El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha decidido reorientar su estrategia iberoamericana mediante el impulso de nuevas alianzas directas, proyectos jurídicos internacionales, formación especializada y espacios de cooperación institucional con actores jurídicos de América Latina y el Caribe. En el marco de esta nueva orientación estratégica, el Colegio ha acordado finalizar su participación en la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados —UIBA—, organización de la que fue impulsor y fundador y cuya trayectoria durante décadas reconoce y agradece sinceramente.

La decisión, adoptada por unanimidad por la Junta de Gobierno, se enmarca en la evolución de la estrategia internacional del Colegio y responde a la voluntad de impulsar una relación más directa, operativa y orientada a resultados con Iberoamérica, una región que el ICAM considera esencial en su identidad institucional y en su proyección global.

El Colegio subraya que esta decisión no supone un alejamiento de Iberoamérica, sino una apuesta renovada por reforzar su presencia, interlocución e impacto en una comunidad jurídica, cultural y profesional con la que Madrid mantiene vínculos históricos. La nueva etapa estará centrada en el desarrollo de alianzas directas, proyectos jurídicos internacionales, formación especializada y nuevos espacios de cooperación con colegios de la abogacía, instituciones jurídicas, universidades, operadores legales y redes profesionales de América Latina y el Caribe.

“Iberoamérica no deja de ser una prioridad para el ICAM; al contrario, se consolida como uno de nuestros grandes ejes estratégicos. Compartimos una comunidad jurídica que exige cooperación real, presencia activa y mecanismos eficaces para afrontar retos comunes”, destacan desde el área Internacional del Colegio.

En este nuevo marco, la agenda iberoamericana del ICAM se orientará a ámbitos prioritarios como la defensa del Estado de Derecho, la protección del secreto profesional, la independencia de la abogacía, la transformación digital, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la movilidad profesional, la formación continua y la defensa del español jurídico en los organismos internacionales.

Una relación con Iberoamérica basada en hechos

El Colegio recuerda que su compromiso con Iberoamérica no se mide por la permanencia en una única estructura, sino por una agenda activa y sostenida de iniciativas durante los últimos años.

Entre ellas figuran la creación e impulso de la Sección Iberoamericana del ICAM, los encuentros institucionales con embajadas y consulados de América Latina y el Caribe, la celebración de la Cumbre Internacional ICAM 2025: Iberoamérica, el impulso de la Declaración de Madrid de la abogacía iberoamericana, así como la firma de convenios y acuerdos de colaboración con colegios y organizaciones profesionales de distintos países de la región.

Asimismo, el ICAM ha reforzado sus vínculos con instituciones jurídicas y académicas de países como Argentina, Cuba, México y República Dominicana, además de participar en espacios de diálogo internacional vinculados a la defensa del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la formación, la innovación y la proyección global de la abogacía.

Estas actuaciones reflejan una línea de trabajo clara: pasar de una presencia meramente formal a una cooperación más directa, útil y conectada con los retos reales de la profesión jurídica en ambos lados del Atlántico.

Iberoamérica, eje estratégico del ICAM

Con esta decisión, el ICAM no se repliega: se proyecta. El Colegio apuesta por reforzar su protagonismo internacional mediante alianzas directas, proyectos concretos y una interlocución más ágil con los principales actores jurídicos iberoamericanos a través de nuevas plataformas de cooperación.

“El ICAM no se aleja de Iberoamérica: abre una nueva etapa para estar más cerca, cooperar mejor y generar mayor impacto en una comunidad jurídica que forma parte esencial de nuestra identidad institucional”, se subraya desde la institución.

El Colegio continuará desplegando en los próximos meses nuevas iniciativas dirigidas a intensificar la cooperación con la abogacía iberoamericana, fortalecer la formación compartida, promover la defensa de los principios esenciales de la profesión y consolidar a Madrid como punto de encuentro jurídico entre Europa e Iberoamérica.

El acceso a la vivienda, la falta de oferta residencial y el creciente desequilibrio entre creación de hogares y construcción de nuevas viviendas centraron este jueves la inauguración del IV Congreso Nacional de Derecho de la Construcción del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), un encuentro que reúne durante dos jornadas a juristas, ingenieros, arquitectos, representantes institucionales y expertos del sector para analizar algunos de los principales retos económicos, regulatorios y tecnológicos vinculados a la construcción y las infraestructuras.

Durante la apertura del congreso, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, advirtió de que España arrastra ya un déficit estructural de vivienda derivado del desfase entre la creación anual de hogares y el ritmo de construcción residencial. “En España se crean al año en torno a 200.000 hogares, pero se construyen aproximadamente 100.000 viviendas”, señaló Ribón, quien alertó de que, de mantenerse esta tendencia, el déficit acumulado podría superar las 800.000 viviendas en 2027.

“El Derecho no coloca ladrillos, pero sí construye —o destruye— certezas: seguridad jurídica, agilidad administrativa, incentivos adecuados y reglas claras para promover un parque de vivienda suficiente y asequible”, afirmó el decano del ICAM, que defendió la necesidad de combinar “ambición y realismo” para aumentar la construcción residencial sin expulsar del sistema “a las clases medias y a los jóvenes”.

Un déficit estructural que amenaza con superar el millón de viviendas

En la misma línea, el presidente de la Sección de Derecho de la Construcción e Ingeniería del ICAM, Francisco García-Ortells, situó la vivienda como “el primer gran problema que tiene la sociedad española”.

El diagnóstico expuesto durante el congreso apunta a una crisis de vivienda marcada por el desequilibrio estructural entre oferta y demanda. Actualmente, España crea en torno a 220.000 hogares al año, mientras que apenas construye unas 100.000 viviendas, lo que genera un déficit anual cercano a las 100.000 unidades residenciales. En términos acumulados, esa brecha podría traducirse en un déficit de unas 800.000 viviendas en 2027 y alcanzar el millón en 2030 si no se acelera el ritmo de construcción.

García-Ortells vinculó además la situación española a una crisis de alcance europeo y recordó que el Parlamento Europeo considera que “el estado de la vivienda en Europa es una crisis estructural generalizada provocada por el gran desajuste que existe entre la oferta y la demanda”.

Según los datos expuestos durante la inauguración, el precio de la vivienda en Europa se ha incrementado más de un 55 % en la última década, mientras que el alquiler ha subido entre un 28 % y un 30 %. Entre los factores que explican esta situación figuran el déficit de construcción, el sobreesfuerzo financiero de los hogares, la emancipación tardía de los jóvenes y la presión del alquiler turístico sobre el mercado residencial tradicional en las grandes ciudades.

En el caso español, la tensión es aún mayor. Durante los últimos 15 años, el precio de la vivienda en compraventa se ha incrementado más de un 70 %, mientras que el alquiler ha crecido entre un 30 % y un 35 %. Además, alrededor del 15 % de las familias españolas destinan más del 70 % de sus ingresos a gastos habitacionales y la edad media de emancipación se sitúa ya en torno a los 30 años.

Otro de los datos destacados durante la apertura del congreso fue la creciente dificultad de acceso a la primera vivienda. Según se expuso durante el encuentro, aproximadamente el 50 % de las hipotecas firmadas en el último año y medio habrían correspondido a inversores, mientras que únicamente un 10 % se habrían destinado a compradores de primera vivienda.

Ante esta situación, el ICAM planteó la necesidad de abordar la vivienda desde una perspectiva jurídica y económica integral, capaz de combinar aumento de oferta, colaboración público-privada, seguridad jurídica, agilidad administrativa y protección de garantías. El congreso dedicará varias mesas redondas a analizar el precio de la vivienda desde dos perspectivas complementarias: los costes de producción y los factores regulatorios, financieros y de mercado que condicionan la oferta residencial.

Seguridad jurídica, colaboración público-privada y nuevas políticas de vivienda

En este contexto, Ribón recordó la reciente aprobación del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el plan anterior, con el objetivo de ampliar el parque residencial asequible y frenar la especulación. También mencionó las medidas impulsadas por la Comunidad de Madrid, entre ellas el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, la consolidación del Plan Vive y la Ley de Medidas Urgentes para impulsar la construcción de 18.000 viviendas protegidas.

Todo ello, señaló el decano del ICAM, plantea importantes interrogantes jurídicos sobre cómo articular fórmulas eficaces de colaboración público-privada, reducir plazos administrativos sin merma de garantías y aportar seguridad jurídica a proyectos residenciales viables y socialmente necesarios.

Ribón alertó asimismo de la situación que atraviesa actualmente la obra civil y el ámbito de las infraestructuras, marcada por la caída de la inversión, las licitaciones desiertas, el incremento de costes y los problemas en las cadenas de suministro. En este contexto, recordó que las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas ascienden a 127.341 millones de euros para la próxima década, según estimaciones de SEOPAN.

Inteligencia artificial, centros de datos e integridad pública

Junto a la vivienda, el encuentro pondrá también el foco en otros desafíos estratégicos para el sector. Entre ellos, el auge de los centros de datos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, un ámbito que movilizará inversiones multimillonarias durante los próximos años y en el que España aspira a consolidarse como uno de los principales polos europeos de atracción de inversión, especialmente en Madrid, Barcelona y Aragón.

Asimismo, el Congreso analizará el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de grandes contratos y proyectos de construcción, incluyendo cuestiones relacionadas con la responsabilidad jurídica, la trazabilidad, la protección de datos, la confidencialidad, los sesgos y la seguridad de la información.

Otro de los ejes centrales será la contratación internacional de construcción, un ámbito cada vez más relevante para las empresas españolas del sector, así como el análisis del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y los mecanismos de prevención de la corrupción en la contratación pública.

“El Congreso no debe ser únicamente un lugar para describir problemas, sino un espacio para construir soluciones”, concluyó el decano del ICAM durante la inauguración del encuentro.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer la jornada “Vientos de cambio en la protección del secreto profesional de los abogados in-house en derecho de la competencia”, una sesión organizada por la Sección de Derecho de la Competencia en la que se analizó la situación actual de la confidencialidad de las comunicaciones de los abogados de empresa en el ámbito del derecho de la competencia.

El encuentro fue inaugurado por el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, y contó con la intervención de la diputada responsable del Área Internacional del Colegio, Teresa Mínguez Díaz, Vicepresidenta de la European Company Lawyers Association (ECLA), Directora Legal, Oficial de Cumplimiento e Integridad de Porsche Ibérica, S.A., así como con la participación de Belén Irissarry Robina, counsel y abogada especialista en derecho de la competencia en Clifford Chance, y Javier Ramírez Iglesias, VP Legal y secretario general asociado de HP Inc. y Head of Advocacy de ACC Europe Association of Corporate Counsel. La sesión fue moderada por Maritza Núñez, copresidenta de la Sección de Competencia del ICAM.

“El secreto profesional pertenece a la defensa”

En su intervención inaugural, Eugenio Ribón subrayó que el debate sobre el secreto profesional de los abogados in-house “no es menor ni meramente corporativo”, sino que afecta directamente a “la independencia profesional, el derecho de defensa, la seguridad jurídica y, en definitiva, el Estado de Derecho”. El Decano defendió que “un abogado in-house es abogado” y recordó que está sometido a deberes deontológicos, exigencias de independencia técnica, deber de confidencialidad y responsabilidad profesional.

“El secreto profesional no es un privilegio del abogado, es una garantía del ciudadano, de la empresa, de la defensa efectiva y del correcto funcionamiento de la justicia”, afirmó Ribón, quien incidió en que “sin confidencialidad no hay confianza, sin confianza no hay asesoramiento jurídico libre y sin asesoramiento jurídico libre la defensa queda debilitada”.

La jornada sirvió también para poner en valor la estrategia que el ICAM viene desplegando en los últimos años en defensa del secreto profesional y, de forma específica, de su reconocimiento para la abogacía de empresa. Ribón recordó que el Colegio ha impulsado “una hoja de ruta clara” a través de seminarios internacionales, encuentros de abogacía de empresa, actuaciones de amparo colegial y propuestas normativas dirigidas a reforzar esta protección.

Asimismo, destacó la dimensión europea de esta labor, con la colaboración del ICAM con ECLA, el posicionamiento de Madrid como punto de encuentro de este debate y el traslado formal a la Comisión Europea de una posición firme en defensa del secreto profesional para los abogados in-house, especialmente en el marco de la revisión de las normas europeas de competencia.

Antes de finalizar, el Decano enfatizó que “el secreto profesional no pertenece al abogado, pertenece a la defensa”, y su protección “no puede depender del lugar desde el que el abogado ejerza, sino de la función que desempeñe y de los deberes profesionales que asume”.

El caso Akzo, a debate

Por su parte, Teresa Mínguez centró su intervención en la doctrina europea derivada del caso Akzo Nobel, que, según explicó, “constituye todavía hoy el principal obstáculo para el reconocimiento pleno del secreto profesional del abogado in-house en el ámbito del derecho de la competencia de la Unión Europea”. A su juicio, dicha doctrina “responde a una concepción histórica hoy ya superada” por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la evolución de los sistemas de compliance, la jurisprudencia reciente del TJUE y la realidad actual del mercado interior europeo.

Mínguez advirtió de que excluir al abogado interno del secreto profesional “es incompatible con el modelo moderno de gobernanza corporativa” y defendió que el abogado in-house es hoy “el primer garante del compliance, gestor de riesgos regulatorios, coordinador de investigaciones internas y principal interlocutor con las autoridades”.

La Diputada del ICAM también puso el foco en el marco español, destacando que la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa refuerza la garantía de confidencialidad de las comunicaciones entre profesional de la abogacía y cliente, regulando mediante Ley Orgánica, el secreto profesional, sin hacer distingos entre abogado externo o interno. En este sentido, señaló que el secreto profesional “pasa a ser una garantía legal y procesal de primer orden” y defendió que España adopta una visión funcional de esta protección, vinculada a la función jurídica y no al formato organizativo desde el que se ejerce. “El secreto profesional debe seguir a la función jurídica y no al vínculo laboral”, afirmó Mínguez, concluyendo que el reconocimiento uniforme del legal professional privilege para los abogados in-house “no es un privilegio corporativo, sino una condición estructural para un mercado interior competitivo, innovador y estratégicamente autónomo”.

Teresa Minguez se refirió, además, a la relación entre el reconocimiento uniforme de legal profesional privilege para abogados inhouse a nivel europeo y la Estrategia de la Competitividad de la UE para 2024-2029, concebida precisamente para reforzar la competitividad europea mediante la innovación, la descarbonización y la autonomía estratégica en un contexto de creciente competencia global.

Señaló que la falta de reconocimiento uniforme del legal professional privilege para abogados in house fragmenta el mercado interior, genera desigualdad competitiva y debilita el level playing field del artículo 26 TFUE. Esta inseguridad jurídica actúa como un “impuesto invisible” sobre la innovación, al desincentivar la gestión temprana de riesgos, encarecer proyectos transfronterizos y distorsionar la toma de decisiones estratégicas y compromete la autonomía estratégica europea al debilitar la función de los departamentos jurídicos internos y reducir la eficacia del compliance y de la buena regulación.

La competitividad europea no puede construirse sobre un mercado interior jurídicamente fragmentado, en el que la protección del asesoramiento legal interno dependa del Estado miembro o de la autoridad actuante. Un reconocimiento uniforme del legal professional privilege para los abogados in house no es un privilegio corporativo, sino una condición estructural para un mercado interior competitivo, innovador y estratégicamente autónomo.

La evolución europea del secreto profesional

Durante la jornada, Javier Ramírez Iglesias, VP Legal y secretario general asociado de HP Inc. y Head of Advocacy de ACC Europe Association of Corporate Counsel, analizó la evolución del reconocimiento del secreto profesional de la abogacía de empresa en los distintos Estados miembros de la Unión Europea.

Según explicó, desde la sentencia Akzo Nobel “ha habido una evolución, una verdadera tendencia” que justificaría que, si hoy llegara un nuevo caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “el tenor de la sentencia debería ser diferente”. En este sentido, señaló que el análisis realizado en 2010 partía de un contexto ya superado y de una fotografía limitada de los ordenamientos nacionales, mientras que hoy puede defenderse la existencia de “una tendencia predominante” a favor del reconocimiento del secreto profesional de los abogados in-house en Europa.

Ramírez Iglesias repasó distintos desarrollos normativos y jurisprudenciales producidos en países como Bélgica, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Alemania, Hungría, España o Francia, y puso el acento en la evolución de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la jurisprudencia del TJUE. También destacó precedentes europeos en los que se admite que profesionales integrados en una organización puedan actuar con independencia funcional, siempre que existan garantías suficientes y ausencia de conflictos de intereses. A su juicio, todos estos elementos refuerzan la necesidad de revisar la doctrina Akzo y de reconocer que el secreto profesional del abogado de empresa forma parte de las garantías propias de una abogacía moderna y plenamente integrada en los sistemas de cumplimiento normativo.

Por su parte, Belén Irissarry Robina, counsel y abogada especialista en derecho de la competencia en Clifford Chance, abordó la noción de independencia del abogado en otras áreas del Derecho europeo, subrayando que el debate no puede analizarse como una cuestión aislada del Derecho de la Competencia. Irissarry explicó que, aunque el caso Akzo configuró una noción de independencia basada en un requisito positivo —la sujeción del abogado a normas legales, profesionales y éticas— y otro negativo —la ausencia de relación laboral con el cliente—, la evolución reciente de la jurisprudencia europea invita a superar aproximaciones excesivamente formalistas.

En este sentido, analizó la interpretación del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la evolución de la jurisprudencia sobre la representación letrada ante los órganos jurisdiccionales europeos. Según expuso, el Tribunal de Justicia ha ido restringiendo las situaciones en las que puede negarse la independencia del abogado, exigiendo que exista un vínculo con un efecto “manifiestamente perjudicial” para dicha independencia. Para Irissarry, esta evolución permite afirmar que “algo está cambiando” y abre la puerta a considerar que determinadas relaciones laborales, cuando están sometidas a normas profesionales, deontológicas y garantías suficientes, no deberían excluir automáticamente la independencia ni la protección del secreto profesional.

Con esta jornada, el ICAM refuerza su compromiso con una defensa sólida, moderna y garantista del secreto profesional, entendido no como una prerrogativa corporativa, sino como una pieza esencial del derecho de defensa, de la seguridad jurídica, del cumplimiento normativo y de la competitividad de las empresas europeas.

• Las misivas reclaman una solución “urgente, completa y garantista” que tenga en cuenta carreras largas desarrolladas bajo el sistema mutualista, carreras mixtas entre mutualidad y Seguridad Social, mutualistas pasivos y prestaciones insuficientes.

• La iniciativa impulsada por el ICAM busca trasladar directamente al debate parlamentario la situación de miles de profesionales que ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista alternativo y que afrontan hoy pensiones insuficientes o situaciones de desprotección social.

En apenas siete días, un total de 1.102 abogados y abogadas mutualistas han remitido cartas a los grupos parlamentarios a través de la campaña “De abogado a diputado”, impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para reclamar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) “justa, real y sin exclusiones” en vísperas de la decisiva votación parlamentaria sobre la futura regulación del sistema.

Las cartas han sido entregadas este martes en el Congreso de los Diputados por el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Juan Manuel Mayllo, responsable de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, como parte de una iniciativa con la que el Colegio busca trasladar directamente a los responsables políticos la situación de miles de abogados y abogadas que ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista alternativo y que hoy afrontan pensiones insuficientes o situaciones de desprotección social.

“Detrás de cada una de estas cartas hay trayectorias completas de dedicación a la abogacía y, en muchos casos, también al servicio público de la Justicia desde el Turno de Oficio”, señala Mayllo. “Estamos hablando de profesionales que confiaron durante años en un sistema legalmente reconocido y que hoy afrontan una enorme incertidumbre sobre su futuro”, añade.

Las misivas remitidas por los mutualistas reclaman una solución “urgente, completa y garantista” y advierten de que la futura regulación solo será una verdadera respuesta si garantiza una pasarela “justa, real y para todos los mutualistas afectados”. Para los participantes en la campaña, “una solución parcial o insuficiente no resolverá el problema”, y auguran que “el éxito de esta ley no se medirá solo por su aprobación, sino por su capacidad de no dejar a nadie atrás”.

Última llamada antes de la votación

La campaña se ha articulado a través de una plataforma habilitada por el ICAM para que los mutualistas pudieran dirigirse directamente a los diputados responsables de la tramitación parlamentaria de la norma. La iniciativa se ha desarrollado en vísperas de la votación sobre la futura pasarela al RETA y ha permitido remitir al Congreso más de un millar de cartas firmadas por abogados y abogadas afectados por el actual sistema mutualista alternativo.

El objetivo, en última instancia, es que los grupos parlamentarios afronten la votación “conociendo de primera mano las consecuencias reales que puede tener la futura regulación sobre miles de profesionales”, afirma Mayllo. “Creemos que era importante que los diputados pudieran leer directamente la voz de los afectados antes de adoptar una decisión que marcará el futuro de muchos mutualistas”, concluye.

Una solución que no deje fuera a los afectados

Por su parte, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, considera que las más de 1.000 cartas remitidas al Congreso evidencian que la situación de los mutualistas alternativos, lejos de ser un problema individual o residual, es una cuestión de alcance estructural dentro de la profesión. “Estamos hablando de abogados y abogadas que desarrollaron durante décadas su carrera profesional dentro del marco legal existente, sosteniendo despachos, prestando servicio público desde el Turno de Oficio y contribuyendo al funcionamiento cotidiano de la Justicia, y que hoy afrontan prestaciones claramente insuficientes tras toda una vida de ejercicio”, afirma.

En línea con las aspiraciones del colectivo afectado, Ribón advierte de que la futura regulación “solo será una verdadera solución si responde a la diversidad real de situaciones existentes dentro del colectivo mutualista” y evita generar “nuevas bolsas de exclusión”. Por tanto, “la pasarela no puede limitarse a ofrecer una respuesta parcial o puramente formal, sino que debe construirse con criterios de suficiencia, equidad y seguridad jurídica, garantizando que ningún mutualista afectado quede atrás”.

En esa línea, el ICAM viene trasladando a los grupos parlamentarios la necesidad de que la solución final atienda a la diversidad real de situaciones existentes dentro del colectivo, incluyendo carreras largas desarrolladas íntegramente bajo el sistema alternativo, carreras mixtas entre mutualidad y Seguridad Social, mutualistas pasivos o profesionales próximos a la jubilación. El Colegio defiende además que la reforma debe apoyarse en las propuestas de consenso planteadas por los propios afectados y evitar exclusiones que puedan dejar fuera a parte del colectivo.

En los últimos años, el ICAM ha venido defendiendo públicamente la necesidad de una solución voluntaria, suficiente y jurídicamente garantista para todos los profesionales afectados. Entre otras iniciativas, el Colegio ha impulsado una propuesta técnica de regulación elaborada por la expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social María Emilia Casas, y ha promovido distintas actuaciones institucionales orientadas a mejorar el alcance de la futura norma antes de su aprobación definitiva.

Apoyo a la movilización del 23 de mayo

Con motivo de la concentración convocada el próximo 23 de mayo en Madrid por distintas plataformas y asociaciones de abogados mutualistas de toda España, el ICAM facilitará de forma excepcional el préstamo de togas a los colegiados y colegiadas que deseen asistir a la movilización.

Las togas podrán retirarse desde el viernes 22 de mayo, a partir de las 13:00 horas, en las salas de togas de los juzgados de Plaza de Castilla, Princesa, Julián Camarillo y Móstoles. La devolución deberá efectuarse antes de las 15:00 horas del lunes 25 de mayo en el mismo punto de recogida, comprometiéndose cada colegiado a realizar un uso adecuado y diligente de la prenda.

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Materiales campaña “De abogado a diputado”

• Los mensajes describen largas carreras profesionales, en muchos casos vinculadas al Turno de Oficio, que desembocan en exiguas pensiones, años de cotización sin reflejo en el sistema público y situaciones de desprotección ante enfermedad o incapacidad.

• La campaña también permite a los mutualistas dirigirse por carta a los grupos parlamentarios para reclamar una solución “urgente, completa y garantista”; mañana martes, representantes del ICAM entregarán en el Congreso las remitidas por los afectados.

Durante décadas ejercieron por cuenta propia en pequeños despachos, compatibilizando la práctica privada de la abogacía con su actividad en el Turno de Oficio al servicio de la ciudadanía más vulnerable, dentro de un modelo alternativo de previsión social que durante años funcionó como vía legal de cobertura para los profesionales de la abogacía frente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Hoy, cuando encaran la recta final de su trayectoria profesional, los testimonios reunidos por el ICAM dibujan una preocupación compartida: pensiones que en algunos casos apenas alcanzan los 500 o 600 euros mensuales, años completos de aportaciones sin reflejo en el sistema público y el temor a que la futura regulación deje fuera a mutualistas con décadas de ejercicio profesional a sus espaldas.

Ese es el retrato que emerge de los más de cien testimonios remitidos a través de “De abogado a diputado. Por una pasarela al RETA justa”, la campaña impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ante la votación parlamentaria programada este miércoles sobre la futura regulación de la pasarela al RETA. Los mensajes enviados por los mutualistas permiten reconstruir además la evolución de un sistema que durante décadas funcionó como alternativa legal al RETA para miles de abogados y cuya integración en el sistema público de protección social sigue hoy sin contar con un mecanismo general de reconocimiento o traslado de cotizaciones.

Una generación marcada por el sistema mutualista

Muchos de los testimonios sitúan el origen del problema en el propio diseño histórico del sistema. “Cuando empecé ejercer la Mutualidad era de carácter obligatorio. Cuando se abrió la posibilidad de poderme dar de alta en autónomos ya llevaba pagando a la Mutualidad muchos años y me dijeron que si me pasaba al RETA perdía todo lo aportado y tenía que empezar desde 0”, explica uno de los abogados participantes.

La misma idea aparece en numerosos relatos de profesionales que comenzaron a ejercer en los años noventa. “Me incorporé a la mutualidad en 1995 cuando era el régimen obligatorio”, señala otra mutualista, que reclama que esas aportaciones sean tenidas en cuenta “conforme a lo realmente pagado”.

“Pago Mutualidad desde 1994. En ese momento era obligatorio”, resume otra de las participantes, que explica cómo durante años asumió simultáneamente los costes del despacho, la colegiación o el transporte mientras ejercía por cuenta propia.

Otros testimonios reflejan trayectorias más complejas, frecuentes entre los mutualistas con carreras mixtas. “Los quince primeros años de ejercicio profesional fueron cotizando en la Mutualidad y, de no modificarse la situación, los quince años abonados a la Mutualidad no servirán para nada”, resume una abogada que posteriormente pasó al sistema público.

Otra participante explica que, pese a llevar trabajando 33 años, “para la Seguridad Social solo tengo 20 años cotizados” porque estuvo adscrita sucesivamente “a un sistema u otro por imposición sin haber tenido capacidad de decisión”.

Décadas de ejercicio y Turno de Oficio

Una parte importante de los testimonios procede además de abogados y abogadas vinculados durante décadas al Turno de Oficio. Muchos describen trayectorias prolongadas en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, combinando guardias y atención a colectivos vulnerables mientras cotizaban exclusivamente a través del sistema mutualista.

“Llevo ejerciendo desde el año 1986 y en marzo de este año hice 40 años de ejercicio profesional. Estoy en el Turno de Oficio desde hace más de 35 años”, explica una de las letradas participantes. “Cuando empecé a ejercer, la Mutualidad era de carácter obligatorio y además de pagar la Mutualidad tenía que pagar un seguro médico privado.

Nunca di mi consentimiento a pasar a lo que ahora llaman Plan Universal, pero de la noche a la mañana pasé de tener una pensión digna a que me informaran de que mi pensión se reducía a 525€ cuando cumpla los 69 años”, afirma.

“Llevo 43 años ejerciendo la Abogacía y en el Turno de Oficio ininterrumpidamente, también estuve en Asistencia al Detenido durante 20 años”, relata otra mutualista. “En este tiempo, he atendido a miles de personas solucionando sus problemas con mayor diligencia, dedicación y entrega de la que he sido capaz, realizando de esta manera una gran labor social”.

En varios de los testimonios aparece también la sensación de haber desarrollado durante décadas una actividad esencial para el funcionamiento del sistema de Justicia sin haber generado una protección equivalente a la del sistema público. “Durante estos 43 años de ejercicio en Turno de Oficio, prestando servicios para el Estado y Comunidad Autónoma, no hemos recibido más que una ‘ridícula compensación económica’”, señala otra de las afectadas.

“No puedo jubilarme”

Los testimonios recogidos por la campaña reflejan igualmente situaciones de abogados y abogadas que aseguran no poder jubilarse o que afrontan prestaciones muy alejadas de sus expectativas tras décadas de ejercicio profesional.

“Después de 41 años de ejercicio de la abogacía, de los que 36 años han sido compartidos como abogado del Turno de Oficio en casi todas las materias, al solicitar la pensión a la Mutualidad se me ofrecen 480€ de pensión vitalicia, lo que creo que es tremendamente injusto e insuficiente para tener una vida mínimamente digna”, explica un abogado mutualista.

“Llevo 30 años de ejercicio profesional, muchos de ellos dedicados al Turno de Oficio, y me veo en la situación de que, a pesar del esfuerzo de todos estos años, voy a cobrar una pensión de jubilación de 800€, absolutamente insuficiente para vivir con cierta dignidad”, relata otra letrada.

“Ahora, lo que creo, es que no podré dejar de trabajar nunca si quiero subsistir”, resume otro de los participantes tras tres décadas ejerciendo la abogacía desde un pequeño despacho.

En algunos casos, la preocupación se extiende también a familiares que permanecen aún en activo pese a haber alcanzado edades muy avanzadas. “Mi padre es abogado aún en ejercicio aunque tiene 80 años, percibe una prestación escasa de la Mutualidad, no quiero que me pase como a él”, explica una de las participantes, que reclama “una pasarela justa, que acoja a todos los que se quieran unir (incluidos los pasivos) y poder tener una pensión de jubilación digna”.

La enfermedad y la protección durante la vida activa

Algunos testimonios amplían además el foco más allá de la jubilación y ponen el acento en las diferencias de protección existentes entre el sistema mutualista alternativo y el sistema público ante situaciones de enfermedad o incapacidad temporal.

“Mi preocupación no es meramente teórica ni se limita a la jubilación futura”, explica uno de los abogados participantes, colegiado desde el año 2000. “Actualmente atravieso un proceso oncológico grave de cavidad oral/suelo de boca, tratado con radioquimioterapia, con seguimiento especializado y afectación directa de mi capacidad de trabajo”.

Una experiencia, sostiene, que “me ha hecho constatar que el problema de los mutualistas alternativos no afecta únicamente a la pensión de jubilación. También incide en la protección real durante la vida activa cuando sobrevienen contingencias graves, como una enfermedad oncológica, que pueden impedir o limitar seriamente el ejercicio profesional”.

El mismo abogado advierte además de la situación de afrontan algunos mutualistas: “Me preocupa especialmente quedar situado en la denominada zona gris de los 50 a 54 años: no soy un profesional joven que pueda reconstruir desde cero una carrera pública completa, pero tampoco entro necesariamente en la protección reforzada prevista para los mayores de 55 años”.

“Solo reclamo justicia”

Más allá de las diferencias entre perfiles o trayectorias profesionales, los testimonios comparten una misma sensación de incertidumbre respecto al futuro tras décadas de ejercicio profesional bajo un sistema legalmente habilitado durante años como alternativa al RETA.

“Casi 40 años de ejercicio profesional, llenos de trabajo, urgencias, alegrías, sinsabores, reformas legales y actividad, se me han reducido a una pensión de 600 euros”, explica uno de los abogados participantes. “Solo reclamo de ustedes algo a lo que he dedicado toda mi vida: Justicia”.

Otro mutualista resume así su situación personal y económica tras más de tres décadas de ejercicio: “he aportado durante muchos años a un sistema legalmente permitido, pero posteriormente me encuentro con menores derechos de jubilación dentro del sistema público”.

Por su parte, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, subraya que la campaña nace precisamente de la necesidad de trasladar al debate parlamentario la realidad que viven miles de abogados mutualistas. “El Colegio no pretende sustituir la voz de los afectados, sino amplificarla institucionalmente”, señala Ribón. “Creemos que el legislador debe escuchar a los colectivos, atender las soluciones de consenso que vienen reclamando desde hace años y construir una pasarela que responda de verdad a la diversidad de situaciones existentes entre los mutualistas”.

A 48 horas de la votación parlamentaria sobre la futura pasarela al RETA, los testimonios reunidos por el ICAM reflejan el alcance generacional y profesional de un debate que marcará el futuro de miles de abogados y abogadas que ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista alternativo y que hoy reclaman una solución capaz de reconocer la diversidad real de trayectorias y situaciones existentes dentro del colectivo.

Como parte de la campaña “De abogado a diputado”, representantes del ICAM entregarán mañana martes en el Congreso las cartas remitidas por mutualistas a los distintos grupos parlamentarios. Mediante una plataforma habilitada por el Colegio de Madrid, los afectados pueden dirigirse directamente a los diputados para reclamar una solución “urgente, completa y garantista” que asegure una pasarela al RETA “justa, real y sin exclusiones” para todos los mutualistas afectados.

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Materiales campaña “De abogado a diputado”

Los Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ICAM 2026 ya tienen ganadores. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha dado a conocer los trabajos reconocidos en esta nueva edición de unos galardones que premian el talento, la creatividad, el rigor técnico y la aportación de la comunidad jurídica al desarrollo y mejora del Derecho.

La convocatoria de 2026 ha batido récord de participación, consolidándose como una de las iniciativas de referencia del ICAM para promover la investigación aplicada, la especialización jurídica y la generación de conocimiento desde las distintas áreas de práctica representadas en las Secciones del Colegio.

En esta edición, además, la abogacía joven ha tenido un protagonismo especialmente destacado: 14 de los 45 abogados y abogadas seleccionados son jóvenes menores de 35 años, y, si se suman los estudiantes que han participado en esta edición, más de la mitad de los premios concedidos —el 57,8%— corresponden a talento joven. Estos datos reflejan el creciente interés de las nuevas generaciones por la especialización jurídica, la investigación aplicada y la innovación como motores de transformación de la profesión.

El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado que “estos premios demuestran que la abogacía madrileña no solo interpreta el Derecho, sino que contribuye activamente a anticipar sus transformaciones. La calidad de los trabajos presentados, en una edición récord de participación, confirma el compromiso de nuestros colegiados/as con una profesión más especializada, innovadora y útil para la sociedad. Además, la elevada presencia de jóvenes y estudiantes entre los premiados confirma que las nuevas generaciones están llamadas a desempeñar un papel decisivo en la modernización de la profesión, aportando una mirada innovadora, especializada y profundamente conectada con los desafíos jurídicos que ya están transformando nuestra sociedad”, ha subrayado.

Inteligencia artificial, neuroderechos y nuevas fronteras del Derecho

Los trabajos premiados reflejan la diversidad de retos a los que se enfrenta hoy la abogacía, con una presencia especialmente destacada de la inteligencia artificial como uno de los grandes ejes de esta edición. Varias propuestas analizan su impacto desde perspectivas muy distintas: la adaptación de las empresas aseguradoras al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la gobernanza del uso de la IA en las organizaciones a través del legal design, la responsabilidad civil por daños causados por sistemas automatizados o el uso de la inteligencia artificial generativa en la práctica jurídica y en los tribunales.

Junto a la IA, los premios han reconocido investigaciones que abordan algunas de las fronteras más novedosas del Derecho, como los neuroderechos, la protección del neurodato y las interfaces cerebro-máquina; la sostenibilidad de la órbita terrestre baja y la regulación del riesgo de colisión espacial; o el uso de blockchain y smart contracts para reforzar la eficacia del arbitraje.

La edición también ha puesto el foco en cuestiones de gran actualidad social y jurídica, con enfoques especialmente originales sobre la protección de menores víctimas mediante el modelo Barnahus, el derecho al error del contribuyente, el turismo de caravanas, el bienestar animal, los videojuegos, el lujo como posible elemento de engaño al consumidor o la fiscalidad como herramienta frente a la despoblación.

La Diputada de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Secciones, Ester Mocholí, ha puesto en valor que “las Secciones del ICAM son un espacio privilegiado de conocimiento, encuentro y especialización” recordando que el “esfuerzo de quienes han presentado sus trabajos en esta edición evidencia una abogacía inquieta, rigurosa y comprometida con aportar soluciones jurídicas a los grandes retos de nuestro tiempo”.

Gala de entrega de premios

En su sexta edición, estos galardones reconocen los mejores trabajos del año en las áreas de especialización y conocimiento de las materias que atienden las más de 50 secciones profesionales con que cuenta el ICAM. Las obras se seleccionan atendiendo a su calidad técnico-jurídica, contribución doctrinal y práctica, así como a la difusión de aspectos relevantes del mundo del Derecho aplicado.

En esta ocasión, el elenco de premiados incluye 45 aportaciones jurídicas en disciplinas tan variadas como Derecho Penal, Derecho Administrativo, Aeronáutico y Espacial, Agroalimentario, Arbitraje, Derecho Bancario, Derecho Canónico, Derechos Humanos, Esports, Derecho Euroasiático, Derecho Militar, Protección de Datos y Big Data o Derecho de los Animales, entre otras.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 7 de julio, a las 18:00 horas, en una gala que este año renueva su formato para convertirse en un acto de reconocimiento a la especialización, el talento y la innovación jurídica en el Patio del ICAM.

La sede colegial acogerá así un encuentro concebido para poner en valor el trabajo de los premiados y premiadas, compartir conocimiento entre las Secciones y celebrar la contribución de la abogacía al avance del Derecho.

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A lo largo de sus 35 años de ejercicio profesional al frente de su propio despacho, Nicolás R.L. ha intervenido en guardias penales, de violencia de género, menores o familia y ha prestado asistencia letrada a miles de personas sin recursos como abogado del Turno de Oficio. Tras toda una vida ejerciendo como mutualista alternativo, calcula que su futura pensión apenas rondará los 400 euros mensuales.

Su testimonio forma parte de “De abogado a diputado. Por una pasarela al RETA justa”, la campaña impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ante la próxima votación parlamentaria sobre la futura regulación de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La iniciativa busca trasladar directamente a los grupos parlamentarios la realidad de miles de abogados y abogadas mutualistas que, tras décadas de ejercicio profesional, afrontan hoy pensiones insuficientes o incompatibles con unas condiciones mínimas de subsistencia y dignidad.

A través de la web desarrollada para la ocasión, los afectados pueden remitir directamente a los diputados del Congreso una carta en la que se reclama una solución “urgente, completa y garantista” para los mutualistas alternativos. El texto advierte de que la reforma solo será una verdadera respuesta si garantiza una pasarela “justa, real y para todos los mutualistas afectados” y recuerda que “el éxito de esta ley se medirá por su capacidad de no dejar a nadie atrás”.

La campaña se acompaña además de dos spots audiovisuales construidos a partir de testimonios reales de abogados y abogadas mutualistas afectados, así como de distintos materiales informativos y cartelería que serán distribuidos en las salas de la abogacía y espacios colegiales del ICAM durante los próximos días, con el objetivo de implicar al conjunto de la profesión en este momento decisivo para el futuro de miles de compañeros y compañeras.

“El ICAM ha estado desde el primer momento al lado de los abogados mutualistas, impulsando propuestas, abriendo vías de interlocución institucional y poniendo todos sus recursos técnicos y jurídicos al servicio de una solución justa, viable y urgente. Esta campaña es un paso más en ese compromiso. Detrás de esta reivindicación hay compañeros y compañeras que han dedicado su vida profesional a defender derechos, a atender a ciudadanos y a contribuir cada día al funcionamiento de la justicia. Ahora son ellos quienes necesitan ser escuchados.”, explica Eugenio Ribón, Decano del ICAM.

La iniciativa reúne las historias de abogados y abogadas que desarrollaron toda su carrera profesional como mutualistas alternativos, una fórmula legalmente habilitada durante décadas para el ejercicio de la abogacía, y que hoy afrontan prestaciones que, en algunos casos, apenas superan los 200 o 300 euros mensuales.

“Después de haberme dedicado tanto a favorecer a los demás, voy a necesitar yo ayuda”

Es el caso de Montserrat D.S., abogada del ICAM con 37 años de ejercicio profesional, quien ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la defensa de consumidores y afectados en procedimientos complejos, incluidos casos vinculados a las preferentes. En su testimonio recuerda que, cuando se incorporó a la profesión a finales de los años ochenta, el sistema mutualista era la vía por la que muchos abogados iniciaban su actividad: “Yo en el 89 tenía 23 años, yo venía de una familia que nadie era abogado, mi familia eran comerciantes y yo estudié Derecho y no había opción de ser autónoma”.

La misma dimensión de servicio público atraviesa el testimonio de Pilar M.B., abogada del ICAM con 40 años de trayectoria en el Turno de Oficio. A lo largo de su carrera ha asistido a miles de personas y ha intervenido, entre otros ámbitos, en el turno especializado de violencia de género, prestando asistencia letrada a decenas de mujeres víctimas y a sus hijos. “Después de haberme dedicado tanto a favorecer a los demás, me voy a encontrar que voy a necesitar yo ayuda”, resume en uno de los vídeos de la campaña.

Los testimonios reflejan situaciones distintas, pero una misma preocupación: que la futura regulación no alcance a todos los afectados o quede en una respuesta parcial. “La solución no puede ser parcial ni insuficiente, la pasarela al RETA será un éxito solo si es justa”, advierte Montserrat.

 “Yo ahora mismo lo que cobro son 350 euros con 45 céntimos”, explica Carmen, con 45 años de ejercicio profesional dedicados a defender derechos con firmeza, humanidad y profunda vocación de justicia. “Evidentemente, no puedo dejar de trabajar porque no me da ni para la luz. Bueno, para la luz sí, pero para poco más”, afirma.

Por su parte, Pilar M.B. expresa el temor con el que muchos mutualistas afrontan hoy su jubilación tras décadas de ejercicio profesional: “Si tengo la mala suerte de durar muchos años, llegará un momento en que no tendré pensión para vivir”.

Una fase parlamentaria decisiva

Con la votación prevista en el Congreso el próximo 20 de mayo, “la pasarela al RETA entra en una fase parlamentaria decisiva”, advierte la Junta de Gobierno del ICAM, que considera que “esta oportunidad solo será válida si la respuesta que finalmente se apruebe es justa, suficiente y no deja a ningún compañero o compañera atrás”.

Por ello, la campaña impulsada por el ICAM busca situar en el centro del debate parlamentario las trayectorias personales y profesionales de quienes ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista alternativo y afrontan hoy una jubilación marcada por prestaciones insuficientes o por la imposibilidad de dejar de trabajar.

“Hoy hay urgencia. Y también hay una oportunidad”, señala Eugenio Ribón, Decano del ICAM, que insta a los grupos parlamentarios a actuar “con celeridad y responsabilidad” porque “el éxito de esta ley se medirá por su capacidad de no dejar a nadie atrás”.

Manifestación del 23 de mayo

Además, el Colegio facilitará de forma excepcional el uso de togas a los colegiados que deseen participar en la concentración convocada para el 23 de mayo en Madrid por distintas plataformas y asociaciones de abogados/as mutualistas de toda España.

El préstamo podrá realizarse desde el viernes 22 de mayo, a partir de las 13:00 horas, en las salas de togas de los juzgados de Plaza Castilla, Princesa, Julián Camarillo y Móstoles. Las togas deberán devolverse antes de las 15:00 horas del lunes 25 de mayo en la misma sala en la que hayan sido retiradas, asumiendo cada colegiado el compromiso de hacer un uso diligente y respetuoso de la prenda.

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• En una nueva entrega de la serie “Claves jurídicas de actualidad”, especialistas en Derecho sanitario y marítimo del ICAM analizan qué margen de actuación tiene España ante una emergencia epidemiológica en un buque internacional.
• Los juristas recuerdan que el Derecho internacional permite adoptar controles sanitarios, restricciones de acceso a puerto o cuarentenas, pero exige respuestas proporcionadas, coordinadas y sometidas a garantías jurídicas.

La próxima llegada a aguas de Canarias del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha abierto un debate jurídico sobre el margen de actuación del Estado ante emergencias sanitarias en el mar: desde la imposición de cuarentenas o la evacuación médica selectiva hasta el fondeo controlado fuera de puerto o la restricción del acceso a instalaciones portuarias por razones de salud pública.

Con el objetivo de analizar las implicaciones legales de este tipo de situaciones, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha publicado una nueva entrega de su serie “Claves jurídicas de actualidad”, centrada en el marco sanitario y marítimo aplicable a crisis epidemiológicas en buques internacionales.

El documento incorpora las aportaciones de Esperanza Marcos y Bernardo Ruiz Lima, presidentes respectivamente de las secciones de Derecho Sanitario y de Derecho Marítimo y del Transporte, y aborda cuestiones como el acceso a puerto, las obligaciones internacionales de asistencia, la activación de mecanismos europeos de alerta sanitaria o los límites legales de las cuarentenas obligatorias.

¿Puede España impedir el atraque del buque?

Desde la perspectiva del Derecho marítimo internacional, los expertos recuerdan que no existe una obligación general de los Estados de permitir la entrada de buques extranjeros en sus puertos. El acceso a puerto se rige por el principio de soberanía del Estado ribereño reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

Los juristas subrayan además que el denominado “derecho de paso inocente”, previsto en los artículos 17 y siguientes de la UNCLOS, permite el tránsito de buques extranjeros por el mar territorial en determinadas condiciones, pero no equivale a un derecho automático de acceso a puerto.

No obstante, esa facultad soberana coexiste con obligaciones internacionales de asistencia, cooperación y salvamento marítimo. El artículo 98 de la UNCLOS y convenios internacionales como SOLAS o el Convenio SAR obligan a los Estados a promover operaciones de auxilio y coordinación ante situaciones de peligro en el mar, especialmente cuando existe riesgo para la vida humana a bordo.

En este contexto, los expertos recuerdan que un brote epidémico con personas afectadas o fallecidas puede activar obligaciones de cooperación y asistencia humanitaria, aunque ello no implica automáticamente la obligación de autorizar el atraque o el desembarco generalizado de pasajeros y tripulación.

Ni puerto abierto ni bloqueo absoluto: las soluciones intermedias

La publicación del ICAM subraya que la respuesta jurídica ante este tipo de emergencias no se reduce a permitir o prohibir el atraque. El Derecho internacional y la práctica seguida durante crisis sanitarias recientes admiten soluciones intermedias que buscan equilibrar la protección de la vida humana en el mar con la defensa de la salud pública.

Entre ellas figuran el fondeo fuera de puerto, las inspecciones sanitarias previas, la evacuación médica selectiva, el desembarco controlado de determinados pasajeros o la imposición de cuarentenas bajo supervisión sanitaria.

Los expertos recuerdan además que el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Salud, permite a los Estados adoptar medidas destinadas a prevenir la propagación internacional de enfermedades, incluyendo controles sanitarios, cuarentenas o restricciones de entrada, siempre que dichas actuaciones respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

La experiencia acumulada durante la pandemia de COVID-19 evidenció esta práctica internacional. Casos como los de los cruceros Diamond Princess o Westerdam pusieron de manifiesto que los Estados pueden restringir el acceso a sus puertos por razones sanitarias sin vulnerar el Derecho internacional, siempre que las medidas adoptadas estén justificadas y resulten proporcionadas al riesgo existente.

Coordinación internacional y mecanismos europeos de alerta

El análisis explica además cómo la respuesta a amenazas sanitarias transfronterizas se articula actualmente en tres niveles complementarios —internacional, europeo y nacional— mediante mecanismos coordinados de vigilancia, alerta y gestión sanitaria.

A nivel internacional, el instrumento central es el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), que obliga a los Estados a mantener capacidades de detección y respuesta en puntos de entrada como puertos y aeropuertos y a notificar a la OMS aquellos eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional.

En el ámbito europeo, la publicación examina el funcionamiento del Reglamento (UE) 2022/2371 sobre amenazas transfronterizas graves para la salud y del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta (SAPR), previsto para situaciones con potencial impacto en varios Estados miembros.

Según este análisis, el caso del MV Hondius encajaría en el concepto de “amenaza de origen biológico” previsto en el citado reglamento europeo, activando mecanismos de coordinación sanitaria entre Estados miembros, intercambio de información epidemiológica, evaluación conjunta de riesgos y coordinación de protocolos de actuación.

Cuándo puede imponerse una cuarentena obligatoria

Desde la perspectiva sanitaria, los expertos recuerdan que las autoridades españolas pueden adoptar medidas de control respecto de personas enfermas, contactos estrechos o individuos potencialmente expuestos a un riesgo transmisible, incluyendo cuarentenas, aislamientos y otras actuaciones de vigilancia sanitaria.

La base jurídica se encuentra principalmente en la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; la Ley General de Sanidad; y la Ley General de Salud Pública.

No obstante, los juristas subrayan que estas medidas no son discrecionales y deben apoyarse en una situación de riesgo acreditada mediante criterios técnicos y epidemiológicos. Además, cualquier restricción de derechos fundamentales debe superar un juicio estricto de proporcionalidad, garantizando que la medida resulte idónea para contener el riesgo, necesaria ante la inexistencia de alternativas menos gravosas y proporcionada respecto de los derechos afectados.

La publicación recuerda asimismo que, cuando las medidas sanitarias afecten a derechos fundamentales concretos —como la libertad personal o la libertad de circulación—, puede resultar necesaria la autorización o ratificación judicial conforme a la legislación contencioso-administrativa y a la doctrina consolidada durante la pandemia de COVID-19.

Finalmente, los expertos recuerdan que la urgencia sanitaria no elimina las garantías propias del Estado de Derecho. La protección de la salud pública exige rapidez y coordinación institucional, pero también proporcionalidad, motivación y control jurídico de las medidas adoptadas.

Claves jurídicas de actualidad

La serie “Claves jurídicas de la actualidad”, impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, nació en septiembre de 2025 con el objetivo de ofrecer a medios de comunicación, instituciones y ciudadanía herramientas claras, rigurosas y accesibles para comprender el trasfondo jurídico de los grandes debates que marcan la agenda pública. A través de fichas divulgativas elaboradas por especialistas del ICAM, la iniciativa aborda cuestiones de especial relevancia social desde una perspectiva práctica y comprensible, reforzando el compromiso del Colegio con la claridad jurídica y la difusión de conocimiento experto al servicio del interés general.

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• El préstamo excepcional estará disponible desde este jueves en las salas de togas de Plaza Castilla, Princesa, Julián Camarillo y Móstoles para facilitar la participación en la manifestación convocada el 8 de mayo en Madrid.

• El Colegio volverá a activar el mismo dispositivo con motivo de la nueva movilización prevista para el próximo 23 de mayo.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera insuficiente el Informe de la Ponencia sobre la Pasarela al RETA publicado hoy por la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados si no se incorporan de forma nítida las condiciones necesarias para dar respuesta a las reivindicaciones de los afectados.

Desde el ICAM se vuelve a instar a los grupos parlamentarios a atender las demandas de quienes reclaman una solución justa para quienes cotizaron durante años a través de mutualidades alternativas y reclaman una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de modo que se recojan en el texto final y se garantice que nadie se quede atrás.

En todo caso, el ICAM valora la publicación del Informe de la Ponencia como un paso que permite desbloquear la tramitación parlamentaria de la norma y mantener abiertas las negociaciones de cara a la Comisión prevista para el próximo 20 de mayo. El ICAM entiende que el actual trámite parlamentario sigue ofreciendo margen para introducir mejoras técnicas imprescindibles y revisar los aspectos que más preocupación generan entre los mutualistas antes de la aprobación definitiva del texto.

Préstamo de togas

Asimismo, el ICAM ha habilitado un servicio extraordinario de préstamo de togas para las próximas manifestaciones con el fin de acompañar y dar visibilidad institucional a la movilización del colectivo y los afectados.

Como ya ha hecho en anteriores movilizaciones relacionadas con esta reivindicación, el Colegio facilitará de forma excepcional el uso de togas a los colegiados que deseen participar en la concentración convocada este viernes 8 de mayo en Madrid por distintas plataformas y asociaciones de abogados/as mutualistas.

El préstamo podrá realizarse desde este jueves 7 de mayo, a partir de las 13:00 horas, en las salas de togas de los juzgados de Plaza Castilla, Princesa, Julián Camarillo y Móstoles. Las togas deberán devolverse antes de las 15:00 horas del lunes 11 de mayo en la misma sala en la que hayan sido retiradas, asumiendo cada colegiado el compromiso de hacer un uso diligente y respetuoso de la prenda.

El ICAM ha avanzado además que volverá a poner en marcha este mismo dispositivo extraordinario con motivo de la nueva movilización convocada para el próximo 23 de mayo. En ese caso, las togas podrán retirarse desde el viernes 22 de mayo, también a partir de las 13:00 horas, en las mismas salas habilitadas.

Defensa de una solución “justa, viable y sin exclusiones”

La puesta en marcha de este servicio extraordinario se enmarca en el respaldo institucional que el ICAM viene prestando a las reivindicaciones de los abogados mutualistas, en un contexto marcado por la tramitación parlamentaria de la futura regulación de la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Desde el inicio, la corporación madrileña ha mantenido un papel activo en el impulso de una solución justa para este colectivo. En ese marco, ha promovido una propuesta técnica de pasarela voluntaria al RETA elaborada por la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; ha mantenido interlocución con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con los distintos grupos parlamentarios; ha trasladado propuestas de mejora al texto legislativo; ha promovido reuniones con colectivos de mutualistas; y ha reforzado el diálogo social con organizaciones sindicales como UGT y CCOO.

Finalmente, el ICAM quiere dejar claro que su posición institucional seguirá siendo la de acompañar y respaldar la postura común que los colectivos representativos de mutualistas sean capaces de consensuar, poniendo a su disposición la capacidad técnica, jurídica e institucional del Colegio.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid advierte de que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, presentado por el Gobierno como una norma contra la corrupción, puede reducir la eficacia de mecanismos relevantes para detectar operaciones de riesgo vinculadas al blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y las tramas de corrupción política.

El punto más sensible está en la reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales. En el sistema vigente, estas operaciones se documentan mediante escritura pública, lo que permite una verificación jurídica inicial, la comprobación de quienes intervienen y la generación de información trazable útil para prevenir conductas ilícitas. El Anteproyecto prevé que esas transmisiones puedan articularse mediante documentos privados electrónicos que posteriormente se registrarían en el Registro Mercantil.

Para el ICAM, el cambio no es menor. Supone pasar de un modelo en el que la transmisión queda documentada desde el primer momento con control jurídico, identificación de las partes y valor probatorio reforzado, a otro en el que la operación se formaliza primero en un documento privado y solo despliega plenamente sus efectos cuando accede al Registro Mercantil. Ese lapso entre la firma y la inscripción puede generar incertidumbre sobre quién controla realmente una sociedad en cada momento, debilitar la trazabilidad de la operación y, además, hacer más lentas y complejas operaciones habituales en la vida de una empresa, como la entrada de inversores, la transmisión de participaciones o la reorganización de su capital. Dicho de otra forma: una norma concebida para combatir la corrupción no debería debilitar las herramientas que hoy contribuyen a detectarla.

A juicio del ICAM, en ámbitos especialmente sensibles como la transmisión de participaciones sociales, cualquier reforma debe asegurar que la información sobre quién controla una sociedad sea fiable, verificable y accesible para las autoridades competentes. Se trata de una herramienta clave para que jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, Agencia Tributaria y organismos de prevención del blanqueo puedan reconstruir estructuras societarias complejas y detectar beneficiarios reales ocultos.

El ICAM teme que la reforma genere espacios de menor trazabilidad en sociedades limitadas, precisamente uno de los vehículos más habituales del tejido empresarial español. En operaciones sensibles, esa menor trazabilidad puede afectar a socios, acreedores, terceros y también a investigaciones sobre adjudicaciones irregulares, enriquecimiento ilícito, financiación ilegal o blanqueo. Todo ello impacta, a juicio de la abogacía madrileña, en el Estado de Derecho y la seguridad nacional.

La institución lo resume en una idea clara: una ley anticorrupción no debería rebajar controles, debería reforzarlos.

Desde la perspectiva del ICAM, la reforma presenta tres riesgos principales: menor seguridad jurídica para empresas y terceros, menor capacidad para detectar estructuras vinculadas a la corrupción política, menor eficacia en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y también menor agilidad en el tráfico mercantil. Todo ello afecta al Estado de Derecho y a la seguridad nacional, a juicio del ICAM.

La preocupación del Colegio no se sitúa en una disputa entre operadores jurídicos ni en la defensa de un modelo corporativo concreto: la seguridad jurídica preventiva no pertenece a una profesión concreta. Es una garantía del Estado de Derecho.  El foco está en otro lugar: qué sistema ofrece más garantías para identificar a los titulares reales de una sociedad, prevenir zonas de baja trazabilidad y facilitar la investigación de delitos económicos.

La Abogacía madrileña considera que la intervención jurídica previa no es un trámite de fuerte carga burocrática. Ningún indicador apunta en esa dirección. Es una garantía para conocer quién transmite, quién adquiere, quién está detrás de una sociedad y si una operación puede encubrir testaferros, acuerdos ocultos o estructuras creadas para disimular patrimonio o poder económico.

Contra las recomendaciones internacionales

El ICAM advierte de que la reforma debe analizarse también desde la perspectiva de los estándares internacionales de prevención del blanqueo. Así, recuerda que GAFI —Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental de referencia en la fijación de estándares globales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo— ha valorado en el pasado el sistema español de información sobre titularidad real basado en datos verificados y accesibles para las autoridades, y que su Recomendación 24 exige información adecuada, exacta y actualizada sobre los beneficiarios reales de las sociedades.

Por ello, el Colegio destaca que cualquier cambio que reduzca la calidad o la trazabilidad de esos datos debe examinarse con especial prudencia. Pasar de información contrastada en origen a datos apoyados en documentos privados puede debilitar el enfoque múltiple de fuentes recomendado por GAFI y condicionar la posición de España en próximas evaluaciones internacionales.

A favor de la digitalización, pero sin reducir garantías

El Colegio es consciente de que la reforma busca simplificar operaciones, reducir costes y reforzar la transparencia registral, al hacer obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil, con carácter constitutivo. También impulsa la digitalización y facilita el acceso a la información societaria. Sin embargo, aflora una preocupación notable, que es la pérdida de seguridad jurídica preventiva, ya que desaparece el control previo del notario sobre la legalidad, identidad y capacidad de las partes.

Además, el modelo propuesto resulta híbrido: combina elementos anglosajones (primacía del documento privado) con rasgos del sistema continental (fuerte papel del registro), pero prescindiendo de las bondades preventivas del control de la fe pública notarial, lo que puede generar incoherencias al no ir acompañado de un rediseño más amplio del sistema.

En definitiva, la preocupación reside en que la agilidad formal sea a costa de debilitar garantías estructurales, dependiendo su eficacia de cómo se equilibren estos elementos. En todo caso, el ICAM también plantea si realmente el tráfico jurídico-mercantil reclamaba un cambio de modelo en aras de tal agilidad, y un viraje hacia el modelo anglosajón, y ahí es donde el Colegio ve severas grietas por cuanto en la práctica jurídica no se atisba que la transmisión societaria tenga una carga burocrática tal que demande una reforma de semejante calado. En la ponderación de tales intereses, ha de primar, a juicio del ICAM, la seguridad jurídica.

Plan de acción

Por todo ello, el ICAM anuncia que pondrá en marcha diversas iniciativas para explicar las consecuencias de esta reforma e impulsar su revisión, entre otras un evento en el marco de su ciclo “Sociedad Civil y Estado de Derecho”, dedicado a la lucha contra la corrupción y las implicaciones reales de este anteproyecto.