Habían pasado apenas unas horas desde que el recuento electoral confirmara la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, cuando las redes sociales del Institute for Remigration publicaron un vídeo en el que un hombre de origen pakistaní aseguraba que, de ganar la extrema derecha, dejaría Magdeburg, la capital, para irse a otro territorio alemán. “Llamamos a esto 'remigración federal'”, aseguraba el tuit.

Y explicaba el siguiente paso: “Cuando AfD escale este efecto, el estado federado podría convertirse en un ejemplo y un faro de esperanza para el resto de Alemania”.

Sajonia-Anhalt es una de las regiones menos pobladas de Alemania. Solo dos de sus ciudades superan los 200.000 habitantes, y en total suman poco más de dos millones de personas. Tampoco sus cifras de migrantes son relevantes: rondan el 9%, por debajo de la media nacional de Alemania (15%) y lejos de la de los estados federados occidentales, donde fácilmente puede ser el doble.

Pero más allá de su tamaño o su peso político, la posibilidad de gobernar en Sajonia-Anhalt le regala a AfD algo más preciado: un laboratorio en el que aplicar sus radicales propuestas supremacistas, en las que no se trata de controlar los flujos migratorios, sino de 'limpiar' la sociedad de todos los elementos que no consideren auténticamente alemanes.

Porque la remigración que defienden forma parte de un movimiento más amplio, con un peso creciente en la extrema derecha europea, y que se basa en la teoría del Gran Reemplazo. Esta tesis conspiranoica sostiene que hay un plan para sustituir a la población blanca y católica por otra migrante (sobre todo musulmana), y borrar así la esencia y las raíces europeas.

Para evitarlo, no solo proponen impedir la concesión de nuevos permisos o asilos, sino revisar la situación de los que ya están viviendo en el territorio, e incluso “incentivar” su regreso a los países de origen, aun cuando se trate de segundas o terceras generaciones. Remigración es un eufemismo para deportaciones masivas. Uno que se vende mejor en redes y causa menos rechazo.

El escaparate

“Sajonia-Anhalt podría convertirse en un modelo de remigración. Como un laboratorio político en el que se haga visible qué posibilidades posee realmente un solo estado federado”, señala otra publicación del Institute for Remigration. “A ello se suma el 'efecto escaparate': Un gobierno estatal exitoso podría demostrar prácticamente que una política migratoria alternativa dentro del orden estatal existente es en realidad posible. Eso sería relevante no solo para Alemania, sino para toda Europa”, añade.

AfD es uno de los partidos con importante representación parlamentaria que están metidos de lleno en la defensa de un plan europeo de remigración. Varios de sus representantes participaron del último Remmigration Summit en Portugal. El otro gran partido político presente era español: Vox.

Rocío de Meer, portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox se subió en octubre al escenario en Foz da Figueira para defender la expulsión de los migrantes “que utilicen los servicios sociales, porque están colapsados”.

También lo hizo la diputada y portavoz de AfD en el Parlamento Regional de Brandeburgo, Lena Kotré, asegurando que su partido se encargaría de sacar del país a todos los que no tuvieran derecho a estar en él.

¿Y cómo se decide quién tiene derecho? Bueno, el Institute for Remmigration ha elaborado un documento de medio centenar de páginas en el que explica punto por punto cómo poner en funcionamiento el laboratorio de Sajonia-Anhalt.

El plan

Como primer paso, sugiere crear una Oficina de Remigración que coordine y centralice la “aclaración de identidades”, la obtención de pasaportes y la “ejecución de expulsiones”. Además, como medida urgente propone evaluar y suspender cualquier fondo o programa de integración “que desincentive el retorno”. A cambio, se financiarían programas para preparar a los menores nacidos en Alemania para “reinsertarse en sus países de origen”. Esto es, en el país de sus antepasados. Por ejemplo, estudiarían el idioma o la geografía de esos lugares en los que vivieron sus padres, sus abuelos e incluso sus bisabuelos, para después ser expulsados.

A ello se suman las medidas de “presión de asimilación” mediante la Leitkultur (cultura de referencia), con las que se busca primar las tradiciones locales y “regular estrictamente” el uso de (otros) símbolos religiosos en el espacio público. Y una exhaustiva clasificación de los barrios según sus características sociales, que justifiquen medidas como “presencia policial masiva”, lucha contra la “economía informal” o que se priorice la asignación de viviendas de alquiler a personas “empleadas o con formación académica”.

No solo propone no conceder nuevos permisos o asilos, sino “revisar” y “fiscalizar” aquellos ya otorgados. El programa de AfD para Sajonia-Anhalt coincide en algunos puntos de manera casi textual con el documento publicado en agosto por el Institute for Remigration.

El origen y el futuro

La relación de AfD con los promotores de la remigración es muy estrecha. En la primera presentación del ideólogo del plan, el austriaco Martin Sellner, que se realizó en secreto en un hotel de Potsdam, Alemania, en 2023, había varios políticos del partido. Uno de los más destacados era Ulrich Siegmund, líder del grupo parlamentario en Sajonia-Anhalt y el gran triunfador de estas elecciones.

Las encuestas de opinión aseguran que la cuestión de la inmigración tuvo un papel secundario en las decisiones de voto el pasado domingo. Los análisis señalaban que las agresivas campañas contra los refugiados y los inmigrantes que son seña de identidad de AfD no parecen haber resultado decisivas en las elecciones, sino que pesaron más temas como la seguridad social, la paz en Europa o la política económica.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica sus ideas identitarias y su plan de discriminación institucional. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, aunque residan legalmente o incluso hayan nacido en el país

Sin embargo, este triunfo le da la posibilidad a AfD de meterse de lleno en su faceta de supremacismo blanco. “Nosotros somos más guapos, más listos y tenemos mejores ideas”, llegó a decir uno de los oradores del Remigration Summit 2026. “Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró Lena Kotré, que encabeza las encuestas para las próximas elecciones en Brandemburgo. De Meer, la representante de Vox, defendió que “España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana”, y que “recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”.

Sajonia-Anhalt puede convertirse en el laboratorio en el que los ultras pongan en práctica estas ideas identitarias y su plan de discriminación institucional por razones étnicas, culturales y religiosas. Uno que busca desaparecer a quienes ellos consideran diferentes, incluso cuando residan legalmente o hayan nacido en el país: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”, defienden. Y quieren que toda Europa les escuche.

Merz acusa a AfD de querer una “limpieza étnica”

Este miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, han librado un duelo en la Cámara Baja del Parlamento. En unos de los momentos más tensos del intercambio, el canciller ha acusado a AfD de querer poner en marcha una “limpieza étnica” en el país con su propuesta de “remigración” para expulsar a inmigrantes y demandantes de asilo de Alemania.

“El término 'remigración' no es más que un sinónimo de 'limpieza étnica' basada en el origen y el color de piel”, ha afirmado Merz, antes de recordar la importancia del los trabajadores inmigrantes en la economía germana. “Uno de cada seis trabajadores del sector artesanal tiene pasaporte extranjero. Si aquellos que trabajan en Alemania tuvieran que abandonar el país por la 'remigración', el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionar, ningún hospital del país podría funcionar”, ha expuesto el canciller.

Los bramidos de un hombre cubierto de tatuajes hicieron girar las cabezas a tres chicos jóvenes y una mujer que, en distintos grupos, observaban el horizonte desde el puerto de Ceuta. Al encontrarse la concentración de banderas de España, que algunos migrantes ya identifican con un inminente grito en su contra, volvieron rápido su mirada hacia el mar. “¡Sinvergüenzas! ¡Invasores a Marruecos!”, escucharon a sus espadas. El resto le siguió con uno de sus cánticos habituales, entonado mientras miraban y señalaban a personas racializadas, cuyo origen o situación desconocían: “Invasores, expulsión”.

Uno de esos jóvenes a los que decenas de personas exigían volver a Marruecos era Asha. No era marroquí ni había llegado a Ceuta a finales de julio. Solo era negro y de nacionalidad inglesa. “He venido a visitar a un amigo, tenía el viaje preparado desde hace tiempo y decidí mantenerlo”, comenta el chico en inglés, con fuerte acento británico, en conversación con elDiario.es. Tampoco era migrante Melka, una adolescente caballa que pasaba la tarde con su primo marroquí, quién sí había cruzado la frontera en la entrada masiva. Para algunos los manifestantes que los insultaban, todos eran “invasores”. Y, quienes se acercaban a ellos, “traidores”.

Tras 38 días de crisis humanitaria en las calles ceutíes, donde miles de personas migrantes malviven a la intemperie ante la falta de plazas de acogida o traslados a la península, el clima de odio amenaza con extenderse en una ciudad caracterizada por la diversidad. Este tipo de acoso racista hacia personas de determinados rasgos, sean migrantes o no, se está repitiendo en varias de las protestas celebradas por vecinos ceutíes en las últimas semanas y choca con la convivencia que suele representar a la sociedad caballa.

Este domingo, durante otra de las marchas celebradas cada día por la ciudad para pedir seguridad durante el arranque del curso escolar, varios manifestantes insultaron y trataron de echar de la protesta a una niña ceutí de 13 años al “confundirla” con una menor migrante. “Invasora, te vi en el hospital con tuberculosis”, le dijo una mujer. A su acusación le siguieron los gritos e insultos de más personas a su alrededor, mientras que otros vecinos pedían tranquilidad a quienes acosaban a la niña o le ponían una bufanda de España para “protegerla” a su modo. En la misma marcha, una mujer llamó “puta mora” a una periodista de elDiario.es.

El clima de tensión por parte de la población local hacia los migrantes llegados a finales de agosto crece a medida que la falta de una respuesta institucional suficiente mantiene la crisis humanitaria en las calles de la ciudad, donde miles de migrantes continúan viviendo en asentamientos en la intemperie, ante la falta de plazas de acogida para recibirles- en parte motivado por las reticencias del Ejecutivo local a ceder espacios al Gobierno central para este fin-. Su situación de calle les obliga a vivir en condiciones de precariedad e insalubridad, y a su vez, impide la vuelta a la normalidad de los vecinos e incrementa la sensación de inseguridad ciudadana.

Solo acercarse a una persona migrante en las proximidades de una de estas manifestaciones suele generar una reacción. “Pues si eres de Ceuta peor, puta. Te acercas a ellos y luego te quejas si te violan, ojalá lo hagan”, espetó una mujer acompañada de un perro pastor alemán a la adolescente en la protesta contra el campamento de migrantes levantado en el puerto. En la misma convocatoria, esta periodista recibió varios ataques similares, mientras se encontraba entrevistando al joven inglés -para tratar de averiguar si había otra razón que motivase su presencia en la ciudad- y a un chico palestino que sí había entrado a la ciudad a finales de julio.

Hay situaciones y acciones concretas diarias que evidencian el rechazo de parte de la población a todo aquel que parezca una de las personas llegadas los días 30 y 31 de julio, esos a los que llaman “invasores”. Decenas de restaurantes y bares de la ciudad impiden la entrada a quienes aparentan ser migrantes. En otros donde no pueden evitar su acceso, desactivan los enchufes para evitar que carguen sus teléfonos o impiden que los usen solo las personas con ciertos rasgos.

En un Burger King de un centro comercial próximo al puerto ceutí, los enchufes no funcionan. elDiario.es preguntó al personal si había algún punto de electricidad para los clientes: “Los hemos apagado todos para que no vengan los inmigrantes”, respondió uno de los empleados. En un bar próximo a la playa del Trampolín, los camareros se negaron a cargar el móvil de Youssef, un hombre marroquí que ha vivido en España durante años hasta perder su tarjeta de residencia y regresó a nado a Ceuta el pasado 29 de julio. Cinco minutos después, esta periodista solicitó en el mismo local enchufar la misma batería portátil. A ella sí se lo permitieron.

“Es racismo. No nos dejan hacer nada. No quieren que compremos comida”, se queja. Otra de las actuaciones indica ciertas acciones sociales discriminatorias tiene que ver con el acceso a habitaciones de los hostales repartidos por la ciudad. Aunque conseguir alojamiento es muy complicado, si quedan habitaciones, no suelen aparecer publicadas en plataformas como Booking. Un trabajador de los hostales donde este medio ha preguntado reconoce que la medida busca evitar “que los inmigrantes reserven”.

La segregación de los migrantes, concentrando su presencia en determinadas zonas de la periferia más empobrecidas a través de la intimidación policial y la ubicación de los repartos de comida oficiales, se hace evidente con un paseo por los distintos barrios de la ciudad. Cualquier noche en el centro histórico de Ceuta, en el interior de sus Murallas Reales, genera cierta sensación de irrealidad. Allí las terrazas están llenas, la vía peatonal luce despejada y apenas se observan migrantes en sus calles. El pasado sábado por la noche, mientras los niños correteaban en sus aceras, un menor migrante saluda a dos mujeres españolas sentadas en un bar. Le saludan con cariño y se alegran de que el chaval haya conseguido un abrigo, pues la noche anterior le vieron tiritar del frío mientras buscaba un rincón donde dormir. La cordialidad de la conversación despierta evidentes miradas de enfado y comentarios a su alrededor. Él lo percibe y, decide irse corriendo, por si su interacción tiene consecuencias para ellas.

En la zona de la Almadraba, más próxima a la frontera, un coche viejo y destartalado arranca como cada tarde repleto de paquetes de comida y botellas de agua. Sus ocupantes, activistas de la organización No Name Kitchen, hablan de los “lugares calientes” a los que acudirán para distribuir las raciones, aquellos puntos a donde no están llegando los repartos oficiales. A su llegada, la zona parece despejada, pero decenas de jóvenes migrantes empiezan a aparecer en busca de algo que llevarse a la boca. Las voluntarias tratan de entregarlo rápido, de manera discreta, pero el tumulto de gente hambrienta lo complica y los gritos empiezan: “ONG mafia”; “Qué vergüenza. Fuera, fuera”.

“Un día algunos vecinos nos echaron de manera agresiva. Una vecina nos defendió diciendo que qué había hecho yo para esa reacción. Respondieron: ”Darles agua y comida“, explica la una de las voluntarias de la organización, para ejemplificar el castigo que reciben en ocasiones quienes ayudan de algún modo a las personas migrantes, especialmente los activistas de No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo, que también se organizan para vigilar posibles redadas o agresiones policiales a los migrantes. Sobre ellos se han difundido bulos que los acusaban de ”repartir botes de gas pimienta“ a los migrantes, algo que se ha demostrado falso.

La otra cara de Ceuta: la ayuda vecinal

No es la reacción común de todos los ceutíes, y decenas de vecinos -especialmente de barriadas de la periferia como El Príncipe- han apoyado a los migrantes que malviven en sus barrios de distintas maneras. Por ejemplo, en El Príncipe, el presidente de la comunidad de vecinos y distintos voluntarios se organizaron para acoger alrededor de 200 niñas marroquíes ante el riesgo de ser agredidas sexualmente, tanto por ceutíes como por otros migrantes. “Llevo aquí desde el primer día. Somos los únicos que hicimos algo, el Estado ha tardado un mes en empezar a reaccionar”, decía Ahmed Enfed-Dal un día antes de cerrar el asentamiento improvisado que coordinaba, cuando todas las menores fueron trasladadas a centros de acogida de la ciudad autónoma.

Su hermana, que ha hecho turnos como voluntaria durante semanas, cuestiona el “abandono” que dice sentir del Gobierno en su respuesta a la crisis migratoria, por dejar en la calle durante tanto tiempo a miles de migrantes. Ella acude a algunas de las manifestaciones celebradas para pedir más apoyo a su ciudad, pero desde un lugar muy distinto a quienes lanzan mensajes racistas. “Es una ciudad muy pequeña, no podemos asumir a tanta gente en las condiciones que tendrían que ser, pero hace falta que se les acoja. Es inhumano que estén en la calle, que les dejen así, y además eso nos genera problemas en el barrio”, explica la mujer, parte de la comunidad musulmana. “Pero muchos aprovechan la situación para sacar todo el odio que llevan dentro”, añade.

El Gobierno local: “No se puede tomar la justicia por su mano”

Desde el Gobierno de Ceuta, así como de los concejales de la localidad, han mostrado su preocupación por los distintos tipos de ataques o agresiones racistas que se han sucedido desde el pasado 30 de julio por parte de vecinos ceutíes. “Consideramos legítimas y plenamente justificadas las manifestaciones y concentraciones que se celebren para exigir la apuntada vuelta a la normalidad y la recuperación de la tranquilidad, pero siempre de manera pacífica y ordenada, sin poner en peligro la unidad de los ceutíes al servicio de una causa de todos, al margen de credos, culturas u orígenes, ni la convivencia; razón por lo que, rechazamos, con total rotundidad, el uso de cualquier tipo de violencia, los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta”, raza una declaración institucional conjunta suscrita por todos los grupos políticos de la Asamblea y las dos diputadas no adscritas.

“En consecuencia, se adoptarán las medidas sancionadoras que correspondan contra quienes cometan actos vandálicos o causen daños al mobiliario urbano. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano. La defensa de Ceuta y de los intereses de los ceutíes solo puede llevarse a cabo desde la legalidad, la responsabilidad y el respeto a la convivencia”, advertían, después de semanas en las que distintos grupos de ceutíes acudían a asentamientos de migrantes para agredirles e incluso quemar sus chabolas, como ocurrió en campamento de la playa del Trampolín.

Denuncias de agresiones

Sin embargo, decenas de testimonios recopilados por elDiario.es continúan denunciando sufrir palizas nocturnas. Mientras, por un lado, hablan de grupos de vecinos ceutíes encapuchados que los golpean de madrugada, también aseguran ser víctima de agresiones por parte de “militares”, aunque este medio no ha podido verificar independientemente sus acusaciones. elDiario.es sí ha presenciado un trato policial despectivo e intimidaciones por parte de agentes policiales y militares, que tratan de exigirles que se alejen de determinadas zonas de la ciudad próximas al centro.

“Nos están destrozando psicológicamente. Dormimos escondidos, porque cualquier noche pueden venir a pegarnos. A veces son militares, otras ceutíes, siempre pasa algo. Nos quitan los teléfonos y el dinero. Hacen que sea cada vez más dificil quedarnos, es una estrategia para que nos volvamos a Marruecos”, dice Mohamed (nombre ficticio), agotado, pero decido a permanecer en Ceuta después de más de un mes malviviendo en sus calles.

Amnistía Internacional (AI) ha pedido a todos los partidos políticos y autoridades que condenen públicamente la violencia contra los periodistas que informan sobre Ceuta, así como que garanticen su seguridad.

“Esto es vital para que las sociedades tengan acceso a una información plural e independiente. La libertad de expresión y de información es un derecho humano que debe protegerse”, señala Daniel Canales, responsable de Investigación de Violaciones de Derechos Humanos.

La organización recuerda que “Vox lleva años acusando sistemáticamente a algunos medios de manipuladores e incluso ha calificado recientemente a periodistas de RTVE como 'terroristas'. El señalamiento y el acoso contra periodistas fomenta el riesgo de que sufran algún tipo de violencia”.

Diversos profesionales de la información que cubren la actual crisis desde Ceuta han sufrido acoso, insultos e incluso agresiones físicas y verbales por parte de ciudadanos locales. Entre ellos está una reportera de elDiario.es a la que gritaron e insultaron porque hablaba con dos jóvenes que ni siquiera eran marroquíes.

También en otras ciudades los periodistas han sido hostigados mientras informaban en las manifestaciones a favor de la ciudad autónoma el pasado 2 de septiembre, por ejemplo en Madrid o en Pamplona.

AI relata que algunos de ellos les han trasladado que, en ocasiones, las fuerzas de seguridad no han actuado o bien han actuado tarde para protegerles, por lo que han visto “obligados a interrumpir sus coberturas o a abandonar los lugares desde donde tenían previsto informar”.

Los ataques a periodistas ya han sido condenados por cadenas de televisión como laSexta, cuyos profesionales recibieron insultos, empujones y amenazas. También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado estas agresiones.

Desde AI señalan que también deben condenarse “los actos y discursos racistas y xenófobos, que solo contribuyen a incrementar un clima de violencia y de odio”.

Una nueva manifestación recorría este domingo la ciudad de Ceuta para, entre otras reivindicaciones, mostrar su preocupación sobre la vuelta al colegio de los niños de la ciudad. Algunos de sus lemas exigían la protección de los menores en el regreso a las aulas, cuando una adolescente de piel morena se unió a la marcha junto a su prima. La menor entonaba junto al resto los cánticos sobre el abandono de la ciudad, incluso pedía la expulsión de los migrantes llegados a finales de julio, cuando percibió que uno de los gritos de “invasores” estaba dirigido hacia ella. “Tú de dónde saliste, invasora”, le espetó una mujer, con una bandera de España en sus manos. De pronto, los ojos de una parte de los participantes se enfocaron en ella. Pidieron su expulsión y le exigieron mostrar su DNI para justificar que, efectivamente, era caballa, como la niña no paraba de repetir.

La supuesta “invasora” se llama Soraya Eguizabal El Hamdaoui, tiene 13 años y es caballa –apodo con el que se conoce a la población natural de Ceuta–, de padre vasco y madre ceutí. Sus rasgos, de tez morena, despertaron el racismo de algunos de los manifestantes, según presenció elDiario.es. La niña estaba en su casa y una manifestación que, entre otros asuntos, decía defender la seguridad de los menores de la ciudad en la vuelta al colegio, pasaba por las proximidades de su vivienda.

“Llamé a mi prima porque nunca había ido a una manifestación y pensé que era importante, porque a veces sí tengo miedo de esta situación”, explica la menor en conversación con elDiario.es. Cuando alcanzaron a las decenas de personas que se aproximaban a la frontera del Tarajal, una mujer la increpó: “Tú donde saliste, invasora, enséñeme el DNI. Te vi en el hospital con tuberculosis”, afirmó una de las participantes de la marcha, según aparece recogido en la denuncia registrada en comisaría este domingo por la madre de la menor, a la que ha accedido este medio.

Bajamos corriendo para ir con ella y, cuando llegamos a la altura de la playa del Tarajal, un hombre empezó a llamarla 'invasora' y a hacerle fotos a la niña

Fatima El Hamdaoui — Madre de la niña acosada por manifestantes

La niña llamó a su madre para explicar lo sucedido. “Bajamos corriendo para ir con ella y, cuando llegamos a la altura de la playa del Tarajal, un hombre empezó a llamarla 'invasora' y a hacerle fotos a la niña”, cuenta Fatima El Hamdaoui, la madre de la niña acosada por los manifestantes. “Fui directa a decirle: '¿Tú sabes que con quien estás hablando es mi hija?”, explica la madre.

Según la denuncia, El Hamdaoui “se dirige a ese señor y le pregunta por qué le está tomando fotos a la niña, respondiéndole este 'que es una invasora' a lo que la declarante le respondió que era su hija menor y era española, mostrándole el DNI”. A su vez, añade el escrito, la esposa del hombre seguía increpando a la niña diciéndole: “Invasora, yo la vi entrar ayer”.

Este medio presenció este momento de la marcha. Entre vítores de “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” o “un caballa nunca se rinde”, elDiario.es fue testigo de los insultos lanzados por parte de los manifestantes a la menor. Uno de los manifestantes le puso a la adolescente una bufanda de la bandera de España para que se la rodease y, de esta forma, “evitar” los ataques. Posteriormente, una de las vecinas se acercó a la niña y su familia para calmar la situación y pedir perdón por el ataque verbal. Mientras, tres militares, que patrullaban por la zona, atendieron a las afectadas y mostraron su solidaridad ante lo sucedido.

“Lo de ayer ha sido lo más indignante que he podido vivir”

Un día después de los hechos, la madre de la niña aún dice estar procesando la situación. “Lo de ayer ha sido lo más indignante que he podido vivir. Estoy en contra de lo que ha pasado en mi tierra, pero siempre he dicho, esta gente no tiene la culpa, no tenemos tratarlos mal. Y ahora atacan hasta a mi hija que es caballa”, dice con indignación la mujer. “Mi niña quería ir a la manifestación porque escuchó que era por los menores, por la vuelta el cole, y se encuentran con que acaban insultando a una menor ceutí”, añade.

La madre, igual que la niña, destacan la ropa deportiva que llevaba puesta la menor, como si esa fuese una de las razones de haber sido increpada. “Se fue con un chándal, ella es muy morenita de piel y la llamaron invasora”, explica. “Fui a la manifestación y me puse lo primero que vi. Y, claro, todos iban con camisas de España”, comenta la menor.

Yo entiendo que en esas circunstancias hay que proteger a una menor, esperaba que se expulsase a la persona que atacó e insultó a una niña o cogiese los datos, pero no fue así

Fatima El Hamdaoui — Madre de la niña acosada por manifestantes

24 horas después, la adolescente dice sentir miedo “por las dos partes” (ceutíes y migrantes). “No me sentía segura para ir al instituto y ahora me va a confundir la gente de mi misma ciudad. Da miedo, pero estoy siempre con mi madre”, sostiene la chica, que empezará el instituto este martes. “Es verdad que tenía mucho miedo de los migrantes, pero, no me han hecho nada. Solo sentía que miraban raro, pero no ha pasado más. Solo me han hecho los manifestantes, aunque 'los invasores', como no los conozco y están por las calles, me dan más miedo”, dice la niña.

La madre de la menor asegura que, durante la manifestación, informó de los hechos a los agentes policiales del operativo de seguridad. “Yo entiendo que en esas circunstancias hay que proteger a una menor, esperaba que se expulsase a la persona que atacó e insultó a una niña o cogiese los datos, pero no fue así”, indica El Hamdaoui, quien finalmente se fue directamente de la manifestación a comisaría para registrar la denuncia. La mujer, también ceutí, dice sentirse decepcionada por parte de sus vecinos en lo referido a la actitud de parte de los participantes de muchas manifestaciones con respecto a la comunidad musulmana de la ciudad, lo que a su juicio está dividiendo a la sociedad caballa.

Situaciones similares

“Se quejan de que no participa mucho la comunidad musulmana en las protestas, pero por estas cosas no me voy a encargar de que ninguna comunidad venga”, apunta la denunciante de los hechos. Los hechos denunciados coinciden con situaciones documentadas por elDiario.es en esa y otras protestas similares. Esa misma mañana, una de las periodistas que firma esta noticia se encontraba en la frontera del Tarajal entrevistando a los migrantes que habían decidido regresar a Marruecos por su cuenta, cuando llegó la protesta a este punto. Cuando los vecinos observaron a algunos jóvenes marroquíes comenzaron a increparles. “¡Fuera, fuera!”, les dijeron a gritos, lo que empujó a los chavales a escapar a la carrera. Al ver que la reportera de este medio, que estaba charlando con ellos, permanecía en las inmediaciones, se dirigieron a ella: “Puta mora, periodista”, bramaron. Anteriormente, la otra reportera que firma esta información fue expulsada de la protesta por la policía, impidiendo su derecho a la información, cuando varios manifestantes empezaron a increpar a ella y la fotógrafa por ser confundidas con personal “de una ONG” pese a mostrar su tarjeta de prensa en distintas ocasiones.

La manifestación celebrada este sábado contra la instalación de un campamento en el puerto de Ceuta, después de que el Gobierno se hiciese con el control de este, también acabó con insultos por parte de una decena de vecinos ceutíes a algunas personas racializadas que observaban el mar en el puerto de la ciudad autónoma. “Invasores. Qué vergüenza. A Marruecos”, gritaron en un inicio. Posteriormente, los insultos fueron dirigidos a las personas blancas que se acercaban a hablar con ellos, entre ellas una menor ceutí y otra de las periodistas que firma esta pieza que entrevistaba a un joven palestino y a un chico inglés que pasaba la tarde en el muelle.

“¡Puta! Habla con ellos y luego te quejas si te violan. Ojalá os violen, guarras”, dijo una de las mujeres participantes. La menor que fue acosada junto a la periodista de elDiario.es tenía 16 años y se encontraba con su primo, marroquí, que había cruzado a la ciudad el pasado 30 de julio. “Yo estaba aquí tranquila y una señora con un perro me empezó a llamar puta y de todo. Me parece muy bien que se manifiesten todos los días para 'salvar al pueblo', pero a mí que no me griten ni me graben. Solo estoy con mi primo”, dijo la adolescente a elDiario.es después de los hechos. Este medio ha comprobado que durante este tipo de manifestaciones la policía no actúa en defensa de las personas atacadas ante este tipo de insultos con carga de odio y discriminación si no se produce violencia física.

En el laberinto formado por las naves industriales del Tarajal (Ceuta), en los recovecos existentes entre los portones mecánicos de decenas de almacenes, las chabolas se acumulan. En su zona más profunda, más escondida, cientos de personas migrantes duermen en el suelo, a la intemperie, bajo el riesgo de agresiones racistas y peleas callejeras. En distintos rincones como este, hay niños de apenas 13 años a los que solo cuidan quienes se apiadan de ellos. Hay mujeres embarazadas que aguantan contracciones tumbadas sobre el duro suelo de un campo de fútbol al aire libre. Hay jóvenes heridos que no se atreven a ir al hospital, porque cuando lo hicieron solo recibieron gritos.

Superado el mes de la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta -de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior-, la crisis humanitaria continúa en las calles de la ciudad autónoma. La falta de espacio para atender a los migrantes, la lentitud en la habilitación de nuevas plazas y la negativa del Gobierno a permitir los traslados a la península (donde sí cuentan con espacio en la red estatal de acogida humanitaria) mantiene a miles de migrantes a la intemperie y sin acceso a servicios básicos, mientras que incrementa la tensión entre la población local, en una ciudad de casi 20 kilómetros cuadrados y apenas 85.000 habitantes.

36 días después, el Ministerio del Interior asegura que permanecen en la ciudad solo 5.000 migrantes de los 70.000 que alcanzaron Ceuta a finales de julio, pero las dimensiones de los asentamientos informales y el retraso en su filiación ante la falta de espacios de acogida suficientes apuntan a que la cifra puede ser mucho mayor. Entre ellos, alrededor de 1.300 menores están acogidos en centros de la ciudad autónoma, pero un solo paseo por la ciudad demuestra que cientos de menores aún malviven en las calles, pese a sus sucesivos intentos de tratar de ser recibidos en un centro de acogida.

En el caso de los adultos, la responsabilidad recae en el Ministerio de Migraciones, que ha empezado a trabajar en los trabajos de construcción de nuevas plazas en distintos puntos de la ciudad. La obras y la instalación de carpas avanzan, lo que evidencia una posible próxima apertura de nuevas instalaciones, mientras algunos vecinos organizan protestas casi diarias para evitarlas. Preguntados por los retrasos en la habilitación de espacios, fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz aseguran estar trabajando para abrir “el mayor número de plazas posibles en el menor tiempo posible”. La apertura de nuevos lugares de acogida provisional no está resultando sencilla en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, y que ya acogía a un número de migrantes considerable debido a su posición fronteriza. El Ejecutivo central necesita la cesión municipal del suelo, y el Ayuntamiento se choca con el rechazo vecinal de algunos barrios a recibirles.

El Gobierno sufre desde el 8 de agosto dificultades para encontrar espacios en Ceuta donde alojar a los migrantes. El propio presidente de la ciudad rechazó en la Junta de Seguridad Nacional a la que le invitó el presidente que se utilizaran los polideportivos para acoger a los inmigrantes. El Ejecutivo aceptó la petición de Vivas y planteó utilizar dos espacios del Puerto de Ceuta, pero también aquí se ha encontrado con obstáculos de última hora.

Traslados a la península, bloqueados

En anteriores crisis migratorias, la percepción de emergencia suele disiparse con una estrategia habitual: los traslados de migrantes a la península, por los que el Ejecutivo desplaza a los adultos de aquellos lugares más colapsados a otros centros de la red de atención humanitaria estatal. Ante la falta de espacio, el Gobierno suele permitir los traslados organizados de migrantes desde las ciudades autónomas (que no son parte del espacio Schengen) cuando su capacidad de acogida se encuentra superada. El Ministerio del Interior confirma a elDiario.es que, por el momento, no realizará este tipo de traslados, dado que su objetivo continúa devolver a las personas llegadas a Ceuta este verano. Sin embargo, retornarlas por la vía regular es un procedimiento lento, que requiere de una infraestructura de acogida mayor de la existente en la ciudad autónoma y la filiación policial de todas ellas. Mientras, miles de personas siguen sin identificar y en situación de calle.

Aya duerme con su novio en el suelo del asentamiento improvisado de las naves del Tarajal. Se ha buscado un lugar algo más solitario para tratar de esquivar las tensiones de convivencia surgidas durante las noches. “Este sitio no es seguro, hay muchas peleas, no nos podemos duchar y apenas podemos comer. Queremos ir a un centro, pero siempre me rechazan”, lamenta la mujer, de origen saharaui. Dice su procedencia con cierto temor a que otros compañeros escuchen su preocupación: “Me gustaría pedir asilo, pero tampoco sé cómo ni sé quien puede explicarme”, dice la joven, de 27 años. La falta de información jurídica también brilla por su ausencia, especialmente en los asentamientos informales.

“La prioridad del Gobierno es concluir en Ceuta el proceso de triaje de las personas migrantes adultas y, en aquellos casos en los que el resultado sea su devolución, ejecutarla a la mayor brevedad posible”, sostienen fuentes del Ministerio del Interior. En una segunda fase, añaden, concluido ese proceso, el Gobierno resolverá la situación de aquellas personas que, por ser solicitantes de protección internacional o por determinadas circunstancias relacionadas con su vulnerabilidad, no pueden ser devueltas y deben permanecer en el país“, indican. Sin embargo, organizaciones en el terreno denuncian los obstáculos para pedir asilo y la falta de información al respecto.

Menores en la calle

Omar, de ojos claros y pelo rizado, trata de aparentar ser mayor de lo que su menudo cuerpo aparenta. Tiene 13 años y lleva más de un mes en situación de calle, durmiendo sobre cartones entre las naves de Tarajal, donde se concentran grandes grupos de personas en situación de vulnerabilidad en condiciones precarias sin apenas vigilancia. El 30 de julio se lanzó al mar solo con la intención de llegar a Ceuta, como lleva intentándolo desde los 10 años. Cuando se le pregunta dónde duerme, señala la acera de las naves del Tarajal. “Estoy solo aquí, no tengo madre, no tengo a nadie y allí solo está mi padre, pero no están las cosas bien”, dice el chaval. “Intenté apuntarme en comisaría para que me lleven a un centro, pero me dijeron ‘fuera, fuera’”, añade el pequeño, horas antes de anochecer.

Es fácil encontrar en distintos puntos de la ciudad a decenas de menores, algunos aún lejos de la mayoría de edad, pasando la noche en la calle sin nadie que les atienda. La mayoría, como Omar, preguntan cómo pueden ser recibidos en un centro. Repiten su edad, enseñan documentos si los tienen, pero no suelen recibir respuesta. Ceuta ya era una de las comunidades autónomas que había solicitado la aplicación de la ley de reubicación de menores por la península, pero las llegadas de finales de julio han agravado su ya escasa capacidad de acogida. La responsabilidad de atender a los niños que llegan solos recae sobre el Gobierno local, pero todos sus centros continúan colapsados 36 días después.

El Ministerio de Infancia ofreció al Ejecutivo ceutí recibir a unas 500 niñas en plazas de acogida de centros gestionados por ONG de la península, pero fuentes del departamento de Sira Rego aseguran que aún no han recibido respuesta. Mientras, alrededor de 200 niñas duermen en un campo de fútbol de la barriada del Príncipe, donde son los propios vecinos del estigmatizado barrio quienes han decidido protegerlas, haciendo turnos para vigilar el bienestar de las pequeñas, ante el riesgo de agresiones sexuales o explotación.

“Todavía hay cientos de niños y niñas solos en las calles de Ceuta sin ser atendidos y expuestos a múltiples riesgos, como violencia, abusos o incluso trata de personas”, denunció recientemente el director ejecutivo de Uincef España, José María Vera. “Estos niños y niñas necesitan que se les registre de manera adecuada, se evalúen sus circunstancias particulares y se les traslade a lugares seguros”, añadió.

Las ONG en el terreno denuncian que no se están cubriendo las necesidades más básicas de los migrantes en situación de calle, sean menores o adultos. La más esencial, la alimentación, no está cubierta para muchos. “La situación lejos de solucionarse se agrava en tres dimensiones. Lo primero que se mantiene es el hambre. Cruz Roja da una ración de comida al día, y no llega a todos los que la necesitan. Mucha gente en situación de calle, que vive más escondida por miedo a las agresiones que denuncian, no la recibe”, explica Ric Fernández, coordinador del colectivo No Name Kitchen, que realizan repartos de comida diarios en zonas a donde la ayuda oficial no llega. “Hemos visto a gente mascando ramas de árboles, lo vimos al principio y lo hemos visto un mes después”.

Atrapados en Ceuta, los migrantes preguntan qué va a ser de ellos. “El impacto psicológico nos preocupa. El nivel de incertidumbre es total. Nadie informa, nadie filia, nadie dice lo que va a ser. La gente va de un lado para otro como ganado, siguiendo a la policía y al ejército. Les mueve con palos y empujones”, cuestiona Fernández. Las condiciones de salud tampoco están siendo garantizadas, tal y como han documentado las organizaciones en el terreno. Médicos del Mundo recuerda que miles de personas continúan viviendo en campamentos improvisados, con un acceso muy limitado a agua potable, alimentación, higiene y atención sanitaria.

La organización señala que muchas de las patologías atendidas por sus equipos de emergencia están relacionadas con las condiciones del viaje, pero también por su propia estancia en la ciudad: lesiones físicas, cuadros de deshidratación, problemas dermatológicos, infecciones, así como un impacto sobre la salud mental derivado del estrés, la incertidumbre y las experiencias traumáticas vividas durante el proceso migratorio. Más allá de la atención de urgencia, Médicos del Mundo subraya que uno de los principales problemas es la dificultad de acceso al sistema sanitario.

Mientras una parte de la ciudad expresa su malestar por la llegada de miles de personas migrantes, otras vecinas han optado por responder desde la solidaridad. No forman parte de ninguna organización ni cuentan con grandes recursos, pero acuden a diario con agua, comida o bolsas de basura para quienes continúan durmiendo a la intemperie. “Lo poquísimo que puedo hacer”, explica Fatima, quien sale de su vivienda y habla con varios migrantes como si ya fuesen parte del barrio. “Esta mañana estaba lloviendo y yo he sacado bolsas de basura para que guardasen las pocas cosas que tienen”.

Ellas no fueron a la manifestación celebrada este miércoles en la ciudad en contra de la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central. No porque la consideran desacertada, dicen, sino porque perciben una politización de la misma y el rechazo de buena parte de los vecinos hacia las personas a las que tratan de ayudar cada día desde hace más de un mes. “Siempre lo he notado, pero ahora les ha salido toda la bilis”, afirma una de ellas, que insiste en separar a las personas migrantes de la política del país vecino: “Yo soy la primera que digo que [Mohamed VI] es un dictador. Pregúntales a ellos si quieren volver a Marruecos. Te dicen que no. ¿Cómo no puede entender eso la gente?”.

Llegar a Ceuta no era fácil, por eso Ossama entrenaba casi a diario para nadar lo más rápido posible. Antes del pasado 30 de julio, el adolescente había intentado alcanzar la ciudad autónoma en cinco ocasiones, pero ninguna con éxito. Los controles de los agentes marroquíes, cuenta, hacían difícil su salida y lo obligaban a recorrer largas distancias para esquivar ser detectado en el camino, pero ni aun así conseguía su objetivo. “Esta vez todo fue diferente”, dice con sonrisa tímida. “Me metí en el agua al lado de la frontera. Pasé al lado de los gendarmes marroquíes. Nadie nos paraba”.

Tampoco frenaron a Hamza. “Nos decían: ‘Vamos, vamos”, relata el joven. Ni a Mohamed, quien ha perdido la cuenta de las veces que lo había intentado hasta entonces. “Éramos muchos y nos dejaban pasar. La puerta de España estaba abierta”, describe el joven, de 27 años. Son solo tres de la decena de testimonios, recogidos por elDiario.es, de quienes llegaron a la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio, cuando cerca de 70.000 migrantes rodearon a nado el espigón fronterizo sin apenas control marroquí, según su relato.

El Ejecutivo lleva días asegurando que no hay pruebas de que Marruecos estuviera detrás de la entrada masiva en Ceuta. Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el pleno del Congreso, ha reiterado su posición y aunque sí ha reconocido tener confirmado que las fuerzas de seguridad marroquíes “permitieron” la entrada masiva al menos durante el día 30 de julio, asegura que el Ejecutivo desconoce si se trató de un hecho involuntario o intencionado.

Éramos muchos y nos dejaban pasar. La puerta estaba abierta

Hamza

“Sabemos que el 30 de julio la gendarmería permitió el cruce de la frontera. Y que después lo controló. ¿A qué se debió la falta de control? ¿Hubo incapacidad o inacción? Nuestros servicios de inteligencia darán con todas las claves. Vamos a hacer públicos todos los informes. De momento, ninguna de estas instituciones ha entregado evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara este episodio”, ha declarado Sánchez en la Cámara Baja.

Los testimonios de los migrantes y varias imágenes a las que ha accedido elDiario.es reflejan la falta de controles marroquíes de aquellas jornadas en la frontera con la ciudad autónoma. Un vídeo al que ha tenido acceso este medio muestra que la inacción de los agentes permaneció incluso el día 1 de agosto, al menos en algunos puntos de la frontera entre Marruecos y Ceuta.

En una de las imágenes, los agentes alauíes se encuentran en grupo, parados en una playa del extremo marroquí de la frontera, mientras a su lado una decena de chavales nadan con cierta tranquilidad a escasos metros de la orilla con dirección a aguas españolas. Una fuente policial española, presente en la frontera el día 30 de julio, también confirma haber sido testigo de la “permisividad” de las fuerzas de fronterizas del país vecino: “La pasividad era total”.

Pero “permisividad” o reducción de la vigilancia no es sinónimo de organización de la entrada masiva. Levantar los controles y dejar pasar a quienes tratan de llegar a España, una estrategia reiterada por el Reino alauí para presionar al Gobierno español en función de sus intereses políticos o económicos, es distinto a orquestar la totalidad de la entrada de 70.000 personas o enviar a miles de ellas a la frontera –como han deslizado diputados de distintas fuerzas políticas en el Congreso de Diputados este jueves–.

Los migrantes entrevistados por elDiario.es confirman la primera: todos los que entraron los días 30 y 31 de julio contactados por este medio aseguran no haberse encontrado la oposición habitual de los gendarmes fronterizos de Marruecos. Pero su versión sí choca con el relato de que miles de personas fueron “enviadas” o acompañadas a la frontera, al menos no con una intervención de las autoridades. Sí hablan de “consejos” o “ánimos” mientras estos atravesaban el espigón fronterizo.

“Yo sé que me dejaron pasar, pero no puedo saber por qué. No sé de política”, explica Hamza, un joven marroquí de 27 años que malvive desde su llegada a la ciudad en un asentamiento levantado en la playa del Trampolín. “Dicen que Marruecos querría quedarse con Ceuta. Si he salido de Marruecos es para vivir en España. Podría alistarme en el Ejército español para defender la ciudad antes que volver allí”, ejemplifica el hombre para distanciarse de una supuesta organización marroquí. “Dicen que nos ha mandado Marruecos, pero la mayoría queremos venir desde hace años. Si lo organizaron, yo no me enteré. Supimos que estaba abierta y entramos”.

Redes sociales y boca a boca

Hablan del boca a boca, de los avisos entre amigos o publicaciones en redes sociales, de las que de momento se desconoce un origen específico. Dicen que, de una manera u otra, les llegó el mensaje de que “la frontera de Ceuta estaba abierta”, lo que precipitó su salida para probar suerte. Unos estaban en grupos WhatsApp donde se organizaba la entrada desde principios de julio; otros improvisaron su travesía el mismo día al conocer que miles de personas estaban logrando su objetivo.

Estos testimonios recogidos por elDiario.es coinciden en parte con el informe policial realizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). “Las Redes Sociales resultan imprescindibles para lograr una propagación multitudinaria del llamamiento. En el caso de la convocatoria para el 30 de julio, como para las restantes entradas masivas, la viralización se produce en diferentes fases”, sostiene el documento.

Durante la madrugada del 30 al 31 de julio, por el paseo marítimo de Castillejos, la localidad marroquí más próxima a Ceuta, centenares de jóvenes corrían en grupos en dirección a la frontera, con el objetivo de adentrarse en el agua y comenzar a nadar. “Mientras la gente corría hacia la frontera, había varios furgones policiales aparcados en el paseo. Un agente marroquí estaba ahí parado, mirando su móvil, como si nada estuviese pasando”, explicó a elDiario.es una persona que se encontraba en ese momento en la zona. “Los dejaban pasar, no los frenaban”, añade.

Normalmente, cuando lo había intentado, casi cada cinco metros había un policía marroquí, desde la frontera hasta Rincón, casi cada cinco metros. Pero ese día no había nada. Habían desaparecido

Oussman

Youssef, un hombre de 40 años, conoció la convocatoria de entrada masiva a Ceuta en redes sociales. “Lo vi por Instagram, Facebook, TikTok y todo eso. Cogí un taxi de Tánger a Tetuán. Y luego otro de Tetuán a Castillejos. Al ver que la gente podía entrar, el conductor del taxi entró conmigo y dejó el taxi en una tienda de cosas Castillejos”, añade el hombre. A su lado, Oussman asegura que él ya “tenía un plan para intentar entrar a Ceuta a nado”, pero al acercarse e la frontera se sorprendió al ver a cientos de personas en la zona con el mismo objetivo. “Cuando llegué, todos estaban corriendo, había mucha gente”.

El adolescente marroquí pensó que se iba a encontrar un mayor despliegue policial. “Normalmente, cuando lo había intentado, casi cada cinco metros había un policía marroquí, desde la frontera hasta Rincón, casi cada cinco metros. Pero ese día no había nada. Habían desaparecido”, explica el chaval. Pensó que iba a tener que nadar desde un punto alejado de la frontera, pero acabó rodeando el espigón acompañado de cientos de personas.

“Los agentes no nos paraban. Decían: ‘Corre, corre’. Hasta había policías que se quitaron el uniforme y cruzaron con nosotros”, dice el pequeño, que proviene de una familia humilde. Según los testimonios recabados, el día 31 de julio algunos agentes marroquíes solo intervenían en un caso. “Si pisábamos el espigón, nos daban golpes en las manos. Nos decían que solo podíamos ir por el agua”, explica Hamza. A su lado, Mohamed asiente. “Decían: ‘Vamos, vamos, por el agua’, añade.

El testimonio de ambos jóvenes conecta con otro extracto del informe policial. “En las entrevistas realizadas, los inmigrantes relatan de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”, recoge el documento, al que ha accedido elDiario.es.

El informe de la Policía que señala la participación de Fuerzas de la Seguridad marroquíes no ha hecho cambiar de posición al Gobierno. El Ejecutivo considera que aún no existen “pruebas concluyentes” ni “evidencias” de que Marruecos esté detrás del paso masivo a Ceuta del 30 de julio. Así lo ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados durante su comparecencia de este jueves, en la que ha revelado que el Ejecutivo convocó a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto tras las declaraciones públicas de varios ministros de Mohamed VI en las que reclamaban la soberanía sobre las dos ciudades autónomas. Este jueves también se ha conocido que las autoridades marroquíes han trasladado al Ejecutivo español que han abierto una investigación sobre la entrada.

“Soy consciente de las dudas, de los indicios. Pero señorías, como presidente del Gobierno me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia. Y lo cierto y verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes”, aseguró este jueves.

Un jurado federal de Estados Unidos ha imputado a un agente antimigración del conocido como ICE por haber dado falso testimonio sobre un tiroteo no mortal que se produjo durante las macroredadas en el estado de Minnesota a principios de año, según han confirmado fuentes conocedoras del caso a los periódicos New York Times yWashington Post.

El tiroteo se produjo durante esa campaña de terror ordenada por el presidente Donald Trump, en la que otros oficiales antiinmigración asesinaron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses: Renne Good y Alex Pretti.

En ambos casos, la Casa Blanca salió en tromba a defender a los agentes alegando que actuaron en defensa propia, a pesar de que las imágenes grabadas por los testigos mostraban una realidad diferente.

Los cargos presentados contra el agente, que responde al nombre de Christina Castro, constituyen un caso singular dentro de las investigaciones y procesos abiertos en Minnesota en relación con las macroredadas. En primer lugar, porque las pruebas sobre las que el jurado ha decidido imputar al agente fueron proporcionadas por el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump. La acusación contra Castro se presentó bajo secreto de sumario.

Según la Fiscalía, Castro disparó e hirió a Julio C. Sosa-Celis, originario de Venezuela y sin estatus legal en Estados Unidos. El tiroteo, que terminó sin consecuencias mortales, se produjo el 14 de enero.

En un principio, los funcionarios de la Administración defendieron a Castro frente a las acusaciones. Pero, a diferencia de la postura adoptada en otros casos similares, los empleados federales se fueron apartando públicamente de Castro en las semanas siguientes. Además, se retiraron los cargos penales que se le habían imputado a Sosa-Clis y otro hombre, mientras que suspendieron a Castro de su empleo. Fue entonces cuando sugirieron que las grabaciones de vídeo contradecían aspectos clave de la versión que el agente del ICE había dado a las autoridades.

Un menor marroquí de 17 años llegado a Ceuta durante la crisis migratoria del pasado mes de julio ha fallecido en un centro de acogida gestionado por la ciudad autónoma, según confirman fuentes del departamento de Infancia del Gobierno ceutí y el Ministerio de Sanidad. El adolescente padecía diabetes severa y había recibido seguimiento médico tras su llegada por esta razón, según fuentes del ejecutivo local.

El menor ha fallecido en su habitación del centro de acogida de La Esperanza (Ceuta) aparentemente por una “hipoglucemia severa”, según fuentes sanitarias. Un compañero de cuarto lo encontró sin vida cuando iba a despertarlo y avisó a los educadores, tal y como ha adelantado El Faro de Ceuta.

Según el Ministerio de Infancia, los centros de acogida de la ciudad autónoma albergan a 1.478 menores, una cifra que puede ser superior, dado que decenas de chavales de menos de 18 años siguen durmiendo a la intemperie, pese a sus intentos de acceder a un espacio de protección debido a la saturación de la red de acogida, tal y como ha comprobado este medio. Según el Ministerio del Interior, han sido identificados 2.168 menores migrantes llegados desde el 30 de julio a la ciudad autónoma.

Fuentes del Gobierno local y del Ministerio de Sanidad insisten que el menor fallecido se encontraba “controlado” y bajo seguimiento médico, sin embargo, el caso despierta las alertas sobre la atención recibida por los chavales llegados a la ciudad autónoma en un momento de colapso de sus recursos para hacerse cargo de los niños y adolescentes que han llegado solos a la ciudad.

Según el Ministerio de Infancia, tras la última crisis migratoria se ha producido un cambio en el perfil de los menores. Según sus datos, hay cerca de 700 niñas y se ha producido un incremento de niños por debajo de los 13 años.

Son las 10 de la mañana cuando Mohammed Hassan sale del campamento habilitado en Loma Colmenar para personas migrantes con un taco de folios en la mano. Lo sujeta con fuerza mientras recorre las calles de la zona y de la barriada de El Príncipe. Los papeles esconden y relatan un mes de trámites en búsqueda de la protección internacional como refugiado sudanés.

La historia de Mohammed Hassan se repite entre otros testimonios de sudaneses en diferentes puntos de la ciudad ceutí. Mohammed Saad, procedente de Darfur, pasó alrededor de 19 días durmiendo en la playa antes de ser trasladado al centro temporal habilitado en Loma Margarita, gestionado por la ONG Accem, y donde actualmente residen alrededor de 1.100 personas de origen subsahariano. Cuenta que allí tiene, por primera vez desde que llegó, comida, un lugar donde dormir y acceso a algunas actividades, entre ellas clases de español. “Mira, mira: hoy es sábado”, dice en español mientras enseña sus notas. Saad ya ha realizado la entrevista correspondiente a su solicitud de protección internacional y ahora espera los siguientes pasos.

Otro Mohammed, originario de Soba, al sur de Jartum, también pasó sus primeros días en Ceuta durmiendo al aire libre. Alternó la playa, el bosque y otros espacios a la intemperie. Describe esos días con solo una palabra: “Duros”. Habla del frío, de la dificultad para dormir, del miedo, las pesadillas y de dedicar una parte del día simplemente a buscar algo que comer. En su caso, la espera administrativa ni siquiera ha comenzado. Todavía ansía iniciar el procedimiento de asilo.

Las situaciones se repiten con matices entre quienes entraron junto a más de 70.000 personas el pasado 30 de julio hacia Ceuta. Abdul Jabbar, procedente de Darfur, tampoco ha empezado los trámites. Maavi Khalid, de Omdurman, sí ha iniciado el proceso y espera una nueva citación para continuarlo.

Mohammed Hassan, el joven que todavía sujeta sus folios con fuerza, va un paso por adelante. Abogado sudanés especializado en Derecho Internacional y Derechos Humanos, cuenta que la Policía le tomó las huellas 10 días después de su entrada hace ya un mes. Una intérprete de árabe le permitió explicar por qué estaba allí y qué solicitaba: protección internacional en España.

La llegada a territorio español no supuso para muchos de ellos el final inmediato de las condiciones que habían padecido durante el camino desde Sudán hasta Marruecos y ahora hasta España. Mohammed Hassan recuerda con crudeza los primeros días en los alrededores del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes): “Tenía fiebre y problemas en las piernas. Un policía pidió una ambulancia para que recibiera asistencia médica, pero un vigilante de seguridad me impidió acceder al centro sanitario al que iba a ser trasladado”.

Según su relato, al comprobar que todavía tenía espasmos de fiebre, lo volvió a intentar. “El vigilante no solo me lo impidió, sino que, además, una tarde mientras descansaba se acercó y me habló agresivamente en español. Yo no entiendo el idioma, pero el tono lo comprendí. Quería que me fuera de allí”, cuenta a elDiario.es. Finalmente, recibió ayuda de varias personas vinculadas a organizaciones que entregan ayuda humanitaria a personas migrantes y consiguió la medicación que necesitaba.

Las historias y experiencias son distintas, pero todo se encuentran sometidos a la misma lógica: esperar. Esperar a una primera cita, esperar una entrevista, a que les llamen de nuevo para, otra vez, esperar a conocer si podrán permanecer en España

La entrega de la ayuda tampoco está resultando sencilla. En la ONG Casa del Sudán en Madrid explican que, hace unas semanas, una voluntaria de la organización viajó hasta Ceuta en una furgoneta cargada de ropa y material para los jóvenes sudaneses, pero no pudo introducir la ayuda en la ciudad. Según relatan, se encontró con numerosas dificultades y, finalmente, tuvo que regresar con la furgoneta cargada hasta La Línea de la Concepción desde donde otra ONG se está encargando de preparar el material.

La organización asegura que ahora su prioridad es encontrar asistencia legal para los jóvenes sudaneses que permanecen en Ceuta. “Todavía no tenemos ninguna respuesta”, explican.

Las historias y experiencias son distintas, pero todos se encuentran sometidos a la misma lógica: esperar. Esperar a una primera cita, esperar una entrevista, a que les llamen de nuevo para, otra vez, esperar a conocer si podrán permanecer en España.

El mar, la última frontera

Antes de la espera en Ceuta hubo otra. Muchos llevaban meses o incluso años en Marruecos mirando a la ciudad. Mohammed Saad supo a través de las redes sociales que muchos jóvenes se dirigían a Castillejos para cruzar hacia la playa de El Tarajal. Entró nadando. Su mujer se ha quedado en Marruecos y tiene graves problemas de salud. “Pienso mucho en ella, pero también en mis tres hijos”, relata. El mayor tiene 13 años, el mediano 11 y el más pequeño, siete. “Están en Port Sudán, les cuida mi primo. Yo solo quiero llegar a España por ellos. Para poder enviarles dinero y que continúen sus estudios”, añade.

Mohammed, originario de Soba, cuenta que ha intentado cruzar a Ceuta hasta cinco veces, sobre todo por la frontera terrestre en las montañas entre Ceuta y Marruecos. “Esa zona está llena de cadáveres. Es muy peligroso”, explica. La zona, acantilada, tiene una altura que provoca que muchos de los que lo intentan, de mayoría subsahariana, terminen con contusiones en la cabeza al resbalarse. Finalmente, entró por el mar acompañado de varios amigos, que decidieron regresar a Marruecos. “Ahora estoy solo”, lamenta.

Años para llegar a Ceuta

Mohammed Saad había salido de Darfur y atravesado Libia y Argelia antes de alcanzar Marruecos. “Pasé alrededor de siete meses en Libia, donde trabajaba donde podía, aunque muchos no nos pagaban”, cuenta. Después se quedó un mes en Argelia. “Anduve alrededor de ocho días por el desierto junto a mi mujer y otras personas. Nos quedamos sin comida y con muy poca agua antes de conseguir llegar a la frontera con Marruecos”, añade. En Marruecos trabajaba principalmente en el sector de la construcción.

Abdul Jabbar siguió otro camino: Sudán, Chad, Níger, Argelia y Marruecos. Calcula que el recorrido duró alrededor de dos meses y recuerda, con crudeza, el tramo entre Argelia y Marruecos. “Llegué a Marruecos en junio de 2025 y he trabajado en un lavadero de coches”. Maavi Khalid, en cambio, pasó por Libia y Argelia, como Saad, y en su caso tuvo que vivir hasta en cuatro ciudades marroquíes, Tánger, Oujda, Casablanca y Agadir, por cuestiones de seguridad y necesidades económicas. “Muchos no nos contratan porque somos negros, así que viajaba por todo el país hasta que conseguía trabajos temporales”, cuenta.

Anduve alrededor de ocho días por el desierto junto a mi mujer y otras personas. Nos quedamos sin comida y con muy poca agua antes de conseguir llegar a la frontera con Marruecos

Mohammed Saad — Migrante procedente de Darfur

El recorrido de Mohammed de Soba fue completamente distinto. Llegó años antes en avión para estudiar Informática y se instaló en Tetuán. “Recuerdo con mucho cariño esa temporada. Pero cuando pensé en regresar a Sudán, mis padres me pidieron que no lo hiciera. Que buscara otro lugar. Un lugar seguro”, cuenta.

El país al que no pueden volver

Sudán es el país donde las historias de todos se reencuentran. Desde abril de 2023 está sumido en una guerra entre las Fuerzas Armadas Sudaneses y las Fuerzas de Apoyo Rápido. La cifra exacta de muertos es difícil de determinar, pero la destrucción de hospitales, la falta de acceso a muchas zonas, el colapso de los sistemas de registro, la inseguridad y los bombardeos constantes ha provocado la huida de alrededor de 12 millones de habitantes, entre refugiados y personas desplazas dentro del propio país.

Abdul Jabbar responde directamente a la pregunta de por qué abandono Sudán: “La guerra nos está matando”. Maavi habla de Jartum como un lugar en el que ya no existía la seguridad, con aviones, bombas y familias atrapadas en medio de la violencia.

Mohammed Hassan tenía motivos para marcharse de Sudán incluso antes de que estallara la guerra. Durante sus años universitarios, según cuenta, participó junto con otros estudiantes en una pequeña organización donde debatían sobre democracia, política y el papel del Ejército. Varios de esos compañeros desaparecieron. “A mí me detenían hombres que circulaban en un coche sin matrícula y me llevaban a uno de los centros de detención clandestinos conocidos como ghost houses [casas fantasma]. Mi familia consiguió que me liberaran, pero hubo un segundo intento de detención. Al final, una persona cercana a la familia con vínculos dentro del Ejército me recomendó marcharme. Me dijo: ‘Mohamed, sal de Sudán. Es mejor para ti'”, cuenta.

Los cinco están hoy en Ceuta, en distintas fases de un procedimiento que puede determinar buena parte de lo que venga después. Tras un mes, siguen a la espera.

El acceso al campamento de emergencia instalado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el embolsamiento de Loma Colmenar, en Ceuta, ha derivado este lunes en una situación violenta, después de que cientos de migrantes que llevaban horas esperando para entrar intentaran acceder al recinto de forma masiva. La Policía Nacional ha intervenido para contener la avalancha y ha realizado cargas, además de utilizar pelotas de goma, en unos incidentes que han dejado al menos a una persona herida.

Paralelamente, alrededor de 400 mujeres que permanecían en campamentos instalados en distintas barriadas de Ceuta han sido trasladadas hasta las instalaciones de la Hípica.

La tensión comenzó a crecer después de que durante la mañana se habilitara el acceso de un grupo de personas al interior del equipamiento de acogida de Loma Colmenar. La entrada provocó que quienes permanecían fuera, muchos de ellos después de haber pasado la noche en las inmediaciones, intentaran avanzar al mismo tiempo para conseguir un lugar dentro del campamento.

La concentración llevaba horas creciendo en los alrededores de la explanada. Eran miles, entre magrebíes y subsaharianos. Las personas migrantes ocupaban las aceras, durmiendo allí hasta la mañana, cerrando parte de los accesos, mientras esperaban la posibilidad de entrar en unas instalaciones que cuentan con una capacidad limitada. La situación terminó generando empujones y una avalancha en la que también se produjeron enfrentamientos entre algunos de los propios migrantes.

Ante la presión acumulada en los accesos, los agentes desplegados en la zona se vieron obligados a intervenir para impedir que el grupo irrumpiera en el recinto. La Policía realizó varias cargas y empleó material antidisturbios, entre ellos pelotas de goma, para contener a quienes intentaban avanzar hacia la entrada, desde la colina que da a las viviendas sociales de color verde que presiden la barriada.

Uno de los migrantes implicados en los incidentes terminó herido durante la intervención y tuvo que ser trasladado hasta el interior del campamento por otras personas, que lo introdujeron en brazos. El clima de conflicto se mantuvo durante buena parte de la mañana en los alrededores del embolsamiento, mientras los efectivos policiales trataban de mantener despejados los accesos.

Largas esperas y traslado de mujeres a la Hípica

El problema se ha agravado por la presencia continuada de personas en el exterior del recinto. Muchos de los migrantes que han acudido a Loma Colmenar pretenden acceder a los recursos habilitados por el Gobierno, pero la capacidad disponible no permite atender de una sola vez a todas las personas que se concentran en la zona.

La explanada se ha convertido así en un punto de espera permanente, con personas que llegan desde otros lugares de Ceuta y permanecen en los alrededores a la espera de que se produzcan nuevas entradas. El dispositivo policial ha tenido que controlar los accesos para evitar que la presión de la concentración termine provocando una nueva avalancha.

Los incidentes se producen además mientras continúan los trabajos para ampliar y habilitar nuevos espacios de acogida en la ciudad. El campamento de Loma Colmenar forma parte del dispositivo desplegado para atender a una parte de las personas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio.

Durante esta jornada también se ha producido el traslado de unas 400 mujeres que permanecían en los campamentos vecinales repartidos por diferentes barriadas. Estas mujeres han sido conducidas hasta la Hípica, otro de los espacios que se están utilizando para ampliar la capacidad de acogida ante la presión existente.

La operación pretende descongestionar los asentamientos improvisados que se han ido formando en distintos puntos de la ciudad y trasladar a parte de las personas que permanecen en la calle hacia instalaciones preparadas para su atención.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de las personas migrantes que quedan en Ceuta tras la entrada del pasado mes de julio.

“Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad”, afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales.

Además, Brunner dijo que el Ejecutivo europeo “acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada” y manifestó que “la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta”.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis.

El Gobierno ha pedido 10 agentes adicionales de Frontex para el triaje a fin de agilizar la recogida de información de los migrantes que aún no han sido sometidos a ese procedimiento, así como asistencia de la EUAA en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes.

Respecto a Europol, España apuesta por mantener y profundizar la cooperación ya existente entre las Fuerzas de Seguridad españolas y esta agencia europea, en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.

“Ya no podemos trabajar más”, dice a elDiario.es Chadi Boukhari, coordinador de Border Resistance, grupo que asiste a las personas migrantes en Ceuta desde principios de agosto. Boukhari explica que su pequeño equipo de voluntarias prepara su retirada definitiva de Ceuta ante el deterioro de la seguridad y el desgaste acumulado durante las últimas semanas.

“La seguridad de las personas es lo primero”, sostiene. Algunos de los miembros ya han comenzado a volver a la Península. Chadi denuncia amenazas y episodios violentos contra activistas y personas que colaboran con los migrantes. Ahora, Border Resistance trabaja en la publicación de un informe con vídeos, grabaciones y testimonios recopilados durante un mes. “Podemos resistir con autoridades, con militares, con todo, pero con grupos fascistas no podemos”, afirma.

El estallido violento ha alcanzado su pico esta semana, pero no es un fenómeno nuevo. Durante más de dos horas y al grito de “la Cruz Roja es una mafia”, decenas de personas impidieron este jueves el acceso de un camión de la organización humanitaria a la playa del Trampolín, uno de los puntos en los que la organización distribuye alimentos entre las personas migrantes que continúan en Ceuta casi un mes después de su entrada desde Marruecos. La protesta no terminó ahí. Los manifestantes se desplazaron después hasta los asentamientos informales de migrantes en playa de Benítez, donde se produjeron destrozos y fueron incendiadas sus pertenencias y las estructuras utilizadas para refugiarse.

La jornada llegaba ya marcada por otros episodios de violencia. Horas antes, doce migrantes marroquíes habían sido detenidos después de que un grupo de entre 30 y 40 personas apedreara un vehículo militar en Benzú, causando heridas a cuatro miliares, según fuentes policiales. La evolución de las protestas y los actos violentos, así como los ataques contra personas migrantes y quienes les prestan asistencia y ayuda humanitaria han encendido las alarmas entre organizaciones sociales y parte de los propios vecinos de Ceuta. La asistencia humanitaria se ha convertido en objetivo de ataque y ello ha obligado a algunos a replegarse por miedo e incluso a dejar de prestar asistencia.

La ayuda humanitaria, en el centro de la tensión

A través de un comunicado, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha mostrado su “profunda preocupación” por la deriva violenta de los últimos días y reclama una respuesta coordinada de las administraciones que proteja tanto a las personas migrantes y refugiadas como al personal humanitario.

Amnistía Internacional asegura haber recibido información sobre amenazas al personal de Cruz Roja y otras entidades y obstáculos al reparto de agua, comida y asistencia. Además, la organización reclama que quienes prestan ayuda puedan trabajar con seguridad y sin miedo.

Temo que, si continúa esta escalada, las agresiones terminen provocando una reacción y enfrentamientos entre distintos grupos. Por eso intentamos rebajar la tensión. Confío en que los próximos días permitan recuperar cierta calma, pero, si no ocurre, las consecuencias pueden ser mucho más graves

Abdellah Mustafa — presidente vecinal de Sidi Embarek

Asociación Elín, que continúa trabajando sobre el terreno, también alerta a este medio de que la situación se está volviendo cada vez más difícil. Trabajadores y voluntarios de la organización aseguran haber sido increpados por la calle cuando se encontraban con migrantes, aunque insisten en que son los propios migrantes quienes llevan semanas sufriendo las situaciones más graves.

Casi un mes después de las entradas desde Marruecos, la organización asegura que todavía hay numerosas personas viviendo en la calle, escondidas en los montes, repartidas por distintos puntos de la ciudad o la playa del Trampolín. Entre ellas, señala especialmente la presencia de niños y adolescentes, mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ que continúan sin espacios seguros para alojarse.

“Los recursos de los que dispone la ciudad son insuficientes y las respuestas gubernamentales están llegando tarde y con una implementación muy lenta”, explican desde la asociación a elDiario.es. Mientras tanto, aseguran estar observando “con mucha preocupación” un incremento de la violencia: desde los intentos de impedir los repartos de comida y agua hasta la quema de tiendas de campañas o refugios y agresiones físicas.

Para Elín, la escalada no puede entenderse únicamente desde el hartazgo existente en parte de la sociedad ceutí. La organización señala también a los grupos políticos que, sostiene, han promovido discursos que “deshumanizan y criminalizan” a las personas migrantes y que, sumados a la falta de respuestas institucionales, han contribuido a alimentar la tensión. “Ahora urgen respuestas, con la violencia no las encontraremos”, advierten.

Su principal temor ahora es que la situación termine por desbordarse. “Nos preocupa que esta violencia siga creciendo y explote, y que tengamos que lamentar consecuencias aún más graves que las que estamos ya viviendo estos días”, señalan. Elín reclama la apertura de nuevos centros para las personas que continúan en la calle y acelerar el traslado tanto de los menores ya registrados como de los adultos que llegaron antes del 30 de julio.

“¿Hasta cuándo?”

La preocupación por una escalada de la violencia no se limita, sin embargo, a las organizaciones humanitarias, también se traslada a los propios vecinos de Ceuta.

Una vecina musulmana de la ciudad que prefiere mantener su identidad en el anonimato por motivos de seguridad cuenta que los migrantes con los que mantiene contacto tienen “mucho miedo”, pero siguen resistiendo. “Tienen claro que por mucho que les peguen, maltraten o amenacen no van a rendirse”, explica.

Su preocupación se extiende también a la convivencia dentro de la propia ciudad. “Nos preocupa especialmente nuestra seguridad, nuestra estabilidad, que ya no la tenemos. El mañana, qué pasará”, señala. A su juicio, grupos de extrema derecha están aprovechando la crisis migratoria para extender el rechazo hacia el islam y los musulmanes ceutíes como ella.

“La extrema derecha está rompiendo nuestra convivencia y eso puede traer muy malas consecuencias”, advierte. Por el momento, explica, una parte de la comunidad está intentando contener la tensión y evitar una respuesta a las agresiones. “Estamos los que intentamos llamar a la calma, pero ¿hasta cuándo?”, declara la mujer.

Abdellah Mustafa, presidente vecinal de Sidi Embarek, comparte ese temor, aunque insiste en diferenciar entre el hartazgo de una parte de la población, y quienes están tratando de aprovecharlo. Según explica, determinados grupos acuden allí donde existen manifestaciones o quejas vecinales para “retroalimentar ese discurso del odio”. Para Mustafa, la tardanza ha creado el “caldo de cultivo perfecto” para que esos mensajes encuentren espacio.

El presidente vecinal asegura haber recibido además numerosos testimonios de musulmanes ceutíes que han sufrido insultos y episodios de hostigamiento durante los últimos días. Sin embargo, reivindica que la inmensa mayoría de la población de Ceuta, tanto cristiana como musulmana, no comparte esos discursos y conoce la particular realidad social de la ciudad.

“Temo que, si continúa esta escalada, las agresiones terminen provocando una reacción y enfrentamientos entre distintos grupos. Por eso intentamos rebajar la tensión. Confío en que los próximos días permitan recuperar cierta calma, pero, si no ocurre, las consecuencias pueden ser mucho más graves”, sentencia.

El presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ha anunciado una campaña de represión contra los inmigrantes y ha ordenado a las autoridades que detengan y deporten a quienes se encuentren en el país de forma irregular o que hayan cometido delitos.

De la Espriella, abogado millonario que solo lleva dos semanas en el cargo, hizo el anuncio el domingo, mientras el país sigue lidiando con las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, que se cobró la vida de más de 300 personas y destruyó más de 30.000 viviendas.

De la Espriella afirmó que las primeras operaciones conjuntas entre la policía y la autoridad migratoria deberían comenzar “esta misma semana”.

“Que comiencen las operaciones coordinadas para localizar a los inmigrantes ilegales: en primer lugar, a quienes cometan delitos; en segundo lugar, a quienes no hayan regularizado su situación y que tendrán que ser deportados de inmediato”, declaró De la Espriella durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el domingo en Barranquilla, la ciudad caribeña que, en la práctica, se ha convertido en una capital alternativa.

El jefe del Ejecutivo se hizo eco de la retórica de “los estadounidenses primero” del presidente de EEUU, Donald Trump, al afirmar que, a partir de ahora, sería “los colombianos primero, los colombianos segundo y los colombianos tercero”.

El presidente colombiano se ha sumado a otros líderes de la región alineados con Trump que también han endurecido las normas migratorias, entre ellos el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

La orden de De la Espriella está recibiendo críticas de la oposición y de activistas por los derechos humanos, quienes afirman que pondrá fin a una política migratoria que se ha mantenido durante más de una década tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda y que benefició sobre todo a los migrantes que huían de la crisis humanitaria en la vecina Venezuela.

Aunque durante su campaña utilizó la retórica antiinmigración característica de otros candidatos de extrema derecha, el programa de De la Espriella se centró principalmente en la mano dura contra los grupos criminales.

En el mismo comunicado, también declaró que todas las bandas implicadas en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando eran “terroristas” y que las trataría “como tales”. “Pase lo que pase, las derrotaremos, por la razón o por la fuerza”, lanzó.

El presidente no mencionó directamente a los venezolanos al hablar de inmigración, pero estos representan aproximadamente el 90% de todos los migrantes en el país. De los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, unos 848.000 se encuentran en situación irregular, entre ellos 193.000 niños y adolescentes.

La senadora de izquierdas María José Pizarro Rodríguez compartió el anuncio del presidente y le preguntó si estaba “propuso un ICE colombiano contra otros latinoamericanos”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE). Añadió que la “orden de deportar a los migrantes en situación irregular es pura xenofobia y aporofobia”.

“En lugar de perseguir a las personas que huyen de la pobreza y la violencia, regularicen su situación. Hay miles de migrantes que trabajan duro y contribuyen a las economías de los países que los acogen”, escribió.

El periódico colombiano El Tiempo informó de que fuentes del departamento de migración consideran que la agencia no cuenta con personal suficiente para llevar a cabo las operaciones que De la Espriella ha prometido.

Algunos analistas también han señalado que, según la legislación colombiana, no existe la categoría de inmigrante “ilegal”, tal y como afirmó De la Espriella, sino la de migrantes en situación “irregular”, ya que encontrarse en el país sin la documentación adecuada no constituye delito.

Son las nueve de la mañana en el asentamiento informal levantado en el barrio de El Príncipe, en Ceuta. Centenares de jóvenes, mayores y menores de edad, amanecen poco a poco. Ahmed Enfed-dal, presidente de la asociación de vecinos del barrio, lleva desde finales de julio de 2026 trabajando para proteger a quienes cruzaron desde Marruecos a España. “Hemos dividido este campamento [que está dentro de un polideportivo] entre las jóvenes mayores y las menores. Hay una madre con su bebé”, cuenta mientras avanza por la zona.

Bajo las sombras de las telas que esconden el sol y protegen del calor, las menores están tumbadas sobre colchones, mantas o, directamente, el suelo. En grupos o solas, llevan desde el pasado 31 de julio sin un espacio digno donde vivir. “Decidimos levantar este espacio por su seguridad. Si salen al aseo o a ducharse, intentamos que vayan acompañadas, nunca solas”, explica Enfed-dal.

A pesar de que es una mañana cualquiera en este enclave de la ciudad ceutí, un puñado de rotuladores, lápices de colores y unos folios cambian un despertar rutinario. “¿A quién le apetece escribir o dibujar?”. A lo largo de la mañana, 29 menores participan en la actividad: algunas se tumban sobre el suelo, otras dibujan sobre sus colchones o apoyando el folio en sus propias piernas mientras agarran, buscan y comparten el material. Algunas terminan rápido. Otras se toman su tiempo. Ante las prisas de sus compañeras, una de ellas responde: “Lo necesitaba. Estoy desahogándome”, cuenta. Estos son 12 de esos testimonios.

Ahlam (17) es de Tetuán y en el futuro quiere ser “la mejor jugadora de fútbol”, escribe.

Salma (17) es de la vecina ciudad marroquí, Castillejos, y sueña con convertirse en chef. “Me encanta cocinar dulces y tartas”, explica. “Quiero cambiar la vida mía. Me gusta mucho España”, escribe en su dibujo

Khawza (17) dibuja varias veces su dibujo. En el tercer papel, junto con dibujos de personas levantando pesas, deja claro qué quiere ser de mayor. “Mi sueño es ser entrenadora deportiva en un gimnasio”, escribe.

Basma (17) cuenta que caminó diez kilómetros desde Mdiq hasta Ceuta junto a su padre y su hermana. “La entrada fue muy difícil. En el espigón me estaba ahogando”, relata tanto en su dibujo como en su testimonio oral. La joven describe el viaje con dos palabras: “mar” y “miedo”. Lleva dos semanas en Ceuta junto a su hermana. Su padre decidió volver a Marruecos.

Yousra cumplió 17 años en los campamentos informales de El Príncipe. “Mi cumpleaños fue el 22 de agosto”, cuenta. La joven es de Fez, a 296 kilómetros de Ceuta. En su móvil enseña fotografías suyas debajo del mar. “Disfruto practicando buceo y sueño con convertirme en capitana de barco en España”, escribe.

Salma (17) está hablando con su madre por videollamada. “Es lo más importante de mi vida”, cuenta. “Estoy aquí por ti, mamá, y lucharé hasta mi último aliento”, escribe. A la joven de Tetuán le gusta jugar al fútbol, como a muchas de las jóvenes que están con ella estos días en Ceuta. Aun así, sabe que su vida profesional en el fútbol es limitada y por eso estudia y sueña con ser policía. “Te echo de menos, mamá”, escribe con su rotulador verde.

Una joven que prefiere mantener el anonimato esboza primero una silueta marrón con el corazón. “Esta soy yo”, cuenta. Mientras avanza, dibuja figuras, similares a la suya, pero de color negro. “Me siento rodeada de estos sentimientos”, relata. La joven suelta el rotulador negro y entrega el dibujo: “Gracias”.

Nada (16), que en árabe se traduce como ‘generosidad’ significa frescura y pureza. La joven es de Larache, ciudad situada a más de 150 kilómetros de Ceuta. La menor quiere utilizar todos los colores. En el centro, un círculo, pintado de verde, representa su corazón, color esperanza. Alrededor, el cuerpo está dividido por muchas trazas lineales que simbolizan la rotura. El dolor. “Así es como me siento”, cuenta al terminar el dibujo.

Kawtar quiere dedicarse a los cuidados sanitarios. En el campamento, donde la asistencia médica es escasa y muchas jóvenes no paran de toser, escribe: “Mi sueño es ser asistente médico”.

Ihsan (17) conoce las alineaciones de fútbol de equipos como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y otros equipos internacionales como el galo Paris Saint-Germain. Su folio está coloreado por las dos caras. En una de ellas, Ihsan dibuja un campo de fútbol donde rueda el balón con otras amigas y compañeras de afición. “Quiero buscar un futuro como futbolista en España”, cuenta.

En el otro lado del folio, Ihsan relata las escenas que vivió durante el cruce el pasado 30 de julio desde Marruecos a España. En aguas marroquíes, tacha el rostro de las figuras que nadan en el mar. “Esta es la gente que murió”, dice la joven mientras señala con el rotulador. La misma historia que se repite en las rocas del espigón. Corazones rotos en Marruecos que lloran la ausencia de sus hijas. Amor, amistad y fútbol en España. Siempre fútbol para Ihsan.

Fatima (16) es de Castillejos. Camisetas, pantalones y otras prendas llenan su folio y representan lo que desea hacer en el futuro: “Quiero ser diseñadora de moda”, escribe.

El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego puso sobre la mesa la semana pasada la posibilidad de que 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio puedan ser trasladadas a la Península. Se trata de un colectivo considerado de especial vulnerabilidad por parte de los servicios sociales y que ha estado expuesto incluso a agresiones sexuales que han sido denunciadas a la policía. La medida, defiende Infancia, no solo permitiría una situación humanitaria más digna a esas niñas, sino que aliviaría la presión sobre los recursos de una ciudad de Ceuta completamente desbordada.

Sin embargo, la medida es rechaza de plano por el Partido Popular. “Ni mayores, ni menores. Han de regresar todos. Deben volver bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos. Y cuando digo todos, son todos. En ningún caso puede crearse un precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal”, dijo Alberto Núñez Feijóo junto a Juan Jesús Vivas. El presidente de Ceuta no se mostró tan tajante, aunque también incidió en su deseo de que todas las personas que entraron el día 30 de julio salgan de territorio español, sean mayores o menores de edad.

La opinión de Vivas y del gobierno local resulta trascendental al respecto porque, de facto, es la ciudad autónoma la que ostenta la custodia legal de todos los menores de edad. La propuesta del Ministerio contempla que las 500 niñas sean acogidas de forma temporal en la Península con recursos del Estado gestionados por organizaciones dedicadas a la protección de la infancia. Es decir, sin implicar en esa gestión a las comunidades autónomas que deberían acogerlas y que, gobernadas en su mayoría por PP en solitario o en coalición con Vox, se niegan a ello.

Con información de José Enrique Monrosi

Las autoridades migratorias de EEUU han detenido al padre de un marinero desplegado en un portaviones en Oriente Medio por la guerra de Irán, según reveló el propio militar en un mensaje en Facebook y confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional citado por Reuters. El arrestado, de origen nicaragüense, fue detenido en Key West, en el estado de Florida. “No sé cómo puedo trabajar más de 12 horas al día sabiendo que posiblemente estén tratando a mi padre como a un delincuente”, ha protestado el militar.

“Llevo desplegado más de nueve meses en el mar en Oriente Medio a bordo del Abraham Lincoln, luchando por un país que me lo ha dado todo. Me acaban de llamar para decirme que ICE [el servicio de control migratorio] se ha llevado a mi padre”, indica el marinero, Joshua Avilés, en el mensaje.

“Hemos hecho todo a través de [la administración de] inmigración para que aprueben su permiso de residencia permanente, y estamos solo a la espera. Esto me parte el corazón. No sé cómo puedo, mentalmente, seguir trabajando más de 12 horas al día sabiendo que mi padre está en algún lugar donde posiblemente lo estén tratando como a un delincuente”, añade.

El Departamento de Seguridad Nacional defiende que Avilés Roa entró en el país ilegalmente y que seguirá detenido bajo custodia del servicio de control de la inmigración (ICE) mientras no se resuelva el procedimiento de expulsión. “Tener un familiar militar no es un salvoconducto para infringir las leyes de nuestra nación”, dice el departamento.

El detenido llevaba más de 20 años viviendo en EEUU, según declaró la hermana del soldado desplegado en alta mar a CBS News. La familia asegura, y las autoridades no niegan, que no tenía antecedentes penales, detalla la cadena.

El portaviones Abraham Lincoln abandonó la zona el sábado tras más de 200 días sin ir a puerto y después de que familiares de los tripulantes se quejasen del deterioro de las condiciones a bordo e incluso alertasen de intentos de suicidio.

Las actuaciones desproporcionadas de las autoridades migratorias desde el regreso de Donald Trump al poder en EEUU han incluido redadas masivas e incluso homicidios a tiros de personas que protestaban contra los excesos de los operativos.

En el cementerio musulmán de Ceuta, ubicado en la escarpada ladera de la barriada de Sidi Embarek, un elevado número de tumbas carece de nombre. Un número las identifica. Y aunque algunas son de locales, muchas de ellas, cientos, miles incluso, las ocupan migrantes que perdieron la vida en el mar tratando de alcanzar suelo español, el de la ciudad autónoma, desde Marruecos. Hoy viernes, 18 personas fallecidas en la entrada a la localidad el 30 de julio, pasaron a engrosar la cuenta de los anónimos. Sus números van del 5412 al 5430.

Tras el rezo de poco antes de las seis, cinco voluntarios ya esperaban en el lugar. Habían levantado una hilera entera de tierra de unos veinte metros de ancho por unos dos de largo, para dar cobijo a los cadáveres que ya no podían permanecer en la morgue dado su avanzado estado de degradación. La vecina de una casa junto a la entrada del cementerio gritaba por la ventana: “¿De quién es esa moto y ese coche?”. Otro residente bajaba en camiseta de tirantes y en unos pantalones cortos ligeros a rayas. Finalmente, los propietarios retiraban los vehículos.

Ahí debía entrar el coche fúnebre. Antes llegó la consejera Nabila Benzina y el diputado y socio dela funeraria, Navil Rahal. También un motocarro conducido por un chaval joven, pero diestro al volante -a la vista de sus maniobras en poco espacio- que portaba en la parte trasera las camillas de lona donde luego reposarían los migrantes fallecidos.

Pasaban de las 17.20 horas, hora local, cuando los primeros restos mortales llegaron. “A la derecha están las piernas”, decía uno de los encargados de su traslado al abrir el maletero. Todos iban con trajes desechables, con mascarillas e incluso con máscaras de gas. Pesaban sobre los hombros de cuatro trabajadores los cuerpos de los fallecidos. También pesaba la atmósfera húmeda y muy cálida.

Quienes levantaron los cuerpos, luego se agruparon en torno a un imán, muy juntos rezaron: “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar” (Alá es grande). Mirando hacia abajo, donde, sobre las camillas descansaban los cuatro primeros migrantes fallecidos y enterrados hoy. Tras ellos, al fondo, un vergel verde, distinto en morfología y colores al resto de la Ciudad, más árida. Una zona llena de árboles que tapan la barriada del Príncipe y que llegan hasta el país vecino, Marruecos, de donde llegaron quienes este viernes recibieron sepelio.

Tras la primera oración, las personas equipadas comenzaron a trasladar a los muertos a sus espacios, colocando uno por uno en su hueco. Mientras, cinco personas, de pie sobre la tierra excavada para crear las oquedades, seguían rezando. Cuando los cuatro ocupaban el lugar designado, tiraban sobre él un puñado de producto químico blanco. Y luego ponían ladrillos delgados y alargados para sellar la tumba. Finalmente, encima iría la tierra, y el número, grabado en piedra blanca.

La operación se repitió hasta que los 18 recibieron sepultura. De los más de cien cadáveres de migrantes que albergaba hasta hoy la morgue, solo seis han sido identificados -hay un séptimo cotejado, pero este falleció en el Hospital Universitario- y ninguno ha podido ser trasladado a Marruecos por la negativa del Gobierno del Reino alauita. Por tanto, cabe esperar que la escena de hoy se repita reiteradamente. Con más entierros de personas que perdieron la vida en la mar y que siguen sumando en la cuenta del cementerio de los anónimos.

Pasan unos minutos de las siete de la mañana cuando comienza un éxodo de miles de personas. Alrededor de 4.000 migrantes, entre los de origen magrebí y de países del África Subsahariana, reciben la orden de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional de dejar la Playa del Trampolín. En ese pedacito de litoral próximo a las instalaciones del CETI se levantaba hasta la fecha un campamento improvisado en el que se han alojado desde su entrada a España entre el pasado 30 y 31 de julio. El miedo y la incertidumbre se hace patente al abandonarlo.

“No sabemos qué va a ser de nosotros ni dónde nos llevan”, grita nervioso Ahmed, uno de los últimos en irse poco antes de las diez. Algunos abandonan hasta las chanclas por la acera que está frente al arenero. Allí quedan las construcciones en caña, madera y plástico que montaron para tener un techo y protegerse de las altas temperaturas.

Allí también queda una silla. Es la misma en la que hasta hoy mismo ofrecía cortes de pelo Keriz, un chaval de 24 años de Fez que trabajaba como barbero en Tetuán, a escasos quince minutos de Ceuta. Como tantos, acudió a Castilllejos para cruzar a España a través del Tarajal el pasado 30 de julio. “Llevo más de 20 días viviendo aquí”, cuenta a elDiario.es señalando a la playa.

Cuenta que comía “una vez al día”, por la noche, aunque tampoco se queja. Sí le perturba la incertidumbre, teme que le acaben devolviendo a Marruecos. “No sé lo que va a pasar, pero cualquier cosa menos volver allí”, apostilla casi a modo de súplica. Justo se cruza uno de sus amigos del campamento improvisado, Hassan, que grita: “A Marruecos no, a Marruecos jamás”, mientras hace un gesto cruzando los brazos.

Los agentes se llevaron primero a las personas de origen subsahariano. Lo hicieron cuando el sol apenas se alzaba. Pronto formaron una larguísima fila que embocaba hasta la barriada de Benítez. Según fuentes del Ministerio de Migraciones, la idea es trasladarlos a los campamentos levantados en Loma Margarita y en el embolsamiento de Loma Colmenar, espacio habitualmente usado para repartir tickets a quienes quieren cruzar en coche la frontera hacia Marruecos.

Sin embargo, los migrantes decían no saberlo, lo que generó nerviosismo. Al ver acercarse las decenas de furgones policiales, algunos salieron corriendo, mientras la Guardia Civil les mostraba el camino hacia la gigantesca fila humana que desfilaba abandonando el Trampolín. Muchos se iban con los bártulos. Con bolsas con ropa y otros materiales. Otros sin nada, e incluso había quien se escondía con éxito entre arbustos situados a pie de playa.

Con la marcha del grueso del primer grupo comenzaron a llegar los operarios de la empresa municipal de limpieza para tratar de recuperar la normalidad en la playa.

Hacia las once quedaban únicamente formadas dos columnas de migrantes esperando a ser trasladadas. Una junto al agua, la otra en el lado contrario de la carretera. En la primera se encontraba Vincent, el menor huérfano que en días previos animaba a otros jóvenes actuando con la cara pintada a lo Charles Chaplin frente a la Jefatura de la Policía Nacional, haciendo más amena su espera para su filiación. Aún hoy, con el mismo maquillaje, mantenía buen espíritu en pleno traslado, cargado con bolsas con los disfraces que había usado en días previos.

Hamza, de 32 años, fue uno de los últimos en partir. “Espero que donde nos lleven podamos estar mejor”, comentaba una vez informado que su destino era un campamento organizado. Sin embargo, como Keriz y Hassan, rechazaba volver a Marruecos: “Necesito trabajar y comer”.

Atrás queda el campamento de la Playa del Trampolín. Un asentamiento formado una vez las Fuerzas de Seguridad condujeron y acordonaron en el lugar a los migrantes el 31 de julio. Desde entonces las personas allí asentadas construyeron cabañas e iniciaron incluso actividades económicas, como la citada barbería o un mercadillo de ropa, tabaco, comida y útiles varios.

Por la tarde, centenares de personas volvieron a la playa. Algunos para recoger sus cosas y otros con intención de qudarse. Sin embargo, la policía asegura a este medio que se irán trasladando a los centros habilitados.

Asociaciones humanitarias como Elín venían denunciando el mal estado en el que se encontraban las personas allí desplazadas. Hablaban de horas de espera para unos quesitos, dos piezas de bollería, una pieza de fruta y un zumo. Alimentos que, tal y como confirmaba este jueves Keriz, debían durarles “todo el día”.

No sabemos qué va a ser de nosotros ni dónde nos llevan

Ahmed

También generaba preocupación a las ONG la falta de higiene. Fuentes gubernamentales, incluida la ministra de Sanidad, Mónica García, señalaban en los últimos días la importancia de trasladar a campamentos correctamente equipados a las personas migrantes para que puedan ser atendidas por personal sanitario.

El próximo paso del Ejecutivo pasa por abrir el Centro de Atención Temporal a Emigrantes (CATE) en una nave del Tarajal. La idea es que opere a finales de mes y que sirva como espacio para filiar a todos los migrantes, tramitando sus expedientes de expulsión del país o de asilo, en caso de que así lo soliciten. El Gobierno local, en colaboración con el Estado, también espera habilitar en el mismo polígono varias instalaciones para acoger a los menores no acompañados, dado que los espacios abiertos hasta ahora ya se encuentran completos con más de 1.300 jóvenes instalados.

Liberia ha aceptado recibir a 1.200 personas de terceros países deportadas desde Estados Unidos, incluyendo africanos y occidentales, según ha informado el Gobierno liberiano, en un nuevo acuerdo en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump.

“Liberia tiene previsto acoger a hasta 1.200 personas que serán trasladadas desde EEUU en el plazo de un año. Las personas que serán trasladadas a Liberia son nacionales de terceros países, algunos de los cuales podrían solicitar asilo en Liberia”, ha indicado el Ministerio de Información a última hora del martes, en un comunicado.

El Ejecutivo liberiano aseguró que el traslado será “digno, seguro y oportuno” y que los deportados incluyen “ciudadanos o nacionales de países africanos o del hemisferio occidental que tengan autorización médica para viajar”.

“Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha ampliado considerablemente su política de enviar a las personas a las que quiere expulsar de su territorio a países de los que no proceden y con los que no tienen ninguna relación. Aunque esta práctica no es nueva, el Gobierno de Trump lo ha estado haciendo de maneras cada vez más discriminatorias que violan derechos fundamentales”, denunciaba en junio Amnistía Internacional.

“El segundo Gobierno de Trump ha alcanzado hasta ahora nuevos acuerdos con más de 30 países para la expulsión de nacionales de terceros países. El Instituto de Política Migratoria estima que aproximadamente 15.000 personas fueron expulsadas a terceros países únicamente entre enero y diciembre de 2025, 13.000 de ellas a México. Muchas han sido detenidas arbitrariamente en el país de destino”, denuncia la organización. “Esta política es ilegal, ya que viola las garantías procesales a las que las personas tienen derecho antes de ser expulsadas. Además, en muchos casos está poniendo a miles de personas en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos en el país al que son enviadas”, añade.

Primeras llegadas este jueves

Está previsto que un primer grupo de veinte personas llegue este jueves 20 de agosto a ese país de África occidental, donde serán recibidos “con plena hospitalidad liberiana” y “serán libres de abandonar el país cuando lo deseen”, si bien también “se les dará la oportunidad de pedir asilo” en territorio liberiano.

“El Gobierno desea subrayar que quienes sean trasladados a Liberia no son criminales y no están siendo procesados bajo ninguna circunstancia, ni por la legislación estadounidense ni por la liberiana”, sostiene el comunicado.

“Se les recibe como huéspedes de la República de Liberia, en consonancia con la larga tradición liberiana de brindar refugio a quienes buscan protección y amparo frente a persecución, guerras y otras formas de conflicto”, añade, al definir esta decisión como un gesto “enteramente humanitario”.

Así, las autoridades afirman que este acuerdo “no constituye una transacción basada en un 'quid pro quo'”, ya que “Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio”, si bien el país sí que “recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración”.

El Ejecutivo no ha dtallado las nacionalidades del primer grupo de deportados.

Se suma a una larga lista de países

Liberia se suma así a la lista de países, muchos de ellos africanos, que han llegado a acuerdos con Washington para acoger a deportados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Otros países son El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).

Estos pactos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.

Organizaciones de derechos humanos han pedido a las naciones africanas que rechacen firmar acuerdos de expulsión con EEUU, al alertar que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

La reanudación de vuelos de deportación desde EEUU a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración.

Cuando el Gobierno de Felipe González puso en marcha entre 1985 y 1986 la primera regularización extraordinaria de personas migrantes de la democracia en España, estimaba que unos 250.000 extranjeros estaban en situación irregular. “Con esta ley se pretende poner en orden la situación de los extranjeros residentes que no poseen documentación en regla. También se pretende normalizar la contratación de mano de obra extranjera”, recogía la prensa de la época.

El proceso estuvo abierto durante ocho meses y medio y las personas extranjeras en situación irregular solo debían acreditar su estancia en el país desde antes del 24 de julio de 1985. Cinco años después, González puso en marcha otros dos procesos extraordinarios (1991 y 1992).

Después de él lo hicieron también José María Aznar (1996, 2000 y 2001) y José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 impulsó la regularización más grande hasta entonces con la exigencia de un contrato de trabajo. La hemeroteca cuenta que fueron cerca de 700.000 las solicitudes que se presentaron.

Pedro Sánchez ha sido el cuarto presidente español en llevar a cabo esta medida, que recibió casi 1,2 millones de solicitudes. “Ha habido pocas regularizaciones extraordinarias de dimensiones de la última en España, que ha sido especialmente voluminosa porque la dimensión de la migración irregular era muy alta por el propio funcionamiento de la economía y el mercado laboral”, explica a elDiario.es la investigadora del CIDOB Blanca Garcés, experta en el área de migraciones. En esta ocasión, añade, los requisitos eran “de acceso fácil”, solo acreditar permanencia en el territorio de 4-5 meses y ausencia de antecedentes penales.

La irregularidad en España, explica la experta, no procede principalmente de las llegadas irregulares por la frontera sur —en los últimos 20 años, han sido mucho menos numerosas que en Grecia o Italia—, sino de personas que entran legalmente, especialmente desde países latinoamericanos cuyos ciudadanos no necesitan visado para estancias cortas, pero permanecen en el país más allá del plazo autorizado de tres meses.

Más allá de España, otros países europeos también han impulsado procesos extraordinarios de regularización. Algunos de ellos aprovecharon incluso la crisis fronteriza de Ceuta para criticar, de forma casi coordinada, las políticas migratorias del Gobierno español, en una de las reacciones más duras que se han visto en Europa contra una regularización nacional, pese a haber recurrido ellos mismos a medidas similares.

Italia, el caso paradigmático

Países como Italia, Grecia o Portugal también han combinado regularizaciones masivas y extraordinarias con procedimientos ordinarios (que España también aplica, como el arraigo).

El caso de Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, lideró las críticas europeas a las políticas de Sánchez, es paradigmático. Es, junto con España, uno de los países europeos que más ha recurrido a las regularizaciones extraordinarias. Bajo el Gobierno del conservador Silvio Berlusconi en 2002, Italia impulsó esta medida a través de la cual unas 635.000 personas migrantes salieron de la irregularidad (de un total de 700.000 solicitudes). Los procesos extraordinarios se han sucedido en este país porque el mercado laboral generaba demanda de trabajadores extranjeros, pero las vías legales de entrada no cubrían esa demanda. Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia y presidente del partido Forza Italia de Berlusconi, ha tratado de vincular la regularización en España con lo ocurrido en Ceuta la última semana de julio.

El último de estos procesos extraordinarios llevado a cabo por Roma fue en plena pandemia, para regularizar a trabajadores irregulares de sectores como la agricultura, el trabajo doméstico y los cuidados, que en ese tiempo pasaron a ser considerados “esenciales” para garantizar alimentos, cuidados y servicios básicos. El proceso recibió finalmente unas 220.000 solicitudes, aunque solo alrededor del 15% correspondían a trabajadores agrícolas, pese a que la falta de temporeros en el campo había sido uno de los argumentos centrales para aprobarlo.

No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas

Blanca Garcés — Investigadora del CIDOB experta en Migraciones

Bajo el gobierno de Meloni, Italia ha ampliado considerablemente las cuotas de permisos para extracomunitarios que permite el llamado Decreto de Flujos, un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y sector de empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028.

En Grecia, en diciembre de 2023, ante la falta de mano de obra de sectores como la agricultura, la construcción o el turismo, el Gobierno del conservador de Kyriakos Mitsotakis aprobó una ley que permitía solicitar un permiso de residencia y trabajo a personas en situación irregular que llevasen al menos tres años en el país y contasen con una oferta de empleo. El Ejecutivo calculó que beneficiaría a unas 30.000 personas.

“No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas porque se han dado bajo gobiernos de todos los colores, en muchos países distintos, con mercados laborales distintos y en momentos distintos”, dice Garcés.

“No implican necesariamente una política migratoria más permisiva: con frecuencia han coexistido con un refuerzo de los controles fronterizos y de las políticas de expulsión”, añade Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid.

Según él, muchos de estos países han experimentado una demanda estructural de mano de obra inmigrante, especialmente en sectores poco cualificados y de difícil cobertura por trabajadores nacionales (agricultura, construcción o servicio doméstico). “Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras, por ello una parte de la inmigración se produce de manera irregular; la regularización corrige este desajuste”.

Otros casos

Alemania, Francia y Bélgica, en cambio, han apostado por otras vías y han regularizado la situación administrativa utilizando instrumentos de gestión ordinaria.

Alemania, tradicionalmente más restrictiva con las regularizaciones extraordinarias, introdujo a finales de 2022 el llamado Chancen-Aufenthaltsrecht (“derecho de oportunidad de residencia”), una vía ordinaria destinada a determinadas personas que llevaban años viviendo en el país con un estatus de estancia “tolerada”. La medida les concedía un permiso de 18 meses para cumplir los requisitos que les permitieran acceder posteriormente a un permiso de residencia estable.

Las estadísticas de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) indican que, transcurrido el primer año y medio de vigencia, más de 76.000 personas obtuvieron este estatus provisional.

“Es una regularización con una lógica más administrativa, de personas que quedan sin permiso de residencia porque, por ejemplo, se rechaza su solicitud de refugio y quedan en el país en una situación de ”tolerancia“, que se llama, y a la larga, acaban siendo reconocidos”, cuenta Blanca Garcés, quien lo considera una forma de dar respuesta a “situaciones generadas por el propio funcionamiento de la administración, con procesos largos y que acaban en un limbo legal”.

Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras

Augusto Delkáder-Palacios — Experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid

“A medio y largo plazo los mecanismos ordinarios de regularización, por ejemplo el arraigo de España o el Chancen-Aufenthaltsrecht de Alemania son las vías más eficaces para evitar la irregularidad, aunque convendría simplificar y acelerar estos procedimientos”, dice Delkáder. Sin embargo, añade, en momentos de acumulación prolongada de personas en situación irregular, “las regularizaciones extraordinarias son un recurso pertinente para dar respuesta a un contexto de esas características”.

Tres etapas

La historia de estas políticas dibuja varias etapas. Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países. Si bien algunos países introdujeron solo un programa, otros —como Estados Unidos— recurrieron a la regularización repetidamente. Así lo recoge una investigación de este año sobre la base de datos RegMig, que recopila ocho décadas de programas de estos procesos.

Las décadas de 1990 y 2000 concentraron el mayor número: el 61% de todos los programas registrados. Entre 1990 y 2007 se sucedieron las grandes regularizaciones, especialmente en el sur de Europa —España, Italia, Portugal y Grecia—, para dar respuesta a una población inmigrante que ya estaba instalada y trabajando, pero permanecía fuera de los canales legales.

La crisis económica y el posterior endurecimiento de las políticas migratorias europeas prácticamente hicieron desaparecer las grandes regularizaciones generales entre 2008 y 2019, con algunas excepciones como Polonia en 2012. A partir de 2020 reaparecieron, aunque con argumentos diferentes.

“Más allá de ser una medida humanitaria, los Gobiernos han utilizado las regularizaciones como instrumento de política social y económica: para obtener información y supervisar a la población en su territorio, abordar el empleo irregular, el abuso y la explotación laboral, aumentar la recaudación tributaria y atender las necesidades del mercado laboral a través de la economía formal”, dice a elDiario.es la experta en Migración de Amnistía Internacional Olivia Sundberg, basada en Bruselas.

El mito del “efecto llamada”

A pesar de que con cada puesta en marcha de estos procesos se repite una y otra vez el argumento del “efecto llamada”, los estudios disponibles no han encontrado una relación clara y sistemática entre las regularizaciones y un aumento significativo de la inmigración irregular.

Tanto Delkáder como Sundberg aseguran que la evidencia empírica disponible no ha logrado demostrar una relación clara y sistemática entre estos procesos y un aumento significativo de la inmigración irregular. Según el experto, tras las regularizaciones no se vivieron incrementos extraordinarios de las llegadas, sino que la evolución de la población extranjera siguió una tendencia similar a la que cabría esperar por factores económicos y laborales.

“Las razones por las que las personas migran o solicitan asilo (para escapar de conflictos, persecución o miseria, o para buscar mejores oportunidades en el extranjero para ellas y sus familias), concluye Sundberg, tienen más que ver con las condiciones en su país de origen y con los legados del colonialismo que con las políticas de los países a los que se trasladan”.

En la playa del Trampolín, las personas migrantes buscan cada día a las voluntarias que saben que llevan gasas, desinfectante y materiales necesarios para curar heridas. “Somos nosotras las que estamos haciendo las curas. Es difícil girar la cara cuando se te acercan con heridas que necesitan, aunque sea, algo de desinfección y una venda”, explica una de las personas integrantes de una asociación que trabaja sobre el terreno. A su alrededor, cientos de personas siguen durmiendo a la intemperie.

La Asociación Elín describe una situación parecida. Habla de heridas que han empeorado con el paso de los días, personas agotadas física y psicológicamente y largas filas ante la ambulancia que, según la organización, “acude una vez al día para ofrecer asistencia básica”. “Algunas personas llegan enfermas, otras han empezado a encontrarse mal después de días expuestas al sol durante el día y al frío durante la noche”, apunta la Asociación Elín.

La fotografía que ofrecen quienes trabajan sobre el terreno contrasta con el diagnóstico del Ministerio de Sanidad. El Gobierno niega que Ceuta atraviese un “colapso sanitario” y habla, en cambio, de una situación de “tensión asistencial” dentro de una crisis humanitaria con riesgo para la salud. El 31 de julio, los servicios sanitarios de Ceuta realizaron, según declaraciones oficiales, 1.149 asistencias a personas migrantes. La cifra cayó a 463 al día siguiente y continuó descendiendo con algunas oscilaciones en los siguientes días. Según el Ministerio, los datos confirman una reducción del 72% respecto al pico inicial.

Sanidad defiende que el hospital de Ceuta mantiene capacidad suficiente para atender la demanda y que la presión ha disminuido notablemente desde los primeros días. “Está la mitad del hospital ocupado. No es una situación de colapso”, dijo la ministra, Mónica García.

Las asociaciones, sin embargo, señalan lo que sucede fuera de las puertas del hospital, que queda desatendido. Bien es cierto que Mónica García durante la rueda de prensa el pasado 16 de agosto en Ceuta situó el problema fuera de los centros sanitarios. “La actuación sanitaria más urgente está fuera del hospital y de los centros de salud: darle un lugar para vivir a los migrantes”, afirmó. Para Sanidad, la prioridad pasa por garantizar unas condiciones salubres y seguras y, en primer lugar, “sacar a la gente de la playa”.

Curas diarias, heridas infectadas y tratamiento interrumpidos

La Asociación Elín trabaja especialmente en la playa del Trampolín y en los alrededores del CETI. Allí describen unas condiciones “muy precarias”. “Los que llegaron sin mucho malestar ya están mostrando síntomas de alguna enfermedad, síntomas de malestar, de agotamiento físico, psicológico”, según explica una integrante de la asociación. Elín asegura también haber observado un empeoramiento entre quienes ya llegaron enfermos o heridos, incluidos casos de heridas que terminaron infectándose.

Según la organización, una ambulancia con personal sanitario acude una vez al día al Trampolín y permanece allí durante horas realizando curas y prestando asistencia básica. “Se les suele formar una fila enorme de personas”, explican. Elín sostiene que el dispositivo tiene una capacidad limitada para abordar problemas que requieran tratamientos más específicos o una valoración hospitalaria.

Su relato coincide con el de otra asociación que trabaja sobre el terreno. Una de sus integrantes explica que realizan curas prácticamente todos los días de manera autogestionada, con material básico procedente en parte de donaciones. “Con el paso de los días, muchos de los jóvenes nos han empezado a buscar directamente cuando necesitan que les atiendan una herida”, apunta.

Además, la asociación afirma haberse encontrado con personas que necesitan tratamientos continuados. Una de ellas les contó que llevaba semanas sin tomar sus antidepresivos, otra necesitaba, según les explicó, medicación relacionada con problemas de coagulación.

Una receta no implica nada

Las dificultades continúan, según la asociación, incluso cuando una persona consigue llegar al hospital. Ellas mismas han trasladado en coche a algunos jóvenes hasta los servicios de urgencias. En ocasiones, explican, los pacientes reciben después una receta para adquirir la medicación en una farmacia. “Pero me dicen: ‘Yo no puedo comprar esto si no tengo ni dinero, ni móvil, ni coche”, relatan.

También describen la dificultad de cumplir indicaciones médicas tan básicas como guardar reposo. La asociación recuerda informes hospitalarios que recomendaban descansar a jóvenes que, después del alta, regresaban a dormir en asentamientos o en la playa.

Otras fuentes describen obstáculos puntales para acceder a los propios servicios de emergencia. Una fuente sobre el terreno asegura que, en una ocasión, al llamar a una ambulancia para atender a una persona, antes de acudir les preguntaron cuál era la nacionalidad del paciente.

Elín relata una situación similar. Uno de sus integrantes acompañó a un joven al hospital, donde permaneció esperando durante horas antes de recibir tratamiento. Después tuvo que regresar al Trampolín. “Vuelven a dormir en unas condiciones que poco contribuyen a la mejora de la situación de salud de cualquier persona”, señalan desde la asociación.

A escasos metros de la Playa Tramaguera en Ceuta, Ana y otras voluntarias del colectivo Border Resistance apilan, reordenan y agrupan la montaña de ropa que han recibido en el almacén. Camisetas, pantalones, calzado, abrigo, pero también pañales, compresas, cruasanes, leche y agua configuran la respuesta solidaria ante una de las mayores crisis humanitarias de la que ha sido escenario la ciudad autónoma.

Tras la entrada a finales de julio de decenas de miles de personas desde Marruecos, y ante las carencias de una asistencia institucional, el colectivo se ha coordinado desde diferentes puntos de la España peninsular para llegar hasta la ciudad autónoma en lo que han llamado ‘caravana solidaria’.

Dentro del almacén, las bolsas cambian constantemente de sitio. La ropa se separa y se agrupa para convertir las donaciones en kits que pueden entregarse rápidamente: una prenda para la parte inferior, una para el torso y, si hay, alguna para abrigarse. Fuera del almacén, la ayuda sigue otro recorrido. Las voluntarias cargan los coches y se desplazan hasta barriadas, carreteras, zonas de montaña y acantilados en busca de las personas migrantes que permanecen lejos de los dispositivos de atención. Algunos llevan 15 días con la misma ropa. Otros necesitan comida, productos de higiene o curas para las heridas.

Ana Clemente Vivancos, voluntaria de Border Resistance, cuenta que muchos permanecen escondidos y que solo salen cuando reconocen los vehículos de este colectivo.

Una caravana desde la Península

Border Resistance nació en diciembre de 2024 para documentar vulneraciones de los derechos humanos relacionadas con las políticas migratorias en países como Marruecos, Níger, Libia, Túnez, Argelia y España. Su trabajo habitual, explica a elDiario.es su cofundador, Shadi Boukhari, consiste en contactar directamente con personas migrantes, recoger testimonios y hacer seguimiento de los casos.

La situación en Ceuta, sin embargo, ha hecho que el colectivo asuma la tarea de proporcionar ayuda humanitaria, algo que no forma parte de su actividad habitual. Comenzó a organizar puntos de recogida en lugares como Barcelona, Madrid, Toledo, Málaga, Sevilla, Algeciras, la Línea de la Concepción y Bilbao. A ello se sumó una campaña de apoyo económico canalizada a través de la Asociación Zambra Málaga.

“Hemos recaudado alrededor de 7.000 euros y publicaremos un informe financiero sobre la utilización de las donaciones”, comenta Boukhari. Parte de los gastos, sin embargo, siguen saliendo del bolsillo de voluntarias como Ana, que pagan desplazamientos, alojamiento y transporte.

En La Línea se almacena y clasifica parte del material antes de trasladarlo a Ceuta. La urgencia, explica Ana, hace difícil mantener un inventario preciso. La primera gran furgoneta que trataron de introducir en la ciudad autónoma quedó retenida durante horas en la aduana, lo que obligó al colectivo a buscar asesoramiento para facilitar la entrada de futuros cargamentos.

Una vez en Ceuta, el problema es otro: localizar a quienes necesitan la ayuda. Sobre el terreno, Border Resistance tiene a una decena de personas que trabajan y preparan unas 200 raciones de comida diarias, además de desayunos, kits de higiene y bolsas de ropa.

Ha aumentado la presencia de patrullas en la zona donde se esconden algunas personas migrantes y esa presión está teniendo consecuencias psicológicas. Se están empezando a derrumbar

Ana relata que algunos de los jóvenes migrantes que llegaron de Marruecos llevan días con una única muda y no tienen posibilidad de lavarla. “Les da vergüenza salir de donde están escondidos, que huelen mal, que la gente los vea en esas condiciones”, explica. Las voluntarias se apoyan en vecinos y otras organizaciones para localizar a quienes permanecen alejados de los principales puntos de atención. “Hay sitios donde solo estamos nosotras”, insiste la voluntaria de Border Resistance.

En esos recorridos, la labor de las voluntarias va más allá de entregar comida y ropa, también realizan curas básicas a personas que presentan heridas producidas por caídas en zonas escarpadas. Ana sostiene que algunos de los heridos evitan acudir a determinados recursos sanitarios por miedo. Y es que el miedo, precisamente, aparece de forma constante en todos los testimonios recogidos por Border Resistance.

Además, las voluntarias aseguran haber escuchado relatos de agresiones, persecuciones e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad. “Ha aumentado la presencia de patrullas en la zona donde se esconden algunas personas migrantes y esa presión está teniendo consecuencias psicológicas. La gente se está empezando a derrumbar”, afirma Ana.

La situación de los menores es otra de las principales preocupaciones del colectivo. Ana describe espacios saturados y jóvenes que continúan fuera de los recursos de acogida. Durante sus recorridos, asegura haber encontrado chicas con fiebre, tos, dolores y dificultades para acceder a medicamentos. Por ello reclama que comiencen a producirse traslados a la Península para aliviar la presión sobre los centros de Ceuta. “Los niños son nuestra responsabilidad. Es una obligación protegerlos”, sostiene.

“La solidaridad tiene un límite”

Boukhari conoce de cerca otros episodios en la frontera. Antes de fundar Border Resistance trabajó durante meses en la documentación de la “masacre” de Melilla de 2022, recogiendo testimonios y siguiendo casos de personas desaparecidas. Para él, lo que ocurre ahora en Ceuta tiene una dimensión diferente. En Melilla, señala, se habló de “una masacre”, en Ceuta se habla de “una crisis humanitaria”. Esa experiencia acumulada explica, en parte, la rapidez con la que el colectivo se ha organizado ahora.

Aun así, insiste en que repartir comida, ropa o productos de higiene no debería ser responsabilidad de Border Resistance ni del resto de organización como No Name Kitchen, la Asociación Elín, Cruz Roja, Luna Blanca o las propias redes vecinales que se han volcado en la atención a las personas migrantes.

Boukhari advierte de que la solidaridad tiene límite: “Podemos tener mil organizaciones no gubernamentales en Ceuta, pero no llegamos a cubrir a toda la gente”, afirma. Por eso, además, reclama una respuesta institucional que garantice alimentación, agua, alojamiento, atención sanitaria y protección a quienes las necesitan.

Marruecos se blinda ante los llamamientos que circulan en redes sociales para intentar nuevos cruces colectivos de la frontera española el próximo 15 de agosto, apenas dos semanas después de la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta, con un refuerzo de la vigilancia policial en torno a esa ciudad autónoma y Melilla.

En un comunicado difundido este miércoles 12 de agosto, el Ministerio del Interior de Marruecos dice haber detectado durante los últimos días cientos de publicaciones y mensajes de origen desconocido que incitan a organizar “intentos de cruce colectivo ilegal” hacia esos dos territorios españoles. Rabat asegura que ha adoptado “todas las medidas necesarias” para impedirlos y anuncia actuaciones judiciales tanto contra quienes intenten participar como contra quienes promuevan las convocatorias, y confirma la detención de varias personas sospechosas de realizar los llamamientos.

Interior insiste en que el dispositivo policial no se limita únicamente al 15 de agosto y afirma que mantiene una “vigilancia permanente”, adaptando el despliegue de sus fuerzas en función de la situación. Según constata elDiario.es, en la autovía que une Tánger con Castillejos (la ciudad fronteriza con Ceuta) hay, al menos, cuatro controles policiales, así como una amplia presencia de agentes en las montañas aledañas a Ceuta. En los puestos policiales en la carretera, se prioriza el control de los taxis y los camiones.

Desde Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que España está “preparada” para evitar una nueva entrada a Ceuta desde Marruecos ante los llamamientos por redes sociales. El Gobierno está “monitorizando las redes” y vigila si hay movilizaciones y movimientos de ciudadanos en Marruecos.

Según Interior, Rabat comparte información y trabaja con “lealtad y confianza” y está “implementando medios para proteger la frontera”. Además, el ministro español ha insistido –como ya lo hiciera ayer el titular de Exteriores, José Manuel Albares– en que “no hay sitio en España” para quienes intenten entrar “violentando la ley”.

El comunicado marroquí va más allá de la prevención de una nueva entrada: el texto introduce una petición política y explícita a España relacionada con la aceleración del retorno de los menores no acompañados que se encuentran actualmente en Ceuta a sus familias en Marruecos. Rabat sostiene que la inmigración irregular exige “responsabilidad compartida” y pide superar los obstáculos administrativos y judiciales que retrasan dichos retornos.

Por su parte, el Ejecutivo español también ha señalado que la reagrupación familiar en Marruecos es prioritaria, cuando resulte posible, aunque las autoridades españolas insisten en que cada caso debe estudiarse individualmente para respetar así las garantías de protección de los menores.

La advertencia llega en un momento especialmente sensible para Marruecos y España después de que los días 30 y 31 de julio decenas de miles de personas entraran a Ceuta desde el país vecino. El Gobierno español sitúa en alrededor de 72.000 el número de personas que atravesaron la frontera durante esas dos jornadas, aunque una parte, en torno a 69.500, ya ha regresado a Marruecos. Respecto al balance de víctimas en esos dos días, según la ONG Caminando Fronteras, al menos 145 personas fallecieron tanto en el lado español de la divisoria como en el marroquí.

La gestión de aquellos dos días también ha abierto un nuevo frente entre los dos vecinos. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH) presentó el pasado 8 de agosto una versión preliminar de un informe en el que recoge testimonios de migrantes retornados que denuncian malos tratos y agresiones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad españolas.

En Ceuta, elDiario.es recopiló algunos de testimonios que apuntan al maltrato que sufrieron los migrantes. Durante los días posteriores a la entrada a Ceuta y tras la devolución de muchos de los jóvenes a Marruecos, varios afirmaban, una vez de vuelta a Castillejos, que habían sido agredidos físicamente por las fuerzas policiales en suelo español.

Amanece en Ceuta y en la pista polideportiva de la barriada de Sidi Embarek, antes usada por los niños de la zona para jugar al fútbol, despiertan centenares de mujeres y niñas migrantes, que van rápidamente a asearse en un biombo improvisado con mantas fuera de la instalación. Hacen sus necesidades en la zona de monte que hay al lado, observando la ladera de enfrente, donde se ubica en una gran pendiente el cementerio musulmán. Allí acabarán varios de los más de 80 cadáveres que ha dejado la tragedia de Ceuta del pasado 30 de julio en las costas españolas —en total son al menos 141 fallecidos—. Algunos, los que no logren ser identificados, solo tendrán un número sobre la lápida.

Entre las que sobrevivieron, no sin dificultades, está Fatna, de 21 años, natural de la localidad de Larache, al inicio de la costa atlántica marroquí. Cuando dan las once de la mañana levanta a su hijo de tres años. El pequeño padece parálisis cerebral y no puede andar, ni siquiera sostenerse. Tampoco habla. “He venido con él y por él. Está enfermo y necesito que le den tratamiento”, dice la madre, embarazada de seis meses.

Cruzó desde Castillejos —localidad fronteriza con el Reino alauita— “por el mar, no a pie bordeando el espigón”. Vino acompañada de su marido, también alojado en el campamento, y del pequeño, al que “la Guardia Civil tuvo que sacar del mar, salvándole la vida”.

Esto se organizó prácticamente desde el día más fuerte de la entrada. Empezaron a venir chicas buscando refugio, casa, incluso alquiler. Con los días se incrementó el número. Algunas cuentan que fueron amedrentadas, otras que las intentaron violar y, en algunos casos, que lo consiguieron

Abdeselam Mohahamed

Fatna pasó una semana en el Hospital Universitario de Ceuta y, cuando el pasado miércoles le dieron el alta, pasó “el día entero por la calle” hasta que alguien le informó de un campamento, montado por los propios vecinos, que daba cobijo a mujeres y niñas en la barriada de Sidi Embarek. Tras pasar varios días en el campamento improvisado, la joven ha sido acogida este domingo por la Asociación Cardijn, a través de Cáritas

Abdeselam Mohamed, presidente de la barriada, dice que hay “alrededor de doscientas personas” en el campamento entre mujeres, sus hijos y niñas menores de edad que duermen al raso de la pista de fútbol habilitada por los ceutíes de la zona. “Esto se organizó prácticamente desde el día más fuerte de la entrada. Empezaron a venir chicas buscando refugio, casa, incluso alquiler. Con los días se incrementó el número. Algunas cuentan que fueron amedrentadas, otras que las intentaron violar y, en algunos casos, que lo consiguieron”, lamenta el líder vecinal, uno de los activistas más conocidos de la localidad. La policía está investigando algunos casos de violaciones, según han informado varios medios citando a la delegación del Gobierno y fuentes sanitarias.

Además, Abdeselam denuncia que la situación es insostenible en lo sanitario: “Es un foco de insalubridad, al no tener baño, ni un lugar donde realmente las mujeres puedan asearse en condiciones, bajan al monte a hacer sus necesidades y están pillando infecciones”.

Como también sucede en la cercana barriada del Príncipe Alfonso, donde la asociación de vecinos ha organizado otro campamento para mujeres, son los propios ciudadanos los que atienden las necesidades de los migrantes y se encargan de hacer turnos para garantizar la seguridad. “Unos pueden dos horas, otros diez, hacemos lo que podemos”, detalla el activista, que se ha puesto en contacto con la delegación del Gobierno y con la ciudad autónoma de Ceuta para que aporten soluciones lo antes posible.

“Hay que decir que la Consejería de Servicios Sociales ha hecho lo que ha podido poniéndonos unos grifos, pero es del todo insuficiente. De la Delegación no hemos obtenido respuesta. Nosotros pedimos reubicar a estas mujeres en un sitio donde puedan tener duchas y estar seguras”, abunda el líder vecinal, que agradece a su vez que la ONG Luna Blanca haya aportado comida “desde el minuto uno”.

Cuando aún falta un buen rato para la hora del almuerzo, cuatro jóvenes se entretienen con un estuche de maquillaje. Lo hacen sentadas sobre las alfombras usadas habitualmente para el rezo que cubren buena parte del suelo de la pista polideportiva. Hace mucho calor. Una de ellas es Nayima, de 20 años y natural de la localidad de Oued Lau, al sur de Tetuán, en la franja mediterránea del norte del país.

Allí vivía con sus padres, “pero son muy mayores y no trabajan, por lo que no podían mantener la casa”, relata. Entró a Ceuta en el momento de más trasiego y vivió escondida por los montes “sin comida” durante varios días y “huyendo de los militares” por miedo a que la devolvieran a Marruecos.

La Consejería de Servicios Sociales ha hecho lo que ha podido poniéndonos unos grifos, pero es del todo insuficiente. De la Delegación no hemos obtenido respuesta. Nosotros pedimos reubicar a estas mujeres en un sitio donde puedan tener duchas y estar seguras

Abdeselam Mohamed

Aún más se explaya una de sus acompañantes en la pista de Sidi Embarek. Una chica de pelo castaño rizado también se entretiene con los productos cosméticos que han podido conseguir. Se llama Aicha, tiene 22 años y es de Tetuán. “La gente no nos molestó tanto, pero los militares y la policía, sí. Además, no nos aceptaban los dirham en las pocas tiendas que había abiertas y durante varios días no conseguimos comer”, lamenta.

Sin embargo, no se arrepiente de haber dejado Marruecos. “Estaba trabajando en un restaurante como cajera y cuando escuché lo de la entrada me fui de allí dejando el empleo en el momento”, afirma, indicando que con el sueldo no le daba para vivir en condiciones.

Mientras hablan y hacen tiempo, los voluntarios baldean la zona de aseo improvisada, tratando de empujar los restos biológicos a un sumidero ubicado bajo los desbordados contenedores de basura. Enfrente de ellos hay una montaña de ropa donada por un vecino y en la zona que da al monte, varias mujeres cuelgan toallas en una cuerda para que sequen.

Imágenes que casan con la denuncia de este viernes de varias ONG, entre ellas la asociación Elin que, en una rueda de prensa celebrada en ese mismo punto, el campamento de Sidi Embarek, afeaba el “silencio institucional” y pedía que se pudieran habilitar instalaciones locales, como polideportivos, para sacar a las miles de personas que, estiman, aún duermen en la calle pasada más de una semana tras la “mayor crisis humanitaria de la historia contemporánea de la Ciudad”. El Gobierno ha habilitado esta semana un colegio para acoger a decenas de menores, pero aún quedan muchas personas en la calle.

En Ceuta, hay ahora mismo centenares de niños, niñas y adolescentes sin el cuidado y la protección de sus familias. Están solos. Esta llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes a nuestro país ha vuelto a situar la cuestión migratoria en el centro del debate político. Pero la pregunta que tenemos delante es mucho más sencilla: ¿seremos capaces de garantizar sus derechos y su protección? Hablamos de niños y niñas –algunos muy pequeños– con miedo, asustados y cuyos derechos deben ser protegidos por encima de cualquier otra consideración. Es una cuestión de humanidad y no podemos mirar hacia otro lado.

La buena noticia es que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, España cuenta hoy con un marco legal más sólido que no solo refuerza la protección de la infancia, sino que también establece mecanismos concretos para asegurar que esa protección sea adecuada, digna y de calidad. No podemos olvidar que se trata de seres humanos en pleno proceso de desarrollo, una circunstancia que los convierte en un grupo especialmente vulnerable y que exige que toda actuación pública esté guiada por el interés superior del niño o la niña.

La legislación vigente prohíbe las devoluciones colectivas de menores de edad. Toda potencial repatriación debe ser individual, con garantías suficientes sobre el caso, que incluyan la reunificación familiar en un entorno protector del niño o de la niña. Esto afecta también a potenciales traslados a otras comunidades autónomas que se deben realizar por corresponsabilidad con el Sistema de Protección de la ciudad de Ceuta, pero que también están sujetos a valoraciones caso a caso de la situación de cada niño o niña.

No se trata únicamente de una exigencia legal, sino de una garantía fundamental para evitar que decisiones administrativas o políticas vulneren derechos básicos de niños y niñas que ya han atravesado experiencias de enorme dificultad: pobreza extrema, explotación, guerras, trata… Lo estamos viendo y viviendo en Ceuta: demasiados niños y niñas siguen, más de una semana después de haber llegado a España, durmiendo al raso, llorando a sus padres sin acceso a un teléfono móvil y desprotegidos ante nuevas, pero igual de peligrosas amenazas.

La reciente reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería reconoce esta realidad y establece de forma expresa la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la protección de los niños y niñas migrantes que llegan solos a nuestro país. Esta reforma parte de una realidad evidente: proteger a la infancia no es tarea de una sola comunidad o ciudad, y no puede recaer exclusivamente sobre los territorios de llegada. La solidaridad institucional y la cooperación entre administraciones son condiciones imprescindibles para garantizar una atención adecuada.

El sistema de protección en Ceuta ya está saturado y, cuando un sistema de acogida soporta una presión excesiva, la calidad de la atención puede verse comprometida. Los traslados permiten compartir la responsabilidad, reducir la sobrecarga de determinados territorios y asegurar que cada niño o niña pueda acceder a recursos, atención especializada, a servicios básicos y acompañamiento en condiciones adecuadas. Pero es muy importante que cada caso sea analizado de forma individual para garantizar sus derechos y bienestar.

Cumplir la legislación es una obligación para todas las administraciones públicas. Pero, más allá del cumplimiento normativo, existe un imperativo ético y humano que no debería perderse de vista. Los niños y niñas migrantes no son cifras: son vidas que tienen derechos como cualquier ser humano. Reconocerlos como tales implica garantizarles protección, escucha y oportunidades para desarrollarse plenamente, independientemente de su origen o de las circunstancias que les hayan llevado hasta nuestro país. No lo olvidemos jamás: son, ante todo, niños y niñas.

En los bosques que rodean el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (también conocido como el CETI), la humanidad descansa sobre la naturaleza. Bajo la sombra de los árboles, grupos de jóvenes que cruzaron el pasado jueves la frontera entre Marruecos y Ceuta se esconden del sol. Otros descansan apoyados sobre una piedra y un gran grupo aprovecha la pendiente que baja hasta la playa del Trampolín para tumbarse con la cabeza en alto.

Mohamed está solo. Se mantiene en pie y agarra su mochila con más fuerza al ver al Ejército llegar. Han rodeado a los cientos de personas de origen subsahariano que, pacíficamente, gritan al unísono: “¡Asilo, asilo!”. La mayoría son sudaneses que huyen de la guerra que azota el país desde 2023. En conversación con este medio, Mohamed explica por qué agarraba la mochila con tanta fuerza. “Lo único que me queda es mi teléfono móvil”, cuenta, mientras enseña que no tiene batería y que lleva días tratando de encontrar una solución.

Tiene 38 años, es de Jartum, la capital de Sudán, está graduado en Derecho y le fascina el estudio de los derechos humanos desde la teoría y la investigación. Su familia está en Egipto refugiada de la guerra en su país.

Hicimos a pie una gran parte del camino. Íbamos mi mujer y yo con otros tres chicos sudaneses. No pudimos llevarnos a nuestros tres hijos. Los hemos dejado en Sudán

Ahmed — refugiado sudanés

“Mi caso es diferente al resto de mis compañeros sudaneses. Yo llegué a Marruecos en avión porque me habían concedido una beca en la Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán”, explica. “He disfrutado del país, de los marroquíes, me han tratado muy bien, pero no puedo construir una buena vida, ni siquiera una vida en sí misma”, añade. “Llevamos días sin comer y sin agua. La Unión Europa y España hablan mucho de los derechos humanos, pero aquí la gente sigue en la misma situación. ¿Dónde están ahora?”, recalca el jurista.

Mohamed llegó el pasado jueves a nado y se enteró de que muchos marroquíes iban a cruzar porque lo vio en redes sociales. “Todos los que estamos aquí lo único que necesitamos es una oportunidad. Una oportunidad puede marcar la diferencia”, sentencia. Mohamed, como refugiado sudanés, tiene clara cuál es la oportunidad que él necesita: “He mandado todos mis documentos, mis trabajos y mis certificados de estudios a España. Me gustaría colaborar en la universidad. Puedo ser hasta voluntario con tal de salir de aquí”, insiste. Mohamed continúa esperando esa oportunidad desde las colinas del CETI, con vistas a España.

Desde el desierto hasta Ceuta

El caso de Ahmed es distinto. Tiene 43 años y, aunque también es de Darfur, él dejó el país africano en agosto de 2024 y salió a pie. “He perdido a mi padre y a mis dos hermanos durante los bombardeos en la región. Nos están matando a todos”, grita. Ahmed, que también llegó solo hasta Ceuta, explica que salió de Sudán y atravesó Libia y Argelia antes de llegar a Marruecos. “Hicimos a pie una gran parte del camino. Íbamos mi mujer y yo con otros tres chicos sudaneses. No pudimos llevarnos a nuestros tres hijos. Los hemos dejado en Sudán”. En el camino sufrió agresiones por las fuerzas de seguridad, principalmente las libias, y sobrevivió a la inmensidad del desierto aun llevando días sin comer ni beber. “Tardé siete meses en conseguir salir de Libia y cruzar a Argelia”. Ahmed evitó Túnez porque dice que “allí las cosas son peores”.

Ahmed está casado, pero su mujer esta vez no está con él. “Se ha quedado en Marruecos y yo he salido a intentar conseguir trabajo para mandarle dinero a ella y a mis hijos en Sudán”, relata con orgullo. De pronto, más y más sudaneses se organizan para realizar una sentada frente a las autoridades españolas. Uno de ellos carga con un cartón que está hecho pedazos, pero donde se ve claramente el mensaje que quieren trasmitir: “Somos de Sudán. Queremos ser refugiados”, escribe. “¡Asilo, asilo!”, grita Ahmed mientras se sienta junto al resto de sus compatriotas.

Jóvenes promesas

La desesperación también recae en los sudaneses más jóvenes. Uno de ellos, de 23 años y que prefiere mantenerse en el anonimato, terminó sus estudios de Derecho en la Universidad Mohammed V de Rabat Agdal. “En Marruecos he dejado a personas maravillosas, entre ellas amigos y pareja, pero tenía que salir”, relata a este medio. “Tengo varios proyectos en marcha, pero creo que pueden ser mucho más válidos fuera de Marruecos”, añade.

Ezat tiene 28 años y estudió mecánica en Sudán. Sus piernas están llenas de heridas cicatrizadas y vivas. Él llegó andando desde Sudán hasta Marruecos en septiembre de 2024. Desde entonces, ha vivido en habitaciones compartidas con otras personas de origen subsahariano y, como no consigue un trabajo cualificado, decidió trabajar en la obra. “No me siento seguro en Marruecos”, explica. El joven cuenta que ha sufrido acoso y violencia física en varias ocasiones.

Según contrasta este medio con la asociación Elin, hay más de 500 sudaneses que han dormido estos días en los alrededores del CETI o en la playa del Trampolín. Aun así, la asociación también insiste en que algunos de ellos ya estaban cerca del centro antes del jueves, cuando se produjo la entrada de más de 70.000 personas. Es el caso de Haytham. El joven de 18 años llegó a este lugar hace alrededor de diez días. “Al principio no entendía por qué llegó tanta gente. Luego me enseñaron los vídeos”, apunta.

La guerra de Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 como una lucha por el poder entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Desde entonces, el conflicto se ha fragmentado en múltiples frentes en Jartum, Darfur y Kordofán, con participación de milicias locales y apoyos extranjeros.

Sudán, en palabras de la ONU, vive la peor crisis humanitaria del mundo. Más de nueve millones de personas han huido de sus hogares dentro del país y más de 3,5 millones han cruzado las fronteras. En total, más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, mientras que los bloqueos y la destrucción de mercados agravan el riesgo de hambruna.

En el tren de Casablanca a Tánger, en la misma tarde del cruce de decenas de miles de personas hacia Ceuta el pasado jueves 30 de julio, dos jóvenes sujetan el móvil en la mano. No llevan nada más, solamente una pequeña bolsa verde repleta de botellas de agua, pan y galletas de chocolate. Un móvil, comida de aprovisionamiento y una misión que queda clara al escuchar los sonidos que emiten sus dispositivos: sirenas de ambulancias y coches policiales, jóvenes al grito de “¡Haraga!” unido a un scrolling infinito en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok.

En la noche del jueves al viernes, todos los móviles apuntan hacia la columna de fuego que se ha formado cerca del paso fronterizo hacia Ceuta. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad marroquíes y los jóvenes han terminado con la quema de vehículos, entre ellos varios taxis, coches privados y un autobús. Las redes no tardan en prenderse también con esas imágenes. Todas ellas acompañadas de eslóganes, que ya son más que habituales en estos días, como ‘Haraga Fnideq’, que se traduce del árabe como “quemar Castillejos”, en alusión a la ciudad marroquí más cercana a la frontera ceutí y principal punto de concentración de los jóvenes. Al día siguiente, los que pueden, y se atreven, se suben al autobús incendiado, mientras otros solo posan delante de él. Selfie, Facebook, publicar.

“¿Y cómo te has enterado de este cruce?”. Preguntados por elDiario.es, todo el mundo menciona las redes. “Lo vi en Instagram”; “lo anunciaron en un grupo de Facebook”; “me lo pasó una amiga por TikTok”. Una y otra vez. Los datos ayudan a medir la dimensión de esta movilización digital. Algunas fuentes han contabilizado hasta cinco grupos de Facebook, que más tarde se eliminaron, que reunían a un total de 250.000 usuarios, y a través de etiquetas como #fnideq, #ceuta, #hrafa o #hjima se difundieron mapas, rutas marítimas, consejos para el trayecto y hasta anuncios de venta de trajes de neopreno.

Maldita.es, por su parte, analizó más de 1.100 publicaciones en árabe difundidas en Facebook ente el 8 y el 31 de julio que relacionaban Ceuta con una sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones de quienes llegaran a nado al enclave ceutí. Esas publicaciones acumularon más de 150.000 reacciones, 14.000 comentarios y 7.000 republicaciones. Sobre el terreno, elDiario.es no ha constatado que ninguno de los jóvenes entrevistados tuviera información sobre la decisión del Tribunal Supremo.

Para muchos, el cruce terminó en tragedia. Al menos 141 personas han fallecido a ambos lados de la frontera, según el recuento de la ONG Caminando Fronteras, que está haciendo un seguimiento de la situación.

De indicar el camino a buscar desaparecidos

Las redes no han desempeñado una única función, cada una ha ocupado un rol diferente en el llamado a cruzar la frontera. Facebook, por ejemplo, ha funcionado como el gran escaparate de la movilización, donde se intercambiaron testimonios de quienes aseguraban ya haber cruzado y enlaces para acceder a grupos privados en WhatsApp. Una vez en la plataforma de mensajería instantánea, las conversaciones hablaban de horarios, transporte, puntos de salida, vigilancia policial y aprovisionamientos.

Por su parte, Instagram y TikTok han aportado la dimensión visual y de la experiencia migratoria. Un joven publicó en su perfil tres vídeos con tres partes de su ruta hasta Ceuta, donde contaba cómo sortear los controles policiales y recomendaciones de comida y material para sobrevivir la noche. Como este joven, otros tantos utilizan la red para validar su experiencia y, en el mejor de los casos, mostrar un resultado exitoso con vídeos y fotografías desde el otro lado del confín.

Esas mismas redes que en su momento orientaron el camino hacia Ceuta, han adquirido ahora la función opuesta. En algunas plataformas como Tetuan Tube las familias de los desaparecidos aprovechan para difundir fotografías de sus familiares desaparecidos: hijos, hijas, hermanos, sobrinos o amigas, las imágenes de decenas de personas han tomado las pantallas acompañadas de sus nombres, apellidos, edad y lugar de nacimiento.

El 15 de agosto, otra fecha en el calendario digital

El final del cruce no ha supuesto el final de las convocatorias. Antes incluso de que se conozca el balance definitivo de fallecidos y desaparecidos, una nueva fecha ha comenzado a circular en redes sociales: el 15 de agosto de 2026.

“El 15 todo el mundo entra”, anuncian algunos de los mensajes, mientras que otros proponen adelantarse para evitar el refuerzo de la presencia policial a las puertas de Ceuta. En Instagram, decenas de jóvenes colocan la fecha sobre sus propias fotografías, donde algunos difuminan sus rostros, y acompañan las publicaciones con alusiones a Fnideq.

Haraga es el plural de harrag, una palabra originaria del árabe magrebí vinculada al verbo “quemar”. Tradicionalmente, ha hecho referencia a quienes “queman” sus documentos o las fronteras administrativas y emprenden el viaje hacia Europa irregularmente, sin visado ni autorización. Hoy, el término transciende a una identidad colectiva, un hashtag y una consigna.

El fenómeno vivido estos días en la frontera con Ceuta tiene un precedente cercano. En septiembre de 2024 las redes sociales del país se llenaron durante semanas de publicaciones que convocaban a jóvenes a desplazarse masivamente hasta Fnideq para intentar cruzar hacia Ceuta. La fecha circuló como una llamada colectiva. Entonces, elDiario.es documentó sobre el terreno como muchos de los jóvenes habían llegado desde otras ciudades de Marruecos después de conocer la convocatoria a través de internet. Dos años después, la historia se repite.

Omar Bourras, un joven de 17 años de Beni Melal –cerca de Marrakech– fue uno de los miles de migrantes y refugiados que trataron de cruzar la frontera con Ceuta a finales de julio. Cruzó con cuatro compañeros de trabajo de Tetuán y ahora su hermano lo busca desesperado desde hace una semana. A Mohamed Bouzalmet, de 24 años y procedente de Tánger, intentó encontrarle su padre en Ceuta al día siguiente de la llegada de decenas de miles de personas a la localidad. Un intento infructuoso, según relata la familia a elDiario.es.

Desde este jueves opera en la ciudad autónoma una oficina encargada de atender a las familias de los desaparecidos que ya ha recibido 32 denuncias con información suficiente para trabajar y que mantiene 29 posibles correspondencias entre familiares y cadáveres recuperados del mar, explica a elDiario.es la Guardia Civil. En las últimas horas, además, los investigadores han logrado un primer resultado positivo mediante ADN, aunque todavía debe completarse el informe y ser validado oficialmente.

Al menos 141 personas han muerto en el intento de entrar a Ceuta entre Marruecos y España, según la ONG Caminando Fronteras, mientras que el Gobierno español ha cifrado en 75 las personas muertas en la costa ceutí. Caminando Fronteras explica a elDiario.es que las personas fallecidas no solo son de nacionalidad marroquí, sino que también las hay procedentes de Sudán, Eritrea, Guinea y Costa de Marfil. La ONG también está trabajando en la localización e identificación de fallecidos. “Estamos colaborando con las familias en las identificaciones”, señala a elDiario.es Helena Maleno, directora de la organización.

El funcionamiento de la oficina de la Guardia Civil, ubicada en la parte alta del área española de la frontera del Tarajal, cuenta con tres salas: una para las denuncias, otra para trabajadores del Instituto de Medicina Legal y una tercera con una amplia mesa donde agentes de la Guardia Civil, científicos y técnicos van avanzando con el trabajo de cotejo. Según detalla el comandante Mungía del Instituto Armado durante una visita al espacio, se trata de un dispositivo abierto a familiares, amigos o cualquier persona que pueda aportar información sobre alguien cuyo paradero se desconoce y que pueda haber cruzado a Ceuta el pasado jueves.

Sin embargo, el proceso se complica para los familiares al otro lado de la frontera, ya que, si no tienen visado, las autoridades no les permiten el acceso a Ceuta y, por tanto, a la oficina. En este caso, denuncian en Marruecos la desaparición y hacen llegar las fotos por correo o el ADN, huellas y otras informaciones relevantes a la gendarmería marroquí, que a su vez se la facilita a la Guardia Civil.

“Han activado el protocolo de sucesos con víctimas múltiples y es la primera vez que se hace en frontera. Este protocolo obliga a crear la oficina”, explica Maleno. “El tema es si hay víctimas de otros países o si hay personas marroquíes que no se pueden acercar hasta la oficina. Nosotros compartimos con las familias el mail habilitado por la oficina de la Guardia Civil, pero también enviamos dosieres completos en los que recogemos la documentación, datos e imágenes”, añade.

“Para las personas que no se pueden acercar a la oficina para hacer denuncia o que necesitan entregar pruebas de ADN, se deberían habilitar los consulados, los cuales pueden guardar perfectamente la cadena de custodia”, sostiene Maleno. “En el caso de [fallecidos o desaparcidos] del lado marroquí, las familias tienen más fácil podr ir a las morgues, pero también se está produciendo una criminalización de lo ocurrido y de las familias. Por otro lado, del lado marroquí también hay nacionales de países terceros y será muy complicado para las familias de Sudán, Eritrea y otros países con las que estamos en contacto”, explica.

En la oficina, los agentes españoles solicitan todos aquellos detalles que puedan ayudar a reconocer a una persona entre los cuerpos recuperados: fotografías, características físicas, tatuajes, operaciones, ropa, anillos o cualquier otro elemento distintivo. También intervienen profesionales del Instituto de Medicina Legal, así como psicólogos y trabajadores sociales, de modo que las personas que acuden puedan recibir apoyo además de aportar información para la identificación.

El agente de la Guardia Civil explica que, hasta el momento de la visita de este medio, se han recibido 32 denuncias que cuentan con una base suficiente para iniciar las comprobaciones. No todos los familiares o allegados que se han acercado disponen de datos que permitan avanzar de inmediato, por lo que el trabajo consiste también en reconstruir los vínculos y localizar a personas próximas a los desaparecidos que puedan aportar información adicional.

De esas denuncias han surgido 29 casos en los que existe una posibilidad de relacionar a un familiar con alguno de los cadáveres recuperados. No significa que haya 29 identificaciones confirmadas. Se trata, según precisa Mungía, de casos en los que existe una hipótesis de correspondencia que debe comprobarse mediante pruebas biológicas. Para ello, los familiares pueden donar muestras de ADN que posteriormente se cotejan con las obtenidas de los cuerpos.

Ese procedimiento ya ha dado su primer resultado positivo: durante la visita, el comandante recibe la información de que se ha producido la primera identificación mediante ADN, correspondiente a un familiar que había aportado una muestra. El resultado todavía no es oficial, ya que antes debe elaborarse el informe correspondiente y contar con la validación judicial, pero supone el primer avance de este tipo desde la puesta en marcha de la oficina.

El dato se suma a las identificaciones realizadas mediante huellas dactilares. El Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha informado que dos de los cuerpos recuperados se han identificado por esta vía porque las personas fallecidas figuraban previamente registradas en España. En paralelo, las huellas del resto se están enviando a Marruecos para intentar obtener coincidencias.

Familias que siguen buscando al otro lado de la frontera

Entre quienes llevan días esperando noticias está el hermano de Omar Bourras. El joven había viajado hasta Tetuán por motivos laborales y acudió a Castillejos junto a cuatro compañeros. Dos de ellos, según cuenta su familia, fueron interceptados por las autoridades marroquíes y devueltos, mientras que del resto no han tenido noticias desde que se lanzaron al mar.

La familia llegó incluso hasta Ceuta en busca de información, pero se encontró con el caos de las primeras horas y con la ausencia de un registro capaz de cruzar los datos de quienes buscaban a sus familiares con los cuerpos que iban apareciendo. El hermano de Bourras cuenta entre lágrimas que han acudido a la Policía y han tratado de encontrar noticias en la ciudad autónoma sin conseguirlo.

Una situación similar vivió la familia de Mohamed Bouzalmet, aún desaparecido. Un amigo de la familia explica que Mohamed había acudido a Castillejos para intentar llegar a la ciudad autónoma y que, después de separarse de su acompañante en el mar, no habían vuelto a saber de él. Su padre cruzó a Ceuta el viernes para intentar localizarlo sin éxito.

Una mesa de trabajo para reconstruir quiénes son

En una de las salas de la oficina se concentra buena parte de ese trabajo. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, personal especializado y técnicos van cruzando fotografías, características físicas y otros datos con la información disponible sobre los fallecidos. La tarea se completa con las muestras biológicas recogidas a los cuerpos y las que pueden proporcionar sus familiares.

Mungía subraya que todos los datos son útiles para iniciar una búsqueda, incluso aquellos que a primera vista puedan parecer menores y podrían pasar por alto. Una fotografía reciente, una prenda que llevaba la persona antes de desaparecer, un tatuaje o una intervención quirúrgica pueden convertirse en elementos para establecer una primera correspondencia y decidir si es necesario avanzar hacia una identificación genética.

La Guardia Civil mantiene abierto un correo electrónico para recibir información de familiares que no pueden desplazarse hasta Ceuta. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, explica a elDiario.es que esta vía permite tramitar los datos de una manera “ágil y confidencial” y que el objetivo es poder facilitar información a quienes acrediten vínculos familiares con las personas buscadas. Si no tienen visado, las autoridades no pemiten la entrada a la oficina de los familiares que están al otro lado de la frontera.

La dificultad aumenta cuando los familiares se encuentran en Marruecos. Algunos allegados no pueden acceder a la oficina del Tarajal y otros casos llegan a través de amigos o conocidos que intentan poner en contacto a los investigadores con personas que permanecen al otro lado de la frontera. “Es un trabajo de ir rebuscando a ver si algún familiar casa”, explica el comandante, que señala que la Guardia Civil trata de localizar por teléfono a los parientes que puedan aportar muestras o información.

La identificación se ha convertido en una de las tareas más complejas después de que decenas de miles de personas intentaran llegar a Ceuta desde Marruecos. Muchos de quienes cruzaron lo hicieron sin documentación y algunos tampoco portaban consigo un teléfono móvil, lo que ha dificultado que las familias puedan saber si sus allegados lograron acceder a la ciudad, regresaron a Marruecos o permanecen desaparecidos.

La situación se ha agravado por el número de cuerpos recuperados en el mar. El Instituto de Medicina Legal informó el miércoles de que ya había recibido 80 cadáveres, de los cuales se habían practicado 79 autopsias. Dos personas fueron identificadas mediante huellas dactilares y otras seis se encontraban pendientes de confirmación mediante métodos biológicos, lo que eleva a ocho las posibles identificaciones en las que trabajaba el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, siempre pendientes de la validación del juzgado.

Sobre el capó de un coche aparcado delante de la iglesia católica de la barriada del Príncipe, en Ceuta, el pequeño Mohamed de 14 años escribe en un trozo de papel rectangular los nombres y edades de él y los dos amigos que le acompañan, Hicham y Fahmi. Se conocieron en Ceuta, tras cruzar desde la vecina localidad marroquí de Castillejos el pasado jueves, el día en el que entraron en la ciudad autónoma decenas de miles de migrantes. Ahora comparten también la esperanza de que ese registro extraoficial que lleva la asociación de vecinos del barrio pueda servir para que las autoridades locales —quienes tienen las competencias en materia de acogida de menores migrantes no acompañados— les ofrezcan algo de sustento y un lugar seguro donde dormir.

Así lo expresa en declaraciones a elDiario.es el presidente del colectivo vecinal, Ahmed Enfed-dal, que espera que los alrededor de 3.100 menores de edad que han anotado desde el martes (no es un documento oficial que garantice que todos los registrados sean menores) sean debidamente atendidos “de acuerdo con la normativa internacional”.

Tienen que atender en condiciones. No vale que abran una nave y los hacinen sin nada. Tiene que ser una acogida con todas las garantías. Queremos que se respeten sus derechos”

Ahmed Enfed-dal — presidente de la asociación de vecinos

“Solo ayer apuntamos a 2.672 y hoy llevaremos unos 500”, detalla el representante civil, que en todo caso explica que solo están pidiendo documentación “a los que dicen tener 17”. Aunque la mayoría no dispone de ella, señala.

Uno de ellos es Fahmi, el nuevo amigo del pequeño Mohamed. Se conocieron en la misma barriada del Príncipe horas después de conseguir cruzar bordeando el espigón del Tarajal. El más joven, de 14 años, es de Tetuán; su colega, ya al borde de la mayoría de edad, de Sidi Kacem, cerca de la capital, Rabat, y de Kenitra. Aun con orígenes distintos relatan una situación similar: “Nuestras familias no se podían hacer cargo de nosotros. No les llega”, cuenta Fahmi, mientras Mohamed asiente, añadiendo después que él, siendo hijo único, tiene “padres jóvenes y sin empleo”.

Ceuta atiende a fecha de este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, según han informado las autoridades de la ciudad autónoma. “La evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la magnitud de esta situación. El pasado 15 de julio la ciudad atendía a 213 menores, cifra que ascendió a 718 el día 28 de julio y que alcanza hoy los 1.017 menores”, ha señalado el Gobierno local en un comunicado. “Del total de menores atendidos, aproximadamente 750 ya habían accedido a Ceuta con anterioridad a las jornadas críticas del 30 y 31 de julio, lo que evidencia que el reciente incremento se produce sobre una situación que ya había desbordado ampliamente la capacidad ordinaria del sistema de acogida”.

En la jornada y media que la Asociación de Vecinos lleva apuntando a los jóvenes, sus representantes han escuchado todo tipo de relatos. “Me cuesta mucho hablar de esto, me pongo a llorar”, dice notablemente afectado el presidente del colectivo, Ahmed Enfed-dal, que consigue con cierta dificultad esbozar la historia de una de las muchas jóvenes que han decidido cruzar a Ceuta huyendo de situaciones familiares complicadas: “Una chiquilla nos contó que su padre es alcohólico, su madre padece una enfermedad mental y que la llevaron a una casa de una señora para servirle y vivir allí con ella, pero la maltrataban y por eso huyó a Ceuta”.

Tras llegar a la localidad, la mayoría de estos jóvenes de los que habla Enfed-dal han tenido que dormir en la calle y buscar comida en un contexto de cierre total de los negocios locales. “Están durmiendo a la intemperie, salvo algunos a los que les han podido ofrecer casa los vecinos, al menos un patio o un pequeño espacio donde estar”, agrega el representante vecinal. La propia asociación está intentando repartir alimentos, igual que el colectivo Luna Blanca, que en la tarde del miércoles ha habilitado una carpa con víveres en la barriada de Sidi Embarek.

Mientras tanto, la ciudad autónoma atiende, según explicó ayer el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, a unos 1.000 menores. Lo hace con sus capacidades completamente sobrepasadas, pues solo cuenta con 29 plazas para los jóvenes. Con los centros llenos, el Ejecutivo local pretende habilitar de manera inmediata dos nuevas instalaciones, una en Loma Margarita y otra en el entorno portuario.

Por su parte, el Ministerio de Infancia —cuya titular, Sira Rego, visitará Ceuta el viernes para coordinar la acogida de niños y adolescentes— anunció este martes la adaptación y apertura de dos colegios de la localidad para ubicar allí a parte de los chavales. Sin embargo, para Enfed-dal, los recursos aún resultan insuficientes. “En esos colegios pueden caber 150 personas”, estima él, insistiendo en la responsabilidad de la ciudad autónoma: “Tienen que atender en condiciones. No vale que abran una nave y los hacinen sin nada. Tiene que ser una acogida con todas las garantías. Queremos que se respeten sus derechos”, zanja el presidente del colectivo vecinal.

Una chiquilla nos contó que su padre es alcohólico, su madre padece una enfermedad mental y que la llevaron a una casa de una señora para servirle y vivir allí con ella, pero la maltrataban y por eso huyó a Ceuta

Ahmed Enfed-dal — presidente de la asociación de vecinos

Con él coinciden las organizaciones humanitarias. Varias entidades de infancia y derechos humanos han trasladado al Gobierno su preocupación por la situación de los niños y adolescentes llegados a Ceuta desde Marruecos y han reclamado que todas las decisiones que les afecten se adopten atendiendo a su interés superior. En una carta dirigida a varios miembros del Ejecutivo y al delegado del Gobierno en Ceuta, piden garantizar su identificación, alojamiento seguro, alimentación y atención sanitaria, además de una evaluación individual de las circunstancias de cada menor para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.

Las organizaciones recuerdan que la protección debe garantizarse con independencia de la nacionalidad, la situación administrativa o la forma de entrada en España, y reclaman que se respete la presunción de minoría de edad cuando existan dudas. También advierten de que no pueden realizarse repatriaciones automáticas y que cualquier retorno debe contar con las garantías legales, incluida la escucha del menor, la asistencia jurídica y la valoración de sus circunstancias personales y familiares. En el caso de quienes soliciten protección internacional, subrayan que deben poder acceder al procedimiento de asilo y no ser repatriados mientras su situación no haya sido evaluada.

Ante la magnitud de la llegada de menores, las entidades reclaman habilitar todos los espacios necesarios y reforzar la coordinación entre administraciones, incluida la cooperación entre comunidades autónomas para facilitar traslados. También muestran especial preocupación por quienes continúan en las inmediaciones del CETI y en las playas, donde podría haber menores todavía sin identificar y otras personas especialmente vulnerables, y piden que reciban de inmediato agua, alimentos, asistencia sanitaria y protección.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Save the Children, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia y Asociación Elín, también trasladan sus condolencias por las más de 140 personas fallecidas durante la crisis —sumando los cuerpos aparecidos en aguas españolas y marroquíes— y recuerdan que la protección de la infancia no puede quedar condicionada por el contexto migratorio.