las dudas de última hora sobre el proceso y para informar sobre el estado de la cola. “Hoy no cogemos más citas”, dice, mientras cuenta que este lunes se tramitarían más de 300 solicitudes para el informe.

Soy médica, pero en Sudán, durante los últimos tres años, eso ha significado mucho más que la medicina. Ha significado responder a llamadas de auxilio sabiendo que no puedes llegar hasta la persona que está al otro lado. Adentrarse en el peligro, no porque no tengas miedo, sino porque un paciente te está esperando. Llevar recuerdos que no se desvanecen, por mucho que intentes seguir adelante.

Lo que comparto aquí proviene de los primeros días de la guerra en Jartum, cuando todo se desmoronó de golpe, mientras las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) avanzaban en la ciudad, calle por calle. Ahí es donde comienza mi experiencia.

El día en que los teléfonos no dejaron de sonar

El 15 de abril de 2023 fui a trabajar como de costumbre. A las 9 de la mañana, todo había cambiado.

Estaba de pie junto a una ventana en la base central de ambulancias de Bahari, en el norte de Jartum, cuando vi a gente corriendo. Luego llegó el ruido: explosiones, intensos disparos. Un edificio justo enfrente fue bombardeado y, en cuestión de minutos, los vecinos llevaban a los heridos en brazos, gritando pidiendo ayuda.

Dentro, los teléfonos empezaron a sonar. Y no paraban. “Por favor, vengan”. “Está sangrando”. “Se está muriendo”. Lo intentamos. Pero no pudimos mover ni una sola ambulancia.

Las calles ya se habían vuelto demasiado peligrosas. Con los enfrentamientos estallando de forma impredecible, cualquier movimiento significaba arriesgar nuestras vidas.

Horas más tarde, algunas de esas mismas voces volvieron a llamar. “No vengáis”, dijeron. “Ha muerto”.

Hay algo dentro de ti que se rompe en ese momento. Porque eres médico. Y, de repente, no puedes llegar a las personas que más te necesitan.

Tres días atrapada... y la decisión de volver

Yo era la única mujer de guardia.

Había oído historias de Darfur —zonas de Sudán bajo el control de la milicia FAR— sobre violencia sexual y lo que ocurre cuando los grupos armados toman el control. Pero ahora, mientras los combatientes de las FAR avanzaban por Jartum, esos temores ya no eran algo lejano.

Estuvimos atrapados dentro de la base de ambulancias durante tres días, escuchando, esperando, sin saber qué vendría después. Después de evacuar, pasé una semana en Omdurman, una ciudad al otro lado del puente de Jartum.

Era festivo. Había un alto el fuego temporal. Por un breve momento, la gente intentó aferrarse a algo parecido a una vida normal. Pero incluso entonces, sabíamos que no duraría. Nos mantuvimos en contacto, llamándonos unos a otros, volviendo una y otra vez a la misma pregunta:

Si los hospitales están cerrados y las ambulancias no pueden moverse, ¿qué pasará con la próxima persona que resulte herida? Ya no había ningún sistema. Así que tomamos una decisión. Volveríamos.

Construir algo de la nada

Cuando le conté a mi familia mi decisión, se asustaron. Mi tío intentó detenerme. Le dije: “Es mi deber”. No por valentía. Sino por mi responsabilidad médica.

Teníamos un objetivo: junto con un pequeño grupo de colegas, reabriríamos el Hospital Universitario Bashair, al sur de Jartum. Reuniríamos al personal médico que aún se encontraba cerca —gente que conocía los barrios y podía desplazarse con mayor seguridad— y reanudaríamos los servicios, aunque fuera de forma limitada.

Empezamos casi sin nada. Unos pocos médicos. Unos pocos cirujanos. Enfermeras. Voluntarios. Abríamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Después, las puertas se cerraban por falta de recursos. Era el único hospital en funcionamiento de la zona.

Nos centramos en los traumatismos: heridas de bala, lesiones por explosiones. Víctimas de la guerra. El hospital ya no era solo un lugar de trabajo. Era un salvavidas.

Vivir con miedo

Al principio, me alojaba en una casa cercana. Pero las noches eran insoportables. Cada ruido me parecía un peligro. Cada silencio, una espera.

Regresaba a casa tarde —a veces cerca de la medianoche— y a menudo me paraban en los puestos de control. Preguntas. Sospechas. Imprevisibilidad. Al cabo de un tiempo, ya no me sentía segura fuera.

Algunos soldados empezaron a acercarse a mí, trataban de hablarme, incluso me proponían matrimonio. Me negué. Les dije que era una mujer casada, una madre. Pero negarme no garantizaba mi seguridad. Así que me mudé al hospital. Incluso allí, hombres armados iban y venían: fumaban en los pasillos, se movían por espacios que deberían haber estado protegidos, sin ningún respeto por la inviolabilidad del centro médico.

Éramos un equipo pequeño, trabajando bajo presión, tomando cada hora decisiones que podían significar la vida o la muerte.

Nos decíamos algo sencillo: si morimos, moriremos con dignidad. No fue valentía. Fue aceptación.

Cuando ya no estábamos solos

Durante semanas, mantuvimos todo a flote con casi nada: improvisando, estirando los suministros, tomando decisiones imposibles. Entonces, Médicos Sin Fronteras (MSF) llegó para apoyar al hospital. Poco a poco, algo empezó a cambiar.

Se notaba en el hospital. Los suministros se hicieron más fiables. La atención se organizó mejor y empezamos a recibir apoyo. Con MSF allí, era como si alguien se hubiera acercado a nuestro lado y nos hubiera dicho: seguid adelante, estamos aquí.

Los riesgos no desaparecieron. La guerra no se detuvo. Pero ya no estábamos completamente solos, y eso cambió lo que era posible.

Los momentos que nunca te abandonan

Una madre llegó una noche después de que soldados de las FAR entraran en su casa. Acusaron a la familia de apoyar al Gobierno sudanés. Lo saquearon todo. Mataron a su marido. Le dispararon a ella. La llevamos a quirófano, mientras su hijo —de no más de nueve años— se quedaba cerca, llorando. “Un día los mataré”, dijo el crío. En ese mismo momento, los soldados de las FAR estaban dentro del hospital. Recuerdo haber pensado: si lo oyen, también lo matarán a él.

Otro día, llegó una superviviente de violencia sexual. Me senté con ella. La escuché. Y luego lloré con ella. Incluso ahora, sigo viendo su rostro.

Y entonces, en medio de este caos, ocurrió algo sorprendentemente positivo. Llegó una mujer embarazada que estaba de parto. No teníamos servicios de maternidad. No estábamos preparados. Dio a luz en el quirófano de urgencias. En medio de la guerra, nació un niño.

Por un momento, todo se suavizó. Sonreímos. Recordamos cómo se siente la vida.

Por qué nos quedamos

Aquellos primeros días en Jartum fueron una cuestión de supervivencia. No solo para los pacientes, sino también para nosotros. Teníamos miedo. Estábamos agotados. Dudábamos de nosotros mismos. Pero nos quedamos.

Porque los pacientes seguían llegando. Porque, aunque no pudiéramos salvar a todos, al menos podíamos salvar a alguien. Porque a veces, en medio de todo, la vida siempre encuentra una manera.

Soy médico. Y en aquellos primeros días de guerra en Jartum, eso significaba quedarme, incluso cuando la ciudad, y parte de mí, se desmorona.

La autora es médica y asesora del coordinador de MSF en Jartum, Sudán.

La pasada semana el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) presentó los datos sobre los fondos globales destinados a cooperación: han sufrido un desplome sin precedentes que supone un mazazo para la vida de millones de personas en situaciones extremas. En los dos últimos años, el recorte acumulado ha superado el 30%; una auténtica irresponsabilidad en un mundo atravesado por crisis gravísimas. Las consecuencias serán incalculables.

Hay momentos en los que la historia nos obliga a elegir entre dejarse arrastrar por la vorágine o hacerle frente. Este es uno de ellos. Millones de personas sufren las consecuencias de decisiones ajenas, crueles e interesadas. Y, sin embargo, no se rinden: cada día se levantan, una y otra vez, y defienden sus derechos. En Ucrania, niños y niñas van a la escuela mientras continúan las bombas; en Sudán se inventan comidas sin alimentos; en Palestina, familias enteras se cuidan en medio del genocidio, “we teach life”, repiten y repiten. La vida —terca, tenaz, poderosa— sigue abriéndose paso, recordándonos que resistir no es una elección, sino una necesidad imperiosa.

En muchos lugares del mundo, quienes nos dedicamos a la cooperación, aprendimos que resistir es existir. El último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo demuestra que, en un contexto extremadamente complejo, las más de 600 organizaciones que forman parte de La Coordinadora han fortalecido su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz en 100 países de todo el mundo.

De 2022 a 2024, el número de personas con quienes trabajamos pasó de 47 millones a casi 58,4 y los proyectos crecieron 8,5%. Realizamos más de 4.300 iniciativas en áreas tan importantes como la asistencia humanitaria, la alimentación, la educación o la construcción de paz. Se ha aumentado un 12% el número de oficinas fuera de España porque, en tales circunstancias, es imprescindible estar allá donde la vorágine golpea más fuerte.No es fácil. El riesgo es enorme. Pero, una vez más, eludirlo no es una opción; bien lo saben las organizaciones con quienes trabajamos cuyo compromiso no para de crecer a pesar de la adversidad.

Una apuesta por la vida

Personas como la saharaui Zahra Bujari, experta agrícola, o Pastora, comadrona maya kaqchiquel de Guatemala, cuyas historias se narran en el Informe, nos marcan el camino. Como también lo hace la ciudadanía española que, una vez más, demuestra su solidaridad: el número de personas y entidades que apoyan el trabajo de las organizaciones de desarrollo aumentó hasta 2,6 millones y el voluntariado subió casi un 4% hasta 18.000 personas. Esta tendencia, además, demuestra la confianza ciudadana en el trabajo que realizamos.

El apoyo ciudadano no siempre viene acompañado de decisiones políticas que estén a la altura. Ya mencionamos al inicio el enorme recorte global de los fondos para cooperación. España, según los últimos datos del CAD, sube hasta el 0,27% de su Renta Nacional Bruta para cooperación. Aumentar los fondos en un planeta con graves crisis, es una buena noticia, aunque no es suficiente. España no llega a la media europea (0,42%) ni se encamina al 0,7% marcado por la Ley de Cooperación. Es hora de tomar decisiones firmes que ayuden a cambiar el rumbo de una historia que se muestra desgarradora. España, en coherencia con una ciudadanía solidaria y sus propios compromisos, debe marcar el camino internacional en esa dirección.

Un esfuerzo colectivo

Este informe no es solo un compendio de datos. Es la historia de casi 35 años de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Es la narración de un trabajo sostenido en contextos hostiles, de alianzas con nuestras socias locales, de decisiones no siempre fáciles… Un esfuerzo colectivo que se refleja también en vidas que mejoran, contextos que avanzan en defensa de derechos humanos, sociedades que caminan hacia lugares más amables, sostenibles, pacíficos y justos.

Y así, mientras parece que el mundo se desmorona, seguimos apostándole a la vida, a los derechos y a la paz junto a más de 58 millones de personas de 100 países. No hay otro camino posible. Porque como cantaba La Negra Sosa, en palabras de Fito Páez “Hablo de cambiar esta, nuestra casa / De cambiarla, por cambiar nomás / ¿Quién dijo que todo está perdido?”

Sale de la oficina de servicios sociales con cara de desconcierto. Sobrepasa el mediodía de la primera jornada tras la entrada en vigor de la regularización y a Tarapder ya le cuesta enumerar todas las ONG y sedes municipales visitadas desde primera hora de la mañana. Se ha recorrido varios distritos de la ciudad de Madrid y no ha encontrado lo que buscaba. En todos ellos formulaba la misma pregunta: “¿Aquí puedo pedir el ”informe de vulnerabilidad“?”. Quienes le atendían, sabían a lo que se refería, ya habían pasado muchas personas migrantes con la misma petición, pero aún no tenían la respuesta. “Nos hemos enterado por los medios, no sabemos cuál es el procedimiento. Estamos esperando a que nos digan cómo hacerlo”, respondió una de las distintas funcionarias municipales que le atendió este jueves.

El bangladesí se refería al documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo o no puedan acreditar haber tenido una relación laboral anteriormente. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que han salido a la calle en las primeras horas de la entrada en vigor de la medida que tanto necesitan.

Tarapder, de unos 30 años, tenía ya casi todos los documentos preparados incluso antes de la aprobación del real decreto. Desde el anuncio de la medida, él y su mujer empezaron a recopilar los trámites exigidos en el primer borrador. Tan precavidos fueron, que hace dos meses solicitaron los certificados que acreditan que no tienen antecedentes penales en su país, uno de los trámites más farragosos del proceso, para llegar a tiempo. “Suele tardar mucho, pero ya lo tenemos”, explica el bangladesí a elDiario.es en un autobús de camino al siguiente punto de la yincana en la que se convirtió el primer día de la regularización. El “informe de vulnerabilidad”, dice el hombre les pilló por sorpresa, tras ser incluido por el Gobierno debido a una recomendación del Consejo de Estado, que pedía añadir algún trámite para poder justificar la situación de precariedad extra vinculada a la irregularidad administrativa.

En teoría, según explicó el Ministerio de Migraciones, debería ser un trámite “sencillo”, que debería poder gestionarse en las oficinas de servicios sociales municipales y autonómicos, como aparece recogido en el real decreto. También puede obtenerse a través de las llamadas “entidades sociales colaboradoras en extranjería”, que incluyen a decenas de ONG de distintos puntos de España. El formulario es un modelo muy básico de preguntas simples, que no requiere burocracia añadida para quienes deben cumplimentarlo.

Sin embargo, en la práctica, al menos durante la primera jornada, conseguir ese papel se ha convertido en una suerte de juego de la oca para la decena de migrantes que han contado sus intentos infructuosos a elDiario.es en Madrid. En Valencia y Andalucía, también se han reportado obstáculos para acceder a este trámite.

Aunque la primera jornada de registro de solicitudes telemáticas se ha cerrado con aparente “normalidad” en cuanto a su funcionamiento técnico, varios abogados de extranjería confirman que por el momento, solo han podido presentar expedientes de solicitantes de asilo y de aquellos migrantes sin papeles que tienen hijos menores o pueden presentar una oferta de contrato de trabajo, es decir, quienes no necesitan presentar el informe de vulnerabilidad.

Los principales obstáculos están llegando por parte de algunos ayuntamientos, pero no todos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que “no va a colaborar” en la regularización de migrantes. “Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”, ha zanjado este jueves el líder del Ayuntamiento de la capital.

Lo primero que hizo Tarapder nada más levantarse es ir a Cáritas en Carabanchel, el distrito madrileño donde vive. No los hacían, al menos no todavía, cuenta el bangladesí. Se fue a otras asociaciones cuyo nombre no recuerda, y le recomendaron ir a Cruz Roja. No solo visitó una sede, sino varias. De Cruz Roja, otra de las “entidades colaboradoras”, le mandaron que fuese a preguntar al Ayuntamiento. No ha accedido a la información oficial publicada por el Ministerio de Inclusión. El bangladesí habla inglés y francés, además de su idioma natal, pero su nivel de español aún no es bueno. Migraciones publica todas las comunicaciones únicamente en castellano, algo que no ayuda en el proceso.

Después de esperar una larga fila de personas en la Junta de Distrito de Arganzuela, le dijeron que debía acudir a los servicios sociales municipales, así que se acercó a la oficina más cercana de la zona. “No era aquí, tenía que ir a la más cercana al lugar donde estoy empadronado”, dijo a la salida con resignación, mientras buscaba en Google Maps cómo llegar hasta el siguiente punto.

Allí, tras comprobar que estaba empadronado en ese barrio, le entregaron un formulario que avivó unas esperanzas que, después de los cinco minutos que tardó en rellenar el documento, volvieron a desvanecerse.

Confusión en los servicios sociales de Madrid

“Aún no sabemos cómo tenemos que proceder, quién lo tiene validar, el Ministerio no nos ha dado información”, le explicó una funcionaria. El documento no era el formulario que el Ministerio ha publicado en su página web (un modelo específico), sino un modelo básico que el Ayuntamiento utiliza únicamente para registrar las peticiones. Pero el bangladesí ni siquiera pudo finalmente oficializar su solicitud para pedir el informe. “Ante la falta de información, antes habíamos empezado a registrar la petición de esta manera, pero hemos recibido órdenes de la Junta de distrito para dejar de hacerlo por ahora, hasta que sepamos algo más”, le dijo la empleada, quien le invitó a regresar la semana que viene “a volver a preguntar”. Tarapder, sin entender la razón, se guardó el papel que acababa de rellenar y volvió a mirar su móvil para buscar la siguiente dirección donde probar suerte. “Ahora voy a una Cáritas en Puente de Vallecas”, dijo sin protestar.

La misma respuesta recibió Emilia, una mujer venezolana de 60 años que no ha logrado regularizarse desde su llegada a España en 2023. Menuda, dicharachera pero con carácter, la señora se acercó al mostrador de una de las oficinas de servicios sociales del centro de Madrid para preguntar por lo mismo que todos esa mañana: “¿Sabéis ya algo del informe de vulnerabilidad?”. La empleada negó con la cabeza: “¿Tú viniste ayer, no? Todo sigue igual”, respondió.

La mujer se acercó al corcho donde la oficina de servicios sociales ha colgado varios documentos con información oficial sobre el proceso de regularización. Entre ellos se encontraban las ONG colaboradoras, que pueden validar los ansiados informes de vulnerabilidad. Sacó un bolígrafo y una pequeña libreta y empezó a apuntar algunos de esos nombres para comenzar una nueva ruta.

La mujer migró a Madrid para reunirse con su hijo, quien ya tiene nacionalidad española. Ella podría haber pedido un permiso de residencia humanitaria, pero le aconsejaron que en su caso era preferible solicitar otro tipo de autorización, por arraigo familiar por tener un hijo español. Sin embargo, ella cree que, debido a una errónea orientación jurídica, la solicitud le fue denegada. Así, suma tres años en situación irregular. En este tiempo, ha sufrido un accidente que le tuvo varios meses sin apenas moverse.

Emilia se acercó a la Fundación Altius, donde también se formaron filas de grupos de personas migrantes en distintos momentos de la mañana, sobre todo bangladesíes y latinoamericanos. También, por el informe de vulnerabilidad. La respuesta, aunque suponía algo más que lo recibido inicialmente, tampoco calmó la ansiedad de Emilia: “Aún no estamos dando citas ni haciendo el informe, pero pueden rellenar este formulario y, cuando tengamos más información del Ministerio y nos organicemos, intentaremos ponernos en contacto con usted”.

Aunque las organizaciones colaboradoras pueden emitir el informe, durante la primera jornada muchas de ellas no tenían aún un sistema habilitado para organizar las solicitudes. Otras, como CEAR, han comenzado a emitir este tipo de documentos, pero arrancarán en primer lugar con las personas que atiende en la actualidad, luego continuará con aquellos que ha asistido en alguna ocasión en el pasado y finalizará con cualquiera que se lo solicite.

El trámite, por tanto, no es inmediato. Desde el Ministerio de Inclusión aseguran que todo funciona “sin incidentes”, aunque piden “paciencia” en estos primeros días hasta que la maquinaria se engrase y todos los actores involucrados se activen.

Tras recibir la última respuesta, Emilia frunció el ceño. Quería dejar zanjado el trámite ese día. Muchas personas migrantes viven este tipo de procedimientos con la angustia de sentir que no se pueden permitir el privilegio de dejar para el día siguiente trámites que marcarán la diferencia entre una vida en la clandestinidad y otra en la calma de ver sus derechos reconocidos. Tienen 75 días de plazo, ahora 74, y saben que en el camino pueden surgir nuevos problemas.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que ha registrado 20 expedientes: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade. Algunas ONG han decidio que no van a realizar este documento a los migrantes que presentará su solicitud con abogados privados. “Y eso puede ser un problema”, apunta.

Organizaciones como Andalucía Acoge critica la negativa de algunos Ayuntamientos de municipios andaluces que “están poniendo problemas” a este trámite. “No entendemos los obstáculos de algunos ayuntamientos, porque es un trámite súper sencillo y solo hace falta un poco de buena fé”, explica José Miguel Morales, presidente de la ONG, que asegura que sí están emitiendo este tipo de documentos. “También hay que decir que otros sí se están organizando y reforzando sus equipos para dar respuesta a estos casos. Vemos que es una cuestión de voluntad”, concluye.

Durante el atardecer, Tarapder escribe a elDiario.es para contar el resultado de su jornada.

-- Me dijeron que volviese la semana que viene.

-- ¿Dónde?

--- En todas partes. Mañana volveré a intentarlo.

Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría una puerta: trabajar, dejar de depender de la familia de su hermana, poder viajar al campo de El Aaiun (Tinduf) para ver a su hija mayor. Pero este martes una noticia volvió a colocar su vida en pausa: el Gobierno había excluido finalmente a los solicitantes de apatridia de la medida. “Yo pensaba pedirla, pero los saharauis no pueden. Otra vez nos vuelven a castigar a los saharauis”, dice a elDiario.es desde Asturias, donde vive acogida por su hermana.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los saharauis que llevaban semanas siguiendo de cerca el desarrollo de la medida, como Ezza. Los solicitantes de apatridia sí figuraban en el último borrador de la norma pero el texto definitivo les ha dejado fuera en el último momento, pese a que quienes piden la apatridia suelen esperar durante años la respuesta del Gobierno, en una situación administrativa más incierta que los demandantes de protección internacional, según explica el abogado Sidi Talebbuia. Mucos saharauis perciben el giro de última hora como un nuevo golpe el Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo del Sáhara Occidental, después del cambio de posición de España con respecto a la causa, pese a la responsabilidad histórica del país en la antigua colonia española.

Razones que no se corresponden con la realidad de los saharauis

El Gobierno ha justificado la exclusión apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución, como es el caso de los solicitantes de apatridia. Según esta argumentación, incorporarles al mecanismo extraordinario podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la decisión asegurando que las personas apátridas no están en situación irregular. España es de los pocos países que tiene un estatuto específico que protege a las personas apátridas“, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, la titular de Migraciones parecía confundir las personas que ya cuentan con el estatuto de apatridia reconocido con los solicitantes. Del mismo modo que no es lo mismo ser solicitante de protección internacional (para los que sí está destinada la regularización) que refugiado (para los que no). Además, Saiz afirmó que la población saharaui está “protegida”, una afirmación falsa, dada la precariedad en la que se encuentran los solicitantes de apatridia saharauis, mucho más vulnerable en comparación con las garantías del sistema de asilo.

Distintos informes han documentado las dificultades específicas que enfrentan los solicitantes de apatridia en España durante la tramitación de sus expedientes. El Índice de Apatridia en España 2023, elaborado por la Red Europea sobre Apatridia con participación de entidades como la Fundación CEPAIM, advierte de que estas personas encuentran obstáculos para acceder a derechos básicos mientras esperan una resolución. El informe señala que la apatridia genera una situación de “anomalía legal” que se traduce en barreras para el acceso al empleo, la sanidad o las ayudas sociales, en un contexto en el que los procedimientos pueden prolongarse durante años sin que exista un marco de protección equiparable al de otros colectivos migrantes.

Para el abogado Sidi Talebbuia, saharaui y especialista en apatridia, la explicación carece de sentido práctico. “La ministra dice que los apátridas cuentan con un procedimiento propio, pero los solicitantes de asilo también, y además es mucho más garantista que el de los apátridas, así que no se sostiene”, zanja el letrado. Mientras los demandantes de protección internacional se les concede una serie de documentos que prueban su situación regular en el país y, tras seis meses, pueden trabajar, los saharauis carecen con estos derecos en España, sino que mientras aguardan la respuesta definitiva de su petición durante años, se quedan en una especie de “limbo jurídico”, detalla el jurista. “No tienen derecho al trabajo, ni se les documenta. Antes se notificaba en comisaría y se les daba una tarjeta verde, pero eso ya no se hace desde hace años”, explica.

Las afirmaciones de Saiz han sido respondidas por la diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi. “La ministra ha dicho que los saharauis estaban protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido?”, ha declarado.

La realidad de Ezza

El caso de Ezza evidencia el contexto aportado por Talebbuia. La mujer saharaui, de 31 años, llegó a España el 21 de julio de 2024. Tres meses después, el 17 de octubre, solicitó la apatridia. “Desde hace un año y siete meses estoy en trámite, pero aún no me han respondido. Y sigo así, sin documentos, sin poder trabajar, sin nada”, explica. En ese tiempo, apenas ha recibido noticias de su expediente. Era un requerimiento habitual: acudir a comisaría, acreditar su documentación y seguir avanzando en el procedimiento, explica. El proceso sigue sin resolverse. 

Agotada con la espera, Ezza quería acogerse a la regularización como una solución a su situación, pese a que supusiese renunciar a la apatridia, un estatus que, de concederse finalmente, le aportaría mayores derechos y un permiso de residencia permanente en España. “Pero esta espera es casi inviable. Por eso lo más importante para mí es tener unos papeles para trabajar y vivir con la hija tranquila, sacarla adelante y poder viajar para ver a mi otra hija”, explica la saharaui. “Nunca pensé que todo iba a tardar tanto. Dejé a mi hija con dos años y ahora tiene cuatro”, ejemplica la mujer. Su niña menor nació en España y ya cuenta con nacionalidad española.

El día a día de Ezza no encaja con la “protección” con la que dice la ministra que cuentan los saharauis como solicitantes de apatridia. Su vida cotidiana transcurre en condiciones indignas en Asturias. Vive en casa de su hermana, en un piso pequeño donde conviven ocho personas. “Es un apartamento de dos habitaciones. Vivo con mi hermana, su marido, sus cuatro hijos, yo y mi hija, describe la saharui. No está empadronada allí. Tampoco tiene ingresos. ”No tengo nada… ni ayuda, ni empadronamiento... lo tenía pero tenía que pagar alquiler y ahora no puedo. Y en casa de mi hermana no puedo empadronarme porque es familia numerosa, ya vive mucha gente y no es posible“, explica.

Ese limbo administrativo se prolonga durante largos periodos que van de los dos a los tres años. En ese tiempo, aunque su situación no es de irregularidad, tampoco pueden construir una vida normalizada. A diferencia del procedimiento de asilo, regulado con mayor detalle, el de apatridia se rige por un reglamento de 2001 que deja amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración. “Se les podría documentar, es potestativo, pero España dejó de hacerlo desde la pandemia. Mientas que la ley de asilo sí obliga a entregar esa documentación temporal”, subraya el abogado.

Talebbuia sospecha que la situación de los solicitantes de apatridia en España trasciende lo jurídico. La mayoría de ellos son saharauis, personas cuya documentación procede de la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado que España no reconoce. “Ahí hay un problema político evidente. No quiere enfadar a Marruecos”, sostiene.

Mientras Ezza describe su situación se escucha a su hija, también a su hermana y a su cuñado, además a otros niños de fondo en el pequeño piso donde viven todos juntos. Recuerda una paradoja: “Yo incluso debería tener la nacionalidad española porque mi padre la tenía por haber nacido en una provincia española (Sáhara Occidental), pero ¿por qué no nos tratan igual que a quienes vienen de otras excolonias españolas como los países de America Latina?”, critica la saharaui, como tantos otros, atrapada entre un procedimiento que no termina y una regularización que, cuando parecía abrirse, ha vuelto a cerrarse.

Más Madrid ha instado al Gobierno a garantizar el derecho de acceso a los procedimientos de regularización de las personas migrantes que se encuentran en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que continúan encerrando a personas extranjeras con opciones fundadas para solicitarla, como en los casos de Oussama Moumen, que será expulsado este jueves, el mismo día que entra en vigor del real decreto, y de Omar er-Rahalli. La iniciativa, registrada en el Congreso de los Diputados, pone el foco en posibles disfunciones en la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería.

Según denuncia Más Madrid en el texto registrado por las diputadas Teslem Andala Ubbi y Alda Recas, existirían casos en los que personas con arraigo social, familiar o comunitario acreditado continúen sujetas a procedimientos de expulsión sin poder acceder a los mecanismos de regularización contemplados por el propio Ejecutivo. La iniciativa recoge los casos de Oussama Moumen y Omar er Rahalli, cuya deportaciones son inminentes, pese a contar ambos con informes favorables de entidades sociales y servicios públicos que acreditan su arraigo en España. Desde la formación advierten de que estas situaciones podría suponer una vulneración de principios básicos como la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficacia administrativa.

En el caso de Oussama Moumen, que se encuentra en el CIE de Zapadores (Valencia), el joven marroquí, de 23 años, pidió asilo in extremis y su retorno fue aplazado, ya que tenía casi “todo preparado” para pedir la regularización extraordinaria. Sin embargo, este miércoles, ha recibido de nuevo el documento que le anuncia su repatriación, programada para este jueves. Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan su arraigo y la realización de diversos trámites para pedir la regularización extraordinaria. El Ayuntamiento de Vinarós (Castellón) ha emitido un informe favorable que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”.

Por su parte, Omar er-Rahalli, encerrado en el CIE de Algeciras, lleva cinco años en España y dos de ellos viviendo con su novia española y su familia en Sevilla. Fue encerrado después de ser parado por la policía en un control por perfil étnico cuando estaba en los alrededores de la estación de Santa Justa (Sevilla), donde iba a tomar un autobús a Jerez para solicitar su certificado de empadronamiento actualizado, un trámite que debía cumplir cada dos meses para probar su residencia en España. Nunca llegó a su destino, pues la policía le llevó al calabozo y, posteriormente, al centro de internamiento.

Además, desde Más Madrid, subrayan la necesidad de garantizar que el acceso a la regularización no quede limitado por la situación de privación de libertad en la que se encuentran estas personas dentro de estos centros y reclama al Gobierno que active mecanismos efectivos que permitan a las personas internadas ejercer su derecho a solicitar la regularización, evitando que se ejecuten órdenes de expulsión en situaciones en las que concurran los requisitos legales. E impedir de esta forma que se repitan casos como los de Oussama Moumen y Omar er Rahalli.

Más Madrid también solicita al Gobierno medidas de supervisión y coordinación entre administraciones para impedir que estos casos queden fuera del marco de protección previsto en la normativa. Asimismo, le pide al Ejecutivo reforzar la transparencia institucional para conocer el número de personas extranjeras que se encuentran actualmente en los CIE o en centros penitenciarios ordinarios para poder evaluar así el alcance real de esta problemática.

El mismo día que supo que iba a ser deportado a Marruecos en unas horas, Oussama Moumen ha conocido que, no solo ha sido paralizado su la repatriación en un vuelo programado para este jueves, sino que saldrá del CIE de Valencia en las próximas horas, donde ha estado encerrado las últimas dos semanas, según confirma el Ministerio del Interior a elDiario.es. Horas antes de su traslado a Madrid para enviarle de vuelta a su país, ante la presión mediática y las preguntas recibidas por parte del sector del Gobierno de Sumar, el Ministerio de Interior ha decidido revisar su expediente. Es entonces cuando Inclusión ha confirmado al departamengto dirigido por Grande-Marlaska que el joven tenía una solicitud de arraigo en trámite, por lo que solicitó la paralización de su expulsión, según han explicado a elDiario.es distintas fuentes gubernamentales.

Según fuentes de Interior, después del aviso de Migraciones, “tras la revisión del expediente, el interno será puesto en libertad este mismo miércoles y se paraliza su orden de expulsión”. Las mismas fuentes de Interior explican que se ha tratado de una gestión entre la Secretaría de Estado de Migraciones, la Secretaría de Estado de Seguridad y, en última instancia, la Subdelegación del Gobierno. “El motivo ha sido la existencia de una solicitud de residencia por arraigo”, apuntan.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han añadido que las primeras gestiones con el Gobierno para frenar la repatriación de Oussama comenzaron mucho antes. “Se comenzaron gestiones con Interior desde hace una semana cuando se hizo pública la situación de Oussama. Estas gestiones se han acelerado hoy cuando se ha hecho pública la posible expulsión y se ha solicitado a Interior la revisión integral del expediente del joven, al tener información de que Oussama podía acreditar arraigo”, sostienen fuentes del departamento dirigido por Sira Rego. “Algo que finalmente ha concluido en una suspensión de lo expediente de expulsión”, añaden.

La semana pasada, después del primer intento de retorno, la plataforma CIEs NO Valencia registró una petición de arraigo social, como vía para evitar su repatriación a Marruecos. Aunque Oussama Moumen pretendía acogerse a la regularización, para la que pensaba tener más posibilidades, aún no estaba aprobada, por lo que el colectivo presentó esta petición para tratar de evitar su expulsión y justificar así su arraigo en España, a través de toda la documentación presentada. Como el joven marroquí ya había avanzado algunos trámites de cara al proceso extraordinario, estos papeles fueron presentados para tratar de pedir un permiso por esta otra vía. “Parece que eso ha sido lo que al final ha logrado su liberación”, sostiene Paco Simon, miembro de la plataforma.

En la mañana de este mismo miércoñes, Oussama lamentaba su próxima repatariación: “Han reactivado mi expulsión. Tengo un vuelo el jueves a las 9 de la mañana. No entiendo por qué hacen esto”, escribía desde el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia). Después de que este medio contase el caso de su inminente expulsión, pese a tener el arraigo documentado y casi “todo preparado” para pedir la regularización extraordinaria, el joven pidió asilo in extremis y su retorno fue aplazado. Su abogada de CIE no, registró también en las últimas semanas una petición de arraigo social antes de que entrase en vigor la regularización. Pero este miércoles, la abogada de Moumen, Rahma Lakrirah Kasdar, confirmó a través de sus propios medios que el chico tenía una expulsión programada para este jueves. “La Policía no había notificado a Oussama la programación de su repatriación, como obliga la ley. Nos hemos podido enterar porque he preguntado al juzgado”, ha explicado la jurista cuando aún pensaba que su cliente, al que no cobra, iba a ser retornado.

“Tengo todo preparado para pedir la regularización, Cáritas me ha ayudado con los papeles”, decía el joven a elDiario.es cuando todavía su repatriación seguía programada para este jueves. Su caso había sido denunciado por la Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia, colectivo que exigía la paralización de la deportación de Oussama ante el arraigo social con el que cuenta en Vinarós, el pueblo de Castellón donde vive desde hace años, probado en informes del Ayuntamiento de la localidad, así como de Cáritas y la Asociación Amigo, organizaciones que han prestado apoyo al joven durante este tiempo. Finalmente, tuvo que acelerar su petición y solicitó la regularización por otra vía, a través de un arraigo social, para intentar evitar su retorno forzado.

Por este tipo de casos, Más Madrid ha pedido al Gobierno “garantizar el derecho de acceso a los procedimientos de regularización de aquellas personas migrantes” que se encuentran internadas en el CIE. La iniciativa, registrada en el Congreso de los Diputados a través de las diputadas Teslem Andala Ubbi y Alda Recas, pone el foco en posibles disfunciones en la aplicación de la normativa aprobada este martes en el Consejo de Ministros. El escrito menciona los casos publicados por elDiario.es: el de Oussama Moumen, y el de Omar er-Rahalli, encerrado en el CIE de Algeciras, pese a llevar cinco años en España y dos de ellos viviendo con su novia española y su familia en Sevilla.

Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan el arraigo de Oussama Moumen y la realización de diversos trámites para pedir la regularización extraordinaria. El Ayuntamiento de Vinarós (Castellón) ha emitido un informe favorable de arraigo sobre Oussama que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”. El Consistorio también confirma “el beneficio de mantener su plan de intervención individualizado por parte de los Servicios Sociales, así como su residencia en España”. 

La Conselleria de Servicios Sociales aprobó en febrero de este año su participación en el “Programa Mentora” para recibir clases de castellano y regularizar su situación administrativa. Acudió a todas las actividades, asegura el escrito, por lo que la Oficina solicita que se tenga en cuenta su informe “contra la orden de expulsión”.

El joven marroquí, de 23 años, explicó a este medio que estaba en su casa cuando la policía llamó a su puerta hace unas dos semanas. “Me dijeron que tenía un error en mis documentos. Que tenía que acompañarles para arreglarlo. Yo pensé que sería firmar algo rápido y volvería a casa, pero desde entonces estoy detenido. No pude ni coger mis pastillas”, decía Oussama desde el CIE de Valencia, uno de los centros de detención donde son privados durante un máximo de 90 días inmigrantes por su situación administrativa irregular, aunque no hayan cometido ningún delito, para proceder a su repatriación. “Tenía todo preparado para pedir la regularización. Cáritas me había ayudado”, indicaba antes de conocer que, finalmente, no iba a ser retornado este jueves, como aparecía escrito en la notificación de expulsión entregada un día antes por los autoridades del centro policial. Ha obtenido al menos ocho días de margen, mientras su letrada y la Campaña CIEs No Valencia siguen pidiendo al juzgado la revisión de su caso.

“En Marruecos no me queda nada. Vendí todo para venir. Si me devuelven, me voy a deprimir y no sé qué voy a hacer”, dice con desesperación el hombre, sin creer del todo que vaya a ser deportado escasas semanas antes del inicio del procedimiento de la regularización extraordinaria -según los plazos iniciales del Gobierno-. “Aquí ha sido difícil, pero estaba saliendo adelante, me estaban ayudando con todos los papeles para pedir la regularización, estaba esperando el certificado de penales de Marruecos, y ahora estoy aquí encerrado”, lamenta el marroquí,

En estos momentos, cuenta, debido a sus lesiones, no puede trabajar, pero durante estos años ha estado empleado de manera clandestina endistintos oficios: “He trabajado como temporero en la campaña de la naranja, en la aceituna; he trabajado en un mercado…”, enumera el marroquí desde el interior del centro de detención. 

Según denunció la plataformas CIEs NO Valencia, la autorización de internamiento se ha producido “tras una identificación por perfil étnico”, “sin que haya cometido delito alguno”, sostiene un escrito enviado al juzgado de control del CIE. Según detalla Oussama, la primera vez que fue detenido estaba en una cafetería del pueblo castellonense. “Nos pidieron los papeles solo a los que parecíamos extranjeros y yo era el único que no tenía papeles”, cuenta el hombre, a quien le dieron entonces la orden de devolución que ahora motiva su retorno a Marruecos. “Al realizarse el internamiento mi representado no portaba documentación acreditativa del arraigo social, económica y familiar. En el momento presente se encuentra empadronado, tiene habitación propia, está asistiendo de forma regular a clases de español y ha sido dado de alta en el grupo de trabajo técnico de la consejería”, sostiene la letrada. 

La Plataforma CIEs No pide así la suspensión de su retorno, a las puertas de su regularización en España. “Los años de esfuerzos de Oussama para salir adelante y de las personas e instituciones que le han acompañado desde que llegó a Vinaròs no van a servir de nada si mañana acaba siendo deportado a Marruecos desde el CIE, donde fue encerrado hace 10 días tras una identificación por perfil racial en Castellón”, ha denunciado la plataforma. 

El ruido de los combates alcanzó el corazón del poder en Sudán en la madrugada del 15 de abril de 2023. El palacio presidencial, así como los aeropuertos de Jartum y Merowe, se convirtieron en los primeros escenarios de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Lo que comenzó como una lucha de poder entre dos cúpulas militares y señores de la guerra —Mohamed Hamdam Dagalo, líder de las FAR, y Abdelfattah al Burhan, líder de facto y jefe del ejército de Sudán— se ha transformado, tres años después, en una de las mayores crisis humanitarias, con reiteradas vulneraciones de los derechos humanos, y en un conflicto regional que incluye a aliados extranjeros.

Mariam tenía 18 años cuando fue violada por un grupo de hombres armados mientras iba a buscar agua en El Fasher, en Darfur del Norte. No lo contó en casa. Unas semanas después, durante la huida de la ciudad, su familia descubrió que estaba embarazada. “Tenía miedo, por eso no lo conté”, explicó más tarde a Plan International, una organización no gubernamental que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas en Sudán y en más de 80 países en el mundo.

La historia de Mariam se repite en un país donde, tres años después del inicio de la guerra, más de nueve millones de personas han sido desplazadas dentro de Sudán y más de 30 millones dependen de ayuda humanitaria. Hay regiones en una situación más crítica como es el caso de Darfur y Kordofán, con elevados niveles de emergencia alimentaria y riesgo de hambruna tras el colapso de los mercados y el bloqueo de las rutas comerciales.

Del golpe fallido a “archipiélago de guerras”

“El conflicto empezó como un golpe palaciego fallido y se ha convertido en un archipiélago de guerras civiles interconectadas”, explica a elDiario.es el analista geopolítico y director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, Elhadi Abdalla Mohamed.

Dicha evolución es vital para entender el conflicto en Sudán hoy. No hay un único frente ni actor, sino múltiples guerras superpuestas en Jartum, Darfur, Kordofán o el Nilo Azul, donde operan las fuerzas paramilitares, el ejército sudanés, las milicias locales y las redes armadas relacionadas con economías ilícitas. Aun así, y como señala Abdalla Mohamed, lo lógica original no ha desaparecido. “El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él”, explica.

En estos tres años también han cambiado las formas de combatir. El conflicto ha pasado de combates urbanos caóticos a campañas más prolongadas, territoriales y tecnológicamente más complejas. “Ahora vemos una guerra de desgaste, con uso extensivo de drones, asedios prolongados y ataques sistemáticos contra infraestructuras y corredores de suministro”, explica el analista.

El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él

Elhadi Abdalla Mohamed — Director del Centre for Global Peace and Development en Sudán

El asedio de El Fasher ilustró este cambio. Desde abril de 2023 hasta octubre de 2025, cientos de miles de personas quedaron atrapadas en la ciudad sin acceso a alimentos ni agua. “Nuestra vida sucedía en los túneles, sin comida y sin agua”, recuerda anónimamente una trabajadora humanitaria. “Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir”, añade.

Abdalla Mohamed advierte que “la economía de guerra ya no es un efecto secundario, sino parte del motor del conflicto”. El control de recursos como el oro, las rutas comerciales o las zonas agrícolas permiten financiar a los actores armados, mientras el saqueo, la extorsión y el control de carreteras se integran en la vida cotidiana.

Un conflicto que se alimenta desde el exterior

Según el Observatorio de Complejidad Económica, una plataforma de análisis visual de datos, Sudán está entre los 50 países más importantes en la exportación mundial de petróleo, que es a su vez el cuarto producto más exportado del país. Pero el petróleo no es todo. Sudán alberga en su suelo hierro, cobre, zinc, tungsteno, goma arábiga y oro (es el tercer extractor de oro más importante del continente africano), entre otros, y siendo este último la moneda de cambio con sus socios extranjeros.

“No estamos ante dos bloques enfrentados, sino ante redes de patrocinio superpuestas”, señala Abdalla Mohamed. En ese entramado, y con el oro por bandera, Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de apoyar a las fuerzas paramilitares a través de canales vinculados al comercio del oro y redes transfronterizas, al mismo tiempo que Egipto respalda al Ejército sudanés por cuestiones de seguridad y control del río Nilo. Otros países del Golfo, Turquía o potencias occidentales también mantienen intereses propios en Sudán.

Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir

Una trabajadora humanitaria

Según el director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, esta injerencia extranjera y apoyos cruzados prolonga el conflicto: “Los actores sudaneses no son pasivos, explotan estas rivalidades para sostener la guerra”. Al mismo tiempo, la ausencia de coordinación internacional ha limitado los intentos de mediación. “Ha habido demasiados procesos paralelos y sin consecuencias reales cuando se violaban los acuerdos”, señala el analista, en referencia a iniciativas como las negociaciones de Yeda, en Arabia Saudí.

Colapso humanitario

El impacto humanitario del conflicto en Sudán es masivo. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia y el país africano vive la mayor crisis de desplazamiento y hambre de todo el mundo.

El desplazamiento interno supera ya los nueve millones de personas, especialmente concentrados estos movimientos en zonas como Darfur, Kordofán y el estado de Jartum que, a su vez, han sido los principales epicentros del combate. Las rutas de huida siguen patrones similares desde áreas urbanas como Jartum o El Fasher hacia zonas rurales aparentemente más seguras o hacia localidades como Tawila, en Darfur del Norte.

El desplazamiento no se limita al interior del país. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 3 millones y medio de sudaneses han cruzado las fronteras de su país en los últimos tres años. Egipto es el principal país de acogida, con 1,5 millones de refugiados, aunque sólo alrededor de la mitad están registrados como tales. Le sigue Chad, con más de 900.000 refugiados, procedentes sobre todo de la región sudanesa de Darfur. A Sudán del Sur han vuelto más de 800.000 ciudadanos de este país que habían huído anteriormente a Sudán, además de casi medio millón de refugiados sudaneses.

Los centros hospitalarios y educativos están prácticamente inoperativos en gran parte del país. Los centros de salud carecen de personal, medicamentos y capacidad operativa, incluidos servicios básicos de atención a víctimas de violencia. Según datos aportados por Plan International, solo un 3,3% de adolescentes tiene acceso a anticonceptivos y una proporción similar dispone de productos de higiene menstrual. La educación también ha sufrido un batacazo. En las zonas más afectadas, el 75% de los adolescentes están fuera del sistema educativo.

Violencia sexual: una práctica extendida

La violencia sexual en el conflicto de Sudán aparece en todos los informes de organizaciones no gubernamentales y centros de análisis e investigación. En las zonas analizadas en Darfur, Plan International apunta que las adolescentes identifican el abuso psicológico, el matrimonio infantil, la explotación sexual, el acoso y la violación como las formas más comunes de violencia de género, siendo las dos primeras las más extendidas, con un 18% y un 16%, respectivamente.

Las cifras reflejan, además, un entorno en el que la violencia es estructural y salpica la vida cotidiana. Algunos testimonios relatan que actividades básicas como recoger agua o leña se consideran de alto riesgo por la presencia de grupos armados. Por otro lado, la trabajadora humanitaria anónima describe violaciones masivas durante los desplazamientos, incluidas menores que quedaron embarazadas sin atención médica.

Abdalla Mohamed subraya, por su parte, que este tipo de prácticas no pueden entenderse como episodios aislados, sino como parte de una dinámica más amplia de violencia contra civiles que incluye asesinatos, hambre inducida y ataque sistemáticos contra la población civil.

Hay un consejo que siempre recibía todo el que preguntaba por los trámites que podría ir avanzando de cara a la regularización extraordinaria: “Ve pidiendo los antecedentes [en referencia al certificado de carencia de estos]”. Se lo dijeron a Luisa, colombiana que celebró la medida desde el primer día. A Jhon, quien contaba sentado en un banco de Plaza Elíptica, esperando conseguir algún trabajo temporal para sacarse el jornal, que ya había conseguido el documento tras solicitarlo semanas atrás para “ya tenerlos listos y apostillados”. También Oussama, un marroquí que había preparado la documentación cuando fue encerrado en un CIE. Había solicitado el certificado que prueba la carencia de antecedentes en su país, Marruecos, pero aún no le había llegado. 

Carecer de antecedentes penales, en España y en el país de origen (o en aquellos países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria, pese a los muchos bulos extendidos por la extrema derecha. Probar dicha inexistencia de delitos, sin ambargo, no siempre es fácil.

Dependiendo de la nacionalidad de los migrantes, los plazos pueden alargarse durante meses o incluso años, según distintos testimonios de migrantes recogidos durante años por elDiario.es y los abogados que los acompañan. A sabiendas de esta situación, y para evitar quedarse sin optar a la medida por un retraso burocrático que no depende de ellos, muchos extranjeros solicitaron ya hace semanas sus certificados, aunque otros no lo han hecho por miedo a la caducidad de estos (en ocasiones tienen que hacer encajes de bolillos para cuadrar los plazos) antes de la aprobación del real decreto o, directamente, no tenían aun la manera para hacerlo, porque sus autoridades no lo ponen fácil.

Por ejemplo, si bien las embajadas de Colombia o Perú suelen funcionar de forma ágil y sencilla y, en poco tiempo, emiten estos documentos; las autoridades de otros países como Cuba, Nigeria o Mali no lo facilitan, en algunos casos motivadas también por su propio contexto social. Por eso, la norma ha abierto una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, a sabiendas de que es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos o nunca lleguen.

En estos casos, el solicitante podrá pedir (a través de un certificado de haber pedido el documento y una declaración responsable) al Gobierno su intervención a través de la vía diplomática. Es decir, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores, podrá mover sus hilos y contactos para hacer presión a las administraciones extranjeras de turno con le objetivo de lograr una respuesta durante un plazo extra de tres meses más, en los que las solicitudes afectadas quedarán paralizadas.

“Algunos de ellos mucha dificultad. Sobre todo aquellos que necesitan que luego sean legalizados los certificados, suele ser complicado. Además de Nigeria, otros como Mali o Burkina Faso tienen muchos problemas y retrasan mucho el proceso”, indica el abogado experto en inmigración Felipe Garoña, presidente de la Asociación Extranjeristas en Red. Los solicitantes de asilo que sufren persecución en sus países de origen (pero no han recibido protección en España y buscan vías alternativas de regularización) se pueden encontrar con que sus autoridades rechazan la emisión de estos documentos. “Tengo algún cliente en esa situación, que directamente los autoridades de sus países no se lo pueden emitir porque esas peticiones están bloqueadas”, añade el letrado que considera una buena solución la vía extraordinaria abierta por el Gobierno para ayudar a los migrantes que encuentren problemas en la justificación de la falta de antecedentes por parte de terceros países.

“Ese apoyo por vía diplomática, en el caso de que no se pueda obtener por su cuenta es bastante oportuna para no dejar a estas personas en una situación de estancamiento”, analiza Garoña.

Las misiones policiales de Nigeria

Entre los ciudadanos que tienen más papeletas para acabar solicitando el apoyo del Gobierno se encuentran aquellos que proceden de algunos países subsaharianos- En concreto, todos los abogados citan Nigeria como uno de los Estados que más complica dicho trámite. La razón: el país africano no permite cumplir con este trámite en sus propias embajadas, sino que obliga a sus ciudadanos emigrados a viajar a Nigeria para ello, dado que exige que las huellas dactilares se tengan que tomar en el propio país.

Y, como hay gente que no puede viajar a Nigeria, menos aún si no tienen papeles, sus autoridades organizan cada cierto tiempo una misión diplomática por la que vienen agentes policiales nigerianos a diversos puntos de España para que sus ciudadanos puedan realizar diversos trámites en suelo español, entre ellos, la solicitud de antecedentes. Sus nacionales, por tanto, se deben organizar también para liberar ese día y organizar en ocasiones un traslado a las ciudades donde se celebrarán dichos encuentros.

Este tipo de trabas desencadenan casos tan delirantes como el de Lola: una mujer que nació en España, donde vivió toda su vida. De padre nigerianos, heredó la nacionalidad de su progenitor pero, cuando era adulta y empezó a intentar pedir la nacionalidad, se encontró con un impedimento: debía demostrar la carencia de antecedentes en un país que ni había pisado. Pensó que era un trámite automático, pero pronto se encontró una odisea de años para lograr ese papel.

Durante meses, ella y su padre tuvieron que estar pendiente de Facebook para saber cuándo iba a viajar a España la misión de los policías nigerianos. “Básicamente, tú te presentas en el sitio que determinan ellos, que en Barcelona suele ser en un polígono industrial. Llegas, te apuntas en un papel. Llegas y preguntas quién es el último y te dan una hoja, una hoja de libreta normal y tú te vas apuntando por orden de llegada. Las dos veces que tuve que ir pasé allí nueve o diez horas”, recordaba en una entrevista con el podcast de elDiario.es Un Tema Al Día.

En ocasiones las dificultades no solo pasan por el sistema para conseguir ese certificado, sino que también depende de la fecha de caducidad de este documento, que en general depende de cada país. Nigeria establece solo tres meses de caducidad. Como cualquier trámite de extranjería requiere más documentos a presentar, esto obliga a mucha gente a coordinar todos esos trámites para, en el momento de tener los antecedentes, que es lo que más difícil, presentarlo. Un error de cálculo puede provocar que, en el momento de presentar el expediente, ese certificado de antecedentes penales haya expirado, por lo que hay que empezar de cero.  De hecho, Lola cuenta que tuvo que repetir este proceso en dos ocasiones.

Mandar mensajeros a Cuba

Los cubanos tampoco lo tienen nada fácil y menos ahora, ante la crisis de electricidad del país. Alfonso se agobia solo de recordar el tiempo en que esperó ansioso la llegada de su certificado de antecedentes desde su país, Cuba. “Si se hace a través del consulado, puede demorarse mínimo siete meses y luego te lo tienen que traer a España”, dice el hombre, quien se regularizó hace unos meses por la vía habitual. Para tratar de acelerar el proceso por la puerta de atrás, él tiró de “contactos”.

“Las personas tienen contactos y, cuando Cuba no estaba en esta situación tan mala con el tema del petróleo, ellos conocían personas que por dinero te agilizan el proceso”, recuerda el cubano. “Para poder sobrevivir los trabajadores cobran por detrás para agilizar los trámites, porque si lo haces a través del consulado el trámite es igual de costoso y demora mucho más”, contextualiza el hombre. “Yo solicité uno en septiembre del año pasado y aun no me ha llegado”, ejemplifica. El hombre reconoce haber sido afortunado pues presentó un documento caducado que finalmente la Administración aceptó: “Gracias a dios que tenia uno antecedentes que estaban caducados, me los habían entregado en diciembre del 2024 y solo tienen una validez de 6 meses, pero me los aceptaron y me aprobaron la residencia por arraigo hace unos 10 días”.

En el caso de regularización, tanto los solicitantes de asilo como los migrantes en situación irregular tendrán que que acreditar que no han cometido delitos también en suelo español. En este caso, sin embargo, no es difícil: los solicitantes no necesitan presentar ningún documento físico, sino que Administración recabará de oficio su historial directamente del Registro Central de Penados asegurarán que no suponen un riesgo para “el orden público o la seguridad nacional” -un supuesto a menudo abstracto y que en ocasiones empuja decisiones arbitrarias- a través de los “informes policiales pertinentes”. 

La intervención diplomática del Gobierno, sin embargo, no es una garantía para recibir la acreditación de la falta de delitos en sus países: ¿qué pasa si superado el plazo extraordinario no llega la acreditación de carencia de antecedentes penales? Después de la ampliación de tres meses , el Gobierno español notificará al solicitante la situación y, como última oportunidad, se dará 15 días para que aporte el certificado oficial. Si no se entrega entonces, algo poco probable llegado a ese punto, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. “No se podrá hacer nada más”, asumían fuentes del Ministerio de Migraciones este martes.

El Gobierno aprobará este martes la esperada regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas, según sus estimaciones. Cientos de miles de migrantes esperaban desde hace meses el momento para empezar a presentar las peticiones, lo que de facto suspenderá sus procedimientos de expulsión. Ya tenemos fecha de entrada en vigor: este 16 de abril, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A continuación, respondemos con detalle una serie de preguntas y respuestas claves para quienes estén interesados en acogerse a la regularización extraordinaria. Las respuestas se basan en el último borrador del texto de la medida, el mismo que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según aseguran a elDiario.es fuentes gubernamentales.

¿Dónde puedo registrar la solicitud de regularización extraordinaria?

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática (a través de la plataforma 'Mercurio', ya sea de manera individual, por apoderamiento o mediante representantes o apoyo de entidades colaboradoras). Las personas sin papeles, al no tener documento electrónico, no pueden acceder por su propia cuenta a la vía telemática, por eso será tan importante que funcionen bien los puntos físicos habilitados, así como la posibilidad de hacerlo a través de intermediarios. La vía on line estará operativa 24 horas, 7 días a la semana.

El Gobierno va a habilitar nuevas oficinas públicas en distintos puntos de España, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”. Estos puntos presenciales buscan evitar que unas personas tengan más difícil que otras el acceso a la regularización en función de dónde vivan, ya que Correos cuenta con oficinas de Correos en todo el territorio español, según el texto normativo. En el despliegue extraordinario participarán 372 oficinas de Correos, 60 oficinas de Seguridad Social y 5 oficinas de Extranjería habilitadas.

¿Cuándo empieza? ¿Cuándo puedo presentar mi expediente?

¿Quiénes pueden optar a la regularización extraordinaria?

Hay dos grandes grupos de beneficiados, con un procedimiento específico para cada uno de ellos. En primer lugar, las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. 

El otro colectivo afectado son los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

En todos los casos, deben carecer de antecedentes penales en España y en sus países de origen, así como no ser considerado “un riesgo para la seguridad y el orden público” -algo que determinará un informe policial, que será evaluado por el personal del Ministerio de Migraciones).

Si soy solicitante de asilo, ¿qué requisitos tengo que cumplir? 

Los solicitantes deben acreditar haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026, a través de cualquier medio de prueba válido, y probar la inexistencia de antecedentes. También hay que presentar un documento identificativo, sin importar que esté caducado o en vigor. 

Como solicitante de asilo, ¿debo renunciar al procedimiento de protección antes de pedir la regularización?

No es necesario renunciar antes de registrar la petición, pero sí después de recibir una respuesta positiva. Los solicitantes de asilo que aún no hayan recibido una respuesta a su petición o a su recurso no tienen la obligación de renunciar al procedimiento de la protección internacional antes de solicitar la regularización extraordinaria. 

Si la respuesta a esta última petición es positiva, entonces sí debe desistir al asilo antes de pedir la tarjeta de identificación de extranjero ligada al permiso de residencia extraordinario, según la última versión del texto normativo. 

Y si estoy en situación irregular, ¿cuáles son los requisitos?

En función del supuesto en que se encuentre, hay requisitos generales y particulares. En general, debe presentar documentos que acrediten tanto haber entrado antes del 1 de enero de 2026, haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales. 

Para acreditar los plazos de entrada y permanencia en España, será posible presentar “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad”. Es decir, en este aspecto hay flexibilidad y las posibilidades van mucho más allá del habitual certificado de empadronamiento: documentos de identidad o pasaportes -en vigor o caducados-, facturas de la luz, partes médicos, diplomas de formaciones, papeles de servicios sociales o actividades municipales en las que se haya participado…

Esta regularización se puede pedir por tres motivos distintos: laboral, familiar o situación de vulnerabilidad. En función del supuesto en que se encuentra, se añaden otros requisitos más específicos. 

¿Cuáles son las exigencias en función de esos supuestos?

¿Qué es eso del informe de vulnerabilidad? ¿Dónde se puede pedir y quiénes lo deben presentar?

Es un informe nuevo, distinto a los habituales “informes de integración” de los servicios sociales, que deberá realizarse “a través de un modelo específico”, elaborado por el Ministerio de Inclusión. Se trata de un documento que acreditará la vulnerabilidad que sufren los migrantes por el hecho de vivir sin papeles: mayores dificultades para acceder a un trabajo estable, a la vivienda, etc. Además de las entidades competentes en materia de asistencia social de las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha habilitado un registro de ONG especializadas en extranjería que también tendrán capacidad de emitirlos. 

Se trata de las entidades del Tercer Sector inscritas en el nuevo “Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, regulado mediante una orden interna el pasado 2 de marzo, de la que el Gobierno dará más información en las próximas horas. 

¿Cómo acredito que no tengo antecedentes penales?

Las autoridades de mi país suelen tardar muchísimo en enviar este tipo de certificados de antecedentes y temo que no me llegue a tiempo. Si he pedido el certificado a las autoridades de mi país, no me responden y se acerca la finalización del plazo de la regularización. ¿Qué puedo hacer?

La norma abre una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, porque es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos. 

Si acredita que ha pedido el certificado y ha transcurrido un mes sin recibir respuesta, puede solicitar que el Gobierno español intente recabarlo por vía diplomática. Para activar esta vía, debes adjuntar a tu solicitud de residencia el justificante de haber solicitado el certificado a las autoridades de tu país, una declaración responsable (en un modelo específico) donde manifieste formalmente que ha pasado un mes y aún no ha recibido respuesta; y, por último, una autorización para que las autoridades españolas puedan pedir sus antecedentes en su nombre. Este documento tiene que presentarse en español y también en el idioma del país que deba emitir el certificado.

Tras ello, el trámite quedará suspendido por un “plazo máximo de tres meses”, mientras España intenta conseguir dicha información por la vía diplomática. Pero si transcurren esos tres meses y el Gobierno español tampoco consigue por su cuenta el certificado, se le notificará y, como última oportunidad, se exigirá al solicitante que aporte el certificado oficial en un último plazo de 15 días. Si no se entrega entonces, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. 

¿Cómo puede pedir la regularización en mi nombre otra persona?

Es posible autorizar a una tercera persona o profesional para que presente la solicitud telemática en su nombre. Esto incluye, además de los abogados, a las ONG inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, las cuales están legitimadas para la presentación electrónica de trámites, lo que supone una vía segura, especialmente para personas vulnerables que pueden ser objeto de abusos. 

Por lo tanto, no necesita hacerlo usted mismo desde un ordenador si carece de firma electrónica. Bastará con reunir la documentación obligatoria rellenando el modelo específico (que estará disponible en las webs de los ministerios implicados) y acudir presencialmente a una de estas oficinas públicas u organizaciones colaboradoras, donde se encargarán de realizar el envío telemático por usted. 

Veo algún anuncio de abogados de extranjería que urgen a pagar mucho dinero y meten miedo diciendo que es imprescindible hacer el trámite a través de un profesional. ¿Es normal?

Ojo. Solicitar los servicios de un abogado colegiado a cambio de dinero siempre es una opción si se quiere reducir tiempo o se trata de casos muy complejos, pero no es imprescindible. Este proceso de regularización cuenta con distintas posibilidades para presentar la solicitud sin desembolsar grandes cantidades de dinero, sea a través de las oficinas públicas o con el apoyo de las ONG habilitadas para este fin. El Movimiento Regularización Ya está realizando también distintas charlas o talleres para informar sobre los trámites a seguir. 

En todo caso, si alguien le dice que pagar un servicio jurídico es un requisito fundamental para presentar su regularización, huya. Le está engañando. 

¿Qué pasa con los hijos menores que están acompañados por sus familias?

Los padres, madres o tutores que soliciten la regularización extraordinaria deberán presentar “de forma simultánea” la solicitud de autorización de residencia para sus hijos menores, o mayores con discapacidad que requieran apoyo, que se encuentren en España. Ambas solicitudes se resolverán al mismo tiempo y, en caso de obtener una respuesta positiva, los niños y adolescentes obtendrán un permiso de cinco años de duración, en vez de la autorización de un año recibida por los adultos. 

Estos casos se resolverán a través de la vía general de menores acompañados, pero flexibilizando mucho sus requisitos. Para los menores nacidos en España, se exime de la exigencia de presentar esta petición a los seis meses posteriores a su nacimiento. Para los nacidos en el extranjero, solo se pide acreditar por cualquier medio que el menor “ha permanecido en España de forma ininterrumpida” durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud (se evita así demostrar los habituales dos años de permanencia previa, así como de disponer de los medios económicos y del alojamiento adecuado que habitualmente se exigen para la reagrupación familiar).

¿Qué tipo de permiso concede la regularización extraordinaria?

La autorización inicial es temporal y tiene una vigencia de un año. Este permiso permitirá residir y trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español y en cualquier ocupación o sector. 

¿Qué pasará cuando pase el año? ¿Se puede prorrogar?

Sí, se podrá modificar la autorización extraordinaria a un permiso por la vía ordinaria, si se cumplen con los requisitos, que incluye encontrarse trabajando en España o haberlo hecho durante un tiempo determinado. 

Si no se cumple con este requisito, el permiso podrá ser prorrogado por año extra por la vía extraordinaria siempre que el solicitante esté en búsqueda activa de empleo e inscrito en el servicio público de empleo, o haya aportado un “informe favorable de esfuerzo de integración” emitido por la comunidad autónoma que corresponda.  

Creo que tengo todo preparado… ¿pero qué pasa si falta algún papel y no me he dado cuenta?

Si presenta la solicitud y falta alguna documentación o está incompleta, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería le enviará un requerimiento formal para que subsane los problemas detectados, según la norma. Se le indicará qué es lo que falta y se le dará un plazo específico para añadirlo, que no podrá ser superior a 15 días. Si sobrepasado el tiempo establecido no envía la documentación solicitada, la petición quedará archivada. 

Si ya están saturadas las oficinas de extranjería y es tan difícil conseguir cita, ¿cómo se va a poder gestionar este pico de peticiones?

Las solicitudes de la regularización extraordinaria irán por otro canal, aseguran fuentes de Migraciones. No dependerán de las oficinas de extranjería (dependiente del Ministerio de Política Territorial con implicación de Interior) sino por la Unidad de Tramitación de Extranjería (responsabilidad de Migraciones). Según fuentes ministeriales, habrá un refuerzo de 550 empleados de personal de tramitación y atención, Habrá unas 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y más de “150 entidades colaboradoras y profesionales habilitados”.

La regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 personas, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria -que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias-. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintos bulos difundidos por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racializadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

El Gobierno aprobará este martes por real decreto la regularización extraordinaria de migrantes, según ha confirmado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Los técnicos del Ministerio de Migraciones apuran las modificaciones del texto definitivo tras el dictamen del Consejo de Estado, que aunque ha solicitado algunas correciones, el Ejecutivo considera que respalda la esencia de la norma, así como su aprobación por la vía exprés.

Desde el Ministerio de Migraciones han considerado positivo el análisis del Consejo de Estado. Su mayor temor se encontraba en la posiblidad de que el organo consultivo rechazase la fórmula elegida para su aprobación, a través de una reforma del reglamento de extranjería en vez de la Ley Órganica, lo que permitía sacarla adelante sin necesidad de respaldo parlamentario. “Se está trabajando con el texto para incorporar sus recomendaciones a la mayor brevedad”, sostienen desde la cartera liderada por Elma Saiz.

“El Consejo de Estado respalda la aprobación con carácter urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería para dar comienzo al procedimiento de regularización extraordinaria que se anunció por parte del Gobierno de España y que beneficiará a miles de personas que se encuentran ya en nuestro país”, sostienen fuentes del departamento dirigido por Saiz. “Valora positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa”, añaden.

El órgano consultivo no ha presentado objeciones al fondo del texto, pero sí ha señalado algunos detalles sobre cómo justificar los requisitos establecidos, como la carencia de antecedentes penales o la situación de vulnerabilidad. La inexistencia de antecedentes ha sido una exigencia clave para optar a la medida desde el primer borrador de la norma, pero las recomendaciones se centran en los trámites necesarios para demostrarlo, pues algunos de ellos han sido considerados laxos en la línea a las peticiones realizadas por el Ministerio del Interior.

El informe del organismo consultivo también solicita “aclarar la definición de vulnerabilidad”. Los primeros borradores de la norma eran confusos, como ya habían indicado algunos abogados de extranjería puesto que, si bien sostenían que todas las personas en situación irregularidad que estuviesen en España en el plazo establecido podrían optar a la norma, luego incluían como exigencia encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Si bien el Gobierno aclaró que por “situación de vulnerabilidad” se entendía la irregularidad, no aparecía reflejado con claridad en el texto normativo, según ha indicado el Consejo de Estado. Por lo que Migraciones aclarará en el real decreto “que se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud”. Está por confirmar si será necesario presentar algún tipo de documentación extra, como un informe elaborado por entidades sociales, para justificar dicha vulnerabilidad.

Según Migraciones, las moficiaciones no alterarán el alcance de la regularización previsto inicialmente. De ser así, los requisitos para optar a estos permisos extraordinarios se mantendrían con respecto a los anunciados por el Ejecutivo hace meses.

Requisitos conocidos hasta ahora

Según el borrador inicial de la normativa, todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y haber vivido un mínimo de cinco meses en el país de forma continuada antes de registrar la solicitud. También pueden acogerse los solicitantes de asilo que hubiesen registrado su petición hasta esa misma fecha. La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, confirman fuentes oficiales de Migraciones. El permiso inicial será temporal, con una vigencia de un año. Superado ese plazo, los migrantes regularizados por esta vía podrán solicitar uno de los permisos ordinarios regulados en el actual reglamento de extranjería.

El primer borrador apuntaba que los soliciantes podían probarlo con “cualquier documento público, privado o una mezcla de ambos”. Más allá del empadronamiento, los migrantes también podrán demostrarlo con otro tipo de documentos que evidencien una vida continuada en el país, como facturas de la luz, informes médicos, resguardos de servicios municipales, etc. Se desconoce si el texto definitivo acotará las fórmulas con las que los solicitantes podrán probar su tiempo de vida en el país, dado que Interior pidió algunos cambios al respecto.

El Gobierno no ha detallado por el momento cuándo entrará en vigor la normativa. Tras el anuncio de la regularizción, el Ministerio preveía que los solicitantes pudiesen empezar a registrar sus peticiones de regularización a partir de abril. Según los plazos iniciales, que podrían cambiar, una vez registrada, la Administración tiene un máximo de 15 días para admitir a trámite la solicitud. Tras la admisión a trámite, aunque no haya una resolución en firme, las personas tienen un permiso de residencia temporal que les permitirá trabajar y evitará que puedan ser expulsadas.

Posteriormente, se estudiará en profundidad la solicitud. Según el texto inicial, la tramitación de la petición puede durar máximo tres meses, según Migraciones. La resolución positiva conllevará un permiso temporal de residencia y trabajo de un año.

El auto que ha decidido su encierro en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) dice que Omar er-Rahalli carece de vínculos familiares en España, pero casi cada día su novia Andrea, española, recorre dos horas desde Sevilla a Algeciras para verle detrás de un cristal. Esa hoja sostiene también que no tiene “arraigo domiciliario” en el país, pero José Joaquín y Graciela, los padres de su pareja, llevaban dos años conviviendo con él en la casa donde le acogen como a uno más. El juzgado de instrucción número 14 de Sevilla concluyó, sin haber revisado documentación alguna, que el marroquí carece de conexiones sociales tras cinco años de vida en España, mientras sus amigos, compañeros de fútbol o su entrenador, le escriben cada día preocupados y ofrecen cualquier ayuda que pudiese evitar su repatriación a Marruecos. 

Pese a la inminente aprobación de la regularización extraordinaria, que el Gobierno intentará aprobar este martes en el Consejo de Ministros, los CIE de España continúan encerrando a personas extranjeras con opciones fundadas para solicitarla debido a su arraigo en el país. Mientras Oussama sigue privado de libertad en el centro de detención de extranjeros de Valencia, tras lograr aplazar temporalmente su retorno, Omar er-Rahalli cumple su día 30 de un encierro justificado en una supuesta falta de arraigo en el país que no se corresponde con su día a día en Sevilla, la ciudad donde vive junto a su novia española y la familia de esta. Los casos, dicen las ONG con presencia en los CIE, no son anecdóticos y algunas organizaciones, como Algeciras Acoge, denuncia un aumento de los controles por perfil racial después del anuncio de la regularización. El Ministerio del Interior, por su parte, niega que se haya producido tal incremento y evita comentar los casos de ciudadanos encerrados en los CIE al tratarse de “una decisión judicial”, pese a que la propuesta inicial sí procede de la Policía.

Omar fue encerrado en el CIE de Algeciras después de ser parado por la policía en un control por perfil étnico cuando estaba en los alrededores de la estación de Santa Justa (Sevilla), donde iba a tomar un autobús a Jerez para solicitar su certificado de empadronamiento actualizado, un trámite que debía cumplir cada dos meses para probar su residencia en España, según su relato. Nunca llegó a su destino, pues la policía le llevó al calabozo y, posteriormente, al mismo centro de internamiento desde donde responde la llamada de elDiario.es.

Una vida que parece no existir

“La orden de expulsión y de internamiento dicen cosas que no entiendo. Dicen que no estoy integrado socialmente, cuando vivo en Sevilla con mi novia y su familia, me voy con ellos de vacaciones cada verano a Santander, juego en un equipo de fútbol desde hace años, he hecho cursos, hablo bien español…”, enumera incrédulo ante la afirmación aséptica emitida por en el auto del juzgado de instrucción que dictó su privación de libertad a propuesta de la policía, al que ha accedido elDiario.es.

En el Centro de Internamiento para Extranjeros, la vida que Omar había logrado construir en España, la misma que un juzgado niega, se encuentra paralizada. “Tengo muchos papeles que prueban todo lo que he hecho en este tiempo. Tengo papeles escritos por mi equipo, por los entrenadores, por mi novia, por su familia… ¿Por qué no les preguntan a ellos si estoy integrado o no?”, dice enrabiado pero ya resignado a volver a su país cuando más cerca estaba de regularizar su situación.

De fondo, a través del teléfono puede escucharse el eco de la megafonía del CIE. La policía llama a alguno de sus compañeros a través del frío número de interno mientras Omar describe su temor a regresar a su país y perder los vínculos creados en España. “Tengo miedo de perder cinco años de mi vida y no volver a ver a mucha gente que quiero y que me quiere”, añade desde el interior del centro, espacios no penitenciarios que privan de libertad a personas extranjeras por la falta administrativa de carecer de permiso de residencia, con el objetivo de proceder a su expulsión en un máximo de 60 días.

Omar es marroquí y llegó a España en 2021, tras atravesar el Atlántico en 2021 a bordo de una patera y alcanzar las Islas Canarias. Después de pasar por distintos puntos de España, en función de los trabajos temporales y precarios que encontraba —la mayoría en la agricultura—, se asentó en Sevilla, donde fue acogido por un hombre español que le con quien ya empezó a aprender castellano. Tiempo después, en 2023, conoció a su pareja Andrea, de nacionalidad española.

La joven responde a una llamada de elDiario.es en el coche de camino a Algeciras, a donde se desplaza casi todos los días para visitar a su novio en el CIE de la localidad gaditana. Salvo excepciones, podrá hablar durante alrededor de 30 minutos con él, sin poder abrazarlo y con la presencia constante de agentes policiales, pese a no estar ahí por haber cometido ningún delito, sino por una falta administrativa. “Las visitas en el CIE son, sinceramente, deshumanizantes. Son frías, rápidas y muy limitadas. Todo ocurre a través de un cristal, sin contacto, sin cercanía. Ver a tu pareja así, conociendo como es y lo que se esfuerza día a día, después de dos años y medio juntos, es devastador”, dice a la salida de su fugaz encuentro, mientras recorre otras tantas horas de vuelta para regresar a casa. Como cada día que se despide al otro lado del vidrio, teme que pueda ser la última vez. 

Omar también les dice adiós con miedo a no poder verles más. “Nunca lloro delante de la gente, pero en la hora que vienen a visitarme me entran ganas de llorar. Vi a mis suegros llorando y es muy difícil. O (sic.) otros familiares que han venido a verme desde Santander... Conocer una familia casi tres años y pensar que a lo mejor no puedo volver a verles es muy duro. Y qué va a pasar con mi novia, con la que habíamos empezado a pensar en casarnos y tener una vida juntos”, reflexiona a través de un audio de Whatsapp.

Las deportaciones a Marruecos se producen cada semana, pero, aunque no le ha tocado su turno, sabe que puede recibir la notificación de su repatriación en cualquier momento. “Es una incertidumbre constante”, dice Andrea. “Mi hermano pequeño, que tiene 12 años, lo resumió de una forma muy clara: ”parece que les tratan como paquetes: si hay hueco te mando, si no, no“. Y duele escuchar eso, porque refleja exactamente cómo se siente todo desde fuera”. 

A las puertas de la regularización

El joven cumple los requisitos -recogidos en el último borrador publicado- para acogerse a la regularización extraordinaria, pero lleva 30 días en un CIE para ser expulsado a Marruecos, a días o semanas de la aprobación de la medida, cuya entrada en vigor permitirá la suspensión de las órdenes de retorno en el momento en que se registre la solicitud. Más allá del proceso de regularización extraordinario, los vínculos sociales y familiares con los que cuenta deberían haber sido razón suficiente para evitar, primero su orden de retorno en firme y, luego, su privación de libertad, según varios abogados expertos en extranjería consultados por elDiario.es. 

El marroquí tenía una orden de expulsión abierta desde 2024. Aunque Omar la recurrió, no se incluyó la documentación que probaba su arraigo en España. Cuando la policía le paró hace un mes, los agentes propusieron su internamiento ante el juzgado de instrucción número 14 de Sevilla tras comprobar que contaba con aquella orden firme de retorno, sin tampoco atender al arraigo del joven en el país. El último letrado de oficio que asistió al marroquí antes del internamiento tampoco presentó las pruebas que demostraban los vínculos sociales de su defendido. Tras pasar varias horas en el calabozo, el marroquí acabó firmando como “conforme” la decisión de ser repatriado a Marruecos: “Estaba en el calabozo, tenía mucha hambre, estaba agotado y muy enfadado. Pensé: si me tengo que ir, me voy, pero estoy harto de vivir así, de que la policía me pare tantas veces por la calle, de que lo pongan difícil”, dice.

El caso de Omar, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación. La organización también denunció “la falta de representación letrada adecuada y de calidad que permita a las personas privadas libertad una tutela judicial efectiva que visibilice aquellas circunstancias o situaciones de vulnerabilidad que pueden ser clave para oponerse a una medida de internamiento”. Esta amalgama de deficiencias explica que un chico como Omar, con fuerte vínculos sociales y familiares en España, se encuentre privado de libertad a la espera de su repatriación.

La orden de retorno en firme complica que Omar evite la expulsión, pero tiene una posibilidad: si lograse salir del centro de internamiento, apelando a que cuenta con una residencia habitual y con vínculos familiares en España, podría llegar a acogerse a la regularización extraordinaria en caso de aprobarse en las próximas semanas. Con ello, su proceso de repatriación sería suspendido.

Crear un informe de una vida en común

Andrea, en su intento de hacer todo lo posible para conseguir la permanencia de su pareja en España, decidió actuar. La joven, que está estudiando la carrera de Trabajo Social, ha elaborado ella misma un informe para justificar, a través de declaraciones responsables de los seres queridos de Omar en Sevilla y distintos certificados formativos, el arraigo de su pareja en la sociedad española. El dossier, al que ha accedido elDiario.es, describe la vida tranquila de Omar en Sevilla a través del relato de quienes le conocen. “Su forma de vida es sencilla y estable, centrada en el trabajo, el deporte, su entorno cercano y en poder tener un buen futuro”, sostiene Andrea en el documento, en el que declara que mantiene una relación sentimental con Omar “estable y pública” desde hace 2 años y 6 meses.

“Me ha demostrado ser una persona tranquila, amable y respetuosa, con una forma de ser admirable. En nuestra convivencia ha tenido siempre una actitud responsable y correcta hacia mí y hacia las personas de nuestro entorno”, dice la joven. En un intento desesperado por que alguien crea lo que ella y su lleva viendo durante este tiempo: “¿Cómo pueden decir que no está integrado si es uno más en nuestra familia?”

Además de su pareja, sus suegros, su entrenador o un compañero de su equipo de fútbol hablan del vínculo que les une al marroquí. Sus logros en el equipo local en el que juega, su amabilidad en casa, su pasión por el fútbol, aquellos cursos de español o la formación en peluquería. “Omar lleva en nuestra disciplina como jugador senior de nuestro club en las dos últimas temporadas, siendo su integración digna de elogiar. Es una persona digna de confiar en ella que además tiene en su vida una actitud inmejorable, cercana y muy sencilla”, indica Juan Carlos Domínguez, secretario del Club de Fútbol Burguillos, quien adjunta una fotocopia del carnet de la Real Federación Andaluza de Fútbol de Omar. 

Las imágenes que incluye el informe describen parte de la “vida cotidiana” del marroquí antes de ser interrumpida por su encierro en el CIE. Una sucesión de fotografías en comidas familiares, viajes de vacaciones en Santander, una cita con Andrea, un partido del Betis en el Estadio Benito Villamarín o una escena familiar en el sofá de la casa de sus suegros junto a su perra, de la que no se pudo despedir. “Todo lo que ha construido aquí se queda atrás de un día para otro. Su vida, sus cosas, sus vínculos. Ni siquiera ha podido despedirse de nuestra perra, a la que ha criado desde que nació”, lamenta Andrea en conversación con este medio. 

Oussama Moumen, el joven marroquí que iba a ser expulsado este jueves desde el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia pese a contar con arraigo en España, ha pedido asilo in extremis por lo que su repatriación ha sido aplazada, al menos durante el tiempo en que se estudia la admisión a trámite de su petición, según ha confirmado a elDiario.es el Ministerio del Interior. “Finalmente, no va a ser expulsado mañana. Ha solicitado protección internacional, por lo que se debe esperar a la resolución del expediente, en el plazo de 8 días”, explican fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Pedir asilo suele ser una estrategia habitual, utilizada en ocasiones por algunos internos del CIE para ganar tiempo ante la notificación de una repatriación.

En la mañana de este miércoles, Moumen había hablado desde el CIE con elDiario.es para pedir la paralización de su retorno, en un momento en que quedan escasas semanas para la aprobación del proceso de regularización extraordinaria al que pretendía acogerse. “Tengo todo preparado para pedir la regularización, Cáritas me ha ayudado con los papeles”, decía el joven a elDiario.es cuando todavía su repatriación seguía programada para este jueves. Su caso había sido denunciado por la Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia, colectivo que exigía la paralización de la deportación de Oussama ante el arraigo social con el que cuenta en Vinarós, el pueblo de Castellón donde vive desde hace años, probado en informes del Ayuntamiento de la localidad, así como de Cáritas y la Asociación Amigo, organizaciones que han prestado apoyo al joven durante este tiempo. La abogada del marroquí también había enviado un escrito al juzgado de instrucción de Valencia con funciones de control de los centros de extranjeros, para pedir la paralización del retorno. 

Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan los argumentos de la defensa de Oussama. Se apoyan también en algunos documentos que el propio marroquí había recabado para pedir la regularización en cuanto se aprobase la medida. El Ayuntamiento de Vinarós (Castellón) ha emitido un informe favorable de arraigo sobre Oussama que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”. El Consistorio también confirma “el beneficio de mantener su plan de intervención individualizado por parte de los Servicios Sociales, así como su residencia en España”. 

La Conselleria de Servicios Sociales aprobó en febrero de este año su participación en el “Programa Mentora” para recibir clases de castellano y regularizar su situación administrativa. Acudió a todas las actividades, asegura el escrito, por lo que la Oficina solicita que se tenga en cuenta su informe “contra la orden de expulsión”.

El joven marroquí, de 23 años, explicó a este medio que estaba en su casa cuando la policía llamó a su puerta hace unas dos semanas. “Me dijeron que tenía un error en mis documentos. Que tenía que acompañarles para arreglarlo. Yo pensé que sería firmar algo rápido y volvería a casa, pero desde entonces estoy detenido. No pude ni coger mis pastillas”, decía Oussama desde el CIE de Valencia, uno de los centros de detención donde son privados durante un máximo de 90 días inmigrantes por su situación administrativa irregular, aunque no hayan cometido ningún delito, para proceder a su repatriación. “Tenía todo preparado para pedir la regularización. Cáritas me había ayudado”, indicaba antes de conocer que, finalmente, no iba a ser retornado este jueves, como aparecía escrito en la notificación de expulsión entregada un día antes por los autoridades del centro policial. Ha obtenido al menos ocho días de margen, mientras su letrada y la Campaña CIEs No Valencia siguen pidiendo al juzgado la revisión de su caso.

La noticia de la regularización extraordinaria alegró tanto a Oussama Moumen que no quiso esperar a la aprobación de la medida para preparar todos los papeles que podrían llegar a pedirle. El marroquí, llegado en 2023 en patera a Almería, se informó de los requisitos a través de las organizaciones que le apoyaban desde hacía tiempo, reforzó su aprendizaje de español y pidió el certificado que prueba que carece de antecedentes penales en Marruecos. Creía cumplir todos los requisitos -al menos los anunciados en el borrador- y esperaba la apertura del plazo para presentar su solicitud, cuando la policía llamó a la puerta de su casa. Ahora, 15 días después, está encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia a la espera de su expulsión a las puertas del procedimiento extraordinario que tanto esperaba. Aunque su retorno estaba programado para este jueves, el joven ha pedido asilo in extremis, lo que ha suspendido temporalmente su retorno mientras se estudia su petición, según confirman desde el Ministerio del Interior.

Desde el CIE, Moumen responde la llamada de elDiario.es alrededor de las 10:30 horas, cuando las autoridades le entregan su teléfono móvil durante el tiempo permitido en estos centros. “En Marruecos no me queda nada. Vendí todo para venir. Si me devuelven, me voy a deprimir y no sé qué voy a hacer”, dice con desesperación el hombre, sin creer del todo que vaya a ser deportado escasas semanas antes del inicio del procedimiento de la regularización extraordinaria -según los plazos iniciales del Gobierno-. “Aquí ha sido difícil, pero estaba saliendo adelante, me estaban ayudando con todos los papeles para pedir la regularización, estaba esperando el certificado de penales de Marruecos, y ahora estoy aquí encerrado”, lamenta el marroquí, angustiado por el contenido del documento que las autoridades del centro de le entregaron en los últimos días: 

“En el día presente se comunica al interno que el día 9 de abril de 2026 tiene prevista la su salida con destino al Aeropuerto de Madrid para la repatriación a su país”, reza la notificación de la expulsión firmada por el jefe de turno del CIE de Zapadores, a la que ha accedido elDiario.es. Horas después, la solicitud de asilo registrada por el interno ha provocado la suspensión temporal de la expulsión. “Finalmente, no va a ser expulsado mañana (este jueves). Ha solicitado protección internacional, por lo que se debe esperar a la resolución del expediente, en el plazo de 8 días”, confirman fuentes de Interior a última hora de este miércoles.

El joven marroquí, de 23 años, explica que estaba en su casa cuando la policía llamó a su puerta hace unas dos semanas. “Me dijeron que tenía un error en mis documentos. Que tenía que acompañarles para arreglarlo. Yo pensé que sería firmar algo rápido y volvería a casa, pero desde entonces estoy detenido. No pude ni coger mis pastillas”, dice Oussama desde el CIE de Valencia, uno de los centros de detención donde son privados durante un máximo de 90 días inmigrantes por su situación administrativa irregular, aunque no hayan cometido ningún delito, para proceder a su repatriación. “Tenía todo preparado para pedir la regularización. Cáritas me había ayudado”, indica. 

Su caso ha sido denunciado por la Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia, que exige la paralización de la deportación de Oussama ante el arraigo social con el que cuenta en Vinarós, el pueblo de Castellón donde vive desde hace años, probado en informes del Ayuntamiento de la localidad, así como de Cáritas y la Asociación Amigo, organizaciones que han prestado apoyo al joven durante este tiempo. La abogada de Oussama ha envíado un escrito al juzgado de instrucción de Valencia con funciones de control de los centros de extranjeros, para pedir la paralización del retorno. 

Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan los argumentos de la defensa de Oussama. Se apoyan también en algunos documentos que el propio marroquí había recabado para pedir la regularización en cuanto se aprobase la medida. El Ayuntamiento de Vinaros (Castellón) ha emitido un informe favorable de arraigo sobre Oussama que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”. El Consistorio también confirma “el beneficio de mantener su plan de intervención individualizado por parte de los Servicios Sociales, así como su residencia en España”. 

La Conselleria de Servicios Sociales aprobó en febrero de este año su participación en el “Programa Mentora” para recibir clases de castellano y regularizar su situación administrativa. Acudió a todas las actividades, asegura el escrito, por lo que la Oficina solicita que se tenga en cuenta su informe “contra la orden de expulsión”.

“No pueden mandar a Marruecos ahora, y menos así”, clama el marroquí, refiriéndose a su pie, en el que sufre dolores tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Oussama cuenta que tiene fuertes dolores en uno de sus pies, tras una agresión sufrida en la calle, según detalla un informe médico al que ha accedido elDiario.es. “Vine sano y, si me devuelven, me mandan a Marruecos con el pie roto. Aquí tengo muchos dolores”, se queja el joven, quien llegó a España en 2023 después de arriesgar seis días en una precaria embarcación. El joven tuvo que ser intervenido quirúgicamente y aún requiere tratamiento. “Una persona me golpeó en Vinaròs. Lo doloroso es que quieren deportarme a Marruecos y no me han dado mi derecho a una indemnización. Tengo una placa de metal en mi pierna y no puedo quitármela; el médico me dijo que se quedará allí toda mi vida. Ahora no puedo trabajar, ni correr, ni caminar bien. Muchas cosas están prohibidas para mí”, lamenta desde el CIE, quien asegura que denunció los hechos ante la justicia.

En estos momentos, cuenta, debido a sus lesiones, no puede trabajar, pero durante estos años ha estado empleado de manera clandestina en distintos oficios: “He trabajado como temporero en la campaña de la naranja, en la aceituna; he trabajado en un mercado…”, enumera el marroquí desde el interior del centro de detención. 

“La autorización de internamiento se ha producido tras una identificación por perfil étnico, sin que mi representado haya cometido delito alguno”, sostiene el escrito enviado al juzgado por la plataforma CIEs NO. Según detalla Oussama, la primera vez que fue detenido estaba en una cafetería del pueblo castellonense. Era 2024. “Nos pidieron los papeles solo a los que parecíamos extranjeros y yo era el único que no tenía papeles”, cuenta el hombre, a quien le dieron entonces la orden de devolución que ahora motiva su retorno a Marruecos. Desde entonces, el joven ha seguido participando en la sociedad, como ha acreditado el “Al realizarse el internamiento mi representado no portaba documentación acreditativa del arraigo social, económica y familiar. En el momento presente se encuentra empadronado, tiene habitación propia, está asistiendo de forma regular a clases de español y ha sido dado de alta en el grupo de trabajo técnico de la consejería”, sostiene la letrada. 

La Plataforma CIEs No pide así la suspensión de su retorno, a las puertas de su regularización en España. “Los años de esfuerzos de Oussama para salir adelante y de las personas e instituciones que le han acompañado desde que llegó a Vinaròs no van a servir de nada si mañana acaba siendo deportado a Marruecos desde el CIE, donde fue encerrado hace 10 días tras una identificación por perfil racial en Castellón”, ha denunciado la plataforma. “Tiene toda la documentación preparada para solicitar la residencia en el proceso de regularización”, añade su abogada. 

Desde el centro de detención, Oussama pide su liberación. “Quieren sacarme de aquí y allí ya no tengo nada. Si me devuelven a Marruecos, soy capaz de hacer cualquier cosa”, concluía el marroquí antes de colgar el teléfono cuando aún pensaba que en unas horas tendría que viajar a Madrid para ser devuelto a su país. Si finalmente se produce su expulsión, aquí quedará la carpeta de documentos que ha atesorado durante los últimos meses para acreditar sus tres años de vida en España, cuando aún soñaba con el ansiado permiso de residencia. 

Annie Ramos, esposa de un soldado estadounidense, fue liberada este martes de la custodia de las autoridades migratorias, tras ser detenida en una base militar de Luisiana por una orden de deportación impuesta cuando ella era muy pequeña, según informa The New York Times.

La joven, de 22 años, había sido detenida el pasado jueves en la base militar Fort Polk, en Luisiana, donde se encuentra destinado su esposo, el sargento Matthew Blank, de 23 años.

La mujer fue a la base para iniciar el proceso para recibir beneficios militares, como esposa del sargento y establecerse en ese lugar.

La pareja contrajo matrimonio en marzo y había contratado a un abogado para iniciar el trámite que otorgaría a Ramos su tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card”. Sin embargo fue detenida por una orden de deportación vigente contra ella.

Cuando Ramos tenía 22 meses de edad, un juez de inmigración emitió la orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Ramos fue arrestada después de intentar entrar a una base militar y señaló que no tiene estatus legal para estar en EE.UU.

La detención de la joven, estudiante de bioquímica, generó una ola de críticas entre los defensores de los inmigrantes. Gaby Pacheco, directora ejecutiva de The Dream.US, dijo en un comunicado que la detención de Ramos nunca debió haber ocurrido.

“El caso de Annie (Ramos) debería servir como una llamada de atención para todos nosotros, incluido el presidente Donald Trump. Los ‘soñadores’ como Annie son miembros valiosos de las familias y comunidades estadounidenses. Deberían ser candidatos a la ciudadanía de los EE.UU. en lugar de ser blanco de deportación”, agregó la activista.

Se avecinaba una reunión polémica, pero ni se ha producido. El rechazo de las comunidades presididas por el Partido Popular a prorrogar el sistema de reubicación de menores ha sido tal que el encuentro que pretendía abordarlo ha tenido que cancelarse. Todos los gobiernos autonómicos liderados por el PP, excepto el de Ceuta, han plantado al Ejecutivo central y no han participado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que finalmente no se ha celebrado “por falta de quórum”, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

El encuentro tenía como principal objetivo abordar la continuación del sistema de reubicación de menores migrantes desde Canarias y Ceuta, después de que los plazos iniciales hayan finalizado sin haber concluido todavía la situación de emergencia que activó el mecanismo. Durante la conferencia, el Gobierno iba a trasladar a las comunidades la necesidad de prorrogar los traslados, pero no ha podido ser.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, anunció que no iba a acudir a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria “ilegal” y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria “temeraria” de Pedro Sánchez, informa Efe.

Sí habían acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha. Ceuta, por su parte, se ha conectado por videoconferencia. El Gobierno ceutí es el único dirigido por los populares que ha acudido al encuentro en vano, dado que su autonomía es una de las que necesita la reubicación de menores migrantes y participa en el plan de reparto.

Esta semana, el Gobierno de Ayuso había comunicado que no recibiría ningún menor más en el marco del sistema de reparto desde Canarias y Ceuta, al considerar que se encontraba fuera de la ley dado que el plazo había expirado el 18 de marzo. La normativa, sin embargo, permitía la posibilidad de prorrogar la declaración de emergencia para continuar con dichos traslados mientras sea necesario.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respondió este martes por carta a la Comunidad de Madrid. Según defendió, el mecanismo de derivación de niños establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 “continúa plenamente vigente mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla”. El ministro aclara que, si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, “la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida”. Por tanto, desde el Gobierno defienden que el sistema de reubicación de menores previsto en la normativa estatal “debe seguir aplicándose”.

Según añadió el ministro en la misiva, el pasado 26 de marzo “tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores” procedentes de Ceuta tras alegación de la Comunidad de Madrid indicando que no procedía su ejecución. Ante esa situación, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó, en un decreto emitido el 27 de marzo, que las resoluciones de traslado y reubicación “son actos administrativos válidos y ejecutivos” y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión. “Las reubicaciones cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley”, insitió Torres en la carta.

La última vez que vieron a Ibrahima Diouf fue el 5 de enero de 2021. Su caso pronto se empezó a parecer demasiado al de Tidiany Coulibaly, al que se le perdió la pista el 16 de diciembre de 2013. Ambos eran migrantes, jóvenes y trabajaban en la campaña de la aceituna como temporeros en Villacarrillo, un municipio de Jaén de 10.000 habitantes. En común tenían también, para su desgracia, estar al servicio del mismo patrón: el empresario Ginés Vicente López, principal sospechoso en la investigación judicial de ambos casos. Ambos desaparecieron cuando le comunicaron su intención de abandonar el trabajo ante las condiciones de explotación que sufrían.

Ahora, el documental Jornaleros. El mal patrón, dirigido por Sergio Rodrígo y Lucía Muñoz, recuerda lo sucedido con el testimonio de los familiares y compañeros de los desaparecidos, cuyas voces retumban en la cinta clamando por una justicia que todavía no ha llegado. “Han pasado casi 13 años y todavía no se ha hecho justicia. Yo no sé nada de mi hermano”, dice Nama Coulibaly, el hermano de Tidiany Coulibaly, en conversación con elDiario.es.

Sergio Rodrigo, periodista y codirector de la película, asegura que el documental parte de una investigación realizada por su productora, Entrefronteras, sobre la explotación laboral en los campos de Andalucía y el sur de Portugal. “Vimos que era una buena oportunidad para contar la historia de Tidiany e Ibrahima, que desaparecieron en las mismas y extrañas circunstancias y en una situación vinculada a la explotación laboral severa”, relata al teléfono.

Tidiany, maliense, solo contaba con 23 años en el momento en que nunca se supo más de su paradero en diciembre de 2013. Tanto él como otros migrantes de la cuadrilla habían recriminado al patrón su bajo jornal, de solo 20 euros, cuando el convenio del campo estipulaba una cantidad que superaba los 50 euros. Tres años más tarde, la Audiencia de Jaén condenó a Vicente López a dos años y medio de cárce porl delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Administración de Justicia. El empresario también se sentó en el banquillo somo principal acusado de la desaparición forzada del joven, pero el juez lo absolvió porque sostuvo que, aunque existían indicios de que Ginés había hecho desaparecer a Tidiany, estos no eran suficientes para condenarlo.

Más de siete años después, Ibrahima tenía 32 años en el momento de su desaparición. La víspera del día de Reyes de 2021 llevaba consigo una maleta roja mientras se aproximaba a la casa de su patrón, Vicente López, para quien trabajaba en la recogida de la aceituna. Se quería ir de allí. La idea era reclamarle el dinero que le debía para poder marcharse a Huelva y empezar a trabajar en la campaña de los frutos rojos. Es lo último que se supo de él. Nadie le vio nunca más.

Tras una larga investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez decretó prisión provisional para Ginés Vicente por un presunto delito de homicidio en marzo del año pasado. Sin embargo, dos meses después, la Audiencia Provincial le dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros y la imposición de medidas cautelares. El proceso aún se encuentra en fase de instrucción. “Le acusan de homicidio y tenencia ilícita de armas. Salió en libertad tras pagar una fianza de una cantidad irrisoria”, denuncia el documentalista.

Desde su desaparición, la Guardia Civil ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazó hasta Villacarrillo una treintena de agentes. Rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

“Pudo haberme pasado a mí”

La familia de ambos desaparecidos siguen esperando justicia. Nama Coulibaly, hermano de Tidiany, tiene 33 años y se encuentra en Jaén. “Esto pasa por una cosa muy sencilla: hay gente que parece racista por naturaleza que está en contra de que tengamos derechos, cuando solo venimos para trabajar”.

Tidiany era el cabecilla de la cuadrilla. “Le reclamó que nos pagara lo que marca la ley. Era la tercera campaña en la que trabajaba con él. Mi hermano incluso le traía a otros migrantes. Yo nunca he visto un español trabajando junto a nosotros”, denuncia el hombre. En su memoria todavía queda aquel 16 de diciembre de 2013. Según recuerda, aquella jornada acompañó a su primo a la estación de autobuses. Al volver, no estaba Tidiany en casa. “Si no, yo también podría haber terminado como mi hermano”, precisa.

“Son cosas que hay que ver y vivir desde nuestros ojos. No somos ni animales ni esclavos. No venimos a robar. El trabajo que hacemos es el que no quiere hacer nadie”, cuestiona Coulibaly, cuyas palabras se contraponen con la imagen de la inmigración trasladada por la extrema derecha en España. “Yo trabajo todos los años, y es un trabajo duro, pero no he venido a mendigar. Tampoco tengo dónde vivir. Lo hago en la casa que nos dejan, entre campo y campo”, comenta.

En 2009 Nama Coulibaly llegó a las costas canarias, un año después de que lo hiciera su hermano Tidiany, cuando a él todavía le quedaban tres años para alcanzar la mayoría de edad. Lleva trabajando en el campo desde que salió del centro de menores. El senegalés aprovecha el estreno del documental para insistir en la necesidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido: quiere saber dónde está su hermano, qué pasó con él. “El patrón sigue viviendo su vida como si no hubiera hecho nada, pero Tidiany tiene familia, tiene una madre rota por lo sucedido”, lamenta.

Largo proceso de instrucción

Rodrigo se refiere al proceso judicial que investiga la desaparición de Ibrahima como lento y tedioso, incluso “vergonzante”, ya que desapareció hace cinco años y todavía ni siquiera ha terminado la fase de instrucción del juicio. “Eso denota que la justicia, en muchos casos, tiene prioridades”, apunta este responsable de EntreFronteras, la productora del documental radicada en Andalucía y especializada en migraciones. La búsqueda de Ibrahima por parte de agentes de la Guardia Civil ha sido constante en este tiempo. Por tierra, mar y aire, el Instituto Armado ha intentado sin resultado positivo encontrar el cuerpo del senegalés.

La primera condena que recibió Vicente López en 2016 no le impidió seguir contratando migrantes en condiciones abusivas. El año pasado, una investigación financiada por Journalism Fund Europe rastreó una treintena de agricultores acusados de vulnerar derechos laborales de toda la Unión Europea. Entre ellos estaba Ginés Vicente López. Según publicó El Salto, el empresario recibió entre 2014 y 2022 unos 118.500 euros en subvenciones públicas, incluidos los 17.000 euros que percibió incluso un año después de la desaparición de Ibrahima.

El círculo vicioso de la pobreza

El director de la cinta critica que en el campo español, y en particular en Andalucía, cientos de trabajadores sufren abusos laborales, pero su situación de vulneravilidad hace impide su acceso a herramientas para reivindicar sus derechos más allá que su propia voz y la unión entre iguales. “Esto hace que los patrones se crean prácticamente en el derecho de convertir en su esclavo a las personas que trabajan para ellos”, añade Rodrigo.

Asimismo, enfatiza que la explotación en la agricultura está vinculada a una migración concreta, que también es la más vulnerable, procedente de países subsaharianos, a la que la política migratoria suele ponérselo más complicado, empujándo a los migrnates a vivir en situación irregular durante años. “Eso al final le condena a seguir siendo pobre y vulnerable”, critica.

Rodrigo tilda de “lamentable” que trabajadores que recolectan los productos de los que España siempre hace gala, como su aceite y fruta, tengan que desempeñar sus labores en estas condiciones. “La gente consume de forma diaria el aceite de oliva sin saber que son personas como Tidiany e Ibrahima las que están atrapadas en los campos cultivando, recolectando y podando los olivos”, añade.

Desde el punto de vista del periodista, hacer justicia en el caso de Ibrahima y Tidiany es una forma de dignificar los derechos de muchas personas que malviven en el campo andaluz, y concretamente en Jaén durante la recolecta de la aceituna. “Es vergonzanyte verlos años tras año. Hay personas que recolectan durante 10 horas de trabajo, terminan la jornada y se van a un cajero o debajo de un puente a dormir”.

El documental profundiza en la dilatación del proceso judicial. “El no tener una red de apoyo como ocurre en otros casos de homicidio como el que se investiga lanza el mensaje a la familia de que no se puede quejar, ya que no tienen la posibilidad de venir desde sus países de origen y pedir la celeridad en el proceso”, critica Rodrigo. Coulibaly, el hermano de Tidiany, concluye: “Que investiguen y que busquen. Las cosas no se pueden quedar así”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el mando de la Administración Trump, han detenido a la esposa de un sargento del Ejército de los Estados Unidos en su base militar de Luisiana, mientras él se preparaba para ser desplegado, según han informado diferentes medios.

La detención de Annie Ramos, de 22 años, tuvo lugar el pasado jueves, pocos días después de que se casara con Matthew Blank, de 23 años, un soldado con más de cinco años de servicio que ha sido desplegado en Oriente Medio y Europa en el pasado, según adelantó el New York Times el domingo. Finalmente, fue puesta en libertad este martes, según informa The Guardian.

“Lo único que siempre he querido es vivir con dignidad en el país al que he llamado mi hogar desde que era un bebé. Quiero terminar mi carrera, continuar mi educación y servir a mi comunidad, al igual que mi marido sirve a nuestro país con honor”, ha declarado Ramos en un comunicado tras su liberación.

Ramos, estudiante de bioquímica sin antecedentes penales que también imparte enseñanza religiosa, había sido objeto de una orden de deportación dictada en rebeldía en 2005, cuando era una niña, después de que su familia no se presentara a una vista en el tribunal de inmigración, según informa el New York Times.

Dado que existen vías para que las personas sin papeles obtengan la residencia permanente legal a través del matrimonio y, con el tiempo, soliciten la nacionalidad, Ramos y Blank ya habían contratado a un abogado para iniciar el proceso antes de su boda.

“Sabía que ella no tenía estatus [permiso de residencia]”, declaró Blank al New York Times. “Estábamos haciendo todo como es debido”.

Campaña de represión

En 2020, Ramos solicitó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa federal que ofrece protección contra la deportación a las personas indocumentadas que entraron en EEUU cuando eran niños. Sin embargo, el New York Times informa de que su solicitud nunca se tramitó después de que el Gobierno de Donald Trump, durante su primer mandato, dejara de aceptar nuevas solicitudes.

Blank, destinado en Fort Polk (Luisiana) y que debía comenzar el entrenamiento para su despliegue el mes que viene, dijo al medio: “Nuestro plan era ir en coche, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus prestaciones como cónyuge de militar… Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron”.

La difícil situación de Ramos es solo uno de los numerosos casos que contradicen las afirmaciones de Trump de que su actual campaña de represión migratoria daría prioridad a la deportación de delincuentes peligrosos. En su afán por aumentar las cifras de deportaciones, esta campaña ha afectado a un número cada vez mayor de familiares de militares o incluso a los propios veteranos, por lo general sin tener en cuenta su historial de servicio a Estados Unidos.

La detención

Según informó el Times, el 2 de abril, Blank y Ramos —junto con los padres de él— acudieron al centro de visitantes de Fort Polk, llevando consigo su certificado de nacimiento, su pasaporte hondureño, la partida de matrimonio de la pareja y su identificación militar.

Sin embargo, cuando se les preguntó si Ramos tenía un visado o una tarjeta de residencia que acreditara su situación de residente permanente legal, la familia explicó que no, pero añadió que su abogado ya había preparado la documentación necesaria para su solicitud.

Un empleado respondió: “Ya lo resolveremos”, antes de hacer varias llamadas telefónicas, según informa el New York Times. Pronto llegó un supervisor, seguido de un agente de la División de Investigación Criminal (CID) de la base, quien dijo que iba a ponerse en contacto con el ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A continuación, esposaron a Ramos y la subieron a un vehículo de la policía militar, en el que la llevaron a otro edificio. Allí la retuvieron en lo que la familia de Blank describió como una “sala de interrogatorios”.

“Les supliqué que no se la llevaran”

Más tarde, llegaron al lugar tres agentes del ICE. Los padres de Blank declararon al New York Times: “Nos dijeron que no tenían otra opción, que tenían que llevarse a Annie”. Señalaron que los agentes parecían lamentarlo.

“Les supliqué que no se la llevaran… Dijeron que sus superiores les obligaban a hacerlo”, afirmó la madre de Blank, Jen Rickling.

Posteriormente, Ramos fue trasladada a un centro de detención en Basile, Luisiana. Cuando la familia de Blank la visitó días después, no se les permitió llevar ningún documento, lo que le impidió firmar una solicitud de tarjeta de residencia ya cumplimentada.

En declaraciones al New York Times, Ramos dijo: “Crecí aquí como cualquier estadounidense. Esto es lo único que conozco. Mi marido y mi familia están aquí”.

The Guardian se puso en contacto con el ICE, pero no obtuvo respuesta.