Un cartel que indica la dirección del Centro Penitenciario de Sevilla I (Alejandra G. Pujol)

Honorio Gómez lleva preso más de 25 años. Su caso es especial porque ha dado testimonio encontrándose en prisión. Normalmente resulta difícil acceder a confesiones de reclusos que aún estén en prisión o que tengan un permiso ya que no quieren arriesgarse a empeorar su situación en la cárcel con sus declaraciones.

Honorio tiene la enfermedad de Dupuytren, un mal degenerativo que afecta a los tendones de las manos. Además, tiene problemas renales, es portador de hepatitis C y tiene dos hernias inguinales. Debido a ello, es un enfermo que necesita ser operado. “Con el tema de la hepatitis han pasado página, se han olvidado”, afirma. Cada vez que le confirmaban que lo llevarían a un hospital para intervenirlo, finalmente lo que sufría era un traslado a otro centro penitenciario. “Cada vez que voy a tener una operación aparece un traslado misterioso”. Con el paso del tiempo, las dolencias aumentan. “Los únicos días que he contado en la cárcel no han sido los de los permisos, sino los de las operaciones” comenta Honorio.

La Constitución de la OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. El derecho a la salud incluye el acceso a servicios de atención de calidad. Sin embargo, este derecho fundamental no siempre se cumple. Sobre todo, los grupos vulnerables y marginados de las sociedades son los que, en la mayoría de los casos, tienen que soportar una “proporción excesiva de los problemas sanitarios”.

José Quiñonero, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, ha declarado que “algo irrenunciable y que llevamos reclamando de forma reiterada desde hace años es el cumplimiento de la Ley de Cohesión del SNS de 2003, o lo que es lo mismo, la integración de la Sanidad Penitenciaria en los Servicios de Salud Comunitaria. Sobre este tema, las distintas administraciones no se ponen de acuerdo, salvo que haya interés político como es el caso de Euskadi y Catalunya. Esto supone que la prestación sanitaria a las personas privadas de libertad es de segunda clase y pone en duda la continuidad de la misma al no haber un modelo de futuro”.

Pero hay valoraciones de todo tipo, lo que hace aún más difícil llegar a un consenso. “Hace tiempo, más de diez años, que pretenden que la sanidad penitenciaria sea competencia de cada comunidad autónoma. Hay opiniones muy diversas al respecto, la mía personal es que la sanidad en el ámbito penitenciario está muy bien como está”, afirma Luisa Puerta, subdirectora médica del Centro Penitenciario de Huelva, confirmando que la sanidad en este centro es válida y completa. “Contamos con una plantilla de siete médicos y doce enfermeros; los pacientes-reclusos están perfectamente atendidos, se derivan a la sanidad pública cuando es necesario y cuando acuden a urgencias apenas tienen tiempo de espera”

Algunos a favor, otros en contra, pero más de diez años después se sigue esperando a que se cumpla esta ley. “Los presos tienen los mismos derechos sanitarios que la población libre  (…) es cierto que en el momento en el que una persona entra en prisión pierde su libertad, pero eso no quiere decir que pierdan el derecho a la salud, a la vida” comenta Vanesa, voluntaria de la APDHA.

Claudio Esteban, coordinador de prisiones del CSIF, no ha querido pronunciarse, alegando que “no quiere saber nada de derechos humanos (refiriéndose a la asociación APDHA)” y solo ha afirmado que “claro que la sanidad penitenciaria está mal” pero que “si una persona ha cometido un delito y está en prisión es por algo”.

Un marco normativo confuso

En todas las comunidades autónomas españolas, excepto Catalunya y Euskadi, el derecho a la protección de la salud de las personas reclusas se desarrolla a través de convenios con el Ministerio Competente en Instituciones Penitenciarias. Es un convenio que ha estado renovándose desde 1995. En la página web de Instituciones Penitenciarias podemos ver cómo la propia Administración se define como “Una pieza ineludible de la política de seguridad de un país y también de la política de intervención social”. Y, continúa diciendo que “solamente construyendo espacios de tratamiento, reeducación y rehabilitación para aquellas personas que han cometido un delito podremos dar respuestas eficaces que incrementen nuestra seguridad y nuestra libertad ciudadana”. Atendiendo a estas afirmaciones, ¿Por qué asociaciones e instituciones médicas llevan años denunciando la situación de la sanidad penitenciaria?

Lo que se pide en concreto es una transferencia de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas para la plena integración en los servicios autonómicos de salud y como se establecía en la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una de las razones que explican las disfunciones del sistema es que la red sanitaria de atención primaria de las prisiones está aislada y gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No solo organizaciones como la APDHA o la Federación Enlace han denunciado esta situación. También lo han hecho el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español, El Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía General del Estado, los profesionales de la sanidad y la sanidad penitenciaria.

“El problema radica en que no hay coordinación entre los servicios de salud externos y la sanidad penitenciaria. De tal manera que cuando ingresa en prisión alguna persona que tiene un tratamiento específico, el médico de prisión no tiene posibilidad de consultar el historial médico de esta persona y saber qué tratamiento y por qué enfermedades estaba siendo tratado en el exterior” comenta Marisa Díaz Quintero, coordinadora de SOAJP (Servicios de Asistencia y Orientación Jurídico-Penitenciaria).

Este hecho no para de acarrear problemas dentro de las prisiones. Tengamos en cuenta que un centro penitenciario puede albergar a gran cantidad de reclusos. Por ejemplo, solo en Sevilla I hay más de 1.300 personas recluidas, por lo que se necesita un equipo médico con personal suficiente para atender a un posible gran número de pacientes. No podemos olvidar que una buena parte de ellos son personas con problemas de drogodependencia o sufren enfermedades graves como VIH o Hepatitis y necesitan un tratamiento continuado.

El pasado verano los reclusos de Sevilla I han tenido que soportar una asistencia sanitaria prácticamente inexistente porque los diez enfermeros de plantilla se dieron de baja a la misma vez por cuestiones como largas listas de espera para que los pacientes fueran atendidos, los cambios en el sistema de administración de metadona o el desbordamiento del servicio sanitario.

Los médicos del penal firmaron un escrito dirigido a Instituciones Penitenciarias donde denunciaban el “incumplimiento de una de sus obligaciones fundamentales: velar por la seguridad y la vida de los internos bajo su tutela”. Por su parte, Instituciones Penitenciarias afirmaba que “el servicio sanitario del Centro Penitenciario Sevilla I está extraordinariamente bien dotado”.

Centro Penitenciario de Sevilla (Alejandra G. Pujol)

El traslado de un enfermero del Hospital Psiquiátrico Penitenciario y la contratación de una enfermera por seis meses fueron la solución de urgencia que adoptó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Los profesionales sanitarios han tenido que soportar turnos de más de 76 horas semanales. Es solo uno de los casos sonados de la situación sanitaria en prisión en España.

Según Marisa Díaz Quintero, coordinadora de SOAJP, la población reclusa en el año 2016 estaba compuesta de 61.423 internos para los cuales había 326 médicos y 485 enfermeros, es decir, un facultativo por cada 200 presos. “Esto nos da un idea de la falta de recursos existentes para realizar una correcta atención, no queriendo indicar que los servicios médicos de prisión no cumplan con su función”. “Lo que queremos indicar es que la falta de recursos lleva a una atención deficitaria por falta de medios, pero hay muy buenos profesionales en la sanidad penitenciaria que reclaman esa transferencia”.

Con motivo de este reportaje, el subdirector médico y el subdirector de tratamiento de la prisión Sevilla I, solo han respondido que “no podían dar ningún tipo de información sin la autorización de Instituciones Penitenciarias” que, tras varios y continuados intentos por establecer contacto, no ha querido pronunciarse.

“Un daño irreversible por no tener una cura a tiempo”

Manuel está coinfectado con hepatitis C en grado uno y con VIH. Estuvo luchando cerca de dos años para conseguir el tratamiento adecuado, evitar así una cirrosis y un empeoramiento de ambas enfermedades y poder mejorar su estado de salud. Instituciones Penitenciarias se escuda en estas situaciones aludiendo a la imposibilidad presupuestaria para atender a todos los presos con estas características. Sin embargo, estamos ante un tratamiento necesario que se suministra de manera normalizada y sin listas de espera para la población libre.

Amigos y familiares de presos se manifiestan por la mejora de las condiciones de vida en la cárcel (APDHA)

T. G. es un joven que no quiere revelar su nombre ni los de otros reclusos porque aún se encuentra en prisión, “Estando fuera, la cosa cambia”. No lleva mucho tiempo en la cárcel pero ya ha vivido distintas situaciones y ha sido testigo de la falta de recursos de la sanidad penitenciaria. “Por ejemplo, conozco el caso de un hombre al que le han dado dos ictus dentro de prisión y opina que la tardanza es eterna por depender de un ATS disponible para que autorice su salida a un hospital”. “Otro compañero se dislocó un hombro y estuvo dos días sin atención médica, le dieron cita para una cirugía en el hospital, pero cuando llegó el día no pudo operarse porque habían perdido sus papeles… a veces se produce un daño irreversible por no haber tenido una cura a tiempo”, comenta T. G. sobre lo que ha vivido hasta ahora en la prisión de Sevilla I.

“Como profesionales de la justicia, han sido muchas las ocasiones en las que hemos tenido que defender a presos porque no les prestaban la adecuada atención sanitaria” cuenta Marisa Díaz Quintero. Las quejas solían ser por variados motivos respectivos a la salud. “No se les atendía por parte del médico o psiquiatra, no les daban el tratamiento para la hepatitis que la Seguridad Social sí suministraba para personas en libertad, no hay enfermeros y los que hay están de baja, no se hacía un seguimiento médico de determinadas enfermedades que, con el tiempo, se cronificaron y derivaron en situaciones más graves, como por ejemplo: la amputación de varios dedos de una mano por no atender a tiempo y convenientemente la enfermedad de Dupuytren (en el caso de Honorio); o la colocación de un ano artificial, por no atender a tiempo y convenientemente una fístula anal”.

Las prisiones, por lo general, cuentan con personal médico profesional y cualificado y los pacientes suelen ser atendidos. El problema parece que surge cuando se trata de enfermos graves o que necesitan tratamientos con costes elevados. Es, en estos casos, cuando más se vulnera el derecho de estas personas a la salud. Además del problema que conlleva que los médicos no cuenten con unas buenas condiciones laborales.

Las personas con enfermedades mentales, aún más olvidadas

Otro grave problema al que debe enfrentarse Instituciones Penitenciarias es el hecho de que haya una importante cantidad de personas con enfermedades mentales en las prisiones ordinarias. Según datos de la APDHA, ocho de cada diez personas presas han sufrido en su vida algún trastorno mental. En torno al 40% padecen algún trastorno mental y de la personalidad y sobre un 8% enfermedades mentales graves. Más de la mitad de los internos reciben medicación con psicofármacos.

¿Por qué esta equidad entre presos comunes y enfermos mentales con el riesgo que ello supone tanto para el enfermo como para las personas que están a su alrededor? España solo cuenta con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios. Uno en Sevilla, con 371 plazas y otro en Alicante, donde solo disponen de 158 camas. La Administración Penitenciaria cuenta con el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), pero parece que este recurso no está dando buenos y completos resultados.

Paco es un preso al que le diagnosticaron esquizofrenia. Cuando tiene una crisis puede reaccionar de manera violenta o incontrolada, por lo que la cárcel podría no ser el lugar adecuado para él y otros reclusos con estas patologías. “He luchado siempre para que a mi hijo le dieran el tratamiento, incluso he querido llevárselo, pero tú allí no puedes tener cita con nadie, se niegan a todo… Allí le dan unas pastillas que dicen que es para relajarlo, pero que mi hijo no sabe lo que es y el tratamiento que él necesita nadie se lo da” afirma Pepa, su madre.

Asamblea de amigos y familiares de presos (APDHA)

“La prisión no es el lugar para el tratamiento de personas con patología mental grave. Actualmente estamos asistiendo a un tipo de paciente que se encuadra sobre todo en la Patología Dual. El consumo de drogas y los trastornos de personalidad son con diferencia la patología mental más prevalente”, comenta José Tomás Quiñonero, presidente de la SESP.

T. G. piensa que no se cuenta con los medios necesarios “ni por asomo”. Afirma que en la mayoría de ocasiones un recluso que tiene problemas, con enfermedad mental o sin ella, lo que recibe son “medicamentos fuertes como la quetiapina (antipsicótico), tranxilium, trankimazin… y estimulantes para potenciar sus efectos y mantenerle más tranquilo y controlado, causando así daños colaterales”. “Este fallo favorece aún más la dependencia al fármaco y el preso que no toma nada también va a la ventanilla y coge este tipo de medicación para luego venderla o cambiarla”.

Organizaciones como APDHA y Federación Liberación celebran en su sede asambleas en la que participan abogados, psicólogos y también familiares y amigos de presos. Una nueva ocasión para reunirse, informar y sobre todo intentar evitar situaciones que vulneren los derechos humanos de las personas. Un encuentro para seguir luchando por la reinserción y también por el derecho a la salud porque, como decía Honorio “Ya estás cumpliendo con esa privación de libertad y de movilidad pero no quiere decir que te priven de tus derechos como el derecho a la salud, a la vida. No tienen por qué condenarme a muerte indirectamente”.

El trabajo doméstico infantil tiene el rostro de una niña. Es el sector, por encima de cualquier otro, en el que hay más niñas menores de 16 años empleadas. En demasiadas ocasiones trabajan bajo condiciones de explotación y sufren abusos físicos, psicológicos, sexuales y negligencia. De manera reiterada se violan muchos de sus derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Muchas pierden los lazos con su familia y pasan a depender de sus empleadores.

Esta forma de explotación afecta al modelo psicológico que los niños y niñas interiorizan en esta etapa tan importante de la vida. Javier Romeo, psicólogo infantil, explica que vivir y trabajar para otra familia tiene consecuencias negativas sobre el afecto y el apego. “Quienes me tendrían que proteger, me están explotando. ¿Qué entorno de seguridad se crea? Con 8 o 10 años es algo muy complicado de manejar”, explica. Además, si la vinculación que se establece es de dominación-sumisión, “al ser considerado como inferior, es más fácil que el niño o la niña pueda sufrir cualquier tipo de violencia, como malos tratos o abuso sexual”.

Criaditas en Paraguay

En Paraguay, 46.993 niños y niñas –el 2,5%–, se dedican al criadazgo, término que se utiliza para los menores de edad que viven y trabajan en la casa de otra familia. Ser una criadita no es lo mismo que ser empleada doméstica, no reciben remuneración ni tienen vacaciones.

Tina Alvarenga recuerda que la primera vez que montó en avión fue a los diez años, cuando dejó su pueblo natal para trabajar como criadita en Asunción. No sabe cuál es la razón por la que sus padres tomaron esa decisión, nunca le hizo esa pregunta a su madre. A pesar de que tanto ella como todos sus hermanos iban a la escuela y de que en el pueblo había educación secundaria y primaria, la mandaron a vivir con una pareja que tenía tres hijos que ya no estaban en la casa. Cada día se levantaba a las cinco de la mañana para preparar el mate para el señor de la casa y limpiar la calle antes de ir al colegio. No tenía que cocinar ni lavar la ropa de la familia puesto que había una empleada doméstica que se encargaba de esas cosas, por lo que dedicaba su tiempo a limpiar la casa y a cuidar de la abuela de la familia.

Tuvo relativamente suerte puesto que por lo menos pudo continuar sus estudios, pero nunca fue un miembro más de la familia. “En mi caso había una diferencia clara. En una época la hija de unos amigos de ellos vino a vivir a la casa y ella era la señorita. Yo tenía más acceso a la biblioteca de la casa que a la heladera para comer algo”.  No le dejaban hablar su lengua materna, el guaraní y, a excepción de con otras empleadas domésticas, nunca lo hablaba. No podía ver mucho a sus padres, “la señora decía que no quería que volviera a tomar los malos hábitos y costumbres de mi familia”.

No vivió una adolescencia normal, no podía socializar, no tenía tiempo para ir a actividades extraescolares y no tenía ropa bonita con la que poder acudir a fiestas. También recuerda haber sufrido acoso en la escuela por sus facciones indígenas.

Tina actualmente es una activista en la lucha contra esta práctica. “En investigaciones hemos visto que lo que más duele es el trato, la discriminación y el lugar que uno ocupa en la casa. No sos un empleado porque no recibes remuneración. Dicen que eres medio su hijo pero no te tratan como a un hijo porque te explotan, te discriminan y  con frecuencia te maltratan. En algunos casos las criaditas han sido un elemento lúdico o de iniciación sexual del hijo del patrón o su objeto. Eso marca mucho la diferencia entre un hijo y un criadito”.

En enero de 2016, Paraguay, que durante años había cerrado los ojos frente a esta realidad, se vio obligado a abrirlos de golpe cuando Carolina Marín, una criadita de 14 años, murió como consecuencia de los golpes propinados por la pareja para la que trabajaba.

Diputados del Partido Colorado –de tendencia conservadora– han alegado que el criadazgo no puede prohibirse porque permite que muchos niños y niñas tengan acceso a la educación. Sin embargo, Tina sostiene que esa afirmación podía ser válida en el pasado, pero que actualmente el acceso a la educación ha aumentado de manera considerable en el país. “Estoy convencida de que ningún niño o niña –y lo considero injusto– tiene que pasar por esta situación para acceder a un derecho fundamental como es el derecho a la educación. A ningún niño le debería costar sacrificio, trabajo, explotación o discriminación disfrutar de un derecho básico”.

Petites bonnes en África

Al otro lado del Atlántico, en los países francófonos de África, a las niñas trabajadoras domésticas se las conoce como petites bonnes. “Cuando las niñas empiezan a trabajar en una casa su futuro ya ha terminado, no pueden pensar en otra cosa”, comenta Nagi, trabajadora social.

Djeinaba tiene 17 años y vive en Nuadibú, la capital económica de Mauritania, donde trabaja como empleada doméstica externa por lo que recibe 30 ouguiyas al día, el equivalente a unos 0,87 euros. Ella está a las puertas de la mayoría de edad, pero la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de Mauritania (AFCF) se ha encontrado con casos de niños y niñas de cuatro, cinco o seis años que trabajaban en el servicio domésticos.

Aminetou Mint El Mokhtar, defensora de los derechos humanos y Presidenta de AFCF, explica que las causas que empujan a las familias a dejar que sus hijas trabajen desde tan pequeñas son la pobreza y la precariedad en la que viven. Muchos niños y niñas no van al colegio ni están registrados, carecen de lo más básico: un acta de nacimiento. Mauritania fue el último país en abolir la esclavitud, aunque su desaparición real sigue siendo una de las tareas pendientes del país, que sigue persiguiendo a aquellos activistas que promueven su desaparición. El trabajo infantil doméstico todavía se reserva a niñas esclavas o descendientes de esclavas, puesto que la esclavitud se transmite únicamente a través de la madre.

Algunas trabajan como externas, pero la situación es aún más difícil cuando son internas, “muchas sufren explotación, son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan, con salarios muy pequeños”, dice Aminetu. En ocasiones estas niñas son acusadas de robo, “los empleadores acumulan varios salarios diciendo que les pagarán el día que vuelvan a sus casas y cuando han acumulado muchos las acusaban de robo y así no las pagan”. Otras niñas son víctimas de violencia sexual.

El trabajo de la AFCF consiste en identificar a las niñas que trabajan como empleadas domésticas. Si tienen menos de 14 años hablan con sus familias para explicarles que sus hijas tienen que ir a la escuela. Si son más mayores se aseguran de que tengan acceso a un nivel mínimo de alfabetización y a cursos de formación profesional, como costura o peluquería, para que puedan acceder a otro tipo de trabajo, más seguro y con mejores condiciones laborales. También se aseguran de que tengan acceso a la salud y dan créditos a algunas familias.

Una niña en un curso de formación de AFCF. Nuakchott, Mauritania. (Tierra de Hombres)

Las niñas trabajadoras domésticas en Perú

Josefina Condori comenzó a trabajar en el servicio doméstico a los ocho años, tras el fallecimiento de su padre, primero en la casa de un familiar en Lima, y después en otras. Cuando dejó su hogar se le mezclaron sentimientos contradictorios, de ilusión por las oportunidades que creía que se le abrían, pero también de tristeza por dejar atrás su familia y su comunidad. “No era el Lima que yo soñé”, dice.  Mientras los niños de la casa iban al colegio, ella se quedaba limpiando. Recuerda la soledad y las burlas de la gente por no hablar castellano. Olvidó su lengua materna y al volver a su casa en su Puno natal años después no se podía comunicar con su madre.

En Lima conoció a la italiana Vittoria Savio que trabajaba con empleadas del hogar, y juntas fundaron en 1994 el Centro Yanapakusun para ayudar a niñas trabajadoras domésticas en Cusco. La mayoría de estas niñas proceden de comunidades alto andinas, eminentemente agrícolas, y al llegar a la ciudad pierden el contacto con el contexto en el que han crecido. Se acercan a estas niñas buscándolas en las plazas los domingos, en los mercados, en las escuelas nocturnas o en los lugares donde esperan al camión de la basura cada noche. Crearon el Hogar Caith que acoge a varias chicas y además trabajan en las comunidades campesinas intentando sensibilizar a las familias para que sus hijos e hijas no migren siendo demasiado pequeños a las ciudades.

Para la autogestión de sus proyectos han creado Ayparinakusunchis, una agencia que proporciona servicios turísticos responsables y que tiene un hospedaje junto al Hogar, lo que permite a los visitantes conocer el proyecto.

Hogar Caith del Centro Yapanakusun. Cusco, Perú (Sara García de Blas)

El trabajo infantil doméstico, una de las peores formas de trabajo infantil

Aunque el trabajo infantil doméstico no se señala específicamente en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una de las peores formas de trabajo infantil, sí que podría considerarse como tal debido a que en ocasiones las condiciones en las que tiene lugar dañan la salud, seguridad y desarrollo de los niños y niñas, y porque en algunos contextos es equiparable a la esclavitud. Y, de acuerdo con el Convenio 138 de la OIT, la edad mínima para realizar un trabajo peligroso es de 18 años. Tanto Mauritania como Paraguay y Perú han ratificado ambos convenios.

Sin embargo, ni Mauritania ni Perú han ratificado el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este Convenio establece que los Estados que lo ratifiquen deben establecer una edad mínima para las personas trabajadoras domésticas, que en ningún momento debe ser inferior a las establecidas en los Convenios 138 y 182 ni a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general. Este trabajo nunca debe privar a los trabajadores domésticos menores de 18 años de la escolaridad obligatoria.

La nueva Agenda Global de Desarrollo, aprobada por Naciones Unidas en la Cumbre de Nueva York en septiembre de 2015, recoge entre sus objetivos la erradicación inmediata de las peores formas de trabajo infantil y, como tarde en 2025, todas las formas de trabajo infantil.

La realidad de estas niñas trabajadoras domésticas no queda reducida a estos tres países, sino que está presente en todo el mundo. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha denunciado en varias ocasiones que la práctica de las restavek en Haití es comparable a la esclavitud y que estas niñas son “objeto de explotación en condiciones semejantes al trabajo forzoso”. A una situación similar se encuentran las niñas Kamalari en Nepal.
Estas tres mujeres, Tina, Aminetu y Josefina –residentes en tres países distintos, Paraguay, Mauritania y Perú–, levantan su voz contra esta injusticia y trabajan para dar una oportunidad a los sueños de todas estas niñas.

Núria Flores con sus hijos (C.C.)

Núria Flores está haciendo un curso de internet. Es uno de los requisitos para seguir en la bolsa de empleo del Ayuntamiento y no perder las ayudas que recibe. “Éste me lo he podido permitir”, dice, puesto que es un día a la semana, y ha encontrado con quién dejar a sus hijos durante esas tres horas. Confía en que, con lo que aprenda en el curso podrá ayudarles con sus tareas. “Creo que me va a ir bien; además, hay bolsa de trabajo”, dice, no muy esperanzada.

Hace poco, estando en el curso, empezó a sentir un fuerte dolor en el estómago, con náuseas y vómitos. Perdió el conocimiento, y una ambulancia la trasladó al hospital, donde estuvo ingresada hasta el día siguiente. Según el diagnóstico, eran efectos secundarios de la ansiedad. Ella misma reconoce que es muy nerviosa, que sufre del estómago y que tiene el colon irritable, “todo de mis nervios, de mi situación, de ser una campeona luchando, pero estas campeonas atraen estas consecuencias”. Se refiere, también, a un tumor que tuvo en el pecho, y que interpretó como un aviso de la vida. Le recomiendan que se relaje y se tranquilice, pero, “¿cómo se puede tener relax con dos niños que piden comer? Y hay que pagar piso, luz, agua, gas…”.

Maria Antònia Castellana, de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Cardedeu (en la provincia de Barcelona), ha visto a menudo “situaciones personales muy duras”, de angustia y más afectaciones en personas que están en riesgo de perder su vivienda, “es un período brutal”, sentencia. Hacía justo una semana Núria había recibido “el tocho”. Así le llaman a la notificación del juzgado según la cual el banco denuncia un impago de alquiler, a raíz del cual se inicia el proceso de desahucio. “Me da tanto miedo, que me he leído solo que es [un juicio] verbal”. En cuanto lo recibió, Núria fue a hablar con su asistenta social y con la PAH. En la asamblea, cuando llegó su turno, su voz sonó temblorosa pero decidida: “Estoy muy asustada, pero soy muy fuerte, y tiraré hacia adelante. Y lo haré con vuestra ayuda, que me ayuda mucho”. En la asamblea de la PAH de Granollers (la de Cardedeu deriva allí sus casos) le indicaron qué pasos debería dar a continuación. De momento, está a la espera de que le otorguen el abogado de oficio que ha requerido para poder preparar la vista oral. El suyo es un caso un tanto atípico en la PAH de Cardedeu, puesto que el propietario de su piso es Anticipa, una gestora inmobiliaria. Anteriormente, el propietario era un particular a quien también afectó la crisis y tuvo que hacer una dación en pago. Núria había acordado con él una rebaja del alquiler hasta los 250 euros. Con esta rebaja pudo seguir pagando hasta febrero. Al vencer este verano el contrato antiguo, Anticipa le propuso un alquiler de 840 euros, o “perdonarme la deuda a cambio de que me fuera del piso”, explica. Desde la PAH intentarán negociar y que Anticipa proporcione este u otro piso en alquiler social.

Núria está tramitando la petición de la nueva renta garantizada de ciudadanía de la Generalitat, que entró en vigor en septiembre. Actualmente tiene una ayuda de comedor que le permite pagar 16,70 euros por cada hijo; “a veces me cuesta pagarlo, pero no es lo mismo que 200 euros por niño cada mes”, añade. Sus hijos también disponen de una beca para una actividad extraescolar.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo con Anticipa y el juez dicte una orden de desahucio, tramitará el certificado de riesgo de exclusión residencial.

La respuesta de la administración

Las administraciones públicas de Cataluña, para proteger a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, pueden adoptar distintas medidas (según la ley 4/2016: mediación, expropiación, realojo, dotación de ayudas,…). En defensa de los desahucios que no cubre la ley 4/2016, según la ley 24/2015, las administraciones públicas deben garantizar “en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual”.

Benet Fusté, concejal de Vivienda, confirma que el Ayuntamiento de Cardedeu está realojando a todas las familias que se encuentran en esta situación. En los últimos cinco años, añade, ha habido entre 10 y 15 casos cada año; ahora mismo hay tres o cuatro familias en riesgo de ser desahuciadas. Para dar salida a estos casos extremos, el consistorio dispone de nueve pisos de vivienda pública de emergencia o inclusión, entre los cuales hay dos pisos de propiedad, tres cedidos por bancos, uno de un particular, “aunque la aspiración es que haya alguno más”, y tres alquilados. En algunos casos el Ayuntamiento cobra un alquiler social a los inquilinos. En breve, añade, dispondrán de otra vivienda de emergencia con tres o cuatro hogares para alojar familias mientras no se encuentra una vivienda social. El objetivo es que, al terminar la legislatura, el parque se amplíe a 15 o 20 hogares de uso social y de emergencia. Aún así, Fusté reconoce que, en un pueblo con 7.000 viviendas, este 0,2% “continúa siendo un dato irrisorio”. Lo que sería necesario, según Fusté, es que hubiera “un parque de alquiler de renta baja suficientemente potente como para, por una parte, atender las necesidades que tenemos, que son muchas, y por otra, contrarrestar una oferta en el mercado privado”. La mayoría de casos que atiende el consistorio son situaciones de privación económica permanente, “fruto de un mercado de trabajo que condena a la exclusión a los segmentos más bajos y menos cualificados”, cuando los servicios “están diseñados pensando en que la gente tiene situaciones de riesgo puntuales”.

Se trata de una situación que afecta más a las mujeres. En desalojos consumados, Fusté calcula que hay tres hombres por cada siete mujeres afectadas. “Las familias que tienen más dificultades para pagar la vivienda suelen ser hogares con uno o ningún ingreso y más de una persona a mantener; los hogares monomarentales, puestos a inventar neologismos, son mucho más predominantes”.

Derecho a tenencia segura

El derecho a la vivienda digna está reconocido en el Estatuto de Cataluña y en la Constitución Española. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure “la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ratificado por España, recoge el derecho a toda persona a una “mejora continua de las condiciones de existencia”. Específicamente respecto al derecho a una vivienda digna y adecuada, establece que debe haber “seguridad jurídica en la tenencia”, es decir, que los ocupantes deben disfrutar de “una tenencia que les otorgue una permanencia segura” en el inmueble.

Por otra parte, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) relaciona directamente el derecho a una vivienda digna con la salud: “implica acceder a un hogar y a una comunidad segura en la que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental”.

La angustia del ‘mientras tanto’ y los efectos en la salud

“Últimamente, desde la PAH intentamos dar más confianza, porque está claro que nadie se está quedando en la calle”, dice M. Antònia Castellana, aunque lamenta que “no conseguimos quitar la angustia”. Núria Flores, para quien Castellana “es mi ángel”, lamenta que no sea el propio Ayuntamiento quien se lo confirme. “Estaría muchísimo más tranquila”.

Recordando todos los casos que ha vivido, Castellana dice que suelen darse  situaciones de depresión muy elevada, de desasosiego sobre qué pasará, “qué debe hacer con los muebles, cómo irá todo, dónde podrá ir… y las soluciones siempre llegan en el último momento”.

Según un estudio del Observatorio DESC y la PAH, el 84% de los hombres afectados por la hipoteca declara sufrir mala salud mental, mientras que del total de población masculina en Cataluña, esa cifra es del 10%. En el caso de las mujeres, son el 91% de las afectadas las que acusan mala salud mental, frente al 15% del conjunto de mujeres en Cataluña. El estudio, que también detecta mala salud física entre los afectados, sostiene que el deterioro empieza en etapas tempranas, y la situación empeora cuando llega la orden de desahucio.

El Observatorio DESC y la PAH alertan en el informe del “grave impacto de la problemática en el bienestar de los menores”, puesto que “los problemas relacionados con la hipoteca también estarían aumentando el riesgo de padecer mala salud de los hijos de las familias afectadas”. De hecho, el 70% de los hijos de encuestados han estado tristes alguna vez durante la última semana, ante el 10% de la población infantil catalana.

El informe también detecta tensiones en el ámbito doméstico y deterioro de las relaciones familiares, y concluye que la emergencia habitacional tiene impactos concretos sobre la salud física y mental de todos los miembros del hogar. Señala que las desigualdades en salud “dependen en gran medida de determinantes sociales como son las condiciones habitacionales y de trabajo”.

Un acompañamiento específico

Ya en 2011, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) alertaba, en un comunicado, que las condiciones socioeconómicas desfavorables tienen consecuencias perjudiciales sobre la salud, y que estos efectos dependen del tipo de políticas económicas, sociales y laborales que se adopten. Respecto a la situación de emergencia habitacional, ODESC y la PAH señalan que esta situación requiere “reformas estructurales en diferentes ámbitos y con una visión integral más allá de la vivienda, como el de la salud o la atención a la infancia”.

En el Ayuntamiento de Cardedeu no hay un servicio específico de ayuda psicológica o emocional, explica Fusté, aparte de las genéricas que se ofrecen desde Servicios Sociales. Se remite, asimismo, al servicio de intermediación hipotecaria, que también ofrece asesoramiento en casos de alquileres. El concejal se muestra partidario de concentrarse “en garantizar el derecho [a la vivienda] e intentar que la ayuda psicológica no sea necesaria porque la angustia no se produzca”.

Sin embargo, ODESC y la PAH, en 2015 y en otro informe publicado en 2016, recomiendan concebir las políticas sanitarias desde una perspectiva que atienda las desigualdades sociales en salud vinculadas a las condiciones de exclusión residencial.

Fusté entiende que “las afectaciones psicológicas se producen sobretodo porque ha habido una situación de riesgo y de incertidumbre”, y cuando el derecho está garantizado, “eso se reduce notoriamente”. Afirma no tener claro “que la parte más emocional y psicológica sea percibida como una necesidad”, y cree que hay ciertas reservas a que desde el sector público se acabe intentando tutelar y que estos acompañamientos “sean percibidos como una intromisión”.

Núria, en cambio, sí echa en falta cierto acompañamiento a nivel emocional o psicológico por parte del Ayuntamiento. “Es muy duro ir a estos sitios a contar tu situación”, explica, y añade que “te tienes que buscar la vida sola”. En su experiencia con trabajadores sociales no ha encontrado “ese apoyo que realmente esperas. Un acompañamiento de decir “tranquila, no te vas a quedar en la calle”. Tranquila. Solo esa palabra”. Sí ha encontrado ese acompañamiento en personas como M. Antònia Castellana, “que, sin conocerte de nada, te ofrecen su vida”. Para la integrante de la PAH falta que desde los Servicios Sociales “entiendan que se trata de algo suficientemente duro como para necesitar un acompañamiento psicológico, que puedas llamar cuando quieras, cuando tengas un momento de ansiedad”. Afirma que recibe llamadas de personas afectadas muy a menudo.

Castellana, que resalta la capacidad empoderadora que tiene la PAH, afirma que para ella es muy gratificante dar este acompañamiento. “Te tienen como a una persona de mucho valor, aunque yo no sirva para casi nada, porque yo no tengo pisos para darles”.

SESPAS apunta la necesidad de evaluar las políticas de ajuste de gasto público que ya se han implementado, en términos de sus consecuencias para la salud y la equidad en salud en la población española. En este sentido, Amnistía Internacional, que recuerda que entre 2008 y 2015 hubo una reducción de más del 50% del gasto público en vivienda, denuncia en un informe de 2015 que no se hayan hecho específicamente “evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género”.

“¡Me voy al súper!”

Núria respira aliviada: le acaban de otorgar una ayuda para comida y otra para subsanar parte de la deuda del suministro de gas. “Me subo por las nubes porque ¡puedo comprar comida para los niños! ¡Ahora mismo me voy al súper y llenaré la nevera!”

Aunque está muy contenta con la trabajadora social que le han otorgado después de pedir un cambio, afirma que “no quiero ver a la asistenta, no quiero tener ayudas de ellos”. Lo que quiere es “tener un trabajo, que me permita poder pagar un piso, luz, agua y gas, y que mis hijos coman. No soy persona de lujos, valoro todo mucho”, concluye.

El Encuentro Internacional de Foto y Periodismo ‘Ciudad de Gijón’ celebra su 21ª edición, titulada “Mediterráneo, epicentro de una crisis global”. 

Dirigido por Javier Bauluz, se celebrará en el recinto de Semana Negra del 7 al 16 de julio.

Como en ediciones anteriores, son numerosas las actividades contempladas en el programa (mesas redondas, conferencias, proyecciones de audiovisuales,  exposiciones de fotografía) así como la asistencia de renombrados expertos y profesionales del periodismo nacional e internacional.

Programa de actividades

El programa de esta 21ª edición del Encuentro Internacional de Foto y Periodismo de Gijón comenzará el viernes día 7 de julio con la apertura al público de las exposición de fotografía en horario de 17 horas a 1 de la madrugada. Se podrá visitar hasta el día 16 de julio.

Durante el miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 se celebrarán diversas conferencias que se completarán con mesas redondas y veladas audiovisuales en la Carpa del Encuentro de Semana Negra, en los antiguos astilleros de Naval Gijón.

EXPOSICIÓN 

“De Siria al Mediterráneo”

Autores

• Ricardo García Vilanova. Premio Bayeux de Corresponsales de Guerra

• Emilio Morenatti. World Press Photo. Jefe Associated Press España

• Javier Bauluz. Premio Pulitzer y Premio Derechos Humanos 2016

Miércoles 12 de julio

Carpa del Encuentro

MESAS REDONDAS

20,45h  “Refugiados, literatura y verdad”

• Bru Rovira. Periodista. Autor de “El mapa del mundo de nuestras vidas”

• Miguel Pajares. Antropólogo y Autor del libro “Aguas de Venganza”

• Javier Bauluz. Premio Pulitzer y Premio Derechos Humanos 2016

 22,00h “Conflictos y procesos migratorios en una crisis global”

• Javier Eguren. Jefe Misión Médicos Sin Fronteras  Laura García Médicos Sin Fronteras

• Javier Bauluz. Premio Pulitzer y Premio Derechos Humanos 2016

Jueves 13 de julio

Carpa del Encuentro

CONFERENCIAS

22,00h “Vista general al mapa del mundo actual”

• Bru Rovira. Periodista. Autor de “El mapa del mundo de nuestras vidas”

23,00h “En un mundo de falsas noticias”.

• Patricia Simón Periodista. Premio Mujeres y Medios Comunicación

VELADA AUDIOVISUAL

23,45h Documental: “Astral”. Dirigido por Jordi Évole y realizado por Salvados. La historia del Astral un velero usado como lujoso barco de recreo hasta que su dueño pensó que no podía seguir disfrutando del barco sabiendo que había tanta gente arriesgando su vida lanzándose al mar y lo cedió a la ONG Proactiva Open Arms para sus misiones de rescate en el Mediterráneo.

Viernes 14 de julio

Carpa del Encuentro

CONFERENCIA

22,00h “Irak, la semilla del odio”. Presentación del libro

• Mónica García Prieto. Premio Cirilo Rodríguez de Corresponsales 2017

• Javier Espinosa. El Mundo. Premio Manu Leguineche y Premio Bayeux

MESA REDONDA

22,45h “De Irak a Siria”

• Mónica García Prieto. Premio Cirilo Rodríguez de Corresponsales 2017

• Ricardo García Vilanova. Premio Bayeux de Corresponsales de Guerra

• Javier Espinosa El Mundo. Premio Manu Leguineche y Premio Bayeux

• Javier Bauluz. Premio Pulitzer y Premio Derechos Humanos 2016

VELADA AUDIOVISUAL

Testimonios audiovisuales de “Personas que se mueven”, una campaña de Médicos del Mundo dirigida por Patricia Simón. Un viaje que recorre Grecia, Melilla y el Estado español recogiendo las historias de personas migrantes, refugidas, defensoras de derechos humanos y profesionales que demuestran que la historia de la humanidad es la historia de personas que se mueven. Frente a las políticas de cierre de fronteras y de vulneración de derechos por parte de la Unión Europea y el gobierno español, la ciudadanía se mueve por su derecho a una vida digna y el respeto a la legalidad nacional e internacional.

• Patricia Simón Periodista. Premio Mujeres y Medios Comunicación.

 Sábado 15 de julio

Carpa del Encuentro

CONFERENCIA

 22,00h. “Siria, seis años de guerra”

• Naomí Ramirez Investigadora y Doctora en Estudios Árabes e Islámicos

CONFERENCIA

22,45h. “Salvar en el Mediterráneo”

• Emilio Morenatti. World Press Photo. Jefe de Associated Press España

MESA REDONDA

23,30h “Mediterráneo, epicentro de una crisis mundial”

• Emilio Morenatti. World Press Photo. Jefe de Associated Press España

• Javier Bauluz. Premio Pulitzer y Premio Derechos Humanos 2016

• Mikel Konate. Videoperiodista de Internacional, actualmente en Irak

• Patricia Simón Periodista. Premio Mujeres y Medios Comunicación.

• Naomí Ramirez Investigadora y Doctoranda de Estudios Árabes e Islámicos

VELADA AUDIOVISUAL

23,45h.

“Siria, de la revolución pacífica al matadero” Ricardo García Vilanova. Premio Bayeux de Corresponsales de Guerra

“Mosul, la ofensiva 2017”Mikel Konate. Videoperiodista de Internacional

“Rescate al amanecer” Javier Bauluz. Premio Pulitzer y Premio Derechos Humanos 2016

“SOS Mediterráneo” Médicos Sin Fronteras

“Mare Nostrum, Mare Mortum” Emilio Morenatti. World Press Photo. Jefe de Associated Press España

“Torturados en Europa” Jaime Alekos. Videoperiodista. Premio Artículo 14 en 2015

Fátima Djarra durante uno de los talleres con mujeres africanas que lleva a cabo como mediadora de Médicos del Mundo.

Kamy no recuerda el día en que fue mutilada, pero se acuerda perfectamente del momento en que escuchó, en boca de una africana, que la ablación debería erradicarse. “Yo ese día flipé” —recuerda entre risas esta mujer maliense—. “Pensé: ¿cómo no va a poderse mutilar si todas nosotras estamos mutiladas?, ¿cómo me pueden decir que no debo mutilar a mis hijas? Y dije: ‘no quiero saber nada; no voy a meterme en estas cosas’. Pero después fui aprendiendo y ya no pienso así”.

Para ella, lo mismo que para otras muchas africanas afincadas en España, posicionarse claramente en contra de la mutilación genital femenina es el resultado de un largo proceso. “Primero, aprendí las consecuencias para nuestra salud y comprendí de dónde venían las infecciones y los dolores que muchas de nosotras sufrimos. Después me di cuenta de que, aunque nos mutilan porque es la tradición, la tradición puede ser mala para nosotras”, resume Kamy.

La mujer que en un primer momento le escandalizó con sus críticas a la mutilación genital femenina de la que ambas son víctimas y a quien considera ‘culpable’ de su cambio de mentalidad es Fátima Djarra Sani: una guineana incansable en la lucha contra una lacra que afecta a más de 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. De ellas, 55.000 están en nuestro país, según el último Mapa de la Mutilación Femenina en España publicado en 2013 por la Fundación Wassu-UAB, una organización científica de ámbito internacional que busca erradicar la ablación.

Para lograr este objetivo, tal como indica Fátima Djarra, mediadora de la ONG Médicos del Mundo en Navarra, es necesario que las mujeres se empoderen y se conciencien sobre los riesgos que tiene la mutilación genital femenina para su salud. “La ablación es un tabú, un tema muy sagrado en nuestros países. Desde pequeñas se nos dice no debemos hablar de eso ni con la familia ni con amigas porque significa ‘sacar’ el secreto de las mujeres. Por eso nos costó tanto que las mujeres con las que trabajamos lo hablaran entre ellas”, explica. Sin embargo, haberlo conseguido es uno de sus mayores logros.  “¡Madre mía, hemos trabajado muy duro para llegar a donde estamos hoy en día en Navarra! Ha sido un proceso largo, lento y que ha requerido mucha paciencia, pero ahora son capaces de hablar abiertamente de la mutilación, entre ellas y con otras personas”.

Ese camino que han recorrido los pasos valientes de Fátima y Kamy empieza con la aceptación de las consecuencias negativas de la mutilación genital femenina. Este término, según la Organización Mundial de la Salud, hace referencia a todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. “No recuerdo el día que me mutilaron, pero sé que duele. Duele porque lo he visto en otras mujeres y porque todavía nos duele. Tenemos infecciones, hemorragias, problemas en el parto… Y en las relaciones sexuales estamos sin sensibilidad o sentimos dolor”, afirma Kamy con naturalidad.

Una de las reacciones más comunes cuando mediadoras como Fátima comienzan a tratar el tema con las propias víctimas de la ablación es la negación del problema. “No aceptan que muchos de sus problemas de salud vienen de la mutilación y que han tenido una vida más difícil por eso”. Y es que, además de las consecuencias físicas —que incluyen problemas urinarios y hemorragias graves en el momento en que se practica la ablación y, posteriormente, quistes, infecciones y complicaciones del parto— existen múltiples problemas psicológicos derivados de la mutilación. “Las mujeres tienen traumas, tienen miedo a las relaciones sexuales porque duelen… y nadie dice que eso se debe a la mutilación porque nos tomarían por locas, pero es así”, señala Fátima Djarra, quien narró su vivencia en el libro “Indomable: de la mutilación a la vida.”

Fátima nació en Guinea Bissau, un lugar en el que, legalmente, la ablación está prohibida. Sin embargo, ella es el ejemplo viviente de que las leyes no siempre se cumplen. En 28 países -la mayoría situados en el África Subsahariana-, la mutilación genital femenina es un fenómeno habitual independientemente de lo que estipulen las normativas nacionales e internacionales. La ONU señala que esta práctica supone una vulneración reiterada de los derechos de mujeres y niñas, ya que viola el derecho a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que la mutilación acaba provocando la muerte de la víctima; además de suponer una de las formas más extremas de discriminación por razón de género.

En muchas etnias, la mutilación genital femenina constituye un rito de iniciación, el paso de la infancia a formar parte de una ‘sociedad secreta’ que incluye a abuelas, madres, tías, etc. y a la que toda niña quiere pertenecer. En otras, se entiende como una manera de preservar la virginidad de la mujer antes del matrimonio. “Antes, muchas familias no querían que sus hijos tuvieran esposas que no estuvieran mutiladas, pero poco a poco esa tendencia está cambiando, sobre todo en zonas urbanas”, asegura Fátima Djarra.

Contrariamente a lo que muchas veces se piensa, el origen de la mutilación genital femenina no es religioso sino cultural. Según explica la mediadora de Médicos del Mundo “no hay ningún versículo coránico que diga que haya que mutilar a las mujeres; eso es una interpretación errónea que hace mucha gente sobre esta práctica”. Muchas de las etnias en las que se mutila a la mujer practican la religión musulmana, pero “ni todos los musulmanes mutilan ni todos los que mutilan son musulmanes”, puntualiza Fátima Djarra.

A pesar de que lentamente comienzan a verse los frutos del trabajo de sensibilización de múltiples organizaciones en todo el mundo para terminar con esta lacra, millones de niñas se encuentran cada día en peligro de sufrirla. Según datos de Naciones Unidas, si la tendencia actual continúa, aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital antes del año 2030. Es por esto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen una meta específica para erradicar esta práctica que se realiza en cualquier momento entre la lactancia y los 15 años aproximadamente.

Se calcula que, en la actualidad, alrededor de 17.000 niñas que viven en España están en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina, principalmente, cuando vuelven a sus países de origen de vacaciones. Kamy, al tener solo un hijo, probablemente no tenga que enfrentarse a los comentarios de familiares y conocidos acerca de su rechazo a la ablación: “Nunca mutilaría a mis hijas y mis amigas que tienen niñas no lo van a hacer. Aquí hemos aprendido que no se puede mutilar a las niñas. Cuando volvemos a nuestros países se lo decimos a nuestras familias, pero no todo el mundo lo entiende. Por eso hay que llevar el papel firmado para que nadie se las lleve y lo haga”.

Ese papel constituye uno de los mayores logros de Fátima y la ONG Médicos del Mundo: el Protocolo para la Prevención y Actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra, aprobado en junio de 2013. Kamy resume su esencia con sencillez: “Cuando vamos de vacaciones a África firmamos con la pediatra un papel que dice que no vamos a mutilar a las hijas. Al volver, el médico lo comprobará y si las hemos mutilado iremos a la cárcel porque aquí está prohibido”. En el caso de familias muy conservadoras, ese contrato se utiliza como ‘excusa’ para poder rechazar la ablación sin rechazar abiertamente sus tradiciones.

“Cuando dicen a los abuelos, tíos y al resto de la comunidad que no van a mutilar a las niñas porque en España está castigado con penas de hasta 12 años de prisión y la retirada de la custodia de las menores, se lo piensan dos veces”, explica Fátima. Además, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones estas mismas personas mantienen a sus familias con el dinero que envían desde Europa, por lo que crearles problemas legales también pone en riesgo esta fuente de ingresos.

El protocolo navarro se sumó a los que ya existían en Cataluña y Aragón y juntos propiciaron la elaboración de una normativa nacional. Así, en enero de 2015, se aprobó el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria en relación con la mutilación genital femenina en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La necesidad de contar con una guía de actuación surgió con la feminización de los procesos migratorios, puesto que el personal de salud comenzó a detectar casos de mutilación genital femenina en sus consultas. “Se hizo pensando principalmente en ellos y por supuesto que es un gran éxito, pero nosotras creemos que debería ser más completo y debería tener tres patas: sanitaria, educativa y social”, expone Fátima Djarra.

El protocolo aborda esta forma de violencia contra mujeres y niñas desde el ámbito sanitario, pero los docentes también desempeñan un papel fundamental en la prevención de la ablación, puesto que, en muchos casos, son los primeros que pueden alertar sobre si una de sus alumnas va a viajar a países en los que se practique. “A veces las niñas hablan en el patio y dicen que van a ir a ver a su familia… Tienen que estar atentos a esos detalles”, apunta.

La ‘tercera pata’, la que hace referencia a la sensibilización de la sociedad, por el momento ha quedado principalmente en manos de ONGs y activistas. “La gran mayoría de gente ve la mutilación genital femenina como algo lejano, que solo nos afecta a los negros”, señala Fátima Djarra, quien día a día lucha por cambiar esta percepción. “Es algo que tiene que empezar a importarnos porque ahora ya somos vecinas, somos compañeras de trabajo y puede ser que algún día seamos de la misma cuadrilla”.

Acto #VotaParaQueVotemos organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

Miles de personas en nuestro país son excluidas en cada cita electoral. Lo permite la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) al disponer que ‘carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que ésta declare expresamente la incapacidad para su ejercicio’.

Esta situación vulnera el derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución española y  en el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como nos recuerdan desde el movimiento organizativo de la discapacidad, fue ratificada por España, y por tanto, es de obligado cumplimiento. Este artículo 29 establece que los Estados Parte garantizarán a todas las personas con discapacidad, también a las personas con discapacidad  intelectual y psicosocial, el derecho  a participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las  demás, lo que incluye el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas.

Rafael de Asís

¿Por qué se les priva entonces de este derecho? Para Rafael de Asís, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) e investigador del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas  (IDHBC),  instituto con una amplia y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ‘la sociedad en general y los jueces en particular utilizan un modelo de tratamiento de la discapacidad ajeno al discurso de los derechos’. En su opinión, las personas con discapacidad deben ejercer su derecho al voto en las mismas condiciones que el resto de personas, por lo que su negación es una violación clara de los derechos humanos.

En la misma línea se expresa Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para quien existe “una anomalía democrática, un déficit muy grande en nuestro sistema democrático, que ataca a la diversidad, a la gente con discapacidad’.

Luis Cayo, presidente de CERMI

El Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU ya advirtió en 2011 al Gobierno español que no había hecho los deberes en materia electoral y le instó  a cambiar la LOREG. Pero, a día de hoy, sigue sin modificarse.

‘Que esta limitación de un derecho fundamental sin que se justifique la pertinencia se haya mantenido a lo largo del tiempo-  explica María del Carmen Barranco, Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la UC3M  e investigadora del IDHBC- obedece a los estereotipos socialmente vigentes a propósito de las personas con discapacidad’.

¿‘Incapacitados/as’ para votar?

Los procesos de incapacitación, ahora denominados de modificación de la capacidad de obrar, ‘normalmente’ los inician las  familias cuando una persona con discapacidad intelectual y psicosocial  es mayor de edad y tiene que tomar decisiones económicas o personales.

La Ley de Enjuiciamiento Civil exige que en estos procesos los jueces determinen  de manera exhaustiva en qué esferas la persona en cuestión va a ver restringida su capacidad de obrar. Pero no suele hacerse. El resultado, por regla general,  son sentencias de incapacitación absolutas: la persona se ve privada de su capacidad de obrar, tanto en la esfera personal como en la patrimonial, y se nombra a un tutor que actúa como su  representante, sustituyéndola en la toma de decisiones.

En todo caso, estas sentencias, por mandato de la LOREG, sí que se pronuncian de manera concreta sobre la cuestión derecho al voto y generalmente, y si bien la práctica está cambiando un poco en los últimos años, lo hacen para privar de este derecho a las personas que son declaradas totalmente incapaces sin dar argumentos adicionales.

Patricia Cuenca

‘La concurrencia de una discapacidad intelectual o psicosocial justifica la incapacitación total y ésta determina, a su vez, de manera automática la privación del derecho del voto. La naturaleza de este derecho impide, además, que pueda ser ejercido por representación’, señala Patricia Cuenca, Profesora de Filosofía del Derecho de la UC3M e investigadora del IDHBC.

Las razones para negar el sufragio, para Rafael de Asís, se mueven en dos planos: el de la no comprensión de los programas electorales y el de la posibilidad de ser influenciable. ‘El problema, subraya, es que estos dos planos no son exclusivos de las personas con discapacidad, pero sólo se les aplican a ellas’. Una clara discriminación.

Sin embargo, la Convención, y en concreto su artículo 12, reconoce la misma capacidad jurídica, lo que incluye la capacidad de obrar,  para todas las  personas y exige a los Estados el deber de asegurar los apoyos suficientes a las personas con discapacidad para garantizar  su ejercicio. ‘Desde estas nuevas premisas, el resultado de estos procesos no debería ser la privación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, sino la determinación de los apoyos necesarios en cada caso para poder ejercerlo en igualdad de condiciones con los demás’, comenta la Profesora Cuenca.

Recuperar el derecho al voto

Irene Medina Rodríguez tiene 28 años y una discapacidad intelectual. A ella no le han privado de su derecho al voto y, por supuesto, lo ejerce. ‘Quiero demostrar que soy igual que los demás. Quiero votar al partido que me gusta’, afirma Irene.  La LOREG no le gusta porque, señala, ‘todos tenemos derecho a votar si queremos’ y  anima a hacerlo a las personas, que como ella tienen una discapacidad intelectual o psicosocial: ‘Nadie puede quitarnos nuestros derechos. También podemos decidir’.

Y es que como sostienen desde el IDHBC, el reconocimiento del derecho al voto resulta imprescindible para que las personas con discapacidad se consideren realmente parte de la sociedad y funciona también una herramienta de empoderamiento.

Pero, ¿qué podemos hacer si estamos privados de esta derecho? En la legislación española existe  la posibilidad de reclamar la restauración del derecho al voto.  Así que, mientras se sigue reivindicando la modificación de la LOREG, organizaciones como Plena Inclusión y CERMI llevan a cabo campañas de información dirigidas a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial sobre los procedimientos que hay que seguir para recuperar este derecho y que cada vez seamos las personas que podamos ejercerlo.

El problema es que las personas con discapacidad que han sido incapacitadas totalmente encuentran también barreras para acceder a la justicia- legales y económicas, entre otras-  y, en gran medida, dependen en este ámbito de la representación de sus tutores. ‘Y los tutores en el sistema español no están obligados a respetar la voluntad y las preferencias de las personas declaradas incapaces. Un círculo vicioso’, afirma Cuenca.

A pesar de estas dificultades, en  los últimos años han sido varios los casos de personas que han reclamado, con éxito, la reintegración de su derecho al voto y, según el movimiento asociativo de la discapacidad, cada vez son más las que están dispuestas a recurrir a los tribunales para recuperarlo.

Desde el Ministerio Fiscal, además, se han realizado instrucciones generales señalando que la privación del derecho debe producirse sólo en casos excepcionales y exigiendo que los jueces argumenten específicamente sobre la necesidad de proceder a esta privación. Algo está cambiando, aunque aún no lo suficiente.

Procesos electorales no accesibles

Si una persona con discapacidad intelectual y psicosocial está en la lista del Censo Electoral, ¿está garantizado que puede ejercer su derecho al voto en las mismas condiciones que los demás? Lo cierto es que no porque, como apunta  María del Carmen Barranco, ‘los procesos electorales no han sido diseñados para todas las personas’. No sólo las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, sino también las personas con discapacidad física o sensorial, encuentran obstáculos que les dificultan o impiden su derecho al voto.

Por lo que respecta  a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, en las pasadas elecciones, Plena Inclusión detectó barreras cognitivas  y comunicativas que obstaculizaban la comprensión del proceso de voto en los  Colegios Electorales, como la identificación de las papeletas, la indicación de los espacios o la ubicación de las listas del censo… Tampoco la información y los programas electorales de los partidos, señalan, son siempre accesibles.

Además, para las personas que, ‘en más ocasiones de las deseables’, explica Barranco, están institucionalizadas no se prevén  los mecanismos para garantizar la libertad de su decisión de acudir a votar o no y tampoco se prevén los mecanismos para facilitar que materialmente voten, ya sea por correo u organizando su desplazamiento a los colegios electorales.

A esto hay que sumar las barreras actitudinales relacionadas con la persistencia prejuicios y estereotipos acerca de este colectivo. ‘Es posible que su entorno considere que no es importante para una persona con discapacidad intelectual o psicosocial el ejercicio del derecho al voto y no le preste la asistencia que puede necesitar o, incluso, que no se les permita votar o participar en Mesas electorales porque se presupone que no tienen  juicio suficiente para emitir su  voto o poder responsabilizarse de que otros puedan votar’, señala la Profesora Cuenca.

La Convención, de nuevo vulnerada, exige a los Estados la eliminación de todas estas barreras y el diseño universal de los sistemas y procesos electorales, la realización de ajustes razonables y la prestación de los apoyos necesarios para favorecer el ejercicio del derecho al voto.

“Si se dirigen a la ciudadanía a captar el voto, que sepan que hay un diez por ciento que tiene más complicado acceder al mismo porque puede no enterarse bien o no recibir el mensaje. Aunque sea solo por egoísmo, los partidos deberían tomar más medidas de accesibilidad”, anota el Presidente del CERMI, Pérez Bueno.

Una cuestión de voluntad política

En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Seguimos sin  noticias.

‘La modificación de la Ley Electoral tiene un coste cero para el Estado’, señala Pérez Bueno, y sostiene que si no se ha hecho aún ha sido  ‘por  falta de compromiso y la falta de conciencia de los Derechos Humanos’.

A esa falta de voluntad apuntan también desde el IDHBC. ‘Los derechos de las personas con discapacidad no han tenido hasta ahora  prioridad en el Congreso’.

Y no solo ocurre en España. Según se desprende de la documentación generada en el proceso de revisión de los informes iniciales de los Estados Partes de la Convención ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en Europa la situación no pinta mucho mejor.  La mayoría de los Estados, como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Hungría, Lituania, Bulgaria, Luxemburgo, Malta o Polonia, impiden votar a las personas privadas de capacidad jurídica. Incluso algunos de ellos recogen esta privación del derecho al voto de las personas incapacitadas en su propia Constitución.

Ejemplos de buenas prácticas son Suecia y Austria que sí garantizan que todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, puedan ejercer el derecho de voto y a ser elegidas. Si bien, en los dos países encontramos también barreras que dificultan el ejercicio de este derecho.

¿Algo se mueve?

Hemos estrenado una nueva legislatura. El cambio en el estancado panorama político y la potencialidad del Parlamento actual podrían hacer, a juicio de Pérez Bueno, que esta sea una legislatura muy positiva para las políticas de discapacidad ‘si se trabaja buscando grandes acuerdos, debido a la necesidad de lograr mayorías suficientes, lo que obligará a ceder y consensuar’.

El Presidente del CERMI saluda también ‘la a aparición de nuevos agentes políticos, los llamados nuevos partidos, que entre otras cosas han impulsado más la presencia de personas con discapacidad en puestos de responsabilidad’.

Esta potencialidad del Parlamento se verá, además,  reforzada tras la decisión del Congreso de dar luz verde a la propuesta que partió del diputado de UPN, Íñigo Alli, de otorgar a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad carácter legislativo, una demanda sostenida del movimiento asociativo de la discapacidad representado por el CERMI y con la que los grupos ya se habían comprometido.  La Comisión podrá ahora conocer, promover y aprobar iniciativas legales, lo que a juicio de Pérez Bueno es un ‘hecho muy alentador’.  Tras ‘décadas de desatención y preocupación escasa’, la discapacidad entraría a formar parte del núcleo de asuntos de importancia de la agenda política.

Además, en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se comprometía  a promover  una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que la regla general sea reconocer el derecho de voto a las personas con discapacidad.

Que estos cambios y compromisos  se materialicen por fin en una  reforma de la LOREG, está todavía por ver. Pero hay que recordar que, mientras esperamos,  casi 100.000 personas seguirán privadas del derecho al sufragio y otras muchas encontrarán numerosas dificultades prácticas para su ejercicio. Que hablamos, como nos recuerdan desde el IDHBC, de un derecho  político esencial, que tiene que ver con la pertenencia a la comunidad y con la participación en la discusión pública. Y que no reconocerlo y no facilitar su ejercicio  es seguir vulnerando los derechos humanos del 10%  de la población. Nada más, ni nada menos.

APOYOS

1. #Votaparaquevotemos

El 17 de junio, en plena campaña electoral, el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad  (CERMI) convocó una concentración cívica frente al Congreso de los Diputados bajo el lema Vota para que Votemos para exigir el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que no lo tienen reconocido en la actualidad, y para reclamar que se dote de plena accesibilidad a todos los procesos electorales.

2. Pinche aquí para ver el vídeo

   #Mivotocuenta

Mi Voto Cuenta 2016 es una campaña lanzada por Plena inclusión de cara a las Elecciones Generales de 2016. La campaña se basa en el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entre sus objetivos figura hacer llegar a los representantes de los partidos políticos y a la Junta Electoral Central las reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad intelectual y psicosocial sobre su derecho al voto y el acceso a la información electoral.

Pinche aquí para ver el vídeo

“A través de la cocina nos conocen y luego se dan cuenta de lo que somos de verdad; si fuera al revés, igual no se atreverían a venir a comer”. Nos lo cuenta Soly Malamine (Casamance, Senegal, 1984), actual gerente del restaurante Espai Mescladís. Soly ha pasado por todas las etapas de este proyecto de economía solidaria: derivado a Mescladís por Cáritas, empezó hace años como alumno y sus capacidades, actitud y energía lo han llevado a coordinar, actualmente, el bar restaurante del proyecto, situado en la calle Carders número 35 del barcelonés barrio del Born. Soly habla de retos, de responsabilidad, de crecimiento personal y de confianza. Para él, estos son los pilares básicos con que toda persona debería contar para evolucionar a nivel social y poder transmitir su potencial a su entorno. Él se propuso desafíos cuando empezó su nueva vida en otro país y contó con el apoyo del equipo de Mescladís para llevarlos a cabo.

Soly, una historia cocinada a fuego lento

De izquierda a derecha: Martín Habiague, fundador y director de Mescladís, y Soly Malamine, gerente de Espai Mescladís (A.C.S.)

Soly llegó a España en 2006, después de un intento frustrado unos meses antes. Lo hizo por mar, en patera, algo de lo que se arrepiente “porque, aunque los de nuestra patera llegamos todos, el riesgo es demasiado alto y a menudo muchos se quedan por el camino”, por lo que no se lo recomienda a sus hermanos, que residen en Senegal. A ellos, les recomienda innovar, pensar y trabajar en algún proyecto diferente, original. Aunque según los datos el paro ha subido casi cuatro puntos en estos diez años, Soly percibe en su país de origen más oportunidades hoy que cuando él no las vio y decidió venir a España atraído porque “los que iban y volvían, llegaban con algo”. Les apoya moral y económicamente para que ellos puedan, si no encontrarlas, crear esas oportunidades. Probablemente, el ejemplo que ha supuesto Mescladís en la vida de Soly le permite hablar con propiedad de alternativas sociales colectivas económicamente viables. Y su historia de superación supone el mejor ejemplo

“A través de la cocina se rompen miedos”, afirma convencido Soly, que en España ha participado en grupos de teatro, lo que le ha permitido establecer un sugerente paralelismo con los fogones.  “Los cocineros somos actores; el cliente no va a saber que te ha dejado tu pareja, que tienes un mal día. Tienes que tratarlo bien y presentarle lo mejor de ti, tu plato. Y luego viene la vida”. Esos prejuicios se disipan gracias a que Mescladís, como explica Martín Habiague (Santa Rosa, Argentina, 1967), que en el año 2004 fundó este exitoso proyecto de economía solidaria, busca “canalizar la energía de los procesos migratorios y aportar, a nivel barrial, el enriquecimiento que supone un espacio diverso”.

Combatir la desesperanza con la formación y las oportunidades

Esta es la primera línea de acción del proyecto Mescladís y se materializa a través del programa Cuinant Oportunitats (Cocinando Oportunidades), el área formativa del proyecto, en la que se instruye en los oficios de camarero y de ayudante de cocina con el objetivo de que los alumnos consigan un empleo en el sector de la hostelería y regularizar así, por arraigo, su situación precaria. La segunda línea de acción es fomentar la cohesión social y “cuestionar el actual modelo migratorio represivo” a través del desarrollo comunitario. Para lograrlo, se emplea la comida como elemento de identidad cultural, de intercambio y de conocimiento del otro, por ejemplo mediante la realización de talleres con niños/as y personas mayores. De este modo, “se pone en valor la maleta de cada uno” mientras se produce un enriquecimiento mutuo. La tercera pata del proyecto iniciado por Martín es la sostenibilidad, concebida de forma holística; tanto medioambiental, ya que Mescladís usa productos ecológicos y de proximidad, teniendo como proveedores a agricultores locales, como emocional, dado que durante el tiempo que dura la formación se pretende que el alumno se sienta en un espacio de acogida, en un entorno que lo empodere desde la participación y no desde la competitividad, y le permita reconstruir referencias con la confianza como base. La generación de riqueza cultural y social y el desarrollo comunitario son, del mismo modo, los objetivos de los proyectos culturales artísticos que Mescladís lleva a cabo periódicamente en espacios públicos.

Para poder reproducir a mayor escala y con el máximo impacto el concepto de Mescladís, Martín reclama una opinión pública que apoye y promueva políticas migratorias sustentadas en Derechos Humanos. Tanto él como Soly critican el enfoque que la mayoría de medios de comunicación generalistas, en tanto que generadores de opinión, tienen acerca del fenómeno migratorio en la actualidad. Martín se muestra preocupado por el uso de un “vocabulario de guerra que genera sólo más rechazo, confusión e inseguridad” y Soly reclama que “reflejen la evolución de la persona que llegó, que no se queden sólo con la imagen de la patera, con las fotos y las cifras”. Para probar que no son sólo los medios los que no se “enganchan a las personas para saber cómo han venido, por qué, qué pueden hacer aquí”, Soly comparte un episodio en el que una mujer de Sant Boi de Llobregat, la ciudad de la periferia de Barcelona donde reside, le recriminó tener un coche “mejor que los nuestros” a alguien que había “venido en patera”. La mujer acertó ese extremo por casualidad, y Soly todavía se sorprende, más allá de la impertinencia e indiscreción, del hecho que gran parte de la sociedad no valore ni se interese por conocer el esfuerzo que puede haber detrás de cada historia personal, de cada pequeño logro. Y de que se perpetúe el prejuicio de que a un inmigrante, independientemente de cómo haya llegado, le está predestinado un único e inamovible espacio en la sociedad, negándole así cualquier posibilidad de dignificación.  Esta visión del inmigrante como víctima, o sólo como víctima, es la que pretende derrumbar Mescladís tratando a sus alumnos y trabajadores como personas con potencialidades, valorizándolas y no destacando sus dificultades pasadas sino sus logros y su capacidad de proyección.

La regulación migratoria, ¿agravante de la actual crisis humanitaria?

Sin embargo, Soly no se olvida de otra persona, también desconocida para él, que al poco tiempo de llegar a Barcelona, después de su periplo desde Canarias pasando por Madrid, le ofreció un contrato de trabajo como empleado del hogar, permitiéndole así empezar a regularizar su situación legal. “Sin papeles no puedes trabajar y si no tienes contrato no puedes tener papeles” denuncia Soly cuando piensa en las trabas administrativas que se imponen a las personas inmigrantes y en la doble vara de medir que tienen los Estados cuando se trata de la libre circulación de personas. “A nosotros nos deniegan el visado aunque tengamos todos los papeles en regla; en cambio, cualquier ciudadano europeo puede viajar a Senegal o a otros países sin necesidad de visado”, constata Soly, que añade una posibilidad que muchos probablemente no contemplan: “A lo mejor, cuando venimos, gastaremos algo y aportaremos algo.  Y sería legal”. Estas limitaciones a la hora de desplazarse en busca de oportunidades, según Soly, promueven que las normas impuestas sean transgredidas, ya que “humanamente no hay margen para que se puedan respetar”. Martín le da la razón, y se muestra contundente al hablar de unas leyes cuya aplicación “implica violar los Derechos Humanos, por lo que tenemos que cambiar las leyes y no los Derechos Humanos”.

El fundador del proyecto se muestra asimismo muy crítico con los paralelismos entre el marco regulatorio de la droga y el de la inmigración, y lo ilustra parafraseando con “migración prohibida, mafia agradecida” el conocido eslogan utilizado por los defensores de la legalización de los estupefacientes.

Los CIE: la humillación como puerta de entrada al nuevo país

Dos alumnos de Cuinant Oportunitats, en sus primeros días de prácticas como camareros en Espai Mescladís (A.C.S.)

Y aquí entran en juego los CIE, los Centros de Internamiento para Extranjeros, de actualidad en las últimas semanas por las noticias sobre las protestas y las huelgas de hambre que han realizado algunas de las personas encarceladas.  Cuando llegó a a Canarias hace diez años, Soly pasó 25 días en un CIE en el que se sintió “tratado como un delincuente”, probablemente la descripción más usada por los que han pisado estas cárceles y saben de lo que hablan. “Por cómo nos tratan, cómo nos miran, cómo nos entregan la comida”. Soly afirma que, de no ser por la supervisión de entidades como Cruz Roja, “se ejercerían más malas prácticas” de las que él testimonia. Lamenta que “la primera imagen que te encuentras en el país donde llegas sea de policías y armas” donde él hubiese esperado un trato más cercano a “seres humanos que han llegado a ese país porque tienen esperanzas”. Soly considera que estos centros, si no desaparecer, deberían suponer un primer pasaje en la integración de los nuevos llegados, en los que “se informe y se derive”, y no una mera sala de espera, denigrante y opresiva, para su deportación (o no) en la que “se atemoriza con el ejemplo para disuadir a tus compatriotas de venir”, según Martín.

“Yo puedo ir a comprar productos de todo el mundo en la Zona Franca de Barcelona y al lado tengo un CIE con inmigrantes retenidos”, denuncia Martín para evidenciar las contradicciones de un sistema que “debería defender la libre circulación de personas, no sólo de bienes, porque económicamente tiene sentido y facilitaría un equilibrio”.

Empoderar a través del conocimiento adquirido

Es por experiencias como esa que Soly enfatiza su objetivo de “dar voz”, de que Mescladís sea un espacio donde “podamos defendernos” y donde su rol de formador le permita “hacer creer a mucha gente que pueden ir hacia adelante”, en buena parte porque valora su “suerte de haber encontrado lugares y personas que me han aportado cosas y gracias a las cuales mi lucha ha obtenido resultados”. Él, que aprovechando la temporada baja en el restaurante está realizando cursos varios para mantenerse activo y seguir formándose, aboga por la iniciativa, por la curiosidad y por la búsqueda de crecimiento constante, y asegura que “quien viene con ganas y sabe qué está haciendo, por qué se ha metido en este curso y qué resultado quiere alcanzar, suele terminar trabajando en Mescladís”.

Soly, que ha participado en todas las fases del proceso, habla con conocimiento de causa de las dificultades y retos que pueden surgir en el alumno durante el proceso de integración, tanto en el equipo como en la sociedad de acogida. Admite que como musulmán ha tenido que vencer sus reticencias “a tocar cerdo o alcohol”, pero que ahora apoya a sus alumnos “para que tengan tranquilidad para mirarlo, tocarlo, olerlo. Aunque no lo prueben, pero que entiendan que existe y que aquí se comen”, promoviendo así un conocimiento de la nueva cultura y una integración en ella desde la diversidad, no desde el intento de asimilación que sociedades como la francesa han llevado a cabo. Martín, en este sentido, reconoce que Barcelona y Cataluña han impulsado algunas políticas pioneras migratorias exitosas en las que se fomenta la interculturalidad y el encuentro a partir del intercambio y la interacción.

Cuando la regulación no responde a la demanda social

A nivel de emprendimiento, sin embargo, Martín lamenta que tanto Europa como Catalunya sean entornos sobrerregulados que “matan las iniciativas individuales” y en los que “se hubiese cerrado el garaje de Steve Jobs”. Estas limitaciones administrativas entroncan con el enorme potencial del sector con el que trabajan, el de los inmigrantes, “el más fácil con el que se puede trabajar” ya que cuentan con muchas competencia “que se desarrollaron a través de su proceso migratorio” y el hecho de, en muchos casos, haberse jugado la propia vida “dice todo de su iniciativa y superación, y los convierte casi en héroes”. Él, que lleva ya 22 años en Europa, se incluye en la amplia denominación “inmigrante” y reivindica el valor añadido de un proyecto, el suyo, “fundado, gestionado y llevado día a día por inmigrantes” en una sociedad en la que “no se cuenta el impacto positivo que generan las migraciones, la generación de riqueza, empleo e innovación que suponen”.

Interrumpe nuestra conversación un anciano, con apariencia de local, que pide dinero. Martín le dice que si desea algo de comida se lo pueden dar y Soly lo atiende. Un señor del barrio y de edad similar a una señora de la que más tarde nos habla Soly para ejemplificar el poder aglutinador de Mescladís y la transversalidad de sus actores implicados. Esa mujer, que ya casi forma parte de la gran familia de Mescladís, se toma cada día, desde cuando Soly inició su andadura en el proyecto, un café americano. Él le ha hecho notar varias veces su valiosa contribución en el proyecto a lo largo de estos años, que “ha permitido contratar a mucha gente”. El nieto de esta mujer tiene 16 años y participa en los talleres de cocina que organiza Mescladís. Soly celebra que “nunca va a tener miedo de hablar o relacionarse con un extranjero porque desde pequeño ha compartido mesa con gente de fuera”.

Innovación para contrarrestar las limitaciones administrativas

Ellos dos son algunos ejemplos de quien rema a favor del proyecto en el barrio, aunque no todos los vecinos contribuyen de la misma forma a la consolidación y progresión de Espai Mescladís y del proyecto que arrastra. Hace pocos meses, una vecina que da a la terraza del local denunció el ruido del restaurante por las noches. Desde entonces, la jornada en Mescladís termina a las 21h, algo que no sucede en otros bares cercanos. Una dificultad inesperada, en un proyecto que se sufraga en un 90% con su propia actividad económica  (el 10% restante proviene de subvenciones públicas y de ayudas de organizaciones privadas), que sin embargo no ha hecho menguar la ilusión y el esfuerzo en el mismo, sino agudizar el ingenio de los responsables para ganar por otra parte lo que se pierde las noches en el restaurante. Y así, Martín, que cree firmemente que “no sólo es posible hacer cosas en un entorno diverso, sino que es mucho mejor”,  ha decidido iniciar otro proyecto más, en este caso de fabricación artesanal de cerveza, siguiendo el ejemplo pionero de la prisión romana de Rebibbia, de la que ha vuelto hace poco tras conocer desde cerca su experiencia. En su desarrollo colaborarán varios alumnos de la prestigiosa escuela de negocios ESADE, que desde hace tiempo se ha mostrado interesada en las actividades de Mescladís como referente de proyecto de economía solidaria.

“Mi sueño con Mescladis es que las futuras generaciones se sientan avergonzadas de este periodo histórico”, revela Martín. Su incansable iniciativa y convencimiento, junto con el abrumador ejemplo de Soly y de sus compañeros y compañeras, animan a creer que, aunque casi todo está por hacer, todo es posible.

Y el futuro, al fin y al cabo, es de los nietos de señoras que beben café americano.

Cartel EIF 20 Foto © OLMO CALVO. Idomeni, frontera con Macedonia. 2016

Programa 20ª Edición 2016

El Encuentro Internacional de Foto y Periodismo ‘Ciudad de Gijón’ cumple su 20ª edición y se celebrará en el recinto de Semana Negra del 8 al 17 de julio dirigido por Javier Bauluz, Premio Pulitzer 1995 y Director de Periodismo Humano. 

© JAVIER BAULUZ Lesbos

EXPOSICIÓN

“Somos Refugiados” Fotografías de cuatro de los fotoperiodistas que han hecho una larga cobertura del reciente éxodo de los refugiados hacia Europa (2015-2016) complementada con imágenes de los refugiados de la Guerra Civil española (80º Aniversario) procedentes de los archivos fotográficos del PCE y la agencia norteamericana Associated Press.

Autores

• Santi Palacios. Premio Nacional de Fotoperiodismo 2015

• Olmo Calvo. Premio Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2014 y 2015

• Archivos Guerra Civil española de PCE y Associated Press

• Sergi Cámara. Premio Revela Internacional 2013

• Javier Bauluz. Premio Pulitzer, Director de Periodismo Humano y EIF

© JAVIER BAULUZ Lesbos

Miércoles 13 de julio

Carpa del Encuentro

CONFERENCIA

22,00h “Refugiados de ayer y hoy”

• Chema Castiello. Profesor. Miembro del GrupoEleuterio Quintanilla.

MESA REDONDA

22,30h “Bombardeadas, refugiadas y niñas de la guerra”

Cuatro mujeres asturianas que vivieron como niñas la guerra civil y que fueron refugiadas hablaran de su experiencia.

• Delfi Álvarez (Gijón, 1930)
• Nelly Fernández Arias (Pravia, 1932)
• Aracelí Ruiz (Palencia, 1924)

• Moncha Rodríguez (San Martín de Podes, 1929)

• *Por confirmar participación de mujer siria refugiada en Asturias.

• Alejandro Zapico. Documentalista. Pensar Consulting

• Irene Díaz. Historiadora. AFHOSA

• Javier Bauluz. Premio Pulitzer, Director de Periodismo Humano y EIF.

VELADA AUDIOVISUAL

Documental: “Bombardeadas, refugiadas y niñas”. Los años silenciosos.

• Alejandro Zapico.

© OLMO CALVO. Ruta de los Balcanes

Refugiados abandonan Teruel durante guerra civil española. (Archivo PCE)

Jueves 14 de julio

Carpa del Encuentro

CONFERENCIAS

22,00h“Europa y los refugiados”

• Fran Sevilla. Jefe Internacional RNE. Premio de Periodismo Rey España 2008

22,45h “Idomeni, el cierre de Europa”.

• Jaime Alekos. Premio “Artículo 31” de Videoperiodismo 2016.

VELADA AUDIOVISUAL

23,15

Videoperiodismo.“Desahuciados”

• Jaime Alekos

Documental: “Cinco años en las calles”

• Jesús Brandulas. Enkofrator-Tv.

Los movimientos sociales en las calles de Asturias desde el 15M hasta la actualidad.

© SERGI CÁMARA. Motasin, Mutaz y su madre Lama corren tras cruzar la valla de la frontera de Hungría para evitar ser detenido por la policía.

Viernes 15 de julio

Carpa del Encuentro

CONFERENCIA

22,15h “Refugiados. Desde Lesbos hasta Madrid”

• Olmo Calvo. Premio Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2014 y 2015

• Fabiola Barranco. Periodista freelance. El Mundo y Diagonal.

MESA REDONDA

1939. Niños refugiados españoles en la frontera de Francia. (Associated Press) 

23,00h “Açailandia. De liberados a libertadores”

• Carmen Bascarán. Premio Nacional de Derechos Humanos de Brasil.

Fundadora “Centro de la Vida y los Derechos Humanos de Açailandia”

• Patricia Simón. Periodista Premio Mujeres y Medios Comunicación 2013

• Mariana de la Fuente. Responsable Proyectos “Centro de la Vida y los Derechos Humanos de Açailandia”. Brasil.

VELADA AUDIOVISUAL

Documental: “La fuerza de los pequeños”

• Patricia Simón

Un recorrido por los 20 años de existencia del “Centro de la Vida y los Derechos Humanos de Açailandia”, Brasil, un espacio fundado por la asturiana Carmen Bascarán que ha transformado la vida de miles de personas en una ciudad azotada por la esclavitud, la explotación y la miseria.

© OLMO CALVO Una madre y su hijo frente a la valla que cierra la frontera de Macedonia 2016

Sábado16 de julio

Carpa del Encuentro

CONFERENCIA

22,00. “Siria, el país de las almas rotas” Presentación del libro.

• Javier Espinosa. Premio Internacional Periodismo ‘Manu Leguineche’ 2015

• Mónica García Prieto. Premio Internacional Periodismo Julio Anguita P. 2016

MESA REDONDA

22,45h en la Carpa del Encuentro

“Guerra y Refugio. De Siria a Europa”

• Fran Sevilla. Jefe Internacional RNE. Premio Rey España de Periodismo

• Olmo Calvo. Premio Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2014 y 2015

• Javier Espinosa. Premio Internacional de Periodismo Manu Leguineche 2015

• Mónica García Prieto. Premio Internacional Periodismo Julio Anguita 2016

• Jaime Alekos. Premio de Videoperiodismo “Artículo 31” 2016

• Javier Bauluz. Premio Pulitzer, Director de Periodismo Humano y EIF

*CONEXIÓN en DIRECTO desde el barco de rescate en el Mediterráneo de Proactiva Open Arms con Óscar Camps y los periodistas Mikel Konate y Santi Palacios.

VELADA AUDIOVISUAL

23,45h.

• Mikel Konate. “De Lesbos a Hungría”
• Jaime Alekos. “Escenas de Idomeni”
• Olmo Calvo. “La ruta de los Balcanes”
• Archivos PCE y AP. “Refugiados de la guerra de España”
• Sergi Cámara. “Refugiados, la odisea hacia Europa”
• Mercedes Menéndez. “VergUEnza”
• Santi Palacios. “Refugiados sin refugio”
• Javier Bauluz. “Buscando refugio para mis hijos”

“La sensación que tengo es de una rabia inmensa. Vivimos en un estado policial encubierto.” Así se expresa Esther Yáñez, periodista de “Diario Vice”, un programa de reportajes de Canal#0, apenas 48 horas después de recibir una notificación de multa de 601 euros por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid. La sanción administrativa “por infracción grave” se ampara en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, de cuya entrada en vigor se cumple un año este 1 de julio.

El pasado 27 de abril, Yáñez acudió a cubrir una cacerolada promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la sede del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, en protesta por la negativa del PP a la ley catalana antidesahucios. “Estaba preparando un reportaje sobre el tema y fui a hacer producción y a conocer a las familias. Me quedé para documentar la manifestación. Empecé a hacer fotos de los participantes y un policía vino y me pidió el teléfono. Quería ver las fotos. Le dije que no estaba fotografiando a los policías y que en la vía pública podía hacer las fotos que quisiera. Me pidió la documentación inmediatamente. Le pregunté por qué. Sin responder, me la volvió a pedir. Le dije que me parecía injusto que me pudiese identificar sin darme explicaciones de nada, cuando yo ni siquiera podía ver su número de placa, porque no lo llevaba”, explica la periodista a Reporteros Sin Fronteras.

Dos meses después, Esther Yáñez ha sido oficialmente sancionada por supuesta desobediencia a la policía y por no querer identificarse. “Es completamente falso. Expliqué a ese policía quién era, y sí, le manifesté mi desacuerdo con su actitud, pero en ningún momento sobrepasé el perímetro de seguridad que nos impusieron y tampoco me negué a identificarme. De hecho, lo hice. Sólo pregunté el motivo por el que me pedían mis documentos. ¿O es que preguntar también es un delito?”, se cuestiona la víctima periodística más reciente de la “Ley Mordaza”.

40.000 sanciones en siete meses

Solo superados por la tenencia y consumo de estupefacientes, los insultos y faltas de respeto a la autoridad -tipificados como delito en la Ley de Seguridad Ciudadana- se sitúan ya como la segunda causa de denuncias en España, según datos del Ministerio de Interior. Un año después de la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” y de la reforma en paralelo del Código Penal, el balance no puede ser más alarmante para los ciudadanos españoles, ni más lucrativo para el Estado: solo entre el 1 de julio de 2015 y finales de enero de 2016, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha saldado con cerca de 40.000 sanciones, de las cuales, más de 6.200 por “faltas de respeto a las fuerzas de seguridad” y unas 3.700 por “desobediencia y resistencia a la autoridad”. Casi 30 personas son multadas cada día en España por presuntos insultos a las fuerzas del orden.  Las sanciones previstas por la normativa van de los 100 a los 600.000 euros, en función del tipo y la gravedad del delito.

Rechazada en mayor o menor medida por todas las formaciones políticas españolas con excepción de su promotor, el Partido Popular y denunciada desde el primer momento por Reporteros Sin Fronteras, La “Ley Mordaza” no solo ha caído con todo su peso sobre los ciudadanos de a pie, principales víctimas de las arbitrarias sanciones que contempla, sino también sobre uno de sus principales objetivos: los profesionales de los medios de comunicación. Si situaciones tan absurdas y rocambolescas, como quejarse en las redes sociales de que un vehículo de la policía local está mal estacionado o llamar “colega” a un agente, le han valido multas de hasta 601 euros a ciudadanos anónimos, los periodistas han tenido que enfrentarse a sanciones igual de arbitrarias, coercitivas e intimidatorias, por el mero hecho de ejercer su profesión.

El pasado 3 de marzo, Axier López, fotógrafo y reportero de la revista “Argia” compartió en su cuenta de Twitter unas instantáneas de la detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista, en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi, en el año 2007. Este hecho transformó a Axier López en el primer periodista español multado por la “Ley Mordaza”. El periodista recibió de la Delegación del Gobierno en Guipúzcoa la notificación de una sanción de 601 euros, por subir fotografías a una red social “sin autorización”. La aplicación de la ley se fundamentó en la posibilidad “de identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”.

Rechazo institucional en Euskadi y Navarra

Lejos de amedrentarse por la multa, Axier López no solo no ha procedido a liquidar la sanción, sino que, amparado en todo momento por el medio en el que trabaja,  se ha transformado en uno de los periodistas más activos en contra de la “Ley Mordaza”, con importantes resultados. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó, a mediados de abril, una declaración de condena a la normativa y respaldo al semanario “Argia”, con el apoyo de todas las fuerzas de la Cámara, a excepción del PP, que votó en contra y de UPN, que se abstuvo. Más recientemente, a principios de junio, las Juntas Generales de Guipúzcoa, con los votos a favor de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Podemos, se comprometieron a no aplicar la normativa en la provincia, en lo que constituye el primer acto formal de desobediencia a la “Ley Mordaza”. ¿Se trasladará esta voluntad de desacato institucional a las fuerzas de seguridad en Guipúzcoa?

“Es el quid de la cuestión”, responde Axier López a Reporteros Sin Fronteras, “saber si los distintos cuerpos de policía respetarán la decisión o seguirán sancionando. Al menos, estamos satisfechos porque contamos con tres compromisos claros: un rechazo público contundente a la Ley Mordaza, la solidaridad con los afectados si se produjeran nuevos casos y la voluntad clara de no aplicar la ley en Guipúzcoa”, añade el periodista.

El respaldo del medio de comunicación en el que trabaja el informador resulta clave en el modo en que éste afronta la difícil situación de  sancionado. Axier López cuenta con la suerte de una cabecera que le ampara y que está dispuesta a llegar a juicio para tratar de poner freno a una de las normas más controvertidas de la Ley de Seguridad Ciudadana: el artículo 52, que concede “valor probatorio a las declaraciones de los agentes de seguridad”, es decir, que confiere a las fuerzas del orden todo el poder para acusar, sin la necesidad de que un magistrado intervenga y decida independientemente, en virtud de las pruebas que le son presentadas. “No estoy dispuesto a ceder hasta que no haya un juez de por medio”, dice López.

Como Axier López, Mercè Alcocer, periodista de “Catalunya Ràdio” con una larga trayectoria en información de tribunales, también se siente “muy privilegiada y afortunada” de contar con el apoyo del medio para el que trabaja. La periodista acudió, el pasado 20 de febrero, a cubrir la declaración en la Audiencia Nacional del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol y de su esposa, Marta Ferrusola. Cuando ambos salieron a la calle, Alcocer hizo caso al primer instinto de cualquier periodista: preguntar a las fuentes. Trató de acercarse a Pujol, así como a sus abogados, pero agentes de la Policía Nacional le interceptaron el paso y le exigieron su documentación. Pese a que la zona no estaba acordonada, el mero hecho de cruzar el “perímetro de seguridad imaginario” trazado por los agentes, le valió tener que excusarse e identificarse. Cuando, posteriormente, la periodista quiso sumarse a sus compañeros en la zona habilitada para las declaraciones, los agentes se lo impidieron. “A esa, fíchala”, le dijo a un agente el jefe de la unidad policial desplegada en el lugar. A mediados de mayo, Mercè Alcocer recibía una notificación de multa de 601 euros, por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, por presunta desobediencia a la autoridad, que no piensa pagar y que va a recurrir.

“He sido el chivo expiatorio: como no soy una periodista habitual en la cobertura de la Audiencia Nacional, se han atrevido conmigo y dudo de que lo hubieran hecho con los que siempre están allí. Tuve la sensación de que mi comportamiento no gustó desde el principio al jefe de policía y que quiso marcar territorio”, explica Alcocer a RSF. La periodista se encuentra inmersa en el proceso de alegaciones contra la sanción.

“La notificación de la sanción es patética. Cuando mis abogados han pedido una ampliación de los hechos denunciados, ésta ha sido aún más patética. Hemos presentado nuestras alegaciones y somos conscientes de que no se echarán atrás, como sucede con la inmensa mayoría de las multas administrativas. Éstas solo se ganan en los juzgados y nos veremos en un juicio contencioso-administrativo”, añade la periodista.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que engloba a Catalunya Ràdio, ha respaldado desde el primer momento a Alcocer, se ha ofrecido a pagar la multa, ha puesto a su disposición a los abogados del grupo y manifestado públicamente su “rechazo ante una situación que supone el impedimento a los profesionales de los medios de comunicación del ejercicio libre de la profesión, entendida como un bien imprescindible para la salud de la democracia”.

A mayor precariedad, mayor indefensión

Pero, ¿y si el periodista es freelance? ¿Y si, lo sea o no lo sea, carece de una estructura mediática que le proteja, defienda y asuma los costes económicos de refutar la sanción? “Si eres freelance, estás muerto”, sentencia con contundencia Mercè Alcocer.

“De nuevo, la precariedad incide decisivamente en las consecuencias que puede tener sobre un informador la aplicación de la Ley Mordaza: a mayor desprotección del periodista, mayor probabilidad de acusar los efectos de amedrentamiento y autocensura que persigue la normativa”, asegura Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras España. “El valor probatorio que concede la ley a los agentes de las fuerzas de seguridad hace que todos los casos se transformen en la palabra de un periodista contra la palabra de un policía. Es obvio quién tiene las de ganar”,  añade.

Cuando agentes de la Guardia Civil pidieron al fotógrafo Miguel Ángel Valdivielso que borrase las fotos que había tomado de la escena de un accidente laboral, que causó la muerte de un joven trabajador en una empresa burgalesa, éste se negó. Valdivielso había acudido a cubrir para el “Diario de Burgos” el siniestro. Los agentes le pidieron que se identificase mediante su acreditación periodística y le señalaron que estaba en una zona privada, perteneciente a la empresa en la que había sucedido el accidente, un extremo que el fotógrafo niega y que puede apreciarse en las instantáneas que tomó: Valdivielso accedió por una vía verde a una zona desde la que podía fotografiar con perspectiva la escena, en la que por supuesto no estaba la víctima mortal, ni se podía reconocer a los trabajadores, los investigadores,  ni los familiares. Dos semanas más tarde, el fotógrafo recibió una notificación de multa de 601 euros, basada en el tristemente famoso artículo 36.6 de la “Ley Mordaza”: “desobediencia, resistencia a la autoridad, negativa a identificarse”. Fueron los directivos de la planta quienes instaron a la Guardia Civil a alejar al fotógrafo del lugar donde estaba la información.

Derecho a informar y ser informado

“Como les dije a los agentes en su día, las fotos no las puedo borrar. No les voy a hablar de mi derecho a informar (que lo tengo), les voy a hablar del derecho de mis lectores a saber que un joven murió esta tarde en el tajo. Les voy a hablar de 100.000 personas que, todos los días, leen las páginas de Diario de Burgos y esperan ver dónde pasan las cosas. Les voy a hablar de los compañeros de trabajo de ese chico, de los vecinos de su pueblo, de las decenas de sindicalistas que, al día siguiente, se concentraron en la sede de los sindicatos para protestar por lo ocurrido. Las fotos no las puedo borrar porque no son mías. Son de los lectores de Diario de Burgos. Y eso es sagrado”, escribió Valdivielso en una columna publicada por su medio.

El fotógrafo pone el dedo en la llaga de una de las más ocultas intenciones de la Ley de Seguridad Ciudadana: “no solo impide a los profesionales de los medios ejercer su libre derecho a informar, impide a la opinión pública su inalienable derecho a ser informada”, afirma la presidenta de Reporteros Sin Fronteras, Malén Aznárez.

Por humillantes y arbitrarias que resulten, las sanciones impuestas a periodistas aportan, al menos, un “papel al que agarrarse”, una acusación por escrito ante la que tratar de defenderse. No es el caso de muchos profesionales de los medios, víctimas de amedrentamientos e intimidaciones verbales por parte de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo, que sufren el peso de las amenazas (miedo, autocensura, incertidumbre), pero que no tienen manera de probarlas. Rafael Iglesias, editor e ilustrador de la revista satírica “TeVeo”, iba a presentar, la semana pasada, el último número de este fanzine sevillano, en un bar de copas de la capital andaluza. Los carteles anunciando el evento reproducían la portada: caricaturas del Rey. Días antes de la presentación, el dueño del bar le llamó alarmado, comunicándole que agentes locales de paisano se habían presentado en el local, diciéndole que si celebraba el acto, podría “acabar en la cárcel”. En el bar de enfrente, contaron a Rafael Iglesias que un policía municipal uniformado había arrancado el cartel que habían colgado para promocionar el acto. El editor se presentó con su abogado en la comisaría de la policía local del Distrito Centro de Sevilla, para exigir una explicación de lo sucedido: no sabía si el incidente estaba relacionado con permisos y licencias del local o con el contenido de la revista. La agente que le atendió descartó que tuviera que ver con lo segundo, porque la investigación de presuntos delitos contra la Corona es potestad de la Policía Nacional. Pese a que la actuación de la policía local se centraba, en principio, en la carencia de licencia del bar para ofrecer música en vivo, Rafael Iglesias se ha enterado, sin embargo, por los medios y de forma extraoficial que sí está siendo investigado por la Policía Nacional por dañar presuntamente el prestigio de la Corona. “Las formas han sido chuscas y muy opacas. Propias de otros tiempos. A día de hoy, no sé aún de quién parte la denuncia y porqué. Yo no me pienso callar”, afirma. Su caso no estaría relacionado con la “Ley Mordaza”, pero sí resulta ilustrativo del caldo de cultivo creado desde la entrada en vigor de la normativa.

Zonas grises: abuso de poder e impunidad

“Es este caldo de cultivo el que también queremos denunciar”, explica Malén Aznárez. “La Ley Mordaza no es solo lo que contiene, sino el clima de impunidad y de abuso de poder que ha creado. Hay elementos en las fuerzas de seguridad que se sienten avalados para intimidar a periodistas, sabedores de que, con toda probabilidad, sus acciones no tendrán consecuencias. Se sienten protegidos por una Ley que, en la práctica, es una patente de corso para cometer abusos”, añade. ¿Es la entrada de la Policía Judicial en la sede del diario “Público” para reclamar las grabaciones que afectan al ministro del Interior en funciones, sin orden de un juez, una consecuencia de este caldo de cultivo?  ¿Lo es la petición intimidatoria a informadores que cubrían el registro de una joyería en Barcelona de sus números de teléfono móvil, por parte de agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra, con el presunto fin de crear un archivo de periodistas?

“No podemos aseverarlo con certeza. Pero sí podemos decir que España es hoy un país  menos libre para el ejercicio del periodismo. No hay que olvidar que la Ley Mordaza nace con el fin de silenciar a manifestantes, activistas y periodistas”, dice la presidenta de Reporteros Sin Fronteras España.

Esther Yáñez, la más reciente pero seguramente no la última de las periodistas sancionadas por la normativa, va más allá: “La democracia real no existe. El gobierno maneja a su antojo a las fuerzas de seguridad del Estado, inventando leyes propias de regímenes dictatoriales para justificar y legalizar los abusos de poder de la policía y amedrentar a la población para que no protestemos, para que no hablemos, para que tengamos miedo. El miedo es el auténtico cáncer del siglo XXI. Me siento desanimada, porque lo están consiguiendo. Estamos cediendo ante la injusticia”, se lamenta.

 Llamamiento a la derogación

La “Ley Mordaza” ha sido calificada de “abominable” por “The New York Times”, que considera que la normativa retrotrae a los “días más oscuros del franquismo”. Relatores de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y numerosos medios de comunicación internacionales han pedido su derogación.

Reporteros Sin Fronteras, no ha cesado de exigirlo desde el mismo momento en que el Ejecutivo comenzó a elaborar el primer borrador.

RSF aprovecha la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento surgida de las elecciones del 26 de junio para instar a todos los partidos políticos contrarios a la normativa a ponerse de acuerdo en la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Solo el Partido Popular en el Gobierno en funciones defiende en su totalidad esta ley coercitiva, arbitraria e intimidatoria para los periodistas y los ciudadanos. Instamos a las fuerzas políticas a aprovechar la composición del nuevo Congreso de los Diputados para evitar que, en 2017, tengamos que hacer un nuevo balance de periodistas víctimas de la Ley Mordaza, con motivo del segundo aniversario de su entrada en vigor”, concluye Malén Aznárez.

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 Fotografías y textos de Javier Bauluz para el Especial realizado con Univisión Noticias.

*Está en marcha la Exposición “Buscando refugio para mis hijos” que recorrerá diversas ciudades españolas y europeas. Para solicitar la exposición y las condiciones puedes contactar directamente con jbauluz@periodismohumano.com