«Mucha gente piensa que esto es de la época de Franco. Claro. En la época de Franco ocurría, pero es que por desgracia en nuestros días también sigue ocurriendo, y hay niños y niñas que han sufrido delitos de pederastia y sus padres están desesperados, primero por el estado de sus hijos, pero después también porque los poderes públicos parece que juegan a archivarlo todo», denuncia Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada. 

«Solo desde enero de 2025 al verano de 2025, en España, ha habido hasta 12 casos en colegios concertados», enumera. Este mismo marzo, el Opus Dei ha apartado a un profesor en Madrid por supuestas agresiones sexuales a tres menores de edad, según ha publicado El País, que puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española: de los primeros 34 casos, ahora llegan ya a 3.084 víctimas. «Siempre lo he tenido en la cabeza y, al oír más casos, tenía que contarlo», narraba este martes en la Cadena SER Daniel (nombre ficticio), sobre un sacerdote de la diócesis de Tenerife. Asegura haber sufrido abusos a finales de los años 60, cuando tenía apenas nueve años. 

«A diferencia del ámbito familiar, la víctima, cuando denuncia, se enfrenta a su agresor pero también a toda la orden, prelatura a la que éste pertenezca, que intenta tapar el caso y defender el buen nombre de la institución. Es decir, recae sobre la víctima todo el poder de la institución, con lo que ello supone. Y de ahí que, cuando un menor/adulto denuncia a un miembro de la Iglesia, ésta nunca asume su defensa, y sí la de su agresor», reflexiona Cuatrecasas.

Su hijo fue víctima de un profesor numerario en un colegio vasco. «Nos trasladó en mayo de 2011 el delito que habían perpetrado contra él; nos habló de abusos y acoso escolar, las dos cosas, porque muchas veces los casos de abuso que se producen en colegios llevan emparejado el tema del acoso, porque el pederasta, el depredador sexual, lo que hace es intentar aislar a la víctima, como ocurre también en la violencia de género», explica.

«Para nosotros –prosigue– fue una pesadilla porque veíamos a nuestro hijo fatal. Y en un principio no te imaginas hasta dónde llegaba todo. Pero cuando ya tu hijo te dice con dificultad lo que ha pasado, pues lo primero que haces es intentar que él salga adelante –ese ha sido siempre nuestro objetivo– y por supuesto a la vez tuvimos que denunciar porque el colegio pretendía taparlo todo», denuncia. 

La Asociación Nacional Infancia Robada nació de un grupo de víctimas de la Iglesia, cuyos jerarcas han llegado a alegar que lo de los abusos no era solo cosa de esta institución. Y es cierto. «Pero a lo largo del tiempo han recurrido a nosotros sobre todo víctimas del ámbito intrafamiliar, alguna del deportivo e incluso de los Boy Scouts. Es, efectivamente, un mal endémico de nuestra sociedad. Y siempre digo que con la infancia nada es suficiente», concluye Cuatrecasas.

Según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor del Pueblo, el 1,13% de las personas han sufrido abusos en el ámbito religioso católico. La cifra supone un 0,6% con respecto a los abusos totales reportados: un 11,7% de las personas entrevistadas (con una muestra de 8.000). Y no es menor: son unas 400.000 víctimas, según las prospecciones del Defensor. 

«En el caso de la Iglesia es un tema que procede de muchas décadas atrás, y está insertado como algo estructural. No son cuatro casos, como decía la Iglesia al principio. Son muchos y cada vez más. E incluso te diré que en este ámbito se entendía que era entre un cura o religioso adulto y un niño y, con el tiempo, también han ido saliendo mujeres víctimas de sacerdotes. Hay campos totalmente inexplorados, como el tema de las monjas, que algún día también saldrá», añade Cuatrecasas, que lidera la petición de un Estatuto específico que otorgue a los supervivientes «la condición de víctima» con derechos en el ámbito sanitario, educativo, laboral y social. Además de la protección judicial a quienes hayan denunciado.

El informe destaca, además, que la violencia contra la infancia, considerada como un asunto de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha aparecido entre los problemas que generan una mayor preocupación en la ciudadanía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «Por ello –indica el Defensor–, se aprovechó la ocasión para preguntar a las personas encuestadas, ante todo, cuál era su percepción del problema». La mayoría lo considera un problema social muy grave o bastante grave. Sobre si existe una mayor conciencia social, un 19,7% respondió «mucha» y un 40,2% «bastante», frente a un 32% que consideró que la conciencia social había crecido poco y un 5,2% nada. 

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A través de sus páginas, el autor sostiene que el fascismo no es solo un fenómeno histórico de los años treinta, sino algo latente en la condición humana y en la forma en la que los hombres son educados para relacionarse a través de la fuerza y el sometimiento. En esta conversación, Maestre analiza cómo la reacción al feminismo se ha convertido en el eje central de la extrema derecha actual. Como él mismo afirma durante la charla, «la especificidad de este momento es el de un supremacismo masculino de reacción al feminismo». Asimismo, reflexiona sobre la necesidad de que la izquierda sea más expansiva, advirtiendo que «hay que ser mucho más comprensivo e intentar, en vez de recluirte en tu castillo de vampiros, salir y expandirse».

¿Por qué has decidido escribir este libro ahora, en este momento de tu vida?

El resultado final del libro se parece poco al comienzo. Al principio era un intento por comprender cómo funcionan las emociones aplicadas a la política y cómo eso genera una radicalización reaccionaria desde un punto de vista más académico. Después, según iba desarrollando el libro, me encontré en medio de un problema emocional personal que me hizo entrar más en contacto con mis emociones y pensar en mi adolescencia. Comprendí que la vía para explicar la radicalización de nuestro tiempo es a través de la socialización masculina y de las dinámicas que hemos vivido. Quise entender el peso que tienen el aprendizaje patriarcal y la educación en el hecho de que muchos hombres decidan irse hoy a la extrema derecha.

Dices que el auge de la extrema derecha se explica porque muchos hombres quieren seguir sometiendo a las mujeres. ¿Cómo explicas el éxito de este movimiento entre las mujeres o que líderes como Meloni, Le Pen o Alice Weidel (AfD) encabecen estos partidos?

Primero hay una cosa que se llama la falacia ecológica: expresar una realidad estadística general no implica que todos los individuos se vean reflejados en ella. Que los hombres den mayoritariamente apoyo a la extrema derecha no significa que no haya mujeres que lo hagan. Además, estos fenómenos son siempre multifactoriales. Las situaciones actuales no son muy diferentes a las de 2008 o los años noventa; lo que pasa es que existen especificidades que hacen que algo prenda o no. Yo creo que la especificidad de este momento es el de un supremacismo masculino de reacción al feminismo tras un proceso de auge de este. Influyen la crisis del capitalismo, las guerras o las redes sociales dirigidas por tecnoligarcas, pero creo que no se explicaría sin el machismo y la reacción al feminismo.

Defiendes que el fascismo no nació como un movimiento de entreguerras del siglo XX, sino que es algo inherente a nuestra existencia. ¿Cuáles son las características que lo definen y cómo desprendernos de ellas?

No intento explicar los orígenes históricos académicos, sino que utilizo un recurso provocador: decir que es consustancial a nuestra etología. Si las emociones que se concretan en la ideología fascista son el sometimiento, la humillación, la violencia y la vulneración de la alteridad, creo que eso es consustancial al ser humano. Ha existido a lo largo de su historia. Cuando se le da un sentido político ideologizado, adquiere la forma del fascismo. Creo que por eso resurge, porque es algo emocionalmente anclado en nuestro ser.

En el libro narras episodios de sociabilización tóxica durante tu juventud y hablas, en tu caso, de un sentimiento de culpa. ¿Crees que esa culpa fue la clave para salir de ahí?

No sé si universalizar esa culpa, pero identificaba tres roles claros en los grupos de adolescentes: el macho alfa agresor, el que sufría la agresión y un grupo intermedio que no participaba activamente pero reía las gracias por presión. Yo muchas veces me encontraba en ese grupo que actuaba por sometimiento al grupo para sobrevivir en el entorno. Esa culpa –saber que has actuado mal por presión– ayuda a despojarte de ello cuando maduras o te politizas. Es mucho más difícil hacerlo cuando eras el miembro agresor.

¿Qué le dirías a los chavales que hoy sienten esa presión grupal?

Que nos han enseñado que no se pueden mostrar vulnerabilidades ni emociones, que tenemos que reprimirlas para no parecer débiles. Cuando consigues despojarte de eso y hablas con otros y dejas de reprimir, la salida es algo natural. A mí, hasta pasados los 40 años me costó entender que esa forma de proceder me hacía daño a mí mismo. El feminismo nos libera a los hombres porque somos conscientes de que no tenemos que cumplir roles tóxicos. Al final, te hace un poco más feliz liberarte de esos anclajes.

Si la supuesta «renuncia de privilegios» acaba aportando más de lo que se pierde, ¿entonces no deberíamos dejar de considerarlo como una renuncia?

Tal cual. Tienes que renunciar a espacios de visibilidad o a privilegios en los cuidados, pero fíjate: el hecho de poner el foco en los cuidados a mí me ha hecho más feliz. Descubrí los cuidados como algo bello. Antes me habían enseñado que cuidar era «proteger» a la familia sin contarles mis problemas. Al desprenderte de eso, recuperas una manera de vivir más sana. Incluso desde un punto de vista egoísta es mucho más liberador; te libera de tanta presión.

También criticas ciertas lecturas esencialistas y punitivistas del feminismo actual. ¿Cómo perjudica eso al debate feminista?

El feminismo es la solución, pero existen estrategias erradas. El esencialismo y el punitivismo han generado un pánico moral que impide expresarse en libertad. Se busca una infalibilidad que hace imposible cumplir el ideal de hombre feminista. Me siento identificado con gente como Clara Serra o Nuria Alabao, que huyen de ese punitivismo. No puedes rechazar a quienes están cercanos a tus ideas solo porque no las defiendan de la manera precisa o teórica correcta. Si haces eso, te recluyes en tu «castillo de vampiros», como diría Mark Fisher. Hay que salir y expandirse. Las ideas siempre están por encima de los individuos: el feminismo sigue vigente por mucho que haya habido errores en denuncias anónimas o esencialismos.

También eres crítico con ciertos señalamientos anónimos en redes, a veces hechos en supuesta defensa del feminismo.

Sí. Creo que eso replica dinámicas fascistizantes. Las redes sociales se han vuelto deshumanizadoras: cuando alguien señala, ya ha juzgado. El señalamiento es el ajusticiamiento, y no existe posibilidad de defensa. La izquierda necesita huir de ese punitivismo digital y moral. Debemos intentar que las denuncias tengan canales adecuados, pero no puedes sustituir la justicia por linchamientos que engrasan precisamente lo que el fascismo busca: la indefensión ante la acusación y la delación.

Para acabar, quería preguntarte tu opinión respecto a aquellos discursos que, desde el progresismo, defienden la inmigración con argumentos económicos.

Tasar el valor de una persona por su valor productivo es un error. Eso abriría la puerta a que cuando alguien se jubila y no produce, deje de tener valor. La inmigración es un derecho humano. Hay que basar la defensa en la cuestión de clase: toda persona trabajadora tiene derecho a desarrollarse libremente. Hay que evitar la segmentación: el trabajador venezolano es bienvenido; el terrateniente que viene a especular con la vivienda, no. Si no perdemos el foco de clase, es más sencillo armar un discurso efectivo.

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El gráfico que encabeza este artículo, extraído del último dossier de La Marea –Pederastas: la violencia estructural que no queremos abordar– ilustra los datos generales recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes se da dentro de la familia o en entornos muy conocidos. «No son personas encapuchadas, pueden estar en casa», afirma la subdirectora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Shauri Molina.

Según un análisis de sentencias que Save the Children viene elaborando periódicamente, más del 90% de las personas acusadas son hombres y en ocho de cada diez casos es conocida. Y sin embargo, como remarca en sus ponencias la superviviente Miriam Joy, hoy mediadora en prevención en la asociación Redime, nos alertan cuando somos pequeños de no coger caramelos de desconocidos, pero nadie nos dice que el agresor, «el lobo», puede estar en tu cuarto.

Entre los espacios más comunes, sigue destacando el entorno familiar, aunque también se dan otros agresores conocidos, como amigos o allegados de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, etc.

Dentro de la familia, los agresores que destacan son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares, como tíos y abuelos (8%). En el entorno conocido no familiar, el 75,2% eran conocidos o amigos de la víctima. No obstante, el aumento de la violencia digital está haciendo también que el porcentaje de agresores desconocidos esté creciendo, como corroboran Save the Children y la Fundación ANAR.

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“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos”, ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, que indica que la diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema: «Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios». 

Pone como ejemplo la guerra en Oriente Medio: «Tras los primeros ataques ilegales de Israel y Estados Unidos, que violaban la Carta de la ONU y desencadenaron las represalias indiscriminadas de Irán, el conflicto se ha convertido rápidamente en una guerra abierta contra la población civil y las infraestructuras civiles, agudizando el sufrimiento, ya de por sí terrible, de la población de toda la región. Ahora se está extendiendo a países del mundo entero, impactando contra poblaciones de muchos lugares y amenazando los medios de vida de millones de personas. Es lo que pasa cuando las normas, el marco jurídico y las instituciones que con tanto esfuerzo se construyeron para salvaguardar la humanidad se eliminan con el objetivo de dominar.”

El informe de Amnistía documenta, además, que el inminente colapso ya está en marcha, y expone sus devastadoras consecuencias para los derechos humanos, la estabilidad global y las vidas de millones de personas en 2026 y en años venideros. Por ello, pide a los Estados de todo el mundo que rechacen urgentemente la política de apaciguamiento adoptada en 2025 y se resistan con palabras y actos a la construcción de un «orden mundial depredador».

Los ataques depredadores están acelerando la destrucción del derecho internacional

Entre otras cuestiones, el documento cita el caso de Israel y el genocidio contra la población palestina en Gaza, a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025; las más de 150 ejecuciones extrajudiciales de EE. UU. con sus bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y el «acto de agresión contra Venezuela» en enero de 2026; y la intensificación de los ataques de Rusia contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania. Recoge también el uso de parapentes motorizados por parte del ejército de Myanmar para lanzar munición explosiva sobre pueblos en ataques que causaron decenas de víctimas mortales civiles, entre las que había niños y niñas.

Emiratos Árabes Unidos –prosigue– ha agravado el conflicto en Sudán al suministrar armamento avanzado chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que, tras 18 meses de asedio, el pasado mes de octubre tomaron el control de la ciudad de El Fasher y cometieron homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual. Y en la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, tomó las ciudades de Goma y Bukavu con el apoyo activo de Ruanda, «matando ilegítimamente a civiles y torturando a personas detenidas«. 

El listado no termina: a principios de 2026, el uso ilegítimo de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en violación de la Carta de la ONU, ha provocado ataques de represalia iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, mientras que Israel, por su parte, ha incrementado sus ataques contra Líbano.

«Desde la muerte de más de 100 niños y niñas en un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Irán, a los devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas, el conflicto ha puesto en peligro la vida y la salud de millones de civiles, y amenaza con causar daños de gran magnitud, previsibles y a largo plazo al medioambiente y a la población civil, que tendrán impacto sobre el acceso a la energía, la atención sanitaria, la alimentación y el agua en una región ya turbulenta, y fuera de ella», denuncia el informe.

En Afganistán, los talibanes intensificaron sus políticas depredadoras contra la población femenina con más prohibiciones que las excluían de la educación, el trabajo y la libertad de circulación, mientras que en Irán, las autoridades masacraron a manifestantes en enero de 2026 en la que probablemente haya sido la represión más letal de este tipo en décadas.

Estados Unidos, Israel y Rusia erosionaron aún más los mecanismos internacionales de rendición de cuentas el año pasado, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones a personal de la CPI, a organizaciones que colaboran con ella y a la relatora especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, mientras que los tribunales rusos emitieron órdenes de detención contra altos cargos de este organismo. Varios Estados más se retiraron o anunciaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma y de tratados que prohíben las bombas de racimo y las minas terrestres antipersonal, recoge el informe.

En este contexto, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de los Estados no han querido o no han podido denunciar sistemáticamente los actos depredadores de Estados Unidos, Rusia, Israel o China, ni buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y la mayoría de los Estados de Europa han mantenido –insiste– una actitud apaciguadora respecto a los ataques de Estados Unidos contra el derecho internacional y los mecanismos multilaterales. No han actuado con decisión para detener el genocidio de Israel ni para poner fin a las transferencias irresponsables de armas y tecnología que fomentan los crímenes de derecho internacional en todo el mundo. Tampoco han estado dispuestos a promulgar leyes de bloqueo para proteger a quienes el gobierno estadounidense había impuesto sanciones, incluidos jueces y fiscales de la CPI. Italia y Hungría declinaron detener a personas contra las que la CPI había dictado órdenes de detención y que se hallaban en su territorio, mientras que Alemania, Francia y Polonia dieron a entender que harían lo mismo.

“Muchos dirigentes mundiales se han mostrado excesivamente sumisos ante los ataques contra el derecho internacional y el sistema multilateral. No hay excusa para su silencio y su inacción. Es una actitud moralmente reprobable que no traerá más que el repliegue, la derrota y la eliminación de décadas de avances en materia de derechos humanos que tanto costaron conseguir. Apaciguar a los agresores es echar leña a un fuego que acabará quemándonos a todos e incendiando el futuro de las generaciones venideras”, ha declarado Agnès Callamard.

“Puede que haya quien tenga la tentación de descartar el sistema construido en los últimos 80 años por considerar que no fue más que una ilusión. Eso es ignorar los logros, conseguidos con gran esfuerzo, para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales y de leyes nacionales que protegen frente a la discriminación racial y la violencia contra las mujeres, consagrando los derechos de trabajadores y trabajadoras y sindicatos, y reconociendo los derechos de las personas indígenas. Es olvidar que la decisión de los Estados de respaldar la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha hecho que se aborde la pobreza, se refuercen los derechos reproductivos y se haga justicia», ha añadido. 

“Los depredadores políticos y económicos, y quienes les facilitan las cosas, están sentenciando el fin del sistema multilateral no porque sea ineficaz, sino porque no está al servicio de su hegemonía y su control. La respuesta no es proclamar que el sistema es una quimera o que no hay forma de arreglarlo, sino afrontar sus fracasos, acabar con su aplicación selectiva y seguir transformándolo para que sea plenamente capaz de defender a todas las personas con la misma determinación». 

El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo

En 2025 se intensificó la proliferación de ataques contra la sociedad civil y los movimientos sociales, y los esfuerzos para silenciar y despojar de poder a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y disidentes fueron constantes y se extendieron por casi todo el mundo. 

Amnistía Internacional cita, por ejemplo, el caso de las autoridades de Nepal y de Tanzania y su uso de medios letales de forma ilícita para reprimir protestas en las que se expresaban reivindicaciones políticas y socioeconómicas. Los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Kenia y Venezuela, entre otros, también reprimieron violentamente protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes antiterroristas y de seguridad, o utilizaron tácticas policiales abusivas y perpetraron desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

En Reino Unido, las autoridades prohibieron Palestine Action —red de protesta de acción directa dirigida fundamentalmente contra las empresas fabricantes de armas israelíes y sus subsidiarias— en aplicación de leyes antiterroristas excesivamente amplias, y detuvieron a más de 2.700 personas por oponerse pacíficamente a esa prohibición. El Tribunal Superior de Reino Unido declaró ilegal la prohibición en febrero de 2026, una decisión que el gobierno ha recurrido.

Las autoridades turcas detuvieron a cientos de personas que protestaban pacíficamente tras el arresto de Ekrem ?mamo?lu, alcalde de Estambul y candidato presidencial, una de las más de 400 personas que se enfrentan a acciones judiciales por motivos políticos bajo presuntos cargos de corrupción.

Las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña de represión ilegítima de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, los perfiles raciales, la detención arbitraria y prácticas que constituían tortura y desaparición forzada. En América Latina, países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela adoptaron o reformaron marcos jurídicos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil y afectan directamente a su capacidad de funcionar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos.  

«Muchos gobiernos, con la ayuda de actores empresariales, utilizaron software espía y censura digital para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información. Las autoridades de Estados Unidos utilizaron herramientas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial contra estudiantes no estadounidenses que expresaban su solidaridad con la población palestina, arrestándolos y deportándolos. El gobierno de Serbia utilizó software espía y herramientas de análisis forense digital contra estudiantes que se manifestaban, periodistas y la sociedad civil. Las autoridades de Kenia emplearon sistemáticamente tácticas de represión facilitadas por la tecnología, como intimidación online, amenazas, incitación al odio y vigilancia ilegal, para sofocar las protestas encabezadas por jóvenes», denuncia Amnistía.

También Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, entre otros países, anunciaron o aprobaron recortes drásticos en los presupuestos de ayuda internacional, «aun sabiendo que probablemente esta medida tendría como consecuencia millones de muertes evitables», y en varios casos lo hicieron al mismo tiempo que se comprometían a aumentar masivamente el gasto militar: «Esto ha tenido un impacto catastrófico en los esfuerzos de las ONG para lograr avances en la libertad de prensa, la resiliencia climática y la justicia de género, proteger a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, y proporcionar atención sanitaria y acceso a los derechos sexuales y reproductivos». 

Muchos Estados continuaron resistiéndose a poner freno a las agresivas prácticas de evasión y fraude fiscales de milmillonarios y gigantes empresariales mientras reducían aún más los límites al poder de las empresas. En Estados Unidos, las demandas estratégicas contra la participación pública tuvieron un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil. En una de ellas, el tribunal condenó a Greenpeace a pagar a una empresa de combustibles fósiles 660 millones de dólares, cantidad que luego se redujo a 345 millones. 

En un contexto dominado por las afirmaciones del presidente de Estados Unidos según las cuales el cambio climático es “un fraude”, los gobiernos distaron mucho de hacer lo suficiente para abordar asuntos tales como los desplazamientos provocados por el cambio climático, la transición equitativa para el abandono de los combustibles fósiles, o el aumento suficiente de los fondos para la acción climática, ni siquiera cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió de que el mundo se encamina a alcanzar los 3 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100. 

“¿Qué alternativa ofrecen los matones y depredadores al imperfecto experimento global que tan empeñados están en destruir? El orden mundial que proponen da la espalda a la justicia racial, de género y climática, y se mofa de ellas; trata a la sociedad civil como un enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Se basa en silenciar la disidencia, instrumentalizar el Derecho y deshumanizar a quienes consideran ‘los otros’. Su visión del mundo no se basa en el respeto por nuestra humanidad común, sino en la fuerza militar, el dominio comercial y la hegemonía tecnológica. Es, en definitiva, una visión sin brújula moral”, ha afirmado Agnès Callamard.  

Las personas que protestan, la sociedad civil y los organismos internacionales lideran los esfuerzos por resistir, combatir y transformar

El informe también recoge las fuertes protestas contra este nuevo orden mundial: así, en 2025, las protestas del movimiento Gen Z se extendieron por una docena de países, como Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nepal y Perú; además, unas 300.000 personas desafiaron en Hungría la prohibición del Orgullo de Budapest para defender los derechos LGBTI. A principios de 2026, desde Los Ángeles hasta Minneapolis ha habido manifestantes organizándose calle por calle y manzana por manzana contra la aplicación en Estados Unidos del control de inmigración en operaciones violentas y de marcado carácter militar.

El año pasado se propagaron por todo el mundo manifestaciones multitudinarias contra el genocidio perpetrado por Israel, y organizaciones humanitarias de más de 40 países organizaron flotillas para demostrar solidaridad con la población palestina. Se expandió el activismo global contra el flujo de armas a Israel y, en España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Suecia, el personal portuario trató de interrumpir las rutas de transporte de armas. El activismo y la presión legal también hicieron que varios estados restringieran o prohibieran las exportaciones de armas a Israel.

«Si bien muchos gobiernos adoptaron una actitud de apaciguamiento ante los ataques a la justicia internacional, hubo varios Estados y organismos que fueron contracorriente, mostrando su compromiso con el multilateralismo y el Estado de derecho. Un número creciente, como España, reconoció que Israel estaba cometiendo genocidio, y varios ingresaron en el Grupo de La Haya, un colectivo decidido a hacer que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional, y coadyuvaron a la causa de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», concluye Amnistía Internacional. 

Filipinas entregó al expresidente Rodrigo Duterte a la CPI para que se enfrentara a los cargos del crimen de lesa humanidad de asesinato, y la CPI dictó órdenes de detención contra dos dirigentes talibanes por persecución por motivos de género. El Consejo de Europa y Ucrania acordaron establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, y, en República Centroafricana, un tribunal híbrido dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo independiente de investigación para Afganistán, así como una misión de determinación de los hechos y una Comisión de Investigación sobre el este de la República Democrática del Congo, y amplió el mandato de la misión de determinación de los hechos sobre Irán. Se lograron avances considerables en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad, y la CIJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que confirmaron la obligación de los Estados de responder a los daños climáticos atendiendo a los derechos humanos.

«En 2026 ha aumentado el número de Estados que han comenzado a denunciar las prácticas autoritarias y los ataques contra el orden basado en normas, destacando especialmente el posicionamiento del gobierno de España, pero tales llamamientos deben ir respaldados por una actuación decidida y sostenida».

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«Ni es algo puntual ni es tampoco el caso Epstein», analiza la doctora en Psicología y catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada, nadie lo descubre. No son estas historias mediáticas. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque veo que últimamente se está desviando todo hacia ahí», explica Pereda. Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado. 

Las cifras son escandalosas: el 20% de la población lo sufre antes de cumplir los 18 años. Es decir, uno de cada cinco personas menores de edad. Estamos, por tanto, ante un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública. Y solo abordándolo desde este prisma –y no como casos aislados, espectaculares o de puertas para adentro– se podrán adoptar medidas que pongan el foco en el delito y en los delincuentes, que protejan a las posibles víctimas y que ayuden a las que, por desgracia, ya lo son.

Así lo indican desde todos los sectores consultados para la elaboración de este dossier: desde el ámbito judicial al policial, desde el ámbito educativo al psicológico, desde las organizaciones en defensa de la infancia hasta las propias víctimas –o supervivientes, como muchas prefieren denominarse– y familias afectadas. Es necesario dar un salto cualitativo en el abordaje de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia ya, cuanto antes, como ocurrió también con la violencia de género en su día.

En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización. Y ese es uno de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos.

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Siempre que tengo que referirme a Edurne ante un tercero que no la conoce. Mi reflejo espontáneo es decir «mi mujer», pero me genera incomodidad que no exista el equivalente masculino, «mi hombre», porque sospecho que hay ahí algún machismo agazapado, aunque no acabe de dilucidar en qué consiste. En alemán no existe esa asimetría: Mein Mann, meine Frau, mi hombre, mi mujer, dicen con toda naturalidad. Existe también Gatte/Gattin, cónyuge, pero prácticamente no se usa salvo en los formularios y en plural para referirse a dos personas casadas.

¿Qué decir entonces? «Mi esposa» me resulta rancio porque parece revelar más el estado civil que una relación; «mi compañera» también, pero en la otra dirección, porque da a entender que no hay vínculo administrativo; en ambos casos se añade una información irrelevante o que no tengo por qué dar a la gente con la que hablo. «Mi pareja» parece más neutro, y el término tiene la ventaja de poder ser utilizado independientemente del género al que pertenece cualquiera de los dos, también por personas no binarias.

Me fijaré en qué eligen otras personas y si la palabra que utilizan refleja la idea que me hago de ellas.

En la estación de autobuses de Avenida de América mientras espero al que debe llevarme a Bilbao. Dos policías uniformados y un tercero que supongo policía de paisano, pasean por la estación. Al llegar a la altura de un banco en el que están sentadas varias personas, se dirigen a un joven de aspecto latinoamericano y le piden la identificación. Dos asientos más allá está sentado otro hombre, este de aspecto magrebí –y sé lo subjetivas que son estas apreciaciones–, al que también piden la identificación momentos después.

Ninguno de los dos había hecho nada que pudiera alterar el orden ni dar lugar a sospechas de actividad delictiva. A los demás, ni nos miran.

Estos días hemos leído varias noticias tanto sobre los controles discriminatorios a personas racializadas como de la brutalidad policial que a veces los acompañan. Por un lado se exige a los inmigrantes que se integren en la sociedad española –signifique eso lo que signifique– y por otro se les recuerda una y otra vez que no pertenecen ni pueden pertenecer a ella, humillándolos en público, intimidándolos, tratándolos como criminales potenciales.

Estaría bien que fuesen los policías –y sobre todo sus mandos– quienes se integrasen en la sociedad española entendiendo y apreciando su diversidad.

8 de abril

Semana horrorosa en lo que se refiere a la política internacional; el grado de matonismo despiadado que se está alcanzando es tan ridículo como aterrador. Y resulta repulsivo el servilismo interesado de varios líderes europeos, en especial de Friedrich Merz. Ni conciencia ni vergüenza.

Firmo en la campaña de la Alianza de la Izquierda Europea para que se suspenda el Acuerdo de Asociación UE-Israel. Se necesitan un millón de firmas y van por algo más de setecientas mil. Me llama la atención –y no sabría explicar el motivo– que, mientras algunos países como Austria, República Checa y Luxemburgo tienen una participación bajísima, Francia, Italia, Irlanda y España la tienen muy elevada. En general, los porcentajes más altos se dan en los países con partidos que son miembros de la Alianza, pero hay excepciones: Portugal, con un partido en ella, pero con participación muy baja; y Bélgica e Irlanda, que no lo tienen y sin embargo ha firmado un porcentaje de sus ciudadanos muy por encima de la media.

Seguro que hay una explicación, pero la ignoro.

12 de abril

Me escribe una de mis hijas. Me habla de su miedo a la guerra: como alemana, madre de tres jóvenes alemanes, está espantada por la ley que les obliga a pedir una aprobación previa si desean pasar más de tres meses en el extranjero. Además el canciller ha declarado que su intención es que el Ejército alemán sea el más poderoso de Europa. El rearme militar y mental entran en una nueva etapa en un país destrozado por dos guerras mundiales y con una conciencia –cada vez más débil– de haber sido el mayor responsable de crímenes de guerra de la historia.

Es desolador que estemos otra vez ahí, que el miedo –azuzado convenientemente– pueda llevar a nuestras sociedades a contemplar la autoinmolación y el crimen colectivos como salida. Putin es una amenaza real. Siempre ha habido amenazas reales. Pero la escalada del miedo y del patriotismo también es una amenaza en cualquier país. Y muy particularmente en Alemania. También para los alemanes.

13 de abril

Y aquí estamos, alegrándonos muchísimo porque las elecciones húngaras las ha ganado un conservador que hasta hace poco era miembro destacado de un partido de ultraderecha. Qué tiempos.

Si un día decidiera ser hincha de un equipo de fútbol –cosa no muy probable–, mi equipo sería el Unión Berlín, y no solo por ser el primero de las grandes ligas en nombrar una entrenadora. Hace tiempo que me resulta un equipo simpático por su historial antinazi y su cultura comunitaria. Y que su himno lo cante Nina Hagen es la guinda del pastel.

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En el trienio anterior, con Rosa Díaz al frente, la cifra se quedaba en los 83.000 euros. Desde el comité de empresa denuncian que las salidas vienen motivadas por “capricho” de Barrio, que se ha creado un clima de “tensión e incertidumbre” entre la plantilla y que el dinero de las indemnizaciones procede del erario público. El INCIBE ha asegurado que no se financia a través de los presupuestos generales del Estado (PGE), pero es mentira. Gracias a los Presupuestos de 2023, el organismo ingresó más de 150 millones de euros.

La información económica publicada anualmente por el propio INCIBE es clara sobre la cuantía a pagar por las salidas de la empresa, englobada en el capítulo de gastos de personal. En 2022, el Instituto pagó 81.607 euros en indemnizaciones por despidos; en 2023, la cifra se elevó hasta los 137.349 euros; y en 2024 subió hasta 212.660 euros. 

“Todo esto tiene un coste para las arcas públicas que no asume la persona que ha tomado la decisión”, señala Jacobo S. Méndez, delegado sindical del CSIF en el comité de empresa. R. F., del comité por CC. OO., señala que se trata de “una situación sin precedentes”, pues “nunca se había producido una concatenación de despidos en tan poco tiempo”; y añade que el hecho de que cinco de siete salidas hayan sido improcedentes “ya dice bastante de quién puede ser la persona que está tomando las decisiones a la hora de despedir”.

La empresa asegura que en 2022 tuvo lugar un despido, primero por motivos disciplinarios, después considerado improcedente en sede judicial. En 2023 se efectuaron tres despidos disciplinarios, de los cuales dos fueron considerados improcedentes y uno declarado nulo, pues la trabajadora estaba embarazada, en sede judicial. En 2024 se produjeron otros tres despidos disciplinarios, de los cuales dos terminaron siendo improcedentes. Según ha añadido el Instituto, radicado en León, en 2025 no ha habido ningún despido, aunque fuentes cercanas al comité de empresa aseguran que otro trabajador ha tenido que abandonarlo. Actualmente la plantilla se sitúa en los 168 empleados.

Despidos pagados con dinero público

“Barrio es un hombre muy político, afín al PSOE y a CC. OO. A la gente que no es de su cuerda, o que ponía en duda sus decisiones, se la ha ido cargando. Nos encontramos que, de golpe, un día había despedido a tres personas”, sostiene Méndez. Los siguientes despidos fueron escalonados. Así hasta llegar a tener que desembolsar más de 430.000 euros para indemnizar a aquellos que se vieron obligados a dejar esta sociedad mercantil estatal. “Es una cifra bastante elevada. Es notorio que estamos en una negociación colectiva y nos dicen que no hay dinero para nada, cuando con ese dinero se podrían costear muchísimos beneficios para la plantilla”, añade el delegado de CSIF.

Méndez considera que los despidos han sido un “capricho” del director general: “Le da igual porque el dinero no es suyo, sino de todos los españoles”. “Sabemos que esto es conocido por los políticos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y tampoco sabemos por qué consienten que ocurra”, añade R. F. Por su parte, desde la cartera que dirige Óscar López se adhieren a lo expresado por el INCIBE.

Más de 150 millones de euros en los últimos presupuestos

El Instituto solo ha contestado a una de las preguntas formuladas por La Marea. Preguntados por el presupuesto que tiene la institución para abonar las indemnizaciones por despido, han respondido que “INCIBE es una sociedad empresarial mercantil que no recibe asignación directa de los Presupuestos Generales del Estado”. Es falso. Según el propio documento de información financiera que publican cada año, “cabe señalar que el origen principal de los fondos con los que INCIBE se financia son públicos y se derivan de la Administración General del Estado a través de aportaciones directas de partidas aprobadas en los PGE”.

En los últimos PGE, aprobados para 2023, el INCIBE recibió más de 23,5 millones de euros dentro de la partida ejecutada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Además, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también recibieron fondos públicos destinados a este ministerio en el mismo año. En este caso, la cifra aumenta hasta los 131,62 millones de euros.

Fuga de talento en el Instituto

Méndez detalla que la institución ha ofertado plazas vinculadas a los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea que, en teoría, se estabilizarán en los próximos meses. Sin embargo, la dirección ha impulsado otra estrategia para capear los despidos centrada en una reorganización del organigrama de la compañía. “Si despiden a la responsable de una subdirección, se queda coja, así que deciden suprimir esa subdirección y dejar que una sola persona se encargue del cometido que antes realizaba todo un equipo de trabajo, al que recolocan en otras áreas”, explica el sindicalista de CSIF, quien afirma que es lo que ha ocurrido en Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing.

R. F. opina que se trata de “grandes profesionales cualificados que de la noche a la mañana han visto su despido”. Además, desde el comité han pedido a la empresa que recapaciten sobre su política de despidos y que, resolución judicial recogiendo la improcedencia mediante, accedan a la readmisión de los trabajadores, sin que la compañía haya respondido a su demanda. Desde el comité de CC. OO,, admiten que reemplazar a estos perfiles no siempre es fácil, mientras que “la plantilla también se ve afectada por su falta”.

Un golpe “incomprensible” para los despedidos

Uno de los despedidos ha asegurado a La Marea que “en absoluto” se esperaba su cese en la empresa. “Aunque había bastantes precedentes, uno confía en que, en una entidad pública de este calibre, los procesos sean transparentes y basados en el desempeño real. Tras una trayectoria sólida, con evaluaciones anuales positivas, recibir un golpe así resulta incomprensible”, ha comentado este antiguo trabajador del INCIBE que prefiere mantenerse en el anonimato.

Cataloga de “devastador” el impacto en su vida de este movimiento por parte de la dirección. “No solo por la pérdida del empleo, sino también por el momento vital: enfrentarse a un proceso judicial largo mientras lidias con una situación personal delicada supone un desgaste emocional y físico inasumible. Te deja en una situación de vulnerabilidad extrema que acaba afectando a tu entorno familiar”, desarrolla.

El miedo llega a la plantilla

El delegado de CSIF en el comité de empresa asegura que en la plantilla “hay muchísimo miedo” y nadie quiere pronunciarse. “Hay temor a protestar, a denunciar, a decir que las cosas se están haciendo mal en un clima de tensión e incertidumbre”, añade. R. F., por su parte, enfatiza que este miedo puede venir provocado porque “León es una ciudad pequeña y no hay muchas más opciones de trabajar en una sociedad mercantil estatal”.

La alarma generada en la plantilla también puede tener relación con lo que sugieren estos despidos. Según entiende el extrabajador del Instituto, se podría hablar de “una política de limpieza para deshacerse de perfiles que no encajan en la visión personalista de la dirección”; una política que genera “un clima de terror, incertidumbre y una fuga de talento constante”. «Cuando ves que profesionales solventes son despedidos y que el centro prefiere dilapidar cerca de medio millón de euros en indemnizaciones con dinero público antes que rectificar, el compromiso del que se queda se diluye”, añade.

Una gestión arbitraria y sin responsabilidad en el coste

«Aquí los protagonistas no somos los empleados, sino todos los ciudadanos que deben saber cómo se despilfarra su dinero”, dice Méndez. Y prosigue: “Yo lo que quiero es que la gente sepa cómo se gestionan los impuestos que todos pagamos, porque se hace de forma arbitraria y nadie asume la responsabilidad del coste”.

El antiguo trabajador del Instituto sigue al sindicalista de CSIF: “Más allá de mi caso personal, es imperativo denunciar que estas prácticas no tienen cabida en una Administración Pública moderna. El uso arbitrario del poder y el desprecio por la estabilidad de los trabajadores vulneran principios éticos y derechos fundamentales que deben estar por encima de cualquier gestión personalista y que además atentan contra cualquier política laboral progresista”.

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En un momento marcado por la aceleración constante, la saturación informativa y la creciente dificultad de imaginar alternativas políticas, el filósofo Lluís Aguiló publica con NED Ediciones Parálisis por agitación. Capitalismo, catatonia y presente secuestrado, donde propone un giro conceptual sugerente: entender la parálisis contemporánea como el resultado de un exceso de movimiento. A partir del concepto clínico de catatonia recuperado de Oliver Sacks, el autor construye una hipótesis ambiciosa sobre el presente, no estamos detenidos por falta de actividad, sino inmovilizados por una agitación permanente que secuestra nuestra capacidad de actuar.

«Estamos quietos de tanta aceleración» resume bien este diagnóstico, que atraviesa cuestiones como la nostalgia, los imaginarios apocalípticos o las nuevas formas de autoexplotación. Lejos de plantear una crítica moral o externa, el libro apuesta por una «crítica clínica», arraigada en la propia vida, que cuestiona tanto las promesas neoliberales como las respuestas individualistas que estas generan. El resultado es una propuesta que sitúa el conflicto, el presente y la acción como el único terreno posible desde el que reconstruir una forma de esperanza no capturada por el sistema.

Por si alguien lee el título y se pregunta «Parálisis, persistencia, capitalismo, catatonia y presencia del Estado», ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de catatonia?

La catatonia es un concepto clínico que indica un síndrome, el síndrome catatónico, que encuentro en el libro Despertares de Oliver Sacks. Me interesaba mucho ese gesto teórico que realizó. Es decir, él tenía todo un mar de cuerpos catatónicos en ese hospital, al que pone el pseudónimo de Hospital Monte Carmelo, y entendió que todos aquellos cuerpos paralizados, en realidad, padecían un trastorno del movimiento. Yo creo que eso es, en cierto modo, lo que en el libro llamo la «torsión Sacks». Es decir, entender que, en realidad, la parálisis era fruto de un exceso de movimiento.

Yo tomo este concepto y hago una traslación para intentar entender un concepto que, digamos, sería clínico, y entenderlo como un determinado sistema de organización de la vida, como una institución de la vida, podríamos decir.

Intento entender nuestro tiempo presente como un tiempo catatónico a partir de la intuición de Sacks. Y esto lo hago por diversos motivos. Uno, porque, por ejemplo, habían salido muchos libros sobre la nostalgia, sobre los burnouts, sobre el narcisismo, y me interesaba mucho intentar hacer inteligible, comprensible, por qué efectos como el de la nostalgia se habían convertido en efectos hegemónicos en nuestro tiempo.

Esto es lo que me sirve para mostrar que estamos quietos de tanta aceleración, que nos hemos quedado paralizados de tanta aceleración.

Ahora, podemos entrar a desgranar un poco más en qué consiste y cómo se materializa esta parálisis: «La incapacidad de imaginar el fin del capitalismo es fruto del estado catatónico en el que nos encontramos». Esta es la hipótesis inicial con la que comienzas el libro. ¿Cómo se vehicula, exactamente, esta parálisis de la imaginación en medio de un movimiento constante? ¿Cómo construiste esta idea?

Creo que en los últimos años hemos visto cómo, obviamente, se partía de una tensión por la cuestión de la imaginación, por la cuestión de la esperanza o por la que ya te he mencionado, la de la nostalgia. Y yo lo que intentaba decir era que aquella frase que dijo Jameson, repetida después por Žižek y finalmente por Mark Fisher, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, partía de una especie de naturalización del capitalismo, que creo que es el objetivo crítico del libro, la naturalización del capitalismo.

Si quiero entender la parálisis por agitación como un sistema de organización de la vida, tengo que entenderla como un sistema de organización que lo que hace es secuestrar el presente. Por tanto, la cuestión no es que hayamos dejado de imaginar o, por decirlo en otros términos, que tengamos que dejar de hacer scroll e imaginar con fuerza en casa cuál sería la utopía, sino que la cuestión es que tenemos que retomar el tiempo presente. Y entiendo el presente no como un estado de cosas, sino como la capacidad de pensar y actuar. Esa sería un poco la matriz del libro.

¿Esto permitiría explicar que muchas de las ficciones que hoy se constituyen sean ficciones apocalípticas? ¿Es ese pensamiento secuestrado por la agitación el que nos lleva a imaginar únicamente finales, colapsos o formas de clausura?

Claro. En las historias clínicas de Oliver Sacks había algo que me pareció bastante curioso, porque todos los pacientes, antes de sufrir el estado catatónico, estaban afectados por la encefalitis letárgica, etcétera, pero los que sobreviven y quedan catatónicos, antes de sufrir el estado catatónico, tienen una cantidad de sueños apocalípticos brutal. Eso me parecía muy interesante porque era realmente juntar la imaginación del fin con una cierta pulsión de muerte producida por la angustia.

Es decir, yo estoy perdiendo el control de mi propio cuerpo, estoy perdiendo el control, tengo desde bruxismo hasta toda una serie de patologías, y a partir de ahí lo que pasa es que empiezo a imaginar el fin, empiezo a soñar con el fin constantemente.

Escribes que la mutación que vivimos en las sociedades contemporáneas determina ese paso entre las sociedades disciplinarias y las sociedades de control, un poco el paso entre el panóptico de Foucault y el movimiento de Deleuze. ¿Cómo se explica históricamente esta transición de la disciplina al control y qué elementos consideras que la hacen posible?

Es un paso que yo en el libro sitúo de la mano del paso del fordismo al posfordismo. También lo podríamos poner en términos más estrictamente políticos, como el paso de la hegemonía socialdemócrata, de lo que se llamó los treinta gloriosos, sobre todo en Europa, a la hegemonía neoliberal.

Y en ese paso lo que sucede, y es algo a lo que nosotros todavía estamos muy ligados, es toda una conflictividad obrera que nace en los años sesenta en diferentes puntos del mundo y que cristaliza en aquel 68. Y yo intento reivindicar que no es francés y estudiantil, simplemente, sino que es un punto de ruptura con el capitalismo de corte fabril, fordista, etcétera, en muchas partes del mundo.

¿Qué es lo que pasa? Aquí utilizo o intento curarme de varios argumentos. El primero sería que, de alguna manera, aquellas reivindicaciones del ámbito del 68 o del 77 italiano eran neoliberales. No es que fueran inmediatamente neoliberales, sino que hubo una serie de reivindicaciones y una serie de promesas que estaban inscritas en las luchas que, en segunda instancia, fueron cooptadas por un nuevo sistema hegemónico que las tradujo.

¿Como cuáles?

«Queremos flexibilidad». Utilizo esta frase, que me parece divertida, que dice que la flexibilidad consistirá en pescar por la mañana y rellenar informes sobre pescar por la tarde. Hay un claro desplazamiento hacia la burocracia. Y otro también, que se ha dicho muchas veces —yo utilizo el término «mutación antropológica» de Pasolini porque me parece muy interesante—, es el de decir que, en realidad, ante esa mutación antropológica, ante ese conflicto con las luchas, debemos admitir también que muchos de los partidos comunistas o del bloque obrero que había en aquella época en Europa no fueron capaces de recoger ese malestar con la sociedad fabril y proponer otra forma de llegar a ella, sino que se adaptaron a esa mutación y a esa hegemonía neoliberal que se iba consolidando. Es un poco la crítica que hace Pasolini cuando dice que aquí ni el PCI ni la Democracia Cristiana están proponiendo una «contraantropología».

Por tanto, de alguna manera, no estás exculpando las críticas que se han hecho a ciertos imaginarios modernos, pero al mismo tiempo sostienes que la izquierda no ha tenido capacidad de formular una nueva propuesta antropológica, o incluso una nueva ontología del sujeto. La pregunta sería, entonces, ¿qué hay en el sujeto que hace posible esta capacidad del capitalismo para subsumir e incorporar discursos muy diversos? ¿Qué explica esta aceptación constante de formas de autoalienación?

Sí. Yo, por ejemplo, en el libro utilizo dos personajes o dos formas, que son el zombi y el vampiro. El vampiro sabemos que es uno de los personajes que utiliza Marx, cuando dice que el capital es como un vampiro que chupa la sangre. Y el zombi es más contemporáneo, también lo sabemos por la producción cultural, todas las películas de zombis, las series sobre zombis, etcétera, y hay esta autoexplotación que nos hace devenir zombis del capital.

Yo creo, y aquí utilizo por ejemplo a Frédéric Lordon, este filósofo francés que me interesa mucho, que dice algo bastante importante. Dice que, a pesar de que tengamos que analizar todas estas nuevas formas de management empresarial, todas estas nuevas formas de explotación y de control, no debemos olvidar que si todo esto funciona es porque no tenemos a nuestro alcance la capacidad de reproducción de nuestra vida y tenemos que seguir vendiéndola al capital.

Creo que este es un punto para aterrizar un poco el discurso. Es decir, el capital traduce aquellas demandas, aquel conflicto, en una nueva institución de la vida, que será una vida más empresarial y menos fabril, y el punto no es que nosotros, voluntariamente, estemos eufóricos de ser empresarios de nosotros mismos, sino que tenemos que hacerlo para seguir vivos.

Es decir, que no hay otra.

Exacto. Es la forma en que hay que hacerlo.

Ante este estado de agitación constante emergen, como decías, dos reacciones principales, la nostalgia y los sueños apocalípticos. ¿Cómo se insertan figuras como Amadeo Llados en este marco, personajes que nos prometen una especie de liberación respecto a estos males contemporáneos? ¿Qué explica su éxito?

Yo creo que, en primer lugar, de lo que me quería proteger en el ámbito teórico y práctico era de pensar que Amadeo Llados era una excepción o alguien execrable dentro del neoliberalismo. Lo quería situar un poco en continuidad, en continuidad con el concepto de parálisis por agitación, y entender que, en realidad, Amadeo Llados, Andrew Tate, los gym bros, en general, lo que prometen es recuperar el control.

Este lema del Brexit es un poco lo que Amadeo Llados actualiza. Nos promete eso ante una crisis, por ejemplo, de adquisición de capital cultural y del hecho de que podamos acceder a másteres, etcétera, y que eso tenga una utilidad para nuestra vida. Y lo promete de una forma muy fácil, que es concentrarte en hacer burpees.

Ante la elección constante, como si fuera el comienzo de Trainspotting, Amadeo Llados, en realidad, lo que te dice es que ahora tienes que concentrarte en hacer unos burpees, que los puedes hacer en cualquier sitio, y olvidarte de tanta elección y de tantas cuestiones, centrarte en ti mismo.

Pero entonces, ¿consideras que su diagnóstico contiene una parte de verdad? Es decir, que efectivamente vivimos en tiempos de parálisis por agitación, que estamos alienados por las fuerzas de producción, por esa especie de Matrix del sistema. La cuestión sería si el problema reside sobre todo en la ética que propone y en las soluciones que ofrece, o si tampoco compartes del todo su análisis.

Creo que aquí vamos a un problema que ya has mencionado antes, que es el problema de lo moderno o lo posmoderno. Creo que el problema, del que hablamos muchas veces, es el papel de la crítica.

¿Digo que hay una especie de fundamento exterior que me permite hacer la crítica? ¿O, por otro lado, digo que estamos en una época postcrítica, como diría un poco el lenguaje posmoderno o lo que se entiende por posmodernidad, y que, por tanto, tenemos que aceptarlo todo tal como nos viene?

Yo lo que estoy planteando con Amadeo Llados no es una crítica a partir de una serie de valores predeterminados, ni tampoco decir que no hay crítica, sino una crítica clínica.

¿Y qué significa exactamente una «crítica clínica»?

Una crítica clínica significa una crítica a partir de la vida. Amadeo Llados, ante el presente secuestrado, nos propone encerrarnos en un gimnasio o encerrarnos en un espacio frente a un espejo. Nos propone tener control sobre nuestro propio cuerpo, como si el cuerpo fuera el último de los reductos.

Yo lo que hago es decir que eso es una respuesta que se inserta en ese marco, pero que al mismo tiempo tiene las piernas cortas. Acaba teniendo las piernas cortas porque es un repliegue individual. Es un repliegue del malestar de forma individual. Entonces no sale, no consigue romper, sino que es un refuerzo de ese repliegue individual, como ocurre con todo el neostoicismo y estas diferentes corrientes.

Te formulo una pregunta deliberadamente ingenua, pero creo que necesaria. ¿Por qué el repliegue individual no es suficiente para confrontar esta situación? Lo digo porque muchas de las soluciones que hoy circulan, e incluso muchas formulaciones del problema, pasan precisamente por ese retorno al individuo.

El repliegue individual no es suficiente porque, si lo quisiéramos decir en filosofés, se apoya en la metafísica subjetivista, que es el fondo de este tipo de dominación. Es decir, en la idea de un individuo contrapuesto a una sociedad. Eso podríamos decirlo en filosofés. Y si lo dijéramos en términos más políticos, lo que diríamos es que, del mismo modo que estas condiciones de explotación no son de nivel individual, la solución tampoco puede ser a escala individual.

Partes, entonces, de una premisa ontológica, la idea de que no somos seres individuales aislados. ¿Qué somos, entonces?

Podríamos decir que somos relacionales, es decir, que yo me constituyo en esa relación. Yo creo que aquí hay un poco la cuestión del «dentro y contra» que yo rescato de los operaístas. Las salidas se dan no yendo hacia fuera, sino entendiendo que la salida está dentro. Porque, de alguna manera, tendremos que coger todos estos malestares y empujarlos hacia adelante. Y esa manera de empujar los malestares es la que nos permite salir de lo que yo llamo la parálisis por agitación.

Pero situarnos directamente fuera, o entender que nosotros, encerrándonos en el gimnasio, vamos a conseguir salir, yo creo que es normal que produzca esas respuestas, pero creo que hay que indicar que tienen la potencia que tienen y que llegan a un punto de agotamiento.

Lo que propones, por tanto, es casi una ontología del «entre», de una participación simultánea de ambos polos. Ahora bien, ¿quién se beneficia exactamente de esta agitación permanente? ¿Quién sale ganando cuando el malestar social crece, cuando aumentan las depresiones y la sensación general de desgaste?

Yo creo que, si volvemos un poco a las condiciones históricas, la pregunta es importante, pero sobre todo hay que entender que, en primer lugar, este neoliberalismo, este capitalismo posfordista, es un bloque histórico, y que en un momento determinado se encuentra con cierta debilidad y desplaza el conflicto del capital-trabajo al capital-vida. Y que, con las mutaciones que ha habido históricamente, de un capital más industrial o financiero, encontramos, por ejemplo, que el beneficiario, en términos sociopolíticos, de este nuevo sistema de dominación, es aquel que es capaz de poner a trabajar el capital financiero en nuestras ciudades.

Es decir, ya no hay una sustracción de valor tan directa del trabajo, sino, por ejemplo, cuando se dice el conflicto capital-vida, se entiende que hay una sustracción de valor también del espacio urbano, de otros espacios que hasta ese momento habían quedado un poco fuera de la creación de valor del capital.

Por tanto, ¿quién se beneficia? En este caso, si tuviéramos que responder a esta pregunta de manera más inmediata, en nuestras ciudades se benefician mucho los especuladores inmobiliarios, los fondos buitre, etcétera.

¿Podríamos pensar también en otros beneficiarios, como las farmacéuticas en relación con la depresión creciente, o las empresas que controlan las redes sociales?

Exacto.

Este proceso genera, como dices citando a Lazzarato, la figura del «hombre endeudado». ¿En qué consiste exactamente esta figura del hombre endeudado?

En primer lugar, que la deuda es infinita. Esa es la cuestión. La cuestión de la deuda se ha estudiado mucho en la antropología. Pienso, por ejemplo, que desde Marcel Mauss se estudiaba la cuestión del don y de la deuda, y era una deuda finita. Si tuviéramos que ponerlo en dos versiones políticas, podríamos utilizar ese esquema que usan las teorías políticas de Spinoza para decir que no es suficiente con el miedo.

Una esperanza que no sea la esperanza del conflicto, inherente al conflicto, la esperanza de poder ganar en un proyecto, sino la esperanza de que yo tengo miedo ante el hecho de que me desahucien, y entonces mi esperanza es convertirme en un empresario de mí mismo para no ser desahuciado, para poder comprarme una casa.

Es este doble juego entre, por ejemplo, miedo y esperanza, el que permite que sigamos, como has dicho, que no todo arda, que continuemos con esto.

La cuestión sería, por tanto, encontrar una esperanza en el conflicto, y no en la esperanza que el propio sistema nos ofrece.

Sí, la esperanza en el conflicto mismo. Yo creo que ese es un poco el corazón del libro. Con la imaginación me pasa lo mismo. La imaginación y la esperanza creo que deben situarse en el presente como capacidad de pensar y actuar. Es un poco una receta contra cierto utopismo. Situar la utopía aquí para lanzarla hacia adelante, pero situarla en el conflicto, ir a ver cuál es, por decirlo en términos clásicamente marxistas, el eslabón más débil desde el que se puede abrir esa esperanza.

Porque yo sí creo que hay una esperanza inherente a la acción, y que esa esperanza inherente a la acción es la que hay que alimentar, una imaginación inherente a la acción. Pero, situando el problema en el presente, intentamos evitar el hecho de poner una esperanza delante de nosotros, o una especie de cuña histérica, o poner una imaginación de otro mundo que tengamos que sentarnos a decidir. Un futuro think tank, podríamos decir, en el que tengamos que sentarnos a decidir cuál debe ser.

Me interesa especialmente uno de los mecanismos que explicas, la idea de que este sistema de autoexplotación se ajusta a través del consentimiento. Esto de entrada puede parecer paradójico, porque uno podría pensar que, si hay consentimiento, ya no hay explotación. ¿Cómo hay que entender esto?

Sí. El consentimiento es un término que tiene una base jurídica, que tiene una base sobre todo en la filosofía política moderna. El problema clásico, que se puede explicar de muchas maneras, entre un estado de naturaleza y un estado civil o político, es el problema de por qué los modernos se preguntaban o hipotetizaban sobre un estado de naturaleza. Porque necesitaban encontrar un espacio previo a la sociedad donde el consentimiento fuera posible. Es decir, donde yo, cuando me junto con los demás, lo hago porque yo quiero, cuando en la sociedad eso no es tan evidente.

Y esto lo hemos visto mucho y nos ha iluminado mucho, sobre todo el pensamiento feminista en estos últimos tiempos, y en psicoanálisis también. Pienso en Clara Serra, pero en psicoanálisis también en Clotilde Leguil, con el consentimiento como aventura, etcétera.

Creo que poner el acento en el consentimiento, que yo también encuentro en Lordon y hago esta conexión entre la servidumbre voluntaria y el consentimiento, es darnos cuenta de que una de las promesas del neoliberalismo es que podemos consentir y podemos sabernos a nosotros mismos. Y, en cambio, lo que yo apunto con todas estas pensadoras feministas es dar voz al hecho de que el consentimiento no es transparente, no es evidente, que no sabemos del todo qué queremos, que siempre hay un proceso de cierta desposesión.

Y esto, trasladado en términos políticos, sería decir que, si nosotros tenemos que situarnos en el conflicto, debemos aceptar cierta soledad del conflicto, es decir, cierta despersonalización. No voy con unos valores de casa y le digo a la gente que lo que pasa aquí es que hay un problema con el capital internacional, sino que, por ejemplo, con el problema de la vivienda en Barcelona, sitúo el conflicto y empujo ese conflicto. Creo los valores a partir de la práctica política.

Entiendo que ese «dentro y contra» que comentabas antes significaría que también se puede firmar un contrato de alquiler y al mismo tiempo afiliarte al Sindicato de Inquilinas para combatir el marco que te obliga.

Totalmente, sí.

Me gustaría, para terminar, que explicaras un poco más el papel de la nostalgia, porque también remite a una larga tradición filosófica. ¿Por qué hay que desconfiar de los relatos sostenidos en la nostalgia de los tiempos pretéritos?

Sí. Lo que yo planteo con la nostalgia, un poco de la misma manera que planteo con el efecto narcisista que nos propone Llados, es que la hegemonía nostálgica contemporánea viene precisamente de este problema con nuestra capacidad de pensar y actuar, de nuestro problema con el presente.

Entonces, a partir de toda una serie de pensadores y pensadoras —pienso en el libro de Clara Ramas o, por ejemplo, en Grafton Tanner—, lo que veo es que la nostalgia, tenemos que tener claro que no es un problema con el pasado en sí mismo, sino que es un problema con nuestro presente.

Y esto es una especie de aviso teórico o práctico frente a la nostalgia. Como analizaba Gómez Villar, está la nostalgia por unos olvidados, por unos obreros olvidados, blancos, que nunca han caído en la trampa de la diversidad, etcétera, y que se sitúan fuera, fuera de la historia. Y, por tanto, en realidad, no han existido nunca, pero son como una especie de espejismo virtual en el que nos miramos todo el tiempo.

Creo que, de alguna manera, también esta nostalgia ha sido exacerbada por parte de la extrema derecha bajo la idea de que antes había un orden y ahora hay un desorden. Y creo que la tarea crítica que intento hacer con el libro es decir que no es que ahora haya desorden, sino que hay un sistema de organización de la vida. Y, por tanto, intento cortar esa línea de decir «desorden ahora, orden antes, por tanto, volvamos al orden», la fiesta se ha acabado, un poco ese lema de la extrema derecha, para decir «no, no, la fiesta no ha empezado».

Es decir, intento hacer el paso de llevar la nostalgia, en términos políticos y filosóficos, a una capacidad de hacer presente y de decir que es a partir de aquí que podemos evitar estos argumentos de la trampa de la diversidad, de un obrero perdido, y afirmar: hic et nunc (aquí y ahora).

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Por eso esta finca de 195.000 metros cuadrados es tan golosa. Aunque nadie sabe exactamente cómo la planta tecnológica golpeará al mayor recurso natural que existe, cambios de uso del suelo mediante, varias organizaciones sociales y políticas alertan de las consecuencias de un proyecto que desde el Consistorio fuenlabreño venden como “el mayor campus de centros de datos de Madrid”.

Aurora Gómez Delgado es una de las integrantes de Tu nube seca mi río, un colectivo de resistencia ciudadana contra los centros de datos. Ella conoce la dificultad para seguir la pista de estos enclaves que últimamente brotan como esporas en diversas ciudades de toda España. En este caso, según cuenta, llegaron al proyecto de Fuenlabrada por un soplo de una persona afincada en Georgia (Estados Unidos). “Los centros de datos a hiperescala como este están conectados a zonas rurales y de la periferia porque necesitan mucha agua para funcionar y refrigerar sus sistemas de procesamiento”, dice la activista.

De esta forma, las compañías se decantan por lugares conectados con fuertes fuentes de agua y energía, como son los enclaves utilizados en el sector de la cerámica o, en este caso, de la producción de bebidas gaseosas. “Los inversores también buscan que no haya resistencia local, que, en realidad, no existía hace unos años. Pero sí existía la lucha obrera en Coca-Cola, y las resistencias se unen unas con otras”, comenta Delgado.

Hay dos tipos de centros de datos. Por un lado, los propios de los grandes tótems tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft. Por otro, aquellos de empresas llamadas de colocación, que se los alquilan a los gigantes digitales. Gómez explica que en Fuenlabrada se erigirá uno de este segundo tipo. “Estamos viendo una subida increíble de esta burbuja especulativa, con muchos fondos de inversión pujando en ella”, comenta. Si todo continúa según lo previsto, esta localidad al suroeste de la capital tendrá un centro de datos propiedad de Thor Equities, dueño del terreno desde 2022.

El agua, siempre la mayor incógnita

La gran pregunta que rodea este proyecto industrial es cuánta agua consumirá. “Tanto investigadoras como periodistas y activistas nos hemos encontrado con que la falta de información es atroz. La opacidad siempre acompaña a los centros de datos”, afirma con contundencia la propia Gómez. 

Los únicos datos oficiales accesibles para la ciudadanía fueron expuestos en las redes sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada el pasado 17 de marzo. En un post, el consistorio gobernado con mayoría absoluta por el socialista Javier Ayala expuso que la empresa británica Apto invertiría 2.000 millones de euros para construir en la ciudad “un gran campus de centros de datos, el mayor de la región cloud de Madrid”, que seguramente después será utilizado por las grandes compañías de Silicon Valley.

El terreno que ocupará alcanza los 195.000 metros cuadrados, que albergarán cinco centros de procesamiento de datos, “alcanzando una capacidad total prevista de hasta 240 megavatios”, añadieron. El permiso de obra ya está aprobado y su construcción comienza “de inmediato”, siempre según la publicación del ayuntamiento fuenlabreño, desde donde aseguraron que se prevé la creación de unos 2.500 empleos.

Sin embargo, el Consistorio no ha contestado a ninguna de las preguntas planteadas por La Marea al cierre de la edición de este artículo sobre cómo han calculado esos dos millares y medio de puestos de trabajo, cuál será el uso del agua por parte del centro de datos y si el Ayuntamiento realizará algún tipo de control al respecto. Tampoco han explicado por qué Fuenlabrada necesita un centro de datos.

Cambios en el uso del suelo

Eva Fuentes Rincón, responsable del área de Ecologismo y Medio Ambiente de Podemos Fuenlabrada, sin representación en el Ayuntamiento, señala: «Hemos pasado de la sorpresa a la preocupación”. Esta vecina de la localidad se pregunta qué necesidades de la población cubrirá la factoría. “No podemos dejar que estos centros de datos se construyan sin una regulación concreta ni que su construcción infle una burbuja especulativa, como ha sucedido con los macroproyectos de energías renovables”, opina.

Desde su partido político, aseguran que ya están analizando si el proyecto cumple con la legislación vigente en todos sus aspectos, pues hay viviendas situadas a apenas 200 metros del enclave que se podrían ver afectadas por el mismo. En este sentido, Fuentes advierte de que tras la marcha de Coca-Cola de Fuenlabrada y después de que vendieran el terreno al fondo de inversión Stoneweg en 2020, la finca ha experimentado diversos cambios en la denominación del uso del suelo. “Desde entonces, habrá triplicado su valor. Ahora mismo el suelo tiene una categoría superior para centros de datos”, explica.

Un acuífero, oro para los centros de datos

La integrante de Podemos enfatiza que en el subsuelo de la finca elegida hay un acuífero, explotado en su momento por Coca-Cola. Lo corrobora Mercedes Pérez Merino, antigua delegada sindical por CC. OO. de la compañía Casbega, franquiciada por Coca-Cola en Fuenlabrada. “Una de las cosas que les movieron a traer la factoría es que había pozos y acuíferos, y muy buenos”, reitera.

Esta administrativa ya jubilada recuerda cómo fueron los propios trabajadores del municipio quienes, al ver cómo la empresa explotaba el agua, reclamaron que repercutiera de alguna forma en la sociedad. “Instalaron una depuradora para que los ayuntamientos de la zona pudieran hacer uso de esa agua para riego y limpieza”, rememora Pérez, quien entró a formar parte de Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada en 1983.

La factoría llegó a ser una de las más productivas para la firma transnacional. Sin embargo, decidieron cerrarla. Una lucha ardua de la plantilla y las mujeres de los trabajadores, conocidas como Las Espartanas, consiguieron doblegar a la empresa. El apoyo mutuo fraguó una victoria que se tradujo en un sueldo hasta la jubilación para todos los trabajadores despedidos de unos 2.500 euros al mes, según cifra Pérez.

“Siempre pensé que tras la venta de la factoría había algo que se nos escapaba. Ahora lo entiendo. Esto del centro de datos lo tenían pensado desde mucho antes”, añade la antigua trabajadora de Coca-Cola. Desde su experiencia, considera que la sociedad debería reflexionar sobre los tiempos con los que trabajan las transnacionales, inasumibles para las personas normales, comenta. “Hay que prepararse, porque no dan puntada sin hilo y son insaciables”, concluye.

Una Administración a favor de las empresas

Siempre se puede hacer algo. Para intentar combatir la proliferación de estos centros que tan duramente golpean a su entorno, Gómez subraya que algo que podrían hacer las Administraciones es no favorecer su presencia en el territorio. “Todos los centros disfrutan de legislación especial que hace que la burocracia sea menor y todo vaya más rápido, por lo que a la gente local no le va a dar tiempo a enterarse de lo que pasa”, critica.

La activista añade que esta industria tan pujante goza también de grandes subvenciones públicas a nivel regional, así como de la exención del pago de impuestos como el de bienes inmuebles o el de actividades económicas. “Al menos en España todavía es necesaria una valoración ambiental para dar el visto bueno, porque en otros países se ha retrocedido en eso”, apuntilla.

Desde Tu nube seca mi río concluyen que la aparición de un centro de datos como el proyectado en Fuenlabrada no aporta ningún beneficio para la sociedad. “A mí solo me cabe pensar que de repente los políticos regionales o son muy tontos o hay intereses espurios”, asevera la misma Gómez. 

Según sostiene, tendremos que esperar todavía algunos años para ver si se producen puertas giratorias en este sector. No sería extraño. La antigua vicealcaldesa de Madrid y militante del extinto Ciudadanos, Begoña Villacís, es la directora ejecutiva de Spain DC, la patronal española de centros de datos. No es la única. El nombre de Marcos de Quinto ya marcó la lucha aguerrida de los trabajadores de Coca-Cola y sus mujeres, Las Espartanas, pues él fue vicepresidente a nivel mundial de la compañía entre 2015 y 2017. El antiguo diputado en el Congreso de los Diputados también por Ciudadanos actualmente trabaja para empresas ligadas a la IA, tal y como explica Gómez.

Casos de éxito: proliferan las resistencias

La lucha social, como en tantos otros frentes, comienza a dar sus frutos. Gómez asegura que el año pasado la mitad de los proyectos de construcción de centros de datos se consiguieron ralentizar en Estados Unidos gracias a la presión ciudadana. En otros tantos países se están aprobando moratorias para su edificación, y en Europa hay organizaciones que la reclaman a nivel global. “Es una industria que recién está despegando. Allá donde vamos, nosotras encontramos un grupo que quiere levantarse como resistencia a los centros de datos. Todo el territorio español está plagado de estas resistencias”, concede la activista.

De todas formas, el combate contra los centros de datos empieza desde casa. En un momento en que la IA inunda cualquier dispositivo, la concienciación ciudadana para evitar su uso innecesario se torna crucial. “Una sola búsqueda en un buscador que utiliza la IA implica toda una cadena de suministros que conllevan sufrimiento en otras partes del globo, ya sea por las tierras raras de Ucrania y Groenlandia, el litio en Chile o el coltán en el Congo”, ejemplifica Gómez. Es ella quien concluye: “Los consumos tecnológicos son algo privilegiado que recae en gente menos privilegiada. Hay alternativa al tecnocapitalismo. Hasta la fecha hemos podido sobrevivir sin IA, pero no podemos sobrevivir tres días sin agua”.

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«Pederastas: el problema estructural que no queremos abordar». Nunca nos había costado tanto escoger un titular de portada. Decidimos dedicar un especial a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tras una comida en la que estuvimos hablando de Epstein, nos dimos cuenta de que no teníamos problema en definirlo a él y a sus cómplices como pederastas. Tampoco para aplicar ese término a los miembros de la Iglesia católica que han cometido agresiones sexuales. Las noticias sobre estos casos despiertan indignación y repulsa. Pero ¿cuál es la respuesta ante la violencia sexual intrafamiliar, la que supone un 80% del total? Las víctimas y especialistas que participan en el dossier de nuestro última revista lo tienen claro: silencio.

Una de cada cinco personas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, pero muy raramente lo contará y, menos aún, llegará a denunciarlo. Las agresiones que cometen nuestros padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, vecinos o cuñados suelen ser secretos familiares que quedan impunes. Para minimizar su impacto, debemos reconocer cómo se manifiesta a través de señales más o menos evidentes. Para ello, hemos recopilado una serie de consejos de expertos para elaborar una guía con algunos indicadores, de tipo físico o conductual, que pueden ayudarnos a detectar posibles casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Puedes descargarla aquí en castellano, catalán, euskera y gallego.

Quizá mientras lees estas líneas, estés pensando en alguien próximo que ha sufrido este tipo de violencia. Tal vez te haya sucedido a ti, la probabilidad es alta. Repetimos: afecta al 20% de las personas menores de edad. En La Marea no vamos a dejar de recordarlo porque los medios de comunicación debemos ser un servicio público.

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Además, fieles a nuestra inclinación por el reporterismo, visitamos Siria y Cuba. Al primer destino acudimos de la mano de Núria Vilà Coma, quien visita una escuela a las afueras de Damasco para ver cómo se han reanudado las clases después de la guerra civil y de la caída del gobierno de Bashar al Asad.

A la isla caribeña nos acercan Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico. Cuba vive momentos de tensión por el estrangulamiento energético al que está sometida por parte de Estados Unidos, que además amenaza con una invasión. Los cortes de electricidad son continuos y el éxodo de personas jóvenes es imparable.

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Asimismo, Guillermo Martínez charló con el historiador Gutmaro Gómez Bravo sobre el final de la guerra civil española, el tema de su último ensayo. En él trata todos los pormenores del fin de una contienda que necesitó de la rendición y de la entrega del bando republicano. Es decir, que Franco no ganó heroicamente en el campo de batalla, sino con espionaje y tejemanejes de despacho.

Sebastiaan Faber, por su parte, conversó con la periodista Raina Lipsitz, autora de un libro titulado The Rise of a New Left que trata sobre los movimientos de la izquierda juvenil en Estados Unidos. Para prosperar, esta izquierda ha tenido que enfrentarse no sólo al trumpismo, sino al establishment del Partido Demócrata. La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York es uno de sus triunfos más sonados.

Nos ocupamos también de la conservación de los océanos, elaboramos un bazar con productos e iniciativas de carácter ecosocial, os contamos la fascinante historia de la pintora Fanny Gonmar y, como siempre, viajamos a uno de los lugares que siempre está en nuestro corazón: los campamentos saharauis en Argelia. Allí, Miguel Ángel Fernández firma un reportaje sobre una original forma de cultivar hortalizas frescas en pleno desierto.

En El Periscopio, nuestro suplemento cultural, abordamos el uso de la inteligencia artificial para realizar traducciones literarias, cuya popularización está poniendo en peligro a un sector ya muy precarizado que propone alternativas. También viajamos a Avilés, donde tendrá lugar una Bienal de Arte dedicada al cambio climático. Y hablamos con la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de una novela atípica y deslumbrante sobre la lucha de clases: Indócil. El broche de oro para el suplemento es un relato de la escritora Elvira Navarro.

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