Viendo hacia atrás, pareciera que el objetivo de los famosos 5.5 millones nunca fue calculado; solo se enunció. Airbnb, al citarlo, lo atribuyó a “estimaciones de la Secretaría de Turismo”. Gabriela Cuevas lo remitió al expediente de la candidatura United 2026, de hace casi una década, y a supuestos “datos de la FIFA”. Sectur y Presidencia nunca publicaron un anexo técnico. La única consultora con estudio público —Deloitte, patrocinado por privados y no por el gobierno— proyectaba 836 mil turistas y una derrama del 0.14% del PIB. Moody's Local estimó 768,000. El gobierno no discutió esas cifras: las ignoró. Enhorabuena, ambas casas le atinaron. El pico retórico llegó a mediados de junio, cuando la titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, anticipó que México rebasaría los 10 millones de visitantes internacionales solo en ese mes. El máximo histórico registrado por la propia dependencia —diciembre de 2025, sin Mundial— fue de 10.1 millones.

De los 850,000 visitantes reales, apenas alrededor de 175,000 fueron internacionales adicionales, según el STARC de la Universidad Anáhuac Cancún. El resto fue turismo doméstico: pesos reasignados, no divisas nuevas. Un aficionado de Guadalajara que viaja a Monterrey no engrosa la cuenta corriente; redistribuye consumo interno. La promesa era captar dólares; lo que hubo fue un puente largo con más peso mexicano dando vueltas.

Los hoteles cuentan la misma historia. Con Mundial en curso, la ocupación cayó frente a junio de 2025 en las tres sedes: dos puntos porcentuales menos en la Ciudad de México, siete en Guadalajara y 5.8 en Monterrey. Las tarifas subieron entre 40 y 47%; los ingresos se salvaron cobrando más a menos huéspedes. Los viajes de negocios y los congresos, ahuyentados por la congestión anunciada, se pospusieron. Un evento vendido como un imán terminó espantando al tráfico habitual.

La derrama económica preliminar ronda los 50,000 millones de pesos. Concanaco —la misma fuente que cita el gobierno— reporta que el Día de Muertos de 2025 dejó 49.5 mil millones en una semana, en todo el país. El “evento del siglo”, en 26 días y tres ciudades, empata a duras penas con un puente de noviembre.

El desenlace estaba escrito desde el sorteo. México albergó 13 de los 104 partidos; Estados Unidos, cerca de 78; la final se jugará en Nueva Jersey. No fuimos sede; fuimos subsede. Andrew Zimbalist, del Smith College, lleva dos décadas documentando que los estudios ex ante los pagan quienes tienen interés en que el evento suceda; doce de los últimos catorce Mundiales dejaron pérdidas para el anfitrión. Banxico lo dijo sin adornos: el Mundial no es motor de crecimiento y su pronóstico para 2026 sigue en 1.1%, con el torneo ya incorporado.

Queda la aritmética del costo. Entre movilidad, seguridad y logística, la inversión pública se ubicó entre 37,000 y 53,000 millones de pesos: prácticamente el tamaño de la derrama reportada. La remodelación del Azteca corrió por cuenta privada. Pero los 5.5 millones no fueron un error técnico: fueron una consigna política sin respaldo. Nadie los calculó y nadie va a responder por ellos. El costo, como suele suceder, se distribuirá entre todos.

Las previsiones de incrementos del PIB mundial y de países importantes se ven afectadas por la desglobalización que imponen los aranceles de Estados Unidos, los efectos inflacionarios de las dos guerras, la de Ucrania y la de Irán, y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Las dificultades globales conducen a fortalecer a las agrupaciones regionales, que hacen que sus miembros se apoyen entre sí. Un ejemplo de ello es la creación por parte de países del grupo BRICS, que en su conjunto aportan el 35% del PIB mundial. Estamos hablando principalmente de China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica.

También se está creando, por las migraciones crecientes, un populismo nacionalista peligroso y una desconfianza en ascenso.

El capitalismo norteamericano, ahora con Trump, se ha convertido en un capitalismo oligárquico, en donde las élites con conexiones pueden influir en las decisiones del gobierno, vulnerando de esta forma el Estado de Derecho, que es la base para lograr mejoras sostenidas en el nivel de vida de la sociedad y tener instituciones sólidas.

El modelo de Trump choca con el que sostiene la Unión Europea, de gestionar a las instituciones y a la política hacia la consolidación del Estado de Bienestar. Esto conduce a una visible ruptura entre el gobierno norteamericano y las instituciones del gobierno de Europa.

Europa es hoy el único reducto importante de una democracia pluralista, liberal y social. La inmigración y el federalismo son las estrategias para mantener el sistema europeo de derechos y libertades. La unión fiscal y un presupuesto común son las condiciones para garantizar la sostenibilidad de la eurozona.

Por otra parte, China, que reequilibró su economía hace dos décadas con la apertura a la inversión nacional y extranjera, creó tasas de crecimiento económico de 9% de 1980 a 2020. Pero ahora se enfrenta al reto de que el consumo de los hogares está relativamente estancado. La promesa de los funcionarios de impulsar la demanda interna ha perdido credibilidad.

China es una potencia mundial, pero todavía no da el salto cualitativo de beneficiar substancialmente a su población. Es su talón de Aquiles.

Se estima que para el año 2030 la participación mundial de China en las manufacturas será del 45%. Esto agudizará un proteccionismo antichino de parte de Estados Unidos y Europa.

A partir del 16 de julio, Conagua abre un año de gracia para resucitar concesiones de agua muertas. Podrán regularizarse títulos de uso agrícola y doméstico vencidos entre 2009 y 2026 que omitieron su prórroga legal. La medida también permite inscribir fallos rezagados en el Registro Público Nacional del Agua. Un intento de la autoridad para actualizar su padrón y poner orden en un sistema de concesiones plagado de trámites pendientes.

Hombre bala

México acumuló al menos 2,529 atrocidades y crímenes de extrema violencia durante el primer semestre de 2026, reportó la organización Causa en Común. Con un promedio de 14 casos diarios de tortura, masacres y mutilaciones, su cruda “Galería del horror” confirma que el país padece una jornada violenta al día. Sinaloa, Michoacán y Guerrero encabezan la lista del espanto nacional, bajo un escenario donde el control de la delincuencia organizada impone además un severo y preocupante subregistro.

Domador

Movimiento Ciudadano busca revivir el Fondo Metropolitano para rescatar la inversión pública en las 74 urbes del país. El diputado Pablo Vázquez Ahued propuso una reforma que garantice recursos equivalentes al 1% del PIB para estos proyectos. Tras criticar la centralización y militarización del gasto federal -calificando de fracaso obras como Dos Bocas-, el partido naranja alista la batalla legislativa rumbo al Presupuesto 2027. El desarrollo de las ciudades no puede seguir secuestrado por el centralismo, consideran en el naranja.

El gobierno de Estados Unidos ha identificado al Cártel de Juárez y su facción, La Línea, como una amenaza significativa para este país, por sus actividades de narcotráfico en la frontera entre México y EU, principalmente por sus operaciones en Ciudad Juárez y sus alrededores, en el estado de Chihuahua.

El Cártel de Juárez también es conocido como la Organización Vicente Carrillo Fuentes (OVCF). Además de ser famoso por otro de sus líderes, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos.

Según la DEA, esta organización es una de las nueve organizaciones criminales mexicanas más importantes que representan la mayor amenaza de narcotráfico para Estados Unidos, la organización trafica principalmente heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana desde México a través del corredor de El Paso, Texas. Tanto la organización como sus líderes han sido objeto de múltiples acusaciones en Estados Unidos.

Actualmente, La Línea opera en Ciudad Juárez, donde tiene acceso a rutas de narcotráfico y tráfico de personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La Línea cobra impuestos a otras organizaciones mexicanas de narcotráfico para transportar su mercancía a través del Valle de Juárez y genera otros ingresos mediante el tráfico de drogas sintéticas, la tala ilegal y el robo de vehículos en Chihuahua y el tráfico de personas.

Se destaca que en noviembre de 2019, miembros de La Línea estuvieron involucrados en la masacre de la familia mormona méxico-estadounidense LeBarón. El atentado tuvo lugar en una zona serrana entre Sonora y Chihuahua, dejando nueve muertos (tres mujeres y seis niños).

Asimismo, se advierte que La Línea y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) colaboran desde septiembre de 2023, siendo el CJNG el proveedor de cocaína, metanfetamina y fentanilo para La Línea.

Por otro lado, en la actualización de la OFAC, también se identificó a “Los Viagras” con el nombre de "Los Blancos de Troya", e incluye por primera vez la fecha de constitución de la organización, establecida en 2013.

De igual forma, la OFAC ya había sancionado a Los Viagras, al identificarla como una organización criminal con base en Michoacán que ha traficado metanfetamina y cocaína.

En el pasado, la OFAC también había sancionado a tres de sus miembros de alto rango: Nicolás Sierra Santana, alias el Gordo, fundador y líder histórico del grupo; Heladio Cisneros Flores , alias la Sirena, miembro destacado de la organización; ambos vinculados con el asesinto de Hipólito Mora Chávez, líder autodefensa de La Ruana.

También está César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, líder de Los Viagras y detenido en enero pasado. Se le señala como el responsable del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez,el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán

Con esta nueva designación se plantean mecanismo para desarticular la red de apoyo financiero a terroristas y organizaciones terroristas.

Además de los mencionados, desde 2025 EU considera como terroristas a los integrantes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste. Así como La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Golfo y Cárteles Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó este miércoles al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas, con lo cual se activan mecanismos financieros para bloquear recursos de los grupos criminales en EU, así como sanciones para todas aquellas personas ligadas a estos cárteles.

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Mediante un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, suscrito por senadores y diputados federales de Morena, PAN, PVEM, PT y MC —los legisladores del PRI no firmaron—, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldó “firmemente las acciones jurídica y diplomáticas, emprendidas por el Estado mexicano ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América”.

“Así como el impulso de las acciones pertinentes ante las instancias diplomáticas, de cooperación internacional y del propio Sistema de Justicia Estadounidense que pretendan prevenir nuevas tragedias, y sancionar a quienes resulten responsables, solicitando atentamente que se informe al Congreso de la Unión”.

La diputada federal del PAN Verónica Pérez culpó al gobierno de Morena de lo que pasa “porque ustedes redujeron el presupuesto para la protección y asistencia consular”.

A nombre de MC, el senador Néstor Camarillo dijo que “la vida y la dignidad” de los migrantes “va más allá de los tintes políticos”.

Al final, el salón de sesiones prácticamente vacío, se guardó un minuto de silencio en memoria de los 17 mexicanos caídos.

Durante una conferencia de prensa, acusó a su antecesor Bonilla, de haber organizado una “trampa” para grabar de manera clandestina una conversación privada relacionada con las gestiones sobre su visa estadounidense, con el propósito de difundirla y afectar políticamente a su administración.

“Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones”, afirmó.

La gobernadora explicó que el origen de la grabación se remonta al 15 de diciembre de 2025, cuando, dijo, Jaime Bonilla le propuso reunirse en Tijuana con personas que supuestamente podrían ayudarla a atender el tema de la cancelación de su visa.

"Confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión (...) Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses”, sostuvo.

Según su versión, durante el encuentro los asistentes le hablaron de supuestos procesos judiciales y cargos en su contra en Estados Unidos, situación que calificó como sorpresiva y sin sustento.

Explicó que, al considerar extrañas las circunstancias, pidió que cualquier asunto se canalizara a través de un abogado de su confianza, quien, afirmó, nunca fue contactado.

“Nunca presentaron un solo documento y nunca se concretó ninguna reunión. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, dijo.

Bonilla responde

Mediante un comunicado, el exgobernador Bonilla, quien hoy es comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, rechazó los señalamientos de Del Pilar al tiempo que dijo que la gobernadora ha perdido poder político en la entidad.

“Marina está sumamente angustiada porque ya también perdió el control político del estado, los perfiles a coordinadores ya no se reportan con ella, los liderazgos de Morena la ignoran y nuestra coordinadora Monserrat Caballero la pone muy nerviosa, porque sabe que si llega a la gubernatura no habrá tregua en sus fechorías”, dijo.

Bonilla insistió en que en Estados Unidos se le siguen investigaciones por “narcoterrorismo” a la actual mandataria.

Una acusación de esa magnitud, hecha por el jefe de una importante agencia federal estadounidense, no puede quedarse en retórica. Si Cole sostiene que el gobierno mexicano y el crimen organizado son indistinguibles, debe decir a quién acusa, con qué evidencia, ante qué juez. Documentar colusión de funcionarios con el narco en México es tarea vieja y probada en municipios, estados y hasta el gobierno federal, pero afirmar que el gobierno completo es lo mismo que los cárteles es otra cosa. Generaliza, contamina la relación bilateral y devalúa la acusación misma.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió como se espera de cualquier gobernante: rechazó la frase, la calificó de política y sin sustento, y recordó que Estados Unidos es el mayor mercado de drogas del planeta. Tiene razón en exigir pruebas porque ningún gobierno debe dejar pasar una imputación institucional de este tamaño sin exigir el expediente. Pero la indignación soberanista no basta. Lo que corresponde es exigir formalmente, por la vía diplomática y judicial, nombres, fechas y operaciones. Si hay funcionarios señalados, investigarlos. Si no hay pruebas, exigir que Cole y la DEA retiren el señalamiento.

La frase de Cole no cae en el vacío. Se da mientras México condena el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, mientras el gobierno mexicano anuncia que litigará en tribunales de EU por la muerte de al menos 17 migrantes bajo custodia del ICE, y mientras el T-MEC entra en revisión anual. O sea que seguridad, migración y comercio ya no corren por carriles separados y una frase sobre narcotráfico puede convertirse en presión comercial, en freno a inversiones y en pretexto para operaciones militares unilaterales.

Con efectos que van de la diplomacia al comercio, la difusión de la frase de Cole no era un detalle menor porque puede agravar el problema creando una percepción equivocada en el público. En la CDMX, los diarios tenían una tarea simple: contarla sin convertirla en verdad. La mayoría de los diarios nacionales lo cumplió y encabezó la nota emparejando la frase de Cole con el rechazo de la presidenta en el mismo titular, sin darle la razón a ninguno de los dos por adelantado. Reforma fue la excepción: tituló "Alerta DEA conexión cárteles y Gobierno", palabra que trata la advertencia como hecho verificado y deja el rechazo del gobierno mexicano para el cuerpo de la nota. Un titular que asume la acusación como verdad hace el trabajo que le correspondía a la DEA: probarla.

Una acusación institucional sin expediente termina sirviendo a todos menos a la verdad. Le sirve a la DEA para justificar más presión sobre México, a Trump para endurecer su política migratoria y comercial, y a la presidenta Sheinbaum para presentarse como víctima de una agencia extranjera y cerrar filas internas. Los medios que la dieron por buena lograron un titular más contundente, pero dejaron de exigirle a la DEA la prueba que le corresponde presentar. El único beneficiario real es el crimen organizado, al que le conviene que nadie compruebe nada.

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El desencuentro en torno a Rubén Rocha Moya tiene un común denominador, y éste es el vínculo entre el ex gobernador de Sinaloa y el Cártel de ese estado, considerado por Trump como una organización terrorista. Y es que en esta ocasión no se trata de uno o varios funcionarios involucrados con el crimen organizado, sino con la definición por parte de Washington del gobierno mexicano como un rehén, y en peor de los casos como un socio de la delincuencia de altos niveles.

Los canales de comunicación formales e informales entre ambas administraciones están prácticamente cerrados. La negociación sobre el T-MEC es una colección de represalias sin racionalidad económica alguna. Se trata principalmente de demostrar hasta dónde puede llegar el habitante de la Casa Blanca en su obsesión por obligar a su vecino a someterse a sus demandas en el terreno de la seguridad nacional.

Y es aquí donde Sheinbaum se encuentra en un callejón sin salida porque su margen de negociación con Trump es nulo. La línea que implica la entrega de Rocha Moya a los estadounidenses podría llegar a Palenque y provocar una fractura en Morena, y una desbandada generalizada en un intento de saltar del barco antes de que éste se hunda. Por lo pronto no se ve que otra cosa puede ofrecer Claudia a Trump que no sea la cabeza del sinaloense y la cadena de complicidades cuya extensión se desconoce con certeza.

La única opción que se vislumbra lejanamente, es la de un nuevo pacto con la Unión Americana cuyo elemento central sería la reanudación de las operaciones en territorio mexicano a cambio de la inmunidad sobre figuras que el gobierno de Sheinbaum considere como intocables. Es decir, la salida mexicana implica concesiones importantes en el área de la seguridad, y la ruptura con aquellos grupos criminales que sirvieron y aún sirven como instrumentos de control político por parte del gobierno morenista.

Intentar mantener el stato quo que conduce a una escalada impredecible sería un grave error. La administración Trump y las presiones que éste sufre frente a las elecciones de noviembre, lo obligan a una acción en su frontera sur que demuestre su capacidad disuasiva frente a lo que considera como una alianza político – criminal en México.

Más le vale a Claudia Sheinbaum comenzar a construir la salida a esta crisis, antes de que las acciones impredecibles de Washington terminen por crear realidades de facto sobre las cuales no existe mecanismo alguno de contención. Cuidado.

La actual mandataria carece de respaldos dentro los sectores más radicales de Morena y preferiría una solución “local”, que transita entre la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta y el senador Eugenio Segura Vázquez, puntero indiscutible en los sondeos de opinión.

Los morenistas definirán al coordinador estatal de los comités de defensa de la soberanía y la transformación, pero los sectores económico y social de la entidad peninsular también están a la expectativa sobre las definiciones de ese proceso político. Y deliberan sobre si habrá cambio o continuidad.

Quintana Roo está en la lista de los estados donde Morena enfrenta más un conflicto interno, que una disputa con otra formación político-electoral. El factor Lezama será determinante. Los números empiezan a contar su propia historia la entidad cerró 2025 con una afluencia de 20.2 millones visitantes, una caída del 3.6% respecto a 2024, con descensos en prácticamente todos los destinos del estado; la tendencia se ha acentuado en 2026, cuando el Caribe mexicano enfrenta una reducción de más del 22% en asientos disponibles y 21% en operaciones aéreas desde Estados Unidos para el verano, equivalente a 561,000 asientos menos y casi 3,000 vuelos cancelados respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el Travel Sentiment Index del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún.

Todo en una coyuntura de Mundial de Futbol y a dos meses de haber sido cancelado en Mahahual, Perfect Day, uno de los proyectos insignia de inversión en el estado que estaría a cargo de la naviera Royal Caribbean. Aunado a esto, aunque las cifras oficiales de seguridad señalan avances, la percepción de inseguridad persiste en Quintana Roo alcanzando 80.3%, de acuerdo con datos integrados en el diagnóstico del Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana del estado y mediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi. Es así como el mayor reto para Mara Lezama ya no parece ser la sucesión, sino el contexto en el que ésta ocurrirá.

La lista de pendientes no es menor. Ahí están el litigio alrededor del desarrollo de Mahahual, las controversias por Isla Blanca, el caso del delfinario del Barceló, la incertidumbre que sigue rodeando el futuro de Aguakan, el más reciente, la fractura dentro de Coparmex en el sur de Quintana Roo por el destino de 306 millones de pesos recaudados a través del fideicomiso financiado con un cobro de cinco dólares a los cruceristas. El conflicto se hizo público tras la renuncia de Gerardo Pérez Zafra como representante de Coparmex Costa Maya y su salida de la organización, al considerar que los recursos generados por la actividad de cruceros deben beneficiar prioritariamente a Mahahual y Cozumel para agua potable, tratamiento de aguas residuales e imagen urbana, y no desviarse hacia otras localidades.

Los empresarios de Costa Maya cuestionan la falta de transparencia, estudios técnicos, calendarios y reglas claras, además de señalar que Mahahual arrastra un rezago histórico en infraestructura pese a ser uno de los principales puertos de cruceros del país. Estos son solamente algunos de los conflictos que han colocado a Quintana Roo como ejemplo de la tensión entre desarrollo, inversión y actuación gubernamental. Cada caso tiene su propia historia y deberá resolverse en las instancias correspondientes; sin embargo, en conjunto proyectan una narrativa que preocupa al sector empresarial: la percepción de que invertir en el estado implica enfrentar un entorno de creciente incertidumbre jurídica.

Ese es el verdadero desafío para la recta final del gobierno de Mara Lezama. Porque mientras los aspirantes ya empiezan a construir propuestas, la administración todavía tiene que cerrar expedientes. Si la inseguridad continúa afectando la imagen del estado, si el turismo internacional mantiene signos de desaceleración y si los grandes proyectos siguen envueltos en litigios y controversias, la elección de 2027 dejará de girar alrededor de quién ofrece el mejor futuro para convertirse en un referéndum sobre el desempeño del gobierno saliente.

Por mayoría de votos, el TEPJF confirmó una multa de 565,700 pesos impuesta por el INE en contra de la organización encabezada por Eduardo Zamarripa Cortés y el empresario Jorge Garza Talavera, de ideales conservadores, y al que se le negó el registro para convertirse en partido nacional.

Se determinó que fue acreditado el origen indebido de los recursos mediante una valoración integral de las pruebas, entre ellas, la coincidencia de cantidades y temporalidad entre los depósitos. El TEPJF reiteró que las organizaciones en proceso de registro tienen prohibido recibir aportaciones de entes impedidos, siendo su responsabilidad demostrar el origen lícito de los fondos.

Según las investigaciones del INE, México Tiene Vida no rechazó la aportación de 779,000 pesos proveniente de la empresa mercantil “Constructora Alcaba, S.A. de C.V.” que supuestamente fue entregado a través de una simpatizante.

“La autoridad electoral acreditó que los recursos que una simpatizante aportó a la organización provenían de una empresa de carácter mercantil, conducta expresamente prohibida por la normatividad electoral”, señaló el TEPJF.

Según cifras del INE, la agrupación “México tiene Vida” es la que presentó más inconsistencias en sus gastos, ya que reportó ingresos por 17.5 millones de pesos, pero de esta cifra 3.7 millones (23.8%) presentan irregularidades, lo que le generó una multa de 2.5 millones de pesos.

Asimismo, "México Tiene Vida" fue la que cometió más faltas en el proceso para constituirse como partido, pues entre los casos más graves se encuentra un acto de soborno a un funcionario del INE durante la celebración de una asamblea que fue cancelada por falta de quórum.

Fue así que se planteó una multa de 70,386 pesos a la organización, aunado a que se instruyó a la Dirección Jurídica del instituto para presentar la denuncia correspondiente ante la FGR debido a la gravedad del asunto.

Además de que esta organización también presentó más de 5,000 credenciales de elector alteradas, simuladas o fotocopiadas para su proceso de afiliación.

La organización civil indicó que la pobreza en los pueblos indígenas y en las zonas rurales constituye una deuda histórica, por lo que propuso fortalecer este modelo productivo basado en organizaciones campesinas e indígenas que combinan el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente.

Según se detalló, las empresas comunitarias producen bienes como café, miel, bebidas de fruta natural y textiles, entre otros, mediante esquemas de participación colectiva en los que las personas trabajadoras, productoras y consumidoras se organizan para comercializar productos de alto valor agregado.

Además, se destacó que este modelo genera un “triple impacto”: económico, social y ambiental, al crear empleos, fortalecer las economías locales y promover el manejo sustentable de los recursos naturales.

También, se dio a conocer que en el país existen alrededor de 5,000 empresas comunitarias, mientras que el conjunto del sector social de la economía genera cerca de 2 millones de empleos remunerados y aporta aproximadamente 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB), con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Como parte de una estrategia para visibilizar este tipo de iniciativas, el Grupo Promotor de la Economía Social y la Universidad Iberoamericana lanzaron la segunda temporada del podcast ECOSS. "Platicando de Empresas Comunitarias".

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sostuvo que dar mayor visibilidad a las empresas comunitarias permitirá impulsar políticas públicas de fomento y construir alianzas con el sector privado, organizaciones civiles e instituciones académicas para ampliar su impacto en las con mayores niveles de marginación.

La más reciente entrega de esta telenovela titulada “La soberanía tiene cara de mujer”, tuvo como protagonista a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Un audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón la muestra, presuntamente, conversando con agentes del FBI. Lo inquietante no es el tono cordial, porque la buena educación nunca ha sido delito. Lo alarmante es el contenido. Según la grabación, la gobernadora afirma: "Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda decir, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad."

No hace falta ser abogado constitucionalista para advertir que la frase provoca más escalofríos que un aire acondicionado en Mexicali. Las mesas de seguridad no son tertulias de café donde cada quien cuenta el chisme de la semana. Ahí circula información estratégica del Estado mexicano. Ofrecer compartirla con agentes de otro país no parece precisamente un curso intensivo de civismo; aunque siempre existe la esperanza de que la indignación expire con el arribo del siguiente escándalo.

Pero lo extraño no es el audio. Es el termómetro moral de nuestra clase política. Resulta que la fiebre cambia según quién sostenga el termómetro.

Hace apenas unos meses, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, fue objeto de una intensa lluvia de críticas después de que un agente de la CIA muriera en un accidente automovilístico tras participar, presuntamente, en un operativo relacionado con el desmantelamiento de un narcolaboratorio dentro de territorio mexicano. La sola posibilidad de que agentes extranjeros actuaran en el país desató discursos inflamados sobre la defensa de la soberanía nacional.

Y tenían razón. La presencia de agentes extranjeros realizando tareas reservadas al Estado mexicano es un asunto gravísimo. No admite frivolidades. Ahora el reflector apunta hacia una gobernadora de Morena. Y entonces la indignación parece haber descubierto el modo ahorro de energía. Donde antes había condenas, ahora aparecen explicaciones. Donde antes había acusaciones de traición, hoy florecen llamados a "contextualizar". La soberanía, al parecer, también tiene militancia partidista.

La política mexicana ha logrado una hazaña extraordinaria: convertir los principios en artículos desechables. Son de un solo uso. Si perjudican al adversario, se exhiben con orgullo. Si alcanzan a los propios, se guardan discretamente en el cajón de los "casos complejos".

Mientras tanto, Estados Unidos sigue haciendo lo suyo. Cada cierto tiempo algún funcionario, senador o candidato revive la idea de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles. Cambian los discursos, cambian los gobiernos, pero la tentación intervencionista permanece tan apetecible como el primer día.

Por eso el asunto rebasa a Marina del Pilar. No se trata únicamente de una conversación comprometedora. Se trata del mensaje político que envía cualquier funcionario mexicano cuando ofrece información sensible a un gobierno que, de manera periódica, insinúa cruzar la frontera con soldados en lugar de turistas.

La cooperación internacional es necesaria. Compartir inteligencia, coordinar investigaciones y perseguir delincuentes es indispensable. Pero existe una diferencia enorme entre la cooperación institucional, regulada por tratados y supervisada por las autoridades competentes, y la impresión de que cada funcionario decide por cuenta propia qué información entrega, a quién y bajo qué condiciones.

Porque entonces dejamos de tener instituciones y empezamos a administrar franquicias personales de la política exterior. El problema es que en México la congruencia suele durar menos que un exdirector de Pemex —golpeador de su mujer— en la cárcel. Si el protagonista pertenece al partido correcto, siempre aparecerá alguien dispuesto a descubrir que la Constitución, en realidad, era una metáfora.

Total, en este país la frontera más fácil de cruzar no es la del norte: es la que separa los principios de las conveniencias.

El análisis presentado por la industria estadounidense muestra una marcada disminución de 2017 a 2024 en la proporción de piezas de origen estadounidense contenidas en vehículos fabricados en México y Canadá e importados a Estados Unidos.

El propio análisis de la USTR también muestra una disminución en el contenido de valor agregado estadounidense incorporado en las importaciones de equipos de transporte de México y Canadá, con el contenido chino desplazando parcialmente la proporción estadounidense.

Específicamente, Estados Unidos representó 23.1% del contenido de valor agregado incorporado en las importaciones de equipos de transporte de México en 2017. Para 2024 (últimos datos disponibles) esa proporción disminuyó a 18.3 por ciento.

Durante el mismo período, la participación del contenido de valor agregado de China aumentó de 4.5% a 7.1%, y la participación del contenido de valor agregado mexicano también aumentó de 50.9% a 57.2 por ciento.

Para las importaciones de equipos de transporte de Canadá, la participación de Estados Unidos en el contenido de valor agregado disminuyó de 26.3% en 2017 a 23.9% en 2024.

Al mismo tiempo, la participación del contenido de valor agregado originario de China aumentó de 3.3% a 4.2%, mientras que la participación del contenido de valor agregado de Canadá subió de 49.5% a 52.7 por ciento.

Bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los productos automotrices que cumplían con las normas de origen eran elegibles para el comercio libre de aranceles.

Durante las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, sucesor del TLCAN), la primera administración del presidente Donald Trump buscó fortalecer las normas de origen para la industria automotriz e incentivar la fabricación de automóviles en Estados Unidos.

El T-MEC elevó los requisitos de contenido de valor regional y añadió otros requisitos. Cuando el T-MEC entró en vigor, a algunos fabricantes de automóviles se les otorgó un período de transición de hasta cinco años para realizar ajustes en sus cadenas de suministro.

Comité en funciones

Al mismo tiempo, la Sección 202A(b) de la Ley de Implementación del T-MEC requirió la creación de un Comité Interinstitucional de Automóviles, establecido mediante la Orden Ejecutiva 13908 del 28 de febrero de 2020.

Presidido por la USTR, el Comité brinda asesoramiento, según corresponda, sobre la implementación, el cumplimiento y la modificación de las disposiciones del T-MEC relacionadas con los bienes automotrices, incluyendo las reglas de origen y los Regímenes Alternativos de Transición (RAT).

El Comité revisa también el funcionamiento del T-MEC con respecto a los bienes automotrices. Además de la USTR, el Comité cuenta con representación de los Departamentos de Comercio, Energía, Trabajo, Estado, Transporte y Tesoro, así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC).

Tras su creación a principios de marzo de 2020, el Comité celebró reuniones periódicas para preparar información relevante para revisar el funcionamiento del T-MEC en lo que respecta a los automóviles y la implementación de las reglas de origen del T-MEC para el sector automotriz, incluyendo las directrices de la CBP para los comerciantes y el Reglamento Uniforme sobre la Interpretación, Aplicación y Administración del Capítulo 4 (Reglas de Origen).

El Comité se reunió periódicamente para revisar la información de los Informes de Importación Anual (ASR) por empresa y para asesorar a la USTR sobre las solicitudes de los productores para modificar sus ASR.

El Comité revisó además los informes anuales de progreso presentados por los productores con un ASR aprobado. Además, el Comité revisó e incorporó los comentarios públicos presentados en respuesta al aviso del Registro Federal para informes del sector automotriz.

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Más allá del incremento en el número de suscriptores, la expansión de esta modalidad refleja un cambio en la forma en que los consumidores valoran los servicios móviles y en los criterios que utilizan para elegir un operador.

Pospago: crecimiento con mayor valor. El dinamismo del pospago responde a una estrategia comercial que ha evolucionado durante los últimos años.

Los operadores han fortalecido sus ofertas mediante mayores capacidades de datos, beneficios en plataformas digitales, facilidades para adquirir equipos y la eliminación de los plazos obligatorios, elementos que han ampliado el atractivo de esta modalidad.

Estas condiciones han permitido que el pospago deje de percibirse como una alternativa exclusiva para determinados segmentos de ingreso.

Hoy representa una opción accesible para un número creciente de consumidores que buscan una experiencia de conectividad más completa y con mejores condiciones de contratación.

Controlar el gasto cambia las prioridades. El principal cambio del mercado no proviene de las redes ni de la tecnología, sino del comportamiento del consumidor.

Actualmente, 56.7% de los usuarios señala que la principal razón para contratar un plan de pospago es la posibilidad de controlar mejor lo que gasta, porcentaje que supera ampliamente a quienes consideran que esta modalidad simplemente resulta más económica.

Este resultado refleja un cambio en las prioridades de contratación. El consumidor busca administrar con mayor precisión su presupuesto mensual y reducir la incertidumbre sobre el costo de los servicios móviles, una tendencia que responde a un entorno económico donde la planeación del gasto adquiere cada vez mayor relevancia.

El precio ya no lo explica todo. Aunque el precio continúa siendo un factor importante, dejó de ocupar el primer lugar dentro de los criterios de elección.

De hecho, "es más barato o paga menos" aparece como la segunda razón de contratación, con 36.4%, mientras que atributos tradicionalmente asociados al pospago, como mejores servicios, planes ilimitados o el financiamiento de equipos, muestran una influencia considerablemente menor con preferencias menores al 25 por ciento.

Ello evidencia que la competencia comienza a desplazarse desde la incorporación de beneficios adicionales hacia propuestas comerciales que generen mayor confianza.

Para el usuario, el valor de un plan ya no depende únicamente de la cantidad de gigabytes incluidos, sino de la capacidad para mantener un gasto estable y predecible.

Competir por certeza. Conforme el mercado madura, la diferenciación entre operadores también cambia de naturaleza.

Durante años, la competencia se concentró en incrementar capacidades de navegación, ofrecer más servicios incluidos o subsidiar dispositivos. Hoy esos elementos permanecen como parte de la oferta, pero ya no garantizan por sí mismos la preferencia del consumidor.

La evolución reciente demuestra que la certidumbre financiera comienza a convertirse en un activo competitivo.

Los usuarios privilegian planes que faciliten la administración del gasto, reduzcan cargos inesperados y permitan conocer con claridad cuánto pagarán cada mes por su servicio móvil.

El siguiente reto del mercado. Las proyecciones apuntan a que el segmento de pospago superará los 29 millones de líneas al cierre de 2026 y continuará incrementando gradualmente su participación dentro del mercado móvil mexicano.

Este crecimiento confirma que la modalidad mantiene un amplio potencial de expansión conforme las ofertas comerciales continúan adaptándose a las nuevas preferencias del consumidor.

En un mercado donde controlar el gasto comienza a pesar más que pagar menos, la competencia dejará de definirse únicamente por los beneficios incluidos en cada plan para concentrarse en ofrecer una experiencia de consumo más transparente, flexible y controlada.

El objetivo es fomentar la industria 4.0.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encabezada por Norma Solano Rodríguez, inició y concluyó el proceso de consulta pública de las bases de la primera licitación de espectro en el país específicamente para redes industriales o “redes inteligentes”.

Será no sólo la primera licitación de redes industriales, sino la primera licitación que realiza la CRT.

Son básicamente redes privadas que serán entregadas a través de concesiones comerciales a nuevos operadores.

No se asignarán a los operadores de telefonía tradicionales sino a empresas comerciales, parques industriales o empresas que integran soluciones tecnológicas.

De hecho no se permitirá la participación de los operadores dominantes como Telcel y AT&T.

Nuevo vecindario digital

Está por constituirse un nuevo ecosistema de proveedores de espectro para redes industriales o redes inteligentes.

Serán redes a la medida para que las empresas y las industrias puedan automatizar sus procesos y optimizarlos.

El propósito, evidente, es automatizar la industria, e impulsar la competitividad del sector industrial.

La manufactura industrial de México, en términos generales –con sus grandes y enormes excepciones– requiere urgentemente avanzar en su transformación digital, de ella depende su competitividad.

Muchos sectores industriales requieren de redes robustas de infraestructura de telecomunicaciones.

Marisol Nava, Directora General de Licitaciones de Espectro de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explica que la necesidad que detectaron el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la actual CRT es la de contar con redes privadas y confiables, que incluso puedan ser utilizadas en misión crítica.

¿Qué significa esto? Significa que estas redes permiten a las empresas tener control total sobre el espectro en sus instalaciones, garantizando el rendimiento necesario para operaciones de misión crítica.

Las redes que actualmente están disponibles por parte de los operadores, no necesariamente están enfocadas en ese tipo de nichos.

Espectro, asequible

La CRT tiene claro que tiene que ser muy consciente de la importancia del tipo de esquema usará para la licitación.

Y será especialmente cuidadoso en el costo del espectro radioeléctrico al que se ofrecerá en la licitación.

Pondrá especial atención en la determinación de los valores mínimos de referencia y se basará en algunas referencias internacionales.

Se trata de espectro dirigido a un segmento muy específico de usuarios industriales y no es un modelo general.

No será para servicios móviles públicos masivos.

La oferta

El espectro que está por ser licitado es: de la Banda principal: 2.3 GHz.

Se ofertará una cantidad de hasta 240 bloques de 10 MHz cada uno.

Está distribuído en 60 regiones o polos industriales del país, no será cobertura nacional.

Se licitará hasta 40 MHz por polígono en la propuesta inicial.

La vigencia propuesta de las concesiones es de 10 años, prorrogables. La industria ha pedido extenderla a 20 años y bloques más grandes (hasta 60-80 MHz por región) para mejor viabilidad económica.

Objetivo

El objetivo es la automatización y optimización de procesos productivos críticos en manufactura, minería, logística, puertos, agroindustria, entre otros.

Soporte para IoT industrial, analítica en tiempo real, video de alta resolución, robótica y aplicaciones de baja latencia y alta confiabilidad.

Reducir costos para PyMEs con soluciones inalámbricas dedicadas y seguras (redes privadas).

Atraer inversión, aumentar productividad y competitividad industrial, y habilitar infraestructura digital avanzada en polos productivos, incluyendo algunos de “Bienestar”.

Interesados

¿Quiénes son los interesados?

La CRT reportó la participación de más de 170 actores del sector en sesiones de diálogo y presentación previas y mesas relacionadas con esta licitación.

Esto incluye empresas, especialistas, academia e industria en general.

Del 3 al 7 de agosto próximo es el plazo para que los interesados en participar, levante la mano.

Parece una licitación muy apropiada para el momento que vive el país, de inminente reindustrialización y su tránsito hacia la digitalización.

La apuesta de la CRT es por crear un nuevo ecosistema de concesionarios de telecomunicaciones. La gran pregunta es si los nuevos en el vecindario, tendrán el capital y la estrategia necesaria para enfrentar el reto.

Todo apunta a que se registrará una curva de aprendizaje en la que los nuevos entrantes podrían perecer al cruzar por el azaroso camino del nuevo negocio de las telecomunicaciones y las redes inteligentes.

Pero de que es necesario avanzar por ese camino, no hay duda. Ojalá que el esquema sea el óptimo para satisfacer la demanda inicial. Veremos.

Él construyó un imperio y muchos de quienes se fueron a España o a otras regiones regresaron con menos de lo que tenían.

Este miércoles desayuné con un mexicoamericano que me recuerda a Jenkins, en el mejor de los sentidos.

Es un empresario que llegó de California y que ve oportunidades ante lo que parece ser el miedo de mucha gente a invertir, o que vende sus cosas para irse, por ejemplo, a España.

No entiende de dónde nace el temor. No está justificado, insiste. Esa es también mi tesis.

Si las versiones alarmistas se hubieran cristalizado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría cerrado la frontera en enero de 2025 y el T-MEC ya no existiría.

Pero el mundo es mucho más pragmático que dramático y ustedes conocen los hechos. El dólar sigue muy por debajo de los 18 pesos.

Es cierto que Morena lanza señales contradictorias a inversionistas, por decir lo menos, pero hay oportunidades para quien quiera verlas. Permitan un ejemplo.

Seeking Alpha, un relevante sitio de análisis financiero, eligió esta semana 10 acciones para la segunda mitad del año.

En la lista aparecen Amazon, Credo, Lumentum, SanDisk, Vicor, TTM Technologies, Sterling Infrastructure, Sezzle, Dave y PACS Group.

No todas dependen de la inteligencia artificial, pero las cinco primeras comparten la parte más poderosa de la historia: venden infraestructura que se vuelve necesaria antes de que un nuevo modelo de IA pueda escribir una sola palabra.

Credo conecta servidores a gran velocidad. Sus ingresos trimestrales crecieron 157 por ciento anual. Lumentum fabrica componentes ópticos y casi duplicó sus ventas en su trimestre más reciente. SanDisk reportó ingresos por 5 mil 950 millones de dólares, impulsados por el almacenamiento para centros de datos.

Vicor resuelve algo menos glamoroso, pero urgente: entregar electricidad a procesadores que consumen cada vez más energía.

¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Varias de estas firmas ya tocan territorio nacional.

Lumentum factura envíos a México mediante maquila electrónica avanzada, y componentes de Vicor cruzan las aduanas industriales todos los días.

La lección para el empresariado local es nítida: no necesitamos inventar al próximo competidor de los fabricantes asiáticos de semiconductores. El negocio real para los mexicanos está en resolver los problemas “aburridos”, pero indispensables, que estas 10 corporaciones generan en Norteamérica.

Empresas locales bien posicionadas ilustran esta veta. Hay vendedores de transformadores eléctricos críticos que ayudan a aliviar la escasez en las redes norteamericanas.

Por el lado de la infraestructura digital, KIO Data Centers capitaliza la urgencia por contar con soberanía de datos y almacenamiento de baja latencia, mediante inversiones masivas en nuevas instalaciones regionales.

Y allí donde estas empresas crecen se necesitan nuevas casas, nuevos sistemas de drenaje y tratamiento de aguas, restaurantes, talleres mecánicos…

Tal vez hoy su ciudad muestre estancamiento, pero El Marqués, Querétaro, no se da abasto ante la llegada de gente.

La oportunidad existe. ¿Podrán los emprendedores mexicanos convertirse en proveedores con tecnología y márgenes propios? ¿Podrán atender a quienes ya operan en esa liga?

“Nunca es el mejor momento para abrir un negocio”, palabras más, palabras menos, repetía Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo, a quienes querían escucharlo.

“Yo no soy de Harvard, sino de ‘hard work’”, advertía Isaac Saba Raffoul, fundador de aquel gigante, Grupo Saba, que surtía de medicamentos al país.

Percibo más miedo que interés por seguir oportunidades. Ojalá nos sacudamos esa sensación.

“¿Qué te pasa? México es el mejor país del mundo para invertir”, me dijo Antonio del Valle Ruiz, fundador de Bital y del Banco Ve por Más, cuando le pregunté si pensaba sacar inversiones de México durante la crisis de 2009.

La Resolución es bastante polémica. ¿Se justifica que el consumidor pague un precio más alto en el supermercado para que sobreviva otro canal de distribución? Yakult argumentaba que el cambaceo permitía al consumidor adquirir el producto en su domicilio, más fresco y sin que la empresa incurriera en una pérdida financiera, dado que los supermercados suelen pagar 30 o 45 días después. Por su parte, Casa Ley sostenía que el costo de surtir lotes pequeños a compradores fragmentados debía ser mayor que el de vender grandes volúmenes a compradores concentrados. El análisis público de la Cofeco, que aún puede consultarse, fue relativamente sencillo y cualitativo, y terminó por darle la razón a Yakult. Más allá de si se comparte o no esa conclusión, el caso resulta relevante porque constituye uno de los pocos ejemplos públicos en los que la autoridad realmente ponderó las eficiencias de una conducta.

Aunque este tipo de análisis casi nunca se realiza en los casos de competencia, la evaluación de eficiencias es un elemento fundamental al analizar una estrategia comercial que pudiera constituir una práctica monopólica relativa. Muchas de las conductas investigadas persiguen objetivos comerciales legítimos y podrían generar beneficios para los consumidores que superen el posible daño derivado de la exclusión de un competidor.

Un ejemplo claro es el de los precios por debajo de costos. Si bien es posible que una estrategia de esta naturaleza dificulte que algunos competidores igualen ofertas e incluso los obligue a salir del mercado, también puede obedecer a objetivos eficientes, como acelerar la introducción de un nuevo producto mediante descuentos. En consecuencia, la autoridad debe analizar si las eficiencias derivadas de esa estrategia superan el posible daño a la competencia.

Sin embargo, este ejercicio se realiza muy pocas veces. Cuando se hace, suele ser de forma superficial. Las empresas normalmente se limitan a afirmar que su estrategia genera eficiencias, pero aportan pocos datos o presentan argumentos demasiado generales. En el extremo opuesto, cuando sí realizan un esfuerzo importante por acreditarlas, la autoridad suele exigir un estándar prácticamente inalcanzable: información que cuantifique con gran detalle fenómenos que difícilmente se registran en un libro contable y que, además, resultan muy complicados de aislar en una realidad multifactorial.

Parece necesario, entonces, un acercamiento entre ambas posturas. Las empresas deben hacer un mayor esfuerzo por aportar documentos internos elaborados en el curso ordinario de sus negocios, información verificable e incluso pruebas periciales que respalden sus argumentos. Al mismo tiempo, la autoridad debe reconocer que exigir un nivel de demostración que, en la práctica, solo puede alcanzarse en estudios académicos elaborados años después de concluido un caso, termina por vaciar de contenido la defensa por eficiencias.

Es importante considerar que, salvo los hard-core cartels, muchas de las estrategias comerciales que inicialmente parecen restrictivas responden a objetivos comerciales legítimos y pueden generar eficiencias. Incluso una negativa de suministro o un boicot pueden, en determinadas circunstancias, tener una justificación procompetitiva. Por ello, resulta indispensable que la autoridad analice con mayor frecuencia las eficiencias en los casos de prácticas monopólicas relativas y adopte un estándar probatorio que sea exigente, pero alcanzable. De lo contrario, se corre el riesgo de sancionar estrategias comerciales que, lejos de perjudicar la competencia, generarían un mayor bienestar para los consumidores.

Al menos cuatro ministros del Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron criticaron al expresidente español Mariano Rajoy por lo que escribió en un periódico digital. El político del PP aplaudió la calidad de la selección francesa, pero escribió que jugó “sin franceses”.

El ministro del Interior francés Laurent Núñez, al ser preguntado en la televisión BFMTV, valoró que era “absolutamente inaceptable” lo escrito por Rajoy.

El martes, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, llamó “piratas usurpadores” a los ingleses, previo al partido por semifinales que ayer enfrentó a la Albiceleste con la selección de Inglaterra.

“Mañana (por este miércoles) jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, añadió Villarruel. Su padre fue un militar veterano de la Guerra de Malvinas, que libraron en 1982 el régimen dictatorial de Argentina y el de Inglaterra por la soberanía de las islas, que sigue bajo disputa entre ambos países por vías diplomáticas.

La guerra, que duró 74 días, se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

“¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, cerró Villarruel.

Tras su triunfo 2-1 ante Inglaterra, ayer, los jugadores de Argentina festejaron sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas".

Giovani Lo Celso tomó una pancarta que rezaba “Las Malvinas son argentinas” y, junto al defensa Lisandro Martínez, celebró con ella al lado del resto de sus compañeros.

“Las Malvinas serán siempre argentinas”, dijo después el mediocampista Leandro Paredes en declaraciones al canal Telefe al ser preguntado por la celebración.

Los hechos ocurrieron pese a que en la antesala del partido, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pidió no mezclar la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra con aquel conflicto armado.

Irán, la otra guerra

La selección de futbol iraní participó en el Mundial, pero bajo las peores condiciones de todas las participantes debido a que se encuentra en guerra contra Estados Unidos. Resultó inexplicable que la FIFA no hubiera realizado un enroque de grupos para sortear la visita de Irán a los Estados Unidos.

Entre los obstáculos que enfrentó fue el logístico. Los jugadores se hospedaron en un hotel de Tijuana durante los dos primeros partidos debido a las limitaciones de las visas que recibieron del gobierno estadounidense. Los dos primero partidos los jugaron en Los Ángeles y posteriormente en Seattle.

Pese a que el embajador de Irán en México Abolfazl Pasandideh, solicitó a la FIFA un trato digno, su presidente, Gianni Infantino declaró antes de iniciar el Mundial que su alcance de gestión no traspasa el poder político. Sin embargo, su relación de subordinado del presidente Donald Trump, provocó ciertos cuestionamientos.

Otro de los casos polémicos fue la senadora paraguaya Celeste Amarilla en contra del futbolista francés Kylian Mbappé. Entre varios descalificativos lo llamó “bruto”, “rico nuevo” y, además le dijo “camerunés colonizado” que finge ser francés, pese a que Mbappé nació en París, creció en Francia y siempre defendió los colores de su país.

Durante el encuentro oficial en Palacio Nacional, los mandatarios destacaron la complementariedad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y del Canal de Panamá, como plataformas estratégicas para fortalecer la conectividad logística, el comercio internacional y las cadenas globales de suministro.

Ante ello, la presidenta Sheinbaum expresó el respaldo de México al protocolo de neutralidad permanente del Canal de Panamá.

“Compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo solo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones”, declaró en un mensaje a medios.

Mulino agradeció el apoyo a la soberanía de Panamá y al Canal como “herramienta neutral del comercio mundial”, y aprovechó para instar a otros países de la región a sumarse al protocolo.

Impulso

En el plano económico, coincidieron en impulsar un mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá, a 11 años de su entrada en vigor, para incrementar el intercambio comercial, promover las inversiones y potenciar las complementariedades entre ambas economías.

Mientras que en el ámbito regional, coincidieron en la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como espacio de diálogo, concertación y orientado a la cooperación, el desarrollo económico-social y la integración.

Un colombiano de 26 años murió el lunes por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine, y la semana pasada otro incidente acabó con la vida de un mexicano que vivía desde hacía años en Houston, Texas.

"NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de I.C.E.: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

"A la Izquierda Radical 'Dumócrata' le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia" añadió, utilizando una expresión despectiva en inglés para referirse a los demócratas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, anunció el martes que suspendía esos retenes en carreteras y calles, ante la conmoción suscitada por esas dos muertes.

México, que afirma que han muerto 17 de sus nacionales a causa de las operaciones de ICE desde que Trump volvió al poder en 2025, anunció la semana pasada denuncias penales en EU contra el gobierno.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.3% entre abril y junio, desacelerándose desde 5.0% registrado en el primer trimestre y ubicándose por debajo del rango objetivo del gobierno chino para todo el año, de 4.5 a 5.0 por ciento.

Las cifras aumentan la presión sobre Pekín para aplicar nuevos estímulos económicos. Sin embargo, muchos analistas consideran que la reunión del Politburó del Partido Comunista prevista para finales de julio difícilmente anunciará medidas de gran alcance, debido a las preocupaciones sobre el aumento de la deuda pública.

Los economistas sostienen que el principal problema no es el ritmo de crecimiento, sino su composición.

Los datos publicados el miércoles mostraron que las ventas minoristas crecieron apenas 1.0% en junio, mientras que la producción industrial avanzó 5.3%, lo que evidencia una fuerte dependencia de la demanda mundial de bienes manufacturados, en momentos en que los socios comerciales de China cuestionan sus desequilibrios económicos y el conflicto entre Irán y Estados Unidos añade incertidumbre sobre la economía global.

Jane Hou, propietaria de un negocio de importación de productos europeos en el este de China, afirmó que sus ingresos se han reducido aproximadamente a la mitad desde principios de año debido a la caída de las ventas. Además, un departamento que renta lleva más de seis meses desocupado, reflejo del exceso de oferta de viviendas y de la prolongada crisis inmobiliaria.

“Aparte del gasto indispensable en alimentos, ahorro en todo lo que puedo”, dijo Hou.

Así, la economía creció 4.7% durante el primer semestre del 2026, dentro de la meta oficial, lo que reduce la urgencia de un programa de estímulos. Morgan Stanley recortó su previsión de crecimiento para todo el 2026 de 4.8 a 4.6 por ciento.

Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management, considera poco probable que el Politburó anuncie un mayor déficit fiscal, dado que las exportaciones continúan mostrando fortaleza.

“El gobierno parece reacio a utilizar más recursos fiscales y aumentar la deuda”, señaló. Existe consenso entre los responsables de la política económica e investigadores de que China necesita fortalecer la demanda interna, aunque no hay acuerdo sobre la mejor forma de hacerlo.

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El índice de precios al productor (IPP) cayó 0.3% con respecto al mes anterior, la primera contracción de este tipo desde agosto del 2025, según informó el Departamento de Trabajo.

En comparación con el año anterior, el IPP subió 5.5% el mes pasado, un aumento menor que el repunte de 6.0% observado en mayo.

Pero los analistas advierten que el alivio podría ser efímero.

El retroceso de junio se produjo a medida que los precios de los bienes se moderaban, registrando su mayor caída desde mediados del 2022. Los precios de la energía, en particular, se desplomaron 6.4 por ciento.

Los precios de la gasolina bajaron, al igual que los del diésel, el combustible para aviones y otros productos.

Los precios del petróleo se han disparado desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero provocaron la represalia de Teherán y sumieron a Oriente Medio en la guerra.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito mundial de energía, lo que disparó los costes.

Desde entonces, los hogares y las empresas de EU han tenido que lidiar con el aumento de los precios de la gasolina y el diésel que necesitaban.

Los precios del petróleo han subido después de que Trump declarara el fin del alto el fuego.

En un discurso preparado para el Exchequer Club de Washington, Cook señaló que, si bien mantiene la expectativa de observar la evolución de los precios durante las próximas semanas, los riesgos se inclinan hacia una inflación más elevada.

“Considero prudente dar un poco más de tiempo para observar cómo evoluciona la inflación. Sin embargo, hacia adelante creo que los riesgos siguen inclinándose claramente hacia una mayor inflación”, señaló.

La funcionaria atribuyó esos riesgos al auge de las inversiones vinculadas con la Inteligencia Artificial, así como a las presiones sobre los precios derivadas de los aranceles y del conflicto en Oriente Medio.

Cook advirtió que respaldaría un endurecimiento de la política monetaria.

“Si no vemos pronto señales de desinflación, estoy preparada para actuar. Estoy comprometida con alcanzar nuestro objetivo de inflación y ese compromiso es inquebrantable”, afirmó.

Cook comparó el panorama actual con el de hace un año, cuando la principal preocupación era el debilitamiento del mercado laboral mientras la inflación descendía. Pero hoy el equilibrio de riesgos ha cambiado.

Ninguna analogía es perfecta. Ni deberíamos buscarla: las ideas más valiosas a menudo provienen tanto de las diferencias entre los precedentes y el caso que se está considerando como de sus similitudes.

En ese sentido, un caso particularmente pertinente es la oferta pública inicial (OPI) de Nippon Telegraph and Telephone (NTT) en febrero de 1987. En términos de impacto financiero, la OPI de NTT eclipsó a la de SpaceX, representando entre el 7% y el 10% de la capitalización bursátil japonesa de entonces (según el cálculo), en comparación con el 2.5% de la capitalización bursátil estadounidense actual de SpaceX. ¡Toma eso, Elon Musk! Incluso si se suman las próximas OPI de OpenAI y Anthropic, el impacto de la oferta de NTT de finales de los años 80 sigue siendo abrumadoramente grande.

Sin embargo, los mercados bursátiles japoneses asimilaron la salida a bolsa de NTT sin mayores problemas. No solo se cumplieron las expectativas iniciales sobre el precio, sino que las acciones de NTT subieron con fuerza a partir de entonces, duplicándose en los dos primeros meses de cotización.

Una de las razones del entusiasmo de los inversores era que NTT era la empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones japonés. Simbolizaba la transformación del país, de potencia manufacturera a sociedad de la información. De hecho, monopolizaba las redes de telecomunicaciones, la transmisión de datos y la conectividad digital. Se la consideraba no solo una fuente de rentas monopólicas, sino una apuesta por la tecnología de la información en general. Incluso si las máquinas de fax y los módems de acceso telefónico caían en desuso, la empresa estaba bien posicionada para capitalizar lo que viniera después.

También existía presión sobre los inversores institucionales para que acumularan acciones de NTT. Del mismo modo que hoy en día los gestores de fondos indexados se ven obligados a comprar acciones de SpaceX cuando la empresa se incorpora a los índices que deben seguir, los bancos y las aseguradoras japonesas se vieron obligados a comprar acciones de NTT o se les consideraría como apostando en contra de la sociedad de la información japonesa. Y, dado el peso de NTT en el Nikkei, eso significaba apostar en contra del mercado bursátil japonés y de la economía japonesa en general. En un entorno donde los gestores eran castigados por pérdidas significativas y solo ligeramente recompensados por las apuestas exitosas, se adoptaron posiciones contrarias asumiendo riesgos personales e institucionales.

Las acciones de NTT también se beneficiaron de un entorno macroeconómico y financiero favorable. El crecimiento económico se había ralentizado desde el período milagroso del tercer cuarto del siglo XX, pero Japón seguía siendo considerado un competidor formidable. Habían pasado menos de diez años desde la publicación del bestseller del sociólogo de Harvard Ezra Vogel, Japón como número uno, un título que aún no se veía con ironía. El índice Nikkei subió un 14% en 1985 y un asombroso 43% en 1986. El Banco de Japón redujo a la mitad su tipo de interés oficial, pasando del 5% a principios de 1984 a tan solo el 2.5% a principios de 1987, lo que llevó a los inversores a buscar alternativas a los bonos del gobierno japonés.

Ahora sabemos que el entusiasmo de los inversores fue desmedido. El Banco de Japón comenzó a subir los tipos de interés en mayo de 1989, en un intento por frenar los excesos financieros. El Nikkei alcanzó su máximo en diciembre, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Cabe destacar, sin embargo, que las acciones de NTT ya habían alcanzado su máximo en abril de 1987. En abril de 1988 habían caído un 25%, y en abril de 1989 habían descendido otro 37%. En la década de 1990, las acciones de NTT rondaron entre un tercio y la mitad de su valor durante la burbuja.

La ironía radicaba en que NTT tuvo un buen desempeño durante este período. En la década de 1990, continuó expandiéndose hacia nuevas formas de telecomunicaciones y servicios de datos. Sin embargo, su modelo de negocio requería más capital del que habían supuesto los inversores, quienes, al imaginar tecnologías digitales abstractas, habían previsto.

Con el tiempo, además, la empresa se enfrentó a una nueva competencia. La telefonía móvil redujo las barreras de entrada al eliminar la necesidad de que las empresas de telecomunicaciones poseyeran toda la infraestructura digital (tanto física como tecnológica). Por lo tanto, un buen desempeño en productividad no se traducía automáticamente en una rentabilidad excepcional. Y las acciones de NTT habían sido valoradas como si su precio fuera perfecto.

Existen varias implicaciones importantes para la actualidad. En primer lugar, un contexto macroeconómico y financiero favorable puede sostener la confianza de los inversores durante un tiempo, pero dicho contexto puede cambiar abruptamente, al igual que la confianza. Esta observación resulta oportuna hoy, dado que la Reserva Federal está a punto de subir los tipos de interés.

En segundo lugar, factores institucionales, como la necesidad de que los gestores de fondos repliquen los índices bursátiles, pueden reforzar el dinamismo del mercado. Sin embargo, este dinamismo funciona en ambos sentidos: puede perpetuar las subidas de las cotizaciones, pero también reforzar las bajadas una vez que estas ya están en marcha.

En tercer lugar, el dominio tecnológico y de mercado no es eterno. A medida que la tecnología sigue evolucionando, quien sea pionero puede enfrentarse a una competencia que reduce los beneficios y la rentabilidad para los inversores de una manera incompatible con las elevadas valoraciones de las acciones.

Repito, ninguna analogía es perfecta. Pero esto no disminuye su valor como señales de advertencia.

El autor

Barry Eichengreen, profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, es autor, entre otros libros, de Money Beyond Borders: Global Currencies From Croesus to Crypto (Princeton University Press, 2026).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2026

www.project-syndicate.org

“Veníamos con una jornada laboral de 48 horas. El primer año, según esa ley, implicó una reducción de 48 a 46 horas; el segundo, de 46 a 44. Y este último año, a partir del 15 de julio, la jornada laboral en Colombia quedará en 42 horas semanales”, afirmó Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

Más costos para las empresas

Aunque el salario no se reduce, la jornada más corta sí tiene efectos directos sobre los costos laborales. Para los empleadores, el valor de la hora ordinaria aumenta. “Sí implica un aumento en los costos, porque las empresas deben mantener el salario de los trabajadores por menos horas trabajadas. Cubrir la carga operativa puede exigir nuevas contrataciones o el pago de horas extras”, advirtió Nicolás Rico Álvarez, socio de Scola Abogados. Si una empresa necesita operar en días festivos, el costo será mayor. Los recargos por trabajo dominical y festivo aumentarán de forma gradual.

Según Rico, el recargo por trabajar un festivo llegará a 90% y, desde julio de 2027, será de 100%, es decir, el día se pagará al doble. Además, si se supera la jornada ordinaria, deberán reconocerse horas extras diurnas o nocturnas.

¿Y las nocturnas?

Según el artículo 11, denominado Trabajo Diurno y Nocturno, que modifica el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada diurna se desarrolla entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., mientras que la nocturna comprende el período entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. En cuanto a las horas extras, la norma establece que el empleador deberá llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador, en el que se especifiquen el nombre, la actividad desarrollada y el número de horas laboradas, precisando si son diurnas o nocturnas. Por su parte, el artículo 14, denominado Límite al Trabajo Suplementario, señala que, en ningún caso, las horas extras, ya sean diurnas o nocturnas, podrán exceder dos horas diarias. “Colombia venía de una de las jornadas laborales más largas del mundo”, señaló Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.

A la reducción de la jornada laboral también se suma un nuevo festivo en el segundo semestre. Con ello, habrá 72 horas menos de trabajo. En la práctica, la jornada efectiva será cercana a 40 horas semanales, al combinar la reducción de la jornada legal con los 19 festivos del calendario. Es decir, durante el primer semestre de 2026 el máximo de horas trabajables era de 44 semanales que, multiplicadas por las 26 semanas previas al ajuste, equivalen a 1,144 horas. Con la nueva jornada de 42 horas semanales, el segundo semestre suma 1,092 horas, para un total anual de 2,236.

Una de las principales novedades del reporte fue el sinceramiento de parte del Ejecutivo del lento inicio de este año para la economía chilena, lo que llevó al gobierno a recortar en tres décimas su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este ejercicio, a 1.8 por ciento.

Eso sí, la cifra se ubica levemente por encima del rango proyectado por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, con un avance de la economía entre 1% y 1.75 por ciento.

Respecto al IFP del primer trimestre, prácticamente todas las variables se redujeron, como el PIB minero -asumiendo incluso una caída este año-, la actividad no minera, y la demanda interna.

Menor inflación

Hacienda también asumió una menor inflación, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio de 3.6% a diciembre de este año, una corrección de una décima versus el IFP previo.

Ahora, al analizar los pronósticos para 2027, el tono cambia, con perspectivas de crecimiento en prácticamente todos los indicadores, de la mano de un factor en específico: la aprobación de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional, que este miércoles se vota en la Sala del Senado y cuyo despacho desde el Congreso se espera para este mes de julio.

Así, Hacienda corrigió al alza en cinco décimas la perspectiva de expansión del Producto para el próximo año, a 2.9 por ciento.

El anuncio del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, previsto para el miércoles, podría afectar a más de 4,000 productos, desde el azúcar hasta el arrabio, exportados desde Brasil al mercado estadounidense, lo que representa unos 15,000 millones de dólares en comercio anual, según un estudio de la Confederación Nacional de la Industria, el principal grupo de presión industrial de Brasil.

"Hubo docenas de reuniones, seis o siete solo en el último mes", afirmó un funcionario brasileño que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto. "Pero quiero lo imposible".

Las exigencias de Estados Unidos incluyen aranceles más bajos en exclusiva para algunas de sus exportaciones, concesiones que la legislación brasileña no permite que el Gobierno otorgue de forma unilateral a un solo país, según indiquen los funcionarios.

Brasil sería el primer país afectado por la nueva estrategia arancelaria de la administración Trump, que se basa en la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.

La guía, obtenida por El Economista, incorpora nuevos escenarios de alertamiento, factores de riesgo e indicadores para identificar operaciones relacionadas con el robo y contrabando de hidrocarburos, así como esquemas de evasión fiscal asociados con la importación y comercialización de combustibles; además, fortalece el monitoreo y facilita la detección de estructuras financieras utilizadas para ocultar y movilizar los recursos derivados de estas actividades.

“Cuando los Sujetos Supervisados detecten (...) elementos que pudieran estar relacionados con actividades ilícitas relacionadas con el robo y contrabando de hidrocarburos y combustibles, así como las operaciones financieras y comerciales utilizadas para facilitar, ocultar o aprovechar los recursos derivados de dichas actividades, deberán realizar el análisis correspondiente, documentar, dictaminar y, en su caso, alertar a la Unidad de Inteligencia Financiera”, se lee en la guía.

La guía fue distribuida después de que las autoridades de Estados Unidos elevaron el robo y contrabando de hidrocarburos, incluido el huachicol fiscal, a una prioridad de seguridad financiera. El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro sancionó a operadores financieros y empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y emitió una nueva alerta al sistema financiero estadounidense para reforzar la detección de estas operaciones.

La nueva alerta retomó las advertencias de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que identifica al robo de combustibles y al contrabando de petróleo crudo como la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos.

El Departamento del Tesoro destacó que, en un periodo de 12 meses, recibió más de 160 reportes de Actividad Sospechosa vinculados con estos esquemas, por más de 7,000 millones de dólares en actividad financiera sospechosa.

En México, la UIF informó ese mismo 30 de junio que, en coordinación con autoridades estadounidenses, fortaleció las acciones contra las redes vinculadas con el robo y contrabando de hidrocarburos.

La guía señala que la Unidad mantiene como prioridad estratégica el combate a las estructuras financieras relacionadas con este delito, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Inteligencia y Petróleos Mexicanos. Gracias a esos trabajos, desde septiembre del 2025 ha bloqueado más de 120 millones de pesos.

Las nuevas señales de alerta

La guía está dirigida exclusivamente a los sujetos supervisados por la CNBV en materia antilavado, un universo cercano a 5,000 entidades, que incluye bancos, casas de bolsa, sofipos, sofomes, uniones de crédito, centros cambiarios, transmisores de dinero, fintech, entre otras.

El documento advierte que “la situación de criminalidad relacionada con el robo y contrabando de hidrocarburos y combustibles ha permeado el sistema social, económico y financiero”, por lo que considera necesario reforzar los escenarios de alertamiento para identificar operaciones relacionadas con estas actividades ilícitas y las estructuras financieras utilizadas para movilizar los recursos obtenidos mediante estos esquemas.

Entre los escenarios que deberán vigilar las entidades financieras se encuentran el robo y extracción ilícita de hidrocarburos, el transporte, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, el uso de empresas fachada, documentación simulada, operaciones de comercio exterior, triangulación financiera y flujos internacionales de recursos, además de esquemas de huachicol fiscal, como la evasión de contribuciones y el uso de documentación aduanera irregular.

La guía identifica como canales de riesgo el uso intensivo de efectivo, la banca digital, las transacciones remotas, los activos virtuales y las stablecoins, que pueden facilitar la dispersión y ocultamiento de recursos provenientes del robo y contrabando de hidrocarburos.

Asimismo, instruye a reforzar el monitoreo sobre empresas de reciente creación, Sociedades por Acciones Simplificadas, estructuras con beneficiarios finales poco claros, compañías sin infraestructura compatible con el volumen de sus operaciones, así como clientes relacionados con transporte, logística, comercialización, importación y exportación de combustibles.

Como parte de los indicadores de alerta, las entidades deberán prestar especial atención a múltiples transferencias nacionales e internacionales, depósitos en efectivo estructurados, dispersión inmediata de recursos, pagos relacionados con combustibles sin documentación suficiente, triangulación financiera y operaciones con activos virtuales sin una justificación económica aparente.

La guía recomienda actualizar las metodologías de evaluación de riesgos, fortalecer el conocimiento del cliente y del beneficiario final, incorporar nuevos parámetros de monitoreo y ampliar el análisis de redes entre empresas, proveedores, transportistas, comercializadoras y otras estructuras corporativas para detectar recursos vinculados con el huachicol y el huachicol fiscal.

Se propone que los oficiales de cumplimiento la sometan a consideración de los Comités de Comunicación y Control y, una vez aprobada, las entidades notifiquen a la autoridad supervisora en un plazo de 15 días naturales.

La guía considera como zonas de mayor exposición los siguientes elementos de riesgo geográfico:

• Ductos, refinerías, terminales de almacenamiento y reparto.

• Cruces fronterizos, puertos marítimos y aduanas.

• Rutas de transporte de hidrocarburos y petrolíferos.

• Zonas con alta concentración de estaciones de servicio y comercializadoras.

• Entidades y municipios con incidencia de robo y contrabando de hidrocarburos, tomas clandestinas o delincuencia organizada.

Fuente: guía UIF-CNBV