EEUU financiará a Perú para equipar la base naval del Callao

Mariana Álvarez Orellana 

Estados Unidos llevará a cabo la ampliación de una base naval militar en este país sudamericano tras aprobar un acuerdo por 1.500 millones de dólares para modernizar las instalaciones de Callao, la principal base naval peruana. La operación solicitada por el Gobierno peruano y aprobada por el Departamento de Estado de EEUU incluye el despliegue de hasta 20 representantes estadounidenses en el país por un período máximo de 10 años.

La Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos señaló de manera textual: “Esta venta mejorará la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”. Destacó que el Perú es considerado un aliado clave en la región y un actor relevante en temas de seguridad marítima y lucha contra amenazas transnacionales, en clara referencia a China.

El antecedente inmediato de esta cooperación se remonta a 2024, cuando la Comisión Permanente del Congreso peruano autorizó, con 18 votos a favor, el ingreso al territorio peruano de una unidad naval y personal militar de la Guardia Costera de EEUU, incluyendo armamento de guerra, como parte de ejercicios y acciones conjuntas previamente coordinadas.

El anuncio también coincide con un escenario de competencia estratégica entre Estados Unidos y China en América Latina. En noviembre de 2024, el presidente chino Xi Jinping inauguró el puerto comercial de Chancay, una inversión estimada en  3.500 millones de dólares, considerada la más ambiciosa de Beijing en la región. A diferencia del proyecto naval, financiado por el Estado peruano, el megapuerto cuenta con financiamiento directo chino, lo que ha generado observaciones y preocupaciones en Washington sobre su posible uso futuro.

Actualmente, China es el principal socio comercial del Perú, mientras que Estados Unidos mantiene una relación histórica en materia de defensa. En ese equilibrio, el acuerdo para equipar la Base Naval del Callao aparece como una señal concreta del interés estadounidense por reforzar su presencia en Sudamérica.

La instalación se ubica en una zona estratégica a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, financiado por capitales chinos.  El proyecto se da en un contexto de creciente competencia estratégica en la región, luego de que China financiara un megapuerto comercial, también en Perú. El Callao, además de albergar la base naval más importante del Perú, concentra el principal puerto comercial, se encuentra cerca del aeropuerto internacional Jorge Chávez y está a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, financiado y operado por capitales chinos.

Obviamente, este escenario convierte al acuerdo en un punto de interés no solo militar, sino también estratégico y económico. El convenio aprobado corresponde a una posible venta militar extranjera que incluye la compra de equipos y servicios especializados para el diseño, construcción y modernización de infraestructura en la Base Naval del Callao. El monto máximo autorizado asciende a  1.500 millones de dòlares, aunque el valor final del contrato podría ser menor y estará sujeto a revisión del Congreso de Estados Unidos, así como a futuras negociaciones entre el Estado peruano y los proveedores involucrados.

“La venta mejorará la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”, señaló el Departamento de Estado de  EEUU en un comunicado. Asimismo, señaló que Perú solicitó la compra de equipos y servicios como parte del plan de modernización, que contempla la presencia de hasta 20 funcionarios estadounidenses o del sector privado durante un periodo de hasta 10 años.

Washington mantiene una asociación de seguridad de larga data con Lima, que ha autorizado la presencia de tropas estadounidenses. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de Donald Trump de reforzar la influencia de EEUU en América Latina.

En un comunicado, publicado el jueves, la DSCA indicó que el Gobierno peruano solicitó varios elementos, como estudios de ingeniería o gestión de la construcción, para «respaldar la adquisición de instalaciones marítimas y terrestres en la Base Naval del Callao».

«Perú no tendrá dificultades para integrar estos artículos y servicios en sus Fuerzas Armadas», aseguró. Por el contrario, «mejorará la infraestructura portuaria peruana para satisfacer las operaciones y requisitos navales y logísticos actuales y futuros», apuntó la DSCA.

Según el diario limeño Gestión, el Ejecutivo peruano planea reubicar su principal base marítima a un nuevo emplazamiento, de manera que pueda liberar espacio para la ampliación del puerto comercial del Callao, competidor directo del megapuerto de Chancay, que lleva largos meses en la mira de EE.UU. por tener mayoría accionaria china.

«Esta venta propuesta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al contribuir a mejorar la seguridad de un socio importante, que impulsa la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica», señaló la agencia estatal.

El propio jueves la DSCA entregó la certificación requerida de la posible venta, a modo de notificación, al Congreso estadounidense para su posterior aprobación

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Argentina: el problema de la deuda y la tasa de interés

Horacio Rovelli

La Secretaría de Finanzas de la Argentina dio a conocer la deuda bruta del Tesoro Nacional de diciembre 2025 y en ella se observa claramente el nivel de endeudamiento y, sobre todo, de corto plazo

Y esto es así, porque nos llevan a un escenario de muy corto plazo y con altas tasas de interés. Es claro el rol del banco central de un país, en el nuestro en cambio, la misión que le imponen los acreedores encabezados por el JP Morgan, es el de garantizar la renta financiera a los grandes tenedores de títulos de deuda pública, y por eso, devalúan violentamente y después atrasan permanentemente el tipo de cambio para que los intereses de la deuda en pesos superen la devaluación del dólar, y así tenemos en el año 2026 vencimiento en divisas (incluido el FMI) por 17.600 millones de dólares, y en pesos por 137 billones (el tipo de cambio oficial unos 90.000 millones de dólares)^[1]

La Secretaría de Finanzas licita la deuda en pesos dos veces al mes. La primera licitación de enero fue el día 14, y refinanció casi la totalidad de los vencimientos (9,37 billones de pesos), pero pagó una tasa del 49,16% anual para 44 días (vencimiento 27 de febrero 2026) en una letra que capitaliza intereses (que no pueden pagar de las cuentas públicas)

Si el Tesoro de la Nación paga intereses en torno al 50% anual, la tasa que los bancos le cobran a las pymes no baja del 75 – 80% anual, y el descubierto en cuenta corriente es a una tasa mayor, como es mayor la tasa de financiamiento de la tarjeta de créditos. Cuando dicen que la inflación del año 2025 medida por el IPC del INDEC fue del 31,5%.  Es obvio que son confiscatorias del capital, cuando el dinero lo emite y debe fijar su precio el BCRA, y este BCRA lo hace para beneficio exclusivo del prestamista.

La respuesta es que el país está endeudado y debe pagar esas tasas y esos plazos medido en días. Cuando no se investiga como se generó esa deuda, ni la fuga de capitales (El Balance Cambiario del BCRA informa que en 11 meses de 2025 personas humanas compraron 36.013 millones de dólares).

Entonces, porqué Japón, que cerró el año 2025 con una deuda equivalente a 4,34 billones de dólares, que representa el 112% de su PIB, deuda casi 9 (nueve) veces mayor que la deuda pública nacional argentina, paga tasa de interés por la misma de 2,1% anual para bonos a 10 (diez) años.

La respuesta está en el PIB, y en la participación del comercio internacional de Japón. Es el 5to exportador mundial de mercancías, esencialmente automóviles, maquinaria eléctrica, equipos de transporte, tecnología avanzada.  Sus principales mercados son China, EEUU y Corea del Sur en ese orden. Su tasa de desocupación es del 2,6% de la población, y la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) del 27,8% del PIB en 2025.

La Argentina en el 2025 representó solo el 0,23% del comercio mundial, vende básicamente alimentos y productos primarios, su tasa de IBIF es menos del 14% del PIB, y la tasa de desocupación según el INDEC es del 7,6%, pero la precarización del trabajo permite esconder la realidad.

Esa debilidad intrínseca de nuestro país hace que la moneda (la emitida por el BCRA) solo tiene valor con respecto al dólar, por ende, en lugar de obtener divisas para el comercio externo, la Argentina debe obtener divisas para pagar su deuda. Japón que viene devaluando el yen (160 yen por dólar, cuando hace 10 años atrás rondaba los 120 yenes) para conseguir su superávit comercial, y paga su deuda en su moneda.

Propuesta monetaria

Es claro que debemos terminar con el sistema bimonetario, por lo que además de auditar la deuda pública y controlar la fuga de capitales, la propuesta es que coexistan dos monedas. La actual emitida por el BCRA referenciada con el dólar, y la “moneda inconvertible” creada por Mauricio Prelooker en su libro “La economía del desastre”^[2], donde afirma: “La moneda inconvertible pone punto final a la desmonetización, inyectando el circulante que hace falta para aceitar la economía, ampliando el mercado de consumo y elevando la demanda interna global. Esta inyección de fondos frescos representa un shock de liquidez, que no le costará al país ni un centavo de intereses. Será un ahorro gigantesco con respecto a los intereses que el Estado se ve obligado a pagar anualmente a los acreedores del exterior”.

Una moneda inconvertible con las siguientes características:

1. Sería un billete de banco^[3] que tendría curso legal de aceptación obligatoria tanto para el sector público como para el privado. En el caso del privado puede aceptar un porcentaje del pago en la moneda no convertible (que a él le sirve para pagar impuestos y servicios).
2. No se podría comprar con ellos pesos ni divisas u otros valores convertibles (joyas, oro, etc.) ni títulos, acciones, cheques o cualquier otro instrumento bancario sujeto a interés. Sólo se podría comprar y vender en el mercado interno y pagar los impuestos.
3. A medida que el Estado fuera recibiéndolos rescataría esos billetes, reemplazándolos por pesos y el remanente sería rescatado al cabo, por ejemplo, de cinco años (Financiación genuina del Estado).
4. El respaldo de esta moneda es el Estado (nacional, provincial, y hasta municipal) y un aval constituido por el impuesto a los bienes personales en la nación, a la propiedad rural en las provincias, o la tasa municipal.

La inyección de liquidez no inflacionaria que implicaría este «autopréstamo», rápidamente pondrá en marcha el aparato productivo ahora semi paralizado o inactivo, y permite encarar obras públicas de proyección. Prelooker -que conocía bien el país por haber asesorado largamente a cooperativas de producción- tenía en mente el plan integral del Bermejo-Paraná que posibilitaría incorporar a la producción tantas hectáreas de regadío como las actualmente existentes (además de ahorrar los daños cíclicos de las inundaciones) creando importantes fuentes de trabajo.

Una vez consolidado el círculo virtuoso de trabajo y consumo sería innecesario mantener los planes «trabajar» y otros subsidios. Los únicos que no se verían beneficiados por medidas como éstas serían los bancos tenedores de la deuda y su cohorte de voceros profesionales que medran con las eternas refinanciaciones.

Notas

^[1] Un porcentaje importante de la deuda en pesos está en poder de dependencias y agencias públicas nacionales

^[2]  Grupo Editor del Encuentro

^[3] También puede ser una moneda digital, como es actualmente en Tafí Viejo  la moneda “ferro”

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Desmembrar y (mal) vender Petroperú

Alejandro Narváez Liceras (*)

La promulgación del D.U. 010-2025 y publicado “entre gallos y medianoche” por el Poder Ejecutivo marca un punto de inflexión en la política energética y empresarial del Estado peruano. Bajo el argumento de “reestructuración”, “eficiencia” y “sostenibilidad fiscal”, el decreto habilita una serie de medidas que abre el camino al desmembramiento y posterior venta (mal venta) de los activos estratégicos de Petroperú, la “última joya de la corona”, es decir, lo más valioso, lo más importante que nos queda a los peruanos.

Este D.U. 010-2025 no busca rescatar ni fortalecer a Petroperú, sino -sin titubeos- fragmentarlo, trocearlo, dividirlo, para facilitar su liquidación parcial o total, en condiciones desfavorables para el Estado. Mi análisis en una primera y rápida aproximación, se centra en los efectos económicos, sociales, institucionales y laborales de la norma, así como sus consecuencias de largo plazo para la soberanía energética y el interés público.

El contenido del D.U. 010-2025

Aunque el decreto se presenta como una herramienta de emergencia para “ordenar” la situación financiera de Petroperú, su arquitectura normativa revela un objetivo distinto: separar activos, aislar pasivos y preparar unidades de negocio para su venta. Entre los elementos más preocupantes destacan:

• La transferencia de activos operativos a vehículos especiales o esquemas de gestión privada.
• La priorización del pago a acreedores financieros, por encima de objetivos productivos o estratégicos.
• La reducción del rol del Estado como operador directo, transformándolo en un mero garante de deudas.

En términos económicos, se trata de un clásico proceso de asset stripping (despojo de activos): se conservan las pérdidas en el balance público y se privatizan los activos con mayor valor económico, usualmente a precios deprimidos o coloquialmente hablando “a precio de huevo”, es decir, por debajo de su valor real. Esta la esencia del decreto.
Costos económicos: vender en crisis es mal vender

Desde el punto de vista económico, el D.U. 010-2025 implica una transferencia de valor desde el Estado hacia el sector privado. Petroperú atraviesa una situación financiera difícil, – falta de capital de trabajo-, es evidente, pero cuenta con activos estratégicos de alto valor, como la Nueva Refinería de Talara – con vida útil económica estimada de 70 años-, la refinería de Iquitos y Conchan, el Oleoducto Norperuano (ONP), actualmente operativo, la red de plantas de venta en todo el territorio nacional, una red de 717 grifos asociados a la marca de Petroperú, una cuota de mercado del 30% a nivel nacional, etc.

Vender o concesionar estos activos en un contexto de urgencia fiscal, presión política, bajo un gobierno de transición y lo más grave, sin un análisis costo- beneficio de una decisión de capital importancia es un graso error y pésimo negocio para el país. Aceptar precios inferiores a su valor real de largo plazo golpeará a las finanzas públicas, ya que finalmente, el Estado asumirá pasivos de corto y largo plazo de la empresa de cerca de 8 mil millones de dólares al 30 de setiembre de 2025. La experiencia peruana e internacional demuestra que las privatizaciones en contextos de crisis o supuestas crisis suelen generar pérdidas patrimoniales cuantiosas para el Estado.

Además, la fragmentación de Petroperú debilita su capacidad de generar economías de escala, afectando la competencia en el mercado de combustibles y aumentando la dependencia de importaciones, con impactos directos sobre la balanza comercial y la inflación.

La privatización o gestión externalizada de bloques lucrativos disminuiría los ingresos fiscales futuros: dividendos, impuestos corporativos, regalías y utilidades que Petroperú genera como operador mayorista. La política fiscal futura del país, especialmente en un contexto de restricciones presupuestales, se vería afectada si una parte sustancial de los activos productivos queda bajo control privado.
La creación de fideicomisos, contratos fiduciarios y estructuras complejas de administración patrimonial genera costos financieros y transaccionales elevados que no están cuantificados en el decreto. Estos gastos —sumados a las comisiones de ProInversión de 144 millones de soles y honorarios técnicos especializados— reducirán aún más el valor neto obtenido por el Estado.

Costos sociales: territorios más vulnerables

Petroperú no es solo una empresa, es un actor económico clave en regiones históricamente postergadas. Su retiro o debilitamiento tendría efectos sociales inmediatos, especialmente en la Amazonía (Loreto, Ucayali y Madre de Dios).

Petroperú cumple funciones que la empresa privada no asume, como la venta de combustibles en la amazonia peruana por mandato de la Ley de Promoción a la Inversión en la Amazonia No. 27037 – 1999 que exonera la recuperación del IGV y el ISC por la venta de gas natural y combustibles, que en promedio representa en torno a 660 millones de soles sólo en el 2025 monto no recuperados por Petroperú.

Asimismo, mantiene infraestructura crítica como el ONP y la articulación con economías locales en todo el territorio nacional. El D.U. 010-2025 ignora estos costos sociales, reduciendo el análisis a una lógica puramente contable.

La experiencia peruana demuestra que la retirada del Estado en sectores estratégicos incrementa la desigualdad territorial y la conflictividad social, particularmente en zonas vinculadas a la actividad extractiva (Bebbington et al., 2018).

Costos institucionales

En el plano institucional, el decreto consolida una narrativa peligrosa: que el Estado es incapaz de gestionar empresas, y que la única salida posible es la privatización. Esta visión interesada omite deliberadamente los problemas reales: captura política, mala gobernanza, directorios inestables y ausencia de planificación de largo plazo y de política energética.

En lugar de corregir estas fallas estructurales, el D.U. 010 -2025 opta por desmantelar la empresa, debilitando la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos clave. Cuando en el mundo los países emergentes y desarrollados están fortaleciendo sus empresas públicas estratégica de energía, comunicaciones, y de otros rubros (véase México, Brasil, Colombia, Chile) en el Perú ocurre lo contrario.

Ello erosiona la credibilidad institucional y refuerza la percepción de un Estado peruano subordinado a intereses privados de corto plazo.

La intervención de ProInversión, que pasa de ser agencia promotora a autoridad decisoria en el proceso de reorganización patrimonial, modifica la gobernanza tradicional de Petroperú y transfiere poder decisorio —sin contrapeso legislativo explícito— a un organismo técnico con fines de promoción de inversión. Esto puede generar un déficit de control democrático, ya que decisiones estratégicas de unidades productivas se adoptarían sin el escrutinio suficiente del Congreso o los órganos de control.

Impacto laboral: precarización y pérdida de capital humano

Uno de los efectos más inmediatos del decreto recae sobre los trabajadores. El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de “optimización”. El costo de la planilla para el 2025 es de 128 millones de dólares que representa apenas el 3.77% del total de ingresos, y representa el 3.49% de los costos y gastos (véase EEFF auditados e informes a la SMV).

Más allá del impacto social, esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas. Petroperú fue y sigue siendo la cantera de otras empresas del sector. La fragmentación institucional rompe equipos técnicos, debilita la memoria organizacional y reduce la capacidad del país para gestionar su propio sector energético.

El decreto obliga al Directorio de Petroperú a aprobar una nueva estructura orgánica y medidas de reconversión y reducción de personal en plazos muy breves, apoyado por un aporte de capital estatal de 240 millones de soles para dicho fin.

La reorganización interna y reducción de personal generará despidos masivos, con la consecuente pérdida de empleo para miles de trabajadores. Dado que Petroperú emplea a varios miles, una reducción del 30-40% significaría un impacto social profundo en trabajadores, sus familias y economías regionales donde la empresa es un actor central.

Como señala la OIT (2021), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo.

Hipótesis crítica: una decisión política, no técnica

El D.U. 010-2025 no es el resultado inevitable de una crisis financiera, sino es indiscutiblemente una decisión política. Existen diversas alternativas: reestructuración organizacional ordenada, reperfilamiento de las deudas, mejora de la gobernanza, auditorías independientes, alianzas estratégicas con privados sin pérdida de control estatal, entre otras. Pero, ninguna de ellas fue tomada en cuenta.
La urgencia invocada por el Ejecutivo funciona como coartada para imponer una agenda que, en condiciones normales, enfrentaría mayor resistencia social y política -no se descarta que ello ocurra-. En este sentido, el decreto responde más a una lógica de shock que a un plan de desarrollo energético nacional.

Conclusiones

El D.U. 010-2025 no apunta a rescatar Petroperú, sino a desmembrarlo y venderlo en condiciones desfavorables para el Estado peruano. Sus efectos económicos, sociales, institucionales y laborales configuran un escenario de pérdida de soberanía energética, debilitamiento del Estado y transferencia abierta de recursos o activos públicos al sector privado. En el mundo entero las empresas públicas estratégicas de energía están siendo fortalecidas y ampliadas, en el Perú ocurre exactamente lo contrario. Podría ser calificado como una traición a la patria y privatización de nuestra soberanía.

Finalmente, más que una solución, el decreto profundiza el problema. Petroperú requiere reforma, no liquidación. Requiere gobernanza, no fragmentación, requiere visión estratégica, no urgencia fiscal. Persistir en esta ruta implicará costos que el país pagará durante décadas. No olvidar. Décadas.

* Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ExPresidente de Petroperú y actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

México: La inflación cerró 2025 en 3.69%, la menor cifra en 5 años

La inflación general en México cerró 2025 en 3.69 por ciento anual, la menor variación para un cierre de año desde 2020, apoyada por el benigno comportamiento de precios agropecuarios, mientras la carne de res, las carnes frías o comer fuera de la casa persistieron al alza, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del Índice nacional de precios al consumidor (INPC), que dio a conocer el Inegi, la inflación en México estuvo por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban 3.8 por ciento frente a diciembre de 2024, y representó su variación más baja desde 2020, cuando registró 3.15 por ciento anual; asimismo, se ubicó dentro del rango de la meta de estabilidad de precios del Banco de México (3 por ciento +/- un punto porcentual).

El precio del bistec de res aumentó 17.60 por ciento en 12 meses; la carne molida, 16.51 por ciento; retazo y viseras de res, 18.45 y 19.27 por ciento, en ese orden. El jamón subió 10.09 por ciento. Las loncherías, taquerías, torterías terminaron el año pasado con una inflación de 8.54 por ciento anual, lo que resultó para estos genéricos el doble o hasta el triple de la inflación general.

El aumento de precios al consumidor fue de 0.23 por ciento en diciembre respecto a noviembre; la inflación mensual más baja para un último periodo de año desde 2012 (0.23 por ciento).

El índice subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, así como determina la trayectoria de los precios a mediano y largo plazos, registró una variación de 4.33 por ciento anual en 2025, fuera del objetivo de estabilidad de la autoridad monetaria, y registró la variación más alta desde 2023 (5.09 por ciento anual).

La educación (5.82 por ciento anual), los alimentos, bebidas y tabaco (5.22 por ciento), así como otros servicios –que incluyen loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica y servicios turísticos en paquete, entre otros– (5.11 por ciento), superaron 5 por ciento e impulsaron a la inflación subyacente.

Por su parte, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, se desaceleró a 1.61 por ciento anual, de 1.73 por ciento de noviembre. Fue su mejor nivel desde 2020 (1.18 por ciento anual). Apoyado por la inflación de frutas y verduras que cayeron 5.62 por ciento, debido a que en 2025 no se sufrió de sequías en el país.

La inflación del año pasado estuvo apoyada por los precios volátiles de los productos agropecuarios, que durante el año pasado mostraron caídas, mientras mercancías alimenticias y servicios, relacionados con la alimentación fuera de casa, se mostraron renuentes a descender.

En 2025, la inflación mostró una volatilidad contenida, aunque se mantuvo persistentemente por encima del objetivo puntual de 3 por ciento establecido por el Banco de México. El año comenzó con un nivel de 3.59 por ciento, pero durante los primeros meses la inflación fue en aumento hasta alcanzar su punto más alto en mayo, con 4.42 por ciento, reflejando la interacción de distintos factores económicos y presiones sobre los precios, describió Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex.

Laura Díaz, analista económica de Banamex, prevé un repunte de la inflación anual a inicios de este año como consecuencia de los efectos de los incrementos a impuestos y aranceles que entraron en vigor el 1º de enero, que impactarían principalmente al componente de mercancías (que luego de mostrar una tendencia al alza en 2025 se había estabilizado).

Sin embargo, a lo largo del año estas presiones se verán contrarrestadas parcialmente por los efectos de la apreciación del tipo de cambio, la relativamente baja inflación de precios al productor y el crecimiento económico modesto que prevalecerá.

El PBI de Uruguay aumentará 1,5% gracias al acuerdo UE-Mercosur

Las estimaciones primarias de los efectos sobre la economía uruguaya del acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) muestran un incremento de las exportaciones de bienes, en el entorno del 4%, un mejora del empleo del 0,5% y una suba del salario real, próximo al uno por ciento.

“La Unión Europea es la segunda economía mundial y es un socio estratégico para Uruguay, como  destino de las exportaciones de bienes, como origen de las importaciones de bienes y de las inversiones extranjeras”, señala un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el acuerdo celebrado este sábado 17 en Asunción, en Paraguay.

El documento destaca que se tratará de una zona de libre comercio que abarcará a más de 700 millones de personas y el 20% del PBI mundial. Asimismo, el informe del MEF indica que el bloque europeo se ubicó entre los primeros tres destinos para la colocación de productos uruguayos en las últimas dos décadas, con ventas, en 2025, por unos 1.835 millones de dólares.

La celulosa y la carne bovina son los principales bienes exportados, seguidos por arroz, colza, madera, soja, lana y tejidos, carne equina y porcina. Por otra parte, el trabajo señala a la Unión Europea como el principal origen de las inversiones que Uruguay recibe: el 42% del total de las extranjeras directas en 2023. Las principales se concentraron en los rubros agropecuario, forestal, energético y servicios globales.

Mejora del ingreso de productos

Las concesiones obtenidas a partir de este acuerdo alcanzan al 91% de los productos y el comercio desde el Mercosur hacia el bloque europeo, subraya el documento del Ministerio de Economía.

El reporte destaca las concesiones que Uruguay obtuvo mediante cuotas como por ejemplo, el arroz y la miel, así como la carne bovina, rubro al cual se añade la eliminación del arancel que se paga en la actualidad en la cuota Hilton. Los cítricos, la pesca y los cueros también serán beneficiados porque las ventas de estos bienes a la UE fueron afectadas por la caída del Sistema Generalizado de Preferencias en 2014.

Importación récord de granos en 2025 en México

Braulio Carbajal

México importó una cifra récord de 47.9 millones de toneladas de granos y oleaginosas durante 2025, lo que representa un incremento de 2.3 por ciento respecto al año anterior, muestran datos oficiales recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Esta cifra es la más alta registrado en el comercio exterior de estos productos, impulsada principalmente por las compras de maíz y sorgo, aunque el valor total de las importaciones retrocedió 4.4 por ciento debido a la caída generalizada de los precios internacionales.

Según cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México, al cierre de 2025 el maíz se consolidó como el principal grano de importación.

Las compras totales de maíz subieron 4.2 por ciento en volumen, al pasar de 23.6 a 24.5 millones de toneladas métricas. En valor, el incremento fue de 6 por ciento. Este desempeño, de acuerdo con el GCMA, se asoció con una mayor demanda de los sectores pecuario e industrial.

El ingreso de maíz blanco proveniente de Estados Unidos tuvo un incremento extraordinario. El volumen de las importaciones creció 350 por ciento, al pasar de 200 mil toneladas métricas a 900 mil. En valor, el alza fue de 293 por ciento.

Este crecimiento sin precedente, explicó el organismo, fue el mayor entre los productos analizados y refleja una expansión significativa de las compras durante 2025.

Las compras de sorgo también experimentaron un fuerte crecimiento en volumen, aunque se dio en un contexto de precios significativamente menores. El incremento en volumen contribuyó de manera relevante al récord general, aunque no se compensó plenamente en términos de valor.

Otros productos mostraron comportamientos contrastantes. La importación de trigo registró una disminución de 2.9 por ciento en volumen y de 9 por ciento en valor, lo que se relaciona con una demanda reducida por menor consumo interno. La soya en grano presentó una contracción de 5.3 por ciento en volumen y de 11.9 por ciento en valor.

La canola mantuvo uno de los desempeños más sólidos entre los productos analizados, con un aumento de 19.7 por ciento en volumen y de 16.8 por ciento en valor. El aceite de soya mostró un incremento de 4.5 por ciento en volumen, lo que se tradujo en un alza de 18.2 por ciento en su valor. Sin embargo, el agregado de aceites en general registró una disminución de 15.9 por ciento en volumen, aunque la caída en valor fue de sólo 0.5 por ciento.

La importación de pasta de soya aumentó 11.5 por ciento en volumen, pero su valor cayó 9.6 por ciento. Los destilados secos con granos solubles presentaron una contracción de 8.6 por ciento en volumen y de 19.4 por ciento en valor, asociadas a una menor demanda del sector pecuario.

Panorama internacional

1.Fortunas de megarricos crecieron 200% más rápido en 2025

Dora Villanueva

En 2025, la riqueza de los grandes millonarios del mundo creció tres veces más rápido que en los últimos cinco años, con peligrosas consecuencias para las democracias, advirtió Oxfam.

El caso del presidente Donald Trump en Estados Unidos es el ejemplo más claro de cómo el poder económico ha tomado el control político para impulsar agendas regresivas que benefician a un puñado de magnates. “El auge de las oligarquías impacta negativamente en todas las sociedades del mundo”, alertó la organización.

Oxfam expuso que desde que Trump ganó la elección para un segundo mandato, la riqueza conjunta de aquellos que poseen miles de millones de dólares creció más de 16 por ciento, y alcanzó un máximo histórico de 18.3 billones de dólares en el último año. Esto se debe en buena parte a la contribución de Estados Unidos a esta lista de acumuladores, arropados por una administración que “redujo impuestos a los superricos, bloqueó avances en cooperación fiscal internacional, revirtió esfuerzos contra el poder de los monopolios y empujó el valor de las acciones ligadas a la inteligencia artificial”, detalló la organización.

Con casi la mitad de la población mundial en pobreza (menos de 8.3 dólares al día) y una cuarta parte con hambre moderada o grave, el problema ya no se limita al poder de mercado de los magnates y sus empresas ni en la creciente desigualdad, sino en la toma del poder político que legitima agendas regresivas para la mayoría de la población, es decir, “en la compra de la democracia”, señala el informe global “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”.

De acuerdo con Oxfam, los 12 magnates más acaudalados del mundo concentran más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir, más que 4 mil millones de personas. La acumulación se ha acelerado a tal grado que, con lo que creció el patrimonio de los magnates en el último año, se podrían distribuir 250 dólares a todas las personas del planeta y aún así ellos tendrían 500 mil millones de dólares extras.

Más allá de la desigualdad, las oligarquías ahora promueven de manera más abierta políticas regresivas a escala global. Además, según cálculos de Oxfam, un potentado tiene 4 mil veces más probabilidades de ocupar un cargo político que cualquier otra persona.

En la elección de 2024 en Estados Unidos, uno de cada seis dólares gastados por todos los candidatos, partidos y comités en ese país procedía de donaciones de 100 familias multimillonarias. “Las personas más ricas del mundo han construido su poder político principalmente de tres formas: comprando apoyo, invirtiendo en legitimar el poder de las élites y garantizándose un acceso directo a las instituciones”.

En América Latina y el Caribe el derrotero es el mismo: mientras la región se enfila a otra década perdida en términos de reducción de la pobreza, como ha advertido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los millonarios de la región avizoran una “década dorada”, expone Oxfam. En el último año, la riqueza conjunta de los magnates latinoamericanos creció 39 por ciento, 16 veces más rápido que el 2.4 por ciento que avanzó la economía de la región.

En América Latina y el Caribe “se ha consolidado una élite cuya prosperidad avanza al margen y a costa del resto de la sociedad”, destacó Oxfam. Actualmente hay 109 latinoamericanos con grandes fortunas, 14 más que a finales de 2024. Ellos concentran una riqueza conjunta de 622 millones de dólares, casi lo equivalente al producto interno bruto conjunto de Chile y Perú, que ocupan el quinto y sexto lugares como las economías más grandes de la región.

“Este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones, condicionando decisiones públicas y limitando los recursos en beneficio de las mayorías”, subrayó Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam.

La forma en que se ha comportado la acumulación en América Latina y el Caribe rompe con toda la narrativa de la meritocracia. En la región, 53.8 por ciento de los milmillonarios lo son porque heredaron parcial o totalmente su riqueza; en cambio, al trabajador no le alcanzaría toda la vida para nivelar la balanza.

En este siglo, la riqueza sumada de los megarricos ha aumentado en promedio 54 millones de dólares por día. En contraste, el salario mínimo promedio de un empleado en la región es de 4 mil 815 dólares al año.

Puesto de otra manera, un trabajador necesitaría 102 años para ganar lo que un milmillonario obtiene en un día.

La organización no gubernamental también destacó que la riqueza de los magnates de la región proviene “de sectores altamente concentrados, con enormes barreras de entrada y poder de mercado suficiente para influir en precios, regulaciones y decisiones públicas”. Sólo 65 por ciento provienen del sector financiero y servicios de inversión, de medios y telecomunicaciones y de energía y recursos naturales.

“La economía de los superricos (latinoamericanos) está profundamente ligada a sectores desregulados o capturados, donde el poder económico se convierte en poder político, alimentando un ciclo de concentración que sostiene y reproduce la desigualdad”, apunta la organización.

2.- La calidad del empleo a nivel mundial se estanca

Eduardo Camín

A pesar de que el desempleo mundial se mantiene estable, los avances hacia el trabajo decente se han estancado, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe advierte además que los jóvenes siguen enfrentándose a grandes dificultades, mientras que la inteligencia artificial y la incertidumbre en materia de políticas comerciales podrían debilitar aún más los mercados de trabajo.

Muchas veces en este ejercicio dialectico de los informes, las injusticas más profundas se hacen difíciles de explicar, a pesar de que se trata de algo que todos de una manera o u otra lo vivimos en la cotidianidad.

El informe Tendencias Sociales y del Empleo 2026 concluye que, si bien se prevé que la tasa de desempleo mundial se mantenga en el 4,9 por ciento en 2026, el equivalente a 186 millones de personas, millones de trabajadores en todo el mundo siguen sin tener acceso a empleos de calidad.

“El crecimiento resiliente y las cifras estables de desempleo no deben distraernos de una realidad más profunda: cientos de millones de trabajadores siguen atrapados en la pobreza, la informalidad y la exclusión”, afirmó el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo.

Sin olvidar otro aspecto preocupante que más de una de cada cinco personas jóvenes (menores de 25 años) no trabaja, ni estudia, ni recibe formación, por lo que sus perspectivas de trabajo se ven comprometidas. Los jóvenes siguen enfrentando dificultades. El desempleo juvenil aumentó hasta el 12,4 por ciento en 2025, con alrededor de 260 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación (NINI). En los países de bajos ingresos, las tasas de NINI alcanzan un preocupante 27,9 por ciento. La OIT advirtió que la inteligencia artificial y la automatización podrían agravar estos desafíos, especialmente para los jóvenes con educación superior en países de ingresos altos que buscan su primer empleo en ocupaciones de alta cualificación.

La calidad del empleo bajo presión la IA otro factor para tener en cuenta 

Cerca de 300 millones de trabajadores continúan viviendo en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a 3 dólares al día, mientras que la informalidad va en aumento: se prevé que 2.100 millones de trabajadores tengan empleos informales, con acceso limitado a la protección social, los derechos laborales y la seguridad en el empleo. La marcada falta de avances en los países de bajos ingresos está dejando aún más rezagados a los trabajadores con las peores condiciones de empleo.

El informe, que ofrece datos desglosados por región, nivel de ingresos, sexo y edad, destaca que la desaceleración en la transición hacia industrias o servicios de mayor valor añadido constituye un obstáculo importante para lograr avances sostenidos en la calidad del empleo y el crecimiento de la productividad.

“Si bien el impacto total de la IA en el empleo juvenil sigue siendo incierto, su magnitud potencial justifica un seguimiento estrecho”, señala el informe.

Desigualdades de género persistentes

Por su parte, las mujeres continúan enfrentando barreras profundamente arraigadas, afianzadas en gran medida por normas sociales y estereotipos. Ellas representan apenas dos quintas partes del empleo mundial y tienen un 24 por ciento menos de probabilidades que los hombres de participar en la fuerza laboral. Los avances en la participación laboral femenina se han estancado, ralentizando el progreso hacia la igualdad de género en el trabajo.

Los cambios demográficos reconfiguran los mercados de trabajo

El informe también analiza cómo los cambios demográficos están reconfigurando los mercados de trabajo. El envejecimiento de la población está ralentizando el crecimiento de la fuerza laboral en las economías más ricas, ya que hay menos personas en edad de trabajar disponibles para incorporarse o permanecer en el empleo, mientras que los países de bajos ingresos tienen dificultades para transformar el rápido crecimiento demográfico en empleos productivos.

Se prevé que el crecimiento del empleo en 2026 sea del 0,5 por ciento en los países de ingresos medio-altos, del 1,8 por ciento en los de ingresos medio-bajos, y del 3,1 por ciento en los de bajos ingresos. Sin suficientes oportunidades de empleo productivo, los países más pobres corren el riesgo de desaprovechar su dividendo demográfico, advirtió la OIT.

El débil crecimiento de la productividad laboral en los países de bajos ingresos también está profundizando las desigualdades geográficas, obstaculizando el progreso hacia el trabajo decente y ralentizando la convergencia de los niveles de vida con las economías avanzadas.

Turbulencias comerciales

Sin dudas que las perturbaciones en el comercio mundial están añadiendo incertidumbre a los mercados laborales. La incertidumbre sobre las normas comerciales y los cuellos de botella en las cadenas de suministro están reduciendo los salarios de los trabajadores, especialmente en el Sudeste Asiático, Asia Meridional y Europa. No obstante, el comercio sigue siendo una fuente importante de empleo, ya que sostiene a 465 millones de trabajadores en todo el mundo, más de la mitad de ellos en Asia y el Pacífico.

El comercio puede ser un motor poderoso del trabajo decente, particularmente en los países de ingresos bajos y medios, donde los sectores vinculados a las exportaciones suelen ofrecer mejores salarios, menor informalidad y más oportunidades para mujeres y jóvenes, señala el informe. Los servicios prestados digitalmente representan ya el 14,5 por ciento de las exportaciones mundiales, y casi la mitad de todos los empleos relacionados con el comercio se concentran en los servicios de mercado.

Aunque el comercio entre economías en desarrollo ha aumentado, muchos países de África y América del Sur siguen dependiendo en gran medida de mercados fuera de la región para la mayoría de los empleos vinculados al comercio.

El Director General de la OIT subrayó la necesidad de una acción coordinada y de instituciones más sólidas para promover el trabajo decente y la justicia social, especialmente en las economías más pobres que corren el riesgo de quedarse atrás a medida que se expanden las cadenas de suministro y el comercio digital.

“A menos que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores actúen conjuntamente para aprovechar la tecnología de manera responsable y ampliar las oportunidades de empleo de calidad para mujeres y jóvenes, mediante respuestas institucionales coherentes y coordinadas, los déficits de trabajo decente persistirán y la cohesión social estará en riesgo”, afirmó Houngbo.

Recomendaciones

El informe formula algunas recomendaciones para abordar los desafíos actuales:

• Aplicar políticas que impulsen la productividad, como la inversión en competencias, educación e infraestructura.

• Abordar las brechas de género y de los jóvenes, eliminando los obstáculos a la participación y aprovechando la tecnología de manera responsable.

• Fortalecer los vínculos entre comercio y trabajo decente para que todas las regiones se beneficien de los flujos globales.

• Mitigar los riesgos derivados de la deuda, la IA y la incertidumbre comercial mediante políticas coordinadas a nivel mundial y nacional.
  

Nadie puede negar la utilidad de estos informes, ellos se basan en estadísticas, datos, cifras, elocuentes a la vez que se proponen agendas internacionales llena de ilusiones, pero siempre adolecen de la carencia un enfoque transformador de la realidad.

Pero seamos serios ya que en realidad en los oasis del capitalismo los altos índices de empleo y el aumento de la productividad, ocultan los persistentes y preocupantes déficits de trabajo decente.

Muchas personas, tal vez demasiadas sobre todo en las economías en desarrollo, (eufemismo del capitalismo marginal) o aun en las economías industrializadas, siguen sin tener otra opción que aceptar empleos con malas condiciones de trabajo que no generan ingresos estables, ni los protegen a ellos y a sus familias de la pobreza a largo plazo.

A pesar de las importantes ganancias económicas de las empresas, hay demasiados trabajadores que apenas ganan lo suficiente para sobrevivir. Cualquier crisis familiar – un accidente o muerte del sostén de la familia, la pérdida del empleo, un desastre natural, una mala cosecha, etc. – amenaza con arrastrarlos nuevamente a la pobreza extrema.

Muchas veces nos invade el sentimiento que hablar de las injusticias del capitalismo, en las multinacionales del humanismo” está prohibido, es un tema tabú. No obstante, este es el pecado original por el cual se desatan todas las catástrofes humanitarias, de un sistema condenado por la historia.

Tal vez un día será necesario ampliar el diagnóstico, ver el compromiso de su tratamiento, destacando o enfocando estas realidades desde una percepción marxista respecto a las crisis económicas en el sistema capitalista y su relación con el empleo.

Es inherente a todo sistema capitalista la existencia de periodos de auge y de depresión en sus economías. Los periodos de auge, bonanza o prosperidad derivan siempre en crisis de sobreproducción, las cuales a su vez provocan periodos de depresión o recesión de la actividad económica, con los consiguientes altos niveles de desempleo… esta es ironía del Baron de Lampedusa “ si queremos que todo siga como esta necesitamos que todo cambie ”

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Henry Boisrolin

El 3 de enero de 2026 ya entró en la historia latinoamericana y caribeña como fecha imborrable, que las generaciones futuras estudiarán sin duda alguna con atención y de manera obligatoria. No solamente los yanquis atacaron a cuarteles, barrios populares, bases militares con todo su poderío militar y tecnológico, sino también secuestraron al presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y su esposa.

Ahora, a escasos días de haber ocurrido este vil y criminal ataque perpetrado por el imperialismo estadounidense ordenado por la administración de Donald Trump, que costó la vida a un centenar de personas entre civiles y militares venezolanos y cubanos, pretender explicar todo sería, de parte mía, una imprudencia e irresponsabilidad, como así también una falta de respeto a la memoria de estos mártires.

En esta lista todavía provisoria, hace falta añadir a otras cien personas asesinadas desde setiembre del 2025 hasta la fecha por los yanquis en el mar Caribe cerca de Venezuela, pescadores en gran mayoría.

En este sentido, pienso que es el momento para rendirles un sincero homenaje a todos/as, a los militares por su valentía y haber cumplido con su deber patriótico y revolucionario. En relación a los cubanos caídos en combate desigual, enfrentando y causando serios daños al enemigo invasor, esos hijos de Martí, de Fidel y del Che, demostraron que el internacionalismo revolucionario sigue corriendo por las venas de cada cubano verdaderamente patriota. ¡Honor y Gloria a Todos!

El imperialismo: una amenaza para la vida

Luego de esta breve introducción, y en una coyuntura muy explosiva donde muchos se sienten abatidos, desorientados y abrumados por el cinismo, la arrogancia, la prepotencia y la crueldad de esos desquiciados que dirigen actualmente la Casa Blanca, me gustaría señalar que el único camino que nos queda es resistir, y luchar hasta vencer.

Afortunadamente, es el camino que emprendió desde el primer instante el pueblo venezolano, sus autoridades y sus organizaciones populares. Los objetivos fijados son claros: lograr la liberación lo más pronto posible del presidente bolivariano Nicolás Maduro Moros y de su esposa, la primera combatiente y diputada, Cilia Flores; mantener la paz interior, la gobernabilidad y funcionamiento del país, en base a launidad; y conservar la soberanía de Venezuela. Tareas complejas y difíciles, sobre todo cuando el país está cercado y atacado por una potencia militar en decadencia y herida.

Por ende, capaz de cometer cualquier locura, tal como lo acabamos de asistir durante la madrugada del 3 de enero último pasado en Venezuela. Además, para completar este comportamiento propio de un desequilibrado mental, Trump aclaró que el petróleo de Venezuela le pertenece, es decir, es de los EE.UU. A renglón seguido, dijo que ejercerá control exclusivo sobre este petróleo, y hay que excluir a la Federación Rusa, China, Irán y Cuba de Venezuela, a pesar de los acuerdos ya existentes entre la República Bolivariana de Venezuela y dichos países.

Todo tiene que ser así, según la voluntad del matón de la Casa Blanca que pretende a bombazos y misiles transformar a Venezuela en una nueva neocolonia de los EE.UU. Y sin titubear, a sabiendas que había perpetrado un ataque terrorista, navegando fuera de todo marco legal consagrado, añadió cínicamente que el derecho internacional no le interesa, solamente tiene como límite su mente y su moral. En este caso preciso, se olvidó de consignar que su moral es la de un pedófilo.

Tales delirios de Trump y de sus funcionarios, son evidentemente inadmisibles. Ahora, en caso de no surgir en los EE.UU. algunos cuerdos capaces de contribuir a detener tales comportamientos, una conflagración nuclear parece inevitable.
De paso, hace falta recordar que el accionar demencial de Trump no es novedad, es una constante en la historia de los EE.UU.

Sin remontar muy lejos, están todavía presentes en la memoria de los pueblos, las intervenciones yanquis en Irak, Libia y Afganistán, el secuestro por un comando militar estadounidense en febrero de 2004 del presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, luego el del presidente hondureño, Manuel Zelaya, en la madrugada del 28 de junio de 2009, por 200 militares hondureños encapuchados y apoyados por los EE.UU.

El genocidio en curso en Gaza que perpetra el gobierno sionista israelí dirigido por el asesino Benjamín Netanyahu desde hace poco más de dos años, apoyado totalmente por el imperialismo yanqui bajo la administración demócrata de Joseph Biden y ahora de la de Trump, constituye otro ejemplo significativo de cómo la historia de la humanidad está plagada de estas acciones políticas beligerantes y desastrosas para buena parte de la humanidad, poniendo en peligro la vida sobre la
tierra.

Ejemplos históricos contra la resignación

Es a partir de esta realidad tan peligrosa, que me atrevo a traer aquí el ejemplo de mi país, Haití. Por supuesto, como las circunstancias son diferentes no pretendo hacer traslación mecánica alguna. Sin embargo, hay un elemento que sigue siendo válido: con la resignación no es posible resistir y, mucho menos, pretender triunfar. Esto es así, pues si durante tantos siglos bajo la esclavitud, los/as esclavizados/as se hubiesen resignado, jamás hubieran podido vencer a tres imperios: el español, el inglés y el francés.

Una resistencia que empezó desde el secuestro de los/as africanos/as en su continente y que se mantuvo de distintas formas hasta la proclamación de la independencia de Haití el 1° de enero de 1804 por nuestro Libertador Jean-Jacques
Dessalines. No sólo se puso fin a la esclavitud, sino se fundó la primera república negra e independiente del mundo. Un triunfo que rompió con el orden o mejor dicho el desorden mundial en aquella época, ya que la revolución haitiana fue antiesclavista, anticolonial, antirracista, anticapitalista e internacionalista.

Un acontecimiento que fue protagonizado y dirigido por los/as propios/as esclavizados/as. Algo impensable por
parte de los fundadores y beneficiadores exclusivos de la llamada civilización moderna, eurocéntrica y occidental. La consigna: Libertad o Muerte, fue fundamental para que todos/as los/as esclavizados/as, a pesar de los sufrimientos y su aislamiento, pudieran tener claridad en una lucha tan desigual durante casi tres siglos.

Una revolución que consagró la primera y única rebelión exitosa de esclavizados/as en la historia de la humanidad. Recordando, de alguna manera, a la lucha de Zumbi do Palmares en Brasil. Éste luchó con inteligencia y coraje durante la segunda mitad del siglo XVII, como máximo líder del Quilombo do Palmares. Su resistencia a las tropas portuguesas
empezó desde 1680 aproximadamente, obteniendo victorias muy importantes hasta su muerte en una emboscada el 20 de noviembre de 1695.

Fue decapitado. Sobrino de Ganga Zumba, con su férrea resistencia a los colonialistas portugueses, Zumbi transformó los Quilombos en símbolos de lucha por la libertad de los/esclavizados/as en Brasil. Es más, a pesar de haber sido detenido y ejecutado, su ejemplo se convirtió en un homenaje a la independencia y la autonomía de su pueblo. Sin duda, es el máximo símbolo de la lucha afrobrasileña por la libertad. Lo mismo se puede decir con respecto a José Leonardo Chirinos, un zambo libre, quien se convirtió en mayo de 1795 en uno de los principales promotores de la insurrección de esclavos negros y zambos libres en las serranías de Coro en Venezuela, buscando la abolición de la esclavitud.

La historia enseña que los colonialistas ahorcaron a Chirinos en la Plaza Mayor de Caracas el 10 de diciembre de 1796. Su cuerpo fue descuartizado, su cabeza colocada en la salida hacia el camino de Coro y sus manos en la serranía. Luego su mujer e hijos fueron vendidos como esclavizados. Sin embargo, a pesar de su derrota, Chirinos representa, al igual que
Zumbi en Brasil, un símbolo de la lucha afrovenezolana por la libertad. De ahí la importancia de entender y trabajar la continuidad histórica entre las luchas de Zumbi, Chirinos y las de aquellos/as esclavizados/as en Haití.

A modo de conclusión

En base a este breve repaso histórico y otras reflexiones arriba consignadas, es indudable que hay que tener plena confianza en la capacidad de resistencia y de lucha del pueblo venezolano. Ese zarpazo del principal enemigo de los pueblos, me refiero al imperialismo estadounidense, acompañado por los sionistas israelíes, jamás podrá destruir la voluntad de todo un pueblo, como el venezolano, decidido a luchar por su libertad.

De ahí, también, la urgente necesidad de una solidaridad plena y activa no sólo en América Latina y el Caribe, sino también en el mundo entero para con el pueblo venezolano. Una solidaridad capaz de superar las necesarias declaraciones de apoyo y las movilizaciones ante las embajadas yanquis, ya que estas últimas se revelan insuficientes. Así, y sólo así, la victoria será nuestra, y habrá un antes y un después del 3de enero de 2026 a favor de la paz para todos los pueblos al poner fin también a la explotación capitalista y a los ataques imperialistas.

*Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC,) Coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina y miembro de la la RICDP

La transformación industrial de Brasil

Jayati Ghosh

A pesar de la oposición del Congreso, Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una ambiciosa política industrial destinada a aumentar la capacidad de energía renovable y expandir las capacidades de defensa interna.

1.

Para muchos en el mundo en desarrollo, Brasil es un raro rayo de esperanza en un panorama global por lo demás sombrío. Junto con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva es uno de los pocos líderes mundiales que han confrontado al presidente estadounidense Donald Trump con dignidad y cierto éxito.

Brasil logró revertir algunas de las medidas más punitivas de Donald Trump, a pesar de no tener el poder de negociación de países como China. El arancel del 40% que impuso a las exportaciones agrícolas brasileñas, por ejemplo, se redujo discretamente sin ninguna concesión por parte de Brasil. De igual manera, las absurdas sanciones estadounidenses contra el juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, quien presidió la condena del expresidente Jair Bolsonaro, fueron suspendidas sin mayor algarabía.

En un momento en que muchos gobiernos de todo el mundo están dando marcha atrás en sus compromisos climáticos, Brasil redobla sus esfuerzos en la descarbonización. Desde su regreso al poder, Lula ha intensificado los esfuerzos para frenar la deforestación y ha anunciado planes para triplicar la capacidad renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030.

Incluso en lo que muchos consideran un tercer mandato menos ambicioso, y a pesar de verse obstaculizado por una fuerte oposición en el Congreso, el gobierno de Lula impulsó varias reformas importantes. Cabe destacar que simplificó el sistema tributario brasileño y abordó algunos de sus aspectos más obsoletos, aunque aún queda mucho por hacer para que sea verdaderamente progresista.

La política industrial de Lula da Silva, lanzada a principios de 2024, marca una clara ruptura con el enfoque de mercado que ha dominado la formulación de políticas económicas recientes, ofreciendo en su lugar un programa de reindustrialización orientado a la misión y estructurado en torno a seis áreas prioritarias. Además de fortalecer las cadenas de suministro agroindustriales mediante una mayor mecanización, el programa busca aumentar la proporción de medicamentos, vacunas y equipos médicos de producción nacional en el consumo nacional, y mejorar el bienestar urbano mediante inversiones en infraestructura sostenible, saneamiento y movilidad.

El programa también busca acelerar la digitalización de las empresas productivas e impulsar las capacidades tecnológicas en sectores emergentes, así como reducir las emisiones de carbono en un 30% para fines de 2026 a través de una mayor dependencia de los biocombustibles, una estrategia que plantea sus propias preocupaciones.

Finalmente, la política industrial de Lula señala un cambio importante en la estrategia de seguridad nacional de Brasil. Para aumentar la autosuficiencia en la producción de defensa, el gobierno se ha fijado el ambicioso objetivo de producir la mitad de las tecnologías de defensa críticas del país en el país.

2.

Lula planea impulsar estas prioridades mediante una combinación de inversión pública y privada, que incluye aproximadamente R$300 mil millones (US$54 mil millones) en gasto público durante tres años. El programa de reindustrialización también se basa en compras públicas estratégicas para fomentar la producción y el suministro nacionales, junto con líneas de crédito especiales, reformas regulatorias y cambios en las leyes de propiedad intelectual.

A primera vista, las condiciones macroeconómicas parecen favorables, incluso en medio de la incertidumbre global y las presiones arancelarias de EE. UU. El desempleo ha caído al 5,4 %, la inflación ha caído por debajo del 4,5 % y Brasil mantiene un superávit comercial, incluso con un déficit por cuenta corriente cercano al 2,5 % del PIB. Además, el país prácticamente no tiene deuda en moneda extranjera.

Aun así, muchos economistas siguen siendo profundamente pesimistas sobre las perspectivas económicas de Brasil. En una reciente conferencia económica en São Paulo, pocos creían que la desindustrialización prematura que ha marcado la economía brasileña en las últimas décadas pudiera revertirse.

Este pesimismo tiene mucho menos que ver con las condiciones externas que con la política monetaria y fiscal. La tasa de interés de referencia de Brasil, la tasa Selic, se encuentra entre las más altas del mundo, con un 15%, y esa es solo la tasa base de la que se derivan las demás tasas de interés. La tasa de interés real del país, del 9,4%, es la segunda mejor después de la de Turquía. Dada la dificultad de imaginar un proyecto de inversión privada viable a estos niveles, no sorprende que la tasa de inversión de Brasil se haya mantenido persistentemente baja, en torno al 18% del PIB.

Las altas tasas de interés persisten no porque sean económicamente racionales, sino debido a decisiones políticas. Desde principios de la década de 2000, sucesivos gobiernos progresistas han forjado un pacto fáustico con la banca privada y los inversores financieros, tolerando rentabilidades excepcionalmente altas a cambio de la estabilidad política y financiera necesaria para implementar políticas sociales progresistas limitadas.

El hecho de que una parte significativa de la deuda pública brasileña esté en manos de no residentes, aunque esté denominada en reales, intensifica aún más los temores de fuga de capitales.

3.

Ante el escaso control sobre los flujos transfronterizos de capital, la política cambiaria se utiliza a menudo para contener la inflación, limitando la presión sobre los precios de importación. Sin embargo, la combinación de altas tasas de interés y apreciación monetaria también erosiona la competitividad de las empresas brasileñas y desalienta precisamente el tipo de inversión productiva que la nueva política industrial del gobierno pretende estimular.

Las altas tasas de interés también suponen una pesada carga para las finanzas públicas. El pago de intereses de la deuda representó entre una cuarta parte y una tercera parte del gasto público total en la última década, una proporción extraordinariamente alta, sobre todo considerando que la deuda pública brasileña, cercana al 85% del PIB, es modesta según los estándares internacionales.

Brasil destina actualmente alrededor del 6% de su PIB al servicio de su deuda, más que cualquier otro país del G20. En contraste, Japón, con una deuda pública del 252% del PIB, gasta solo el 0,1% del PIB en intereses, mientras que incluso Argentina, bajo presión por la deuda —cuya deuda representa el 154% del PIB—, paga solo el 2,4%.

Estas restricciones autoimpuestas no son simplemente resultado de acuerdos políticos. También reflejan las limitaciones a la autonomía política interna que conlleva la exposición a los mercados globales de capital. En este sentido, Brasil ofrece otro ejemplo revelador de cómo la globalización financiera ha socavado los objetivos de desarrollo de los países de ingresos medios.

*Profesora de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst .

Argentina for sale: 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Comparable a las dimensiones de Inglaterra o a las de la provincia de Santa Fe. Esa es la extensión de territorio nacional en manos de capitales extranjeros: 13 millones de hectáreas, de las cuales 2,7 millones pertenecen a estadounidenses, los principales propietarios.

“Si miramos el mapa se ve que los puntos rojos están ubicados sobre todo en la Cordillera, en zonas donde hay minerales críticos, tierras raras, espejos de agua muy importantes, acceso a recursos muy sensibles para la población, en las zonas fronterizas tanto en el NOA como en el NEA y en la Cuenca del Río Paraná, que es la principal vía fluvial de la Argentina. Entonces, están ubicados en zonas bastante estratégicas en términos de soberanía nacional”, explicó el investigador del Conicet del Observatorio de Tierras, Matías Oberlin

El fenómeno se llama de extranjerización de la tierra y comenzó en la década del ‘90, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, y se profundizó hasta la aprobación y aplicación de la Ley de Tierras en 2011, una norma que limitó la compra del territorio a capitales extranjeros al 15 por ciento de manera no reatroactiva y creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, de donde salieron los datos del mapa elaborado por los científicos del Conicet, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Quilmes.

El ejemplo más conocido es el del magnate y empresario británico Joe Lewis en Lago Escondido, pero, a raíz de la convulsionada agenda geopolítica, el fenómeno podría leerse también a la luz del ingreso ilegítimo de Estados Unidos a Venezuela y la aplicación de la Doctrina Monroe.

“El mapa tuvo muchísima repercusión, sobre todo a partir de los incendios en el sur del país, en Río Negro y Chubut. Lo que hace es poner a disposición de la comunidad, del ciudadano de a pie, de las personas que diseñan política pública y de las personas que tienen que aprobar o derogar leyes, como diputados y senadores, información concreta respecto de la extranjerización de la tierra”, detalló Oberlin

Sin embargo, el control sobre el territorio nacional está en retroceso porque las mediciones de las áreas públicas que hacían relevamientos fueron desarmadas al inicio del gobierno de Javier Milei.

“Esos datos hay que tomarlos con pinzas. Además, durante la gestión de (Mauricio) Macri se modificó la forma en que se toma la extranjerización de la tierra, lo que complica poder analizar si se fue profundizando o no”, advirtió el investigador del Conicet.

El gobierno sostiene en su página oficial que ninguna provincia excede el límite del 15%. Entonces ¿porqué se esfuerza tanto en derogar la ley? En superficie esto supera los 13 millones de hectáreas, el equivalente a la extensión de Inglaterra. Pero el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante: la verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación d cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero.

En cuanto a las nacionalidades de los principals poseedores d tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses con más de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España. Estas tres nacionalidades concentran casi la mitad de toda la tierra extranjerizada.

La derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional: lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o sentadas sobre acuíferos que abastecen hoy a millones de personas. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y a la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana. miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero.

Basado en https://observatoriodetierras.blogspot.com/2025/12/la-extranjerizacion-de-tierras-en.html, pero no textual

Trump vs. Trump: un cambio en el vector petrolero Venezuela-EU

Misión Verdad

Recientemente el gobierno de Donald Trump anunció la venta de petróleo venezolano a refinadores estadounidenses, por el orden de unos 30 y 50 millones de barriles de crudo, aunque sin especificar en qué lapso de tiempo se realizarían esos despachos.

También trascendió en medios internacionales el aparente envío de 11 buques a Venezuela, por parte de la estadounidense Chevron, a fin de cargar crudos venezolanos con destino a Estados Unidos.

Estos anuncios se realizan posteriormente a los eventos acaecidos el 3 de enero de este año, cuando Estados Unidos realizó ataques masivos en suelo venezolano y secuestró al presidente Nicolás Maduro.

Trump, durante su presentación a la prensa en la mañana del secuestro del primer mandatario venezolano, repitió la palabra «petróleo» unas 27 veces, señalando el replanteamiento de la relación energética entre Washington y Caracas mediante inversiones y «control» del flujo del crudo venezolano, el cual iría ahora hacia Estados Unidos.

En recientes declaraciones, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que las acciones obedecían al interés estratégico de su país. También alegó en concreto «expulsar» de Venezuela a Irán y Hezbolá, al señalar que supuestamente eran beneficiarios del petróleo venezolano.

El funcionario enfatizó como uno de los principales «problemas» el hecho de que Venezuela ha vendido su petróleo «a los adversarios de Estados Unidos».

La administración de Donald Trump se ha referido a China y Rusia como actores clave en el negocio petrolero venezolano en detrimento de su propio país.

Cambio de forma, mas no de fondo

Washington ha planteado ahora, desde una perspectiva mediada por el uso de la fuerza, un nuevo escenario en el relacionamiento energético con Caracas. Pero lo anuncian con la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez en la primera magistratura, sin consolidar un cambio de régimen en el país.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, este nuevo contexto sugiere un cambio profundo en el manejo, tanto en lo narrativo y en lo metodológico del vector energético, el cual es el principal factor denominador de las relaciones entre ambos países.

En lugar de conseguir un acuerdo con el gobierno venezolano en los últimos meses, la Casa Blanca ha preferido el políticamente costoso secuestro del presidente Maduro, para ejercer una nueva presión que desemboque en el acceso «total» de Estados Unidos a los crudos venezolanos.

Trump ha impuesto un estilo de «negocios» abiertamente imperialista, neocolonial y basado en el uso de la fuerza. En sus declaraciones, su estilo se erige sobre un nuevo tipo de presión e intimidación absoluta sobre el gobierno venezolano. Todo a cambio de nuevo suministro petrolero a Estados Unidos.

Cambian las formas, mas no el fondo.

Desde su lógica y estilo de hacer política y propaganda, Trump parece preferir imponer su política en lugar de concertarla.

Trump ahora apunta contra su propia política

Es importante destacar que el andamiaje narrativo de Trump se construyó sobre el alegato de que Venezuela ofrecía sus productos a los adversarios estadounidenses, en detrimento de los intereses estadounidenses. Una afirmación bastante débil.

En realidad, el registro de hechos sugiere que fue Washington, y especialmente el mismo Trump, el que implosionó durante años la relación energética con Venezuela.

Según los datos de la U.S. Energy Information Administration (EIA, por sus siglas en inglés), en el año 2005 Venezuela ofrecía a Estados Unidos la cuenta de 1 millón 300 mil barriles de petróleo al día (bpd). En cambio, para el año 2025, se despacharon apenas 145 mil bpd, según la misma fuente.

La baja en la cuenta de suministro obedeció a diversos elementos combinados, referidos a continuación.

Tendencias de descenso del suministro de crudos fueron delineadas por decisiones en Washington (Foto: Franco Vielma)

En el año 2007, las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips decidieron no participar en el proceso de re-nacionalización de las operaciones en los yacimientos petroleros venezolanos, especialmente en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El Gobierno Bolivariano y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) implementaron un esquema de empresas mixtas que otorgaba lugar a las transnacionales mediante una asociación no mayoritaria en los yacimientos venezolanos, dando a nuestro país el control administrativo y operacional de los campos petroleros.

En ese contexto, Chevron decidió permanecer en Venezuela, manteniendo una relación que sigue vigente hasta el presente, siendo la empresa que ha garantizado el suministro de crudo venezolano a diversas compañías refinadoras estadounidenses.

El retiro unilateral de ExxonMobil y ConocoPhillips desembocó en la judicialización del Estado ante diversas instancias internacionales. Esto, pese a que el proceso de expropiación de los activos de esas empresas se ejecutó conforme a las leyes venezolanas y los montos de la transferencia de bienes se realizaron oportunamente.

Para entonces, el gobierno venezolano catalogó esos litigios como maniobras políticas con el fin de afectar el relacionamiento internacional de PDVSA y aumentar el riesgo de los petrobonos emitidos por la estatal. A diferencia de Chevron, esas transnacionales se convirtieron en actores abiertamente hostiles a las políticas soberanas de Venezuela.

Desde entonces, los campos que estaban bajo control de ExxonMobil y ConocoPhillips fueron concesionados a favor de empresas chinas. Esto se tradujo en una captación progresiva de crudo venezolano por parte de la nación asiática, lo cual implicó un descenso en los despachos a Estados Unidos.

Desde 2009 hasta 2013, Estados Unidos seguía siendo el principal destino de las exportaciones de petróleo desde Venezuela. Pero esta situación comenzó a cambiar desde 2014, cuando el Congreso estadounidense y el gobierno de Barack Obama construyeron las bases para el desarrollo de sanciones ilegales contra Venezuela con fines de bloqueo económico, comercial y financiero.

Obama declaró a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad» de su país. Esta medida detonó el repliegue de diversos clientes en suelo estadounidense.

Diversas refinadoras comenzaron paulatinamente a degradar la compra de crudo venezolano, sustituyendo primeramente el flujo de crudos livianos. Luego, incrementaron su relación con otros proveedores como Canadá y México para mitigar los riesgos a mediano plazo ante el posible advenimiento de sanciones directas.

En el año 2017, Donald Trump 1.0 emitió la primera batería de sanciones directas contra PDVSA, excluyendo tanto a la estatal como a Venezuela del circuito internacional de financiamiento.

Trump también congeló el envío a Venezuela de las ganancias de Citgo Petroleum Corporation, empresa venezolana radicada en Estados Unidos que posee tres refinerías principales (Illinois, Luisiana y Texas) y una extensa red de más de 5 mil estaciones de servicio en dicho país.

Las medidas de ese año se tradujeron en un corte brusco del financiamiento, la inversión y el flujo de caja de PDVSA.

En ese contexto, Venezuela optó por incrementar sus relaciones con China, disminuyendo el flujo petrolero hacia Estados Unidos, ante un claro contexto de hostilidad regido por sanciones ilegales.

Durante esos años, India también se posicionó como otro importante destino de los crudos venezolanos, siendo el tercer cliente más importante de Venezuela, luego de China y Estados Unidos respectivamente.

En 2015, Venezuela despachaba en promedio unos 735 mil bpd a Estados Unidos; en 2019 la cuenta bajó a unos asombrosos 148 mil bpd. Lo cual puede explicarse claramente por las medidas coercitivas de la administración Trump en 2017.

Pese al contexto, Chevron junto con PDVSA seguían realizando despachos desde Venezuela hacia Estados Unidos.

Pero en 2019 Trump recrudeció su política, vetando toda compra de crudo venezolano y llevando el bloqueo y la política de sanciones ilegales a su máxima expresión.

Para los años 2020 y 2021, la EIA registró en cero (0) los despachos de crudo hacia Estados Unidos.

Durante la administración de Joe Biden, Washington decidió virar parcialmente su política de sanciones. Esto se originó por las serias distorsiones en las cadenas de energía y materias primas a causa de las sanciones estadounidenses contra Rusia.

La empresa Chevron, así como otras proveedoras estadounidenses de servicios a campos, recibieron licencias que les permitieron trabajar con los productos venezolanos.

Lo que permitió que se alcanzara un nuevo cenit de suministro de crudos hacia Estados Unidos por el orden de los 227 mil bpd en promedio durante 2024.

Sin embargo, nuevamente, el despacho sufrió una abrupta y nueva caída, luego del ascenso de Donald Trump 2.0. En 2025, la EIA registró un suministro de 145 mil bpd.

Estos datos sugieren que las decisiones que han deteriorado la relación energética entre ambos países se originaron en Washington, no en Caracas.

Aunque el gobierno estadounidense refiere ahora relanzar los envíos de crudo venezolano bajo una denominación de fuerza y pretendido tutelaje a las actividades del país latinoamericano, hay un elemento ineludible: Washington sugiere revertir la propia política de bloqueo sistemático que construyó estos años sobre Venezuela.

Trump refiere que la venta de crudo venezolano «a precio de mercado» facilitará un beneficio mutuo para Venezuela y Estados Unidos.

Sobre el beneficio tangible para Venezuela, eso está por determinarse, dado que la autoridades nacionales mediarán los negocios en un contexto de gran presión y buscando el máximo beneficio nacional posible en este contexto.

Si bien el gobierno venezolano ha dado un importante espacio estratégico a los países emergentes como clientes y destino de las exportaciones energéticas venezolanas por ser factores de la demanda energética global, también es un hecho que Venezuela (hasta que Trump lo impidió) reconoce a Estados Unidos y a la región latinoamericana y caribeña como un enclave esencial para colocar sus productos por considerar al continente como un espacio comercial natural.

Venezuela ha apostado a su propio beneficio relacionándose en múltiples bandas y actores de la geopolítica internacional. Por lo que uno de los desafíos de la presidenta Delcy Rodríguez es sostener y canalizar la confluencia de intereses diversos en un contexto de gran presión.

Pero es un hecho que el petróleo venezolano, como un producto que brinda beneficios a Estados Unidos, fue algo que el mismo Trump negó a su país hace casi nueve años, desde que desplegó su errática y costosa senda de sanciones y presiones agresivas.

El registro de hechos recientes sugiere que Trump apunta ahora contra la política de Donald Trump.

Este 7 de enero, PDVSA informó que estaba en curso una negociación petrolera con Estados Unidos. La estatal aludió a los vínculos comerciales existentes entre ambos países y que esta transacción «estrictamente comercial» se realizaría «bajo esquemas similares con empresas internacionales como Chevron».

La empresa mencionó en un comunicado su interés de construir alianzas basadas en el «beneficio para ambas partes», ratificando su interés en contribuir a la estabilidad energética global.

El desglose a detalle de los nuevos acuerdos estaría por aclararse. Se trata de eventos en desarrollo que podrían traducirse en un cambio significativo del actual esquema de relación energética comercial entre ambos países, a pesar del continuo cerco sobre Venezuela y el secuestro del presidente Maduro.

Desmembrar y (mal) vender Petroperú

Alejandro Narváez Liceras (*)

La promulgación del D.U. 010-2025 y publicado “entre gallos y medianoche” por el Poder Ejecutivo marca un punto de inflexión en la política energética y empresarial del Estado peruano. Bajo el argumento de “reestructuración”, “eficiencia” y “sostenibilidad fiscal”, el decreto habilita una serie de medidas que abre el camino al desmembramiento y posterior venta (mal venta) de los activos estratégicos de Petroperú, la “última joya de la corona”, es decir, lo más valioso, lo más importante que nos queda a los peruanos.

Este D.U. 010-2025 no busca rescatar ni fortalecer a Petroperú, sino -sin titubeos- fragmentarlo, trocearlo, dividirlo, para facilitar su liquidación parcial o total, en condiciones desfavorables para el Estado. Mi análisis en una primera y rápida aproximación, se centra en los efectos económicos, sociales, institucionales y laborales de la norma, así como sus consecuencias de largo plazo para la soberanía energética y el interés público.

El contenido del D.U. 010-2025

Aunque el decreto se presenta como una herramienta de emergencia para “ordenar” la situación financiera de Petroperú, su arquitectura normativa revela un objetivo distinto: separar activos, aislar pasivos y preparar unidades de negocio para su venta. Entre los elementos más preocupantes destacan:

• La transferencia de activos operativos a vehículos especiales o esquemas de gestión privada.
• La priorización del pago a acreedores financieros, por encima de objetivos productivos o estratégicos.
• La reducción del rol del Estado como operador directo, transformándolo en un mero garante de deudas.

En términos económicos, se trata de un clásico proceso de asset stripping (despojo de activos): se conservan las pérdidas en el balance público y se privatizan los activos con mayor valor económico, usualmente a precios deprimidos o coloquialmente hablando “a precio de huevo”, es decir, por debajo de su valor real. Esta la esencia del decreto.
Costos económicos: vender en crisis es mal vender

Desde el punto de vista económico, el D.U. 010-2025 implica una transferencia de valor desde el Estado hacia el sector privado. Petroperú atraviesa una situación financiera difícil, – falta de capital de trabajo-, es evidente, pero cuenta con activos estratégicos de alto valor, como la Nueva Refinería de Talara – con vida útil económica estimada de 70 años-, la refinería de Iquitos y Conchan, el Oleoducto Norperuano (ONP), actualmente operativo, la red de plantas de venta en todo el territorio nacional, una red de 717 grifos asociados a la marca de Petroperú, una cuota de mercado del 30% a nivel nacional, etc.

Vender o concesionar estos activos en un contexto de urgencia fiscal, presión política, bajo un gobierno de transición y lo más grave, sin un análisis costo- beneficio de una decisión de capital importancia es un graso error y pésimo negocio para el país. Aceptar precios inferiores a su valor real de largo plazo golpeará a las finanzas públicas, ya que finalmente, el Estado asumirá pasivos de corto y largo plazo de la empresa de cerca de 8 mil millones de dólares al 30 de setiembre de 2025. La experiencia peruana e internacional demuestra que las privatizaciones en contextos de crisis o supuestas crisis suelen generar pérdidas patrimoniales cuantiosas para el Estado.

Además, la fragmentación de Petroperú debilita su capacidad de generar economías de escala, afectando la competencia en el mercado de combustibles y aumentando la dependencia de importaciones, con impactos directos sobre la balanza comercial y la inflación.

La privatización o gestión externalizada de bloques lucrativos disminuiría los ingresos fiscales futuros: dividendos, impuestos corporativos, regalías y utilidades que Petroperú genera como operador mayorista. La política fiscal futura del país, especialmente en un contexto de restricciones presupuestales, se vería afectada si una parte sustancial de los activos productivos queda bajo control privado.
La creación de fideicomisos, contratos fiduciarios y estructuras complejas de administración patrimonial genera costos financieros y transaccionales elevados que no están cuantificados en el decreto. Estos gastos —sumados a las comisiones de ProInversión de 144 millones de soles y honorarios técnicos especializados— reducirán aún más el valor neto obtenido por el Estado.

Costos sociales: territorios más vulnerables

Petroperú no es solo una empresa, es un actor económico clave en regiones históricamente postergadas. Su retiro o debilitamiento tendría efectos sociales inmediatos, especialmente en la Amazonía (Loreto, Ucayali y Madre de Dios).

Petroperú cumple funciones que la empresa privada no asume, como la venta de combustibles en la amazonia peruana por mandato de la Ley de Promoción a la Inversión en la Amazonia No. 27037 – 1999 que exonera la recuperación del IGV y el ISC por la venta de gas natural y combustibles, que en promedio representa en torno a 660 millones de soles sólo en el 2025 monto no recuperados por Petroperú.

Asimismo, mantiene infraestructura crítica como el ONP y la articulación con economías locales en todo el territorio nacional. El D.U. 010-2025 ignora estos costos sociales, reduciendo el análisis a una lógica puramente contable.

La experiencia peruana demuestra que la retirada del Estado en sectores estratégicos incrementa la desigualdad territorial y la conflictividad social, particularmente en zonas vinculadas a la actividad extractiva (Bebbington et al., 2018).

Costos institucionales

En el plano institucional, el decreto consolida una narrativa peligrosa: que el Estado es incapaz de gestionar empresas, y que la única salida posible es la privatización. Esta visión interesada omite deliberadamente los problemas reales: captura política, mala gobernanza, directorios inestables y ausencia de planificación de largo plazo y de política energética.

En lugar de corregir estas fallas estructurales, el D.U. 010 -2025 opta por desmantelar la empresa, debilitando la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos clave. Cuando en el mundo los países emergentes y desarrollados están fortaleciendo sus empresas públicas estratégica de energía, comunicaciones, y de otros rubros (véase México, Brasil, Colombia, Chile) en el Perú ocurre lo contrario.

Ello erosiona la credibilidad institucional y refuerza la percepción de un Estado peruano subordinado a intereses privados de corto plazo.

La intervención de ProInversión, que pasa de ser agencia promotora a autoridad decisoria en el proceso de reorganización patrimonial, modifica la gobernanza tradicional de Petroperú y transfiere poder decisorio —sin contrapeso legislativo explícito— a un organismo técnico con fines de promoción de inversión. Esto puede generar un déficit de control democrático, ya que decisiones estratégicas de unidades productivas se adoptarían sin el escrutinio suficiente del Congreso o los órganos de control.

Impacto laboral: precarización y pérdida de capital humano

Uno de los efectos más inmediatos del decreto recae sobre los trabajadores. El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de “optimización”. El costo de la planilla para el 2025 es de 128 millones de dólares que representa apenas el 3.77% del total de ingresos, y representa el 3.49% de los costos y gastos (véase EEFF auditados e informes a la SMV).

Más allá del impacto social, esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas. Petroperú fue y sigue siendo la cantera de otras empresas del sector. La fragmentación institucional rompe equipos técnicos, debilita la memoria organizacional y reduce la capacidad del país para gestionar su propio sector energético.

El decreto obliga al Directorio de Petroperú a aprobar una nueva estructura orgánica y medidas de reconversión y reducción de personal en plazos muy breves, apoyado por un aporte de capital estatal de 240 millones de soles para dicho fin.

La reorganización interna y reducción de personal generará despidos masivos, con la consecuente pérdida de empleo para miles de trabajadores. Dado que Petroperú emplea a varios miles, una reducción del 30-40% significaría un impacto social profundo en trabajadores, sus familias y economías regionales donde la empresa es un actor central.

Como señala la OIT (2021), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo.

Hipótesis crítica: una decisión política, no técnica

El D.U. 010-2025 no es el resultado inevitable de una crisis financiera, sino es indiscutiblemente una decisión política. Existen diversas alternativas: reestructuración organizacional ordenada, reperfilamiento de las deudas, mejora de la gobernanza, auditorías independientes, alianzas estratégicas con privados sin pérdida de control estatal, entre otras. Pero, ninguna de ellas fue tomada en cuenta.
La urgencia invocada por el Ejecutivo funciona como coartada para imponer una agenda que, en condiciones normales, enfrentaría mayor resistencia social y política -no se descarta que ello ocurra-. En este sentido, el decreto responde más a una lógica de shock que a un plan de desarrollo energético nacional.

Conclusiones

El D.U. 010-2025 no apunta a rescatar Petroperú, sino a desmembrarlo y venderlo en condiciones desfavorables para el Estado peruano. Sus efectos económicos, sociales, institucionales y laborales configuran un escenario de pérdida de soberanía energética, debilitamiento del Estado y transferencia abierta de recursos o activos públicos al sector privado. En el mundo entero las empresas públicas estratégicas de energía están siendo fortalecidas y ampliadas, en el Perú ocurre exactamente lo contrario. Podría ser calificado como una traición a la patria y privatización de nuestra soberanía.

Finalmente, más que una solución, el decreto profundiza el problema. Petroperú requiere reforma, no liquidación. Requiere gobernanza, no fragmentación, requiere visión estratégica, no urgencia fiscal. Persistir en esta ruta implicará costos que el país pagará durante décadas. No olvidar. Décadas.

* Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ExPresidente de Petroperú y actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La batalla por las semillas en Latinoamérica: avanza el cerco legal

GRAIN

Cada vez más, el avance corporativo se disfraza de protección legal. Bajo leyes que supuestamente resguardan la semilla, se abren puertas para su registro, certificación o privatización. Frente a ese cerco, los pueblos indígenas y rurales sostienen sus semillas como si fueran un territorio vivo. Lo que está en juego no es solo la agricultura, sino un pilar esencial de las sociedades latinoamericanas.

Las discusiones actuales sobre propiedad intelectual y tratados de libre comercio no hacen sino actualizar una estrategia persistente: los intentos del agronegocio por apropiarse de las semillas mediante normas o leyes que regulan su circulación, su venta y su uso. En la coyuntura reciente, estos mecanismos han recuperado fuerza con compromisos internacionales que reconfiguran el sistema agrícola en beneficio de la industria.

Durante años, distintos gobiernos han promovido disposiciones que, bajo la promesa de “ordenar” la comercialización de semillas, han terminado afectando las prácticas tradicionales de quienes trabajan la tierra. Al introducir criterios de control sobre variedades vegetales y procedimientos de manejo, estas disposiciones consolidan un escenario que favorece a las corporaciones y reduce el margen para el uso, la conservación y el intercambio campesino de semillas.

En paralelo, organizaciones campesinas e indígenas han impulsado iniciativas de leyes o normativas destinadas a resguardar sus saberes y garantizar el uso libre de las semillas. Sin embargo, varias de estas propuestas se alejan de las dinámicas reales del campo, ya sea por diseños técnicos poco adecuados o por no incorporar plenamente las necesidades de quienes sostienen la diversidad agrícola.

La arquitectura legal del control

Buena parte de este cerco se sostiene en legislaciones moldeadas por los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Este marco limita el derecho campesino a guardar, reutilizar e intercambiar semillas, y amplía los derechos de quienes reclaman “propiedad” sobre nuevas variedades. A ello se suman los regímenes derivados del Tratado sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés), que autorizan patentar variedades vegetales y tecnologías agrícolas, reforzando la dependencia de las comunidades respecto a la industria.

Los tratados de libre comercio profundizan esa tendencia. En varios países latinoamericanos, la firma de acuerdos con Estados Unidos o la Unión Europea ha ido acompañada de presiones para adoptar UPOV 91 o implementar sistemas de patentes para variedades vegetales. Más recientemente, los Emiratos Árabes Unidos han replicado esas presiones en países del sur global. En conjunto, estas normas imponen derechos de obtentor, reglas rígidas para la comercialización y mecanismos que chocan frontalmente con las prácticas campesinas.

El caso de Chile muestra esa tensión con especial claridad. En 2024, una resolución que buscaba reconocer oficialmente las semillas tradicionales terminó incluyendo criterios que restringían el intercambio y la comercialización comunitaria. Las modificaciones introducidas en el proceso legislativo favorecieron a empresas semilleras y otorgaron al Ministerio de Agricultura potestad para regular la cantidad de semillas que podían intercambiarse. Para organizaciones como Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), esto significaba una amenaza directa a sus sistemas de semillas y una vía encubierta para impulsar la adhesión a UPOV 91. La presión social logró que la resolución fuera finalmente derogada.

Esta experiencia ilustra cómo las exigencias burocráticas —registro obligatorio, normas de almacenamiento o procedimientos uniformes— pueden convertirse en barreras que obstaculizan las prácticas que mantienen viva la agrobiodiversidad. Pero también revela otro aspecto central: el avance corporativo no es inevitable. En distintos países, la movilización campesina e indígena ha logrado frenar normas que buscaban obligar al registro de semillas o restringir su circulación. Allí donde esas luchas han sido sostenidas, la privatización ha encontrado límites y las comunidades han defendido su derecho a usar, multiplicar e intercambiar sus semillas.

El avance corporativo y la resistencia campesina

Un ejemplo paradigmático de la presión corporativa se dio en Honduras en 2012, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Protección de Obtenciones de Vegetales. Detrás de esta iniciativa estuvieron cámaras empresariales vinculadas al agronegocio y a la industria semillera, así como empresas transnacionales que operan en la región —entre ellas corporaciones del sector como Monsanto (hoy parte de Bayer), Syngenta o Cargill— interesadas en expandir regímenes de propiedad sobre las semillas. La legislación restringía el derecho de las personas agricultoras a guardar, compartir o intercambiar sus semillas, lo que provocó un rechazo social inmediato. Organizaciones campesinas como la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE) sostuvieron una lucha de más de una década hasta lograr que la norma fuera finalmente declarada inconstitucional.

La derogación de esta ley no fue un hecho aislado. Respondió a años de resistencia encabezada por ANAFAE y otras organizaciones campesinas, que denunciaban que “La Ley Monsanto vulnera la Constitución porque limita el desarrollo de la población. En un país donde muchas familias dependen de lo que cultivan para subsistir, este tipo de leyes nos condenan al hambre”. [1]

La Corte Suprema confirmó esta preocupación: determinó que el Decreto Nº 21-2012 atentaba contra la soberanía nacional, los derechos de las comunidades campesinas y el derecho a la alimentación. También concluyó que el Convenio UPOV —base de la normativa— contravenía principios constitucionales esenciales, como el derecho a la vida, a la dignidad humana, a una vida digna, a la alimentación y a la salud. A pesar de este fallo y del esfuerzo de las organizaciones campesinas, el Congreso, respaldado por corporaciones del sector, intenta nuevamente reactivar la denominada “Ley Monsanto”.

Lo que ocurrió en Honduras no fue un caso aislado: marcó el comienzo de una ola de iniciativas legislativas que recorrieron América Latina con la misma fórmula: propiedad intelectual, registros obligatorios y criminalización del intercambio, casi siempre impulsadas por las mismas empresas transnacionales.

En Ecuador, varias organizaciones criticaron la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura, aprobada en 2017, porque no garantizaba el derecho de los pueblos indígenas y campesinos a usar e intercambiar sus semillas. La norma buscaba crear un sistema nacional de registro de semillas y, además, limitaba el derecho a guardar, transportar e intercambiar semillas según sus criterios culturales y formas de manejo tradicionales. La Ley también fue cuestionada por intentar permitir la introducción de semillas transgénicas para fines experimentales, algo prohibido constitucionalmente por el artículo 401 de la Constitución.

Una preocupación similar estalló en Guatemala, donde las comunidades indígenas llevan manifestándose varios años para exigir que el gobierno descarte una propuesta de ley basada en los lineamientos de UPOV 91. Estas protestas se han convertido en el eje de una huelga nacional que cuestiona las políticas gubernamentales. Los pueblos indígenas y el campesinado, junto con aliados de la sociedad civil, han organizado movilizaciones y encuentros en los que denuncian que dicha ley vulnera sus derechos al no haber sido sometida a una consulta libre, previa e informada. También advierten que representa una amenaza para los sistemas alimentarios ancestrales, la soberanía alimentaria y la continuidad de las prácticas tradicionales campesinas e indígenas.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei intentó incluir en su propuesta de “Ley Ómnibus” una cláusula (Artículo 241) para adherir a UPOV 91. La iniciativa contó con el respaldo de transnacionales semilleras como Bayer, Syngenta, Corteva y BASF. El artículo buscaba impedir que las agricultoras y los agricultores —incluidos los grandes productores de soja, un sector con gran influencia en el país— reutilizaran sus semillas, ampliando así el control corporativo sobre las cosechas y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. La respuesta fue un amplio movimiento social que logró derrotar la propuesta y eliminar el Artículo 241.

El 24 de enero de 2024, una huelga y movilización nacional liderada por las principales centrales sindicales reunió a cerca de cinco millones de personas. UPOV 91 fue uno de los puntos centrales de la protesta, que consiguió frenar la ley. Sin embargo, la lucha continúa, pues el gobierno mantiene su intención de presentar un nuevo proyecto para restringir el derecho de las agricultoras y los agricultores a conservar y utilizar semillas libremente.

En el caso chileno, la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos se ha convertido en una herramienta de presión para que el gobierno ratifique la adhesión al UPOV 91 e incremente la protección para las empresas semilleras. Actualmente, organizaciones sociales han rechazado la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11 o CPTPP), ya que también incluyen obligaciones para que el país adopte UPOV 91. Advierten que esto amenaza la recuperación y protección de la semilla campesina al facilitar el registro corporativo y criminalizar el libre intercambio de semillas.

En Bolivia, durante 2025, organizaciones campesinas e indígenas rechazaron la adhesión del país a UPOV 91.Consideran que las restricciones y los mecanismos de privatización que promueve este convenio vulneran sus derechos y comprometen la soberanía alimentaria. La protección de las semillas nativas, sostienen, es un pilar de su identidad y de las prácticas culturales que sostienen la vida comunitaria.

La preocupación se ha extendido a escala regional. En mayo de 2024, organizaciones campesinas y de la sociedad civil de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Ecuador se reunieron en Costa Rica “por la defensa de las semillas y el maíz”. Allí compartieron experiencias y acordaron acciones comunes para enfrentar el creciente control que las transnacionales buscan imponer sobre las semillas y otros materiales de reproducción mediante la propiedad intelectual, las leyes de comercialización y diversas normativas. Las delegaciones denunciaron específicamente los tratados de libre comercio y las leyes UPOV, a las que consideran una amenaza de extrema gravedad para sus comunidades.

Ese mismo impulso atraviesa hoy a toda la región: el campesinado latinoamericano sostiene diversas formas de resistencia frente a los intentos de privatizar y controlar las semillas, y denuncia estas regulaciones como amenazas directas a la agrobiodiversidad y a su autonomía.

Tabla 1: Países de América Latina, leyes de semillas y su estado de adhesión a UPOV

Elaboración: GRAIN. Fuente: Legislaciones nacionales vigentes de cada país y UPOV

El riesgo de legislar la semilla campesina

En los últimos años, organizaciones sociales de países como Guatemala y Perú han promovido proyectos de ley orientados a “proteger” las semillas nativas o criollas y garantizar su libre uso e intercambio. Aunque estas iniciativas parten de una preocupación legítima, pueden convertirse en un riesgo para las comunidades. Las normas que buscan resguardar las semillas pueden ser reinterpretadas, modificadas o capturadas por actores del agronegocio, que encuentran en el lenguaje legal vías para favorecer sus intereses.

En Perú, el Grupo Impulsor de Semillas Nativas (Grisen) presentó el Proyecto de Ley N.° 11521, cuyo propósito central es proteger los sistemas tradicionales de semillas nativas y salvaguardar el conocimiento ancestral y la agrobiodiversidad. A pesar de ello, el texto contiene aspectos problemáticos. El artículo 5 establece una definición restrictiva de “Sistemas Tradicionales de Semillas Nativas”, lo que podría dejar fuera otras prácticas de conservación e intercambio. El artículo 11 introduce mecanismos de registro que, de aplicarse con criterios técnicos o comerciales ajenos al mundo rural, podrían limitar el intercambio libre. A esto se suma que el artículo 13 concentra en el Estado la facultad de distribuir semillas nativas, asignando a las comunidades un rol meramente receptor.

En Brasil existen tres marcos legales distintos que regulan las semillas y la propiedad intelectual: (1) la Ley de Cultivares, inspirada en UPOV; (2) la Ley de Semillas y Plántulas junto con su reglamento; y (3) las disposiciones sobre patentes de secuencias genéticas derivadas de los TRIPS, adoptadas en el marco de la OMC, lo que permitió lapatentabilidad de semillas transgénicasa través de la Ley de Propiedad Industrial N.° 9.279/1996.

Desde 2003 está vigente la Ley de Semillas y Plántulas y el Sistema Nacional de Registro de Semillas y Plantas, los cuales establecen normas para la producción, comercialización y certificación de semillas. El Decreto N.° 10.586, promulgado en 2020, junto con normativas posteriores, introdujo cambios relevantes, como la exención de registro para las semillas tradicionales destinadas al uso propio y la autorización para que los agricultores reserven hasta el 10% de sus semillas para la siembra. Estas reformas fueron impulsadas principalmente por la movilización de organizaciones campesinas. Sin embargo, “es una ley contradictoria, pero hasta ahora ha servido a algunas organizaciones campesinas, debido a las excepciones para las semillas criollas y agricultores familiares”.[2]

Estas excepciones han permitido que el intercambio de semillas entre comunidades campesinas, indígenas y agricultores familiares se mantenga fuera del control estatal, sin necesidad de inscripción en el sistema oficial. No obstante, cuando se trata de vender semillas en los mercados, la ley exige un registro técnico que resulta inaccesible para la mayoría del campesinado. “Es casi imposible cumplir con todos los requisitos”, advierte Naiara, miembro de la organización brasileña Tierra de Direitos, evidenciando la distancia entre el marco legal y las prácticas reales del campo.

Aun con estas restricciones, el intercambio de semillas campesinas continúa siendo un espacio de resistencia y reproducción cultural. Las ferias comunitarias, las redes locales y los saberes ancestrales sostienen la autonomía campesina sobre sus semillas, sin necesidad de un reconocimiento institucional en Brasil. Sin embargo, “el Estado lo tolera porque considera que son iniciativas pequeñas, pero no las apoya para su expansión”, señala Naiara. Esta exclusión tiene consecuencias concretas: quienes trabajan con semillas criollas quedan fuera de créditos, seguros agrícolas y programas públicos, debido a los requisitos de trazabilidad impuestos por el Estado y las entidades financieras.

En 2017, el gobierno creó el Catastro Nacional de Cultivares Criollos con el objetivo de facilitar el acceso al Programa de Adquisición de Alimentos (PAA). No obstante, este catastro también generó tensiones. Para algunas organizaciones representó un avance; para otras, un potencial mecanismo de control estatal que podría restringir la comercialización de semillas criollas. Asimismo, han advertido que los registros pueden convertirse en instrumentos de vigilancia o persecución, especialmente ante cambios de gobierno y variaciones en las prioridades institucionales.

Más recientemente, en octubre de 2025, congresistas afines al agronegocio han impulsado una reforma de la Ley de Cultivares para alinear al país con las reglas de UPOV 91. La propuesta ha generado un rechazo inmediato por parte de organizaciones campesinas como el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA).

Por otro lado, en 2022 diversas organizaciones campesinas e indígenas de Guatemala presentaron laIniciativa de Ley 6086, o Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, como una alternativa legislativa orientada a proteger las semillas, la biodiversidad y los saberes tradicionales. La iniciativa buscaba “defender la biodiversidad y los conocimientos ancestrales del modelo extractivo, los saqueos, despojos de las empresas y políticos corruptos”, proponiendo un marco normativo que reconociera estos conocimientos como patrimonio colectivo. Además, planteaba que su uso debía regirse por principios de justicia y reciprocidad, garantizando que los beneficios se orientaran prioritariamente hacia los pueblos indígenas.

No obstante, según organizaciones como REDSAG, el proceso de esta iniciativa de ley estuvo marcado por presiones e intentos de modificar sus articulados, introduciendo cambios que ponen en riesgo sus principios fundamentales. Un ejemplo es el Artículo 8, que señala que la ley no afecta el intercambio tradicional de conocimientos protegidos entre comunidades indígenas y campesinas; sin embargo, al mismo tiempo establece que las comunidades no tienen garantía de que sus semillas no puedan ser apropiadas por el Estado para su aprovechamiento, lo que genera incertidumbre y desconfianza.

El Artículo 15, por su parte, permite que las comunidades mantengan sus sistemas de administración territorial, pero solo “siempre y cuando sean compatibles con normas científico-técnicas”. Esta condición podría facilitar la imposición de estándares externos que no consideren la diversidad ni la particularidad de las prácticas campesinas, comprometiendo la autonomía comunitaria sobre sus semillas y saberes.

Asimismo, el Artículo 22 abre la posibilidad de que legislaciones externas o acuerdos internacionales tengan primacía sobre la protección local, lo que constituye una amenaza para la soberanía de las semillas campesinas y el resguardo de los conocimientos ancestrales frente a intereses comerciales o de terceros.

Finalmente, esta propuesta de ley no fue aprobada por el Congreso de Guatemala. Ante ello, las organizaciones han reorientado sus esfuerzos hacia la resistencia y la denuncia pública frente a los intentos del gobierno de impulsar una Ley de Semillas alineada con los intereses de las corporaciones semilleras.

La experiencia de las organizaciones guatemaltecas muestra que incluso las iniciativas legislativas concebidas para proteger las semillas campesinas e indígenas pueden terminar sin garantizar el reconocimiento ni el libre uso de la semilla campesina. Las modificaciones introducidas en los espacios legislativos, muchas veces producto de la presión corporativa, pueden desvirtuar el espíritu original de estas propuestas y convertirlas en amenazas para los derechos de las comunidades.

La defensa de los derechos campesinos y de sus semillas representa, en esencia, una confrontación por el control y la autonomía. La experiencia acumulada en países como Perú, Brasil y Guatemala nos muestra que las leyes y regulaciones, por más bien intencionadas que parezcan, suelen distanciarse de la realidad y las necesidades de quienes cultivan la tierra. De hecho, la intervención estatal puede limitar el intercambio libre, imponer mecanismos de registro inaccesibles y relegar a las comunidades a meros beneficiarios, mientras el verdadero control se mantiene lejos de sus manos.

Si bien es tentador impulsar normas o legislaciones que reconozcan las semillas campesinas como un derecho fundamental o como patrimonio público, la experiencia reciente muestra que estas iniciativas suelen quedar subordinadas a intereses comerciales y corporativos. Por ello, resulta más útil concentrar los esfuerzos en desmontar las leyes que favorecen a las corporaciones que en crear nuevos marcos legales supuestamente protectores, pero vulnerables a la captura.

En los próximos años, la región enfrentará una disyuntiva decisiva: permitir que la propiedad intelectual cierre el ciclo sobre la agricultura y las semillas, o fortalecer los sistemas campesinos que han mantenido viva la diversidad de la que depende la alimentación mundial. La batalla por las semillas en la región, lejos de estar resuelta, recién está entrando en su momento más intenso.

Notas:

[1] Comunicación personal con Octavio, miembro de ANAFAE

[2] Comunicación personal con Naiara, miembro de Terra de Direitos – Brasil

México: inflación cerró 2025 en 3.69%, la menor cifra en 5 años

La inflación general en México cerró 2025 en 3.69 por ciento anual, la menor variación para un cierre de año desde 2020, apoyada por el benigno comportamiento de precios agropecuarios, mientras la carne de res, las carnes frías o comer fuera de la casa persistieron al alza, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del Índice nacional de precios al consumidor (INPC), que dio a conocer el Inegi, la inflación en México estuvo por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban 3.8 por ciento frente a diciembre de 2024, y representó su variación más baja desde 2020, cuando registró 3.15 por ciento anual; asimismo, se ubicó dentro del rango de la meta de estabilidad de precios del Banco de México (3 por ciento +/- un punto porcentual).

El precio del bistec de res aumentó 17.60 por ciento en 12 meses; la carne molida, 16.51 por ciento; retazo y viseras de res, 18.45 y 19.27 por ciento, en ese orden. El jamón subió 10.09 por ciento. Las loncherías, taquerías, torterías terminaron el año pasado con una inflación de 8.54 por ciento anual, lo que resultó para estos genéricos el doble o hasta el triple de la inflación general.

El aumento de precios al consumidor fue de 0.23 por ciento en diciembre respecto a noviembre; la inflación mensual más baja para un último periodo de año desde 2012 (0.23 por ciento).

El índice subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, así como determina la trayectoria de los precios a mediano y largo plazos, registró una variación de 4.33 por ciento anual en 2025, fuera del objetivo de estabilidad de la autoridad monetaria, y registró la variación más alta desde 2023 (5.09 por ciento anual).

La educación (5.82 por ciento anual), los alimentos, bebidas y tabaco (5.22 por ciento), así como otros servicios –que incluyen loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica y servicios turísticos en paquete, entre otros– (5.11 por ciento), superaron 5 por ciento e impulsaron a la inflación subyacente.

Por su parte, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, se desaceleró a 1.61 por ciento anual, de 1.73 por ciento de noviembre. Fue su mejor nivel desde 2020 (1.18 por ciento anual). Apoyado por la inflación de frutas y verduras que cayeron 5.62 por ciento, debido a que en 2025 no se sufrió de sequías en el país.

La inflación del año pasado estuvo apoyada por los precios volátiles de los productos agropecuarios, que durante el año pasado mostraron caídas, mientras mercancías alimenticias y servicios, relacionados con la alimentación fuera de casa, se mostraron renuentes a descender.

En 2025, la inflación mostró una volatilidad contenida, aunque se mantuvo persistentemente por encima del objetivo puntual de 3 por ciento establecido por el Banco de México. El año comenzó con un nivel de 3.59 por ciento, pero durante los primeros meses la inflación fue en aumento hasta alcanzar su punto más alto en mayo, con 4.42 por ciento, reflejando la interacción de distintos factores económicos y presiones sobre los precios, describió Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex.

Laura Díaz, analista económica de Banamex, prevé un repunte de la inflación anual a inicios de este año como consecuencia de los efectos de los incrementos a impuestos y aranceles que entraron en vigor el 1º de enero, que impactarían principalmente al componente de mercancías (que luego de mostrar una tendencia al alza en 2025 se había estabilizado).

Sin embargo, a lo largo del año estas presiones se verán contrarrestadas parcialmente por los efectos de la apreciación del tipo de cambio, la relativamente baja inflación de precios al productor y el crecimiento económico modesto que prevalecerá.

Panorama internacional

1.-Quiebras de empresas en EEUU en su nivel más alto en 15 años

 Jake Johnson 

Las empresas en Estados Unidos se han declarado en bancarrota este año a un nivel no visto desde 2010. Esto se debe a que el régimen arancelario del Presidente Donald Trump ha incrementado los costos para las empresas del sector manufacturero y otros sectores importantes.

Citando datos de S&P Global Market Intelligence, The Washington Post informó durante el fin de semana que al menos 717 empresas estadounidenses se declararon en quiebra hasta noviembre de 2025. Esta fue la cifra más alta registrada desde las secuelas de la Gran Recesión y un aumento del 14% en comparación con el mismo período del año pasado.

«Las empresas citaron la inflación y las tasas de interés entre los factores que contribuyen a sus dificultades financieras, así como las políticas comerciales de la administración Trump, que han interrumpido las cadenas de suministro y elevado los costos», señaló The Washington Post.

«Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el aumento en las solicitudes es más evidente en el sector industrial: empresas vinculadas a la fabricación, la construcción y el transporte. El sector se ha visto gravemente afectado por las políticas arancelarias siempre flexibles del Presidente Donald Trump, que, según él, revitalizarían la industria manufacturera estadounidense».

Datos recientes muestran que Estados Unidos ha perdido 49.000 empleos en el sector manufacturero desde el regreso de Trump al cargo.

Las cifras de quiebras se suman a la creciente pila de evidencia que muestra que los aranceles de Trump y la agenda política más amplia han dañado la economía estadounidense, debilitando el crecimiento del empleo, elevando la tasa de desempleo al nivel más alto desde la pandemia de covid-19 y empeorando la crisis del costo de vida del país.

Los demócratas inmediatamente aprovecharon el nuevo informe como evidencia del fracaso de Trump en la gestión de la economía estadounidense, un mensaje que probablemente será central a medida que se acerquen las elecciones intermedias de 2026.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, dijo el lunes que “cuando Donald Trump firmó su gran y fea ley, consolidó al Partido Republicano como el partido de los multimillonarios y los intereses especiales, no de las familias trabajadoras, los agricultores o los propietarios de pequeñas empresas”.

“Mientras millones de familias trabajadoras ya se ven obligadas a pagar la comida, los servicios públicos y el alquiler, Trump decidió despojarlas de su atención médica y asistencia alimentaria solo para darles un dinero extra a sus amigos y donantes ultrarricos”, dijo Martin. “No se equivoquen: el ‘logro emblemático’ de Trump será el clavo en el ataúd de la mayoría republicana cuando los votantes acudan a las urnas el próximo noviembre”.

2.El dólar sufre su mayor caída anual desde 2017

Durante el 2025, el euro se disparó frente al dólar, mientras que el rublo ruso se convirtió el año pasado en la moneda de mayor rendimiento entre las divisas principales. El índice del dólar estadounidense se contrajo alrededor de un 8 % en 2025, su peor año desde 2017,Esta debilidad del dólar se explica por la agresiva guerra arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump y por los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), bajo la presión del mandatario.

Según expertos, el desempeño de la moneda estadounidense en este nuevo año dependerá de la elección de Trump para reemplazar a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed concluye en mayo. En particular, señalan que el dólar seguirá cayendo si el nuevo jefe del banco central cede ante pedidos de Trump de recortes de tasas más profundos.

Por otra parte, el euro se disparó frente al dólar gracias a una inflación benigna y a una próxima ola de gasto en defensa en Europa.

Mientras, el rublo ruso se convirtió el año pasado en la moneda de mayor rendimiento entre las divisas principales frente al dólar, registrando una apreciación cercana al 45 % desde enero, la más intensa desde al menos 1994.

Horacio Rovelli

Toda la historia de nuestro país, como toda Latinoamérica, está atada a la dominación primero de los llamados conquistadores, después del capital inglés y ahora del estadounidense. Y el mecanismo de dominación es por las armas o por la deuda, como dijo John Adams, primer Vicepresidente y el segundo Presidente de los Estados Unidos (1797-1801).

Y por supuesto está llena de engaños y mentiras, distorsiones de la realidad para que los pueblos no sepan la verdad. La historia oficial la hacen los Mitre, los Vicente Fidel López, los Vera González, los Ramos Mejía, los Ricardo Rojas, los Eduardo Lazzari, etc., y todos basados en el Foreign Office en el pasado, y ahora en la comunidad de inteligencia, que incluye a la CIA (recopilación exterior, civil), a la DIA (inteligencia militar) y al FBI (contrainteligencia), entre otras de los Estados Unidos, que los grandes medios reproducen sin límite.

Existen períodos de nuestra historia en los que, por circunstancias internas y externas, esa dominación se relaja y permite cierta independencia de los gobiernos nacionales, como fue gran parte del período comprendido entre el 4 de junio de 1943 y el 24 de marzo de 1976, cuando, pese al derrocamiento de Juan Perón, se prosiguió con un modelo industrial y nacional.

La dictadura de 1976 puso fin al modelo ISI (Industrias Sustituidoras de Importaciones) y los empresarios locales, artífices del golpe militar, se reconvirtieron en rentistas y fugadores de capitales. Así, se desatendieron del destino del país, que empobrecía a su población mientras ellos se enriquecían, corrompidos por la obtención de ganancias extraordinarias en sus mercados cautivos.

En ese marco de corrupción y renta no fue ajena la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, propiciadora del golpe militar, como lo demuestran palpablemente los cables del embajador de ese país en la Argentina (1974-1976), Robert Hills, con su jefe, el secretario de Estado Henry Kissinger.

Los únicos que le pusieron límites a ese contubernio entre los grandes empresarios locales y el capital financiero de los Estados Unidos [1], y trazaron otro camino lidiando con esa alianza espuria entre el capital financiero, la deuda externa y los grandes empresarios locales (todos fugadores de capitales y beneficiados por los seguros de cambio y la pesificación asimétrica de Duhalde), fueron los Kirchner (25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015), que impulsaron el mercado interno, redistribuyeron ingresos a favor de la población, se plantearon la construcción de un espacio común con los países de la región y comerciar con la República Popular China y otras naciones fuera del domino de los Estados Unidos.

Obviamente ni el capital financiero de Manhattan vía la diplomacia de la zanahoria y el garrote de los Estados Unidos, ni el gran empresariado local, que incluso se beneficiaba con el crecimiento del mercado interno en forma sostenida, podían permitir un modelo independiente de ellos y sus negocios.

Y en lugar de reconvertir la ganancia en inversión, aumentando su capacidad instalada y de producción (acelerador keynesiano), prefirieron aumentar sus precios y fugar capitales, básicamente a Manhattan, que allí se recicla prestándoles a tasas usurarias a los países pobres, la más de las veces financiado deuda estatal y/o financiando actividades contaminantes y/o ilegales [2].

La prédica de los grandes medios sobre un descontrol inflacionario en el kirchnerismo y un candidato que hoy es funcionario del gobierno de Milei permitieron que en las elecciones del año 2015 ganara Cambiemos, quienes, para endeudar al país (Luis Caputo fue nombrado secretario de Finanzas), cubrieron el déficit fiscal en pesos y el que ellos acrecentaron, con endeudamiento en divisas, favorecidos por la alta liquidez internacional que tuvieron en los primeros dos años. Ese es el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y las fuguen a posteriori, carry trade mediante [3].

Colapsó el sistema de endeudamiento y fuga de capitales en junio de 2018, y el gobierno de Cambiemos tomó una deuda stand by (a tres años) con el FMI [4] por el equivalente a 45.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron hasta septiembre 2018, 15.000 millones de dólares. Días antes había sido nombrado como presidente del BCRA Luis Caputo y, como dijo Javier Milei cuando era panelista de Mauro Viale, el BCRA con Caputo dilapidó los fondos vendiéndoselos a los grandes bancos y estos se los quedaron para sí y/o se los vendieron a su vez a los grandes clientes.  La deuda quedó para el Estado nacional y las divisas se las apropió una minoría parásita y rentista.

El gobierno de Alberto Fernández prometió investigar la deuda y no lo hizo, y la actual administración toma créditos externos e internos permanentemente para financiar pagos que no alcanzan a pagar ni la mitad de los intereses que la deuda devenga.

El sistema implementado por los hombres del JP Morgan en la conducción económica y financiera del país hace que el mismo FMI deba ampliar el crédito, otorgándole en el año 2025 la suma de 14.000 millones de dólares más, totalizando una deuda con el FMI de 56.771 millones al 30 de noviembre de 2025. De manera tal que la Argentina es el mayor deudor con el organismo internacional; luego le siguen Ucrania y Egipto con una deuda de 14.300 millones y 9.120 millones de dólares respectivamente.

Dentro de la deuda bruta que contabiliza la Secretaría de Finanzas de la Nación, no aparecen los BOPREAL por 36.000 millones de dólares por considerar que esta es fruto de las importaciones, y que se imputan cuando se pagan.

Ni los dos Repos colocados hasta noviembre de 2025 por 3.000 millones de dólares, al estimar que son títulos con compromiso de recompra; de hacerlo, la deuda bruta al 30 de noviembre de 2025 es de 484.985 millones de dólares. Suma que es más que el doble de la deuda a diciembre de 2015, que era de 240.665 millones de dólares, y no hay ninguna explicación en qué se invirtió.

 La ingeniería financiera del JP Morgan

Por un lado, el Tesoro de la Nación (Luis Caputo, ministro de Economía, y Pablo Quirno, luego reemplazado por Alejandro Lew, como secretarios de Finanzas, todos ex JP Morgan) vendieron en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio) desde mediados del año 2025 entre 3.500 millones y 5.000 millones de dólares para sostener el dólar dentro de las bandas de flotación.

A su vez, el BCRA, que fue otro gran oferente de dólares en todo el 2025, pasó a ser comprador desde el inicio del año 2026, en cumplimiento con el programa monetario acordado con el FMI, en el que se compromete a comprar el 5% de las operaciones del MULC (compras en un promedio diario de 60 millones de dólares). Pero a su vez hace contratos de venta a futuro del dólar, que es en pesos, pero de no ser el pautado el precio final, el BCRA debe pagar por la diferencia de cotización.

La deuda en dólares

La deuda en dólares que vence en el año 2026, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, asciende a 17.102 millones de dólares, de los cuales 8.636 son bonos, 4.216 son con organismos internacionales de crédito y con el FMI por 4.250 millones de dólares.

De esa deuda vencieron títulos e intereses (Bonos Bonares y Globales), el 9 de enero 2026, por 4.381 millones de dólares, y solo contaban en el Tesoro de la Nación con 1.963 millones de dólares, pero apadrinados por el JP Morgan, lograron un Repo por 3.000 millones, a un plazo de 372 días (vence en enero 2027, deuda de muy corto plazo que se suma a los fuertes vencimientos de ese año), a una tasa del 7,4% anual, dando como garantía títulos públicos Bonares 2035 y 2038, que estaban en poder del Tesoro.

El Repo lo toma el BCRA (es deuda en dólares del BCRA) y el Tesoro es el que tiene que comprar en pesos esos dólares, de allí que, capitalizando intereses, logran cerrar el año con un superávit fiscal acumulado en pesos de 5,96 billones (unos 3.970 millones de dólares) a noviembre de 2025 (a mediados de enero de 2026 se publica el Resultado Fiscal de diciembre de 2025).

Colocando bonos capitalizables de interés por 42.927 millones de dólares (contabilizado en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación [5]), por intereses de la deuda que no pagaron, logran el superávit en pesos para comprar el Repo por 3.000 millones de dólares.

Principales números del presupuesto ejecutado en 11 meses de 2025

Para ello, el Tesoro comenzó a allanar el camino a fin del año 2025, al transferir al BCRA bonos soberanos en dólares —Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38)— a cambio de instrumentos ajustados por inflación con vencimientos en 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28). Esto lo hizo para contar con activos financieros en moneda dura disponibles para ser utilizados como colateral ante bancos internacionales.

La deuda en pesos

El Ministerio de Economía anunció el 7 de enero de 2026 que logró canjear letras atadas a la evolución del dólar oficial (Lelinks) por 3,4 billones de pesos, en una operación a solo 15 días destinada a despejar incertidumbre en el mercado, en un mes donde vencen títulos en pesos por 33,8 billones, de los cuales unos 19 billones corresponden a bonos de tasa fija. Se infiere que la mitad de los bonos emitidos están en poder de las propias agencias y dependencias del Estado.

El total de deuda en pesos que vencen en el año 2026 es de unos 137 billones de pesos, de los cuales se estima que en el primer cuatrimestre del año llegaría a unos 87 billones de pesos.

En síntesis

El JP Morgan, que lideró la colocación de los otros dos Repos por un total de 3.000 millones de dólares, lidera a los bancos internacionales por esta nueva deuda (tercer Repo de la gestión Caputo) de otros 3.000 millones de dólares, para pasar a ser el mayor banco acreedor de la Argentina y con vencimientos inminentes.

A su vez, los principales socios del JP Morgan son BlackRock, Vanguard Group y State Street, que poseen la mayor parte de las acciones del banco, seguidos por otros inversores institucionales como Morgan Stanley y fondos de inversión como Geode Capital Management. Los dos primeros (BlackRock y Vanguard) son los dos fondos con más títulos de deuda argentinos en su poder.

La deuda pública crece, se concentra en pocas manos y cada vez a menor plazo.

Se paga la deuda contrayendo nuevos créditos, no con superávit comercial, que existe y que es de 9.357 millones de dólares en los 11 meses contabilizados del año 2025, pero se trastoca en un déficit acumulado en ese lapso de 658 millones de dólares en el conjunto de la cuenta corriente cambiaria del BCRA.  Y esto es así, fundamentalmente, porque hubo compras por 36.013 millones de dólares (fuga de capitales), cuando en los once meses del año 2024 esas compras de dólares fueron solo por 1.596 millones de dólares gracias al “cepo” imperante.

“Cepo cambiario” que liberaron para las personas físicas el 14 de abril de 2025 (cuando acordaron la ampliación del crédito con el FMI con la firma de Scott Bessent), y que liberan, desde este año 2026, a las empresas extranjeras que cuenten con los balances del pasado año auditados, para que giren al exterior sus utilidades.

Las reservas internacionales brutas del BCRA suman 44.100 millones de dólares al 8 de enero de 2025 (se contabilizan los 707 millones de dólares ingresados por la concesión a 30 años de las centrales hidroeléctricas del Comahue), pero está compuesto por deudas de 40.976 millones de dólares, por los swaps de China y por los encajes de los depósitos en dólares recibidos por los bancos.

El FMI enviaría una misión en marzo de 2026, pese al incumplimiento en la meta de reservas internacionales del BCRA, que debían ser en diciembre de 2025 negativas en 3.200 millones de dólares y el FMI afirma que son negativas en 17.200 millones de dólares.

Con una deuda que crece a pasos agigantados y a cada vez menor plazo, con un presupuesto nacional que no puede pagar ni la mitad de los intereses que esta devenga, y con reservas internacionales negativas del BCRA, el gobierno queda supeditado a los tiempos de los acreedores, liderados por el JP Morgan, BlacRock y Vanguard, quienes cuentan con la posibilidad de canjear títulos de deuda para postergar su pago, pero obviamente con recargo de intereses y comisiones, beneficiados por la ley 27.798 de Presupuesto Nacional 2026, que anuló la exigencia de las tres condiciones en la negociación de una deuda (quita de capital,  reducción de la tasa de interés, y extensión de los plazos; debía contar con al menos dos de ellas y no se cumple ninguna).

Finalmente, el BCRA canceló en diciembre 2025 la activación del swaps con los Estados Unidos por 2.541 millones de dólares, que formaron parte del salvataje que Donald Trump le extendió al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre 2025.

El primer anuncio lo hizo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, diciendo que el Fondo de Estabilización Cambiaria de los Estados Unidos no tiene más pesos en su poder, y que la cancelación de la operación de la Argentina le dejo “decenas de millones de dólares de ganancia a EEUU”. Inferimos que esa ganancia es por el pago de intereses de la Argentina (que nunca informaron) y por el carry trade, vendieron dólares caros antes de las elecciones y lo compraron más barato después.

El Balance del mes de diciembre 2025 del BCRA demuestra que el ítem “Otros pasivos” que incluye los swaps de monedas, registró una baja de 2.597 millones de dólares. En el mismo período, el ítem “Organismos internacionales”, que es donde suelen computarse los préstamos del BIS (Banco Internacional de Pagos) denominado generalmente como Banco de Basilea (Suiza) tuvo un incremento de 2.505 millones de la moneda norteamericana

El JP Morgan (Santiago Bausili y Valdimir Werning) manejan el Banco Central  como quieren sin informar nada. Como hacen con el oro que sacaron del BCRA y no se sabe a ciencia cierta dónde está. Es más que probable que Banco Central haya trasladado las 37 toneladas de oro a Londres (representan cerca del 60% de las reservas totales del BCRA).

Ese oro está bajo un esquema de canje o swap en que el metal no se mueve físicamente. Las partes intercambian derechos sobre el oro, que puede permanecer en Londres, en cuentas no asignadas del Banco de Inglaterra. Así se evita que los activos sean embargados. El Banco Central debe haber renovado el swap con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el oro se conserva en Londres, mientras el BIS actúa como contraparte desde Basilea, Suiza.

Notas

[1] Ejemplo concreto: José Alfredo Martínez de Hoz, cuyo abuelo fue el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, estaba vinculado con el Chase Manhattan Bank de la familia Rockefeller, siendo socios en el Banco General de Negocios (con los hermanos Rohm y el CS First Boston), quien, como ministro de la dictadura, promovió activamente la apertura financiera, la deuda externa y la integración de la Argentina en los circuitos financieros globales.

[2] Casos flagrantes: los “Repo” (Repurchase Agreement) a la Argentina y la financiación de actividades extractivistas (incluida la ahora propuesta por modificar la ley de glaciares), y el caso del HSBC, que fue multado en Europa y en Estados Unidos por blanquear dinero del narcotráfico y otros. Los “Repo” son préstamos de corto plazo con garantía de activos.

[3] Primero devalúan exageradamente, luego frenan el precio del tipo de cambio. Las grandes empresas fijan los precios y, con el excedente que generan, compran dólares “baratos”, controlando férreamente su tasación por el gobierno, que propicia la compra y fuga de divisas, para beneficio de una minoría parásita y rentista.

[4] Deuda no contemplada en la ley de Presupuesto Nacional 27.431 de ese año, y tampoco contaba con el informe previo del BCRA. También, la Carta Constitutiva del FMI prohíbe expresamente (Artículo VI, Sección 1a) que los préstamos del organismo se utilicen para financiar “corridas de capitales”, amén de que nunca se informó sobre la auditoría (si es que se hizo) del FMI sobre el destino del crédito, y del que tienen obligación por su Carta Constitutiva.

[5] Los títulos que capitalizan intereses son en pesos; la Secretaría de Finanzas de la Nación, para hacer números homogéneos, los convierte en dólares y es de 42.927 millones de dólares, que están incluidos en los 156.846 millones de dólares de deuda en moneda nacional del total adeudado al 30/11/2025.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Joseph Stiglitz

El presidente estadounidense Donald Trump ha atraído una ola de críticas por sus acciones en Venezuela, violaciones al derecho internacional, desdén por normas establecidas y amenazas contra otros países, incluso aliados, como Dinamarca y Canadá. En todo el mundo existe una palpable sensación de incertidumbre y premonición. Pero ya debería ser obvio que las cosas no terminarán bien, ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo.

Nada de esto constituye una sorpresa para muchos en la izquierda. Todavía recordamos la advertencia de despedida del ex presidente Dwight Einsenhower, referente al surgimiento de un complejo industrial-militar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Era inevitable que una nación cuyo gasto militar era igual al del resto del mundo combinado llegara con el tiempo a utilizar sus armas para dominar a otros.

Sin duda, las intervenciones populares se volvieron cada vez más impopulares después de las malhadadas incursiones estadunidenses en Vietnam, Irak, Afganistán y otras partes. Sin embargo, Trump nunca ha mostrado mayor preocupación por la voluntad del pueblo estadunidense. Desde que entró en la política (y con seguridad desde antes) ha considerado estar por encima de la ley, alardeando de que podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York sin perder un voto.

La insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio –cuyo aniversario acabamos de “celebrar”– mostró que tenía razón. La elección de 2024 reforzó el control de Trump sobre el Partido Republicano, al asegurar que no hará nada para obligarlo a rendir cuentas.

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro fue descaradamente ilegal e inconstitucional. Como intervención militar, requería el conocimiento previo del Congreso, si no su aprobación. E incluso si se estipulara que se trataba de un asunto de “aplicación de la ley”, el derecho internacional requiere que tales acciones se lleven a cabo mediante la extradición. Un país no puede violar la soberanía de otro ni capturar ciudadanos extranjeros –ya no digamos jefes de Estado– dentro de otro país. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente ruso Vladimir Putin y otros han sido acusados de crímenes de guerra, pero nadie ha propuesto enviar soldados para capturarlos dondequiera que estén.

Aún más descaradas han sido las subsecuentes afirmaciones de Trump. Sostiene que su gobierno “manejará” Venezuela y tomará su petróleo, dando a entender que no se le permitirá vender al mejor postor. Dados estos designios, parecería que una nueva era de imperialismo se cierne sobre nosotros. El poder hace el derecho, y nada más importa. Las cuestiones morales –como matar docenas de presuntos narcotraficantes sin ninguna pretensión de proceso debido– y el imperio de la ley han sido hechos a un lado, con apenas algún gemido de los republicanos que alguna vez proclamaron con orgullo los “valores” estaunidenses.

Muchos comentaristas se han referido ya a las implicaciones para la paz y estabilidad globales. Si Estados Unidos reclama al hemisferio occidental como su esfera de influencia (la “doctrina Donroe”) e impide a China el acceso al petróleo venezolano, ¿por qué China no debería reclamar el este de Asia e impedir a Estados Unidos el acceso a los chips de Taiwán? Para hacerlo no necesitaría “manejar” a Taiwán, sino sólo controlar sus políticas, en particular las que le permiten exportar a Estados Unidos.

Vale la pena recordar que a Gran Bretaña, la gran potencia imperial del siglo XIX, no le fue bien en el siglo XX. Si la mayoría de las otras naciones cooperan frente a este nuevo imperialismo estadunidense –como deberían–, las perspectivas a largo plazo para Estados Unidos serían aún peores. Después de todo, Gran Bretaña al menos intentó exportar principios saludables de gobierno a sus colonias, introduciendo un mínimo de estado de derecho y otras instituciones “buenas”.

En contraste, el imperialismo trumpista, ausente de cualquier ideología coherente y por completo carente de principios, es tan sólo una expresión de codicia y voluntad de poder. Atraerá a los más avaros y mendaces réprobos que la sociedad estadunidense puede producir. Tales ejemplares no producen riqueza: dirigen su energía a la búsqueda de ganancias, saqueando a otros mediante el ejercicio del poder del mercado, el engaño o la abierta explotación. Los países dominados por los buscadores de ganancias producen algunos individuos acaudalados, pero no llegan a ser prósperos.

La prosperidad requiere del estado de derecho. Sin él, existe una perpetua incertidumbre. ¿Se quedará el gobierno con mis bienes? ¿Exigirán los funcionarios un soborno para pasar por alto algún pecadillo insignificante? ¿La economía será un campo de juego parejo, o los poderosos siempre darán la ventaja a sus amigotes?

Es famosa la observación de Lord Acton: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Pero Trump ha mostrado que no se requiere poder absoluto para sumirse en una corrupción sin precedente. Una vez que el sistema de pesos y contrapesos comienza a venirse abajo –como de hecho ocurre en Estados Unidos–, los poderosos pueden operar con impunidad. Los costos serán pagados por el resto de la sociedad, porque la corrupción siempre es mala para la economía.

Uno esperaría que hayamos llegado al “tope de Trump”, que esta era distópica de cleptocracia termine con las elecciones de 2026 y 2028. Pero Europa, China y el resto del mundo no pueden confiar sólo en la esperanza. Deben desarrollar planes de contingencia que reconozcan que el mundo no necesita a Estados Unidos.

¿Qué ofrece Estados Unidos de lo que el mundo no pueda privarse? Es posible imaginar un mundo sin los gigantes de Silicon Valley, porque las tecnologías básicas que ofrecen están ahora disponibles en muchas partes. Otros correrían a suministrarlas, y bien podrían establecer salvaguardas mucho más fuertes. También es posible imaginar un mundo sin las universidades y el liderazgo científico estadunidense, porque Trump ha hecho ya su mayor esfuerzo por asegurar que esas instituciones tengan que batallar para mantenerse entre las mejores del planeta. Y es posible imaginar un mundo donde los demás no dependan del mercado estadunidense.

El comercio trae beneficios, pero no tantos si una potencia imperial busca hacerse con una porción desproporcionada para sí misma. Llenar el “hueco en la demanda” planteado por los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos será mucho más fácil para el resto del mundo que el reto que enfrenta Estados Unidos de atender el lado de la oferta.

Una potencia hegemónica que abusa de su poder y amedrenta a otros debe ser acorralada en su esquina. Resistir a este nuevo imperialismo es esencial para la paz y la prosperidad de todos. Si bien el resto del mundo debe esperar lo mejor, necesita planear para lo peor y, al planear para lo peor, puede que no haya alternativa al ostracismo económico y social: ningún otro recurso más que una política de contención.

*Premio Nobel de Economía, ex economista en jefe del Banco Mundial, ex presidente del Consejo de Asesores Económico del Presidente de EEUU, profesor de la Universidad Columbia, y autor, como su obra más reciente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society

El potencial olvidado de las minihidroeléctricas en México

César Ernesto Hernández

México busca acelerar su transición energética con una matriz más limpia y diversificada, pero buena parte de la discusión pública se ha concentrado en proyectos solares o eólicos, dejando de lado otras opciones. Entre ellas destacan las micro y minihidroeléctricas, sistemas capaces de generar electricidad a partir de corrientes de agua sin represar ríos ni modificar de forma significativa los ecosistemas, y que podrían ser una pieza clave para la descentralización energética en comunidades rurales.

Los procesos inadecuados de implementación, la falta de una regulación clara y el cambio climático han limitado el desarrollo del potencial micro y minihidroeléctrico del país.

Esto a pesar de contar con un potencial identificado de 2800 megavatios (MW), así como la posibilidad de uso de 2916 instalaciones “no concebidas originalmente para la generación de energía eléctrica”, entre las cuales destacan los distritos de riego y sus canales de irrigación.

En México este tipo de proyectos se han topado con una regulación poco clara, limitaciones ante el cambio climático y la oposición de comunidades anteriormente afectadas por proyectos de mayor calado.

Aun así, expertos recomiendan el impulso a este tipo de proyectos destacando su papel para llevar energía a zonas rurales y comunidades con difícil acceso a la energía, impulsando la justicia energética.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las pequeñas centrales hidroeléctricas son una tecnología madura, versátil y efectiva para dar acceso a electricidad limpia y sostenible.

Esto, indica el Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica 2019, las hace adecuadas para zonas rurales remotas de baja demanda, regiones donde incluso pueden convertirse en una oportunidad de empoderamiento para mujeres y niñas a través de la electrificación de la vida diaria,  la reducción de su labor y mejoras económicas.

Pero, aunque la ONU cataloga como pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) aquellas infraestructuras de hasta 10 MW de capacidad, no hay un consenso general sobre cómo catalogar a las pequeñas, mini y micro plantas hidroeléctricas.

Mientras que la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) clasifica como micro a las de hasta 50 kW, mini de entre 50 y 500 kW, y pequeñas de 500 a 5000 mil kW.La Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) clasifica como micro a las menores a 1,0 MW, mini de entre 1,0 y 5 MW y pequeñas a las de entre 5 y 30 MW, coincidiendo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta).

La diferencia es relevante porque las más pequeñas no requieren de grandes obras de represamiento y pueden construirse incluso en el cauce de canales de riego, como en el caso de una propuesta para una mini hidroeléctrica de 1,0 MW en el cauce del canal San Lorenzo, al sur de Culiacán, dentro del distrito de riego 10.

Grandes presas, grandes impactos

Como toda obra de infraestructura, la construcción de una presa tiene impactos en el paisaje, la naturaleza y la comunidad. Algunos de éstos son la acumulación de sedimentos, cambios en la calidad del agua y diferencia de recarga en acuíferos a nivel de presa y aguas abajo. Otros, la pérdida de riqueza arqueológica y cultural, desplazamientos de la población y cambios en el uso de suelo tras la puesta en operación del embalse.

Para la construcción de la presa Sanalona, la primera construida en el norteño estado de Sinaloa, 10 pueblos fueron desplazados y reubicados en uno solo.

En el caso de la presa Humaya, fueron 44 los poblados reducidos a una sola comunidad. También es común que, durante temporadas de sequías, al vaciarse los embalses, edificaciones y panteones vuelvan a surgir de entre las aguas. Desde la presa Sanalona, hasta la presa Santa María, entre 1948 y 2024, 201 pueblos fueron reubicados en tan solo 18 lugares.

“Se ha demostrado que las grandes presas generan más perjuicios que beneficios”, indicó  Omar Mancera. Una vida útil “corta”, de 50 años, no justifica para el antropólogo la devastación de zonas enteras de vegetación y el desplazamiento obligado de pueblos. Ante este reconocimiento, añadió, la tendencia ahora es hacer minipresas o pequeñas hidroeléctricas a lo largo de la vega de un río.

Mancera, académico de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ha estudiado los efectos socioambientales de la construcción de grandes presas en la entidad, también desde su relación con la actividad agrícola industrial y la contaminación por agroquímicos que genera está industria.

Por otro lado, el menor flujo de agua dulce hacia las costas y esteros provoca que las zonas cambien su salinidad y contenido nutricional, afectando directamente la reproducción de especies, muchas de ellas relevantes para la pesca artesanal.

“Los ríos aportan a los estuarios agua dulce y el mar aporta agua salada y el agua salobre sirve para que cientos de especies marinas nazcan ahí. Al cortarles el aporte de agua dulce a esos sistemas de estuarios, los está salando y si se salan se mueren las especies”, cuenta Mancera.

En el sur de Sinaloa, este efecto asociado a la más reciente presa, la Santa María, quitaría el sustento a 2.000 familias que dependen de los esteros de Teacapán y Huizache-Caimanero, destaca el investigador. Al mismo tiempo, indica, posibilitando el aprovechamiento de estas costas para otros usos.

Energía que “ahí está”

A nivel nacional el país cuenta con 337 sitios potenciales para mini (81) y microhidroeléctricas (256) que sumarían 162,25 MW y 42.31 MW, respectivamente, indica el Imta.

Sin embargo, el recientemente anunciado Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 no toma en cuenta a la energía hidroeléctrica, pues solo se plantea entregar 16 proyectos ya iniciados por la anterior administración que ampliarán la capacidad de generación en 535 MW.

En adelante, el gobierno federal impulsará en su mayoría proyectos fotovoltaicos, de ciclo combinado o eólicos, así como también de combustión interna.

En Sinaloa, el director de la Facultad de Ingeniería de la UAS destaca el potencial de estas minihidroeléctricas que pueden aprovechar los afluentes no solo de los 11 ríos en la entidad, sino de toda la red de canales utilizados por los distritos de riego para la irrigación de tierras agrícolas.

El académico diseñó el procedimiento de construcción de una minihidroeléctrica en un canal de riego al sur de la capital sinaloense, en medio de grandes extensiones de tierras de cultivo.

La producción de 1,0 MW, añade, equivale a quemar 95 508 litros u 85,99 kg de petróleo cada hora, y la energía generada podría iluminar hasta mil hogares. Al día de hoy, la Facultad de Ingeniería ofrece el servicio de diseño de mini hidráulicas.

“El generar energía eléctrica a través de fuentes renovables como la energía minihidráulica para el estado de Sinaloa, México, es posible, por lo tanto, deben aprovecharse los sitios potenciales”, concluye en su estudio, el cual identifica hasta 20 sitios potenciales para la instalación de esta tecnología.

“Es energía que ahí está”, coincide al respecto Valeria Amezcuna, consultora en energía y miembro de la Alianza por la Transición Energética Justa.

“En países como el nuestro, donde hay tanta pobreza energética y tanta pobreza en general, no podemos dejar de lado estos proyectos por más chiquitos que sean. Aunque en el panorama general contribuyan 0,0001%, sin importancia podríamos decirlo para el conteo global de emisiones, pero con mucha importancia para esa comunidad porque es lo que les puede cambiar la vida”, indicó.

“Las minihidroeléctricas, que ahorita están de moda por el mundo, son bastante buenas. Al final es usar un recurso que ahí está, es agua y la usan en cantidades tan pequeñas que, si se hace de manera adecuada, puede darle energía a una comunidad con un impacto ambiental muy controlado”, añadió.

Sobre todo, enfatizó Amezcua, en un contexto donde, hasta hace poco la mayoría de las comunidades podían producir por su cuenta la energía para realizar todas sus actividades a través de la madera o el carbón.

Pero, además, la experta ve mayor posibilidad para el avance de este tipo de proyectos con las nuevas Leyes del Sector Eléctrico y de Planeación y Transición Energética, por las cuales el país ahora toma la obligación de que las actividades del sector eléctrico se realicen bajo criterios de sostenibilidad y justicia energética.

“Algo muy bueno es que ya incluye la justicia energética como algo que el sector energético tiene que atender y la accesibilidad a la energía como una característica que tiene que tener nuestro sistema eléctrico. Que sea accesible, es decir, que se pueda pagar”, adujo Amezcuna.

En este sentido, añadió, existe mucha posibilidad de que con la actual legislación y autoridades, este tipo de proyectos pueda salir adelante.

Sin embargo, en la práctica, este modelo ha enfrentado diversos retos, el principal, la negativa de las comunidades que se han sentido ajenas a los procesos de decisión sobre sus territorios.

Para el caso de Veracruz, un reciente estudio que analizó 20 proyectos presentados como minihidroeléctricas en el periodo 2008-2017, encontró que en México no existe un criterio que establezca los rangos mínimo o máximo de la superficie total de la central ni un marco normativo e institucional claro respecto a los requisitos que deben cumplir.

Una constante en los proyectos analizados fue que todos planteaban vender su energía directamente a la gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin dejar un beneficio palpable en las comunidades aledañas que, por otro lado, no han sido consultadas ni integradas a los procesos de planeación de los proyectos.

Esto “a diferencia de otros países donde la energía generada se utiliza para las comunidades que no tienen acceso a la red eléctrica pública. Para lograr una mayor aceptación, las comunidades deberían ser las directamente beneficiadas”, señala el documento.

“No han mejorado los estándares de sostenibilidad ambiental y participación social de los proyectos hidroeléctricos y tampoco han mitigado el escenario de conflictividad social… Esta forma de gestión que ignora a los grupos que habitan el territorio, promueve la desconfianza y disminuye la probabilidad de obtener la licencia social para operar los proyectos”, indica el estudio.

La sequía, el reto de la producción hidroeléctrica

En el Reporte de Avances de Energías Limpias 2024 (Rael), la Secretaría (ministerio) de Energía (Sener) señala que, en el primer semestre del 2023, la generación hidroeléctrica alcanzó 10 840,6 GWh, 6,3% de la generación total del país.

Está cifra supuso una disminución en relación con los años inmediatos anteriores que la secretaría atribuye a “los crecientes periodos de sequía que el país ha experimentado en los últimos años”.

Durante el primer semestre del 2023, indica el reporte, la producción de 78 de las 101 centrales hidroeléctricas del país disminuyó en promedio 27,7 % respecto al 2022. Ante está situación la Sener se ha enfocado en modernizar, rehabilitar y repotenciar centrales ya existentes, mas no la construcción de nuevas.

Para Sandra Guido, directora de la Asociación Civil Conselva, la variabilidad en las temporadas de lluvia ha jugado en contra de esta forma de producir energía limpia. “Lo que sí está pasando es que las lluvias se están estableciendo más tarde”, comentó. Esto ha generado que durante temporadas de mayor calor haya menos agua disponible para la generación eléctrica en las grandes presas, resultando en mayor demanda durante periodos de menor capacidad de generación.

“Empieza mayo con mucho calor y mucha demanda en energía eléctrica, pero no hay agua. Eso ya pasó, en el centro del país tuvimos un apagón hace un año porque estábamos en sequía. Ahí las lluvias empiezan antes, en mayo. Pero empezaron hasta mediados de junio y las presas llegaron a estar al 4%”, explicó Guido.

Pero a pesar de este y otros retos, la minihidroeléctrica no está descartada ni siquiera por las autoridades. En una reciente edición de una revista de la CFE se destaca cómo un proyecto microhidroeléctrico de cinco mini turbinas de 1,5 kW, alimentado por un arroyo, dará energía a una cooperativa de café en la comunidad de Salvador Díaz Mirón, en Misantla Veracruz.

La microhidroeléctrica puede representar allí la oportunidad de una transición justa para una comunidad rural de poco más de mil habitantes. Con la energía del pequeño arroyo que la alimenta, esperan mayores rendimientos económicos para una actividad que hasta hace poco aún realizaban a mano.

Panorama económico de Chile

El Panorama económico ofrece un resumen conciso de las tendencias y perspectivas económicas de Chile, basándose en publicaciones de la OCDE, que ofrecen análisis en profundidad de las tendencias económicas, sugerencias de recomendaciones políticas y una visión general de las políticas estructurales.

Se prevé que  Chile se prevé que el PIB crezca un 2,4% en 2025 y un 2,2% en 2026 y 2027. El crecimiento del consumo se moderará, pero seguirá respaldado por el aumento de los ingresos reales y el empleo. Se espera que la inversión se desacelere, pero se mantenga en niveles sólidos.

Las exportaciones netas contribuirán positivamente al crecimiento durante 2026-2027. La inflación general sigue disminuyendo y se prevé que se acerque al 3% en 2026 y se estabilice a partir de entonces. Es fundamental proseguir con la consolidación fiscal para que la deuda pública se mantenga por debajo del techo de endeudamiento.

A pesar de los recientes esfuerzos, para cumplir la regla fiscal, Chile debe reforzar los ingresos y mejorar aún más la eficiencia del gasto público, entre otras actuaciones mediante la revisión del gasto, la limitación del crecimiento del gasto corriente y la ampliación de la base imponible.

La reforma recientemente aprobada para acelerar los permisos de inversión y mejorar la previsibilidad regulatoria favorecerá la inversión. La implantación con éxito de herramientas de gobierno digital también puede ayudar a reducir los costos empresariales, atraer la inversión privada y aumentar la productividad. Un fuerte impulso del crecimiento El PIB real creció un 1,6% en el tercer trimestre de 2025, respaldado por la demanda interna, que registró un crecimiento interanual del 5,8%.

La inversión se vio impulsada por el componente de maquinaria y equipos, mientras que el consumo privado se benefició del fuerte crecimiento de los salarios reales. La confianza empresarial y del consumidor sigue siendo relativamente alta, y las condiciones de financiamiento se han relajado recientemente.

La inflación bajó a 3,4% en octubre, acercándose a la meta del 3% del Banco Central. Las condiciones financieras mundiales se han relajado durante el último año, lo que ha favorecido al entorno exterior de Chile. Los términos de intercambio han mejorado, impulsados por el aumento de los precios del cobre, que se espera que se mantengan altos durante 2026-27.

Al mismo tiempo, los costos de importación de energía han disminuido, lo que ha aliviado aún más las presiones existentes. Se prevé que los efectos macroeconómicos directos de los aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos a las importaciones procedentes de Chile sean limitados.

Las exportaciones a Estados Unidos representan el 15% del total de las exportaciones chilenas, y existe una exención arancelaria para las exportaciones primarias de cobre y madera de Chile a Estados Unidos, que representan alrededor del 45% del valor de las exportaciones de mercancías a este país.

Dado que se prevé que la inflación se acerque al 3% en 2026, se espera una relajación gradual de la política monetaria, actualmente ligeramente restrictiva, incluidos tres recortes adicionales de tasas que situarán la tasa de interés oficial dentro de su rango neutral estimado, en torno al 4% en 2027. Estas perspectivas reflejan la desinflación en curso y unas expectativas de inflación firmemente ancladas.

El crecimiento se mantiene cerca de su potencial a medida que continúa la desinflación Se prevé que el crecimiento del PIB real sea del 2,4% en 2025 y del 2,2% en 2026 y 2027, impulsado por la resiliencia de la demanda interna, gracias a la relajación de las condiciones financieras, a la consolidación fiscal gradual y al aumento de los salarios reales que respaldan el consumo.

La reactivación de la inversión, sobre todo en minería, energía y bienes de capital relacionados, también favorecerá el crecimiento. Las exportaciones netas contribuirán moderadamente al crecimiento, en un contexto en el que las exportaciones seguirán creciendo —aunque se moderarán en 2026— al tiempo que el crecimiento de las importaciones se ralentizará con fuerza. Se prevé que el déficit por cuenta corriente se reduzca ligeramente para 2027.

Por su parte, se espera que la inflación general siga disminuyendo y converja hacia el objetivo del 3% en 2026. Por el lado positivo, el crecimiento podría superar las expectativas si se aceleraran los proyectos de inversión gracias a la reforma de los permisos, se normalizaran los volúmenes de exportación de cobre y aumentaran los precios del cobre.

La adhesión de Chile al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) y los aranceles efectivos relativamente bajos de Estados Unidos podrían respaldar el crecimiento de las exportaciones hacia otros mercados si las tensiones comerciales con Estados Unidos aumentan.

Entre los riesgos a la baja figuran una demanda mundial de metales más débil de lo previsto, una ralentización en la ejecución de los proyectos de inversión en minería, un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que debiliten el peso y aumenten los costes de financiamiento, así como un incremento de los precios de la energía que puedan afectar a las exportaciones y a la inflación. Preservar la estabilidad mediante la consolidación y acelerar las reformas regulatorias El Gobierno ha definido un plan de consolidación fiscal para 2025-27.

Tras la desviación registrada en 2024 con respecto al objetivo estructural debido a menores ingresos que los esperados, el cumplimiento de la regla fiscal requerirá la aplicación firme de medidas de restricción del gasto y de aumento de los ingresos. Se espera que las recientes reformas de los permisos favorezcan la inversión y agilicen los procedimientos al tiempo que reduzcan los costos, los plazos y la incertidumbre.

La rápida implantación del gobierno digital en Chile puede aprovecharse para prestar servicios con mayor rapidez. La integración de plataformas en una estrategia más amplia con alcance al conjunto del gobierno, como la plataforma digital única, reduciría aún más la burocracia, disminuiría los costos de cumplimiento y atraería la innovación y la inversión privadas.

La adopción de iniciativas complementarias para reforzar las competencias de la fuerza laboral y adaptar la formación a las necesidades emergentes de la industria — sobre todo de cara a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y la adaptación de las industrias al cambio climático— impulsarían la productividad y sostendrían el crecimiento a medio plazo.

Está previsto que la política fiscal se endurezca gradualmente hasta 2027, en consonancia con la regla fiscal y el plan fiscal a medio plazo del Gobierno. Se espera una consolidación sostenida de alrededor del 1% del PIB durante este período, mediante un crecimiento moderado del gasto corriente

Los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la pandemia se han resuelto en gran medida. La economía chilena ha vuelto a su tendencia de crecimiento y la inflación ha caído gracias a unas políticas macroeconómicas adecuadas. Garantizar la sostenibilidad fiscal debe seguir siendo una prioridad para mantener la deuda pública por debajo del techo de deuda y hacer frente a las crecientes necesidades de gasto asociadas a las transiciones ecológica y digital, y al envejecimiento de la población.

El crecimiento potencial de Chile se ha debilitado y aumentarlo dependerá de su capacidad para eliminar las barreras estructurales para elevar la productividad. Ampliar el acceso a servicios de cuidado de niños y ancianos de alta calidad y reducir las brechas de género en la educación puede ayudar a liberar todo el potencial de la fuerza laboral de Chile y mejorar la igualdad.

Facilitar la adopción de herramientas digitales por parte de las PYME e impulsar la innovación mediante un acceso más fácil al apoyo público a la I+D son pasos fundamentales para la transformación digital. Para cumplir sus objetivos climáticos y aprovechar sus abundantes reservas de litio y cobre y su elevado potencial de energías renovables,

Chile debe reforzar las políticas medioambientales, mejorar las infraestructuras, simplificar la regulación empresarial y preparar a su mano de obra, protegiendo al mismo tiempo el agua, la biodiversidad y las poblaciones vulnerables.

Nuevo mercado cambiario da esperanzas al sector privado de Cuba

Dariel Pradas *

Una nueva tasa de cambio oficial entró en vigor el 18 de diciembre en Cuba, en un intento de reordenar el mercado interno, hasta ahora a merced de compraventas informales, que dificultan la limpieza y la estabilidad financiera de las privadas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

“Es positivo que el Banco Central de Cuba (BCC) intente retomar su rol como autoridad monetaria del país, ocupando un espacio que había dejado vacío y que lo habían ocupado mecanismos informales y sin institucionalidad en el mercado cambiario”, dijo a IPS el economista Daniel Torralbas.

Según explicó el 17 de diciembre la ministra-presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, esta nueva tasa “flotante”, modificada a diario según oferta y demanda, está enfocada a que empresas exportadoras o que manejen divisas –privadas o estatales–, puedan comprar dólares u otros rubros al Estado a “precios competitivos”.

Esa opción estaba parcialmente paralizada desde hace cinco años mediante casas de cambio estatales, las únicas permitidas por ley, así que muchas empresas privadas y personas naturales recurrían al mercado informal.

Dos resoluciones del BCC, publicadas el día 18, establecieron las nuevas reglas del mercado cambiario y agregaron una tercera tasa flotante a las dos ya existentes de un dólar por 24 pesos, que utilizan las empresas estatales, y de un dólar por 120 pesos, válida para algunas empresas privadas y estatales.

“Es positivo que el Banco Central de Cuba intente retomar su rol como autoridad monetaria del país, ocupando un espacio que había dejado vacío y que lo habían ocupado mecanismos informales y sin institucionalidad en el mercado cambiario, señaló  Daniel Torralbas.

Según Torralbas, crear tres segmentaciones es una alternativa del gobierno para evitar los efectos inflacionarios de establecer de golpe una tasa unificada, lo cual encarecería el precio de muchos productos subsidiados que hoy se guían por la tasa de un dólar por 24 pesos o por 120 pesos, y afectaría, en consecuencia, a la población.

“Pero esta situación de los segmentos no se puede mantener eternamente. Tiene que haber un cronograma en la política cuyo objetivo final sea la unificación de todas las tasas cambiarias, de los tres segmentos, para que la economía opere con las mismas reglas de juego y con más eficiencia”, agregó.Collage de billetes de diferentes denominaciones de pesos cubanos y varias divisas, junto a tarjetas bancarias. La nueva tasa oficial cubana comenzó sus transacciones con una tasa ligeramente inferior a la tasa del mercado negro de divisas. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Tasa formal versus informal

El 18 de diciembre, cuando el BCC fijó la nueva tasa en su primera jornada en 410 pesos por dólar, empezó a hacer frente a los 440 pesos por dólar del mercado negro, mientras ha recibido críticas en redes sociales por la población debido a la cercanía con el precio.

La nueva tasa oficial se sustenta en operaciones reales y no en intenciones de compra y venta –en grupos de Telegram y otras redes–, como ocurre en el mercado informal, dijo a un medio local el director de Políticas Macroeconómicas del BCC, Ian Pedro Carbonell.

Según Carbonell, es una tasa objetiva, que responde a las malas condiciones de la economía, con caída de las exportaciones y del producto interno bruto (PIB), así como una emisión monetaria para reducir el déficit fiscal, además de las presiones externas que ejerce Estados Unidos sobre el sistema financiero cubano.

“Esto a la población le puede resultar contradictorio, pero es que esa es la tasa de referencia aproximada a la que realmente está operando hoy el mercado,  porque simplemente la economía cubana no tiene dólares. Bajar mucho el tipo de cambio implica tener un respaldo de dólares para ese mercado cambiario”, dijo Torralbas.

La economía cubana marca un decrecimiento de 4 % del PIB, registrado hasta el tercer trimestre de 2025, según datos revelados durante la última sesión del unicameral parlamento de esta nación insular caribeña, celebrada también el 18 de diciembre por videoconferencia.

Mientras, para el próximo año el gobierno proyecta un crecimiento de 1 %, aunque Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé un aumento de apenas 0,1 %.

Para Torralbas, el reto está, precisamente, en poder respaldar este nuevo mercado cambiario con las divisas, de forma que permita satisfacer la demanda de dólares de la economía cubana.

¿Una relevancia frenada?

Desde que se permitió la creación de mipymes privadas en 2021, el actor económico no estatal ha crecido exponencialmente y adquirido relevancia notable.

Las 9713 mipymes privadas que se encuentran actualmente activas –según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei)– manejan 20 % del intercambio comercial de Cuba, con 2200 millones de dólares en productos importados hasta noviembre de 2025, según datos de la reciente sesión parlamentaria.

Asimismo, 26 % de las producciones registradas por el Ministerio de la Industria Alimentaria son realizadas por alianzas entre el sector público y privado.

Sin embargo, pese a su impacto en la economía, en 2025 se han aprobado solamente 816 nuevas mipymes privadas, en contraste con las casi 5000 de 2022 y las 3700 de 2023.

La razón no recae en falta de interés de los emprendedores, sino en trabas administrativas en el proceso de aprobación de las empresas, desde que en septiembre de 2024 entraron en vigor dos decretos-leyes, el 88 y 90,

Ambas normas establecen la descentralización del proceso aprobatorio al traspasar la función de autorizar la creación de mipymes a los consejos de la administración municipales –gobiernos locales–, que antes desempeñaba el Ministerio de Economía y Planificación (MEP).

Actualmente, solo 65 de 168 municipios están aprobando autónomamente nuevas mipymes, cuando desde marzo debería ser una práctica generalizada.

“A pesar de que aumentaron los municipios en experimento (se empezó con apenas 15), la velocidad es muy lenta. O sea, los casos de personas esperando años, porque ya son dos años por la aprobación de su mipyme, suman ya miles, miles. Es lamentable. Triste. Es contraproducente para la economía nacional”, dijo Oniel Díaz, gerente general de Auge, empresa privada especializada en servicios para emprendimientos.

Oniel Díaz, cofundador de Auge, conversa con un grupo de empresarios durante la celebración en La Habana de la segunda edición de “El Brake”, un espacio para el intercambio entre emprendedores privados. Para el especialista, “ninguna medida hoy que pueda aplicarse en Cuba en materia económica son panaceas de por sí, porque la crisis es estructural”. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Comercializar en dólares

El 11 de diciembre, una semana antes de que entrara en vigor la nueva tasa cambiaria, la Gaceta Oficial de la República publicó un nuevo paquete normativo que regula el uso corriente de divisas y las transacciones en moneda extranjera dentro del país.

“¿Qué puerta realmente se abrió? ¿Qué permite (norma) para el sector privado? Lo primero es que la norma no regala divisas. Nadie nos va a regalar los dólares, porque no hay”, dijo Díaz, durante “El Brake”, un encuentro organizado por Auge el viernes 12, que reunió a múltiples emprendimientos privados.

Si bien las nuevas normas legalizan por más vías las operaciones en divisas para el sector privado, una oportunidad muy demandada y hasta entonces prácticamente prohibida para las empresas, sigue funcionando bajo el visto bueno del MEP.

También se podrán poseer cuentas operativas en divisas dentro del sistema bancario nacional, pero estarán destinadas a entidades exportadoras, modalidades de inversión extranjeras y otras personas jurídicas que cuenten con la autorización de ese ministerio.

En el caso de las mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, el Estado podrá retener hasta 20 % de sus ingresos en divisas, obligándolos a vender esa cantidad al BCC al tipo de cambio oficial.

“Ninguna medida hoy que pueda aplicarse en Cuba en materia económica son panaceas de por sí, porque la crisis es estructural y por lo tanto las soluciones tienen que ser integrales, comprensivas… Las medidas tienen que ser totales y abarcadoras”, dijo Díaz a IPS en una entrevista posterior al encuentro.

Según Díaz, lo más positivo del paquete normativo es que trata de crear un canal legal para que se puedan recibir, guardar y usar una parte de las divisas que se ingresan, “algo que venía ocurriendo desde hace tiempo en la total ilegalidad; ahora muchos negocios podrán al menos transparentar ese flujo de dinero y dormir con más tranquilidad”.

El estudio “Clima Empresarial 2025”, una herramienta de diagnóstico elaborada por Auge, para entender las condiciones en las que operan las mipymes, arrojaron las principales inquietudes de los directivos de empresas privadas a partir de una muestra  175 encuestados.

Según el informe, la inflación, el acceso a divisas y una infraestructura deficiente fueron los tres problemas que más afectaron a sus empresas durante 2025, mientras que la inestabilidad económica representa la mayor preocupación:

“Por lo tanto, volver a equivocarse en ese renglón tan importante que es basal para cualquier economía, es echarle más leña al fuego”, sentenció Díaz.

En Uruguay se crearon 26.000 puestos de trabajo en 2025

“El 2025 ha tenido en materia de empleo, a pesar de las dificultades y de los varios cierres de empresa que tuvo que afrontar el gobierno, números relativamente buenos. Tenemos, aproximadamente, 26.000 personas más ocupadas en comparación con 2024 y una tasa de empleo que llegó al 60% de la población en edad de trabajar”, destacó el Director Nacional de Empleo, Federico Araya.

Sin embargo, el director de Empleo admitió que, a pesar de haber sido un buen año, ha habido ciertas heterogeneidades respecto a las diferencias de porcentajes a nivel de territorio, género y edades. “En el caso de los departamentos de frontera, hay una problemática diferente respecto a los que son con Argentina y Brasil”, comentó en diálogo con Radio Montecarlo.

“El principal problema de los departamentos con la frontera con Brasil, como Rivera, Artigas y Cerro Largo, más allá de las tasas de desempleo, con las altísimas tasas de informalidad que rondan el 40%. Ese es un grave problema que vamos a tratar de atacar”, aseguró.

Respecto a los departamentos que limitan con Argentina (como Salto, Paysandú y Río Negro), el jerarca comentó que la diferencia cambiaria y la poca estabilidad de los precios en la economía del país vecino influyen en el empleo que el gobierno ha estado tratando de combatir y adelantó que “seguirán en esa línea”.

Desocupación e informalidad en el norte

Los departamentos de la región norte del país concentraron los peores indicadores tanto de desempleo como de informalidad laboral. Paysandú, Salto, Rivera, Artigas y Cerro Largo exhibieron tasas de desocupación superiores al promedio nacional, acompañadas de niveles de informalidad que superaron el 35% en la mayoría de los casos.

Sin embargo, el departamento de mayor desempleo fue Treinta y Tres con una tasa de 13,13%, que casi duplicó el promedio nacional. De las 23.900 personas activas en el departamento, solo 20.700 estaban empleadas, dejando 3.200 desocupadas. En segundo lugar, se encontró Paysandú con un porcentaje de desocupación del 9,22%, seguido por Rivera con el 8,3%, Salto en cuarto lugar con el 8,02% y Artigas con el 7,06%.

Respecto a los niveles de informalidad, a nivel nacional fue de 21,6%, siendo Cerro Largo el de mayor porcentaje con un 43,8%. A este le sigue Rivera con el 39,7% y Artigas en tercer lugar con el 39,3%. En tanto, Flores es el de menor tasa de informalidad con el 10,7%, seguido por Montevideo con el 15%, San José con el 15,2% y Colonia con el 15,4%.

Colombia: importaciones al alza y exportaciones rezagadas

Las importaciones se aceleran con un salto de 14,9 % frente al año anterior, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El país volvió a acelerar las importaciones, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El déficit comercial, reticente a ceder, profundiza aún más la distancia frente al anhelado superávit.

Según el más reciente informe del DANE, en octubre el país importó USD$6.583 millones CIF (costo, seguro y flete), un 14,9 % más que en el mismo mes de 2024. El déficit comercial de Colombia se profundizó en el último corte del año, como resultado del acelerado crecimiento de las importaciones, que superaron ampliamente el ritmo de las exportaciones nacionales, según datos económicos actualizados que ubican al país ante un desafío creciente en su balanza comercial.

De acuerdo con el más reciente informe del DANE, las importaciones durante octubre alcanzaron  6.583 millones de dólares CIF, lo que representa un aumento del 14,9 % frente al mismo mes de 2024, mientras que las exportaciones no lograron mantener un ritmo equivalente de crecimiento. Este desequilibrio ha ampliado la brecha comercial, ampliando la distancia entre lo que Colombia compra en el exterior y lo que vende al mundo.

La dinámica comercial

El incremento de compras externas refleja la mayor demanda interna de bienes importados, especialmente en sectores que dependen de maquinaria, insumos y productos manufacturados extranjeros. En contraste, las exportaciones han enfrent dificultades para escalar al mismo ritmo, afectadas por factores como la caída de precios internacionales de algunos commodities y la lenta recuperación de ciertos mercados externos para productos tradicionales de exportación.

Este comportamiento se suma a otros retos de la economía colombiana, como la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno para enfrentar un déficit fiscal que amenaza la ejecución del presupuesto de 2026 tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso.

El profundo déficit comercial tiene varias consecuencias:

• Presión sobre la demanda de divisas, lo cual influye en la estabilidad cambiaria y puede afectar la posición del peso frente al dólar, aunque la divisa ha mostrado estabilidad cercana al cierre del año.
• Impacto en la producción local, ya que una demanda sostenida por productos importados puede reducir la participación de industrias nacionales en ciertos segmentos del mercado.
• Mayor vulnerabilidad a choques externos, dado que un desequilibrio prolongado en la balanza comercial puede limitar la capacidad de respuesta ante fluctuaciones globales de precios o demanda internacional.

Este escenario plantea un dilema estructural para la economía colombiana: mientras se observa un crecimiento interno de la demanda que impulsa las importaciones, el rezago de las exportaciones sugiere la necesidad de fortalecer la competitividad internacional y diversificar los mercados externos. En un año en que se esperan tensiones fiscales y ajustes presupuestales, el sector productivo y las políticas públicas deberán trabajar de la mano para equilibrar la balanza y generar oportunidades para sectores exportadores.

Los uruguayos rechazan prospecciones sísmicas de petróleo

Organizaciones ambientalistas denuncian las consecuencias de la autorización ambiental para la prospección sísmica a cuatro empresas petroleras. Uruguay es un país que tiene más mar que tierra. La costa uruguaya es conocida por ser lugar de rutas migratorias de fauna marina, siendo lugar de avistamiento de ballenas. También tiene una fuerte actividad pesquera. Por esto y mucho más, la posibilidad de realizar prospecciones sísmicas en busca de petróleo en el océano ha levantado al pueblo uruguayo.

El lunes 15 de diciembre, la organización Mar libre de petroleras convocó numerosas concentraciones en distintas localidades uruguayas como Montevideo, Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia para entregar las más de 20 mil firmas recogidas hasta el momento en rechazo a los proyectos de exploración sísmica para la extracción de petróleo en el mar uruguayo. Para la organización, estas convocatorias han supuesto la evidencia de “un rechazo amplio y transversal a la exploración sísmica aprobada por el Ministerio de Ambiente el pasado 5 de diciembre”.

El Ministerio de Ambiente ha autorizado que cuatro empresas realicen exploración sísmica en aguas uruguayas: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.

El Ministerio de Ambiente uruguayo ha otorgado la autorización para que cuatro empresas extranjeras realicen exploración sísmica en aguas uruguayas en busca de petróleo. Los estudios sísmicos en océanos buscan yacimientos de petróleo y gas, lugares potenciales de almacenamiento de petróleo y de instalación de plataformas petroleras. Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS ya habían firmado un contrato con Ancap, empresa pública uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, que les habilitaba a realizar la prospección en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay.

Cada una de estas empresas tiene asignada una serie de km² de exploración (Searcher Geodata, 16.450 km²; CGG Services, 12.900 km²; APA Exploration, 15.876 km², y PGS, 13.873 km²). Para realizar las exploraciones se usan cañones de aire comprimido que emiten impulsos sonoros bajo el agua para obtener imágenes de las capas geológicas que posteriormente perforar y detectar dónde podrían almacenarse hidrocarburos. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, declaró en el periódico la diaria, que “por los beneficios económicos y sociales que generaría su descubrimiento para el país, la búsqueda de petróleo con sísmica no es lo nuevo, viene comprometida de muy atrás”. Alejandro Stipanicic, expresidente de Ancap que inició los contratos hace dos legislaturas, defiende que se cuenta con grandes garantías de protección.

La autorización se firma hoy, pero es resultado de una política de estado sostenida por distintos gobiernos. Ya en 2023, Ancap firmó acuerdos de exploración con YPF, Shell y APA Corporation, asignando áreas específicas en la plataforma marina uruguaya para la búsqueda de crudo y gas. Aunque estos acuerdos pueden remontarse dos legislaturas atrás, la autorización actual no inaugura la exploración sino que la habilita formalmente.

La prospección se hará a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa y a una profundidad de entre 50 y 5.000 metros. En un inicio se había planteado una prospección de siete bloques offshore y finalmente se autorizó la explotación en los bloques uno y cuatro. Los ”siete bloques offshore“ se refieren a las siete áreas de exploración de petróleo y gas adjudicadas por Uruguay a empresas internacionales (YPF, Shell, APA y Challenger Energy) en su plataforma continental, bajo la iniciativa Ronda Uruguay Abierta, para buscar hidrocarburos.

Los proyectos de prospección sísmica están catalogados en la categoría “C” lo que obliga a tener un informe del impacto ambiental completo ya que se tratan de “actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Y es que parte de las áreas autorizadas son áreas prioritarias para la conservación marina como el “Talud Continental” y el “Área de Cría Permanente de Merluza” (Acpm).

Javier Sánchez Tellechea, biólogo especializado en bioacústica e investigador del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Universidad de la República, escribió en la diaria los efectos de las prospecciones sísmicas en los ecosistemas marinos. Las prospecciones sísmicas usan ondas sonoras de alta intensidad y baja frecuencia (entre 10 y 300 Hz) que producen niveles de ruido bajo el agua de alrededor de 230 decibeles. La baja frecuencia en el agua puede propagarse grandes distancias por los canales naturales, como el canal Sofar. Sánchez Tellechea explica que el canal Sofar o de sonido profundo es “una capa del océano con unos niveles de temperatura, presión y salinidad ideales para la propagación de sonidos”, razón por la que las ballenas, entre otros cetáceos, usan este canal para su comunicación.

Concretamente la costa uruguaya es zona de avistamiento de la ballena franca austral (Eubalaena australis), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), ballena minke antártica (Balaenoptera bonaerensis), ballena de aleta (Balaenoptera physalus) y la ballena azul (Balaenoptera musculus).

También afectaría a otros animales marinos como los odontocetos (delfines y cachalotes) a pesar de que usen frecuencias más altas para comunicarse, sobretodo en el caso del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus gephyreus), la franciscana (Pontoporia blainvillei), el cachalote (Physeter macrocephalus), los calderones (Globicephala melas), el delfín común (Delphinus delphis), el delfín de Risso (Grampus griseus) y las especies de cachalotes pigmeo y enano (Kogia breviceps y Kogia sima).

Impacto en ecosistemas enteros

No se trata solamente de especies marinas concretas, sino de ecosistemas enteros que se verían afectados como “la franja costera de Rocha, Maldonado y Canelones, el talud continental frente a Punta del Este, La Paloma y Cabo Polonio y el Río de la Plata exterior”, en palabras de Sánchez Tellechea. Además, también se verían afectados los peces, especialmente los de importancia comercial como recursos pesqueros del país como la merluza (Merluccius hubbsi), la pescadilla (Cynoscion guatucupa) y la corvina (Micropogonias furnieri). Según Sánchez Tellechea, los grandes olvidados que también se verían afectados son los invertebrados marinos, que suponen el 90% de la biodiversidad oceánica. Por todo esto, Sánchez Tellechea defiende que se debe “investigar las áreas de nuestro mar, comprender su dinámica y su biodiversidad, y sólo entonces decidir si vale la pena intervenir”.

Los movimientos socioambientales afirman que se están “organizando frente a un proceso que consideramos profundamente antidemocrático y riesgoso”.

Otros investigadores, como Andrés Milessi, biólogo marino y doctor en oceanografía, confirman estas consecuencias. “Vamos a hacer pelota nuestro ecosistema marino y quizás no haya petróleo”, denuncia Milessi. El Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO) está investigando los ecosistemas, el clima y las visiones alternativas de desarrollo, en conjunto con las organizaciones sociales, frente a las exploraciones de petróleo, la construcción sobre la costa y proyectos como Neptuno.

Los movimientos socioambientales afirman que se están “organizando, informando y movilizando a la población frente a un proceso que consideramos profundamente antidemocrático y riesgoso” por ello recolectan firmas, impulsan concentraciones en todo el país, se articulan con investigadoras e investigadores y denuncian públicamente “la inconsistencia entre el discurso oficial de transición energética y la persistencia de una matriz extractivista”.

La agrupación Amigos del Océano, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) y Mar Libre de Petroleras son algunas de las organizaciones que están recogiendo firmas contrarias a las prospecciones y organizando concentraciones y manifestaciones en todo el país para que las autoridades “dejen sin efecto estos proyectos que ponen en riesgo la vida, la biodiversidad marina y las comunidades”. Mar libre de petroleras se define como “una organización nacida desde el pueblo uruguayo que una vez más dice no a las prospecciones sísmicas, no a las petroleras en Uruguay”. Esta es una de las organizaciones que denuncia que el Ministerio está siendo un “garante del extractivismo petrolero” así como señalan la incoherencia entre los planes de transición energética y la búsqueda de hidrocarburos que “reinstala la lógica fósil”. En su manifiesto, la organización Mar libre de Petroleras afirma que los contratos son “son nulos de pleno derecho por vulnerar el artículo 47 de la Constitución, la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley 19.128 que declara la Zona Económica Exclusiva como Santuario de Ballenas y Delfines, y principios del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación pública”.

“Aunque no haya perforación aún en esta etapa, el daño acústico ya es significativo para toda la fauna, trayendo graves problemas para el ecosistema de Uruguay, afectando no solo a los animales sino también a los trabajadores que se dedican a la pesca”, declaró una manifestante tras la recogida de firmas del pasado lunes 15 de diciembre, además de afirmar que “la acción colectiva no se detiene en la protesta, también construye conocimiento, alternativas y defensa activa de los bienes comunes”.

Además de la recogida de firmas, a lo largo de 2025 han habido instancias previas de movilización como audiencias públicas y manifestaciones donde no se recibieron respuestas del gobierno. Todavía quedan pasos por dar. Las empresas que realizarán las prospecciones deben presentar un plan de gestión ambiental y este plan debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

Las próximas acciones de las organizaciones sociales, ecologistas y ambientalistas “buscan fortalecer la articulación entre organizaciones, ciencia y ciudadanía, exigiendo participación real, transparencia y el respeto a la vida marina, a las comunidades costeras ya los compromisos ambientales del país, continuando la lucha para que este suceso no manche el país de petróleo”.

Panorama Internacional

Horacio Rovelli

La Asamblea de 1813 debía declarar la independencia y dictar una constitución, pero la puja entre el interior y Buenos Aires no fue saldada, porque Buenos Aires no estaba dispuesto a ceder a las provincias parte de la renta aduanera, y su privilegiada condición de productor y exportador de alimentos

José Gervasio Artigas, en representación de la Liga de los Pueblo Libres da instrucciones a sus delegados donde propone la ubicación del gobierno federal fuera de la ciudad y del puerto de Buenos Aires, más la igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco. Los porteños rechazaron a los diputados orientales y, al poco tiempo, declararon a Don José Gervasio de Artigas enemigo de Buenos Aires y enviaron tropas para capturarlo.

En el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en esa época con un puñado de ranchos, se juntaron los representantes de los Pueblos Libres que votaron por la independencia de la Nación el 29 de junio de 1815. El Congreso de los Pueblos Libres ratificó entonces el uso de la bandera creada por Manuel Belgrano, añadiéndole un festón diagonal punzó, que llamaron “el Pabellón de la Libertad”.

Ese Congreso dictó el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus Hacendadosdel 10 de septiembre de 1815, que fue la primera reforma agraria de América latina, ya que expropiaba las tierras a los españoles y a los malos criollos, y las repartía entre los que la trabajaban “que los más infelices sean los más beneficiados” rezaba Artigas.

Mientras que, en las amplias llanuras del oeste del Río de la Plata, se decretaba para la misma fecha la llamada “Ley contra la Vagancia”: “Todo hombre de campo que no acreditara ante el juez de paz local tener propiedades, será reputado sirviente y queda obligado a llevar papeleta de su patrón. Igual trato se le da al que transite el territorio sin permiso del mismo juez”y de esa manera constituir la primera unidad capitalista en estos lares, la estancia.

Baste decir que es en ese año, 1815, cuando Juan Manuel de Rosas puso su saladero para producir carne (tasajo), sebo y cuero. De hecho, se va configurando un país dividido en dos, el puerto de Buenos Aires (y su renta aduanera) con su pampa húmeda, por un lado, y el interior empobrecido por la competencia desleal de las mercancías importadas, mayormente de la “rubia Albión. Buenos Aires no tuvo montoneras porque el gaucho fue sometido a ser peón de las estancias.

Las tropas porteñas encabezadas por José Rondeau son vencidas en la Batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, por la gauchería de Estanislao López y Francisco Ramírez, quienes llegan a Buenos Aires, atan sus caballos en la pirámide de la plaza Mayo, pero acuerdan con los comerciantes ingleses[1] y los grandes poseedores de permisos de vaquería, y defeccionan de la Liga delos Pueblos Libres.

Es más Ramírez acepta recibir armas, artillería y tropa de Buenos Aires,y en Paraná espera a las tropas de Artigas. Lucio Norberto Mansillaes enviado dirigiendo mil hombres, armas y artillería, pero Artigas no lo sabe.

Ramírez cuenta con otros mil hombres en una posición favorable en las afueras de Paraná. El 24 de junio de 1820 se enfrentan en el arroyo Las Tunas, cerca del actual San Benito, en lo que se conoce como batalla de Las Tunas. Ramírez arma la infantería y artillería al mando de Mansilla en un lugar escondido y estratégico, un lugar desde donde pueden tirar con artillerías y fusiles sin ser vistos y aniquilar las tropas de Artigas sin riesgos. Hacia allí van entrampadas las caballerías gauchas y allí son diezmadastiñendode rojo el arroyo con su sangre y la de sus caballos.

A Artigas y a la Liga delos Pueblos Libres no lo vencieron las armas portuguesas, españolas y porteñas, lo vencieron los grandes intereses del imperio británico que ya habían acordado con un minoritario sector de la sociedad de Buenos Aires la división del trabajo, donde las amplias llanuras pampeanas debían proveerle de alimentos y materia prima a la gran industria inglesa que lideraba el proceso de producción en serie.

A cambio, el financiamiento engañoso, como fueron los créditos tomados por Rivadavia a la Baring Brothers, y por Mitre a la banca inglesa para financiar la Guerra del Paraguay, con la compra masiva de productos extranjeros que destruyeron la incipiente industria local. Los gauchos adinerados nuestros vestían levita inglesa, calzaban botas inglesas y hasta las riendas, la cabezada, el bocado y el recado eran ingleses.

Esto se institucionaliza con Mitre y Roca, que la historia oficial bautiza de “Organización Nacional[2]”. Por ejemplo en la Campaña del Desierto en 1885, el gobierno del General Julio A Roca decidió otorgar a 538 estancieros18.668.000 hectáreas, siendo los principales beneficiados los miembros de la Sociedad Rural Argentina (presidida por Martínez de Hoz), entre ellos las familias Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro, Díaz Vélez, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Ortiz Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente. y, el mismo Roca se apropió de 15.000 hectáreas (de allí que a su Estancia la denominó “La Larga”) por la misión de desterrar a los indios de sus posesiones.

Imponen el modelo agropecuario exportador en beneficio del capital inglés y de enriquecimiento de una minoría parásita y rentista del país (se convirtieron en grandes hacendados apoderándose de la tierra de los pampas, exportando carne y trigo).Ese modelo recién tiene su límite el 4 de junio de 1943 cuando el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) derrocó al presidente conservador Ramón Castillo, para “la instauración de un gobierno con objetivos nacionalistas: honradez administrativa, unidad nacional, restitución de bienes mal habidos y soberanía real”[3], marcando el inicio de una profunda transformación política y social en Argentinaque llevaría al surgimiento del peronismo, mediante el modelo denominado ISI (Industria Sustituidora de Importaciones)

La Argentina creció en forma sostenida en una tasa promedio del 3,4% anual entre los años 1944 a 1974, y distribuía progresivamente el ingreso, basándose en el mercado interno y en la defensa acérrima del trabajo y la producción nacional. Los impuestos gravaban principalmente al comercio exterior y a los beneficios empresarios, a las ganancias de capital, al exceso de beneficios y a la riqueza personal.

El “Proceso de Reorganización Nacional” fue el nombre que se dio a sí misma la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), un período caracterizado por un golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional para instaurar un nuevo orden social, económico y político, basado en la doctrina de seguridad nacional, la represión sistemática (terrorismo de Estado), la violación de derechos humanos (desapariciones, torturas), la reestructuración económica neoliberal para beneficiar a grandes grupos económicos, y el alineamiento con el capitalismo central, imponiendo un férreo control social y eliminando cualquier oposición mediante la persecución y el exilio.

Diseñaron un país que se abre al comercio internacional, permitiendo super ganancias a las grandes empresas formadoras de precios, que baja los aranceles y sube la tasa de interés para castigar el trabajo y la producción local (haciéndolos competir de manera desventajosa), y premiar el ingreso especulativo de capital, que significó y significa el trillado camino de la dependencia y el enriquecimiento de una minoría a costa de la población y su futuro. Lo sintetizaba David Ratto, publicista de la dictadura militar,que hilvanó la frase “Achicar al Estado es agrandar la Nación”, para que el que determine las reglas sea el capital privado, cada vez más extranjero y cada vez más concentrado.

La dictadura militar 1976-1983 lleva la deuda bruta de 7.875 millones de dólares en diciembre de 1975, a 45.106 millones de dólares en diciembre de 1983.El gobierno de Alfonsín acepta y legitima la deuda heredada en junio de 1985, al reemplazar los títulos firmados por Domingo Cavallo y González del Solar por títulos rubricados por Juan Sourrouille y Alfredo Concepción del gobierno democrático, que a su vez no puede pagar la mitad de los intereses.

Menem con las privatizaciones amortiza una parte, pero la vuelve a aumentar con el plan de convertibilidad y el ingreso de deuda por capitales especulativos y su fuga. Y Domingo Cavallo en el gobierno de De la Rúa termina acordando un plan canje y nuevas deudas con el FMI, que hacen que a diciembre de 2001 la misma sea de 144.279 millones de dólares.

Salvo la honrosa gestión del ministro Bernardo Grinspún en 1984, durante 27 años se llevó adelante la misma cantinela y el resultado no pudo ser otro (25% de desocupación abierta y 57,8% de la población bajo la línea de pobreza) que la implosión social en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Tras el interinato de Eduardo Duhalde, pesificación asimétrica incluida[4]a favor de las grandes empresas endeudadas, principalmente las del Grupo Clarín, Techint (familia Rocca),Ledesma (Blaquier),Pérez Companc, Eurnekian, Bulgheroni, Macri, Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima (familia Braun) y Coto, todas ellas,endeudadas en dólaresque pagaron en pesos al convertirlos a la paridad 1 a 1 (un peso , igual a un dólar), la diferencia la pagó la administración nacional  por lo que la deuda pública se incrementa sideralmente para pasar a ser de 398.832 millones de dólares en mayo de 2023, en que asume la presidencia de la República Néstor Kirchner.

Solo con el kirchnerismo y después de la hecatombe de 2001-2002 volvió a crecer la economía, gracias a que suspendieron el pago de la deuda y después hicieron dos canjes que produjeron una quita del 65% del capital adeudado.Con ello mejoró la participación de los asalariados en el ingreso, y también se incrementó la participación del Estado en el PIB, que permitió acrecentar la obra pública, los gastos en educación, en investigación y en salud, y sobre todo una estrategia estatal de orientación de la economía, que estimulaba la producción y el trabajo.  Dicho gasto fue financiado básicamente con impuestos y sin tomar deuda externa. La presión tributaria nacional en al año 2010 fue del 28,7% del PIB, que es un 11,8% superior al promedio de los años 90, en que la presión tributaria nacional era del 16,9% de la producción anual.

Con todos sus errores (y también sus grandes aciertos) el kirchnerismo en la Argentina (y otros movimientos nacionales y populares en América Latina) lograron demostrar que se puede producir más bienes y servicios, crear empleo, que se distribuya el ingreso con mejoras en la participación de los asalariados en el PIB, con impulso a las economías regionales, con imprescindibles obras de infraestructura y con integración comercial entre los países latinoamericanos, partiendo de un shock distributivo, esto es poner plata en el bolsillo de la gente y evitar que las grandes corporaciones aumenten los precios y se queden con ese mayor ingreso.

El problema surge porque las inversiones del sector privado no crecieron al mismo ritmo que la Demanda Agregada y que las importaciones, con lo que el Estado a través del mayor gasto público y el pago de los servicios de la deuda con Reservas del BCRA, trató de mantener el nivel de actividad, produciéndose un desfase entre Oferta y Demanda, causa estructural de la Inflación.  En realidad, el modelo enfrentó la restricción de falta de inversión y fuga de capitales, generados por los que obtienen súper ganancias porque fijan los precios.

El gobierno de Cambiemos en la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez internacional que tuvieron en los primeros dos años, que a su vez es el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori carry trade[5] mediante.

La administración de Cambiemosvolvió a endeudar al país. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y, comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo, para beneficio de los acreedores y de los sectores hegemónicos empresariales que compraron esas divisas que ingresaban y que, sin límites, les vendía el BCRA a los bancos, y que fugaron.

Esa compra y fuga de divisas eclosiona en junio de 2018 y obliga al gobierno de Macri a acordar nuevamente con el FMI, lo nombran a Luis Caputo presidente del BCRA,que, entre junio y septiembre 2018 vendió del crédito otorgado por el FMI, 15.000 millones de dólaresy hace que, la Directora General del FMI, Christine Lagarde, pida su renuncia por fugar fondos del organismo, que está expresamente prohibido por la Carta Constitutiva del FMI, que debe auditar el destino del crédito y que no hizo, pero amenazó con hacerlo y bastó para que Macri le pida al “trader” que dejara el cargo.

Nota:  En millones de dólares. En el año 2015, el 57,6% de la deuda buta era intra sector público.Fuente:  Secretaría de Finanzas de la Nació

Dentro de la deuda bruta del año 2025, no aparecen los BOPREAL, por considerar que es fruto de las importaciones y que se contabilizan cuando se pagan, ni los dos REPO por 3.000 millones de dólares por considerar que son títulos con compromiso de recompra, de hacerlo la deuda bruta debería ser al 30 de noviembre de 2025 de 484.985 millones de dólares. La deuda bruta se duplica en diez años y no se invirtió ni en obras públicas, ni se recuperó el Río Paraná, ni el puerto de Rosario, no se creó una marina mercante, no se construyó un millón de viviendas.

El gobierno presidido por Alberto Fernández, acepta la deuda heredada de “Cambiemos”:

• a) No investigó la deuda dejada por la administración de Cambiemos
• b) Con reservas internacionales del BCRA, merced a un superávit comercial que en los años 2020 a 2022 superó los 34.000 millones de dólares, le vendió de esas reservas 28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas, para que paguen sus supuestas deudas (Datos del Balance Cambiario al 30/09/2023).
• c) El déficit fiscal heredado y agravado por la asistencia a la población por la pandemia del covid-19 (en este caso justificadamente), fue financiado con la colocación de títulos de deuda en pesos, en el mercado interno, pero ajustables por inflación o por dólar oficial o por las dos cosas (Bonos dual) por un monto total de $ 57,5 billones (es en pesos pero equivalente a unos 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial) cuando se había heredado deudas en pesos por un monto mucho menor[6].
• d) Más la deuda con los Importadores a quienes se les permitió comprar del exterior (mayoritariamente de sus casas matrices, como es el caso de las empresas de energía y las automotrices, más las armadurías de productos electrónicos de Tierra de Fuego) y que el mismo gobierno del Frente de Todos mediante las comunicaciones A 7874 y 7877 del BCRA le consintió a esos importadores suscribir letras (Lediv) en pesos a tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked (se ajusta de acuerdo al precio del dólar oficial y Caputo el 12 de diciembre de 2023 devaluó nuestra moneda en más de un 100%). Es el antecedente del BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) del gobierno de Milei, por la Comunicación“A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027,y el mismo gobierno de Milei estima que por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.
  

  DEUDA BRUTA ADMINISTRACION NACIONAL
  Noviembre de 2025
  INSTRUMENTO	dic-23	nov-25	NOV 25 – DIC 23
  Moneda Nacional	85.520	156.846	71.326
  Moneda Extranjera	177.891	145.735	-32.156
  Créditos recibidos	82.240	101.279	19.039
  Otros (1)	25.023	42.125	17.102
  Total Deuda Bruta	370.674	445.985	75.311

  En millones de dólares, Otras: Principalmente Letras del tesoro a corto plazo. La deuda efectiva con el

  FMI es de 56.771 millones de dólares al 30/11/2025/ Fuente:  Secretaría de Finanzas de la Nación

A su vez y en clara continuación del gobierno de Alberto Fernández, el de Milei aumenta la deuda pública por tres grandes factores:

a) El “canje forzoso de los pasivos remunerados del BCRA (la llamada por los grandes medios “La bomba de las Leliq”) por deuda directa del Tesoro nacional, De acuerdo al informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación, las colocaciones del Tesoro para absorber la deuda del BCRA (que eran en pesos y era deuda del BCRA con los bancos) totalizaron 43.366 millones de dólares.

b) La conversión de déficit fiscal de la gestión de Alberto Fernández en deuda pública, por un monto total de 53,7 billones de pesos a diciembre 2023, que se convirtieron en títulos de deuda que a su vez permitieron, tras la devaluación del 12 de diciembre de 2023, el ingreso de capitales extranjeros que ganaron más de 80% anual en dólares al ser la tasa de interés y/o de ajuste de esos bonos en pesos, superior a la devaluación del año 2024[7].

c) La “capitalización de intereses” por la emisión de títulos cupón cero y letras de capitalización (Lecap, Nocap, y Boncap). Este diseño permite al Tesoro capitalizar los intereses en lugar de abonarlos, razón por la cual presenta las cuentas públicas un superávit financiero acumulado en los 11 meses del año 2025 de 5,96 billones de pesos, pagando intereses por 9,91 billones de pesos, pero capitalizó en ese lapso intereses contabilizado en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación por 42.927 millones de dólares.

Total deuda Bruta Administración Nacional

Noviembre de 2025

En millones de dólares. Convertido en dólares por la Secretaría de Finanzas.

Los BONCAP al 30 de diciembre de 2024 sumaban 5.180 millones de dólares

La deuda para el año 2026

 Según la Secretaría de Finanzas de la Nación la deuda externa (en divisas) que vence en el año 2026 asciende a 17.102 millones de dólares, de los cuales son bonos por 8.636 millones, con organismo internacionales de créditos por 4.216 millones, y con el FMI por 4.250 millones de dólares.

De esa suma en enero 2026 vencen títulos (Bonar y Bonos globales en divisas norteamericanas) por 4.324 millones, más vencimientos con BID y BIRF por 199 millones, significan 4.523 millones de dólares.

El Tesoro de la Nación, cuenta con menos de un tercio de esa suma y espera la liquidación de las exportaciones de trigo, y hasta las divisas de los que “blanquearon capitales” que, a partir de enero de 2026 van a poder usar el saldo de su cuenta CERA, tanto en pesos como en dólares y podrían comprar títulos público, para acercarse a una parte importante del desembolso, pero igual van a tener que colocar REPO por no menos de 2.500 O 2.600 millones de dólares, y los bancos intervinientes le cobrarían al Tesoro de la Nación Argentina una tasa no menor a la del BONAR 2029, que fue de 910 millones de dólares, en el mercado local, el 11 de diciembre 2025, a una tasa del 9,26% anual, desmintiendo en los hechos la supuesta baja del “riesgo país” para beneficio de los acreedores.

Y es la razón por la que Luis Caputo plantea financiarse en el año mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se crea en el proyecto de Reforma Laboral, con un 3% de aporte de los empleadores a la ANSeS que se detraen y derivan a ese fondo, que sería administrado por el capital privado y que Caputo estima equivalente a 4.000 millones por año. También plantea un nuevo “Blanqueo” de capitales, y siempre la posibilidad abierta del canje de deuda que consta en el artículo 55 del Presupuesto Nacional 2026, que permitiría reprogramar el pago de intereses y capital .

El objetivo de endeudar a la Nación Argentina queda en evidencia cuando el gobierno de Milei decidió el 23 de diciembre de 2025, no prorrogar la Ley 27.541 de Emergencia Económica, cuyo Capítulo 6. Art. 35 crea el Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), y según el Balance Cambiario del BCRA del mes de noviembre 2025, en los 11 meses transcurridos del año, personas humanas compraron 36.013 millones de dólares.

El Impuesto PAIS supo tener una alícuota del 25%, sobre esa suma significa que el erario público hubiera recaudado 9.003,25 millones de dólares, suma que significa más de la mitad de los 17.102 millones de dólares que vencen entre capital e interés en el año 2026.

A su vez, la complicidad manifiesta del FMI queda demostrada en que por su Carta Constitutiva debe auditar a donde se destinan los fondos adjudicados a la Argentina desde que el gobierno de Mauricio Macri solicitó y obtuvo un crédito stan by por 57.000 millones de dólares, al gobierno de Milei le dieron 14.000millones de dólares más y no se sabe en que se empleó.

Con el FMI vence en febrero 2026, 784 millones de dólares, y en el año entre capital e interés suman4.250 millones de esa moneda, pero el directorio del FMI se encamina a aprobar el programa que implica posibilidades de refinanciamiento, pese al incumplimiento en la meta de reservas internacionales del BCRA (debían ser en diciembre de 2025, negativas en 3.200 millones de dólares y son 5,5 veces mayor). A cambio, el gobierno de Javier Milei se comprometió a comprar al menos 10 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026

Toda la estrategia de deuda del año 2026 se centra en acceder al crédito externo para cubrir pagos de capital y limitar que el Banco Central tenga que emitir para comprar divisas.

Pese a la magnitud de la deuda y de los vencimientos, en que las tasas de interés son confiscatorias del patrimonio nacional y que, como gran parte se capitalizan, aumenta constantemente el total adeudado, es probable su refinanciación, hasta que llegue un punto en que no se pueda pagar el mínimo exigido por los acreedores y se incurra en un nuevo default, que es lo que esperan para una fuerte devaluación del peso, que la deuda sea más impagable y tengamos que dar a cambio el Banco de la Nación Argentina, YPF, NASA, etc., y los yacimientos de tierras raras, uranio, cobre, oro litio, petróleo y gas

 Notas

[1]A comienzos de 1811, en las actuales calles 25 de Mayo y Perón, se estableció la British Comercial Room , por comerciantes ingleses y porteños (familias como los Sáenz Valiente, Almagro, Santa Coloma, Rodríguez Peña, Bosch, etc.)

[2]El nombre que recibe en la historia de la Argentina el período comprendido entre la derrota del régimen rosista en la batalla de Caseros, ocurrida en 1852, y el acceso al poder de la llamada Generación del 80 (Toda la caterva conservadora)

[3]Proclama del GOU Archivo General de la Nación.

[4]La pesificación asimétrica tras la convertibilidad del peso (comienzo del año 2002), consistió en convertir obligaciones financieras dolarizadas (depósitos y deudas) a pesos, pero a tasas diferentes (asimétricas): préstamos bancarios se pesificaron a $1 por dólar, mientras que los depósitos se convirtieron a una tasa mayor (aproximadamente $1.40 por dólar más actualización), generando una transferencia de riqueza de ahorristas a deudores (grandes empresas y grupos económicos), y resultando en una deuda cuasi-fiscal para el Estado

[5]Primero devalúan exageradamente, luego frenan el precio del tipo de cambio, Las grandes empresas fijan losprecios y con el excedente que generan compran dólares “baratos” controlado férreamente su tasación por el gobierno que propicia la compra y fuga de divisas, para beneficio de la minoría parásita y rentista.

[6] La deuda interna (títulos en pesos) a diciembre de 2019 era en Bonos en pesos (de ese año) 2.113.247 millones (de los cuales el 60,8% era en títulos ajustables por CER y el 39,2% a tasa fija) y a ello se le debe sumar las Letras por 561.577 millones de pesos (89,11% ajustable y 10,89% a tasa fija) Secretaría de Finanza de la Nación.

[7] Carry Trade, por ejemplo, los BONCER, bonos que se ajustan por el IPC del INDEC que en el año2024 fue de 117,8% y la devaluación del tipo de cambio (oficial) y la depreciación de los tipos de cambio paralelos, no crecieron más en todo ese año, de un 35%.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Perú: Irresponsabilidad fiscal de la mafia gubernamental

Rudecindo Vega Carreazo

El gobierno de la mafia congresal, experto en derroche e irresponsabilidad fiscal, después de haber aprobado el presupuesto del 2026, sin vergüenza ni remordimiento, mediante sus títeres en la presidencia y el MEF, en un evento repleto de ex ministros de economía, ha convocado a los poderes del estado, organismos constitucionales, sector privado y sociedad civil a un “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible” para garantizar el crecimiento, generación de empleo y reducción sostenida de la pobreza; sobre la base de 3 ejes: responsabilidad y sostenibilidad fiscal (respeto al principio constitucional de equilibrio presupuestal), eficiencia y calidad del gasto público y, ampliación de la base tributaria; en tres fases: Fase 1, presentación de aportes, enero y febrero 2026; Fase 2, definición de hoja de ruta, marzo abril 2026 y Fase 3, continuidad y argumento, desde mayo 2026.

Es una burla ridícula al país. Imposible creer y confiar en este gobierno con iniciativas que contradicen su real voluntad y deseo de despilfarro; que faltando medio año para que cumpla su mandato, en medio proceso electoral, engañe con propuestas que van más allá de su limitado periodo gubernamental. Este gobierno acaba de aprobar un desbalanceado presupuesto, ha generado un gigantesco forado vía exoneraciones tributarias a negocios empresariales que no lo necesitan, impulsa la informalidad y fortalecimiento de las economías criminales, ha autorizado discriminadamente beneficios para determinados sectores y no a otros, ha estancado el crecimiento económico y congelado la presión tributaria en la mitad del promedio latinoamericano.

Pretende mostrar responsabilidad para ocultar su monumental corrupción, angurria e irresponsabilidad; busca dar una imagen que no es la suya, como en la lucha contra el crimen, el presidente parlotea “su lucha”, no hace nada concreto para combatirlo y, por el contrario, incrementa las cifras de criminalidad. Ahora pretende dar imagen de responsabilidad fiscal luego de impulsar exoneraciones, promover la informalidad y economías criminales, mejoras para los policías y militares. Incapaz en la lucha contra el crimen, irresponsable en el manejo de la economía nacional.

La mentirosa actitud gubernamental de supuesta responsabilidad fiscal oculta varias cosas:

1.- La responsabilidad fiscal la concentran en el gasto público, los ingresos lo reducen a la “ampliación” de la base tributaria. El gobierno y el MEF evidencian que solo regulan gasto y tributos de la caja fiscal, reconociendo su incapacidad para regular y gestionar la economía nacional. El MEF y el Consejo Fiscal se han especializado en dimensionar el forado del despilfarro gubernamental, ocultan los ingresos que pudieran captarse eliminando las reducciones del impuesto a la renta, la evasión del IGV y las exenciones tributarias; a decir de Luis Valdivieso, estas 3 cosas, aportarían 8 puntos del PBI. El MEF, además, no aborda lo que se podría lograr integrando, adecuadamente, las economías informales e ilegales, por ejemplo, el caso de la minería ilegal, donde las grandes mineras y empresarios se benefician comprando y vendiendo el oro informal e ilegal; el Estado podría comprar y vender ese oro, mejorando ingresos y reservas al país. Nuestra desgracia es encargar la economía del país a funcionarios que gastan y no generan recursos para atender al país.

2.- El tema de las exoneraciones es otro perjuicio nacional, en la agro exportación se estimaron en cerca de 2000 millones de soles anuales concentradas en 7 grandes empresas y poco más de otras 500. Existen exoneraciones para peluquerías, restaurantes, hoteles aparentando beneficiar a Mypes. Hay muchas más. Existen estimaciones que alcanzarían más de 25,000 millones de soles y que podrían llegar a 50,000. Lo deplorable de esta situación es que son estimaciones genéricas, nada concreto, como si fuera algo clandestino, confirmando que al MEF esto no lo importa, salvo si afecta a los servicios públicos y remuneraciones. Terrible, patético.

3.- El acuerdo fiscal lo promueve un gobierno de transferencia más que de transición, sabe que nada o poco tendrá que hacer con el próximo gobierno, no porque el llamado a la responsabilidad fiscal no sea válido, sino porque es incompleta, parcializada, discriminatoria y lo realiza sin tener voluntad ni compromiso real con lo que propone. Hacerlo en media campaña electoral sabe a engaño más que a una visión de país, para aparentar una imagen de responsabilidad que no la tiene y para desviar la atención de sus propósitos mezquinos. El acuerdo fiscal del MEF y del gobierno parlamentario de la mafia es para “figuretear”, inoportuno e ineficiente.

4.- El acuerdo fiscal parece la búsqueda de respaldo conversado del MEF con varios de sus ex ministros, salvo Luis Valdivieso, todos han ido a ratificar lo que saben que este gobierno no podrá lograr, para la foto. Mejor hubiera sido que ellos, de manera independiente, hagan ese acuerdo con un informe equilibrado que vea gasto e ingresos, completo y no parcializado, justo y no discriminatorio. Su presencia, en lugar de auspiciar una real voluntad de responsabilidad fiscal, alerta una voluntad de continuar con el manejo económico de los últimos 30 años, del encausamiento económico al desbarrancamiento, donde cada uno ha puesto su grano de arena. Unos han sido verdaderas autoridades ante el congreso, otros asediados e incómodos, hasta los actuales que son apenas conserjes del mismo. El acuerdo fiscal parece reducirse a eso, a un respaldo de ex ministros del MEF a los amanuenses que el congreso tiene en el gobierno y el MEF. Penoso, vergonzoso.

Exigirle responsabilidad fiscal a la mafia gubernamental parlamentaria es pedirle peras al olmo, un imposible; creer que ello es factible en los próximos seis meses de gobierno es ingenuidad más que ilusión, avalar presencialmente un pedido irrealizable es “figuretismo” o representación de intereses nada buenos para el país. El acuerdo fiscal del gobierno es como los gestos del presidente en la lucha contra el crimen, nada concreto, pura foto, mientras el crimen crece; en este caso, es un falso llamado a la responsabilidad fiscal mientras es más irresponsable con la plata de todos para beneficio de pocos, más corrupción, perjuicio y daño al país. A los peruanos nos corresponde, no dejarnos engañar, mecer, ni por este ni el próximo gobierno.

 Argentina: crece producción de litio con inversión extranjera

La Argentina no ha declarado estratégica su producción, lo que muestra la carencia de un proyecto de desarrollo nacional y federal. La explotación deja escasos recursos tributarios en los territorios.

Mientras que el Índice de Producción Industrial Minero registró, en total, un aumento del 3,7% interanual en octubre (y un avance de 3,3% en los primeros diez meses del año), el litio creció mucho más que la media.

La “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos” (que incluye fundamentalmente carbonato y cloruro de litio) avanzó 41,8% entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025, con un acumulado del 42% entre el primero y el décimo mes del año.

Argentina y el mundo

El llamado “oro blanco” es la clave de lo que se llama “transición energética” hacia variantes renovables. De 2023 a 2024 su consumo aumentó casi un 30%, mientras que, según el Departamento de Energía de EE UU, en los próximos 10 años el consumo mundial será entre tres y diez veces más grande que el actual. El 80% del consumo se explica en la producción de baterías. El precio internacional del carbonato de litio aumentó un 30% desde el bienio 2021/2022 y se estabilizó en aproximadamente U$S 10.000 la tonelada, con un boom especulativo en el medio.

En el “Triángulo del litio” que comparten Argentina, Bolivia y Chile, los dos primeros lideran con el 40% de los recursos identificados (23 millones de toneladas cada uno), mientras que en Chile está el 20% restante, equivalente a 11 millones de toneladas. No obstante, Chile lleva una ventaja: fue el segundo productor mundial, por detrás de Australia. En ese ranking, la Argentina ocupa el quinto puesto.

En el salar de Atacama, el gobierno chino viene de pedir prioridad absoluta en la actividad. Resulta imposible despegar al litio de la guerra comercial entre Washington y Beijing, sobre todo si se piensa en el acuerdo que se negocia entre la Argentina y EE UU. Juan Salvatierra, investigador del Centro de Estudios Argentina-China, indicó que “nuestro país se encuentra atravesado por una disputa geopolítica ante la creciente tensión entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial. El desarrollo de los hechos nos lleva a inferir que dicha disputa se profundizará en los próximos años. El litio, central en materia de transición energética, es uno de los tantos planos en los que se ve plasmada esa tensión que demanda una gran lucidez política para navegar”.

Extranjerización

Ningún gobierno en la Argentina, desde la primera explotación de litio, en 1997, hasta hoy, declaró el carácter estratégico de este mineral. Esto impide el avance tanto en los lineamientos y la planificación, como en las políticas públicas.

No es solo un error. Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) de octubre pasado marcó la precariedad del armado político que rodea al litio. “A diferencia de Chile y Bolivia, el Código de Minería argentino permite que cualquier agente privado, nacional o extranjero, adquiera yacimientos de litio mediante una simple concesión minera, sin condiciones y a perpetuidad. Una vez obtenidos, estos agentes pueden hipotecarlos, venderlos o explotarlos para producir y comercializar litio con la técnica, la escala y el destino que deseen”.

Los resultados están a la vista. Argentina en 2024 alcanzó su máximo histórico de producción en base a una estructura prácticamente extranjerizada. Hay seis proyectos y solamente Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) aparece con una participación menor en dos de ellos. En Cauchari-Olaroz tiene el 8,5%, mientras que la china Ganfeng Lithium posee el 46,7% y la canadiense Lithium Argentina AG, el 44,8 por ciento. Y en Sales de Jujuy también posee el 8,5%, mientras que la británica Rio Tinto tiene el 65% y la japonesa Toyota Tsusho, el 26,5% restante.

En los demás proyectos activos solo hay presencia extranjera: Rio Tinto en Fénix (Catamarca); la francesa Eramet en Centenario-Ratones (Salta); Posco, de Corea, en Sal de Oro (Salta); y Ganfeng Lithium en Mariana (Salta).

Candelaria Oviedo, economista y docente, una de las autoras del informe de la FDHI, le dijo a Tiempo: “El litio define el poder. Hoy, Argentina tiene una posición fuerte, pero también vulnerable. Porque, lógicamente, diferentes países presionan para asegurarse todos estos recursos que tenemos. Y ahí, lógicamente, nos quedamos con el riesgo de sólo quedar exportando naturaleza barata y después importar tecnología cara”.

Esa extranjerización no deja réditos tributarios. Las regalías provinciales son migajas mientras que la tributación nacional se encuentra limitada por la Ley de Inversiones Mineras de 1993, durante el menemismo. Oviedo observó que «el régimen tributario actual del litio, y ahora con el RIGI mucho más que antes, solamente está pensado para atraer inversión privada y no para planificar desarrollo, ni mucho menos para cuidar el territorio. Es decir, las provincias cobran regalías que son bajas. Siempre fue históricamente el 3% y ahora va a ser en algunos casos hasta el 5% con el RIGI. Pero se calcula sobre el valor en boca de mina, que suele subestimar bastante el valor real. Al estar en el esquema de las inversiones mineras, la explotación de litio recibe muchos beneficios, como exenciones en el impuesto a las ganancias, devolución del IVA por compras y demás”. Un informe de diciembre de 2025 de Fundar definió: “El régimen tributario para la minería del litio vigente en Argentina está caracterizado por su regresividad, inestabilidad y escasa articulación entre niveles de gobierno”.

¿Futuro?

Sobre el futuro, Oviedo consideró que “cuando se habla de industrializar el litio, en general, solo pensamos en baterías. Pero, por ejemplo, la electromovilidad en Argentina podría ser otro modo. Si se lo destina a los colectivos eléctricos tenés trabajo local y desarrollo tecnológico. Para que eso pase el Estado tendría que intervenir. Tiene que garantizar una parte del litio a precio referencial para la industria local, promover plantas industriales, articular con ciencia y producción, un sector hoy castigado. Si eso no pasa, veo muy lejos cualquier industrialización. Va a existir posibilidad cuando el recurso esté en manos del pueblo”.

 Perú: Estabilidad de precios…pero la economía real no se mueve

Alejandro Narváez Liceras (*)

En el debate público peruano se repite una idea que suena tranquilizadora: “al menos tenemos estabilidad de precios”. Y es cierto: la inflación se ha reducido de forma importante. Pero esa “victoria” convive con otra realidad igual de contundente: el crecimiento sigue siendo frágil, la inversión avanza con timidez, y el empleo formal no se crea al ritmo que exige un país con profundas brechas sociales. La pregunta incómoda es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad de precios si la economía real no se mueve?

La inflación vuelve al rango, y ¿qué?

A noviembre de 2025, el BCR reportó inflación anual de 1.37% y una inflación subyacente (sin alimentos y energía) de 1.77%. Es decir, precios contenidos y dentro del rango meta (1% -3%), con señales de normalización.

Sin embargo, lo decisivo no es solo la inflación, sino el pulso de la actividad económica: el INEI (2025) informó que el PBI creció 3.4% interanual en el tercer trimestre de 2025. Es crecimiento, sí; pero también es una cifra que se parece demasiado al “piloto automático” de una economía que ronda su potencial sin resolver cuellos de botella. Y cuando una economía se limita a crecer “cerca del potencial” mientras arrastra informalidad masiva, el resultado social suele ser el mismo: se estabiliza el precio del pan, pero no mejora la calidad del empleo que compra ese pan.

El mercado laboral revela la verdad

Aquí nuestro país es brutalmente transparente. La Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) muestra que, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de empleo informal fue 70.6% (y el empleo formal 29.4%). Además, el propio INEI reporta que el empleo adecuado alcanzó 52,4% de la PEA, mientras el subempleo o trabajo parcial – sin derecho a nada 42.5%.

¿Qué nos dice esto? Que el Perú no está frente a un simple problema de “crecer un poco más”. Está frente a una estructura productiva que convierte el crecimiento moderado en ocupación de baja productividad. Por eso la frase “la economía no se mueve” no significa “no hay PBI”, sino que no hay movilidad social, no hay escalera de formalización, no hay salto de productividad.

El “precio del dinero”:  el freno silencioso

Aquí aparece un factor clave: el “precio del dinero” o tasa de interés. En la práctica, en el Perú la tasa de interés que un banco cobra por prestar dinero (tasa activa) a una MYPE (Micro y Pequeñas Empresas) es muy cara, y estas representan el 99% del tejido empresarial, vitales para el empleo y la economía.

Lo que realmente importa para tomar decisiones de inversión y generar empleo no es la tasa de referencia del BCR de 4.25% actual – que tanto de propalan-, sino el costo efectivo del crédito productivo. Y allí la economía real se da de bruces con una pared. La SBS (2025) muestra que, al 16 de diciembre de 2025, la tasa promedio para créditos a la microempresa en moneda nacional fue 56.81% anual. Es decir, de cada 100 soles de sus ingresos, 57 soles van al prestamista solo por concepto de intereses, fuera de la amortización del principal.

Con ese costo, pedir “más inversión privada” suena irónico, burla para los jóvenes que aspiran a emprender negocios y para los miles de empresarios que sobreviven a duras penas. El crédito caro no solo frena el capital de trabajo e inversión, también empuja a la informalidad, porque formalizarse con financiamiento prohibitivo hace que el negocio sea simplemente inviable. Esta es la economía que “no se mueve” y la que mantiene una inflación baja.

El Perú no es una economía “normal” desde el lado laboral

Según el BCR (2025), en octubre, el empleo formal total a nivel nacional aumentó en 3.4% interanual. No obstante, si comparamos esta cifra con lo de marzo de este mismo año que fue de 7.8% la caída es preocupante, por un lado, y por otro, la tendencia es decreciente en los últimos 6 meses (véase la Nota Semanal del BCR, diciembre 2025).

Desafortunadamente, esta cifra convive con un problema estructural: el Perú sigue siendo un país donde 7 de cada 10 ocupados son informales. Cuando la informalidad domina, el desempleo abierto deja de ser el termómetro de “holgura” real del mercado laboral. En economías con alto subempleo e informalidad, el dilema tradicional de la curva de Phillips (menos inflación a cambio de más desempleo, o viceversa) actúa de forma distinta, y desplazan el centro de gravedad de la política económica hacia la productividad, inversión, competencia y formalización efectiva.

¿Qué hacer?

En política económica la estabilidad de precios es un piso, un noble objetivo a corto plazo, no un techo. Esta idea es de manual. Si el piso se convierte en objetivo final, la economía se vuelve conservadora, y el país termina administrando el estancamiento con inflación reducida. Aquí algunas ideas:

1. Estado eficiente y que ejecute:macroeconomía robusta pierde legitimidad cuando el ciudadano observa servicios públicos de pésima calidad e inmóviles.
2. Acelerar inversión y destrabar proyectos (públicos y privados) con metas verificables, reducción de trámites y mejoras reales en permisos.
3. Política monetaria y crediticia con foco productivo: más competencia financiera y mejores esquemas de garantías focalizadas para MYPEs. Con tasas de interés leoninas no hay transición a la formalidad.
4. Productividad e institucionalidad:sin reformas micro (competencia, simplificación regulatoria, calidad del gasto), la economía seguirá con crecimiento “corto”.
5. Empleo formal como objetivo explícito: políticas de capacitación, formalización viable y reducción de costos no salariales que castigan la contratación.

Apunte final

La estabilidad de precios es un logro macroeconómico valioso, pero no es un proyecto de país. Cuando la economía no se mueve, la estabilidad se vuelve una tarea incompleta: orden sin progreso. Obviamente, el Perú necesita controlar la inflación y, al mismo tiempo, atacar el núcleo del estancamiento: inversión débil, productividad baja, trabas institucionales y un mercado laboral que no convierte crecimiento en bienestar.

La pregunta final no es si queremos inflación baja, eso es obvio. La pregunta es: ¿queremos una economía estable que apenas respira, o una economía estable que genere empleo, productividad y futuro?

* Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

https://otramirada.pe/estabilidad-de-precios-s%C3%AD-pero-la-econom%C3%ADa-real-no-se-mueve

Chile: Reducción de cuota de merluza común, fracaso de la gestión

La empresa pesquera PacificBlu expresó su “profunda preocupación” ante la nueva reducción consecutiva de un 15% de la cuota global de captura de merluza común para la temporada 2026, pasando esta vez de 35.020 a 29.703 toneladas. Además, calificaron la noticia como “un golpe inesperado y de alto impacto” y que, a su juicio, afectará gravemente al sector merlucero en su conjunto, tanto a la pesca industrial como a la pesca artesanal.

Según explicaron desde la compañía, esta reducción se suma al 5% de cuota histórica perdida tras los cambios en el fraccionamiento aprobados durante este año, configurando un escenario complejo e incierto para 2026, al no contar con el volumen de cuota necesario para darle continuidad a la operación y asegurar su viabilidad económica.

El gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, afirmó que “lo ocurrido con la merluza común confirma el fracaso total de la gestión pesquera del Gobierno. El Ejecutivo mantuvo al sector pesquero por casi tres años enfrascado en discusiones regulatorias y políticas, abandonando lo esencial: la recuperación efectiva de la merluza común, particularmente el control de la pesca ilegal, que el propio Comité Científico estima en torno a 20 mil toneladas, sobre una cuota que ahora será de solo 30 mil toneladas”.

Moenne agregó que “no existe una fiscalización adecuada ni medidas contundentes para combatir la pesca ilegal, la verdadera responsable del estado crítico que arrastra la merluza común hace más de una década. Este abandono es lamentable y hoy sus consecuencias prácticas son que la cuota global de captura se ha reducido en dos años consecutivos en un 15%, cada vez, pasando de 41.172 toneladas el año 2024 a solo 29.703 para 2026″.

Sumado a aquello, la compañía advirtió del incumplimiento de un compromiso asumido por el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, en el marco de la discusión de la ley de fraccionamiento.

“En la Comisión Mixta, el Ejecutivo se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que los organismos pertinentes revisaran el estado actual y no repusieran la veda de la pesquería del besugo, como una medida complementaria orientada a mitigar el impacto productivo y laboral derivado de la reducción del fraccionamiento industrial de merluza común. Sin embargo, faltando pocos días para el término del año, ese compromiso no se materializó“, acusaron.

En esa línea, agregaron que la Subsecretaría de Pesca, “no cumplió con generar las acciones necesarias para que el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) revisara la información histórica de la pesquería y utilizara un modelo de evaluación apropiado para una pesquería que lleva 15 años en veda”.

“El Subsecretario de Pesca, Julio Salas, ya nos comunicó que repondrá la veda del besugo que terminaba este año, a pesar de que el Gobierno dispone de las facultades legales para abrir la pesquería y así poder contar con información científica que muestre con datos actualizados el real estado de recuperación del recurso. Nuestros capitanes ven año tras año cómo la pesquería se ha recuperado, pero según nos manifestó el Subsecretario Salas no ha existido ningún nivel de recuperación en este recurso, esto es muy poco probable después de haber estado 15 años en veda y sin existir investigación científica en todo este tiempo que lo avale“, sostuvo Moenne.

Desde PacificBlu repararon en que esta decisión de reponer una veda sin información científica actualizada profundiza la incertidumbre para 2026, elimina alternativas de diversificación productiva y hace prácticamente imposible lograr la necesaria continuidad operacional.

Finalmente, la empresa informó que continuará evaluando el impacto de estas medidas sobre su operación para la temporada 2026, reiterando que “el panorama es extremadamente complejo, estamos bajo la línea de flotación, pero, por otro lado, no queremos tomar decisiones apresuradas sin antes conocer los lineamientos que tendrá el Gobierno entrante para el sector pesquero”.

Los uruguayos rechazan prospecciones sísmicas de petróleo

Organizaciones ambientalistas denuncian las consecuencias de la autorización ambiental para la prospección sísmica a cuatro empresas petroleras. Uruguay es un país que tiene más mar que tierra. La costa uruguaya es conocida por ser lugar de rutas migratorias de fauna marina, siendo lugar de avistamiento de ballenas. También tiene una fuerte actividad pesquera. Por esto y mucho más, la posibilidad de realizar prospecciones sísmicas en busca de petróleo en el océano ha levantado al pueblo uruguayo.

El lunes 15 de diciembre, la organización Mar libre de petroleras convocó numerosas concentraciones en distintas localidades uruguayas como Montevideo, Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia para entregar las más de 20 mil firmas recogidas hasta el momento en rechazo a los proyectos de exploración sísmica para la extracción de petróleo en el mar uruguayo. Para la organización, estas convocatorias han supuesto la evidencia de “un rechazo amplio y transversal a la exploración sísmica aprobada por el Ministerio de Ambiente el pasado 5 de diciembre”.

El Ministerio de Ambiente ha autorizado que cuatro empresas realicen exploración sísmica en aguas uruguayas: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.

El Ministerio de Ambiente uruguayo ha otorgado la autorización para que cuatro empresas extranjeras realicen exploración sísmica en aguas uruguayas en busca de petróleo. Los estudios sísmicos en océanos buscan yacimientos de petróleo y gas, lugares potenciales de almacenamiento de petróleo y de instalación de plataformas petroleras. Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS ya habían firmado un contrato con Ancap, empresa pública uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, que les habilitaba a realizar la prospección en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay.

Cada una de estas empresas tiene asignada una serie de km² de exploración (Searcher Geodata, 16.450 km²; CGG Services, 12.900 km²; APA Exploration, 15.876 km², y PGS, 13.873 km²). Para realizar las exploraciones se usan cañones de aire comprimido que emiten impulsos sonoros bajo el agua para obtener imágenes de las capas geológicas que posteriormente perforar y detectar dónde podrían almacenarse hidrocarburos.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, declaró en el periódico la diaria, que “por los beneficios económicos y sociales que generaría su descubrimiento para el país, la búsqueda de petróleo con sísmica no es lo nuevo, viene comprometida de muy atrás”. Alejandro Stipanicic, expresidente de Ancap que inició los contratos hace dos legislaturas, defiende que se cuenta con grandes garantías de protección.

La autorización se firma hoy, pero es resultado de una política de estado sostenida por distintos gobiernos. Ya en 2023, Ancap firmó acuerdos de exploración con YPF, Shell y APA Corporation, asignando áreas específicas en la plataforma marina uruguaya para la búsqueda de crudo y gas. Aunque estos acuerdos pueden remontarse dos legislaturas atrás, la autorización actual no inaugura la exploración sino que la habilita formalmente.

La prospección se hará a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa y a una profundidad de entre 50 y 5.000 metros. En un inicio se había planteado una prospección de siete bloques offshore y finalmente se autorizó la explotación en los bloques uno y cuatro. Los ”siete bloques offshore“ se refieren a las siete áreas de exploración de petróleo y gas adjudicadas por Uruguay a empresas internacionales (YPF, Shell, APA y Challenger Energy) en su plataforma continental, bajo la iniciativa Ronda Uruguay Abierta, para buscar hidrocarburos.

Los proyectos de prospección sísmica están catalogados en la categoría “C” lo que obliga a tener un informe del impacto ambiental completo ya que se tratan de “actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Y es que parte de las áreas autorizadas son áreas prioritarias para la conservación marina como el “Talud Continental” y el “Área de Cría Permanente de Merluza” (Acpm).

Javier Sánchez Tellechea, biólogo especializado en bioacústica e investigador del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Universidad de la República, escribió en la diaria los efectos de las prospecciones sísmicas en los ecosistemas marinos. Las prospecciones sísmicas usan ondas sonoras de alta intensidad y baja frecuencia (entre 10 y 300 Hz) que producen niveles de ruido bajo el agua de alrededor de 230 decibeles. La baja frecuencia en el agua puede propagarse grandes distancias por los canales naturales, como el canal Sofar. Sánchez Tellechea explica que el canal Sofar o de sonido profundo es “una capa del océano con unos niveles de temperatura, presión y salinidad ideales para la propagación de sonidos”, razón por la que las ballenas, entre otros cetáceos, usan este canal para su comunicación.

Concretamente la costa uruguaya es zona de avistamiento de la ballena franca austral (Eubalaena australis), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), ballena minke antártica (Balaenoptera bonaerensis), ballena de aleta (Balaenoptera physalus) y la ballena azul (Balaenoptera musculus).

También afectaría a otros animales marinos como los odontocetos (delfines y cachalotes) a pesar de que usen frecuencias más altas para comunicarse, sobretodo en el caso del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus gephyreus), la franciscana (Pontoporia blainvillei), el cachalote (Physeter macrocephalus), los calderones (Globicephala melas), el delfín común (Delphinus delphis), el delfín de Risso (Grampus griseus) y las especies de cachalotes pigmeo y enano (Kogia breviceps y Kogia sima).

Impacto en ecosistemas enteros

No se trata solamente de especies marinas concretas, sino de ecosistemas enteros que se verían afectados como “la franja costera de Rocha, Maldonado y Canelones, el talud continental frente a Punta del Este, La Paloma y Cabo Polonio y el Río de la Plata exterior”, en palabras de Sánchez Tellechea. Además, también se verían afectados los peces, especialmente los de importancia comercial como recursos pesqueros del país como la merluza (Merluccius hubbsi), la pescadilla (Cynoscion guatucupa) y la corvina (Micropogonias furnieri). Según Sánchez Tellechea, los grandes olvidados que también se verían afectados son los invertebrados marinos, que suponen el 90% de la biodiversidad oceánica. Por todo esto, Sánchez Tellechea defiende que se debe “investigar las áreas de nuestro mar, comprender su dinámica y su biodiversidad, y sólo entonces decidir si vale la pena intervenir”.

Los movimientos socioambientales afirman que se están “organizando frente a un proceso que consideramos profundamente antidemocrático y riesgoso”.

Otros investigadores, como Andrés Milessi, biólogo marino y doctor en oceanografía, confirman estas consecuencias. “Vamos a hacer pelota nuestro ecosistema marino y quizás no haya petróleo”, denuncia Milessi. El Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO) está investigando los ecosistemas, el clima y las visiones alternativas de desarrollo, en conjunto con las organizaciones sociales, frente a las exploraciones de petróleo, la construcción sobre la costa y proyectos como Neptuno.

Los movimientos socioambientales afirman que se están “organizando, informando y movilizando a la población frente a un proceso que consideramos profundamente antidemocrático y riesgoso” por ello recolectan firmas, impulsan concentraciones en todo el país, se articulan con investigadoras e investigadores y denuncian públicamente “la inconsistencia entre el discurso oficial de transición energética y la persistencia de una matriz extractivista”.

La agrupación Amigos del Océano, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) y Mar Libre de Petroleras son algunas de las organizaciones que están recogiendo firmas contrarias a las prospecciones y organizando concentraciones y manifestaciones en todo el país para que las autoridades “dejen sin efecto estos proyectos que ponen en riesgo la vida, la biodiversidad marina y las comunidades”. Mar libre de petroleras se define como “una organización nacida desde el pueblo uruguayo que una vez más dice no a las prospecciones sísmicas, no a las petroleras en Uruguay”. Esta es una de las organizaciones que denuncia que el Ministerio está siendo un “garante del extractivismo petrolero” así como señalan la incoherencia entre los planes de transición energética y la búsqueda de hidrocarburos que “reinstala la lógica fósil”. En su manifiesto, la organización Mar libre de Petroleras afirma que los contratos son “son nulos de pleno derecho por vulnerar el artículo 47 de la Constitución, la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley 19.128 que declara la Zona Económica Exclusiva como Santuario de Ballenas y Delfines, y principios del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación pública”.

“Aunque no haya perforación aún en esta etapa, el daño acústico ya es significativo para toda la fauna, trayendo graves problemas para el ecosistema de Uruguay, afectando no solo a los animales sino también a los trabajadores que se dedican a la pesca”, declaró una manifestante tras la recogida de firmas del pasado lunes 15 de diciembre, además de afirmar que “la acción colectiva no se detiene en la protesta, también construye conocimiento, alternativas y defensa activa de los bienes comunes”.

Además de la recogida de firmas, a lo largo de 2025 han habido instancias previas de movilización como audiencias públicas y manifestaciones donde no se recibieron respuestas del gobierno. Todavía quedan pasos por dar. Las empresas que realizarán las prospecciones deben presentar un plan de gestión ambiental y este plan debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

Las próximas acciones de las organizaciones sociales, ecologistas y ambientalistas “buscan fortalecer la articulación entre organizaciones, ciencia y ciudadanía, exigiendo participación real, transparencia y el respeto a la vida marina, a las comunidades costeras ya los compromisos ambientales del país, continuando la lucha para que este suceso no manche el país de petróleo”.

Colombia: importaciones al alza y exportaciones rezagadas

Las importaciones se aceleran con un salto de 14,9 % frente al año anterior, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El país volvió a acelerar las importaciones, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El déficit comercial, reticente a ceder, profundiza aún más la distancia frente al anhelado superávit.

Según el más reciente informe del DANE, en octubre el país importó USD$6.583 millones CIF (costo, seguro y flete), un 14,9 % más que en el mismo mes de 2024. El déficit comercial de Colombia se profundizó en el último corte del año, como resultado del acelerado crecimiento de las importaciones, que superaron ampliamente el ritmo de las exportaciones nacionales, según datos económicos actualizados que ubican al país ante un desafío creciente en su balanza comercial.

De acuerdo con el más reciente informe del DANE, las importaciones durante octubre alcanzaron  6.583 millones de dólares CIF, lo que representa un aumento del 14,9 % frente al mismo mes de 2024, mientras que las exportaciones no lograron mantener un ritmo equivalente de crecimiento. Este desequilibrio ha ampliado la brecha comercial, ampliando la distancia entre lo que Colombia compra en el exterior y lo que vende al mundo.

La dinámica comercial

El incremento de compras externas refleja la mayor demanda interna de bienes importados, especialmente en sectores que dependen de maquinaria, insumos y productos manufacturados extranjeros. En contraste, las exportaciones han enfrent dificultades para escalar al mismo ritmo, afectadas por factores como la caída de precios internacionales de algunos commodities y la lenta recuperación de ciertos mercados externos para productos tradicionales de exportación.

Este comportamiento se suma a otros retos de la economía colombiana, como la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno para enfrentar un déficit fiscal que amenaza la ejecución del presupuesto de 2026 tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso.

El profundo déficit comercial tiene varias consecuencias:

• Presión sobre la demanda de divisas, lo cual influye en la estabilidad cambiaria y puede afectar la posición del peso frente al dólar, aunque la divisa ha mostrado estabilidad cercana al cierre del año.
• Impacto en la producción local, ya que una demanda sostenida por productos importados puede reducir la participación de industrias nacionales en ciertos segmentos del mercado.
• Mayor vulnerabilidad a choques externos, dado que un desequilibrio prolongado en la balanza comercial puede limitar la capacidad de respuesta ante fluctuaciones globales de precios o demanda internacional.

Este escenario plantea un dilema estructural para la economía colombiana: mientras se observa un crecimiento interno de la demanda que impulsa las importaciones, el rezago de las exportaciones sugiere la necesidad de fortalecer la competitividad internacional y diversificar los mercados externos. En un año en que se esperan tensiones fiscales y ajustes presupuestales, el sector productivo y las políticas públicas deberán trabajar de la mano para equilibrar la balanza y generar oportunidades para sectores exportadores.

Panorama internacional

1.Pese a los reveses, la deuda verde alcanza un récord mundial

Luis Mauro Filho

La emisión global de bonos y préstamos verdes alcanzó un máximo histórico el viernes (26), alcanzando los 947 000 millones de dólares en lo que va de año, un avance que contrasta con el reciente debilitamiento de las políticas ambientales en las principales economías. Este avance se debe principalmente a la mayor demanda de infraestructura energética vinculada a la inteligencia artificial, la electrificación y la modernización de las redes eléctricas.

Este desempeño se está produciendo incluso en un contexto político adverso. En Estados Unidos, el actual presidente, Donald Trump, ha reforzado el apoyo a los combustibles fósiles y ha desmantelado los subsidios y los marcos regulatorios destinados a las energías limpias. En Europa, los gobiernos también han flexibilizado las normas ambientales ante las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la competitividad industrial.Play Video

Sin embargo, los inversores siguen dirigiendo sus recursos hacia activos sostenibles, impulsados ​​por señales más claras de demanda estructural. La expectativa de un crecimiento cercano al 4% en el consumo mundial de electricidad, sumada a la expansión de los centros de datos, los sistemas de refrigeración y la electrificación de los sectores productivos, ha reforzado el optimismo del mercado.

“Las inversiones verdes se consideran cada vez más como inversiones esenciales en infraestructura e industria, y no solo como operaciones ESG de nicho”, afirmó Melissa Cheok, directora asociada de investigación de inversiones ESG en Sustainable Fitch. Según ella, “es probable que el capital fluya hacia áreas con una clara visibilidad de ingresos, apoyo político y demanda estructural, como la modernización de la red eléctrica y la energía renovable vinculada a la electrificación”.

La región Asia-Pacífico lideró la captación de fondos, con empresas y emisores vinculados a gobiernos que captaron 261 000 millones de dólares en deuda verde, un aumento interanual de aproximadamente el 20 %. China e India fueron los principales impulsores de este crecimiento, impulsando la expansión de proyectos de energías renovables. China, en particular, registró una cifra récord de 138 000 millones de dólares en emisiones de bonos verdes, lideradas por sus principales bancos, además de lanzar una oferta soberana en Londres a principios de año.

En la región, el llamado greenium (menor costo de financiamiento asociado a los bonos verdes) es más pronunciado. En noviembre, algunos emisores lograron obtener descuentos superiores a 14 puntos básicos utilizando la etiqueta verde, según BloombergNEF. Estos instrumentos se siguen utilizando para financiar la transición energética y proyectos de transporte con bajas emisiones de carbono.

Entre los mayores emisores globales de bonos verdes en 2025 se encuentran BNP Paribas SA y Crédit Agricole SA. Los datos de Bloomberg muestran que el stock de estos bonos ha crecido a una tasa anual promedio del 30 % en los últimos cinco años, representando actualmente alrededor del 4,3 % del total mundial, según una encuesta reciente realizada por investigadores del LSE Group.

Las perspectivas para el próximo año también son positivas. La flexibilización de los tipos de interés en Estados Unidos y las necesidades de refinanciación podrían impulsar las ventas globales de bonos verdes hasta 1,6 billones de dólares. «Las condiciones financieras y la demanda de capital deberían impulsar un nuevo ciclo de emisiones», evaluó Crystal Geng, responsable de investigación ESG para Asia en BNP Paribas Asset Management.

En el mercado de valores, las empresas de energía verde lideraron las ganancias en 2025. Los índices de energía limpia de S&P Dow Jones Indices y WilderShares subieron un 45% y un 60%, respectivamente, superando fácilmente al S&P 500, aunque todavía por debajo de los picos registrados en 2021. Las empresas estadounidenses de energía solar y almacenamiento de baterías, como SolarEdge Technologies Inc., estuvieron entre las más destacadas, mientras que los fabricantes de turbinas eólicas impulsaron las ganancias en China y Alemania.

India también se ha consolidado como un importante centro de ofertas públicas iniciales (OPI) en el sector de las energías renovables, con 11 OPI que recaudaron más de 1000 millones de dólares este año. Otras seis empresas buscan recaudar más de 3000 millones de dólares. Para 2024, 14 empresas del sector habían recaudado 2400 millones de dólares en OPI.

Sin embargo, no todos los mercados siguieron esta tendencia. En Estados Unidos, la emisión de deuda verde cayó un 7%, hasta los 163 000 millones de dólares, mientras que las ventas de bonos supranacionales disminuyeron en una cantidad similar. En Alemania, la captación de fondos se mantuvo prácticamente estable, en torno a los 79 000 millones de dólares.

En India, a pesar de un volumen récord de 7000 millones de dólares en préstamos verdes, la fuerte competencia entre los bancos extranjeros ha reducido los márgenes de financiación. «El aumento de la competencia ha reducido los márgenes entre un 5 % y un 10 % en proyectos de energías renovables y otros sectores», declaró Jeanne Soh, directora de finanzas estructuradas para Asia de Sumitomo Mitsui Banking Corp.

En contraste, las ventas de bonos vinculados a la sostenibilidad cayeron aproximadamente un 50% durante el año, hasta los 165.000 millones de dólares, en medio de la preocupación por el lavado de imagen verde. La emisión de bonos de transición, dirigidos a sectores difíciles de descarbonizar, también se redujo en más de la mitad, totalizando 10.900 millones de dólares.

Según Xuan Sheng Ou Yong, gestor de cartera de inversiones sostenibles de Robeco en Singapur, es probable que este panorama cambie. Cree que, en los próximos dos años, los cambios en la normativa de los fondos europeos deberían ampliar la definición de inversión sostenible, abriendo espacio para proyectos que reduzcan las emisiones en los sectores más contaminantes.

En general, el volumen global de deuda sostenible alcanzó aproximadamente US$1,6 billones en 2025, una disminución de más del 8% en comparación con 2024. En otro segmento, se vendieron más de US$500 mil millones en bonos sociales en Estados Unidos, en su mayoría vinculados a la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (Ginnie Mae), que garantiza el capital y los intereses de los títulos respaldados por hipotecas.

2. La maldición del petróleo

Ariela Ruiz Caro*

El tono megalómano, imperativo y colonialista de las amenazas y sanciones de Donald Trump a Venezuela, en un mensaje en su red Truth Social, en el que dice que el país “está completamente rodeado por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur” y que “esta fuerza seguirá creciendo, y la conmoción para ellos será como nada que hayan visto antes hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”, ha generado una cohesión interna entre el gobierno venezolano y sectores de la oposición que sienten una agresión inadmisible a su soberanía.

En su desopilante mensaje, Trump develó el principal motivo de su ofensiva sobre Venezuela: derrocar al gobierno de Nicolás Maduro para tomar el control del territorio venezolano, ya sea vía un títere como María Corina Machado o por medio de algún otro candidato funcional a su gobierno. Además de exigir que le devuelvan el petróleo, las tierras y activos que los venezolanos “les han robado”, Trump humilló, en ese mensaje, a los miles de venezolanos de buena fe que emigraron a Estados Unidos —fundamentalmente como resultado ex profeso de la política de sanciones a Venezuela— al acusarlos de “inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden”.

Trump siempre critica a su antecesor. Al inicio de su campaña electoral, en junio de 2023, lo hizo duramente al señalar que, cuando dejó la presidencia, “Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo (…). Ahora se lo compramos al dictador y lo hacemos más rico”.

Escándalo sin precedentes

Mientras tanto, los fuegos artificiales que proyectaba María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz, solo fueron flor de un día. Nadie habla del señor Edmundo ni de María Corina en Venezuela. Políticos opositores a Maduro no la respaldan por incitar y avalar una invasión militar a su país y comportarse como embajadora ad hoc de Estados Unidos al señalar que “Maduro tiene las horas contadas en el gobierno y se irá por las buenas o por las malas”. Tampoco cayó bien que dijera, sin ningún sustento estadístico, que en Venezuela “los carteles de la droga han tomado el control del 60%” de la población y que “no sólo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución (…) Venezuela se ha convertido en el centro criminal de las Américas”. Estas mismas palabras utilizó Trump en su abominable mensaje al señalar que Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados (a Estados Unidos) para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Esas fueron las razones utilizadas para designar al régimen venezolano como “organización terrorista extranjera” y ordenar “un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela”.

En la historia reciente no se registra un relato tan grotesco y escandaloso para justificar el derrocamiento de un gobierno. En una entrevista con Vanity Fair, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha confirmado las pretensiones de despojo de Venezuela y ha dicho que Trump quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano “se rinda”. Desde fines de agosto a la fecha, se ha segado la vida de más de 100 ciudadanos a bordo de 28 embarcaciones, acudados de ser narcotraficantes sin que medie prueba alguna y sin el más mínimo respeto a los derechos que tiene el más avezado delincuente a su defensa.

Es importante destacar que ,el 18 de diciembre, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó una denuncia penal en contra de 30 personas vinculadas con la Fundación Nobel por cometer delitos graves, entre los que se encuentran los supuestos delitos de apropiación indebida de fondos, crímenes de lesa humanidad y el financiamiento del crimen de agresión. Según Assange, el testamento del creador del premio que lleva su nombre establece que “la dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra, pues indica que el premio de la paz se dé a la persona que durante el año anterior ‘otorgó el mayor beneficio a la humanidad’, al realizar ‘el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, en favor de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y en favor de la celebración y promoción de congresos de paz’”. Así, Assange argumenta que “cualquier desembolso que contradiga este mandato constituye una apropiación indebida de la dotación”. A su juicio, las acciones previas y en curso excluyen categóricamente a Machado de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel.

Reacciones en la región

Salvo el respaldo de los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y San Cristóbal y Nieves) y los presidentes de Brasil, Colombia y México, el resto de los líderes de nuestra región, así como la OEA, parecen embalsamados frente a la creciente tensión y amenazas de Trump a Venezuela. Mudos.

La más coherente ha sido la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien instó a la Organización de Naciones Unidas a que actúe frente a las agresiones del presidente Donald Trump en contra de Venezuela. Contundente, exigió que “asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”. Sheinbaum reiteró la posición de México, acorde con la Constitución, de no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Ello, independientemente de las diversas opiniones sobre el régimen venezolano y la presidencia de Maduro. Es bajo esta mirada que Sheinbaum reconoció el resultado de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, a diferencia de Gustavo Petro y Lula. Este último vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS en la Cumbre de Kazán, Rusia, en octubre de 2024.

Durante la Cumbre del Mercosur frente a un Javier Milei que ensalzó la amenaza militar estadounidense, el presidente Lula dijo que nuestra región no es una zona de guerra y sí una región de paz y que está dispuesto a mediar entre Venezuela y Estados Unidos. Durante su intervención Lula dijo que una intervención armada en Venezuela se convertiría en una catástrofe humanitaria para el hemisferio y en un precedente peligroso para todo el mundo. Y agregó que “más de cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a verse amenazado por la presencia militar de una potencia extra-regional y que “se están testeando los límites del derecho internacional”.

Gustavo Petro ha sido firme en rechazar la injerencia estadounidense en ese país. Ha señalado reiteradamente que a Trump no le interesa la lucha contra el narcotráfico, sino el petróleo y las riquezas de Venezuela; ha evocado a Bolívar y a la Gran Colombia y ha expresado su solidaridad con Maduro y el pueblo venezolano. Sin embargo, en medio del enfrentamiento con Estados Unidos, también ha dicho que Venezuela necesita una “revolución democrática” y no “represiones ineficientes”, al comentar sobre la retención y anulación del pasaporte que sufrió el 10 de diciembre el cardenal Baltazar Porras.

Fuera de la región

Nicolas Maduro sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, ante quien calificó las acciones estadounidenses como parte de una “diplomacia de la barbarie ajena a la convivencia internacional”. Guterres se comprometió a abordar el tema en el Consejo de Seguridad, que tuvo lugar el 23 de diciembre .

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha señalado que su país apoya los esfuerzos de Venezuela por proteger su soberanía nacional en medio del bloqueo naval de Estados Unidos y se opone a cualquier forma de presión unilateral. Dijo también que China y Venezuela son socios estratégicos, y que la confianza y el apoyo mutuos son una tradición en las relaciones chino-venezolanas.

Rusia ha invocado a la administración Trump a “no cometer un error fatal” y abstenerse de seguir deslizándose hacia una situación que entraña consecuencias imprevisibles para todo el hemisferio occidental. “Constatamos una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión en torno a Venezuela, país amigo para nosotros. Especial inquietud provoca el carácter unilateral de las decisiones que crean una amenaza para la navegación marítima internacional”, señaló la Cancillería rusa en un comunicado. “Siguen manteniendo plena vigencia las palabras del ilustre hijo de América Latina, Simón Bolívar: Cada pueblo tiene derecho a elegir por sí mismo a sus gobernantes, y los demás países deben respetar esa elección'” se señaló.

El gobierno de Alemania también ha expresado su preocupación ante la orden del presidente Trump de bloquear a los petroleros sancionados que ingresan y salen de Venezuela, y advirtió sobre los riesgos que una medida de ese tipo podría representar para la paz y la estabilidad regional. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Martin Giesesel, advirtió que que un bloqueo naval es violatorio del derecho internacional y puede ser considerado un acto de guerra”.

Estados Unidos tiene a casi todos los países de la región en su redil, pero no le será fácil sumar a Venezuela. Todos sus intentos fracasaron durante su primer gobierno  a pesar de la trilogía Mauricio Claver-Carone, Marco Rubio y Elliot Abrahams, además de John Bolton –ex asesor de seguridad nacional de Trump–  y el inefable presidente interino Juan Guaidó (2019-2023). Hace 25 semanas que Venezuela enfrenta un hostigamiento en todos los frentes, pero cuanto más la agreden, mayor es la resistencia que se genera. La recompensa por los 50 millones de dólares no ha logrado dividir a las Fuerzas Armadas para capturar a Maduro. Los grupos de la CIA infiltrados en Venezuela pueden ser siempre un peligro para la realización de operaciones encubiertas, pero no se puede desconocer que el de Venezuela es un gobierno cívico-militar bien organizado.

Todo parece indicar que Estados Unidos no se animará a invadir Venezuela. Trump cuenta con un nivel de aprobación de 39%, según una encuesta de la CNN, y 70% de la población rechaza la invasión, en un escenario en el que dentro de once meses habrá elecciones de medio término. Lo más probable es que los venezolanos deban enfrentar un acecho de larga duración en varios frentes, con presión ahora desde Chile y la Argentina, y quizás el próximo año desde Colombia y quién sabe si también Brasil, aunque hoy las encuestas favorecen a las fuerzas políticas de ambos mandatarios. Presión y desestabilización serán probablemente parte del juego.

Mientras la administración estadounidense intensifica su presión sobre Venezuela, políticos, ciudadanos y activistas en Estados Unidos advierten que una guerra en el Caribe no solo sería ilegal, sino políticamente costosa y moralmente indefendible. Además, afectaría a la región y a los propios intereses del pueblo estadounidense.

*Asesora de la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Montevideo; investigadora del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), consultora de la Comisión Económica para América Latina yel Caribe, Naciones Unidas (CEPAL), Santiago de Chile.