En defensa de @arqueoleg

Un hombre apunta con una pistola a la cámara. A la izquierda de la imagen pone «First the traitors». A la derecha, «then the invaders». El tuit que acompaña al meme, escrito en catalán, dice que gente como él es la primera que tiene que desaparecer del mapa político catalán si queremos enderezar las cosas. Es uno más entre los muchos mensajes que le llegan estos días. El hombre al que van dirigidos se llama Roger Molinas. Es arqueólogo, exmilitante de ICV, activo en los Comuns y conocido en las redes como @arqueoleg. Lo que ha hecho para merecer esto es presentar un escrito ante la Oficina Antifrau de Catalunya.

El 17 de julio se hizo público el decreto de nombramiento de la hija mayor de Sílvia Orriols como agente interina de la policía local de Ripoll, donde su madre es alcaldesa y, además, regidora de Seguridad e Inmigración. La convocatoria se había hecho por vía de urgencia. Orriols aseguró que se había mantenido al margen y que su hija había sacado la mejor nota en un proceso reglado, aunque seis días después de cerrarse el plazo de solicitudes fue ella quien resolvió varios aspectos clave del procedimiento, y la normativa prevé el deber de abstención cuando participa un familiar directo. El 6 de agosto, Antifrau admitió a trámite la denuncia de un particular y abrió expediente. Fase de instrucción, evaluación de verosimilitud, meses para pedir documentación al Ayuntamiento y después decidir si investiga irregularidades administrativas o lo manda a Fiscalía.

Es decir: el funcionamiento ordinario de un organismo de control.

La respuesta de Orriols fue publicar la fotografía de Molinas, su nombre y apellido y su perfil de X, encabezados por dos palabras: «Aquí lo tenéis». Trescientas sesenta mil visualizaciones. Mil doscientas republicaciones. A partir de ahí, el catálogo: insultos por Telegram a las cero horas y siete minutos, dos llamadas perdidas en medio, un audio cantando «gilipollas», un perfil vinculado a Aliança Catalana de Altafulla difundiendo su contacto de Telegram con la coartada de una receta de pastel de manzana, la exhumación de su currículum con un rectángulo rojo sobre la línea que dice dónde trabajó, la acusación de ser agente del CNI, la acusación de cagarse en las piscinas, y un usuario explicando que «hay que eliminarlos de la vida política» mientras colgaba un fotograma suyo con los ojos cerrados.

Los insultos más repetidos eran homófobos. Este detalle no es decorativo.

 De dónde viene la pistola

El meme no es una ocurrencia de un payés de Twitter con la senyera en el perfil. First the traitors, then the invaders es un eslogan de la extrema derecha aceleracionista anglosajona. Su formulación canónica viene de un momento argumental de The Turner Diaries (1978), la novela racista de William Luther Pierce que fue manual de cabecera del terrorismo supremacista norteamericano: un grupo de blancos caza y ejecuta a «traidores de raza» antes de pasar a borrar de la faz de la tierra a toda la población no blanca. La imagen concreta que circula ahora —el hombre con la pistola— está sacada de Citizen Vigilante, una película de Uwe Boll estrenada este año, y Elon Musk la ha reposteado varias veces en las últimas semanas, hasta el punto de que la CNN le dedicó una pieza a finales de julio.

De Pierce a Musk a una cuenta anónima de Ripoll, en catalán, en cuestión de semanas. La globalización funciona.

Lo que llega no es una consigna abstracta. Es una secuencia operativa con un orden explícito: primero los de dentro. El invasor es el segundo objetivo, y lo es precisamente porque el primero, el que hace posible la invasión, es el compatriota que no cumple. El traidor va antes. El extranjero puede esperar.

Hace décadas que se dice que el ultranacionalismo necesita un exterior para definirse. Cuesta más de explicar la parte incómoda: que necesita todavía más un interior defectuoso. Si la nación fuera realmente un hecho natural de sangre y lengua —«vincles naturals de sang, raça, llengua, territori i costums», en la formulación de Els Intransigents de Catalunya, el colectivo del que Orriols fue la cara visible— no haría falta depurarla. La pureza necesita traidores. Sin alguien a quien señalar como impuro, la esencia se queda sin demostración. El maricón, el de izquierdas, el subvencionado, el hijo de los Comuns, el agente de Madrid: todas son variantes de la misma figura. El catalán que no da la talla.

Nostrats

Todo fascismo tiene en su líder supremo la figura a la que someterse. Tanto Trump, rodeado de palmeros constantemente, como Abascal, que ha ido apartando a todos los fundadores de Vox hasta quedar él solo —el último, Ortega Smith, expulsado del partido en abril de 2026—, como Orriols, son figuras prototípicas de los movimientos fascistas históricos.

Señalar al otro. Destaparlo. Enseñar la cara del que molesta para que la jauría sepa dónde morder. Ser inflexible con el débil y llamarlo valentía. No hay nada nuevo en esto: es la gramática del fascismo de toda la vida, la de siempre. Fabricar un enemigo interior, marcarlo, y dejar que la masa haga el resto mientras el que señala se lava las manos.

Aquí esa gramática se envuelve en la estelada. Es un fascismo nuestro, de cosecha propia, que en lugar del águila lleva la bandera de una nación pequeña. Se presenta como la voz de un pueblo amenazado, a punto de desaparecer, que solo se defiende. Es la coartada perfecta, porque quien se cree agredido se autoriza cualquier cosa.

Basta mirar a quién señala y a quién protege. Señala al vecino que denuncia un enchufe, al arqueólogo de los Comuns, al migrante, al que no encaja en el retrato de sangre y lengua. Y protege, en el mismo movimiento, a los de siempre. Porque conviene no perderse en la palabra «independentista»; es lo de menos. Aliança Catalana es, antes que nada, un partido de las élites. Eso explica lo que de otro modo no se entiende: que le esté robando uno de cada cuatro votantes a Vox —gente supuestamente españolista y antiindependentista— y que a la vez haya pasado por encima de Junts, que cae a los 16-18 escaños y solo retiene a la mitad de los suyos. Por debajo de la bandera late algo mucho más antiguo que la bandera: la oligarquía catalana de siempre. La que hizo fortuna con el tráfico de esclavos. La que dio por buena la llegada de Franco porque venía a poner orden. La que nunca ha tenido más patria que sus intereses y que cada vez que se ha sentido amenazada ha sabido dónde ponerse.

Y la genealogía del partido está escrita en los papeles. El Front Nacional de Catalunya se registra en 1999, pero no se presenta públicamente hasta 2013, en un acto en el que Jordi Casacuberta aparece acompañado de Moisès Font, exconcejal de la xenófoba Plataforma per Catalunya en Olot. Por medio, en el año 2000, nace Unitat Nacional Catalana, presidida por Xavier Andreu, exmilitante de la organización neonazi CEDADE y articulista de la revista nacionalsocialista que dirigía Pedro Varela, el propietario de la Llibreria Europa condenado varias veces por apología del Holocausto. El símbolo de UNC era el 33 —Catalunya Catalana, la tercera letra del alfabeto— calcado de la mecánica del 88 de los neonazis alemanes. Orriols fue regidora del FNC en Ripoll y lo dejó en marzo de 2020, por demasiado moderado, antes de fundar su partido ese mismo año. En 2024, Aliança Catalana se distanció de Le Pen y Meloni para abrazar a AfD, y ambos partidos hicieron público el acuerdo con un vídeo conjunto: el partido al que Le Pen y Salvini habían echado de su grupo en la Eurocámara después de que su cabeza de lista dijera que no todos los miembros de las SS habían sido criminales. Y el primer barómetro del CEO de este año le da un 15% de los votos y entre 23 y 25 escaños, tercera fuerza, por delante de Junts. Veintitrés escaños.

Sus votantes, según el mismo barómetro, se colocan en un 5,7 sobre 10 en el eje ideológico. Se creen de centro. También lo creían los que votaron por primera vez a Le Pen y los que metieron a AfD en los Länder del este. Nadie se siente extremista mientras el extremismo consista en decir en voz alta lo que todo el mundo piensa. Por eso no hay que banalizar el fascismo, por eso hay que denunciarlo. Porque si no, un día quizá sea demasiado tarde.

Como dijo Martin Niemöller:

Primero vinieron por los comunistas, y guardé silencio porque no era comunista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.

La entrada Sílvia Orriols, o por qué el fascismo necesita traidores se publicó primero en lamarea.com.

Resulta muy preocupante, a la par que significativo, que uno de esos factores –que en mi opinión obligatoriamente habría que tener en cuenta– apenas se esté contemplando o, en el mejor de los casos, se aluda a él de manera genérica, sin otorgarle el alcance que merece. Me refiero concretamente a la explosiva situación del continente africano –no solo de Marruecos–, especialmente dramática en el África subsahariana. Cualquier análisis de la dinámica migratoria que, como sucede a menudo, omita o no otorgue la debida relevancia a este asunto, no sólo será insuficiente para entenderla, sino que resultará manifiestamente sesgado.

Sí, explosiva, esa es la calificación adecuada para describir la situación del continente africano. Así lo deja claro la información recogida a través de indicadores, monetarios y no monetarios, que pretenden dar cuenta de la precariedad máxima en que se encuentra la mayor parte de la población. Indicadores, como, por ejemplo, los utilizados por el Banco Mundial, insuficientes para captar la magnitud del problema, pero que, no obstante, sí ponen claramente de manifiesto que la pobreza extrema no sólo se encuentra en niveles históricamente elevados, sino que está siguiendo una clara tendencia ascendente.

En este empobrecimiento masivo convergen diferentes dinámicas: el impacto en el continente africano del aumento de las temperaturas globales, la multiplicación de episodios climáticos extremos y la persistente degradación de los ecosistemas; los conflictos militares y las crecientes tensiones instalados de manera crónica en diferentes países de la región y que están en el origen de desplazamientos masivos de población, dentro de esos países, en los colindantes o en dirección a Europa; el insoportable coste de una deuda externa que sitúa como máxima prioridad de los gobiernos satisfacer las exigencias de los acreedores financieros, privando a las poblaciones, especialmente a las soportan mayores niveles de precariedad, de recursos públicos para atender necesidades básicas, de mera supervivencia; el extractivismo practicado por los gobiernos y las corporaciones occidentales con el objeto de beneficiarse en condiciones extraordinariamente ventajosas de materias primas y recursos minerales con los que promover la denominada «transición verde y digital»; el manifiesto fiasco de las diferentes cumbres climáticas a la hora de compensar a las poblaciones del sur por las consecuencias de las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero, que básicamente son responsabilidad de los países ricos y de los ricos de todos los países; la desvergüenza con la que se ha abordado la denominada «ayuda al desarrollo», que, en los casos en los que se mantiene (Trump la ha suprimido) no sólo se ha quedado muy lejos de los compromisos internacionales adoptados hace décadas, sino que se ha convertido en una pieza más de las políticas comerciales e inversoras de los países del norte.

Si se quiere entender el carácter estructural de las corrientes migratorias (Sur/Norte; África/Europa), hay que otorgar a esta problemática, que acabo de presentar de manera esquemática, la centralidad que merece. También para poner sobre el tapete, negro sobre blanco, las políticas institucionales y corporativas, dentro y fuera de Europa, que obtienen de las mismas grandes beneficios.

Ignorar o infravalorar estos factores es pura hipocresía. Una política de izquierdas no se lo puede permitir.

La entrada Migraciones: mirar hacia otro lado para eludir responsabilidades y seguir haciendo caja se publicó primero en lamarea.com.

Sobre la mesa, apoya un tocho de papeles. «Eso es el caso que os comentaba al subir: el supuesto agresor ha sido enviado a prisión provisional por grabar a más de cien mujeres en probadores en un centro comercial», dice el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González. Llega raudo a la Audiencia Provincial tras un señalamiento de última hora y pide disculpas por el retraso de la entrevista, que tiene momentos para asustarnos bastante del mundo en el que estamos viviendo, pero también para algunas risas. Es claro y pedagógico, llena sus intervenciones de ejemplos prácticos y, aunque el Código Penal a veces vaya más lento, defiende el uso de la terminología precisa: «En mis calificaciones ya no pongo pornografía y menos infantil. Es posesión de material de abuso sexual infantil», sostiene convencido de que es posible y necesario aplicar la perspectiva de infancia en la justicia. Cuenta que le gustan las pelis de juicios y los true crime. Porque, en el fondo –explica– es como estar delante de la sala de vistas. También confiesa, entre bromas, que revisa los hoteles, por si esconden cámaras.

Crece el uso de la tecnología y, por tanto, los ciberdelitos. ¿A qué ritmo?

La ciberdelincuencia ocupa ya la tercera posición en procedimientos, por detrás de las lesiones y la violencia de género, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Desde la pandemia, todo lo que son delitos de naturaleza sexual con respecto a personas menores se ha disparado. La gente no tenía contacto, tenía las redes, y cada vez más niños y niñas tienen dispositivos con conexión y redes sociales. Ya no hace falta que quedes con alguien y le des una foto. Lo envías vía nube, vía correo, vía mil formas. Es como el phishing: tiro a ver a quién pesco. Tiro, tiro, tiro, hasta que alguien me diga que sí.

¿Se ha profesionalizado todo esto?

Sí, de hecho, se está trabajando ahora en ver cómo se castiga al que te vende un programa, una forma de engañar, imágenes para captar, que no es en sí el delito, sino el instrumento para cometer el delito. Ahora mismo tú puedes contratar un paquete de cómo hackear un correo electrónico o cómo entrar en la red social de alguien o en su móvil para obtener sus imágenes privadas, su contenido privado. Cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento informático obtiene su pack y ya está. Y ese es el problema que hay, porque en el Código Penal se cita cualquier programa, medio, que facilite específicamente la comisión del delito que sea. Pero hay que ponerlo en todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, en delitos de patrimonio puedes decirle a la IA: «Créame un enlace con la apariencia de esta entidad bancaria, para que cuando pique el que sea, abra un enlace para meter sus datos bancarios». Solo tienes que saber a quién enviárselo, cómo enviarlo, cómo difundirlo.

Y es fácil caer.

Sí, sí. Pero tanto en delitos contra las personas, delitos sexuales, como en delitos patrimoniales. Ves que al final es la inmediatez, la necesidad de contactar con alguien, el sentirse que alguien te sigue, que alguien te escucha. Eso hace al final que caigas.

Hay quien cree que le habla Brad Pitt.

Sí, y es gente que tiene titulaciones universitarias, cátedras… Pero es la soledad, necesitar sentirse conectado con alguien. Y te lo crees. Y el problema es que cuando entras en esto no es fácil saber cómo salir. Ya solo puedes dar una patada hacia adelante. Le pasa a los menores también con los casos sexuales. Inicialmente a lo mejor envían una foto en sujetador. Pero luego llega la amenaza: «O me mandas algo más o lo publico». Y lo mismo con lo otro: cuando piensas que has contactado con alguien que te genera una ilusión, que ves que no estás solo, que no estás sola, pues ya no quieres creer que es mentira. Ese es el problema.

La violencia sexual en la infancia y la adolescencia ha aumentado también con la tecnología. ¿Cómo han evolucionado estos delitos?

Nadie te deja a un niño o una niña de 8, 9, 10, 12 años a tu cargo si no te conoce de nada. Suele ser un delito cometido sobre un menor o un adolescente porque es el entorno el que lo comete. ¿Qué pasa con las tecnologías? Que tú puedes cometer ese delito sobre muchos menores sobre los que no tienes ningún tipo de relación porque los vas cazando en las redes sociales. Eso hace que aumenten. De hecho, el Código Penal prevé expresamente el hecho de que sea una agresión sexual aun cuando no le pongas la mano encima. Dice: cuando le obligas a hacer a la persona menor cualquier acto sexual sobre sí misma. Y eso es lo que ocurre en el ámbito tecnológico. Muchas personas investigadas te dicen: «¿Pero por qué toda esa pena? ¿Por qué agresión sexual si yo no le he puesto la mano encima?» . Pero lo estás amenazando: «O esto, o publico tus fotos. Así que quiero que te masturbes, que te hagas no sé qué». Y, además, por debajo de los 16 años, no hay consentimiento, no hay autodeterminación sexual.

¿No hay entonces conocidos tras las redes sociales?

Lo normal es que sean personas extrañas. Aunque pueda darse en algún caso. Porque incluso cuando es profesor o entrenador, puede ser que lo haga sobre las personas, los menores que entrena, pero normalmente tira de todo. Y eso dificulta más la investigación, porque al final tenemos menores por toda España: uno en Gran Canaria, otro en Tenerife, en Vigo, en Bilbao, Sevilla…

Esa es otra gran diferencia con la violencia intrafamiliar.

Sí, en el ámbito familiar o el ámbito del entorno de la familia es normalmente una persona menor o, si hay un hermanito, una hermanita, dos, pero se acota a una víctima, dos máximo. Sin embargo, en el ámbito tecnológico, en las últimas causas son 8, 10, 20, 50, depende de qué actividad. Manda el mismo mensaje al perfil de víctima que ha elegido.

Por eso las condenas acumulan tantos años, pero se quedan en el máximo legal permitido. ¿Son conscientes de la frustración que puede generar a las víctimas?

Claro, tenemos las limitaciones del Código Penal. Por ejemplo, de este último año en Sevilla tenemos 68 años de prisión. Cumplimiento máximo, 12. ¿Por qué? Porque la pena máxima que le ha caído son cuatro años: cuatro años por tres, 12. Los demás no se cumplen. Otro que era una salvajada, un señor que contactaba con madres y les ofrecía dinero para que hiciesen lo que él llamaba shows con sus niñas pequeñas. Incluso con pañales. No sé si la condena firme fueron 186 años, pero ¿qué va a cumplir? Veinte, el máximo de cumplimiento que se prevé, ni siquiera el triple de la mayor, porque el triple de la mayor era más de 20. Si supera los 20, da igual que sean 1.000, 2.000 o 3.000 años de condena.

O cuando se declaran insolventes y no pagan una indemnización. Aunque se ha hecho justicia en el sentido literal, no en el sentido de reparación del daño según las víctimas.

Sí, el problema es con la responsabilidad civil y creo que es un tema más estatal, es decir, ahí está la ley de ayudas a víctimas de delitos violentos y a lo mejor habría que ampliarlo para cubrir determinadas indemnizaciones, igual que habría que tener a veces en los tribunales sensibilidad sobre qué tipo de indemnización corresponde. Yo tengo muchas veces que discutir el daño moral porque, claro, aquí no se cuantifica. ¿Qué daño moral te genera el que haya una foto tuya desnuda pululando por ahí? ¿Cuánto? ¿Eso cómo te afecta? O que creen un perfil tuyo de Tinder y que te hayan visto. ¿Qué daño moral te puede generar? Hay gente que dice «bueno, daño moral ninguno, tampoco pasa nada». Pues depende, porque a lo mejor tienes tu pareja y eso te puede generar un problema o en el ámbito familiar. Por eso creo que ahí sí que habría que avanzar.

¿De qué manera?

A mí las condenas que hay de penas accesorias a veces me importan igual que la pena de prisión. ¿Por qué? Porque en alguno de los casos, la inhabilitación para realizar cualquier actividad con menores, sea retribuida o no, o la prohibición de acceso a Instagram, a Telegram, a WhatsApp, a todas esas redes sociales, no cuentan con triple de la mayor. Es decir, en vez de prohibir su acceso hasta 2022, pues puede ser hasta 2240. Es imposible, no lo va a cumplir porque se morirá antes la persona, pero de esa manera no va a poder tener ningún trato con personas menores, no va a poder acceder al mismo lugar del crimen, que es esa red social o esa mensajería instantánea. E igualmente con la libertad vigilada, que es comunicar cualquier cambio de domicilio, no residir cerca de institutos, por ejemplo, en el caso de menores, o de zonas donde haya infancia o adolescencia. Es una forma de reparar. Pero lo que no puede ser, lo que no puedes pretender es pedir indemnizaciones tan pequeñas que a mí, como persona, no como fiscal, me resultarían ofensivas. Nada te repara, pero puedes tener al menos una ayuda para terapias. Que al agresor le cueste la libertad, pero también el dinero.

Le escuché en una intervención que decía que podía cometerse una violación en el metaverso. ¿Qué implica a la hora de juzgar un caso de este tipo?

Sí, es como cuando empezaron las criptodivisas. ¿Esto qué es? Porque la gente decía: «¿Qué es una criptodivisa? ¿Te puedo estafar con cripto?». Sí, te puedo estafar, y no es algo tangible, no son billetes, no son monedas. En el metaverso, aunque ha habido un boom y se ha desinflado, tienes un avatar y puedes interactuar como si fuese la vida real. Si tú cometes una agresión en manada sobre un avatar, la víctima puede tener las mismas secuelas porque lo sienten como muy real, pero no hay contacto físico. En Japón, por ejemplo, hay un número alarmante de jóvenes y adolescentes que todo lo hacen vía pantalla. A esas personas lo que les ocurre vía telemática es como si nos ocurriese a cualquiera de nosotros vía física. Lo van a sentir igual y, de hecho, psicológicamente luego se ve. ¿Puede ser un delito de agresión sexual? No está previsto en el Código Penal. Habría que encajarlo dependiendo de cómo se hiciera. Por ejemplo, un delito contra la integridad moral si ha habido humillación. Pero no tiene nada que ver con lo que sería un delito sexual, que tiene mucha más pena.

¿La propia tecnología torpedea la investigación?

Todo lo tecnológico empieza a chocar con problemas de investigación tecnológica como qué pasa si la persona no deja la huella, la cara, el PIN de desbloqueo y es un móvil de última generación y todavía no se dispone de las licencias para hackearlo policialmente. ¿La puedes obligar? Eso no está previsto. El ADN, sí. Si te niegas al ADN, un órgano judicial puede decir, vale, pues se va a emplear la fuerza mínima imprescindible para cogerte los hisopos de saliva o un cabello, lo que necesitemos. Pero ahora mismo no está previsto que yo coja tu cara y la ponga delante de tu dispositivo o te coja tu dedo y haga así. ¿Eso qué implica? Problemas con la investigación.

¿Y ha mejorado en algo la investigación esa misma tecnología?

Siempre tienes que partir de la base de que nosotros vamos por detrás de los malos, de las personas malas. No obstante, un ejemplo, el de las denuncias falsas, las simulaciones de delitos. Cuando una persona dice que le han robado el móvil a punta de navaja o le han dado un tirón y es mentira, lo que quiere es que el seguro le dé un móvil nuevo y estas cosas. Pues ahora se utiliza la IA, hay un programa con unos algoritmos que, depende de qué expresiones use, puede decir si está mintiendo. Porque la gente piensa que es superinnovadora cuando te cuentan una película, pero dices: «Tío, es que ya he oído esto mil veces».

¿Siempre hay un detalle que se olvida?

A veces tiras del hilo a partir de un perfil abierto en una red social que se enlaza con otro en un crowdfunding que ha hecho y consigues un teléfono, una dirección, un correo electrónico. O el correo de recuperación es uno suyo de verdad, porque no ha caído en crear otro falso para recuperarlo, o en el caso de verificación del teléfono ha metido el suyo o el de su primo, el de su prima… La inmediatez también juega en su contra y hace que se salten las normas básicas de ‘siempre con VPN, siempre a través de teléfonos prepago, nunca con cuentas’. Y entonces ves un mensaje en la intervención que viene de un número localizable o desde una IP de verdad que dice: «Tío, no he podido reenviar los 100.000 euros porque estoy en la comunión de mi hijo».

Es como si estuviéramos viendo una película.

Es que yo he tenido víctimas delante y es lo mismo, te cuentan lo mismo, mismo modus operandi, mismas fotos, hasta los tipos de trabajo: trabajo en una petrolera en alta mar o soy agente de la CIA y entonces me muevo por el mundo y no te puedo ver. Y luego viste mucho decir: «Estoy saliendo con un agente de la CIA». Ya, ya, claro. Los malos que hay en la red son muy malos en el sentido de que hacen maldades, pero muchos malos son muy buenos a la hora de captar, de analizar, de ver tu vulnerabilidad.

¿Y cómo se ve desde la Fiscalía el aumento de la violencia sexual entre los mismos menores?

Eso es otro problema. Tuvimos aquí hace poquísimo un caso que investigamos con un agente encubierto de la Guardia Civil sobre publicaciones en Telegram de peleas entre adolescentes. Y en ocasiones ocurre por el hecho de que te sigan más personas, por los likes. Las cuelgan, le dan y se quedan con esa sensación de todo el mundo animándote diciendo que qué bien lo has hecho. Es una mensajería instantánea, no tienen control, no te retiran el contenido, y eso también ayuda a hacerlo. En ese contexto, los contenidos violentos, agresivos, son más vistosos, porque si sales hablando de cultura, del Quijote, pues te va a seguir el gato.

¿Se mezcla con el bullying?

Sí, en el último caso de Sevilla que todos conocemos, el de Sandra, hay gente que creaba un perfil simulando ser alguna de las supuestas chicas acosadoras simplemente para conseguir seguidores. Les da igual que los insulten, el subidón es eso.

¿Y la educación qué papel juega?

Es fundamental. No consiste en retirar el móvil, porque no podemos educar a personas que no manejen tecnología, pero sí que tengan un poco de control y un poco de educación y de sensibilidad. Es decir, ¿qué nos pasa con las manipulaciones, los deepfakes? Manipulo una foto y te pongo desnuda o desnudo y lo lanzo al mundo virtual. Un poco de cultura, oye. ¿Te gustaría que te lo hiciesen a ti? Porque yo creo que incluso falta esa reflexión por la inmediatez, por la facilidad que tienen las aplicaciones. De hecho, hay unas diligencias de investigación en Fiscalía General del Estado, en la Sala contra la Criminalidad Informática, y nos están pidiendo que miremos si tenemos alguna causa en la que alguna plataforma, alguna red social haya facilitado en exceso este tipo de acciones para ver qué tipo de responsabilidad tendría, civil, penal.

¿Habrá sentencias en España como la de Estados Unidos que declara culpables a Meta y YouTube por su diseño adictivo?

La legislación en Europa es distinta incluso en indemnizaciones y en vía de persecución. Aquí se está trabajando en que las grandes plataformas colaboren con la investigación y se está investigando qué tipo de responsabilidad pueden tener. Pero aquí también son monstruos tecnológicos. Podría ser que todo el mundo estuviese identificado a través de un perfil, en una red social, al acceder a determinadas páginas web.

¿Y por qué no se exige?

El problema está en ¿cuántos perfiles? Puede haber gente que tenga uno, pero muchas veces te dicen, no, tengo el mío, el que le enseño a mis padres y el que tengo para bichear a no sé quién, o sea, tres la misma persona. Y luego, ¿qué implica identificarte? Porque la plataforma lo que quiere es tener muchos perfiles, muchas publicaciones. ¿Y cómo nos identificamos? ¿Certificado digital? Es que le daríamos nuestros datos a Meta, a X o a dios sabe quién. ¿Y esos datos dónde van a ir? ¿Dónde se quedan? ¿En Europa? No, porque igual van a su matriz en Estados Unidos. Entonces, tienes que hacer una especie de certificado parecido, ¿qué datos incluyes? ¿Qué no? O si quieres entrar en una página porno. Normalmente no tienen su sede social en España, la tienen por ahí, en Chipre, en Malta o en países que no son entorno Unión Europea y que se caracterizan por ser opacos en todo, en plano financiero, en plano de protección de datos. Igual tus datos aparecen por ahí. Es complicado.

¿Entonces no veremos una sentencia como la de Estados Unidos?

El derecho anglosajón es un poco más abierto. Probar la relación causa-efecto de una adicción sin sustancia, que sería una red social, es muy complicado desde el punto de vista de los órganos judiciales. ¿Que se pueda ver? Se podría. Pero de momento, lo que estamos explorando es la posible responsabilidad civil o penal que pueden tener en casos muy concretos como una manipulación de imágenes. Y es difícil porque, además, debes acreditar que las personas en sí mismas, esas personas menores, han tenido esa afectación.

‘Pederastas, un problema estructural que no queremos abordar’, un especial de La Marea. Puedes descargarte el reportaje principal aquí.

La entrada Gabriel González: “Si cometes una agresión en manada sobre un avatar, la víctima puede tener las mismas secuelas que en la vida real” se publicó primero en lamarea.com.

CONCHI LILLO // El próximo 12 de agosto de 2026, entre las siete y las nueve de la tarde, España será testigo de un evento astronómico histórico. La Luna ocultará el Sol en una franja que cruzará media península generando un eclipse total, mientras que en el resto del país se vivirá un eclipse parcial muy profundo. Pero ojo porque, si no tenemos cuidado, más de uno se va a llevar un “recuerdo” permanente en la retina, en sentido literal.

Aunque somos conscientes de que mirar el sol directamente es peligroso, al producirse el eclipse al atardecer, cuando ya está muy bajo en el horizonte, a punto de ocultarse, podríamos pensar que, como ya “casi no calienta”, que no es peligroso, y experimentar así una falsa sensación de seguridad que nos tiente a observarlo de forma directa sin protección, poniendo en riesgo nuestra salud visual.

¿Por qué es peligroso mirar directamente al sol?

El peligro radica en que, además de la luz visible, la radiación solar incluye componentes como la luz ultravioleta (UV) y la infrarroja, que, aunque son invisibles para el ojo humano, dañan nuestro órgano visual de formas muy distintas.

En concreto, el Sol genera 3 tipos de radiación ultravioleta: A, B y C. Mientras que la UV-C, más energética y dañina, es bloqueada completamente por la atmósfera, las otras dos sí alcanzan la superficie terrestre. La radiación UV-B es absorbida mayoritariamente por la córnea y la conjuntiva del ojo, pudiendo causar, entre otras complicaciones, fotoqueratitis, una inflamación dolorosa similar a tener “arena en los ojos”.

La UV-A es menos energética pero más penetrante, por lo que llega al cristalino y a la retina. Se sabe que en el cristalino provoca cambios irreversibles en sus proteínas y por eso es uno de los desencadenantes del desarrollo temprano de las cataratas. En la retina, constituye un factor de riesgo para una patología visual muy severa: la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

Radiación infrarroja: cuando el ojo se recalienta

La radiación infrarroja alcanza también el fondo del ojo, la retina, provocando un aumento de su temperatura. Al sobrecalentar los tejidos y las células fotorreceptoras, conduce a lo que se conoce como retinopatía solar.

El problema es que la retina no tiene receptores de dolor. Podemos estar sufriendo una quemadura solar en la mácula y no darnos cuenta hasta horas después, cuando descubrimos un borrón negro permanente en el centro de la visión. Lo peor es que, si llegamos a ese punto, el daño ya es irreparable.

La oscuridad engaña

Mirar al sol durante el eclipse no es más peligroso per se que hacerlo en un día normal, pero hay una diferencia clave: durante un día soleado, mirar al astro rey directamente nos molesta (fotofobia) y apartamos la mirada. Además, ante esa alta intensidad luminosa nuestra pupila se cierra, como si fuera el diafragma de una cámara de fotos, reduciendo así la cantidad de luz que llega a nuestra retina.

Durante el eclipse, sin embargo, la intensidad luminosa es mucho menor –sobre todo si es total y se produce al atardecer–, por lo que nuestro cerebro ordena a nuestra pupila dilatarse para ver mejor. El problema es que la radiación infrarroja y los rayos UV-A siguen muy presentes en ese momento. Y al estar la pupila abierta, estas radiaciones no encuentran ningún impedimento para llegar hasta nuestra retina, entran “a chorro” y se concentran en la mácula, el punto de máxima agudeza visual.

Los rojos del atardecer

¿Se ha preguntado alguna vez por qué el cielo se tiñe de tonos rojizos al atardecer? La luz blanca del sol es una mezcla de todos los colores de nuestro espectro visible (y de las radiaciones ultravioletas e infrarroja ya mencionadas). Al entrar en la atmósfera terrestre, esta luz choca con las moléculas de nitrógeno y oxígeno, y se genera un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh.

Durante el día, cuando el sol está alto, la luz recorre una distancia corta y se dispersan principalmente las longitudes de onda más cortas, las más energéticas, que son las azules y violetas, convirtiéndolas en las más abundantes en el cielo. Por eso en días soleados vemos el cielo de color azul.

Al atardecer, sin embargo, la luz atraviesa un espesor de atmósfera mucho mayor para llegar a nuestros ojos. En este trayecto tan largo, la luz azul se dispersa casi por completo antes de alcanzarnos, de manera que, al final del trayecto, solo sobreviven las ondas más largas: los tonos amarillos, naranjas y rojos. Y aunque la intensidad de los rayos UV-B disminuye cuando el sol está bajo, los UV-A –que constituyen el 95 % de la radiación UV que llega a la Tierra– siguen penetrando la atmósfera.

Gafas ISO 12312-2:2015 para una protección total

Para observar este fenómeno de forma segura, las gafas de sol con protección UV convencionales no sirven, por muy buenas que sean, ya que están diseñadas para la luz reflejada, la que rebota, y no para el impacto directo de la radiación solar. Tampoco son útiles las radiografías, los cristales ahumados, los CDs, los negativos fotográficos o el papel de aluminio: ninguno de ellos filtra el infrarrojo.

Por eso necesitamos recurrir a visores que cumplan la norma ISO 12312-2, los únicos que están homologados y garantizados para protegernos de todas las radiaciones peligrosas. Se fabrican con polímero negro, una resina de polietileno infusionada con partículas de carbono que absorbe el 99,99 % de la energía solar. Es común ver que estas gafas incluyen el número 2015 detrás (ISO 12312-2:2015), que hace referencia al año en que se actualizó la versión vigente de la norma.

Técnicamente, estas gafas tienen una densidad óptica 5 (OD 5). Esto significa que su factor de atenuación es tan alto que solo permiten el paso de una parte de cada 100 000 de la luz incidente (en la jerga, se habla una transmitancia del 0,001 %). Para hacernos una idea, son gafas 30 000 veces más oscuras que unas gafas de sol normales.

Existe una única y breve excepción a la regla de protección: la fase de totalidad. Solo cuando la luna cubra por completo el disco solar y aparezca la corona será 100% seguro retirar las gafas para observar a simple vista el eclipse. Pero ojo porque esta fase dura poco, por lo que hay que extremar la precaución y volver a colocarnos las gafas en el instante en que reaparezca el primer punto de luz.

Que no nos timen con las gafas

Para verificar que las gafas que tenemos son adecuadas, no solo hay que localizar la norma ISO 12312-2:2015 y el marcado CE en la patilla. También deben aparecer el nombre y la dirección del fabricante, para evitar falsificaciones.

Es importante comprobar las gafas antes de usarlas: si al ponérnoslas podemos ver algo con ellas que no sea el sol (los muebles de casa, los árboles de la calle, etc.), son falsas. Con unas homologadas solo deberíamos ver el sol o una bombilla muy potente.

Usar gafas de más de 15 años no es aconsejable, ya que los materiales se degradan con el tiempo y perderían su efectividad. Si el filtro tiene un arañazo o agujero, también es desaconsejable utilizarlas, ya que ese pequeño impacto actuará como un láser que se dirigirá directamente a la retina.

Por otro lado, es esencial guardar las gafas en un estuche protector. Y evitar limpiarlas con líquidos o productos abrasivos que degraden el polímero.

Y en ningún caso se puede mirar a través de telescopios o prismáticos con gafas de eclipse puestas: las lentes de estos equipos actuarían como una lupa gigante para la luz, quemando el filtro en milisegundos y dejando pasar la luz directa al ojo. Si usamos estos equipos, que sea instalando en sus objetivos frontales unos filtros solares especiales.

Un colador, una cámara estenopeica y los cinco sentidos

Si no contamos con gafas que cumplan la norma, se pueden usar métodos de proyección indirecta. Por ejemplo, con un colador de la mano, nos ponemos de espaldas al sol y dejamos que la luz pase por los agujeros, proyectando la sombra hacia el suelo o una pared. Podremos ver cómo cada agujero proyecta un pequeño eclipse. Otra opción es usar una cámara estenopeica, en la que los rayos de luz atraviesan un pequeño agujero para formar la imagen dentro de una caja.

La NASA ha difundido un vídeo explicando cómo fabricar de forma casera una cámara estenopeica usando una caja de cereales, un trozo de papel, tijeras, cinta adhesiva y papel de aluminio. Los métodos de proyección son 100 % seguros y muy divertidos de fabricar con niños.

En cualquier caso, lo mejor es vivir el eclipse al completo, sintiendo cómo se refresca el aire cuando se esconde el sol, escuchando cómo los pájaros quedan en silencio y mirando cómo cambian los colores de repente alrededor de nosotros. En definitiva, disfrutar de la experiencia con todo el cuerpo, pero protegiendo los ojos para que sigan intactos para disfrutar, entre otras cosas, de muchos otros eclipses que están aún por llegar.

Conchi Lillo es profesora titular de la Facultad de Biología e investigadora de patologías visuales en la Universidad de Salamanca.

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Es posible que a lo largo de este año hayas oído hablar del Lyceum Club de Madrid: una institución pionera en la historia del asociacionismo de mujeres en España. En su centenario, el Ministerio de Cultura ha impulsado una celebración oficial con un programa de actividades destinado a recuperar la mucha memoria aún desconocida de este espacio que llegó a aglutinar a medio millar de socias. 

En esa misma línea se inscribe Marisabidillas, frívolas y peligrosas. El Lyceum Club Femenino de Madrid (1926-1936), un trabajo de Rocío González Naranjo recientemente publicado por Hoja de Lata. Fruto de una larga y exhaustiva investigación, fundamentalmente de archivo, de cuyos detalles dan cuenta casi cien páginas de anexos, el libro es un acervo de información que contribuye también, sobre todo, a sistematizarla, ordenarla y ponerla en diálogo con el presente. 

En el prólogo, la autora celebra y agradece la estela de investigaciones que ha ido permitiendo entender el alcance real de una iniciativa que durante mucho tiempo se presentó apenas como un espacio en el que mujeres burguesas ociosas se juntaban a tomar el té, y alumbrar distintos aspectos de su dimensión política. En particular, González Naranjo reconoce como predecesora la obra de Tània Balló, que es además la comisaria del centenario; y que consiguió que su categoría de Las Sinsombrero –acuñada en un libro y un documental– acercase al gran público a las mujeres de la Generación del 27 y las hiciese «sexis» para una lectura contemporánea. 

Así también esta obra intenta escapar de la esclerotización de la memoria hacia la que resbalan a veces las conmemoraciones para presentarnos a unos personajes vivos, contradictorios y difíciles de encasillar.

Tres años antes de que Virginia Woolf publicara su ensayo sobre la habitación propia, estas mujeres estaban intentando hacerse con una… pero en colectivo. En la llamada Casa de las Siete Chimeneas –que, curiosamente, forma parte hoy del edificio que alberga el Ministerio de Cultura– construyeron un espacio de reunión al que los hombres no podían pasar más allá de la sala de té. Allí desarrollaron una frenética actividad: casi 600 eventos en una década de vida. Cultura, arte, cursos, fiestas… en un espacio también de ocio y de encuentro, como se aprecia en las fotos incluidas en el libro, en las que casi parece a veces que se ven flotar en el aire las risas y las conversaciones.

Pero, sobre todo, el Lyceum Club quiso, en palabras de María Terea León, «adelantar el reloj de España». Fue un lugar de pensamiento y de organización para la acción. En principio, a través del trabajo social, con iniciativas como una casa de acogida para niñas y niños, una biblioteca en braille, u otras en favor de la salud pública o del bienestar animal. Pero también a través de luchas que la autora no duda en calificar de feministas, como su posición en contra de la violencia machista («uxoricidio», en términos de la época).

Aunque en un principio las fundadoras buscaron principalmente como socias a «mujeres casadas, honorables y solventes»,  para mantener una imagen respetable y evitar los ataques, la investigación muestra una apertura discreta a la libertad sexual y de costumbres. Las socias eran disidentes sobre todo en términos de resistencia a una normatividad que esperaba de ellas que fueran esposas y madres. Lesbianas y bisexuales –públicas o no–, solteronas, divorciadas antes de que el divorcio fuera legal –«decidieron ser libres antes de tiempo»–, madres solas… El club proporcionaba también una red segura que permitía a las mujeres construir un espacio mayor de libertad en sus propias vidas.

Una anécdota a modo de guinda para el diálogo entre tiempos:  en febrero de 1931, «el dueño del local de Infantas desahució a las socias (…) Quería expandir su negocio y comenzó a hacerles la vida imposible para que se fueran».  Es así como de su primera, histórica sede, tuvieron que mudarse a otra, en la calle San Marcos. Una nota de esperanza para estos tiempos de gentrificación: el Lyceum Club siguió su actividad casi exactamente igual en su nueva casa. Las habitaciones propias no dependen exactamente del lugar en sí. 

Más allá del protagonismo de sus integrantes más célebres –como las políticas y abogadas Clara Campoamor y Victoria Kent, Zenobia Camprubí, las escritoras Concha Méndez o Elena Fortún, la pedagoga María de Maeztu o la activista María de la O Lejárraga–, Marisabidillas, frívolas y peligrosas pone el foco sobre otras figuras. Esto permite conocer a algunos personajes extraordinarios: hay, por ejemplo, una página deliciosa en la que se enumera una relación de socias a las que une haber sido, cada cual, pionera en su disciplina. Las primeras en hacer algo, desde la oceanografía hasta la ópera. 

Su investigación rastrea sobre todo los vínculos, en un recordatorio de que una siempre llega a los sitios por las demás, con las demás: quién conoce a quién en casa de quién; qué se piensa al hilo de qué acto montado para qué. Cómo se organizan las secciones, las juntas directivas. Cuál es, al cabo, la logística y el mapa afectivo de lo que se consigue hacer.

Pero, sobre todo, esta panorámica de personajes le permite a González Naranjo insistir en la heterogeneidad del grupo. Las socias del Lyceum Club eran diversas en edad, ideología, fe religiosa (o no)… No así en términos de procedencia económica: eran mujeres de clases acomodadas, aunque la investigación destaca que sí eran mayoría las que se mantenían de manera autónoma con su profesión. 

Aunque no elude las escisiones internas –y sobre todo el efecto que tendrían a partir de los años previos a la guerra, cuando muchas de estas mujeres intensificaron su actividad política–, el foco de González Naranjo está en lo que estas mujeres lograron hacer juntas. Frente a la tentación habitual de arrimar la memoria a algún árbol del presente, Marisabidillas, frívolas y peligrosas pone de relieve precisamente el interés de que mujeres muy distintas entre sí fueran capaces de trabajar juntas durante una década por lo que sí tenían en común. 

Alumbrando, así, la pista de una memoria de encuentro que puede tener sentido recobrar como tal un siglo más tarde, a pesar de la dispersión causada por la represión, muerte y exilio de muchas de las socias, y la asimilación en el régimen franquista de muchas otras. La de un empeño compartido que, durante un rato, puso por delante de cualquier otra cosa la voluntad de avanzar en un camino de emancipación.

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para apoyar el periodismo independiente.

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Unos minutos después estaba poniendo una reclamación en un habitáculo acristalado con el rótulo de «Experiencia del paciente». Allí le describí lo ocurrido a una trabajadora. Cuando comencé a explicarle que exigía una disculpa pública porque no se pueden admitir ni normalizar los discursos de odio, me tembló la voz. La joven me respondió con los ojos acuosos: «Gracias, porque yo soy marroquí y me duele. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que ha ocurrido en Ceuta, pero ¿qué tendrá que ver eso? No somos invasores ni traemos enfermedades».

Al salir, he llamado a una persona cercana para contarle lo ocurrido. «Lo peor es que si en lugar de ella te hubiese tocado un español, no hubiese sido extraño que te tratase de exagerada», me ha dicho. Y he pensado que eso es lo más terrible, lo que más va a costar revertir de todo esto: la más abyecta normalización del racismo.

Desde que comenzó la crisis humanitaria de Ceuta no puedo dejar de pensar en nuestros vecinos y vecinas marroquíes. La comunidad marroquí es la más importante entre las de origen extranjero en España: casi un millón de personas. Hombres y mujeres que a la vez que sufrían y sufren las políticas criminales y criminalizadoras antiimigración, contribuyen de manera determinante al crecimiento y desarrollo de nuestro país; personas que, además de sacar adelante a sus hijos e hijas –españoles, por si algún M. Rajoy lo cuestiona–, se desloman para enviar unas remesas cruciales para la supervivencia de sus familias y para la economía marroquí; personas que estos días de dolor inenarrable en Ceuta han sufrido viendo a su gente huyendo a nado de su país, de las batidas ciudadanas, pasando hambre durante días a la intemperie o morir ahogada; personas que una vez más tienen que ser testigos de cómo la élite marroquí usa a su población como fichas de usar y tirar en los juegos del hambre de la geopolítica, a la vez que la derecha ultra y la ultraderecha españolas los deshumaniza hasta convertir incluso a sus niños y niñas en una amenaza, en deportables, en seres desechables.

Nada de todo lo que están viviendo sería posible, ni siquiera imaginable, si estas personas fuesen blancas, europeas, estadounidenses, canadienses o israelíes. En tal caso, estaríamos dando el pésame a nuestros vecinos y vecinas marroquíes, preguntándoles cómo lo están viviendo, organizando minutos en silencio para acompañar su duelo, diciéndoles «lo siento». Acabamos de asistir a una de las tragedias con mayor número de víctimas de la democracia española: 141 muertos –hasta el momento de la publicación de este artículo–. Y apenas si sabemos el nombre de un par de ellos. Por el contrario, estos días, la comunidad marroquí-española está soportando una avalancha de odio que les asalta a través de programas de televisión, de agitadores en las redes sociales, de insultos de clientes en sus propios negocios, de comentarios por parte de sus empleadores, de padres y madres en los chats del colegio…

El supremacismo blanco, macerado durante los más de 30 años en los que la UE y los sucesivos gobiernos de España han respondido a los movimientos migratorios con unas políticas securitarias, externalización de las fronteras y leyes de extranjería racistas, ha estallado estos días también de manera impúdica en las conversaciones familiares, en los grupos de amigos, en las pausas para el café con los compañeros de trabajo… Acabemos con su impunidad. Digamos «no», «no en nuestro nombre», seamos rebeldes, como nos enseñó Albert Camus, y conservemos la dignidad diciendo «no» contra todo aquello que atente contra la dignidad de los demás. Digamos «no», no seamos cómplices con nuestro silencio, hagamos que ser racista vuelva a dar vergüenza, alcemos la voz contra su odio, es lo mínimo que podemos hacer por nuestros vecinos y vecinas, quienes sufren la violencia racista estrellarse, cada día, contra sus cuerpos, mientras ven cómo en esta guerra que se libra contra la humanidad son ellos los que ponen los muertos: los que ahora se amontonan en la morgue ceutí y los que desde hace décadas matan nuestras fronteras y desaparecen en los océanos. Digamos «no», aunque sea para salvarnos y no hundirnos por su peso en nuestras conciencias.

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El partido de Abascal gestionará las políticas relacionadas con un tipo de violencia, la machista, cuya existencia han negado en numerosas ocasiones. El líder de Vox apela a menudo a lo que él llama «ideología de género» para desacreditar la lucha contra la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres. Miembros del partido ultra han llegado a decir que «la violencia no tiene género» o, directamente, que «la violencia machista no existe». En el ámbito andaluz, concretamente, Vox ha criticado con dureza la labor realizada por los profesionales que se ocupan de prestar asistencia a las víctimas. Con estos antecedentes, la reacción política y social a la decisión de Moreno Bonilla no se ha hecho esperar.

«Es una irresponsablidad gravísima», decía ayer Teresa García, presidenta del Foro Feminista de Sevilla, en la Cadena SER. A su juicio, esta concesión responde a una tendencia que viene de lejos en el caso del presidente andaluz: «Durante las dos últimas legislaturas de Moreno Bonilla se ha ido desmantelando progresivamente la estructura de las políticas de igualdad en Andalucía». En esa misma línea se expresó la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: «Moreno Bonilla no cede, sabe perfectamente lo que hace».

La oposición andaluza en bloque salió a censurar la decisión del presidente. «Es intolerable e indecente que el señor Moreno Bonilla deje en manos de Vox la protección y la atención a las víctimas de violencia machista», afirmaba Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, abundaba en el «peligro y la irresponsabilidad» que supone ceder a Vox las políticas de violencia de género. Desde Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo hizo hincapié en el interés político del presidente de la Junta a la hora de tomar esta decisión: «Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres». «Es poner en riesgo la vida de las mujeres, es entregarnos como moneda de cambio a los bárbaros», apuntaba, por su parte, Toni Morillas, coordinadora de IU en Málaga.

El «lío» ha llegado hasta el Gobierno central. Desde el Ministerio de Igualdad le han enviado una carta a Moreno Bonilla en la que le piden una «reunión urgente» y «una rectificación» tras ceder a Vox las competencias en la atención a las víctimas de violencia de género. La ministra Ana Redondo solicita al presidente andaluz y a su gobierno que retome la senda de coherencia institucional: «Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda, ni ver debilitadas las políticas públicas destinadas a garantizar su seguridad, su libertad y su derecho a vivir una vida libre de violencia, más aún cuando las cifras de incidencia de la violencia de género en su comunidad son tan preocupantes».

El acuerdo al que han llegado el PP y Vox deja en manos de la formación neofascista las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, que se encargan de evaluar a la víctima, al agresor y a los menores expuestos a la violencia. Andalucía fue pionera a la hora de poner en marcha estas unidades de actuación especializada, integradas por personal médico forense, profesionales de la psicología y del trabajo social. Vox cuestionó a estos profesionales desde que entró por primera vez en el parlamento andaluz, en 2019, acusándoles de sesgo ideológico. Por aquel entonces, por medio del exjuez y diputado antifeminista Francisco Serrano, exigió «depurar» estas unidades y para ello solicitó en el parlamento «una relación detallada con nombres y apellidos de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta».

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La investigación analiza la composición y estructura de estos consejos de más de 10.000 revistas científicas de una quincena de editoriales representativas de distintos modelos de publicación, a partir de más de 811.000 posiciones editoriales. “El trabajo pone de manifiesto la relevancia de analizar los comités editoriales, ya que estos deciden qué trabajos se publican y, por tanto, influyen en la orientación y legitimación del conocimiento científico”, señala Evangelina Becerra, investigadora del CSIC en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y una de las autoras del estudio. “Este estudio permite observar, a una escala hasta ahora poco habitual, cómo se distribuye la autoridad dentro del sistema de publicación científica”, añade en una nota de prensa.

En conjunto, los resultados evidencian que la autoridad editorial se distribuye de forma desigual por género, territorio y tipo de institución: considerando únicamente los casos identificados, dos de cada tres puestos están ocupados por hombres (66,8%) y la representación nacional se concentra en Estados Unidos (28%), seguido por Reino Unido, Italia y Alemania. En el plano institucional, más del 90% de los editores está vinculado a universidades, mientras que la presencia de organismos gubernamentales, centros sanitarios, empresas y entidades sin ánimo de lucro es muy reducida. Esta concentración es mayor que la observada entre los autores científicos y confirma que la función editorial continúa estrechamente asociada al ámbito académico.

Para hacer comparables las distintas denominaciones utilizadas por las editoriales, el estudio desarrolla una ontología común de nueve tipos de roles editoriales. Entre las posiciones cuyo rol pudo clasificarse, las categorías más frecuentes son las de editor de
revisión (38,5%), miembro genérico del consejo editorial (37,6%) y editor asociado (21%), mientras que los editores jefes representan solo el 0,9% del total.

Además, los resultados muestran que los consejos editoriales no son estructuras neutrales: presentan una fuerte jerarquización y concentran la representación en determinados países, instituciones y perfiles. “Es por esto que disponer de datos comparables sobre su composición es un paso necesario para avanzar hacia modelos editoriales más transparentes, diversos y representativos de la comunidad científica internacional”, subraya Becerra. Así, el estudio ofrece una base empírica para evaluar la transparencia de los procesos de selección, diversificar los perfiles incorporados a los consejos editoriales y desarrollar un seguimiento sistemático de la equidad y representación en la publicación científica.

Este trabajo de investigación está financiado por la Comisión Europea-NextGenerationEU, a través del programa Momentum CSIC: Desarrolla tu talento digital. Asimismo, Evangelina Becerra es personal contratado en el marco de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para la atracción y retención de talento a través de becas y contratos de formación, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

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Cada vez que enviamos un correo, hacemos una búsqueda o jugamos en línea, las señales eléctricas que generamos no viajan al cielo, sino bajo tierra: por cables y redes, hasta llegar a edificios muy concretos. Son los centros de datos, naves industriales repletas de miles de servidores que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Los ladrillos del mundo digital. 

Existen desde hace décadas, durante las cuales han pasado casi inadvertidos. Ya no es así. Tras la llegada de la inteligencia artificial generativa, el número, tamaño y consumo de los centros de datos se han disparado, al igual que su geografía. Mientras antes solían instalarse cerca de los grandes núcleos urbanos para minimizar la latencia (es decir, el retardo en la transmisión de datos), ya pueden ubicarse en zonas remotas, donde se enfrentan con administraciones locales que nunca han tenido que evaluar propuestas técnicas complejas, elaboradas por los expertos y abogados de empresas milmillonarias.

La clase empresarial presenta las instalaciones como algo inevitable y, al mismo tiempo, una oportunidad única de bonanza económica sin argumentos contrastables.

La clase empresarial presenta estas infraestructuras como algo inevitable y, al mismo tiempo, una oportunidad única de bonanza económica, algo que no puede dejarse escapar. «¿Aprovechamos un tren que nos está pasando por delante o lo vamos a dejar pasar?», señaló el pasado octubre Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, la patronal española de los centros de datos, durante su discurso de inauguración del congreso anual de la organización. Según Villacís, no hay razones lógicas para oponerse a estos centros. «Estar en contra de los centros de datos es como estar en contra de las sartenes», dijo en la misma ocasión.

Pero detrás de ese entusiasmo casi nadie sabe responder con cifras cuánto costará de verdad todo esto. España se está convirtiendo en uno de los nudos europeos de la expansión y, aun así, resulta muy difícil saber cuántas instalaciones de este tipo operan, cuánta luz y cuánta agua consumen o qué dejan en realidad en el territorio. Algunas iniciativas, como Data Center Map, el proyecto de inteligencia de marketing que mapea los centros de datos y que abrió sus estadísticas españolas al equipo de La Marea, intentan cubrir parcialmente estos huecos informativos. El secreto industrial oscurece justo los datos que permitirían al público decidir subirse al tren de los data centers o, como piden cada vez más personas, exigir que haya una pausa para reevaluar de forma participativa y abierta aspectos favorables y menos favorables de estas tecnologías.

Durante la pandemia, millones de personas trasladaron buena parte de sus vidas al entorno digital. El aumento del tráfico de datos y de la demanda de servicios en línea impulsó a muchas empresas a recurrir a infraestructuras externas, ya fue-mediante el alquiler de espacio para sus propios equipos en centros de datos especializados. Esta tendencia reforzó el mercado de los denominados como centros de datos de colocación (colocation), instalaciones que alojan servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red de múltiples clientes.

Sin embargo, la expansión de la computación en la nube, de los videojuegos en streaming y, sobre todo, del desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial ha elevado las exigencias de procesamiento hasta niveles inéditos. Para responder a esta demanda, los grandes operadores tecnológicos han impulsado centros de datos de escala cada vez mayor, equipados con miles de procesadores gráficos (GPU), especialmente eficaces para tareas de aprendizaje profundo e inteligencia artificial (IA).

Estos complejos, conocidos como centros de datos hiperescalares (hyperscalers), constituyen una evolución de escala y capacidades. Diseñados para crecer de forma modular, pueden ocupar extensos campus industriales y albergar cientos de miles de servidores. Su función combina tanto el almacenamiento masivo de información como el procesamiento intensivo de datos para usos distintos. «El crecimiento actual no tiene que ver solamente con la digitalización de la sociedad», explica Marina Otero, arquitecta de formación y profesora en la Universidad de Harvard. «Es un proceso industrial ligado al entrenamiento de modelos de lenguaje, al desarrollo de la inteligencia artificial y a la creciente convergencia entre infraestructuras digitales, los intereses corporativos y los militares», añade.

Otero llegó a interesarse por los centros de datos en 2015, cuando dirigía la investigación en el Het Nieuwe Instituut, el museo neerlandés de arquitectura, diseño y cultura digital. Le interesaba estudiar infraestructuras no pensadas para humanos, y la cuestión se le impuso pronto como objeto principal: «Se empezó a ver que algunos de estos centros consumían la misma electricidad que ciudades pequeñas alrededor de Ámsterdam», afirma.

«Es un proceso industrial de entrenamiento de modelos de lenguaje, de inteligencia artificial y, en muchos casos, también de militarización», explica Marina Otero.

Distintos factores tales como el precio del suelo, la disponibilidad de energía renovable, la posición estratégica y la voluntad política están convirtiendo a España en un nudo europeo de esta tecnología. En 2021, Amazon Web Services (AWS) anunció que invertiría 2.500 millones de euros en Aragón. En marzo de 2026, esa cifra había crecido hasta los 33.700 millones, con once campus repartidos por Zaragoza, Huesca y Teruel y casi 1.000 hectáreas de suelo intervenido: el equivalente a más de 180 estadios como el Camp Nou. Microsoft levanta su región cloud en Madrid y un campus de 59 hectáreas en Zaragoza. Meta está avanzando en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, con un proyecto que Países Bajos rechazó.

«Un proyecto que va a tener consecuencias extraordinariamente positivas no solamente para Aragón, sino para España en su conjunto », dijo el presidente aragonés, Jorge Azcón (PP), en una rueda de prensa el pasado marzo, refiriéndose al despliegue de AWS. Al mismo tiempo, en aquella conferencia no se ofrecieron datos técnicos sobre consumos energéticos o hídricos, ya que todos ellos quedan amparados por la confidencialidad.

Insostenibilidad eléctrica

Los centros de datos hiperescalares tienen un consumo energético muy por encima de los centros de colocación. Esto se debe al hardware de nueva generación, como el chip Blackwell de Nvidia, que al aumentar la capacidad de procesamiento también genera una cantidad mayor de calor. Esto hace que sea necesaria más energía para mantener los servidores alrededor de los 20 grados que necesitan para funcionar.

«Si la red eléctrica no está actualizada, no se invierte en esa infraestructura, eso acaba trayendo problemas como, por ejemplo, cortes de luz», analiza Ana Valdivia.

Un estudio de la Universidad de Zaragoza estima que la demanda eléctrica de Aragón podría multiplicarse hasta por quince con el despliegue previsto, lo que convertiría a la comunidad desde exportadora de energía a importadora a partir de 2031 si no se acelera aún más la instalación de renovables. A nivel global, la Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo eléctrico mundial de estas instalaciones se duplique de aquí a 2030, hasta los 945 teravatios-hora: el equivalente a todo lo que consume Japón hoy.

La posibilidad de que estos aumentos lleven a una insostenibilidad para la red eléctrica está empujando a la industria a adoptar nuevas tecnologías, como el enfriamiento por líquido, lo que en cambio utilizará grandes cantidades de agua. En áreas con problemas de abastecimiento hídrico, esto también podría convertirse en un problema. «No hay una fórmula mágica. Si tú utilizas menos agua, utilizas más energía. Los modelos que te están diciendo que no utilizan agua inevitablemente van a utilizar muchísima más energía», advierte la especialista Marina Otero.

Ana Valdivia, matemática e investigadora en la Universidad de Oxford, estudió el caso de Querétaro, en México, donde distintos centros de datos se comenzaron a instalar al mismo tiempo. Varios residentes notaron problemas con la red eléctrica: «Si la red eléctrica no está actualizada, no se invierte en esa infraestructura, pues esto acaba trayendo problemas como, por ejemplo, cortes de luz».

Secretos empresariales

Valdivia, que está a punto de publicar un libro sobre la cadena de suministro de la inteligencia artificial, La materialidad de la IA, llegó al tema desde otro flanco, ya que con su trabajo investigaba cómo los algoritmos producen sesgos y formas de discriminación. Luego dirigió la mirada hacia los servidores que los hacen posibles. «Puedes tener un algoritmo que no discrimine», dice, «pero si el centro de datos donde se ejecuta está creando estragos en las comunidades que viven cerca, tampoco se puede decir que sea justo».

Para poder evaluar los pros y los contras de un proyecto de centro de datos se necesitan informaciones en muchos casos no accesibles al público, tales como los niveles de consumo energético e hídrico. En mayo, una investigación liderada por Investigate Europe reveló cómo grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google y Meta lograron incluir una «disposición de secreto» en la legislación de la Unión Europea para bloquear el acceso público a información crítica sobre el impacto ambiental de sus centros de datos. «El primer problema de estas instalaciones es la falta de transparencia. Una falta de transparencia brutal », afirma Valdivia. «No sabemos, por ejemplo, cuántos centros operan ahora mismo en España, ni cuánta capacidad energética demandan», sostiene la experta.

Además de los gastos, también es difícil obtener cifras claras sobre las ganancias. Mientras es relativamente fácil encontrar cálculos sobre los empleos que los centros de datos hiperescalares pueden supuestamente aportar al territorio, mucho más difícil es saber cuántos de estos se quedarán una vez que la fase de construcción termine. «Es un dato que no ofrecemos públicamente », contestó David Blázquez, jefe de políticas públicas de AWS en España y Portugal, a un periodista que preguntaba cuántas personas emplea Amazon en sus centros de datos en la actualidad. Entre las voces críticas, se opina que el beneficio ocupacional de estas infraestructuras, relacionado con el territorio ocupado y los gastos de recursos, es mínimo.

También la inversión en sí, a menudo presentada como métrica última del beneficio para el territorio, podría estar sobrevalorada. En mayo de 2025, una investigación de The Intercept Brasil determinó que la mayoría de la inversión en centros de datos en ese país constaba en adquisición de materiales tecnológicos que no se producen localmente, y que el 85% de la inversión está destinada a materiales importados desde el exterior. Es decir, muy poco de las anunciadas inversiones beneficiaría realmente al territorio, como suelen promover.

Estas son algunas de las razones que llevaron a la asociación Ecologistas en Acción a presentar un contencioso administrativo contra el PIGA, el estatus de Proyecto de Interés General de Aragón (también conocido como «alfombra roja» administrativa), que el Ejecutivo autonómico concedió al despliegue de Amazon. El argumento es que esa figura legal, pensada para industrias estratégicas que creen empleo estable y arraigo, no encaja en una infraestructura que apenas genera puestos de trabajo locales y que las propias empresas tratan como deslocalizable.

Debate público necesario

Forzar a las empresas a abrir sus datos es posible. Enol Nieto lo comprobó en Uruguay, donde trabajaba como investigador en la Universidad de la República junto al sociólogo Daniel Pena. Allí coincidieron con la llegada del primer hiperescalar del país: un proyecto de Google en colaboración con el Gobierno uruguayo, en pleno contexto de sequía y crisis hídrica. Nieto y Pena preguntaron a distintos ministerios cuánta agua consumirían las instalaciones. Cuando las autoridades se ampararon en el secreto comercial, los dos investigadores acudieron a la vía administrativa.

«Logramos que se publicaran esos datos de consumo de agua, y eso lo tomó la sociedad civil como un reclamo fundamental», explica Nieto, que hoy apoya a los colectivos ecologistas aragoneses que reclaman más transparencia y un freno al ritmo de construcción. Su propuesta concreta es una moratoria que permita evaluar las consecuencias y abrir el proceso a la ciudadanía. «Planteamos una moratoria para parar esto un tiempo, repensar cómo queremos generar este modelo de infraestructura digital y, después, construir o ir hacia la dirección que decidamos», concluye Nieto.

No es una propuesta excéntrica. En Estados Unidos, donde el debate ha alcanzado dimensiones políticas transversales, al menos 14 estados han presentado propuestas legislativas para regular o frenar la construcción de hiperescalares. Según Enol Nieto, «un centro de datos que consume lo que ciudades enormes y solo da empleo a 50 personas… es un modelo que no es sostenible en el tiempo. Están hipotecando el territorio a largo plazo».

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Esta historia empieza con un papel en blanco. Un trazo azul, otro verde, un borrón, una idea. Yeyei Gómez (Madrid, 1993) no se considera ilustradora. Es dibujante desde que recuerda. Un dibujo que nació como acto analógico y que mantiene ese espíritu en tiempos de la IA. «Es lo que soy, parte de mi personalidad», afirma con su voz aguda y pausada. «Va más allá de un trabajo, aunque ahora lo haga de forma profesional».

Esa profesión vocacional e irregular le hace depender de encargos, galardones, ayudas y becas. «Son necesarios para hacer nuestro trabajo sostenible», dice, aunque reclama que lo que realmente ayudaría al arte sería «una cuota de autónomos porcentual». Recientemente, su trabajo le ha valido el Premio del Museo ABC de Ilustración de Prensa 2025 por la portada del número 109 de La Marea, dedicado a Donald Trump. En ella, vemos a la Estatua de la Libertad, en representación de Estados Unidos, «produciendo todo el caos que estamos viendo», un riesgo «para la paz y la estabilidad de todo el planeta», sentencia.

No es la primera vez que ilustra a Trump ni es la única artista que ha centrado el tiro en el POTUS. Sin embargo, ahora se pregunta: «¿Qué sentido tiene hacer parodias de un personaje que las fagocita?». Un claro ejemplo es el vídeo «Trump Gaza», creado como crítica para mostrar los planes de conquista y explotación económica del presidente estadounidense, que posteriormente ha sido reconvertido por este en vídeo de campaña. «Puede ser muy útil reírse del poder, pero igual hoy ya no tiene tanto efecto», reflexiona. Para Yeyei, el objetivo es solo «hacer dibujos que no tienen más pretensión que ser vistos y entendidos», esperando clavar, de cuando en cuando, alguna «aguja» en el espectador. «Siempre he pensado que no hay nada más conservador que ser artista porque solo te preocupas de tu pequeña parcela de creación».

A pesar de que su trabajo gráfico se engrasa con la sátira, no siente que haga humor político y huye del término militancia. «La lucha o disidencia puramente artística no tiene más impacto que el desahogo», opina. «Nunca he pensado que lo que hago pueda tener tanta repercusión porque, en el fondo, llego a personas que ya están un poco convencidas».

Levanta la vista, recordando, y menciona el caso de El Roto y las «nuevas teclas» que ha tocado y que han molestado a parte de su audiencia. «Las viñetas le entran al lector desde una interpretación de la realidad compartida con el autor. Pero generar incomodidad creo que es importante, empezando por una misma. Cuando un chiste machista o racista nos molesta es porque nos remueve algo», sostiene. Para Yeyei, lo vital es «no convertirse en una repetición de clichés».

Muchos de los tópicos a los que se refiere no han cambiado desde que empezó a dibujar. El mundo, en cambio, se ha acelerado. En una de sus viñetas de Naufragio Universal (Premio Creación Injuve 2016), un presentador dice mirando a cámara: «Estos son los 10 momentos más espectaculares de lo que ha ocurrido en los últimos cinco minutos».

El frenesí digital

Comunicar en una época a dos velocidades, que oscila entre la fiebre de lo inmediato y el análisis paralizante de cada movimiento, es complicado. ¿Cómo atraer la atención de alguien que nos va a dedicar tres segundos antes de pasar a lo siguiente? «A veces, ni siquiera llegas a esa persona. Dependemos del algoritmo», dice frunciendo el ceño. Y por si fuera poco en una sociedad hiperdigitalizada, llegó la inteligencia artificial para romper la baraja.

«En la creación visual, la IA está haciendo que muchos autores quieran dejar lo digital porque es un entorno que acaba siendo una amenaza también para lo laboral». Yeyei no cree que este abandono esté solo en la mente de los creadores: «El cerebro obliga a la gente a replegarse un poco a lo material, al encuentro físico, a leer en papel». A buscar refugios analógicos donde las normas las pongamos nosotras.

En su caso, confiesa tener «miedo de regalar material a una inteligencia artificial. Y no es que «eso de copiar o inspirarse en otros sea nuevo» –dice aludiendo a una famosa marca textil internacional de origen gallego–, pero es cierto que ha alcanzado cotas inimaginables hace unos años. Tanto es así, que ACE Traductores (la principal asociación de traductores editoriales en España) ha creado el Sello de Traducción Humana. «Lo he oído. Es grotesco tener que llegar a esto». También considera que sería difícil validarlo en el caso de los trabajos artísticos: «Mucha gente tiene el uso de la IA muy interiorizado, lo ve como un utensilio más».

Una mueca preocupada le nubla el rostro: «Sabemos cómo funciona la IA: absorbe tu información y te convierte en datos». Pronuncia esta última palabra y hace una pausa. Datos. «Que se puedan plagiar mis imágenes afecta a mi medio de vida, pero me parece más horrible aún saber que se están creando bases de datos con esas herramientas». ¿Cuál podría ser la solución? «Una legislación que limite su uso. Eso sí que sería para mí algo completamente utópico: que la sociedad entendiera que algunas tecnologías tienen que tener un freno que suponga no avanzar en una determinada dirección. El progreso, a veces, es parar cuando las cosas van por caminos que parecen más oscuros».

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