En una rueda de prensa celebrada en el barrio Puerta del Ángel de Madrid, la portavoz ha criticado «años y años de anuncios vacíos y medidas cosméticas» por parte del Ejecutivo. Por ese motivo, la Confederación ha redactado el «real decreto Maricarmen», tal y como lo han denominado. Estos días lo están presentando a los partidos políticos con el afán de que sea aprobado el martes que viene en el Consejo de Ministros.

El texto está compuesto por cinco bloques. El más novedoso, aunque es algo que ya sucede en numerosos países del entorno, es la renovación automática de los contratos de alquiler. «Tenemos que ir hacia un sistema de alquileres que nos permita vivir de forma tranquila y donde los contratos se renueven de forma automática», ha explicado Arcarazo. Y ha añadido: «Si el propietario no lo quiere renovar, que lo diga claramente y se indemnice al inquilino, como sucede con los contratos laborales indefinidos».

Otras medidas que recoge el texto están orientadas a frenar los desahucios y reformar la ley para regular el alquiler de temporada y por habitaciones, y que se termine con las estafas hacia los arrendatarios. Asimismo, han vuelto a exigir unas prórrogas «efectivas» de los contratos, así como una congelación de los ya vigentes. «Llevamos una década viendo como nuestros salarios están absolutamente congelados mientras que los alquileres suben de forma automática año a año», ha expresado esta activista llegada desde Barcelona.

Por otro lado, la Confederación se pregunta «cuántos casos como el de Maricarmen hacen falta para que las direcciones de UGT y CC. OO. convoquen una huelga general para conquistar el derecho a la vivienda y bajar el coste de la vida». En este sentido, Arcarazo ha tildado de «fundamental» la aprobación de este real decreto: «Si este Gobierno no va a poder dar respuesta a los problemas de la gente, no tiene sentido que siga».

«Las migajas ya ni nos valen la pena ni van a permitir ganarle la pelea a la extrema derecha. Hacen falta medidas contundentes que realmente solucionen los problemas de la gente», ha reiterado la la portavoz confederal.

No es tristeza, es rabia

La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Alicia del Río, ha señalado que «el negocio rentista destroza la vida de las personas y no tiene piedad con nadie». «Al rentismo le da igual la vida», ha subrayado en referencia al caso de Maricarmen Abascal. Para estas organizaciones, lo sucedido el miércoles con este desahucio, que levantó una gran oleada de solidaridad por todo el país, es un punto de inflexión. «No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida», ha añadido la portavoz.

En este sentido, han criticado que los partidos políticos utilicen situaciones como la de Maricarmen como arma arrojadiza. «No estamos tristes, estamos rabiosas, y no vamos a parar hasta cambiarlo», ha asegurado Del Río. Por eso han convocado una manifestación este sábado desde la Puerta del Sol que terminará frente al Congreso de los Diputados, después de pasar por el Ayuntamiento. Para señalar a los culpables, reza la convocatoria.

La oleada de solidaridad hacia Maricarmen y de denuncia ante la desmesurada intervención policial que acompañó al lanzamiento ha hecho que se esté fraguando la creación de seis sindicatos nuevos en el Estado y de diferentes nodos en los territorios. «Ante tal indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? Exigimos medidas estructurales inmediatas», ha reclamado Del Río.

Sí a barrios que sean nuestro hogar

Esta rueda de prensa ha sido el pistoletazo de salida de «El Barrio», un encuentro internacional por el derecho a la vivienda que reunirá a 70 sindicatos de inquilinas, organizaciones por el derecho a la vivienda, organizaciones vecinales, movimientos ecologistas y colectivos sociales de Europa, América Latina, Estados Unidos y Australia. Mientras Blackstone, Brookfield, Azora y otros gigantes del capital inmobiliario se reúnen esta semana en la feria «The District» para buscar nuevas oportunidades de negocio con la vivienda, estas organizaciones de 24 países harán lo contrario: organizarse para disputarles el control de las ciudades.

Tobias Gralke, portavoz de la campaña por la expropiación de vivienda de los megatenedores de Berlín, Deutsche Wohnen & Co. Enteignen, también ha tomado la palabra. En concreto, esta campaña consiguió convocar y ganar en 2021 un referéndum sobre la expropiación de las viviendas en manos de propietarios con al menos 3.000 activos. «Ganamos el referéndum, que obliga al Gobierno de Berlín a retirar 240.000 pisos a las grandes empresas con ánimo de lucro y devolverlos a la propiedad pública y a la autogestión democrática por parte de los inquilinos y la población de Berlín», se ha felicitado Gralke.

Este activista ha señalado que «Maricarmen es una más de entre todos nosotros, de los muchísimos inquilinos de este mundo que salen a la calle para decir “no” a los fondos de inversión y a las grandes empresas que destruyen nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras comunidades solo por su propio beneficio».

«Sí a vivir sin miedo a la factura mensual, sí a la solidaridad y a la resistencia y sí a ciudades y barrios que podamos seguir llamando nuestro hogar», ha finalizado el activista berlinés.

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Voy a Alemania por razones familiares. El tren de Düsseldorf a Bonn tiene media hora de retraso. No recuerdo cuándo fue la última vez que me monté en un tren puntual en Alemania. De siete u ocho que veo anunciados desde mi andén en Düsseldorf, solo uno parece que saldrá a su hora.

Una amiga, dos días después, me va contando por WhatsApp su odisea para ir al aeropuerto, desde un pueblo cercano a Bonn. La llevan en coche a la estación de tren y, al ir a detenerse en una gasolinera, se dan cuenta de que la están atracando en ese momento. Continúan sin parar –no me explica si llaman a la policía–. Su tren se detiene en una estación intermedia: no puede continuar el trayecto debido a vandalismo en las vías –parece que han robado parte de la catenaria–. Se sube a un tren mucho más lento, que se detiene a su vez más adelante porque hay obstáculos en las vías. Acaba teniendo que coger un taxi para la última parte del trayecto.

El tren que tomo de regreso a Düsseldorf solo llega con veinte minutos de retraso.

En casi todas las conversaciones que mantengo estos días con alemanes el deterioro del ferrocarril y en general de los servicios públicos es tema estrella. Alguien me pregunta si me ha llamado la atención algún cambio en Alemania en los últimos tiempos –viví en este país y lo visito con frecuencia–. Mi respuesta espontánea es que encuentro a los alemanes más antipáticos, irritados, tensos. Asisto a discusiones por minucias, a respuestas groseras. En una panadería me atienden de mala manera. En el aeropuerto, un empleado del control de equipaje rechaza responder a una pregunta de una viajera porque no es de su competencia; ni siquiera la mira.

No se deben extraer conclusiones con tan pocas muestras pero lo que leo y oigo me confirma la crispación general y la sensación de fin de época, más bien, del fin de la ilusión sobre una Alemania que funciona y en la que el bienestar se da por supuesto.

Este mismo domingo gana las elecciones de Berlín Elif Eralp, hija de refugiados turcos y perteneciente a Die Linke, partido socialista democrático. El mismo día, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental se impone la extrema derecha. Según un periódico, este fin de semana han ganado dos partidos extremistas, porque, igual que en España, un partido homófobo, antifeminista, negador del cambio climático, que quiere acabar con las prestaciones sociales y está plagado de nostálgicos del nazismo puede ser equiparado a otro cuyas propuestas más extremistas son la justicia social, combatir la pobreza infantil e introducir el derecho a la vivienda en la Constitución.

Mientras tanto, se hunden el SPD y la CDU; merecido se lo tienen. El precio de la debacle en esos dos partidos cada vez más conservadores es el auge de una ultraderecha que, como en España, consigue imponer su marco de debate, desviando la atención de las verdaderas causas del deterioro de lo público.

Veo una foto de Miguel Tellado mostrando los precios de la gasolina en España y atribuyéndoselos a Sánchez. Habría que mostrarle los de una gasolinera alemana y preguntarle si son culpa de su correligionario Merz. Pero es innecesario, él sabe que son más elevados, como lo son en Francia, pero su forma indecente de entender la política le permiten manipular la información a su gusto con tal de dañar al adversario.

Busco en Internet la película Alemania en otoño, que vi hace siglos, y que se centra en otro otoño, del que el año que viene se cumplen cincuenta años, durante el que se sucedieron diversos atentados y muertes provocadas por la Rote Armee Fraktion, y también tuvo lugar entonces la muerte por suicidio, según la dudosa versión oficial, de sus cabecillas en la prisión de Stammheim. Más de un año antes también se supone que se suicidó en el mismo lugar Ulrike Meinhof. En el primer episodio de la película, la madre del director, Rainer Werner Fassbinder, conversa con él y dice que la situación le recuerda a la de la época nazi, en la que da miedo discutir: ella había defendido hacía poco a Heinrich Böll, quien a su vez había pedido una forma humana de tratar a los terroristas, y la habían tachado de filoterrorista. Como sucede hoy si criticas al gobierno de Israel o defiendes la independencia palestina. Los medios y sus financiadores han aprendido a criminalizar cualquier forma de disidencia.

Fassbinder es el protagonista de su episodio: se muestra desolado, desorientado, rabioso, consume coca, alcohol, no consigue entender la deriva de su país. Su pareja, Armin, defiende que la policía acribille a los terroristas que han secuestrado un avión aunque tengan que morir los pasajeros, y Fassbinder forcejea con él, lo derriba al suelo, lo expulsa del piso… para llamarle segundos después. La madre defiende el ojo por ojo, que se mate a los terroristas, porque según ella la situación es excepcional y Fassbinder no puede aceptar que incluso su madre, que vivió el nazismo, esté dispuesta a aceptar que el Estado y sus fuerzas armadas infrinjan la ley y suspendan los derechos de los ciudadanos por mucho que hayan cometido delitos.

No sé si la pareja y la madre de Fassbinder pensaban lo que muestra en su episodio o si les pidió que representaran ese papel para reflejar su propia desesperación ante un país que, por miedo o por espíritu de venganza –y desde luego jaleado por los grandes medios de comunicación– clama por que se asesine a los terroristas, es decir, por que el Estado se vuelva asesino, a pesar de la experiencia no tan lejana del nazismo.

Vuelvo a ver Alemania en otoño y no puedo dejar de pensar en el otoño que se está extendiendo por Europa, con esta sensación generalizada de fin de época –de la época en la que el capitalismo prometía bienestar, democracia y oportunidades para todos– en el inicio de un invierno feroz en el que pedimos que se deje a la intemperie a quien no tenga una cabaña para protegerse y, si se acerca a la nuestra, se lo elimine como a una fiera. Porque siempre sucede lo mismo: en lugar de odiar a quien nos expone al frío, se guarda rencor a quien supuestamente compite por el calor de nuestro pequeño refugio.

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Días antes, también en la ciudad de Nueva York, representantes de 34 ciudades han participado en la reunión Urban 20, que ha congregado a 25 alcaldes de países miembros del G-20 para intercambiar experiencias. El anfitrión, Mamdani, ha sido la estrella. Sus políticas públicas están marcando un camino que otras ciudades quieren emular, tal y como anunció Jaume Collboni cuando dijo querer replicar en Barcelona la iniciativa lanzada por Mamdani de crear supermercados públicos con precios regulados. 

Como en una especie de peregrinación, el progresismo mundial busca inspirarse en la figura de Mamdani para ungirse del aura –palabra ahora tan de moda– que aporta su imagen fresca y carismática. Pero no es sólo una cuestión de imagen y postureo para redes, que también. Lo que interesa del socialista alcalde de Nueva York es desentrañar las claves de su éxito, basado en unas políticas públicas que se ven como inspiración para seducir a poblaciones del primer mundo empobrecidas por un capitalismo voraz que, en su pulsión por ampliar sus márgenes de ganancia, no tiene inconveniente en desposeer privatizando servicios públicos o cercenando derechos como la alimentación o la vivienda. 

En una ciudad como Nueva York, sometida a grandes presiones inmobiliarias, vanguardia de un proceso de gentrificación que está expulsando a los habitantes de barrios emblemáticos como el Bronx o Brooklyn, era cuestión de tiempo que surgiera una contestación política a estos atropellos del capital. La candidatura de Zohran Mamdani, miembro de los Democratic Socialists of America (DSA), logró con propuestas materiales muy concretas, como congelar alquileres, construir guarderías públicas o dotar a la ciudad de transporte gratuito; con una comunicación política objeto de estudio; y un trabajo de movilización puerta a puerta, el 50,4% del voto neoyorquino en noviembre de 2025. Mamdani, abiertamente socialista, tuvo, por lo demás, el apoyo de unas bases demócratas cansadas de desacreditados líderes pro establishment. Unas bases que, sobre todo en sus estratos más jóvenes, no tienen miedo a la campaña de estigmatización del socialismo sino todo lo contrario. 

Lo mismo acaba de suceder en Berlín, donde la candidata de la izquierda comunista de Die Linke, Elif Eralp, ha ganado las elecciones regionales con el 25,7% de los votos, duplicando su 12,2% de 2023, aunque precisará de pactos con Los Verdes y el SPD si quiere gobernar. El punto central de su campaña ha sido el tope de los alquileres y ejecutar la expropiación de las empresas inmobiliarias poseedoras de más de 3000 inmuebles, algo aprobado por el 56% de los ciudadanos de Berlín que votaron en el referéndum celebrado en 2021. Berlín es otra de las grandes ciudades que padece los estragos de la especulación inmobiliaria que se da en todo el mundo. En su caso, con la particularidad de tener una mayoría de ciudadanos que son arrendatarios y que han visto en los últimos años cómo el precio del metro cuadrado de la oferta de vivienda en alquiler casi se ha duplicado.

Mamdani ya ha cumplido parte de sus promesas de campaña, congelando en junio el precio de un millón de apartamentos de renta controlada, lo que beneficia al 40% de los inquilinos de Nueva York. En Berlín está por ver que Eralp pueda gobernar y llevar a cabo sus propuestas de la mano de sus potenciales socios. Mientras, en el Estado español la vivienda sigue siendo el tema que más preocupa a los ciudadanos porque los precios, sea de venta o de alquiler, siguen escalando a pesar de los reiterados anuncios de medidas para atajar la denominada “crisis de la vivienda” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o las iniciativas insuficientes de ayuntamientos que se presentan a la vanguardia en políticas de vivienda, como la Barcelona de Jaume Collboni. 

Parece evidente que algo no está funcionando en el Estado español pues, además de la dificultad de ser una competencia descentralizada en manos de diversas administraciones, las políticas públicas que lanza el Gobierno central en materia de vivienda pretenden conciliar los intereses de los propietarios con los de los inquilinos, algo claramente incompatible. A pesar de los reiterados anuncios de supuestas nuevas propuestas o de la tímida regulación de las zonas tensionadas para contener una crisis que se ha vuelto transversal y que está acrecentando la brecha de desigualdad, el problema no se soluciona porque el marco legal –y mental– que prevalece privilegia a los rentistas y su supuesto derecho al enriquecimiento. 

El peso del lobby inmobiliario, la falta de voluntad política y un progresismo que concibe el derecho a la propiedad por encima del derecho a vivir bajo un techo, hace que no se legisle de manera clara para prohibir que la vivienda se convierta en un bien de inversión. Esto explica el aumento del 77% de los precios de la vivienda en diez años, el incremento del número de rentistas al 9,8% y la multiplicación de su patrimonio inmobiliario por cuatro, concentrando 626.000 inmuebles. Hoy, seis de cada diez arrendadores tienen más de una vivienda alquilada. Lejos está la idea de la vivienda como un derecho constitucional con el cual no se puede especular.

Como han demostrado los casos de Nueva York o Berlín, y antes también la Barcelona que hizo alcaldesa a una activista por el derecho a la vivienda, Ada Colau, una propuesta política que ponga en el centro los problemas de acceso a la vivienda puede ser clave para las izquierdas que aspiren a canalizar el descontento electoral de amplios sectores sociales con el objetivo, por supuesto, de darle solución una vez en las instituciones.

Sorprende que, a pesar de que a pie de calle esté claro que el derecho a vivir bajo un techo debe priorizarse frente a quienes esgrimen el derecho al enriquecimiento y la especulación, haya una autodenominada izquierda que no enfrente contundentemente a los fondos de inversión y grandes tenedores cuando gobierna. Si queremos que las grandes ciudades españolas dejen de ser, como tantas otras, un tablero del monopoly de los inversores globales, debemos exigir a nuestros representantes que vayan más allá de fotos, declaraciones simbólicas o medidas supuestamente progresistas que acaban beneficiando al capital privado. Los habitantes de Berlín dejaron claro en 2021 que era necesario recuperar el poder de la ley a favor de las mayorías y aplicar el “exprópiese” en aras del interés general. En 2026 lo han vuelto a confirmar. Tomemos nota.

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Cuando se publican estas líneas, 24 horas después del dramático desahucio, nadie en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de la capital ha pronunciado una sola palabra de apoyo a Maricarmen. Tampoco nadie lo esperaba, ni siquiera sus propios votantes, que saben muy bien lo que hacen. El presidente del Gobierno estaba ayer en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, y haciendo un paréntesis en sus labores de líder mundial sí que habló del vil desalojo. Echó la culpa a Ayuso y a Almeida (que la tienen), pero no basta. No basta con que Partido Popular, Vox y Junts den ahora marcha atrás y apoyen el decreto antidesahucios que tumbaron en el Congreso. No basta con que el fondo buitre que echó a Maricarmen a la calle (Urbagestión) cambie de nombre ante el oprobio que siempre estará asociado a su marca. Ni siquiera basta con que los hermanos Ricardo y Fernando Alonso, los dueños de la compañía especuladora, se escondan y no puedan salir a la calle por temor a los escupitajos de la gente decente. No basta.

Algo cambió ayer. La conmoción provocada por el desahucio fue tan profunda, la contestación social (no sólo en Madrid sino en muchas otras ciudades de España) fue tan categórica, que los poderes públicos no pueden permanecer indiferentes, ni inventar parches legislativos, ni jugar al juego de las sillas competenciales para quitarse el muerto de encima y que todo siga igual. Tienen que entrar de lleno en la crisis de la vivienda y acometer reformas radicales que pongan límites a este sistema inhumano.

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Y luego está Berlín, la otra cara de la moneda. Die Linke, primera fuerza por primera vez desde la reunificación, con un 25,7% –13,5 puntos más que en 2023– y una CDU que se desploma hasta el 18,8%. Ante el imparable ascenso de la extrema derecha, el ejemplo de las ciudades –primero con la victoria de Mamdani en Nueva York, y ahora con la capital alemana– muestra que la resistencia a los discursos de odio sustentados por la oligarquía capitalista no está en la competencia por el «centro», sino en la reivindicación de políticas de izquierdas.

De hecho, Elif Eralp –hija de inmigrantes turcos, abogada, 45 años–, cabeza de lista del partido en Berlín, tiene como referente declarado al alcalde de Nueva York y durante la campaña contó con Morris Katz, el asesor que había trabajado para la campaña de Zohran Mamdani.

Soluciones al problema de la vivienda

Berlín es una ciudad donde más de ocho de cada 10 hogares viven de alquiler, y el programa que ha ganado reivindica la expropiación de viviendas en manos de grandes tenedores. Porque en Berlín –como en la mayoría de ciudades europeas– la situación de la vivienda es también un problema de primera magnitud: un berlinés con un contrato antiguo puede pagar bastante menos por su piso de lo que tendría que pagar hoy por una vivienda similar.

Según el informe de mercado de vivienda del IBB, el Banco de Inversión de Berlín, quien firmó un contrato en 2024 pagaba de media 15,40 €/m², mientras que los contratos vigentes estaban en 7,20 €/m². Es decir, los nuevos inquilinos pagaban aproximadamente el doble que los que ya tenían contrato, una diferencia del 118% que no se da en ninguna otra gran ciudad alemana. En 2025 la brecha se mantuvo: la renta de oferta más que doblaba la de referencia (7,21 €/m²), alrededor de un 119% más. Por eso muchos inquilinos evitan mudarse y, cuando necesitan hacerlo, se enfrentan a unos precios que pueden empujarlos hacia las zonas periféricas o incluso fuera de la ciudad.

De hecho, en septiembre de 2021 el 59,1% de los votos válidos emitidos en Berlín respaldó en referéndum la expropiación de viviendas de empresas privadas con más de 3.000 pisos. El Senado de entonces –socialdemócratas, verdes y la propia Die Linke– remitió el resultado a una comisión de expertos, que en 2023 concluyó por mayoría que la medida podía ser jurídicamente viable. El resultado del referéndum, sin embargo, no llegó a hacerse efectivo. En marzo de 2026, la coalición de CDU y SPD aprobó una ley marco que establece las condiciones generales para futuras operaciones de socialización, pero que tampoco supone la transferencia de las viviendas y que, además, no entrará en vigor hasta 2028.

Antes, en 2020, el Senado había aprobado el Mietendeckel, un tope de alquileres que el Constitucional de Karlsruhe tumbó un año después. El tribunal consideró que el Land carecía de competencia legislativa para regular los alquileres privados, una materia que ya había sido regulada de forma exhaustiva por la legislación federal. De ahí que el programa de Eralp deje de pelearse con los precios y vaya directamente a por el propietario: las aproximadamente 220.000 viviendas que Die Linke ha planteado incorporar al sector público ya existen y ya están habitadas. Son las carteras de las grandes sociedades inmobiliarias que superan los 3.000 pisos en la ciudad, con Vonovia y su filial Deutsche Wohnen a la cabeza.

La idea sería que una entidad pública pidiera el crédito, adquiriera las viviendas mediante una indemnización y pasara a ejercer de casera. Si la operación llegara a completarse, el parque de vivienda pública pasaría a representar más del 30% del parque residencial de Berlín, ampliando considerablemente la capacidad de la ciudad para intervenir en el mercado del alquiler.

Redirigir el odio hacia arriba

Las victorias recientes de la AfD, como las de las extremas derechas en medio mundo, se alimentan de un miedo muy material –el alquiler que se come el sueldo, la factura de la luz, el barrio que expulsa a los vecinos de siempre– y lo desvían hacia el inmigrante. Eralp orienta ese mismo miedo en otra dirección, la del casero con nombre propio: multimillonario, cotizado en bolsa, con una junta de accionistas que reparte dividendos. Y al hacerlo ocupa el espacio que había ocupado la socialdemocracia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El enemigo deja de ser el vecino de la otra escalera para convertirse en quien le sube el alquiler a toda la escalera.

Y aunque la victoria de la izquierda berlinesa es real, tampoco hay que confundir la euforia con un antídoto que, por ahora, solamente se está mostrando eficaz en las grandes urbes: la AfD sumó en Berlín 7,2 puntos, hasta el 16,3%, y en los barrios del Este mantiene una presencia especialmente fuerte. Lo que ha hecho Die Linke es disputarle a una parte de ese malestar la dirección de la rabia, que ya es bastante.

La CDU, o por qué es mala idea imitar a la extrema derecha

Friedrich Merz, canciller alemán, ha encadenado tres derrotas en 15 días. En Sajonia-Anhalt tocó mínimo histórico con un 17,2%. En Berlín perdió el primer puesto con un candidato de recambio, Stefan Evers, y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental obtuvo un 4,9% y, por primera vez desde la fundación de la República Federal, quedó fuera de un parlamento regional. La democracia cristiana llevaba desde enero de 2025 endureciendo su discurso sobre inmigración con propuestas de protección de fronteras, deportaciones, orden y una política de asilo más restrictiva. La apuesta no le ha devuelto votantes: solo ha servido para legitimar el marco del original. Por la derecha se la come un partido que en Sajonia-Anhalt y en Mecklemburgo ya la dobla con creces.

Lo que está sucediendo en Alemania podría llamarse «crisis de régimen»: los dos grandes Volksparteien del consenso de posguerra, la CDU y el SPD, no suman juntos ni el 31% en la capital.

El SPD, uno de los partidos socialdemócratas más antiguos de Europa, obtuvo en Berlín su peor resultado histórico, un 12,1%. La cuestión ahora es cómo se forma gobierno: la CDU no quiere pactar con Die Linke, mientras ningún otro partido representado en el Parlamento berlinés quiere actualmente formar una coalición con la AfD. La llave la tienen verdes y socialdemócratas. Los verdes ya se habían mostrado abiertos a un tripartito de izquierdas, pero Steffen Krach, el candidato socialdemócrata, no quiso hablar de coaliciones la noche electoral y se limitó a admitir la magnitud de la derrota. La duda es si el SPD se atreverá a sostener ese tripartito o se quedará mirando desde la acera, recordando lo que un día fue.

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Este 24 de septiembre, Día de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, compartirán su trabajo con los demás internos de Madrid VII. «Ahora valoro lo que en su momento quizá no hacía, y la música me ha hecho darme cuenta de lo importante que mi familia es para mí», afirma R. P. S., uno de los participantes.

La trabajadora social y educadora del módulo recalca que estas iniciativas, en las que prevalece el trabajo en equipo y la resocialización, son cruciales para que los internos se sientan útiles y, también, para impulsar así la asunción de responsabilidades por su parte.

Por seguridad, todos los internos y trabajadoras de prisiones entrevistadas para este reportaje aparecen con sus siglas. R. P. S. fue camarero, jardinero y DJ. «La música para mí es como la comida. La necesito para vivir, me acompaña a todas partes; a través de la música siento y canalizo muchas emociones: tristeza, alegría…», asegura este recluso que llegó a pinchar en discotecas. Junto a otro compañero, ahora se encarga de la producción musical y el sonido en el taller. «Cualquier sonido me evoca a mi familia, a mi madre, mi hermana. Me ayuda conectar con ellas y a asumir mis responsabilidades», asegura el interno, quien incide en que cuando esté en libertad verá «la vida desde otra perspectiva».

Estas no son palabras vacías para Miriam C. V., la trabajadora social que acompaña a los internos en su taller de producción musical. «Ante la ausencia de libertad, de familiares, la música es una herramienta sanadora, rehabilitadora», reconoce. Desde su punto de vista, todo lo relacionado con la música en prisión tiene una parte terapéutica que ayuda a los internos a generar adherencia a su tratamiento, pero también a los profesionales a generar un vínculo más estrecho con ellos.

A todos los participantes les une su pasión por la música. F. R. G. llegó a crear un sello discográfico junto a un amigo cantante. A él, la música le aporta «un sostén, tranquilidad». Dice que cuando hace música se siente «como en casa»: «En mi sitio». En el taller es el encargado de crear y producir las canciones. «Apoyo a los compañeros y compañeras cantantes y les ayudo a crear sus proyectos musicales, a partir de sus propias letras», explica con orgullo.

Desde que se creó este taller, a F. R. G. los días se le pasan más rápidos. «Estoy haciendo lo que me gusta, y eso me motiva mucho en mi proceso penitenciario y en mi tratamiento», apunta este antiguo camarero, DJ y productor. Lo que más echa de menos es su familia, su hijo y la música que hacía cuando era libre. «La música me ayuda a no pensar en todo aquello que tanto echo de menos, porque me acuerdo de ellos siempre, por tanto, con la música quiero evadirme. A veces es necesario», admite.

Trabajar en la reparación del daño

En la sala de música confluyen varios estilos que acercan cada uno de sus componentes: flamenco, rap y trap. «Con este taller conseguimos trabajar muchos factores que han influido en su conducta delictiva y gracias a ello podemos favorecer el cambio. Empatía y cooperación grupal son algunos aspectos que en su momento fallaron», explica Miriam. Guitarras, teclado, batería, cajones y altavoces pueblan un espacio que comenzó, precisamente, tras la cesión por parte de uno de sus integrantes de su propio equipo profesional.

Miriam recuerda que antaño el flamenco era lo más escuchado en la cárcel. Ahora, estilos urbanos como el rap y el trap lo han desbancado un poco. «Cantan mucho al amor, a la libertad, reflexionan sobre la situación en la que están y hablan mucho del momento en que se equivocaron y que los ha llevado a estar en prisión. Verlo es bonito, emocionante, porque ellos mismos trabajan en la reparación del daño», detalla la trabajadora social. También hay letras que deben revisar. «Sobre todo con los más jóvenes. Aquí hay gente de 22 años y pueden hacer alguna letra de reguetón con mensajes poco inclusivos. Y aquí trabajamos la igualdad», añade esta trabajadora destinada en Madrid VII desde 2023.

A los 13 años, S. U. M. ya rapeaba. «La música es todo para mí porque me ayuda a canalizar emociones, a hablar conmigo mismo, a desahogarme… La música es un sueño, mi sueño», indica. En el taller, es compositor, cantautor y arreglista. «Igual puedo hablar de una madre, que de los chavales que están en un momento difícil, letras feministas que reivindiquen la igualdad entre mujeres y hombres, o de otros muchos temas», destaca.

Este técnico de Internet e instalador de fibra óptica profundiza en sus aspiraciones una vez esté libre: «El paso por prisión dejará una huella en mí, se quedará en mí y en un futuro pensaré en todas aquellas canciones que he creado aquí dentro como una experiencia que me está haciendo recapacitar, madurar, reflexionar. Todo pasa por algo».

La música como terapia

Miriam apunta que este tipo de actividades le ayudan a realizar su trabajo de manera mucho más enriquecedora. «Estudio la problemática del interno desde otra perspectiva. Me permite generar un vínculo que posibilita establecer un itinerario de reinserción más global», agrega. Le sigue su compañera María C. M., educadora con conocimiento en sociología y política que lleva trabajando en Estremera 19 años: «Es imprescindible que los internos se sientan útiles, que puedan matar las horas libres con algo productivo, que les ayude a comportarse en sociedad».

María fue la precursora de este taller entre cuyos logros está «atravesar la frontera de la separación interior», es decir, que reclusos de diferentes módulos compartan un mismo espacio. «En estos meses que llevamos de taller, la gente ha cambiado mucho su actitud», comenta en referencia al módulo 1 de Madrid VII, que acoge a personas que todavía no han aprendido a «comportarse bien» dentro del centro.

En este sentido, la sensación de utilidad, el compromiso, el planteamiento de objetivos y la posibilidad de imaginarse fuera de prisión son esenciales para conseguir retos mayores, como el abandono de drogodependencias, redirigir el comportamiento o asumir ciertas normas sociales, abunda María. «El módulo ahora es tu casa, y es una casa que hay que cuidar y hacer habitable, y talleres así ayudan mucho a eso», afirma.

V. L. P. es la única mujer que participa en el proyecto como interna: «Para mí la música es una vía de escape, me relaja, me calma el interior, puedo pensar mejor. En definitiva, es una terapia». Fue dependiente en una tienda de ropa y camarera durante los fines de semana. También ha trabajado como manicurista. Nada de eso tiene relación con lo que hace en el taller, donde cumple las funciones de vocalista y apoyo instrumental. Toca la guitarra, el piano e instrumentos de viento y percusión.

«Siempre me ha gustado la música y la he utilizado como hobby, pero mi paso por prisión ha generado en mí la inquietud de seguir formándome a nivel musical y, por qué no, poder dedicarme a ello. Ha despertado aún un interés mayor», remacha V. L. P. Precisamente, a esto se refería María cuando hablaba de estimular sueños que cumplir una vez hayan recobrado la libertad.

La educadora se acuerda de aquellas personas que reclaman menos recursos para las prisiones, donde miles de personas viven algunos de los peores momentos de su vida. «Habría que explicar muy bien lo que hacemos con los internos. Nosotras aquí no estamos para juzgar lo ya juzgado, sino para hacer efectiva una sentencia y que la cumplan en las mejores condiciones de salud mental, y eso es clave para cualquier humano», se explaya María. «La intervención es esencial y lo mejor para cuando esa persona recupere la libertad. Es lo más justo para las personas que cumplen condena», concluye.

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El trabajo ha sido históricamente el elemento central para poder vivir. Desde finales de los años setenta y hasta la crisis inmobiliaria la incorporación de la generación de los boomers al mercado laboral permitió una expansión del trabajo y una extensión de la clase media en torno a la propiedad. El acceso a la vivienda se producía en un contexto familiar, de forma que era habitual que los hogares estuvieran formados por parejas con dos ingresos.

La crisis de 2008 dinamitó un modelo aparentemente idílico, que más allá de destruir 3,7 millones de puestos de trabajo en poco más de cinco años, acabó con la posibilidad de acceder a la vivienda de las nuevas generaciones, por un endurecimiento de las condiciones de acceso y por un mercado laboral mucho más precarizado. El binomio trabajo y vivienda se rompió.

La ocupación se recupera, el acceso a la vivienda no

España tiene actualmente un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social y un paro por debajo del 10% similar a los datos previos a la crisis del 2008, según datos de la última EPA. La economía española crece a buen ritmo, pero se queda en datos macroeconómicos.

Los sueldos han empezado a recuperarse desde la crisis inflacionaria, pero la vivienda sigue absorbiendo gran parte del sueldo. De hecho, según el informe Convenios colectivos y derecho a la vivienda (2025) de la UGT, una persona trabajadora tiene que dedicar un 40% de su sueldo durante 52 años para poder comprar una vivienda, con precios que, según el sindicato, han crecido más de un 77% desde 2015.

Para acceder a un piso de 300.000 euros, en una operación en que el banco financie el 80% del precio, el comprador tiene que disponer de unos 95.000 euros de ahorros para poder afrontar la entrada, los impuestos y otros gastos de compra. El problema, por lo tanto, no es solo cuánto cuesta la vivienda o qué cuota mensual se puede asumir, si no cuánto dinero se tiene que haber acumulado antes de poder entrar al mercado.

Esta es una diferencia importante respecto al modelo que se consolidó antes de la crisis. Durante el boom inmobiliario, el crédito permitía financiar una proporción muy elevada del valor de la vivienda. Hoy, en cambio, las entidades son más prudentes y el comprador tiene que llegar al momento de la compra con una cantidad importante de patrimonio previo.

Esto convierte el ahorro —y, especialmente, la existencia de un patrimonio familiar que pueda apoyar la compra— en una barrera de entrada. El mecanismo es circular: salario, capacidad de ahorro, entrada, vivienda, patrimonio y, finalmente, transmisión de patrimonio a la generación siguiente.

Para quien parte de una familia propietaria, el acceso a la vivienda puede empezar con un patrimonio ya acumulado. Para quien no tiene, es el salario el que tiene que hacer todo el recorrido. Y en un contexto en que los precios han crecido mucho más que la capacidad de ahorro, este recorrido se hace cada vez más largo.

Con un acceso a la vivienda en propiedad cada vez más limitado, los inquilinos se han casi duplicado desde el 2008 y ya son dos de cada diez. Según el informe de la UGT, en Barcelona un trabajador tendría que destinar el 99% de su salario neto para pagar un alquiler medio de 1.380 euros. Por lo tanto, vivir de alquiler imposibilita la capacidad de ahorro que permite acceder a una vivienda de compra.

El alquiler imposibilita acumular patrimonio

España se aleja de la tradicional «sociedad de propietarios»: cada vez hay más hogares que viven de alquiler mientras la propiedad se concentra más en aquellos que ya disponen de patrimonio. Crecen los inquilinos a la vez que aumenta la concentración de la propiedad.

Si hacemos una comparativa entre 2008 y 2022, los hogares propietarios han pasado de ser ocho de cada diez a poco más de seis de cada diez. Paralelamente, los inquilinos han pasado de ser casi un 12% a estar dos décimas por encima del 19%, y los rentistas se han casi triplicado, pasando del 3,4% al 9,8%, según datos del segundo informe de la serie Vivienda, Consumo y Desigualdad, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con la IFS-CSIC.

De este modo, y a pesar del mantra de que faltan viviendas, el modelo actual beneficia principalmente a quienes ya acumulaban patrimonio. Los que tienen una sola propiedad han disminuido, mientras que los grandes tenedores —los que tienen más de diez inmuebles— han multiplicado su patrimonio inmobiliario por cuatro. Han pasado de 138.000 a 626.000 inmuebles.

Si ponemos el foco en el tipo de arrendadores, solo cuatro de cada diez viviendas de alquiler pertenecen a propietarios con una única vivienda alquilada. Existe una polarización creciente en el mercado, en que los hogares con dos o más inmuebles no paran de crecer. En cambio, aquellos sin inmuebles o los hogares con una sola propiedad —la base histórica del modelo residencial español— cada vez son menos.

El informe del Ministerio concluye que el problema de la vivienda en España «no es solo de oferta o de precios». Añade que «en menos de dos décadas, dos millones de nuevos inmuebles no han ampliado el acceso a la propiedad. Han profundizado en una estructura dual en que la distancia entre quienes no tienen nada y quienes acumulan mucho no deja de crecer».

Una generación sin patrimonio

Los principales perjudicados del modelo de vivienda actual son los hijos de la crisis inmobiliaria: los jóvenes. Siete de cada diez adultos menores de 34 años viven todavía con sus padres. El principal motivo: el coste de la vivienda, según apunta la Encuesta de condiciones de Vida del INE.

Precisamente el acceso a la vivienda es lo que les impide aumentar el capital. La riqueza media de los españoles se ha duplicado en 20 años con una brecha generacional. La participación de los jóvenes en la riqueza neta total del país ha caído hasta el 2,1%. Por el contrario, la de los mayores de 75 años ha aumentado 10 puntos, hasta el 18,3%, según señala el estudio elaborado por Fedea y la Universidad Complutense, junto con la Universidad de Alcalá y Equalitas. El principal elemento de crecimiento de la riqueza neta de los hogares españoles es la vivienda, que no ha beneficiado a todo el mundo por igual.

El informe señala que, entre los menores de 35 años, «se ha consolidado una barrera estructural para la acumulación de riqueza». Hay una menor capacidad de ahorro ante el elevado precio de la vivienda. «Como consecuencia, los jóvenes no solo acumulan menos activos, sino que una proporción creciente no tiene patrimonio». Esto, advierte el informe, «limita su estabilidad financiera y su capacidad para afrontar proyectos vitales a largo plazo».

También señala que el modelo patrimonial español, en que la vivienda representa un 80% de los activos, ha favorecido a las generaciones que accedieron en condiciones más favorables. Por otro lado, los jóvenes afrontan barreras estructurales, como el encarecimiento de la vivienda o la precariedad laboral, hecho que limita su capacidad de ahorro.

El resultado es una fractura que va más allá de la vivienda: mientras la riqueza neta agregada de los hogares españoles ha crecido un 80,9% desde el 2008, la de los menores de 35 años ha caído un 76,7%. La dificultad para acceder a la vivienda no solo les impide emanciparse sino que también les impide convertir sus ingresos en patrimonio.

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Una investigación de la fundación sueca Qurium Media Foundation revela que detrás de estas y de otras decenas de marcas hay tres grupos empresariales con sede en Israel que recurren al mismo mecanismo para cobrar a sus clientes: abrir sociedades en España.

Única función: cobrar

En un piso de la calle Manzanares de Madrid figuran domiciliadas dos sociedades limitadas que no venden nada, no atienden a clientes y no prestan ningún servicio. Su razón de existir, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, es recibir en cuentas bancarias españolas los cobros con tarjeta de las ventas que realiza su casa matriz, en Israel.

Se constituyeron el mismo día, el 23 de agosto de 2012, con el mismo capital (3.100 euros) y la misma socia única: la empresa israelí DSNR. Sus nombres originales apenas disimulaban su función: Kash Col SL y Flashcobro SL (hoy se llaman Immigration Solutions SL y Global EU and North America Consultants SL). Su administrador único desde julio de 2013 era el empresario israelí Ofer Mosberg. En su respuesta a Qurium, Memo Global, heredera de DSNR, aseguró que Mosberg ya no es directivo de la compañía.

En la provincia de Barcelona hay otras dos sociedades, vinculadas a dos grupos distintos que ofrecen servicios parecidos. Una gestiona desde 2021 varios portales de asesoría migratoria que antes estuvieron a nombre de sociedades búlgaras e israelíes (sus responsables, dos hermanos israelíes, niegan a través de su abogado controlar esas marcas). La otra la registró Ori Behrend, hermano de uno de los fundadores del grupo que la controla, GO-BE, en una urbanización de Olivella, un municipio a unos 50 kilómetros de Barcelona. Según Qurium, esa sucursal supuestamente gestionaba los cobros llegados desde la matriz y organizaba los servicios de teleoperación.

Todas esas sociedades comparten la misma función de cobrar en Europa por servicios de tramitación de visados que acumulan quejas desde hace años. En 2020, una investigación de la CBC documentó el caso de unos clientes de PROICC que reclamaron los casi 3.000 dólares abonados tras descubrir que ni siquiera cumplían los requisitos del programa canadiense para el que habían contratado la asesoría. El regulador canadiense de consultores de inmigración reconoció entonces que conocía a la empresa, pero que poco podía hacer salvo recomendar cautela.

No se trata de un fenómeno nuevo. Ya en 2003, un reportaje de la cadena estadounidense NBC describió webs de tramitación de visados decoradas con águilas y banderas para aparentar ser organismos oficiales, entre ellas la de USAFIS. Un funcionario del entonces servicio de inmigración estadounidense contó que habían recibido más de 200 quejas por esas páginas y que carecían de competencias para perseguirlas.

En este caso, todo apunta a que la elección de España como país para registrar sociedades responde, presumiblemente, a la necesidad de cobrar con tarjeta a clientes europeos y latinoamericanos. Estas sociedades aportan, además, apariencia de normalidad: el cliente ve en su extracto el cargo de una empresa europea.

Puerta hacia un mundo opaco

La investigación de Qurium conecta estas empresas con un entramado supuestamente mucho más amplio. En Sudáfrica, el pleito entre una de estas consultorías migratorias y su banco, que le había bloqueado las cuentas tras acumular quejas de clientes y devoluciones de cargos, reveló que la sociedad procesaba presuntamente también pagos de un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas.

Consultados por Qurium antes de publicar la investigación, los responsables citados en el informe negaron las acusaciones. Shefi Goldberg y Gal Behrend, del grupo GO-BE, sostuvieron que todas sus empresas operan conforme a la ley, rechazaron cualquier participación en actividades fraudulentas y aseguraron desconocer la red que describe la investigación; ambos advirtieron de que emprenderían acciones legales. Memo Global rechazó que su actividad sea fraudulenta y alegó 25 años de funcionamiento con procedimientos de control de calidad, aunque admitió que cobraba a sus clientes por asistirles en la lotería de visados estadounidense, un trámite gratuito, y que sus comerciales eran «asertivos y persuasivos».

Tras la publicación del artículo de Qurium, MEMO Global Marketing and Distribution (MGMD) Ltd. ha iniciado procedimientos de insolvencia en Israel, informan desde esta fundación.

La Marea ha colaborado en esta investigación documentando sobre el terreno aspectos relativos a las empresas con sede en España.

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Hemos asistido a persecuciones judiciales al movimiento feminista por pasear una vagina de cartón por la calle, al republicano por rapear canciones contra la monarquía, al laico por criticar los privilegios de la jerarquía católica o al cultural por hacer títeres que explican la sociedad en la que vivimos. Nuestro sistema jurídico protege de forma excepcional los derechos y libertades fundamentales, pero quienes deben aplicar la normativa están fallando muy por encima de lo que puede ser casual. La no derogación de la Ley Mordaza no ha hecho sino consolidar un sistema represivo en progresión, y normalizado ataques a las libertades de expresión, participación política o reunión.

Esta normalización de la represión de la libertad, cuando se consolida como natural, se extiende. El pasado 13 de septiembre, en Donostia-San Sebastián, en una manifestación de Ernai, una suerte de juventudes de Sortu (partido hegemónico de EH Bildu) aunque sin relación orgánica directa, cortaron la cabeza a un muñeco del rey, vestido de gala y con toda la imaginería monárquica. Como imaginan, la derecha se ha revuelto ante dicho acto y la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, miembro del PSOE, ha manifestado que «los extremos se tocan, la ultraderecha y la ultraizquierda» y ha pedido a las fuerzas policiales que investiguen (y sancionen, se entiende) a quienes hicieron dicha representación. Si ya es grave que alguien que se autodefine como socialista ponga en plano de igualdad el fascismo con el antifascismo, si bien sea retóricamente, más grave es, en realidad, que pretenda activar represalias penales. Porque, ¿cuál es el delito que cree que se ha cometido? ¿Un delito contra la Corona? ¿Injurias y calumnias al Rey? No si se compara con un derecho fundamental básico en un Estado de derecho: la libertad de expresión.

Volvamos a la naturalización de la represión de esta libertad. ¿Es la delegada del Gobierno la indicada para decir a la ciudadanía lo que puede decir o no? En una sociedad democrática, no. La delegada hace referencia al franquismo para calificar esta performance, pero era el franquismo el que cercenaba la libertad de expresión, no la ciudadanía.

La libertad de expresión es un derecho fundamental delimitado, no intocable. Tiene límites. Esos límites, según la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tienen que estar justificados legislativamente y responder a la protección de otros derechos. Véase, la protección personal frente a injurias, calumnias o ataques a la dignidad humana de cualquier persona. Podemos resumir la cuestión, en este caso, en que es ilícito insultar a la persona de Felipe de Borbón por su aspecto físico, su orientación sexual, su identidad de género o su forma de hablar. La persona que ocupa el cargo de rey no pierde ninguno de los derechos personalísimos que tenemos el resto de la ciudadanía. Pero la institución a la que representa, el cargo, al contrario, pueden ser objeto de críticas y ataques simbólicos duros. Por esta razón Estrasburgo se pronunció en un caso semejante en 2018 (la condena por quemar una imagen del rey boca abajo), sancionando a España, pues el delito de injurias a la Corona de nuestro Código Penal sobreprotege a la institución y desprotege a la ciudadanía.

El TEDH tiene una explicación, permítanme, muy bonita y sana de lo que es una sociedad democrática. Afirma que esta libertad de expresión se crea para que la ciudadanía puede expresarse frente a quien ejerce el poder, sin represalias. Es un derecho de las de abajo frente a los de arriba. Así, el Tribunal de Estrasburgo concreta que la libertad de expresión «vale no sólo para las “informaciones” o “ideas” acogidas favorablemente o que se consideran inofensivas o resultan indiferentes, sino también para las que hieren, ofenden o importunan: así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe ninguna “sociedad democrática”».

De esta forma, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que España está obligada a cumplir y que es parte de nuestro propio ordenamiento, «no deja apenas margen para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y del debate político –en el que esta adquiere la más alta importancia– o cuestiones de interés general. Además, los límites de la crítica admisible son más amplios con respecto a un hombre político, al que se señala por ostentar esa condición, que a un simple particular: a diferencia de este, aquel se expone inevitablemente y conscientemente a un control minucioso de sus movimientos tanto por parte de los periodistas como por los ciudadanos de a pie; debe, por tanto, mostrar una mayor tolerancia». La libertad de expresión como mejor herramienta de acción política en una sociedad democrática. Por supuesto, el límite a esta acción es la llamada a la violencia o el odio.

En su sentencia de 2018, que tumba sendas decisiones del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional, la forma del acto es relevante. Lo que para el TC era una «incitación al odio» y la «violencia» porque se quemaban imágenes de la pareja real, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se trataba «de elementos simbólicos que tienen una relación clara y evidente con la crítica política concreta expresada por los demandantes, que se dirigía al Estado español y su forma monárquica: la efigie del Rey de España es el símbolo del Rey como Jefe del aparato estatal, como lo muestra el hecho de que se reproduce en las monedas y en los sellos, o situada en los lugares emblemáticos de las instituciones públicas; el recurso al fuego y la colocación de la fotografía boca abajo expresan un rechazo o una negación radical, y estos dos medios se explican como manifestación de una crítica de orden político u otro».

El propio TEDH enmarca estas actuaciones en la sociedad en la que vivimos, la del clickbait y el impacto en redes. Una acción tiene más repercusión si es visualmente provocadora. En el caso que nos ocupa actualmente, la representación de la decapitación de un muñeco del rey, parece evidente la alusión histórica. No es ajeno para nadie que el símbolo de la guillotina es el inicio de la Revolución francesa, revolución burguesa que sirvió para iniciar la consolidación de las libertades individuales y el fin de las monarquías absolutistas. Interpretar de este acto una llamada a la violencia o al odio personal es simplemente absurdo, pues es una evidente alegoría del fin de la monarquía como forma de organización estatal. Como dijo el TEDH para la quema de fotos, «es una forma de expresión de una opinión en el marco de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la monarquía».

Acabamos. Los Derechos Fundamentales se extienden para proteger la dignidad humana, en toda su extensión. La de cualquier ser humano. En una sociedad democrática esto implica una libertad de la ciudadanía de cuestionar a los poderosos, gobernantes o instituciones consolidadas. La consecuencia directa es un nivel mayor de soporte de dicha crítica de quienes ejercen poder.

La libertad de expresión incluye, claro está, la crítica a la acción de Ernai por ser irrespetuosos o faltonas, si eso es lo que se opina. O la crítica a quienes gritan «Pedro Sánchez, hijo de puta» porque tienen problemas para desarrollar idea política alguna. Lo que no queremos, quienes somos demócratas, es que la acción política de la ciudadanía dependa de la opinión de un policía sobreprotegido por la Ley Mordaza o una delegada del gobierno con las prioridades confundidas. No queremos, en suma, que quien grita algo incómodo sin alentar la violencia o el odio a colectivos vulnerables, pueda ser perseguida. En Euskadi nos ha costado mucho tener una sociedad en la que unos pocos no utilicen la violencia y el terrorismo para imponer sus ideas. Una vez logrado, defendamos el uso de la palabra, el teatro y las performances pacíficas, desagradables para unos, divertidas para otras.

Queremos una sociedad en la que el debate político se haga con argumentos, debates y discusiones contradictorias. Preferentemente sin griterío o exabruptos. Pero no asumamos con naturalidad el ilícito cercenamiento de nuestros derechos políticos para defender instituciones todopoderosas o gobernantes. Porque, limitando la libertad de expresión, primero fueron a por el otro, pero un día vendrán a por nosotras.

Ander Gutiérrez-Solana Journoud es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco (EHU/UPV)

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Lo que sí recuerdo perfectamente es que en esos días ya llevábamos abrigo. O, mejor dicho: chaquetón. Entonces no había plumas, ni fiestas de Halloween ni calor en invierno. La cosa más o menos iba así: la última semana de agosto, que solía coincidir con la feria del pueblo, empezaba a refrescar. Y aunque el veranillo del membrillo se colaba algunos años al inicio de las clases, sabíamos que lo nos quedaba por delante no era otra cosa más que frío y más frío. Y braseros de cisco. 

Así seguíamos hasta la primavera y sus rebecas, que daban paso, en mitad de mayo, a las primeras mangas cortas. Habíamos llegado a la romería del pueblo vecino. Luego, claro, venía el verano. Hacía calor, sí. Tela. Pero entonces, al menos en este pueblo de sierra, no hacía falta el aire acondicionado. Se podía dormir.

El verano cada vez más extendido no es, a estas alturas, ninguna novedad. Los aparatos de aire en este enclave rural, por ejemplo, llevan bastantes temporadas colgados en sus fachadas blancas, y hay noches que no corre ni una brizna de algo que mueva algo. Nada. 

Pero las señales de que vivimos en otro tiempo –en todos los sentidos– son cada vez mayores. El avance del calentamiento global, una realidad desde hace décadas en los informes científicos, es visible ya en el paisaje cotidiano, en nuestras vidas. El problema en las aulas, antes, era junio. Ahora el calor está a punto de llegar a octubre. 

El escaparate de esta tienda de barrio resume bien de qué estamos hablando cuando decimos ‘qué hartura, esto no tiene sentido, cuándo acabará’ sin dejar de mirar en el móvil la predicción para la siguiente semana: ahí permanecen a la venta, esplendorosas, las sillas de playa, dispuestas a seguir alargando un verano que se junta ya con las flores de plástico del día de los muertos. Pues hombre, da yuyu.

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